El Defensor del magisterio (1885-03-24 00:00:00), página 1

EL DEFENSOR DEL MAGISTERIO
REVISTA SEMANAL DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA

Se publica los días 1, 8, 16 y 24 de cada mes

DIRECTOR-PROPIETARIO: EUGENIO CEMBORAIN Y ESPAÑA
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Creyendo interpretar fielmente los deseos de nuestros ilustrados lectores, retiramos del original que teníamos, preparado todo lo que sea necesario para publicar íntegro el Real Decreto, ya iniciado en números anteriores, que se ocupa de la nueva organización de las Escuelas públicas municipales de esta Corte, á fin de que puedan fácilmente conservarse; puesto que mientras no dé otras disposiciones la Superioridad, por este Decreto han de regirse las referidas Escuelas.

MINISTERIO DE FOMENTO.

EXPOSICIÓN.

SEÑOR: El extenso informe que ha emitido la Comisión inspector de las Escuelas municipales de esta Corte haciendo ver la desorganización en que se encuentra este importante servicio municipal, evidencia la urgente necesidad de introducir en él bien meditadas y profundas reformas. La gravedad del mal no consiente mayores dilaciones en la aplicación del remedio. Por ello el Ministro que suscribe entiende que desde luego debe áquel ponerse por obra en lo que se refiere á las Escuelas públicas de la capital, aún sin esperar á todas las reformas necesarias y saludables que se lleven á cabo con sentido todavía más amplio y general en los proyectos de ley que han de presentarse á las Cortes del Reino.

La Comisión inspector propone en su informe diferentes bases para la reorganización de la administración y gobierno de las Escuelas de esta capital. Y es la primera que se otorguen al Ayuntamiento derechos de autonomía administrativa municipal para que en un servicio como éste, á que atienda con su presupuesto, «pueda disfrutar de iguales condiciones que los demás Ayuntamientos de España, y vuelva á la integridad completa de sus facultades y atribuciones por lo que respecta al régimen y dirección de las Escuelas de Madrid.»

A juicio del Ministro que suscribe, los hechos mismos que expone en su extenso informe la Comisión inspector niegan la bondad de tal solución. Y la razón es obvia, porque la responsabilidad de esta gestión, si la hubiera, no alcanzaría sólo á la Junta, sino también, y en parte principal, al propio Ayuntamiento, supuesto que en la dirección y aprobación de los presupuestos municipales, derecho exclusivo de toda Corporación popular, según el artículo 6.º del Real decreto de 21 de Enero de 1876, no se podrá autorizar partidas de gasto propuestas por la Junta que no tuvieran justificación legal.

Es además notorio que el Ayuntamiento de Madrid ha disfrutado de más amplias facultades y mayor independencia y autonomía que los demás de España en punto al servicio de la Instrucción primaria. Y de originarse males por su gestión en éste ramo no se deberían éstos á la intervención absorbente de las Autoridades provinciales y del Gobierno, sino más bien á exceso de vida autónoma e independiente, no contenido ni prevenido con la debida oportunidad por los funcionarios á quienes toca velar por el buen régimen y administración de la enseñanza.

Otra consideración de la mayor importancia expone en su informe la Comisión inspector, y es la insuficiencia, á su juicio, del presupuesto muni-