Gaceta de instrucción pública (1890-12-05 00:00:00), página 3

En vista de lo anteriormente expuesto, que se halla conforme en un todo con lo que aparece del expediente, y considerando que el nombramiento de Doña Gregoria Zabala para la Escuela de María, Arsenal y Jesús y María, se acordó en el supuesto equivocado de que era excedente, el Consejo de Instrucción pública entiende, de acuerdo con la Junta de Instrucción pública de la Habana, que procede la anulación de dicho nombramiento y la provisión de la Escuela, previo concurso á oposición, según el turno á que corresponda, desempeñándola mientras tanto interinamente Doña Rosario Gutiérrez.

Y conformándose S. M. el Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, con el preinsento dictamen, se ha servido resolver como en el mismo se propone; siendo al propio tiempo la voluntad de S. M. que esta resolución se publique íntegra en la Gaceta de Madrid y en la de la Habana, en observancia con lo que preceptúa el Real decreto de 5 de Octubre de 1888.

De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos correspondientes. Dios guíe á V. E. muchos años. Madrid 22 de Noviembre de 1890.—Fabio.—Sr. Gobernador general de Cuba.

REMITIDO

Sr. Director de la GACETA DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA.
Madrid.

Muy señor mío y de toda mi consideración: El interés que por la enseñanza siento me muevo á dirigir á Ud. las siguientes líneas, por si cree Ud. conveniente insertarlas en el periódico de su digna dirección.

Con este motivo se repite su muy atento s. s. Q. B. S. M.,

DAVID FERRER.

La continua resolución de expedientes que tiene lugar por los Centros directivos de la enseñanza, y más que esto, que es tarea regular de dichos Centros, la variada interpretación de las leyes, origina una natural multiplicidad de comentarios, tan encontrados como encontradas son las resoluciones de los expedientes. No sorprenderá á usted, pues, que emitiamos un parecer acerca de algunas órdenes y disposiciones más ó menos recientes, aunque discrepen algún tanto, ó sean enteramente opuestas á otras opiniones de distinto signo.

Es una de las indicadas órdenes de la Dirección general de Instrucción pública, referente á las Escuelas que, con arreglo al último censo de población, deben ser elevadas á la categoría de oposición. La generalidad de los Maestros y de otros que no lo son, han recibido muy mal la citada orden; pero algunos de éstos suponen que no puede impugnarse, bajo el punto de vista de estricta legalidad, y nosotros, creyendo de otro modo, nos proponemos demostrar nuestro parecer.

Es cierto que el art. 191 de la ley de Instrucción pública establece una escala de dotación de las Escuelas, tomando por base el censo, y desde luego, algo débta prevérsene en este particular; pero ¿es esto suficiente para que se vaya á parar á las consecuencias que algunos suponen legítimas, removiendo á los Maestros ó separándolos de sus plazas legalmente adquiridas? Nosotros creamos que no; porque no basta que la ley prescriba alguna regla; es preciso que dicha ley se aplique conforme á derecho. Y el derecho del Maestro que ha ingresado en la enseñanza mediante los requisitos legales, previstos en el artículo 160 de la ley, tiene garantizados sus derechos de inamovilidad conforme á los artículos 170 y 172. Y no es una opinión particular nuestra la que ahora sustentamos, sino que está apoyada en interpretaciones correctas de la misma Dirección en parte, la cual hoy se separa de aquella forma conveniente de entender el precepto legal; y para convencerse, véanse las órdenes de 4 de Febrero de 1880, 1º de Abril de 1870, disposición 6.ª, de 11 de Octubre de 1886, de 24 de Abril de 1883, etc.

No hay que perder de vista que los derechos posteriores, ó más propiamente, el deber que obliga á los Ayuntamientos á aumentar la dotación de los Maestros, en armonía con el censo, no puede afectar los derechos legales de dichos Maestros, derechos anteriores muy respetables.

También se ha de considerar que es un grave inconveniente, que si no es siempre evitable, debe procurarse que se repita lo menos posible el continuo trasiego de los Maestros.

Lo más deplorable es que una ligereza ó mala interpretación de la ley por la Superioridad, causa siempre, cuando menos, desazón y molestias á la clase de Maestros, que se ve obligada á entablar recursos, los cuales á veces pueden resultar muy onerosos; por ejemplo, cuando han de alzarse ante el Consejo de Estado. Si se trata de un Maestro mezquínamente dotado, no deja de ser lastimoso que, ó sufra los efectos de disposiciones poco meditadas, ó dado que comprenda el derecho que le asiste, tenga que acudir á asesores y llegar tal vez á entablar recursos que le consuman toda su dotación. En este caso, no obstante, consideramos que el camino más expedito y que ofrece mayor número de probabilidades de éxito, contando con el justo criterio del Consejo de Estado, está trazado claramente; pudiendo favorecer á los interesados su mismo número, que ha de hacer más llevadero el gasto si saben establecer aquellos una común inteligencia entre varios. Creemos que deben acudir al Ministro contra la orden de la Dirección, fundados en su derecho legal y en disposiciones anteriores, como las Reales órdenes de 4 de Febrero de 1880 y de 24 de Abril de 1883; y si el Ministro ni el Real Consejo de Instrucción pública, si se le consulta, no respetan su derecho, es llegado el caso de acudir al Consejo de Estado en tiempo oportuno, repartiéndose el gasto que dicho recurso ocasiona, á proporción de los varios asociados en cuya representación acudan alguno ó algunos de ellos, aunque este recurso no podrá utilizarse si se deja terminar el plazo concedido para legalizar la situación de los interesados y la individualidad en la demanda no prevenga ulterior recurso.

Es doloroso tener que llegar á tales extremos; pero hay que agotar los medios que proporcionan estas fórmulas que se llaman leyes, que aunque padezcan del vicio de origen, no sean siempre inequitativas y reclamen engorrosos procedimientos, son muchas veces el mal menor de entre los muchos que amenazan siempre el desvalído.

Respecto á los Maestros de Escuelas cuya dotación no alcanza al sueldo legal de 750 pesetas, tampoco consideramos correcta ni conforme con la ley la orden de 10 de Julio de 1885, en la que se dispone que los Maestros que desempeñan Escuela en una provincia no puedan hacer valer en ella los ejercicios de oposición practicados en otra para los efectos de la Real orden de 4 de Febrero de 1880, cual si los Tribunales de oposición en diferentes provincias fueran de categoría distinta, y particularizando las disposiciones generales, pues si un Maestro ha obtenido plaza por oposición en una provincia y puede ascender en otra, no hay razón para que los ejercicios que le constanten el ascenso en este caso no se lo permitan en el primero.

Otra cuestión igualmente se debate, cual es que los Maestros de Escuelas superior obtenidos por oposición no puedan aspirar á Escuelas elementales haciendo valer la totalidad de su sueldo legal; cuando es evidente que dicho sueldo establece propiamente la categoría de las Escuelas, e indudablemente si los sueldos de Escuela superior sobrepasan á los de la elemental, es porque se exige mayor suficiencia y mayores pruebas en los ejercicios para aquella clase de Escuelas que para éstas; además puede suceder que el Maestro de Escuela superior tenga ejercicios aprobados para Escuela elemental, llenando por consiguiente hasta á la letra las condiciones que implícitamente comprende el art. 187 de la ley. Si bien esto sería ocioso casi el mentarlo, porque quien probó lo más comprendió lo menos, y de todos es sabido que los ejercicios de Escuela superior sólo se distingue de la Escuela elemental por su mayor amplitud y extensión, y las leyes, por perfectas que sean, están sujetas á comentarios e interpretaciones, porque sobre la ley y su espíritu está el buen sentido, es indudable que los Maestros superiores tienen perfecto derecho á aspirar á Escuela elemental con todo el sueldo legal de que disfrutan, como que el Maestro superior tiene más categoría que el elemental por su título, en igualdad de sueldos y demás circunstancias; que respecto á capacidad pueden aquilatarse en una oposición verdad cuando existe el adecuado y objetivo del serlo. Sería ocioso casi, hemos dicho, tratar este asunto, si no hubiera quien, se opone tal vez de procurar por el Magisterio, sustentara opinión que dificulta sus legítimas aspiraciones. El consejo de los Maestros de Escuela superior á la categoría de Escuela elemental tiene gran analogía con el de Profesores de Universidad respecto de los de Instituto, y no creemos que á nadie se ocurra suponer que dentro de la misma enseñanza no se admite suficiencia, aptitud y derecho á los primeros para pasar á la categoría de los segundos.

También se suscitan dificultades en la interpretación del mismo artículo 68 del reglamento de 7 de Diciembre de 1888 respecto á los Maestros de Escuela elemental por oposición que han practicado ejercicios para Escuela superior, á los cuales Maestros quieren algunos negarseles el paso á la última categoría habiendo llenado las condiciones del art. 187 de la ley, esto es, habiendo verificado los correspondientes ejercicios de la Escuela á que aspiran. No es que el art. 68 se oponga abiertamente á esta pretensión, porque el articulado de un reglamento no puede oponerse ni limitar el derecho que nace de la ley, es únicamente que las tendencias restrictivas de algunos Centros y la oficiosidad de los que se titulan amigos del Maestro parece que se complacen en levantar obstáculos en su carrera. Con una amplitud que en otro sentido encuentra la correspondiente limitación en la ley, se prescribió en la regla 7.ª de la Real orden de 10 de Agosto de 1888 que «podrán aspirar por concurso á las Escuelas superiores los Maestros con título de esta clase que tengan los requisitos exigidos á las