Gaceta de instrucción pública (1900-06-30 00:00:00), página 2

CAPÍTULO V
De las reuniones del Consejo y Secciones.

Art. 11. El Consejo de Instrucción pública, a propuesta de su Presidente, acordará los días que ha de celebrar sus sesiones. Las Secciones, cuando su Presidente lo determine.

Art. 12. El Consejo no podrá celebrar sesión sin la asistencia por lo menos de la tercera parte de sus individuos. Las Secciones necesitarán la mitad más uno de los que se hallen en Madrid.

Art. 13. Si no concurren número bastante, podrá citarse nuevamente para el caso de los individuos desentendiados de los mismos asuntos, y los acuerdos tomados en esta reunión serán válidos, siempre que se hayan de resolver en definitiva por el pleno.

Art. 14. Abierta discusión sobre un dictamen, se hará uso de la palabra por el orden con que se haya pedido, empezando por los que la hayan pedido en contra.

Ningún Consejero podrá hablar, ni en pro ni en contra más de una vez en un mismo asunto, como no sea para rectificar equivocaciones ó para contestar á las opiniones personales.

Art. 15. En ningún asunto podrán hablar más que tres Consejeros en pro y tres en contra, y al terminar el último declarará el Presidente terminada la discusión y someterá el asunto á votación.

Los individuos de la Sección ó Comisión que hubiere dado el dictamen que se discute, podrá, consumado turno, hacer uso de la palabra cuantas veces lo creyeren conveniente.

El Consejo, sin embargo, podrá acordar la concesión de nuevos turnos.

Art. 16. Cuando algún Consejero desee enterarse á fondo de un dictamen puesto á discusión, se suspenderá ésta, y quedará sobre la mesa hasta la sesión inmediata.

Sólo en el caso de declararse por el Consejo urgente un asunto, podrá continuar la discusión hasta el acuerdo definitivo, pudiendo, en este caso, abstenerse de votar el Consejero que hubiere manifestado deseos de estudio.

Art. 17. Los acuerdos sometidos á la deliberación del Consejo, se resolverán por mayoría absoluta de votos de los que asistan.

Art. 18. Las votaciones serán públicas, y se verificarán, ya levantándose los que aprueben, y permaneciendo sentados los que desaprueben, ya normalmente, á petición de tres Vocales. En ambos casos se hará constar en el acta el número de votos en pro y en contra.

Art. 19. Cuando resultare empate en la votación, se suspenderá la resolución del asunto hasta la sesión inmediata, en la que, sometido á nuevo debate, será votada en igual forma que lo fué en la anterior.

Si resultare nuevo empate, se someterá el asunto á votación nominal, acompañando, al elevarlo al Gobierno, nota comprensiva del número de votos y nombre de los votantes.

Cuando lo creyeren oportuno podrán salvar su voto en el acta correspondiente.

Art. 20. Las enmiendas y adiciones, salvo acuerdo del Presidente, no podrán proponerse sino por escrito, después de leído el dictamen y antes de cerrarse la discusión, discutiéndose y votándose antes.

Art. 21. Los Consejeros que asistan á un acuerdo tomado, ya en pleno, ya en Secciones, podrán presentar voto particular sobre el asunto discutido.

Art. 22. Todo voto particular deberá anunciarse por su autor ó autores en la misma junta en que se tome el acuerdo que lo motive, y presentarse dentro del término de siete días siguientes á la fecha del acuerdo. Una vez leído el voto particular, podrán adherirse los que lo deseen.

Art. 23. Los votos particulares presentados en las Secciones ó Comisiones se discutirán y votarán en pleno, antes que los dictámenes que los motivan.

Art. 24. La Sección ó Comisión que hubiere dado el informe que ocasioné el voto particular, podrá retuñarlo dentro de los siete días siguientes, y dada cuenta de la refutación en el pleno, se elevará, en unión del dictamen y voto particular, al Gobierno.

Art. 25. Cuando fuere desaprobado un dictamen de Sección ó Comisión, pasará á la misma para que lo repita conforme á la opinión sustentada por la mayoría. Caso de que la Sección no se preste á ello, el Presidente nombrará una Comisión de la mayoría, debiendo hacer cuenta de su trabajo en la próxima sesión.

El Consejo, en uno y otro caso, se limitará á declarar que el informe nuevamente redactado se halla conforme con lo acordado ó manifestado por el Consejo.

Si el acuerdo de éste no fuera de conformidad con el dictamen, se nombrará nueva Comisión.

Art. 26. Aprobados los dictámenes por las Secciones ó el Consejo pleno, se extenderán en los expedientes á que se refieran, anotándose los nombres de los Vocales que los hayan autorizado con sus votos, haciendo constar si la aprobación fué por unanimidad ó el número de votos obtenido, ya en pro ya en contra, autorizándolos el Presidente y Secretario.

Aprobada la aprobación del dictamen y con las mismas formalidades, se extenderán los votos particulares y refutaciones.

Art. 27. Occurrido el fallecimiento de un Consejero se dará cuenta en la sesión próxima, continuando el despacho de los asuntos después de hacer uso de la palabra los que lo deseen.

Dentro del novenario, y en sufragio del fallecido, se dirá una Misa rezada con respuesta, á cuyo acto se invitará á los Consejeros.

Art. 28. El Consejo vacará desde 15 de Julio á 15 de Septiembre, quedando una Comisión compuesta de los señores que se hallen en Madrid, para el despacho de los asuntos urgentes, á juicio del Ministro.

La Secretaría vacará igualmente, alternando sus empleados por turnos partes.

Los Consejeros deberán dejar en Secretaría las señas de su residencia para su hubiera necesidad de citarles.

Art. 29. Los distintivos, honores y consideraciones de los Consejeros son los fijados en la ley y los comprendidos en los artículos 6º y 20 al 24 del reglamento general para la administración y régimen de la instrucción pública, aprobado por Real decreto de 20 de Julio de 1859.

Madrid 15 de Junio de 1900.—Aprobado por S. M.—Antonio García Aliz.

Ministerio de Instrucción pública.—Subsecretaría.—Ilmo. Sr.: Esta Subsecretaría manifiesta á V. I. en contestación á su consulta del 31 del pasado Mayo, sobre aplicación de los Reales decretos de 18 del mismo mes:

1º. Que como por el Real decreto ampliando las facultades á los Rectores, no se cita expresamente la de autorizar los traslados de matrícula, pasado el 30 de Abril corresponde á la Superioridad el concederlos.

2º. Que una vez publicado el Real decreto sobre los traslados de matrículas, tiene que comenzar á regir inmediatamente, y por tanto comprende á los alumnos del presente curso, que soliciten traslado de matrícula.

3º. La justificación para solicitar el traslado de la matrícula, deberá hacerse ante el jefe del establecimiento que ha de concederla. Si al del establecimiento al cual se haga el traslado, comprobara que no es cierta la causa alegada, desde luego podrá suspender la incorporación dando parte á la autoridad que la haya concedido para que resuelva; si hubiere disconformidad entre las autoridades académicas, se remitirá el expediente á la Superioridad, para su resolución definitiva.

4º. En la certificación trasladando el expediente y matrícula, habrá de consignarse la circunstancia alegada por el alumno y estimulada por el Jefe del Establecimiento, para otorgarle la traslación.

Dios guarde á V. I. muchos años.—Madrid 15 de Junio de 1900.—El Subsecretario, Casa-Layglesia.

MINISTERIO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA
EXPOSICIÓN

Señora: La ley de 9 de Septiembre de 1857, siguiendo las gloriosas tradiciones de la Universidad española, proclamó la oposición como único sistema para ingresar en el Profesorado público.

Este principio, el más fundamental de los que informaron aquella ley suprema que lleva el nombre de su ilustre autor, viene generalmente desconociéndolo la multitud de disposiciones reguladoras de la Instrucción pública en España en la segunda mitad del siglo.

En 21 de Octubre de 1868, en pleno período revolucionario al implantarse la libertad de enseñanza, se reprodujo la base de la ley de 1857, disponiendo que todos los Profesores de establecimientos públicos se ingresaran por oposición; y en 25 de Junio de 1875, al organizarse el Profesorado Auxiliar de Universidades e Institutos, se reconoció el sistema, considerándolo los servicios de los Auxiliares como mérito en oposiciones á cátedras; de suerte que, en medio de los radicales cambios que la política operaba en la manera de ser de la sociedad española, en la constitución del Profesorado público siempre se ha mantenido la inalterabilidad de la doctrina.

Difícil la prueba de la oposición, pretendían algunos evitarla, y por tanto, al principio legal no podían faltar impugnadores; de aquí las varias disposiciones que encubierto primero y francamente después, han teudido á mitificar el sistema.

El Real decreto de 6 de Julio de 1877 restableció los Catedráticos numerarios que habían sido creados por la ley de 1857, habiendo de nombrarse por concurso entre los Profesores auxiliares, y proclamó el sistema de la oposición para el ingreso; pero dispensando de ella á los entonces existentes, los habilitó, mediante determinadas condiciones, para optar ó conocer á cátedras numerarias.

Verdad que el decreto limitaba el privilegio á los que á la razón desempeñaban los destinos de Auxiliares, pero aplicado con exagerada amplitud, abrió aspiraciones que parecían dormidas, llevando la inquisición al Profesorado de las Fuerzas Armadas á Institutos, que sostuvo el principio legal de la oposición como ingreso en la carrera.

Fue derogado el decreto de 1877 en 24 de Septiembre de 1882; pero dejaba el precedente, siempre fatal, dada la mayor tendencia á confundir el hecho con el derecho, y en aquel precedente se fundó el Real decreto de 30 de Julio de 1897, que, adicionando el art. 5º del