El Defensor del magisterio (1886-01-08 00:00:00), página 2

oposición, si la Junta ó Comisión regía estaba facultada por el Gobierno, con posterioridad al año 57, para anunciar á oposición plazas de Auxiliar con derecho al ascenso de Maestro en propiedad cuando por turno les correspondiese ocupar la vacante que resultara. Del mismo modo lo debe de entender el actual Ministro de Fomento, Sr. Montero Ríos, cuando deja correr el curso de las oposiciones á Escuelas de esta Corte, anunciadas con arreglo al Decreto de 12 de Marzo último y Reglamentos de 30 de Junio y 15 de Julio de 1885, para la ejecución del citado Decreto.

La Junta de primera enseñanza de esta Corte formó su Reglamento con arreglo al Decreto de 12 de Marzo del 85; este Reglamento fué aprobado por Real orden de 30 de Junio último.

Por Real orden de 15 de Julio del mismo año se aprueba el Reglamento de oposiciones para proveer las Escuelas vacantes en Madrid.

Las oposiciones que han de verificarse con arreglo á este Reglamento, no se ajustan á la Ley general, puesto que sin descender á otros detalles, los aspirantes, además de poseer el título correspondiente á la clase de Escuela que se ha de proveer, necesitan cierto tiempo de práctica en Escuela pública ó privada para poder ser admitidos á practicar los ejercicios de oposición; lo que se opone al requisito 2.º del art. 180 de la Ley vigente, según el cual basta "tener el título correspondiente" para ser admitido un Mestro á la oposición. Pero el art. 291 de la misma Ley da á la Junta de primera enseñanza de Madrid las facultades—como ya hemos dicho—que el Gobierno crea convenientes. Es así que los Reglamentos arriba mencionados están aprobados por el Gobierno: luego ninguna de sus disposiciones infringe la Ley, puesto que se fundan en el art. 291 de la misma Ley.

De igual suerte podríamos examinar todas las disposiciones que el Gobierno ha dictado para la dirección y régimen de la primera enseñanza de esta Corte; pero como todo lo habíamos de basar en el repetido art. 291 de la Ley, sin cuya modificación ó anulación puede el Gobierno disponer, sin faltar á la Ley,—pues que en ella se funda—cuanto crea conveniente á la primera enseñanza de Madrid, nos abstendremos por hoy de molestar más á nuestros ilustrados lectores en este sentido.

Como se puede observar, el Gobierno está facultado por la Ley para dar decretos, reales órdenes y cuantas disposiciones crea conducentes al buen régimen de la primera enseñanza de Madrid, según las necesidades de la población. También tiene facultades, en consecuencia, para modificar ó anular un real decreto por otro real decreto, una real orden por otra, etc.

Ahora bien, lo que creemos no puede anular son los derechos adquiridos; porque los decretos y demás disposiciones fundadas en las leyes no tienen efectos retroactivos. Así pues, los Maestros y Auxiliares de las Escuelas públicas de Madrid á quienes se haya concedido algún derecho, debe respetárselle el mismo á otro Gobierno que crea procedente variar las disposiciones vigentes, y aplicar lo que nuevamente se dispone á los que no han adquirido derecho alguno con antelación.

Si no se respetasen derechos adquiridos ¿á donde íbamos á parar?

El Decreto de 21 de Enero de 1876, que ajustó á la Ley general la forma de proveer las Escuelas públicas de Madrid, respetó, como no podía menos, los derechos á ascenso de Maestros, cuando hubiese vacantes, adquiridos por los Auxiliares existentes en aquella fecha, que habían obtenido estas plazas por oposición.

No sabemos si el Sr. Montero Ríos, Ministro de Fomento actual, alterará ó no lo dispuesto por sus antecesores; pero sea de ello lo que quiera, creemos firmemente que respetará los derechos adquiridos por los actuales Maestros y Auxiliares de las Escuelas públicas de Madrid.

No lo entienden así algunos Maestros; y es tanto más censurable que de este modo piensen aquellos que han obtenido sus plazas de Maestros mediante oposiciones á plazas de Auxiliares, ascendiendo, no como exige la Ley general, sino en virtud del repetido artículo 291 de la vigente Ley.

Todo va bien mientras no se trate de conceder algún beneficio á los Maestros Auxiliares de las Escuelas de Madrid; cuando á estos laboriosos funcionarios se les concede algún derecho, siquiera sea ilusorio, entonces todos aquellos que, al menos de boca, les han vendido su protección, se revuelven, no ya contra el legislador, que después de todo es el causante, sino fulminando rayos contra los sufridos Auxiliares, y menos mal si no se les llama de impropios.

Es necesario que haya justicia é imparcialidad; cuando el Gobierno al amparo de la Ley dicta disposiciones que favorecen á Maestros ó Auxiliares, de ningún modo obrarán éstos contra ley ni contra justicia porque soliciten lo que de derecho les pertenece, ó al menos se les concede: cúpase á quien dicta tales disposiciones si es que en ellas se falta á la Ley; pero con espíritu sereno, levantado y ajeno á banderías.

Porque la pasión política da margen á que