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mitad de su importe, en virtud del arreglo que de dicha deuda se hacia.

Este es el origen de los famosos certificados de los cupones ingleses.

Dichos certificados, y conviene mucho la exposición de estos detalles, porque en ellos puede encontrarse alguna dificultad para la resolución futura del negocio; dichos certificados, repito, se cortaron á talón de unos libros impresos con todas las formalidades convenientes, los cuales quedaron depositados en el Banco de Inglaterra. De modo que el día que el Gobierno español se resuelva á hacer justicia á sus acreedores atendiendo á sus protestas, el día que quiera pagar á los tenedores de estos certificados, ó á los que los posean por transmisión legítima, sólo tiene que comprobar el importe de los cupones representados en los talones que existen en el Banco de Lóndres con las carpetas ó recibos de los mismos que se le presentaron para su conversión, y encontrará fácilmente la exactitud de la cifra.

Este arreglo, que pudo haberse hecho muy fácilmente en los años de 1852, 1853 y 1854, época en que tan necesitados andábamos de capitales extranjeros para llevar á efecto nuestras grandes obras públicas, por preocupaciones relativas al crédito público, encontró una oposición muy fuerte, no sólo en el Gobierno español, sino también en el público. Hubo un ministro que trató de hacer justicia, porque vió clara la cuestión, pero inmediatamente se apoderó la oposición del asunto convirtiendo así, en política, una cuestión que era puramente económica, y se mató aquel buen pensamiento, con sólo dar á entender que en él iba envuelto un negocio.

Desde entonces acá, no solamente no ha habido ningún ministro de Hacienda, ni ningún diputado que se haya atrevido á proponer á las Cortes esa reforma, ese acto de justicia, sino que ningún periódico político se ha decidido á iniciarla. Todo el mundo mira esa cuestión como espinosa: todo el mundo teme que se le atribuya un interés bastardo al removerla, y que se crea que se va á hacer con ella millonario. Yo, que no espero de ella trenes ni palacios, y que, por otra parte, cuando defiendo la justicia no tengo miedo á preocupaciones de ningún género, me he decidido á tomar la iniciativa de ella dentro de la Sociedad libre de
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Economía política, y me propongo examinarla con todo determinimiento, atacando en sus fundamentos las equivocadas doctrinas de los que entonces sostenían el arreglo, así como las de los que hoy todavía le defienden.

Recuerdo que entre varias de las preocupaciones y errores con que se pretendió justificar, en aquella época, el despojo que se hacia á los acreedores del Estado, se dijo que las deudas del 4 y 5 por 100 hacía mucho tiempo que se cotizaban á precios muy ínfimos, y que como con el arreglo habían de subir estos precios un 40 ó un 45 por 100, los tenedores de ellas ganarían una cantidad conveniente y no tenían por qué quejarse. Este error era producido porque entonces, desde el ministro de Hacienda hasta el último de los empleados de la dirección de la Deuda, todos profesaban la opinión de que los Gobiernos podían amortizar sus deudas al precio corriente en plaza. Contra esta preocupación, y con motivo del proyecto de la ley que por aquel tiempo se presentó para el arreglo de la Deuda del Tesoro, tuve ocasión de emitir la siguiente opinión en 8 de Febrero del mismo 1834:

«Para atenuar los efectos de esta injusticia (la que resultaba de la clasificación de dicha Deuda del Tesoro en cuatro categorías) el proyecto considera comprendidos en la primera categoría todos los créditos que aunque por su fecha no correspondan á ella, se conserven en manos de los primitivos acreedores y procedan de servicios prestados en virtud de contratos con la Administración, ó cuyos dueños los tengan garantidos con valores recibidos del Estado. De este modo, para paliar una injusticia se comete otra.—El crédito de una nación depende principalmente de que haya compradores que tomen á buenos precios cuantos créditos vendan los primeros acreedores para realizar su capital, ó para proporcionarse grandes utilidades.—Mirada la cuestión bajo este punto de vista, los que exponen su fortuna, comprando efectos de un gobierno insolvente, siquiera sea el precio muy inferior á su valor nominal, hacen un servicio al Estado, puesto que con su dinero sostienen el crédito.—El interés ó rédito de un préstamo depende de las mayores ó menores garantías del que toma prestado y de la confianza que en él tiene el prestamista. Tal hay que prestaria con un 4 por 100 á un banquero acreditado como Rothschild y que no anticiparía
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dinero á menos de un 500 á un jugador de profesion. Pero si se sancionase el principio de que el jugador cuando ganase, sólo deberá pagar una suma igual á la prestada, no habrá quien le proporcione un real. Del mismo modo los títulos de una deuda nacional olvidada y desatendida sólo pueden encontrar compradores en razón de las probabilidades de ganancia que ofrezcan.

Como se admita el principio de que por antiguas ó por haber salido de manos de los primitivos acreedores, el Gobierno las considerará de peor condición que otras para el pago, no habrá quien las compre sino á precio muy bajo. En este punto la conveniencia aconseja que se obre con justicia á fin de conservar el crédito nacional.—Es verdad que los tenedores de ciertos créditos comprados al 10 ó al 15 por 100 de su valor, obtienen ganancias fabulosas el día en que el Gobierno los paga por todo su valor nominal; pero además de que estas ganancias son el premio natural que por por una regla de compensación de riesgo, merece el que expone su dinero con tan pocas probabilidades de fortuna, el Estado inspira una gran confianza obrando de esta suerte...

Y en aquel mismo artículo añadía impugnando la doctrina de los que para atender á unas obligaciones, pretendían que se desatendiera en parte á otras: «El peor mal de un sistema de Hacienda, es la insolvencia. Más vale tomar prestado pagando un crecido interés, que desentenderse de unas obligaciones para acudir á otras. Lo primero es menos oneroso que lo segundo, puesto que sostiene el crédito, principal elemento de vida del Gobierno.»

Estas son las doctrinas con que entonces ataqué aquellos proyectos de arreglo de la Deuda, y estas son, también precisamente, las que me mueven á promover esta cuestión, en el seno de la Sociedad libre de Economía política. Hoy no hago más que abogar por la reparación de una injusticia que antes de que se cometiera impugné con todas mis fuerzas.

No me propongo sin embargo tratar el asunto bajo su principal punto de vista, bajo el punto de la justicia y del derecho, pues en este terreno le han tratado ya en extensos y bien escritos dictámenes los Sres, D. Manuel Cortina, D. Joaquín Fran-
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cisco Pacheco, D. Rafael Monares, D. Cirilo Alvarez, D. José de Olózaga, D. Juan Gonzalez Acebedo, D. Luis Diaz Perez y D. Antonio del Rivero Cidraque.

Estos jurisconsultos, todos hombres notables, todos hombres políticos de primera importancia y de diferentes partidos, convienen unánimemente en la justicia del reconocimiento de los certificados ingleses.

Entre estos dictámenes el del Sr. D. Manuel Cortina, aunque lacónico, es completo y terminante.

Opino, dice, 1.º Que la ley de 19 de Agosto de 1851 desconoció los derechos legítimos de los acreedores á cuyo nombre se consulta, y los lastimó sin título ni razon que legalmente pudiera justificarlo; así opiné también en 1841 al capitalizarse los intereses vencidos de la Deuda exterior é interior hasta fin de 1840, y no pagados, en cuya época, como ministro que era, sostuve (y contribuí á que así se decretase) que no se hiciera rebaja ninguna en su importe, y que se pagase íntegramente en títulos del 3 por 100, á pesar de ser más angustiosa la situación del país que en 1851.

2.º Que los acreedores mencionados han tenido siempre derecho á reclamar lo que se les ha pagado; y que lo conservan á pesar de haber recibido el 50 por 100, mandado reconocer sólo en la citada ley de 1854, por ser esto una consecuencia legítima de la protexa que hicieron y fué presentada y admitida.

3.º Que sin género alguno de duda, la justa solución de este asunto, conciliando hasta donde sea posible y se convenga entre el Gobierno español y los acreedores los intereses del primero con los derechos claros, en mi juicio, de estos, será favorable al crédito del país, abriendole las Bolsas que le están hoy cerradas, á virtud de expresas disposiciones de sus antiguos reglamentos, y obtendrá las considerables ventajas que de esto son consecuencia necesaria en el actual estado de la Europa.

Madrid y Mayo 10 de 1862.—M. Cortina.

Leído este dictámen están leídos todos.

A las razones de derecho expuestas por estos jurisconsultos sólo tengo que añadir una que se les ha olvidado y no sé como.

La cuestión que se ventila en estos dictámenes es acerca del pago de los intereses vencidos de una deuda tan legítima como
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lo era la del 4 y 5 por 100; de una deuda á la cual debemos el tener hoy sistema representativo, de una deuda á la que la monarquía constitucional es deudora de la existencia; de una deuda, en fin, que sostuvo durante la guerra civil de los siete años al Gobierno español: es decir, que es tanto mayor el derecho de los acreedores por los intereses de aquellas deudas, cuanto más contribuyeron con su paciente espera á la conservación de la existencia de su insolvente deudor. Además falta también en aquellos dictámenes otra razón de gran peso. Cuando un deudor justifica que carece de fondos para reintegrar el capital de sus deudas y ofrece garantías de que pagará puntualmente los intereses, no hay tribunal que le compelá á lo que le es imposible realizar. Pero no sucede lo mismo cuando se trata del pago de los réditos ó intereses, porque estos representan los alimentos, la renta del que lo recibe, del que es dueño del capital, y sabido es que tanto los jornales, como los alimentos, como las rentas, en todo concurso de acreedores y por la legislación de todo el mundo, tienen privilegio de prelación.

¿Cómo, pues, pudo desconocer un jurisconsulto tan notable como el Sr. Bravo Murillo que rebajando la mitad de los intereses, la mitad de las rentas del 4 y 5 por 100, atacaba uno de los derechos más fundamentales y una de las deudas más privilegiadas?

Tratada la cuestión en la esfera del derecho, vengamos ahora á la cuestión de conveniencia.

El arreglo de la Deuda del Estado se hizo en Agosto de 1851: en Diciembre del mismo año se formuló la protesta de los acreedores ingleses, y se cerraron, como dejo dicho, las Bolsas de Líondres y Ámsterdam á la cotización de nuevos efectos públicos españoles, así como á la de acciones y obligaciones de las empresas industriales que se crearán en España.

A la sazón nuestro Gobierno había ya concedido á varios capitalistas la construcción de los caminos de hierro del Norte, de Galicia y León, de Extremadura, Andalucía, Cartagena, Alicante y Valencia, Zaragoza, Barcelona, Pamplona y otros varios que en junto median una red proyectada y concedida de unos 10.200 kilómetros, de los que rebajando las condiciones duplicadas para unas mismas ó semejantes líneas, y aumentando los
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desarrollos que algunas de dichas lineas han tenido despues, hecho el cálculo sólo á golpe de vista y por aproximacion, resultaban cuando menos 9.000 kilómetros, que todos, tarde ó temprano, deberán construirse.

En este mismo salon, que pertenece, como sabe la Sociedad, á un club ó casino de los ingenieros civiles, existirán de fijo los datos al por menor de aquellas numerosas concesiones.

El entusiasmo de la nación no podia ser mayor, por la pronta construccion de vías férrreas; todo el mundo comprendia la importancia que tenian para los intereses del pais, para el desarrollo de su industria, para sacarnos de la postracion en que yaciamos, para elevarnos á la categoria que debemos ocupar entre las naciones civilizadas. Todo se reunia, el interés, la gloria y el orgullo nacional, cuya vida parecia toda depender de la rápida construccion de aquellas importantisimas vías. Y ¡sin embargol ¿Cuántas lineas se construyeron?...

A duras penas, y tardando en su construccion hasta el año 1855, en que la locomotora recorrió por primera vez en nuestra Peninsula una línea seguida de 279 kilómetros, sólo pudimos llegar al fin del año referido á la exigua cifra de 493 kilómetros, de los que 78 estaban ya en explotacion en el año del arreglo de la Deuda, en 1851.

Y ¿por qué en cuatro años no se construyeron las demás? ¿Por qué quedaron paralizadas y reducidas á proyecto lineas tan importantes como las del Norte, la de Andalucía, la de Zaragoza y Barcelona y otras muchas? Porque no era posible encontrar capitales fuera de España; y en España no habia quien se interesara en aquellas empresas, ya fuese por pobreza del país ó de los capitalistas, ó ya por inexperience, ó por temor de que el negocio no tuviera completo éxito. El resultado fué que la mayor parte de las lineas concedidas tuvieron que caducar por falta de capitales.

¿Hubiera sucedido lo mismo si en aquella época, el Gobierno, atendiendo las reclamaciones de los tenedores de certificados ingleses de cupones, hubiera reconocido sus derechos, haciendo un acto de justicia que levantara nuestro crédito público, abriéndonos las Bolsas de Londres, Amsterdam y Francfort? No ciertamente; y para decir esto tengo además de las pruebas
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generales, alguna que se apoya en un asunto que me interesa personalmente.

En aquella época, un amigo mío tenía el proyecto de un camino de hierro, cuyos planos existen en el ministerio de Fomento; su objeto era explorar una gran cuenca carbonífera. Para esto, y para hacer el camino, se necesitaba un número de millones que no llegaba á 300, pero que era una cantidad, sin embargo, muy respetable, tratándose de una cuestión oscura, de la que era preciso hacer grandes investigaciones, para saber si la cuenca era tan abundante en carbones como se suponía, y el mineral tan rico como se pensaba. Mi amigo, no obstante, encontró en Inglaterra la promesa del capital necesario, hecha por hombres que podían figurar entre los mejores constructores de caminos del mundo. Pues bien, estos señores tantearon la Bolsa, el mercado de Londres, á fin de saber si podían colocar los valores que habían de emitir, y el resultado fué que aquel camino de hierro no se pudo realizar. Y lo mismo, señores, que sucedió con aquel camino, para el que se hubiera encontrado dinero si hubiéramos tenido abierta la indicada Bolsa de Londres, lo hubiéramos encontrado también para el del Norte, el de Andalucía, el de Portugal, el de Galicia, y para todas las grandes líneas que han de vivificar y dar impulso á la riqueza del país.

Sin temor de exagerar, se puede calcular muy bien que los 3.300 kilómetros que hoy tendremos aproximadamente, calculando que á los 2.728 explotados, en fin del año pasado, se pueden añadir otro 600 que se explotan ya en la actualidad, se pudieron haber hecho durante los años del 51 al 54 ó 55, ó cuando más, hasta el 56, si se quiere alargar el plazo por la dificultad de ciertas vías. Y si desde el año 56 aquí hubiéramos tenido en explotación esos 3.300 kilómetros de caminos de hierro, aunque no contemos más que á 75.000 rs. (1) de ingreso por kilómetro, y deduciendo los 500 kilómetros que había en explotación á fin de 1855, resultará que dichos 75.000 rs., multiplicados por 2.800 kilómetros, arrojan un producto anual de 240 millones,

(1) Los 2.728 kilómetros de una sola vía explotados en el año último, 1862, han dado un producto por kilómetro de 76.935 rs. vn., mientras que los caminos franceses de la red antigua han rendido 202.076.
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los cuales en ocho años que han transcurrido habrian dado la suma de 9,680 millones. Y si además calculamos en otros 75,000 reales anuales, nada más, el aumento de la produccion en todas las zonas que aquellos caminos hubieran beneficiado, los beneficios de haber anticipado por medio de afianzamiento del crédito la construcción de esos ferro-carriles, se elevarian á la enorme suma de 3,360 millones.

Y ¡qué vergüenza, señores! si reflexionamos en seguida que en aquella época, la deuda del 3 por 100 de todas las naciones de Europa y aun de gran parte de las Hispano-americanas, como el Perú y Chile estaba más alta que la nuestra. Mientras allí el 3 por 100 estaba de 70 á 74, el nuestro consolidado no pasaba de 30 ó de 32, de forma que, si tomamos en cuenta que cuando menos se podia haber puesto por esa época del año 56 á nivel con la cotización media de esas naciones, ó sea al precio de 70 por 100 ¿hubiera llegado el caso de tener que hacer una operación tan ruinosa como el empréstito Mirés, en el cual, por 266 millones recibidos, tuvimos que dar 700 y tantos en títulos del 3 por 100 consolidado, en términos que la operación salió al 35 y 1/2, cuando la cotización de la Bolsa en aquella época estaba á 39 y pico? Pues señores, una diferencia de 35 en el precio de la Deuda, ó sea la mitad, equivale á haber tenido que dar doble capital, y haber tenido que recargar inútilmente á la nación en la época en que se hizo, y por sólo el concepto de ese empréstito Mirés con 300 y tantos millones de capital en deuda consolidada del 3. Medítese en seguida lo que han costado desde entonces los intereses de nuestra Deuda flotante, y que si hoy esos intereses son á tipos relativamente bajos, yo he conocido un período, desde 54 á 56, aunque en este último año no tanto, en que valía el interés de la referida Deuda flotante en muchas negociaciones al 18 por 100 al año. ¿Y podía haber sucedido eso cuando nuestra Deuda consolidada no hubiera representado más que un interés de 4 y 1/2 ó 5 ó quizá solamente un 4. ¿Podía nuestra nación haber llegado á gravarse con el considerable número de millones que ha exigido el mantenimiento de esa Deuda flotante y la necesidad de cubrir el déficit de los presupuestos durante ese tiempo? No señores, estos resultados económicos, son hijos del descrédito producido por un arreglo hecho con tan
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ríodo dado, de aquí que entre el tiempo y ella se obtenga un cálculo racional y prudente para calcular el tanto que en justicia á cada uno de los asociados corresponde pagar.

El tiempo es tambien un poderoso auxiliar, puesto que el interés compuesto contribuye á disminuir con lo que este produce el tanto que ha de satisfacer el asociado.

Formada la asociacion con estas bases, hechos los cálculos y establecido el juego al seguro, todos los asociados saben:

1.º Que tienen seguridad de obtener un premio proporcionado á lo que aventuran.

2.º Que no pierden absolutamente nada de lo que entregan, por lo que á título de prima les cobre el banquero.

3.º Que no influirán en la importancia del premio la ley absurda del azar, sino la de la honradez y el trabajo, puesto que sólo el que sea más apto economizará más y jugará más.

En este juego, pues, el reintegro es seguro, por una ley natural, la muerte y el tiempo, auxiliado este, aquel por el interés compuesto.

¿Pero sucede así con la lotería?

En la asociacion que hemos supuesto, nadie puede morirse dos veces; aquí un mismo individuo puede ser siempre el único premiado. ¿En qué consiste esto?

En que como juego de azar, el segundo no está sujeto á reglas normales, sino á merced de una deidad que los gentiles pintaron ciega para demostrar que reparte sus favores inmerecida y caprichosamente.

Así es que el gobierno prohibe los juegos de azar, no fundándose en el derecho, sino en la conveniencia.

¿Y tiene mayores garantias para el jugador en general
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malas condiciones como el de la Deuda del año de 51, y faltando á la justicia y el derecho de los acreedores del Estado.

Las pérdidas han sido inmensas, las pérdidas lo continúan siendo hoy; han venido, es verdad, algunos capitales extranjeros, y gracias á ellos tenemos el camino del Norte y otros; pero han venido pura y simplemente capitales franceses, y como no han tenido la competencia de los ingleses, han venido con exigencias extraordinarias, y han traído graves inconvenientes y los traerán todavía mayores. Ha venido precisamente el capital de la nación que en mi opinión administra los caminos de hierro, con el sistema más costoso y complicado, y cuando nosotros nos quejamos diariamente de la explotación de nuestros caminos no advertimos que esa explotación no es más que una copia exacta del sistema administrativo francés.

Pero dejando esto aparte, es lo cierto que la competencia de los capitales entre sí hubiera dado el resultado de haberlos obtenido más baratos y con mejores condiciones, y de la lucha de la competencia entre los dos sistemas de explotación, el francés, que yo creo lleno de inconvenientes, y el inglés que juzgo muy bueno, aunque uno y otro tengan sus defectos, habría salido el perfeccionamiento de ambos, pues los franceses hubieran tomado quizás algo de los ingleses y vice-versa.

Pero los perjuicios no han parado aquí, hoy continúan, hoy tenemos más necesidad que nunca de grandes capitales. Precisamente en estos últimos días se han presentado á las Cortes peticiones ó proposiciones de caminos de hierro en un número extraordinario; lo menos han sido 10 ó 12 las líneas pedidas, y de ellas solamente recuerdo dos sin subvención, todas las demás se han pedido con enormes subvenciones, que en la mayoría de los casos equivalen á una mitad y á veces á las tres cuartas partes cuando menos del capital necesario para llevar á cabo el camino. Ahora bien, si pudiera venir aquí el capital inglés ¿se recargaría de esta manera nuestra Deuda pública con ochocientos ó mil millones que será el importe de esas subvenciones? De seguro que no, pues en la mayoría de los casos la subvención desaparecería, ó cuando no, quedaría reducida á la más mínima expresión, y no ascendería como ahora á la mitad ó á las tres cuartas partes del capital necesario para construir el camino. De