Gaceta de instrucción pública (1896-05-30 00:00:00), página 3

ha existido en todo lo referente á la propiedad intelectual desde la fecha de la ley vigente, ó sea desde 10 de Enero de 1879 hasta época bien reciente, quizá como indica la Dirección de Instrucción pública, por el carácter de provisionalidad que tuvo el Registro hasta la ley de 30 de Junio de 1894, que lo convenció á un Cuerpo facultativo, es el hecho que han venido inscribiéndose gran número de obras, sin que al hacerlo ni al extender el certificado provisional se exigieran por los Bibliotecarios los documentos reglamentarios.

Esto, unido al incumplimiento del segundo párrafo del art. 30 repetido, referente al canje de los recibos o certificados provisionales por los definitivos, creó una situación imposible de sostener.

Con objeto de poner término á estos abusos se dictó el Real decreto de 5 de Enero de 1894, de conformidad con la consulta de este Consejo, fijando un plazo para verificar el canje anteriormente, y ocurrió lo que no podía menos de suceder: que dado el largo tiempo transcurrido desde que se expedieron los certificados provisionales faltos de documentación bastante, al exigirse ahora por las oficinas de ese Ministerio la subsanación de ese defecto, en la inmensa mayoría de los casos ha sido imposible cumplir este requisito; y se comprende que esto haya sucedido, porque el título traslativo del dominio de una obra que, por tanto, acredita la propiedad de la misma á favor del que verifica la inscripción, es difícil que pueda adquirirse después de mucho tiempo de realizado, ya porque por haber fallecido los autores ó sus herederos, ó por ignorarse donde residen, sea materialmente imposible, ya porque precisa hacer investigaciones ó extender documentos cuyo coste supera con exceso el valor de la obra.

En este estado las cosas, ¿qué criterio deberá seguirse? ¿Procederá exigir con todo rigor en cada caso la presentación de los documentos justificativos de la pertenencia de la obra, bajo pena de que no se haga así no se efectuará el canje, y se tendrán, por tanto, las inscripciones por no realizadas?

Entiende este Consejo que esta grave solución, sobre ser injusta, no está conforme con el espíritu de la ley vigente de propiedad intelectual.

Sería injusta, porque si bien es cierto que con arreglo á los artículos 9º y 24 del reglamento los editores deben presentar los testimonios fiduciarios de su derecho, también lo es que los funcionarios encargados á este efecto por la Administración deberán exigirlos, y sin ellos no expedir, como lo hicieron, los certificados provisionales.

No estaría tampoco dicha solución de acuerdo con el espíritu de la ley sobre propiedad intelectual vigente, porque ésta no establece las distinciones que el reglamento entre la inscripción provisional y la definitiva, reconociendo solamente y garantizando la propiedad desde que se haya inscrito la obra.

No puede olvidarse que la propiedad intelectual tiene un carácter especialísimo que la diferencia de las demás, en cuanto no es limitada en su uso y aprovechamiento. Por eso el Estado y la ley al garantizarla no hacen más que sustanciar á dominio público durante cierto período de tiempo, convirtiéndola en una propiedad privada ó de particulares. Ahora bien: cree este Consejo que, una vez inscrita una obra, siquiera sea provisionalmente, no cabe duda de que está acogida á los beneficios de la ley, y tiene durante el plazo en esta establecido el carácter de propiedad privada, sin que esto decida nada acerca de la pertenencia de la misma á favor de determinada persona. Si por no haberse presentado los títulos justificativos de las transmisiones de dominio se suscite alguna duda acerca de quien era el verdadero propietario, á los Tribunales de justicia corresponderá resolver esta cuestión, mediante la presentación de los oportunos medios de prueba. Pero en el mero hecho de haberse verificado la inscripción, se ha sustentado la obra al común aprovechamiento y tomado cuerpo como verdadera propiedad.

De este concepto deduce el Consejo la solución que ha de darse al caso que aquí se discute. Todas las obras inscritas en el Registro de la propiedad intelectual, á partir de la ley de 10 de Enero de 1879, constituyen verdadera propiedad, y la Administración no puede negarse á expedir los certificados que de dichas inscripciones pidan los que las verifiquen, cuyo canje es un precepto obligatorio con arreglo al reglamento; pero estos certificados definitivos de inscripción no pueden conferir más derechos que el hecho de que emanen y deben, por tanto, expresar en cada caso concreto, si se han presentado ó no los títulos de dominio ó traslativos del mismo, consignando que se expidan «salvo mejor derecho», que podrá demostrarse ante los Tribunales.

De esta manera, y en armonía con el contenido de la ley, puede resolverse esta cuestión cumpliéndose las prescripciones reglamentarias respecto al canje de las inscripciones, y no lesionando ningún género de derechos.

El Consejo es, por tanto, de parecer:

1.º Que respecto á todas las obras inscritas desde 10 de Enero de 1879 á 4 de igual mes de 1894, la Administración debe verificar el canje á que se refiere el art. 30 del reglamento, expediendo certificados de inscripciones definitivas á todos los que, habiendo obtenido los certificados provisionales, lo soliciten dentro del plazo fijado, sin que para ello se les exija presentación de nuevos documentos justificativos de las transmisiones de dominio, y expresando en cada certificado que se expida si estos documentos han sido ó no presentados, y en caso negativo se consigne la fórmula de «salvo mejor derecho».

2.º Que para lo sucesivo se entienda aclarado el art. 9º del reglamento de 3 de Septiembre de 1890 en el sentido de que cuando por cualquier motivo no fuere posible presentar documento público, será bastante un documento privado presentado con arreglo á la ley del Timbre, y teniendo en cuenta que en estas inscripciones se consignará la fórmula de «salvo mejor derecho».

Además de lo expuesto, que tiene por objeto resolver la consulta formulada, cree el Consejo de su deber hacer presente la dificultad que para lo sucesivo seguramente presentándose, de cumplirse con todo rigor la prescripción del art. 9º del reglamento, por cuanto son muchos los casos en que, por el precio de las obras ó por las circunstancias especiales en que se verifica la transmisión de dominio, no se consigna ó no puede consignarse ésta en documento público, y por tanto, para evitar esta obstaculización del reglamento, que se opone á las facilidades y garantías que á este género de propiedad tiende á conceder la ley vigente, podrá adoptarse el repetido artículo 9º, expresando que en los casos en que por cualquier circunstancia no fuere posible presentar documento público, se estime suficiente un documento privado con las condiciones exigidas por la ley del Timbre, y teniendo en cuenta que, para estos casos, al verificar las inscripciones, debe hacerse constar la cláusula de «salvo mejor derecho».

Y considerando que la única cuestión que se debate en este expediente y que los editores de Barcelona plantean por medio de su instancia, es si procede expedir los títulos definitivos de dominio de las obras inscritas desde 10 de Enero de 1879 á 4 de igual mes de 1894, dispensando á los interesados del cumplimiento de los artículos 9º y 24 del reglamento de 3 de Septiembre de 1890.

S. M. el Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conformarse con la primera de las dos conclusiones del informe del Consejo de Estudio, y en su consecuencia, dispone que respecto á todas las obras inscritas desde 10 de Enero de 1879 á 4 de igual mes de 1894, se verifique el canje á que se refiere el art. 30 del reglamento, expediendo certificados de inscripción definitivos á todos los que, habiendo obtenido certificados provisionales, lo soliciten dentro del plazo fijado, sin que para ello se les exija presentación de nuevos documentos justificativos de las transmisiones de dominio, y expresando en cada certificado que se expida si estos documentos han sido ó no presentados, y en caso negativo la fórmula de «salvo mejor derecho».

De Real orden lo comunicó á V. I. para su conocimiento. Madrid 81 de Julio de 1895.—A. Bosch.—Sr. Director general de Instrucción pública.

LOS CONSEJEROS DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA

D. Ricardo Becerro de Bengoa.

Sus primeras tareas periodísticas, que aparecieron en la prensa vascongada cuando contaba diez y siete años, datan de 1863, en que publicó varias descripciones artísticas de Alava y de Vitoria, su pueblo natal.

Cursó la carrera de Ciencias en las Universidades de Valladolid y de Madrid, y ganó por oposición la cátedra de Física y Química de Palencia, en 1870.

En el Ateneo de Vitoria hizo sus primeras armas como orador científico y literario, y en la Asociación Liberal Vitoriana como fuertista y político. En esta ciudad fundó el primer periódico humorístico vitoriano, El Mentiroso, que ilustró con numerosas caricaturas; redactó la revista El Ateneo, y el periódico El Provenir Alave, y dio á conocer las descripciones arqueológicas de muchos pueblos y edificios de la provincia.

En 1878, á propuesta de su maestro de excursiones artísticas, el ilustre Amador de los Ríos, fue nombrado Académico correspondiente de la de la Historia.

El Ayuntamiento de Vitoria le encargó que redactara la historia y descripción del país, como lo hizo, publicando El libro de Alava, por lo cual fue nombrado cronista honorario de Vitoria.

En agradecimiento á esta distinción, escribió la obra titulada Romances alaves, ilustrándola con curiosos dibujos.

Durante su estancia en Palencia fundó el Observatorio meteorológico, el Ateneo científico y literario, publicando dos tomos de la revista así llamada; dirigió la Exposición provincial de 1878; dio á luz El libro de Palencia; representó á la provincia en la Exposición universal de Minería de Madrid, instalando la colección completa de sus producciones; dirigió los periódicos El Diario palentino, La Revista Castellana, Aquello (ilustrado con grandes dibujos) y El Trabajo, y publicó la colección de Excursiones castellanas.

Su maestro de excursiones prácticas en Palencia, León y Valladolid, fue el inolvidable arquitecto y peritísimo dibujante D. Juan de Madrazo.