El Defensor del magisterio (1888-04-24 00:00:00), página 4

mento en el año pasado, y que combatimos sosteniendo con el Ministro del ramo una verdadera campaña, se vengan ahora á aumentar los gastos del presupuesto con esos créditos extraordinarios; pero que, dada la cuantía y la necesidad que seguramente existe de dotar de material á esa oficina, no hacemos más objeción que la que he indicado.

Respecto al otro extremo del dictamen, es decir, al crédito extraordinario solicitado para atender á los gastos de personal, material e instalación de la oficina de la Junta de clases pasivas, tengo que exponer algunas consideraciones. Se trata de un aumento de 23.750 pesetas; pero es de advertir que este aumento se refería á los cinco meses que quedaban de ejercicio cuando se presentó el proyecto de ley, porque hoy queda algo menos. Pues bien, el gasto permanente anual es de treinta y siete mil ochocientas y tantas pesetas, y esta carga, aun cuando no muy grande, es el principio de un gasto que ha de quedar constantemente en el presupuesto.

Lo primero que tenemos que hacer es oponernos al aumento en sí, por el criterio que hemos adoptado de combatir en general los aumentos de gastos, á no ser que sean absolutamente necesarios; porque no sería justo que nos opusieramos al aumento de gastos fundados en una ley ó que revistieran verdadera necesidad para el Estado. El crédito de que se trata no se ajusta, en mi opinión, á ninguna ley que lo determine, y además no es el Estado el que debe cargar con ese gasto. Y voy á explicarlo en pocas palabras.

La ley de 16 de Julio de 1887, dictada por el Ministro de Fomento, establecía derechos pasivos para el Magisterio de primera enseñanza. En esta ley se consignaba como gasto para el Estado, y como una obligación que el Estado adquiría, una partida de 145.000 pesetas (El Sr. Ministro de Fomento: Por lo menos) que había de consignarse anualmente en los presupuestos, y además las dietas que tuvieran los Vocales de la Junta, que no podían exceder de 12.000 pesetas. Por lo tanto, el Estado, en virtud de esta ley, no se comprometió á satisfacer mas que esas dos partidas. Y si no se consignó mas, no fue seguramente por un olvido, ni del Sr. Ministro ni de los legisladores, sino porque desde luego no se estimó conveniente que el Estado cargara con mayores gastos.

Concedidoáse por la ley á que me he referido derechos pasivos desde 1.º de Enero de 1888, ha resultado que, al llegar esta fecha, muchos Maestros de primera enseñanza han solicitado, como era natural, su jubilación, etc.; y aquí debo decir, tanto al Ministro de Fomento como á la Comisión y al Congreso, que yo no combatí la ley de 16 de Julio: primero, porque en el fondo creo que es beneficioso, y después, porque es una ley sancionada. Por el contrario, lo que hago es defender la ley, puesto que pido que se cumpla, y que no se traspasen los límites que ella señaló. Muy justo me parece que aquellos Maestros que están cargados de servicios y de años sean recompensados por el Estado en los últimos años de su vida; pero esto no impide que yo me oponga á que se dé á la ley una extensión que no tiene.

Y cuál es el fundamento que ha tenido el Ministerio de Hacienda para presentar este proyecto á solicitud del de Fomento? En el expediente está consignado. Dice la Intervención general que la ley de 16 de Julio no creaba más obligaciones que las que he indicado, pero que hay un reglamento, dictado de acuerdo con el Consejo de Estado, y que ese reglamento, en su art. 9.º, me parece, determina que el personal de las plantillas de Secretaría y Contaduría sea nombrado por el Ministro de Fomento y corran á cargo de este Ministerio los gastos que ocasioné.

Es decir, que el fundamento para que las Cortes concedan ese crédito extraordinario no es una ley, es un reglamento. Y yo en esto tengo que decir que no se puede admitir que el Poder ejecutivo en sus facultades pueda legislar en materia de gastos públicos, ni el Consejo de Estado pueda determinarlo, ni lo puede hacer nadie que no sean las Cortes con el Rey. Por lo tanto, este fundamento no tiene razón de ser; si las Cortes votan el crédito extraordinario y se consigne esta ley que solicitan los Ministros de Fomento y Hacienda, es claro que los gastos estarán determinados por las Cortes con el Rey; pero lo que es el fundamento de que el Poder ejecutivo pueda determinar un aumento de gastos, no puede ser aceptable en nuestro país. Además, el Consejo de Estado dice por este reglamento, que se deriva de la ley de 16 de Julio de 1887, que se hagan esos gastos, pero siempre contando con que las Cortes hayan votado el crédito, lo cual se va á verificar, según parece; pero no hay fundamento alguno que autorice al Poder ejecutivo para emendar por medio de un reglamento la obra legislativa.

Con esto creo haber demostrado que el Estado no es llamado á sostener este servicio, y que por lo tanto puede muy bien eximirse el Estado de ese aumento de gastos. Y si no es el Estado, ¿á qué puede corresponder este servicio y esos gastos? Pues, á mi juicio, puede ser, ó bien á los fondos propios del Montepío que se crea, ó bien á la Hacienda local. La Hacienda local, la municipal especialmente, es la encargada, como saben los Sres. Diputados, de sostener el servicio y sufragar los gastos de primera enseñanza. Yo, por lo tanto, pregunto al Sr. Ministro de Fomento, porque creo que en estas materias es bueno hablar claro, y entiendo que no se pierde el tiempo porque se digan los propósitos del Gobierno en materia tan importante, puesto que el Sr. Ministro de Fomento ha empezado por traer al presupuesto del Estado los gastos que ocasiona la segunda enseñanza, que corresponden á la Hacienda provincial, y no he de discutir esto, ni es del momento esta discusión; pero como ahora, con motivo de esta oficina que debiera pagarse por la Administración local, parece una consecuencia de esto que el propósito de S. S. es traer á los gastos del Estado éstos de la primera enseñanza, yo pregunto á S. S. si existe efectivamente algún plan para aumentar de esta manera extraordinaria los gastos del Estado.

Respecto á la Hacienda local, ¿qué he de decir yo? La circular de 3 de Marzo de este año demuestra de un modo evidente el estado en que se encuentra: que el presupuesto de la Hacienda local, que se refiere á los servicios de Hacienda, Gobernación y Fomento, es mucho mas que el doble de lo que consigna el presupuesto del Estado; y sin embargo, en aquella circular se demuestra, y el Sr. Correa lo sabe mejor que yo, que no se cobra lo necesario y que no se atienden estos servicios en lo que corresponde. Yo no he de insistir en esta cuestión, que realmente es digna de la consideración del Congreso, y de que yo me he ocupado en otras oca-