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bajo el nombre vulgar de derechos de puertas, se encuentra una completa analogía con las de aduanas; pero si bien ambas rentas son de índole distinta, en la forma de su exacción son muy parecidas, y los derechos de los introductores son de una misma naturaleza; así, pues, en ambas militan las mismas razones y se guardan casi las mismas solemnidades en la decisión de ellas por la vía administrativa.

En los derechos de consumos de los demás pueblos que no son capitales de provincia, se ofrecen ya cuestiones más diversas, de más dudosa resolución, de menos importancia por el momento para el Tesoro y de más concisión en cuanto á los derechos de los particulares ofendidos. Los consumos pueden estar á cargo de la Administración directamente, pueden estar arrendados por ella misma y pueden estar concertados con los pueblos y sus Ayuntamientos, que á su vez arriendan, ó administren, ó reparten. Las cuestiones que se promueven sobre el pago de los derechos al tiempo de presentar los artículos de consumos en los fielatos, las de imposición de las penas por defraudación ó alteración, las que pueden ocurrir con los dueños de fábricas y con los de los depósitos, las que originen las visitas, mensuras de vasijas y aforos en los mismos depósitos y en los puestos de venta, y otras mil que se deducen de la complicada marcha en la recaudación de estos derechos, son todas cuestiones de derecho apoyadas en las disposiciones de la Ley ó Instrucción que regula la contribución, y definidas completamente por los hechos de la parte que se cree ofendida. Son pues cuestiones de variada resolución, porque no están como las de aduanas sujetas á una declaración previa, justificada por los certificados de los cónsules y por otros documentos anterio-
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res al acto de la defraudación ó de la mala interpretación de las partidas arancelarias. No son tampoco enteramente semejantes á las de adeudo de los derechos de puertas, y por lo mismo no afectan tan directamente á los intereses del Tesoro, retardando ó haciendo tal vez imposible la recaudación de la contribución.

Casi todas las cuestiones de consumos tienen asegurado el pago de los derechos, bien por la responsabilidad de los sujetos que las sostienen, establecidos en los pueblos y afincados en los mismos, bien porque al hacer las reclamaciones han de entregar previamente el importe de aquellos, ó han de afianzar á satisfacción de la Administración. Si las cuestiones se promueven en pueblos administrados ó arrendados por la Hacienda, esta tiene un interés directo en la percepción de los derechos, y en la aseguración de ellos no se le origina perjuicio; pero si ocurren en pueblos concertados ó encabezados, el resultado de la cuestión no puede afectar en lo más mínimo al Tesoro, puesto que el pago del concierto ha de realizarse de cualquiera manera.

Hemos anticipado estas consideraciones, para probar á priori que la admisión de la vía contenciosa ante el Consejo de Estado en primera y única instancia, no puede paralizar y perjudicar la acción administrativa, que debe ser rápida y desembarazada para la recaudación de las contribuciones indirectas, que se apoyan en objetos perecederos y de fácil y necesario consumo, en contraposición de las contribuciones directas que reconocen por base la fijza y la difícil ocultación de los objetos sobre que se imponen. Si no hubieramos demostrado primeramente que las cuestiones que pueden dar lugar á la vía contenciosa en las contribuciones indirectas, no son de tal naturaleza que perjudiquen á la acción libre de la gestión administra-
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tiva, y que no pueden entorpecer la recaudacion de los derechos, hubieramos caído en contradiccion, porque en otros artículos hemos sostenido que la Administracion activa no debe encontrar embarazo en la vía contenciosa, y que esta sólo se ha instituido en favor de los derechos de los particulares, sin perjudicar la accion de la Administracion. Bajo este supuesto, vamos á examinar la legislacion actual en lo tocante á las rentas de aduanas y consumos, y nos proponemos demostrar que con arreglo á ella, y á la general que rige á todos los ramos de nuestra Hacienda, la vía contenciosa ante el Consejo de Estado es procedente, y que interesa tal vez más á la Administracion que á los particulares el introducirla.

La legislacion de aduanas, según se halla en las Ordenanzas de 3 de Octubre de 1857, tiene establecidos sus procedimientos administrativos para todos los casos en que pueden ocurrir: ó alteraciones en los manifiestos de los capitanes ó consignatarios de buques y sus cargamentos, ó diferencias halladas al tiempo del reconocimiento y aforo de los géneros, ocultaciones de géneros prohibidos ó permitidos, y otras que puedan ocurrir, bien por deseo de defraudar, bien por mala inteligencia de los aranceles, pero descubiertas en los fielatos, aduanas y puntos de reconocimiento; así como también lo tiene para los delitos de contrabando y defraudacion que se cometan fuera de estos puntos de reconocimiento. En los primeros está previsto que todo se haga con audiencia de los interesados, y que si no se conforman con la resolucion de los administradores de aduanas, y los derechos exceden de 200 rs., se consulten los expedientes con la Direccion del ramo, de cuya resolucion pueden los interesados apelar en el término de doce días al Ministerio de Hacienda, suspendiendo-
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se todo procedimiento hasta que recaiga la resolución oportuna (1). Ninguna otra prevención se hace respecto á estas apelaciones, que entran por lo tanto en la categoría de actos puramente administrativos, semejantes en un todo á las reales órdenes que resuelven un punto cualquiera sujeto á la legislación general.

Estas mismas ordenanzas reglan el procedimiento administrativo-judicial, que sólo tiene lugar en el caso de aprehensión de géneros de contrabando ó defraudación verificada fuera de las aduanas y puntos de confrontación y reconocimiento, ó en ellos durante la noche; y este procedimiento se ajusta á lo dispuesto en el real decreto de 20 de Junio de 1852, que es la verdadera ley penal en los fraudes á la Hacienda; en lo cual se guarda completa consecuencia, porque constituyendo un delito el contrabando ó la defraudación acompañada de circunstancias agravantes, necesario es distinguirlo de la omisión que da lugar al procedimiento administrativo de las aduanas. En el administrativo-judicial no se da conocimiento al dueño del género aprehendido para que se defienda del delito perpetrado, sino que se le trata desde luego como reo; y de las decisiones de la Junta y autoridades administrativas no se admite más apelación gubernativa que la de la declaración del cómiso de los géneros aprehendidos, bagajes, carros ó embarcaciones en que se conducía; y al establecer esta apelación, desde luego se declara que será firme la resolución que el Gobierno dicte sobre ella (2). La exculpación de los reos en cuanto á las circunstancias de la aprehensión, intención que tuvieran de defraudar, etc., se

(1) Artículos 477 y 484 de las Ordenanzas.
(2) Artículo 496 de las Ordenanzas y 59 del Real decreto de 20 de Junio de 1852.
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hace ante el juzgado especial de Hacienda, que entiende del delito y de su castigo, y por lo tanto hay una completa diferencia entre uno y otro procedimiento.

El que se ha de seguir en la recaudacion de los derechos de consumos, ya se haga en las puertas de las capitales de provincia y puertos habilitados, ya se haga en los pueblos arrendados ó encabezados, se fija en la Real Instruccion de 24 de Diciembre de 1856, basada en el Real decreto de 15 de aquel mes, que restableció la contribucion y las penas en que incurren los defraudadores y los que faltan á las formalidades que se establecen como garantía del pago de los derechos, con pecuniarias y personales, distintas enteramente de las marcadas en el decreto penal de Junio de 52, cuyas penas han de ser consecuencia indispensablemente de un expediente administrativo, segun el texto terminante del artículo 161. Las personales, que no exceden de seis meses de prision en los casos máximos, se han de imponer por los juzgados de Hacienda por el resultado del procedimiento administrativo, del cual se les pasa una copia; y las pecuniarias, consistentes en el comiso del género ó multa, ó ambas cosas á la vez, se imponen por las juntas administrativas, con reclamacion á los gobernadores de las provincias, y con apelacion de la resolucion de estos á la Direccion general del ramo, que resuelve definitivamente segun el artículo 166, siendo requisito indispensable para entablar estas reclamaciones, consignar el importe de la pena impuesta, ó presentar fianza á satisfaccion de la Administracion.

Tal es la legislacion que hoy rige en la parte penal de las contribuciones indirectas, legislacion que separa completamente las atribuciones administrativas de las judiciales, y que reserva á los juzgados de Hacienda el conocimiento.
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miento de los delitos de defraudacion y contrabando, no confundiéndolos con las transgresiones administrativas y de menor trascendencia, que necesariamente han de ocurrir en la lucha de intereses tan encontrados como lo están en este punto los del fisco y de los contribuyentes.

Al ver que nos hemos ocupado hasta aquí con tanta preferencia de la penalidad en la recaudacion de estos impuestos, sin duda se creerá que conceptuamos no puede haber cuestiones contenciosas fuera de la que origine esta penalidad, y ciertamente que no es así. Nosotros creemos que por el resultado de un expediente de clasificacion de una poblacion para el pago del impuesto; por la inclusion ó exclusion de una casa de campo, puesto de venta, posada ó fábrica, en el rádio de las dos mil varas de las poblaciones; en la apreciacion de las mermas ó desquites de las primeras materias en las fábricas de jabon y de aguardiente, y en otros muchos casos según al principio de este artículo asentamos, puede suscitarse una cuestion de derecho susceptible de ser ventilada en la vía contenciosa; pero como las de penalidad son las más frecuentes y las que llaman casi siempre más la atencion, por la contrariedad de los intereses que las agitan, nos hemos fijado en ellas, teniendo además el motivo de que una de estas fué la que dió márgen á que conociésemos la opinion del Consejo.

Por otra parte, nosotros nos hemos propuesto probar que la vía contenciosa ante el Consejo de Estado es procedente, y la legislacion actual nos va sirviendo de prueba á nuestro intento. Por ella hemos visto que las instrucciones reconocen en todos los casos en que hay verdadera contencion, el derecho de los interesados á intervenir en los procedimientos administrativos, en la forma que estos
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permiten, y que se califican de administrativos aquellos que no pueden ni deben confundirse con los judiciales, porque tocan á la libertad, honra y fama de los ciudadanos, garantía que está bajo la salvaguardia de los tribunales de justicia. Vemos tambien que se establece el orden gerárquico en las apelaciones para buscar el acierto y la justicia, y que llegan estas hasta el último grado de la Administracion activa, que es el Ministro de Hacienda, el cual consulta á S. M., ó por su propia autoridad resuelve. Y cuando esto vemos nos preguntamos: ¿y por qué causa se ha de terminar la reclamacion en esta autoridad, que en los demás ramos de su administracion está sujeta á lo contencioso-administrativo? ¿Qué cláusula especial hay en esta legislacion para que esto suceda, y no se corra toda la escala de la jurisdiccion administrativa, cabalmente cuando es el ramo en que pueden cometerse mayores injusticias y parcialidades? Nada encontramos que nos satisfaga, pero sin embargo vamos á examinar las razones que se nos dan, y á combatirlas, á nuestro modo de ver victoriosamente.

Dícese que la Real órden de 20 de Setiembre de 1852, que es consecuencia del Real decreto de 20 de Junio de aquel año, excluye de la vía contenciosa las cuestiones de contribuciones indirectas y las reserva á la Administracion activa, por lo cual el Consejo de Estado no es competente para conocer en primera y única instancia contra las decisiones del jefe superior de esta administracion activa. Examinemos esta Real órden, y veamos si es exacta la consecuencia que de ella se saca.

Suprimido el régimen antiguo de las subdelegaciones de rentas, y establecidos los juzgados especiales de Hacienda que debian conocer solamente de las contiendas ju-
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diciales, y atribuido el conocimiento de los negocios contencioso-administrativos, que pendian en las subdelegaciones, á los Consejos provinciales, forzoso era que se dieran reglas para deslindar los asuntos que mezclados se encontraban en los imperfectos tribunales de la Hacienda pública, y la Real orden no se propone otra cosa. Empezó, pues, por reconocer que los Consejos debían entender en las cuestiones de bienes nacionales y sus arrendamientos; y en las de imposicion de las contribuciones directas, excluyendo las gestiones de cobranza de estas como propias de la Administracion activa; y al tratar de las indirectas, no reconociendo que en ellas se originaban reclamaciones de los particulares de carácter contencioso, que siguiendo el rigor de los principios se deberian someter á los tribunales civiles, porque verdaderamente vienen á resolverse en cuestiones de propiedad, ó en conocimiento de delitos y aplicación de penas; por una excepcion, hija de las circunstancias especiales del país y la actual organización de los tribunales, ordenó que tales reclamaciones siguieran decidiéndose por la Administracion activa, en la cual quedaba siempre á los particulares el recurso ante el Ministro de Hacienda. Semejantes prevenciones se encaminaban á quitar el conocimiento por la vía contenciosa en los Consejos provinciales, de las cuestiones que podian detener la accion de la Administracion, paralizando con la demanda la recaudacion instantánea de los impuestos indirectos, que no se puede calificar de acto puro y verdaderamente administrativo; pero ni se extendian ni se podian extender á los recursos que establecen las leyes, como fin, corona y remate de esta vía administrativa en toda la extension de la Administracion activa. La causa principal no existe en este último caso como en el primero, porque cuando
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honra de iniciar en nuestra Revista anterior, sobre convocación de un Congreso periódico de publicistas, para tratar fuera del círculo oficial, las altas cuestiones de Derecho. Sabemos que se trabaja ya activamente para organizar esta clase de tareas nuevas en nuestro país y de que nos ha dado ejemplo la Alemania. De paso indicaremos, qué sería de desear que aquellas juntas no se compusieran exclusivamente de abogados. El Derecho en sí es una ciencia general y abstracta que necesita el concurso de todas las demás ciencias, incluso las llamadas de aplicación. Hágase en nuestro país lo que se ha hecho en Bélgica con la Asociación para el progreso de las ciencias sociales, y los resultados serán más provechosos que si se reúne una mera junta de letrados. Admitase á todo el que vaya, y sin más credencial que su saber ó su experiencia. Sabido es, qué ni la enseñanza que se da en las universidades é institutos públicos, ni los llamados títulos académicos, imprimen carácter ni sello de originalidad. En buen hora que el Estado que paga dicha enseñanza, ó da aquellos títulos, exija una y otros á sus funcionarios; pero sería ridículo exigirlos para aquello que es ageno á todo carácter gubernamental.

El gobierno italiano, firme en su propósito de unificar la Península, decretó que, desde 1.º de Octubre dejaría de tener curso la moneda napoletana. Habiendo comprendido después que, en las actuales circunstancias, sería peligroso empeñarse en llevar á cabo la medida, ha buscado un término medio, aplazándola por un mes. No sería extraño que se necesitara un nuevo aplazamiento, porque la cuestión de la unidad italiana, tal como hasta ahora se ha comprendido por el gobierno piemontés, desde Cavour á Rattazzi, empieza á ofrecer algunas dudas á los hombres estudio-os, v. g. á Prondhon, que ha escrito sobre la materia un folleto picante y lleno de profundas apreciaciones. La unidad moral que resultaría de una confederación, ¿sería más efectiva y duradera que la unidad material impuesta por las armas ó por los decretos? Estos son los términos en que se plantea el problema, y merece estudiarse, por más que chillen los órganos de Napoleón, acostumbrados desde hace algún tiempo á que todo se haga en su casa á la voz de mando.

En Munich y en Berlín han sido objeto de vivos ataques el tratado de comercio franco-prusiano y la adhesión de todo el Zollverein á esta medida diplomática. Por fin ha triunfado el partido liberal, y no sólo el Zollverein entero ha manifestado su completa conformidad con el tratado, sino que indudablemente entrará el Austria en ese concierto general de intereses económicos que destruye en el centro de Europa las últimas barreras del proteccionismo.

Una circular del ministerio de Hacienda ruso, dice que en atención á que el Consejo imperial estudia en este momento un proyecto de ley sobre
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se ha apurado el recurso administrativo, el resultado del juicio está asegurado, los derechos del Tesoro no pueden extraviarse, porque ó están consignados ó afianzados, y no se sigue perjuicio ninguno á la Administracion de la dición que puede causar la vía contenciosa en primera y única instancia. Si, pues, falta la base de paridad no puede aplicarse, y querer hacer extensiva la prevencion, que sólo se refiere á un procedimiento provincial, al procedimiento universal de la Administracion, es querer ir más adelante de lo que el mismo legislador se propuso al dictar su disposicion. Tal es en nuestro pobre juicio la inteligencia que debe darse á la Real orden de 20 de Setiembre de 1852.

Pero aunque así no fuera, aunque ella hubiera cerrado el paso á la vía contenciosa contra las resoluciones definitivas del ministerio de Hacienda, según lo cerró terminantemente el Real decreto de 20 de Junio con respecto á las decisiones de las apelaciones en el procedimiento administrativo-judicial por el contrabando y defraudacion; esta Real orden hoy no puede surtir efecto ninguno, existiendo, como existe el Real decreto de 21 de Mayo de 1853, que justamente se aconsejó á S. M. para establecer fija y definitivamente la vía contenciosa en los negocios de Hacienda. En la exposicion que precede á este Real decreto, escrita con el acierto y aplomo propios del que la suscribe, el Excmo. Sr. D. Manuel Bermudez de Castro, se dice que la creacion del Consejo Real y la jurisdiccion que se le dió para conocer en primera y única instancia de las demandas contra las resoluciones de los ministros de la Corona, exigian que el Gobierno no dictase las disposiciones oportunas para poner en armonía los derechos de los particulares y de la Administracion: que el nuevo arre-
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glo de los juzgados de Hacienda, y la Real orden (que allí se le llama Real decreto) de 21 de Setiembre de 1852, hicieron más apremiante aquella necesidad respecto á este ramo, pues si la concesion del recurso no fuera acompañada de aquellas disposiciones, se convertirian las más veces en un trámite inútil, no sería prenda de seguridad para el Estado, ni contribuiría á simplificar la marcha de la Administracion activa: que al sistema de reformas que se proponía al Ministro, convenía establecer el término de las resoluciones gubernativas; y que ya se considerasen las resoluciones de los ministros como decisiones en primera instancia, ya como concesiones de una parte como derechos controvertidos, era indispensable darles estabilidad y fijeza consignando en un Real decreto el principio de buena administración de que las providencias administrativas que producen derechos y causan estado pueden ser revocadas por la vía contenciosa deducida ante los tribunales y en la forma que disponen las leyes.

No puede caber duda que el Real decreto que se aconsejaba con tan terminantes palabras había de ser la resolución final en el asunto que lo causaba, y que había de alterar cualquiera disposición que en contrario se hubiera dado, y creer lo contrario nos parece que es violentar las reglas de la buena lógica; pues si esto es así, si el Real decreto dispone (son las mismas palabras de la exposición) que las resoluciones del Ministro de Hacienda son revocables por la vía contenciosa, cuando otra cosa no esté prevenida en las leyes ó instrucciones en los diferentes ramos de la Hacienda, forzoso es admitir el recurso, ya proceda de resoluciones dadas en asuntos de contribuciones indirectas, ya de otra naturaleza. Aplicando este Real decreto literalmente, interin por la ley ó por
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la instruccion no esté desechada la vía contenciosa, esta es procedente contra las reales resoluciones.

Réstanos examinar si en las instrucciones que rigen los impuestos indirectos, está ordenado que las resoluciones del Ministro sean irrevocables. Hemos visto ya que en la Ordenanza de aduanas nada se dice de las resoluciones que se dicten en los expedientes apelados, al paso que terminantemente se expresa en el artículo 496 que la resolución que el Gobierno dicte en la apelación sobre declaración del comiso por contrabando ó defraudación, se lleve á efecto sin ulterior recurso; y aquel silencio y esta declaración terminante ¿no indican que hay diferencia en ambos casos, y que en el primero puede ser revocable la resolución ministerial? Esto es de pura escolástica: si siempre las resoluciones del Ministro habían de ser irrevocables, no se necesitaba tal declaración en el caso en que se hace, y cuando esta se creyó necesaria, fué porque en los principios generales de administración, que son los que rigen todos los casos que pueden ocurrir, estaba y está el de que las resoluciones ministeriales causen la vía contenciosa en primera y única instancia en el Consejo de Estado, complemento y perfección de la Administración activa de la Nación.

En la Instrucción de 24 de Diciembre de 1856 para el régimen de la contribución de consumos, ya hemos visto que se encarga la decisión de las cuestiones contenciosas, en último grado á la Dirección general, calificándose de definitiva esta resolución: si por el Real decreto de Mayo de 53 está prevenido que las resoluciones definitivas de las direcciones causen la vía contenciosa y sólo puedan revocarse por ella; si aquella Instrucción es posterior en tres años al Real decreto, ¿cómo suponer que no guarda