Gaceta de instrucción pública (1900-07-25 00:00:00), página 2

incluyera entre las obligaciones del Estado las del personal y material de la primera enseñanza, si el proyecto de presupuestos presentado á las Cortes en 12 de Junio del mismo año 1886, en que aquel decreto tenía cumplimiento, se hubiera convertido en ley del Reino.

Pero no fue así, ni las obligaciones de las Escuelas de instrucción primaria tuvieron cabida en el siguiente presupuesto de 1887-88, como sucedió con las de las Escuelas Normales e Institutos de segunda enseñanza, quedando, por lo tanto, en la misma situación en que estaban anteriormente colocadas. El Gobierno, sin embargo, continuó presionando á este sentido con el fin de apoyarla.

La ley de 5 de Agosto de 1893 ordenó que los recursos municipales que se destinaban expresamente á las escuelas ó cupos del Tesoro, y el Real decreto de 24 de Abril siguiente se aprobará á mandar que las Delegaciones de Hacienda entregasen á las Juntas de Instrucción pública la parte de dichos recursos necesaria para cubrir las atenciones de primera enseñanza. Y finalmente el Real decreto de 19 de Abril de 1896, que es la legalidad vigente en la materia, mandó que los recaudadores y agentes ejecutivos del Estado entregasen directamente los recursos en las Cajas de instrucción primaria, á medida que fuesen recaudándolos en cantidad suficiente para las atenciones del ramo, prohibiendo á los Ayuntamientos realizar toda clase de pagos, excepto los de Beneficencia y Sanidad, sin acreditar previamente por medio de notas certificadas que estaban cubiertas las atenciones de primera enseñanza.

Todas estas disposiciones, que demuestran los esfuerzos hechos en pro de los Maestros, no son, en realidad, otra cosa que el desarrollo y aplicación del art. 198 de la importante ley de 1857. Con una previsión nunca bien ponderada, el legislador facultó al Gobierno para establecer en la capital de provincia la recaudación y distribución de los fondos destinados á la primera enseñanza, con objeto de asegurar el puntual pago de estas atenciones. Y á tal fin, como puede observarse, se han dirigido los esfuerzos hechos, habiendo llegado en el cumplimiento de aquel precepto legal hasta la institución de Cajas especiales en las capitales de provincia.

Y, sin embargo, los recursos recaudados no han sido bastante á regularizar la situación de tan digna causa desgraciada, cuya insuficiencia de los recursos municipales para cubrir esas atenciones en algunos pueblos; la indeterminación de otros recursos que á falta de arreglos suplen la deficiencia; el escaso rigor de las medidas que pueden adoptarse por funcionarios más bien políticos que administrativos; la confusión misma que lleva á la práctica el lúmbrico estudio de disposiciones que, si bien tendiendo al mismo objeto, cambian á cada paso el procedimiento; y la intervención, en fin, de tantos y tan heterogéneos organismos en una función puramente económica de distribución, son seguramente causa y motivos sobrados para que hoy, á pesar de las precauciones adoptadas, no se haya conseguido aún la completa solución de este problema y la normalidad de tan importante servicio.

Urge, pues, simplificar los procedimientos; procurar que el pago de las atenciones de primera enseñanza se realice sin intermediario alguno por el Estado, en aquellas casos en que los Ayuntamientos no lo hagan directamente, suprimiendo en consecuencia organismos especiales, cuya existencia resulta innecesaria; determinar los recursos que deben quedar afectos á esta obligación, y conferir á los Delegados de Hacienda en las provincias la ordenación de los pagos, y las facultades de que la Autoridad económica estuvo ya investida, para conseguir previamente la realización de los ingresos necesarios.

Tal es el objeto del decreto, que el Presidente del Consejo de Ministros, de acuerdo con el mismo Consejo, tiene la honra de someter á la aprobación de V. M.

San Sebastián, 21 de Julio de 1900.—Señora: A L R P. de V. M., Francisco Sílveira.

REAL DECRETO

De conformidad con lo propuesto por el Presidente del Consejo de Ministros, de acuerdo con el mismo Consejo;
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfonso XIII, y como Reina Regente del Reino;
Vengo en decretar lo siguiente:

Artículo 1.º Las obligaciones de personal y material de las Escuelas públicas de instrucción primaria tendrán, como hasta aquí, carácter municipal; pero, en lo sucesivo, el pago de las mismas correrá á cargo del Estado, previo ingreso en las arcas del Tesoro de los fondos necesarios de aquella procedencia.

Art. 2.º Constituyen recursos para el pago de las atenciones de cada Ayuntamiento:

A Los recursos municipales sobre las contribuciones territorial e industrial que tengan establecidos.

B Los intereses de sus inscripciones transferibles y los de los depósitos por la tercera parte del 80 por 100 de sus bienes de Propios.

C El producto de los aprovechamientos forestales concedidos al pueblo, y

D Cualquiera otra renta ó recurso municipal que tenga carácter general, dando preferencia á los que se obtengan por arrendamiento.

Art. 3.º Si las obligaciones de personal y material de las Es-

cuelas públicas de instrucción primaria fuesen satisfechas directamente por los Ayuntamientos, presentarán éstos, por trimestres, en las respectivas Delegaciones de Hacienda certificación de haber quedado realizado el pago á su debido tiempo, sin cuyo documento no serán abonados los recargos municipales ni los intereses á que se refiere el segundo punto del artículo anterior.

Art. 4.º En el caso de que los recursos comprendidos en los tres primeros puntos del art. 2.º no fueren suficientes para cubrir las obligaciones de primera enseñanza de un Ayuntamiento, el Delegado de Hacienda determinará con la debida antelación los que considere más conveniente aplicar el total pago de dichas atenciones de entre aquéllos que se refieren el cuarto punto, á fin de que no sufra su pago éste alguno.

Art. 5.º Los recursos sobre las contribuciones territorial e industrial ingresarán directamente en el Tesoro al mismo tiempo que los cupos y cuotas de que procedan, quedando derogado lo dispuesto por el art. 1.º del Real decreto de 19 de Abril de 1896.

Los demás recursos que se destinen al pago de estas atenciones ingresarán también en el Tesoro en la forma que se determine.

Art. 6.º Los Delegados de Hacienda en las provincias asumirán las funciones de Ordenadores de los pagos de primera enseñanza, cesando en dicho carácter los Gobernadores civiles que hoy las ejer- cen por su calidad de Presidentes de las Juntas de Instrucción pública.

Art. 7.º El pago de las atenciones de personal y material de primera enseñanza continuará verificándose por trimestres vencidos. Las de personal se justificarán mediante nóminas que se cerrarán el día 20 del último mes de cada trimestre, remitiéndose para su exa- men y aprobación á las Juntas provinciales, y éstas las cursarán á las Delegaciones de Hacienda para la expedición de los correspondientes mandamientos de pago. Las atenciones de material serán satisfechas en forma análoga á las de los demás servicios del Estado.

Art. 8.º Como consecuencia de lo dispuesto por los artículos anteriores, quedarán suprimidas las Cajas especiales de fondos de primera enseñanza de las provincias, las cuales serán liquidadas por las Juntas de Instrucción pública de que dependan, en las formalidades oportunas, ingresando en el Tesoro de los fondos que resulten de la disolución del actuar trimestral á favor de los Ayuntamientos y por cuenta de éstos, cuyo día oscurará definitivamente los C. V.

Art. 9.º Los Delegados de Hacienda dispondrán lo conveniente para que el importe de los descuentos y demás cantidades afectas al Monopólio de primera enseñanza sea formalizado su ingreso en el Banco de España á disposición de la Junta Central de Derechos pa- sivos del Ministerio, á los fines correspondientes.

Art. 10. El sobrante que resulte de los recargos municipales ó de los demás recursos afectos especialmente á las iniciales obligaciones, después de cubiertas éstas, se devolverá á los respectivos Ayunta- mientos, debiendo quedar formalizada esta operación dentro precisamente del segundo mes siguiente al del trimestre á que corresponda.

Art. 11. Las prescripciones de este decreto empezarán á regir desde el día 1.º de Octubre próximo, á cuyo efecto los Ministerios de Hacienda, Gobernación e Instrucción pública y Bellas Artes dictarán las disposiciones necesarias para el mejor cumplimiento del mismo.

Art. 12. Quedan derogadas las disposiciones que se opongan á lo preceptuado por el presente decreto.

Dado en San S.-basilio á veintuno de Julio de mil novecientos. MARIA CRISTINA.—El Presidente del Consejo de Ministros, Fran- cisco Sílveira.

SEGUNDA ENSEÑANZA

Ministerio de Instrucción pública y Bellas Artes.

EXPOSICIÓN

Señora: La segunda enseñanza constituye hoy en todas las naciones un problema no resuelto.

El carácter de cultura general que deben tener esta clase de estudios, la preparación conveniente para entrar en los superiores á que obligan los planes de enseñanza, y la organización de las distintas carreras, hacen difícil una solución que resulte al mismo tiempo práctica y de conocimientos clásicos.

El Ministro antecesor del que suscribe acometió la empresa de organizar un plan de segunda enseñanza basado en los estudios denominados clásicos, con el fin de elevar al nivel intelectual y de cultura de nuestra juventud escolar. D-ntro de este principio fundamental que inspiró la reforma de 25 de Mayo de 1899, es indudable que marcó un adelanto y realizó un progreso; pero al aplicarse á las realidades de la práctica, al interés de las familias, á la organización de las carreras universitarias y especiales, se notó que los siete años del Bachillerato constituían un pe- riodo demasiado largo para esta clase de estudios, y que el elevado pensamiento de aumentar los conocimientos clásicos no tenía aplicación respecto de un gran número de jóvenes que se dedicaban á las carreras especiales.

El largo período de siete años para el Bachillerato imposibilitaba á los jóvenes que se dedicaban á las carreras no universitarias el poder hacer el