Gaceta de instrucción pública (1894-06-05 00:00:00), página 3

enseñanza que consta en la escritura otorgada por Doña Sotera de la Mier.
El Negociado de la Dirección, en la nota correspondiente llama la atención sobre la circunstancia de destinar las acciones del Banco de España a los fondos de la fundación, y de ésta entender que esto no se puede que deben ejercerse dichas acciones e invertirse su importe en valores de la Deuda por medio de una misma intransferible. No es este necesario, ya porque siendo las acciones del Banco bienes ó valores de carácter mobiliario, pueden quedar afectas á la fundación, ya porque así está reconocido como legal y válido, pues son varias las fundaciones de instrucción y de beneficencia que poseen y tienen acciones del Banco como capital propio para el cumplimiento de sus obligaciones.
Respecto á la eficacia de la cláusula 8.ª antes mencionada, no hay que hacer ahora aclaración alguna ni para aprobarla ni para rechazarla. Los padres que se sometan á la obligación que por dicha cláusula se les impone, harán ó no uso de los derechos que puedan asistirles, y las dudas y contiendas que puedan suscitarse las dirimirán la Autoridad judicial ó la que sea competente, según los casos.
Procede, pues, que se resuelva lo siguiente:
1.º Se aprueba la fundación instituida por Doña Sotera de la Mier para la creación y sostenimiento de un Colegio gratuito para las niñas pobres de la Villa de Portugalete y del Concejo de Sestao, entendiéndose que esta aprobación, ajustada á los términos de la Real orden de 26 de Junio de 1898, no prejuzga, y menos resuelve, las cuestiones que acerca de la ejecución de todas las condiciones establecidas por la fundadora pueda suscitar la observancia y cumplimiento de las leyes generales del Reino hoy vigentes.
2.º Esta fundación queda sometida al patronato á inspección que corresponde al Ministerio de Fomento según lo preceptuado en la mencionada Real orden de 26 de Junio de 1898.
S. M. el Rey (Q. D. G.), y su nombre la Reina Regente del Reino, conformándose con el primero dictamen, ha tenido á bien resolver como en el mismo se propone.
De orden del Sr. Ministro lo comunicó á V. I. para su conocimiento y efectos consignativos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 25 de Febrero de 1894.—El Director general, Eduardo Vincenti.—Sr. Rector de la Universidad de Valladolid.

Dirección general de Instrucción pública.—Por el Ministerio de Hacienda se ha comunicado al de Fomento con fecha 10 del actual la Real orden siguiente:
«Excmo. Sr.: Con arreglo á lo dispuesto en la Real orden de este Ministerio de fecha 25 de Abril de 1892, se ha procedido por la Dirección general de la Deuda pública á la conversión de los intereses de la lámica del 5 por 100 núm. 4.968, devengados desde 1.º de Enero de 1825 á fin de Junio de 1851, y á la de sus interés núm. 24.572, pertenecientes á la Obra pía titulada Ejecución de Doña Catalina Ruyomonte, de la ciudad de Zaragoza, por el capital de 13.882 pesetas 96 céntimos, y en su consecuencia, con esta fecha han sido emitidos y se hallan corrientes para entregar á la persona que resulte representante de dicha Obra pía los valores que se detallan al margen.
Lo que de Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de Hacienda, tengo el honor de participar á V. E. para su conocimiento y el de la Dirección general de Instrucción pública de ese Ministerio.»
Y esta Dirección general lo traslada á V. S. para su conocimiento y demás efectos. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 30 de Marzo de 1894.—El Director general, Eduardo Vincenti.—Sr. Rector de la Universidad de Zaragoza.

    Intereses
    Efectos
    Metálico

    3 Tít. 4 por 100 per. S. A., núm. 125.980 á 982, cupón 1.º Abril 1893
    1.500

    2 Tít. 4 por 100 per. S. B., núm. 38 963 á 67, cupón 1.º Abril 1893
    5.000

    1 Tít. 4 por 100 per. S. C., núm. 47.879, cupón 1.º Abril 1893
    5.000

    2 Residuo núms. 160 y 70 intér. 1.º Enero 1889.
    645,26

    Rebaja los intereses desde 1.º Enero 1889 á fin Diciembre 1893
    1.897,70

    12.046,26
    1.897,70

Dirección general de Instrucción pública.—Excmo. Sr.: Considerando este Centro directivo que la comunicación fecha 9 del pasado, elevada por V. E. á nombre de la Junta municipal de primera enseñanza, entraña verdadera importancia, juzgo oportuno someterla á informe de la Inspección general del ramo.
Cumplido este trámite, esta Dirección general ha acordado se comunique á V. E. el precitado informe, al que espera, dada su alta penetración y su amor por la enseñanza pública, se dignará V. E. ordenar se dé debido cumplimiento, enviando á efecto, con la premura que el caso requiere, los datos interesados por la última Real orden de este Ministerio.
Una vez examinados todos estos datos, habrá llegado el momento de proceder al planteadimiento de las reformas que demandan el buen servicio de la enseñanza, la unidad legislativa y el funcionamiento armónico de esta Dirección general con la Junta tan dignamente presidida por V. E.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 10 de Mayo de 1894.—El Director general, Eduardo Vincenti.—Sr. Presidente de la Junta municipal de primera enseñanza de Madrid.

Informa que se cita.
«Excmo. Sr.: Para efectuar el informe ordenado por V. E. sería, á juicio de esta Inspección general, muy conveniente esperar á que se recibiera la contestación que en su día ha de dar la Junta municipal de Madrid á la Real orden que se le ha dirigido con fecha 27 de Marzo último; pero los términos de urgencia con que se expresa el Sr. Alcalde en su comunicación de 9 del corriente, hace necesario que, aunque sea provisionalmente y á reserva de lo que pueda resultar de las antecedentes que la Junta remita, someta esta Inspección general á la superior ilustración de V. E. lo que en su juicio procede por consecuencia de la repetida comunicación del Sr. Alcalde.
Por primera vez desde hace muchos años, la Alcaldía Presidencia del Ayuntamiento de Madrid, rompiendo el silencio que ha observado ante las continuas victimidades y dificultades hasta conocidas de la primera enseñanza, se dirige al Jefe superior del ramo, llamando su atención con notoria oportunidad sobre uno de los problemas que presenta la situación de las Escuelas de esta Corte. El proceder, por tanto, del Sr. Alcalde, no sólo merece aplauso, sino que es motivo poderoso para que con toda eficacia se secunden sus deseos y se estudien sus propuestas.
Lamenta el Sr. Alcalde que en la actualidad haya cerradas quince Escuelas públicas, quedando por esta razón 1.281 niños sin enseñanza, y añade que como sólo hay, en curso siete expedientes sobre nuevos locales, es de temer que sean mucho mayor el número de las Escuelas cuya clausura se imponga por razones de moralidad ó higiene.
Observa asimismo dicho Autoridad que el reglamento de 20 de Junio de 1885 que, transitoriamente regula los actos y acuerdos de la Junta de primera enseñanza, es excesivamente exquisito, y no invita á la Presidencia sino á atribuciones que más bien son de honoríficas que de ejecutivas, haciéndose necesario disponer en casos como el actual de facultades excepcionales para no incurrir en la responsabilidad de concretarse al cumplimiento de los acuerdos de dicha Junta, y por último, propone á la Superioridad que vea si hay modo hábil, y por un procedimiento fácil y breve, se faciliten locales para las Escuelas, aunque sea con carácter provisional.
Todo cuanto manifiesta el Sr. Alcalde, con notoria sinceridad, es perfectamente exacto, y no menos fácil, á juicio de esta Inspección, el remedio de los males de que dicha Autoridad se lamenta. El reglamento de 1885 es, en efecto, con excesiva cautela; pero ni ese defecto ni otros muchos de que adolece deben ser motivo de preocupación, y mucho menos de entorpecimientos, para la Autoridad municipal. Por el Real decreto de 7 de Octubre de 1887 quedó derogada toda la legislación hasta entonces vigente respecto de la Junta y de las Escuelas de Madrid, porque no solamente dicho Real decreto nueva organización á esta Corporación, sino que en su art. 13 determina que debe tener el Alcalde de Madrid la potestad de autorizar los locales aplicables á las Escuelas Maestros de Madrid, sin las excepciones que las constituyen en este decreto. Y si bien por la disposición transitoria del mismo Real decreto se determina que la actual Junta continúe al frente de las Escuelas despechando los asuntos urgentes hasta que se constituya la Central que el mismo decreto establece, ni por un momento puede ofrecer duda que aquella Junta, mientras continúe transitoriamente, no es la legislación derogada la que debe aplicarse, sino la que se establece en el decreto por el art. 13 antes transcrito.
Además, en el punto especial á que se refiere la comunicación del Sr. Alcalde, que es el de adquisición de locales para establecer las Escuelas públicas, esta Inspección general debe hacer notar que no es posible consultar que se haga aplicación del caso 7.º del citado reglamento de 1885, porque la atribución que concede á la Junta para concertar los contratos de arrendamiento ó adquisición de locales para Escuelas es contraria á la legislación vigente, y sobre todo, á la ley Municipal.
Correspondiendo á los Ayuntamientos la obligación de procurar locales para todas las Escuelas públicas que deben sostener, correspondenles también necesariamente, y tiene que ser de su exclusiva competencia, con arreglo á los artículos 72 y 73 de la ley Municipal, la celebración de los contratos necesarios para éste, como para los demás servicios que se les imponen; de modo que el prescripción del reglamento, al dar á la Junta la facultad de adquirir por sí los locales, cometió una verdadera infracción de la citada ley.
Dedúcese de aquí que, ya por esta última circunstancia, ya por estar derogado, como queda dicho antes, el opuesto reglamento, el Alcalde de Madrid puede recobrar el derecho que á la Corporación Municipal corresponde de adquirir locales para las Escuelas, y, como, por lo tanto, en esta atribución de la referida Junta, no siendo necesario para la organización de este servicio más que establecer reglas prudentes, que, sin cambiar la libertad del derecho municipal, permita la adquisición de locales que no sean apropiados al servicio á que se les destine.
Para que tal pueda hacerse acomodándose á las disposiciones generales sobre la materia y á las que comprende también el Real decreto de 7 de Octubre de 1897, y secundando los deseos de remover obstáculos y entorpecimientos que el Sr. Alcalde manifiesta, cree esta Inspección general que pudieran distarse las aclaraciones siguientes:
Primera. Corresponde al Ayuntamiento de Madrid, como á todos los demás, la adquisición, y por lo tanto, el arrendamiento de los locales necesarios para las Escuelas públicas de primera enseñanza.
Segunda. Con objeto de facilitar este servicio, las Juntas de distrito que hoy existan y las que se han de establecer por virtud del Real decreto de 1897,