El Defensor del magisterio (1887-03-01 00:00:00), página 6

VACANTES

En virtud de lo prevenido en la Real orden de Mayo de 1881, se proveerán por oposición en el mes de Marzo próximo las escuelas siguientes de la

PROVINCIA DE CÁDIZ.

Escuelas de niños.

Una de las elementales de Cádiz con 2.000 pesetas anuales.—Una elemental, de nueva creación, en Olvera con 1.100.—Una plaza de Auxiliar de las elementales de Jerez con 1.000 pesetas.

Escuelas de niñas.

La superior agregada á la Normal de Maestras de Cádiz con 2.250 pesetas.—Una elemental, de nueva creación, en Olvera con 1.100 pesetas.

Escuelas de párvulos.

Las de nueva creación de Chiclana, Medina y Tarifa, dotadas cada una con 1.375 pesetas. (Boletín Oficial del 14 de Febrero.)

MINISTERIO DE FOMENTO

REAL ORDEN.

Ilmo. Sr.: Vista la instancia promovida por las Maestras de las Escuelas de párvulos de Irún y San Sebastián, doña María Concepción Campos Martín y doña Matilde de la Paliza, en solicitud de que se deje sin efecto para ellas y las demás Maestras que se encuentren en su caso la disposición 10 de la Real orden de 13 de Agosto de 1884, en la cual se determina que las Maestras nombradas por el disuelto patronato de Escuelas de párvulos cesarán en el desempeño de su cargo al terminar el plazo de seis años, señalado en la disposición 9.ª del Real decreto de 17 de Marzo de 1882;

Considerando que en la expresada disposición se preceptúa que las que en adelante fuesen nombradas primeras Maestras ó Auxiliares tendrían derecho á ocupar sus plazas durante seis años, y al terminar este plazo podrían ser confirmadas en sus cargos por igual tiempo, y que por lo tanto no puede darse efecto retroactivo á la Real orden de 13 de Agosto de 1884, y es preciso respetar los derechos adquiridos al amparo del Real, decreto de 17 de Marzo de 1882;

S. M. la Reina Regente, en nombre de su Augusto Hijo D. Alfonso XIII (Q. D. G.), se ha servido dejar sin efecto el art. 10 de la citada Real orden de 13 de Agosto de 1884, declarando en todo su vigor y fuerza el art. 9.º del Real decreto de 17 de Marzo de 1882.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y demás efectos. Dios guarde á V. muchos años. Madrid 26 de Enero de 1887.—Navarro y Ro-

drigo.—Sr. Director general de Instrucción pública.—(Gaceta de Madrid del 10 de Febrero).

DIRECCIÓN GENERAL DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA

ÓRDENES.

Ilmo. Sr.: Vista la instancia promovida por don Conrado Ludia, Maestro de la Escuela de adultos de Toledo, en solicitud de aumento de sueldo, y teniendo en cuenta que la dotación que han de percibir los Maestros de las referidas Escuelas no se halla sujeta á la escala legal del art. 191 de la Ley, ni puede servir de base para la determinación de los sueldos de los mismos el número de habitantes con que cuente la población en que se hallen establecidas dichas Escuelas;

Esta Dirección general, ha resuelto desestimar la pretensión de D. Conrado Ludia.

Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 10 de Febrero de 1886.—El Director general, Julián Calleja.—Señor Rector de la Universidad Central.

CORTES.—SENAZO.

DEL EXTRACTO OFICIAL DE LA SESIÓN CELEBRADA EL 26 DE FEBRERO DE 1887.

El Sr. Ministro de Fomento (Navarro Rodrigo): Me levanto para decir que estoy á disposición del Sr. Magaz para contestar á la interpelación que tiene anunciada sobre enseñanza.

El Sr. Presidente: El Sr. Magaz tiene la palabra para explicar su interpelación.

El Sr. Magaz: Sres. Senadores, uno de los ramos de la Administración en que más finos resultados ha producido esa arbitrariedad ó despótismo ministerial á que estamos acostumbrados en nuestro país y de que he tenido que lamentarme en otras ocasiones, es, sin duda alguna, el referente á la instrucción pública.

Cuarenta años llevo dedicado á la enseñanza en su ejercicio activo, y en ese largo período de mi vida profesional no recuerdo nada, absolutamente nada, que pueda compararse al espantoso desorden en que hoy se encuentra este ramo.

Entre las diferentes causas que pueden haber contribuido á esta tristísima situación, tal vez no hay ninguna que haya obrado de una manera tan eficaz como el Real decreto de 6 de Febrero de 1886, refrendado por el Sr. Montero Ríos, y las órdenes aclaratorias referentes al mismo de 13 de Febrero y 7 Abril del mismo año, que constituyen la legalidad vigente en lo relativo á la libertad de enseñanza.

Al recordar estas fechas, debo manifestar que no siendo en aquella época Ministro de Fomento el señor Navarro Rodrigo, no pude ni debe recaer sobre S. S. la responsabilidad de haber aconsejado á la Corona la conveniencia de este decreto; pero si no le cabe esa responsabilidad en el concepto indicado, lo cabe de una manera absoluta y completa por haberle recibido como bue- ne de manos de su predecessor en el Ministerio y por no haberse apresurado á derogarlo en el instante mismo en que tomó posesión de su cargo; ya que no po-