El Defensor del magisterio (1884-06-01 00:00:00), página 4

atento á las necesidades de la enseñanza en este punto, propuso una reforma que, después de una discusión detenida, se admitió en todas sus partes por el Consejo de Instrucción pública.

El Sr. Pidal ha dado una prueba de su espíritu imparcial, ajeno á todo exclusivismo de partido, haciendo suyo aquel trabajo que, después de revisado y con modificaciones que lo mejoran, es el que publica ahora la Gaceta, respondiendo á la absoluta necesidad, universalmente sentida, de apartar de la enseñanza todo exclusivismo de facción y de bandería y librarla también de catedráticos vendidos á sus cargos, no por su ciencia ni sus talentos ó méritos, sino por las influencias ó simpatías personales de un padrino ó por las cabalas y contratos vergonzosos, como el denunciado hace algún tiempo, en que un opositor había pactado con uno de los jueces, nombrados por y para aquél aspirante, permitir la cátedra que iba á ganar con la que el juez desempeñaba.

Al efecto establece el decreto que la designación de los jueces corresponderá al Consejo de Instrucción pública, á una de las Reales Academias, según la índole de la asignatura, y á los claustros de las universidades ó institutos, siguiéndose por éstos un riguroso turno, de modo que el Ministro, en su propósito de no elegir por sí los miembros de los tribunales, comisión ó delega esta facultad en las corporaciones científicas, tanto consultivas como de enseñanza.

Un Ministro conservador ha venido á completar la obra comenzada por el Sr. Alarcón al establecer las propuestas impersonales, asegurando á los jóvenes aspirantes al profesorado que su mérito será la medida del éxito en las oposiciones donde ni el Ministro tiene el privilegio de elegir en las ternas, ni el de nombrar los jueces á capricho para servir los deseos de determinados opositores.

Y aún se completa este pensamiento y propósito del Ministro respecto á la designación de jueces por la facultad de recurso por causa justa y bien probada á los ya nombrados jueces, facultad que concede á los aspirantes declarados con aptitud legal para tomar parte en las oposiciones, y que podrán ejercitar en el término improrrogable de diez días, según el art. 8.º del decreto, y como en otro tiempo dispuso el Sr. Echegaray siendo Ministro del ramo.

A caso el decreto necesite aún en alguno de sus detalles reforma, tal como en el artículo que establece se designen los jueces por las corporaciones con posterioridad á la admisión y remisión de la lista de los aspirantes, cosa que pueda ofrecer algún inconveniente en la práctica; pero estamos seguros de que se han sentado las bases definitivas de la reforma que abrirá una nueva era en la crónica, hasta aquí de sombras, de las oposiciones á catedras.

El articulado del decreto es el siguiente:

«Artículo 1.º Los tribunales para juzgar los ejercicios de oposiciones á catedras serán nombrados por Real orden expedida por el Ministerio de Fomento, y se compondrán de siete jueces, que serán: un consejero de Instrucción pública propuesto por este cuerpo consultivo, el cual será presidente del tribunal; un individuo de número de la Real Academia española, de la de la Historia, de la de Bellas artes de San Fernando, de la de Ciencias exactas, físicas y naturales, de la de Ciencias morales y políticas ó de la de Medicina, según la índole de la asignatura, propuesto por la misma Real Academia. Dos catedráticos de asignatura igual á la vacante á quienes corresponda por turno, según la antigüedad que tengan reconocida en el escalafón de su clase. Un catedrático de una de las asignaturas de la ciencia ó arte á que pertenezca la cátedra, propuesto por la junta de catedráticos de la facultad, escuela ó instituto donde exista la vacante objeto de la oposición. Dos personas de notoria competencia en el ramo del saber que haya de enseñar el que obtenga la cátedra, propuestas, una por el Consejo de Instrucción pública y otra por la Real Academia á que corresponda. El nombramiento de estos dos jueces no podrá recaer en Profesores de establecimiento oficial de enseñanza en activo servicio.

Art. 2.º Cuando no fuere posible que formen parte del tribunal dos catedráticos de la asignatura vacante, la junta de catedráticos de la facultad, escuela ó instituto á que corresponda, propondrá los que deban reemplazarlos con arreglo á lo prescrito en el artículo anterior.

Art. 3.º Si hubieren de ser objeto de una oposición varias cátedras pertenecientes á diversos establecimientos de enseñanza, la junta de catedráticos de cada uno de ellos hará la propuesta de los jueces que le corresponda designar conforme á los dos artículos anteriores, y el nombramiento recaerá en los más antiguos, según el escalafón de su clase.

Art. 4.º El cargo de juez de oposiciones es obligatorio para los catedráticos de enseñanza oficial; pero el Gobierno podrá dispensarlos de esta obligación mediante justa causa.

Art. 5.º Terminado el plazo señalado en la convocatoria para presentarse como aspirante á la cátedra ó cátedras que hayan de ser objeto de oposición, y examinada su aptitud legal por la Dirección general de Instrucción pública, el Gobierno se dirigirá á las corporaciones que deban proponer jueces á los efectos del art. 1.º, comunicándoles la lista de los aspirantes declarados capaces legalmente para tomar parte en los ejercicios.

Art. 6.º Ningún juez del tribunal de oposiciones podrá formar parte de otro que actúe ó haya de actuar á la vez.

Art. 7.º Nombrados los jueces, la Dirección general de Instrucción pública anunciará en la Gaceta de Madrid sus nombres y los de los aspirantes declarados con aptitud legal para hacer oposición.

Art. 8.º Los aspirantes declarados con aptitud legal para tomar parte en la oposición podrán, en el