El Defensor del magisterio (1885-03-24 00:00:00), página 2

cipal para el sostenimiento de las escuelas públicas que debe tener con arreglo á la ley. Calcula la Comisión que aun cuando se duplicara el presupuesto actual para atender á esta carga, y el millón de pesetas á que ascende proximadamente se elevará á dos millones, aun todavía se cubriría difícilmente con ellos las atenciones que le impone la ley como precisas y obligatorias.

Según el cálculo de la Comisión inspector, el Municipio estaría obligado á sostener 10 Escuelas de párvulos, 100 elementales de niñas, 10 de adultos, 10 superiores de niñas, 100 elementales de niños, 10 de adultos y 10 superiores de niños; total, 250 Escuelas públicas de todas clases.

Este número de escuelas públicas, si bien pudiera ser el que reclamaría una buena organización de la Instrucción primaria en esta Corte, no es precisamente el que la ley impone al Municipio como obligación forzosa. Con arreglo, en efecto, á los artículos 101 y 102, completados por el 104, 105 y 106 de la ley de 1857, y partiendo de un censo de población en Madrid de 500.000 almas, el mismo que sirve de base para el cálculo de la Comisión, las Escuelas públicas cuyo sostenimiento corresponde á este Municipio, serían tan sólo 168, si las Escuelas privadas existentes en el término municipal completaran las otras dos terceras partes que la ley previene para llenar este número, hasta las 502 que corresponden al total de escuelas en una población de 500.000 almas.

Reducidas, pues, las escuelas públicas de Madrid á 168, en vez de las 250 que fija la Comisión inspector, el presupuesto municipal con corto recargo podrá cubrir tales atenciones. Para ello habría sido muy conveniente que el Municipio, á fin de atender á tan grande y bienhechora obra como la instrucción del pueblo, recurriera al auxilio de la iniciativa particular, individual ó corporativa que desenvuelve la vida social, sobre todo en los grandes centros de población. Ni el Municipio, ni la provincia, ni el Estado, ni los presupuestos combinados de cada uno de estos organismos de la vida oficial pueden, en efecto, bastarse para hacer frente por sí solos á las cargas inmensas que representan el ramo de Instrucción pública, y cada día adquieren los Gobiernos y los pueblos más palmaria experiencia de qué la enseñanza no puede ser función exclusiva del Estado y de la Administración pública, sino función á la cual deben concurrir todas las fuerzas vivas de la sociedad, estableciéndose entre la iniciativa del Gobierno, de la provincia y del Municipio, y las iniciativas privadas en este ramo, entre la enseñanza oficial y la enseñanza libre, estrechos vínculos de hermandad, á fin de que lleguen á considerarse ambas como colaboradoras de una misma fecundísima obra.

A tal propósito van encaminados los artículos del proyecto de decreto sobre asimilación y subvenciones de escuelas libres por el Municipio y los concernientes á la representación de los elementos de la enseñanza libre en la Junta municipal, así como á la intervención de los padres de familia en las funciones de la inspección.

Estas reformas que el Ministro que suscribe propone á la Real sanción de V. M., han tenido que encerrarse en el más escrupuloso respeto de las leyes vigentes, pues aun cuando éstas adolezcan de vicios orgánicos que reclaman la reforma general, cuyo proyecto de ley se presentará en su día á fin de armonizarlos con la realidad social y constitucional presente, mientras la legalidad vigente del ramo de Instrucción pública no se reforme por los procedimientos que determina la Constitución del Estado, el primer deber de un Ministro es atenerse en todas sus disposiciones á lo prescrito en nuestras leyes no derogadas.

Por esto, las presentes disposiciones, en vez de hacerse desde luego extensivas á todas las más importantes capitales de provincia, donde existen grandes recursos y elementos de riqueza, y donde hay acumulados muchos medios e iniciativas para el fomento de las instituciones de enseñanza, se desenvuelve, por el contrario, dentro del restringido criterio de la ley de 1857, cuyo art. 291 reconoce sólo para la Junta municipal de Instrucción primaria de Madrid las diferencias que debe haber entre la organización administrativa de las populosas ciudades y la de aquellas regiones donde la vida de los campos y la población no acumulada en un solo centro desenvuelve otros elementos de la vida social y produce recursos de otra índole que reclaman organismos y procedimientos de administración inaplicables á la existencia de los grandes municipios.

Tales son, Señor, los motivos que impulsan á vuestro Ministro de Fomento para someter á la aprobación de V. M., de acuerdo con el Consejo de Ministros, el adjunto proyecto de decreto.

Madrid 12 de Marzo de 1885.—SEÑOR.—A. L. R. P. de v. m., Alejandro Pidal y Mon.

REAL DECRETO.

Conformándome con lo propuesto por mi Ministro de Fomento, de acuerdo con el Consejo de Ministros,

Vengo en decretar lo siguiente:

CAPITULO PRIMERO.

Junta municipal y Juntas de distrito para la administración y gobierno de la primera enseñanza en Madrid.

Artículo 1.º Para las atenciones del ramo de primera enseñanza en Madrid se constituirá una Junta municipal que tendrá en el término de esta Corte las atribuciones y deberes que corresponden á las Juntas provinciales según nuestras leyes vigentes de Instrucción pública y las demás facultades que por el presente Real decreto se le confieren.

Art. 2.º Además de esta Junta, se organizará otra local ó de distrito para cada uno de los distri-