Gaceta de instrucción pública (1893-11-05 00:00:00), página 1

GACETA DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA
PERIÓDICO DECENAL

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AÑO V        Madrid 5 de Noviembre de 1893        NÚM. 163

SUMARIO

Disposiciones oficiales: Primera enseñanza; Facultades.—Carta al Ex Director del Consejo de Archivos, Bibliotecas y Antigüedades (continuación).—Sección de Ultramar.—Consejo de Instrucción pública.—Anuncios oficiales: Primera enseñanza; Segunda enseñanza; Facultades; Escuelas especiales.—Consultas y correspondencia particular.

DISPOSICIONES OFICIALES

PRIMERA ENSEÑANZA

Dirección general de Instrucción pública.—Por Real orden de 20 de Abril de 1878 se dispuso que por las Juntas locales de primera enseñanza se exigiera la rendición de las cuentas del material de las Escuelas públicas cuyos Maestros no las hubiesen formado en las épocas establecidas; que cuando el estado de las respectivas Escuelas no hiciere indispensable la inversión del todo ó parte de las cantidades sobrantes y no satisfechas por el expresado concepto, se considerasen como caducadas al terminarse el semestre de ampliación de cada año económico, y que se abonaran íntegramente, sin embargo, los créditos que los Maestros justificaran tener invertidos por cuenta de sus consignaciones devengadas.

Y esta Dirección general, á fin de hacer cumplir cuanto tiende á la mejor organización de los servicios todos que se relacionan con la enseñanza pública, ha resuelto recomendar á V. S. se sirva cuidar de que todo lo establecido en la mencionada Real orden tenga puntual y exacto cumplimiento constantemente.

Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 16 de Octubre de 1893.—El Director general, Eduardo Vicenti.—Sr. Rector de la Universidad de.....

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS.—Exposición.—Señora: Varias é importantes disposiciones se han dictado para remediar la triste situación que vienen atravesando gran número de Maestros de primera enseñanza por el lamentable retraso que experimentan en el percibo de sus haberes; y aunque todas ellas se han inspirado en el lindable propósito de regularizar un servicio de verdadera transcendencia, de estricta justicia y de interés sumo, es lo cierto que por unas u otras causas el mal persiste, y urge la adopción de alguna medida que ponga fin al actual estado de cosas.

La modificación introducida por el art. 30 de la vigente ley de Presupuestos en el procedimiento hasta ahora seguido para la cobranza de los recargos que los Ayuntamientos impongan y la Administración apruebe sobre las contribuciones de inmuebles, cultivo y ganadería, y la industrial y de comercio, facilita la resolución del problema, y exige á su vez que se determine la manera de hacer entrega á las Juntas provinciales de las cantidades que cada Ayuntamiento tenga autorizado en su respectivo presupuesto de gastos para personal y material de primera enseñanza. Es evidente que una de las causas, quizá la principal, que ha motivado aquel sensible retraso, debe su origen en los distintos medios empleados para la percepción de aquellos re-

cargos, y en la línea de conducta seguida por algunos agentes de la Administración, reteniendo su importe para aplicarlo después al pago de descubiertos que por otros conceptos tenían las Corporaciones.

Dispuesto ya que los recargos se comprendan en los repartimientos, y sean recaudados juntamente con las cuotas del Tesoro, y autorizado en el presupuesto de gastos el crédito necesario para su pago á los Ayuntamientos, nada se opone á que los Delegados de Hacienda entreguen mensualmente á las Cajas provinciales de primera enseñanza la parte aliquotada de lo que deben percibir de las Corporaciones de capitales de provincia y poblaciones asimiladas, y trimestralmente de los demás pueblos, y que al satisfacer á dichos Ayuntamientos los recargos, lo hagan parte en metálico y parte en carta de pago expedida por la Caja provincial, cuyo documento les servirá de abono para justificar las entregas realizadas por este concepto.

A facilitar, pues, la realización de tan lindables propósitos va examinado el adjunto proyecto de decreto que, de acuerdo con el Consejo de Ministros, tengo la honra de someter á la aprobación de V. M. Madrid 24 de Octubre de 1893.—Señora: A. L. R. P. de V. M., Príncipes Mateo Sagasta.

Real decreto.—Conformándose con lo propuesto por el Presidente del Consejo de Ministros, de acuerdo con el mismo Consejo; en nombre de un augustísimo hijo el Rey D. Alfonso XIII, y como Reina Regente del Reino,

Vengo en decretar lo siguiente:

Artículo 1.º Las Juntas provinciales de primera enseñanza remitirán inmediatamente á los Delegados de Hacienda un estado de las cantidades que cada Ayuntamiento haya comprendido en su presupuesto de gastos correspondiente al año económico 1893-94 para personal y material de instrucción primaria, cuidando en los años sucesivos de cumplir este requisito con la antelación necesaria para evitar todo retraso en el pago de tan preferentes obligaciones.

Art. 2.º Las Delegaciones de Hacienda dispondrán, mensualmente, cuando se trate de Ayuntamientos de capitales de provincia y poblaciones asimiladas, y trimestralmente en los demás casos, la entrega á las expresadas Juntas de la cantidad que de la parte realizada en concepto de recargos sobre las contribuciones territorial e industrial deba abonar las Corporaciones por obligaciones de primera enseñanza. Las cartas de pago expedidas por la Caja provincial de instrucción primaria serán reconocidas á las Delegaciones como efectivo metálico en los reintegros que hagan á los Ayuntamientos de los recargos recaudados por su cuenta.

Art. 3.º Si los Ayuntamientos tuvieran al corriente el pago de esas atenciones ó hubieran entregado en las Cajas especiales los títulos á que se contrae el art. 6.º del Real decreto de 16 de Julio de 1889, ó aportado otra clase de recursos de fácil cobro, á juicio de las expresadas Juntas, lo harán así constar en el estado á que se refiere el art. 1.º, deduciendo su importe para que la retención se limite á la cantidad precisa.

Art. 4.º El importe de los recargos sobre las contribuciones directas que deba aplicarse al pago de las atenciones de instrucción primaria, no podrá ser retenido por la Administración ni por sus agentes bajo pretexto alguno.