Gaceta de instrucción pública (1902-07-06 00:00:00), página 1

GACETA DE INSTRUCCION PUBLICA
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Año XIV                Madrid 6 de Julio de 1902                Núm. 568

SUMARIO
Disposiciones oficiales: Generales; Primera enseñanza; Segunda enseñanza; Facultades; Escuelas especiales.—La Exposición al Sr. Ministro.—El Ministro de Instrucción pública en Zamora.—Noticias: Primera enseñanza; Segunda enseñanza; Facultades; Escuelas especiales; Noticias generales.—Deseo de Instrucción pública.—Anuncios oficiales: Primera enseñanza; Facultades; Escuelas especiales.—Anuncios.

DISPOSICIONES OFICIALES
GENERALES
Ministerio de Instrucción pública y Bellas Artes.
EXPRESIÓN

SEÑOR: La ley de Instrucción pública de 1857 y el Reglamento publicado en 1858 para su aplicación, especificaban minuciosamente las condiciones á que debían sujetarse los establecimientos de enseñanza no oficial. Olvidadas ó incomplicadas por desgracia las disposiciones contenidas en aquellos textos legales, y transformado radicalmente el régimen político de la Nación, aparece por primera vez consignado en el decreto ley de 21 de Octubre de 1868 el principio de la libertad de enseñanza, aunque con algunas limitaciones respecto á las personas que habían de formar los Tribunales de examen.

El decreto ley de 29 de Julio de 1874 consigna en su art. 7.º el derecho de inspección que el Gobierno compite en punto á la moral y á las condiciones higiénicas de los establecimientos de enseñanza privada, y otro decreto de 29 de Septiembre del mismo año establece la obligación que los Directores ó fundadores de Colegios tienen de presentar el estado de sus Profesores, expresando los títulos académicos de éstos.

Confirma plenamente este estado de derecho el Código fundamental de la Monarquía, que en su art. 12 concede á todo español la facultad de fundar y sostener establecimientos de enseñanza con arreglo á las leyes. Ahora bien, la última cláusula de este artículo, la frase precisa con respecto á las leyes, en la cual quedan consignadas por expreso mandato las facultades reguladoras y respectivas que el Estado corresponde, no ha sido cumplido sino en parte.

A modificar en cierto sentido tendrá el decreto de 1885, derogado un año después; cumplirla, y realizarla intentó con su decreto de 24 de Julio de 1900 mi digno antecesor, sin que hasta el presente hayan tenido eficacia práctica dichas disposiciones, por muy varias y complejas circunstancias.

Urge, por tanto, que el precepto constitucional se aplique, y que de alguna manera se advierta cómo el Ministerio de Instrucción pública y Bellas Artes no limita su esfera de acción al estrecho círculo de la enseñanza oficial, sino que atiende, como es obligado, á la enseñanza no oficial, que no reviste menos importancia que aquélla.

Lejos de limitar con esto en lo más mínimo el sagrado principio de la libertad de enseñar, lo que se hará será confirmarlo y afianzarlo más y más, como se han confirmado y afianzado en diferentes leyes y reglamentos todas las libertades consignadas en la Constitución: la libertad de la prensa, la de asociación y reunión, etc., etc., puesto que un derecho consignado en abstracto sin que se dicten disposiciones para regular su ejercicio y proteger su aplicación, corre grave riesgo de adularse en la práctica, como positivamente ha sucedido en este caso.

Imposible parece que en España esté prohibido y hasta constituya un delito penado en las leyes el ejercicio de la profesión de Abogado, de Farmacéutico y aun de otras de secundaria importancia, sin poseer el título suficiente para ello, mientras se permite ejercer la función social más elevada y compleja, la más delicada y difícil de todas, como es la enseñanza, la educación de las generaciones futuras, á personas que de ninguna forma ni manera ostensible han probado conocimientos ni aptitudes para llenar tan alta misión. Como si se pudiera enseñar sin saber; como si la enseñanza no tuviese una técnica especialísima; como si la pedagogía no constituyera hoy una de las ciencias principales para el desarrollo y progreso de la cultura humana, como si el Estado le pudiera ser indiferente el que la juventud esté bien o mal instruida, posea mucha ó poca cultura. No corresponde al Estado exclusivamente, ni la formación de la conciencia de un alumno, ni el desenvolvimiento de su personalidad concurrente á la formación del alma nacional; no es esta función principal suya, pero tampoco se ajena á la misma, ni puede permanecer ante ella indiferente.

Contra tan abusivo estado de cosas han protestado en muy distintas y recientes ocasiones los mismos Profesores privados y la opinión general, sin que tal protesta haya sido eficaz hasta hoy. Por otra parte, si el Estado no puede inmiscuirse en la educación privada, es decir, en la que cada ciudadano da á sus hijos en su propia casa, no cabe dudar que los Colegios y Academias, en que mediante retribución se educa á un número mayor ó menor de alumnos, son establecimientos en cierto modo públicos, y como tales deben estar sujetos á una reglamentación y á una inspección tan estrictas como por lo menos como la que se ejerce sobre cualquier empresa ó establecimiento industrial, tanto respecto de su higiene, como respecto de la moralidad de las personas encargadas en ellos de las distintas funciones que les son propias.

Urgente y necesario es establecer nuevos y fuertes lazos de unión que liguen la enseñanza no oficial con el Estado; necesario es proclamar que el Ministerio de Instrucción pública no es solamente el Ministerio de la enseñanza oficial, sino de la enseñanza total de España; precisa que el Estado conoce el destino de la enseñanza en los Colegios particulares, pues es el que da la difusión de la Instrucción pública tiene que someterse al grado de desarrollo que adquieran en la misma las iniciativas individuales y sociales.

A la elevada inteligencia de V. M. no se ocultará cuán necesario es que para el Estado no sea desconocido nada de cuanto ocurre y se produzca en la amplia esfera en que se move la enseñanza privada, como tampoco que en la hora presente es imposible sostener, y antes por el contrario, precisa con urgencia abolir, aquellos privilegios que, si en un tiempo fueron respetables y aun necesarios, hoy no se compadecen con el espíritu de igualdad, principal sustento de todas las instituciones liberales. Por eso el Ministro que suscribe se ha visto en la dolorosa necesidad de no mantener aquellos privilegios que disfrutaban determinadas entidades, á las cuales mucho debe la cultura patria, sin que las mismas puedan tampoco reclamar con justicia, toda vez que poseyendo seguramente los conocimientos necesarios para dedicarse á la enseñanza y estando abiertas las puertas de las Universidades para todos, no necesitarán realizar gran esfuerzo para lograr la sanción legal de sus aptitudes, adquiriendo oficialmente aquellos títulos de capacidad que se exigen á todos los demás ciudadanos para la práctica de su profesión. Por ello, para facilitar este camino, se ha concedido un plazo prudencial, pues, de