Gaceta de instrucción pública (1901-11-30 00:00:00), página 2

vicial de Instrucción pública de Murcia, dotada con 2.000 pesetas de sueldo. El plazo para solicitarlas es de treinta días, contados desde el 25 del corriente, y los concursantes deberán sujetarse á lo que determina el Real decreto de 26 de Octubre último.

Jubilaciones.—Se ha conocido por edad á doña Antonia Hernández y García, Maestra de Cubo de Don Sancho (Salamanca); á D. José Torrejón y Sabat, de Parroquia de Besalu (Gerona); á doña María San Juan y Pavón, de Constantina (Sevilla); á D. Mauricio Nogales y García, de Villacidder (Palencia); á D. Pedro Martínez de Trespuentes y Estibaldéz de Antequera (Alava); á doña Simona Mimbreses y Hernández, de Cantaracillo (Salamanca); á D. José María García de Medinaelvias y Tejería, de Oteo (Alava); á D. Manuel Hernández y Ruiz, de Cetina (Zaragoza); á doña Antonio María Leiva y Cantero, de Churriana (Granada); D. Bernardo Herrán y Gómez, D. Nicolás Hurtado y Casado, D. José Parrandón y Tobal, D. Francisco Cuyos y Lasticado y D. Pedro Sierra.

La Secretaría de la Junta provincial de Instrucción pública de Barcelona.—En la sesión celebrada por el Congreso de los Diputados el día 22 del corriente, el Sr. Andrade se ocupó de dicho asunto en los términos siguientes:

El Sr. Presidente: Tiene la palabra el Sr. Andrade.

El Sr. Andrade: Para hacer en forma telegráfica unas preguntas al señor Ministro de Instrucción pública.

Está vacante la plaza de Secretario de la Junta provincial de Instrucción pública de Barcelona; se convocó el concurso para proveer esta vacante hace más de diez y ocho meses; durante ese tiempo no se ha podido terminar el expediente, estando ocupada la plaza por un Secretario interino; ese Secretario interino es aspirante á la plaza en concurso; éste se ha convocado con arreglo á la ley de 25 de Julio de 1895, ley que el Ministro ha tratado de modificar por medio del Real decreto de 26 de Octubre último.

En vista de estos hechos rigurosamente exactos, yo pregunto al señor Ministro si cree S. S. con facultades bastantes para modificar por Real decreto lo que dispone una ley votada en el Parlamento y sancionada por la Corona.

Segunda pregunta: Convocado el concurso con arreglo á la ley de 28 de Julio de 1895, ¿va á prover S. S. la vacante de secretario de la Junta de Instrucción pública de Barcelona con arreglo á las prescripciones de la ley, ó con arreglo al decreto publicado por S. S.?

Tercera pregunta, ¿o mejor dicho, ruego ¿está S. S. dispuesto á tratar á la Cámara para que yo pueda examinarlo, y conmigo los señores Diputados que gusten, ese expediente de provisión de la Secretaría de la Junta provincial de instrucción pública de Barcelona, y con él el mérito y servicios de los individuos que han acudido al concurso? A estas dos preguntas y á este ruego espero la contestación de S. S., aunque sólo sea en la forma brevísima de que me he servido para interrogarle.

El Sr. Presidente: Tiene la palabra el Sr. Ministro de Instrucción pública.

El Sr. Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes (Conde de Romanones): Voy á contestar los ruegos del Sr. Andrade, empeñado por el último.

Desde luego estoy dispuesto á tratar el expediente á que se ha referido S. S. Ahora yo quisiera saber si S. S. quiere que venga aquí después de haber resuelto la propuesta hecha á antes de resolverla.

Respecto á la primera pregunta, no tengo más que decir una cosa á S. S.: que yo no puedo pretender que un decreto venga á derogar una ley votada en Cortes. Respecto á la segunda pregunta, diré á S. S. que en el nombramiento de Secretario de Instrucción pública de Barcelona me atendré en absoluto y por completo á la legislación vigente.

El Sr. Andrade: Pido la palabra.

El Sr. Presidente: ¿Para qué?

El Sr. Andrade: Me ha hecho una pregunta el Sr. Ministro de Instrucción pública y tengo que contestarle.

El Sr. Presidente: Pues el reglamento no me permite conceder la palabra para eso á S. S.

El Sr. Andrade: Fue perdón el Sr. Ministro de Instrucción pública esta desconsideración, ajena á mi voluntad, puesto que ya ve que no puedo contestarle.

Respecto á la pregunta hecha por el Sr. Andrade, parece que ya se ha remitido al Ministerio la propuesta en tema para el nombramiento de Secretario, cargo que ha estado largo tiempo vacante y desempeñado ininterrumpidamente por quien ahora viene propuesto en el primer lugar de la terna para su nombramiento en propiedad. La terna se ha formulado con arreglo al art. 33 del Real decreto de 26 de Octubre último.

Junta central de Derechos pasivos del Magisterio.—Expedientes despachados.—Aprobar los de clasificación de D. José Jaramillo Varela, de Lubrin, con 940 pesetas; D. José Pavón González, de Pangin, con 540; D. Francisco Imaz Oloro, de Umbil, con 525; D. Ramón Monfós Villa, de Moro, con 400; D. Matías Amor Soinel, de Doedo, con 500; don José Raposo Farías, de Sarandones, con 125; D. Simón Jiménez Vázquez, de Cabillejo, con 496; D. Antonio Jiménez de Loma, de Puente Genil, con 1.160; doña María Gracia García, de Campotejos, con 540; doña Elena Navarro Gómez, de Torre, con 540; los de pensión de doña Enriqueta González y doña María Nieves Marchena, viuda e hija, respectivamente, de D. Joaquín Marchena, Maestro que fué de Pruna, con 613,52 pesetas; doña Dolores y doña Concepción Bas y Roca, huérfanas de doña Catalina Roca, de Espinaguera, con 760; doña Matilde Ferné Delgado, viuda de D. Francisco de Anis, de Gema, con 400; doña Emilia y doña Clotilde Martí Buitón, hijas de D. Sebastián Martí, de Roca, con 663,82; los de mejora de pensión de doña Isabel y doña Concepción Briz Jiménez, hijas de D. Luis Briz, Maestro que fué de Cartagena, á quienes se mejora la pensión de 544,44 pesetas que vienen disfrutando por partes iguales en 492,22 que vienen percibiendo su hermana doña Dolores, que ha contraído matrimonio, perdiendo, por tanto, el derecho á la pensión; los de haberes devengados y transferidos para su pago á las respectivas Juntas á los herederos de doña Josefa Verdejo, de Urres, Ilana, 78,71 pesetas; idem de doña Enriqueta Torres Escudero, de Anguino, 23,92; idem de don Francisco Juan Olano, de Umbre, 2.111,66; idem de D. Agustín Llorente, de Ochando, 114,14.

Cuentas aprobadas.—Los trimestres tercero y cuarto de 1894-95 y primero y segundo de 1895-96 de la provincia de Salamanca; el cuarto de 1898-99, primero y segundo de 1899-1900, todo el año 1900 y el primero de 1901 de la de Madrid; las de los años 1898-99 al 1898-07 inclusive y tercer trimestre de 1901 de la provincia de Vizcaya; el tercer trimestre de 1901 de la de Guipúzcoa, y el segundo y tercero de 1897-98 de la de Segovia.

Expedientes desestimados.—El de pensión de D. Francisco Coca Barce, hijo de D. Alfonso Coca, Maestro que fué de Cádiz, á quien se le niega la pensión por haber contraído matrimonio su padre después de cumplidos los sesenta años de edad. El de clasificación de doña Josefina Carrera Zayas, Maestra jubilada de Isasa (Navarra), por existir sospechas de que el nombramiento de la misma para la Escuela de Aricuzon, origen de su carrera, no revistió caracteres de legalidad; esto en perjuicio de que la interesada pueda adquirir datos que aclaren dicho nombramiento, en cuyo caso se la reconocerá su derecho.

Los pagos por el Estado.—El Magistrado debe estimular, aunque ya poco tiempo le queda, si es con garantía para la clase el que el Estado le abone sus sueldos. Insistimos e insistiremos en que es necesario que todo el Profesorado primario trabaje en favor del pago por el Tesoro porque el señor Ministro de Instrucción pública se muestra muy confiado en sacar triunfante su propósito, y está también muy propicio á admitir la enmienda presentada por el diputado Sr. Vincenti.

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Para que conozcan nuestros lectores lo que piensa el Ministro de Hacienda, le daremos á conocer lo que en la sesión del martes 19 del actual, contestando al Sr. Azcárate, dijo el Sr. Urzúa referente á la cuestión de pagos:

«Por la reforma que se propone asume el Estado las obligaciones de primera enseñanza, en la misma forma que cualquier otra carga permanente de las que hoy tiene. Precisamente, esa ha sido el criterio con que se ha redactado el artículo que figura en el proyecto de presupuestos, criterio opuesto al de la enmienda presentada y á las demás soluciones propuestas, todas las cuales estaban inspiradas en un sentido contrario, por lo que había que resolver era si se iban ó no a considerar las aportaciones de primera enseñanza como función del Estado, incluyéndolas entre los cargos públicos, sin afectar á ellas principalmente ningún ingreso determinado. Había quien prefería que se efectuara un determinado ingreso pero no vela en ese sistema algo como una limitación de las responsabilidades del Estado, porque parecía que de ese modo la obligación del Tesoro no alcanzaría más que el importe del recibo señalado especialmente. Por ello sostiene el criterio contrario, y aunque el asunto era de la iniciativa del Ministro de Instrucción pública y á mí sólo me correspondía proponer la resolución económica, dije que, si prevalecía el criterio de que el Estado asumiera las aportaciones de primera enseñanza, era preciso reforzar los ingresos del Tesoro, prescindiendo del carácter especial con que aceptase el ingreso que se le concediera para estas aportaciones. Llevé en esto mi opinión al punto de no querer que se dijera que se establecía un recargo sobre los impuestos y sostuve que se debía reforzar una contribución para aumentar los ingresos en cantidad equivalente á los nuevos gastos.

Por eso lo propuesto al Congreso es el recargo de la contribución territorial á favor del Estado, lo cual no constituye un recargo para el contribuyente, porque en cambio se priva á los Ayuntamientos de la facultad de establecer ese recargo; es decir, que el Estado cobrará lo que perciban