Gaceta de instrucción pública (1899-03-07 00:00:00), página 2

otro caso, el juego del actual sistema de provisión, resultando, como dejamos indicado, que sólo se provea por el tiempo necesario para pasar á escuelas d’ inferior ó igual categoría, donde puedan disfrutar castas y retribuciones, vivir en publicaciones más pesqueras, y por lo tanto de menos exigencias.

Durante la interinidad, quedará sujeto al descuento del 50 por 100 para derechos positivos, y ejecutado á decir, que si su sueldo le hace incompatible con la propiedad, la interinidad le hace imposible.

Cuando éstos se desempeñaban por cualquiera, que á juicio de la Junta local remita condición para ello, bien ó menos malo; pero hoy, que como requisito indispensable se necesita poseer el honoroso título de maestro, no d’ homen se consentirá ninguno que nos gloriosos en serlo, que se le abandone, que se le considere menos que al sereno, que al pregonero ó que al peón público, que seguramente serán más respetuosos. Si ha de ser digo compañero, es necesario dignificarle; si ha de presentarse con docencia, es preciso darle los medios para ello; y pues todos somos maestros, á todos intereses, ayudémonos y de común piámos con ellos por ser de justicia:

1.º Casa y retribuciones.
2.º Categoría y será lo inmediato inferior al de los maestros primeros de la esca-ula en que sirvan.
Y 3.º Permisión para ascender á las plazas que ocupan los maestros primeros, cuándo aquéllos se vacíen, si ambas son de oposición.

Consagrado ésto, se llamarán con orgullo segundos maestros, podrán casar y ver tir con decencia, no dejarán sus plazas, y únicamente, dejarán de mirar con curiosidad al barrendero, al peón público y al pregonero.

JOSÉ MARÍA ANTEQUERA.

El personal administrativo de las Universidades.

La Ley de 14 de Agosto de 1895, que regula la situación de los funcionarios de Secretaría de dichos Centros dió lugar, en su aplicación, á varias dudas, sobre la manera de proveer algunos cargos de secretario, que vacaban con posterioridad á su publicación.

Para aclararlas se dictó por el Sr. Gamazo, en fecha reciente, una Real orden, derogada en 11 del actual por el Decreto que ya conocen nuestros lectores, dictado de acuerdo y previo informe del Consejo de Instrucción pública.

Dicho Decreto, que quiere hacer las veces de Reglamento, y que ni por inciencia se ocupa de dicha Ley, dice terminantemente en el art. 4.º que no podrán ascender á primeros los oficiales segundos que no posean título de Licenciado ó el equivalente en una carrera superior; y hemos de permitirnos llamar la atención de los señores Director general de Instrucción pública, Ministro de Fomento y el citado Alto Cu-rpo Consultivo, con la siguiente pregunta: ¿Los comprendidos en el art. 4.º de dicha Ley, que dice: «Los que con dos años de antigüedad á esta Ley desempeñen los destinos de secretarios, oficiales, auxiliares y escribientes sin nota desfavorable, disfrutarán de las ventajas que por esta Ley otorga», tienen necesidad de aquel requisito para ascender á oficial primero?

Creesen que no, porque de aplicar la misma pieza de la letra, resultará que el segundo oficial de segundo auxiliar y escribiente de los comprendidos en dicho artículo que no sea Bachiller, podrá ascender en lo sucesivo y esto, además de no creer que fue el espíritu que informó la suculenta disposición, sería altamente injusto, y de resultar cierto, que tan condenados á perpetuidad en los cargos que hoy de empeñan los que, sirviendo en dichas Secretarías con más de doce años de antigüedad á la Ley, no tuvieran la fortuna de ser Bachiller ó Licenciado (en cuyo caso se hallarán la mayor parte), perdiendo con ello el estímulo y el amor al trabajo, cosas ambas tan necesarias y legítimas en todos los órdenes de la vida y especialmente en el de la Administración del Estado.

A la vista tenemos el extracto de la sesión celebrada por el Senado el día 25 de Junio de 1895, en que aparece que al preguntar el señor Larraga sobre el alcance del proyecto de la referida Ley, puesto á la orden de dicho día para su votación, contestaba el Ex ministro señor Dauvila, autorizado para ello por el entonces Ministro de Fomento Sr. Bosch, que dicha Ley había, naturalmente, de tener su desarrollo en un Reglamento posterior, para formar el cual serían oídos tanto el Consejo de Estado como los Centros científicos, resultando con ello, seguramente, el primordial fin que aquel señor se propuso: «conceder estabilidad á los funcionarios de que se trata, estimularles en su carrera, premiar á los buenos y castigar á los malos».

Pero por encima de todas estas consideraciones que dejamos apartadas, se nos ocurre una ponderosa: ¿Si á los que actualmente desempeñan los cargos de oficiales, auxiliares y escribientes se les impusiera con arreglo á lo que á la Ley se les exigía título de Bachiller ni de Licenciado el oficial primero, para luego poseer de sus cargos por qué ahora han de prescindir desde segundo abajo para ascender? ¿Cuáles son en este caso las ventajas que se dicen disfrutan los comprendidos en el art. 4.º, copiado anteriormente?

Porque si con este requisito se busca la competencia, hasta demuestra la la tiene los que, sin nota desfavorable, vienen sirviendo con larga práctica estos destinos.

Comprendemos perfectamente que á los que ingresen de nuevo se les exija este requisito, pero no querer hacer lo mismo con los funcionarios aludidos es abusar en exceso las ilusiones de los mismos, en su mayoría jóvenes, y pagar con una semejante injusticia el desvelo e interés que en sus cargos han demostrado.

Penetrados de la razón que asiste á los que solicitan llamemos la atención del señor Ministro de Fomento, no tenemos inconveniente en hacerlo con gusto, esperando del mismo una disposición, en armonía con las justas aspiraciones de dichos empleados y que los saque, al propio tiempo, de la incertidumbre en que se hallan desde que apareció en la Gaceta el mencionado Real Decreto.

C. E.

LOS MAESTROS DE CUBA

Acaban de llegar á nuestras playas cinco maestros de Cuba que, como buenos patriotas, no han querido continuar en sus escuelas al cesar la soberanía española en aquella isla.

Como éstos, y los que después sean repatriados, han de ingresar en el magisterio peninsular, creemos conveniente derivar á con-cordar las disposiciones por que se regían allí, para igualar los derechos que ostentan los maestros españoles, y faltarían maestros que previamente habían valor, como tales, ciertas gracias que en los últimos tiempos obtuvieron y que por estar mal aventadas en la legislación vigente, no pudían sujetar á su efecto.

La primera disp.-siciu que, con carácter general, fijaba la marcha administrativa de la instrucción pública en la Isla de Cuba, fué el plan de estudios de 1842, que estaba basado en el decho aquí en 1838, como el de 1863 y 1880 (último vigente) en la ley de 1857. Pues, pues, decirse que, con pequeñas variaciones, han regido en Cuba iguales leyes que aquí en lo referente á la instrucción pública.

El magisterio actual, el joven, ha ingresado por posición y ascendido por concurso; el viejo ingresó por libre nombramiento, pero legalizó su situación por medio de la oposición á la implantación el plan de estudios de 1880. Cada maestro posee el correspondiente título administrativo de las escuelas que ha servido y puede acreditar debidamente sus méritos y servicios, pero hay también algunos que, debido á la influencia ó como premio por sus ideas anti-españolas, obtuvieron en el período de las transiciones y consejimientos estatales que no les pertenecían. Sabido es que tales nombramientos son de ningún valor aquí, pero es bueno tenerlo presente por si se presenta algún caso.

La escala de sueldos era allí de trescientos pesos anuales para las escuelas de p’rimera enseñanza incompleta, y de 600, 700, 800, 840, 960 y 1.200 para las elementales completas. Los superiores tenían 1.500 pesos y sólo había en la Isla cinco, contando las Prácticas de las Normales.

Según el Reglamento de provisión de escuelas de 11 de Diciembre de 1898, ha de contarle el real sueldo por el fuerte al pasar un maestro de Ultramar á la Península, por lo que es de esperar que al ser coloca los repatriados se siga esta norma.

En cuanto al derecho que les asiste, no hay más que estudiar las disposiciones dictadas sobre excedencia para ver que están comprendidos en lo que determina la ley de 1857 en su art. 127, equivalente al 189 del Plan de Estudios de Cuba y demás disposiciones referentes al particular, pues que estos maestros al cesar en sus cargos lo hicieron por supresión, es decir, por terminar la soberanía española, lo cual implica la supresión de todos los establecimientos oficiales á cargo de España. Claro es que, faltando la entidad administrativa que cumpla el primer párrafo del referido art. 187, la excedencia ha de ser sin los dos tercios de sueldo y sólo con el derecho á ser colocados sin necesidad de concurso en escuelas de igual sueldo y categoría que las que desempeñaban.

Como síntesis, que sean colocados los maestros de Cuba y Puerto Rico, que obtengan la repatriación, sean pocos ó muchos (de Cuba no llegan á veinte), qué qué situación quedan con respecto á los derechos pativos? ¿Y los jubilados y pensionistas? Asunto es este que trataríamos aparte.

José ESTEBAN LIRAS,
Exsecretario de la Junta de I. P. de la provincia de la Habana.

EL NUEVO MINISTRO DE FOMENTO

El Marqués de Pidal es abogado desde el 64 y figura en la política desde el 67, en cuyo año fué nombrado Secretario de aquellas Cortes precursoras de la revolución.

Llegaron los trabajos de la Restauración, y el Marqués de Pidal, unió sus fuerzas á las de tantos otros, hasta llegar á verlos coronados por el éxito.

Entre las misiones de importancia que en el curso de su carrera