Gaceta de instrucción pública (1905-10-12 00:00:00), página 1

GACETA DE INSTRUCCION PUBLICA
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Año XVII	Madrid 12 de Octubre de 1905	Núm. 735

DISPOSICIONES OFICIALES

GENERALES

Real orden circular.—Renuévase cada año, a principios del curso académico, quejas de los alumnos y clamores de los padres de familia contra exigencias relativas á imposición de los libros llamados de texto y sobre el precio de algunos de ellos, exorbitante si se compara su extensión y volumen con otros análogos, y acaso mejores, no destinados á la clase escolar.

Aunque no en el número y con la insistencia de otras veces, llegan ahora á este Ministerio, ya por representaciones individuales, ya por notas publicadas en periódicos independientes, denuncias que cuando se la juzga en las escuelas, con afirmaciones á indicios veleidosos de que en algunas clases, por medio más ó menos indirecto, se reincide en el abuso de imponer libros determinados, rechazándose tal vez la misma obra si es de una edición publicada con uno ó dos años de anterioridad. Aun en aquellas ciencias ó artes que en las prodigiosas evoluciones del progreso admiten necesarias mudanzas, cabe la mejor periodicidad; pero ¿puede no ha de escandalizar que en tratados elementales, de los que aprovechan unas cuantas hojas ó compendios epítome para el examen, se impone á las familias la adquisición de tantas ediciones como hijas ó parientes tienen, no pareciendo á la opinión sino que cada año las Matemáticas han variado con sus leyes eternas, en la Geografía hay que rectificar el curso de los ríos y el lugar de las cordilleras, ó en la Historia es otra, en unos cuantos meses, la serie de los hechos y de la cronología?

Respecto al precio que suele alcanzar esos libros, no puede invocarse tasa ni precepto alguno restrictivo; libre es la obra de la inteligencia y del arte, y sólo cabrá lo que regule el autor con su estimación propia y el público con su derecho á adquirirla ó rehusarla; pero cuando se oculta con un mercado fijo y, si no obligado, materialmente influido por sanción temerosa para la compra, ¿puede sostenerse que hay verdadera libertad en tales transacciones? Considérese la experiencia. Tal libro, que fue de texto mientras su autor explotó la asignatura, —sélanzo numerosas ediciones, costaba 15, 20, 50 pesetas, no quedando á por tratarse á dejar regalado—, en cuanto á su obra popular, solicitada rudo lastimosamente á las librerías de viejo, y con así difícilmente hallaba comprador curioso. Nada más interesado que ese Claustro ilustre en desvanecer lamentables imposiciones de una gran masa de opinión que por casos excepcionales viene formando un concepto general, y que, fundándose en la flaqueza y codicia de unos pocos, olvida las virtudes, la abnegación y los sacrificios de la inmensa mayoría de un Profesorado como el español, que consagra su vida entera, en medio de privaciones constantes y con mezquinas remuneraciones, á educar y adiestrar la generación nueva para las batallas de la vida y las rudas victorias de la inteligencia y del progreso.

He ahí por qué apelo á V. S., como Jefe y representante de ese insignie Centro universitario, á fin de que, con su autor oceloso por la enseñanza y sus prestigiosa autoridad, dedique las luces de su inteligencia y las energías de su carácter á corregir tales abusos, si existen, en las esferas de su jurisdicción, ó, por lo menos, á poner en claro y demostrar ante la suspicacia más recelosa la inexactitud pond- derada de las quejas y lo infundado de las protestas que bullen, sin precisar á las veces casos concretos.

La ley está terminante y no se presta á capciosas interpretaciones. Las Cortes del Reino, al ocuparse en este asunto, tras de una luminosa deliberación e informaciones eloquentes, que tuvieron algo de gráficas, votaron, y S. M. el Rey sancionó, en 1º de Febrero de 1901, precepto tan taxativo como el siguiente:

«La adquisición de libros de texto no es obligatoria para los alumnos, los cuales podrán estudiar por los que mejor estime, siempre que adquieran los conocimientos que constituyen la asignatura con arreglo al cuestionario oficial.»

El Real decreto de 12 de Abril del mismo año preceptúa lo siguiente:

«Art. 29. El Profesor ó Catedrático no podrá señalar un determinado libro para la enseñanza de sus alumnos, los cuales son libres para estudiar por el que mejor les convenga.

Para que las obras escritas por los Catedráticos ó Profesores oficiales les sirvan de mérito en sus carreras, deberán estar aprobadas, desde el punto de vista de sus condiciones didácticas, por el Consejo de Instrucción pública y por la respectiva Real Academia.

El precio para su venta será fijado por el Consejo de Instrucción pública, oyendo á la Junta de Profesores del establecimiento ó Facultad á que pertenezca el autor. Este, además, estará obligado á hacer un donativo de 25 ejemplares á la biblioteca del Centro de enseñanza respectivo para servicio de los alumnos.»

Así pues, cuando se haga en contrario, no sólo constituye una explotación de la juventud, prohibida por una autoridad injusta, sino que viene á ser infracción punible del derecho escrito.

Otro linaje de bastarda industria, más perjudicial acaso que las anteriormente indicadas, se ha ido introduciendo en algunos Centros docentes, lista adquirir ya aspecto de cosa lícita, ó por lo menos tolerada, el cual consiste en el tráfico y venta de ciertos apuntes anónimos, hipotéticamente aprobados ó autorizados por el Catedrático de la asignatura, sin que éste acepte la responsabilidad, con su firma, de las doctrinas expuestas ó de los errores, á veces crasísimos, que contienen.

Dichos puntos no sólo devueltan las explicaciones de la Cátedra, y se eximen del juicio de los Centros docentes, como voluntarios inciudadanos sin bautizar, sino que se convierten en una carga encumbrada de estudiantes, que los pagan caros y aun subvencionan candidatos por cuadernos que, comprometidos á publicar, se interrumpen ó dejan sin terminar la serie ofrecida.

Llamo la atención de V. S. á fin de que dicione los medios más adecuados para impedir mercantilismos de ese juez y aplique las medidas que dentro de la disciplina universitaria permita la ley, y en su caso de que en ésta haya deficiencias, proponga á este Ministerio las que en su buen parecer estime más eficaces.

Si los alumnos, deseosos de tener por escrito las explicaciones de su Profesor, se pusieran de acuerdo para que un taquigráfico hiciera traslado de ellas, cuyas copias áquel revisara con el desinterés acostumbrado, no hay, ciertamente, en el Reglamento ninguna disposición que lo impida, y así podrá autorizarse para redimirse del gravamen que sobre algunos pesa.

Inútil es significar á V. S. la importancia de la legítima defensa que este Ministerio tiene á honor hacer de la casi totalidad del Profesorado, é inútil encarecerle que ha de contar con el más firme apoyo en el Gobierno de S. M. para cuantos emprenda en aras del