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sostener en España establecimientos de instrucción y educación con arreglo, sin embargo, á las leyes que rijan sobre el particular, las cuales no podrán oponerse á lo dispuesto por los dos citados artículos de la Constitución, en tanto no sean éstos derogados ó modificados por otra ley.

Hasta aquí llega el alcance y extensión, pues, del derecho que por el párrafo 2.º del art. 12 de la Constitución se concede á todo español, según el sentido recto, expreso y terminante de las palabras de ambos artículos.

Pero este derecho escrito no responde á los deseos y necesidades que lo inspiraron, por ser opuesto á los mismos resultados que creían alcanzar con su uso; derecho que fué sólo la manifestación de aspiraciones sociales y de progreso intelectual mal expresados, puesto que revela no sólo un desconocimiento completo de los fines de la instrucción y educación, sino que sienta el anárquico y falso principio de considerar útiles para el difícil cargo de maestro á todas cuantas personas reunan la cualidad de ser españolas. De ahí, pues, la imprescindible necesidad de estudiar detenidamente el tal derecho bajo los principios jurídicos más puros, racionales y lógicos para demostrar el desorden, la incultura que su uso reporta al individuo, á la familia y á la sociedad en general.

II

Los hombres progresistas y liberales del pasado siglo, al proclamar la libertad de enseñanza, es indudable que se inspiraron en el atraso nacional antes que en los efectos reales y en nuestros días evidentes del anárquico principio que proclamaron y que más tarde admitieron como bueno los legisladores de las primeras Cortes de la actual Restauración borbónica. Solamente hombres descorazonados por el tristísimo cuadro de incultura que ofrecía España á principios del pasado siglo podían concebir el error de creer que tanto abandono y atraso en materia de instrucción y educación se salvaría con sólo facultar á todos los españoles para ejercer de maestros; error que lo mismo puede ser hijo de un buen deseo como de la ignorancia y desconocimiento de la importantísima influencia que en el hombre y en la sociedad ejerce el verdadero maestro en todas las enseñanzas
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de la vida. De ser consecuencia de un buen deseo, hay que perdonarlo, y de serlo del desconocimiento ó de la poca importancia que concedían al cargo de maestro, debemos confesar que también eran víctimas de la misma ignorancia que querían combatir. De no partir de tales principios, sino del político para mejor substraerse á la influencia religiosa y gubernamental, infrieron también un grave daño á la pública cultura entregándola en manos de la ignorancia profesional, puesto que no puede reunir la idoneidad suficiente de un arte ó profesión quien no la ha demostrado, ni se le exige condición alguna para su ejercicio.

Siempre el apasionamiento en política produce efectos contrarios á los males que se quieren evitar.

Verdad que la situación de España era deplorable en el pasado siglo á causa del pésimo gobierno de Carlos IV, de la guerra de la Independencia, de las luchas entre absolutistas y constitucionales, de las guerras civiles, pronunciamientos, odios políticos, cambios continuos de Gobiernos y revoluciones que, robando la paz y tranquilidad á los espíritus, hacían casi imposible la vida en esta querida nación, digna siempre de mejor suerte.

Algo se había levantado nuestra patria con Felipe V, Fernando VI y Carlos III; pero desgraciadamente decayó tanto con Carlos IV, que Napoleón I, impulsado por esta causa, creyó que le sería fácil sojuzgarla, á cuyo intento de dominio contestaron nuestros abuelos luchando fieramente por la independencia nacional hasta restituir en el trono á su rey Fernando VII.

¡Triste sino el de España! La lucha en todas sus fases llena las tres cuartas partes de nuestra historia, y aun se permite sembrar mediante la enseñanza la semilla de nuevas discordias, luchas y guerras. ¡Ah! Somos salvajes por educación, por sistema; ¡peor mil veces que serlo por natura! Pero vamos siguiendo.

Los partidos que se formaron á raíz de los citados acontecimientos han sido los causantes de cuantas desdichas nos azotaron en el pasado siglo y aun nos azotan; pues sus intransigencias en política y religión les lleva á los mayores y más opuestos radicalismos, en perjuicio de la paz moral y material que tanto el individuo como la nación necesitan para su mejor desenvolvimiento y prosperidad en todos los órdenes de la vida. De esos radicalismos nació la libertad de enseñanza, principio
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opuesto al supremo poder que venían ejerciendo la Iglesia y el Estado en tal asunto.

Luego el pleito se ventila entre los partidarios de las prerrogativas del trono y del altar y los que, amigos de la doctrina engendrada por el Renacimiento, desarrollada por la Reforma, razonada por los enciclopedistas y esparcida por el mundo bajo el impulso de los prepotentes rayos de la Revolución francesa, no se avienen con tales privilegios por considerarlos denigrantes y opuestos á la libertad humana.

Imparcial entre el criterio de ambos contendientes, vamos á examinar el de cada uno en sí para deducir en justicia el fallo que lógicamente se merezca el asunto.

III

El Estado, en su acepción monárquica, se erigió al acabar con el feudalismo en director absoluto de todos sus súbditos; en tanto la Iglesia, que había contribuido en alto grado al establecimiento de tales monarquías, no sólo le auxilió para mejor consolidarlas, sino que por arrancar su poder del divino y por su alta sabiduría se elevó sobre el del Estado. De ahí que fuese tan grande la influencia de la Iglesia sobre los reyes, los Consejos, Concilios y Cortes. En tanto el Estado cuidaba de lo terreno y material, la Iglesia velaba por lo eterno, moral y espiritual. Ambos poderes, de consuno, procuraban por la paz y bienestar de los súbditos y fieles, persuadidos de que el Estado podía regirse y gobernarse como se rige y gobierna una sociedad particular ó la doméstica. Error grave. De esta intromisión y dirección en todos los actos de la vida individual y social se originó el estancamiento, y con éste la inacción y muerte casi de todas las energías nacionales, según lo comprueban los reinados de los últimos reyes austriacos y borbónicos.

Nada pudieron las grandezas y brillantes periodos de su historia ante el germen de muerte que lleva en sí todo gobierno absoluto; por esto ha ido desapareciendo del régimen de las naciones progresivas para dar paso á la libertad, á esa libertad tan necesaria al hombre como el aire á la vida; libertad con que el Eterno dotó al ser humano al hacerle responsable de todos sus actos. Pero entronizada la libertad después de luchas sin cuento,
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EL HOMBRE ACTUAL

Y LO QUE DEBE HACERSE PARA LA PERFECCIÓN DEL FUTURO (1)

La manera de ser del hombre y los actos de su voluntad son en todo momento, y sin excepción alguna, determinados por su constitución física, sus ideas, sus experiencias, las influencias de su organismo y las que, del mundo exterior, llegan á su cerebro; verdad que nos anuncia el adagio «el hombre es hijo de las circunstancias», y cuya exactitud ha sido completamente demostrada por la Ciencia.

Si las circunstancias ó influencias que por hábito predominan en la elaboración mental del individuo son buenas, necesariamente él es bueno; y, si son malas, él también, POR NECESIDAD, es malo ó injusto y poco humanitario para con sus semejantes.

Desgraciadamente, esto último es lo que, por lo común, sucede hoy. Descuidados unos medios de la higiene moral-social, y abandonados, ó no puestos en práctica, otros que cabalmente son los más á propósito y más eficaces para llevar al espíritu influencias buenas y crear en él saludables hábitos, no se ha formado aún al individuo como debe serlo; por lo cual las circunstancias ó influencias malas, ahora muy numerosas en su cerebro y de gran poder ó fuerza, vencen ordinariamente, en la lucha de su elaboración mental, á las pocas ó no tantas buenas que en ella se les oponen; manifiesto origen de los males morales que en asombroso número sufre hoy la humanidad en todo lugar de la Tierra.

Es, pues, muy necesario y de grandísima transcendencia que al espíritu del individuo se lleven oportuna, ágil y continuamente, para que POR HÁBITO sea justo, bueno y bondadoso

(1) De un folleto inédito del Sr. D. J. E. Ruiz Gómez.
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se ha bastardeado de tal modo su uso, que en materia de enseñanza ha dado lugar al absurdo de facultar á todos los españoles para poder ejercer de maestros donde, cuando y como quieran, siendo tan notoria la aberración, que no se concibe en cerebros bien organizados como creyeron al estatuir tal derecho que podían alcanzarse buenos y opimos frutos de personas ineducadas para saber enseñar. No parece sino que partieron del principio de que así como toda persona por naturaleza puede ser por lo regular padre, y por tanto maestro de sus hijos, puede serlo también, por deducción, de los hijos de los demás.

Este error no es menos grave ni se halla menos destituido de fundamento que el primero, puesto que ni todos los hombres al ser padres saben desempeñar tan sagradas funciones, ni pueden por esta causa y otras muchas ser maestros de sus propios hijos, ni, por consiguiente, pueden serlo de los demás.

Obsérvese también que de admitirse como buena la educación y enseñanza del padre respecto de sus hijos, no responde por su carácter particular, individual ó doméstico, egoísta, utilitario y retraído, á los fines de la verdadera educación y enseñanza públicas, cuyos caracteres son el amor, la sociabilidad, la liberalidad, el respeto, el orden, la abnegación, etc., y todo cuanto tiende al bien individual y social de los pueblos.

Luego, por el criterio predominante en cada uno de estos dos partidos que desde primeros del siglo xix han venido influyendo más ó menos directamente en los Gobiernos que nos han regido y que por las candentes luchas políticas, religiosas y sociales que se debaten en nuestros días demuestran un mayor empeño en cimentar y propagar cada uno sus respectivos ideales, infiérese que no pudiendo predominar en absoluto cada uno de ambos criterios por la Monarquía constitucional que nos rige, trabajan sin tregua ni descanso para sembrar su credo político, religioso y social en la niñez, al amparo del párrafo 2.º del artículo 12 de la vigente Constitución de nuestra querida España.

De ahí esas innumerables escuelas, colegios y centros de educación e instrucción que con distintas denominaciones vienen funcionando bajo la dirección de una variedad inmensa de institutos religiosos y de sociedades y centros obreros de ideales los más opuestos y antitéticos, y á los cuales concurren los hijos de los adeptos y de cuantos pueden conquistar mediante la gra-
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tuidad, el regalo, la amistad, el soborno, la presión, el compromiso y todo género de medios.

En tanto la escuela pública oficial permanece neutral y sólo se nutre de los hijos de los indiferentes, de los desengañosados y de cuantos comprenden lo que vale y significa tan sabia y útil como importante y necesaria institución. Y obsérvese que esta enconada y tenaz lucha por la difusión y cultura de su ideal no se contenta ya con acaparar sólo la primera enseñanza, sino que extiende su acción á la segunda y superior; pues su objeto es instruir de conformidad á los programas oficiales, pero bajo la dirección del credo político, religioso y social á que obedecen. Precisa contar con bachilleres, abogados, licenciados, etc., que sean creyentes ó fanáticos de las ideas que les han inculcado sus maestros, para mejor nutrir las filas de sus adeptos.

Hecho el estudio de los principios á que obedecen tales centros de enseñanza, conviene fijarse en las condiciones del personal que ejerce el profesorado en los mismos; personal que, en general, corre parejas con la escasa importancia que por la misma Constitución se concede al cargo de maestro, al otorgar tal derecho á todos los españoles, sin distinción alguna, lo cual demuestra, ó ignorancia por parte de los legisladores que lo decretaron, ó que no estaban tan atrasados los españoles como se dió á entender, pues al concederles la facultad de poder enseñar, se deduce que les reconocerían condiciones, ya que no se concibe el otorgamiento de un derecho sin capacidad para poderlo usar. La mayoría de los que ejercen de maestros privados no pasan de ser instructores, pues los más se dedican á la enseñanza por no tener ó no gustarles otro trabajo, y pocos, muy pocos, lo son con aquella inteligencia, preparación y voluntad que requiere tan difícil como importante cargo. Decimos que es difícil é importante, porque obsérvese que el maestro es para sus discípulos lo que el padre amante, prudente y sabio es para sus hijos; lo que la religión santa y piadosa para sus fieles, y lo que el Estado fuerte, previsor y justo para los ciudadanos; y del mismo modo que no todos los padres saben serlo en el sentido de criar y educar bien á su prole, así no todos los que ejercen de maestros saben ser tales con respecto á sus discípulos. En todas las clases sociales son raros los padres dignos de tan sacrosanto nombre por el cumplimiento de todos sus importantísimos deberes respecto de sus hijos; así como también son raros los maes-
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tros que por igual motivo pueden vanagloriarse de tan venerado nombre. Y sin embargo, el mundo marcha, y, como dijo el gran Quintana,

                ............... sin cesar navega
                por el piélago inmenso del vacío.

En efecto; en materia de educación pública, España ha navegado siempre sin brújula, timón ni rumbo por el piélago inmenso del vacío, impulsada sólo por las pasiones más ó menos encrespadas de los sectarios furibundos de ambos partidos.

Porque en España no se educa para que el hombre sea digno de Dios, de sí mismo, de la familia y de la sociedad; en España sólo se educa por y para el credo político, religioso y social que inspira á los directores del niño, de la juventud, del hombre de mañana, cuyas obras serán según la educación que reciben hoy.

Si de la lucha de los elementos nace la tempestad, de la lucha, del choque de las ideas diametralmente opuestas que se inculca á las actuales generaciones se originarán tempestades terribles, sangrientas, de que serán víctimas los mismos hijos que tanto amamos hoy. Esa educación y enseñanza de partido ó bandería se opone á la fraternidad predicada por Jesucristo; es contraria á la justicia y, por consiguiente, á la paz, orden, progreso y bienestar individual y social de los pueblos.

Infiérese, pues, de cuanto llevamos expuesto, que una cuestión tan fundamental é importante como es la educación pública no puede ni debe dejarse al arbitrio del fanatismo de los partidos, puesto que con sus enseñanzas crean adeptos y no hombres capaces de substraerse á sus sentimientos y pasiones para obrar y proceder conforme la verdad, la justicia y nuestra racionalidad exigen y la recta educación demanda.

Por tanto, vistos los funestos resultados de tal proceder en cuestión tan importante y transcendental como es la educación pública, se deduce que el Estado debe velar y dirigir la enseñanza privada, particular ó no oficial, para evitar toda doctrina sectaria ó que tienda á responder sólo al credo milagroso, político ó social del partido ó entidad que sostenga un centro, escuela ó colegio de enseñanza en cualquiera de sus grados.

Es cuestión de derecho que la facultad de tal dirección corresponde sólo y únicamente al Gobierno, por ser una de sus principales obligaciones el bien de los ciudadanos, la paz y el orden
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públicos, y el progreso moral é intelectual de los mismos. El Gobierno, pues, por medio de sus funcionarios, debe velar por que tanto el personal como las materias de enseñanza de todos los centros no oficiales respondan perfectamente á los fines de una educación individual, doméstica y social, fundada en el amor á Dios y al prójimo, y en el orden, en la justicia y en el progreso constante de todos los bienes asequibles á la naturaleza humana.

En los tiempos que corremos, cuyos síntomas son de lucha, como consecuencia lógica de las enseñanzas recibidas en esos centros, precisa, es necesario, para evitar los males que presentimos, deslindar bien las funciones del Gobierno en materia tan importante para el ciudadano como para el Estado.

IV

Dice la vigente ley de Instrucción pública en su art. 243: «El gobierno superior de la Instrucción pública en todos su ramos, dentro del orden civil, corresponde al ministro de Instrucción pública y Bellas Artes.» Y en el art. 294 añade: «El Gobierno ejercerá su inspección y vigilancia sobre los establecimientos públicos.» Por el art. 6.º del decreto-rey de 29 de julio de 1874 se fijó, de conformidad con el 148 de la vigente ley de 3 de septiembre de 1857, qué establecimientos de enseñanza son privados; y por el art. 7.º se les concedió entera libertad en la parte instructiva, exceptuando el derecho de inspección, que se reservó el Gobierno en cuanto se refiere á moral é higiene.

Otras varias disposiciones se han dictado sobre el particular, derogándose, sin embargo, las más, y dejando subsistentes las que hemos transcrito, confirmadas y ampliadas por el Real decreto de 1.º de julio de 1902, por cuyo art. 19 se hace responsable al director del establecimiento ó centro de instrucción de las enseñanzas contrarias al orden civil y político del Estado, á la moralidad, higiene y trato de los alumnos.

Del estudio del art. 243, que hemos transcrito, se infiere que la dirección de todos los establecimientos de enseñanza no oficiales pertenece al Gobierno, representado por su ministro de Instrucción pública y Bellas Artes. Porque gobernar es guiar, es dirigir á un fin determinado lo que está bajo nuestro poder ó autoridad; y debiendo el Gobierno gobernar, es lógico afirmar que
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por derecho propio le corresponde dirigir la instrucción pública.

Se dirá quizás que tales centros de enseñanza no oficiales son privados, y que la ley se refiere á los públicos; á cuyo efecto el Gobierno se reservó sólo el derecho de inspección sobre moral é higiene en los mismos; derecho que se ha venido respetando hasta que por el Real decreto de 1.º de julio de 1902 se hace responsable ya al director de cuanto se enseñe en el centro de su dirección.

Al amparo, pues, del decreto-ley de 29 de julio de 1874, que, como su fecha indica, nació en una época de intranquilidad y desasosiego para España, se ha venido sosteniendo la no intervención del Gobierno en la dirección de cuanto se enseña en tales centros privados; cuando ni es lógico denominarlos privados para los efectos de la instrucción, ni es justo ni prudente restar atribuciones de mando al Gobierno del Estado.

Tales centros son privados en cuanto afecta al régimen de su existencia, y públicos por servir al público, ó sea á cuantos se hallan ó ponen en condiciones para usar de sus aulas ó servicios. Además, también son públicos por los efectos de sus enseñanzas, que trascienden, se desenvuelven y manifiestan en el público, esto es, en la sociedad; luego todos los centros de instrucción y educación no oficiales son privados ó particulares en cuanto á su existencia, y públicos por los efectos de sus enseñanzas.

Tanto es así que las escuelas ó colegios no oficiales son públicos para los efectos de la enseñanza, que la misma vigente ley de 1857, en su art. 101, dispone que deberán tenerse en cuenta en las poblaciones de 4.000 ó más habitantes.

La confusión proviene de no haberles aplicado debidamente el determinativo que les corresponde á las dos clases de enseñanza que existen, esto es, la oficial y la no oficial, puesto que de públicas lo son todas por las razones expuestas.

El médico, el abogado, el tahonero, el carnicero, etc., tienen el carácter de profesiones y oficios públicos cuando sirven al público ó personas que se ponen en las condiciones que exigen para ser servidas; por consiguiente, si el Gobierno, por conducto de las autoridades subalternas y sus agentes, viene obligado á velar y á exigirles, bajo penalidad, el cumplimiento de sus buenos servicios y relaciones para con el público, ¿con qué derecho, con qué razón se quiere negar la intervención del Gobierno en la enseñanza no oficial, siendo, como de hecho es, una fun-
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ción, un servicio público? Con ninguno. Esa intervención sólo se la niegan los fanáticos y los enemigos del orden, de la paz y del bienestar social.

Verdad que á consecuencia de los criterios que han imperado en la gobernación del Estado, se han restado más ó menos atribuciones al Gobierno en materia de instrucción pública, por medio de decretos-leyes y Reales decretos; pero sobre estas disposiciones oficiales está la vigente ley de 9 de septiembre de 1857, que dice que el jefe superior de la instrucción pública en España es su ministro; y como gobernar es dirigir, al Gobierno corresponde de derecho guiar, encauzar y dirigir la instrucción pública en todos sus ramos, grados y manifestaciones, para bien del individuo y de la sociedad en general.

Sabido es que el Gobierno, como autoridad suprema del Estado, debe reunir en sí todos los resortes directivos para mejor poder cumplir con las altas funciones de su ministerio; luego no tiene razón de ser quererle privar de la dirección de la instrucción pública, base en que descansa el proceder y cultura del ciudadano, y por consiguiente las costumbres, ilustración y progreso de los pueblos en todos los órdenes de su actividad.

Al Gobierno, pues, según el derecho vigente, corresponde la dirección de tan importante ramo, si no queremos que siga aumentando esa lucha religiosa-política-social que pesa sobre la actual sociedad, producto de todas cuantas enseñanzas se dan en esos innumerables centros de instrucción y educación que, trabajando cada uno por sus ideales, van cargando la atmósfera en cuyo seno se engendra esa terrible tempestad que todos presentimos y tememos; tempestad cuyos fulminantes rayos serán los odios de clase ó de guerras fratricidas, cuyos huracanes serán el desbordamiento de criminales pasiones, y cuya torrencial lluvia será la sangre de las víctimas.

Por consiguiente, en cumplimiento de lo que la ley dispone, y antes que se produzcan los fatales acontecimientos sociales que se presienten, es necesario que el Gobierno dirija la instrucción y educación de todos los centros de enseñanza no oficiales con aquel espíritu de justicia que exigen la paz, el progreso y el bienestar individual y social de nuestra querida patria.

JAIME CABRÉ Y ESTANY.

Pla del Panadés, 14 de septiembre de 1909.