La Enseñanza (Madrid. 1865) (1867-02-25 00:00:00), página 3

re, ignorantes el uno del otro, coincidieron, sin embargo, en la estructura libre y atrevida de sus composiciones dramáticas. En segundo lugar, no cabe desconocer que semejante clasificación de la materia jurídica pertenece más bien á la forma que al fondo del Derecho, supuesto que se aviene perfectamente con las más opuestas doctrinas; por lo cual, de que la hayamos tomado de los romanos no puede deducirse que hemos adoptado también el espíritu de las leyes justiniánicas, á la manera que las semejanzas de forma no implican semejanza de espíritu entre el teatro de Calderón y el de Victor Hugo.

Por otra parte; si, como ya dejamos indicado, el Derecho, lo mismo que la Literatura, es siempre un vivo reflejo del espíritu de los pueblos, esto es, de los principios á que obedecen, de las ideas y sentimientos tradicionales que abrigan; y si el espíritu del pueblo español dista inmensamente del espíritu del pueblo romano, según hemos demostrado en el primer artículo é implicitamente reconoce el Sr. García y García, cuando escribe que «en nuestra manera de mirar al individuo y á la sociedad, estamos en abierta oposición con los romanos,» ¿Cómo se concibe que el espíritu que informe y caracteriza al Derecho español, descienda del que informaba y caracterizaba al Derecho del Lacio? No: esto es moral y aun metafísicamente imposible, porque lo semejante siempre engendra á su semejante.

Si en orden á su espíritu general, no: ¿será acaso el Derecho romano fuente del español respecto de las leyes particulares que lo constituyen?—«Las que se derivan del precedente romano—responde el Sr. García y García—son muchas, muchísimas, el cuerpo de nuestro Derecho.» «Sigamos uno por uno—añade—todos los capítulos, todas las leyes que comprenden los tres objetos del Derecho, y hallaremos sustancialmente y con pequeñísimas—no siempre tan pequeñas—variantes en España, el matrimonio de los romanos tal como estaba en la época de Justiniano, las dotes, la tutela, la adopción, el dominio y sus desmembraciones, los testamentos, los contratos y la misma clasificación de las acciones.»

¿Bastan semejantes concordancias para que la proposición de que tratamos deje de ser exacta? No: para examinar de tal calificación sería preciso, ó nosotros estamos á ciegas sobre lo que debe entenderse por exactitud é inexactitud—sería preciso que todas, absolutamente todas las leyes españolas viniesen de origen latino. ¿Verificase esto por ventura? ¡Cómo ha de verificarse si, entre otras cosas, tenemos un Derecho mercantil y un Derecho administrativo casi enteramente desconocidos de los antiguos! ¡Cómo ha de verificarse, si el mismo Sr. García y García confiesa: «que tenemos en nuestras compilaciones leyes que reconocen un origen bárbaro,» «que tenemos otras que se derivan del precedente canónico,» «que tenemos algunas otras que brotaron del movimiento de la sociedad en los siglos medios,» que «algo—más que algo—diferimos de los romanos en materia procesal,» y por último que «más diferimos todavía en la apreciación y castigo de los delitos!»

¿En qué se funda, pues, nuestro digno compañero para aseverar que la asignatura de Derecho romano es de absoluta necesidad al jurista español, si este «ha de merecer tal nombre y no ha de ser un simple leguleyo; si ha de elevarse hasta la razón que presidió á la formación de la ley y no se ha de satisfacer con palabras, cuyo espíritu desconoce?» Son tan sólidos leguleyos nuestros jurisconsultos respecto de aquellos puntos en que discurren el derecho patrio y el romano? ¿Lo son nuestros profesores de Derecho penal, de Derecho mercantil, de Derecho administrativo, de Derecho procesal? ¿Quién se atreverá á profesar tan mal desatino? ¿Y existe en España cátedra alguna destinada á la enseñanza de las fuentes de esas cuatro partes de la ciencia del Derecho? No. Y entonces, ¿cómo ni por dónde se elevan nuestros juristas á la razón que presidió á la formación de las leyes penales y procesales, mercantiles y administrativas que nos rigen? ¿Cómo, por dónde suben á la de aquellas leyes civiles que no proceden de las leyes romanas, puesto que tampoco tenemos cátedra alguna en que se expliquen sus fuentes?

Dirá sin duda el Sr. García y García que eso lo consiguen, sin necesidad de cátedras especiales, ya por medio de las introducciones histórico-filosóficas, que preceden á los tratados de Derecho, ya también discurriendo con la debida amplitud, al dilucidar cada punto jurídico, por las diversas legislaciones que contienen preceptos relativos al mismo, y particularmente por aquellos que han influido en nuestra manera de extenderle y apreciarle, en una palabra, estudiando á la vez y no por separado, las fuentes y las leyes.

Ciento, ciertísimo; y los resultados justifican semejante procedimiento; mas, ¿qué razón hay para no adoptarle en punto á las fuentes latinas? ¿Por qué hemos de temer que en lo tocante á estas no sea tan fructuoso como respecto á las demás de donde se ha originado el Derecho patrio? ¿Es otro quizá el que hoy se sigue en las mismas cátedras de Derecho romano para dar á conocer los precedentes de las leyes que lo,