El Defensor del magisterio (1885-05-01 00:00:00), página 2

Ahora es cuando deseamos saber qué derechos adquiridos hay que respetar en los Maestros y Maestras auxiliares.

¿Son los derechos adquiridos por los Maestros auxiliares conservar su sueldo y su destino, siempre que no den motivo á que por medio de un expediente justificado, de acuerdo con el artículo 25 del Real decreto, se les separe de su cargo?

Antes del citado Decreto de Marzo último, ignoramos que los Maestros auxiliares tuviesen adquirido derecho alguno fuera del que les confería su título administrativo. Si este derecho, confirmado taxativamente, como hemos visto por el art. 23 del Decreto de Marzo, no es respetado por la Junta, no se deberá haber mortificado el Excmo. Sr. Ministro del ramo en su laboriosa confecção, para que la Junta municipal de primera enseñanza, no bien principiara á funcionar, observase ó conservara sus preceptos tan al pie de la letra.

Nosotros estamos casi seguros de que la Junta ha de volver sobre un acuerdo que sólo mal informada ó con poca meditación ha podido tomar; pero si contra lo que no es de esperar, no fuese revocado este acuerdo que se opone terminantemente al Decreto porque se constituyó y por el que se rige dicha Junta, los Maestros auxiliares de las Escuelas municipales de Madrid, cesantes en virtud de tan arbitrario acuerdo, deben alzarse ante la Dirección general de Instrucción pública, como previene el art. 25 preinscrito del referido Real decreto, seguros de que aquella alta Autoridad administrativa no ha de desoir sus justas quejas, y les ha de dar lo que de justicia y de derecho tan legítimamente les corresponde.

Por nuestra parte prometemos estar al lado de los Maestros auxiliares en esta cuestión, y cooperar en la medida de nuestras escasas fuerzas, porque con ello creemos contribuir al cumplimiento de la ley y de la más estricta justicia, cuyo objeto es dar á cada uno lo que de derecho le pertenece.

En cuanto á la cesantía de varios Maestros interinos, creemos es un acto que no tiene ejemplo; porque nunca han cesado los interinos en ninguna Escuela, mientras han cumplido con su deber, (no sabemos que los de aquí hayan faltado) hasta el momento en que las vacantes que sirven han sido provistas en propiedad.

Esperamos, pues, de la rectitud y buenos sentimientos de muchos señores de la Junta municipal que—según se dice—ignoraban tal determinación, que han de revocar este acuerdo, si es que existe, ó de lo contrario el Director general de Instrucción pública ó el Sr. Ministro de Fomento, á instancia de partes, han de ordenar á la Junta que cumpla el Real decreto de 12 de Marzo de 1885 y se ajuste exactamente en un todo al mismo.

Que si este Decreto da á la Junta municipal de primera enseñanza grandes facultades, atribuciones y derechos que ejercer, también la impone ineludibles deberes que está obligada á cumplir.

C. E.

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS.

(Conclusión)

El Sr. Oliver: Me congratulo de que las relaciones políticas entre S. S. y el Sr. Presidente de la Cámara sean tan cordiales como S. S. dice porque eso resultará en honra y gloria de la iglesia conservadora, que bien necesitada está de semejantes alegrías.

De la contestación de S. S. se deduce que el decreto de 13 de Marzo no tiene relación con el expediente que se instruye á la Junta; pero en el artículo I.º de las disposiciones transitorias de ese decreto se prohibe que formen parte de la misma Junta los que hayan desempeñado el cargo de Vocal en la Junta disuelta; y yo pregunté á S. S.: ¿quién ha dado á S. S. atribuciones para dictar esa especie de sentencia de inhabilitación para cargos públicos?

No vengo á defender á la Junta disuelta ni á exigir otras responsabilidades que aquellas que encaren en el Gobierno de S. M. Tampoco trato de perseguir ningún fin político; me mueve únicamente razones de moralidad pública. Los hechos hasta ahora ocurridos son para mí indicios veementísimos de que una vez conseguido el fin político de ese decreto, que al parecer no es otro que dar salida al Cura parroco en cada una de las Juntas de distrito que S. S. ha creado, se van á relegar al olvido las acusaciones que contra la Junta ha formulado la Comisión inspectorá presidida por D. Manuel Merelo y de la que forman parte cinco personas respetabilísimas. Se trata de lamentables inversiones de fondos públicos, destinados á atenciones sacratísimas; se trata de actos que tal vez estén definidos en el Código penal. No puedo, pues, permanecer en silencio y reitero á S. S. el ruego de que remita á la Cámara esa Memoria y esos documentos; porque ya que el pueblo de Madrid dedica algunos millones á instruir á las clases menesterosas, justo es que sepa si esos intereses están bien ó mal administrados.

El Sr. Ministro de Fomento: Si el Sr. Oliver se hubiera fijado un poco en los fundamentos mismos de su pregunta, habría visto la sinrazón de su ataque: pero al