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nario, ya que no ante el Consejo de Estado, las cuestiones sobre defraudaciones de los derechos de aduanas y los de consumo conocidos con el nombre de octrois, y en aquellos juzgados, después de asegurado el pago de los derechos y multas, se discute tranquilamente sobre la justicia y razon de su exaccion é imposicion. Y habiendo nosotros mostrado esta inclinacion y preferencia por esta reforma que había de conceder á los contribuyentes la garantía de un juicio público contra la parcialidad y á veces injusticia administrativa, se conocerá desde luego con cuánto gusto leeríamos los párrafos últimos de la exposición de motivos de la Asesoría general que hacen relación con esta reforma; dado que en ellos se reconoce la necesidad de uniformar el procedimiento en todos los ramos de la Hacienda, de conceder la garantía ó de la vía contencioso-administrativa ó del procedimiento judicial, contra las decisiones administrativas que penen las defraudaciones; y se proclama la poea confianza que pueden ofrecer las Juntas administrativas, organizadas de la manera que está prevenida. Nosotros creemos que esto es lo que pedía la Asesoría general en su exposición, y por si estamos equivocados, vamos á insertar los párrafos de ella que hacen relación con el asunto.

El enjuiciamiento en los delitos de contrabando y defraudación exige modificaciones de mayor trascendencia. Establecido por el real decreto de 20 de Junio de 1832, ha sufrido después en su aplicación graves mutilaciones, y la experiencia enseña que no carece de defectos. Habiendo sido instituido en su origen para todas las defraudaciones de los impuestos públicos, con exclusión tan sólo de las descubiertas dentro de las aduanas y puntos de reconocimiento, quedaron luego exentas de él las cometidas en contribuciones directas, las cuales se mandaron penar gubernativamente, con recurso en ciertos casos á la jurisdicción contencioso-administrativa. Últimamente, al restablecerse en 1836 el impuesto de consumos, se adoptó contra sus defraudadores un modo especial de pro-
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ceder, no exento en verdad de graves inconvenientes, y que ahora deberán corregirse.

Pénsense gubernativamente en buen hora las defraudaciones descubiertas en las aduanas, puesto que dependiendo casi siempre la calificación de meras cuestiones de hechos que deben apreciarse pericialmente, pocas veces tendrían los tribunales competencia para fallarlas según su conciencia. Reprimanse también del mismo modo las defraudaciones de los impuestos directos, dejando á salvo el derecho de los agravados para acudir á la vía gubernativa, dado que esta garantía suple ventajosamente la falta del procedimiento judicial, y que tanto en este caso como en el anterior no se han de imponer sino penas pecuniarias.

Pero ¿qué razón hay para que las defraudaciones del derecho de consumo se castiguen también gubernativamente privando al agraciado de todo recurso eficaz á la vía judicial y á la vía contencioso-administrativa? ¿Qué diferencia hay entre estas defraudaciones y las arancelarias cometidas fuera de las aduanas, para negar á los acusados por las unas la garantía del juicio contradictorio, y concederla á los acusados por las otras? Si se considera la naturaleza de las cuestiones que en unas y otras defraudaciones suelen suscitarse, se observará que aún menos competencia pericial se necesita para decidir las que se refieren á los consumos, que las que tienen por objeto el derecho de aduanas. Si se atiende por otra parte á la gravedad de las penas que en uno y otro caso pueden imponerse, igual es en ambos, puesto que en ambos puede darse lugar al comiso, á la multa en cantidad proporcional á la del derecho defraudado, y á la prisión como pena principal y subsidiaria.

Todavía parece menos justificada aquella diferencia si se considera el modo con que se ha introducido en nuestra legislación fiscal. El real decreto de 15 de Octubre de 1836 fijó para las defraudaciones una escala de penas pecuniarias proporcionadas á su cuantía, que empezaba en el comiso sólo cuando el importe de los efectos decomisados no excedía de 500 rs., y concluía en una multa de 4.000 rs. cuando el impuesto defraudado excedía de 8.000 rs.: de modo que en ningún caso se podía imponer por este delito la pena de prisión, ni exceder la pecuniaria de 200 duros, excepto en la reincidencia, que podía llegar á una mitad más de la señalada. Con tales restricciones podría defenderse, aunque nunca completamente justificarse, el procedimiento meramente gubernativo.

Pero la Instrucción de 24 de Diciembre del mismo año, publicada para llevar á efecto el real decreto citado, prescribió de la escala gradual de multas en él establecida, la sustituyó con otras multas del duplo al triple, y del cuádruplo de los derechos defraudados sin ninguna limitación, autorizó la pena de prisión hasta seis meses, aunque imponiéndola los jueces; y para todo ello, fuera de este último caso, no estableció más
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procedimiento que el gubernativo, bajo la garantía casi siempre del alcalde, del síndico y de dos vecinos, salva una apelación extravagante al juez de Hacienda cuando se cuestione sobre la exactitud de los hechos sobre que verse el juicio.

Ni es tampoco más justificable el procedimiento establecido para la aplicación de tales penas. Una Junta administrativa, presidida por el Alcalde del pueblo o por el Administrador del ramo, conoce sumariamente del delito y acuerda la pena. De su fallo puede apelarse, en cuanto á la calificación del hecho y la aplicación del derecho, al Gobernador; y en cuanto á la exactitud del mismo hecho, al Juez. De la providencia del Gobernador se puede recurrir á la Dirección del ramo, y de la del Juez á la Audiencia en apelación.

Por último, del acuerdo de la Dirección se puede apelar al Ministro. De modo que estas causas pueden correr hasta cuatro instancias gubernativas y dos judiciales, pero con dos notables irregularidades; una que el juez letrado de derecho procede como juez del hecho, que es precisamente lo que más lejos está de su competencia, mientras que la Administración decide soberanamente sobre el derecho, absteniéndose de juzgar sobre los hechos, que es lo que mejor podrá apreciar: otra, que mientras se sustancia esta larga serie de apelaciones y recursos gubernativos, se está ventilando en otro lugar tal vez, y ante una jurisdicción de distinto orden, aquello mismo que es fundamento de toda controversia, á saber, la existencia del hecho punible.

Debe ser, pues, uno solo y exento de semejantes incongruencias e irregularidades el procedimiento aplicable á las defraudaciones de los derechos de aduanas y las que se cometan de los de consumos, con una sola diferencia fundada en la distinta naturaleza de ambos impuestos y de los efectos sobre que recaen. El de aduanas se paga por géneros extranjeros, cuyo trasporte á los puntos por los cuales han debido ser introducidos no suele ser muy gravoso, y cuya tasación ofrece graves dificultades por falta de peritos, fuera de las poblaciones grandes ó comerciales. Pesando por el contrario el derecho de consumos sobre especies que se producen en España, devengándose aún sin que lleguen á trasportarse los efectos gravados, y siendo la conducción de estos por regla general muy costosa y su tasación fácil en cualquiera pueblo, se causarian en muchos casos, innecesarios y trascendentales perjuicios á los contribuyentes si hubieran de seguirse siempre los expedientes de comiso de tales efectos en las capitales y puertos habilitados, y de llevarse por consiguiente á estos las especies que pudieran ser decomisadas, como sucede con los géneros extranjeros gravados con derechos de entrada. Esta consideración basta para justificar que sólo en las capitales y puertos habilitados se conozca de las defraudaciones del derecho de aduanas, mientras
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que las del derecho de consumos se pueden perseguir y penar en todos los pueblos. También parece justificada la competencia que hoy se atribuye á los fieles para declarar el comiso en las defraudaciones de los mismos derechos cuando no excede su importe de 50 rs., puesto que cualquiera otro procedimiento, sin ser más beneficioso para el fisco, sería más perjudicial para los interesados. Fuera de estas dos excepciones, ninguna otra debe admitirse del sistema general del procedimiento en unos y otros delitos.

Mas el establecido hoy para los de defraudación del derecho de aduanas adolece del grave defecto de señalar, respecto á todos, unos mismos trámites, cualquiera que sea su cuantía, de lo cual resulta una notable inconsecuencia en el sistema general de atribuciones administrativas, y perjuicios innecesarios á los mismos procesados sin provecho de la Administración. Todas las faltas de que esta conoce se pueden castigar gubernativamente por los alcaldes ó por los gobernadores con multas que no excedan respectivamente de 25 ó de 30 duros. Siendo esta la regla general de la competencia en infracciones del mismo orden que las fiscales, incúrrese en una palpable inconsecuencia, sujetando estas últimas al procedimiento judicial, cuando la pena que haya de imponerse sea también sólo pecuniaria y no exceda de la mayor de aquellas sumas. De esta inexplicable contradicción entre las bases fiscales y las administrativas resulta la necesidad de instruir una multitud de causas por asuntos de valor tan mínimo, que importan siempre las costas mucho más que los géneros decomisados y las penas pecuniarias. En Galicia, en las islas Baleares y en otras provincias suelen seguirse causas por fraude de algunos maravedíses. Según la estadística de 1858, de 2.932 delitos de contrabando y defraudación, en 2.069 no ha pasado de 500 rs. el importe de los géneros decomisados. Así puede asegurarse que si la Administración, usando de sus atribuciones generales, corrigiese gubernativamente todas las defraudaciones cuya responsabilidad pecuniaria no excediese de 50 duros, se reducirá en cerca de dos terceras partes el número de las causas, con notorio beneficio de la sociedad y de los procesados.

De los dos primeros párrafos antes insertos se deduce á nuestro juicio necesariamente, que el real decreto de 20 de Junio de 1852 debe ser reformado en la parte que trata del procedimiento administrativo, y que las cuestiones que se promuevan sobre pago de derechos de aduanas y sus defraudaciones, por la especialidad del derecho, por la
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pericia necesaria para decidirlas, y por las causas que se refieren en el párrafo octavo, se deberán penar gubernativamente, dejando á salvo el derecho de los agraciados para acudir á la vía gubernativa (deberá entenderse la contencioso-administrativa), dado que esta garantía suple ventajosamente la falta del procedimiento judicial. Estas palabras terminantes de la exposición se enlazan íntimamente con las del párrafo siguiente:

Pero ¿qué razón hay para que las defraudaciones del derecho de consumo se castiguen gubernativamente, privando al agraviado de todo recurso á la vía judicial, y á la vía contencioso-administrativa? ¿Qué diferencia hay entre estas defraudaciones y las arancelarias cometidas fuera de las aduanas, para negar á los acusados por las unas la garantía del juicio contradictorio, y concederla á los acusados por las otras? Y todas ellas, decimos nosotros ¿no convenceen de que el ánimo de la Asesoría era ya el conceder la garantía del procedimiento contencioso público y solemne, que es lo que puede entenderse por contradictorio?

A la verdad que no sabemos en qué artículos de las Ordenanzas de aduanas se apoyará la Asesoría para afirmar que á los acusados por defraudaciones arancelarias cometidas fuera de las aduanas, se les concede la garantía del juicio contradictorio. Nosotros no hallamos más que el artículo 485 de las Ordenanzas, que previene que cuando los administradores hallen mercancías ilícitas y por ellas deba imponerse ó doble derecho ó comiso, derecho y multa equivalente á su valor, y las partes no se conformaren, que remita los antecedentes al tribunal correspondiente con el fin de que disponga la instrucción y el fallo de la causa con arreglo á derecho. En el real decreto de 20 de Junio
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de 1852, tampoco se previene que pueda apelarse de los procedimientos administrativos á la vía judicial, sino en cuanto á las circunstancias del hecho, y por lo tanto no alcanzamos que hoy exista la garantía del juicio contradictorio, pues como tal no podemos comprender la causa criminal que por defraudación se instruya; y que siempre ha de llevar el carácter de proceso y no de juicio.

De todas maneras, en los párrafos insertos y en las palabras copiadas, campéa el espíritu de la reforma, la necesidad de abrir un debate público y solemne en que las partes puedan presentar sus pruebas; y la garantía que debe ofrecerse al agraviado de la imparcialidad de un tribunal de alzada, desconocido absolutamente hasta hoy, al menos en la práctica.

En los artículos publicados por nosotros, se hace ver de una manera clara que aunque las leyes hayan querido dar la garantía de este procedimiento, ya sea contencioso simplemente, ya contencioso-administrativo, la práctica del Ministerio de Hacienda y del Consejo del Estado la ha hecho inútil, y por lo tanto encontramos fundadísimo el deseo de la Asesoría general, de asentar de una manera indudable la competencia del procedimiento como garantía de acierto y de justicia; y aún más fundadas encontramos las razones aducidas para demostrar lo incongruente de las disposiciones vigentes, que atribuyen la facultad de conocer del derecho á las personas sin peritos, y reservan al Juez letrado las apelaciones sobre el hecho.

Justificada también está la variación que se propone uniformando la marcha de todos los expedientes, ya sean por defraudaciones arancelarias, ya por transgresión en el derecho de consumo, cometáse en pueblos ó en las capitales; y mucho más fundado está el principio que se
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adoptá para la competencia; el valor del objeto del procedimiento, considerando reunido el derecho, multa y comiso del género si ha lugar á imponerlo. Admitido en la legislación civil el principio de que la primera competencia de los tribunales se origina del valor de la cosa litigiosa, lógico y necesario es admitir esta base de competencia en la legislación administrativa. Si un juez de paz puede conocer de una cuestión cuyo valor no excede de 600 reales, con sólo la apelación al juez letrado de primera instancia, no está mal que una Junta administrativa, como tribunal inferior, conozca y falle los negocios administrativos cuyo importe no pase de 1.000 reales con apelación al Gobernador que para decidir puede oír al Fiscal de Hacienda, y aún al Consejo provincial si así le parece. Muy lógico es que todas las defraudaciones se sujeten á este procedimiento, con la sola excepción de aquellas que no excediendo su importe de 50 reales, resuelvan por sí los fieles de consumos en las capitales en donde se hallen establecidos: pero esta uniformidad está en completa contradicción con las palabras de la Asesoría general que hemos copiado: penénsese gubernativamente en buen hora las defraudaciones descubiertas en las aduanas. Nosotros creamos que deben aceptarse las últimas consideraciones presentadas en apoyo de la uniformidad del procedimiento, y aún hallamos que en esto es en lo único que está congruente el artículo 15 con la exposición.

Según esta, hemos visto ya que se aspira á una reforma liberal, á una reforma que garantice los derechos de los que pueden ser agraciados por las disposiciones administrativas de las Juntas, de los Gobernadores, de las Direcciones y del ministro de Hacienda, que hoy entienden como autoridades exclusivas en las defraudaciones de las
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»Este joven, ya algo conocido en Alicante como escritor, hizo en la noche del sábado su debut en la oratoria. Hallábese, como era natural, conmovido por el respeto que el público le inspiraba; pero sin embargo de esto, consiguió expresarse bien y combatir esa obcecación que obliga al proteccionismo, aún reconociendo la justicia del libre-cambio, á oponerse á ella como incompatible con la flaqueza humana. Luego el Sr. Sanchez probó lo infundado que es el temor de esa pretendida inundación de productos extranjeros con que nos amenazan á cada instante los partidarios del antiguo régimen, y concluyó su discurso dando las gracias al auditorio por su benevolencia y cortesía.

»El Sr. Campos y Carreras siguió en el uso de la palabra. Empezó por lamentarse de la conducta observada por los señores proteccionistas, que después de haberse atrevido á decir en la prensa conceptos equivocados y capaces de lastimar el buen nombre que la Asociacion á la fuerza de sus convicciones y á la bondad de sus intentos debe, se retraían ya del debate, dejando los argumentos sin respuesta. El discurso del Sr. Sanchez, procuró, en fin, animar á la oposición para que pidiese la palabra, y pasó en seguida á deshacer algunos errores difundidos por la prensa de esta capital. Para esto, explicó de una manera clara y precisa la diferencia que existe entre las aduanas fiscales y las aduanas del sistema protector. Dijo que eran ideas enteramente opuestas; que las primeras hacían consistir su interés en fomentar el comercio, y las segundas en impedirlo; que entre aduanas fiscales y libre-cambio no había contradicción alguna, por la razón sencillísima de que al hablar de libre-cambio se hablaba siempre en abstracto, y que á nadie se ocurría la idea de sustituirlo á las leyes como letra, sino que, por el contrario, se le quería traer como espíritu, como criterio para formarlas. Pasó luego á hablar de los principios del llamado sistema protector, y aseguró que no eran hijos de la ciencia, pues la ciencia había nacido cuando el proteccionismo ya imperaba. «El espíritu de ese sistema, decía el Sr. Campos, nació con los temores originados por el espíritu guerrero de los tiempos pasados.» Dijo además que el proteccionismo es irrealizable en la consecución de su propósito, y para esto, demostró con un razonamiento brevísimo que el proteccionismo no protege el trabajo nacional.

»Se levantó en seguida el Sr. D. Eleuterio Maisonnave y con voz clara y fácil valiéndose de la lógica irrecusable de los números, dió á conocer los perjuicios que algunos ramos de industria tenían que agradecer al sistema protector.

»Concluido que hubo el Sr. Maisonnave, el Sr. Rovira y Aguilar, con palabra fácil y elegante, deshizo muchos sofismas económicos presentados á la consideración del público por los proteccionistas. A pesar de que
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contribuciones indirectas; y una reforma que evite ese sin número de causas criminales que se han fallado en los juzgados de Hacienda, según elocuentemente se expone en el último párrafo de los que hemos insertado. Esta esperanza se concibe al leer la exposición de motivos; pero esta esperanza desaparece; y el terror se apodera del alma, al leer el artículo que reasume todas las reformas propuestas por la Asesoría y que á nosotros nos parece como enmendado y contradictorio. Y para que se juzgue si estamos ó no equivocados lo insertamos en seguida; á fin de que, comparándolo con el artículo, se vea si guarda con él consecuencia.

Fundado en estas consideraciones, propongo á V. E. que las Juntas administrativas conozcan en primera instancia de todos los expresados delitos, ora afecten á la renta de aduanas, ora á la de consumos, en que el importe del comiso, de la multa ó del recargo no exceda de 50 duros, y por las cuales no deba imponerse pena personal, pudiéndose apelar de su fallo al Gobernador de la provincia, cuya providencia será ejecutiva é inapelable: que de los mismos delitos, cuando el importe de la responsabilidad pecuniaria excediese de la expresada suma, ó se deba imponer pena personal, conozcan también las Juntas, pero limitándose su competencia á la declaración interina del comiso, y á poner á los procesados á disposición de los tribunales cuando lo pida el ministerio fiscal, y apelándose de su fallo al Gobierno. A la declaración que hoy hacen las Juntas de haber ó no incurrido los presuntos reos en pena personal, que ofrece el grave inconveniente de prejuzgar en cierto modo una cuestión de derecho por quien no tiene competencia, y de no ser á pesar de todo medio suficiente para asegurar la resulta del juicio, se sustituye el de poner á los presuntos procesados á disposición del Juez, sólo cuando el promotor que ha de entender en la causa lo crea procedente, dejando este funcionario hacer la petición, siempre que crea que ha de dar motivo á la detención inmediata de los acusados, bien el mismo delito objeto del procedimiento, ó bien otro cualquiera conexo con él, como el de vagancia, que es uno de los más frecuentes en los defraudadores del Fisco. De este modo, no sólo se evitarán los inconvenientes indicados, sino también en muchos casos el que hoy se lamenta de ser ineficaces los procedimientos, porque ó los reos no son habidos cuando se les busca para
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hacerles comparecer, ó porque las Juntas no los declaran incursos en pena personal, creyendo, y con motivo, que semejante declaración exige por lo comun más prueba que las que suelen ofrecerse en el juicio administrativo.

De esta proposición se deriva el artículo 15 del proyecto de ley, y vamos á ocuparnos de él, en la parte que hace relación con nuestro propósito, prescindiendo de su redacción, que si no se simplifica y subdivide, dará lugar á diversas y encontradas interpretaciones. El artículo es como sigue, en sus tres primeras disposiciones, causa de estas observaciones.

Art. 15. En la sustanciación de las causas por delitos de contrabando ó defraudación, se guardarán las reglas establecidas en el real decreto de 20 de Junio de 1852, pero con sujeción á las siguientes:

Primera. Las Juntas administrativas conocerán privativamente en primera instancia en juicio verbal de los delitos de contrabando y los de defraudación de los derechos de aduanas ó de consumos, cometidos sin otros conexos, en que el importe del consumo, de la multa y del recargo no exceda de 50 duros, y por los cuales no deba imponerse pena personal.

Cuando dicho importe excediese de 50 duros ó debiere imponerse pena personal, conocerán también las Juntas en primera instancia, pero limitando su competencia, cualquiera que sea la especie de los derechos defraudados:

1.º A declarar interinamente si ha ó no lugar al comiso.
2.º A poner á disposición del juzgado á los presuntos reos, si el ministerio fiscal lo pide, considerando que pueda haber motivo para su detención, bien por el mismo delito objeto del procedimiento, ó bien por cualquier otro común, aunque no sea conexo, y ellos no dieran fianza idónea de estar á las resultas del juicio.

Segunda. De las providencias de las Juntas administrativas, en el caso del párrafo primero de la regla anterior, se podrá apelar al Gobernador de la provincia, cuya decisión será ejecutoria, y en el caso del párrafo segundo del mismo artículo, no se admitirá recurso alguno contra el fallo de la Junta, á menos que sea absolutorio, en cuyo caso se consultará con el Gobierno por conducto de la Dirección del ramo, suspendiéndose entre tanto su ejecución.