Gaceta de instrucción pública (1900-12-30 00:00:00), página 4

Será necesario el primero para ser nombrado Maestro de una Escuela pública, y el segundo para Profesor de Escuela Normal é Inspector.

Art. 63. Las Escuelas Normales tendrán por objeto:
1.º Formar Maestros idóneos para la enseñanza.
2.º Servir de centro de ampliación á la enseñanza popular.
El plan de estudios de dichas Escuelas se determinará en un reglamento y comprenderá un número de enseñanzas que no sea inferior al señalado en la ley de 9 de Septiembre de 1857.

Art. 64. Se reorganizará la Inspección de primera enseñanza de manera que cada Inspector tenga bajo su vigilancia un número de Escuelas públicas que no exceda de 200.
Se formará un escalafón de Inspectores, los cuales ingresarán por las plazas de sueldo inferior, mediante oposición. Para tomar parte en ésta será necesario el título de Maestro Normal y haber desempeñado en propiedad Escuela pública durante cinco años por lo menos.

Art. 65. El Gobierno hará construir á la mayor brevedad posible el número de edificios escolares necesarios para dar la enseñanza primaria con arreglo á los últimos adelantos de la Pedagogía. Al efecto incluirá en los presupuestos generales los créditos indispensables, que serán destinados exclusivamente á este fin.

Art. 66. Las Corporaciones provinciales y municipales podrán fundar y sostener establecimientos de cualquier grado de enseñanza.
Para que sus exámenes y grados tengan validez, será preciso que dichos establecimientos se sujeten al mismo régimen que los oficiales, que los Profesores de las Escuelas públicas, la misma forma que los alumnos, y disfruten de grados y títulos que los derecho correspondiente á los grados y títulos se abonen á los gastos del Estado.
Los establecimientos ya creados deberán cumplir las condiciones del párrafo anterior antes de concluirse el próximo curso.

DISPOSICIÓN FINAL
Quedan derogadas todas las disposiciones que se opongan á lo establecido en la presente ley.

Madrid 24 de Diciembre de 1900.—El Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes, Antonio García Alta.

PRIMERA ENSEÑANZA

Reales ordenes.—Remitido á informe de la Sección de Gobernación y Fomento del Consejo de Estado el expediente relativo al recurso promovido por el Ayuntamiento de esa capital contra providencia de V. S., sobre retribución á los Maestros de las Escuelas públicas, dicho alto Cuerpo lo ha emitido en los términos siguientes:

Excmo. Sr.: En cumplimiento de la Real orden comunicada por el Ministerio del digno cargo de V. E., esta Sección ha examinado el expediente relativo al recurso promovido por el Ayuntamiento de Santander contra providencia del Gobernador de la provincia, sobre retribución á los Maestros de las Escuelas públicas.

Del expediente aparece: que los Maestros mencionados solicitaron del Ayuntamiento les abonase las retribuciones que deben pagar los niños pudiéndose que asistiesen á las mismas, apoyándose en lo dispuesto en el art. 192 de la vigente Ley de Instrucción pública.

El Ayuntamiento, fundándose en el informe emitido por su Comisión de Beneficencia municipal, acordó denegar la solicitud, exponiendo que la provisión de las Escuelas municipales se anunció y aprobó por la superioridad, sólo con el sueldo fijo y casa, sin otras subvenciones, y así las pretendieron y aceptaron los Maestros, no pudiendo hacer exigir á los que en Santander nunca se ha señalado tipo alguno de subvención; que la Ley de 26 de Octubre de 1852, no impone esta obligación á los Ayuntamientos, sino á los niños pobres, pues pagan en lo que es aplicable á los pueblos rurales donde no hay más que una Escuela, á la que necesariamente tienen que asistir, además de los niños pobres, los pudiéndose, no tiene aplicación en ciudades como Santander, en donde hay, además de las Escuelas municipales, otras muchas de instrucción, en donde se paga, por cuyo motivo se ha venido observando la práctica de no admitir en las primeras más que á los pobres, á fin de evitar el que no hubiera sitio si se admitía á los pudiéndose, y en que, además, el Ayuntamiento había acordado desde 1877, señalar á los Maestros en concepto de aumento voluntario de sueldo, y no como retribución, 150 pesetas anuales, y 100 á los Maestros que más tarde se igualaron á aquéllos, y que han venido disfrutando como tal aumento voluntario y sin protestar.

La Junta provincial de Instrucción pública de Santander, entendiéndolo que es indiscutible que los Maestros tienen derecho á la retribución por la enseñanza que prestan á los niños pobres, propuso que se revocase el acuerdo del Ayuntamiento en lo que atañe á los Maestros D. Pedro Díez, D. Pedro Buresueta, doña Adelaida Camino, D. Inocencio Fernández y el Sr. Pérez Garaza; para que para que esto se lleve á efecto, la Junta local de Santander debe proceder inmediatamente á hacer la clasificación de los niños que asistan á las Escuelas públicas, teniendo en cuenta, á falta de un verdadero padrón de p. b., que con arreglo á lo previsto por el párrafo segundo, art. 10, del Real decreto de 5 de Octubre de 1853, se reparten niños pobres á aquellos cuyos padres tengan esta consideración en los Ayuntamientos para los efectos de la asistencia médica gratuita; que una vez hecha la clasificación y fijada por la Junta local la nota que deben satisfacer los niños pudiéndose, se haga la recaudación de la misma como si se tratara de cualquier otro arbitrio municipal, y que el Ayuntamiento tiene la obligación de consignar en sus presupuestos lo que prudencialmente se considere necesario para satisfacer las partidas fallidas que pudieran resultar al hacerse la cobranza de las retribuciones.

Dictada providencia por el Gobernador, de acuerdo con el precedente informe, recurre para ante V. E. la representación del Ayuntamiento de Santander, reproduciendo las razones en que se fundó su resolución, agregando que la disposición legal que se invoca no tiene aplicación práctica en Santander, en donde no asisten á las Escuelas municipales niños pudiéndose, y que ya tiene establecido en favor de los Maestros un aumento voluntario de sueldo, aceptado de hecho por éstos.

Elevado el expediente á la Superioridad, la Dirección general de Administración de ese Ministerio, estimando que el Ministro de la Gobernación, con arreglo al art. 179 de la ley Municipal, es el único autorizado para transmitir á los Ayuntamientos las disposiciones que deban ejecutar, propone: que el Ayuntamiento no está obligado á abonar á los Maestros y Maestras el importe de las retribuciones debidas por los escolares pudiéndose, interin se realice el convenio á que alude la Real orden de 29 de Noviembre de 1858; que hasta tanto que esto suceda, bastará con que incluya en sus presupuestos la partida necesaria para el pago de los desembolsos átrasos por dicho concepto, y el Alcalde deberá hacer efectivo, de los fondos que, y para esto debe justificarse, con toda brevedad, la clasificación de los niños que asisten á las Escuelas públicas, en el tipo ó cuota con que corresponde que retribuyan los pudiéndose á sus Maestros; y, por último, que el Ayuntamiento no debe impedir el ingreso de los niños, sea cualquiera su posición, en las Escuelas públicas.

Estudiado detenidamente por esta Sección este asunto, cree que es fácil apreciar su alcance y armonizar lo que á primera vista parece oposición entre los intereses del Ayuntamiento de Santander y los derechos de los Maestros de instrucción primaria con la aplicación de las disposiciones vigentes, relacionándolas con la situación de los últimos en dicha ciudad.

La vigente ley de Instrucción pública de 9 de Septiembre de 1857 fundamento en la materia, dispone en su art. 192 que los Maestros de las Escuelas públicas percibirán, además del sueldo fijo, el producto de las retribuciones de los niños que puedan pagarlas. Estas retribuciones se fijarán por las respectivas Juntas locales con la aprobación de la de provincia.

Esta cita legal deja fuera de duda el derecho de los Maestros de Escuelas públicas á las retribuciones, y siendo tan claro el derecho, no puede ser desconocido; pero para que pueda hacerse efectivo, requiere naturalmente que asistan á las Escuelas niños que puedan pagarlas, y como el expediente aparece que á las Escuelas públicas de Santander sólo han consentido hasta ahora niños pobres, se deduce lógicamente que la resolución que se dicte únicamente tendrá aplicación cuando asistan niños pudiéndose.

De aquí que lo primero que procede declarar es que se levante la prohibición que el Ayuntamiento de Santander tiene establecida, á fin de que en lo sucesivo puedan asistir á las Escuelas públicas todos los niños que lo soliciten.

Una vez acordado así, será bien fácil llevar á cabo el precepto de la ley de Instrucción pública que queda citado, haciendose la debida clasificación de los niños en la forma prevista en las disposiciones que regulan la materia, y el Ayuntamiento podrá pactar con los Maestros la forma en que se deba verificar esta retribución, y si podrá ó no convenir que ésta sea lo que como aumento voluntario sobre el sueldo viene satisfaciendo á los Maestros.

Por tanto, la Sección es de parecer que procede:
1.º Declarar que el Ayuntamiento de Santander está obligado á admitir en las Escuelas públicas municipales á los niños pudiéndose que lo soliciten; y
2.º Que en cuanto concurren á dichas Escuelas niños pudiéndose, tendrá, con respecto á las retribuciones que éstos deban satisfacer, las obligaciones que están impuestas á todos los Ayuntamientos, pudiendo convivir con los Maestros la forma del pago, y si podrá convenir ó no que ésta sea por la cantidad que como aumento voluntario sobre el sueldo viene satisfaciendo en la actualidad á los Maestros.

Y pidiéndose conformado S. M. el Rey (q. d. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, con el preeminente dictamen, se ha servido resolver como en el mismo se propone.

De Real orden lo comunicó á V. S. á los fines consignados. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 18 de Julio de 1900.—P. G. Eugenio Silesa.—Sedorgobernador civil de Santander.

Ministerio de la Gobernación.—Real orden.—Encomo. señor: La sección ha examinado el recurso de alzada interpuesto por la Junta Municipal de Bascara contra la providencia del Gobernador civil de Gerona de 28 de Septiembre último, por la que dispuso consignar en el presupuesto de gastos para 1901 la cantidad