Gaceta de instrucción pública (1901-04-18 00:00:00), página 2

tífico y externo que hace de los exámenes, si, un acto solemne, pero con la solemnidad de las representaciones teatrales. ¿Quién ignora que en la actualidad, aun formado el Tribunal por tres Catedráticos, sólo examina el de la asignatura, y que éste es el único y absoluto árbol en la calificación de sus alumnos?

Es necesario que el examen no sea un acto distinto de todos los actos escolares habituales; es necesario que sea una continuación de éstos, un diálogo más de los que el Catedrático debe sostener á diario con sus alumnos, para hacer la enseñanza viva, fecunda y provechosa. Llano es que este examen, resultado del conocimiento que el Catedrático debe tener de todos sus alumnos, será muy difícil en las clases numerosas, y por esto hay que tender á que ninguna clase exceda de cien alumnos, pues pasado este número, no sólo se hace muy difícil mantener el orden y la atención, si que es imposible que la labor del maestro sea provechosa.

Espera el Ministro que asegurase que con estas medidas la enseñanza oficial, que hoy atraviesa un período angustioso y se va abandonada de la confianza de las familias, como lo demuestran las estadísticas, pues el número de alumnos de la enseñanza oficial no llega actualmente al 20 por 100 de la población escolar no oficial, recobrará esa confianza y entrará en un período de nueva prosperidad.

Circunstancias y causas que no es del momento examinar, ha hecho que el mismo tiempo que se ven desiertas las aulas de los Institutos prosperen y se desarrollen otras instituciones de enseñanza privada, y no ciertamente porque la enseñanza oficial, aun no alcanzando el perfeccionamiento á que se debe aspirar, deja de ser en general muy superior á la enseñanza que se da en los colegios particulares.

Dejó la Constitución completa libertad á todos los españoles para elegir y aprender sus profesiones como mejor les pareciese; dejó también no menos libertad para fundar y sostener establecimientos de instrucción ó educación pero reservó, en el caso del Estado, como necesarios y naturales contraprestaciones, la facultad de expedir los títulos profesionales, establecer las condiciones que deben reunir los que pretendan obtenerlos y la forma en que han de probar su aptitud. De aquí la diferencia radical que hay que establecer en esta materia entre los alumnos oficiales y los no oficiales, pues respecto á los primeros, el Estado tiene, con la probidad y competencia de los Catedráticos oficiales, y con el saludable rigor preceptuado respecto á las faltas de asistencia de Catedráticos y alumnos, sólida garantía que no existe en modo alguno tratándose de la enseñanza no oficial. Gozan hoy los alumnos que siguen este procedimiento de enseñanza todas las libertades posibles, y no están obligados por más deber que el de sufrir un examen oral, por necesidad brevísimo, en la mayor parte de los casos, y cuyos resultados y consecuencias son idénticos en todo á los obtenidos por los alumnos oficiales, á quienes el Estado, por medio de sus Profesores, sigue paso á paso en su historia escolar.

Conocidos son los perturbadores resultados que ha producido en la práctica la enseñanza libre, pues á diario se ve porción de carreras improvisadas ó llevadas á término con una rápida inversión y anticuicidad á todas luces. Las inteligencias que pueden en breve espacio de tiempo aprender múltiples y diversas materias, constituyen una excepción; y si bien sería negar el principio de libertad de enseñanza el ponerles un límite, se debe exigir á los alumnos no pertenecientes á la oficial una prueba de suficiencia seria, que no ofrece en modo alguno el examen oral. Por eso se ha impuesto el examen escrito, al que deberá llegarse como único medio de prueba y suficiencia; pero hoy es necesario combinarlo con el oral, porque en algún tiempo las actuales generaciones de estudiantes no tendrán la preparación debida para sufrir el examen exclusivamente por escrito.

Para suprimir en lo posible la intervención del azar en los exámenes, y para compensar las dificultades prácticas del escrito, se establece el ejercicio de preguntas á voluntad del Tribunal, y para quitar al acto aquel tono absolutamente escolástico que tenía, se exige un ejercicio práctico de análisis de obras ó objetos, ó la resolución de cuestiones y problemas propuestos por el Tribunal.

No obstante lo dicho en el planteamiento de esta reforma, bien se le alegará al Ministro, que significando ésta una variación tan esencial, no podrá aplicarse á este curso á todos los alumnos que han de examinarse en junio próximo; y teniendo en cuenta esto, ha limitado la reforma á los exámenes de alumnos que han á notas distinguidas, para evitar los perjuicios que á los demás pudiera causar tan inesperado cambio; pero prometemos siempre que la medida tenga carácter general en lo sucesivo, y que el sistema se consolide y afiance en los cursos próximos.

En cuanto á los exámenes de religión, claro está que, siendo po- testativo y libre para los alumnos el estudiársela ó no, sólo puede exigirse el certificado de aprobación ó el examen á los alumnos oficiales ó no oficiales que deseen cursarla; pues aun cuando el Ministro que suscribe, reconoce ante todo la necesidad moral y social de esa enseñanza, no puede imponerla, sin faltar abiertamente á la Constitución del Estado, y á imponerla equivaldría el exigir su aprobación. Hasta la misma denominación de asignatura es imprópia e irreverente, tratándose de tan elevado principio de educación, que no de enseñanza.

Adolece tanto nuestra segunda enseñanza como la de Facultad de ser más extensiva que intensiva, y al mismo tiempo que resulta enorme desequilibrio entre el número de analifabelos y el número de Bachilleres, Licenciados y Doctores, no es menor el que existe entre los que obtienen estos títulos y los que deberían no haberlos obtenido. Ha llegado el momento de estrechar las malas del tazón, se impone que el mismo rigor que hoy existe en las Escuelas especiales se practique en las Facultades, porque no hay razón que abone esta diferencia. De aquí la necesidad de aplicar en las Facultades la ley común á las Academias militares y Escuelas especiales, por virtud de la cual los alumnos suspensiones en cuatro exámenes, pierdan el derecho á proseguir sus estudios para remediar el desmoralizador y enervante caso, más frecuente de lo creíble, de la aprobación por antigüedad y de las carreras acabadas á fuerza de años por individuos ineptos, que al cabo consiguen el título y se igualan en condiciones y derechos á los ciudadanos tíulos e inteligentes.

Igual ó mayor fianza de seriedad que la reforma de los exámenes requiere la de los grados de Bachiller y Licenciado, en que, respecto de los alumnos de enseñanza oficial, se comprueba y justifica la sanción otorgada á sus trabajos por los Profesores respectivos; y por lo que hace á los alumnos no oficiales, se tantea y se mide su aptitud haciéndola más notoria.

En el ejercicio para el grado de Doctor no se introduce modificación notable; se procura elevar aún más el sentido especulativo y de investigación propia de que deben dar pruebas los que á tan alta investidura aspiren.

Con esto podría considerarse completa la reforma de exámenes y grados; pero no ha querido el Ministro que fuese dejar de atender á algunas necesidades, ya muy urgentes, impuestas por el conocimiento de la realidad y de sus inevitables imperfecciones.

Punto de desacuerdo y grave es el de las relaciones entre la enseñanza privada y el oficio de los estudios secundarios.

Las exigencias de la vida y la escasez ó ninguna retribución pecuniaria del Profesorado auxiliar de los Institutos, obligan á muchos individuos pertenecientes á éste á prestar sus servicios en algunos Colegios y establecimientos particulares incorporados á los Institutos, siendo necesario esperar el nuevo presupuesto para evitar este mal, como se evitará reintroduciéndose decorosamente; se necesita prohibir que los que están dedicados á la enseñanza privada formen parte de Tribunales de examen, por razones fáciles de comprender.

Es indispensable también, sacrificando los intereses particulares al supremo interés de la buena educación nacional, acabar de raíz con el privilegio, evidentemente injusto, que algunos Colegios disfrutan en la actualidad, de que vayan á verificar en ellos los exámenes Comisiones de Catedráticos de los Institutos. Si la desigual condición en que tal costumbre coloca á los demás establecimientos privados no aconsejara ya esta medida, razones muy poderosas de prestigio y dignificación de la enseñanza y de sus representantes oficiales la reclamarían con urgencia. Para merecer el respeto universal ha de permanecer el Catedrático en su cátedra como ha permanecido siempre, y no añadir ambulando á disposición de tal ó cual empresa privada; y no puede admitirse excepción de ninguna clase, ni aun para aquellos establecimientos que estén alejados de los centros de enseñanza y con dificultades en las vías de comunicación, pues si se deja abrir este camino, por él, y con rapidez, se volvería á los abusos que ahora se trata de desarrigar.

Otra medida reclamada, no sólo por la opinión pública, sino por los mismos elementos principales de justicia, es que no forme parte de los Tribunales de examen aquellas personas que no se hallen en posesión del grado ó título que demuestre su aptitud oficial para la enseñanza. Hay que reconocer que hoy está establecido este principio como medida de carácter general, pero, en cambio, las excepciones que existen son por la realidad de las cosas de tal alcance, que en la práctica se viene á destruir el principio mismo y á limitar la desigualdad irritante. No hay razón que dé lugar á las excepciones establecidas á favor de los Colegios de las Comunicaciones religiosas, tradicionalmente reconocidas como dedicadas á la enseñanza, por razón de su instituto. No sería justo negar los servicios que á la educación nacional presta el estamento sacerdotal; pero no pue- de sustentarse que el hecho de pertenecer á ellas de la suma de conocimientos y aptitudes que, sólo mediante largos años de estudio en las Universidades, pueden obtener los demás ciudadanos españoles.

Exigen también rápida modificación las medidas que hoy determinan el tránsito de la segunda enseñanza á la enseñanza superior. Por virtud de las disposiciones que han ido acumulando exigencias sobre exigencias, y han sumado siempre á las pruebas ideadas en un momento dado, las que en otro posterior parecieron más eficaces, el alumno que ha probado los estudios generales de segunda enseñan- za, necesita todavía para matricularse en Facultad sufrir tres grupos de examen: el indispensable para el grado de Bachiller, el de ingreso y el de las asignaturas comprendidas en el oportuno curso preparatorio. Semejante serie de obstáculos, colocada en el camino de la enseñanza universitaria, dista mucho de ser justificable en todas sus partes. No debe suprimirse el examen de ingreso en las Facultades; se impone la selección de la juventud que debe acudir á éstas; los que se dediquen á los estudios universitarios, deben hacerlo llevados por verdadera vocación, por la posesión de las condiciones intelec-