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reconocer es que hay muchísimas cosas dentro de la enseñanza en que para nada debería intervenir la Administración central, como no fuese solamente con una acción inspectora y tutelar.

A partir del año 1857, en que fué dictada la ley de Instrucción pública hoy vigente, ya que no ha habido ninguna otra general que la derogue, aun cuando muchos preceptos en ella contenidos lo estén de hecho completamente por modificaciones realizadas por Reales decretos y por artículos en las leyes de Presupuestos, han variado tanto las circunstancias, han sido tan radicalmente transformados los organismos, pero sin poder nunca llegar a su supresión por la necesidad de realizarlo por medio de una ley, que ha habido necesidad de dejarlos con un nombre en la legislación y con un puesto entre las corporaciones oficiales, aun cuando sin cumplir ningún servicio, y organismos de éstos hay muchos que han variado infinidad de veces hasta de nombre, produciendo gran confusión y enredo.

Cuando las atenciones de la enseñanza se abonaban o debían abonarse por los Municipios, conforme la ley de 9 de septiembre de 1857 determinaba, era comprensible que esos Municipios tuvieran facultades propias e intervención en los actos del maestro, y que los alcaldes y los secretarios de los Ayuntamientos, con unos cuantos padres de familia, vecinos de la localidad, formaran las Juntas locales de Enseñanza. Pero ¿qué resultado han dado siempre esas mencionadas Juntas? ¿Qué bien han reportado nunca al maestro, cuando no solamente no lo atendieron nunca, sino que ni le abonaron siquiera sus haberes? Y en cambio, ¿cuánta persecución no han seguido y han sufrido? Una de dos: o el maestro era un esclavo del alcalde y del secretario, y su dignidad y su prestigio no estaban muy en su punto, o era, por el contrario, su adversario; pero su adversario víctima siempre, pronto a ser desterrado del lugar, sitiado por todas las formas imaginables. Fué un gran bien para el Magisterio el que el Estado se hiciese cargo de las atenciones de la primera enseñanza, no sólo para que el maestro hiciera efectivos puntualmente sus haberes, sino además por ganar en independencia, librándose de aquella tiranía, en parte; y digo en parte, porque aún esos organismos, esas Juntas, pesan sobre el maestro como autoridades superiores. Comprendo que, puesto que la función de la enseñanza es una función mixta, ya que la sostienen el Estado y los Municipios,
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más imperio, o no hay compenetración de ideas. Y si por otra parte se añaden los padecimientos naturales de que nadie por desgracia puede verse libre, y mucho menos ahora, en que los jóvenes parecen más predispuestos a las enfermedades de la estación, el resultado es el que puede suponerse, nada favorable para la Escuela, sin exagerar la nota.

No será tampoco muy edificante el cuadro que ofrezcan las escuelas de los pueblos cuando de ellas falta el maestro propietario, que es el obligado a crear y sostener el buen nombre y crédito de la escuela. Bastante hará el maestro interino con sostenerse sin gran esfuerzo, sorteando las dificultades que se le presenten y sabiendo que su trabajo poco remunerado y las mejoras que realice desaparecerán tan pronto como el maestro propietario se haga otra vez cargo de su escuela. Entretanto, los padres de familia se quejan del abandono en que se encuentra la educación de sus hijos, las autoridades ponen el grito en el cielo, con razón, y los niños, sin culpa alguna, sufren las consecuencias, aumentándose con tal motivo la lista de los analfabetos.

Con respecto a la escuela, en la cual se hacen las prácticas pedagógicas, poco hemos de decir que no esté en la conciencia de cuantos conocen la organización escolar. La autoridad en todo organismo es su principal motor. Todo cuanto tienda a restar o disminuir la fuerza moral de este principio de vida organizadora que tanto trabajo cuesta en los principios, conduce necesariamente al descrédito, al desorden y a la muerte segura de lo que más importa conservar.

La graduación de las escuelas, última palabra en esta materia, si se gradúan bien, obedece a que no haya más que un solo maestro, una sola autoridad en cada clase, una sola unidad que todo lo abarque y domine en su conjunto. Cualquier otra persona, llámese auxiliar, ayudante, instructor, becario o lo que sea, esté o no identificado con el maestro, y esto no es tan fácil como parece, distrae a los niños, que se aprovechan de esta circunstancia para sus expansiones infantiles; quebranta la autoridad del jefe; divide esta autoridad en dos, tres o más individuos, y con este polisismo en el dirigir no cabe libertad de acción en ninguno, ni los auxiliares pueden tener iniciativas, y si las tienen, pueden o no engranar en el todo; su papel, en muchos casos, es meramente pasivo; los esfuerzos a veces
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tengan intervención ambos; pero nunca en que los Municipios puedan ser jueces del maestro, sino en único caso colaboradores y protectores, y aunque hoy mucho se haya conseguido, no se ha logrado todavía cuanto es necesario.

La misión fiscalizadora debe ser única y exclusivamente del inspector de enseñanza por su competencia y por su autoridad; pero ¿qué competencia puede en muchos casos considerárseles a los Municipios en lo referente a la labor pedagógica y profesional del maestro? Cierto que hoy el maestro tiene un medio hábil de librarse de tales tiranías; pero ¿qué medio es ése? El que supone un cambio de residencia el traslado de toda una familia a no se sabe dónde, llevando siempre el estigma de la indisciplina, del mal carácter y de la incompatibilidad con las autoridades, porque nunca se verá en él la razón, sino en las autoridades, que quedan en sus puestos tan satisfechas por haber despedido o hacer que se despida a aquel maestro. ¡Preferible es vivir de aquella manera a marcharse del pueblo con semejante baldón!

En las capitales de provincia, y donde existe la Junta local bajo este nombre y con el de Delegación Regia, naturalmente, no se siente tanto su influencia sobre la acción del maestro; pero también en ellas suelen existir sus diferencias, que no trascienden tanto por la razón natural de lo que ocurre en las grandes poblaciones, en que la vida es más independiente, más callada, menos conocida, y quizá también principalmente porque las autoridades son de otra muy distinta índole; pero, en cambio, en esas poblaciones donde existen las Delegaciones Regias hay una línea divisoria para los maestros que ejercen en la capital y los que ejercen en los pueblos de la provincia. Los asuntos administrativos, no económicos, excepción hecha de Madrid, que abarca los dos, corresponden a esas Delegaciones, que funcionan con autonomía absoluta de la Administración provincial, y los económicos propiamente dichos corresponden en absoluto a esta última, produciéndose en muchos casos grandes confusiones, porque hay infinidad de servicios que, aun pareciendo meramente administrativos y técnicos, guardan estrecha relación con la parte económica. Prescindiendo de esto, en lo que si entrásemos a fondo tendríamos para mucho tiempo, tracemos ligeramente la constitución de la Administración provincial.
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Siempre hemos de partir de la misma fecha, o sea de la ley de 1857. Disponía esta ley que en las capitales de provincia existieran unos organismos denominados Juntas provinciales de Instrucción pública, a cuyo cargo estarían todos los servicios de la enseñanza en su demarcación, siendo su presidente el gobernador civil y secretario un funcionario administrativo que con otros funcionarios inferiores compondrían lo que pudiéramos llamar el centro burocrático, independientemente de los individuos que como vocales de esas Juntas y por pertenecer a otros cargos habían de formarla. Si fuese a hacer historia detallada de las transformaciones, cambios de servicios, aumento de estos mismos, etc., que han sido introducidos desde aquella fecha, seguro estoy de que invertiría cientos de cuartillas. Por eso he de limitarme a su situación actual, puesto que todos conocéis nuestra legislación de primera enseñanza.

Las Juntas provinciales han tenido una derivación, o lo que es igual, de ellas se ha disgregado la parte burocrática y la parte técnica, inspectora y protectora de la enseñanza.

Con la parte burocrática se han formado las Secciones administrativas de primera enseñanza; con las segundas se ha dejado continuar a las Juntas provinciales, funcionando independientemente uno de otro organismo, si bien siguiendo el gobernador civil rigiendo ciertos servicios de las Secciones, y pasando a los inspectores de primera enseñanza muchas funciones administrativas que debían pertenecer a las Secciones. ¿Qué ocurre con todo este estado de cosas? Que los antagonismos se producen, que se siembran discordias donde debían existir afectos.

Que me perdonen los funcionarios de esas Secciones por el calificativo que voy a darles, pero que ellos mismos reconocerán es el que les pertenece. ¡Son las cenicientas de la Administración! Que se trata de realizar un nuevo servicio, pues que lo cumplan las Secciones. Que se necesitan relaciones, datos o estadísticas, pues que los remitan las Secciones, y el Rectorado por un lado, y la Dirección general por otro, y la Junta Central de Pasivos por otro. Y así continuamente. Y una autoridad le impone un servicio como urgente, y otra le concede un corto plazo para realizarlo, amenazándole con una multa... No; no es que esto quiera decir que esos organismos son perfectos, que, como todos, adolecen de deficiencias; es que sinceramente com-
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prendo pesa sobre ellos más de lo que pueden resistir; ¿porque sabéis cuántos funcionarios componen esas Secciones? Cinco, contando con el jefe, y decidme si en provincias como León, Burgos y otras donde existen más de mil escuelas y maestros, y teniendo que atender a tanto servicio, pueden cumplirlos pronta y justamente. ¿Quién es el perjudicado? El maestro, que se desespera por la lentitud en la resolución de sus asuntos, y el Estado, que no logra ver sus servicios en orden. ¿Quién es el responsable? Todos, maestros y funcionarios, que no podemos concebir un asunto sin que intervenga el trámite, del que os hablaba antes y del que estaría hablando continuamente, porque aquello que más se ama o más se odia es lo que sin querer nos atrae y nos hace ocuparnos sin cesar.

Ahora que voy a tratar de la Administración universitaria y de la Administración central, quisiera dejar de ser yo; pero como ya comprenderéis que esto es completamente imposible, procuraré substráermee cuanto pueda a la acción de mi personalidad como funcionario de esa Administración, para que no sospechéis pueda hablar quien es parte interesada, ya que sinceramente he de manifestar cuanto de verdad existe.

Reuno en un solo comentario ambas formas de la Administración, la universitaria y la central, por la escasa importancia que la primera de ellas tiene y los servicios que le están conferidos, que son tan limitados, que verdaderamente, y sin pecar de olvidadizo, podía no hacer mención de ellos, como no fuese, como así lo hago, para dar fe de su existencia.

En cambio la Administración central está muy sobrecargada de estos servicios y son muchos los organismos que la integran, ya como centros directivos, ya consultivos o informadores. Prescindiendo de los consultivos, fijémonos solamente en la Dirección general de Primera Enseñanza, adonde afluyen todos los demás centros provinciales y locales, y de la que dependen.

Ocurre con la Dirección general lo que con la mayoría de los centros directivos, donde los servicios son muchos y la plantilla del personal muy deficiente. Que estos servicios, o no marchan, o marchan mal por la precipitación con que han de ser resueltos. Pero el maestro no tiene en cuenta esto. No sabe más que los concursos se retrasan, los ascensos no se otorgan, y no ve que si él pidió una licencia, la pidieron al propio tiem-
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po 200 más, y otros tantos solicitaron su jubilación, y así cientos y cientos, unos una cosa, otros otra, y que para atender a todos existen unos cuantos funcionarios más o menos expertos, no quiero decir inteligentes, deseosos de cumplir con su deber, pero que por más que se desvivan no pueden realizarlo, por insuficientes; mas ¡cualquiera pide que el personal se aumente!... No se concibe que el funcionario prospere, ni que se aumente su número aun cuando los servicios se dupliquen. Pensad solamente que hay 26.000 maestros en España, y decidme, los que conocéis la Administración central, si es posible que en la forma actualmente estatuida y organizada puedan resolverse las incidencias que esos 26.000 maestros ocasionan en concursos, oposiciones, ascensos, traslados, etc., y sus derivaciones, con sólo el personal de que dispone.

Sumad a esto el trabajo que representa el maldito trámite, siguiendo sus pasos contados, Junta local, Sección, Rectorado, Inspección, y analizad si lo que expongo es un absurdo. Porque el maestro no tiene personalidad propia ante las autoridades superiores, sino solamente ante la inmediata superior, y no puede dirigirse a aquéllas sino por conducto de ésta. ¡Como si por eso cometiera un delito de esa autoridad!

Se precisa completar un expediente o reintegrar un documento: pues eso que podría realizarse directamente, ha de tramitarse y reclamarse a la Sección o al Rectorado, y éste a la Junta local, y ésta al maestro, y volver al punto de origen por sus mismos pasos. ¿Puede culparse a los funcionarios? No. Lo determinan las disposiciones. Entonces, ¿a las autoridades que las dictan? Tampoco. Porque esas autoridades, para hacerlo, se inspiran en las prácticas establecidas; y si, prescindiendo de ellas, pretendieran realizarlo, el país, que no ve sino con desconfianzas, que no está en el detalle, ni puede estarlo, juzgaría de muy distinta manera de lo que mereciese una labor revolucionaria, pero encaminada sanamente a concluir con tantas ranciedades.

Por eso los maestros, como maestros y como ciudadanos, son los que pueden evitarlo, educando, moralizando y haciendo desechar esa desconfianza en que vivimos.

Agréguemos a esa serie de trámites que han de sufrir los expedientes hasta llegar al centro directivo los que dentro ya de ese mismo centro han de recorrer, también imprescindible-
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mente, y analicemos si efectivamente puede o no prescindirse de los mismos.

No concibo ni tiene otra explicación que el exceso de burocratismo esa continuidad y ajetreo por que pasan los expedientes para llegar a una resolución final; pero todo ello es menos comprensible cuando se trata de peticiones caprichosas desprovistas de todo fundamento legal. Y es que, desgraciadamente, todos los españoles soñamos con el papel sellado, y por una peseta que satisfacemos al Tesoro nos creemos con derecho a que la Administración entera esté a nuestra disposición y capricho. Supongamos, y hago suposición lo que continuamente se repite y son hechos reales, que un ciudadano, maestro o lo que sea, y sin otro fundamento que el que su fantasía le dicta, solicita una resolución favorable de lo que ha de concederse reglamentadamente y conforme está determinado en la ley, en un Real decreto o simplemente en una Real orden. Pues bien: porque ese señor no reúne las condiciones precisas taxativas, pero sí porque las reúne para otra cualquier cosa, aunque no guarde relación alguna con ella, en vez de tratar de adquirir esas condiciones, por su buena pesetita ya está la Administración en danza. Dirige su solicitud a la autoridad correspondiente, pasa por todos esos trámites, llega al centro directivo, y entre un millar diario de peticiones, muchas iguales o parecidas, se clasifican y registran en los generales del departamento, que las remite a la Sección oportuna, haciendo un nuevo registro. Es distribuido al Negociado, quizá éste lo someta a otro registro; se examina, se estudia, se propone resolución, la Sección se conforma o no con la propuesta, y se eleva a la firma del director o del ministro. Cumplido todo ello, va nuevamente al Negociado; se cumplimenta la resolución, pasan las órdenes por este enjambre de trámites y registros y se publica en el Boletín Oficial. Todo ello por una peseta y por una majadería; perdonad que así lo diga. ¿Podría o no haberse prescindido de esos trámites? Todo ello se ajustaría a procedimiento, no lo dudo; pero bien valía la pena de modificarlo si así está dispuesto.

En aquellos asuntos en que ha de establecerse un criterio, una doctrina, dictarse una resolución que pueda perjudicar o favorecer determinados intereses, bien está que intervengan y se hagan responsables con su firma los jefes y encargados de
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esos servicios. Pero no comprendo su intervención, como no sea para dilatar la resolución, en infinidad de asuntos y expedientes en los que forzosamente han de aplicarse preceptos establecidos. ¿Qué es lo que con ello se consigue? Amontonar expedientes y expedientes, y por ese mismo amontonamiento y por falta material de tiempo y personal, que cada vez vaya siendo mayor el estancamiento, o exponerse por la misma precipitación con que han de ser resueltos, a cometer involuntariamente una injusticia. Y como esto no lo conocen ni lo ven más que aquellos que directamente están obligados a intervenir, se habla mal del funcionario y de la Administración, y hasta cierto punto con razón, porque aun no siendo ellos los culpables, los servicios no se realizan como debían, por todas esas causas ignoradas.

Atrévase quien pueda hacerlo a acabar con todo ello, y habrá conseguido al parecer una insignificancia, pero en el fondo un éxito inmenso para la Administración.

(La lectura de este discurso fue coronada con aplauso entusiasta y general.)

CURIOSIDADES

Para que no salga la hierba entre las piedras en los patios y en los paseos de los jardines, los medios mecánicos son lentos y defectuosos y la hierba vuelve a salir otra vez.

Son preferibles los medios químicos.

Hiérvase en una vasija de barro medio kilogramo de flor de azufre, cinco de cal viva y cincuenta litros de agua. Déjense posar y ríguense los intersticios de las piedras. La hierba tardará mucho en volver a salir en aquel sitio.

Si un objeto de cobre se pone demasiado sucio y lleva muchísimo tiempo sin limpiar, frótese con una disolución de jabón de cocina en amoniaco. Aplíquesele con un pincel suave, frótese después con paños calientes y, por último, sáquesele brillo con una gamuza.

Desaparece el crujido de las botas empapando las suelas con aceite de linaza, al cual puede añadirse alguna esencia para que no dé mal olor.
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EN PRO DE LA CULTURA FÍSICA

A la educación física, en nuestro país aún no se le ha dado la importancia que merece: la apatía de unos, la indiferencia de otros y el desconocimiento de sus positivas ventajas por parte de muchos, son causas, a mi juicio, de que no haya tomado el incremento de otros países; también es verdad que existe otro factor inherente de nuestra raza, cual es el de la inconstancia: mucha vehemencia para asimilarnos la novedad; mucho entusiasmo para implantarla, y la misma vehemencia para olvidarla, sea buena o mala, útil o inútil; en lo que afecta a la Gimnasia, lo prueban las mil vicisitudes por que ha atravesado en nuestra patria.

El coronel Amorós, patriota insigne, quiso implantarla en nuestro país, pero por falta de protección no pudo realizar su altruista propósito, y refugiado en París, estableció un gran gimnasio, al que concurrían dos días a la semana los alumnos de varios colegios; la fe con que tomó a su cargo esta enseñanza y el entusiasmo con que la difundió hicieron que el Gobierno francés se fijara y prestara su apoyo; el resultado favorable que alcanzó dicha enseñanza no se hizo esperar mucho tiempo, y de otros países fueron a inquirir detalles y pormenores para su implantación, entre ellos España; de modo que lo que pudo cabernos la honra de ser los primeros, lo desdeñamos para luego ir a buscar lo que no quisimos.

En vista de los resultados obtenidos en Francia por nuestro compatriota, no faltaron campeones entusiastas y decididos en nuestra amada patria que propagaron la Gimnasia, siendo uno de ellos el célebre conde de Villalabos; mas por falta de ambiente y de decidida afición al ejercicio físico, no arraigó con la fuerza, con el ahínco que tal enseñanza merecía, y fué viviendo con languidez y vilipendio, propagada solamente por los aficionados de corazón, por los convencidos. Más tarde, por ley
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de 9 de marzo de 1883, se creó en Madrid una Escuela Central de Gimnasia, la cual dió buenos y excelentes profesores de Educación física; pero éstos, por la falta de protección debida, no pudieron difundir tan útil, tan humanitaria y tan provechosa enseñanza como hubiera sido su deseo. Hubo un interregno ¡de diez años!, al cabo del cual, por Real orden de 1.º de septiembre de 1893, se reglamentó, haciéndola obligatoria para los alumnos de la enseñanza secundaria, al principio por un año durante el bachillerato, luego se amplió a tres, más tarde quedó reducida a dos; pero los que de cerca la sentimos y la amamos hemos visto y seguimos viendo que, salvo excepciones muy honrosas de personas que, además de ajustar su conducta a los preceptos legislativos sobre esta enseñanza, han procurado poner de su parte todo lo posible por que sea una verdad, la mayoría pensó de otro modo y burla siempre que puede la ley, en perjuicio evidente de la regeneración física de nuestra juventud, vulnerando disposiciones humanitarias y bienhechoras, y aquí cabe perfectamente el proverbio que dice «que en el pecado se lleva la penitencia».

Para demostrar la falta de afición al ejercicio físico—circunscribiéndonos solamente a la capital de España—, no hay más que visitar los gimnasios públicos de la misma; en ella existen, entre buenos, medianos y malos, seis; pues bien: yo calculo, sin temor a equivocarme mucho, que el número total de alumnos que a ellos concurren no pasa de ¡600!, cantidad altamente ridícula en una población de 500.000 almas. ¿No habrá en Madrid entre niños y jóvenes de ambos sexos 15.000? Pues saqueamos la consecuencia, y las matemáticas nos darán una prueba de mi aseveración; es decir, que los gimnasios que tienen más alumnos con los que tienen menos, vienen a hacer un promedio de 100; de modo que aun eliminando 500 por lesiones orgánicas y afecciones patológicas de los 2.500 que a cada gimnasio corresponden, vean mis queridos lectores si es grande la afición, pues queda un sobrante de 1.900, que con ir a dar un paseito no todo lo higiénico posible, un ratito de billar, otro poco de cine, otro rato de zarandeo por calles llenas de mundial bullicio y algo más pecaminoso que omito, ya está hecho todo el ejercicio físico que robustece el músculo, tonifica el sistema nervioso, vigoriza el organismo y fortifica al individuo.

Y para no cansar más la atención del benévolo lector de