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zando de ella, si bien deberán justificar á los tres años que reúnen las condiciones prescritas en el párrafo tercero del artículo 9.º de la presente ley.

Art. 17. Las escuelas secundarias eclesiásticas, establecidas conforme al decreto de 16 de Junio de 1828, en que los maestros encargados de las clases de retórica, filosofía y matemáticas tengan los grados de que se hace mención en el párrafo tercero del artículo 9.º de la presente ley, podrán usar del mismo derecho que las instituciones de pleno ejercicio en lo concerniente (dentro del número de discípulos que se les permite) á la admisión de estos discípulos para que den las pruebas que se requieren cuando hayan de obtener el diploma ordinario de bachiller en letras.

En aquellas escuelas eclesiásticas donde falte la condición del grado precitado, los discípulos que dejando de destinarse al sacerdocio, quisiesen obtener el diploma ordinario de bachilleres en letras, podrán presentarse al efecto para el examen en una proporción que no exceda de la mitad del número de discípulos que salen anualmente de estas escuelas, después de haber acabado sus estudios. Dicha proporción se justificará por medio de una lista nominal, remitida todos los años al Guarda-sellos, Ministro de los Cultos, y comunica la por este al Ministro de Instrucción pública.

Art. 18. Se ratifican y permanecen obligatorias, salva la derogación precitada, todas las disposiciones de los decretos del 16 de Junio de 1828 relativos á las escuelas secundarias eclesiásticas.

Título III.

Disposiciones especiales concernientes á los establecimientos públicos de instrucción secundaria.

Art. 19. El número de los colegios Reales se aumentará sucesivamente hasta que exista un colegio Real por cada departamento.

Art. 20. Todo pueblo cuyo colegio comunal se erigiese en colegio Real, en virtud del artículo precedente, deberá:
1º Hacer los gastos de construcción y apropiación que se requieran al efecto.
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2º. Suministrar los muebles y colecciones que se necesiten para la enseñanza.

3º. Asegurar la reparacion y conservacion de los edificios.

4º. Fundar en el establecimiento, en union con el departamento ó sin que este tenga parte, un número de pensiones determinado de comun acuerdo con el Ministro de Instruccion pública, y cuya concesion se verificará del modo que se determine por Real decreto.

Art. 21. Ningun pueblo podrá á falta de colegio Real, sostener en todo ó en parte mas establecimientos de instruccion secundaria que uno ó mas colegios comunales, cuyos superiores y regentes tengan los grados universitarios y sean nombrados por el Ministro de Instruccion pública.

Art. 22. Para conservar ó establecer un colegio comunal, deberá todo pueblo someterse á las condiciones siguientes:

1.ª Suministrar local á propósito para este uso, y asegurar su conservacion.

2.ª Poner y conservar en el mismo local el menaje necesario para la enseñanza y para los pensionistas si el establecimiento ha de recibir discípulos internos.

3.ª Asegurar por cinco años al menos las asignaciones fijas del superior y los profesores, las cuales se considerarán como gastos forzosos municipales, en caso que fueren insuficientes las rentas del colegio, la retribucion pagada por los externos y los productos de las pensiones.

Art. 23. Los colegios comunales son de dos clases:

1.ª Los colegios de primer orden y de pleno ejercicio en que los discípulos reciben la instruccion secundaria completa mencionada en el artículo 1.º de la presente ley.

2.ª Los colegios de segundo orden en que los discípulos solo reciben una parte de esta instruccion.

Art. 24. En los colegios comunales de primer orden deberán tener los profesores titulares para cada cátedra los mismos grados que los profesores de los colegios Reales.

Art. 25. Todo colegio comunal de segundo orden debe tener por lo menos cuatro profesores graduados, incluso el principal. La enseñanza de las lenguas antiguas no deberá en dichos colegios pasar de las clases de gramatica.

Art. 26. En cada colegio comunal ha de haber una comision gratuita encargada de vigilar sobre su administracion.
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Esta comision, en la que se comprende al alcalde, presidente, se compondrá de cinco ó siete individuos elegidos por el Ministro de Instruccion pública entre los individuos del ayuntamiento y las personas notables del pueblo.

Art. 27. El sueldo, en los colegios comunales, de cada profesor de filosofía, retórica, matematicas especiales y fisica, así como el del capellan, no bajará de 1,800 francos; el de cualquier otro profesor en los colegios comunales, sean de primero ó de segundo orden, tampoco podrá bajar de 1,200 francos.

Art. 28. El sostenimiento de los alumnos internos puede estar directamente al cuidado de los pueblos ó verificarse por empresa particular contratada con el alcalde en virtud de acuerdo del ayuntamiento, aprobada por el Ministro de Instruccion pública.

Todo convenio de esta naturaleza que actualmente exista, tendrá pleno y cabal efecto.

EXAMEN DEL NUEVO PROYECTO DE LEY.

(Primer articulo.)

De los pequeños seminarios.

Una cuestion existe superior á todas y que excitaba el interés general, la de los seminarios pequeños. Teniamos curiosidad de saber cómo habría resuelto esta grave dificultad el señor Ministro de Instruccion pública; si cediendo á las imperiosas exigencias del clero ó tomando en consideracion las enérgicas reclamaciones de las Cámaras, es decir, de la nacion; finalmente, cómo habría aplicado las doctrinas conservadoras sostenidas por él mismo tan feliz como elocuentemente en nuestras asambleas. Preciso es confesar que nos hemos engañado completamente; la universidad ha quedado tan contristada como nosotros, y todos los amantes de nuestras instituciones participan tambien de este sentimiento.

Si se hubiese dicho en 1830 que el artículo escrito en la Carta para acabar de una vez con las invasiones del clero había de servirle algun dia de punto de apoyo para encumbrarse á una altura extraordinaria, y que la revolucion de
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Julio habia de sancionar el régimen de las congregaciones, abolido hasta por la misma restauracion, ¿quien lo hubiera creido? Si se hubiese dicho en 1830 que un Ministro anularia con el tiempo los decretos, bastante tímidos en verdad, de 1828, y removeria los últimos obstáculos que se opusiesen á la ambicion del clero; y que bajo la capa de libertad, llegaria á proponer la mas dura sujecion para unos y la libertad mas absoluta para otros; y se hubiera afirmado que el Ministro seria Mr. Villemain, el decano de nuestros liceos, el profesor separado de su cátedra por un capricho de la legitimidad, el ciudadano que saludó enagenado, como nosotros, la reaparicion de las leyes y el advenimiento de las ideas liberales, ¡oh! ¿quién habia de haber dado crédito á esta suposicion, que hasta el mismo Mr. de Villemain hubiera rechazado como una calumnia?

Nadie hará mas justicia que nosotros no solo á las laudables intenciones del señor Ministro de Instruccion pública, sino á los generosos esfuerzos que ha empleado siempre en el progreso de los buenos estudios y en la defensa de los derechos de su administracion. Pero ¿cómo es que en esta ocasion tan solemne ha saltado á sus nobles propósitos e inclinado el fiel de la balanza al lado de los que sin rebozo se jactan de ser enemigos de la universidad y de los principios que todos defendemos? Cada cual procura descifrar este enigma, del que hemos oido hacer diferentes interpretaciones.

Se dice en primer lugar que este proyecto de ley no es cosa formal aun, sino un asunto vago fiado á las discusiones, en cuyos debates hallará algun efugio el poder para secundar la promesa de la carta según el espíritu de lo pasado.

Otros creen que el ministerio pretende que la ley sea obra exclusiva de las Cámaras, cuyas intenciones conoce perfectamente, de manera que pueda decir al clero: «bien habéis visto el interés que nos hemos tomado; si os priva de las ventajas que os proporcionábamos, es contra nuestro propósito; nos vemos obligados á ceder, y no os quejeis de nuestros designios ni de nuestros esfuerzos.»

Hácense otras suposiciones, mas nosotros nos inclinamos á creer que el señor Ministro de Instruccion pública no ha obrado con libertad; que se le ha dictado una ley cuya insuficiencia conoce mejor que nadie, ó que se ha dejado llevar
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de una ilusion, creyendo mantener el equilibrio entre dos opiniones que hace algun tiempo se contrarian; y que otorgando la libertad á las escuelas del clero, se ha figurado imponerles sobra las condiciones para que se respeten los derechos del Estado. En este caso padeceria notable engaño, y bien debe haberlo conocido ya si cuenta con amigos ingénuos. Reflexiónese en los artículos 17 y 18 del nuevo proyecto de ley, y se nos perdonará que al hablar de ellos empleemos expresiones un tanto duras, pues no se puede contemplar á sangre fría el compromiso en que se ponen tan preciosos intereses.

Del contexto de dichos artículos se infiere que existirán establecimientos de Instrucción pública independientes del departamento de Instrucción pública, con los cuales nada tendrá que ver el Estado; y que estos mismos establecimientos quedarán libres de la retribución universitaria.

La legislación de 1828 imponía á los discípulos de las escuelas secundarias eclesiásticas que desistian de su vocacion, dos años de estudios complementarios para poder optar al grado de bachiller; prevencion sumamente benéfica, porque se oponía á las usurpaciones de la enseñanza extrauniversitaria: y esta razon tuvieron presente los escritores y folletistas de la santa cruzada para combatirle tan desesperadamente. Este artículo ha quedado suprimido.

Veamos ahora las restricciones. Segun el primer párrafo, las escuelas secundarias eclesiásticas, para poder presentar á sus discípulos á las pruebas de los grados, deberán tener dos profesores licenciados en letras, ó un licenciado en letras y un bachiller en ciencias. Podría suceder que este artículo incomodase por el pronto á los señores obispos; pero si continúa siendo obligatoria esta cláusula, en pocos años tendrán mas licenciados y bachilleres que necesitarán; y sucederá en esta parte lo que en la instrucción primaria, donde los hermanos de la doctrina cristiana anduvieron por algun tiempo apurados con la necesidad de los títulos exigidos por la ley de 1833; mas en la actualidad cuentan con todos los maestros titulados que han menester para atrapar las mejores plazas.

Hemos dicho: si fuese obligatoria esta cláusula; y en efecto el segundo párrafo deja anulado el primero, pues conservando los actuales profesores, podrán los seminarios pequeños
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presentar á los grados la mitad de sus discípulos; es decir, todos los que desean, en vista de las proporciones exageradas con que se han regulado estas escuelas.

Comparemos con estos establecimientos tan privilegiados los universitarios, y hallaremos que los últimos tienen:

1º. La obligacion de pagar por cada discípulo una contribucion repugnante á las familias.

2º. La obligacion tambien (que no permite cludir ningun artículo) de no tener mas que profesores graduados, si se trata de un colegio Real ó de uno comunal de primer orden; y si de los comunales de segunda clase, la de tener por lo menos cuatro profesores graduados. Los maestros de pension tienen que ser necesariamente bachilleres; los superiores de institucion bachilleres en ambas facultades, ó licenciados en letras; pero los directores de seminarios no estan sujetos á ninguna condicion de grado.

3º. Los colegios Reales y comunales se hallan sometidos á los reglamentos de la universidad, onerosos bajo muchos conceptos. Tienen que ser visitados por los inspectores; si hay algo de reprehensible en la conducta ó enseñanza de un profesor, puede ser despedido; y si cae en desgracia de un obispo le amenaza con la suspension el mismo poder que debiera protegerle. Los superiores de institucion y maestros de pension tendrán sus establecimientos abiertos á la visita universitaria sopena de ser acusados ante los tribunales; y en algunos casos pueden cerrarse sus establecimientos.

¿No es bien clara la diferencia y chocante esta parcialidad? Pues hay mas todavia; á todos los favores que la ley les dispensa debe añadirse lo facil que es evadirla cuando parezca repugnante cualquiera de sus articulos. El proyecto deja vigente una parte de los decretos de 16 de Junio de 1828, y público y notorio es que no se observan semejantes decretos. El artículo 4º dice que desde la edad de catorce años estan obligados á llevar el trage eclesiástico los discípulos; y sin embargo no se obedece, porque atendiendo al interés de sus cálculos mundanos, algunos clérigos han arrinconado los manteos; y para captarse el afecto del siglo, han hecho desaparecer en lo posible todas las señales que distinguian á las escuelas religiosas: lo cual es tanto mas indudable, cuanto que el mismo Ministro Guarda-sellos, á quien ninguno de sus
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antecesores desde 1830 habrá excedido en deferencia al clero, lo ha confesado así en la tribuna (1). Los demas artículos han tenido y tendrán siempre igual suerte. La ley ha ordenado que los directores y profesores de las escuelas secundarias eclesiásticas afirmasen por escrito que no pertenecían á ninguna congregación religiosa ilegalmente establecida en Francia; pero jamás se ha conseguido esta declaración por escrito é individualmente, y solo los obispos han salido responsables de sus seminarios. Mas y á los obispos ¿quién los garantiza? ¿Quién ha de comprobar los informes que manden al ministerio de la Justicia (si es que los mandan, porque actualmente no se dignan tener correspondencia con el Ministro)? Véase cómo se ha sincerado Mr. Martin (del Norte) de la inobservancia de las leyes al reconvenirle vivamente con cargos no menos graves que fundados. Ha leído una circular que dirigió en 1843 á los Sres. obispos; pero lo que debía haber leído, ó hecho conocer al menos, era la respuesta de estos, porque la prueba del Ministro es precisamente contraria al fin que se propone; pues que si la ley no se había infringido, ¿á qué recordar el respeto que se la debe?

De este modo la educacion pública se confía sin restriccion no solamente al clero, sino á las congregaciones (2); una legislacion débil tiene por instrumento á un Ministro mas débil aun, y lo que no se atrevieron á pedir jamás los jesuitas cuando contaban con las simpatías y el apoyo secreto de la restauracion, lo han alcanzado de un Gobierno que debe su existencia á una insurreccion nacional contra los jesuitas. Con todo, la opinion nacional continúa la misma, y podrá ser que llegue Mr. Villemain á convencerse de ello.

Hé aquí lo que á nuestro parecer se debía haber hecho. La primera cuestion que convenía plantear era la siguiente:

(1) Sesión del 25 de Febrero. «Estos jóvenes no llevan sotana, porque no ha parecido conveniente. Se les ha dado un uniforme que puede considerarse como un traje eclesiástico.» (Risa general.)

(2) «Puesto que naturalmente y en virtud de la carta soy libre y dueño de hacer todo aquello que no ofenda á nadie y que contemple provechoso para mí, ¿quién me quitará que sea jesuita, benedictino, capuchino, trapense ó dominico?» (Carta de Monsenor el Obispo de Chalons, de 28 de Enero.
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grado de doctor en jurisprudencia que marca el artículo 305 del plan de estudios de 1824, hasta la época en que puedan presentarse aspirantes que hayan probado los años noveno y décimo de la carrera. De Real orden lo digo á V. S para su inteligencia y efectos convenientes. Dio guarde á V. S. muchos años. Madrid 22 de Febrero de 1844.=Peñaflorida.=Sr. rector de la universidad de....

Ministerio de la Gobernacion de la Península.=S. M. ha tenido á bien resolver que quede sin efecto el artículo 7.º de los estatutos de los colegios de abogados mandados observar por Real orden de 28 de Mayo de 1858, en cuanto dispone se pidan acordadas de los títulos que presenten los que aspiren á ser inscriptos en ellos; entendiéndose esta disposición para aquellos que los hayan obtenido ó obtengan de este ministerio, y sin perjuicio de que si ocurriese algún caso en que hubiere motivo para dudar de la legitimidad del título, se retenga y consulte sobre lo que diere lugar á la sospecha. Y de Real orden &c. Madrid 4 de Marzo de 1844.=Peñaflorida.
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¿Son las escuelas secundarias eclesiásticas meramente casas de educación? El diccionario de la Academia y la razon natural nos hubieran dado la respuesta. ¿Qué es una escuela secundaria eclesiástica ó seminario? En la apariencia es una escuela especial para los que han de desempeñar después el sacerdocio. ¿Quién ha introducido estos establecimientos? El concordato no los reconoce, ni tampoco el decreto de 17 de Marzo de 1808. La primera vez que se trata de ellos es en el decreto de 9 de Abril de 1809, y más minuciosamente en el de 15 de Noviembre de 1811. Así hablaba el Imperio acerca de los mismos.

«Las escuelas mas especialmente consagradas á la instrucción de los discípulos que se dedican al estado eclesiástico estarán gobernadas por la universidad; ella solo podrá organizarlas, ejercer sobre ellas autoridad, y no podrá darse enseñanza en ninguna sino por medio de los individuos de la universidad, dependientes del rector.

»El consejo de la universidad, á propuesta del rector, redactará los prospectos y reglamentos de estas escuelas.

»En cada departamento no podrá haber mas que una escuela secundaria eclesiástica.

»Todas las escuelas eclesiásticas que no esten situadas en pueblos donde haya algun colegio ó liceo, quedarán cerradas.

»En todos aquellos puntos donde hubiere escuelas eclesiásticas, serán conducidos los discípulos al liceo ó colegio para que asistan en ellos á las clases.

»Los discípulos de las escuelas secundarias eclesiásticas llevarán el traje clerical.»

Dedúcese de esto que el Imperio no se separó jamás del gran principio de unidad consignado en la ley constitutiva de 1806. Mas como es fácil conocer, este régimen no podía convenir á la restauracion, y en 5 de Octubre de 1814 se dió un Real decreto, cuyo artículo 1º dice así:

«Los arzobispos y obispos de nuestro reino podrán tener en cada departamento una escuela secundaria eclesiástica, para las cuales nombrarán los correspondientes superiores y maestros, y en las que recibirán la instrucción literaria los jóvenes destinados á entrar en los seminarios grandes.»

Los artículos 3º, 4º y 5º dispensan á estas escuelas de las obligaciones comunes á los demas establecimientos de ins-
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trucción pública, concediéndoles sin embargo los mismos privilegios.

Tenemos pues aquí dos principios opuestos, el imperial, fundado sobre una ley, y el de la restauración fundado en un decreto. ¿Por qué Mr. Villemain se manifiesta inclinado al segundo, abandonando las tradiciones cuya conservación no cesa de recomendar? ¿Por qué, después de haber modificado, según el espíritu de la Carta, cuanto había de demasiado exclusivo en el sistema de 1811, no pone las escuelas secundarias eclesiásticas al nivel de los establecimientos particulares, de las instituciones de pleno ejercicio? ¿Por qué en fin no defiende los derechos del Estado con el mismo celo que la comisión encargada de examinar el proyecto de ley de 1836? El mismo Sr. Ministro nos refiere lo que aconteció entonces:

«La comisión concluía con un artículo adicional, sometiendo á las disposiciones del título I de la ley, los establecimientos conocidos con el nombre de escuelas secundarias eclesiásticas, es decir, haciendo extensivas á los superiores y maestros de estos establecimientos las condiciones de certificación de grado, diploma de ejercicio, inspección y jurisdicción prescritas respecto á los maestros de pensiones. Esta proposición, sostenida con calor, no se aprobó sin embargo; y entonces conoció la Cámara de Diputados que las escuelas secundarias eclesiásticas debían conservar un derecho especial, que limitaba su acción á la preparación de los discípulos para el seminario grande; pero que los eximia de la retribución, de los grados, de los diplomas de ejercicio y de la inspección universitaria.»

De este hecho no puede deducirse ninguna conclusión general, y si se trata de conservar un derecho del Estado, preciso es apelar de la Cámara de 1836 á la de 1844. A pesar de esto somos de opinión que aleccionado el Sr. Ministro por la experiencia, se ha inclinado á la parte que mas probabilidades tenía de buen resultado. ¿A qué hablar de escuelas secundarias eclesiásticas? ¿Qué significa esta nueva categoría de establecimientos que son á la vez particulares y públicos? Los seminarios pequeños deben ser el plantel de los grandes, y nada mas. Así lo entendió la Cámara de 1836 en la discusión que acabamos de recordar. ¿Cómo ha podido el Sr. Ministro tomar el hecho por el derecho, el abuso por
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el orden? Porque se le antojase á la restauracion convertir los seminarios pequeños en casas de pension, ¿se ve precisado Mr. Villemain á observar igual sistema? Porque los decretos de 1828 establecieran estas casas sobre una base mucho mayor, y sancionaran en cierto modo un estado de cosas, que en principio no trataban de que continuase, ¿hay ya prescripcion contra el derecho? Sí, los seminarios pequeños son casas de pension donde se reciben externos que alternan con los colegios y prosperan á veces á su costa. Por esto los obispos se sobresaltaron con el anuncio de la ley; y temblaron al considerar que se podria hacer entrar en el derecho comun á varios establecimientos de educacion extralegales, ó reformarlos al tenor del objeto á que se los destina.

Para conseguir este último resultado es menester tener presentes los decretos de 1828 en lo que respecta al número de discípulos concedido á los seminarios pequeños. Todo el mundo sabe que el número es de 20,000; y aunque ignoramos si en realidad han llegado ó excedido aquellos á esta suma, se asegura que no eran tantos; y así es evidente que el número es exagerado, pues podian, sin salir de los límites numéricos que les estaban designados, convertirse en pensionistas. Nada seria mas fácil que llegar á un cálculo exacto de los individuos que necesita el sacerdocio. La comision de 1828 estableció que morian anualmente 1,200 sacerdotes; para tener cada año 1,200 ordenandos, basta que haya en los seminarios una poblacion de 12,000 individuos próximamente, concediéndoles ocho ó diez años para todos sus estudios (1).

Entremos ahora en el grande argumento deducido de la separacion de los jóvenes seminaristas que no persisten en su vocacion, y veamos á cuánto número ascienden estos. La comision de 1828, cuya autoridad invocaremos siempre porque en todas sus investigaciones y discusiones llevó por mira la lealtad, calculó en una cuarta parte del número total el de los

(1) La comision de que hablamos averiguó que habia mas de 8,000 plazas vacantes, las cuales era preciso proveer; y esto fue lo que la indujo á aumentar el número de la poblacion de los seminarios pequeños á mas de lo que ordinariamente se necesitaba. Por otra parte 20,000 era un máximo y no un número que debiera precisamente completarse.