Gaceta de instrucción pública (1892-10-15 00:00:00), página 2

provincia vacantes ó se hallen vacantes en la actualidad y sean anunciadas por concurso.*

Y en 14 de Mayo de 1889 acude nuevamente la misma Junta con instancia al Ministerio, solicitando que en virtud del espíritu que informa la Real orden antes citada, se haga extensivo el derecho que la misma concede a los Maestros que han desempeñado Escuelas como interinos en dicha provincia, en el sentido de que se les reconozcan como válidos esos mismos servicios para los efectos de la provisión de las Escuelas dotadas con 625 pesetas anuales que se hallen anunciadas en la actualidad ó se anuncien en lo sucesivo por concurso de libre entrada, ó sea por concurso ordinario y que no correspondan á la categoría de oposición.

Pasado por la Dirección el expediente á informe de la Inspección general de primera enseñanza, ésta evacua su cometido el 10 de Junio de 1889, en el sentido de que merece ser resuelta favorablemente la pretensión de la Junta provincial de Navarra; echo de menos en el expediente el promovido por la misma Junta que dio origen á la Real orden de 25 de Julio citada, y explica por qué se ha venido dando el nombre de interinos á los Maestros nombrados en dicha provincia por los Ayuntamientos, cuando en realidad desempeñaban sus cargos con todas las condiciones de propietarios, según así vino á reconocerse por las disposiciones dictadas para la aplicación de la ley en aquella provincia, citando al efecto la Real orden de 4 de Diciembre de 1880.

El Negociado de la Dirección general, en su nota de 2 de Febrero de 1892, opina como la Inspección, y aun entiende que este asunto debiera resolverse en sentido más radical; hace notar que, mientras no se puso en claro la duda de si la provisión de las Escuelas de Navarra, había de estar sujeta á la legislación foral ó á la común, son legales los nombramientos todos hechos en aquella provincia, y que en su virtud se debe reconocer así, declarando la propiedad de las plazas, el abono del tiempo servido y todos los derechos anexos á un nombramiento legítimo, si los interesados renuen además las restantes condiciones exigidas por la ley, según la clase y categoría de las Escuelas, y como consecuencia de este criterio entiende también que el derecho debe alcanzar para aspirar á las vacantes de todas las provincias de la Nación, proponiendo por último que pase el asunto á consulta del Consejo, acompañando el expediente que la Inspección general echó de menos en su informe.

Con fecha 23 de Febrero de 1892 remite la Superioridad al Consejo, para que se tenga presente al informar el expediente anterior, una instancia de D. Tomás Joaquín López con igual pretensión.

En vista de estos antecedentes, visto el razonado informe de la Inspección general, al cual se adhiere el Negociado de la Dirección de Instrucción pública en su nota de 2 de Febrero de este año, el Consejo entiende que accediendo á la pretensión de la Junta provincial de Navarra, debe consultarse en el sentido radical propuesto por dicho Negociado.*

Y conformándose S. M. el Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, con el anterior dictamen, se ha dignado resolver como en el mismo se propone.

De orden del Sr. Ministro lo digo á V. S. para su conocimiento y demás efectos. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 10 de Septiembre de 1892.—El Director general, J. Díez Macuso.—Sr. Rector de la Universidad de Zaragoza.

Visto el expediente promovido por D. Luis León Irurita, en que pide reconocimiento de derechos y que V. S. cursó en 26 de Febrero de 1891, S. M. el Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, oído el Consejo de Instrucción pública y de conformidad con su dictamen, se ha dignado resolver que se aplique á los Auxiliares de las Escuelas de Navarra lo dispuesto en la Real orden de esta misma fecha dando validez á los nombramientos de los Maestros de aquella provincia.

De orden del Sr. Ministro lo comunico á V. S. para su conocimiento y demás efectos. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 10 de Septiembre de 1892.—El Director general, J. Díez Macuso.—Sr. Rector de la Universidad de Zaragoza.

Dirección general de Instrucción pública.—La Real orden de 2 de Agosto de 1883 suspendiendo en las provincias de Burgos, Coruña, León, Oviedo y Santander la provisión de las Escuelas dotadas con menos de 250 pesetas, tuvo por objeto facilitar la concesión de subvenciones con el crédito comprendido en el presupuesto general para este fin.

Mas como quiera que el crédito se encuentra agotado, sin que muchas de las Escuelas citadas hayan logrado subvención, ni se puedan proveer en propiedad,

S. M. el Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, teniendo en cuenta los perjuicios que de aquí se originan á la enseñanza y que repetidamente ha expuesto el Rector de la Universidad de Oviedo, se ha dignado resolver lo siguiente:

1.º Por los Rectores correspondientes se anunciarán las vacantes de las Escuelas cuya provisión dejó en suspenso la Real orden de 2 de Agosto de 1883.

2.º Si por reforma de la legislación vigente ó por cualquiera otra causa obtuviese subvención en lo sucesivo alguna Escuela que se hallase provista, será trasladado el titular en la forma que previenen las Reales ordenes de 4 de Febrero de 1880 y 14 de Julio de 1883, anunciando después la plaza con el nuevo haber.

De orden del Sr. Ministro lo digo á V. S. para su conocimiento y demás efectos. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 10 de Septiembre de 1892.—El Director general, J. Díez Macuso.—A los Rectores de las Universidades de Santiago, Oviedo y Valladolid.

Dirección general de Instrucción pública.—Habiéndose llegado á noticia de esta Dirección que algunos Ayuntamientos pretenden suprimir plazas de Auxiliares de sus Escuelas, fundados sin duda en los mayores sueldos asignados por el reglamento de 21 de Abril último, se servirá V. S. prevenir á las Juntas de ese distrito, para que á su vez lo comuniquen á los Alcaldes, que antes de que se formen los presupuestos de 1893-94 se dictarán las instrucciones necesarias con objeto de determinar los Auxiliares que haya de sostener cada población, armonizando las necesidades de la enseñanza con los intereses municipales, y que entre tanto no se autorizará la supresión de ninguna Auxiliaria sino en los Ayuntamientos donde esté completo el número de Escuelas marcado por la ley.

Lo digo á V. S. para su conocimiento y demás efectos. Madrid 16 de Septiembre de 1892.—El Director general, J. Díez Macuso.—Señor Rector de la Universidad de Sevilla.

FAKTALDES

Dirección general de Instrucción pública.—Las consultas que V. S. formula en oficio del 11 del actual quedan resueltas por esta Dirección del modo siguiente:

1.º Los alumnos de Ciencias matriculados en Análisis matemático y Geometría pueden presentarse á examen de los mismos en Septiembre próximo ante Tribunales formados con el Profesorado hoy existente en esa Universidad, que á dicho fin considerará como vacantes las cátedras suprimidas.

Si por el contrario los interesados desean y solicitan el traslado de matrículas, V. S. queda autorizado para concederlo con destino á Barcelona ó Madrid.

Igual procedimiento habrá de seguirse con los alumnos de enseñanza libre.

2.º En la Facultad de Derecho á los matriculados en Derecho procesal, suspendidos ó no presentados en Junio último, debe admitirseles el examen en Septiembre sin ninguna alteración, y para el curso de 1892-93, en que ha de comenzar á regir la modificación introducida en dichos estudios, á los alumnos que tengan aprobado el primer año de Derecho procesal se considerará esta asignatura equivalente á la de Procedimientos judiciales, y se les admitirá desde luego la matrícula de Práctica forense.

Lo que participo á V. S. para su conocimiento y demás efectos. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 22 de Agosto de 1892.—El Director general, J. Díez Macuso.—Sr. Rector de la Universidad de Valencia.

ACADEMIAS, ARCHIVOS, BIBLIOTECAS Y MUSEOS

Real orden.—Ilmo. Sr.: La Real orden de 1.º de Febrero del corriente año, que dispone que los ascensos en los Cuerpos facultativos no produzcan sus naturales consecuencias, en lo que se refiere á los efectos de antigüedad y percibo de haberes, hasta partir del día en que los interesados tomanen posesión de las nuevas categorías, obedece al propósito de aliviar en una importante cantidad al Tesoro público, y el principio justo de que cuando las responsabilidades del nuevo cargo no gozan estos de las ventajas de los ascensos. Pero se ha visto en la práctica que la rigurosa aplicación de la citada Real orden altera el orden de antigüedad á que obedece el escalafón del Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios, toda vez que los individuos que residen en Madrid toman posesión antes que los que sirven en establecimientos de provincias, y por esta razón se anteponen á éstos en la escala, aunque en ella viniésem ocupando número anterior. Con el fin de evitarlo, sin destruir aquel espíritu de economía y justicia, S. M. el Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien resolver como declaración á la Real orden de 1.º de Febrero del presente año. 1.º Que en lo sucesivo los individuos del Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios, así los que prestan servicio en establecimientos de Madrid, como los que residen en provincias, se poseanen de los ascensos, con la fecha