Gaceta de instrucción pública (1894-09-15 00:00:00), página 2

dios expedidos por las Escuelas especiales de donde proceden, es evidente que las palabras de la ley «Real despacho ó títulos administrativos» se refieren las primeras al nombramiento del Ministerio correspondiente que pensaban tener para entrar en el servicio oficial, y las segundas á dichos certificados, únicos títulos que hasta el presente ha expedido la Administración á los individuos que terminaban las carreras de Ingenieros.

De aquí que el Consejo considere procedente la pretensión que se formula en la instancia que motiva la consulta, pues interpretando rectamente el precepto legislativo, y reconociendo, como no puede menos de reconocerse, que el ejercicio de las referidas profesiones sólo podía tener lugar por nombramiento oficial ó por certificación de la Escuela respectiva, hay que admitir que la exención establecida se refiere á los que, hallándose en posesión de cualquiera de estos dos requisitos, prestaban sus servicios profesionales á la publicación de la ley.

Fundado, pues, en estas consideraciones, y creyendo interpretar fielmente de este modo el pensamiento del legislador, el Consejo es de dictamen que procede acceder á lo solicitado por los recurrentes, y declarar comprendidos en la exención de derechos establecidos en el párrafo segundo del art. 51 de la vigente ley de Presupuestos á todos los Ingenieros que á la publicación de la misma ejerciesen sus profesiones, ya en el servicio del Estado por nombramiento Real, ya en el de Compañías, Empresas ó trabajos particulares, en virtud de los certificados de las Escuelas especiales de donde proceden.

Y conformándose S. M. el Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, con lo propuesto en el preinsento dictamen, ha tenido á bien resolver como en el mismo se propone.

De Real orden lo digo á VV. II., para su conocimiento y demás efectos. Dios guarde á VV. II. muchos años. Madrid 3 de Abril de 1894.—Groizard.—Sres. Directores generales de este Ministerio.

PRIMERA ENSEÑANZA

Dirección general de Instrucción pública.—El Ayuntamiento de la Puebla de Híjar, en instancia dirigida á este Ministerio, manifiesta que por el aumento de dos Escuelas de ambos sexos, no pudiendo contribuir más que con una, á causa de las sequías y heladas, por falta de liquidaciones de la Hacienda, y, por último, por el carácter de las leyes de Contabilidad, no han podido obtenerse resultados favorables en la recaudación, siendo éstas las causas de la falta de pago de las atenciones de primera enseñanza; por todo lo expuesto suplica que, como caso excepcional, se le autorice para que los ingresos que verifique la Caja de primera enseñanza sean aplicados por los ejercicios á que correspondan.

Reclamado el informe de la Junta provincial, ésta manifiesta que, considerando que si el Ayuntamiento no se le pone en condiciones de ir cubriendo sus atenciones corrientes, sin perjuicio de que vaya liquidando los atrasos á medida que liquide sus presupuestos anteriores, la enseñanza pueda volver á quedar completamente abandonada, escondido que debe evitarse por todos los medios posibles; y considerando que ya el Gobernador de la provincia, Ordenador de Pagos de las atenciones de primera enseñanza, inspirado sin duda en su deseo de que los Maestros de Puebla de Híjar cobraran sus atrasos, admitió, aunque con el carácter de provisional y sin perjuicio de lo que en definitiva se resolviera, el ingreso que el Ayuntamiento solicitó hacer á finales del año anterior, entiende que debe accederse á lo solicitado.

En su vista, esta Dirección general acuerda, de conformidad con lo informado por la Junta provincial de Instrucción pública, conceder autorización al Ayuntamiento de la Puebla de Híjar para que los ingresos que verifique en la Caja de primera enseñanza sean aplicados por los ejercicios que corresponda al pago de las atenciones mencionadas.

Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 1.º de Junio de 1894.—El Director general, E. Vincenti.—Sr. Gobernador Presidente de la Junta de Instrucción pública de Teruel.

Dirección general de Instrucción pública.—En el expediente instruido á consecuencia de varias consultas de los Rectores de diferentes Universidades y Directores ó Directoras de diversas Escuelas Normales sobre la interpretación y aplicación que deberá darse al art. 8.º de la ley de Presupuestos de 1890, respecto al pago de derechos de matrícula en dichas Escuelas, ha enviado el Consejo de Instrucción pública el informe siguiente:

«Veinticinco Rectores de Universidad, y la mayoría de los Directores y Directoras de las Escuelas Normales de Maestros, leen á la Superioridad consultando escasa de la aplicación que en dichas Escuelas Normales debe darse al artículo 8.º de la ley de Presupuestos de 1890.

Algunos de dichos Directores programan á cada cantidad deben abonar en adelanto los alumnos de las Normales, y los más hacen observar que aplicado á las citadas Escuelas el mencionado art. 8.º, y equiparando estos Establecimientos á los Institutos de segunda enseñanza, resultará un aumento excesivo en el coste de la carrera, que habrá de obligar á muchos á abandonarla.

El Director de la Normal de Tarragona calcula que el coste de las matrículas serán: en el primero curso, 68 pesetas; en el segundo 7560, y en el tercero 11560, cuya suma impone mayores sacrificios para el alumno de una Escuela Normal que para el de segunda enseñanza, y aun para el de Facultad. Añade y explica los escasos recursos que por lo general tienen los que se dedican á esta carrera, y son los medios á que tienen que recurir durante sus estudios para proporcionarse la subsistencia, y que el carácter enciclopédico que forzosamente ha de tener la enseñanza implica un número de asignaturas por cada curso mayor que en segunda enseñanza y en Facultad.

Todos los recurrentes en general hacen idénticas observaciones, insistiendo en la conveniencia de sostener los tipos de matrícula que venían satisfaciendo los alumnos, á razón de 20 pesetas en dos plazos, si no han de verse desertas dichas Escuelas en breve plazo.

Por conducto del Rectorado de Zaragoza acuden á la Dirección general las alumnas de la Escuela Normal de Navarra, manifestando que tienen abonado por matrículas á razón de lo que dispone el art. 8.º, cuya interpretación se consulta, y solicitan se les devuelva la cantidad que hayan satisfecho de exceso, ó que los alumnos de todas las Normales puedan igualar derechos.

Ciertó es que en la forma en que está redactado el art. 8.º de la ley de Presupuestos de 1890-91 pudo dar lugar á las dudas expresadas por varios Rectores y Directores de Escuelas Normales; pero añadiendo el sentido y alcance de dicho artículo por la Real orden de 16 de Agosto de 1890, en la cual se explica su significación, distingue qué sólo preceptúa, como de su mismo texto se deduce, que los alumnos que aún no paguen derechos de matrícula pagan en adelante, según su clase, los mismos que actualmente se exigen á los alumnos de las Facultades y Institutos, y añade que el artículo 1.º del artículo articulado de lo dispuesto expresamente en la ley de Instrucción pública respecto de las enseñanzas que se pagan y pagan los derechos de matrícula con arreglo á la misma ley, de suerte que nada se ha variado lo establecido respecto de las Normales, siendo confirmación de esto lo que determina el art. 51 de la vigente ley de Presupuestos, que expresamente ha fijado lo que por matrícula ha de satisfacer los alumnos de dichas Escuelas, de que resulta que en esta ley, y no en la anterior, es cuando se ha modificado lo que previa la de Instrucción pública.

Resulta de este modo las dudas consultadas, procede declarar asimismo que deben devolverse las cantidades que hayan satisfecho los alumnos por derechos académicos y por matrícula y que excedieren de los que les correspondía abonar, según la repetida ley de Instrucción pública.

Y S. M. el Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, de conformidad á lo expuesto en el precedente dictamen, se ha servido resolver como en el mismo se propone.

De orden del Sr. Ministro lo digo á V. S. para su conocimiento y demás efectos. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 24 de Julio de 1894.—El Director general, Eduardo Vincenti.—Sres. Rectores de las Universidades.

Dirección general de Instrucción pública.—A los Maestros de Lagunarrota, D. José Alcolea y Lloja Rafaela Peropadre, les adeuda el Ayuntamiento 1.055 pesetas del ejercicio de 1892-93 y todo lo de 93-94.

Si á las órdenes dictadas por ese Gobierno no ingresaren sus atenciones de primera enseñanza, puede V. S. imponerles una multa, que hará efectiva á dentro del plazo que V. S. dicte no cumple sus obligaciones de primera enseñanza.

Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 29 de Agosto de 1894.—El Director general, Eduardo Vincenti.—Sr. Gobernador Presidente de la Junta de Instrucción pública de Huesca.

Proceda V. S. al nombramiento de un De egado especial que intervenga los fondos municipales al Ayuntamiento de Almenar.

Esta Dirección espera que dentro de ocho días dará cuenta á la misma dicha nombramiento.

Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 29 de Agosto de 1894.—El Director general, Eduardo Vincenti.—Sr. Gobernador Presidente de la Junta de Instrucción pública de Lérida.

Exija V. S. al Ayuntamiento de Tragó de Noguera el ingreso en la Caja especial de sus atenciones de primera enseñanza.

Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 29 de Agosto de 1894.—El Director general, Eduardo Vincenti.—Sr. Gobernador Presidente de la Junta de Instrucción pública de Lérida.

El Ayuntamiento de Rifillana (Granada) adeuda á su Maestro Don Evaristo Prieto doce mensualidades. Al obligar V. S. al citado Ayuntamiento al pago de lo que adeuda por instrucción pública cumple uno de los más sagrados deberes morales al hacer una caridad y legales al mismo tiempo, porque la ley pone bajo su amparo los intereses de una clase tan respectable como el Magisterio de primera enseñanza.

Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 29 de Agosto de 1894.—El Director general, Eduardo Vincenti.—Sr. Gobernador Presidente de la Junta de Instrucción pública de Granada.