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Gaceta economista (Revista mensual) (1863-06-01 00:00:00), página 58

sando á los pueblos; y os referiría cosas chistosas acerca de los acopios de sal que se repartían á los pueblos para que velis nolis la consumieran los vecinos y hacendados; pero hago caso omiso de todo ello, y sólo os diré que por centenares se contaban y se cuentan las causas de contrabando de sal, que se promovían en las subdelegaciones de la raya de Portugal, por cantidades de libras ordinariamente, y pocas arrobas por alguna que otra vez.

El ilustrado ministro de Hacienda D. Juan Bravo Murillo, que conocía el mal que se originaba de un estado tan precario en la legislación penal del fisco, se determinó á plantear, por Real decreto de 20 de Junio de 1852, el proyecto de ley que sobre jurisdicción de Hacienda se había discutido ya en el Senado y pendía de exámen en el Congreso de diputados, con lo cual se cortó en gran parte el mal que se tocaba. En este Real decreto se confió el conocimiento de los delitos fiscales á jueces independientes de la autoridad administrativa, y se les señaló como base del procedimiento la legislación ordinaria, sujetándolos á la inspección y superioridad de los regentes de las audiencias. Se definieron los delitos de contrabando y defraudación de distinto modo que hasta entonces lo habían sido, entendiéndose por el primero toda transgresión á las leyes que rigen las rentas estancadas y las prohibiciones arancelarias; y por defraudación toda disminución ó conato de disminución en los derechos fiscales y en las contribuciones y rentas del Estado; y hay entre este decreto y la ley de 3 de Mayo de 1830, la notabilísima diferencia de que por ninguno de estos delitos se incurre en pena personal, sino en una pena pecuniaria además del comiso de los géneros, y sólo se hace acreedor á pena personal el contrabandista ó defraudador que lleve armas aunque sean de las permitidas, ó que cometa otro delito, con ocasión del contrabando, así sea de cocheo ó falsificación como de resistencia á la fuerza armada, muerte ó heridas á los carabineros y dependientes de la Hacienda, ó otros análogos. Y sin duda por esta igualación de penas pecuniarias, aunque en distinta escala en ambos delitos, encontramos que, entre los de contrabando, se califica la ocultación de géneros á la falta de hacer manifiesto en los buques que hacen arribada forzosa á puerto no habilitado, bahía, cala ó ensenada; el traslado de las mercancías hecho sin permiso de las autoridades; y otras omi-
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siones aduaneras que estaban calificadas en la ley anterior como defraudaciones solamente.

Estableció este decreto una gran variación en el procedimiento declarándolo gubernativo y judicial, y ordenando que no pudiera tener lugar el segundo sin haberse terminado el primero. El procedimiento administrativo empieza en el momento de haberse hecho la aprehension de los géneros, y consiste en someter el acta de la aprehension á una junta compuesta del administrador del ramo á que pertenezca el género aprehendido, de otros dos empleados, de un comerciante nombrado por los interesados ó de oficio, y del promotor fiscal de Hacienda, cuyo jurado reunido ha de decidir si hay lugar al comiso del género, conforme á las prescripciones del mismo Real decreto, y si los reos contrabandistas ó defraudadores deben someterse al juzgado de Hacienda, por haber incurrido en pena personal. El acuerdo de esta junta es definitivo, si de él no se apela, ni por los interesados ni por la parte fiscal, y en caso de que sea contrario á los reos, entonces comienzan los procedimientos judiciales que sólo tienen por objeto la imposición de las penas á que aquellos se hayan hecho acreedores. Pero de todos estos procedimientos se exceptuaron las aprehensiones hechas en las aduanas al despachar los géneros, y las defraudaciones cometidas en el mismo acto, las cuales quedaban sujetas á lo especialmente dispuesto en las Ordenanzas, nombre con que se distingue la legislación del procedimiento arancelario.

Resta para mi propósito diseñar tan ligeramente como lo he hecho, el decreto que hoy constituye la ley del fuero de Hacienda, y voy á permitirme algunas consideraciones que creo son de gran importancia, porque á mi ver constituye esta legislación un gran anacronismo en la época presente.

En el vuelo que han tomado los conocimientos científicos acerca de la legislación penal, en los últimos años entre nosotros, no puedo yo comprender, cómo los reformadores de la ley de 1830 y los que han introducido la jurisdicción contencioso administrativa en nuestra patria, han podido convenir en la calificación de delitos, á el contrabando y la defraudación, y han podido conservarla en la ley discutida en 1851. Para mí, señores, consultando los principios filosóficos del derecho penal, que al princi-
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batiendo la miseria y la ignorancia; y para remediarlas en lo posible, se dedican al trabajo descuidando la familia; logrando pocas veces dominarlas á pesar de su voluntad y decision.

Habremos sido demasiado cansados en la exposicion del estado miserable de la clase jornalera; pero cuando vemos que estos hechos van tomando cada dia un carácter más grave, y no se piensa todo lo necesario en remediarlos, creemos es un deber el presentar y recordar con insistencia, que la miseria es la causa principal de la ignorancia en que se encuentra el jornalero. La instruccion que hoy alcanza será tambien objeto de nuestro exámen, para ver si corresponde con los adelantos de la época y sus necesidades. No se debe olvidar que es hombre el jornalero, por más que su trabajo sea material, pues su espíritu obra y sufre tambien, porque tiene la facultad de pensar; y si conociendo lo que es y lo que puede, si conforme se limita su derecho se le respetara, sabria hacerse digno de su personalidad, libertad y propiedad.

Ciertos derechos que la sociedad se abroga sobre el individuo, la miseria, la ignorancia y la situacion de la mujer, son causas demasiado poderosas para que, en lugar de moralizarse, se pervierta. La misma sociedad puede facilitarle el camino de su regeneracion, pero no por medio de la represion y de la fuerza, sino concediéndole su derecho.

III.

La instruccion, fuente de todo bien, medio por el que el hombre se hace digno de sí mismo y por el cual llega al conocimiento de toda idea de justicia que le muestra la ciencia en los arcanos de la naturaleza, se encuentra hoy
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pío he enumerado, el contrabando y la defraudación no son delitos, porque no ofenden, ni á la seguridad individual, ni al orden material, ni hacen más que atacar á los derechos del fisco que, así como hoy existen, mañana pueden desaparecer; lo cual no sucede con los eternos principios que constituyen la sociedad, y que por lo tanto los delitos que la convuelven son y serán siempre delitos. El contrabando y defraudación no los encuentro yo en la categoría de los delitos, los hallo en la categoría de las faltas ó transgresiones de la ley que no causan gran daño á la sociedad; pero que no por ser faltas están exentos de pena; lo merecen sí, porque son transgresiones de la ley, pero en la esfera que se les aplica en las contribuciones directas, que son recursos fiscales, como los productos estancados y los derechos arancelarios. En las contribuciones de inmuebles y subsidio, las defraudaciones y las ocultaciones se castigan por medio de un procedimiento gubernativo, que puede elevarse á contencioso-administrativo, con multas solamente, y sin que en ellas entienda la jurisdicción de Hacienda, y no por eso dejan de ser menos eficaces. Si para llegar á la defraudación se ha cometido un delito, bien de falsificación, de cohecho ó de otra naturaleza, estos delitos se persiguen independientemente de la defraudación, y yo creo que este mismo sistema era el que lógicamente debía aplicarse á los que hoy se llaman delitos de contrabando y defraudación. Es más, señores, este mismo sistema se sigue en la contribución de consumos, en cuya instrucción de 1856 se reducen las penas de la defraudación á el comiso del género aprehendido y á una multa, exigido todo por los medios administrativos. ¿Qué diferencia hallaremos, señores, entre una defraudación de una cuota de contribuciones directas de 2.000 rs. al año, realizada por cinco años seguidos, que componen 10.000 rs.; una ocultación de una bodega de vino para el pago de derechos de consumo que puede valer hasta 5.000 duros; una introducción fraudulenta por las puertas de Madrid de un carro de aguardiente, y una introducción, por la frontera ó por la costa, de quince cargas de géneros prohibidos que valen 60.000 rs.? Yo, señores, no encuentro ninguna diferencia; veo que en todos estos casos, al fisco se le ha privado de una cantidad en sus derechos fiscales, que casi vendrá á ser igual en todos ellos; veo que el objeto que se ha pro-
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puesto el hombre en estas cuatro clases de defraudacion es uno mismo, y advierto que la ley que siempre debe apoyarse en un solo principio, y castigar la accion criminal, por la intencion inmoral que en ella se lleva, y por el daño que causa á la sociedad, en el caso que me ocupa no guarda esta unidad ni atiende al fin moral y social, puesto que sólo califica como delitos la defraudacion cometida por el contrabando, de géneros estancados y por la introduccion ó extraccion de los prohibidos á comercio. Y aqui, señores, resalta la parte directa que el proteccionismo toma en la legislacion penal hasta en nuestros dias. Indudablemente, se dice, el contrabandista de géneros prohibidos perjudica al fisco, que es la sociedad, y perjudica al trabajo y á la industria nacional, y como ya hay una clase perjudicada, de aquí la necesidad de diferente y de mayor castigo. Ya habeis oido, señores, en otras noches, cuán vacias de sentido son las voces de trabajo é industria nacional; ya os han probado otros oradores más entendidos que yo, que semejante perjuicio no existe, y por lo tanto yo sólo os diré cuatro palabras. ¿Y no se perjudica con la defraudacion de las contribuciones directas y de la de consumos, á el fisco que es la sociedad, según vosotros, y á los particulares que se ocupan en las mismas industrias, puesto que el ahorro de la contribucion pone al defraudador en el caso de poder dar más baratos sus productos, y causar daño á sus compañeros? Indudablemente sí, me tendreis que responder. Pues entonces hay paridad de razon; con la defraudacion de las contribuciones hay tambien clase perjudicada, y desaparece la razon de la diferencia en el castigo. No hay pues motivo racional para esta diferencia, y como no lo alcanzo, deduzco que la calificacion de delitos no es armónica hoy, y que por el contrario es muy propia del sistema que se desterró en 1832, dejando un anacronismo que nos haga notar siempre la injusticia de la proteccion en todas sus fases.

Pero, señores, hay otro fundamento en la legislacion penal, que á mi ver ataca á lo más sagrado de la sociedad, al derecho de propiedad, y que es ilegal y abiertamente contrario á la Constitucion política que nos rige; hablo, señores, de la pena del comiso del género apprehendido. Es esta pena la confiscacion temporal que se ordenaba en nuestras antiguas leyes, y que todos vos-
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otros sabeis que fue abolida solemnemente por los legisladores de 1812 y por los de las Constituciones que le han seguido. Cuando ya empezó á sonar mal la palabra confiscacion, se inventó su sinónima de comiso y se conservó el efecto variando la denominación. El comiso es la pérdida del género objeto de la defraudación ó del contrabando en favor sólo de los intereses fiscales, y no otra cosa era la confiscacion temporal. Pues bien, señores, á pesar de la terminante abolición de esta pena, que como he dicho antes y vosotros conocéis sin necesidad de explicación, va dirigida á atacar el sagrado derecho de propiedad que todo el mundo tiene en las cosas que adquiere por medio de su trabajo, vemos con desconsuelo que los legisladores modernos, ocupados en cuestiones políticas, menos interesantes por cierto, no han parado mientes en esta infracción constante del precepto constitucional, y han conservado y conservan la pena del comiso, ó lo que es lo mismo, la apropiación por el fisco de la propiedad ajena, adquirida en el extranjero por los medios lícitos y legales del cambio. Y no se diga para justificar esta expoliación, como en otros tiempos se ha dicho, que la propiedad del género de contrabando es propiedad adquirida por medios dolosos equiparándola á la tenencia de las cosas robadas, porque la adquisición es anterior á la defraudación, y para obtenerla no se ha puesto en juego ningún medio ilícito. Se me dirá, señores, que el comiso es consecuencia de las prohibiciones establecidas en la ley arancelaria, pero yo tengo esto por una paradoja. Yo concibo que se hubiera decretado el comiso por consecuencia de las prohibiciones, destruyendo completamente el género prohibido para que no pudiera aprovecharse, y de este modo proteger la fabricación nacional, que es el objeto de la prohibición; pero declarar el comiso de un género porque perjudica á la producción nacional, y venderlo en pública subasta á los particulares, que por este medio están facultados para llevar y ostentar el género prohibido, es perjudicar al trabajo nacional en vez de protegerlo; y establecer el privilegio del fisco para utilizarse del perjuicio que sufre la producción nacional. Todos sabemos, señores, que á la sombra de estas ventas de comisos que se hacen en las aduanas, hasta fabricantes nacionales de telas de algodón han tenido surtidos sus almacenes de géneros de contrabando, sin que pudiera perseguirseles porque
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conservaban facturas de repetidas compras á la Hacienda, que nunca se agotaban, y siempre servian de pantalla para legitimar la posesion de géneros introducidos por medios ilícitos. Esto es lo que da por verdadero resultado la pena del comiso: un perjuicio notable, hablando en lenguaje proteccionista, á la industria nacional protegida y un ataque directo al derecho de propiedad que no consiente nuestra Constitucion ni nuestras leyes. Es pues necesario, señores, hacer cundir estas ideas para que nuestros legisladores las aprecien algun dia y veamos desaparecer tan monstruosa disposicion, sustituyéndola con la reexportacion del género, ó con su destrucción, si por desgracia se conservan de hoy en adelante las prohibiciones.

Esta legislacion penal de 1852, que constituye hoy el fuero de Hacienda, se ha reconocido al fin por el mismo gobierno que es heterogénea e imperfecta, y aunque no se ha querido abordar de frente la cuestion del fuero privilegiado, en el año último se ha presentado al Congreso un proyecto de ley en el que se mejora algo, no sólo la parte penal, sino que tambien el procedimiento; á pesar de que se conservan en él grandes errores, y entre otros el de la pena del comiso. El ministro de Hacienda conocíó ya la insuficiencia de los tribunales privativos, y confesó paladinamente que estos no tienen razon de ser en la época presente, y que por lo mismo, la Hacienda que es como un particular, en el ejercicio de sus derechos y prerrogativas, debe acudir á los tribunales ordinarios del fuero comun para ventilar las cuestiones civiles que se le ocurran, para pedir el castigo de los delitos que le causen daño. Pídense por lo tanto la supresion de los juzgados de Hacienda; y respecto al procedimiento criminal se introduce una gran novedad, considerándolo como gubernativo simplemente cuando el valor del género y la multa que deba imponerse no excedan de 1.000 rs., cuyo procedimiento se encomienda á las juntas gubernativas, con apelacion á los gobernadores y á las direcciones generales en su caso; pero cuando la materia objeto del procedimiento pasa de 1.000 rs., si bien se estima en primer término por las juntas administrativas, ha de originar indispensablemente proceso, que se debe entablar y sentenciar por el juez de primera instancia del partido á que corresponda. Esta reforma, que á primera vista, y según dice el ministro en su ex-
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posicion, ha de ser ventajosa y ha de cortar de raíz ese sin número de causas que se siguen hoy por pequeños delitos de contrabando y defraudación, es bien examinada, reaccionaria y perjudicial, porque adelantado ya por el decreto de 1852, que los reos de aquellos delitos no vayan al juzgado, si la junta administrativa no los juzga acreedores á pena personal, ahora se establece fatalmente que toda defraudación que exceda de 4.000 reales ha de originar necesariamente la formación de un proceso, sin distinguir si la defraudación se ha cometido dentro ó fuera de las aduanas, con violencia ó por equivocación. Esta grandísima diferencia, este gravísimo error destruye por completo la buena intención que el ministro de Hacienda se propusiera al presentar la reforma; y el espíritu que en ella domina, y las doctrinas que en ella se sientan para establecer el procedimiento administrativo, vienen á reconocer la razón de las observaciones que yo me he permitido presentaros en esta noche, para deducir el principio de que los delitos llamados de contrabando y defraudación, no son más que transgresiones de la ley administrativa que deben castigarse y penarse por los solos medios de que dispone la administración activa. No se quiere confesar rotunda y paladinamente esta doctrina, porque no conviene todavía atacar de frente en las esferas del gobierno á las consecuencias del sistema protecciónista; pero si un día y otro día, y por unos y por otros medios se propagan estas ideas, estemos seguros de que no tardarán en alcanzar el triunfo, como sucede siempre á la verdad y á la justicia, que concluye por dominar á pesar del error y de la intolerancia. Dichoso, señores, el economista que llegue á ser ministro, y que pueda con sus acertadas disposiciones desarrigar tan añejas preocupaciones como son las que acerca del fuero de Hacienda existen entre nosotros.

Voy á concluir, señores, porque ya os canso demasiado; pero antes, permitidme que os diga cuatro palabras, sobre uno de los ramos que constituyen la jurisdicción penal de la Hacienda, y que por cierto no deja de ser bastante curioso, sobre las Orde- nanzas de aduanas. A propósito nada he dicho de ellas, dejándolas para lo último, ya porque de ellas habló extensa y elo- cuentemente el Sr. Retortillo, y ya porque son el más firme ba- luarte de las operaciones prácticas de la protección. No basta á
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esta el arancel, no le basta el exigir formalidades que deben llenarse en el extranjero, desde el momento en que se piensa en hacer el comercio exterior; necesita estar siempre pesando sobre el introductor para que si se descuida en un ápice, caiga sobre él el rigor de la ley penal, que por cierto no guarda analogía con lo que se conoce como tal en los demás ramos que tienen establecidos derechos en favor del fisco. En esta legislación se pena la introducción fraudulenta, la ocultación ó violencia que se hace al fisco para percibir sus derechos; pero en las Ordenanzas de aduanas al contrario se pena la mansedumbre y la tranquilidad con que el introductor se pone en manos de su contrario la aduana. Un comerciante trae géneros por la vía legal, los somete al examen de la aduana con buena fe siempre, porque si esta no la tuviera no los presentaría; y si al reconocerlos se encuentran diferencias de más ó de menos, ó se han mudado los nombres de los efectos por equivocación del cónsul ó del consignatario, ó no vienen bien expresados, se le castiga con recargos del doble y del triple derecho, y aún se le puede imponer una multa; ó aún llega el caso de declararse el comiso. Yo concibo que cuando resultan diferencias de más pueda imponerse una pena pecuniaria, por el conato de defraudación que aparentemente resulta; pero cuando la diferencia es de menos, francamente no puedo concebir la razón del castigo. Se me dirá que es porque la falta supone una introducción fraudulenta, pero como ordinariamente esta no puede hacerse porque los géneros se presentan embalados y empaquetados de manera que su extracción es imposible, desaparece á mi ver la razón, y sólo queda triunfante el sofisma.

Las Ordenanzas, señores, no admiten el procedimiento administrativo-judicial, que así es como lo califican, sino en el caso de aprehensión de contrabando fuera de las aduanas, y todas las demás defraudaciones y faltas cometidas en aquellas oficinas, se penan y resuelven por medio de un expediente gubernativo que se sigue ante el administrador de la aduana con audiencia del defraudador; y de cuya decisión puede apelarse gubernativamente á la Dirección general y luego al ministro en la misma forma. Todos sabeis lo que son las apelaciones gubernativas; unos procedimientos reservados dirigidos por la parcialidad y á
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veces por el nepotismo de los empleados de la Hacienda, siempre interesados en la declaración del comiso para llevar y disfrutar la parte que en él les concede la ley; y por lo tanto forzoso es reconocer que la justicia y el acierto no son las que campean muchas veces en las decisiones de estas apelaciones. Contra ellas no se concede audiencia en justicia, por mucha que sea la cuantía de la pena impuesta, y que deja conocerse la injusticia que de esto resulta, y los males que por ello se originan al comercio.

He procurado presentaros, con la dificultad y rudeza propia de mi escasa palabra y de mis cortos conocimientos, el estado actual del fuero de Hacienda, fuero que no guarda unidad, y que funda sus disposiciones penales en principios condenados ya por la ciencia, por la moralidad, y por el derecho político moderno. Tiempo es ya, señores, de que aspiremos á desarraigar la inmoral costumbre de interesar á los empleados que deben juzgar las causas de comiso en una parte de este, restableciendo el principio que asentaron las Cortes de Alcalá, y que al comenzar esta conferencia referí: tiempo es ya de que exijamos á los legisladores que se paren y detengan á examinar la verdadera índole de los que hoy se llaman delitos contra la Hacienda; los cuales yo creo que desaparecerán, porque confío en la justicia, el día para mí no muy lejano en que el libre-cambio sea un hecho consumado y legal, y se sustituya al mal llamado principio proteccionista.—He dicho. (Aplausos.)