Gaceta de instrucción pública (1901-04-30 00:00:00), página 3

los Sres. Arcárate, Bolívar, Calvo, personas todas importantes del Profesorado. Después de analizar la ley del 66, el Reglamento para los Catedráticos de 1870 y todas las disposiciones vigentes, el mismo tiempo que los antecedentes acerca de cómo se estaba dando la enseñanza, ese Comisión codificadora propuso el decreto, que aceptó con mucho gusto, en bien de la enseñanza y en bien del servicio público, el Ministro. Y tan explícito y terminante se declaración, que el Sr. García Alix, parece que por el consejo de La época ha pretendido esa Comisión codificadora negar que ella propusiera ese Real decreto al Ministro. ¿A quién se debe, pues, la iniciativa de ese Real decreto, cierto infortunado, cuya paternidad todos han reconocido? A la verdad, creo poco posible que el sujeto de La época pudiese desmentir las solemnísimas declaraciones hechas en el Congreso por el señor Ministro. Es muy de presumir que las manos pecadoras están en la Comisión codificadora, y esta sospecha se robusteció al pensar que varios señores de la codificadora, no sólo han venido considerando legal el Real decreto en cuestión, sino imposible el jubilar á un Catedrático por el procedimiento del art. 52 del decreto del señor Echeagaray, ni del art. 170 de la ley del 57, y únicamente por una medida general, como la desestrosa de la jubilación forzosa á los setenta años de edad. Conviene, no obstante, cualquiera que sea el inspirador de ese Real decreto, dejar asentado que tal se ha concebido, que ni Ministro ni codificadora quieren cargar con su paternidad.

Comprendo perfectamente que la Comisión codificadora niegue que se le doba la propuesta de la jubilación forzosa de los Profesores á los setenta años edad, porque cierto que sería demasiado que en el Profesorado universitario hubiese Catedráticos que sientan tan ardientes y desesperantes anhelos de que se jubile á sus compañeros, quizá Maestros tuyos, atropellando su derecho á la cátedra mientras puedan desempeñar con provecho de la enseñanza, sólo por las ventajas del salto del tapón, ya que lo de renovar la sangre con jóvenes y dar entrada á éstos en el Profesorado para provecho de la instrucción no es más que la hoja de parra de gentes pudentas... Estimulos poderosos de compatriotas me llevan á creer que ese Real decreto nació solo del Sr. García Alix; pero en el proyecto de ley sobre reformas de la enseñanza, presentado al Congreso por el Sr. García Alix, ¿no tomó parte activa y principalmente la Comisión codificadora? Pues en ese proyecto aparece el art. 41, y además el aumento de sueldo de los Catedráticos universitarios. ¿Dominaste esto que se tienen en olvido los bienes positivos de que habla El Imparcial del 22 de Octubre próximo? ¡Ah! Si los Catedráticos de la codificadora y los demás de la Central hubieran defendido el derecho de sus compañeros á no ser jubilados, con la misma energía y empeño con que todos defendimos, y yo el primero, el derecho á las mis pesezas de aumento sobre el sueldo de provincia, ¿quién duda que no habría prosperado el decreto del Sr. García Alix? Remedio para no hacer posibles estas incorrecciones, que nos favorecen al Profesorado universitario; pero seguir otro modo de ascender distinto del actual.

II

Hecha breve historia del proceso del Real decreto del Sr. García Alix sobre la jubilación de los Profesores, conviene que ahora me ocupe, también rápidamente, del sentido general de toda jubilación. Para ello bueno es preguntar, ante todas cosas: ¿Qué es la jubilación? ¿No es esencialmente en sí misma el derecho al descanso que se otorga á favor del funcionario del Estado, después de sus largos años de servicio, ó la separación del servicio activo, cuando ésta no se puede prestar con provecho de la Administración pública? ¿No lo demuestra de esta manera claramente el espíritu de todas las leyes de presupuestos, que se formulan y se aprueban por las Cámaras legislativas, al preceptuarse que las jubilaciones no pueden concederse antes de cumplir una determinada edad, á menos de no probarse debidamente imposibilidad ó incapacidad de poder seguir desempeñando el cargo con provecho de la buena Administración? ¿No son esas leyes limitaciones o restricciones que se imponen á la concesión de ese derecho al descanso para evitar abusos que dañen al Tesoro público e impedir que los Gobiernos se tomen facultades caprichosas para jubilar, aumentando los derechos pasivos, sin una necesidad urgente e insulable que lo justifique? Y, entonces, ¿por qué esas jubilaciones injustificadas o ese furor de jubilar á los funcionarios del Estado que se viene desarrollando en estos desdichados tiempos, con notables quebrantos para el Tesoro, cuya defensa está encumbrada á toda buena ley de presupuestos y á todo Gobierno que vele por los respetables intereses del pobre país contribuyente, que ha de sufrir las maléficas consecuencias de esos egosínticos de lucro personal despertados en los que aspiran por el salto del tapón y en esos Licenciados y Docentes desatados y sumisos, que más valora buscarse provechosas orientaciones hacia las artes, industrias, etc., etc., que mejor satisfacen sus justos anhelos?

Hay, pues, que contener en que la jubilación ha de tener forzosamente por causa el mejor desempeño del cargo, los aportes de la buena Administración pública, y no acudir egosínticos de lucro personal. La jubilación tiene su campo propio, su tierra abonada donde producir fruto beneficioso para el Estado en la disposición de imponerla, en los casos de imposibilidad ó incapacidad en el funcionario de poder servir el cargo con provecho de la buena Administración, y de reemplazarle por otro con condiciones de poderlo servir, sin atender á la edad que, cuando no imposibilidad ni incapacidad para su desempeño, es más bien garantía de acierto, por la experiencia y práctica que lleva en sí, y el mayor conocimiento de los asuntos que ella supone; que, á veces, el más joven suele ser el menos experto y apto para los cargos públicos. Y de aquí la ventajosa y justa substitución que, al art. 1º del Real decreto, sobre la jubilación forzosa á los setenta años de edad por el art. 52 del Decreto de 1870 del eminente señor Echeagaray; de aquí la necesidad y conveniencia manifiesta de que, como tributo rendido á esta gran autoridad en la Ciencia y en todo saber humano, se lleve el mismo art. 52 al 41 del proyecto de ley sobre reformas de la enseñanza presentado al Congreso por el señor García Alix.

No negué que en este proyecto de ley, al ser aprobado por las Cortes, puede derogarse el art. 170 de la ley del 57, y hacer legal la jubilación de los Profesores á los setenta años; pero para lo sucesivo, respetándose los legítimos derechos adquiridos al amparo del art. 170 de la ley de 1857 que otorgó la propiedad de la cátedra, por vida, á sus actuales poseedores, sin que á ninguno se le pudiera despojar de ella sino por los motivos en ése art. 170 taxativamente consignados, puesto que la retroactividad en las leyes es de efectos perturbadores, anárquicos, y no puede ser admitida en buenos principios.

No discuto aquí las ventajas ó inconvenientes para la buena Administración pública, de suprimir en lo sucesivo los derechos pasivos de los funcionarios del Estado; sólo pregunto: ¿será, entonces, la jubilación, y con ella la ancianidad en la inopinía, un premio á los dilatados servicios prestados á la nación? Y sin el temor en el Gobierno de aumentar los derechos pasivos al jubilar, ¿adónde irán á parar la estabilidad y el buen desempeño de los cargos públicos, dados nuestros hábitos políticos, las exigencias de nuestro sistema parlamentario? Espanta el pensarlo.

Se quiere, sin embargo, defender aún la jubilación forzosa por edad, y no como lo preceptúa el art. 52 del Decreto de 1870 del señor Echeagaray, de acuerdo con el art. 170 de la ley del 57, haciendo apelaciones á la dificultad de poderla efectuar por los medios dispuestos en este artículo; porque nunca se han cumplido por los Rectores ni Ministros, es decir, porque el Gobierno no podrá jubilar por imposibilidad ó incapacidad con el procedimiento dispuesto en estos artículos. ¡Triste y dolorosa confesión de la impotencia de nuestra Administración! ¿Y por esto ha de permitirse á un Ministro atropellar respetables derechos adquiridos legítimamente? ¿Qué culpa tiene el Profesor de setenta años, que cumple satisfactoriamente los deberes de su cargo, de que la Administración no pueda hacer cumplir el art. 170 de la ley del 57? ¿Se pretenderá todavía que esto no está ya resuelto por los arts. 1º y 2º del Real decreto de 15 de Marzo del actual Sr. Ministro de Instrucción pública? ¿Se juzga que no basta esto? Pues, entonces, digase francamente que lo que se persigue es solamente el salto del tapón; que lo que se busca es la saciedad del inmoderado apetito de rápidos ascensos.

III

He dicho que debe perseguirse otro modo de ascender en el Profesorado universitario distinto del actual para evitar posibles incorrecciones, siempre lamentables en una colectividad en que sólo debe reinar moralidad, virtudes abnegadas, ya que la enseñanza es un verdadero apostolado, cuya misión educadora ha de trascender al hogar doméstico, á la masa social, y cuyo principalísimo interés ha de ser dar ejemplo de que no sólo el lucro personal, los anhelos de ventajas positivas hayan de ser los estímulos que muevan sus actos. Las nobles aspiraciones y los sentimientos generosos deben enaltecer al que profesa verdadero culto al progreso científico y en su propagación ve una obra redentora de la humanidad. El Profesor ha de amar al hombre, para que este amor le impulse á educarle y le dule que los improbos desvelos del estudio de la Ciencia que ha de comunicarse para su bien. ¿Puede existir este amor hacia la juventud que ha de educar, en el Maestro que siente en su alma la pasión desapacida por el lucro personal, que le hace atropellar al compañero, atentar á su bienestar y á el de su familia, llevándolo á su hogar desolación y llanto, sin que en ello intervenga el provecho de la enseñanza ni el bien de la Administración pública? ¿Quién como va á darse de la jubilación del que le proporciona ascenso en su carrera quien se acostumbra á obtenerlo por la muerte del compañero que deja duelo en su familia?

Pues, precisamente, en que el ascenso por jubilaciones puede dar lugar á las problemas e incorrecciones que quizás haya ocasionado el Real decreto del Sr. García Alix, y aun á reproducciones dolorosamente el llega á realizar la proyectada Junta de defensa del profesorado, á que la Facultad de Ciencias de la Central ha tenido el buen acierto de negarse en apoyo; pero siempre será más sensible el ascender por el mérito de un compañero. En el clantro universitario en que se discutió el proyecto de la autonomía de las Universidades, ya se presentó una proposición, que fue desechada, en que se pedía la necesidad á los diez años de antigüedad, á los quince y el último á los sesentinos. Además, los Catedráticos de los Institutos, Escuelas de Comercio, Normales, etc., ascienden por quinquenios. ¿Y por qué no adoptar en las Universidades uno de estos dos modos de ascender, y, en especial, el de los quinquenios, establecido en todo el