Gaceta de instrucción pública (1903-06-06 00:00:00), página 1

GACETA DE INSTRUCCION PUBLICA

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Año XV
Madrid 6 de Junio de 1903
Núm. 620

SUMARIO
Disposiciones oficiales: Generales.—Real decreto autorizando la presentación del proyecto de ley de Bases para la reforma de la enseñanza.—El nuevo proyecto de ley de enseñanza.—Biblioteca Provincial, etc.—Noticias, etc.—Anuncios Oficiales: Primera enseñanza.—Anuncios.

DISPOSICIONES OFICIALES

GENERALES

Ministerio de Instrucción pública y Bellas Artes.
Real decreto.—De acuerdo con mi Consejo de Ministros, vengo en autorizar al Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes para someter á la deliberación de las Cortes un proyecto de ley de Bases de la enseñanza en general y de reorganización de la primaria.
Dado en Palacio á 29 de Mayo de mil novecientos tres.—Alfonso.—El Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes, Manuel Allendesalazar.

A LAS CORTES
La reforma de la enseñanza viene siendo desde hace años motivo de honda y legítima preocupación para cuantos de buena fe y con recto deseo se interesan por el porvenir de nuestra juventud, y, por lo tanto, de la Nación, pudiendo asegurarse que en los momentos actuales existe una considerable masa de opinión, importante por lo numerosa y por su calidad, que considera este problema como uno de los primeros que deben plantearse y resolverse.
Para abordarlo con esperanzas de éxito, dos cosas son, ante todo, necesarias. Es la primera atemperarse al espíritu y á la letra de nuestra vigente Constitución, y consiste la segunda en proceder con prudente cautela, para que el deseo, noble y generoso, pero probablemente irrealizable, de transformarle y mejorarlo todo de una vez, no esterilice y anule el esfuerzo.
Pocos artículos hay en nuestro Código fundamental más olorosos, precisos y terminantes que el duodécimo, y, sin embargo, será difícil encontrar otro que se halle más dosviritudo y distante de ser texto vivo de aplicación inmediata y práctica, por haberse dictado acerca de su importante contenido un número tal de disposiciones ministeriales en abierta contradicción con él, é igualmente contradictorias entre sí, que puede afirmarse, sin incurrir en exageración, que son contadísimas las personas que en los voluminosos tomos de la Colección legislativa de Instrucción pública pueden, sin dudas y vacilaciones, determinar y distinguir lo vigente de lo derogado.
Urge, pues, como primera medida para asentar los fundamentos de futuras edificaciones, desbrozar el terreno, y mediante unas bases sencillas y claras, volver á sacar á luz el precepto constitucional en que se establecen los derechos de la ciudadanía española relativos á la manera de adquirir cada cual los conocimientos concernientes á su profesión y á la fundación y régimen de los establecimientos de enseñanza libremente organizados.
Y al propio tiempo hay que atender á poner remedio á uno de los males que más se hacen sentir en materia de enseñanza, y que más fundadas y justas protestas suscita, es á saber: la verdaderamente censurable facilidad con que por disposiciones ministeriales se transforma ó deroga la legalidad vigente sin dar tiempo á que la experiencia demuestre su ineficacia ó su bondad, poniendo prudentes trabas á la facultad de variar por decretos planes de estudio y organizaciones de los establecimientos de la enseñanza oficial.
Sentados los principios fundamentales que diferencian á ésta de la que nace por la libre acción de la iniciativa social, es de todo punto necesario, para el cumplimiento fiel de lo prescrito en nuestra Constitución, reglamentar lo referente á la expedición de títulos profesionales por el Estado, estableciendo pruebas rigurosas de capacidad, y revistiendo á los Tribunales que por delegación ejercen aquella prerrogativa constitucional de las necesarias condiciones de independencia.
Senta el deseo del Ministro que suscribe el proponer la creación de un Cuerpo especial de examinadores completamente independiente y separado por su origen, tanto de la enseñanza de los establecimientos oficiales como de la privada; pero consideraciones económicas muy dignas de tenerse en cuenta lo vedan por el momento, y mientras llega la oportunidad de realizar esta aspiración formulada por hombres de muy distintas ideas, competentísimos todos en materias de instrucción pública, se ha fijado en la única forma en que la actualidad cree viable, confiriendo esta importantísima y trascendental misión al Profesorado de los establecimientos oficiales de enseñanza, mediante un turno riguroso, para que la constitución de los Tribunales siempre esté rodeada de las mayores garantías de independencia e imparcialidad.
Una vez establecidas las bases que con toda lealtad desarrollen los principios constitucionales, consagrando solemnemente y respetando los derechos que aquellos conceden á todos los españoles, hay que volver la vista hacia la enseñanza costeada por el Estado.
Mucho tiempo ha de transcurrir, por desgracia, pe'a que la acción social en España se desarrolle de tal suerte que haga innecesarios los establecimientos oficiales, y entre tanto, es deber esencial del Estado organizarlos de modo tal, que siempre puedan ser tenidos por modelo, y que la clientela que á ellos acuda no se deba ni á imposiciones de la ley, ni á vejaciones infundidas á los que al amparo de la libertad se creen, sino únicamente y exclusivamente al mérito de sus Profesores, al buen método de sus enseñanzas y á su perfecto régimen.
Es difícil en este punto resistir á la tentación de afrontar el problema en toda su magnitud, intentando la reforma de la Escuela, del Instituto, de la Universidad y de las Escuelas especiales, tratando de elaborar un verdadero Código de la enseñanza en todos sus grados; pero como antes queda con-