El Defensor del magisterio (1884-08-01 00:00:00), página 8

los Médicos; se firman escrituras por cierto número de años, se cumplen las condiciones en ellas estipuladas, y respecto á ésto ya cuidan los Maestros de incluir en las escrituras las condiciones convenientes para cuando llegue el caso de su fallecimiento.

Vengamos, pues, á España. En España hasta el año 1825 culturaron de la enseñanza fundaciones particulares, y por estas fundaciones particulares se atendía también á los Maestros en las condiciones que he dicho; pero el año 1825, cuando por primera vez se pensó el organizar en España las escuelas de instrucción primaria, y siendo Ministro (hay que decirlo, porque se debe hacer justicia á todos), siendo Ministro el Sr. Calomarde, fué cuando los Maestros de instrucción primaria consideraron asegurado su presente y su porvenir, porque se les señalaban sus pensiones y sus jubilaciones á una edad determinada, jubilaciones que han estado pagándose y no sé si se pagarán en este momento. Aquí se han estado pagando hasta hace muy poco tiempo, pues cuando fué Ministro la última vez, todavía habían gran cantidad (lo menos 10.000 duros), que se distribuían entre los que tenían derecho á jubilación en virtud de aquel decreto del año 1825.

En el año 1838 se acabó con eso; se ofreció á los Maestros que se formaran asociaciones que les atenderían en semejante situación; pero no pasó aquello de ser un ofrecimiento; esto sin perjuicio de los que habían adquirido ya derecho con arreglo al decreto del año 1825. Así es que los Maestros desde 1838 no tienen derecho alguno; pero hasta entonces han tenido á su favor el decreto de 1825, por el que se les ha estado pagando, y ya digo, no sé si todavía, hoy se les pagará, ni si habrá los sobrantes que hace tiempo existían. Quedaron, pues, los Maestros sin recurso alguno; y en el año 37, cuando yo tuve la honra de proponer á las Cortes unas bases para con arreglo á ellas hacer una ley de Instrucción pública, conseguí la autorización y tuve la fortuna de llevar á cabo la ley.

Pero se me hará esta pregunta: ¿por qué V. que tenía en su mano la suerte de los Maestros no hizo por ellos lo que ahora pide que se haga? A este argumento tengo que contestar refiriendo al Senado lo que sucedió á aquel Ministerio en esta parte. Aquellas Cortes se abrieron en Mayo; obtuve la autorización en Junio; se publicó la ley en Julio; a seguida nombré una comisión, y ocupándome todo el verano de 1857 en hacer la ley de Instrucción pública llegamos á Setiembre, en que tuve el gran placer de encontrarme con que se habían acabado los trabajos y se había hecho la ley.

Limitándome ahora á manifestar lo que ocurrió respecto á los derechos pasivos de los Maestros, tengo que decir al Senado que lo mismo que sucedía con los Maestros de instrucción primaria, venía sucediendo con todo el Profesorado. En España no se conocían los derechos pasivos en favor del Profesorado; moría un Catedrático de Leyes, de Medicina ó de cualquier otra Facultad, y al mes siguiente de haber fallecido tenía su viuda que salir á pedir limosna. Esto no se refería á los Catedráticos de Teología, porque naturalmente eran eclesiásticos, pero alcanzaba á todos los demás, lo cual acaso contribuyó algo á que los Maestros careciesen de derechos pasivos desde tiempo remoto; mejor dicho, desde siempre. Naturalmente, los eclesiásticos tenían influencia en los Claustros, y saben muchos de los Sres. Senadores que me están oyendo que entonces los Claustros eran los que recaudaban, administraban y distribuían los fondos, porque no había centralización como ahora, ni pendían del Estado, sino que cada uno de ellos recaudaba, administraba y discurría sus propios recursos; así es que no se pensó nunca de asegurar la suerte de los Catedráticos para su vejez, ni la suerte de sus viudas y huérfanos.

Así estaban las cosas en 1856, sin tener ningún derecho pasivo, absolutamente ninguno, los Profesores de Instrucción pública, aparte de los eclesiásticos; y á mí me cupo la honra de presentar en las Cortes Constituyentes, tratándose de los presupuestos; una proposición pidiendo para el Profesorado, pidiendo para los Catedráticos derechos pasivos como los tenían los demás empleados.

Tampoco hasta aquella época (y aunque no tiene nada que ver esto, como no he de entretener á la Cámara más que un minuto, la ruego me dispense), tampoco hasta aquella época tenían derechos pasivos los Jueces de primera instancia ni sus viudas; yo los incluí en la proposición, y siendo Ministro el Sr. Alonso Matínez en la ley de presupuestos votaron las Cámaras los derechos pasivos para los Catedráticos y las viudeades para las que habían sido mujeres de Jueces de primera instancia. Como los derechos pasivos del Profesorado estaban consignados en una ley de presupuestos, que como saben los Sres. Senadores no es más que anual, y que lo mismo que se había establecido en virtud de una proposición en la ley de presupuestos de 1856 podía por otro quitarse, quedando los Catedráticos y sus viudas en la calle; queriendo yo evitar eso y dar estabilidad á los derechos pasivos del Profesorado, traje á la ley de Instrucción pública los derechos pasivos para esas clases. Respecto á los Catedráticos no ofreció dificultad: dependían y percibían sus haberes de Estado; ya no había aquellas Juntas especiales de Hacienda, ni existía la distribución por los Claustros, sino que los Profesores cobraban del Tesoro, y no había otra cosa que decir: «puesto que se halla establecido respecto funcionarios públicos, hágase extensivo al Profesorado, á los Catedráticos y á los Jueces de primera instancia»; y en efecto, se hizo extensivo y quedó consignado en la ley.

(Se continuará)

MADRID: 1884.
ESTABLECIMIENTO TIPOGRÁFICO
Calle de San Bernardo, núm. 85.