La Enseñanza (Madrid. 1865) (1866-02-10 00:00:00), página 1

LA ENSEÑANZA,
REVISTA GENERAL DE INSTRUCCION PUBLICA Y PARTICULAR DE ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS,
DIRECTOR
D. JUAN UÑA.

SUMARIO: Crónica de la quincena, por J. Uña.—Necrología, por R. Ruiz Bonilla.—Supresión de las Escuelas Normales é Inspectores de Instrucción primaria, por Pedro Alcántara García.—Haziminos: Reformas de la segunda enseñanza, por Gumersindo Laveyra y Ruiz.—Notas sobre reformas de la segunda enseñanza, por F. de Esceverri.—Santos.—Disposiciones oficiales.—AVISO.

CRÓNICA DE LA QUINCENA.

Bajo el epígrafe de La intervención del Estado en la enseñanza: La Inglaterra y las Colonias inglesas, continúa M. E. de Laveye su importante trabajo sobre «La instrucción del pueblo en el siglo XIX»; y como quiera que el interés de la cuestión sea tan palpitante para nosotros en las actuales circunstancias, como lo ha reconocido, con gran satisfacción nuestra, una gran parte de la prensa facultativa y política, no titubeamos en dar a conocer á nuestros lectores las ideas que sobre el punto designado profesa aquel escritor y las razones principales en que las funda.

Antes de emprender el estudio de la instrucción en las sociedades europeas que representan la civilización moderna, aborda la siguiente cuestión: ¿Es justo, es útil, que los poderes públicos, —Estado ó comun, poder central ó administración local,—intervengan en la instrucción, valiéndose del impuesto?

La misión del Estado es ciertamente la de hacer que se cumpla la justicia, la de garantizar á cada uno el goce de todos sus derechos; pero es un error el sostener que el Estado nada tiene que enseñar porque no tiene doctrinas, pues no hay Estado que no se funde en algunas doctrinas, que de hecho enseña en cada uno de sus actos. El legislador promulga una Constitución, basada en una teoría de derecho, con lo cual declara esta teoría obligatoria; forma un Código penal, y para ello tiene que proclamar doctrinas morales en cuya virtud establece una gradación de penas contra los infractores de sus leyes; redacta un Código civil, y tiene que resolver las más delicadas cuestiones sobre la propiedad, la herencia, las obligaciones, la duración de los derechos y la prescripción, con lo cual, no sólo enseña, sino que obliga á respetar sus enseñanzas y á practicarlas. La sociedad humana se apoya, pues, en ciertos principios, considerados como incontestables para su aplicación, que son el fundamento de la legislación civil, penal y política; que se sostienen en las asambleas, en los tribunales y hasta en el cadalso. ¡Y había de ser la escuela el único lugar donde no pudieran enseñarse! El Estado no es ciertamente infalible; ¿pero ha de disculparse de aquél que no debe legislar ni corregir? ¿Debe consentir el robo porque esté sujeto á error en su concepto de la propiedad? Mientras que exista un poder entre los hombres, este poder proclamará doctrinas, y, lo que es más, las llevará al terreno de la práctica; y por mucho que se limite su acción, siempre le quedará la de proteger las personas y la propiedad; y como la fuente principal del desorden, la miseria y el crimen es la ignorancia de las clases inferiores, para proteger las personas y la propiedad, mantener el orden y garantizar el cumplimiento del derecho, es indispensable difundir las luces. Suprimase la escuela y no habrá otro medio de orden que la cárcel y el patibulo; el Estado que no instruye, tiene que intimidar, y es forzoso elegir entre el verdugo y el maestro. Hubo un tiempo en que el Estado no se valía más que del primero, y quizás muy pronto no se valga más que del segundo. ¿Pues qué, teniendo la sociedad el derecho de castigar á quien infringe sus leyes, no había de tener el de enseñarlas y hacer que las comprendan todos? ¿Puede pagar jueces que condenen á los que atentan contra sus instituciones, y no puede pagar otros funcionarios que las den á conocer? ¿Está obligado á sostener guardia y policía y no tiene derecho para pagar maestros? No, esto sería absurdo: el que tiene derecho de castigar, como ha dicho Macaulay, también tiene el de instruir, sobre todo cuando los datos estadísticos prueban evidentemente que el dinero que se emplea en escuelas se ahorra en la construcción de prisiones.

Una vez establecido que el Estado tiene derecho á enseñar y posibilidad de hacerlo, el autor continúa examinando si es necesario y oportuno que enseñe, ó si es preferible dejar esta misión á la libre iniciativa de los individuos; mas como esta es ya una cuestión de hecho, á los hechos apela para resolverla.

Mientras existan, de un lado hombres que no quieran para sí ni para sus hijos la ilustración, y de otro hombres interesados en el mantenimiento de la ignorancia para ocultar con ella sus abusos, los esfuerzos particulares serán ineficaces, aunque procedan de instituciones como las religiosas, por