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hasta el punto de que, en fin de aquel año, llegaron al máximo, siendo la subida de más de 60 por 100, como se demuestra por el siguiente estado, sacado de uno de los periódicos más acreditados de Europa en este asunto.

ESTADO QUE EXPRESA LOS PRECIOS DE LOS HIERROS EN EL MERCADO DE LONDRES EN LOS AÑOS DE 1849 Á 1862, SACADOS DEL PERIÓDICO INGLÉS The Economist.

    AÑOS.
    Barras, etc.Ingles.
    Barra para clavos y tornillos
    Planchas.
    Lingotes, 1 Galon.
    Barras, Galos.
    Raíls.
    Lingotes níum. Clyde
    Suecia

    Ls. Sl.	Ls. Sl.
    Ls. Sl.	Ls. Sl.
    Ls. Sl.	Ls. Sl.
    Ls. Sl.	Ls. Sl.
    Ls. Sl.	Ls. Sl.
    Ls. Sl.	Ls. Sl.
    Ls. Sl.	Ls. Sl.

  1849.	6	6 10	8	8 15	3	10 5			2	5	12

  1850.	5 15	6 12	7 15	8 10	3	15 4 15			2	8	14 15

  1851.	5 2 1/2	6 2 1/2	7 15	8 10	3	5 4 7 1/2			1	19	14 10

  1852.	9 10	10 5	13	14	4 15	8 10			3	17 1/2	14 5

  1853.	9	9 15	11 10	12 10	5	8 10			4	5	12 10

  1854.	8	9 10	13	12 10	5	10 7 10			3	10	12 10

  1855.	9	9 12 1/2	10	11	5	8			3	16	18

  1856.	8 15	8 17 1/2	10	10	5	7 12 1/2	7	15	3	14	14

  1857.	7	8 5	10	10	4	6			2	12 1/2	14

  1858.	7	7 1	9	9 10 4	6				15	2 15	13

  1859.	6 10	7 5	8 15	9 10 3	10	5 15	5	15	2	18	11 10

  1860.	6 10	7	8 15	9 10 3	10	5 15	5	5 2 10 1/2	11	10

  1861.	6	6 10	8	8 10 3	5	5	5	8 2 10	11	10

  1862.	6 10	7	8 15	9 10 3	10	5 10	5	5 2 8	11	10

Mantuviéronse los precios bastante elevados durante los años 1853, 54, 55, 56, 57 y 58, á causa del gran desarrollo de los ferro-carriles en Francia, España, Italia y Turquía, pero desde 1859 volvieron al tipo que podemos llamar normal, que tenian en 1849. Por eso al tomarlos ahora por base para la reforma, ha impresionado esta más apareciendo muy exagerada. Por otra parte, hay en nuestro arancel, entre otras infinitas imperfecciones y anomalías, la muy notable de que mientras las máquinas consideradas como primera materia tienen un derecho insignificante, las planchas, clavos y tornillos de que se forman aquellas, pagan una cantidad exorbitante.

Siendo pues estos artículos la primera materia más im-
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portante para máquinas y toda clase de construcciones, y aún de composturas de hierro, el arancel imposibilita el establecimiento de talleres de maquinaria en España, no ya para construcción sino hasta para composturas.

Por eso el hierro había excitado justamente los clamores de todas las industrias, para las cuales constituye la primera materia, que son innumerables; y como el derecho se había elevado muy por encima de la ley, al volverlo á encerrar dentro del límite de esta, la rebaja ha tenido que aparecer infinitamente mayor que la de todos los demás artículos.

Pero antes de pasar adelante, no podemos menos de hacer una observación importante, puesto que al hablar de primeras materias, nos hemos sometido á la costumbre introducida por el proteccionismo. Es axioma ya admitido por aquella escuela, que las primeras materias deben estar ó libres de derechos ó recargadas con el mínimo de ellos; pero no han reparado los autores de esta concesión, que siendo todo en industria y en producción primera materia, con aquel solo principio está demostrada la exactitud de la doctrina económica del libre-cambio. Y precisamente en ningún artículo es tan fácil de patentizar esta verdad como en el hierro. La mena y el carbón, que son la primera materia de la fundición de hierro, constituyen el producto creado por la industria minera: entran aquellas en el horno de primera fundición, y sale de allí el lingote, producto de la industria fundidora que es primera materia para el batido y forjado: forma el forjador la barra y el batidor la plancha, que son su producto, y esto constituye la primera materia de una infinidad de industrias, desde el constructor de máquinas hasta el último herrero: las máquinas construidas en el taller como
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el producto acabado de su industria, forman el instrumento y primera materia del fabricante de hilados, de tejidos, de estampados, y de mil y mil otras maneras de fabricacion: las estufas y chimeneas son la primera materia del constructor de casas: las hojas de lata, los clavos, los alambres, producto de muy delicadas fabricaciones ¿de cuántas industrias constituyen la primera materia? Por eso son tan perjudiciales las aduanas, porque dado el prodigioso enlace de unas industrias con otras, el gravamen impuesto á un objeto, se trasmite y pesa sobre otras producciones, é imposibilita tal vez la creacion de fabricaciones, para las cuales es indispensable. Y por eso tambien son tan prodigiosos y sorprenden á los contrarios, ó más bien ignorantes, de aquellas doctrinas, los efectos de la libertad mercantil; puesto que la abolicion ó la rebaja de un derecho no afecta sólo al artículo sobre que recae, sino que transmite su benéfica influencia á una multitud de otras industrias, que, ó nacen con aquella facilidad, ó se desarrollan y crecen, porque la baratura hace aumentar extraordinariamente el consumo de millares de artículos, que antes excedian los limites de la posibilidad de ciertas fortunas, y van cundiendo por las capas más anchas de la sociedad, difundiendo y generalizando en todas las clases la comodidad y el bienestar.

Otra consecuencia del mismo fenómeno es que la doctrina economista, una vez admitida en principio, aunque sea tímidamente, como ha acontecido casi en todas partes por los exagerados clamores y funestos y téticos augurios de los favorecidos en el monopolio, ella se abre camino por sí sola, y jamás retrocede en la direccion que ha emprendido. En Inglaterra, como en Alemania y Rusia, en Suiza como en Bélgica y Suecia, se ha empren-
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dido la reforma, primero con timidez y luego con más aliento; pero en todas se han hecho diferentes y sucesivas, y la última ha sido más liberal que la que les ha precedido. Eso mismo tiene que suceder indudablemente en España.

¿Pero ha llenado la del decreto de 27 de Noviembre las condiciones á que podría haberse arreglado? Nosotros creemos que no. Ya que se saltaba por el gravísimo inconveniente y el peligro de tocar al arancel, sólo al soslayo, digámoslo así, teniendo obstáculos insuperables para una reforma que, sólo siendo general, puede ser perfecta, podría haberse ejecutado un trabajo de grande utilidad para en adelante, y de no menor ventaja para el comercio que para el Tesoro. Puesto que la ley de 1849 establece sólo cuatro categorías de derechos, una de 1 á 14 por 100, otra de 15 por 100, otra de 15 á 20 por 100, otra de 25 á 50 por 100, ¿por qué no subdividir estos tipos cada uno en otros dos ó tres, y haber sometido á ellos los mil trescientos diez y seis artículos del arancel, por grupos de los tipos adoptados? Este sistema, que no sólo cabe dentro de la ley, sino que era el medio de que más claramente se hubiera visto si la tarificación estaba arreglada á ella, habría proporcionado sencillez en el despacho y gran facilidad para el comercio, evitando el embarazosísimo trabajo de que cada una de las partidas tenga un derecho diferente; lo cual produce un improbo trabajo para los cálculos del comerciante y los de la Administración.

Otro defecto, que notamos en el Real decreto, es la premura con que se ha planteado. Y esto nos proporciona una demostración de la injusticia con que se juzga generalmente á los libre-cambistas, en especial por sus adver-
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sarios. Atácasenos de ser utopistas, hombres teóricos, que no guardamos consideracion con las industrias creadas, como se dice, á la sombra de la ley; y en esto existe un lamentable error. Nosotros rechazamos el argumento de los intereses creados á la sombra de la ley, cuando se presenta como un derecho para impedir la adopcion de la reforma. Nosotros sostenemos que el hecho de plantear un establecimiento industrial, existiendo tal ó cual tipo en el arancel á la materia que es objeto de aquella industria, no da absolutamente ningun derecho al industrial para exigir por ello que aquel derecho subsista durante tanto ó cuanto tiempo: la ley en que se apoyan no tiene ningun carácter de permanencia; es por otra parte una concesion injusta en favor de unos y en contra de la generalidad; y por consiguiente puede ser revocada libremente por el legislador. No se hace más estableciendo una fábrica que construyendo una casa, ó abriendo una tienda, cuando el legislador ha establecido 4 por 100 de contribucion para el producto territorial, y una matrícula de 10 para el comerciante de aquella clase de tiendas; y á nadie le ha ocurrido jamás que el legislador no pueda subir, como se ha verificado, al doble y dos tantos más el tipo de la contribucion, como sucedió en 1845, que de 4 por 100 que satisfacía por frutos civiles, se subió por el sistema tributario á 12 por 100, sin que una sola reclamacion se presentara en este sentido. Este argumento, pues, bajo el punto de vista del derecho, no tiene fuerza ninguna; mucho más cuando hace siete años que la reforma se propuso, estudió y discutió, y cuando hace dos que el señor Ministro de Hacienda ha dicho en los Cuerpos Colegisladores que estaba preparada y próxima á presentarse. Pero léjos de aferrarnos en el derecho, nosotros que distinguimos
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perfectamente la teoría de sus aplicaciones, hemos prescindido, cuando de estas se ha tratado, de las consideraciones de estricta justicia, según aparece en las discusiones de la Bolsa, y las exposiciones dirigidas por la Asociación para la reforma de aranceles á las Cortes y al Gobierno de S. M. Lo que los libre-cambistas hemos reclamado ha sido que se fijara inmediatamente el término de la reforma, que se declarara que las prohibiciones no podían subsistir, pero sentando el principio, que es donde está el derecho; respecto á los términos de la aplicación dejábamos al Gobierno toda la conveniente latitud.

La fijación de un término tan angustioso como el del Real decreto de 27 de Noviembre, habrá producido indudablemente alguna perturbación. Vigente la ley, y arreglándose á ella, habría considerables existencias, contratos pendientes, pedidos ejecutados, y siempre da lugar á desigualdades y perjuicios un cambio repentino en las condiciones del mercado. Pero en esto deben andar muy cautos y previsores los Gobiernos; porque toda disposición legalmente adoptada y publicada, crea en el acto otros derechos, dignos de respeto también.

Así es, que una vez publicado el decreto, no es posible retroceder; porque la suspensión ó modificación tiene los mismos inconvenientes, de que es acusado aquel (1).

Desde que la nueva disposición apareció en la Gaceta, algunos habrán mandado suspender las remesas pendientes; otros habrán verificado grandes pedidos; quien se habrá apresurado á deshacerse de las existencias de cualquier modo; quien á rescindir contratos, y una revocación

(1) Después de escrito este artículo ha salido una Real orden de 27 de Diciembre aplazando algunas disposiciones del Real decreto de 27 de Noviembre.
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ó modificacion, ó suspension, fuera tan injusta é injustificable como la medida misma.

No por eso desconocemos ni podemos dejar de manifestar aquí, que la mayor parte de la culpa de tales precipitaciones es de los favorecidos mismos, que se han mostrado siempre intransigentes, inconsiderados é imprevisores, confundiendo la conveniencia con la justicia, y exigiendo como un derecho y combatiendo como un despojo, lo que era sólo el restablecimiento de la justicia, y la cesacion de un privilegio odioso. Ellos dicen: la industria no se puede sostener sin una prohibicion ó un derecho exorbitante, estamos en posesion de esa prohibicion ó de esa exorbitancia, luego en probando que sin ellas no ganarémos ó no podremos subsistir, estamos en nuestro derecho reclamando el statu quo. Esta es una equivocacion evidente. La masa general de los españoles no debe ser obligada á pagar mucho más caro de lo que pudiera obtenerlo un producto, porque vendiéndolo más barato, el fabricante español pierda ó deje de ganar. Porque el fundidor y el forjador vivan y ganen, no se ha de impedir que haya fabricantes de máquinas, ni herreros, ni cerrajeros, ni obligar á los labradores á que gasten en sus aperos doble cantidad de la que seria preciso. Los fabricantes además han pedido aplazamientos y jamás han reconocido el plazo. Cuando en 1841 se hizo una reforma, se decia que se necesitaban diez años para poder competir con el extranjero; en 1845 se propuso por un ilustre diputado que se fijaran cinco años, y luego que ha pasado el momento del peligro, han olvidado lo dicho y han opuesto la misma resistencia á toda modificacion, como si entonces comenzara ó naciera la cuestion, como si no hubieran pasado años y años con la proteccion, y como si el país hu-
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biera de estar eternamente recargado, sufriendo precios enormes para que los fabricantes realizaran grandes beneficios. Esta irreflexión había de traer forzosamente un período de reacción, y ese período ha llegado en el momento en que, con la agitación libre-cambista, la masa general de consumidores, que no había parado mientes en ello, ha caído en la cuenta de que se estaba abusando de su docilidad. Una vez despierta la opinión pública, era preciso obrar y no detenerse, y la reforma ha venido y ya no es posible retroceder.

¿Cuál es, pues, la consecuencia que de todos estos antecedentes se deduce? Ciertamente no es otra que la necesidad de una ley, que revocando la de 1849, establezca de una manera definitiva y general la completa reforma del arancel. El hecho sólo de haber alterado una parte, lleva consigo la necesidad de corregir las demás, so pena de que se consienta una parcialidad horrible, que hará resaltar más la injusticia de ciertos privilegios, que por aquella existen. El Gobierno de S. M. lo ha reconocido así explícita y categóricamente diciendo, en el preámbulo del decreto de 27 de Noviembre, que las rebajas adoptadas eran sin perjuicio de otras que en su día deben someterse á la aprobación de las Cortes; lo cual es tanto como asegurar: primero, que la reforma es necesaria; segundo, que debe verificarse en sentido de rebaja de los derechos actuales. Ahora bien, siendo esto así ¿cómo deberá realizarse aquella promesa, y en qué bases deberá fundarse el nuevo arancel? Hé aquí lo que nos propone mos examinar; y para hacerlo de una manera lógica y concluyente, irémos resolviendo las diferentes cuestiones que aquella pregunta encierra.

1.º Dada la necesidad de la transición del sistema exis-
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tente á otro, ¿cuál debe ser este? La contestacion á esta pregunta nos parece fácil y categórica. El arancel de 1849 era proteccionista, el de 1863 debe tener un carácter exclusivamente fiscal. Este es el orden natural y progresivo en materia de aranceles. Aún desde el punto de vista de las doctrinas menos avanzadas, se ha reconocido siempre que la prohibicion era una cosa absurda, repugnante, y puramente excepcional: que la proteccion se distinguia por su carácter temporal y transitorio, y lo único posible y legal son los derechos fiscales. Hasta llegar á este punto están conformes todas las opiniones economistas, distinguiéndose sólo en el más y el menos el tiempo de la excepcion y de la transicion: al tocar este limite es cuando las escuelas se dividen, creyendo la libre-cambista que la aduana es una contribucion perjudicial, que impide el desarrollo y la circulacion de la riqueza, y por consiguiente, que debe desaparecer, y sosteniendo otros el statu quo. Pero aunque aquel sea nuestro ideal, no aspiramos á llegar á él sino gradualmente, pasando primero por el trámite fiscal. Parece, pues, que no admite duda la base primera, reducida á que el arancel español debe pasar, como va sucediendo en todos los de Europa, de proteccionista á fiscal.

Sentado este principio, se presenta otra cuestion importante, que hemos indicado poco há, y resuelto hasta cierto punto, á saber: ¿cómo debe verificarse la transicion de un sistema á otro? Aquí hemos de sostener en primer lugar respecto á las prohibiciones, que no pueden mantenerse un dia solo. Los derechos aduaneros más altos ó más bajos, podrian tolerarse, porque tienen un viso, una apariencia de legalidad constitucional: cabe que se sostenga por algunos, que aún cuando sea con in-
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justicia, el legislador pueda imponer como contribución un derecho más ó menos elevado, lo cual nosotros no admitimos tampoco, porque lo consideramos como doctrina puramente socialista: las contribuciones deben ser satisfechas para atender con su producto á los gastos públicos, no para convertirlas en un medio de encarecimiento de ciertos artículos, con el fin de que se aprovechen de este recargo determinadas personas en perjuicio de la generalidad. Pero en las prohibiciones no hay cuestión. El legislador no puede impedir ni coartar el derecho de la propiedad. Es un derecho constitucional, estampado de una manera terminante en el artículo 10 de nuestro Código fundamental que dice: «No podrá imponerse jamás la pena de confiscación de bienes, y ningún español será privado de su propiedad, sino por causa de utilidad pública justificada y prévia indemnización». Y ¿qué otra cosa que una confiscación parcial de bienes es el decomiso de géneros prohibidos? Y para que no quedara la menor duda de que la ley no consentía la ocupación de la propiedad ni total ni parcial, se unió en un mismo artículo la abolición de la pena de confiscación y la garantía de la propiedad. La abolición, pues, de las prohibiciones, no es una cuestión económica, sino un derecho constitucional. El español que llega á la frontera con una parte de su propiedad legítimamente adquirida, no puede ser privado de ella, porque la Constitución le garantiza su derecho.

Y no se diga que debe esto considerarse como cuestión de utilidad pública, lo primero porque en este caso la utilidad es puramente privada y el perjuicio general, y lo segundo, porque no existe ni pudiera existir la otra condición indispensable, la prévia indemnización. No hay pues paridad entre la prohibición y los derechos protec-
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tores. Cuando de la primera se trata, el legislador no debe imponer tales recargos, porque son injustos; pero cuando de los segundos, el legislador no puede declarar el decomiso, porque es contrario á la Constitucion.

Parece pues demostrado, que la base primera del nuevo arancel debe ser la abolicion completa e incondicional de todas las prohibiciones existentes, así á la importacion como á la exportacion.

Respecto á la segunda, es donde puede caber duda acerca de la forma de la transicion. Nosotros no somos ni mezquinos ni exigentes en esta parte. Abolidas las prohibiciones, admitidos en su inmensa generalidad los derechos fiscales, y reconocido el principio de la conversion á este tipo de todos los del arancel, no hallamos reparo en que el legislador señale un período para la transicion, atendidas una multitud de consideraciones, á saber la importancia de la industria, la extension del perjuicio que irroga á otras industrias el derecho protector, el tiempo que llevan de ser favorecidas, etc., etc. Creemos sólo, que si la ley no señalara el término en cada caso, al menos deberia determinar un máximum de plazo. Admitido el 50 por 100 como máximum de derecho protector en la ley de 1849, no tendríamos inconveniente en adoptarlo en los articulos de circunstancias más atendibles, que pasarán desde la prohibicion al patrocinamiento, con tal de que la rebaja fuese gradual de un 5 ó 10 en el 2.º año, un 10 ó 15 en el 5.º, el inmediato, y así sucesivamente, hasta llegar en el 4.º ó 5.º año al derecho puramente fiscal. Respecto á las otras industrias, que hace años se encuentran ya favorecidas en la proteccion y que, como los hierros, constituyen sus productos la primera materia indispensable para multitud de industrias de objetos de ge-
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neral consumo, en esas la transicion deberia verificarse en un solo plazo. Por último, en todos aquellos artículos que son de primera necesidad para la generalidad del país como bacalao y otros, la transicion debiera ser inmediata.

Respecto al número de los artículos del arancel, no se conocen más que dos sistemas razonables; el que deja completamente libres todos aquellos que apenas producen, ó que dan una suma relativamente insignificante, pues en todas las naciones, los 10 ó 15 artículos primeros arrojan el 80 por 100 del rendimiento total aduanero ó el de adeudo con derechos sumamente módicos de cuantos objetos pasan las fonteras, excepto los llamados primera materia. El primero es el sistema democrático, el segundo el puramente fiscal. Aquel reconoce por fundamento la igualdad, pues si la contribucion se considera justa, todos los objetos que se introduzcan deben sufrirla; la base del segundo es atender á la sencillez, á la expedicion, á la facilidad y á la comodidad del contribuyente y de la administracion. Nosotros preferimos este, aunque no fuera más sino porque el otro admite excepciones, y por consiguiente, en este solo hecho pierde su apoyo fundamental, mientras que las ventajas de reducir el arancel son tantas y tan evidentes que no necesitan explanacion.

Creemos por lo mismo que en el arancel español de 1863, podrian suprimirse, declarándose absolutamente libres, más de 1.200 de los 1.516 que comprende el actual sin perjuicio de ir continuando la supresion en los años siguientes, así que el aumento del consumo produjera el acrecentamiento de la renta en todos los demás, hasta que quedara reducido á 12 ó 15 artículos, que son los que verdaderamente constituyen el rendimiento aduanero. Con sólo observar que en el año 1860, cuyos datos han
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sido publicados, 45 artículos han dado una suma de reales 189.476.366 y que los 1325 restantes han producido todos... 31.553.591 componiendo un total de... 220.829.757

basta para convencerse de la insignificancia del importe de los últimos distribuidos entre todas las aduanas del reino.

Agrupados los 100 ó 150 artículos que se conservaran en tres ó cuatro categorías de otros tantos tipos de derecho, quedaria el arancel tan sencillo y expedito, que el comercio ganaria mucho y las oficinas podrian verificar las operaciones con una rapidez extraordinaria, evitándose la multitud de expedientes, consultas y trabajos embarazosos y completamente inútiles, y en gran manera perjudiciales al tráfico, que se hacen en la actualidad.

Otra de las cuestiones que más han llamado la atencion de los arancelistas, es la opcion entre el derecho ad valorem y los de tipo fijo. Abonan el primer sistema la justicia y proporcionalidad permanente de la contribucion, pero le contrariarían la facilidad de los fraudes y la propension á divergencias en las apreciaciones; por el contrario recomiendan al segundo la sencillez y fijeza en los cálculos y los adeudos, y le combaten la desigualdad é injusticia, cuando las alteraciones de los precios hacen fluctuar el derecho que, regulado sobre una valoracion, es el 50 por 100, y quizá por la baja del precio, sube á 30 ó 40 por 100 ó baja á 10 ó 5 por 100. Esta dificilísima cuestion, que merece calificarse así, no por su gravedad, sino porque efectivamente cada uno de los sistemas ofrece ventajas ó inconvenientes inevitables, pierde sin embargo á nuestros ojos la mayor parte de su importancia en el momento en