El Defensor del magisterio (1886-05-08 00:00:00), página 3

art. III se ordenó también que las provincias sufragasen los gastos de las Normales. No se fiaba, sin embargo, en la grande eficacia de estos preceptos, porque á la vez se ordenaba que se incluyese cada año en el presupuesto general del Estado una cantidad que no habría de bajar de un millón de reales para auxiliar á los pueblos que no pudieran costear por sí solos aquellos gastos.

Desde entonces son verdaderamente innumerables las disposiciones dictadas por la Administración central con el fin de asegurar, aunque sin conseguirlo nunca, el cumplimiento de estos preceptos por parte de los pueblos. Ya mandando á los Gobernadores que no aprobasen los presupuestos municipales en que no se incluyesen los gastos de la primera enseñanza, hasta el punto de haber ellos de incluirles de oficio cuando las Corporaciones populares no lo hicieran (Reales órdenes de 15 de Diciembre de 1857 y 29 de Noviembre de 1858); ya disponiendo cosa análoga respecto á los presupuestos provinciales para los gastos de las Escuelas Normales (Real orden de 24 de Julio de 1858); ya ordenando proceder criminalmente contra los Alcaldes que desobedeciesen al Gobernador de la provincia por no hacer dicha inclusión en los presupuestos (órdenes de 20 de Marzo y 7 de Julio de 1869); ya poniendo en vigor y desarrollando el precepto contenido en el art. 196 de la citada ley, y concentrando, en su consecuencia, en poder de los Depositarios provinciales primero y en el de los Administradores económicos después, los fondos que los Ayuntamientos debían entregar para este servicio, creando á efecto las actuales Cajas especiales de enseñanza (Real orden de 30 de Noviembre de 1858, ley de 2 de Junio de 1868 y Real decreto de 24 de Marzo de 1874); ya autorizando á los Administradores económicos para retener por cuenta de los recargos municipales sobre las contribuciones directas los fondos necesarios para la primera enseñanza y facultándolos para apremiar á los Ayuntamientos al pago por los medios rigurosos que el Estado se reserva para el cobro de sus propios créditos (Real decreto de 29 de Agosto de 1881); ya afectando privilegiadamente al pago de estas atenciones los indicados recargos municipales, autorizando á los delegados del Banco de España para retener de ellos la parte necesaria, y obligando á los Ayuntamientos á hacer uso de tales recargos, si no tenían otros recursos especiales para cubrir este importantísimo servicio (Real decreto de 15 de Junio de 1882, Real orden de 20 de los mismos mes y año, y Ley de 30 de Julio de 1883), no hubo medio, triste es reconocerlo, de todos los que el Estado tiene para ejercer su acción sobre las corporaciones populares, que no se hubiese empleado, y cuya ineptitud las tristes realidades de la experiencia no hubiesen demostrado, para asegurar la suerte de la enseñanza primaria y de sus dignos Profesores, muchos de los cuales con una abnegación verdaderamente heroica continúan á pesar de todo consagrando las horas de su miserable existencia.

Es por esto de todo punto indispensable acudir á otro remedio, porque una experiencia de más de 30 años ha concluido por demostrar superabundantemente la ineptitud de los empleados hasta ahora. El único que resta por aplicar es aquel porque durante este largo período vienen ansiando todos estos dignos Profesores uno y otro día, á saber; que sea el Estado quien tome á su cargo atender á las necesidades de la enseñanza en sus dos primeros grados, en la medida de sus respectivos presupuestos.

Grave dificultad venía presentándose para el empleo de este procedimiento, porque el Tesoro Nacional no se halla en situación tan desahogada que pueda aumentar sus actuales cargas con la importante cifra que demanda este servicio. Esta dificultad no ha podido resolverse sino ideando el medio de proporcionar al Tesoro un recurso tan seguro y tan importante como el gasto que habría de hacer. Y este medio existe y puede plantearse con el concurso de los Ministerios de Hacienda y Gobernación, cuyos Jefes se prestaron patrióticamente á cuanto por sus departamentos era preciso para su empleo.

Por la ley de 30 de Julio de 1883, confirmatoria de otras análogas disposiciones de la Administración, quedaron especial y privilegiadamente afectos á las necesidades económicas de la primera enseñanza, según se ha dicho, los recargos que los Ayuntamientos pueden imponer sobre las contribuciones directas, obligándose á estas Corporaciones á que hiciesen de ellas uso en cuanto fueren necesarios.

Pues bien: el importe del recargo municipal sobre la contribución territorial equivale aproximadamente á la cantidad que importan los presupuestos provinciales y municipales de los dos primeros de la enseñanza pública.

Si el Tesoro, pues, hace suyo este recargo, dejando libre de las responsabilidades de la mencionada ley el con que aquellas Corporaciones pueden gravar el impuesto industrial y de comercio, quedará reintegrado de cuanto ha de satisfacer en virtud de este decreto, sin aumentar gravamen alguno á las Corporaciones populares, puesto que si bien en sus respectivos presupuestos de ingresos no podrá figurar lo que el Tesoro va directamente á percibir, en cambio tampoco figurará en los de gastos una cantidad equivalente.

Se dirá quizás que, entretanto que unos Ayuntamientos contribuirán por este medio con una cantidad inferior á la que importen las obligaciones de su enseñanza, otros habrá á quienes suceda lo contrario. Y esta observación es verdad; así lealmente lo reconoce el Ministro que suscribe. Pero nótese que los Ayuntamientos favorecidos son los de las pobres y pequeñas poblaciones, y por lo tanto que así como hasta ahora el contribuyente rico era el que sufragaba los gastos de la educación del pobre por ser éste quien principalmente aprovecha la primera enseñanza oficial, con la reforma que se proyecta esta situación conservará análogo carácter, pues será el pueblo rico el que habrá de concurrir al sostenimiento de la enseñanza del pueblo pobre. Y si esta, más que servicio municipal, es una función social que principalmente interesa al Estado, ya que la instrucción popular no sólo tiene por objeto el perfeccionamiento del hombre privado, sino la mayor ilustración del ciudadano llamado á ejercer importantísimo derechos y cumplir sagrados deberes que afectan á toda la Nación, cabe aplicar aquí el precepto de la Constitución, según el cual todos deben contribuir