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nuestra parte, poner algunos reparos á lo que acaba de estatuir el señor La Cierva.

La exigencia de verificar pruebas de aptitud para todo ascenso, nos parece excesiva y ocasionada á inconvenientes hasta para la Escuela misma, que los Maestros que deseen ganar en sueldo se verán precisados á desatender. Para retener á éstos en las localidades hubiera sido más conveniente concederles, dentro de ciertos límites y según las respectivas categorías, aumentos periódicos de sueldo, quinquenios, etc., dejando las pruebas de aptitud para solo los que aspirasen á las plazas superiores, como son, v. gr., las de Directores ó Regentes de las Escuelas de varios Maestros ó graduadas. El sistema más generalizado en Europa consiste en, partiendo de un sueldo fijo como mínimo, combinar con las distintas categorías los aumentos ó suplementos de sueldo, de modo que el Maestro que no quiera ganar en categoría, pueda alcanzar al cabo de cierto tiempo un sueldo superior, á veces doblado, al de entrada. Esto no obsta para que asciendan en categoría siempre que reúnan las condiciones reglamentarias. El sistema más sencillo es el alemán, que siguen casi todos los países del Norte de Europa: aumentar periódicamente y hasta ciertos límites el sueldo de entrada. En Francia se añade al sueldo fijo un suplemento de sueldo ó indemnización de residencia, que varía de 200 á 2.000 pesetas, en poblaciones de más de 1.000 habitantes; los Maestros se dividen, á los efectos del sueldo, en cinco categorías, que es el máximo de las que debiera haber entre nosotros. En suma: que lo establecido por el Decreto de 22 de Marzo es lo peor de lo que se practica, pues ello condena á los Maestros á estar practicando constantemente ejercicios de oposición, ó á permanecer toda la vida con el mismo sueldo con que ingresaron en el Magisterio.

Y no es esto lo peor, por lo que á la parte económica atañe. Si el Sr. La Cierva ha fijado un mínimo de sueldo muy superior al que había y que no desmerece gran cosa del que disfrutan como entrada los Maestros mejor pagados de Europa, ha tenido la mala fortuna de perjudicar, en más ó menos (pero al fin perjudicar en vez de beneficiar), á los maestros de las restantes categorías de las catorce existentes hasta ahora. Nos parece que este extremo se la resuelto con harta imprudencia y excesivo desconocimiento de la realidad, y así son los frutos que está cosechando el Sr. La Cierva. Pregonar que van á mejorarse los haberes del Maestro y salir luego con que la mejora consiste en mermarlos, lesionando de pasada derechos adquiridos al amparo de las leyes, acusa, cuando menos, sobra de ligereza y carencia absoluta de tacto, amén de ausencia de aquel sentido de equidad y de justicia, de respeto al derecho en que deben inspirarse siempre los llamados á interpretar, aplicar y desenvolver las leyes. ¿Qué han de hacer los Maestros que vienen clamando por la mejora de su situación económica, y cuando creen que van á obtenerla se encuentran con que se les empeora? Lo
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que están haciendo: protestar contra la reforma, y en el apasionamiento que producen estas situaciones de ánimo, hasta negar lo bueno que hay en la misma.

En lo concerniente á las escalas de sueldos, se ha procedido sin tino alguno y con bastante torpeza: á cualquiera pudiera ocurrirsele que para hacer viable la reforma no es el mejor camino arreglar las cosas de modo que de las catorce categorías de Maestros, sólo una salga beneficiada y las trece restantes vean mermados sus haberes, cuando es creencia común y aspiración nacional, que deben aumentarseles á todos si se quiere que haya los Maestros que necesitamos, y pueda exigirseles aquello que es menester para que haya verdaderas Escuelas de educación primaria.

Hay en el fondo de lo hecho una cuestión de derecho que, al parecer, no se ha tenido en cuenta. ¿Puede El Sr. Ministro reducir los haberes que, como mínimo, disfrutan los actuales Maestros por virtud y al amparo de la ley? La respuesta no puede ser de otro modo que negativa. Se nos dirá que en las escalas preceptuadas por el Sr. La Cierva aparecen aumentados todos los sueldos, salvo el comprendido en la primera categoría, que no sufre alteración alguna. Es verdad; pero lo es también que en los nuevos sueldos se acumulan emolumentos, cual el de las retribuciones, que antes cobraban los Maestros por separado, y que en la reforma se prescinde de otros, el de la enseñanza de adultos; y que, por virtud de todo ello, lo real, lo efectivo, lo que se impone con la fuerza abrumadora de los números, es que la inmensa mayoría de los Maestros percibirán, si dicha reforma llega á implantarse, un haber total menor al que actualmente perciben y á que tienen derecho. Al establecer las nuevas escalas, ó no se ha tenido esto en cuenta, ó no ha habido verdadera intención de mejorar esos haberes y ni siquiera de respetarlos en su integridad.

¿Qué más hemos de decir para mostrar la ligereza y falta de equidad y de justicia con que se ha procedido al establecer las nuevas escalas de sueldos? ¿Se han tomado la molestia el Sr. La Cierva y sus auxiliares de formar el cuadro comparativo entre los actuales y los proyectados sueldos y consiguientes emolumentos que nosotros trazamos y publicamos en el SUPLEMENTO del día 22? Los hechos autorizan á creer que no pensaron en ello, y que, si lo hicieron, han despreciado, por baladí, los resultados que de semejante comparación se desprenden. De otra suerte hubieran procedido de distinto modo, y habrían tratado de evitar los perjuicios pecuniarios que se irrogan á los Maestros, lo que se hubiera conseguido, reduciendo el número de las categorías y, sobre todo, elevando á 4.000 pesetas el máximo de las mismas; así se habría podido incluir los emolumentos todos en los nuevos sueldos mejorados.
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Entremos ahora de lleno en la cuestión relativa á las pruebas de suficiencia, que también es punto muy substancial.

El sentido que acerca de este particular se refleja en la reforma del Sr. La Cierva es por todo extremo loable y revela una excelente orientación pedagógica. Aspirase por el Decreto á estimular constantemente á los Maestros en el estudio, á que, mediante él, afirmen y amplíen sus conocimientos, á que su saber teórico y su saber hacer no queden estacionarios, sino que se refresquen y renueven de continuo, y con todo ello se tonifiquen la inteligencia y la vocación. El propósito no puede ser mejor intencionado; de lograrse, la Escuela nacional resultaría grandemente beneficiada: á tal Maestro, tal Escuela. Pero, ¿se logrará por los medios ideados por el Sr. La Cierva? He aquí el problema.

Aspira á conseguirlo el actual Ministro de Instrucción pública mediante pruebas de aptitud profesional, especie de ejercicios de oposición, que prescribe como obligatorias para el ascenso de categoría de todos los Maestros, con la agravante de que los que las practiquen tres veces sin éxito ó dejen de hacerlas el mismo número de veces, serán separados del Magisterio. ¿Es legal la exigencia de las pruebas de aptitud que se trata de imponer á los Maestros? ¿Es conveniente para las Escuelas?

En cuanto á lo primero, depone en contra de lo acordado por el Sr. La Cierva el art. 187 de la ley de Instrucción pública de 1857, sancionado por el respeto en que se ha tenido hasta hoy dicho artículo en cuantos Reglamentos de provisión de Escuelas se han publicado, que no son pocos. Según ese artículo, los Maestros que han ingresado por oposición pueden trasladarse de Escuela y ascender «sin necesidad de nuevos ejercicios». Lo que el Sr. La Cierva preceptúa es sencillamente una infracción de la ley, que altera ó infringe por un Decreto (lo que es hasta punible en buena administración), al que, contra todo derecho y toda práctica, da efecto retroactivo en perjuicio de los interesados, lo cual aumenta y agrava la ilegalidad del precepto. Si el Sr. La Cierva espera tanto de esas múltiples pruebas de aptitud que impone á los Maestros, ha debido limitarlas á los que fueran nombrados en adelante con arreglo á su reforma; pero en manera alguna exigirlas á los que se hallan ejerciendo al amparo del citado artículo. Dicho esto, no hay para qué añadir que, á más de cruel, es antilegal la separación con que amenaza á los Maestros que dejen de hacer tres veces dichas pruebas ó salgan mal en ellas. Los Maestros no pueden ser separados sino en los casos determinados por la ley y mediante las formalidades que en la misma se preceptúan.

¿Es que las pruebas de aptitud prescritas en el Decreto que nos ocupa son de tal naturaleza y han de tener tal eficacia para la transformación de la Escuela primaria, que, por bien de la enseñanza, valga la pena de
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infringir la ley y conculcar los derechos al amparo de ella adquiridos. He aquí la segunda de las cuestiones antes propuestas.

Creemos que el Sr. La Cierva y sus consejeros áulicos padecen de una verdadera obsesión respecto de este extremo, y han partido de un error lamentable. Esas pruebas de aptitud, tan frecuentes como tendrán que ser para los maestros que no quieran ser separados ni se avengan á estacionarse con los sueldos de entrada, redundarán frecuentemente en daño de la Escuela. Porque atendiendo los Maestros á su interés, aguijoneados por el deseo de salir bien, de ganar en categoría, estarán preocupados constantemente, y su atención se dispersará entre su preparación y la enseñanza de sus alumnos, que es en la que, ante todo, precisa que la encuentren; lo contrario, será en perjuicio de ella, de la labor que debe realizarse en la Escuela, á la que tampoco pueden ser provechosas las ausencias que necesitarán hacer los Maestros para practicar los ejercicios de aptitud y de oposición á que se les obliga para ascender.

Lo que en nuestro concepto ha podido disponerse, siempre partiendo del respeto á los derechos adquiridos, es que los Maestros fueran confirmados en sus cargos, periódicamente, no por virtud de nuevos ejercicios, sino en vista de sus resultados prácticos en la Escuela, que es donde puede comprobarse con toda seguridad y conocimiento de causa, si quien la regenta vale ó no, es ó no Maestro. Los ejercicios de aptitud fuera de la Escuela son, como las oposiciones, engañosos, y sólo pueden tener un valor muy relativo: viendo funcionar la Escuela durante algún tiempo, cómo el Maestro da sus clases, cómo atiende á sus alumnos, cómo lleva toda la economía de ella, es como puede apreciarse el mérito ó demérito del Maestro: esta es la verdadera prueba de aptitud profesional, y no esos ejercicios realizados lejos del laboratorio en que el Maestro da muestras prácticas de su saber, de su experiencia y habilidad profesionales, y pone de manifiesto, sin que en ello juegue el azar, y sin aparatos ni farsas, sus aptitudes para la enseñanza y educación de los niños; y no esas oposiciones más ó menos simuladas, de que padece plétora el Decreto de 22 de Marzo, que en esto de oposiciones da tres y raya á las disposiciones en que mas se abuse de ellas; era de esperar que se hubiese hecho otra cosa, después de lo que contra las oposiciones se ha dicho y una larga y lamentable experiencia tiene plenamente confirmado. Este afán de oposiciones no se compadece bien, sino muy mal, con ciertas buenas orientaciones de la reforma.

En nuestra opinión, han debido invertirse los términos y exigir las pruebas de aptitud profesional á los Maestros antes de ser nombrados definitivamente. Una vez aprobado el candidato para la categoría á que aspirase (la última debiera ser), se le nombraría con carácter provisional, y al cabo de dos ó tres años se le daría el nombramiento definitivo de Maestro, previos los informes de la inspección y en vista de los resultados de su escuela y de las pruebas teórico-prácticas que se estable-
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cieran. Así se hace en casi todos los países de Europa, en los que ningún Maestro es nombrado titular ó propietario sino después de haber servido en una escuela varios años con carácter de provisional (stagiaire, que dicen los franceses para distinguirlos de los titulares) y en concepto de periodo de prueba, y sufrido el examen que dejamos indicado. Sobre esta base, que creemos indispensable en consideración á que las prácticas de enseñanza que se hacen en las Escuelas Normales son deficiencias en España y en todas partes, puede y debe hacerse la confirmación periódica de que hablamos en el párrafo anterior referente á la prueba de aptitud del Maestro, en su misma escuela. Además, para ciertas plazas, como las de Regentes ó Directores de escuelas de varias clases ó graduadas, pudieran exigirse á los aspirantes mayores pruebas de suficiencia, instituyendo al efecto los certificados especiales que en otros países existen; pero ya se entiende que esto no tiene carácter obligatorio, sino que es como un nuevo título.

Todo lo dicho serviría para sostener á los Maestros en el estudio. Á ello debe añadirse lo que puede contribuir una inspección que no se concrete á vigilar al Maestro, sino que le aconseje, le oriente en los estudios que debe hacer, le dé direcciones teóricas y prácticas, en fin, que le aliente para el trabajo y le facilite la manera de realizarlo mejor y con más provecho para él y para su escuela. Las reuniones, conferencias, etc., contribuyen en otras partes (donde siempre se celebran presididas por los respectivos inspectores) á sostener á los Maestros en el estudio. Todo, todo, nos parece mejor y más adecuado para el caso, que esas pruebas obligatorias de aptitud, que al cabo degenerarán en mero formalismo (como las oposiciones) y de las que no es difícil que se apodere el caciquismo blanco y negro para hacer deshacerse de los maestros que no se avengan á servirle de instrumento, y para desprestigiar y arruinar la enseñanza oficial.

En suma: que las referidas pruebas de aptitud que se exigen de los maestros para ascender, con ser contrarias á la ley y atentatorias á derechos adquiridos al amparo de ella, son perjudiciales para la escuela, y en definitiva servirán escasa y menguadamente para la consecución del fin que con ellas se persigue.

** La supresión de las retribuciones escolares es un buen paso en favor de la gratuidad absoluta de la enseñanza; por motivos de diversa índole la hemos pedido con insistencia en esta Revista. La Escuela y el Maestro van ganando mucho con esa supresión, considerada desde el punto de vista pedagógico. En este terreno sólo hay motivo de elogio para el Sr. La Cierva.

Los Maestros, que en general, en su inmensa mayoría, han pedido esa supresión, no parecen ahora muy satisfechos de ella. Al pedirla en
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nombre de un principio de carácter social y de índole pedagógica, lo hacían también en la inteligencia de que serían respetados sus derechos e intereses. Por esto, siempre que del particular se ha tratado por ellos en la prensa, en el libro y las Asambleas de la clase, se ha partido de la acumulación de las retribuciones á los sueldos fijos actuales. Y lo cierto es que la acumulación no resulta completa para todos; de aquí esas quejas, tanto más justificadas, cuanto que, según el art. 4.º del Real decreto que nos ocupa, aparte de la casa, los Maestros «no percibirán ningún otro emolumento ni gratificación con cargo al Estado», y por todo ello los nuevos haberes resultan inferiores á los que vienen disfrutando (ya lo hemos dicho), salvo los asignados ahora á los Maestros de la octava categoría. Este es el hecho.

Por lo demás, declaramos que el principio establecido es bueno, digno de aplauso y responde á una aspiración general y á altas conveniencias de la enseñanza primaria y del orden pedagógico y moral de la Escuela. La matrícula que se establece para los alumnos de familias pudientes equivale, aunque restringida, á la contribución escolar que en otros países existe, no tiene los inconvenientes de que las retribuciones adolecen, y en la forma que se ha establecido nos parece aceptable. Tal vez ofrezca dificultades hacerla efectiva, pero no creemos obra imposible realizarla y aclimatarla en nuestras costumbres. Lo que nos parece es insuficiente para reforzar el fondo de los derechos pasivos del Magisterio, que es á lo que se destina por el art. 26 del Decreto que examinamos: no hubiera estado de más, por lo tanto, elevar la cuota máxima á 5 pesetas, por ejemplo, sobre todo si se tiene en cuenta que los ingresos de ese fondo sufrirán una merma de consideración, que acaso le origine crisis peligrosas, con la reforma del Sr. La Cierva. Precisa arbitrar otros recursos si se quiere evitarle el desaguisado que con razón sobrada vemos algunos en perspectiva. Debe, pues, el Gobierno pensar en ello para evitar un desastre de dolorosas consecuencias para el Magisterio y de suma desprestigio para la Administración Central de la Enseñanza.

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Y ya que de derechos pasivos tratamos, séanos licito protestar con toda energía acerca de un precepto de la reforma que estimamos injusto á todas luces, y hasta extremadamente cruel. Según la quinta de las disposiciones transitorias del Decreto de 22 de Marzo, al implantarse la reforma, «cesarán todos los substitutos personales y quedará suprimida en adelante esta clase de nombramientos». Tal resolución, con ser lesiva de derechos adquiridos al amparo de preceptos administrativos legales, resulta excesivamente desconsiderada e impía.

Poco tenemos que objetar con respecto á los Maestros substitutos, en cuanto que desempeñan las Escuelas temporalmente y sin otros dere-
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chos á seguir en ellas que el de servirlas mientras el Maestro propietario no sea jubilado: merecían algún respeto. Lo grave es la situación en que se deja á los substituidos. ¿Qué se va á hacer con ellos? ¿Se les jubi- lará? No puede ser, porque la ley de derechos pasivos no lo consiente. ¿Se les volverá á sus Escuelas? Tampoco puede hacerse esto, porque están legalmente declarados imposibilitados para la enseñanza. ¿Se les dejará morir de hambre, arrastrando misera existencia como pordioseros, después de haber consagrado su vida á la enseñanza de la niñez, y de haber contribuido con su peculio á alimentar el fondo de pasivos? Sería la mayor y más tremenda de las iniquidades. Hacemos al señor La Cierva la justicia de creer que no ha meditado lo suficiente esta resolución, y que en el Reglamento procurará prevenir, ó al menos mitigar, sus desastrosos efectos. Si le parece mal á ocasionado á abusos lo establecido por la prevísora legislación anterior á su Decreto, ha podido suprimir para en adelante las substituciones (que siempre tuvieron y tendrán carácter de equidad y de previsión), y no dar fuerza retroactiva á un precepto que borra de un plumazo la cariñosa solicitud con que, desde 1870, viene atendiendo el Estado á los Maestros que, sin tener derecho á jubilación, se inutilizan en el servicio de la enseñanza primaria, que es un servicio del más alto interés nacional. «Así paga el diablo á quien bien le sirve», dirán, sin duda, los Maestros substituidos al verse tan inopinadamente lanzados al abismo de la miseria, y lo dirán llorando por sí y sus familias, heridos por la ingratitude con que la sociedad, ó su representante el Estado, paga sus servicios cuando se hallan en situación de no poderse valer ni ganarse un pedazo de pan que llevar á la boca y ofrecer á su esposa e hijos.

De veras que no nos explicamos la retroactividad que el Sr. La Cierva ha dado al precepto sobre substituciones. No se comprende lo hecho en quien, como el actual Ministro de Instrucción pública, es abogado distinguido y pasa por ser un espíritu de gran rectitud y alteza de miras.

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Dejando á un lado otros preceptos á que tendríamos que poner reparos, nos fijaremos, para terminar, en los que, á nuestro parecer, merecen elogios y revelan una buena orientación pedagógica: ya antes hemos señalado algunos de los que en este caso se encuentran.

Los preceptos mandando que se establezca en todas las Escuelas públicas la enseñanza graduada y suprimiendo las Auxiliares para convertirlas en Escuelas ó secciones de ellas, merecen toda nuestra aquiescencia, sobre todo si en los reglamentos se procura desarrollarlos bien y darles eficacia. La enseñanza graduada verdad es de necesidad notoria por razones pedagógicas que reiteradamente hemos expuesto en esta Revista. En el extranjero se la considera como el desiderátum de la escuela, no habiendo país culto que no la tenga implantada. Nos felicita-
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mos, pues, de que el Sr. La Cierva se haya preocupado de ella y la haya hecho preceptiva. Hubiera sido olvido imperdonable no tenerla en cuenta, puesto que á ella se confía hoy la regeneración de la escuela primaria española, y en lo tanto, de nuestra primera enseñanza.

Es asimismo de elogiar la disposición por la cual se establece que la Escuela esté siempre separada de la vivienda del Maestro. Razones pedagógicas de una parte y conveniencias para la Escuela y para el mismo Maestro de otra, lo aconsejan, como en más de una ocasión hemos mostrado en estas páginas. Claro es que esto no puede hacerse hoy en todas nuestras escuelas; pero es factible en muchas, y sobre todo, cabe disponerlo en las de nueva creación, si se cumple lo preceptuado en el artículo 4.º (segundo párrafo) del Decreto que nos ocupa y en disposiciones anteriores, sobre todo en el Decreto sobre construcciones escolares del Sr. Domínguez Pascual (26 de Septiembre de 1904).

El refuerzo considerable que lleva al presupuesto de Instrucción pública el Sr. La Cierva para dotar mejor, con alguna más larguezza, los servicios de la primera enseñanza, y su aspiración á que haya 30.000 entre Maestros y Maestras- son resoluciones que tampoco deben pasarse en silencio y de las que merecen ser señaladas entre las buenas de la reforma, como lo merece lo dispuesto respecto del material de las Escuelas.

Por último, en varios artículos del Decreto del Sr. La Cierva se observa la tendencia á separar la enseñanza de adultos de la Escuela primaria. Esto perjudica á los Maestros en cuanto que, como hemos dicho, les privará de un emolumento que ha debido computarse al formar las escalas de sueldos, lo que no se ha hecho, y ello es sensible. Pero, aparte de este inconveniente, que precisa tener en cuenta, que deploramos y ha podido evitarse, conviene que la enseñanza de adultos deje de estar adherida, en la forma que lo está entre nosotros, á las Escuelas de niños y de niñas. En primer lugar, porque no es posible, no puede exigirse que un solo Maestro dé bien ambas enseñanzas; después de las seis horas de trabajo diario en la Escuela diurna, no debe esperarse, racionalmente pensando, que el Maestro esté en condiciones de desempeñar bien, á conciencia, la clase de la noche: es un trabajo excesivo y que no debe imponerse á nadie, si se quiere que lo desempeñe en las debidas condiciones. En segundo lugar, porque, separando de las Escuelas primarias propiamente dichas la enseñanza de adultos y creando para ésta Escuelas especiales, se podrá organizar mejor y con más ventajas para aquéllos, surgirán los centros que, con las denominaciones de escuelas de ampliación, de perfeccionamiento, de repetición, complementarias, etc., tanto contribuyen en otros países al progreso de la instrucción popular, tan útiles son y tanta falta hace establecer en el nuestro, que tan menesteroso se halla de hogares que irradiien y difundan la cultura elemental entre las clases sociales que más.