Gaceta de instrucción pública (1891-09-12 00:00:00), página 2

do jurídico aspira el proyecto de ley que el Gobierno de S. M. somete á vuestra ilustrada y patriótica deliberación.

En él se parte de las disposiciones relativas á esta materia que nuestro Código civil contiene; y desarrollándolas se procura armonizar los derechos que en un tiempo pudieron parecer contradictorios, resolviéndolas en disposiciones que protejan por igual los del individuo y los del Estado, con notorio beneficio público.

El ciudadano podrá usar, bajo norma no bien declarada hasta ahora, de su derecho de destinar bienes de toda clase á fundaciones de enseñanza, sin lastimar el principio de la desamortización en que se basa nuestro actual régimen de la propiedad. La inspección y la intervención del Gobierno en todo género de fundaciones de enseñanza se definen y declaran de manera que en nada se menoscaba la libertad individual; y se establecen, en fin, las relaciones entre los organismos privados y el organismo del Estado en forma, y bajo reglas que, en vez de embarazar su respectiva acción, armonicen la de ambas en la aspiración común del beneficio público que procuran realizar.

La sabiduría de las Cortes mejorará el proyecto, adicionándolo ó modificándolo, en cuanto fuere preciso ó conveniente; y con tales mejoras llenará un vacío de nuestra legislación, y contribuirá poderosamente á la difusión y al progreso de la enseñanza.

Madrid 1.º de Mayo de 1891.—El Ministro de Fomento, Santos de Isaac.

PROYECTO DE LEY DE FUNDACIONES DE ENSEÑANZA

Artículo 1.º. La fundación de bienes destinados á la enseñanza constituye una persona jurídica con capacidad legal, mediante legítima representación, para ejercer los derechos y cumplir los deberes que á su Instituto corresponden.

Art. 2.º. La persona jurídica creada por la fundación de bienes destinados á la enseñanza, existe desde el momento en que la fundación que la constituye se hace irrevocable por la voluntad del fundador y con arreglo á las leyes.

Art. 3.º. La representación legítima de la fundación corresponde á la persona ó personas, naturales ó jurídicas, con capacidad legal propia, á quienes el fundador la hubiere encomendado.

Art. 4.º. Por incapacidad, grave negligencia, inhabilitación ó extinción de las personas destinadas por el fundador, corresponderá representar la fundación al Instituto, en cuyo beneficio se hubiere establecido, y en su defecto, al Municipio, á la Provincia ó al Estado, según la índole de aquélla.

Art. 5.º. Para instituir fundaciones con destino á la enseñanza, basta la voluntad del fundador, manifestada con sujeción á las leyes y dentro de los límites señalados por ellas respecto á facultades para la disposición de bienes.

Art. 6.º. El Gobierno corresponde en orden á la institución de fundaciones:

1.º Conocer su constitución.

2.º Investigar las fundaciones de que no se le hubiere dado conocimiento.

3.º Declarar que la fundación no contiene cláusula ni condición contraria á la moral ni á las leyes, y prohibir las que tales cláusulas pudieran contener.

4.º Ordenar su publicación y disponer lo que estimare conveniente en honor del fundador.

Art. 7.º. La voluntad del fundador, legalmente declarada, constituye la primera ley para el régimen de la fundación. En lo que fuere oscuro ó deficiente, se interpretará ó suplirá por lo que de ella misma resultare claro y expreso, y en último término por las reglas admitidas para la interpretación de las leyes.

Art. 8.º. Una vez establecida la fundación corresponde al Gobierno:

1.º Velar por el cumplimiento de la voluntad del fundador.

2.º Exigirlo ó decretarlo, con arreglo á las leyes, cuando fuere necesario.

3.º Ejercer la tutela é inspección que para realizar los fines de la fundación fueren precisas.

4.º Ordenar lo conveniente para la observancia de las leyes sobre higiene y demás servicios de interés público en cuanto con la fundación se relacionen.

5.º Reclamar y publicar los datos de estadística.

Art. 9.º. Las fundaciones de enseñanza pueden ser de orden meramente privado, aunque el objeto sea público, ó de orden relacionado en algún modo con el régimen de la instrucción pública.

Art. 10. En las fundaciones de orden privado, aunque la enseñanza sea pública, la voluntad del fundador es libre para disponer cuánto estime conveniente á los fines de la fundación, con las limitaciones establecidas en los artículos 6.º y 8.º.

Art. 11. Las fundaciones relacionadas con el régimen de la instrucción pública, sea para alcanzar los que reciben la enseñanza efectos académicos, sea para cualquiera otro fin de carácter público, habrán de acostumbrarse al régimen de la enseñanza ordenada por las leyes, en cuanto sea preciso para obtener los beneficios declarados por las mismas.

Art. 12. Las fundaciones de enseñanza pueden constituirse con toda clase de bienes, y su capacidad se extiende á adquirirlos y poseerlos con igual amplitud.

Art. 13. Se entenderá, sin embargo, limitada la libertad declarada en el artículo anterior, en cuanto á bienes raíces, á adquirir y poseer solamente los que fueren necesarios para los fines de la fundación.

Los demás habrán de convertirse en Deuda pública del Estado, representada por títulos intransferibles á nombre de la fundación, destinándose las rentas al sostenimiento de la misma.

Art. 14. Se conservarán en su actual estado los capitales de las fundaciones consistentes en Deuda pública. Los constituidos de otro modo se convertirán en inscripciones conforme á lo previsto en el artículo anterior, salvo disposición expresa del fundador, señalando otra clase de valores; con la limitación, siempre respecto á bienes raíces, prescrita en el artículo anterior.

Art. 15. Las obligaciones y cargas de la fundación se mantendrán exclusivamente con las rentas.

Art. 16. Para disponer de los capitales de fundaciones por venta, permuta, hipoteca, á título de conversión en otra clase de valores, ó por cualquier otro motivo ó concepto será necesaria una ley.

En caso de notoria urgencia podrá autorizar el Gobierno aquellos actos, oyendo al Consejo de Estado y dando cuenta á las Cortes.

Art. 17. En los presupuestos del Estado, de la Provincia ó del Municipio figurarán, según la índole del servicio, con la debida separación, los ingresos por rentas de las fundaciones destinadas á la enseñanza y los gastos que con ellas se satisfagan.

En los establecimientos á cargo del Estado que tuvieran fundaciones, se destinarán siempre las rentas de las mismas á los objetivos de la fundación, con absoluta independencia de los servicios sostenidos por el presupuesto general.

Art. 18. La contabilidad de las rentas de fundaciones destinadas á enseñanza pública se ajustará en todo caso á las reglas de la contabilidad del Estado, de la provincial ó de la municipal, según su respectivo servicio.

Art. 19. Las rentas sobrantes de una fundación se acumularán al capital.

Para disponer de ellas con otro objeto será necesaria una ley especial, con la salvedad, en caso de urgencia, establecida en el párrafo segundo del art. 16.

Art. 20. Si terminase el objeto á que fué destinada una fundación, se dará á sus bienes, conforme á lo prescrito en el Código civil, la aplicación que sus cláusulas fundacionales la hubieren en esta previsión asignado, y en otro caso se aplicarán á la realización de fines análogos en interés de la Región, Provincia ó Municipio que principalmente hubieran de recoger los beneficios de las instituciones examinadas.

Art. 21. Cuando se destinen á la enseñanza ó á objetos que contribuyan al progreso científico ó literario bienes ó capitales determinados sin constituir una fundación, corresponde al Instituto á que se destinen, bajo la autoridad y superior resolución del Gobierno, aceptar la manda ó donación, y disponer lo necesario para su exacto cumplimiento, con las reservas y limitaciones establecidas en los artículos 6.º, 8.º y 16.

Art. 22. Se formará un inventario de las fundaciones existentes, y se publicará su índice con los nombres de los fundadores si son conocidos.

Lo mismo se hará respecto á las donaciones, legados y premios que no constituyen propiamente fundación.

Art. 23. Por el Ministerio de Fomento, oyendo al Consejo de Estado, se dictará el reglamento para la ejecución de esta ley.

Madrid 1.º de Mayo de 1891.—El Ministro de Fomento, Santos de Isaac.

Real orden.—Ilmo. Sr.: Teniendo en cuenta el informe y propuesta elevados á este Ministerio por el Jurado nombrado por Real orden de 29 de Mayo de 1890 para examinar los trabajos presentados al certamen promovido por otra Real orden de 1.º de Abril del ex presedente año, á fin de premiar las cartillas y libros de lectura con aplicación á la enseñanza elemental;

S. M. el Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien declarar desierto el referido concurso en cuanto se refiere á los dos premios consignados en la regla 3.ª de la convocatoria para dicho certamen por no haber hallado el Jurado motivos bastantes para adjudicárselos por esta vez, y al propio tiempo dispone se