Gaceta de instrucción pública (1894-02-15 00:00:00), página 3

Análogos males se lamentaban en la Península, donde la situación de los Maestros de primera enseñanza no podía ser más afflictiva, y á remediarla acudió la ley de 16 de Julio de 1897, de cuya aplicación á las Antillas se trata ahora.

La experiencia ha venido á acreditar el acierto con que entonces se procedió, y los resultados obtenidos por virtud de aquella ley para mejorar la suerte del Profesorado de instrucción primaria, pueden calificarse de brillantes. El Ministro que suscribe deseaba hace tiempo aplicar sus disposiciones á las Antillas; deteniéndose solamente el temor de que, dada la situación afflictiva en que se encuentra el Profesorado de la isla de Cuba, el pequeño descuento que había de imponerse á sus asignaciones agravara el mal lejos de contribuir al remedio.

Resuelvase por fin á intentarlo, ya porque sería injusto limitar la reforma á Puerto Rico, donde no existen estas dificultades, ya también porque considera que, cuando la ley del 87 se implantó, la situación de los Maestros de la Península no difería gran cosa de la que hoy atraviesan los de Cuba, siendo, á pesar de estas circunstancias, notorio el beneficio conseguido.

Recoge, pues, íntegramente el adjunto proyecto de decreto los preceptos de la ley del 87, tantas veces citada, y los adiciona extendiéndolos, inspirado en sentimientos de justicia, á los Profesores de las Escuelas Normales e Inspectores de primera enseñanza que, dedicados al servicio oficial y en posesión de los títulos profesionales correspondientes, tienen derecho á no verse privados de las ventajas que á los Maestros se otorgan.

Habiendo deseado el que suscribe djar en la Habana la residencia de la Junta Central, que, á semejanza de la establecida para la Península, se crea por el art. 6.º del decreto; pero la situación anormal por que atraviesa la enseñanza en la isla de Cuba le induce á desistir ahora del propósito, sin perjuicio de lo que pueda resolverse una vez convertido en ley el proyecto de reformas en el Gobierno y la Administración de Cuba y Puerto Rico.

La Junta se establecerá, pues, en Madrid, y se constituirá de un modo apropiado para que los Maestros depositen en este organismo la más absoluta confianza, y comprendan que en él encontrarán siempre amparo para sus legítimos intereses y defensa para sus derechos.

Otra de las modificaciones que en el texto de la ley peninsular se introducen consiste en la concesión de pensiones temporales además de las vitalicias. Dispone el art. 10 de aquella ley que si cualquiera de los Profesores fallece antes de cumplir los veinte años de servicios, se devolverán á su viuda ó huérfanos las cantidades que hubiere abonado por razón de descuento de sus sueldos.

Esta prescripción, difícilmente de cumplir, aun tratándose de la Península, y la liquidación é que obliga de las sumas descontadas, que habrá de comprenderse á veces gran número de años, obligando á buscar los datos necesarios para practicarla en diferentes Juntas provinciales, presenta en Cuba, sobre todo, dificultades de tanta monta, que se ha preferido sustituir tal precepto con la creación de pensiones temporales, mediante las que habrá de conseguirse luchar á la famosa del Maestro, sorprendido por la muerte antes de alcanzar el plazo mínimo de jubilación, de la miseria y el abandono en que de otro modo habría de encontrarse.

Pensiones semejantes á las que el presente decreto otorga, se establecían en el proyecto de ley de 20 de Mayo de 1862, puesto en vigor por la ley de 12 de Agosto de 1866 y hecho extensivo á las carreras civiles de Ultramar por el art. 106 del reglamento orgánico del propio año; y aunque la penuria del Tesoro impidió por entonces su completa ejecución, no debe abrigarse en el presente caso igual temor, así por ser otras las circunstancias, como principalmente, porque establecidas ahora las pensiones sobre la base de una estricta mutualidad, los haberes mismos del Profesorado administren los fondos de que se nutre la caja común, con cargo á la que han de abonarse las pensiones y jubilaciones, que tan indudables beneficios han de reportar á los individuos todos que constituyen esta respectable clase.

Fundado en las razones expuestas, el Ministro que suscribe tiene la honra de someter á la aprobación de V. M. el adjunto proyecto de decreto.

Madrid 1.º de Febrero de 1894.—Señora: Á L. R. P. de V. M., Antonio Maura y Montalier.

Real decreto.—Conformándose con lo propuesto por el Ministro de Ultramar, usando de la autorización concedida por el art. 31 de la vigente ley de Presupuestos de Cuba, de acuerdo con el Consejo de Ministros;

En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfonso XIII, y como Reina Regente del Reino,

Vengo en decretar lo siguiente:

Artículo 1.º Los Profesores de las Escuelas Normales, Inspectores de instrucción pública, Maestros, Maestras y Auxiliares en propiedad de todas las Escuelas públicas de primera enseñanza en las islas de Cuba y Puerto Rico, tendrán derecho á jubilación desde 1.º de Enero de 1895, con arreglo á las prescripciones del presente decreto. De igual manera las viudas tendrán derecho á pensión, y á orfandad los hijos legítimos de aquellos que hubieren sido jubilados ó fallecidos en el ejercicio de su profesión, entendiéndose huérfanos para los efectos de este decreto los hijos de Maestra que hubiere fallecido, aunque viva el padre. Este derecho se reconoce á los hijas varones menores de diez y seis años y á las hijas solteras. Los actuales Maestros, Maestras y Auxiliares que careciendo de título ó certificado de aptitud contengan quince años de servicio en la enseñanza pública á la fecha de este decreto, obtendrán los mismos derechos. Hn lo sucesivo sólo podrán concederse á los que posean título profesional ó certificado de aptitud, desde el día que lo acrediten.

Art. 2.º Las pensiones se dividen en vitalicias y temporales. Son pensiones vitalicias las de que habla el artículo anterior, y temporales las concedidas á las viudas ó huérfanos de los Inspectores, Profesores normales, Maestros y Auxiliares que fallecieren antes de contar el número mínimo de años de servicio necesario para obtener ó haber obtenido la jubilación.

Art. 3.º El reglamento para la ejecución de este decreto determinará las condiciones necesarias para la declaración de derechos pasivos, con sujeción estricta á las siguientes bases:

1.º La escala de jubilaciones se establecerá con arreglo á los períodos de veinte, veinticinco, treinta y treinta y cinco años de servicio.

2.º No habrá jubilación superior á 1.200 pesos, y en ningún caso excederá de las cuatro quintas partes del sueldo regulador.

3.º Las pensiones vitalicias de viudedad y orfandad consistirán en dos tercios de la jubilación concedida ó que hubiera correspondido al finado.

4.º Las pensiones temporales serán de 10 céntimos al año del sueldo regulador, y su duración, á contar desde el fallecimiento del Profesor, se ajustará á la siguiente

    Years of service
    Pension duration (years)

    Más de 16 años
    14

    De 14 á 16
    12

    De 12 á 14
    11

    De 10 á 12
    10

    De 8 á 10
    9

    De 6 á 8
    8

    De 4 á 6
    7

    De 2 á 4
    5

    Menos de 2 años
    Igual tiempo que el servido.

Art. 4.º Los fondos para atender al pago de estas jubilaciones y pensiones serán:
1.º Una subvención que el Gobierno consigne cada año en los presupuestos generales de las islas de Cuba y Puerto Rico, la cual no bajará de 6.000 pesos en el de Cuba y 4.000 en el de Puerto Rico.
2.º El 10 por 100 de la suma total á que ascienda el presupuesto del material de enseñanza de las Escuelas Normales y de instrucción primaria en ambas islas.
3.º El producto de los haberes personales correspondientes á las Escuelas vacantes hasta el nombramiento y toma de posesión de los interinos.
4.º El importe de la mitad de los sueldos asignados á los Maestros que sirvan interinamente Escuelas públicas, siempre que su dotación exceda de 300 pesos.
5.º El importe del descuento de 3 por 100 sobre el sueldo de los Profesores de las Escuelas Normales, Inspectores, Maestros, Maestras y Auxiliares comprendidos en el art. 1.º que gozan de los beneficios de este decreto.
El Gobierno, oyendo á la Junta que se orea por el art. 6.º, y en vista de los resultados obtenidos cada cinco años, reducirá el anterior descuento á la suma que considere necesaria; pero sólo será responsable del pago de estas atenciones hasta donde alcancen los fondos designados en el presente decreto.

Art. 5.º Las Juntas provinciales de Instrucción pública de Cuba y Puerto Rico recaudarán desde el próximo año económico de 1894-95 las cantidades que se determinan en los párrafos segundo, tercero, cuarto y quinto del art. 4.º, y las depositarán en cuenta corriente de transferencia en el Banco español ó sus sucursales de la isla de Cuba, y en el Banco español de Puerto Rico respectivamente.

Art. 6.º Se crea en Madrid una Junta central de Derechos pasivos del Ministerio de primera enseñanza de las islas de Cuba y Puerto Rico, á la cual corresponderá el cobro de la subvención del Estado, la declaración de los referidos derechos, la administración de los fondos, su distribución y la ordenación y pago de jubilaciones y pensiones en los puntos que considere necesario ó juzgue conveniente, á petición