Gaceta de instrucción pública (1894-04-25 00:00:00), página 2

Esta nueva forma dio resultados poco satisfactorios, pues no teniendo de nuevo más que la intervención de varias entidades, hubo necesidad de reformar el sistema de pagos, y al efecto se dictaron el Real decreto de 15 de Junio de 1892 y la Real orden de igual fecha.

Por aquel decreto se dispuso que las obligaciones de la primera enseñanza fuesen satisfechas con los recursos sobre las contribuciones directas, eréndase á la vez las Cajas especiales de primera enseñanza en cada provincia, en las que la Hacienda había de ingresar trimestralmente los recursos citados.

Estas Cajas especiales, según la Real orden dictada para reglamentar dicho decreto, daban á los nuevos Habilitados una relación de las Escuelas de su circunscripción, así como de las cantidades que por los diferentes conceptos relativos á la enseñanza tenían que abonar á los Maestros.

Este sistema de pagos no dio el beneficio resultado que se esperaba, porque si había contribuyentes insolventes, resultaba déficit en los recursos; si éstos eran desde luego inferiores al total de las atenciones de la primera enseñanza, había también déficit. Por otra parte, si los pueblos no utilizaban los recursos, el déficit era igual al total de las atenciones, y si alguno de aquéllos obtenía moratoria ó condonación de las contribuciones, el Maestro no cobraba.

En 20 de Junio de 1882 se publicó una Real orden distinguiendo reglas para el ingreso de fondos pertenecientes á la primera enseñanza por los Ayuntamientos que no utilizaban los recursos sobre las contribuciones directas; pero la larga y molesta tramitación que se exigía, hicieron malograrse dicha disposición.

De aquí el que se publicara la ley de 30 de Junio de 1883, haciendo obligatorio el recibo sobre las contribuciones directas en cantidad suficiente para el pago á los Maestros; pero también fracasó esta ley, porque si los recursos habían de ser sobre las cantidades que cobraba el Gobierno cuando éste no pudiera hacer efectivas aquéllas, como sucede con frecuencia, los Maestros se quedaban sin cobrar.

Comprendiéndolo así el Gobierno, publicóse en 6 de Marzo de 1884 una Real orden dirigida al Ministro de Hacienda, proponiendo que se elevara el recargo al 25 por 100 sobre las contribuciones directas, pero ni esto fue bastante; porque si la Hacienda no cobraba, ¿de dónde había de salir el recargo?

En vista de esta diversidad de disposiciones, se estudió en 19 de Junio de 1886 por el Ministerio de Fomento un proyecto de ley que no llegó, por razones de índole diversas á las que nos ocupa, á ponerse en práctica.

La ley de Presupuestos de 29 de Junio de 1897 y la Real orden del Ministerio de Hacienda de 8 de Octubre del mismo año constituyen otra nueva reforma en tan difícil materia; por la primera se dispuso que el Estado se encargase del pago de las atenciones de la segunda enseñanza, Escuelas Normales e Inspecciones, y que para recaudarse de su importe, la Hacienda entregase á cada Municipio de los recursos sobre territorial una cantidad igual á la que pagaba por este concepto á la Diputación.

Se ordenó, además, que la Hacienda se encargase de recaudar los recursos, y que con ellos pagara tanto todas las atenciones de la segunda enseñanza y el sobrante que ingresara en las Cajas especiales de la primaria.

La disposición fué bien á todos lados; pero los Recaudadores cobraban los recursos, con ellos pagaban las atenciones de los Institutos, Inspecciones y Escuelas Normales, y no había solvencia que cobraran los Maestros, si la había unas veces por incursión, otras por multa, esto solamente no ingresaba en las Cajas especiales de primera enseñanza y los Maestros no percibían sus haberes.

Resulta de esto que la Hacienda es la principal deudora de los actuales atrasos en el pago de los Maestros, y que la primera enseñanza está endeudada, porque lo que pertenece á ésta se aplica á otros servicios de la instrucción pública.

La Hacienda es la principal deudora: primero, porque cuanto cobra de recursos lo pone al pago de la segunda enseñanza; segundo, porque el sobrante se le da á otra inversión que la que ésta destinaba; y he aquí por qué en la provincia de Málaga, por ejemplo, de las 827,077 pesetas que se adeudan á los Maestros, 331,315 corresponden á la Hacienda, por no haberlo ingresado hasta ahora en la Caja de la primera enseñanza.

El Real decreto de 16 de Julio de 1898, aunque basado en lindable propósito, no mejoró el estado actual de los pagos de los Maestros, y una prueba de ello es el clamoroso constante sobre este asunto y el cierre de algunas Escuelas, porque los Maestros prefieren perder todos sus derechos conquistados en el pasado, antes que sobrevivir por más tiempo su actual situación.

La Real orden de 14 de Marzo de 1893 sobre el cese temporal de los Maestros, dictada con el fin primordial de salvar á muchos de aquéllos que por falta de pago abandonaban sus Escuelas, del rigor de lo prescrito en el artículo 171 de la ley de instrucción pública, exige como consecuencia inmediata se déta una disposición tan radical como práctica.

Urgo, pues, á este efecto hacer una liquidación general de todos los atrasos por atenciones de primera enseñanza, hasta fin de Junio próximo, y asegurar para lo mesento el pago á los Maestros.

Para hacer la liquidación existen precedentes, que por cierto fueron muy aplaudidos, dijeron gran resultado y no se resistió el Erario público.

Estos precedentes son, entre otros, el Real decreto de 21 de Enero de 1871 y la Real orden del Ministerio de Hacienda de 2 de Febrero del mismo año, ya anteriormente analizados.

Por lo que respecta al pago de los haberes corrientes, quedan por examinar algunas disposiciones y son: el proyecto de ley de 7 de Diciembre de 1883, dictado con gran conocimiento del asunto, pero que no llegó á plantearse, y los Reales despachos de 16 de Julio de 1890 y 30 de Junio de 1890 que no lograron resolver el problema.

El Real decreto de 24 de Octubre de 1893 representa el último esfuerzo en esta cuestión, y respecto á sus resultados, creamos oportuno transcribir el siguiente informe redactado por la Junta provincial de Instrucción pública de Málaga, y sobre cuyos extremos han informado la Inspección general de enseñanza y este Centro directivo, y dice así:

"El Real decreto de 24 de Octubre de 1893, dictado para mejorar la eficacia en que se encuentra el Profesorado á causa de la falta de pago de sus haberes, ofrece en la práctica algunos inconvenientes, tales como que el laborioso de las liquidaciones que la Hacienda tiene que efectuar antes de hacer el ingreso en la Caja de la Junta provincial de primera enseñanza de la parte de recargos municipales que cobra con destino al pago de las atenciones de instrucción primaria, determina un retraso que demora considerablemente dicho ingreso, haciendo imposible que los pagos se abran en las fechas que señala aquella disposición, y que puede ocurrir que se aplique á débitos con la Hacienda alguna parte de los recursos municipales efectos al pago de las atenciones de la enseñanza, una vez que el Real decreto de que se trata establece que sólo se ingrese en la referida Caja el importe de las atenciones de cada trimestre, quedando el sobrante que resulte á disposición de los Ayuntamientos, pues cabe que se dé el caso de que la Hacienda, considerando como sobrante lo que en un trimestre exceda del importe de las obligaciones de la enseñanza, lo aplique á solventar descubiertos con el Tesoro, sin tener en cuenta que en el trimestre inmediato puede no recaudarse cantidad suficiente á cubrir aquellas obligaciones.

Fundado en estas ligeras consideraciones que me sugiere lo que acontece desde que rige el Real decreto de 24 de Octubre del año anterior, me permiso proponerle, con el mayor respeto, que si lo estima oportuno y conveniente para el fin de que los Maestros perciban con mayor puntualidad los haberes que les están asignados, se sirva dictar una disposición que pudiera contener prescripciones ajustadas á las bases siguientes:

1.º Los Recaudadores de las contribuciones directas ingresarán en las Tesorerías de Hacienda pública solamente el importe de los cupos del Tesoro.

Los recursos municipales que se destinen al pago de las atenciones de instrucción pública serán entregados por los mismos Recaudadores en las cajas especiales de primera enseñanza. Estas, al expedir las cartas de pago, consignarán en ellas el nombre del pueblo á que correspondan, el importe del ingreso, y si éste se verifica por tercero ó por industrial.

2.º Las cartas de pago servirán al Recaudador como dato ante la Hacienda, con relación al importe del cargo total que hubiesen recibido de la Administración de Contribuciones.

3.º Para comprobar si los ingresos que se efectúen en las cajas de primera enseñanza ascenden á lo que corresponda, según lo cobrado para el Tesoro, los Recaudadores deberán presentar en dichas cajas la carta de pago de ingreso hecho en las Tesorerías de Hacienda.

4.º Cuando los Recaudadores hagan algún ingreso en la caja de instrucción pública, deducirán de los recursos municipales el 10 por 100, correspondiente á gastos de administración y premio de cobranza, que debe percibir el Tesoro público.

5.º Si después de cubiertas las atenciones de primera enseñanza resultan sobrantes á favor de algún pueblo, se aplicarán en primer término á solventar los atrasos por instrucción pública, y en caso de hallarse satisfechas estas atenciones al finalizar el año económico, se devolverán aquéllos á los Ayuntamientos correspondientes.

6.º Si terminado el trimestre los ingresos hechos en la caja de instrucción pública no bastasen á cubrir las atenciones de este servicio, los Ayuntamientos quedarán obligados á abonar el débito que resulte.

7.º Se prohibirá á los Ayuntamientos mantener atención alguna de las correspondientes en sus presupuestos de gastos, exceptuado hecha de las de Beneficencia, ínterin no se cubran las atenciones de primera enseñanza, á cuyo efecto, todos los libros de cuentas que expidan por los Alcaldes se hará de acertar por medio de nota específica que autorice el Contrador, donde se hubiere, y que dé aviso al Secretario del Ayuntamiento, la noticia de la Corporación por primera enseñanza.

Los Alcaldes y Regidores responderán con sus bienes propios de los pagos que se efectúen contraviéndose esta disposición."

La Inspección general informa á continuación de este dictamen lo siguiente:

"Excmo. Sr.: Esta Inspección general se halla conforme en lo esencial con lo expresado en esta comunicación por el Sr. Gobernador civil de Málaga; cuando en 1892 se estableció por primera vez el sistema de utilizar el pago de las obligaciones de primera enseñanza los recursos de las contribuciones directas, se dispuso que los Recaudadores de éstas hicieran directamente el ingreso de su importe en las Cajas especiales creadas al efecto, y la experiencia demostró lo acertado de esta medida, puesto que el pago se hizo ínterin no se alteraran las reglas anteriores preceptuadas, con toda la posible regularidad, y sin complicaciones de ninguna clase. Volver ahora, como propone el Gobernador de Málaga, al procedimiento del ingreso directo por los Recaudadores, habla de dar seguramente el mismo beneficio resultado; si el Ministro de Hacienda, presidiendo de la letra del art. 30 de la última ley de Presupuestos, halla medio de que se restablezca el expresado sistema, no ofrecerá duda de que quedará remediadas todas las dificultades y removidos todos los obstáculos y antecedimientos, que tantas y tan inútiles quejas han producido en su ejecución el Real decreto de 24 de Octubre último, con la ventaja de ahorrar mucho trabajo á las Delegaciones de Hacienda. Así, pues, con lo propuesto por el Gobernador de Málaga, con el cumplimiento de las reglas 5.ª y 6.ª de la Real orden de 26 de Octubre último y con las medidas que después que se reciben las reclamaciones del importe de los recursos propuestas á V. E., esta Inspección para los casos en que aquel recurso no alcance á cubrir el total de las expresadas obligaciones de la primera ense-