Gaceta de instrucción pública (1890-02-05 00:00:00), página 3

insidias donde los firmantes expresan claramente su carácter y los hechos que se discuten son concretos:

Otras aserciones del Sr. Maestro normal no necesitan refutación, porque si todos los titulares participan de sus ideas, como él dice, y toda la prensa política y profesional las apoya, no sabremos dónde buscar el espíritu contrario de la ley y de las disposiciones publicadas desde remota fecha, ni comprenderemos cómo la prensa avanzada, política, á la cual hemos visto defender la libertad profesional, puede apoyar aquella exposición. Es preciso no confundir la consideración que se presta á oír todas las opiniones con el apoyo que estas reclamen. Aquí mismo se nos ha dicho que en fecha anterior se acudió á una Corporación científica, en cuyo seno se reunían muchos Profesores titulares, y se solicitó apoyo en la pretensión referida de la exposición o suplica, y que alguien observó que no procedía que una Corporación que tenía abiertas sus cátedras libres, en las que podían difundirse la enseñanza todos los socios sin necesidad de títulos, apoyase semejante pretensión.

Respecto del otro apoyo que refiere el Sr. Maestro normal á significados personajes, bastará que digamos que para juzgar acudimos ordinariamente á nuestra propia inteligencia, y que las opiniones de aquellos señores deberíamos apreciarlas por nosotros mismos para aquilatarlas y no atribuirlas á simple cortesía.

El bondadoso, recto e ilustrado Sr. Rector no lo será más ni menos porque lo diga un Sr. Maestro normal, y no sabemos hasta qué punto le agradecerá el favor de hacerle aparecer combatido un intrusismo imaginario, porque no existe. Este Sr. Maestro, que tan liberal se muestra, no dice por qué no se convocó en la Universidad para sostener su derecho á los Maestros titulares, con título ó sin él, y únicamente á los titulares de las diferentes clases. Si bien es verdad que el Sr. Rector ya revela en su carta el cuidado de no encabezar la serie de firmas, y los Maestros no titulares tal vez no hubieran concursado teniendo bien amparado su derecho.

Pasaremos por alto las palabras fuertes del Sr. Maestro normal, advirtiendo, por último, que parecen estemperadas unas declamaciones que vienen cuando la ley de 1857 ya estableció excepciones y la de 1868 las aumentó; de manera que los que emprendieron sus estudios con posterioridad á aquellas fechas, no pueden llamarse á engaño, ni revindicar ningún derecho, porque sabían demasiado la competencia que debían sostener.

Si únicamente se quiere lucrar con los títulos ó se pretende llevar la mira egista hasta destruir en alguna parte el derecho de aprender y de enseñar en cualquier forma, en buen hora; nosotros tratábamos de demostrarlo, y lo combatimos con la legalidad y nuestros principios.

De Ud., afectísimo S. S. Q. B. S. M.,

D. FRARR.

Barcelona.—Enero 1890.

LA PROPUESTA DE LA JUNTA MUNICIPAL DE PRIMERA ENSEÑANZA DE MADRID

No atacamos á persona alguna determinada: todas nos son respetables, y por ende, serán respetadas; pero tampoco queremos que el capricho se sobreponga á la justicia, ni la influencia á los méritos, ni que la incuria en estudiar lo escrito sea causa para contentarse á unos en perjuicio de otros porque sólo cuenten con sus relevantes méritos y el derecho que abona sus legítimas aspiraciones.

Esta razón nos empuja á exponer otras sobre la inmediata propuesta, elevada al Rectorado por la Corporación ya dicha para pro- veer las Escuelas de esta Corte.

La Junta municipal ha clasificado los expedientes de 108 concursantes, no admitiendo los de otros ocho, sin exponer la causa, asignando los dos primeros lugares á D. Vicente Castro y Legua y D. Ramón Escribano, cuando ni uno ni otro tienen derecho alguno á ser admitidos en el concurso de ascenso, como probaremos.

La orden de la Dirección general de Instrucción pública, fecha 7 de Abril de 1876, dice así: «Con el fin de evitar las dudas que han ocurrido en algunos Rectores acerca de si los Maestros con opción á solicitar las Escuelas vacantes por concurso de traslado, por desempeñar otras de igual sueldo y categoría, pueden pretenderlas cuando se declare deserto por falta de aspirantes y se anuncie la provisión á concurso de ascenso; vistas las disposiciones vigentes en la materia, y teniendo en cuenta que los Maestros que se encuentran en aquel caso, al no hacer uso del derecho que les concede la Real orden de 4 de Mayo última para pedir su traslado, se entiende que renuncian á él, y que de admitirse al concurso de ascenso vendrán á dejar ilusoria el que corresponde á los que con los requisitos legales sirven Escuelas de la clase y sueldo inferior inmediata, esta Dirección ha tenido á bien declarar que los Maestros que pueden aspirar por traslado á las Escuelas vacantes no tienen opción á ser admitidos cuando se procean por concurso de ascenso.»

Sin embargo, el Sr. Castro y Legua, que disfruta 2.600 pesetas de sueldo, según dice la Gaceta, es admitido al concurso de ascenso, asignándole el primer lugar.

Si esto no es vulnerar la ley, no entendemos lo que es justicia, y declaramos no saber leer lo escrito.

La orden de 3 de Abril de 1880 devolviendo una propuesta hecha por la Junta provincial de Cádiz, está conforme con la anterior, por lo cual dejamos de transcribirla.

Vemos, pues, y la Junta municipal puede verlo también, que Don Vicente Castro y Legua carece en absoluto de derecho alguno para ser incluido en la propuesta.

Respecto del Sr. Escribano, Inspector de segunda enseñanza, también debe ser excluido; pues la Real orden de 5 de Mayo de 1882,—base falsa que se invoca para incluirlo en la propuesta, y con el número segundo,—le es enteramente contraria, toda vez que dice textualmente: «Ilmo. Sr.: En vista de la instancia de D. Matías Bravo de la Zarza, Inspector de primera enseñanza de la provincia de Burgos, y D. Vidal López Colmenar, Secretario que fué de la Junta de Instrucción pública de Toledo, en que piden se les conserve el derecho que concedió la orden de 7 de Abril de 1869; y de conformidad con el dictamen del Consejo de Instrucción pública, S. M. el Rey (Q. D. G.) se ha servido disponer que la referida orden se considere vigente, así para los interesados como para todos los que obtuvieron los expresados cargos de Inspectores y Secretarios de Juntas provinciales de Instrucción pública durante el tiempo que estuvo en vigor aquella disposición, pudiendo, en consecuencia, los que se hallen en este caso aspirar por concurso de traslado á Escuelas de igual sueldo que el que por aquellos cargos disfrutaron, siempre que reúnan los demás requisitos que allí se establecen, y que la Real orden de 24 de Marzo de 1875, derogatoria de la citada del 7 de Abril de 1869, rija sólo para los nombrados después de su publicación.»

Tomando como base la orden de 7 de Abril de 1869, tampoco es favorable al Sr. Escribano, en atención á que no desempeñó jamás Escuela alguna por oposición ó sin ella, ni en 1869 contaba ocho años de servicio en destino alguno.

Pero fijándonos en la Real orden de 5 de Mayo de 1882, fundamento para la propuesta, es completamente contrario su sentido á lo que la Junta desea, habida consideración á que el concurso es de ascenso, y esta Real orden sólo concede el de traslado, siempre que reúnan los demás requisitos que en la orden de 7 de Abril se exigen; y como se establece que para estos beneficios ha de haber ingresado por oposición, resulta que el Sr. Escribano, careciendo de estos requisitos,—debe ser excluido de la propuesta hecha por la referida Junta municipal.

Por otra parte, esta Corporación, al asignar el segundo lugar al Sr. Escribano, clasificándolo con el sueldo de 2.250 pesetas (cuyo cómputo ignoramos de donde procede), no ha tenido en cuenta que habiéndose basado la clasificación en el sueldo, por razón del que los Inspectores disfrutan en sus Escuelas al obtener el destino que hoy sirven son imposibles, tanto ese cómputo como la admisión, por no haber desempeñado Escuela alguna este individuo, y, por tanto, no puede acreditarsele tal sueldo, perjudicando á otros 106 concursantes, cuando todos, todos, obtuvieron sus plazas en virtud de oposición, mientras que el favorecido no puede ostentar esos laureles.

Verdad es que en su hoja de servicios acredita una oposición, según dice la Gaceta; pero.... ¿Qué Escuela obtuvo en premio de esos ejercicios? ¿Qué Jueces fueron esos que tan injustos se mostraron con el opositor para no adjudicarle ni aun una pobre Escuela de 820 pesetas?

Luego..... ¿en qué precepto legal se funda ese cómputo? ¿Qué propiedad le concedió ese derecho inexplicable? ¡Misterio!

Si una disposición deroga lo preceptuado en otra anterior de igual índole, pero en sentido opuesto,—siempre que taxativamente no exprese lo contrario,—tenemos que el reglamento de 7 de Diciembre de 1888 se opone también á la admisión del Sr. Escribano, toda vez que dice muy claro en su art. 63: «Al concurso de ascenso podrán aspirar todos los que disfrutan sueldo inferior al de la vacante, siempre que el grado de la Escuela que sirvan sea de la misma categoría.»

El Sr. Escribano no ha servido Escuela alguna; luego la consecuencia es lógica: no puede ser admitido al concurso de ascenso porque carece de base.

Consta de lo expuesto que los expedientes no han sido estudiados con detenimiento; pues de lo contrario, los de D. Vicente Castro y Legua y D. Ramón Escribano no debieron ser admitidos, y menos clasificados en el concurso de ascenso para proveer las Escuelas de Ma-