El Defensor del magisterio (1886-05-08 00:00:00), página 2

Aumentará el número de plazas de Inspectores y los sueldos y dietas que han de disfrutar.

Establece los premios que por antigüedad corresponden á los Profesores de Escuelas Normales, por el carácter de profesionales que éstas tienen.

Y por ello el Sr. Ministro recibirá entusiastas plácemes del Profesorado de primera enseñanza.

El Sr. Ministro de Fomento promete en su Decreto presentar á las Cortes un proyecto de ley para la reorganización de las Escuelas Normales y la Inspección de primera enseñanza; medidas muy acertadas, mil veces reclamadas por las revistas profesionales, y de imperiosa necesidad.

Por no hacernos demasiado prolíjos, puesto que en otro lugar de este número publicamos el Decreto, diremos para terminar: que tanto en el Real decreto del Sr. Ministro de Fomento como en la bien escrita y meditada exposición que precede á aquél, informan un sentido eminentemente práctico y el manifiesto deseo de mejorar la importantísima instrucción primaria atendiendo las aspiraciones y constantes clamores del Magisterio, de la prensa y de la opinión pública.

Creyendo interpretar fielmente los sentimientos de los Maestros, Profesores de las Normales e Inspectores de primera enseñanza, desde las columnas de EL DEFENSOR DEL MAGISTERIO, enviamos al Excmo. Sr. Ministro de Fomento en nombre de todos eterna gratitud y la más sincera, cariñosa y entusiasta felicitación.

C.

MINISTERIO DE FOMENTO

EXPOSICIÓN

SEÑORA: Hay entre las reformas que vuestro Ministro de Fomento proyecta introducir en la actual organización de la Instrucción pública alguna que debe prepararse desde luego, porque sus efectos económicos son un dato indispensable para la redacción de los nuevos presupuestos.

Esta reforma es la que tiene por objeto encargar al Tesoro del pago de las atenciones del personal y del material de las Escuelas de primera enseñanza, Inspección de las mismas, Escuelas Normales e Institutos de segunda enseñanza.

Dotado todo este personal con modestos haberes, bien indispensables ciertamente para cubrir con rigurosa modestia las precisas obligaciones de la vida, sin esperanza por otra parte de auxilio alguno para las necesidades de la vejez, y seguro además de llegar como único patrimonio á su familia la cruel pobreza ó quizás la más cruel indigencia, cuando para ella lleguen los días de luto y de orfandad, se agrava lo precario de su actual situación por efecto de tener que percibir sus haberes de la Administración provincial y municipal que, según lo vienen demostrando desde hace largos años las generales manifestaciones de la opinión pública, fundada en la triste realidad de los hechos, no escasea innumerosos casos de excepción al exacto cumplimiento de este importanzísimo servicio.

De esto procede la persistente instancia con que el Profesorado de primera y segunda enseñanza ha venido reclamando su centralización económica para que el Estado se encargue de este servicio, y cese por consiguiente de correr á cargo de los Ayuntamientos y de las Diputaciones provinciales.

Por lo que hace á los Institutos de segunda enseñanza, la ley de Instrucción pública de 9 de Setiembre de 1857, presumiendo sin duda su ilustre autor los peligros que en el porvenir podía ofrecer el carácter provincial que en ella se asignaba á la enseñanza secundaria, facultó en su art. 119 al Gobierno para encargarse, cuando lo tuviera por conveniente, de los Institutos, mediante una cantidad alzada, que cada una de las provincias hubiera de satisfacer al Estado.

Y, en efecto, de esta facultad se hizo uso en los Reales decretos de 3 de Marzo y 7 de Abril de 1858 y 11 de igual mes de 1860, y aun en la actualidad continúan sostenidos por el Estado los dos Instituto de Madrid, ofreciendo este régimen ventajas tales que constituirían por sí solas un estímulo poderoso para extenderlo á los demás Institutos de la Península.

Si se compara la situación económica, ya que no prospera, siquiera desahoga, de los dos establecimientos de la capital de la Monarquía con la estrecha y aun precaria de muchos, y en la desesperada de algunos de la misma clase en las provincias que la Administración central, á pesar del riguroso empleo de todas sus energías, ha sido impotente para mejorar, no parece sino que unos y otros establecimientos son de clases diversas y que sus Profesores no tienen iguales derechos y que los pueblos no son merecedores á la misma instrucción.

Más grave, mucho más grave es el precario estado de la primera enseñanza.

Ya en 1847 se sentía la necesidad de suplir por medios extraordinarios la deficiencia municipal, pues en Real decreto de 23 de Setiembre de aquel año se dispuso que, no bastando el presupuesto del Ayuntamiento para cubrir las obligaciones de aquella enseñanza, se pagase el déficit con los presupuestos provincial y general del Estado.

En el art. 97 de la nunca bastante aplaudida ley de Instrucción pública de 9 de Setiembre de 1857, á la vez que se reservó para el Estado la organización de las Escuelas e Institutos, se impuso en el art. 97 la obligación ineludible para los Ayuntamientos de incluir en sus presupuestos la cantidad necesaria para los que, según la ley, habrían de tener, y en el