Gaceta de instrucción pública (1900-07-25 00:00:00), página 1

GACETA DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA
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AÑO XII
Madrid 25 de Julio de 1900
NÚM. 464

SUMARIO

Disposiciones oficiales: Primera enseñanza.—Segunda enseñanza.—Facultades.—Noticias: Primera enseñanza.—Anuncios.

IMPORTANTE

Publicados en la Gaceta de Madrid de los días 22 y 23 los Reales decretos que habíamos anunciado en el último número, dada la importancia de los mismos y el deseo que de conocerlos tendrán nuestros lectores, adelantamos en su obsequio el número correspondiente al día 30 del actual.

DISPOSICIONES OFICIALES

PRIMERA ENSEÑANZA
Presidencia del Consejo de Ministros.

EXPOSICIÓN

Señora: Objeto de preocupación para los Poderes constitutivos ha sido siempre la suerte de los Maestros de primera enseñanza, reconocido como verdad inconcusa que las inspecciones de aquellos modestos Profesores son base de la moral pública y de la civilización de los pueblos.

El ya extenso índice de las disposiciones dictadas en la materia, y singularmente sobre el modo y forma de abonar á los Maestros sus exigüas dotaciones, adviértese que á medida que las realidades han venido á demostrar la ineficacia del régimen descentralizador, ó sea el que deja á los Ayuntamientos exclusivamente la misión de atender este importante servicio, los Gobiernos, viendo, las aspiraciones de los propios Maestros, han establecido un sistema de retribución que, si no ha logrado solventar las deficiencias de aquél, ha conseguido aumentando progresivamente sus esfuerzos, borrar en mucha parte la laboriosa desdicha, en que yacían tan sagradas obligaciones.

El examen de lo legislado sobre esta materia demuestra claramente que ese sistema protector se ha impuesto en todos los tiempos el régimen descentralizador. Aun en aquellos en que la idea política obligó á reconocer ante todo la autonomía de los Municipios, los mismos gobernantes que tal hicieron vieron obligados á volver rápidamente sobre sus acuerdos y á dictar disposiciones de carácter protector más ó menos apremiantes. Así lo demuestra, entre otras, el Real decreto de 14 de Octubre de 1888, que declaró corresponder á los pueblos el nombramiento y pago de los Maestros, en relación con las órdenes de 20 de Marzo y 7 de Julio de 1869, que contienen prevenciones coercitivas para conseguir el abono de los sueldos de aquellos funcionarios.

El régimen protector, ajeno siempre á la idea política, informó en cambio la mayor parte de lo legislado sobre la materia. Ya la instrucción de 28 de Septiembre de 1847, previendo el caso de que los recursos del Municipio no fuesen suficientes para cubrir las atenciones de primera enseñanza, dispuso que se acudiese á su auxilio con una subvención de la provincia, ó en su defecto, con un suplemento de crédito sobre el presupuesto general del Estado. La ley de Instrucción pública de 9 de Septiembre de 1857, dando un paso más, ordenó al Gobierno que adoptase las medidas necesarias para asegurar el pago de las dotaciones de los Maestros, pudiendo establecer en las capitales de provincias la recaudación y distribución de los fondos consignados con tal objeto.

Mucha más visible aún resulta la protección dispensada por los Gobiernos á la primera enseñanza si se examina el decreto de 24 de Marzo de 1874, y las órdenes de 22 de Abril, 18 de Julio y 5 de Agosto del mismo año. En estas disposiciones, dictada la primera de acuerdo con el Consejo de Ministros, y las demás á propuesta de la Dirección de Instrucción pública y de la Intervención general de la Administración del Estado, se ordena que los Ayuntamientos entreguen en las Administraciones Económicas lo consignado en sus presupuestos para primera enseñanza; que los Jefes económicos dispongan su distribución; y que la cobranza de esos fondos se considere en igualdad de circunstancias que la de las contribuciones directas, siendo, por consiguiente, sancionables los Ayuntamientos que incurran en morosidad, por los mismos procedimientos establecidos para aquéllas.

El Real decreto de 29 de Agosto de 1881, si bien acabando la ley municipal deja á la legislación provincial el derecho de mejorar sus fondos, exigió que la primera partida de la distribución general fuese la necesaria para satisfacer las obligaciones de instrucción primaria, y por mediación de los Gobernadores y de las Secciones de Fomento se confiaba á las Administraciones Económicas de provincia el pago de aquella parte que dejassen de satisfacer los Ayuntamientos, reteniendo el efecto los recargos municipales y los ingresos por consumos, cereales y sal, autorizando además á estas últimas dependencias para proceder de apremio contra los deudores.

El Real decreto de 15 de Junio de 1882 declaró que los recargos municipales sobre las contribuciones directas quedaban asignados al cumplimiento de este servicio, y que de tales recargos no podrían hacerse retenciones ni aun para el pago de débitos al Tesoro, sin que estuviesen satisfechas las obligaciones de primera enseñanza. Créanse por este mismo decreto las Cajas especiales de primera enseñanza en las provincias, y se las encargaba del ingreso, custodia y pago de los fondos afectos á las referidas atenciones; fondos que habría de entregar en la Caja el Delegado del Banco de España. Dictáronse disposiciones complementarias para el cumplimiento del anterior decreto, y entre ellas, merece anotarse la Real orden de 20 de Junio siguiente, que previendo el caso de insuficiencia de los recargos municipales establecidos, disponía que los Gobernadores ordenasen á los Delegados de Hacienda la retención de otros recursos.

Terminó inevitable y lógico de la tendencia protectora que encierra la legislación rápidamente extractada hubiera sido el importante decreto de 30 de Abril de 1890, que ordenó se