El Defensor del magisterio (1888-03-08 00:00:00), página 4

rrir que la cantidad figurada sea falsa.—Lo cierto, lo indudable, lo que no admite discusión siquiera es, que en la Junta provincial de Madrid, cuyos Vocales con tan admirable puntualidad han acudido todos á celebrar sesión extraordinaria para ocuparse, honrándonos mucho, en uno de nuestros escritos, los hay que han dejado de asistir á más de tres sesiones consecutivas, sin motivo legal que lo justifique; y todavía no sabemos si, cumpliendo el mandado por orden de la Dirección general de Instrucción pública, de 12 de Noviembre de 1872, ha acudido la Junta al Ministerio de Fomento para que éste resuelva lo precedente.—Nos inclinamos á creer que sí lo habrá hecho, porque de esa Junta forma parte, como Vocal nato, un representante directo de la vigilancia del Gobierno, tan activo, tan celoso y tan independiente como el Sr. Gasón, que, si sabe pedir votos de confianza para el Sr. Galdo, á pesar de la ilegalidad de su presidencia, no ignora tampoco que tiene el estrechísimo deber de denunciar las faltas que se cometan, llámense como se llamen sus autores.—Porque el cargo de Inspector impone grandes y penosos sacrificios, y no se reduce á pedir votos de confianza para quienes, por señalados que sus merecimientos sean, no desempeñan su puesto con arreglo á las disposiciones oficiales.—Y nos extraña mucho, muchísimo, que el Sr. Gasón, dada su imparcialidad de carácter, no pidiera también uno ó dos votos de confianza para el Sr. Colmenar, supuesto que los tiene bien ganados y merecidos, según papeles que conservamos, y que el Sr. Inspector conoce perfectamente.—Y todavía nos extraña muchísimo más que el Sr. Gasón, en vez de votar para que se nos lleve á los Tribunales, tan sin motivo ni fundamento legal, no pidiera igualmente para nosotros, ya que no un voto de confianza, aunque fuese pequeño, siquiera un rasgo de misericordia para el amigo y el compañero, para casi un hermano del alma, como muchas veces y por escrito nos ha llamado.—Debe haberse visto en conciencia, por supuesto, muy apurado, cuando ha procedido de esa manera, porque no nos explicamos, ni se lo explicará tampoco seguramente El Centro de Maestros Auxiliares de Madrid, donde resplandece tan admirable buen sentido, ese acto de dolorosas e inaceptables consecuencias para los que en su día deban sufrirlas.—No hemos negado nosotros nunca la confianza al Sr. Galdo, ni sabemos qué nadie se la haya negado. Se trata únicamente, en el terreno del derecho escrito, de si el Sr. Gobernador puede ó no delegar en un Vocal de la Junta su presidencia, y de si el Sr. Galdo puede ser Presidente Delegado de dicha Corporación, con arreglo á la vigente legalidad. Esta es la cuestión. ¿Se atreve el Sr. Inspector á defender, á discutir con nosotros, de palabra ó por escrito, que esa delegación sea posible, legal, necesaria ni conveniente?—Creamos que no, porque el Sr. Gasón sabe muy bien que los Ministros no pueden delegar, auctoritate propria, en los Directores, estos en los Jefes de Negociado, ni los Gobernadores en los Secretarios, ni los Inspectores en un Maestro, ¿Puede el Vicepresidente de la Junta Central de derechos pasivos, que lo es el Director de Instrucción pública, delegar sus facultades en un Vocal? ¿Puede un Presidente de una Diputación provincial ó un Presidente de un Ayuntamiento, como ordenadores de pagos de sus respectivas Corporaciones, encomendar á otros la expedición de los libramientos? Contesté, por nosotros, el Sr. Gasón.—Y, puesto que el Sr. Inspector posee conocimientos legales que nosotros no le hemos de negar, digamos también si entiende que el Sr. Galdo puede ser Vocal de la Junta de Instrucción pública á título de padre de familia, cuando el Sr. Galdo, según dicen, es soltero, y no tiene, no diremos hijos, pero ni siquiera familia propia, de la cual puede ser jefe y cabeza.—¿Es el Sr. Galdo individuo de la Junta provincial á título de padre de familia?—Pues oiga el Sr. Gasón el siguiente párrafo de la Real orden de 13 de Septiembre de 1881:

«El cargo de Vocales de las Juntas provinciales de Instrucción pública y de las locales de primera enseñanza, en el concepto de padres de familia, no puede ser desempeñado por empleados ó funcionarios públicos, tanto en el orden administrativo como en el FACULTATIVO, ya dependan del Estado, de la provincia ó del Municipio.»

El Sr. Galdo es Director del Instituto de segunda enseñanza del Noviciado, y con este carácter no puede permanecer á la actual Junta, porque con ese mismo carácter figura en ella el Sr. D. José Cervuelo, Director del Instituto de segunda enseñanza de San Isidro.—Y pues el Sr. Galdo, ni como Director del Instituto, ni como padre de familia, puede pertenecer á la Junta actual, saque la consecuencia el Sr. Gasón de si aquél podrá ser Presidente Delegado; piense si debiera haber pedido otra cosa, como representante del Gobierno, y medite acerca de si no hubiera estado más justo, y más en carácter solicitado, para nosotros, por nuestro amor á la legalidad, el voto de confianza que pidió para quien no puede ni debe pertenecer á la Junta provincial.—Comprendremos el voto de confianza cuando en nuestro denunciado escrito hubiere, que no lo hay, deseo de mortificar al Sr. Galdo, ni á nadie. No se trata en ese trabajo de cuestiones personales, sino de asuntos de derecho, que encajan perfectamente dentro de la misión del periodismo profesional.—Si el Sr. Gobernador tiene derecho contra las disposiciones oficiales que dejamos citadas, para conferir á un Vocal de la Junta amplias facultades para que en representación de su Autoridad presidiera las sesiones y autorizara todos los documentos de la misma, nosotros lo reconoceríamos así y obedeceríamos desde luego las órdenes que se nos comuniquen.—Pero como entendemos—y la opinión sobre puntos de derecho no está sujeta á penalidad alguna en ningún país regido constitucionalmente—que las disposiciones legales prohíben la delegación absoluta y amplísima de que se trata, nos reservamos la facultad de creer que no debemos obediencia sino en los casos taxativamente determinados por las leyes.—Supongamos—y esta no es más que una hipótesis—que mañana el Sr. Galdo, ó otro cualquier Presidente delegado del Sr. Gobernador, nos ordenara hacer, como Habilitado, un pago indebido.—Estando vedado por el art. 34 de la Real orden de 8 de Noviembre de 1882 que los Gobernadores-Presidentes deleguen sus facultades de expedir libramientos y las que supongan ejercicios de jurisdicción, ¿no sucedería lo que en lenguaje forense se llama atribuir jurisdicción, esto es extender la competencia de un Juez, dándole un poder ó facultad que no tienen por el título de su institución? ¿No incurriríamos nosotros en responsabilidad por obedecer lo que no se nos pide mandar?—Pues antes de que por ignorancia ó por buen deseo