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lación, con el liberalismo, ofreciendo una fórmula en la cual se recogían algunos de los principios de la revolución de 1869, junto a otras sustanciales para la institución monárquica, tal como la historia la ha formado.

En esa situación legal vivimos hasta el año 1881. Ese año significa el comienzo de recepción, en el cuadro un poco vago y a veces susceptible de varias interpretaciones, de la Constitución del 76, de algunos de los principios de 1869, que en el momento inicial de la restauración monárquica hubiera sido imposible imponer a la fuerza triunfante entonces. Esa es labor de los últimos tiempos de Castelar y ése es el programa que realiza el partido liberal en la Regencia.

Con esto, la trayectoria externa de nuestra vida política se termina, porque realmente no hemos añadido nada al programa de 1868 en el orden de nuestra legislación fundamental, y aún hay algo de él por consignar nuevamente en nuestras leyes.

Pero con conocer esta trayectoria, y aun cuando yo tuviera tiempo para ir rellenando cada una de estas indicaciones de carácter general con la serie de hechos que les darían un cuerpo robusto y demostrarían la exactitud de las características que expongo, con conocer esto, repito, no sabemos más que una parte de nuestra vida política durante el siglo XIX y lo que va corrido del actual.

Vengo, pues, al examen de la otra trayectoria de que ya os he hablado, la que llamo trayectoria interna de este periodo político.

Veamos, ante todo, qué contenido substancial de cuestiones posee el movimiento de nuestra política desde 1808 hasta los momentos actuales.

En primer término, y en todo periodo de lucha, los liberales tienen como programa básico, como esencia sin la que dejarla de ser tal programa liberal, la defensa del cuadro de los derechos individuales considerados como garantía de la persona física, que hacia el final del periodo deja vislumbrar también su aplicación a la persona social.

En segundo término defienden el dogma de la soberanía nacional frente al de una persona o de una familia.

Por último, manifiestan preocupación constante por los problemas de la autonomía municipal, los cuales se entienden de diferentes modos según los momentos, pero constituyen siempre el caballo de batalla, y hay instantes en que la lucha política se produce completamente con motivo y alrededor de la cuestión municipal. La historia de la Regencia y de Isabel II está llena de episodios de esa naturaleza.

Al lado de estas cuestiones centrales, que son como la aspiración última de todo el movimiento liberal, existen otras direcciones dominantes que ofrecen la particularidad de ser comunes a las dos direcciones del partido que juegan dentro de la vida de la dinastía reinante, es decir, de los progresistas y los moderados. Tales son: de una parte, y como nota fundamental (una de las más salientes en toda nuestra
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historia política contemporánea), el sentido unificador y centralizador. Coinciden en él liberales y moderados. Todo el mundo sabe que algunas de las realizaciones políticas y administrativas más agudas de la unificación y la centralización no son hijas de los progresistas, sino de los liberales moderados. En virtud de esa orientación se producen en la historia de España estos dos hechos comunes a la historia de muchos países en aquel tiempo: reducción de nuestra legislación a tipos uniformes y a una nueva forma de codificación; desaparición de las excepciones legislativas, es decir, de los fueros y de todo lo que significaba una diferencia de derechos con relación a las normas comunes.

Segunda nota dominante. El sentido secularizador y desamortizador. Empleo ambas palabras en el concepto y con el valor que podrían tener para un hombre del siglo xviii, del que recibimos, con el régimen monárquico absoluto, esas dos notas que se incorporan al programa liberal de ambos partidos dinásticos, el progresista y el moderado.

Así, por ejemplo, si las primeras leyes desamortizadoras son de un liberal como Mendizábal, la desamortización de 1855 todo el mundo sabe que fue preparada por Bravo Murillo. Las relaciones con la Santa Sede las orientó Narváez, inspirado en las doctrinas del siglo xviii. Y, por último, el Concordato de 1851 no es más que una consecuencia de esa misma doctrina.

Reasumiendo diré que todo el movimiento político nuestro en el siglo xix gira alrededor de esas seis notas que acabo de indicar, y en ellas está contenido todo el programa de substancia. Su consecución se considera como el coronamiento de la obra del partido liberal en España hasta casi el final de aquella centuria.

La lucha secular que representa la incorporación a nuestras leyes de las garantías a que responden esas notas fundamentales absorbe todas las actividades colectivas y produce con esto una nueva característica de nuestra vida política del siglo xix, y es el apartamiento de toda política internacional, empezando por la colonial. Hecho característico de nuestro abandono en este orden es lo ocurrido con la isla de Fernando Póo. En pleno siglo xix, y por nuestro inexplicable abandono de esta posesión, los ingleses la ocuparon como colonia suya durante algún tiempo; por un súbito despertar de nuestra administración, volvimos a ocupar la isla en 1843. (Fernando Póo nos pertenecía desde 1778.) A pesar de la lección recibida, no nos ocupamos mucho de estas posesiones, y perdimos los derechos continentales.

Esa misma absorción de los problemas planteados en la Península hace que nuestros políticos no adviertan la evolución de otros países en punto al régimen colonial, y, por consiguiente, que no aprecien los capitales errores del nuestro en Cuba, en Puerto Rico y en Filipinas, que nos conducen a la triste realidad de los hechos de 1898, caso aparte
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de la responsabilidad que en éstos corresponde a otros factores ajenos al pueblo español.

Por otra parte, esa misma absorción de todas nuestras energías en la lucha política interna a que me referí antes, nos hace caer, por una doble equivocación de pensamiento, en el aislamiento absoluto de la vida internacional europea.

Esa doble equivocación emana, por una parte, de una abstracción inconcebible para un observador de nuestro tiempo, pero comprobada en nuestra historia del siglo xix. Es la abstracción que corresponde a este razonamiento: nosotros tenemos una vida propia aparte de los demás países, y nos interesa tan sólo resolver nuestros problemas. Lo demás no nos afecta ni nos importa.

La otra equivocación procedía de la siguiente idea: «Somos tan débiles, valemos tan poco, podemos influir tan escasamente en el orden internacional, que no vale la pena siquiera de que llamemos la atención del mundo sobre nuestros valores.»

Esta situación de espíritu, genuinamente pesimista en cuanto a las fuerzas de nuestra vida nacional, constituye uno de los móviles fundamentales de que derivan muchos de los actos y manifestaciones de nuestra política, que de otra manera no cabría explicar. Y como el tiempo apremia, en la lección de mañana, cuando hable del movimiento nacional y patriótico, terminaré esta explicación.

Pero nos queda todavía por examinar otra parte de nuestro movimiento político.

Con haber logrado la incorporación a las leyes del citado programa liberal a través de todas las vicisitudes que he apuntado hasta llegar a su punto culminante, nuestra obra política no quedó terminada. Conviene, pues, para la total visión de nuestra historia contemporánea, estudiar otros hechos referentes a nuestra vida política positiva.

Para que una ley cualquiera tenga eficacia y se convierta en realidad de vida en un país, no basta con haberla dictado; es preciso que sea tan hondamente sentida y comprendida por aquellos que la han de aplicar, que venga incluso a constituir en ellos como un movimiento habitual de su actividad toda, en virtud del que, como automáticamente, produzcan siempre sus actos. Además, y para que lo escrito en la ley sea una práctica en el pueblo, no basta con que cumplan aquélla los encargados de hacerla cumplir desde el Poder; es preciso que la cumplan también todos y cada uno de los ciudadanos. Y mientras no se produzca esta concurrencia de acciones, es completamente imposible hablar de una vida efectiva con respecto a cualquier orden de doctrinas, por muy claras y muy terminantes que estén definidas en la legislación.

¿Ha pasado eso en España? No. Nuestra historia del siglo xix nos dice con toda claridad que el pueblo español no ha vivido esa realidad
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sino en parte muy pequeña, porque los de arriba y los de abajo han faltado a la condición de hacer carne y sangre de los principios que proclaman como directores de su vida política; unas veces han sido unos y otras veces otros; muchas también ambos.

De aquí nace esta contradicción que revela nuestra historia cuando nos asomamos a ella con espíritu imparcial y sereno, pensando, ante todo, en que lo que importa al país es que se cumpla lo que en cada momento debió ser norma de su vida; contradicción entre lo que está dictado en la ley, como adquirido ya en la expresión externa de la historia política, y lo que realmente se ha practicado en el vivir efectivo del país.

Una explicación de que esto haya ocurrido así nos la da otro hecho culminante, cuyas consecuencias tocamos constantemente: la falta de una educación política de nuestro pueblo.

Los liberales de Isabel II, y antes de ellos los liberales de las Cortes de Cádiz, tuvieron sin duda la adivinación de que era preciso educar a las masas que iban a tomar participación en la vida política; pero la tradujeron en el pensamiento pueril de que se lograría por el mero hecho de explicar la Constitución de las Cortes de Cádiz en las escuelas de Primera enseñanza.

No es que esta idea fuera descabellada en sí misma; su puerilidad estriba en el hecho de creer que la educación política del pueblo se obtiene con sólo hacer aprender a los muchachos todos o parte de los artículos de la Constitución. En cambio, una acción intensa para despertar la conciencia política del pueblo no se ha hecho, y por esa razón, en cuantas ocasiones se ha dispuesto de un instrumento-ley para lograr que la vida de las instituciones del pueblo español llevarse una dirección determinada, la que fuese, no ha bastado el concurso de una parte de la colectividad suficientemente aleccionada para que la norma se convirtiese en realidad viva.

Adviértese también en la historia política de nuestro siglo XIX otro factor: la falta del sentimiento y del concepto del interés público, sin el cual es absolutamente imposible que ningún país tenga vida política, cualesquiera que sea su régimen.

En la consideración general de la historia del mundo, vemos que la pobre Humanidad vive en una serie de tanteos, buscando siempre la manera de resolver los problemas, y unas veces se enamora de una solución y otras veces de otra. Lentamente, en la evolución de la historia moderna, se ha ido produciendo en los pueblos más avanzados el sentimiento y el concepto del interés público. Y notamos que ambos, poniendo en primera línea las necesidades de la colectividad (en cuyo respeto deben orientarse todos los actos del individuo y a las que hay que subordinar las actividades y apetitos de cada uno de éstos), son la base de la administración y de la educación política de los pueblos mo-
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demos. Esto es lo que hace grande la vida política de Inglaterra, no obstante todos sus defectos; es lo que hace un bloque formidable de la masa nacional política de los Estados Unidos. Una consecuencia, y a la vez un ejemplo de esta manera de concebir la vida política, está en la orientación del régimen municipal en muchos países, en los cuales ese régimen se concibe ya de la misma manera que la administración de una empresa particular, y se aspira a que actúe según los principios de técnica y de cuidado exquisito de la acción privada para que no se produzca pérdida alguna de los elementos que proveen a las necesidades colectivas, exactamente del mismo modo que funciona la vida de una empresa que tiende a obtener un máximo de beneficios con el menor esfuerzo y gasto. Así, por ejemplo, se concibe ya la vida municipal en muchos lugares de los Estados Unidos.

Pero eso nos falta completamente a nosotros, esa es una nota que no se encuentra en nuestra historia contemporánea; es una falta de la trayectoria interna en nuestro proceso político. No citaré más que un hecho en demostración de que esa es la realidad, heredada por los hombres del siglo xx de los del siglo xix; y es que no se ha intentado todavía por nuestros gobernantes la organización de la administración pública a base de las especializaciones técnicas en cada una de las ramas de la actividad humana, ni siquiera en la preparación para los más altos cargos públicos.

Y llegamos, señores, a los últimos veinte años, en los cuales se plantean muchos problemas aún presentes. En ellos es donde se produce un cambio, por lo menos ideal, y de aspiración concreta en la trayectoria que llevaba hasta aquí la historia política de nuestros gobernantes. ¿Cuáles son las notas en que se expresa ese cambio y por virtud de las cuales podemos decir que nos hallamos hoy en una posición espiritual completamente distinta de la que caracteriza al siglo xix?

En primer término, se produce en esos veinte años un hecho de importancia considerable en nuestra historia política. Cuando digo importancia, le doy a la palabra el valor que tiene dentro de nuestro idioma; no quiero decir si es importancia en bien o importancia en mal, sino en cuanto a su influencia en nuestra historia.1

Este hecho es la desaparición del partido republicano como una fuerza política. El partido republicano como factor de peso actuante en nuestra vida política ha cesado de ser. ¿Por qué ha ocurrido esto? Por la concurrencia de otros dos hechos, característicos también de este momento histórico. Por una parte, el partido republicano perdió una cantidad considerable de su programa en cuanto a la imposibilidad de una armonía entre los principios liberales puros y los monárquicos, con la reforma democrática de 1888-1890. Por otra parte, la aparición de los partidos obreros que traen un programa propio, una semilla nueva para la política, actúa como disolvente de la masa repu-
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blicana, cuyos directores, demasiado clásicamente individualistas y formalistas por lo general, tardan mucho tiempo en reconocer lo sustancial de aquel programa.

En 1882 aparece constituido el partido socialista. Representa esto la aparición formal de una fuerza que deja a un lado el problema puramente político y se manifiesta con una serie de ideales que son una positiva novedad dentro de nuestra historia, en cuanto ésta es lucha de partidos, es decir, de grupos fuertes y organizados. Juntamente con esto, contribuye a la disolución del partido republicano, y a su desaparición como fuerza con la que es preciso contar, la extensión, cada vez mayor, de la doctrina de la indiferencia hacia las cuestiones propiamente políticas, que los obreros fomentan desde diferentes puntos de vista. Sabido es, en efecto, que los partidos obreros no se entusiasman por la lucha de puro orden político que antes había sido el propulsor de acción y reacción predominante entre republicanos y liberales por un lado, y monárquicos conservadores por otro. Así, repetidamente se ha visto que en los momentos de elecciones, a veces graves, los partidos obreros no actúan con todas sus fuerzas, porque no ven utilidad ninguna, o sólo muy escasa, en esa contienda para el reconocimiento del valor de su programa, y eso supone una importante subtracción de fuerzas a la lucha política, tal como viene planteadas en el problema de la constitución del Estado.

A la vez que se produce esto, concretamente, en el mundo obrero, va difundiéndose en todo el país una opinión de escepticismo que constituye una fuerza poderosa, y es la del descreimiento en la eficacia de la acción política.

Gana terreno en la conciencia general esta situación de indiferencia, condensada en las expresiones siguientes: «¿Qué más da? Nosotros no sacaremos provecho alguno de las luchas políticas.» La resultante de más interés en ese movimiento, que durante años ha dado fuerza considerable a lo que se ha llamado la masa neutra, es la aparición, dentro de la ideología española, de una actitud que ya no es la indiferencia por la política, sino la disociación entre la vida política del país y el resto de la vida nacional. La razón fundamental de esta actitud estriba en la creencia de que hay muchas cosas en el orden nacional que no se resuelven mediante acciones de orden político, y que pueden pasar, por lo tanto, sin la intervención del Estado o del Gobierno, y que, al fin y al cabo, esas cosas son las sustanciales para el país, y en la realización de ellas está el progreso y la cultura. La importancia de esa opinión hállese en lo que rectifica la tradicional creencia en la eficacia de lo político para todos los órdenes de la vida, de tal modo, que se pedía al Gobierno que resolviese todos los problemas de la vida nacional, y así el resto de las instituciones del país no tenía interés alguno. Conviene añadir que esa separación de la política se ha producido en
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todos los países, más o menos, a la vez que, por otra parte, crecía el intervencionismo del Estado en otras cosas.

No cabe duda que en algo contribuyó a esto el cansancio del siglo y medio casi, gastados en las luchas políticas que, como ocurre siempre, no habían rendido todas las consecuencias que se les pedía. El hombre es muy fácil al entusiasmo, y muchas veces, con la perspectiva de una serie definida de resultados, prepara un movimiento que a priori supone ser la resolución de los problemas palpitantes; y cuando la realidad viene con todos sus recortes a malograr aquel esfuerzo, se produce en los individuos una reacción de desengaño que les hace desconfiar de la totalidad de los medios que no han producido los efectos esperados.

Al propio tiempo que eso sucedía, se iban agotando los antiguos ideales políticos, y al parecer los nuevos, de que son expresión principalmente los partidos obreros, se produce un estado de incertidumbre, dentro del cual se ha perdido ya la fe en la virtualidad de los principios clásicos de la vida política, negándosela con evidente exageración a todos ellos; pero aun no se ha substituido con una fe nueva acompañada de la percepción clara y concreta de los nuevos caminos eficaces. De ahí la vacilación en que estamos actualmente.

Dentro de ella, sin embargo, un concepto ético de la vida política comienza a surgir en el Estado español. Manifestación suya es que se exija ya en ella la responsabilidad por el cumplimiento de las promesas y una austeridad en la vida de todos los funcionarios públicos, de que hasta entonces no se había preocupado mayormente la opinión. Y una expresión de eso es, aunque quizá al principio obedeció a otros móviles, el cambio total que se ha verificado al final del siglo xix en España (como se verificó en los Estados Unidos también) en la manera de reclutar y sustituir a los funcionarios públicos.

Toda la historia del funcionario público, durante la mayor parte del siglo xix, se reduce a que está a merced de la vida de los Gobiernos. Cambio de Gobierno, cambio de empleados. La forma diametralmente opuesta a ésta, con que se evita la arbitrariedad política, es la del empleado que entra mediante una prueba a que todos tienen acceso, y queda garantizado con la inamovilidad. Claro que a la vez se agudiza la exigencia de una probidad llevada hasta el extremo en las funciones de la vida española y se reclama como una condición fundamental de la administración y de la política.

Como una manifestación de este resurgir, se buscan nuevas pautas para la mejor manera de realizar nuestro sufragio, pidiendo ante todo que se depure. Va difundiéndose en nuestro pueblo la conciencia de la responsabilidad grave que le incumbe al no expresar libre y sinceramente su opinión sobre los asuntos del país, y al seguir tolerando la política de habilidades. Buscando el medio para llegar a esto, se pien-
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sa, verbigracia, en la obligación del sufragio; pero la obligación del sufragio ha fracasado aquí como fracasó en todas partes.

Veamos algunas cifras de la estadística de votantes en España:
En 1914 votan el 73,72 por 100 de electores.
En 1919, de 3.798.428 electores, bajo el imperio de la ley del sufragio obligatorio, votan 2.439.436. Por tanto, no votan 1.359.965.
Esto quiere decir que no es la coacción del Poder público el medio eficaz para que los ciudadanos cumplan con su deber.
Por último, se producen tres hechos, que sucintamente voy a enumerar.
Por una parte, la aparición en el Estado del sindicalismo, que representa un valor nuevo en la vida política. Expresión de ese hecho son las Juntas de funcionarios y las Juntas del Ejército. El hecho, como tal, es indiscutible. La función que efectivamente realiza es lo que se discute en estos mismos momentos. Pero sea más o menos amplia su intervención en los diferentes sectores de la vida pública, significa una transformación fundamental del Estado, mediante la introducción en éste de un elemento completamente nuevo, con trayectoria muy distinta de las conocidas hasta ahora. Lo que eso podrá traer en lo futuro, ya no le corresponde decirlo al historiador.
A la vez se ha producido otro hecho de considerable influencia, y es el de deshacerse los antiguos cuadros de valores políticos con la destrucción de los viejos partidos, no substituidos, y que produce la formación de Gobiernos de conjunción, es decir, de Gobiernos que no pueden tener política, que empiezan por declarar que los programas carecen de valor porque lo único real es la variedad circunstancial de la vida que va planteando problemas concretos y pasajeros para cuya resolución bastan coincidencias de sentido muy generales.
Lo más grave es que —no sé bien si como una consecuencia de ese hecho de los Gobiernos de conjunción— se ha producido otro, también muy característico de nuestra historia presente: la falta de gobierno. Porque, en efecto, lo que se observa en España y lo que señalo juntamente con la aparición del sindicalismo y la expresión de esas direcciones nuevas es que el resorte de autoridad se ha perdido para derechas e izquierdas, con la agravante de que nadie sabe dónde encontrarlo.
Por último, una nota que puede ser, en parte, consecuencia de los hechos anteriores, y en parte de una orientación de orden distinto, pero también característica de nuestra situación política, es la desaparición práctica de los antiguos límites entre los Poderes del Estado. El hecho claro y evidente a los ojos de quien observa nuestra historia es que el Poder legislativo no lo tienen ya sólo ni principalmente las Cortes con el rey, sino que el Poder ejecutivo ha usurpado los derechos de aquél y legisla por medio de Reales decretos y de Reales órdenes.
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¿Que eso esté bien o esté mal? Repito, como antes he dicho, que juicios de esa especie ni debo, ni quiero, ni puedo hacerlos aquí.

¿Significa eso una dirección nueva en la administración del Estado? ¿Es algo que puede traer la resolución de muchos problemas? No lo sé. Pero el hecho ahí está; y lo que puede afirmarse desde luego es que ha modificado sustancialmente la contextura de nuestra constitución política interna.

RAFAEL ALTAMIRA
(Catedrático de la Universidad de Madrid.)