El Defensor del magisterio (1884-08-01 00:00:00), página 3

niños: en suma, las elevadas condiciones que por su naturaleza exige este noble magisterio, y que se levantan por encima de la aptitud que puede demostrarse en el público certamen.

Encierra la anterior declaración, una sólida y evidente exposición de doctrina, que no debe echarse en olvido para la mejor organización del Magisterio de la enseñanza primaria, á quien se han de confiar los delicados intereses morales que representa la educación de la infancia. Pero establecido por nuestra ley vigente de Instrucción pública el sistema contrario, el religioso respeto á toda legalidad, de que deben dar más que nadie saludable ejemplo los mismos gobiernos, exige que en tanto que una ley se reforme por los procedimientos que determina la Constitución del Estado, el Ministro, investido de la confianza de la Corona, jamás se arroque atribuciones arbitrarias para anular por Reales decretos los artículos de ley, aun cuando sea para remediar verdaderos males. Por esto mientras no se reforme por otra nueva ley nuestra legislación actual de Instrucción pública, el Ministro de Fomento crea de su deber atenerse, en el particular, á lo prescrito en nuestras leyes no derogadas.

Dentro de la recta interpretación de la misma ley de 9 de Setiembre de 1857, habrá, sin embargo, medios hábiles de remediar en gran parte del sistema de proveer las escuelas de primera enseñanza por oposición. Este procedimiento se habrá adoptado en España como único medio de evitar otros abusos y males mayores, y seguramente que de ellos no era el menor el peligro de que en las escuelas sometidas hasta en los más mínimos pormenores de su régimen interior á la acción del Gobierno pudieran hacer irrupción las pasiones más violentas de los partidos. Mas es evidente que tales disposiciones de la ley únicamente eran aplicables á aquellas escuelas cuyo sostenimiento se imponía á los municipios como carga forzosa e ineludible. Sólo con forzada y abusiva interpretación de la ley, y suponiendo en ella precepto que no contiene, pudieran hacerse extensivas estas disposiciones á los demás establecimientos de enseñanza sostenidos por el municipio sin el carácter obligatorio, como son las escuelas de Beneficencia y cualesquiera otras de las que no se computan en el número de las que el municipio tiene obligación de sostener con arreglo al censo de población. En tales centros de educación, á las autoridades locales, fundadoras y sostenedoras de la escuela, corresponde la libre elección del Maestro en el modo y forma que juzguen más beneficiosos y acertados, controvertible principio de justicia y buen gobierno, respetar al municipio y á la provincia en sus derechos de iniciativa propia y dirigir por sí mismos las escuelas que voluntariamente sostienen, dejándoles en ellas libre elección del maestro por los procedimientos que les parezcan más adecuados para acreditar su capacidad.

Un Ministro identificado con el mejor servicio y fomento de la Instrucción pública, no puede prescindir sobre esta materia otra doctrina que la que inspiró el Real decreto de 9 de Julio de 1874, doctrina que conviene ir desenvolviendo y arraigando en los organismos legales de nuestra patria.

Interpretando la ley de Instrucción pública de 9 de Setiembre de 1857 con criterio de religioso respeto á toda legalidad vigente, y con espíritu de estricta justicia, se logrará en el mayor número de escuelas de parvulos el remedio más práctico para que se encarguen de la dirección de la infancia aquellos Maestros y Maestras que mejor reúnan las condiciones que por su naturaleza exige este noble ministerio, las cuales, según decía muy bien el preámbulo del decreto de 17 de Marzo de 1882, son condiciones morales del Magisterio que se levantan por encima de la aptitud que puede demostrarse en el público certamen.

De este modo se obtendrán dos resultados altamente benéficos: realizar por una parte un grande adelanto de prudente descentralización que las necesidades del país reclaman de un modo más imperioso cada día, y remediar un hecho, sin menoscabo de la ley, y sin infringirla por Reales decretos, los males que pudiera producir el vicioso sistema de oposiciones.

Es fuerza decir que, á pesar del buen propósito manifestado en el preámbulo del Real decreto de 17 de Marzo de 1882, tampoco sus disposiciones consiguieron los resultados prácticos apetecidos.

Las condiciones morales para el Magisterio de Parvulos estuvieron en mayor peligro que nunca de verse desatendidas; pues, por una de las disposiciones del referido decreto, desde los cuatro años de edad los niños que estuvieren en los establecimientos de Beneficencia á cargo de las Hermanas de la Caridad ó de otra corporación religiosa, habrán de pasar á otras escuelas de parvulos desempeñadas por Maestras y Auxiliares impuestas en cada localidad por la voluntad omnipotente del Patronato central.

Así se esterilizaba también la buena tendencia que con tan decidido propósito aparecía proclamada en las consideraciones que precedían al Real decreto. Cada día, en verdad, va sintiéndose más apremiante en el país la necesidad de apartar de los centros ministeriales multitud de atribuciones inútiles acumuladas en ellos por la rutina administrativa, y que abrumando á los Ministros bujo el círculo de los más ínfimos detalles del expediente, que requieren solución perentoria, apenas consientes que el hombre de Estado pueda elevar la mirada hacia los grandes horizontes del gobierno. En el servicio de los grandes intereses de la Instrucción pública, quizá más que en ningún otro ramo de la Administración del Estado, urge llevar á cabo sana y prudente descentralización, para que en el seno de una libertad amplia y fecunda puedan todas las fuerzas vivas de nuestra sociedad concursar á tan excelente obra de regeneración, comparándose con el Gobierno las glorias y responsabilid-