La Enseñanza (Madrid. 1865) (1866-05-10 00:00:00), página 5

el derecho á los ascensos sucesivos, sin interrupción. ¿Y de qué modo podrá conciliarse el derecho de los unos y de los otros, conteniendo al propio tiempo las ambiciones de todos? De una manera bien sencilla, que, redactada en forma de artículo, debe sustituir al 32 del reglamento orgánico de las carreras civiles: Provéanse en archiveros-bibliotecarios todas las vacantes que resulten en los archivos del Estado, después de conceder los ascensos de escala á los empleados que actualmente sirven en ellos. ¡Podrán estos exigir más! ¿Abrigarán así recelos ni resentimientos fundados contra los individuos del cuerpo, si al ingresar estos en un archivo, ocupan el último lugar, y su entrada lleva por delante un beneficio general á todos los que han de ser sus compañeros? Insensiblemente podrá cumplirse el reglamento, sin lastimar derechos adquiridos, sin hacer odioso el cuerpo de archiveros-bibliotecarios, y fomentando esa moralidad que todos quieren exigir á los empleados, y nadie les ayuda á sostener.

Pero no se pierda de vista que éste sencillo modo de proveer todas las vacantes de los archivos del Estado, exige para evitar el desconcierto que todos ellos estén clasificados; que tengan plantas fijas, y que sus sueldos sean iguales á los que el cuerpo facultativo tiene asignados para sus tres categorías de ayudantes, oficiales y archiveros-bibliotecarios. Por fortuna, el nuevo reglamento facilita el camino, porque las asignaciones fijadas en él para las categorías 2.ª, 3.ª y 4.ª, son las mismas que disfrutan las tres del cuerpo, por la base 9.ª del real decreto de 8 de mayo de 1859.

Cerradas así las puertas á la ambición, desaparece el motivo de la envidia entre los individuos de una misma dependencia, y entre los que constituyen el cuerpo. Ninguno de sus individuos pretenderá plazas vacantes en los archivos que no están incorporados, sabiendo que sólo tiene derecho á la categoría y sueldo del último ayudante. Los archiveros-bibliotecarios sin colocación, serán los únicos que podrán aspirar á ellas; y para que el gobierno sepa cuántos y cuáles son estos, es necesario que todos ellos consten en un documento oficial y público, y este no es, ni puede ser otro, que el escalafón del cuerpo. Véase de qué modo, cuando las ideas son fijas, vienen las unas en apoyo de las otras.

Dispóngase, pues, que todos los archiveros-bibliotecarios que no estén colocados, figuren en el escalafón por orden de antigüedad, según las fechas de sus títulos, único medio de no herir el amor propio ni ofender la susceptibilidad de nadie. Y para que los tribunales, la administración y los particulares tengan una garantía de acierto al poner en ejecución la Real orden de 9 de mayo de 1865, consíguese también la nota que cada uno haya obtenido en los ejercicios del grado, que podrá asimismo servir al Gobierno para elegir libremente en caso de vacantes.

Aun cuando parece escusado enumerar las ventajas que reportarían estas disposiciones, no creemos enteramente ocioso el indicarlas.

En primer lugar, se fomentaría la moralidad de los empleados, excitando su celo, y estimulando el trabajo con la recompensa segura de los ascensos sin interrupción. En segundo, se impediría la disolución del cuerpo facultativo, haciendo que desaparezca el deseo de aspirar á las vacantes de archiveros, que por su categoría y sueldo podrían dar lugar á despertar ambiciones injustificadas. En tercero, se armonizarían los sueldos y categorías de los Archiveros del Estado con los del cuerpo facultativo de archiveros-bibliotecarios, preparando insensiblemente la reforma general de todos los archivos, que tanto se resiste todavía, por temor, sin duda, de que los facultativos perjudiquen en su carrera á los que no lo son.

La Junta superior directiva del ramo debe, en nuestro juicio, tomar la iniciativa y acudir al Gobierno para que reforme el art. 32 del reglamento orgánico en el sentido que dejamos indicado.

Pasemos ya á las ligeras modificaciones que creemos necesarias en la legislación del cuerpo, para que armonicen con las que hemos resuelto como más importantes en el reglamento orgánico.

La práctica y la experiencia han demostrado que el Real decreto de 17 de julio de 1858 contiene algunos vicios de fácil remedio, y la opinión pública empieza á manifestar deseos de que desaparezcan, llevando á la legislación de archivos y bibliotecas toda la perfección posible y alejando de ella cuanto pueda ocasionar la menor arbitrariedad, ó afecte en lo más mínimo á la independencia del tribunal encargado de la odiosa misión de las propuestas, bajo la forma vigente.

Su artículo 16 establece dos sistemas de ascensos; uno por antigüedad rigurosa, dentro de una misma categoría, y otro por concurso entre los individuos de la inferior al pasar de una á otra, encomendando las propuestas en tema al juicio de la junta superior, según los méritos y servicios de cada uno de los aspirantes. Esta comisión, por la vaguedad que encierran las atribuciones que se conceden, es enojosa y foco de constantes intrigas, de compromisos, de exigencias injustas y de disgustos para los vocales que la componen, porque son objeto, con frecuencia, de calificaciones inmerecidas. ¡Cuántas veces, al anunciarse un concurso, sentirán la presión de influencias extrañas y poderosas! ¡Cuántas otras, con los documentos en una mano y la ley en la otra, se verán precisados á postergar aspirantes que, con erudición mas profunda, más sólida y positiva, presentarán menos títulos de los que suponen ciencia! El concurso, en las condiciones que hoy tiene, es un elemento perturbador y dañoso que en