Gaceta de instrucción pública (1894-08-25 00:00:00), página 2

tores cristianos y musulmanes, siendo, por lo tanto, el conocimiento de la Epigrafía árabe de capital interés.

Dominadores los árabes de nuestro país durante siete siglos, sus costumbres, sus leyes, sus industrias, sus artes, su civilización propia, en una palabra, es de tanto ó mayor interés que la que conocemos con gran abundancia de noticias del período romano.

La moderna crítica, más descontentada y desconfiada cada día, no se satisface con las copias que hagan de las inscripciones los cultivadores, por peritos que sean de este linaje de estudios; quieren ver los originales, pues á veces un trazo, un punto en esta clase de inscripciones puede hacer variar su sentido. La fotografía puede acudir á esta necesidad; pero la fotografía, con ser la misma luz la que dibuja, á veces por lo mismo, reproduciéndolo todo, puede inducir á error, y de aquí que hoy se prefiere el sistema de calcos que, vaciados sobre los originales, son la exacta reproducción de los mismos. Por ello, y si se quiere tener un buen cuerpo de las inscripciones árabes que hay en España, es preciso obtener vacíos de las mismas en placas de estuco ó yeso que, endurecidos por los medios que hoy tiene para ello la química, las conserve reunidas, ordenándolas cronológicamente y geográficamente en un salón especial del Museo Arqueológico Nacional, en donde pueda consultar el historiador ó el erudito la multitud de datos esparcidos hoy por toda España y desconocidos en su mayor parte.

La realización de este pensamiento parece difícil y costoso, y sin embargo, no es ni lo uno ni lo otro. Con la buena voluntad y economía con que habrán de proceder los encargados de tan difícil comisión, pronto y á poco costa será llevada á término, y España será la primera Nación que habrá acometido tal empresa.

Fundado en estas razones; S. M., el Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido disponer:

1.º Que se proceda á ordenar una Sala de Epigrafía árabe en el Museo Arqueológico Nacional, donde se reunirán vacíos de cuantas inscripciones árabes ó mudejares se encuentren en España. Serán preferidos siempre que puedan adquirirse los originales.

2.º Que dicha colección esté ordenada geográfica y cronológicamente, y colocada de modo que pueda ser fácil su consulta. Cada inscripción llevará debajo su traducción en castellano, y el año de la egira con su correspondencia en la Era Cristiana, y el paraje y época en que fue encontrada.

3.º Que para llevar á cabo este pensamiento se constituya una Comisión que, bajo la presidencia del actual Director del Museo Arqueológico Nacional, lo realice. La Comisión estará compuesta, además del referido Director, de D. Eduardo Saavedra, de las Reales Academias Española, de la Historia y de Ciencias; D. Juan Facundo Riego, de las Reales Academias de la Historia y de Bellas Artes de San Fernando; D. Francisco Codera, de la Real Academia de la Historia y Catedrático de árabe de la Universidad Central; D. Rodrigo Amador de los Ríos, de la Real Academia de Bellas Artes, y autor de varias obras de Epigrafía árabe, y D. Antonio Vives, correspondiente de la Academia de la Historia y autor del Catálogo general de monedas árabes españolas recientemente publicado.

4.º Que los gastos que originé la realización de este pensamiento se satisfagan con cargo al capítulo 15, artículo único del presupuesto vigente de este Ministerio, concepto «Adquisición de objetos arqueológicos».

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 29 de Junio de 1894.—Croizard.—Sr. Director general de Instrucción pública.

DISPOSICIONES OFICIALES DE ULTRAMAR

Real orden.—Ilmo. Sr.: Por el primero de los artículos adicionales de la ley de 30 de Junio de 1892, aprobaron los Presupuestos generales de la isla de Cuba para el año económico de 1892-93, se autorizaba al Gobierno para adoptar, entre otras medidas, la relativa á que el Real decreto de 20 de Septiembre de 1878, que estableció la unificación del Profesorado, tuviera oportuna aplicación en la referida isla; esta misma autorización se recordará y reproduce por la ley de 6 de Agosto último aprobaron los Presupuestos de la Gran Antilla para el actual año económico, y en ejecución de la autorización dada se hace precisa la adopción de algunas medidas que conduzcan más fácilmente á la consecución del fin deseado.

En el preámbulo del Real decreto de 20 de Septiembre de 1878, á que las leyes anteriormente citadas se refieren, se explica la razón de las reformas que estableció, manifestando que éstas tendían á unificar las carreras civiles de las provincias de la Península y de Ultramar.

Su primer artículo prescribía que el personal de las Universidades, Institutos, Escuelas especiales, Normales y de Instrucción primaria, constituiría en cada clase una misma carrera, se regiría por disposiciones análogas y servirá indistintamente en los diversos países referidos.

El art. 5.º establecía que los Profesores de instrucción pública de Ultramar formarían un solo cuerpo con los de la Península y tendrían los mismos requisitos y derechos, según la clase y grados de los establecimientos á que pertenecieran.

Inspirado en las mismas ideas, este Ministerio, por medio de la reforma de la enseñanza, llevada á efecto en Cuba por el Real decreto de 18 de Junio de 1880, consignó algunos preceptos por los cuales tendía á la aplicación de lo determinado en el de 1878.

Entre las varias medidas cuyo plantearse dirigido á este fin se acordaba, ó cuya realización se intentaba, se hallaba la relativa á la formación del escalafón del Profesorado. El Consejo de Instrucción pública había informado favorablemente en cuanto á la aspiración, tan general como antigua de los Profesores en Cuba, de formar un solo escalafón con los de la Península, punto, según se creía, resuelto ya en un principio por los Reales decretos de 9 de Abril de 1871 y 20 de Septiembre de 1878.

En armonía con lo que en este último se establecía, el art. 12 del Real decreto de 18 de Junio de 1880 encargaba se observase lo dispuesto en la legislación que regía en la Península para la formación de los escalafones; es verdad que en este mismo artículo se añadía que, conforme con el expresado decreto de 1878, una vez reorganizado el Profesorado en Cuba, sus individuos pasarían á figurar en el lugar que les correspondería en los respectivos escalafones de la Península, como se decía, que dispone la ley de 9 de Septiembre de 1887. A nada de lo que se refiere esta cuestión se hace alusión aquiera en la ley mencionada, lo cual no fué obstáculo para que en el art. 230 del plan de estudios á que el Real decreto de 18 de Junio servía de base, se desarrollase aquella idea, prescribiendo que los Catedráticos numerarios de la Universidad de la Habana entrarían á formar parte del escalafón general de todos los del Reino, en el que ascenderían por antigüedad rigurosa.

Tales preceptos son sin duda homogéneos, y la única dificultad que para realizarlos simultáneamente había de encontrarse, era la elección de la forma y de la oportunidad para dar entrada al Profesorado de todas las provincias de Ultramar, no sólo el de la Gran Antilla, en los escalafones correspondientes á sus respectivas carreras de la Península.

De lo expuesto, fácilmente se puede colegir que la idea fundamental infundida en la legislación de la enseñanza por el Real decreto de 1878, relativa á la uniformidad de la carrera profesional de uno y otro punto, ha brotado, como secundaria, aunque algunas veces la disputa la preferencia la de la refundición del Profesorado de Ultramar en el mismo escalafón donde figure el de su respectiva clase en la Península.

Pero semejante pensamiento no tiene enlace con las prescripciones del referido Real decreto, supuesto que en éste sólo se dice que las carreras del Profesorado en Ultramar y la Península habrán de ser regidas, no por unas mismas y únicas reglas, sino por disposiciones análogas, de donde nace la idea de la especialidad, interpretando así fielmente el propósito constitucional, según el cual son regidos y gobernados aquellos remotos países.

Así es que, para llegar más fácilmente á realizar lo que las leyes de presupuestos de Cuba recomiendan al Gobierno, esto es, para que el personal de la Universidad de la Habana, único que por ahora se halla en condiciones más adecuadas para ello, constituya una misma carrera aquí y en la expresada isla, sirviendo indistintamente en la Península y Ultramar, se hace indispensable establecer esta reciprocidad en los medios y en las ventajas ofrecidas al Profesorado de una y otra parte que constituya la base de esta uniformidad.

El Real decreto de 9 de Abril de 1871 ya había dado el primer paso para establecer esta reciprocidad. En él se disponía que los Profesores de la isla de Cuba que hubieran obtenido sus cátedras con sujeción á lo dispuesto en el plan de estudios en ella promulgado, tenían derecho á optar, por concurso, á las vacantes que se proveyeran en la Península.

Se añadía que para ser admitidos á los expresados concursos habían de reunir los Catedráticos de Cuba las mismas circunstancias que se exigieran á los de la Península, terminando por disponer también que los Catedráticos de Cuba que de esta suerte ingresaran en el Profesorado público de la Península ocuparían en los escalafones de sus respectivas clases el lugar que les correspondiese por su antigüedad en el Profesorado, fijándose esta antigüedad mediante las reglas que para los de la Península se aplicaban.

Estas no se habían fijado de un modo definitivo hasta el año de 1875, y desde entonces, bajo la pauta de estas reglas, los Profesores