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Gaceta economista (Revista mensual) (1863-03-01 00:00:00), página 35

teóricos, que ignoramos lo que es gobernar, y que con la aplicación de nuestros principios, quizás colocáramos al Tesoro al borde de un abismo. ¡Pobres proteccionistas! A los partidarios del libre-cambio jamás se les ha ocurrido que se puede gobernar sin recursos; pero si se les ha ocurrido afortunadamente, y digo afortunadamente, porque algún día venceremos, que para cubrir los gastos del Estado, puede acudirse á buscar recursos por medios distintos de los que los proteccionistas emplean. Pero aún hay más: y es que la objecion cae por su base con el solo estudio de los hechos y de los datos que la experiencia proporciona. En 1849 desapareció por completo en Inglaterra el derecho diferencial de bandera, y desde esa época tal desarrollo ha tenido el comercio, que el incremento que ha recibido y los derechos que por este concepto ha cobrado la nacion, han superado con mucho el déficit momentáneo que, con la supresión de aquel derecho pudo experimentar el Tesoro; fenómeno observado en todas las naciones y en todos los siglos, cuando quiera que, echando abajo disposiciones hijas del absurdo sistema protector, los gobiernos han rendido culto á los principios de la escuela liberal económica. Pero ya se ve, á los libre-cambistas no puede atacárseles frente á frente, porque todos los dardos contra su sistema son inútiles; y hasta se acude á suponer, que llevados sus principios á la esfera del gobierno, causarian la ruina del Tesoro. ¡Vano y ridículo vaticinio! ¿Pues qué, contra suposiciones tan gratuitas no responde por nosotros el floreciente estado de Inglaterra, el visible adelantamiento de Bélgica y la situación de Suiza, que si no fuera por la libertad apenas sería conocida en el mapa de Europa?

Si el derecho diferencial de bandera es insostenible desde el punto de vista de los buenos principios, aún lo es más en España, á causa de la torpe manera con que nuestra legislacion lo aplica. Su objeto, como sabéis, es proteger la marina mercante nacional: proporcionarle mercancías para trasportar, por medio de un beneficio concedido á estas á su importacion; darle fletes, en una palabra; y por lo tanto, natural parece que la base para su aplicación debía ser el peso de la mercancía ó el lugar que ocupase: de ninguna manera su valor, toda vez que hay muchas de crecido precio, pero de poco volumen, que no pueden con-
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tribuir eficazmente al sostenimiento y desarrollo de la marina nacional. Y sin embargo, el valor de la mercancía es en España la base del derecho diferencial, con lo que resulta que el propósito del legislador queda frecuentemente ineficaz, y aún incurre muchas veces en el ridículo.

Con arreglo á la ley arancelaria de 1849, el derecho diferencial debe ser de 20 por 100, y mayor para aquellos artículos que eficazmente contribuyan á fomentar nuestra navegación. Pues bien: del estudio detenido de esta materia resulta que, exceptuando 101 artículos de los comprendidos en el arancel, respecto á todos los demás, el derecho diferencial excede del 100 por 100 del flete que pudiera corresponder, y en los que se refieren á frutos coloniales, pasa del 600 y 700 por 100. Así es, por ejemplo, y tomo estos datos de un trabajo hecho por un ilustre profesor, que entre una tonelada de adornos y aderezos conducida por buque nacional ó extranjero, hay la enorme diferencia de once mil quinientos reales por la partida 33 del arancel, y diez y nueve mil ciento por la partida 34. Indudablemente que una diferencia tan extraordinaria bien merece ser calificada de verdadera protección; pero ¿es eficaz? ¿Cuántas toneladas de adornos y aderezos pueden introducirse anualmente en España?

Hay una partida del arancel en la cual se demuestra perfectamente la absurda aplicación que se hace en España del derecho diferencial de bandera, como medio de proteger la marina mercante, y es la relativa al alambre. Según sea de oro, ó de cobre, ó plateado, paga distintos derechos diferenciales, cuando estas circunstancias, como bien se comprende, nada importan al naviero desde el punto de vista del flete. Si es de hierro y de menos de 8 milímetros, adeuda en bandera extranjera 360 céntimos más que en bandera nacional por cada tonelada; si es de latón, 440 rs. más; de zinc 560; dorado ó plateado, 1,100; y si es de cobre, 1,480 rs.; de manera, que en esta sola partida el derecho diferencial, ó sea la protección á la marina mercante, fluctúa desde 130 por 100, hasta 740 por 100, lo cual confirma lo antes manifestado sobre la absurda aplicación del sistema proteccionista, toda vez que al alcance de todos está, nada importa al naviero que el alambre sea de este ó de aquel metal; y la marina mercante no se desarrollará más porque al alambre de co-
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bre se imponga un derecho diferencial de bandera más alto que al que lo sea de zinc, dorado ó plateado.

El derecho diferencial tiene que pesar sobre artículos de grande ó de escaso consumo. En el primer caso, si es médico, de nada aprovechará á la marina nacional, la que, á causa de un activo comercio sobre el género, será vencida por la extranjera; y si es alto, perjudicará notablemente al consumidor, en obsequio sólo de la clase naviera. Si por lo contrario, pesa sobre artículos de escaso consumo, ningún beneficio proporcionará á la marina mercante, ni en nada tampoco aumentará los ingresos del Tesoro; y hé ahí cómo bajo este concepto el derecho diferencial de bandera no es defendible.

Pero si los proteccionistas sostienen la necesidad del derecho diferencial de bandera, natural es que después de tantos años de estar vigente en España, preguntemos cuáles son los resultados que ha ofrecido, porque las ventajas que el Estado haya obtenido con la aplicación del sistema protector, deben ser la piedra de toque para juzgar de su bondad. Si no fuera por temor de molestar vuestra atención, la lectura de los estados oficiales del comercio marítimo respondería cumplidamente á esta pregunta; pero para librarnos de tan enfadosa tarea, os diré, y espero que lo creáis bajo mi palabra, que si bien el comercio en bandera nacional ha aumentado en los diez últimos años, el comercio en bandera extranjera ha aumentado en proporción mucho mayor que aquel; cuyo hecho, como fácilmente comprendereís, lo que demuestra no es que la marina mercante se haya desarrollado bajo la influencia del sistema protector, sino que aumentando nuestra población, creciendo nuestro consumo, desenvolviéndose nuestro comercio, naturalmente el marítimo ha recibido incremento: de modo que el aumento de la marina no es debido á la protección que el Estado le dispensa con el derecho diferencial de bandera, sino al fomento de nuestra riqueza y de nuestro comercio, siendo prueba de este aserto la proporción en que ha crecido el comercio marítimo bajo pabellón extranjero. Para probar lo que á los proteccionistas interesa, para que pudieran convencer á todos de los eficaces resultados de la protección á la marina mercante, era necesario que, sin haber aumentado nuestro comercio, hubiera
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disminuido el número de importaciones en bandera extranjera, y crecido el de las realizadas en bandera nacional; pero, siendo los hechos tales como los he expuesto, sirven para que no retrocedamos en la guerra que, en nombre de los buenos principios, hacemos á esa protección directa que tantos perjuicios causa á cuanto con ella se relaciona.

Y no son todos, los que, siquiera de un modo breve, he manifestado ya en el curso de esta conferencia, pues á ellos debe añadirse el de retraer á nuestros marinos de la navegación llamada á largo curso. Este hecho he podido observarlo por mi mismo en el tiempo que tuve la honra de ser cónsul de S. M. en el extranjero, viendo que los capitanes de buques rechazaban ventajosos fletes para puertos lejanos, y que preferían aguardar meses y meses hasta encontrar carga de retorno para España, confiando en que el beneficio de bandera les permitía pedir fletes altos, sin calcular que, por muy crecidos que estos fueran, la larga permanencia en puerto extranjero les consumía la mayor parte de los beneficios por aquel medio realizables. Esta, y no otra es una de las causas principales de que nuestra bandera apenas sea conocida en remotos países, á donde con provecho propio acuden las demás naciones.

También debe agregarse á los perjudiciales efectos del sistema proteccionista el atraso de nuestra marina comparada con otras. Nadie se atreverá á negar el valor de nuestros marinos, entre los que tanto descuellan los hijos de las Baleares y de la costa de Cantábrica; y sin embargo, es un hecho que los datos oficiales atestiguan, que los buques españoles emplean, con relación á su tonelaje, mayor número de tripulantes que los de otras naciones. Los números que voy á leer lo dicen claramente. En 1859 entraron y salieron de la Península 7.410 buques españoles con 812.000 toneladas de arqueo y 86.200 tripulantes; y 6.700 extranjeros con 1.213.000 toneladas de arqueo y 66.200 tripulantes; esto es, los buques españoles necesitan un hombre de tripulación por cada diez toneladas de arqueo, mientras los buques extranjeros uno por cada veinte aproximadamente, ó lo que es lo mismo, los buques españoles necesitan casi doble tripulación que los extranjeros. ¿Ha de influir poco este hecho en el alto precio de los fletes de nuestras naves?
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Pero, finalmente, para que pueda calcularse hasta dónde llegan los perjuicios que causa el derecho diferencial, bastará pasar la vista por los estados de importación del extranjero. En 1859 entraron en España, en bandera nacional, mercancías por valor de nuevecientos millones, que adeudaron ciento setenta y ocho millones de reales: y en bandera extranjera, trescientos doce millones, que adeudaron ciento un millones de reales, hablando en números redondos. Estas últimas, con respecto á las primeras, adeudaron con un recargo de 20 por 100 más; luego los consumidores, por sólo el concepto del derecho diferencial, sufrieron un perjuicio de veinte millones de reales, á más del importe inmenso á que ascendió el derecho arancelario, que, bajo el título de protector, pesó sobre dichas mercancías.

Y en compensación de tanto gravámen, impuesto al consumidor para favorecer la marina mercante, ¿cuál fué el incremento que esta recibió? Bien sabéis que además del derecho diferencial de bandera, nuestro arancel, con objeto de proteger las construcciones navales en nuestros astilleros, no sólo ha prohibido la importación de buques extranjeros menores de 400 toneladas, sino que á los que los construyan en España mayores de esta cabida ofrecen una prima de ciento veinte reales por tonelada; de manera, que bien puede decirse que la marina mercante está lo más favorecida que puede estar por el sistema llamado protector. Siendo así, natural parece que en la historia de su fomento y desarrollo se encuentren las pruebas más palpables de los excelentes resultados de aquel sistema: y no obstante, los hechos demuestran lo contrario. En 1852, solamente se construyeron en los astilleros nacionales, mayores de 400 toneladas, 3 buques; en 1855, otros 3; en 1856, 5. Y mientras, en 1852 se nacionalizaron, á pesar de los excesivos derechos de abandermiento, 40 buques mayores de 400 toneladas; en 1853, 14; en 1855, 11; y en 1856, 17, que pagaron por derechos arancelarios la crecida suma de 853.000 reales, y aumentaron la riqueza nacional en 8.532.490 reales, que era su valor.

¿Cuáles son, pues, los resultados ventajosos que ofrece el derecho diferencial? Anualmente impone al consumidor un recargo de muchos millones; y sin embargo, el aumento de nuestra marina mercante es tan exiguo como habeis visto por los núme-
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los dominios del error por preocupaciones é intereses extraños, que él juzga poderosos, á la vez que por las propias preocupaciones y la falta de una convicción basada en el conocimiento claro y completo de la verdad.

Tal vez habrá quien atribuya la severidad del juicio que acabamos de emitir sobre el proyecto de reforma al radicalismo de nuestras ideas, y á un deseo inconsiderado é impaciente de verlas pronto realizadas; no es así, y basta recordar algunas frases de nuestro programa oficial, publicado en 1859, para que se justifique la actitud que hoy la Asociación toma y se nos absuelva de la acusación de impacientes.

«La doctrina, decíamos en 1859, que la Asociación se propone generalizar y propagar, es la de la libertad de comercio, sin restricción alguna motivada en los pretextos del sistema llamado protector que domina en los aranceles de nuestras aduanas. La Asociación cree que esa doctrina es verdadera, justa, conveniente en nuestra época como en las que la precedieron y han de sucederle; en nuestro país como en todos los países; para las relaciones de los individuos de un mismo pueblo, como para las relaciones de los individuos pertenecientes á pueblos, provincias ó naciones distintas.

Pero de que esta sea la doctrina,» decíamos más adelante, «que la Asociación profesa, y cuyo conocimiento trata de generalizar, no debe, sin embargo, deducirse que la Asociación pretenda, ni aún que juzgue conveniente, una reforma radical inmediata de nuestro sistema arancelario. Las reformas no deben ser apetecidas, sino cuando puedan hacerse de una manera estable, y apoyadas en una base firme y segura, que sólo puede encontrarse en el convencimiento de la opinión general.
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ros que acabo de leer. De manera, que el derecho diferencial no sólo perjudica á la industria y al comercio, no sólo no favorece el desarrollo de la marina militar, sino que proporciona la inmensa ventaja de recargar al consumidor con una contribución anual de muchos millones para que nuestra marina mercante se aumente con cinco buques mayores de 400 toneladas. ¡Brillante resultado el de la protección! ¡Situación brillante la del consumidor! ¿Y aún habrá quien se atreva á defender el derecho diferencial de bandera? Imposible parece que los proteccionistas cerrando los ojos á la luz, firmes en su propósito de defender un sistema absurdo, y por todas partes hoy condenado, contribuyan á que la gran masa de consumidores sufra taninos perjuicios.

Mucho más pudiera decir contra la protección que se trata de conceder á la marina mercante por este medio; pero si no diese término á este punto con las observaciones que he presentado, me faltaría tiempo para hacer un examen, siquiera sea breve, de las Ordenanzas generales de aduanas, que es el segundo tema acerca del cual me corresponde hablar en esta conferencia.

Durante un largo período, que concluyó no há muchos años, la mayor confusión y anarquía dominaron en nuestra legislación aduanera, pues que sin estar subordinada á principios fijos, sus disposiciones andaban espaciadas, ya en la colección de decretos, ya en las Gacetas, ya en los números del Boletín oficial del Ministerio de Hacienda, á consecuencia de que, en su mayor parte, solían ser hijas de resoluciones adoptadas en expedientes promovidos por casos particulares. Sin aceptar un principio fijo, difícil es redactar un cuerpo de derecho; y así es, que sólo cuando oficialmente se admitió el sistema protector, pudieron llegar á formarse las Ordenanzas generales, cuyo mérito, aún en concepto de los que las escribieron, consiste en mucha parte no en otra cosa que en haber logrado coleccionar y armonizar algun tanto sus innumerables preceptos. Las Ordenanzas, pues, no son un trabajo que honre al legislador, que ha adoptado el sistema eminentemente casuístico; mayor mérito que en él hay que reconocer en los que, con una laboriosidad y una paciencia á toda prueba, han conseguido formarlas, reuniendo en colección disposiciones tan difíciles de armonizar por completo.
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La base de las Ordenanzas de aduanas es la más absoluta desconfianza de la administración en el comercio, y en sí misma, ó sea en los funcionarios que la constituyen. Bien fácilmente se comprendería que, siendo muy elevados los derechos de importación con arreglo á nuestro arancel, y por lo tanto, ofreciendo este tanto pábulo al contrabando, la administración desconfiara del comerciante, cuyos intereses tan notablemente perjudica el sistema protector; pero que también desconfíe de sus mismos empleados, prueba de un modo palpable que el principio adoptado en el ramo de aduanas, no solamente es injusto, sino que está en desacuerdo hasta con las ideas de las mismas personas á quienes la administración llama en su servicio. Consecuencia de esto es la intervención ó fiscalización de los empleados para con el comercio y de los empleados entre sí: fiscalización á que la ley pone un término á su antojo, no fundada en principio alguno aceptable, pues que la desconfianza no reconoce límite cuando se la adopta como base, y no hay razón para que la fiscalización termine en la dirección general del ramo, y no, por ejemplo, en los administradores de las aduanas, sobre quienes en todos tiempos recaería la responsabilidad administrativa, civil y criminal, única garantía que hoy ofrece aquel centro directivo.

En una de las anteriores conferencias, habeis tenido el placer de escuchar de labios muy autorizados en toda suerte de crítica, la de los aranceles de España; y recordando lo que el Sr. Segovia dijo de estos, creo que para que comprendáis bien la opinión que á los libre-cambistas nos merecen las Ordenanzas de aduanas, bastará que os diga que son el digno complemento de nuestros famosos aranceles. Si en estos reina una censurable confusión, aquellas ciertamente no se distinguen por su claridad; si aquellos no hacen honor á la lengua española, creo que tampoco la Academia reclamará para sí el de haber intervenido en la redacción de estas; si los unos matan al comercio en su origen, las otras, con un interminable catálogo de trabas y de obstáculos, cuidan de sofocar al que asaz osado no se ha detenido ante la barrera de los aranceles.

Si estos constan de mil doscientos veinte y dos artículos (sin contar los que con frecuencia la dirección añade); más veintisiete relativos á artículos prohibidos á la importación; más cincuen-
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ta y seis referentes á manufacturas extranjeras de algodón; más seis del arancel de exportación; más cinco correspondientes á artículos cuya exportación se prohíbe; más ciento trece notas destinadas á aclaraciones de sus preceptos; más treinta y seis reglas que deben observarse en la aplicación de los mismos; las Ordenanzas de aduanas constan de setecientos catorce artículos, á los que hay que añadir los del Real decreto sobre jurisdicción de Hacienda en los delitos de contrabando y defraudación; los de los reglamentos del resguardo terrestre y del resguardo marítimo, y los apéndices de ella, en los que la Gaceta se muestra más prodiga que lo que de apetecer sería. Ved, pues, cómo nos asiste razon para calificar á las últimas de digno complemento de nuestros inapreciables aranceles.

Entre las Ordenanzas de aduanas y el derecho diferencial de bandera, sobre cuya triste influencia acabo de hablar, hay alguna analogía, porque, según ya habréis podido comprender, tanto las unas como el otro, cada cual desde su punto de vista, ambos matan ó reducen infinitamente el comercio que, bien sabido es, no puede vivir y mucho menos adquirir fomento y desarrollarse, sin que las leyes que á él se refieran descansen en el principio de la más absoluta confianza, y sin que le concedan toda la libertad que le es indispensable para moverse en el ancho campo que las necesidades humanas entregan á su explotación.

Y sin embargo, ¡cuántas no son las trabas que le imponen las Ordenanzas de aduanas! Baste decir que el comerciante tropieza con ellas, antes de embarcar la mercancía para España, y que está bajo su influencia aún después de llegar esta á su destino. Desde que la recibe en el mercado productor en el extranjero, hasta que la entrega al consumo, la fiscalización aduanera pesa sobre él, sin dejarle un momento libre en sus múltiples operaciones y sometiéndolo al par, á su introducción en España, al benéfico influjo del sistema protector. ¡Cuándo se verá libre de esa fiscalización que comienza ante el cónsul en el extranjero, que continúa durante la navegación, que sigue á la arribada á puerto español, al desembarco, á la entrada en almacenes, al reconocimiento pericial, y que solamente concluye á su salida de almacenes para los del dueño de la mercancía! ¡Cuándo nuestro comercio se verá libre de que la fiscalización aduane-
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ra lo persiga con igual insistencia que la sombra al cuerpo!

Si se tienen en cuenta los beneficios que el país reporta del desarrollo del comercio, y no se olvida que directamente aumenta los ingresos del Tesoro, cualquiera creería que nuestra legislación aduanera habría reducido á sus más simples fórmulas todo lo que con aquel se relacionara; y todos creeréis, y con razon, que el despacho de una mercancía debe ser cosa sencilla y breve. Pero, como vosotros pensais con buen criterio, que es lo que suele faltar á los partidarios del sistema protector, héme aquí en la necesidad de deciros que padeceis un grave error; el despacho de una mercancía cualquiera exige, por lo contrario, tiempo bastante, y sobre todo, la formación de un expediente, con honores de volumen en folio, muchas de cuyas páginas (en beneficio del consumidor que en último término paga todos los gastos) habrán de escribirse de hoy en adelante en papel sellado, ventaja notabilísima, siquiera sea por el uso de un papel de tan sano color, y de tan fina calidad, y que á estas circunstancias une la inapreciable de no ser importado del extranjero, sino por lo contrario, fabricado en España, con elementos esencialmente nacionales, como es del especial agrado de los señores proteccionistas.

Y para que nadie crea exagerado lo que acabo de decir, os presentaré, en resumen, los requisitos á que nuestro actual sistema de aduanas somete la importación extranjera.

El comerciante que desee importar en España una mercancía, por escaso que sea su valor, debe comenzar su delicado propósito presentando al cónsul notas duplicadas, por supuesto sin enmienda y en idioma castellano (quizás á petición de la Academia de la lengua, á quien por tan amargos ratos le hace pasar la administracion), cuyas notas habrán de contener: 1.º El nombre del buque, el de su capitán ó patron, su bandera y puerto de su destino. 2.º La clase de envases, las marcas y número de estos, y su peso bruto, con arreglo á los tipos castellanos. 3.º El país productor, clase, cantidad y calidad de las mercancías que contenga cada bulto, fardo, barril ó caja. 4.º La persona ó personas á cuyo nombre vienen dirigidas (1). Tan esencial es el requisito de la presentación de notas duplicadas al cónsul, y la formación por este, en virtud de las mismas, del documento llamado re-

(2) Art. 1.º de las Ordenanzas de Aduanas.