Gaceta de instrucción pública (1892-06-25 00:00:00), página 2

ACADEMIAS, ARCHIVOS, BIBLIOTECAS Y MUSEOS
Real orden.—Ilmo. Sr.: De conformidad con lo informado por las Reales Academias de la Historia y de Bellas Artes de San Fernando, y teniendo en cuenta el mérito histórico y artístico de la Colegiata de Toro (Zamora);
S. M. el Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer sea declarado Monumento Nacional la referida Colegiata, encomendando su custodia á inspección á la Comisión de Monumentos de aquella provincia, á fin de que no sufra detrimento su integridad y belleza artística.
De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 4 de Abril de 1892.—Linares Rivas.—Sr. Director general de Instrucción pública.

MINISTERIO DE FOMENTO.—Exposición.—Señora: Las vicisitudes por que ha pasado el Cuerpo facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios, principalmente á consecuencia de haberse derogado en 10 de Noviembre de 1868 el Real decreto orgánico de 12 de Junio de 1867 y de la reorganización que hubo de hacerse con arreglo al de 12 de Febrero de 1875, fueron causa de algunas cesantías en individuos del expresado Cuerpo, que no salieron de él, ni por sentencia ejecutoria, ni por falta que motivase expediente gubernativo, ni por renuncia de su derecho, ni por haber estado más de dos años en situación de supernumerarios sin solicitar su reingreso tampoco, ni por haber renunciado á sus cargos.
Aquellas cesantías no implicaban tacha alguna, y por esto los reglamentos del Cuerpo de 5 de Julio de 1871 y 12 de Febrero de 1875, antes citados, dispusieron que los cesantes que no tuvieran nota personal desfavorable en el servicio pudieran volver á él, siempre que existiesen vacantes y á medida que el Gobierno juzgara oportuno irles adjudicando, hasta la total extinción de la clase.
Todavía existen algunos individuos en este caso, quizás por haber quedado á la facultad discrecional del Gobierno la de fijar el momento oportuno para ir adjudicando las vacantes; y á que desaparezca aquella clase en breve término obedece el adjunto proyecto de decreto, inspirado en una idea de equidad en el sentido de varios dictámenes del Consejo de Instrucción pública, y de conformidad con lo propuesto últimamente por la Junta facultativa del Cuerpo.
Por todo lo expuesto, el Ministro que suscribe tiene la honra de someter á la aprobación de V. M. el siguiente proyecto de decreto.
Madrid 19 de Junio de 1892.—Señora: A L. B. P. de V. M., Aureliano Linares Rivas.
Real decreto.—De conformidad con lo propuesto por el Ministro de Fomento:
En nombre de mi augusta hija el Rey D. Alfonso XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo 1.º Los cesantes del Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios que no lo sean á consecuencia de sentencia ejecutoria ó por virtud del expediente gubernativo de que trata el art. 65 del reglamento de 18 de Noviembre de 1867, ó por haber renunciado sus plazas, ó dejado transcurrir con exceso el plazo de dos años que tienen los supernumerarios para volver al Cuerpo, según lo prescrito en los artículos 22 y 23 del citado reglamento, podrán reclamar su reposición con la categoría y grado que antes disfrutaron dentro del plazo improrrogable de dos meses, contados desde la fecha de este Real decreto.
Art. 2.º Los que con arreglo al artículo anterior sean declarados con derecho á la reposición ingresaran en las vacantes que existan y ocurriese naturalmente, ocupando el último lugar de sus respectivos grados y sin que tengan derecho á sueldo alguno, ni al abono de servicio en el tiempo que hubieren estado fuera del Cuerpo. En el caso de que tengan derecho á la reposición dos ó más cesantes del mismo grado, se atenderá á su antigüedad en la escala para el orden de prelación en el reingreso.
Art. 3.º Se entenderá que renuncian á su derecho los que no soliciten la reposición en el plazo fijado. Terminado éste, se inscribirán en el Cuerpo por los medios que establecen los artículos 6.º y 12 del Real decreto de 18 de Noviembre de 1867, salvo el derecho que se otorgue individualmente á los que hayan reclamado en tiempo.
Dado en Aranjuez á diez y nueve de Junio de mil ochocientos noventa y dos.—María Cristina.—El Ministro de Fomento, Aureliano Linares Rivas.

AL SR. MINISTRO DE FOMENTO

UNA SOLUCIÓN
El estado deplorable en que se encuentra gran parte del Magisterio por la irregularidad constante en el pago de sus escasos haberes y la protección á que es acreedor por la penosa misión que desempeña, son los dos puntos fundamentales en que debe apoyarse el Ministro de Fomento para resolver la tan famosa y debatida cuestión de que el Estado abone sus sueldos al Magisterio.
Nosotros, que tenemos verdadera pasión por que el Maestro sea atendido como se merece, vamos á expusen unas bases, con las cuales creemos que podrá formularse una ley para el objeto indicado.
Existen en España unos 24.000 Maestros, cuyos haberes importan próximamente 18.313.967 pesetas. Según el estado de la Inspección general de enseñanza publicado en la Gaceta del 14 de Diciembre de 1891, aparece que en la mayoría de las provincias no se había pagado el día 10 de Noviembre todo lo que importaba el primer trimestre del corriente año, es decir, de los meses de Julio, Agosto y Septiembre, lo cual prueba que hay muchos Ayuntamientos que no tienen suficientes recursos para el pago de las atenciones de la primera enseñanza.
Hay que convencerse que no todos estos Municipios dejan de satisfacer sus sueldos á los Maestros porque no quieren, ni tampoco muchos los pagan por estar enemistados con los Maestros, ni las cuestiones del caciquismo serán, en la mayoría, causa de que los Maestros perezcan de hambre; hay muchísimos Ayuntamientos, muchísimos, que no tienen recursos para pagarles, tanto por los déficits que unos tienen de años anteriores, como otros por estar arruinados á causa de las malas cosechas, y siendo éstas el sostén de gran parte de los pueblos interiores de España, no sólo no pueden satisfacer dichas atenciones, sino que no cuentan con recursos suficientes para atender las más ineludibles obligaciones de sus administrados. Tanto el Gobierno como los Maestros deben convencerse de que lo único que puede salvar la situación afectiva de éstos es que el Estado, sin intervención para nada de los Municipios, pague sus haberes al Profesorado de primera enseñanza.
Para llevar á cabo la proyectada ley que indicamos con la cual terminará de una vez la precaria suerte que aflige á gran parte del Magisterio de España, diremos que si los 9.287 Ayuntamientos deben pagar las 18.313.967 pesetas, y sólo satisfacen, por término medio, unas 15 millones, hay un déficit anual contra los Maestros de 3.313.967 pesetas.
Este déficit puede disminuirse con los Ayuntamientos que puedan pagar á los Maestros no lo hacen, por invertir la cantidad consignada á esta atención en otras no tan sagradas obligaciones. Se disminuye también con aquellos Ayuntamientos que por encima ó por cuestiones políticas con los Maestros no les quieran satisfacer sus sueldos y buscan medios legales que comprueben que no les es posible abonarles sus haberes; más de un caso se ha visto en que habiendo sido trasladado un Maestro adeudándole muchas mensualidades y pagándole algunas con muchísimo atraso, entre otro que es paciente del Alcalde ó Secretario, y, cosa rara, se le ha satisfecho sus haberes al corriente.
Por lo tanto, el déficit referido, descontadas las cantidades que deben pagar estos Ayuntamientos y que el Estado les obligaría á ello, queda reducido á dos terceras partes, ó sea á 2.209.312 pesetas, que es lo único que el Gobierno tendría que abonar si pasea al Estado el pago de los Maestros.
La ley que proyectamos tendrá sólo tres artículos; el primero podrá decir: Desde 1.º de Julio de 18..., el Estado se encarga del pago de los haberes de los Maestros de todas las Escuelas públicas de España. En el segundo se expresará la clase de Escuelas que comprende de esta ley. En el tercero se dispondrá el aumento de una pequeña cantidad en las cédulas personales como un impuesto que se titularía de primera enseñanza, y el cual sería obligatorio para todos los españoles que tuviesen que obtener la cédula personal.
Vamos á demostrar las razones de cada uno de los anteriores artículos. Del primero sólo hemos de decir que en la conciencia del Gobierno está que el pagar el Estado á los Maestros es un deber inculpido, porque no sólo así lo consignó en la célebre ley de Instrucción pública de 1857 el inolvidable D. Claudio Moyano, sino que igual derecho tiene el percibo de sus haberes los que guían el niño y le educan en las primeras nociones del saber, que los Catedráticos de los demás Centros oficiales de enseñanza que completan el conocimiento del hombre.
Si á éstos les paga el Estado mensualmente, no es justo ni existe derecho alguno ni fundamento de ninguna clase para que á aquéllos no se les conceda lo que á éstos, debiendo tener iguales derechos ya que tienen idénticas obligaciones.
Por ley de la naturaleza todo el que necesita buscar su sustento y el de su familia tiene que trabajar; pero también es evidente que al que trabaja debe pagársele. Porque creemos un absurdo el que haya personas alguna que se pueda figurar que los Maestros no tienen las necesidades ordinarias de la vida como los demás mortales; y por tanto que no deben percibirlo lo que tan penosamente ganan.