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Gaceta economista (Revista mensual) (1863-03-01 00:00:00), página 25

Ya en mi anterior artículo dejé demostrado que el escritor no debe poseer ni un día su obra después de publicada, ó debe ser igualado á los demás propietarios, aludiendo en aquellos párrafos al Sr. Ramírez Arcas, por parecerme que en su carta no se decidía bastante por la propiedad literaria; ahora, vuelta á leer con más detenimiento, se me figura que se decide demasiado. ¿Qué significan las palabras de la carta, respecto á la propiedad literaria, ó sea al producto de la imaginación, que, cuando menos, se le conceda lo que las leyes conceden á las demás propiedades, sino la tendencia á declarar esta propiedad más sagrada que las otras, una parte del derecho más santa que las demás? Error, y error tan eraso como el del Sr. Tisserand, es el del Sr. Ramírez Arcas, porque ambos son iguales, puesto que desconocen la unidad del derecho fundada en su justicia como ley divina que es. No debe concederse á los escritores cuando menos lo que á los demás propietarios, debe si igualárseles porque el derecho de todos es igual ni más ni menos.

Dice el articulista á quien contesto, que debe defenderse la propiedad literaria y reclamar para nuestro teatro las consideraciones y protección que en todos los países conceden los gobiernos á los autores y actores del arte dramático, porque el teatro es el que regulariza los instintos del pueblo, y moraliza y fecunda ese sentimiento de la naturaleza, á que se da el nombre de Patriotismo, que quizá hoy se necesita más que nunca. Solamente copiando estas gravísimas palabras, puede concebirse la importancia que su respuesta debe tener, pues en ellas se encuentra el error de confundir las ideas de propiedad y proteccionismo, la generalización excesiva, y por consecuencia falsa, de que todos los gobiernos protegen el teatro, el error de
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que el teatro regulariza, moraliza y fecunda el patriotismo, la aseveracion axiomática, siendo así que es muy opinable, de que el patriotismo es un sentimiento de la naturaleza, y la opinión equivocada de que en nuestra época se necesita más patriotismo que en los tiempos pasados; hay pues que dilucidar una cuestión económica, otra estadística, otra estética, otra filosófica y otra histórica, antes de pasar adelante.

Nada tiene que ver la propiedad literaria con la protección que el gobierno dé ó asigne al teatro, ni el arte escénico protegido influirá lo más mínimo en la propiedad que los autores deben tener sobre sus obras, ni siquiera sobre su número y calidad; ahí está el teatro latino más protegido que el griego, y á la vez más pobre y peor; ahí está la cuna del teatro moderno mecida en los claustros de los conventos y en los átrios de los templos, por los hombres más sabios y más fuertes de su tiempo, y sin embargo el teatro no crece mientras no deja de cubrirlo el manto de la religión, y no se robustece hasta que, libre como los pobres juglares que lo cuidan, bate sus entumecidos miembros el viento de las persecuciones. Multitud de trabas, gabelas, peligros y hasta deshonra pesaban sobre nuestro teatro nacional en su siglo de oro, muchísimas consideraciones se le guardan ahora y no es lo que fué; ¿cuál es la causa? Perche i tempi non lo concedono. En nuestro tiempo hemos visto morir de inanición el protegídísimo Teatro español, así llamado sin duda por antonomasia, y vemos arrastrar lánguida vida á la escuela oficial de declamación y canto; ¿por qué? porque el arte fa da se sin necesidad de extraña ayuda. ¿Y si la protección gubernamental concedida al teatro produce contrario efecto al que se proponen sus defensores, los
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tendrá todavía? En cuanto á las relaciones entre propiedad y proteccionismo, no quiero usar de las infinitas y variadas armas que me ofrece el arsenal de la verdad, ni abusar de la excelente armadura con que la justicia cubre á sus soldados, haciendo notar solamente al Sr. Ramirez Arcas, que son las ideas que quiere amalgamar enemigos irreconciliables, porque proteccion significa privilegio, y propiedad quiere decir derecho.

Prescindiendo de la historia que me suministraría infinitos ejemplos, y fijándome exclusivamente en nuestra época, niego que todos los gobiernos protejan á los autores y actores dramáticos, afirmo que entre los protectores cada uno concede favores diferentes en calidad y cantidad, y creo que uno de los países donde la cizaña proteccionista extiende más sus raíces y sus ramas, y produce más copia de venenosos frutos, es por desgracia nuestra patria. Apartando la Francia, patria del gubernamentalismo y de la centralización, es España la nación que más protege el teatro, por supuesto á la manera que Hércules protegia á Anteo; el Sr. Ramirez Arcas así lo reconoce sin duda, y por eso pide no más sino distinta protección, la cual combatiré más adelante al examinar sus opiniones en la materia. También sabe, y sabrán, me parece, cuantos lean estas líneas, que en China, donde es una institución social, se ampara al teatro más y de distinta manera que en Europa; no ignorando uno y otros que América deja al arte dramático la libertad más completa; excusado es por consiguiente detenerme á demostrarlo, y ocioso probar lo que todos saben.

(Se continuará.)
M. Vergara.
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CONFERENCIAS LIBRE-CAMBISTAS.

EL DERECHO DIFERENCIAL DE BANDERA Y LAS ORDENANZAS DE ADUANAS.—Lección pronunciada en el Ateneo de Madrid por DON JOSÉ LUIS RETORTILLO.

SEÑORES:

Si en algún momento he sentido que el sistema protector no sea una verdad práctica, cuya influencia nos alcance á todos, sin duda es el presente; porque, así como los fabricantes protegidos, libres de toda competencia, obtienen que sus productos se admitan como buenos por el consumidor, yo desearía no tener que sufrir en este instante la comparación que necesariamente habréis de hacer entre mi discurso y los excelentes y notabilísimos que aquí han pronunciado, no ya los doctos maestros que siempre ocupan esta silla, entre quienes figuran los varones más inteligentes de nuestra patria, sino los que en las semanas anteriores me han precedido en las conferencias sobre el libre cambio, y quienes, sin yo merecerlo, me honran con el título de compañero. No ignoro que carezco de derecho para pediros que no me sometáis á una comparación de la que tengo la certidumbre de salir muy mal parado; y, por otra parte, semejante pretensión revelaría un grande egoísmo, incompatible con mi
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ardiente deseo de que las lecciones de mis ilustrados compañeros queden grabadas en vuestra memoria, como seguramente quedarán, en beneficio no sólo de su reputacion, sino también del triunfo de las ideas que nos hemos propuesto extender por cuantos medios estén á nuestro alcance.

Y en obsequio de ellas, es como solamente he podido yo aceptar un encargo, para mí erizado de dificultades, y de cuyo desempeño, sinceramente lo digo, no creo que nuestras ideas puedan obtener fruto alguno, siendo su órgano el que, por breves instantes, ocupará esta noche vuestra atencion. Si logro, pues, demostrar cuán perjudiciales son para el desarrollo de la riqueza pública el derecho diferencial de bandera, y las ordenanzas generales de aduanas hoy vigentes, atribuidlo, que será con justicia, á la bondad de la causa que he de sostener, y no en manera alguna al que carece de las dotes necesarias para tratar con lucidez materia tan interesante, prácticamente considerada, pero cuya notoria aridez exige ser expuesta por personas cuya brillante imaginacion la hiciera agradable aún á los menos ilustrados.

Dos son, como acabo de decir, los puntos que abraza la conferencia que me ha sido encomendada; uno es el examen del derecho diferencial de bandera; otro, el de las ordenanzas generales de aduanas; y fácil es de comprender que, para tratar ambos con alguna extension, no bastan los límites de una conferencia. Habré, pues, de concretarme á dar á entender cuáles son en ambas materias los principios de la escuela libre-cambista, por el examen de las mismas.

Entro en materia.

Entiéndese por derecho diferencial de bandera, como bien sabeis, el recargo que los aranceles imponen á las mercancías, á su importacion en un país, cuando son conducidas bajo bandera extranjera, con relacion al derecho que están obligadas á abonar si lo son bajo el pabellón patrio; y así como el derecho arancelario puramente fiscal tiene por objeto atender al sostenimiento de las cargas públicas, y el protector favorecer la industria nacional, haciendo superior á las fuerzas del consumidor la introduccion de géneros extranjeros, así el diferencial tiene por fin particular la proteccion de la marina mercante; pues pa-
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realizarse, y que siendo la reforma ofrecida por el Gobierno fiel trasunto del estado de la opinión y satisfacción completa dada á las exigencias de esta, iba á terminar la misión que nos habíamos impuesto, y podíamos poner fin á nuestras tareas con un aplauso sincero y entusiasta al ministro reformador, que se había inspirado por fin en la ciencia y en la justicia.

Por desgracia, la Asociación conoció bien pronto que se había equivocado. Aún resonaba en los aires el eco de las aclamaciones con que fué acogido el voto de gracias al ministro de Hacienda, propuesto por hombres de todos los partidos políticos en la reunión celebrada en la Bolsa de Madrid el 26 de Diciembre último, cuando se firmó la real orden del 27, que, accediendo á reclamaciones infundadas de los interesados en los hierros y azúcares, vino á destruir, si no todo el efecto material del arreglo arancelario de 27 de Noviembre, por lo menos el efecto moral y las esperanzas que los amantes de la libertad de comercio habían concebido. Algunos días después se presentaba á las Cortes la prometida reforma de los aranceles, y la Asociación veía con dolor que las justas exigencias de la opinión general quedaban desatendidas, y que la solución anunciada no podía satisfacer sus deseos y aspiraciones.

El proyecto de reforma, con efecto, no corresponde al estado de la opinión, ni puede satisfacer á nadie. Fáltale una base racional y científica, y es una solución adoptada al parecer sin criterio seguro, en la que, más bien que la mano del reformador inteligente que obra á impulsos de una convicción y de una idea, se ve la mano vacilante del ministro que percibe confusamente el camino por donde la opinión y la ciencia de consumo le llaman, y quiere dar un paso, pero al mismo tiempo se siente retenido en
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gando las mercancías que vienen bajo bandera nacional á su introducción de otros países, derechos arancelarios menores que si se importasen bajo pabellón extranjero, permite á aquella elevar sus fletes á precios más altos que los establecidos por buques extraños, recibiendo así un beneficio que hace imposible, ó muy difícil, la competencia que los buques extranjeros hubiesen de crearle. Bien se comprende que, dominando en los legisladores los principios del proteccionismo, el derecho diferencial de bandera debe existir: porque si protección pide la industria y se le concede, lógicamente obrando, no hay razón para negarla á otro ramo de la riqueza pública, cual es la marina mercante.

Y sin embargo, como el sistema protector en sus aplicaciones particulares, ofrece la singular e inapreciable ventaja de perjudicar á todos aquellos á quienes no se propone favorecer con una disposición determinada, sucede, que si bien el derecho diferencial de bandera beneficia los intereses de los navíeros, sin ventaja para la nación, perjudica á los que, como industriales, desde otro punto de vista están también protegidos, y al comercio que tiene la desgracia, no ya de carecer de la protección que el sistema de este mal aplicado nombre otorga á la clase industrial y á la naviera, sino la de tener que luchar con los resultados de la concedida á otros brazos de la pública riqueza. Y la razón de lo que acabo de exponer es bien sencilla; pues necesitando la industria, para su sostenimiento, de mercancías importadas de otros países, si las conduce un pabellón extranjero, paga un derecho mucho más elevado que el que el legislador ha estimado justo, ó sea si las importara en bandera nacional; pero si las importa en bandera nacional, lo que no va en lágrimas va en suspiros, como dice el adagio; y si bien satisfará derechos arancelarios más reducidos, el naviero, compatriota suyo, tendrá cuidado de exigirle flete más caro que el dueño de buque extranjero, en compensación de lo que á su introducción por la aduana ha de pagar de menos la mercancía, viniendo cubierta con la bandera de su nave.

Y que igualmente perjudica al comercio, no necesita demostración; porque claro es que si las transacciones son las que le dan vida y contribuyen á su engrandecimiento, todo lo que las
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dificulte, entorpece su desarrollo, é indudablemente las empece el privilegio otorgado á la marina mercante nacional, que, en ocasiones determinadas, le hace imposible aprovecharse de los medios de trasporte que le presta la marina mercante extranjera, porque no cabe la competencia entre ambas. Cuán justo es, pues, el principio en que descansa el derecho diferencial de bandera, ó sea la protección particular á la marina nacional mercante, queda demostrado con la sencilla reflexión que acabo de hacer; con la pugna que hemos visto que crea entre los intereses de la nación por una parte, y por otra, los del comercio y los de esa misma industria, en cuyo auxilio, con todas sus fuerzas, acude el sistema protector, que con sus mismas armas profundamente la hiere, como los hechos demuestran.

Larga y enfadosa tarea sería para este momento entrar en averiguaciones acerca del origen del derecho diferencial de bandera, cuando ni es punto que interesa al fin que nos proponemos, ni tampoco por otra parte es tan claro, como algunos han creído. Bástenos saber que anteriormente al acta del Parlamento Largo, existieron ya Les tarifs de Marseille, promulgados en 1228, con cuyas disposiciones tratóse de alejar de aquel puerto á la marina extranjera, imponiendo una surtaxe á las mercancías por ella conducidas, prescripción cuyo objeto no podía ser, ni era otro, que otorgar una ventaja á los cargadores en buques nacionales; y que aun algo antes, en 1227, ya en Cataluña se hizo uso de este medio protector; pues Jaime I expidió una Real cédula, prohibiendo que las naves extranjeras tomasen fletes en Barcelona para Egipto, Siria y Berbería, mientras que en el puerto hubiese buques nacionales, prestos á cargar para estos puertos. Hacia aquella época, la mayor parte de las naciones basaba su legislación marítima en principios semejantes; así es que las Ciudades Anseáticas, Holanda é Italia, cuya marina mercante había llegado á adquirir grande importancia, merced sin duda á la libertad, dictaron también leyes restrictivas, lo cual no es de extrañar, porque claro es que cedían á la influencia de errores muy generalizados por entonces. ¿Qué extraño es que en materias económicas estuvieran los pueblos en aquella época sometidos al influjo de ideas que después la ciencia ha demostrado ser absurdas, cuando en filosofía y en historia, en física y química,
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y en todos los ramos del saber, abrigaban errores que las generaciones que les han sucedido se encargaron de poner de manifiesto? Si aún hoy mismo, todos presenciamos la lucha entre el error y la verdad, entre el sistema, en mal hora apellidado protector y el sistema liberal, cuyo triunfo todavía perseguimos, ¿qué extraño es que en los siglos medios los legisladores rindieran culto á principios inadmisibles en la buena gobernacion de los Estados?

Trascurrió una no breve serie de años, y en 1651, el célebre Parlamento Largo, cediendo también á errores contra los que despues, con grande energia, Inglaterra ha protestado en el presente siglo, promulgó el Acta de navegacion, confirmada por Carlos II en 1660. Conocido de todos el espíritu en ella dominante, altamente restrictivo: creo que no debo detenerme en su examen, cuando del estudio de sus disposiciones no podemos conseguir otro resultado, pues nadie ha pretendido con formalidad sostener que estuviera basada en los principios de la escuela del libre-cambio, principios cuya influencia en el país clásico de la libertad, habia de nacer en época muy posterior, si bien por la saludable reaccion que el espíritu restrictivo de aquella despertara en hombres de entendimiento y de enérgica accion, como el célebre Huskisson, y los nobles miembros de la Liga.

Las consecuencias de esas leyes extraordinariamente restrictivas, fáciles son de comprender. Una nacion creia no poder favorecer su marina mercante, sino á costa de alejar los buques extranjeros de sus puertos; las medidas con este fin acordadas ce- dian en grave perjuicio de las demás naciones; y estas, no sólo por estar bajo el influjo de los errores que he denunciado, sino por huir de conceder favor alguno á la potencia que perjudicaba su bandera, adoptaban prescripciones semejantes; de aquí el sistema de represalias tan en boga por aquella época, y tan fatal para la industria, y sobre todo para el comercio, que por do quiera que trataba de extender sus operaciones, chocaba con dificultades y embarazos que atajaban todo espíritu loable de especulacion.

A poco de establecerse el sistema de represalias, fué conocida su ineficacia, ya que no palpables sus perniciosos resultados; y
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entonces nacieron las declaraciones de nacion favorecida que recíprocamente se otorgaban unas á otras, como medio de abrir á su comercio marítimo los puertos extranjeros.

Desde cualquier punto de vista que se considere el derecho diferencial de bandera, es hoy insostenible. Dícese por sus defensores, que tiene dos objetos, uno político y otro económico, que son favorecer la marina militar por medio de la mercante, y favorecer la navegación marítima en pabellón nacional; pero los resultados prueban plenamente que ninguno de estos dos fines se alcanzan por semejante medio.

Quiere suponerse que la marina mercante fomenta la militar, y de aquí el prurito de algunos gobiernos en favorecer aquella por medio de la protección directa. Es necesario cerrar los ojos á la luz para no ver que el marino más bien nace que se hace, como se dice del poeta, y que nunca bastará la idea del lucro para alentar á los pueblos á convertirse en marinos. Generalmente se ve esta noble profesión, vinculada, por decirlo así, en un número determinado de familias, hijas de puertos de mar, en los que desde sus primeros años se aficionan á los riesgos de la navegación, ya por los ejercicios marítimos á que se consagran, ya por las ideas que en su alma despiertan las interesantes narraciones que escuchan de los labios de sus mayores. El marino, al abrazar esta profesión, más bien cede á sentimientos elevados que á la idea del lucro; y en vano por este último medio pretenderán los gobiernos fomentar la marina. Esta existirá y se desarrollará en toda nación cuyas costas sean extensas, y cuyas orillas estén pobladas, porque de sus moradores saldrán los que se lancen á surcarlas.

Así es que una nación no puede hacerse marítima simplemente por su voluntad; es necesario que la naturaleza con sus dones sea la primera á consentir el desarrollo de la marina mercante y de la militar; y cuando se halle en estas circunstancias, el deber de un gobierno es dejar libre tan noble profesión, seguro de que á la sombra de la libertad adquirirá todo el desarrollo de que es susceptible. Por otra parte, se incurre en grave error al asegurar que la marina militar vive y se alimenta de la mercante; pues según datos publicados en países como Francia e Inglaterra, en los que la primera ha recibido tan grande incre-
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mento, la segunda sólo le proporciona un 10 por 100 del contingente de sus hombres.

Desde el punto de vista económico, tampoco puede sostenerse el derecho diferencial de bandera, aún dejando aparte el error en que se basa, hijo como es del sistema mal llamado protector. Léjos de fomentar la riqueza, dificulta y empece su desarrollo. Por querer favorecer á los navieros, perjudica á la industria y al comercio, gravando enormemente al consumidor. Es imposible, absolutamente imposible, que todo el comercio de una nación con las demás se haga bajo el solo pabellón patrio, y de ello nos ofrecen prueba aún los países que tienen más numerosa marina mercante; y obligados, por lo tanto, la industria y el comercio á valerse de buques extranjeros para hacer sus importaciones, tienen que sufrir el enorme recargo del derecho diferencial, que en último término, como bien se comprende, pesa sobre el consumidor. El absurdo empeño, pues, de la administracion pública de favorecer á los navieros con un derecho protector, coloca á estos en abierta pugna con el industrial, con el comerciante y con el consumidor; y este, que es el anima viliis de los proteccionistas, tiene que comprar los objetos á un precio excesivamente más alto de lo que debiera, porque para proteger á la industria se la condena á pagar al Estado hasta un 50 por 100 sobre el valor de la mercancía, y á más de esto para proteger especialmente la marina mercante se le exige por la administracion hasta un 20 por 100, si conduce la mercancía en buque extranjero, acaso por la única y sencilla razon de no encontrar nave alguna nacional. Esto no es sólo absurdo, sino irritante; y hay momentos en que llega á producir, no sólo pena, sino hasta el deseo de renunciar á la nacionalidad que tan cara cuesta, y que priva al individuo de una libertad tan inofensiva y tan exenta de peligros, como es la de adquirir los objetos necesarios á la vida, en el mercado que mejores y más baratos los proporciona.

Algunos de los sostenedores del derecho diferencial de bandera pretenden defenderlo, afirmando que es un recurso para el Estado, y que los hombres de Gobierno no pueden privarse de los ingresos que ofrece; con lo cual quieren acaso dar también á entender que los libre-cambistas somos unos pobres hombres