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La Escuela moderna (Madrid) (1924-04-01 00:00:00), página 9

LECTURAS PEDAGÓGICAS

Ni un solo alumno dejó de traer su ejercicio, la mayoría sin firmarlo o usando de seudónimo; en todos se nota el deseo de acertar, la buena voluntad y el agrado con que efectuaron su labor. Claro que no tienen todos el mismo valor, destacando cinco de ellos que se han leído y comentado públicamente. En algunos, el caso referido resulta extremado, en otros pone la familia el remedio y bastantes son una censura acerba al proceder pedagógico del maestro.

El examen y comentario de esos cinco trabajos constituyó un ensayo de seminario pedagógico, puesto que avaloramos conjuntamente entre profesores (asistían varios de ellos a este ejercicio) y discípulos esa labor, anteriormente efectuada, apreciándola en su aspecto teórico y en el práctico.

El ensayo me deja satisfecho; confío que por este camino formen criterio personal sobre su misión de educadores y se entreguen con fruición al estudio de ella.

Séame permitido reproducir aquí uno de los trabajos de los alumnos, a fin de que resulte, en lo posible, una visión menos incompleta de la labor suya.

Ejercicio de Pedagogía.

«Con referencia a sentimientos personales de tendencia nociva o malsana, ¿recuerda el alumno algún caso propio o ajeno ocurrido en la vida escolar?

»A falta de hechos vistos por él, ¿podría citar alguno que haya leído y lo considere interesante y apropiado al asunto que estudiamos?

»Consigne por escrito y brevemente lo que sobre el particular se le ocurra.»

El tema precedente fué contestado del siguiente modo por D. A. F.:

No recuerdo de caso alguno, ni propio ni ajeno; pero ¿sirve este, de cosecha propia?

«Allá en «las grises lontananzas muertas» donde Gabriel y Galán fué doble maestro, una misérrima aldea y una forja de hombres: la escuela.

»En la escuela un maestro, uno cualquiera, grano de semilla aventada a los cuatro vientos y, entre otros, dos educandos; hijo del cacique el uno, bien trajeado, con sus fuertes botas de
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LA ESCUELA MODERNA

REVISTA PEDAGÓGICA Y ADMINISTRATIVA DE PRIMERA ENSEÑANZA

Año XXXIV.   JUNIO DE 1924.   Núm. 393.

La enseñanza en Bélgica
en los primeros años del siglo XX.

Ha imperado en Bélgica el régimen de la más absoluta libertad de enseñanza. No sólo el Estado, las Provincias y los Municipios, sino cualquier ciudadano, o extranjero, o cualquiera Asociación, sin autorización previa, podían fundar establecimientos de enseñanza, de cualquier grado, sin que en ellos el Poder público interviniese para nada.

Las escuelas primarias privadas podían ser adoptadas por los Ayuntamientos; las Escuelas Normales privadas podían obtener del Estado la facultad de expedir títulos de maestro con valor legal.

La administración de las escuelas públicas y de las privadas subvencionadas y asimiladas a las públicas carecía de un centro superior común. La enseñanza general primaria, media y superior, estaba asignada al Ministerio de Ciencias y Artes; las escuelas de Beneficencia, al Ministerio de Justicia; la escuela de Agricultura y otras similares, al Ministerio de Agricultura; otras escuelas técnicas, al Ministerio de Industria y Trabajo.

Tampoco existía Consejo Superior de Instrucción pública. Cada grado de enseñanza tenía su Consejo independiente, sin ninguna representación delegada de los cuerpos docentes.

La primera enseñanza, con arreglo a la ley del año 1895, es
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que se trate de introducir en cualquiera Universidad una cátedra de Paleontología, y que se pregunte si se requiere para ella una colección paleontológica distinta de la geológica, o que un profesor pide que las salas de su gabinete tengan una exposición determinada para hacer investigaciones sobre el ozono, la electricidad atmosférica o el magnetismo terrestre; ¿qué otro juicio podrá invocarse que el de las personas que de propósito se consagran a tales asuntos?» Ciertamente que no es posible imaginar que un ministro, un director, ni un profesor siquiera, por competentes que sean en tales o cuales ciencias, lo sean en todas, y que puedan decidir con igual pericia lo mismo en Filosofía que en Química, en Anatomía como en Derecho civil, en Matemáticas como en Lenguas orientales. Aun el filósofo, que por su género de cultura está como en el centro de todas las esferas del conocimiento, y en la idea y primeros principios de cada una, no puede por esto mismo tener la inteligencia en el profundo y delicado pormenor de cada ciencia particular, que pide, por tanto, condiciones correspondientes en la enseñanza.

Y si se responde que para todas estas cosas puede contarse con el auxilio de personas facultativas en cada ramo, o de corporaciones científicas, y que ésta era la significación de los antiguos cuerpos consultivos, ¿con qué razón entonces, ni aun pretexto, se reserva la Administración la última sentencia inapelable, quizá aun entre contrarios pareceres? Esta misma necesidad de consejo, que por nadie será puesta en duda, es la mayor muestra de su incompetencia.

Ni 'es menor la que en este asunto puede a la verdad reconocerse en las Cortes. Aunque las doctrinas, por desgracia reinantes en la política, tiende a considerarlas como las depositarias exclusivas de la soberanía de la nación, y a entronizar en el Estado el despotismo de las mayorías parlamentarias sobre la vida toda del país, al fin y al cabo habrá de limitarse esto a la política, y no es de creer que nadie osará afirmar que las cámaras legislativas (y especialmente la de los diputados, hoy única [entre nosotros], reúnan títulos superiores a los que se niegan a la Administración en este asunto. Pueden hallarse en su seno hombres de ciencia, profesores distinguidos en toda clase de estudios; pero ¿son ellos acaso los que deciden o una mayoría extraña a cuestiones de esta índole?

Además, y suponiendo en un ministro o en una Asamblea.
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los mayores conocimientos, las funciones de la vida científica, y entre ellas la enseñanza, que ahora principalmente nos ocupa, son un arte práctico, que, como todos, no viven de pura idea, sino que requieren juntamente experiencia y ejercicio, sin lo cual es aquélla, aunque esencial, insuficiente. Las más elevadas ideas no suplen a la práctica, aunque la ordenan y dirigen; como toda la experiencia del mundo no puede substituir a los principios.

He aquí por qué, en los momentos en que se anuncia la preparación de una ley de Instrucción pública, conviene llamar la atención de la opinión y del Gobierno sobre los límites en que deben encerrarse las bases que a las Cortes Constituyentes se sometan, y la esfera de acción, que, en el justo y recíproco respeto entre todas las instituciones sociales (respeto de que tan noble muestra han dado los autores del memorable decreto de 21 de octubre), debe dejarse enteramente intacta a la deliberación y resolución inapelable de la comunión científica. Legíssese en buena hora sobre la organización y gestión administrativas de los establecimientos de enseñanza; nada más justo, y nadie disputará por hoy al Estado su legítimo derecho en este punto. Pero déjese a la sociedad, especialmente consagrada al cultivo de la Ciencia, que establezca las bases permanentes de su vida, el plan de su actividad interior, las reglas para la prosecución de un fin, que sólo ella conoce y puede realizar. No es la soberanía política, la soberanía del Estado, la única verdadera soberanía. Como él para el Derecho (y no más allá de esto), la Iglesia para la Religión, la Universidad para la Ciencia, cada sociedad particular para el fin que cumple con sus propios esfuerzos, es única autoridad y juez inapelable de sus funciones, se rige y gobierna por sí, no reconociendo criterio superior a que ajustarse en ninguna otra situación humana. Por olvido de esta verdad viven aún los diversos órdenes sociales, tan pronto en forzada sujeción como en receoso apartamiento, siempre en perpetua discordia y acechando con salvaje inquietud el instante propicio para dominar y uncir a su yugo a los que debieran amar y reverenciar como a hermanos.

A la Ciencia, pues, y sólo a ella en sus distintos órganos y funciones, todos necesarios a la obra común de la verdad en la vida, toca constituirse interiormente, dirigir su actividad, dictar sus leyes, corregir y sanar sus enfermedades, todo cuanto,
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en suma, dice relación con su ministerio, sobre el cual puede y debe velar siempre el Estado por que se conserve en su esfera y en su justa cooperación con los demás, como puede y debe velar hoy, además, entre nosotros, por que no se malogren en un día sacrificios seculares; pero que en sí mismo y en su propia obra real e interna, rechaza toda extraña inmixtión, por generosos y desinteresados que sus móviles sean.

Ahora bien: ¿cuáles son los medios, justos y convenientes, por tanto (que no hay conveniencia fuera de la justicia), para realizar tan legítima aspiración? En otros términos, ¿cómo ha de ser llamada hoy en España la sociedad científica a decidir las bases de su competencia en la próxima ley de Instrucción pública?

II

Cuando se considera atentamente la sociedad humana en los diversos círculos de vida que la constituyen, no puede menos de reconocerse la unidad esencial que, en medio de las características diferencias que a éstos distinguen, reside en todos indefectiblemente, fiel testimonio de la de nuestra naturaleza. Y si de esta suerte presiden en razón a todos esos órdenes los mismos principios, aparte luego de lo que a cada uno es peculiar y propio, toca de pleno derecho la primacía entre las bases cardinales del régimen y organización que reclama la actividad social, puesta al servicio de un determinado fin cualquiera, a la que reconoce en la sociedad y en cada una de sus particulares instituciones la raíz y fuente viva, eficaz, permanente de la dirección de su obra; dirección otro tiempo vinculada en tales o cuales órganos, que se arrogaban de por sí una autoridad primordial e indiscutible sobre la esfera que les estaba subordinada.

Esta inherencia de todo poder social en la comunidad misma, cuya acción cumple el fin a que se consagra, no necesita, ciertamente, prolífica demostración. Doquiera admitida para las asociaciones temporales y transitorias, confesada en teoría, aunque de ningún modo sabida y aplicada consecuentemente en la Iglesia y el Estado, y desconocida cuanto cabe en los restantes órdenes fundamentales del humano destino, muéstrase con evidencia irresistible tan luego como se reflexiona que así como el individuo rige y determina exclusivamente de por sí su
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vida interior, cada sociedad gobierna la suya, como una persona mayor humana, ya que toda ella, en su total actividad y sobre la distinción de sus funciones particulares, es quien cultiva y realiza los fines de su naturaleza; no meramente tales o cuales de sus miembros. Mas como las personas morales o sociales no obran al modo del individuo, sino en el compuesto sistemático de su acción, necesitan constituirse interiormente para ésta, estableciendo órganos peculiares para cada función determinada, los cuales no agotan, sino que presiden, favorecen y expresan la obra común, a que sirven de eficaces cooperadores, especialmente consagrados a ella como su vocación cardinal y para mantener la libre unidad y armonía del conjunto. La aplicación de estos dos principios; a saber: el del fundamento del poder y gobierno de la vida social en la sociedad y en sus distintas esferas, y el de la formación en éstas de órganos particulares, subordinados por tanto al todo, del cual reciben su investidura y la ley de su actividad, engendra el sistema representativo, no sólo en el Estado, sino en toda clase de sociedades, temporales o permanentes, amplias o reducidas, por la debida relación de las autoridades con los súbditos, en la unidad del todo social y bajo su plena esencial soberanía.

No de otra suerte se producen también y enlazan entre sí las diversas profesiones mediante las cuales se realiza orgánicamente el fin de la Ciencia en la sociedad humana. La enseñanza, la discusión, la imprenta, la escuela, la biblioteca, el museo, como los establecimientos destinados, por ejemplo, a la indagación en las Ciencias de la Naturaleza; el filósofo, el naturalista, el matemático, el químico, el literato, el historiador, el fisiólogo, el moralista, todos representan funciones esenciales de la investigación y comunicación de la verdad, en cuyo concertado progreso estriba el de la educación de la Humanidad en esta obra fundamental de su vida. Y así como de la omnilateral cooperación de todos estos elementos resulta la edificación de la Ciencia como fruto de la actividad del Espíritu en la Historia, de igual suerte, el establecimiento de las bases constitutivas y reglas de la concorde dirección de todos al fin común propuesto no pueden dimanar tampoco de otra fuente que de la íntima convicción que sobre las necesarias condiciones de esta empresa formen los que a ella se consagran, mediante indagación y discusión crítica constantes de la naturaleza de ese fin y
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de sus exigencias capitales, en razón cada vez de los tiempos y del estado actual de la Ciencia, de la sociedad y de la humana general cultura.

Y he aquí, entrando de lleno en nuestro presente asunto, cómo sólo la sociedad científica, fielmente representada en sus diversos órdenes y funciones, puede resolver acerca de sus propios negocios, que a nadie sino a ella directamente incumben. La convocatoria, pues, de ese Cuerpo en una Cámara o Asamblea general de Instrucción pública, es la primera base ineludible que de los nuevos principios nace, para la formación de la futura ley del Estado en esta esfera, que debe dejar enteramente confiada a su decisión en cuanto se refiere a lo esencial e interno de su organización y su funciones. Cualquier otro medio, como la formación de un Consejo permanente o de una Comisión auxiliar transitoria, según ha sido uso en otras ocasiones, no sólo es contradictorio con el fin mismo que al adoptarlo se pretende, sino atentatorio a la soberanía de la sociedad científica, que no está inlindada ni concentrada en tales ni cuales individuos o corporaciones, por competentes y respetables que sean, sino que radica en la comunidad misma, cada uno de cuyos miembros, aun el más desconocido y humilde, con la sola condición de su aptitud, mediante el desempeño de la función que ha abrazado, tiene derecho a ser oído, y a influir con su convicción en el espíritu y vida de la esfera a que pertenece.

Y si, en virtud de estos principios, el sentido del Cuerpo científico en su integridad, no el de estos ni aquellos de sus miembros, es el que debe determinar su acción, es innegable que sólo una asamblea libremente elegida por ese Cuerpo es quien de hecho y de derecho puede representar fielmente aquel sentido. Sin satisfacer estas exigencias, bien puede asegurarse que la conveniencia y el acierto no padecerán menos que la autarquía de la Ciencia y su cultivo. Hay más: el régimen actual de la enseñanza ha sentado principios que si es cierto no deben malograrse con prematuros desarrollos, no lo es menos que fuera falta imperdonable querer darlos ya al olvido. ¿Volverá el Estado a trazar planes de estudios, reglas para los exámenes, y para la provisión de las cátedras y demás puestos facultativos, y sólo se detendrá ante la imposición de programas y libros de texto, administrando la instrucción y la Ciencia
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a la sociedad, por medio de funcionarios más o menos aptos e inamovibles? Y ya que la sanidad de los nuevos principios proclamados impidiese llegar hasta las enormidades y extremos que hemos visto en tiempos nada remotos, y se dejase, por ejemplo, libre, dentro de ciertos límites, la acción individual del profesor, ¿con qué criterio, ni según qué norma el Estado, consagraría esta relativa independencia de los miembros conservando al todo en irracional sujeción, poniéndose en su lugar y usurpando sus naturales funciones?

Hay que desengañarse. La profunda modificación, ya que no realizada, iniciada a lo menos en la nueva legislación de Instrucción pública, no consiste en haber hecho más libre al profesor, sino en haber reconocido la soberanía de la Ciencia en su esfera. En tiempos atrás, poco antes de las reformas consumadas por el último Ministerio moderado, el profesor tenía asegurada en la ley alguna libertad de acción, ampliada todavía por las prácticas y costumbres, que habían venido a disminuir considerablemente, y en los estudios de Facultad a destruir casi por completo la eficacia de las prescripciones referentes a textos, programas y otros asuntos análogos. Pero ahora no se ha aumentado sólo la cantidad de iniciativa dejada al profesor, sino que ha variado esencialmente la cualidad y carácter de su ministerio. Son los principios lo que ha cambiado; no el más o el menos de su aplicación. El reconocimiento de la Ciencia y la enseñanza como funciones propias en sí, contra el antiguo concepto, que las convertía en ramos de la Administración del Estado, cuya incompetencia para cuanto se refiere a lo esencial y propio de aquellas funciones pone tan de relieve el decreto de 22 de octubre (1), es la base de las nuevas relaciones inauguradas entre éstas y la institución política, y el timbre más honroso de la presente situación.

III

Al reclamar el establecimiento de una representación general de la Instrucción pública (2), y al reclamarla, no sólo en

(1) Véanse las declaraciones de su notable preámbulo.
(2) Escrito ya el presente artículo, se ha presentado a las Cortes el proyecto de ley de Instrucción pública. La soberanía de la Ciencia se halla reconocida en él; sólo
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nombre del derecho de la Ciencia a no recibir su ley sino de sí propia, sino en nombre de los nuevos principios proclamados por el Estado en esta esfera (1), deben considerarse las condiciones esenciales que han de servir de base a aquella representación, para afirmar sólidamente esta institución importante, y evitar que por algún defecto de organización sucumba en la práctica, sin otra consecuencia que el descrédito de una reforma que vale de por sí toda una ley.

Es, en primer lugar, evidente que, pues se trata de fundar el Gobierno de la Instrucción nacional, esto es, de la vida científica española en todos sus órdenes y esferas, no meramente de la enseñanza, deben hallar cabida en la expresada representación las diversas funciones de esa vida, una de las cuales tan sólo, y no más, aunque de capital interés, es la que tiene a su cargo el Magisterio. Las escuelas, pues, de toda clase y grado, las Academias y Asociaciones de este género, las Bibliotecas, Museos y demás establecimientos análogos, la Prensa y literaturas científicas, cuanto expresa, en suma, una de las actividades primordiales o subordinadas mediante que este fin de la vida se cumple, piden ser representadas en esa Asamblea, en proporción a la importancia respectiva de cada esfera, y al grado de crecimiento que alcanza en nuestra patria. Sin esto, la enseñanza, aislada de los restantes órganos de cuya comunicación y comercio necesita, no puede cobrar la vitalidad y que niega la naturaleza a todo miembro segregado del tronco.

Como desde luego se comprende, aunque la representación debe ser obligatoria para los establecimientos instituidos o do-

falta desenvolver este principio consencuentemente, pues algunas disposiciones del proyecto lo contradicen. Por lo que respecta a la Junta de Instrucción pública que se establece, lo principal está hecho: el resto toca a la Comisión de las Cortes que entienda en este asunto. Comparando las prescripciones del proyecto en este particular con el presente artículo, fácilmente se reconocerá la diferencia, y el sentido en que, a nuestro entender, debe aquél reformarse en algunos puntos, de acuerdo con las mismas doctrinas calurosamente defendidas en el preámbulo del señor ministro de Fomento.

(1) Más detenidamente exponen estos principios Ahrens (Derecho natural, sexta edición, tomo II); Darimon (Principios de organización social) y el Ideal de la Humanidad para la Vida; libros todos que tanto han contribuido a preparar su advenimiento a la legislación. Recientemente también el Congreso de Filósofos reunido en Praga ha dirigido su atención a estos vitales problemas. Por lo demás, esta idea de una representación general de la Sociedad científica ha sido señaladamente expuesta por el actual secretario de esta Universidad, Sr. Uba, en su antigua revista La Enseñanza, y por el profesor Sr. Giralti Pauli, en su Cerebro de la Revolución.
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tados por el Estado o las Corporaciones oficiales, no por esto debe reducirse a ellos tan sólo. La instrucción y cultura nacional resulta de la cooperación de todos los institutos a este fin encaminados, y para su concertado progreso y reciproco complemento no basta la libertad exterior, única que el Estado puede dar, sino que se requiere la unión y concorde inteligencia de cuantos sirven a la obra común. Por esto, las escuelas, sociedades y demás órganos de la actividad privada en esta esfera, los profesores particulares, los escritores científicos, deben ser admitidos libremente y a su instancia, mediante ciertas condiciones (1), a participar en la representación y gobierno de la sociedad a que pertenecen; sin que en ningún caso su resistencia a aceptar esta participación pueda motivar la privación ni la disminución de los derechos que les reconoce y asegura la ley. Harta pena llevan ya en el aislamiento a que se condenan, y en la consiguiente privación de los auxilios y servicios que hallarían en su alianza con las demás instituciones sus hermanas.

Por respeto a las escuelas, y dado el sentido tanto tiempo reinante en estos asuntos, no es ocioso advertir que a los alumnos, miembros esenciales de todo establecimiento de enseñanza, no es de modo alguno lícito privarles de representación, allí donde sus condiciones de aptitud lo hiciesen posible, para bien de la enseñanza y aun de la Ciencia misma.

Organizar esta representación, determinar sus condiciones particulares, combinar la proporción de sus diversos elementos, fijar el sistema electoral, etc., son asuntos que sólo a ella misma incumbe, que es quien puede juzgar atinadamente y por derecho propio pormenores de tan delicada naturaleza y carácter.

Que esta representación, así constituida, debe ser permanente, no convocada por esta vez y en casos extraordinarios, resulta de la permanencia misma de la sociedad y vida que debe gobernar. Así como el establecimiento de la Constitución del Estado no excusa, antes hace indispensable, la incesante infor-

(1) Estas condiciones deberían únicamente referirse a la comprobación de carácter alegado por la Corporación o individuo que soliciten la incorporación. Los profesores privados que no formen parte de ningún establecimiento, así como los escritores científicos, verbigracia, podrían ser admitidos por la Universidad, si ésta estimase suficientes los antecedentes alegados y acreditados.