El Defensor del magisterio (1887-10-16 00:00:00), página 2

ministración de los intereses locales y provinciales; pero la educación popular se halla en condiciones distintas de otros servicios públicos y sería grave error entender que las Juntas sólo deben ser miradas como delegación de atribuciones del Gobierno. En esta función de la enseñanza hay que reservar muy alto puesto al sagrado e indisputable derecho del padre de familia para conocer de qué modo se educa á sus hijos, y para encomendar el ejercicio de esta facultad á quienes de sus manos reciban esta representación.

Tan digno de respeto considera el Ministro que suscribe este derecho, que, á su juicio una de las primeras reformas que con más apremio exige la actual legislación, es la de admitir el principio electivo como medio de dar á la familia participación en el régimen de la primera enseñanza. Por esta razón, lo que ahora se establece para la Junta de Madrid, será ejemplo provechoso que indique el camino de ulteriores reformas, señalando á los pueblos el modo de interesarse directamente en asunto de tan vital importancia para ellos, al mismo tiempo que se entra abiertamente en el camino de esa prudente descentralización que el Gobierno necesita más que nadie para desembarazarse en parte de la carga que ahora le abruma, y que limitando su tarea á sólo la suprema inspección de ciertos servicios, le permitirá ejercer esta facultad con más atención, con más detenimiento y por consiguiente, con más eficaz y útil resultado.

Después de las reformas en este sentido planteadas, hay necesidad de que la interpretación y aplicación del art. 291 de la ley de Instrucción pública, ya citada, queden circunscritas al límite de su letra y espíritu; esto es, que no se atribuya á aquel precepto el propósito que seguramente no tuvo, puesto que no lo expresa, de que las Escuelas de Madrid queden exceptuadas de la legislación común.

Declarado ahora así, se habrá realizado el deseo que se manifestó ya en el preámbulo del Real decreto de 21 de Enero de 1876, que por vez primera proclamó la necesidad de dar este sentido á la ley.

Si á las reformas propuestas se agrega la seguridad que abriga el Ministro que suscribe, de que el Ayuntamiento ha de continuar mostrando el interés que la enseñanza popular le inspira, dando en sus presupuestos la extensión que su situación económica permita á los créditos destinados al sostenimiento de las Escuelas que existen y á la creación no interrumpida de otras, es seguro que antes de mucho la capital de España logrará que las Escuelas de primera enseñanza sean por su número, por el distinguido personal docente de ellas encargado, y por su acertado régimen pedagógico y administrativo, lo que exige la cultura de su numerosa población.

Fundado en estas consideraciones, el Ministro que suscribe tiene el honor de someter á la aprobación de V. M. el adjunto proyecto de decreto,

Madrid 7 de Octubre de 1887.—Señora.—A L. R. P. de V. M.—Carlos Navarro y Rodrigo.

REAL DECRETO

De conformidad con lo propuesto por el Ministro de Fomento, en nombre de mi Augusto Hijo el Rey D. Alfonso XIII, y como Reina Regente del Reino,

Vengo en decretar lo siguiente:

Artículo 1.º Para dar cumplimiento á lo que dispone el art. 291 de la ley de instrucción pública, se establece en Madrid una Junta central de primera enseñanza, auxiliada por diez de distrito.

Art. 2.º Formarán la Junta central; un Presidente, Consejero de Instrucción pública, nombrado por Real decreto, y 17 Vocales, que serán: el Director de la Escuela Normal Central de Maestros, el Director del Museo de Instrucción primaria, la Directora de la Escuela Normal Central de Maestras, un Inspector de primera enseñanza designado por la Inspección general, un Sacerdote, que nombrará el Prelado de la diócesis, dos Concejales, elegidos por el Ayuntamiento, y 10 Vocales, elegidos por las Juntas de distrito.

Art. 3.º Constituirán las Juntas de distrito; un Presidente, designado por el Alcalde primero de entre los Concejales que hubieren sido elegidos por el respectivo distrito, dos Vocales nombrados por la Junta central y cuatro elegidos por los padres de los alumnos inscritos en las Escuelas públicas. Los distritos á que ha de acomodarse el establecimiento de estas Juntas son los que hoy existen, según la distribución municipal de Madrid.

Art. 4.º La Junta central dependerá inmediatamente de la Dirección general de Instrucción pública, y de aquélla las de distrito; sin embargo, la Central elevará al Rectorado, cuando corresponda, los expedientes que se formen por faltas de los Maestros y Auxiliares.

Art. 5.º Las atribuciones y deberes de la Junta central serán, además de las que corresponden respecto á la primera enseñanza á las Juntas provinciales de Instrucción pública, las siguientes:

1.ª Examinar y aprobar los presupuestos del personal y material de la primera enseñanza, que remitirán á su tiempo las Juntas de distrito, y serán después sometidos á la aprobación del Ayuntamiento.

2.ª Examinar y aprobar las cuentas de todos los fondos invertidos en aquellas obligaciones.

3.ª Recibir y custodiar las cantidades destinadas al sostenimiento de la primera enseñanza, ordenar el pago de las obligaciones de personal y entregar á las Juntas de distrito la parte correspondiente al material.

4.ª Secundar la acción de las Juntas de distrito respecto á creación de Escuelas, y autorizar su instalación en locales que reúnan las condiciones pedagógicas e higiénicas, de que no se puede prescindir sin daño para la enseñanza y para los alumnos.

5.ª Adoptar los medios conducentes para la celebración de conferencias públicas, discusiones y certámenes encaminados á elevar la cultura del Magisterio.

6.ª Crear y sostener una Biblioteca, de cuyos libros puedan hacer uso á domicilio gratuitamente los Maestros y Auxiliares de las Escuelas públicas de Madrid.

7.ª Celebrar anualmente una exposición de los trabajos y labores que ejecuten los alumnos de las referidas Escuelas.

8.ª Nombrar interinamente, á propuesta de la Junta de distrito, Maestros y Maestras de las Escuelas, en caso de vacante.

9.ª Conceder licencia á los Maestros y Auxiliares en los términos que establezcan las disposiciones generales.

10.º Reunir los datos que han de servir para la estadística del ramo.

11.º Redactar y publicar anualmente una Memoria del estado y vicisitudes de la primera enseñanza pública en Madrid.