Gaceta de instrucción pública (1893-11-05 00:00:00), página 2

Art. 5.º Los Ministros de Hacienda y Fomento dictarán las disposiciones necesarias para el cumplimiento de este decreto.
Quedan derogadas las disposiciones que se opongan al mismo.
Dado en Palacio á veinticuatro de Octubre de mil ochocientos noventa y tres.—MARÍA CRISTINA.—El Ministro del Consejo de Ministros, Príncipes de Asturias.

MINISTERIO DE HACIENDA.—Real decreto.—A propuesta del Ministro de Hacienda, de acuerdo con el Consejo de Ministros, y para que tenga debido cumplimiento lo mandado en el decreto de esta fecha sobre pago de las atenciones de primera enseñanza; en nombre de mi augusta hija el Rey D. Alfonso XIII, y como Reina Regente del Reino, Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo 1.º Se confiere á los Delegados de Hacienda en las provincias la atribución de ordenar los pagos que deban hacerse á los Ayuntamientos por los recargos impuestos sobre las contribuciones de inmuebles, cultivo y ganadería industrial y de comercio, en la forma y con la aplicación que determina el art. 30 de la vigente ley de Presupuestos.
Art. 2.º Por el reconocimiento, liquidación y pago de dichas obligaciones, rendirán los Delegados de Hacienda cuenta mensual de Gastos públicos al Tribunal de las del Reino, por conducto de la Intervención general de la Administración del Estado.
Art. 3.º Las liquidaciones se cerrarán el día 20 del último mes de cada trimestre, y dentro de los diez días siguientes se verificarán las operaciones necesarias para que las Cajas provinciales abran el pago de las atenciones de primera enseñanza el día 1.º del inmediato. Las referentes á capitales de provincias y poblaciones asimiladas, se practicarán y abonarán mensualmente.
Art. 4.º El Ministro de Hacienda dictará las disposiciones necesarias para la ejecución del presente decreto.
Dado en Palacio á veinticuatro de Octubre de mil ochocientos noventa y tres.—MARÍA CRISTINA.—El Ministro de Hacienda, Germán Gamazo.

Reales órdenes.—Ilmo. Sr.: No se ocultan á este Ministerio las graves dificultades y las múltiples incidencias que se oponen á una reforma en el reglamento de oposiciones á Escuelas que corte de raíz los defectos que la experiencia ha puesto de relieve, y que satisfaga las legítimas aspiraciones del Magisterio de primera enseñanza y de cuantos desean ingresar en él, utilizando el noble procedimiento de la oposición.
Son tan diversas las opiniones que respecto á la reforma indicada se sustentan; tan inmenso el clamorante ante hechos recientes; tan grande la ansiedad por que se llegue á una solución de armonía y de justicia, que parece punto menos que imposible ostentar la creencia de que el proyecto que se remite al Consejo de Instrucción pública sea el más viable y el que resuelva el problema; pero siendo indudable también que reina perfecta unanimidad en la urgencia de resolverlo, el Ministerio estima, como uno de sus más perentorios deberes, hacerse intérprete de dicha unanimidad, y, al efecto, en su proyecto planteará los principales términos de la cuestión, ó sean los que se relacionan con la centralización de las oposiciones en las capitales de los distritos universitarios, con la forma de constituir los Tribunales y Autoridad á que compete su elección, y con las dietas que han de disfrutar los Jueces.
Son todos estos extremos los que ofrecen mayor discusión, porque mientras unos pretenden que se habiliten todas las capitales para las oposiciones, con el fin de dar mayor acceso á los que no poseen grandes medios para viajar, y más cumplida intervención á todos los intereses provinciales, entienden otros que la severidad é importancia del acto exige se verifique allí donde están acumuladas todas las representaciones pedagógicas.
Solicitan algunos que se formen los Tribunales con Maestros, sin intervención de elementos extraños, y desean, en cambio, otros que se eleve la categoría del Tribunal dando participación á las ciencias y á las letras en sus diversas manifestaciones, porque de esta suerte, á la vez que se satisface una exigencia científica, se suavizan los rozamientos y se salvan los peligros que pudiera ocasionar la participación única y exclusiva del Maestro propiamente dicho.
Asimismo muchos que se formen los Tribunales obedeciendo á una y elevada Autoridad, que, libre de apasionamientos y ajena á intrigas, pueda elegir Jueces símbolo de la más estricta justicia.
Y es opinión generalísima, para que todo trabajo se recompense, la del restablecimiento en una ú otra forma de las dietas, porque hoy los que deben serlo no desean ser Jueces, efecto de no poder sufragar los gastos que ocasiona esta Comisión, y lo pretenden los que por esta razón sólo suscitan la desconfianza del Magisterio.
En vista de los expuestos motivos, sin desconocer los perjuicios que han de sufrir con la presente resolución algunos intereses particulares, siempre respetables, pero nunca tanto como los supremos de la enseñanza y de la justicia;
S. M. el Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido disponer por ahora la suspensión de las oposiciones que según las disposiciones vigentes habían de verificarse en Noviembre próximo, con el objeto de que éstas se realicen sujetándose á la reforma que se proyecta y sobre la cual se reclama la oportuna consulta del Consejo de Instrucción pública. Una vez evacuada, se verificarán los ejercicios de oposición, único sistema empleado hasta el día para proveer nuestras Escuelas, pero sistema llamado á modificarse cuando por virtud de progresivas evoluciones de nuestras leyes y costumbres se llegue al planteadimiento de otros más adecuados y que tiendan á limitar ó suprimir las oposiciones, unificando y escalafonando al efecto el Magisterio que nuestras nuevas Normales lancen á las luchas supremas de la enseñanza pública, punto culminante acerca del cual llama el Ministerio la atención del Consejo de Instrucción pública para que emita el oportuno informe.
De Real orden lo digo á V. I., para su conocimiento y efectos correspondientes. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 25 de Octubre de 1893.—Moret.—Sr. Director general de Instrucción pública.

Ilmo. Sr.: Para llevar á efecto lo dispuesto en los Reales decretos de la Presidencia del Consejo de Ministros y Ministerio de Hacienda de 24 del corriente mes, sobre pago de obligaciones de primera enseñanza; S. M. el Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien dictar las prevenciones siguientes:
1.º Los estados de cantidades que las Juntas provinciales de Instrucción pública deben remitir inmediatamente á las Delegaciones de Hacienda serán de dos clases, una referente á los Ayuntamientos de las capitales de provincia y poblaciones asimiladas, y otra á los de los demás pueblos.
Estos estados comprenderán:
1.º El importe de los sueldos, con inclusión de gratificaciones ó aumentos voluntarios de todos los Maestros y Auxiliares de las Escuelas de cada Ayuntamiento.
2.º El de las retribuciones convenidas.
3.º El del material.
4.º El de los alquileres cuando se abonen directamente á los Maestros.
5.º Total anual.
Y 6.º Importe trimestral, ó el mensual si se refiere á las capitales ó poblaciones asimiladas.
En lo sucesivo estos estados se remitirán á las Delegaciones de Hacienda en los quince primeros días de Julio de cada año.
2.º Si durante el curso del ejercicio hubiese por cualquier motivo alteración en los créditos comprendidos en los presupuestos municipales con destino á las obligaciones de primera enseñanza, las Juntas provinciales darán cuenta de estas alteraciones á los Delegados de Hacienda por medio de relaciones adicionales de la misma clase y forma que las ya mencionadas.
3.º Cuando las cantidades ingresadas en la Caja provincial no cubran el importe total de las obligaciones trimestrales, se abonarán á los Maestros por el orden con que se enumeran en la disposición 1.º.
4.º Los Ayuntamientos que hubieran hecho entrega en la Caja provincial del importe total de sus respectivas obligaciones antes de que se practiquen las liquidaciones previstas en el Real decreto del Ministerio de Hacienda, lo acreditarán ante la Delegación respectiva, con la carta de pago correspondiente, á fin de que no se retenga la parte de los recargos municipales.
5.º Los Gobernadores cuidarán de que se cumpla la ley de 30 de Julio de 1883, que hace obligatorio para los Ayuntamientos el uso de los recargos sobre las contribuciones directas en cantidad suficiente á cubrir las atenciones de primera enseñanza, á cuyo efecto las Juntas provinciales, al examinar los capítulos relativos á primera enseñanza de los presupuestos municipales, propondrán lo que en cada caso proceda para la ejecución de la citada ley.
6.º Si el importe de los recargos autorizados ó el de los intereses de inscripciones depositadas en las Cajas provinciales fueran insuficientes á cubrir la suma á que ascienden las obligaciones de primera enseñanza, los Gobernadores dispondrán lo necesario para que los Ayuntamientos arbitren otros recursos dentro del presupuesto municipal, señalando los plazos en que han de ser ingresados en las Cajas, ateniéndose á lo previsto en las reglas 1.ª, 2.ª y 3.ª de la Real orden de 20 de Junio de 1882, y empleando todos los medios coercitivos para que sean facultados por la ley Municipal y por las disposiciones emanadas de este Ministerio.
7.º Las Juntas provinciales remitirán á la Inspección general en los diez primeros días de Enero, Abril, Julio y Octubre, el estado de pagos que determina la Real orden de 5 de Noviembre de 1890, y da-