La Enseñanza (Madrid. 1865) (1867-03-25 00:00:00), página 15

dráticas numéricas de Universidades de distrito, la cátedra de Ampliación del Derecho mercantil y penal, vacante en la Facultad de Derecho, sección de Derecho civil de la Universidad Central. (Id. de Id.)

—Está vacante en el Instituto de segunda clase de Valladolid la cátedra de Psicología, Lógica y Ética, la cual ha de proveerse por concurso, con arreglo al artículo 208 de la ley de Instrucción pública.

Los aspirantes dirigirán sus solicitudes documentadas en el término de tres meses, á contar desde la publicación de este anuncio por el conducto que determina el artículo 40 del reglamento de 1.º de Mayo de 1864. (Id. del 19.)

—De acuerdo con el dictamen de la Real Academia española, que se inserta en la Gaceta, se ha dispuesto que se adquiran 25 ejemplares de la obra titulada Roger de Flor, escrita por D. Juan Justiniano, cargándose su importe al capítulo 22, artículo único del presupuesto vigente. (Id. del 20.)

—Real decreto. «Atendiendo á las razones que me ha expuesto mi ministro de Fomento,

Vengo en decretar lo siguiente:

Artículo 1.º Se establecerá en Madrid un Museo arqueológico nacional. Se formarán museos provinciales de la misma clase en aquellas provincias en que se conserven numerosos é importantes objetos arqueológicos. En las demás se crearán colecciones con los objetos que se vayan reuniendo.

Art. 2.º Se considerarán objetos arqueológicos para los fines de este decreto todos los pertenecientes á la antigüedad, á los tiempos medios y al renacimiento, que sirvan para esclarecer el estudio de la historia, del arte ó de la Industria en las indicadas épocas. Se exceptúan los que por su índole deban corresponder á los museos de pintura.

Art 3.º Constituirán el museo arqueológico nacional:

1.º Todos los objetos arqueológicos y numismáticos que existen en la biblioteca nacional.

2.º Los que se custodian en el museo de Ciencias naturales.

3.º Los existentes en la Escuela especial de Diplomática.

4.º Los que sean ó furen en lo sucesivo propiedad del Estado. Los conocidos en el día y custodiados por corporaciones públicas, científicas ó literarias no pasarán al museo sino mediante el consentimiento de estos.

Art. 4.º Los museos provinciales existentes y los que se crearen conservarán los objetos arqueológicos pertenecientes á la provincia respectiva, y se instalarán en el mismo edificio donde se halle la biblioteca pública ó el archivo histórico, si fuere posible, y en todo caso en local adecuado y conveniente.

Lo mismo se hará con las colecciones que por su escasa importancia relativa no lleguen todavía á formar museo.

Art. 5.º Las comisiones de monumentos artísticos e históricos entregaran á los museos provinciales los objetos arqueológicos que actualmente posean y los que en adelante reunieren.

Art. 6.º Serán vocales natos de dichas comisiones el jefe de la biblioteca provincial y el del archivo histórico, cuando este se halle establecido en la capital de provincia.

Art. 7.º Por la dirección de instrucción pública se resolverán las dudas que puedan surgir sobre el destino de objetos entre los museos de Bellas-Artes y los arqueológicos.

Art. 8.º Los museos arqueológicos serán públicos.

Art. 9.º Serán destinados al servicio de los museos, y formarán sección especial en el escalafón general del cuerpo de archiveros-bibliotecarios, los individuos de este que se consideren más aptos para dicho servicio, á propuesta de la junta del ramo, y los empleados que actualmente sirven en los museos provinciales, los cuales serán clasificados con arreglo á la real orden de 12 de Mayo de 1859.

Art. 10. Un reglamento especial determinará lo conveniente en punto á la conservación, fomento y régimen de tales establecimientos.

Dado en palacio á veinte de Marzo de mil ochocientos sesenta y siete.—Está rubricado de la real mano.—El ministro de Fomento, Manuel de Orozco.—(Id. del 21.)

Por un olvido involuntario no se publicó en el último número, y en su lugar correspondiente, el Real decreto que sigue:

—Tomando en consideración las razones expuestas por mi ministro de Ultramar,

Vengo en decretar lo siguiente:

Artículo 1.º Se crea una comisión con el carácter de extra ordinaria que, examinando los archivos y bibliotecas del reino, así como los extranjeros que juzgue conveniente, compile y ordene los documentos, datos y noticias que el ministro de Ultramar le designe por su orden de preferencia; y contribuyan á escabecer puntos de derecho consignados en las antiguas leyes y pragmáticas de la monarquía española.

Art. 2.º Esta comisión podrá exigir que todas las oficinas y dependencias del Estado le faciliten los medios de llevar á cabo su cometido, mostrándole cuantos documentos necesite, e ilustrando sus consultas con los datos que en ellas se encuentran; guardando sólo las fórmulas indispensables para que los documentos consultados ó copiados vuelvan á su lugar correspondiente, sin ocasionar alteraciones sensibles en el orden de la dependencia que los custodia.

Art. 3.º Los gastos que origine esta comisión se satisfarán con la equivalencia de las economías que se obtengan por supresión de servicios análogos consignados en los presupuestos de Ultramar.

Art. 4.º El ministro del ramo queda encargado de la ejecución del presente decreto para que surta cuanto antes sea posible los importantes efectos á que se destina.

Dado en palacio á veintiséis de febrero de mil ochocientos sesenta y siete.—Está rubricado de la real mano.—El ministro de Ultramar, Alejandro Castro.

—Para la comisión creada por el real decreto anterior, han sido nombrados don Pascual de Cayangos, catedrático de la universidad Central é individuo de la academia de la Historia, y D. Francisco Gonzalez de Vera, archivero de Alcalá de Henares.