Gaceta de instrucción pública (1892-01-05 00:00:00), página 4

citando que se sirviese acordar que los Maestros de primera enseñanza pública que prestan sus servicios á la Corporación tienen derecho á percibir de fondos municipales las jubilaciones que les correspondan, derivado de lo dispuesto en el reglamento de 1.º de Julio de 1847 y en el Real decreto de 2 de Mayo de 1858, y cuyo derecho creían compaible con el que les declara la ley de 16 de Julio de 1887.

En Marzo de 1889 acordó la mencionada Corporación, de conformidad con lo propuesto por su Comisión segunda, desestimar la expresada solicitud, fundándose en que los Maestros referidos no eran empleados municipales, puesto que su nombramiento se hacía sin intervención del Municipio, dependían de la Dirección general de Instrucción pública y obtenían sus credenciales del Ministerio de Fomento, por más que su haber se satisficiera de los fondos de la Corporación, encontrándose en iguales condiciones que los empleados del ramo de cárcel, que nunca habían pretendido tal derecho; que dicho criterio se robusteció por el art. 19 del plan de Escuelas de 27 de Julio de 1888, que dice: «no siendo posible establecer jubilaciones ni viudedades, el Gobierno, sin perjuicio de los derechos adquiridos por los reglamentos anteriores o fundaciones particulares, promoverá las Asociaciones de socorros mutuos ó Cajas de ahorros para los Maestros, dispensando á estos establecimientos toda la protección que sea posible;» y en el propio sentido, la disposición quinta, transitoria de la ley de 9 de Septiembre de 1867, expresa que: «una ley especial determinará los derechos pasivos de los Maestros y Profesores que no perciban sus haberes con cargo al presupuesto general del Estado;» que en vista de esto, que evidencia lo improcedente de calificar á aquellos con el dictado de empleados municipales y asignarles derechos de jubilación consiguiente, el Gobierno, con el deseo de mejorar y asegurar la situación de los Maestros, propuso, y las Cortes acordaron la ley de 16 de Julio de 1887 y el reglamento para su ejecución, declarándose por el art. 1.º de aquélla el derecho á jubilación de dichos Profesores, y de igual manera el de las viudas á pension y el de sus hijos á orfandad, creándose una Junta para regularlas y una Caja especial con determinados fondos para atenderlas, debiéndose observar que entre otros señala el art. 3.º de la citada ley «el 10 por 100 de la suma total á que asciende el presupuesto del material de enseñanza de las Escuelas, el producto de los haberes personales correspondientes á las plazas vacantes, y el importe de la mitad de los sueldos asignados á los Maestros interinos, cuyos fondos cuide mucho la Junta municipal de primera enseñanza de Madrid de ingresar puntualmente en el Banco de España, resultando que lejos de eximirse las Corporaciones populares de satisfacer derechos pasivos á los Maestros, vienen á contribuir á su pago por medio tan directo.»

Que es indudable, pues, que desde la publicación de la referida ley corresponde sólo á la Junta de derechos pasivos su concesión, y que en cuanto al reconocimiento de la dualidad de jubilaciones por la Junta y por el Municipio, hasta para impugnarse la observación de que en tal hipótesis vendrían á sufragar ambas jubilaciones los Ayuntamientos, una directa y otra indirectamente por el modo ya expresado, á lo cual se opone la ley de 9 de Junio de 1855, siendo por otra parte absurdo que por un mismo servicio se reconozcan dos jubilaciones. Añade, además, el Ayuntamiento que la pretensión de los mencionados Maestros no hay que involucrarla con la relativa á los derechos especiales que las viudas y huérfanos de los mismos tienen reconocidos al Montepío municipal, porque sobre estar separada esta institución de aquél y de sus intereses, y obrando con independencia y con sujeción á su reglamento especial, no puede entenderse que en sus beneficios se origine el de derechos enteramente distintos cual los de jubilaciones, siempre de cargo del Erario municipal. Comunicado que fué el acuerdo tomado por el Ayuntamiento, se alzaron de él los interesados para ante el Gobernador de la provincia, exponiendo en contra de los fundamentos de aquél que la ley de Instrucción pública de 9 de Septiembre de 1867 declara expresamente que la primera enseñanza es función municipal, á cuyo sostenimiento obliga á las Corporaciones municipales, y que, por lo tanto, los Maestros son empleados del Municipio, como lo demuestra el hecho de que éste les des cuenta el 2 por 100 de sus haberes para el Montepío de sus empleados, les obliga á poner en sus títulos administrativos el sello que tiene establecido para aquéllos, y el consignado en las nóminas que el mismo confecciona y paga; que con arreglo al reglamento de 1.º de Julio de 1847 y Real decreto de 2 de Mayo de 1858, ha venido concediendo el Ayuntamiento cuantas jubilaciones han solicitado los Maestros; que el argumento de que éstos son nombrados por el Ministerio de Fomento, y por lo mismo no son empleados municipales, no tiene fuerza ni valor alguno, puesto que los Secretarios y Contadores de las Diputaciones provinciales lo son por el Ministerio de la Gobernación, y á nadie seguramente se le ocurrirá decir que no tienen el carácter de empleados provinciales; que el Ayuntamiento de Madrid ha concedido recientemente jubilación á Maestros, cuyo nombramiento no habían recibido del mismo, entre otros al Sr. Capdevilla, la cual no le hubiera otorgado si no la creyere legal; que en el recurso interpuesto por Doña Nicomedes Covisa, viuda del Maestro D. Lucio Solís, solicitando la pensión de viudedad, que no quiso concederle el Ayuntamiento por no considerar á éste como empleado municipal, una vez que no había recibido de él su nombramiento, se anuló el referido acuerdo por Real orden de 20 de Marzo, publicada en la Gaceta de 1.º de Abril de 1878, como contrario á las disposiciones vigentes á la sazón; y después de exponer los interesados otras diversas razones, suplican al Gobernador que se sirva revocar el acuerdo del Ayuntamiento.

Pasado el precedente recurso á informe de la Comisión provincial, lo evacuó en el sentido de que los Maestros de Madrid tenían perfecto derecho á jubilación, como los demás empleados municipales, con arreglo al reglamento de 22 de Julio de 1847 y Real decreto de 2 de Mayo de 1858; y no conformándose el Gobernador de la provincia con el dictamen, resolvió en 7 de Diciembre de 1889, de acuerdo con el parecer del Ayuntamiento de esta capital.

De esta resolución se alzaron los interesados para ante V. E., reproduciendo y ampliando los razonamientos ya expuestos en pro de su pretensión y suplicando que se sirva revocarla; y como V. E. dispusiera por Real orden de 30 de Marzo último que la Junta central de derechos pasivos del Magisterio emitiese dictamen sobre el asunto, manifestó ésta su parecer en el sentido:

1.º De que la Junta no creía tener competencia para determinar los derechos que á los Maestros de Madrid puedan corresponderles como funcionarios municipales.

2.º Que en el caso de que se les reconozca el derecho á percibir su jubilación en el concepto indicado, era ésta compatible con lo que pueda corresponderles de los fondos que dicha Junta administra.

La Dirección general de Administración local es de opinión:

1.º Que la ley de 16 de Julio de 1887 no declara empleados del Estado á los Profesores de las Escuelas públicas y sólo les concede el beneficio de ciertos derechos.

2.º Que existe compatibilidad entre los derechos concedidos por la ley anteriormente citada y aquellos que les corresponden como empleados municipales.

3.º Que con tal carácter debe considerárseles interin no se dicte una disposición general que los elimine de este concepto.

4.º Que la ley de 1.º de Julio de 1865 no les comprende por no ser empleados del Estado, ni la repetida ley de Julio de 1887 los clasifica bajo esta forma.

Y 5.º Que procede oír para mejor resolver la opinión de esta Sección, á cuyo objeto se ha servido V. E. remitir el asunto por Real orden de 31 de Julio último.

La ley Municipal de 1870 y la vigente de 2 de Octubre de 1877 determinan que es obligación de las Corporaciones municipales procurar el exacto cumplimiento, con arreglo á los recursos y necesidades del pueblo, de los fines sometidos á su acción y vigilancia, y en particular, entre otros, el servicio de la instrucción primaria; de modo que si dichas Corporaciones han de cumplir con lo preceptuado en la ley, tienen necesidad de valerse, para llenar tal cometido, de los Profesores necesarios, á quienes están obligados á satisfacer sus haberes, por más que éstos sean nombrados por el Ministerio de Fomento, en virtud de lo dispuesto en la ley de 9 de Septiembre de 1867.

El origen especial del nombramiento de los Maestros no les priva del carácter de empleados municipales, como tampoco impide que tengan el de provinciales los Secretarios y Contadores de las Diputaciones, á pesar de ser nombrados en virtud de disposiciones excepcionales, por el Ministerio del digno cargo de V. E. Entendiendo así el Ayuntamiento de Madrid, ha concedido derecho á jubilación á los Maestros e instrucción primaria que lo han solicitado, contándose, entre otros, á un Sr. Capdevilla, y aunque es exacto que negó á la viuda de D. Lucio Solís el derecho á pensión de viudedad, fundándose en que el causante no podía ser reputado como empleado municipal, fué revocado dicho acuerdo por Real orden de 20 de Marzo de 1878, dictada de conformidad con el dictamen que esta Sección tuvo el honor de elevar á V. E. Y si esto no fuera bastante para demostrar que los referidos Maestros son empleados municipales, y como tales lo reconoce el Ayuntamiento de Madrid, lo evidencian los hechos de que éstos les descontan de sus haberes el 2 por 100 con destino al Montepío; cuyo reglamento se titula de «Pensiones y socorros para las viudas y huérfanos de los empleados municipales de Madrid», de que se les obliga á poner el sello municipal en sus títulos y en las nóminas, además del sello móvil del Estado, el que la Corporación tiene establecido para los documentos justificativos de sus pagos, lo cual ciertamente no haría el Ayuntamiento sin faltar á las leyes e incurriendo en responsabilidad si no fueran los Maestros verdaderos empleados municipales, cuyo carácter les reconoce expresamente la citada Real orden de 20 de Marzo de 1878.