Gaceta de instrucción pública (1896-05-30 00:00:00), página 2

dadores y Agentes efectivos un documento acomodado al modelo adjunto para que en el mismo día ingresen en las Juntas de Instrucción pública el líquido que resulte cobrado por recargos municipales, el cual no podrá exceder nunca del 95 por 100 de lo realizado por aquel concepto.

Los expresados Juntas, y en su nombre los Cajeros de las mismas, suscribirán el correspondiente recibí en el documento de que queda dicha mención, devolviéndolo a los Recaudadores y Agentes y enviando acto seguido á las Corporaciones municipales las oportunas cartas de pago que produzcan los ingresos individuales en caja, con expresión separada de la contribución á que pertenezcan y del importe de cada una.

4.º Las cantas ad entregadas por los Recaudadores y Agentes á las Juntas de Instrucción pública se admitirán como metálico en la Tesorería de la provincia, sirviéndose de datos en su cuenta con la Hacienda.

Para que estas cantidades tengan aplicación definitiva y puedan surtir efecto en cuentas, los Recaudadores y Agentes presentarán en las oficinas de Hacienda el documento á que se refiere el número anterior, y por él se procederá sin demora á la oportuna formalización, mediante mandamientos de pago con aplicación al crédito legislativo que autorice la ley de Presupuestos de cada año, ó en la forma que en adelante puedan acordarse, justificándolo con los expresados resguardos y los de ingresos en concepto de recargos municipales, con el detalle al dorso del importe que corresponde á cada Corporación municipal, cuya carta de pago servirá de comprobante en las cuentas de los Recaudadores y Agentes.

5.º Satisfecho el total importe de las obligaciones de personal y material de primera enseñanza de cada pueblo á las Juntas provinciales, el sobrante que se recaude por el concepto de recargos sobre las contribuciones territorial e industrial de cada Municipio, se ingresará directamente en las Arcas del Tesoro, en la forma que actualmente se halla determinada.

6.º Las oficinas provinciales de Hacienda procederán mensual ó trimestralmente, según se trate de capitales de provincia y poblaciones, así miladas ó de los demás Ayuntamientos á practicar una liquidación de lo realizado por el Tesoro sobre las entregas hechas á la Caja provincial de primera enseñanza por el concepto de recargos municipales, procediendo á su pago á las Corporaciones interesadas en la forma prevista por la Real orden y circular de 24 de Octubre de 1893.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y efectos correspondientes. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 21 de Mayo de 1896.

—N. Reverter.
Sres. Director general del Tesoro e Interventor general de la Administración del Estado.

MODELO

Intervención de Hacienda. Provincia de...

PRESUPUESTO DE...

La Junta provincial de Instrucción pública recibirá de D.………., …………………… la cantidad de …………………… por el concepto de recargos municipales, correspondientes á los pueblos detallados al dorso, sobre la contribución ………………… aplicables á las atenciones del personal y material de primera enseñanza de los mismos pueblos. ………………… á ……… de ………………… de 189…

EL TENEDOR DE LIBROS,

JUNTA DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA

Recibí y me he cargado en cuenta la cantidad ………………… ………………… á ……… de ………………… de 189…

EL CAJERO DE LA JUNTA,

ACADEMIAS, ARCHIVOS, BIBLIOTECAS Y MUSEOS

Real orden.—Ilmo. Sr.: Remitido á informe del Consejo de Estado el expediente instruido por virtud de la instancia que D. Francisco Simón y Font y D. Antonio F. Bastinos han presentado por sí y á nombre de otros editores de Barcelona, relativa al canje en el Registro de la propiedad intelectual de los talones provisionales por certificados ó títulos definitivos de dominio, ha emitido aquél dicho Cuerpo el siguiente dictamen:

«Excmo. Sr.: Este Consejo, en cumplimiento de la Real orden comunicada por el Ministerio del digno cargo de V. E., de fecha 25 de Julio último, ha examinado el expediente promovido por los editores de Barcelona en solicitud de que se les expidan los títulos definitivos de las obras que tienen inscritas en el Registro de la propiedad intelectual desde 10 de Enero de 1879 á 4 de igual mes de 1894, excusándose de la presentación de los documentos á que se refieren los artículos 9.º y 24 del reglamento dictado para la ejecución de la ley de 8 de Septiembre de 1880, referente á propiedad intelectual.

En la instancia suscrita por D. Francisco Simón y Font y D. Antonio F. Bastinos, por sí y en representación de los editores de Barcelona Montaner y Simón, Espasa y Compañía, Riera y Sanz, Subirana Hermanos, Heinrich y Compañía y Fuentes Farrés, se manifiesta que, no existiendo el necesario cuerpo legal en algunas inscripciones hechas en el Registro de la propiedad intelectual durante el tiempo comprendido desde la ley de 10 de Enero de 1879 hasta el decreto de 6 de Enero de 1894, que marca un plazo de seis meses para canjear por el definitivo el recibo provisional; encuentran increíble resistencia en la Dirección general de Instrucción pública para su expedición á los autores y propietarios de las obras registradas en ese período de tiempo, por temor de fundarse quizás en lo dispuesto en el párrafo segundo del Real decreto, que señala los plazos de seis meses y un año para el canje de los registros hechos antes de publicarse esta reforma, siendo así que poseen los talones provisionales de los libros que registraron en tiempo marcado por la ley y con los requisitos necesarios que hoy aparecen registrados y legitimados, en el mero hecho de figurar en el Boletín de la propiedad intelectual publicado por el Ministerio de Fomento, Dirección general de Instrucción pública, Negociado 6.º

En consecuencia de lo expuesto, solicitan se ordene la expedición de los títulos definitivos de las obras registradas provisionalmente desde 10 de Enero del 79 al 4 de Enero de 1894, en la forma que aparecen impresas en el Boletín, previo abono de la póliza correspondiente.

La Dirección general de Instrucción pública informa razonadamente la anterior instancia, exponiendo que el fundamento de la pretensión de los editores consiste en que actualmente les es imposible procurarse los documentos acreditativos de las transmisiones de dominio, por virtud de las cuales son propietarios de las obras, puesto que los autores y sus derechohabientes fallecieron en su mayoría, y muchos de ellos ab intestato.

Entiende la Dirección, que es cierto que á los editores y actuales propietarios les sería imposible en la mayor parte de los casos presentar testimonios que la ley exige, y más terminantemente el reglamento, porque no existen ya las personas que habían de otorgar los contratos de venta, cesión, etc., y, sin beneficio para nadie, ni siquiera para los herederos de los autores, que no podrían recibir la propiedad, perderían ésta los editores que compraran y posean de buena fe dichas obras.

Es verdad que ellos tenían obligación de presentar oportunamente los mencionados documentos; pero también es cierto que la Administración debió exigirlo y no verificar las inscripciones definitivas sin la presentación de los testimonios á que se refieren los artículos 9.º y 24 del reglamento, por lo cual no es imputable toda la culpa á los editores, y no debe á éstos hacerse responsable, declarándose nulas unas inscripciones que, aunque viciosas, ellos no llevaron á cabo.

Excusan á éstos y á la Administración, según el criterio de la Dirección, la provisionalidad en que estuvo el Registro de la propiedad intelectual hasta que éste fue encomendado al Cuerpo facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios por la ley de 30 de Junio de 1894.

Por tanto, teniendo en cuenta que, si oportunamente la Administración hubiera reclamado á los editores los documentos necesarios, seguramente los hubieran presentado, por ser entonces fácil otorgar los necesarios contratos, entiende la Dirección que puede estimar la solicitud de los editores de Barcelona, declarando que deben subsistir las inscripciones definitivas hechas en el Registro general de la propiedad intelectual desde 10 de Enero de 1879 hasta el día en que se publicó en la Gaceta el Real decreto de 5 de Enero de 1894, que hizo obligatorio el canje de los recibos provisionales por los títulos definitivos de dominio, expidiendo, en su consecuencia, los títulos definitivos de dichas inscripciones, si bien con la nota de «salvo mejor derecho que ante los Tribunales se ejerza», y previa consulta á este Consejo.

Tiene verdadera importancia la cuestión que en este expediente se veía, por cuanto trata de determinar la situación en que han de quedar un gran número de obras científicas y literarias, cuyos títulos de pertenencia no están plenamente justificados.

Nace la falta, cuyas consecuencias intentan repararse, del incumplimiento del art. 30 del reglamento de 8 de Septiembre de 1880. Prescribe éste literalmente que el Bibliotecario anotará en el libro diario las obras que al efecto se presenten, librando el certificado de inscripción siempre que aquéllas y los documentos que deben acompañarlas cumplan los requisitos establecidos. Este certificado deberá conjurarse por el definitivo de inscripción expedido por el Registro general tan luego como así se anuncie en el Boletín de la provincia».

Como se desprende de la exposición de este artículo, los Bibliotecarios no deben expedir los certificados provisionales de inscripción sino cuando se presenten las obras con los documentos que deben acompañarlas. Pero desgraciadamente no ha ocurrido así, debido al reconocido abandono que