Gaceta de instrucción pública (1895-06-23 00:00:00), página 4

citados, se dispuso que no sería aprobado ningún presupuesto municipal donde no se incluyese como parte obligatoria la dotación de los Maestros.

Los Ayuntamientos venían sometidos por virtud de esta disposición con relativa (aunque no en perfecta regularidad), y sin duda, por esto se dictó el decreto ley de 14 de Octubre de 1869, que dispuso que correspondía a los Ayuntamientos pagar directamente la dotación de los Maestros. No se obtuvo el resultado que se esperaba, pues los pagos continuaron satisfactorios con tal retraso que por Real decreto de 21 de Enero de 1871 se ordenó que el Tesoro abonase á los Maestros los créditos que tuviesen á su favor y en cuenta de los Ayuntamientos por obligaciones devengadas desde 1º de Octubre de 1869 á 1º de Enero de 1871. Esto fué lo que se llama cortar por lozano. Medida verdaderamente exótica, pero que entendíamos debe realizar el Estado en momentos determinados y graves, por cuya razón deberá repetirse la suerte en vista de la cifra exorbitante á que ascienden hoy días los atrasos.

Continuaron encargados los Ayuntamientos de los pagos, y volvieron éstos á sufrir graves intermitencias á pesar de la Real orden de 12 de Enero de 1872, y finalmente con el fin de evitar la moralidad de los Ayuntamientos se plantó la centralización por Real decreto de 23 de Enero de 1874, que mandaba ingresar los fondos de la enseñanza en las Administraciones de Hacienda, cuyas Juntas quedaban encargadas de distribuirlos con la debida regularidad.

Casi idéntica es la actual legislación; pero lo mismo en 1874 que en 1894 el éxito fue fatal, no precisamente por los defectos de lo dispuesto, sino por la negligencia de los encargados de llevarlo á efecto debido.

En vista de que la Hacienda por medio de sus Delegados resultaba tan mala administradora como los Ayuntamientos, se promulgó el Real decreto de 29 de Agosto de 1881 devolviendo á éstos la obligación de verificar el pago directamente á los Maestros, y comunicando á los Alcaldes y Concejales con satisfacción de su propio peculio los débitos del Magistrado. Este decreto se dictó por el Ministerio de la Gobernación, y, como se decía en su preámbulo, tenía por objeto no desligar la Escuela del Municipio; pero su vida fue corta, pues el 15 de Junio de 1882 se dictó otro decreto de carácter centralizador, insinuándose que las obligaciones de primera enseñanza llegarán á ser el giro de obligaciones del presupuesto general del Estado. Su fundamento fué la centralización de los fondos de Cajas especiales y la creación de habilitados elegidos por los Maestros, encargados de pagar á éstos. Para reunir los recursos necesarios se dispuso de los recargos que sobre contribuciones directas podían imponer los Ayuntamientos.

Desendando resolver tan intrincado problema en forma radical y perfecta se dictó el decreto de 30 de Abril de 1886, que, como el proyecto de ley de 7 de Diciembre de 1885, incorporaba al presupuesto del Estado las obligaciones de primera enseñanza; pero ni el decreto llegó á plantearse por haber salido del Ministerio el Sr. Montero Ríos, ni el proyecto de ley á discutirse. Sin embargo, dos fechas que deben señalarse con piedra blanca, y por eso hacemos especial mención de tales proyectos que exigían se tributara un homenaje de consideración á sus autores, los Sres. Montero Ríos y Carabias.

Siguió, pues, en vigor lo dispuesto en 1882, pero como á muchos Ayuntamientos no alcanzaban los recargos para cubrir las obligaciones de primera enseñanza, más tarde se dispuso lo hiciese después por la ley de Presupuestos de 29 de Junio de 1887, en dichos recargos se deducían también el sostenimiento de los Institutos, de la inspección y de las Escuelas Normales, que se incorporaron al Estado; y como además de esto del Banco de España en el ejercicio de 1888-89 la recaudación de las contribuciones directas, hubo necesidad de que el Ministerio de Hacienda dictase las Reales órdenes de 8 de Octubre de 1888 y 19 de Febrero de 1889 disponiendo reglas para la formalización de los ingresos procedentes de los recargos municipales que debía percibir íntegros el Tesoro, aplicando en primer término la parte necesaria de ellos al reintegro del Estado por los gastos de segunda enseñanza y Normales, y entregando el sobrante á las Cajas de primera enseñanza los necesarios para cubrir estas atenciones.

Los Ayuntamientos se quejaron de que se les absorbían sus atribuciones, y en 16 de Julio de 1889 se derogó lo dispuesto en 15 de Junio de 1882, ordenándose que los Ayuntamientos realizaran directamente la recaudación de los recargos y después ingresaran en las Cajas provinciales de primera enseñanza el importe de las obligaciones del servicio, es decir, que se retrocedió á 1866 ante el trascaso de todas las disposiciones posteriores que hemos mencionado.

El retroceso fué (como todos) de fatales consecuencias, pues los débitos aumentaron considerablemente, toda vez que llegaron á la cifra de 7 millones en Noviembre de 1890, y desde aquella fecha han venido creciendo constantemente.

Hubo, por tanto, la necesidad de dictar la Real orden de 18 de Octubre, en la cual se dispuso que, con arreglo á lo determinado en el art. 188 de la ley de Instrucción pública, se centralizase la recaudación y distribución de los fondos destinados por los gastos urgentes al pago de primera enseñanza en las capitales de provincia, que estos fondos se recaudaran de los recargos de las contribuciones directas que por la ley de 30 de Julio de 1888 están afectos á las expresadas obligaciones, debiendo hacerse directamente entrega de ellos en las citadas Oficinas.

Si esta orden no hubiese cumplido, el problema hubiera variado de aspecto; pero los Delegados de Hacienda, revocados el importe de los recargos, y puesto que las Reales órdenes de 15 de Junio de 1882 y 16 de Julio de 1889, y la ley de 30 de Julio de 1888 reservan estos fondos al pago de la primera enseñanza, y de igual modo los intereses de las lámicas que posean las pueblos.

Por último, los decretos de 24 y 26 de Octubre, dictados por la Presidencia del Consejo de Ministros y los Ministerios de Hacienda y de Fomento, siguiendo la doctrina de 1882, centralizaron los fondos en las Delegaciones de Hacienda, diéndose un paso hacia la incorporación al Estado; pero todo ha sido en vano porque los débitos han llegado á la cifra récord de 10 millones de pesos, efecto, á nuestro juicio, de la irregularidad con que se llevan á cabo las operaciones en las oficinas de Hacienda, pues de otra suerte estos decretos hubieran sido inútiles. Hubieran sido los Maestros, habiendo dado remedio al problema. El Sr. Moratall así lo creyó á su dictamen, y así lo cree ahora, siempre que la Hacienda cumpla rápida y regularmente.

Los efectos de dichos decretos los hizo patentes la Real orden de 10 de Abril de 1894 y el Informe de la Dirección de Instrucción pública, inserto en la Gaceta del 15 del mismo mes, solicitando, á que se encargase el Estado del pago del Magistrado, ó que se modificasen aquellos decretos en el sentido de que los recaudadores ingresaran en la Hacienda solamente el importe de los cupos del Tesoro, y que los recursos municipales destinados á Instrucción pública se entreguen por dichos recaudadores en las Cajas de primera enseñanza.

Como se ve después de esta ligera análisis de nuestra legislación, todos los sistemas han fracasado, es decir, que si los Ayuntamientos, ni la centralización de los recargos en la Hacienda han dado buenos resultados, diríase que los investigados de recibir los fondos no desarrollaron gran actividad en distribución.

No hay, por consiguiente, más que dos soluciones. La primera es la incorporación al Estado; la segunda, ó alternativa, el ingreso directo en las Cajas de primera enseñanza, y la autorización á los Ayuntamientos para arbitrar otros recursos cuando el importe de los recargos no sea suficiente á cubrir el total de las atenciones de la primera enseñanza.

Si se acepta la primera, el Estado podrá reintegrarse en la forma que indica el decreto del Sr. Montero Ríos, ó el proyecto de ley del Sr. Concha, así que sufra quebrantado por el momento el Tesoro.

Mas adelante acaso lo sufra, pero no creemos que la Instrucción primaria gratuita y obligatoria sea una renta, sino un fin social, uno de esos fines que ninguna escuela política ni ideológica arrebata al Estado.

He aquí, Sres. Diputados, la pragmatismo que ha sufrido el problema y el expediente de los pagos al Magistrado, las consecuencias en la Gaceta se ven, y parece que el tiempo ha pasado de mal, que decir de los comisionados más experimentados en este punto con que esta rama, ha habido, Sres. Diputados, el salto del taifón para todas las clases sociales; creo que ha llegado el momento de que llegue el salto del taifón para los Maestros.

Siguiendo el Sr. Secretario de Bengoa el examen del presupuesto de Instrucción pública entraba de lleno en el estudio de uno de sus principales organismos, ó sea el de la inspección general de enseñanza. Este es, á mi juicio, el organismo esencial, indispensable, importanteísimo, que debe existir en la Instrucción pública hasta el punto de que mientras no haya una inspección verdadera, una inspección real, efectiva, inamovible, responsable, fiscal, no habrá Instrucción pública en España; por eso me confío á ello y S. S. debe decir que está con los Inspectores provinciales. Y gøre S. S. que los fines de la inspección se llenan con los Inspectores provinciales, que tienen por término medio 1.000 Escuelas que visitar! ¿Dónde deja S. S. la inspección más elevada de los Establecimientos de segunda enseñanza, de las Escuelas profesionales de las Escuelas especiales y de las Universidades? ¿Quién va á hacer esa inspección? ¿Pueden los técnicos producir realmente esa autoridad, con competencia, con prestigio, esos dignísimos Inspectores generales que S. S. entiende que no sirven más que para formar el cortejo de los Directores generales.

Quería S. S. que el inspector general fuese el mismo Director general ó el mismo Ministro de Fomento; yo declaro que, si esto fuera posible, sería muy conveniente; yo estoy convencido de que inspeccionar en enseñanza es siempre resolver un importante problema, y por lo que á mí me refiere, en la escasa medida de mis fuerzas y en el poco tiempo de que he podido disponer, he seguido ese camino; por mi mismo he inspeccionado alguna Escuela superior en Madrid y alguna Escuela Normal en provincias, y declaro que cuando eso ha ocurrido he hecho más en media hora de inspección que muchas días, semanas y meses despachando expedientes.

He tenido que ir á inspeccionar una Escuela de Madrid, y cuando vi que los niños del nivel medio no sabían que sólo 6 días libres cada uno, le dije al Maestro: ¿Qué quieres que haga sabios? Los niños en esta Escuela no deben tener más que dos libros: el Catálogo y la Gramática; los demás libros los deben tener y conocer el Maestro, no el niño.

Yo he ido también á la Escuela Froebel en Madrid, para cuyo sistema de enseñanza sabe perfectamente el Sr. Becerro de Bengoa que ha de ser la base el trabajo manual de los niños y la jardinería, y me encontré con que allí este último era defectuoso, á inmediatamente hice que el Jardín Botánico viniera los elementos necesarios, y desde aquella orden el sistema Froebel aplicado al jardín quedó de hecho establecido. Da, pues, excelentes resultados la inspección; pero es imposible que la realice un hombre solo, y no puede menos de estar encomendada á los dignísimos funcionarios á que me vengo refiriendo.

¿Y qué ha de decir, Sres. Diputados, del examen que ha hecho el Sr. Becerro de Bengoa de las Escuelas Normales? En este punto yo estoy completamente de acuerdo con S. S. Sin duda, las Escuelas Normales deben tener plan de estudio uniforme y modernista, están todavía sometidas al plan de estudio de 1857, complejo, con frecuencia antieuropeo, entre las exigencias de la Pedagogía, hasta el personal de esas Escuelas está sirviendo en carácter de interino desde hace treinta años. Pero, Sres. Diputados, el partido liberal, si no ha podido resolver el problema de la educación nacional, ha dejado traslado al camino, ha abierto amplios horizontes, ha hecho la luz donde antes reinaba la oscuridad, y ha plantado ante el Consejo de Instrucción pública todos los