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Gaceta economista (Revista mensual) (1863-06-01 00:00:00), página 49

sima Recopilacion nos revelan las medidas que se tomaban para aislar á los contrabandistas y defraudadores que se encontraban en todas las clases del Estado, así entre los eclesiásticos, como entre los oficiales generales de mar y tierra, y entre los municipios y corporaciones legales, y una ley se hizo expresamente en 1780 para prohibir que pudiesen tener oficios de república los que se ocupaban en el contrabando (1). Pero este resultado, señores, era y es muy natural, porque como dijo muy oportunamente el Sr. Silvela, las leyes económicas que no son otra cosa que la realización de los principios naturales del cambio, no pueden dejar de cumplirse en la sociedad, por más que otras leyes inventadas por los hombres para contrariarlas, formen circulos estrechos y reducidos, anzuelos de multas y de sanciones penales, que vienen á estrellarse contra el interés particular que naturalmente aquellas despiertan. Ya en otras noches, oradores más elocuentes y entendidos han probado hasta la evidencia la absurdidad del principio restrictivo en las operaciones económicas del cambio por medio del comercio; y yo abusaría de vosotros si repitiera aquellas razones; pero dándolas aquí por reproducidas, permitidme que os demuestre, como consecuencia inmediata, la absurdidad y contradicción en la calificación de delitos á los actos que constituyen la defraudación y el contrabando.

Todos vosotros sabéis que, según los más afamados autores de derecho criminal, siguiendo al célebre Montesquieu, se conocen como únicas fuentes de los delitos cuatro porque vienen á herir á la sociedad en sus cuatro principios fundamentales; y son los delitos contra la religión: contra las buenas costumbres: contra la tranquilidad pública; y contra la seguridad de los ciudadanos; y como la transgresión u ofensa á cualquiera de estos principios debe conmover á la sociedad, de aquí la necesidad de establecer penas á cuyo recuerdo el transgresor se retire de su acción criminal, ó bien le sirvan de correctivo por el daño causado; derivándose de aquella necesidad el derecho de castigar. Toda pena establecida sin esta necesidad se convierte en tiranía según los principios asentados por el autor del libro de los delitos y de las penas; y por lo tanto necesario es ver si los delitos de

(1) Ley XII, tit. V, lib. VII de la Nov. Recop.
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considerarla en tan poco, abandonándola á sus propias fuerzas, que la hacen atravesar una vida tan llena de privaciones y miseria, que sus consecuencias, no sólo son funestas para ella, sino tambien para la misma sociedad.

Quisiéramos expresarnos en lenguaje fácil y comprensible, para que todas las clases y principalmente la jornalera, conocieran la situacion porque está pasando la mujer, y comprendieran que su miseria y su ignorancia es origen de la que sufrimos, y su vida toda objeto constante que acusa la poquedad y afliccion de nuestro corazon, cuya debilidad acrecentará el perjuicio general: y este resultado debe imponernos la obligacion, por interes propio, de mirar algo por ella, de respetarla y amarla, sino como mujer, al menos como madre.

Al comprender la verdadera situacion de la clase jornalera, nuestro espíritu, al mismo tiempo que desfallece, se llena de justa indignacion, al conocer con cuánta facilidad y á qué poca costa podría mejorarse. Si al presente la miseria hace desgraciado al jornalero, el porvenir que descubre le abate mucho más. Los hijos, prendas queridas del corazon, amargan su existencia, pues deseando instruirlos y alimentarlos cual debiera, al impedírselo su escasez le obliga á que en un taller ó por otro medio, le proporcionen un recurso ó ayuda para la familia. La mujer, careciendo igualmente de recursos y de instrucción, no siendo tan previsora, y viendo que su trabajo no la produce lo suficiente para satisfacer las necesidades que la vida y la sociedad la exigen, expuesta á mil asechanzas, no siempre triunfa en las luchas que sostiene con su deber y su conciencia. Pero las que venciendo ostentan con orgullo su virtud y su honradez y llegan á obtener el nombre de esposa y más tarde el de madre, tienen que seguir com-
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defraudacion y contrabando pueden material y moralmente ser comprendidos en cualquiera de aquellos cuatro principios filosóficos, para que entren en la categoria de penas legales, ya que para ellos se han establecido, ó para demostrar que sólo son sanciones tiránicas de los gobiernos.

Creo que todos convendreis en que los delitos contra la Hacienda no pueden comprenderse ni en la categoria de religiosos, ni en la de las buenas costumbres, ni en la de seguridad individual, y que sólo quedará como problemática la de la tranquilidad pública. Para mí tampoco pueden comprenderse en esta categoria ó base fundamental, porque de que el fisco se vea privado de una parte de sus derechos, ó que no venda bastante tabaco ó sal porque el contrabandista introduzca estos efectos y le distraiga el consumo, ó porque una industria se perjudique no pudiendo vender sus malos productos por la introduccion de los similares fabricados en el extranjero, no puede deducirse que la tranquilidad pública se vea ofendida, ni que nadie se sienta alarmado. Pues bien: no pudiéndose comprender tampoco en este principio, los hallo fuera de toda razon legal y filosófica para ser llamados delitos. Yo conozco que hay una razon justísima para castigar al que perturba la sociedad, al que con su mal proceder pone en alarma y conmocion á los ciudadanos, y que la pena debe estar en relacion exacta con el daño que haya hecho á la sociedad (4); pero cuando del hecho ejecutado no se descubre este daño, no alcanzo que haya razon y derecho para convertirlo en delito y acordarle una pena. Y que este daño á la sociedad no resulta del contrabando ni de la defraudacion, se prueba con sólo examinar estos actos. Puede cometerse el delito de contrabando, como antes he apuntado, bien introduciendo en el país géneros que se tienen por estancados y cuya fabricacion y venta se ha reservado el Estado, ó bien trayendo géneros extranjeros prohibidos á su introduccion para proteger la produccion similar que se fabrica en el Reino. La experiencia nos enseña que los géneros estancados, y los protegidos con prohibiciones, siempre son caros y malos, y hay un interés natural en los asociados para proporcionárselos mejores y más baratos. Este interés no sólo es natural sino general en todas las sociedades,

(4) Beccaria, De los delitos y de las penas.
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pues no sabemos que haya leyes ni preceptos naturales y filosóficos que obliguen al hombre á no proporcionarse el mayor bien posible, con el menor esfuerzo; y cuando el contrabando le ofrece la realización de este bien, porque le proporciona mejores productos y á más bajo precio, en vez de atacar al interés general social, y de causar daño á la sociedad, le presta un favor y le hace un bien; y si esto es así, mal puede llamarse delito el acto que ni causa daño ni trae perturbacion á la sociedad.

No desconozco, señores, que con este acto se comete una ofensa á la moral pública que consiste en el respeto y acatamiento á la ley, y que mientras haya una que defina el contrabando, la moral exige su cumplimiento; pero, señores, cuando en la ley se ha faltado al principio filosófico en que debe fundarse toda pena y calificación de delito, lleva consigo la inmoralidad, y se convierte en tiranía: de aquí es que las sociedades, con el buen sentido que les sirve de guía, prescinden de la moralidad para calificar al delito y al delincuente, y cubren con su indiferencia, sino algunas veces con su aplauso, al transgresor de la ley que no se apoya en el principio moral y filosófico de la delincuencia de las acciones humanas. La conciencia se rebela contra los delitos llamados políticos, que van si se quiere directamente guiados á atacar la tranquilidad pública; y por más sanciones penales que las leyes les han impuesto, la sociedad no considera nunca como delincuente, sino como mártir, al que tiene la desgracia de sufrir el rigor de sus penas; porque falta el principio moral, el daño hecho á la sociedad; y lo mismo casi sucede con los delitos de contrabando. Nadie se oculta para decir que es ó ha sido contrabandista, por el contrario se vanagloria de haberlo sido y la sociedad aplaude muchas veces la astucia que ha puesto en juego para burlar la vigilancia del fisco: y nadie rechaza de la sociedad al que ha sido penado por contrabandista, como se hace en general con el hombre que ha merecido castigo por un delito comun, comprendido en aquellos cuatro principios ó fuentes que antes enumeré.

Si esto sucede con el contrabando, que puede originar perjuicio á algún ciudadano, ó á alguna clase entera de ciudadanos, mucho mejor puede hablarse de la defraudación, que sólo causa ofensa al fisco en cuanto le priva de la percepción de ciertos de-
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rechos. Bien sabeis, señores, cuán propensos y aficionados somos todos á la defraudacion, cuánto gozamos cuando hemos podido realizarla; y si esto sentimos todos, y nuestras conciencias se hallan muy tranquilas, y no se rebelan, como lo harian si hubiésemos causado daño á nuestros semejantes; podremos decir muy alto que no hay sancion penal filosófica para semejante accion; que la ley que la establece es tiránica, porque no reconoce por base la necesidad en que se funda el derecho de castigar, y que no puede ser de fácil cumplimiento, por cuanto va contra el orden natural. Con sola esta demostracion, señores, podria dar por probada la calificacion de absurda que antes hice á la legislacion penal de Hacienda; pero me resta juzgarla bajo el aspecto económico, para lo cual creo que me bastarán pocas palabras.

Considerando el cambio económicamente, no es otra cosa que la libertad, ó sea la aptitud en todo hombre para adquirir todo aquello que crea conveniente, ofreciendo á su vez lo que legítimamente posee: el ejercicio de esta libertad constituye el derecho; y la práctica de la libertad y del derecho nos ofrece la verdad en economía. Por eso el dignísimo presidente de nuestra Asociacion dijo en la primera noche de estas conferencias, y luego lo repitió otro ilustre orador, que el libre-cambio era la verdad; que la verdad era el derecho, y el derecho la libertad; y yo acogiendo esta demostracion, sostengo que lo que se opone á la verdad es el absurdo, al derecho y á la libertad es la tirania, y como la legislacion penal de Hacienda se opone á la verdad, al derecho y á la libertad, concluyo diciendo que es absurda y es tiránica.

A pesar de esta tiranía y de esta falta del modo de ser racional de la materia del fuero de Hacienda, es un hecho que se organizó la jurisdiccion especial de una manera formidable, porque amagaba continuamente á todas las demás jurisdicciones, y se organizó no sólo para la represion de los delitos en cuyo castigo tenia interés el fisco, sino que tambien llamó á sí todas las cuestiones civiles en que el fisco podia estar interesado, aunque por su naturaleza especial se siguieran ante otros tribunales; y de aquí el que haya sido muy frecuente la competencia promovida por las subdelegaciones de rentas, en testamentarias, concursos de acreedores y quiebras mercantiles, sólo porque los testadores
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ó los deudores, ó habían sido arrendadores de derechos del Tesoro, ó fiadores de ellos, ó se hallaban debiendo contribuciones.

En la época del Consejo Supremo de Hacienda, podremos decir con alguna seguridad que se trataban con más detenimiento los asuntos judiciales en que se rozaba el interés del fisco, si bien no había leyes ni disposiciones terminantes que formaran un cuerpo general de doctrina: la base principal de la competencia y de la justicia en los fallos y procedimientos, era la creencia que dominaba en todos los hombres de Estado, de que los intereses del fisco eran sagrados, y sobrepujaban á los de todas las demás clases, debiéndosele conceder por lo tanto el especialísimo privilegio de la restitucion in integrum, como se había concedido á los menores; privilegio, señores, que á pesar de ser contrario á los principios filosóficos que lo fundaron, se ha conservado hasta hace muy poco tiempo en la práctica, y se sostiene todavía como teoría por algunos de los que pertenecen á la escuela anti-económica, que desgraciadamente desconoce el caso práctico y el hecho innegable de que el Estado ó el fisco, no se halle desamparado como el menor, que falto de curador ó por negligencia ó poca inteligencia de este puede verse perjudicado. Por el contrario aquel tiene continuamente tutores y guardadores entendidos y escogidos entre los hombres de ciencia y conciencia (al menos así debe juzgarse filosóficamente de los ministros y altos empleados), y cuando á ellos está encomendada la gestion de sus negocios, no puede admitirse la duda en la legitimidad y en las consecuencias legales de esta gestion con respecto á terceros interesados; sino sólo reservar al fisco la accion ordinaria para exigir de sus administradores la responsabilidad de los perjuicios que por su culpa puedan habersele irrogado.

Cuando el fuero de Hacienda tuvo por tribunales especiales á las subdelegaciones de Rentas, y á la Superintendencia general como tribunal supremo, también podremos asegurar que se rompió en algún tanto aquella consideracion que se guardaba con el Supremo Consejo de Hacienda. Dueña del terreno la nueva jurisdicción especial, con facultad de conocer de los juicios civiles y de las causas criminales que hasta entonces habían fallado los alcaldes y justicias del reino, se presentó invasora y á la sombra de la legislacion mal definida que existia, formó sus pro-
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cedimientos y su jurisprudencia de una manera tan informe, que los Consejos de Castilla y de Estado, acudieron más de una vez á la Corona pidiéndole que refrenara los desmanes de la jurisdiccion privilegiada, que ni respetaba á extranjeros, ni á eclesiásticos constituidos en dignidad, ni á militares de elevada clase, en el momento en que se les suponía conniventes en un delito de contrabando ó defraudacion; y así continuó desde 1687 hasta 1830 en que el ministro de Hacienda D. Luis Lopez Balles-teros dió la ley de 3 de Mayo dirigida á cortar los abusos que se habian introducido, y á organizar las disposiciones penales, al mismo tiempo que el procedimiento.

Dividió esta ley los delitos contra el fisco en dos clases: contrabando y defraudacion, subdividiendo aquel en contrabando de primero y de segundo orden. Correspondian al contrabando de primer orden las introducciones fraudulentas de géneros estancados, como lo eran el tabaco, sal, azufre, pólvora, y azogue, y la elaboracion, siembra y tráfico de estos articulos; y al de segundo orden la introduccion de géneros prohibidos, que se llamaban de ilícito comercio; su tráfico y detencion; y la exportacion del Reino de aquellos que se comprendian en las mismas prohibiciones de exportacion, y su circulacion en la zona de cuatro leguas de las costas y fronteras. Para toda esta clase de delitos, la pena comun y más principal era el comiso del gé-nero apprehendido ó su valor si podia averiguarirse cuando no se habia logrado la apprehension real, con los bagajes, carruajes y buques en que se conducia, el de las herramientas, útiles y de-más efectos necesarios para su elaboracion; las yuntas y aperos que sirvieran para la labranza de los terrenos en que se sembra-ra tabaco; el mismo suelo en que se sembraba si era del delin- cuente ó lo habia arrendado con tal propósito: y lo que es más la pérdida de todos los géneros permitidos al comercio que vi-nieran mezclados en baul, maleta ó otro trasporte con los de contrabando ó de ilícito comercio; y además de esta pena comun se aplicaba la de presidio desde uno á diez años, por el contrabando de primer grado; y por el de segundo las multas del duplo, quintuplo y décuplo del valor del género apprehendido, y en caso de reincidencia la de presidio correccional ó como antes se decia de Obras públicas.
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Sin grande esfuerzo por mi parte, conocereis que semejante legislacion tan tirante y cruel llevaba en sí misma el germen de su imposibilidad. Se habia llevado tan adelante la fiscalización y el castigo en materia de contrabando de tabaco, que se condenaba la aprehension hasta de una onza de este artículo; y bastaba encontrar media libra de cigarros en el baul de un viajero, que venia destinada para su propio uso, para que perdiera todo lo que en el baul conducia, y se le condenara á seis meses de prision, aumentándose otros seis meses por cada libra, hasta el punto de que por un cuarto de arroba se elevaba á cuatro años de presidio; reputándose desde luego á la persona, traficante en contrabando, por sólo la aprehension real del género estancado.

Si el que llevaba sobre si una onza de tabaco era persona con domicilio fijo y de buena moralidad, la ley sólo le condenaba al comiso del género y á una multa del quintuplo de su valor, pero si no tenia domicilio fijo, ó aun cuando lo tuviera, su ocupacion no se reputaba por honesta ó habia sospechas de ser vago, la onza de tabaco lo conducia á un año de presidio correccional que podia ser de cuatro si de una onza se llegaba á una libra. Todas estas penas, así en los delitos de primero como de segundo orden, eran independientes de las que se debian imponer por los delitos que hoy se dicen conexos, como son: resistencia á la autoridad ó fuerza armada, usar de armas prohibidas, y demás que pudieran cometerse con ocasion del contrabando, y por esta razon habia muchos casos en que se imponia la pena de muerte, como ya antes he dicho.

Con semejante legislacion, en los años de 1830 al 36 las cárceles se llenaron de contrabandistas, y fué tal el número de causas promovidas por las subdelegaciones, y tantas y de tan gran tamaño las vejaciones que se causaron á embajadores, ministros, capitanes generales y hombres importantes, al registrar sus equipajes en las aduanas y fronteras, que asustada la Superintendencia general de Hacienda, nombró una comision de visita que fuera modificando los fallos pronunciados por las Subdelegaciones de Rentas, y se dio una circular á estos tribunales para que las disposiciones de la comision de visita se tuvieran como modificaciones de la ley, y que se procurara guar-
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dar toda la lenidad posible al aplicar sus disposiciones. Como deja conocerse, esto fué desvirtuar la ley y dejar en mano de los intendententes de las provincias no sólo la suerte de la Hacienda, hablando en sentido puramente fiscal, y en lenguaje proteccionista, sino lo que es más, la suerte de los que cometían el delito de contrabando, porque aquellos podían aumentar ó rebajar la pena á su antojo dado que ya no había regla fija que aplicar. Aquella disposición del gobierno vino á confirmar el principio antes asentado de que no pueden contrariarse las leyes naturales del cambio, por mucha que sea la tiranía de la legislación prohibicionista y proteccionista; y la conducta del gobierno por entonces que se apresuraba á indultar á los cabecillas contrabandistas, por la promesa de convertirse en delatores de sus propios compañeros, vino completamente á relajar los principios de la ley, que fué verdaderamente letra muerta desde 1836 hasta 1852 en que se reformó. Vosotros todos recordareis que era tal el hábito del contrabando en España en aquellos años, que habiéndose extendido bastante el uso del tabaco, casi nadie lo consumía del estanco; y nadie se guardaba de decir que lo fumaba de contrabando; también recordareis que los géneros de algodón y de lana que estaban enteramente prohibidos se habían generalizado tanto, que había pueblos, como sucedía en todos los de las inmediaciones de las costas y fronteras, cuyos habitantes no ostentaban otras ropas que las de géneros prohibidos, y hasta los mismos ministros y legisladores no se podían ver libres de llevar ellos y sus familias, ó paños de contrabando, ó camisas y otras prendas de algodón prohibido. La ineficacia pues de la ley era tal que en todas partes se encontraba el contrabando, por mucho que se aumentaba el resguardo que debía perseguirlo; y la consecuencia de aquella ineficacia, ocasionada por la necesidad del consumo, era la inmoralidad del cohecho llevada á todas las esferas de los empleados de Hacienda y aun también á los del ramo de guerra, declarados auxiliares para la persecución del contrabando. Y demostrada de un modo tan eficaz la impotencia de las leyes restrictivas, el gobierno desde 1844, se decidió á entrar en la única vía posible y racional de extinguir el contrabando, que es abaratando y mejorando la mercancía, y ofreciéndola en buenas condiciones de cambio al mercado público.
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Considerándose el Estado como fabricante y comerciante único de los efectos estancados, se decidió á destruir la competencia del contrabando, mejorando las clases que expendia y abaratando su precio, y en efecto logró su deseo al poco tiempo en mucha parte; demostrándose con esto la inflexible verdad de la ley económica de la oferta y la demanda. Se introdujeron á bajo precio los tabacos picados en 1842 y 43, y á poco el consumo de tabaco ordinario que buscaba el precio de diez y doce reales libra, se trasladó de las casas y almacenes de los contrabandistas á los estancos del gobierno; y á los pocos años era tan difícil encontrar cigarros de á cuarto llamados de palanca en el contrabando, como era fácil hallarlos de los más subidos precios ó digase de regalia. Con la introducción de los picados disminuyó en gran manera el contrabando de tabaco elaborado, y los productos de esta renta subieron considerablemente, y creo que subirían mucho más y que el contrabando se extinguiría de todo punto si el gobierno mejorase las clases superiores y abaratase los precios, hoy que tan común es ver fumando un cigarro puro á jóvenes que en otro tiempo se hubieran avergonzado de fumarlo de papelillo.

El mismo sistema dominó en la ley de aranceles de 1849, que como sabéis, modificó extraordinariamente el sistema anterior y admitió por primera vez á comercio los algodones. Derechos muy altos se fijaron á estos, pero como representaban algo menos que el valor de la prima del contrabando y la ganancia del contrabandista, desapareció el interés del tráfico ilícito, porque sabido es que, aunque tales medios se empleen, han de realizarse en la operación las condiciones económicas del cambio. En cuanto hay posibilidad de presentar al mercado, con completa seguridad, el género en condiciones ventajosas, desaparece el interés del contrabando ó de la defraudación; y por esta causa la legislación de 1849 atacó el tráfico ilícito en gran parte, y se disminuyó considerablemente el contrabando que antes se hacía.

Con el mismo rigor que se juzgaba por las subdelegaciones á los contrabandistas de tabaco y de algodones, se castigaba á los que hacían el tráfico llamado ilícito de la sal; y si yo estuviera llamado en esta noche á hablar contra las rentas estancadas, podría probar con datos bastante curiosos, lo absurdo del estanco de esta renta, y los infinitos males que ha causado y está cau-