Gaceta de instrucción pública (1896-01-15 00:00:00), página 3

rección general del Instituto Geográfico y Estadístico, de la cual fue nombrado Director general interino en 22 de Julio de 1889 y en propiedad el 7 de Noviembre de 1890.

Asistió como Delegado del Gobierno español al Congreso de la Estadística internacional celebrado en Viena el año 1891, y a las reuniones convocadas por la Asociación Geodésica internacional en Bruselas, Ginebra e Innsbruck los años de 1892, 93 y 94.

En el mes de Julio de 1895 presentó la dimisión de su cargo de Director general del Instituto Geográfico, por la necesidad de volver al servicio ordinario del Cuerpo de Ingenieros de Montes, donde por razón de su situación de supernumerario no tenía ya condiciones para el ascenso.

Uñamente sus compañeros de las Escuelas especiales de Ingenieros de Montes, Agrónomos e Industriales le han elegido para el cargo de Consejero de Instrucción pública.

Además de los méritos y servicios que acabamos de relacionar suavemente, D. Francisco de Paula Arillaga se halla en posesión de los siguientes cargos y condonaciones: Vocal de la Comisión permanente de Pesas y medidas y Vocal de la Junta de Arancelos; Votaciones; Delegado extranjero de la Comisión permanente de Geografía de Lisboa; Miembro correspondiente de la Sociedad Geográfica de Holanda; Galatea primero del Instituto Geográfico y Estadístico; Delegado de España en la Asociación Geodésica internacional y miembro de la Comisión internacional de Pesas y medidas por elección unánime celebrada en París; Gran Cruz de Isabel la Católica; Gran Cruz del Tesoro Sagrado del Japón; Condeletor de Carlos III; tiene la cruz de tercera clase del Militar mérito blanco, la de segunda clase del Militar naval, la encomienda de San Mauricio y San Lazaro de Italia y la Oficial de Instrucción pública de Francia.

Los datos biográficos anteriormente expuestos no necesitan comentario de ninguna clase, y bastan estos solos para que una vez conocidos resulten párrafos y fríos cuantos elogios se tributen al poseedor de tan brillante carrera. Hombres como nuestro biografiado son los que se necesitan dentro de los altos Cuerpos consuetivos de la Nación, para que con su talento, su profundo saber y su energía voluntad sean fuente de provechosas iniciativas que redunden luego en beneficio de los intereses públicos que les están confiados. Por esta causa nosotros no podemos menos de aplaudir en bien de la enseñanza y del Profesorado la acertada elección de D. Francisco de Paula Arillaga para ocupar un asiento en el Consejo superior de Instrucción pública.

M. L. Y. A.

EL MONTEPÍO DEL CUERPO DE ARCHIVISTAS

Obedeciendo á un propósito á todas luces digno de elogio, ha sido creado no ha mucho una institución con el título que encabeza estas líneas y el fin de subsanar la pretensión de que, en sentir de sus autores, son objeto en la legislación vigente los individuos del Ilustre Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y Antiguarios, á quienes se niega el derecho á transmitir á sus viudas y huérfanos la modesta suma que en concepto de pensión se da á las de otros funcionarios de la Administración pública.

Lo levantado del propósito por una parte, y el que con él se trate de fomentar los lazos de compañerismo (bien necesarios sin duda), coloca á los individuos de dicho Cuerpo que no se han adherido al pensamiento de los iniciadores del Montepío en una situación que pudiera prestarse á torpe interpretaciones, y motiva algún esclarecimiento para evitarlas.

Si de un modo concreto, categórico e inapelable estuviese negado el derecho á pensión á las viudas y huérfanos de Archiveros Bibliotecarios, nada más conveniente y aun necesario que la Institución del Montepío, institución á la que todos los individuos del Cuerpo deben cooperar con sus esfuerzos, como destinada á procurar que en el trance amargo de la muerte no torturase nuestro ánimo la terrible duda respecto al porvenir de seres que nos son queridos, y no siempre, por desgracia, quedan á cubierto de las contingencias de la vida. Pero desde el momento en que la negación de ese derecho no está formulada, ni mucho menos de esa manera rotunda y terminante, podrá estarse como espíritu de oposición ó falta de compañerismo el reditarse á merced los ya mezquinos sueldos que la mayoría de los empleados perciben, con un nuevo descenso cuya necesidad no es efectiva? Por otra parte, ¿no se dará con ello áarmas á los Gobiernos, siempre ganosos de obtener reducciones en los gastos, para que crezcan más y más unos derechos que al no defenderos parece como que implícitamente se renuncian? Estas consideraciones son las que han impulsado nuestro ánimo á escribir estas líneas, por las que pretendemos demostrar que los individuos del Cuerpo de Archiveros tienen perfecto derecho á transmitir á sus viudas y huérfanos pensiones del Montepío de Oficinas del Estado; que ese derecho puede y debe hacerse efectivo, y como consecuencia que huelga el establecimiento de una nueva Institución encargada de llenar los fines que ya otro legalmente establecido llena y cumple.

Prescindiendo de hacer historia retrospectiva, y concretándonos á lo indispensable para nuestro propósito, diremos que la negación del derecho á pensiones de Montepío para las viudas y huérfanos de Archiveros (y cuantas que hablamos de Archiveros posteriores al decreto-ley de Figuerola, que son hoy los más), arranca de la Real orden de 17 de Febrero de 1893 dictada en el expediente de revisión de la pensión concedida á la viuda é hijas de D. Emilio Peralles. Oficial que fué de la clase de segundos del Ministerio de Fomento, disposición por la que se niega derecho á tales pensiones á los empleados de Fomento, y á la que se dió carácter general.

Nos abstendremos de copiar y comentar esa disposición en sus fundamentos por no hacer á nuestro propósito. En ella se viene á decir, en substance, que no existiendo el Ministerio de Fomento cuando se creó el Montepío de Ministros, ni habiendo sido expresamente incorporado á él con posterioridad, por una disposición especial, como exige el decreto-ley de Figuerola, carecen los empleados de dicho Ministerio del derecho á transmitir pensiones al Montepío.

Poco parecía para medida tan grave una simple Real orden, y así hubieran de creerlo las personas especialmente perjudicadas, las cuales, en uso de un perfeccionismo derecho, acudieron al medio que para combatir tal disposición les concede la ley, y resultado de ello han sido un número no escaso de sentencias galanas en juicio contencioso administrativo, en las que se forma la jurisprudencia de que los funcionarios de los departamentos ministeriales de Gobernación y de Fomento tienen derecho á transmitir pensión de Montepío de Ministerio por hallarse incorporados al mismo por el art. 2º del cap. II de su reglamento, dado que esos servidores desempeñados por los empleados de las antiguas Secretarías del Despacho están comprendidos en los actuales Ministerios, por lo cual, habiéndose declarado legalmente á aquellos funcionarios... con derecho á los beneficios del Montepío, deben disfrutarlos igualmente los que desempeñan las mismas funciones en los diversos Ministerios que hoy existen, los cuales no son más que la continuación y el natural desenvolvimiento de las Secretarías del Despacho con distinto nombre.

Esta doctrina, contenida en la sentencia del Tribunal Supremo de lo Contencioso administrativo, fecha 27 de Abril de 1893, que expresamente cita para derogarla la Real orden de 17 de Febrero del mismo año, antes dicho, se halla consagrada igualmente en otros diversos fallos, como son el de 8 de Julio de 1892 (que refuerza más si cabe los argumentos expididos), el de 1.º de Abril del 93, 20 de Mayo del mismo, y 26 de Febrero y 10 de Diciembre de 1894 entre otros.

Con lo expuesto parecemos suficiente para evidenciar la demostración que nos proponíamos, á saber: que los individuos del Cuerpo de Archiveros, como empleados del Ministerio de Fomento, parte desmembrada de una de las antiguas Secretarías del Despacho, se hallan incorporados al Montepío de Ministros, y tienen, por tanto, derecho á pensión del mismo.

Pero si aun pudiera caber duda en algún espíritu meticuloso; si creyese que aun pudieran surgir dificultades por no hablarse concretamente de Archiveros en las disposiciones legales citadas, le diremos que esa disposición expresa que la ley Figuerola exige para que se entienda incorporado á Montepío un Cuerpo ó entidad administrativa existe con respecto al de que tratamos.

En efecto, por Real orden de 3 de Marzo de 1825, que por la época en que se dictó tiene fuerza de una ley, y así está reconocido, se dispone que los Oficiales de los Archivos de las Secretarías de Estado y del Despacho y los porteros de las mismas quedan incorporados al Montepío de Ministros, haciéndoles los descontos que según su reglamento les corresponda.

Ahora bien: ¿puede y debe sostenerse este derecho legalmente adquirido? Creemos que con los datos apuntados basta y sobra para que hasta el menos versado en jurisprudencia pueda dar la respuesta.

Así, pues, lejos, muy lejos de ver espíritu de oposición ó falta de compañerismo en los que no secundan la generosa idea del Montepío de Archiveros; lo que ocurre es que se juzga inaceptable, ó al menos así lo entendemos los que abajo firmamos.—Juan Jiménez de Embún.—Ignacio Fabret y San Vicente.—Manuel F. Mourillo.—José Aguilar.—Salvador Palencia.—Cristóbal Espeso de Hinojosa.

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