Gaceta de instrucción pública (1889-08-25 00:00:00), página 2

2.- Todas las cátedras que en lo sucesivo quedasen vacantes en estos establecimientos de enseñanza, serán desempeñadas exclusivamente hasta su provisión definitiva por los Auxiliares ó Ayudantes numerarios ó supernumerarios respectivos, con arreglo á las disposiciones vigentes y á lo que se establece en esta Real orden.

3.- Los Auxiliares ó Ayudantes deberán desempeñar, además de las cátedras vacantes que se les asignen, aquellas otras que le correspondan por anécdotas ó enfermedades de los Catedráticos, quedando á juicio de sus Jefes inmediatos distribuir equitativamente el trabajo, á fin de evitar que éste resulte excesivo.

4.- Si por las circunstancias especiales en que se hallase el Claustro de Profesores de una Facultad ó de un Instituto se considere necesario el nombramiento de Profesores auxiliares supernumerarios, el Decano ó Director lo pondrá en conocimiento del Rector respecto para proceder á su designación, conforme á lo previsto en el art. 4º del Real decreto de 23 de Agosto de 1888.

5.- Para los casos extraordinarios en que por el número de vacantes y los Profesores ausentes ó enfermos, ó por estar pendiente el nombramiento de Auxiliares ó Ayudantes numerarios ó supernumerarios, ó por cualquiera otra circunstancia transitoria ó imprevista, no sea posible atender en determinados momentos á las necesidades de la enseñanza, podrán los Rectores nombrar provisionalmente, á propuesta en terna de los Claustros ó Juntas de Profesores, uno ó varios Auxiliares internos, dando de ello cuenta á la Dirección general de Instrucción pública. Estos nombramientos, que recaerán en personas que tengan el título exigido al Profesorado respectivo, serán gratuitos, y los servicios que en virtud de ellos se presten, se considerarán de mérito para la carrera.

6.- La disposición anterior es aplicable en todas sus partes á las Escuelas especiales, cuando por su organización particular carezcan de Ayudantes numerarios ó supernumerarios, ó no bastasen los que existan para el buen servicio de la enseñanza.

7.- Los Auxiliares y Ayudantes, de cualquiera clase que sean, están obligados á desempeñar todas las cátedras que se les encuentren de la sección á qué pertenezcan, pudiendo dar lugar á su separación el excusarse alegando incompetencia en la enseñanza de aquellas asignaturas que formasen ya parte del plan de estudios en la fecha de su nombramiento.

8.- Los Jefes de establecimientos remitirán á la Dirección general de Instrucción pública, al terminar el curso, un estado de los servicios prestados durante el mismo por los Auxiliares ó Ayudantes, de cualquiera clase que sean, expresando detalladamente las fechas y duración de las suplencias, así como las causas que las hayan motivado.

De Real orden lo digo á V. I., para su conocimiento y demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 16 de Agosto de 1889.—J. Xiquena,—Sr. Director general de Instrucción pública.

PRIMERA ENSEÑANZA

Reales órdenes.—Ilmo. Sr.: Remitido á informe del Consejo de Instrucción pública el expediente relativo á las oposiciones de Escuelas públicas de niñas, verificadas en Jaén, aquel Alto Cuerpo consultivo ha emitido el siguiente dictamen:

Con fecha 23 de Septiembre de 1888 acudió Doña Angeles Aguilar á la Dirección general de Instrucción pública, exponiendo que como Maestra de una de las Escuelas públicas de Jaén, fue nombrada Juez del Tribunal de oposiciones para proveer las Escuelas de niñas de Martos y Belmonte de la Mora, y citada el 15 de Julio del mismo año para assistir á la sesión preparatoria, concurre á dicha sesión, en la cual se le encomendó la formación del programa de Higiene; pero que posteriormente se prescindió de ella, sustituyéndola con otra de inferior categoría, por lo que solicitaba la anulación de las oposiciones por haberse celebrado ante un Tribunal ilegalmente constituido.

En 11 de Octubre reclamó el Centro directivo informe del Rectorado, oyendo á la Junta provincial, y el 4 de Diciembre remite dicho Rectorado á la Superioridad el expediente de las oposiciones practicadas con los informes reclamados, de las cuales resulta:

Que en efecto celebró el Tribunal para las Escuelas de niñas su sesión preparatoria el 15 de Julio, con dos Jueces en concepto de Vocales de la Junta; D. Diego Medel y Rivas, con el carácter de Profesor de la Escuela Normal de Maestros; un Maestro y una Maestra, titulares ambos de Escuelas públicas de la capital, y la recurrente Doña María de los Ángeles Aguilar, también Maestra de Escuela pública, en sustitución de Doña Emilia Fernández Carrillo, que se había excusado por incompatibilidad de parentesco con una de las opositoras y el Inspector de primera enseñanza; en cuya sesión se nombró el Presidente y se cumplieron todas las prescripciones que están previstas al efecto.

2.- Que el 9 de Agosto, después de terminados los ejercicios para las Escuelas de niños, volvió á reunirse el Tribunal de las de las Escuelas de niñas, con el objeto de proceder al primer ejercicio, concurrendo seis de los Jueces, entre ellos Doña Magdalena Real y García, en sustitución de la Doña María de los Ángeles, autora de la queja, cuya sustituta, Maestra de una Escuela pública de Torredonjimeno, fue nombrada por el Presidente de la Diputación provincial en sustitución de Doña María de los Ángeles, por considerar á ésta incompitable, atendidas sus manifestaciones de compromisos personales con determinada opositora.

3.- Que sin otro incidente ni protesta de ningún género se verificaron los ejercicios, asistiendo el último y á la calificación sólo cuatro Jueces, que constituyen mayoría, á saber: D. Joaquín Ruiz Callejón, D. Claudio Martínez Navas, D. Magdaleno Real y García y el Inspector, resultando propuestas: Doña Guadalupe Guel Crismán para la Escuela de Martos, y Doña Esperanza Sáezedo Martínez para la de Belmonte de la Mora.

4.- Que según lo informado por la Junta provincial, Doña María de los Ángeles Pérez asistió á la sesión preparatoria sin nombramiento, y si sólo por citación del Secretario, en la creencia de que era la única persona legal que podía sustituir á la renunciante Doña Emilia Fernández Carrillo, de cuyo hecho deduce el Sr. Rector de la Universidad de Granada que el Tribunal se constituyó con un Vocal menos, y que, por consiguiente, adolece de vicio de nulidad, por más que con posterioridad se nombrase á la Maestra de Torredonjimeno.

5.- Que según el Rectorado, en ninguna parte consta la recusación de Doña Ángeles por las opositoras, únicas llamadas á recurso en este caso, y que, aun en el caso de que hubiese existido recusación, no era el Presidente de la Diputación autoridad competente para resolver, como lo hizo, nombrando á otra Maestra.

6.- Que según el mismo Sr. Rector D. Diego Medel y Rivas, Vocal del Tribunal en concepto de Profesor de la Escuela Normal, es el Regente de la práctica agregada á aquélla, ó sea el Maestro de la Escuela superior de niñas de la capital, con cuyo nombramiento se ha infringido el art. 1º del decreto de 14 de Septiembre de 1870, que llama para este caso á un Profesor de la Escuela Normal, cuyo carácter sólo lo tienen el Director segundo y tercer Maestro de la misma, de donde deduce otro segundo vicio de nulidad.

En resumen, los ejercicios de oposiciones fueron celebrados de conformidad en un todo con las prescripciones vigentes en la materia, sin protesta por parte de los opositores; pero el Rectorado advierte en la formación y en la constitución del Tribunal legalidades que á su vez constituyen vicios de nulidad, como son:
1.- El nombramiento del Profesor de la Escuela práctica normal, en lugar de un Profesor de la Normal.
2.- La constitución del Tribunal con la asistencia de seis Jueces.
3.- El nombramiento de un Maestro que no lo es de las Escuelas de la capital.

Fundase el Rector en que se ha infringido el decreto ley de 14 de Septiembre de 1870, la Real orden de 4 de Enero de 1889 y la orden de la Dirección general de Instrucción pública de 22 de Noviembre de 1886. Examinando, sin embargo, defendidamente lo ocurrido, no aparece la gravedad que se supone.

Respecto al primer punto, aparte de que la palabra genérica «Profesor» se presta á dudas, porque la ley denomina Maestros á los del Seminario, así como Regentes á los Profesores de las Escuelas prácticas, el decreto ley que en el art. 1º determina la calidad de los individuos que hayan de formar los Tribunales, establece en el 2º excepiones á que pudo atenerse la Junta de Instrucción pública por lo que, en tanto que no se aclare este punto, faltan datos para apreciar este hecho. Además, el Juez de que se trata no intervino en la calificación de los ejercicios por hallarse enfermo.

La constitución del Tribunal se verificó con asistencia de seis Jueces y de una Maestra citada con el carácter de Juez. El Secretario de la Junta de Instrucción pública, en la actualidad difunto, citó á la tal Maestra, en la inteligencia de que era la única que podía reemplazar á la que dimitía el cargo por incapacidad legal, y fué admitida sin reparo, aunque no se hubiese dado cuenta de su nombramiento. El Tribunal que debió salir de su error y persuadirse de la ligereza con que había procedido al nombrarse posteriormente otro Juez, no volvió, sin embargo, á reunirse hasta que comenzaron los ejercicios, bien por inadvertencia, bien por creerlo innecesario; pues que si la Real orden de 4 de Enero de 1889 exige la presencia de los siete Jueces para constituirse los Tribunales, el decreto ley, art. 5º declara que para la validez de los actos de las oposiciones basta la mayoría de los Jueces, sin que se exceptúe en otro artículo alguno el acto de la constitución.

De todos modos, la irregularidad que en esto se advierte no es de tal alcance que pudiera influir en el resultado de las oposiciones, y que constituye un vicio de nulidad.