Gaceta de instrucción pública (1895-07-15 00:00:00), página 4

Teoría é Historia de las Bellas Artes, vacante en la Escuela provincial de Bellas Artes de Barcelona, se probará por oposición, con arreglo á lo dispuesto en el art. 5º del Real decreto de 13 de Febrero de 1890.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 5 de Junio de 1895.—A. Bosch.—Sr. Director general de Instrucción pública.

ACADEMIAS, ARCHIVOS, BIBLIOTECAS Y MUSEOS

Ilmo. Sr.: Instruido expediente sobre la validez ó nulidad de las inscripciones en el Registro general de la propiedad intelectual de segundas y posteriores ediciones de obras, y pasado á informe del Consejo de Estado, ha emitido este alto Cuerpo el dictamen siguiente:

«Excmo. Sr.: En cumplimiento de la Real orden comunicada por el Ministerio del digno cargo de V. R., este Consejo ha examinado la consulta propuesta por la Dirección general de Instrucción pública, relativa á las inscripciones hechas en el Registro de la propiedad intelectual de segundas y sucesivas ediciones de obras.

«Expósese en la referida consulta, que el art. 36 de la vigente ley de 10 de Enero de 1879 sobre propiedad intelectual, determina que para gozar de los beneficios que la misma concede es necesario haber inscrito el derecho en el Registro de la propiedad intelectual, declarando el propio tiempo que «el plazo para verificar la inscripción será el de un año, á contar desde el día de la publicación de la obra», y que «los beneficios de esta ley los disfrutará el propietario desde el día en que comenzó la publicación, y sólo los perderá si no cumple aquellos requisitos dentro del año que se concede para la inscripción».

De este artículo se desprende claramente: primero, que el plazo para la inscripción es el de un año, á contar desde el día de la publicación de la obra, y segundo, que no puede exceder de un año dicho plazo.

Por más que las palabras «publicación de las obras» del art. 36 no dejan lugar á duda y excluyen de su concepto gramatical y legal las reimpresiones y sucesivas ediciones de la obra (á no ser que ésta haya sido modificada o aumentada), vino constantemente desde la publicación de la ley entendéndose que el plazo para la inscripción podía contarse á partir de la fecha en que las obras fueran reimpresas en ediciones sucesivas, y así los autores ó propietarios presentaron sus obras en el Registro fuera del año de la primera edición, ó sea de la verdadera publicación á que se refiere la ley, y la Administración ha registrado estas diferentes ediciones hechas después de transcurrido el año de la primera. De esta suerte y por modo indirecto, se prolongó el plazo que el art. 36 determina para la inscripción.

Aparte de que este criterio de la inscripción de las segundas y sucesivas ediciones no es ajustado á la ley, échase de ver, no sólo leyendo el repetido art. 36, sino teniendo en cuenta que toda obra no inscrita podrá ser publicada de nuevo, ser impresa por el Estado, por las Corporaciones científicas ó por los particulares durante diez años, á contar desde el día en que terminó el derecho de inscripción (artículo 38 de la ley), y que si pasase un año más después de los diez sin que el autor ni su derechohabiente inscribían la obra en el Registro, que entrará esta definitiva y absolutamente en el dominio público (art. 39).

Es decir, que la ley castiga al autor ó propietario cuya obra no se inscriba dentro del año de la publicación con la pena de declarar que aquélla cayó en el dominio público por tiempo de diez años, al fin de los cuales la ley concede nuevo plazo (un año) al autor para recobrar la propiedad de la obra. Y claro es que si la ley no permite que el autor recobre la propiedad hasta después de pasar diez años, á contar desde el día en que terminó el derecho de inscribir la obra, no es posible autorizar que los autores lo recobren en cualquier tiempo con la presentación de segundas ó sucesivas ediciones hechas durante los diez años de que habla el art. 30. Así burlarían la ley y no pasaría obra alguna al dominio público, siendo letra muerta gran parte de los artículos de la ley y su reglamento.

A juicio de la Dirección, el autor que deja pasar el año de la publicación de la obra sin inscribir ésta, pierde la propiedad por diez años y no puede recobrarla hasta el año siguiente, los diez, sin que en todo este tiempo pueda, por lo tanto, inscribir las varias ediciones que tenga á bien reimpresión.

De lo cual se desprende que no es posible inscribir segundas y sucesivas ediciones de una obra para el efecto de acoger á éstas los beneficios de la ley, á no verificarse la reimpresión dentro del año de la publicación de la obra, ó sea de la primera edición, ó si la inscripción se verifica después de transcurrido el plazo de los diez años, á los efectos de recobrar la propiedad.

Hay otras inscripciones de segundas y sucesivas ediciones que son legítimas, pero de las que no hay que tratar; es, á saber: las hechas desde la publicación de la vigente ley hasta el 31 de Mayo de 1888, fecha en que se terminó el plazo del año después de organizados los Registros para los autores ó propietarios que con arreglo á los artículos 54 y 59 del reglamento quisieran acogerse á los beneficios de la vigente ley, no obstante tener el carácter de propietarios, con arreglo á la legislación anterior.

Ahora bien; acaso por influencias de los preceptos de la antigua ley, acaso por efecto de algunas leves contradicciones entre la ley nueva y su reglamento, ó quizá por espíritu de protección exagerada á los autores, es el caso que en todo tiempo se han hecho inscripciones de las segundas y sucesivas ediciones fuera del año de la publicación de la obra, ó sea de la edición primera, con infracción manifiesta de los artículos citados. Y como quiera que en virtud del Real decreto de 5 de Enero de 1894 (que reformó el art. 30 del reglamento y fijó un plazo para canjear el certificado de la inscripción provisional por el título definitivo de dominio), se presentan ahora los autores ó propietarios reclamando el canje en lo que se refiere á sus obras, muchas de las cuales han sido registradas en la forma dicha, ó sea por medio de segundas y sucesivas ediciones, y transcurre ya el plazo de un año, á contar del día de la publicación de la obra, ó sea de la primera edición, naturalmente surge la dificultad de si deben expedirse dichos títulos respetando las inscripciones hechas, aunque adolecen de vicios legales, ó si deben, por el contrario, anularse aquellas inscripciones.

La primera resolución implicaría la persistencia en el error después de reconocido éste y la consagración de inscripciones hechas contra ley; y la segunda perjudicaría á sus intereses á muchos autores y propietarios que, si bien padecieron error como la Administración, acaso hubieran solicitado la inscripción en el plazo legal si la Administración del Estado hubiera interpretado la ley de modo que ahora la interpreta la Dirección.

De todas suertes, urge adoptar una resolución terminante, por que el 31 de Diciembre expira el plazo para el canje de los títulos y son muchos los casos cuyo despacho se aplaza y es preciso resolver antes de dicha fecha. Y acaso merece equitativo para conciliar los reápetes que se deben á la ley con los intereses de los propietarios que se hallan en este caso, la concesión de un plazo improrrogable de dos meses para presentar en el Registro general de la propiedad intelectual los ejemplares que la ley señala de las primeras ediciones, para en su vista reformar las inscripciones hechas por medio de diligencias debidamente autorizadas, advirtiendo que quedarán dulas aquellas inscripciones que no se legitimen con la presentación de los ejemplares de las primeras ediciones, las cuales, por una ficción legal, se considerarán presentadas para todos los efectos en el plazo legal.

Quizá sea éste el medio menos evidente de legitimar unas inscripciones viciosas y respetar unos derechos de que están en posesión los propietarios por virtud de dichas inscripciones, pues de este modo se dejaría á salvo el precepto de la ley respecto á lo que entiende por publicación de la obra, pasando por esta vez por las inscripciones hechas fuera del plazo, pero sometiéndola á una reforma ó legitimación que afirme el respeto que á la ley se debe.

Por último, propone la Dirección de Instrucción pública que, dada la importancia del caso, y como para revestir la resolución que se dicte de mayor autoridad, sea mediante un Real decreto.

Pocas consideraciones tiene que agregar este Consejo á las expuestas en la consulta precedente para justificar la necesidad de poner término al estado actual de cosas, motivado por la inobservancia de los preceptos de la ley vigente de Propiedad Intelectual.

Arranca el decreto que ésta garantiza á los autores y propietarios de obras, de la inscripción de las mismas y determina el plazo de un año para verificar esta inscripción.

Debe, pues, la ley ser respetada y cumplida con toda exactitud. Pero ante el hecho constante y repetido desde su promulgación de inscribirse las obras, no al publicarse, sino las ediciones sucesivas de las mismas, cualquiera que sea el tiempo de su publicación con relación á las ediciones primeras, se ha introducido una práctica que, aunque contraria á la ley, ha creado, reconocido y garantizado derechos siempre respetables que no pueden desconocerse, con tanto más motivo cuanto que no es imputable la culpa á los particulares.

Causaría, en efecto, una perturbación grave la declaración de que todas las inscripciones de obras en el Registro desde la fecha en que comenzó á regir la ley vigente de propiedad intelectual que fueron segundas ó ulteriores ediciones de obras no inscritas á su debido tiempo, fueran anuladas.

Por eso, al entender el Consejo que debe de hoy en adelante restablecerse en toda su integridad la práctica de lo ordenado en la ley, cree también que deben estimarse como válidas las inscripciones verificadas de las segundas ó ulteriores ediciones de obras, sin que se requiera para ello, como previene la Dirección, que se haga ratifica-