Gaceta de instrucción pública (1900-11-30 00:00:00), página 3

Dado en Palacio á veintitrés de Noviembre de mil novecientos.
—María Cristina.—El Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes,
Antonio García Aliz.

Real orden.—Tomo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. G.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que, de conformidad con lo previsto en el Real decreto de 23 de Noviembre corriente, en el art. 26 y siguientes del reglamento del Cuerpo facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios, en la ley de 29 de Julio de 1894 y en la Real orden de 30 de Julio de 1897, se anuncian á oposición cuatro plazas de Ayudantes de tercer grado de dicho Cuerpo, dotadas con el sueldo anual de 1.500 pesetas; entendiéndose que dos de ellas corresponden á la Sección de Archivos y las dos restantes á la Sección de Bibliotecas.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y efectos oportunos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 26 de Noviembre de 1900.—G. Aliz.—Señor Subsecretario de este Ministerio.

Derechos pasivos del Magisterio.

Proyecto de ley presentado por el señor Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes, modificando la ley de 1887 relativa á los Derechos pasivos del Magisterio de Instrucción primaria.

A LAS CORTES

La Junta Central de Derechos pasivos del Magisterio de Instrucción primaria, al publicar la Memoria de sus trabajos correspondientes al año de 1898, expuso al Gobierno de S. M., en un luminoso y razonado informe, las vicisitudes por que ha pasado aquella benéfica institución desde que fué creada por la ley de 16 de Julio de 1887, manifestando á la vez el peligro de que los recursos creados por dicha ley lleguen á ser, en plazo relativamente corto, insuficientes para el pago de las obligaciones, hasta ahora siempre crecientes, de la mencionada Junta.

Para evitar este peligro que, de realizarse, produciría perturbación muy honda y considerables daños á la benemérita clase del Magisterio de primera enseñanza, propone la Junta la adopción de ciertas medidas encaminadas á aumentar los ingresos y disminuir los gastos, único camino por donde puede llegarse al resultado que se busca.

En las medidas cuya adopción propone la Junta no se lastima ningún derecho ni se piden nuevos sacrificios á Tesoro público; antes bien, se hallan todas inspiradas en la más estricta justicia y en la conveniencia de la enseñanza y de los mismos Maestros. El ministro que suscribe las acepta todas, menos una que tiene por objeto imponer un nuevo gravamen á los presupuestos municipales; y no porque él fu á que tiende, que es hacer la enseñanza primaria prácticamente obligatoria, no merezca todas las simpatías del Gobierno, sino porque, dada la escasez de recursos con que cuentan la mayoría de los Ayuntamientos, no es posible exigirles por ahora nuevos sacrificios.

Algunas de las medidas propuestas por la Junta han sido ya llevadas á la práctica por el Gobierno en disposiciones de carácter administrativo; pero otras, por entrañar modificaciones más ó menos profundas en la ley vigente, necesitan para su establecimiento el consejo de las Cortes. Á obtener este consejo se encamina el proyecto de ley que el Ministro que suscribe tiene la honra de someter á la aprobación de las Cortes, así como á que en la ley se consignen ciertos preceptos hoy vigentes, y que, por su carácter substantivo, deben figurar en ella, á fin de que adquieran la estabilidad y fijeza que nunca pueden tener las disposiciones meramente reglamentarias.

Entre las innovaciones que propone la Junta Central figura la creación de ciertos funcionarios que, con el nombre de Interventores, la representan al lado de cada una de las Juntas provinciales de Instrucción pública. A primera vista parece que con esto se impone un nuevo gravamen á las Diputaciones provinciales; pero no es así, porque la reciente supresión de las cajas especiales de primera enseñanza ha dejado vacantes los sueldos de los Cajeros, superiores á los que en el proyecto se asignan á los Interventores de los Derechos pasivos del Magisterio; y aunque el sueldo de estos últimos corra á cargo del presupuesto provincial, como lo son los demás funcionarios de las Juntas provinciales de Instrucción pública, siempre resultará un beneficio para los fondos de las provincias. Por otra parte, la creación de estos funcionarios es absolutamente necesaria para que los servicios que tiene á su cargo la Junta Central se lleven á efecto sin retraso, descargando de ellos al personal afecto á las Secretarías de las Juntas provinciales de Instrucción pública, ya que dicho personal es á todas luces insuficiente para realizar todo el trabajo que pesa hoy sobre estas Corporaciones.

Y aunque para conseguir este resultado fuera preciso que las Diputaciones provinciales se impusieran algún sacrificio, el reconocido patriotismo de todas ellas las estimulará á facilitar por su parte los medios necesarios para la prestación de estos servicios, cuya importancia no es necesario encarecer.

Fundado en estas consideraciones, el Ministro que suscribe tiene la honra de someter á la deliberación de las Cortes el siguiente proyecto de ley:

Madrid 23 de Noviembre de 1900.—Antonio García Aliz.

PROYECTO DE LEY

Artículo 1.º Los derechos pasivos del Magisterio público de primera enseñanza continuarán rigiéndose por la ley de 16 de Julio de 1887, con las modificaciones establecidas en las bases siguientes:

Primera. Los Maestros, Maestras y auxiliares en propiedad de las Escuelas públicas sólo podrán ser jubilados, á su instancia, después de haber cumplido la edad de sesenta años. El Gobierno podrá jubilarlos cuando hayan cumplido sesenta y cinco años de edad.

Segunda. Los Maestros, Maestras y auxiliares que se inutilicen para el servicio activo de la enseñanza antes de cumplir la edad de sesenta años, podrán servir sus destinos por medios de substitutos, siempre que cuenten quince años por lo menos de servicios en propiedad. El reglamento determinará la forma en que haya de probarse la inutilidad.

Tercera. Los substitutos á que se refiere la base anterior serán nombrados en las mismas condiciones y con los mismos requisitos que los Maestros de Escuelas públicas, y tendrán los derechos y obligaciones correspondientes á estos últimos, con las limitaciones establecidas en la presente ley.

Cuarta. Los aumentos que, con arreglo á la ley de Instrucción pública, corresponden al Maestro se distribuirán entre el substituto y el substituto de éste, de la manera siguiente:

El puesto que ocupe el Maestro se dividirá por mitad entre ambos; el substituto cobrará el importe íntegro de las retribuciones escolares, y el substituto disfrutará la casa-habitación, siempre que la ocupe por sí mismo. En otro caso quedará también á beneficio del substituto.

Quinta. Los Maestros y auxiliares substituidos permanecerán en esta situación hasta que cumplan la edad de sesenta años, en cuyo momento quedarán jubilados de hecho, sin necesidad de nueva declaración, si contaran veinte años de servicios, en caso contrario, hasta que los cumplan; pero podrán volver al servicio activo de la enseñanza antes de cumplir la edad expresada, siempre que justifiquen haber desaparecido la causa que dio origen á la substitución.

Sexta. Las Maestras jubiladas, que á la vez sean viudas de Maestros, no podrán percibir por las dos pensiones que puedan corresponderles cantidad superior á 2.000 pesetas. Fuera del caso expresado, nadie podrá percibir por concepto de pensiones acumuladas más de los dos tercios de la expresada cantidad.

Séptima. Los individuos de las clases pasivas del Magisterio sufrirán, en beneficio de los fondos, un descuento igual al que sufren ó hayan de sufrir en adelante los Maestros en activo servicio. Este descuento será para unos y otros el 4 por 100 del sueldo ó haber pasivo que disfruten.

Octava. Los Maestros que desempeñen internamente Escuelas públicas contribuirán al mantenimiento de los fondos pasivos con el 10 por 100 de su sueldo, cuando éste no exceda de 200 pesetas anuales; el 50 por 100 cuando pase de 200, sin exceder de 300; el 50 por 100 cuando pase de 300, sin exceder de 400; el 40 por 100 cuando pase de 400 y no exceda de 500, y el 50 por 100 sierra que el sueldo exceda de 500 pesetas.

Novena. No se nombrarán Maestros interinos para las plazas vacantes hasta que la autoridad que haya de hacer el nombramiento tenga noticia oficial de haber cesado el Maestro que desempeñaba la Escuela ó Auxiliaría de cuya provisión interna se trata. En el caso de que se antoje el nombramiento de Maestros provisionales para el desempeño de la enseñanza hasta que los interinos se posean de las vacantes, sólo se les remunerará con el importe íntegro de las retribuciones escolares y la indemnización de casal y la hubiera.

Décima. Las viudas y huérfanas de Maestros fallecidos sin contar veinte años de servicios abonables no tendrán derecho á la devolución de los descontos á que se refiere el art. 10 de la ley de 16 de Julio de 1887. En su lugar, se les abonará una cantidad igual á una mensualidad del sueldo que percibía el causante, si los servicios de éste no excediesen de diez años, y dos mensualidades, si los servicios excediesen del expresado tiempo.

Undécima. Sólo se considerarán abonables para la clasificación los servicios prestados en propiedad en las Escuelas públicas de primera enseñanza en virtud de nombramientos legales. Se reservan, sin embargo, los derechos adquiridos por los Maestros comprendidos en las disposiciones del Real decreto de 18 de Agosto de 1898, y por los que, sin título ni certificado de aptitud, hayan cumplido quince años por lo menos de servicios en 16 de Julio de 1887.

A los Maestros substituidos y á sus substitutos se les abonará la mitad del tiempo que permanecieran en esta situación.

Duodécima. Las jubilaciones continuarán ajustándose á los cuatro períodos de veinte, veinticinco, treinta y treinta y cinco años de servicios; y el mayor período de jubilación continuará á cada uno de estos períodos será los cincuenta, sesenta, setenta y ochenta cincuenta del nuevo regulador. Se entenderá por sueldo regulador el mayor que con arreglo á la ley hayan disfrutado los interesados durante dos años por lo menos. Las viudas y huérfanas disfrutarán una pensión equivalente á los dos tercios de la jubilación que disfrutaba ó hubiera correspondido al causante.

En ningún caso se declarará jubilación superior á 2.000 pesetas.

Décimotercera. En el presupuesto del Ministerio de Instrucción