Gaceta de instrucción pública (1895-07-23 00:00:00), página 4

tebráticos interinos, sin fijar diferencia alguna en cuanto á los deberes y prerrogativas suyas y de los demás, excepción hecha de la inamovilidad para los que entran por oposición en el Profesorado.

7.º Los artículos 243 y 244 de la ley, 1.º, 2.º y 34 del reglamento general y bases 10 y 13 de la ley, así como los artículos 241 y 242 del Plan de estudios de Cuba, estableciendo la reciprocidad dependencia en que están las Autoridades académicas de la Dirección general de Instrucción pública y Ministerio de Fomento en la Península y de ese Gobierno general y del Ministerio de Ultramar en esa isla.

8.º Los artículos 15 y 20 del reglamento de segunda enseñanza de 7 de Diciembre de 1880, que tratan de las faltas que pudieran cometer los Catedráticos de los Institutos y de la forma de corregirlas.

9.º Y por último, la Real orden de 7 de Junio de 1883 y el Informe del Consejo de Instrucción pública que la precedió, expedida por este Ministerio, estableciendo el distrito universitario en esa expresada isla.

Considerando que la falta atribuida al Profesor Miranda de abandono de destino ó de cátedra no resulta suficientemente demostrada, pues si bien el 1.º de Octubre, en que empezaba el curso, no se hallaba presente para dar personalmente la enseñanza, se había ausentado del punto de su residencia en uso del derecho que tenía por el reglamento de hacerlo así durante el período de vacaciones; y si permaneció ausente, fue autorizado con el consentimiento de su Jefe, que no consideró necesaria su presencia durante el mes de Septiembre, y al empezar el curso, su cátedra estaba desempeñada por el Profesor de Francés, habiéndose verificado esto último en armonía con lo establecido en el art. 219 del Plan de estudios de 1880, según el cual los Catedráticos de los Institutos se auxiliarán unos á otros en vacantes, ausencias y enfermedades.

Que respecto de la cualidad de Catedrático interino que reúne Miranda, suponiendo que el nombramiento de los Profesores de esta clase es de exclusiva competencia del Gobierno general de esa isla, suposición semejante no tiene fundamento alguno, porque las facultades que por delegación de este Ministerio tiene conferidas la Autoridad superior de la isla, se reducen á proponer, en caso de vacante absoluta, las personas que reúnan los requisitos legales y considere idóneas para la enseñanza, quedando éstas encargadas provisionalmente de ella hasta que reciba la Real aprobación y con ella el nombramiento efectivo de los Catedráticos de esta clase.

En cuanto á la diferencia que se intenta establecer entre los Catedráticos propietarios y los interinos, excluyendo á éstos en absoluto de las prerrogativas y ventajas que les concede la legislación de Instrucción pública, tal diferencia no existe ni se encuentran tan bien lleno excluidos los últimos de estas ventajas. Varias son las disposiciones en que se alude á los Profesores interinos, tratándose con la consideración de tales Profesores, sin establecer diferencia alguna con los numerarios en cuanto al modo de cumplir sus deberes y ejercer las funciones que la ley les confiere, y entre ellas el art. 42 del reglamento de 22 de Mayo de 1859, dice: compón-m la Junta de Profesores en los Institutos los Catedráticos propietarios y los interinos de nombramiento Real, como lo es Miranda. El segundo párrafo del artículo 216 y los artículos siguientes á éste del Plan de estudios de 1880, tratan de los Catedráticos Interinos de los Institutos en algunos puntos de la isla establecidos, confiriéndoles derechos y ventajas especiales, y en ella misma estos Profesores interinos constituyen la Junta de Profesores y el Consejo de disciplina, ejercen el cargo de Director en sus respectivos establecimientos, dan la enseñanza, aprueban los estudios en ellos cursados y reciben de este Profesorado valórez académica todos los actos que la legislación de segunda enseñanza les concede.

El ejemplo aducido respecto de la separación del Catedrático del Instituto de Santa Clara, de haber sido declarado cesante sin formación de expediente, se halla presentado, no con toda la meditación ni conocimiento de los hechos que hubiera sido necesario; porque si el expediente se instruyó sin intervención del Jefe del distrito universitario, sería, tanto porque la Autoridad superior de la isla entonces, en el ejercicio perfecto de sus atribuciones, así lo creyera procedente, como porque este Ministerio hiciera uso de las suyas supremas que en nombre de S. M. ejerce, reservándose llenar aquel requisito del modo que juzgare más eficaz y conveniente, dentro siempre de las condiciones de la ley y las exigencias de la justicia.

La aplicación que al caso en que dicho Profesor se encontraba se hizo del decreto ley de 13 de Octubre de 1890, no sólo no se halla suficientemente justificada, sino que constituye un acto ejercido por una Autoridad incompetente para el caso concreto de que se trata.

Miranda, aunque interino, goza de los derechos e inmunidades que la ley concede á todos los Profesores sin distinción, y en el ejercicio de sus funciones como Catedrático no podía menos de hallarse dentro de la esfera de acción de la legislación de Instrucción pública, tanto para lo que le fuera favorable como adverso.

El mismo decreto ley, cuyo art. 51 se invoca en apoyo de la medida tomada, declarándole cesante, así lo da á entender de un modo terminante.

Se consideran comprendidos, se dice en el art. 1.º, en este decreto ley, los empleados de la Administración general del Estado en el Ministerio de Ultramar y en sus dependencias en la Península y los de las provincias sometidas á su acción y gobierno, cuyas carreras no están organizadas por disposiciones especiales.

Esto se halla de perfecto acuerdo con lo establecido por el Real decreto orgánico de la carreras administrativas de Ultramar de 15 de Julio de 1863, en cuyo art. 1.º se dice que las disposiciones que en él se contienen comprenden á todos los empleados que sirven en los ramos de Gobernación, Fomento y Hacienda, añadiéndose por el artículo 2.º que sus preceptos no son aplicables al Profesorado.

Sólo en el caso de que en la legislación que rige la segunda enseñanza en la isla de Cuba no se hubiera encontrado cláusula alguna en que pudiera haber sido comprendido el expresado Catedrático, podría haberse buscado en otra legislación, principalmente en el decreto ley aludido, los medios de proceder contra él.

Pero esto no podía suceder tampoco, porque en el reglamento de los establecimientos de segunda enseñanza, así como en el Plano de estudios, se hallan disposiciones en las cuales pudo colegirse desde luego que aquel Profesor se hallaba comprendido.

Mas para este hubiera sido necesario que el procedimiento incon- ducible hubiese llevado una marcha más ordenada.

El mal se engendró, según los indicios, por la ingenuidad del Rector, como Jefe del distrito universitario, que en cierto modo, dando carácter fiscal á la acción pura y simple de vigilancia y de inspección, afectos principalmente á su cargo, interceptó la petición de Miranda, respecto del cual, sin otrora, se propuso la medida de declararle cesante. Invocado como causa el caso ocurrido el año anterior en que obtuvo licencia y dos prórrogas, caso ofrecido como una falta en que reincidía, propuso el Rector que se tomará contra aquél la resolución expresada, audiéndolo para ello á privarle del derecho á ser juzgado, según la legislación especial á que por su cargo estaba sujeto.

Al hacerle comparecer ante la Autoridad superior de la isla, excluido de la cualidad de Profesor y solamente como un funcionario de la Administración civil, no fijó su atención el Rector en que, dentro de este estricto de acción, no cabía ya siquiera la intervención del Jefe del distrito universitario.

Todo esto no podía menos de dar motivo para que apareciesen, como aparecen, en la tramitación de este expediente algunas extrañas anomalías. Es la primera la iniciación del procedimiento en 28 de Octubre de 1892, en cuya fecha, por segunda vez, el Director del Instituto remitió al Rector la instancia de Miranda que le había sido entregada el 20 de Septiembre anterior, estando ya próximo el regreso de dicho Profesor, que lo verificó á mediados de Noviembre. Otra es la de haberse decretado la cesantía de éste por hallarse ausente y no haberse presentado á desempeñar su cátedra diez días después de haberse, en efecto, presentado en el Instituto y de hallarse dando en sus aulas la enseñanza que le estaba encomendada; y por fin, entre algunas otras más, la de no haberse llevado al expediente uno de los datos de mayor importancia en él, como lo era la carta oficial del Ministro de España en Venezuela, con la instancia y certificaciones médicas por las que Miranda solicitaba prórroga de licencia, documentos que estuvieron separados del expediente más de tres meses, unándose á éste al mismo tiempo que se recibía en ese Gobierno general la Real orden pidiendo el expediente.

Agregase, además, á lo dicho, que después de declarar cesante al Catedrático expresado, reiterándose la orden para excluirlo del Cuerpo de Profesores, no sólo se padece el olvido de participar esta cesantía á este Ministerio, sino que también se acuerda simultáneamente la provisión de la vacante, en la inteligencia de que al Gobernador general competía la facultad de nombrar y separar discrecionalmente á los Catedráticos interinos de Real nombramiento.

Todas las dificultades ofrecidas para la normal tramitación de este asunto, no pueden atribuirse á la falta de celo del Jefe del distrito universitario. No sólo son notorios su reconocida inteligencia y exquisitez celo, sino que precisamente, por el incesante afán con que atiende á las más mínimas necesidades de la enseñanza y del Profesorado, no puede menos de serle difícil, si no imposible, abarcar todas en la vasta extensión con que se dejan sentir en el dilatado territorio que comprende el distrito mencionado.

Además de esto, á lo que principalmente pueden atribuirse las causas de esta insuficiencia en los medios de proceder ordenada y metódicamente, es su duda á que, establecido el referido distrito en 1863, dándole por norma y en un sentido general la legislación que regulaba sus funciones en la Península, no podían menos de ofrecerse con