La Defensa (Madrid. 1879) (1886-05-14 00:00:00), página 1

LA DEFENSA

REVISTA POLÍTICA Y DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA

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Para dos cabidas a todo el Decreto de 30 de Abril, suprimimos el primer fondo.

SECCION OFICIAL

MINISTERIO DE FOMENTO.

EXTRÓPOLICO.

SEÑORA: Hay entre las reformas que vuestro Ministro de Fomento proyecta introducir en la actual organización de la Instrucción pública algunas que debe prepararse desde luego, porque sus efectos económicos son un dato indispensable para la redacción de los nuevos presupuestos.

Estas reformas en la que tiene por objeto encargar al Tesoro del pago de las asignaciones del personal y del material de las Escuelas de primera enseñanza, Inspección de las mismas, Escuelas Normales e Institutos de segunda enseñanza.

Dado todo este personal con modestos haberes, bien indispensables ciertamente para cubrir con rigurosos medios las propias obligaciones de la vida, sin esperanza por otra parte de auxilio alguno para las necesidades de la vejez, y seguro además de llegar como único patrimonio a su familia el valor pobre o quizás la más cruda indigencia, cuando para llenar sus días de trabajo y estudio, se agota lo precario que percibe su haber de la Administración provincial y municipal que, según lo vienen demostrando desde hace largos años las generales manifestaciones de la opinión pública, fundada en la triste realidad de los hechos, no ocurre sino en el caso de que se dé el necesario cumplimiento de este importante servicio.

De esta procede la persistente instancia con que el Profesorado de primera y segunda enseñanza ha venido reclamando su centralización económica para que el Estado se encargue de este asunto y como por consiguiente de corregir a cargo de las administraciones y de las Diputaciones provinciales.

Por lo que hace a los Institutos de segunda enseñanza, la ley de Instituciones públicas de 9 de Septiembre de 1857, prescinuiendo sin duda su ilustre autor los peligros que en el porvenir pre- dican directamente contra el orden público, se atribuyó a la administración secular, facultad en su art. 119 el Gobierno para encargarlo cuando lo tuviera por conveniente de los Institutos, mediante una cantidad alzada que cada una de las provincias hubiera de establecer el Estado.

El artículo 119 de la ley de Instituciones públicas, las leyes decretos de 3 de Marzo y 7 de Julio de 1858 y 11 de igual mes de 1859, y aún en la actualidad continúan sustituidos por el Estatuto de los Institutos de Madrid, ofreciendo este régimen varias tales ideas constitucionales por sí solas un estímulo poderoso para extenderlo a los demás Institutos de la Península.

Si se comparan las circunstancias, ya que no siempre, quizás desiguales, de los dos establecimientos de la capital de la Monarquía con la estrecha y tan precaria de muchas, y la desesperada de algunas de la misma clase en las provincias que la Administración central, a pesar del riguroso impuesto de todas sus exigencias, la alta importancia de su naturaleza, para alcanzar a unos y otros establecimientos son de clases diversas y que sus Profesores no tienen iguales derechos y que los pueblos no son miembros de la misma instrucción.

Más grave, mucho más grave es el precario estado de la primera enseñanza.

Ya en 1857 se sentía la necesidad de suplir por medios extraordinarios el subvención municipal, pues en Real Orden de 29 de Septiembre de 1857 se dispuso que, de bastando el presupuesto del Ayuntamiento para cubrir las obligaciones de aquella enseñanza, se pagase el déficit con los presupuestos provincial y general del Estado.

En el art. 63 de la misma bastante ampliada ley de Instituciones públicas de 9 de Septiembre de 1857, se dispuso que se reservara para el Estado la organización de las Escuelas de Instituto, sin imponer en el art. 97 la obligación ineludible para los Ayuntamientos de realizar en sus presupuestos la cantidad necesaria para los que según la ley habrían de tener, y en el artículo 119 se ordenaba que se prestara la mayor atención a la enseñanza de la Normativa Nacional. No se hizo, sin embargo, en la gráfica edificación de estos principios, porque la vez se ordenaba que se incluyese cada año en el presupuesto general del Estado una cantidad que no habría de bajar de un milón de reales para auxiliar a los pueblos que así lo requieran.

Dado entonces el serio desafío inmediato- rable las disposiciones dictadas por la Administración central con el fin de asegurar, aunque sin conseguirlo nunca, el cumplimiento de los presupuestos por parte de los pueblos. Ya man- dándolo los Gobernadores que no aprobaran los presupuestos municipales en que no se indicase esa cantidad, se ordenó que se les diera el derecho de hacer el deber de instituir de oficio cuantos de los Corporaciones populares no hiciesen (Real- decretos de 15 de Diciembre de 1857 y 20 de Noviembre de 1858), ya disponiendo cosa análoga respecto de los presupuestos provinciales para los gastos de las Escuelas de Instituto (Real Orden de 24 de Julio de 1858), se ordenaba a los mismos Gobernadores que se presentasen ante el Consejo de Alcaldes que desecharan del Gobierno de la provincia por no hacer dicha inclusión en los presupuestos (Or- denes de 20 de Marzo y 7 de Julio de 1859); ya pasando en vigor y desarrollándose el presupuesto en el artículo 19 de la ley, y como consecuencia de lo anterior, se ordenó a los Depósitos provinciales primero y en el de los Administradores económicos después, los fondos que los Ayuntamientos debían entregar para este servicio, creando al efecto las actuales Ca- jas especiales de enseñanza (Real Orden de 30 de Noviembre de 1858), y en el artículo 119 del decreto de 24 de Marzo de 1874, ya autori- zando a los Administradores económicos para retener por cuenta de los recursos municipales sobre las contribuciones directas los fondos ne- cesarios para la primera enseñanza y faculta- dades para apremiar a los Ayuntamientos al pago de la misma, se dispuso lo siguiente: En el artículo 2º del orden de sus propios créditos (Real decreto de 29 de Agosto de 1881); ya afec- tando privilegiadamente el pago de estos abonos los indicados recursos municipales, au- torizándose a los delegados del Estado de España para remitir de ellas la parte necesaria, y ordenándose a los mismos que se sirvieran de los mismos para el cobro de los servicios públicos, si no tenían otros recursos especiales para cubrir esta importante función servicial (Real decreto de 15 de Junio de 1882). Real orden de 30 de los mismos mes y año, y ley de 30 de Ju- lio de 1880, no hubo medio, trato es reconoci- do, de todos los que el Estado tiene para ejercer su acción sobre las corporaciones populares, que no se hubiesen empleado, y cuya iniciativa, las tantas veces que la ha tenido, ha sido siempre conjuntamente demostrada, para asegurar la suerte de la enseñanza primaria y de sus dignos Pro- fesores, muchos de los cuales, con una abnegación verdaderamente heroica, continúan a pasar de todo consagrando las horas de su muse a. su noble labor.

En todo esto, lo indispensable acor- dió de otro remedio, porque una experiencia de más de 30 años ha concluido por demostrar su- perabundantemente la ineficacia de los empleos don de la labor. El único que resta por aplicar es aquel que durante ese largo período vis- toso, se ha atendido a las necesidades de la ense- ñanza en sus dos primeros grados, en la medida de sus respectivos presupuestos.

Grave dificultad venía presentándose para el empleo de este procedimiento, porque el Tesoro Nacional no se hallaba en situaciones tan satisfactorias que pudiera hacerse el cargamento de lo que demandaba esta falta de servicio. Esta dificultad no ha podido resolverse sino ideando el medio de proporcionar al Tesoro un recurso tan seguro y tan importante como el gas- to que habría de hacer. Y este medio existe y puede plantearse en el orden de los Ministerios de Hacienda y Guerra, pero que se refiere todo cuanto haya derecho a esperar de quienes tienen a su cargo el tesoro más precioso de la Nación, o sea la administración pública.

Frente a estas graves consideraciones, el Ministro que asume el honor de proponer a V. M. el siguiente proyecto de decreto:

Madrid 30 de Abril de 1881.—SEÑORA: A. L. R. F. de V. M., Elegido Ministro Río.

DECRETO.

En vista de las razones expuestas por el Mi- nistro de Fomento, de conformidad con las de Hacienda y Guerra, y de acuerdo con el Consejo de Ministros,

Vengo decretar lo siguiente:

Art. 1º. Con el fin de comprender entre las obligaciones generales del Estado el sosteni- miento de las escuelas de primera enseñanza, de las normales de maestros y de maestras, de la inspección del mismo ramo y de las instituciones de segundo grado que se puedan crear, se va- liabilizará la virtud de este decreto, sin admi- nistrarse alguna a las Corporaciones populares, puesto que si bien en sus respectivos presupues- tos de ingresos no podrá figurar lo que el Teso- ro va directamente a percibir, en cambio tampoco figurará en los de gastos una cantidad equi- valente.

Se deja quita que, entregando que unos Ayun- tamientos contribuirán por este medio con una cuantía inferior a la que importa las obliga- ciones de su enseñanza, otros habrá á quienes no se lo coartará. Y esta observación es ver- dad; así lo entiende lo reconoce el Ministro que lo propone. Por último, que los Ayuntamientos se beneficiarán en lo que respecta a sus propias poblaciones, y por lo tanto que así como las ahora contribuyen "co el que sufragaba los gastos de la educación del pobre por ser ésta quien principalmente aprovecha la primera ense- ñanza oficial, con la reforma que se proyecta esta situación conservará analogo carácter, pues será el pueblo el que el haga de condición de la enseñanza pública, y no el Estado, ni el propio pobre. Y si éste, más que servicio municipal, es una función social que principalmente interesa al Estado, ya que la instrucción popular no sólo tiene por objeto el perfeccionamiento del hom- bre privado, sino la mayor ilustración del ciu- dadano llamado a ejercer su potestad en el go- bierno de la República, tal vez que "tengan a su cargo", en la nación, cabe aplicar aquí el "recargo" de la Constitución, según el cual todos deben contribuir al sostenimiento de los servicios públi- cos, no según el beneficio que reciben, sino en el aportón del haber que tienen.

El ministro de Fomento, en el ejercicio legal que de prestarle el planteamiento del proyecto, y es el que resulta del art. 37 de la ley vigente de Instrucción pública, en que se dispone que las Escuelas de primera enseñanza estarán a cargo de los respectivos pueblos. Mas este obstáculo puede ser importante dado el momento en que se aplica la importancia de la misma para los fines de las Obras y la ayuda apropiada y V. M. man- cionado en la próxima ley de presupuestos.

Ha llegado, pues, el momento de satisfacer una necesidad tan notoria por el único procedi- miento que ya está empalmar, y que hace 40 años que se ha decretado, pero que no se ha ejecu- tado. Así también hay buenas consideraciones de que aquél que quererá la ayuda de la Admi- nistración pública para exigir a los Profesores todo cuanto haya derecho a esperar de quienes tienen a su cargo el tesoro más precioso de la Nación, o sea la administración pública.

Frente a estas graves consideraciones, el Ministro que asume el honor de proponer a V. M. el siguiente proyecto de decreto.

Art. 2º. Los derechos de matrícula y títulos de la segunda enseñanza y los de matrícula de las normales de maestros serán satisfechos en pa- del de pagos al Estado.

En igual clima de palabra se modificarán en los institutos los derechos académicos establecidos por real decreto de 10 de Agosto de 1877.

Art. 3º. Los institutos que tengan rectos propios continuarán percibiendo directa- mente.

Art. 4º. El ministro de Hacienda adicionará el presupuesto de ingresos con un impuesto es- pecial de enseñanza, que consistirá en el re-