Gaceta de instrucción pública (1902-07-24 00:00:00), página 2

FACULTADES

Reales órdenes.—Ilmo. Sr.: De acuerdo con lo preceptuado por los Reales decretos de 1º de Mayo y 24 de Enero del corriente año; S. M. el Rey (q. d. g.) ha ordenado se anuncie á oposición libre entre Doctores, con sujeción al reglamento de 11 de Agosto de 1901 y Real decreto de 7 de Marzo último, las siguientes vacantes de los Estudios de la Facultad de Ciencias, sostenidos por el Ayuntamiento de Cádiz: las cátedras numerarias de Física general y Química general, dotadas cada una con el sueldo de 8.600 pesetas anuales y demás ventajas que concede la ley, y una plaza de Auxiliar con destino á la cátedra de Física y gratificación anual de 1.500 pesetas.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 7 de Julio de 1902.—C. de Romanones.—Sr. Subsecretario de este Ministerio.

Ilmo. Sr.: Por constar y haber acreditado la antigüedad determinada en la segunda disposición transitoria del Real decreto de 24 de Enero del corriente año, según lo dispuesto por Real decreto de 1º de Mayo último;

S. M. el Rey (q. d. g.) ha ordenado que se confirme en propiedad en el cargo de Catedrático de Mineralogía y Botánica, con su acarnecimiento de Zoología general de los Estudios de la Facultad de Ciencias sostenida por el Ayuntamiento de Cádiz, con el sueldo anual de 3.500 pesetas, pero sin derecho á ingresar en el escalafón general de Catedráticos de las Universidades del Reino, ni á pasar á otra Universidad, D. Florencio Fernández Encinales, y en las de Auxiliar, con la gratificación anual de 1.750 pesetas. D. Antonio López Martínez y D. Amado García Boulhí, haciendo constar que este sueldo y gratificaciones se abonarán con cargo al Ayuntamiento de Cádiz, y que el percibo del sueldo es incompatible con el de otro alguno. Es también la voluntad de S. M. que el Catedrático interino Don Manuel Gredos Noguerol, que resulta incompatible por ser Catedrático numerario del Instituto de Cádiz, sea nombrado Profesor extraordinario de la cátedra de Física de los expresados estudios, que desempeñará hasta tanto que se pruebe por oposición.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 7 de Julio de 1902.—C. de Romanones.—Sr. Subsecretario de este Ministerio.

Real orden.—Excmo. Sr.: Pasado á informe del Consejo de Instrucción, público el expediente instruido en instancia de los Colegios médicos de provincias que solicitan la reforma del art. 6.º de la sección 1.ª de la ley de 9 de Septiembre de 1857 y del Real decreto de 6 de Febrero de 1869, dicho Cuerpo consultivo emitido, en 4 de los corrientes, el siguiente dictamen:

«Varios Colegios médicos españoles, que no constituyen por cierto mayoría entre los establecidos actualmente, solicitan que, tanto el tit. 6.º de la sección 1.ª de la vigente ley de Instrucción pública, como el decreto ley de 6 de Febrero de 1869, relativo á incorporación de estudios realizados en país extranjero, quedan reducidos previos los trámites legales indispensables, á los dos artículos siguientes.

1.º Para los efectos legales y profesionales de los estudios médicos, los sóditos de las naciones no convividas se someterán á la misma legislación que los españoles, hayan ó no cursado asignaturas obtenido título en sus países respectivos.

2.º Cuando preexistent convenios internacionales, gozará única y preeminente de las excepciones y privilegios que á los españoles se hayan concedido en la nación á que los extranjeros pertenezcan.

Tiene el primero de los dos artículos citados á impedir, á falta de convenios internacionales, la incorporación de años académicos cursados en país extranjero, permitida por el art. 94 de la ley de Instrucción pública, para el caso de que el interesado acredite haber hecho con buen nota los estudios, y de que el Gobierno otorgue autorización especial, previo informe del Consejo de Instrucción pública; tiene también á impedir la habilitación temporal para el ejercicio de la profesión, que, en virtud de la misma ley, por justas causas y en determinadas condiciones, podía conceder el Gobierno, y tiende, por fin, á derogar la disposición del decreto ley de 6 de Febrero de 1869 que, negando al Médico el uso de aquellos derechos que un grado académico otorga en relación con la vida pública y oficial dentro del Estado, le consiente, sin embargo, el ejercicio de la profesión en España mediante el pago de 300 escudos y mediante las oportunas acordadas.

Para justificar todas estas pretensiones, inspiradas en un criterio restrictivo que el legislador de 1857 estimaba inaceptable, alegan los firmantes de las veinte exposiciones que figuran en el expediente sometido á informe del Consejo, que el ejercicio profesional de la Medicina requiere especiales conocimientos del país en que haya de verificarse, de su idioma y dialectos, de la situación geográfica, orientación, geología y orografía del mismo, y alegan además que no es político ni justo conceder á los extranjeros privilegios de que en sus respectivas países carecen nuestros nacionales.

Por respeto á lo primero, hay que advertir, ante todo, que aun tratándose de profesiones que exigen en tanto ó mayor grado que la profesión médica, conocimiento del país, de su idioma y de sus costumbres, viene concediéndose, sin protesta de nadie, al amparo de la ley de 1857, y con favorables informes del Consejo de Instrucción pública y de la Facultad de Derecho de la Universidad Central, autorizaciones para incorporar en los establecimientos oficiales del Reino años académicos ó estudios realizados en país extranjero; y hay que adentrar también que la prueba oficial de la mayor parte de los conocimientos á necesitar en opinión de los exponentes, para ejercer la profesión, se realiza en España, y que, en la mayor parte de los casos, ya que el plan de estudios de la Facultad de Medicina prescinde de las exigencias que aquéllos creen indispensables, y cuya aplicación rigurosa conducirá forzosamente á impedir el ejercicio de la profesión en todo el territorio del Estado, ó por lo menos en alguna de sus regiones, á muchos de los Médicos españoles.

Ahora, por lo que se refiere á la falta de reciprocidad en el trato internacional, la cuestión es distinta.

La reciprocidad es fórmula de apariencia sencilla, pero de resultados muy complejos: fórmula que atrae fácilmente la adhesión, porque resuelve de una plumada árdidas cuestiones; pero que empleada á toda hora y sin la reflexión debida, puede conducir á desplorables consecuencias. Con reciprocidad en el trato de dos Estados, pueden resultar muy favorecidos los intereses del uno y muy lesionados los del otro; y sin completa reciprocidad, pueden respetarse de igual modo los intereses de ambos.

Por otra parte, la falta de reciprocidad de que á veces se lamenta una profesión ó una determinada clase productora, puede redundar en beneficio de los que acuden como clientes á solicitar los servicios de la primera, ó como consumidores á la segunda, y aunque no acuda así en el presente caso, sigue en lo dicho que la falta de reciprocidad no por ello sola resulta suficiente para decretar un presupuesto legal mientras no se realice, transgresión de una regla positiva ó se acredite que va acompañada de resultados perniciosos.

En cuanto al segundo y último de los artículos que las instancias á que se refiere este informe proponen para substituir el decreto ley de 6 de Febrero de 1869 y el (ft. 6.º, sección 1.ª, de la vigente ley de Instrucción pública, atrevése á suponer el Consejo que no se dice en él lo que han querido decir sus autores. Según aparece redactada, equivale á proponer que un precepto de nuestra legislación regule ó modifique convenios internacionales preexistentes; y como semejante proposición es demasiado invasiva para atribuirlo á las ilustradas Corporaciones, en cuyo nombre se formula, la prudencia más elemental aconseja: no insistir en ella y abstenerse en este punto de toda explicación ó comentario.

En vista, pues, de las consideraciones que anteceden, y teniendo en cuenta el precedente establecido por esta Sección 5.ª del Consejo al informar de favorablemente una instancia en que se pedia la derogación del Decreto-ley de 6 de Febrero de 1869, relativo á la validez en España de los estudios y títulos profesionales portugueses, el Consejo propone sean desestimadas las instancias de los Colegios médicos que á este respecto se presentan.

Y habiéndose conformado S. M. el Rey (q. d. g.), con el pronunciamiento, se ha servido resolver como en el mismo se propone.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 10 de Julio de 1902.—C. de Romanones.—Sr. Presidente del Consejo de Instrucción pública.

ESCUELAS ESPECIALES

Reales Órdenes.—Ilmo. Sr.: Vacante en la Escuela superior de Industrias, recientemente creada en Santander, una plaza de Profesor de Ingles;

S. M. el Rey (q. d. g.) se ha servido disponer que, de conformidad con el procedimiento general aplicable á la provisión de cátedras de idiomas, se anuncie á concurso entre Profesores numerarios de Lengua inglesa en otras Escuelas oficiales, y Profesores interinos que por virtud de lo dispuesto en el Real decreto de 6 de Junio último tengan reconocido este derecho.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 10 de Julio de 1902.—C. de Romanones.—Sr. Subsecretario de este Ministerio.

Ilmo. S. Vacante en la Escuela superior de Industrias, recientemente creada en Santander, una plaza de Profesor de Algebra superior y Geometría analítica, y de conformidad con lo que respecto de estas plazas dispone el art. 9.º del Real decreto de 28 de Febrero de 1902;

S. M. el Rey (q. d. g.), se ha servido disponer que se anuncie la provisión en el turno de oposición.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 10 de Julio de 1902.—C. de Romanones.—Sr. Subsecretario de este Ministerio.