Gaceta de instrucción pública (1896-11-15 00:00:00), página 3

originado innumerables reclamaciones á pesar de haberse derogado en varias de sus partes.

Igualmente queremos indicar algo en lo que se refiere á los concursos de Maestros para la provisión de Escuelas en general.

Se han promovido muchas reclamaciones por los Maestros que han ido á los concursos de traslado, porque reuniendo alguna de las condiciones señaladas en el art. 4º del Reglamento de 27 de Agosto con ventaja á otros aspirantes, han sido postergados, sin embargo, á éstos.

No se han fijado probablemente en que el art. 13 está redactado confusamente, pues dice que en todos los concursos será requisito necesario para ser admitido, llevar por lo menos dos años de ejercicio en las Escuelas de la categoría inferior inmediata.

Literalmente interpretado, se deduce del contexto del artículo que los que obtuvieran una plaza de 1.100 pesetas, por ejemplo, mediante oposición, como no desempeñaran, tal vez, Escuelas de categoría inmediata inferior, no pueden acudir al consejo de traslado, porque el artículo no distingue entre los varios concursos. El decir de categoría inmediata inferior, ha hecho creer á muchos que solo se refería dicho artículo á los ascensos.

La prescripción es indeterminada, ciertamente; pero esto quiere decir que no queda establecido por dicho artículo un derecho incontestable respecto de los aspirantes por traslado.

No siendo terminante el citado artículo respecto á este particular, teniendo derecho al traslado los Maestros que disfrutan igual ó mayor sueldo que el de la vacante sin limitación de tiempo en el servicio que estén, según la legislación anterior, se ha creído que este derecho subsistía, y por esto se han suscitado reclamaciones; pero, como era de esperar, también las han formulado los Maestros aspirantes que, acudiendo á repetidos concursos, se han encontrado con que perdían el tiempo y el dinero, porque los que reunían condiciones preferentes por haber disfrutado mayor sueldo que ellos, tenían superior título ó llevaban muchos años de servicio, iban cambiando de Escuela á su elección, consumiendo el turno de las provisiones. Este clamar merecía ser atendido cuando menos por los perjuicios que ocasionaban los cambios en la enseñanza; y sin necesidad de las órdenes que se supone que se han dictado para resolver casos particulares, quedándose algunos de que no se haya publicado, habrá bastante con lo prescrito en la Instrucción 50 de las aprobadas por Real orden de 24 de Octubre de 1894, para establecer el criterio de la Administración en algunos casos. Dice la mencionada instrucción que el requisito de antigüedad exigido por el art. 13 del Reglamento, "será también aplicable á los aspirantes que disfruten igual ó mayor sueldo que el de la vacante, exceptuando á los que gocen de menor sueldo que el de 829 pesetas".

Creemos, por tanto, que si han existido Juntas provinciales que prescinieron de esta regla al formular las propuestas, no por esto hay razón para censurar el Centro superior administrativo por haber eliminado á los que hicieron un ascenso, y no llevando dos años del disfrute del mayor sueldo, solicitar traslado á Escuelas de la misma categoría ó á las de categoría inferior. En otras circunstancias pudiera ser más dudosa la cuestión, sin negar cierta vaguedad á la instrucción que hace discutibles aún los casos cita los.

Repetimos, por consiguiente, que sería preferible asegurarse bien del sentido de las órdenes antes de combatirlas, sin que esto sea significar que se deje de reclamar énergicamente cuando el abuso administrativo sea evidente ó probado, ni de pedir que presida la claridad en las disposiciones cuya incertidumbre puede atribuirse á la falta de estabilidad del personal administrativo experimentado.

Un dinamismo sistemático y á destiempo desautoriza la reclamación en vez de hacerla eficaz.

Ciertas ligerezas de la prensa, que aunque se cometan sin aviesa intención desvían la corriente general del concepto público, acusan muchas veces graves perjudicios á los intereses particulares. Podríamos citar algún caso de Maestro que, por haber hecho pública en el periódico una resolución al año de reciente, y cuando la situación del interesado era completamente distinta de la del tiempo en que aquél tuvo lugar, dando origen á un falso concepto, surgió la pérdida de su destino y se vio obligado á sostener un pleito y sufrir en sus intereses, lo cual se hubiera evitado con enterarse mejor el periódico antes de publicar una noticia de carácter personal.

Todavía queremos exponer algo acerca de los propósitos que la voz general propala con relación á las reformas de las Normales y á los pretendidos derechos de los internos.

Es evidente que, según la ley, dichos Maestros no tienen ningún derecho.

Si hubiesen obtenido su cargo mediante concurso público y vinieren una ley á determinar la provisión del cargo de Profesor en la indicada forma de concurso, aun podrían alargar mejor derecho, fundado en la antigüedad de servicio; pero siendo los cargos conseguidos por pura gracia, nada mejora su derecho comparados con otros aspirantes. Bien puede el Gobierno concederles la propiedad de las plazas por motivos más ó menos especiales; pero el día que vayan á un concurso y se hallen sus derechos contrapuestos con los de otro que haya entrado en la enseñanza por oposición, aunque sea posteriormente á su nombramiento, perderán el pleito en recta administración de Justicia, porque padecerán de un vicio de origen.

Unicamente tendrá ciertos vinos de legalidad el nombramiento de los que hubiesen ingresado en la enseñanza pública mediante oposición, y en particular si hubieran obtenido una plaza mejor dejada que la que desempeñan en la Normal. Acaso las Profesoras de Escuela Normal provistas del correspondiente título podrían sostener ciertos derechos, en el supuesto de que la ley no determinara una forma de provisión de sus cargos distinta de la de concursar; pero á los Profesores que careciesen de oposición de toda clase, consideraremos que les asistirá un derecho muy discutible á pesar de haber obtenido el nombramiento de propietarios.

Barcelona.

D. F.

LOS PROFESORES DE IDIOMAS

Sr. Director de la GACETA DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA:

Muy señor mío y de mi consideración: La GACETA DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA del 30 de Octubre inserta un artículo titulado «Las ruinas de un decreto» y firmado por D. Pedro Gómez Cháix, que interesa no sólo á los Catedráticos de idiomas, sino á la segunda enseñanza en general; y por tal concepto estoy conforme con las apreciaciones que contiene; no tengo, pues, más que añadir algunas reflexiones.

Le ruego á usted, si después de su lectura las encuentra pertinentes, haga el favor de publicarlas.

En resumen, el Sr. Gómez Cháix llama nuestra atención sobre el decreto de 30 de Septiembre de 1887, que se refiere á la enseñanza de las lenguas vivas, el cual está en parte derogado, en parte incumplido en sus artículos; pero, sin embargo, observado en lo que corresponde al sueldo de los Catedráticos de idiomas, el que, más bien por encargo que por otro motivo, es de 2.500 pesetas de entrada, en vez de 3.000, que era antes de dicho decreto.

El llamamiento que hace el Sr. Gómez Cháix á sus compañeros de igual asignatura para formar una Junta ó reunión en Madrid, durante las próximas vacaciones, y venirle lo que puede interesar á la causa, no me parece ni practicable ni necesario, pues se llegaría al mismo resultado por medio más corto y más certero.

Impracticable me parece, por no poder acudir personalmente muchos de los Catedráticos de la asignatura en tiempo señalado.

Inutil, porque, serbio velant, scripta manent y puesto que la GACETA DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA posee gratuitamente sus columnas á nuestra disposición, fácilmente se llegará á conocer la opinión de todos por escrito, mucho mejor que por los discursos de unos cuantos en una Junta, que, aunque en mayoría, no puede reflejar el criterio general.

Por otro lado, la asignatura de lenguas vivas pertenece á la segunda enseñanza, y como tal, nuestros compañeros de la Asociación de Catedráticos de Institutos pueden (lo han hecho y estoy seguro que no dejarán de hacerlo en el porvenir) defender nuestros intereses, tan bien, y aun mejor que nosotros mismos, puesto que, al interés particular de unos cuantos, se une el interés de la enseñanza en general.

Al leer los últimos presupuestos del Ministerio de Fomento, se repasa, en el Instituto de Oviedo, para el Catedrático de Francés, el sueldo de 2.500 pesetas, y debiéte aumento de sueldo por la Diputación provincial, 500 pesos; y creo que nuestra Asociación de Catedráticos de segunda enseñanza no esperará que cada Profesor de idioma se dirija á la Diputación provincial respectiva, con el fin que ésta repare una injusticia, ó á lo menos un capricho del presupuesto; y que llevará directamente nuestra reclamación á los Centros oficiales.

Es el procedimiento que encuentro más adecuado y más conforme con el principio de asociación y de compañerismo.

Lo que ha hecho la Diputación provincial de Oviedo á favor de su Catedrático de Francés, lo puede hacer el Estado para la clase, puesto que siempre hay superávit entre el presupuesto de segunda enseñanza que envían las Diputaciones provinciales y los gastos que paga el Estado para los Institutos.

Soy de usted, señor Director, seguro atento servidor, q. s. m. b.,

LUIS MANUEL DE FERRER,
Catedrático de Francés del Instituto de León.
León 9 de Noviembre de 1896.

Sobre provisión de Escuelas.

Aunque el nuevo Reglamento de provisión de Escuelas está terminado por la Dirección general de Instrucción pública, faltando tan sólo la superior aprobación del señor Ministro de Fomento, á continuación la