Gaceta de instrucción pública (1893-03-05 00:00:00), página 2

vincial de Bellas Artes y últimamente la de 18 de Noviembre próximo pasado del Rector de la Universidad de Sevilla, en las que manifiestan las diferentes interpretaciones que se han dado para llevar á cumplido efecto la separación de la Escuela y Academia, prevista por el Real decreto de 8 de Julio último:

Resultando que del examen de las mismas comunicaciones aparece que no es posible llevar á cabo la regularidad y el cumplimiento de las órdenes de la Superioridad en aquellos Centros de enseñanza, por evadirse con consultas y dudas el formalizar la separación como se ha hecho en las demás Escuelas:

Resultando que el Rectorado de Sevilla manifiesta que por su parte estima que no es explicable la conducta seguida en el asunto de que se trata por la Diputación provincial de Cádiz, separando de la Escuela oficial enseñanzas que han figurado en ella, constituyendo con las mismas una institución libre dependiente de la Academia, la cual opone resistencia pasiva para entregar todo cuanto á la Escuela oficial corresponde:

Resultando que el mismo Rectorado opina que al haberse dispuesto por Real decreto de 8 de Julio último que las Escuelas de Bellas Artes dependan de la autoridad de los Rectores, ha de entenderse tal y como se hallaban constituidas en cuanto á las enseñanzas, Profesorado, material, archivo y todo lo que se considere de su pertenencia, quedando sólo á la Academia lo referente á obras de arte, que, como Cuerpos consultivos que son, tuviesen derecho á conservar:

Considerando que la Administración Central no puede consentir de ninguna manera que establecimientos de enseñanza de la importancia del de Cádiz se encuentre en el estado anormal que viene siguiendo mucho antes de la publicación del Real decreto tan mencionado de 8 de Julio último, por disposiciones mal entendidas de unos y de otros; y

Considerando, por último, que en vista de la gravedad de los hechos denunciados por el Rectorado y la Escuela de Bellas Artes de Cádiz, hacen falta medidas extraordinarias á fin de que cesen las continuas irregularidades que tantos males reportan á la enseñanza, y con objeto de que las mismas se den en las formas que prescriben las vigentes disposiciones;

S. M. el Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, de conformidad con lo propuesto por la Dirección general de su digno cargo, se ha servido acordar lo siguiente:

1.º Que el Catedrático de la Universidad de Sevilla D. Manuel de Sales y Ferrer, por delegación del Rector, gire una visita extraordinaria á la Escuela y Academia de Bellas Artes de Cádiz, en representación de este Ministerio.

2.º Que se remitan al mismo todos los antecedentes que obren en esa Dirección general para que en su vista conozca el estado actual del conflicto de que se trata.

3.º Que como Delegado de este Ministerio se entienda con el Rector de Sevilla, Gobernador y Diputación provincial de Cádiz en todo cuanto se relacione con este servicio.

4.º Que conocidas por esta Real orden las atribuciones necesarias, tome cuantas resoluciones crea oportunas, procediendo en el acto á cuanto hubiere lugar y según las circunstancias reclamen.

5.º Que dé cuenta en su día á este Ministerio de las medidas que adopte para zanjar el conflicto de que se trata, á fin de resolver lo que fuere procedente.

De Real orden lo digo á V. S. para su conocimiento y demás efectos. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 28 de Diciembre de 1892.—S. Moret.—Sr. Director general de Instrucción pública.

LA SEGUNDA ENSEÑANZA Y LOS COLEGIOS INCORPORADOS

El Real decreto de 24 de Noviembre de 1892, en que se determinan las condiciones que han de reunir los Profesores de los Colegios de segunda enseñanza, incorporados, para formar parte de los Tribunales que examinen á sus alumnos, ha sido y es objeto de persistente oposición y de enérgica censura por los que no hallándose adornados de las condiciones exigidas, se consideran perjudicados en sus intereses, y para obtener su derogación realizan gestiones de todo género.

A este fin varios Maestros de instrucción primaria han dirigido al Sr. Moret una solicitud en la que, á vuelta de frases lucas como la de que se les somete á la tutela errante de los Profesores titulados, ó de pedir al Sr. Ministro que declare dicho decreto inútil para el progreso de la Nación, aducen como fundamentos legales, en apoyo de su derecho, el «decreto-ley de 29 de Septiembre de 1874, espíritu del artículo 3.º del Real decreto de 28 de Febrero de 1879, Real decreto de 3 de Diciembre de 1883 y Real decreto de 5 de Febrero de 1886».

O los firmantes de la exposición desconocen por completo las dis- posiciónes que citan, ó confiados en la ignorancia de la generalidad de las gentes en lo que se refiere á legislación en materia de enseñanza, han pretendido sorprender la buena fe de los demás y sumar por este medio mayor número de adhesiones á su causa. En uno ni otro caso importa poner la cuestión en su verdadero terreno.

El decreto objeto de la animadversión de los Maestros exige á los Profesores de Colegios de segunda enseñanza, incorporados para formar parte de los Tribunales de examen, que sean Licenciados en las Facultades de Filosofía y Letras ó Ciencias, ó tengan los títulos de Preceptores de Latínidad ó de Regentes en asignaturas; y á los Directores de estos Colegios hallarse en posesión del título de Licenciado ó Doctor en una de las citadas Facultades.

El contenido de las disposiciones citadas por los Maestros de instrucción primaria, cuyo restablecimiento piden es sustancialmente como sigue: «Decreto-ley de 29 de Septiembre de 1874 (del Sr. Navarro Rodríguez).» No dice una sola palabra acerca de la constitución de Tribunales de exámenes de segunda enseñanza, por lo que sigue en pie y en toda su fuerza y vigor la legislación relativa á este punto concreto, entre la que se cuenta el decreto-ley de 21 de Octubre de 1868 del Sr. Ruiz Zorrilla, que en su art. 10 exige el título académico para formar parte de los Tribunales de examen, sin perjuicio de establecer la más amplia libertad de enseñanza.

«Espíritu del art. 3.º del Real decreto de 28 de Febrero de 1879 (del Sr. Conde de Toreno).» Debe consignarse, ante todo, que el art. 1.º de este decreto autoriza á los Profesores de Colegios de segunda enseñanza, incorporados, para formar parte de los Tribunales de examen á condición de que tengan el título académico correspondiente. (Por Real decreto de 14 de Mayo de 1875, del Marqués de Orovo, se dispuso que los Tribunales se constituirían sólo con Catedráticos oficiales.) El art. 3.º, cuyo espíritu invoca, dice textualmente: «Cuando los exámenes hayan de verificarse en distinta población de aquella en que está situado el Instituto, y el Profesor de la referida asignatura carezca de título, las Comisiones oficiales que deban presidirse se compondrán de dos Catedráticos de la sección de Letras ó igual número de la de Ciencias; debiendo formarse los Tribunales con tres de dichos Profesores, constituyendo mayoría los de la sección á que corresponda la asignatura objeto del examen.»

No es preciso estar en el secreto de las doctrinas del Zend Avesta para comprender que por este artículo, en cuerpo y en espíritu, se prohibe terminantemente, clara y explícitamente á los Profesores que carezcan de título académico, formar parte de los Tribunales de exámenes.

«Real decreto de 6 de Diciembre (no del 3 como equivocadamente dicen) de 1883 (del Sr. Marqués de Sardou).» Por esta Real orden se resuelve una consulta hecha al Ministro de Fomento por el Director del Instituto del Cardenal Cisneros, manifestando que el Real decreto de 22 de Noviembre de 1883 (es del Marqués de Sardou y se contrae á establecer los jurados de examen) no deroga ni modifica lo establecido en el decreto-ley de 29 de Septiembre del 74, respecto á los exámenes de segunda enseñanza hechos en los establecimientos privados incorporados á los Institutos, ni lo preceptuado en el de 28 de Febrero de 1879, relativamente á la formación de los Tribunales de exámenes de asignaturas para los alumnos procedentes de dichos establecimientos.

Las tres anteriores disposiciones, así como otras que pudieran citarse, afirman á los Licenciados en su derecho, y es preciso que los solicitantes estén ciegos para invocarlas en apoyo de sus pretensiones.

No tienen, pues, en su favor más que el decreto de 6 de Febrero de 1886, por el que se permite formar parte de los Tribunales de exámenes á todos los Profesores de Colegios incorporados, tuviesen ó no título académico. Este decreto no se hubiera publicado seguramente si el Ministro que lo refrendó hubiese previsto el perjuicio enorme que con él causaba á dos Facultades dignas por todos conceptos de protección, y tenido en cuenta que al ampliar el concepto de la libertad de enseñanza en sentido más liberal que el mismo Sr. Ruiz Zorrilla lesionaba derechos legalmente adquiridos por los Profesores titulados, abriría ancho campo á especulaciones poco en armonía con el levantado criterio que al ejercicio de la enseñanza debe acompañar, y daba una nota discordante en el armónico conjunto formado por todas las disposiciones anteriores, incluso las de carácter legislativo. Así debió comprenderlo después el Sr. Montero Ríos, cuando á poco tiempo exigió el título de Doctor en Ciencias ó el de Ingeniero al Profesor libre que hubiera de formar parte de los Tribunales de examen para el ingreso de sus alumnos en la Escuela Politécnica.

El derecho que los Licenciados ó Doctores en las Facultades de Filosofía y Letras y de Ciencias tienen, bajo el punto de vista legal, á ser los únicos que puedan formar parte de los Tribunales de exámenes que juzguen á los alumnos de los Colegios incorporados, es, pues, incuestionable, y el Ministro que los ha reintegrado en este derecho