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ley. Después de los esfuerzos plausibles de aquellos Ministros de Hacienda y de Fomento, nos encontramos con que todavía á los maestros se les adeudan 9 millones; es decir, que los Ayuntamientos están en descubierto con los maestros en la cantidad de 9 millones que no hay medio de que los paguen. ¿Por qué sucede esto? ¿Es que todos los Ayuntamientos son tan malos que se resisten al pago á los maestros? No, no es eso.

Pues bien; ello es que estamos en el mismo caso en que estábamos cuando hacíamos aquella campaña, y me interesa rectificar la cosa, porque aquí se ha dicho lo contrario.

Aun dentro de la situación actual, hay modo y manera de hacer más suficiente, más ordenada la situación del pobre maestro. Ya he dicho que los sueldos de los maestros son variados; desde 200 pesetas hasta 2.000 y pico anuales; pero aquí hay dos problemas, uno el que se llama el problema de la acumulación de sueldos y retribuciones, y otro es el del avance y progresos del maestro en su primera escuela, ó sea lo que los franceses llaman l'avancement sur place.

Respecto del primer problema, necesito dar algún detalle ligeramente técnico.

El art. 191 de la ley de Moyano (1857) fija los sueldos de los maestros con arreglo al censo de población de los pueblos, la cual escala hoy en día no puede subsistir, y hay que modificarla si se quiere dotar á los maestros de sueldos decentes. La escala es la siguiente:

    De
    500 á 1.000 almas
    625 ptas.

    De
    1.000 á 3.000 ídem
    825

    De
    3.000 á 10.000 íd
    1.100

    De
    10.000 á 20.000 íd
    1.375

    De
    20.000 á 40.000 íd
    1.650

    De
    40.000 en adelante
    2.000

    En Madrid

    2.250

El art. 192 de la misma ley, dice así: «Los maestros y las maestras de las escuelas públicas percibirán, además de su sueldo fijo, el producto de las retribuciones de los niños que puedan pagarlas. Estas retribuciones se fijarán por la respectiva Junta local, con aprobación de la de provincia.»

Este artículo, que sentencia á la enseñanza en España á no ser gratuita, ha producido grandes sinsabores al Magisterio, y al fin está en gran número de pueb'os sin cumplimentar, lo cual perjudica á los maestros y hace que huyan de tales pueblos como de
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cosa apestada, irrogando grandes perjuicios á la enseñanza el continuo cambio de maestros.

Las retribuciones en un principio se cobraban en especie, y aun hoy día se ve algún infeliz maestro de esos pueblos ir en el verano por las eras recogiendo granos en pago de su trabajo, y en otoño por los lagares recibiendo mosto en el mismo concepto.

Para evitar esto se han ido dictando disposiciones que han dado por resultado en general: Primero, que los Ayuntamientos convengan con los maestros una cantidad en concepto de esas retribuciones, que se paga del presupuesto municipal, descargando así á la familia de ese gravamen; y segundo, que en los pueblos, donde siguen pagando la retribución, del niño, es el Ayuntamiento el encargado de recaudar las cuotas de difícil percibo, y si se declaran fallidas, tienen que abonarse de fondos municipales.

Para evitar tan difícil procedimiento de cobranza; para facilitar la contabilidad administrativa; para hacer la enseñanza gratuita, y para unificar todos los sueldos del Magisterio, quiere éste que el gobierno realice la acumulación, que consiste en declarar que los actuales sueldos (los del art. 191) se aumenten en una tercera parte para cumplirse el art. 192.

El Consejo de Instrucción pública lo ha informado bien, y la Junta de clases pasivas lo informará también en igual sentido, según manifestaciones de sus vocales, y según el informe que presente la ponencia nombrada al efecto.

La razón más poderosa que milita en favor de esta declaración, es que con ella se beneficia al Magisterio, á la Administración y á la instrucción pública sin perjudicar á nadie, ni aumentar los presupuestos municipales en nada, ó en cantidad insignificante, que puede fluctuar entre 10 y 50 pesetas por escuela.

En efecto; casi la mitad de las provincias de España dan ya á sus maestros la retribución, que consiste en la cuarta parte del sueldo. Otro número de provincias, casi igual, ó poco menor, abonan en el mismo concepto una tercera parte, y el resto de las provincias, insignificante por cierto, suelen pagar la quinta, la sexta ó cantidades arbitrarias, que muchas veces son más beneficiosas que el tercio, pues equivalen á la mitad, al total y aun exceden de éste, es decir, que hay pueblos que pagan más por retribución que por sueldo, aunque estos pueblos no sean muchos. Yo recomiendo, pues, la acumulación, aunque estudiando bien el problema, porque es bastante complejo, y respetando los intereses creados.

El otro problema es tan importante y tan complejo que me
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he permitido presentar una enmienda, que recomiendo á la consideración de los señores de la Comisión y del Congreso.

El Sr. Navarro y Rodrigo, el Gobierno liberal, trajeron la ley Llamada de derechos pasivos de los maestros en Julio de 1883. Se había por entonces llegado á una situación tal, que el maestro, agotadas sus fuerzas, estaba destinado á morir en la indigencia.

Ya la revolución del 68 y un decreto del 70, si no recuerdo mal, sorteó la dificultad, permitiendo la sustitución del profesor agotado, por un maestro joven que con él compartiese el sueldo; pero, al fin y al cabo, se estableció que se crearía lo que llaman las Cajas de clases pasivas, en cuya virtud tenía el maestro que llevaba cierto número de años de servicios derecho á un retiro.

La ley de 1887 estableció una subvención por parte del Estado (la ley lo dice en sus artículos 1.º y 3.º), de 125.000 pesetas al año; pero aquélla subvención duró poco tiempo, de suerte que los fondos de la Caja se sacaron y sacan de descuentos de los sueldos de los angustiados maestros.

De esta suerte, y por este y otros motivos, la Caja del Monte- pío corre un serio peligro.

Ahora lo único que ha hecho la Comisión, y es plausible, es introducir un artículo, en cuya virtud se pagan por el Estado 39.000 pesetas, pero no para los maestros, sino para la Junta que se encargó de cobrar los descuentos de los sueldos del Magisterio y de hacer efectivos sus derechos pasivos; y aquí viene mi enmienda.

Es necesario restaurar las 125.000 pesetas, y es necesario restaurarlas por motivos que yo no puedo explicar ahora, pero de los cuales estoy bastante impuesto.

Es necesario consignar la cantidad que preceptuó la ley de 1887, y que acredite la participación directa del Estado en la atención de los derechos pasivos del maestro, que hoy sólo descansa en el descuento de su pobre sueldo.

Como todos los Congresos pedagógicos que en España se han celebrado, yo creo que habría que fijar como cantidad mínima para el sueldo de un maestro el jornal de un bracero. Mejor me parecerían 1.000 pesetas. Pero con eso habría que relacionar la acumulación de las retribuciones, y, por último, los derechos pasivos.

No perdamos de vista, señores, que todos los sacrificios que hagamos por los maestros nos resultarán económicos. No lo veremos nosotros, pero nosotros crearemos aquí un cuerpo de maestros respetables, prestigiosos, dignos, capaces, y la educación de
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nuestros hijos será una base positiva para el renacimiento de España. Yo lo veo con una claridad absoluta, y es lástima que no lo vean de igual modo los que podrían en estos momentos resolver la cuestión con un pequeño esfuerzo. Nada más real, más positivo, que el sacrificio que os pido.

Otro punto también á debate es la solución muy recomendada en Francia para evitar la constante movilidad del maestro. El maestro está poco en su escuela, busca los pretextos, la licencia, la ampliación de estudios, la oposición para salir del lugar de su primitivo destino. Va, viene, se pasea, se disgusta, pelea con el alcalde, y, sobre todo, vive y perdura en condiciones de verdadera dificultad en el pueblo adonde llegó cuando sus necesidades eran pequeñas y muy limitadas sus aspiraciones. De aquí la solución que hoy se va realizando en la Pedagogía francesa. El maestro allí sin salir generalmente del sitio en que está y donde entró con 1.000 pesetas, cuando llega la hora del ascenso tiene 1.500 y puede alcanzar hasta 8.000 sin abandonar la escuela en que primordialmente se estableció; debiendo advertir que los sueldos superiores en Francia no son, por regla general mayores que en España. Pues bien; en aquel centro donde el maestro se instaló al entrar en la carrera, donde fijó su escuela, es el más adecuado para sostener todo su prestigio, extender sus relaciones con todo el mundo que le rodea y desempeñar con relativo desahogo y en circunstancias excepcionales su misión educadora.

Apurando mucho las cosas, no sería paradoja decir que, donde el maestro podrá tener menos sueldo, quizá es en las grandes poblaciones, porque en ellas se celebran congresos, hay museos, se publican periódicos, y el maestro tiene una comunicación constante de ideas. Pero cuando el maestro se encuentra aislado en un pueblo y no tiene absolutamente comunicación ninguna con nadie, aquel calor que llevó de la Normal se le va extinguendo, y al fin y al cabo, á los seis ó á los ocho años es un maestro rutinario, un pedagogo muerto. Es necesario darle al maestro mayor retribución cuanto más pequeña sea la localidad donde ejerza sus funciones y más difícil es material y moralmente su desempeño; porque en esos pueblos retirados sólo influyen tres acciones: la acción del sacerdote, de tal ó cual religión (la del país en que la experiencia se hace), la acción del maestro y la acción política; la política en nuestra patria, desgraciadamente, está representada, cuando no por las luchas del caciquismo, por la gran vergüenza de las elecciones, que nos corrompe, nos destroza y nos quita absolutamente todo prestigio.
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Tanto como en la independencia del Magisterio (garantizada por el sueldo fijo, suficiente y seguro), y tanto como en su prestigio (defendido por aquella independencia del profesor, por la estabilidad del maestro y por la consagración de su empeño como el de una carrera con fin positivo y carácter profesional á la altura de las demás carreras literarias y profesionales de España, y no como una salida sólo para las últimas clases de nuestra sociedad), casi tanto como en todo eso hay que ocuparse de la ciencia, de la capacidad intelectual del maestro. Esto se ha de conseguir: primero, por la modificación y el ensanche de los arrasadísimos, de los vergonzosos programas de las escuelas normales, llevando de frente el doble interés del aumento de la cultura general del maestro y la perfección de los procedimientos pedagógicos calcados en la obra de Pastalozzi y Fröbel y de los acreditados pedagogos modernos; segundo, por la creación de bibliotecas de veras, aunque sean muy reducidas y económicas, pero de modo y manera radicalmente distintos á lo que hoy priva por nuestro deplorable y degenerado sistema de adquirir y subvencionar libros de escasísima ó ninguna importancia pedagógica; tercero, por el establecimiento de comisiones de maestros al extranjero para perfeccionar sus estudios y contribuir á la propagación de los adelantamientos extraños en nuestro atrasado país: empeño que podría relacionarse con el de nuestro excelente Museo pedagógico de Madrid, al cual podría cometerse también todo lo relativo á la provisión de las bibliotecas económicas populares; cuarto, por un sistema de oposiciones sinceras, oportunas y fáciles, es decir, la rectificación del sistema centralizador imperante por el decreto de Diciembre de 1896, en cuya virtud sólo se pueden hacer oposiciones á escuelas de 2.000 pesetas en Madrid y de 825 en las capitales universitarias; de modo que la presentación á la oposición es casi un imposible por los gastos y aplazamientos que entraña á un número considerable de maestros, y no es más posible á los jueces la calificación de los ejercicios por el agolpamiento extraordinario de opositores; y quinto, por una organización seria y eficiente de la inspección de enseñanza. No puedo ya discutir sobre todos estos puntos, porque ya os he entretenido quizá demasiado; pero permitidme algunas palabras sobre el último particular, objeto de bastantes dudas, confusiones y críticas fuera de este Parlamento. Porque se ha llegado al punto de afirmar que se puede y aun se debe prescindir de la inspección de enseñanza.

No; los inspectores de enseñanza son el medio de relacionar el maestro con las Normales. Dice un amigo mío, de una gran com-
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petencia en esta materia, uno de los primeros pedagogos de España, que los maestros salen de la Normal con cuerda para tres ó cuatro años, y luego es necesario que vaya alguien á los pueblos á darles cuerda para otros tres ó cuatro. Y para esto es preciso que la inspección esté bien organizada, porque si el Inspector es un empleado que se nombra sólo para recorrer las escuelas y para cobrar su sueldo, entonces más vale que no los haya. Pero además se necesitan Inspectores suficientes. ¿Pues no hay un Inspector solo en la provincia de León para 1.316 escuelas, y en cambio hay otro, como el de Cádiz, que sólo tiene á su cargo 165?

No es posible que subsista esta organización si es que tal nombre merece. Es necesario organizar estas inspecciones en relación con las necesidades; hay que constituir el cuerpo de inspectores; pero hay que constituirle, levantándole, y aquí vuelvo á la solución ya bien establecida y experimentada en Francia y en Inglaterra, donde existen en la primera 534 inspectores (uno por cada 120 escuelas), y en la segunda (sólo en Inglaterra, prescindiendo de Escocia é Irlanda), 315 inspectores de notoria competencia. Esta solución se intentó en España hacia 1897, por el Sr. Navarro y Rodrigo; pero el proyecto quedó por aprobar y el cuerpo de inspectores quedó muerto.

Es preciso resucitar ese proyecto, no haciendo un cuerpo cerrado de inspectores, con maestros de escuela y normales, sino abriendo la puerta, como se ha hecho en Francia, á todos los hombres cultos, y creando una verdadera carrera de altura, para que esas personas realicen la obra de cultura superior y vigilancia prestigiosa que deben realizar. ¿Cómo? ¡Ah!, eso es muy largo para explicarlo ahora. Yo sostengo la teoría de la autonomía de la Normal, de la vida propia de esos centros. ¿No puede ser esto Corriente; pero que siquiera exista una inspección que revista el superior carácter que antes he recomendado, fuera por completo de todo color ó sabor burocrático. Y con esto termino la primera parte de mi trabajo. Muy pocas palabras sobre la segunda.

Yo he dicho que el sentido general de lo que podemos llamar política pedagógica contemporánea, es que el Estado, reconociendo que la función de la enseñanza no es propia suya, recoja, sin embargo, y ampare, por razones de tutela, las iniciativas individuales, y aun supla la deficiencia de éstas con instituciones docentes por él organizadas y sostenidas. Pero es su deber amparar la enseñanza dentro de las condiciones de libertad, y haciendo que la enseñanza oficial no sea la enseñanza burocrática, y menos un obstáculo para la enseñanza libre. De aquí es que el procedi-
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miento de la subvención sea, no como ahora se hace, á la ventura, sino por medio de la intervención del Estado y con condiciones de publicidad. La enseñanza oficial ahí está, pero hay que fomentar la enseñanza privada y la instrucción particular. Sería verdaderamente curioso examinar qué es lo que ha servido más al desarrollo de la instrucción pública, si la iniciativa particular ó la del Estado.

No vayamos fuera de nuestra patria. En España, ¿quién trajo el movimiento pedagógico representado por Pestalozzi?

Por una parte, el Estado, mediante la protección que dispensó el príncipe de la Paz á principios del siglo al Instituto pestalozziano, de Madrid; pero también aquella obra por el apoyo que le prestó aquella sociedad de la Instrucción pública, constituida por algunos santanderinos, bajo la presidencia del Duque de Frías. ¿Quién trajo el sistema lankasteriano á España? Otra sociedad de protección á la instrucción pública, presidida por el Duque de Gor.

¿Quién inició la gran transformación de la Escuela Superior Central de maestras, centro que funciona en Madrid y es uno de los timbres que podemos presentar en el concierto de los pueblos cultos en materia de enseñanza? Aquel inolvidable D. Fernando de Castro, fundador en 1870 de la Escuela privada de institutrices. ¿Quién inició la enseñanza con el sentido de Froebel? Aquel diplomático español que fundó la escuela que estaba en la calle de Atocha, y que vino á ser la base de la reorganización de las escuelas primarias de España.

Resulta, pues, que todo este movimiento de la enseñanza ha venido á tener su origen en la iniciativa particular, y es natural y conveniente que esas instituciones, esas iniciativas particulares, sean amparadas y aprovechadas por el Estado, dándoles el realce que merecen.

Por esta razón, séame lícito, señores, aquí, en esta primera tribuna de nuestra patria, rendir el homenaje de mi respeto, de mi gratitud y de mi más entusiasta admiración á un hombre muerto, recientemente muerto, D. Manuel Ruiz de Quevedo, al director de la Asociación para la enseñanza de la mujer. Él continuó los trabajos del venerable D. Fernando de Castro, y es necesario haberle visto de cerca, como yo que tuve el honor de tratarle tantos años, para saber hasta qué punto aquel hombre, perfectamente extraño á toda intransigencia de escuela, á toda intransigencia religiosa y todo exclusivismo político, profesando la Pedagogía como un interés fundamental de la sociedad española, sacrificó su tiempo, su
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vida y su fortuna á la empresa de sostener y desarrollar un centro tan útil y hermoso, que por él le debemos gratitud todos los españoles. Séame lícito, repito, rendirle ese tributo de mi admiración y y de mi gratitud, con la seguridad de que á esta manifestación ha de asociarse toda la Cámara.

Otra muestra de los resultados de la iniciativa particular la tenemos en la escuela de estudios superiores del Ateneo, para la cual se votó aquí hace dos años una subvención, debida á la iniciativa del Sr. Moret y al poderoso concurso del Sr. D. Antonio Cánovas del Castillo. Esa escuela se ha dado óptimos frutos, y séame permitido elogiarla, aunque yo sea uno de sus individuos, porque esto realmente es un detalle que nada significa para la brillantez y esplendor de esas enseñanzas y para el eco que han tenido fuera de nuestra patria.

Pero yo no creo que deban darse las subvenciones de esta manera; es decir, como se dió esa subvención al Ateneo, ni como la que yo conseguí y tuve por muchos años, para la Sociedad «El Fomento de las Artes»; ni como las subvenciones que ahora se suelen dar á muchas escuelas, generalmente á escuelas religiosas ó medio religiosas ó medio rústicas. Esto es, sin discutir á quién deban darse las subvenciones ni el modo de darlas, prescindiendo de toda publicidad y excusando la intervención directa del Estado en el conocimiento detallado de la aplicación de las cantidades dadas y de las pensiones del instituto protegido. Insisto en que todo esto debe ser materia de un expediente, que debe hacerse público, y que á toda concesión de subvención para enseñanzas, debe acompañar la fiscalización reflexiva del Estado, no para que el Estado diga cómo se ha de enseñar, ni cómo han de ser los programas, no; sino para tener la seguridad de que las cantidades que se dan como subvención, se dedican realmente á la enseñanza, y para hacer posible por aquella inspección y por memorias razonadas y documentadas que debieran traerse á las Cortes; que aquí discutamos si debe darse ó sostenerse tal subvención á tal ó cual Sociedad, ó si no existe ó ha desaparecido la razón en que semejante subvención pueda fundarse. Además, esas Memorias, si estuviesen bien hechas por personas de verdadera competencia, no por Inspectores nombrados para premiar servicios políticos, podrían ser un gran medio de propaganda.

El Ateneo mismo, por ejemplo, creo que tiene una subvención de 10.000 duros; pues yo le daría mayor subvención, con otras condiciones. Y conste que yo soy en esto testigo de mayor excepción, porque yo fuí uno de los patrocinadores de la idea que rea-
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lizó brillantemente el Sr. Moret. Yo, que daría al Ateneo mayor subvención, exigiría, como he dicho, otras condiciones, y entre ellas, que el Ateneo estuviese obligado á dar cierto número de entradas, ciento ó ciento cincuenta, á los alumnos de los establecimientos oficiales docentes de Madrid y de provincias, socios eventuales que lo serían por espacio de un año, al igual de los numerarios de la docta casa, y que recibirían su tarjeta como aditamento á los premios universitarios, con lo que el Ateneo lograría mayor vida en estos momentos en que agoniza la Universidad, y el Estado reportaría una ventaja directa del auxilio que con la subvención presta al Ateneo. Y quien habla del Ateneo, habla de cualquier otro centro docente.

Después de esto, ya no tengo más que decir. Hay que desarrollar las partidas exiguas de ese presupuesto de la enseñanza primaria; hay que insistir en el camino emprendido en otro tiempo por el partido liberal; hay que mostrar bien al pueblo el fin que se persigue; hay que interesarse en el desarrollo de la enseñanza pública á las clases acomodadas que no se dan cuenta del abandono que ha seguido al movimiento expansivo de 1836 y 1868.

Yo terminaré mi discurso recomendando una vez más que penséis que este es un interés culminante, tan culminante como el que más pudiera serlo en estos momentos de angustia que pasamos.

A mí me aterra la situación íntima de nuestra sociedad; yo tengo perfecta conciencia del estado por que España atraviesa; yo tengo miedo de que se apague el fuego que anima nuestra existencia política y social. Si nos descuidamos, se apagará. Por eso debemos dirigir todos nuestros alientos, nuestros esfuerzos y nuestros medios á levantar el espíritu decaído de España.

Aun sin dar tanta generalidad á mi crítica, aun reduciendo mis observaciones al orden puramente político, ¿cómo prescindir de la gravísima crisis por que atraviesan las instituciones democráticas que constituyen el fondo de la actual sociedad política española?

¿Puede dudarse? Tenemos una prensa libre, absolutamente libre. No hay que pensar en un retroceso sobre este punto. ¿Pero es que la prensa española no corre hoy gravísimo peligro, por sus relaciones con el Parlamento y con el poder judicial, y por sus ambiciosas pretensiones de sustituir á los partidos y de dirigir y no meramente ilustrar, la acción política? Tenemos el Jurado. ¿Quién lo podrá suprimir? ¿Pero acaso la voz pública no dice que esa institución compromete su existencia con la impunidad en que