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muy elevados y que las Canarias no habian obtenido aún las franquicias que despues se les concedieron (1).

Pues bien, la suma de las importaciones y exportaciones reunidas subió ya (2)

    En
    á

    1850
    á
    4.160

    1854
    á
    4.185

    1852
    á
    4.315

    1853
    á
    1.570

    1854
    á
    4.807

    1855
    á
    2.283

Siendo de notar una cosa, que, para los proteccionistas, suspendidos todavía del fiel, nada fiel por cierto, de la balanza mercantil, debe tener gran importancia, y es que, si bien en los cuatro primeros años de la aplicacion de la reforma, las importaciones excedieron á las exportaciones (3), y se empobreció el país á los ojos de aquellos celosisimos defensores de sus intereses, en los tres siguientes sucedió precisamente todo lo contrario, pues exportamos en cada uno de ellos por valor de 100 á 200 millones más de lo importado (4) y, según la misma doctrina, debió enriquecerse la nacion otro tanto. Para hablar formalmente, señores: en todos esos años la industria española halló medio de crear productos en mayor cantidad, y sobre todo más baratos que otros similares del extranjero. Por lo visto, la menor proteccion que ahora se le dispensaba, no habia sido bastante á impedir su desarrollo, como temian ó afectaban temer los industriales privilegiados.

Al contrario, los más asustadizos, los más declamadores (hablo de los fabricantes de tejidos de algodon) fuéron quizá los más favorecidos por la reforma. Segun un estadito presentado por el gobierno á las Cortes en 1856, la importacion del algodon en rama habia ido creciendo hasta ser en aquel año doble que en

(1) Discurso pronunciado por D. Laureano Figuerola en el Congreso internacional para las reformas aduaneras, celebrado en Setiembre de 1856 en Bruselas.—El Economista de 20 de Noviembre de 1856.
(2) Observaciones sobre los efectos de la reforma arancelaria de 1849.—El Economista del 20 de Enero de 1857.
(3) Observaciones sobre los efectos de la reforma arancelaria de 1849.
(4) Observaciones sobre los efectos de la reforma arancelaria de 1849.
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1849 (1), y esto prueba que la fabricación se había también aumentado, á no ser que el exceso de algodón introducido se emplease todo directamente en entretelar gabanes.

De todos modos, es preciso convenir en que los fabricantes nada perdían porque los españoles se afropasen, al mismo tiempo que estos ganaban mucho en evitar constipados, y el Tesoro, por su parte, veía llenarse sus arcas con los rendimientos cada vez mayores de las aduanas, los cuales en 1853 excedían ya en un 20 por 100 á los del año común del quinquenio de 1850 á 1854 (2).

Pero detengámonos aquí, señores. En el rápido examen que hemos hecho de las principales reformas arancelarias, verificadas en Europa de cuarenta años á esta parte, hemos visto al libre-cambio ir conquistando palmo á palmo el terreno ocupado antes estérilmente por el proteccionismo y animándole con su espíritu creador y fecundo. ¿Qué enseñanza se desprende de aquí para nuestra patria? España, como Prusia, siquiera sea en menor escala, tiene interceptado el curso de sus grandes ríos y el acceso de una parte de sus mares por la interposición de un Estado vecino; España, como la Inglaterra de ayer, ve comprimida su producción y su riqueza por las inextricables redes del sistema restrictivo: es preciso que acuda al remedio de estos males por el mismo método que han empleado la Prusia y la Inglaterra. Una reforma liberal, prudente, si se quiere, pero progresiva en nuestra legislación hasta hacer del arancel una forma especial del impuesto y no un instrumento de opresión para el comercio; una unión aduanera con Portugal, íntima, completa, inmediata, que haga participar á ambos países de las ventajas con que la Naturaleza ha dotado á la Península: hé aquí el fin á que deben dirigirse los esfuerzos de todos los hombres pensadores, de todos los sinceros amantes de la justicia y del bien público.

¿A qué esperamos, señores? Una extensa línea de aduanas interiores separa dos pueblos hermanos, nacidos para amarse; el contrabando ensangrienta todos los días nuestras costas y nues-

(1) Lamentable estado de la Industria algodonera en nuestro país, según los proteccionistas.—El Economista del 10 de Junio de 1857.
(2) Cuadro general del comercio exterior de España en 1853, publicado por la dirección de Aduanas.
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tras fronteras; después de noventa años de una protección decidida y constante, representada las más veces por prohibiciones absolutas, las manufacturas catalanas han llegado hasta la época actual cada vez más ávidas de privilegios y restricciones mercantiles (1); un derecho de 100 por 100 no ha bastado en seis años para desarrollar entre nosotros la producción del azufre (2); los derechos impuestos al carbón mineral extranjero por el arancel de 1849 son altísimos, y sin embargo, apenas ha aumentado en diez y siete años la explotación de aquel combustible en Asturias (3); la producción del hierro indígena, a pesar de los derechos exorbitantes que la protegen, no ha podido aumentarse en veinte y cinco años más que en quinientos mil quintales (4)... ¿Qué más os diré, señores? Nuestra agricultura se arrastra languida y miserable por la senda de la rutina; nuestro comercio avanza á duras penas con el paso lento y perezoso de la tortuga; nuestra industria se muere de asfixia, sofocada por las caricias del proteccionismo.... ¡Ya es tiempo de salir de tan triste estado!... ¿Qué nos falta? ¿La unión? Pues bien, señores, unámonos todos para lograrlo.

¡E pluribus unum! Juntémonos nuestros esfuerzos; alistémonos en las banderas del gran ejército libre-cambista que ha empezado á formarse; constituyamos una liga tan fuerte, tan poderosa como la de Manchester; agitémos la opinión pública; apoderémonos de la imprenta periódica; levantémonos, una tribuna en cada plaza; hagamos tronar desde esta trinchera del saber la artillería pacífica del pensamiento humano (5), la eloquencia de nuestros grandes maestros, y juremos solemnemente no deponer nuestras armas, la palabra y la pluma, hasta clavar el pendón de la libertad sobre el ruinoso alcázar del proteccionismo. He dicho. (Aplausos prolongados.)

(1) La industria algodonera y los operarios de Cataluña, por D. Ramón de la Sagra.—Journal des économistes, 1842.
(2) Proyecto de reforma del arancel de Aduanas de 1849, presentado al gobierno por la Junta consultiva del ramo en 1855.—Art. azufre.
(3) Ibid.—Art. carbón mineral.
(4) Sobre la protección a la industria del hierro, por D. R. Rua Figueroa.—El Economista de 5 de Noviembre de 1856.
(5) Lamartine.—Discurso pronunciado en Macon en 1848.
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SOCIEDADES ECONÓMICAS.

SOCIEDAD LIBRE DE ECONOMÍA POLÍTICA DE MADRID.

Año sexto.

Sesion sexta celebrada el dia 14 de Abril de 1862.

PRESIDENCIA DEL SR. D. ANTONIO MARÍA SEGOVIA.

Abrióse la sesion á las nueve de la noche, con asistencia de los señores Segovia, Retortillo, Abejon, Silvela (D. Luis), Aguilar, Bosch (D. Pablo), Palau, Chapado, Martel, Ureña, Serrano, Latorre, Quesada, Solernou y Castellanos, Giraldez, Carmona, Mendivil, Aguirre, Rubio (D. Leandro), Becerra, Marcoartú, Albeniz, Valdespino, Figuerola, Carballo Vanguemert, Prieto, Echegaray, Sanromá (secretario).

Continuando la discusion pendiente sobre los principios económicos á que deben sujetarse las mejoras urbanas,

El Sr. Retortillo (D. José Luis) expone brevemente la cuestion del ensanche de Madrid bajo el punto de vista de los principios económicos. Examina el proyecto presentado al Senado por el Sr. Ministro de la Gobernacion, y hace ver los graves defectos de que adolece, principalmente en lo que atañe á la falta de respeto á la propiedad privada. Cree el Sr. Retortillo que el mencionado proyecto puede citarse en esta discusion como una prueba de los peligros que envuelve la inmixtion de la autoridad pública en los ramos que afectan á la riqueza; y á este propósito recuerda que la Administracion no ha tenido inconveniente en imponer cesiones gratuitas de terreno, adquisiciones forzosas de solares para ciertos colindantes y otras varias trabas que atacan por su base el gran principio de la propiedad privada.

El Sr. Silvela (D. Luis), abogado del colegio de Madrid y secretario de la Asociacion para la reforma de los aranceles de
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Aduanas, recuerda que se había hecho sentir en Madrid la necesidad del ensanche, y los perjuicios que la no resolución de este asunto y la incertidumbre de un plano definitivo, ocasionaba á los dueños de fincas colocadas en las inmediaciones. Partiendo, pues, de la necesidad de esta medida, la cuestión podía tratarse en absoluto, esto es, sujetándose sólo á los principios, y con relación á España, centro de la legalidad existente.

Bajo el primer aspecto, cree el Sr. Silvela que no pudiendo admitirse, sin vulnerar los principios de justicia, la expropiación ni aun por causa de utilidad pública, si la municipalidad, no el gobierno, quería realizar el ensanche y mejora de una población cualquiera, debía adquirir á su costa, esto es, con los recursos con que contase, los terrenos necesarios para las calles y plazas, por medio de contratos libres con los particulares; porque, siendo en beneficio de todos, por todos debía contribuirse, pero sin poder violar, en nombre y provecho de muchos, el derecho de uno. No cree que por regla general la obstinación de un particular pueda poner obstáculo insuperable á la realización de un proyecto de verdadera utilidad; pero que en el caso de que semejante obstáculo exista pueda jamás justificar la expropiación, porque considera la cuestión de principios de más importancia y trascendencia que la que muchos creen.

Adquirido de este modo el terreno, juzga que deberá fijarse definitivamente un plano y permitirse desde entonces á los dueños construir cómo y cuándo les pareciese, sin sujeción á ninguna clase de reglas, porque el interés individual atiende suficientemente tanto al ornato como á la seguridad de las construcciones.

Mas si se quiere tratar la cuestión bajo el otro aspecto, esto es, con arreglo á la legalidad subsistente en España, partiendo del punto que las obras, como de utilidad pública, están comprendidas dentro de la ley del año 36, cree el Sr. Silvela, que al llevarlas á cabo, debía aplicarse la mencionada ley, sin necesidad de crear una legislación especial que viola no sólo los abstractos principios de derecho, sino el precepto constitucional que manda que nadie pueda ser privado de su propiedad, sino por causa de utilidad pública y prévia indemnización. Y en este terreno limitado, no puede hallar la justificación del artículo de la ley de ensanche de
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aquella desdichada criatura, y dicen al Estado: «cada uno de nosotros no puede encargarse del expósito, pero todos juntos podemos pagar á quien se encargue de él. Busca tú quien le cuide, vigilale, y evitemos el doloroso espectáculo que ofrece un inocente muriendo por falta de amparo, espectáculo que nos continueva, que aflige á nuestras esposas y á nuestros hijos, y que endureciéndonos á todos nos deprava, y depravándonos nos hace despreciables e infelices. Al exigirte este servicio, te ofrecemos los medios materiales indispensables para llevarle á cabo.»

Así, pues, la contribución que se paga para sostener la beneficencia, no es una limosna, sino el pago de un servicio que el Estado presta al individuo, que prefiere pagar algunos reales para sostener la inclusa y el hospital, á ver que los expósitos y los enfermos mueren por falta de amparo. La compasión de los asociados impone el deber de ser benéfico al Estado, y da el derecho á la beneficencia al desvalido. Y ¿no habrá alguno que prefiera ver morir sin auxilio á los expósitos y á los enfermos, á pagar la contribución para auxiliarlos? Bien podrá ser; mas puesto que está en minoría, preciso le será conformarse con lo acordado por el mayor número ó irse á vivir á otra sociedad que esté de acuerdo con su modo de sentir: y si como es posible no la halla, deplorando aquellos felices tiempos, allá antes de la venida de Jesucristo, en que la perversidad era un derecho, tendrá que aprontar su cuota de contribución, ni más ni menos que paga la administración de justicia el mismo que está dispuesto á violar todas las leyes.

¿Puede compararse el derecho á la beneficencia con el derecho al trabajo? ¿Somos socialistas los que decimos al Estado que está en el deber de no dejar sin amparo al des-
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poblaciones, que obliga al dueño á ceder gratuitamente parte de su finca; porque, en su sentir, no puede convenir á nadie la razón que se da que, de ese modo paga el propietario la ventaja que va á reportar de convertirse su finca de rústica en urbana. Con arreglo á ese principio, dice, podria exigirse á todos los demás dueños de terrenos que sufriesen expropiacion parcial, una cuota, porque todos experimentaban las ventajas, y tambien al dueño de una dehesa en cuyas inmediaciones se construyese un nuevo ferro-carril, siendo así que si en el derecho, el caso fortuito no se presta nunca, tampoco debe retribuirse el beneficio fortuito ó que se realiza sin la voluntad del que lo recibe.

El Sr. Carmona, periodista, rechaza la teoría del dominio eminente del Estado, en el sentido que la dan algunos jurisconsultos, creyendo, sin embargo, que en los raros casos en que pudiera ser aceptable la expropiacion por causa de utilidad pública, ni la sociedad, ni el Estado tendrían la facultad de absorber en sí la más mínima parte del derecho esencial del propietario sobre las cosas. La acción social sólo puede tener por objeto garantir y proteger los derechos del individuo y armonizarlos con las necesidades sociales.

El principio económico, pues, á que debe someterse el ensanche de las poblaciones, es que la propiedad conserve sus condiciones económicas, esto es, que pueda sostener una competencia indefinida, y que las leyes y fenómenos del cambio obren con entera libertad, sin que el Estado modifique sus efectos, creando barreras, privilegios y monopolios, incompatibles con las altas verdades que la ciencia económica se ha encargado de evidenciar.

La propiedad es una idea absoluta, que se revela en nuestra naturaleza racional, necesaria al desenvolvimiento del individuo y de la colectividad. Por medio de ella la personalidad humana realiza sus altos fines en la sociedad y se desenvuelve en las distintas esferas á que está llamada. De esta idea de propiedad, inherente de tal manera al individuo, que forma una parte integrante de él, deducimos lógicamente que todo ataque á la propiedad es un ataque á la personalidad humana, de que aquel derecho es una condición, y al orden social de que es la base.

La solución en cuestión tan delicada sólo puede venir, en con-
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cepto del Sr. Carmona, salvando los intereses al parecer antagonistas del individuo y de la colectividad. Atacar, como algunos quieren, los sagrados derechos del individuo en nombre del Estado, se resumiría en un panteísmo político, más perjudicial, porque es práctico, que el panteísmo religioso, que es una aberración filosófica.

Siendo muy avanzada la hora, se suspende el debate hasta la próxima sesión.

Sesion séptima, celebrada el dia 9 de Mayo de 1862.

Presidencia del Sr. D. Antonio María Segovia.

Abrióse la sesión á las nueve de la noche, con asistencia de los Sres. Segovia, Boua (D. Félix), Carballo Vangüemert, Rodríguez (D. Gabriel), Bosch (D. Pablo), Palau, Giraldez, Carmona, Badía, Narros, Perez Berrocal, Molina, Valdespino, Pastor (D. Luis María), Moret y Prendergast, Colon, Alheniz, Rubio (D. Leandro), Monasterio, Solernou y Castellanos, Silvela, Sanromá (secretario).

Fué presentado á la Sociedad el Sr. D. Francisco Perez Berrocal por el Sr. Sanromá.

Asistió también á esta sesión, previamente invitado por el señor presidente, el Sr. D. Manuel García Quijano, banquero y tesorero de la Sociedad de Economía política de Paris.

Continuando el debate pendiente sobre mejoras de las poblaciones,

El Sr. Palau Català se complace en recordar cuán lejos estamos de los tiempos en que la personalidad humana se perdía en la del Estado, y busca entre aquella idea esencialmente pagana y el principio individualista de nuestros días, una ley armoniosa que favorezca el desenvolvimiento del individuo en el seno de la sociedad. Expone que el individuo al agruparse y formar la población, donde se cumplen mejor los fines humanos, físico, moral e intelectual, pide aquel á esta una más ancha esfera para realizarlos; obligación á que no puede responder á veces la sociedad, sino limitando la libertad en beneficio de todos los asociados; obligación que no puede hacerse efectiva sino por medio
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de ciertos derechos en manos del municipio o Estado, formas principales del estado de sociedad, de quienes se exige.

Partiendo de este punto de vista, establece que, ni el municipio ni el Estado, viviendo una vida refleja, aunque natural, podrán: 1.º atentar á la personalidad humana cuyos derechos son absolutos; y 2.º que además han de remover en cuanto á las cosas los obstáculos que sean óbice á su libre desenvolvimiento. En el primer sentido, la primera condición económica de todo ensanche debe ser la libertad de ese mismo ensanche en todas las poblaciones, con lo cual por la mayor oferta de las viviendas se abarata su alquiler, y se hacen asequibles á los cortos haberes de la clase proletaria, que de otra suerte se ve obligada á ocultar sus miserias en las guardillas donde viven hacinadas y como en hormigueros las familias: libertad ilimitada de ensanche más justificada hoy día en que los adelantos del arte de la guerra han mostrado no ser ya las murallas, sino sólo las ideas las que detienen las invasiones, á la manera que resistió la Bélgica la revolución de 1848. En el segundo sentido sienta, que para alejar cuanto pueda limitar el desenvolvimiento humano, procurarán la salubridad, ventilación, alturas y luces de las casas, anchura de calles, etc., combatiendo de paso una idea del Sr. Sanromá, vertida en una de las anteriores sesiones, por no poder equipararse la propiedad urbana á la rural, á causa de ser aquella la creada por el hombre y crecer bajo sus techos la sociedad entera, viviendo, educándose y asociándose, lo que no sucede en la segunda, cuyo cultivo se puede dejar por lo mismo al mero arbitrio del propietario. En este punto, añade, deben extenderse las atribuciones del municipio hasta procurar la utilidad, y quizás también el ornato, porque es un hecho que, en proporción de la civilización, se embellecen las ciudades y que estas mejoras municipales y nacionales trascienden más allá del alcance de los sentidos, porque la mayor belleza atrae extranjeros y nacionales, y con ellos necesidades, capitales, industrias, teatros, academias, universidades, cultura y civilización en fin, dando pie para que se realice, además del físico, el progreso moral e intelectual del hombre; aduciendo como ejemplo, un paralelo tomado de la ciudad de Lóndres entre el opulento e inteligente distrito de la City, y los miserables
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y corrompidos física y moralmente de White Chappel y St. Giles.

Protesta el Sr. Palau de no abogar por las ciudades artificialmente creadas ó enriquecidas, entre las cuales cita á Madrid y Versalles.

En sentir, pues, del Sr. Palau, el derecho de la sociedad para favorecer el desenvolvimiento de los fines físico, moral é intelectual del individuo por medio de sacrificios que exige á su propiedad, nunca á su persona, no se funda en el dominio eminente del Estado; que implicaría la existencia de un derecho superior á la ley, ni en la rastrera utilidad pública, sino en una idea racional y jurídica reconocida bajo la forma de expropiación por causa del bienestar público en todas las épocas de la historia.

Después de una ligera rectificación del Sr. Carmona,

El Sr. Moret y Prendergast se fija en el interés general ó económico que tiene la cuestión, y en el particular que la imprimen las actuales circunstancias. Hay, en efecto, en todos nuestros grandes centros de población, una tendencia manifiesta á ensancharse. El principio de utilidad general que se reclama para estos ensanches y otras mejoras, está de antiguo consignado en nuestras leyes, tan de antiguo, que ya una ley de la Partida 5.ª declara que no se puede tocar al procomunal de la tierra sin conocimiento previo de la utilidad. Ahora nos atenemos á la ley de 1836 sobre expropiación forzosa. Pero ¿cuál es el criterio que debe guiarlos para determinar la utilidad pública? Desde luego rechaza el Sr. Moret y Prendergast la doctrina que busca este criterio en el llamado dominio eminente del Estado, idea anticuada y socialista que, en su concepto, nadie puede atreverse hoy á reproducir seriamente. El alto principio de la coexistencia necesaria de las personalidades, es para el Sr. Moret y Prendergast la guía más segura en la materia que se debate. El Estado que no crea, ni distribuye, ni merma, ni suprime la propiedad; el Estado, cuya misión es exclusivamente garantizarla, ¿qué debe hacer para cumplir con su misión? Limitarse á impedir que una propiedad llegue á perjudicar á las demás, para lo cual no tocará á la propiedad cuando haya sólo un temor posible ó un peligro de que perjudique; sino cuando cause un mal perfectamente definible y definido. Aplicando esta doctrina á los ensanches y embellecimiento de las poblaciones, entiende el se-
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ñor Moret y Prendergast que las buenas reformas se harán por interés de los mismos vecinos, y dejando siempre en salvo el principio propietario; acaso sacrificando un poco la regularidad y la belleza á lo sagrado de este principio, pero en cambio, dejando triunfante la dignidad y la libertad del hombre, que siempre son preferibles á una calle bien alineada y á la hermosa perspectiva de un edificio.

El Sr. Carballo Wanguemert, extraño al curso de estos debates por no haber asistido á las reuniones anteriores, y no conociendo, según manifestaba, la ley sobre cuyo exámen se ocupa la Sociedad, sólo podía hablar de algunas preguntas y respuestas que se había hecho á sí mismo durante el discurso del Sr. Palau, mantenedor en otras ocasiones de los buenos principios económico-políticos, pero en esta desgraciadamente apartado de los mismos. ¿De qué se trata, preguntaba el Sr. Carballo? ¿A qué se reduce la cuestión en principios? ¿A averiguar qué pauta ó qué criterio debe presidir al ensanche de las poblaciones? Pues en este caso la respuesta es muy sencilla; porque la ciencia no puede dar otro criterio que el de la libertad: dejad que las poblaciones se ensanchen como ellas lo entienden y puedan hacerlo, sin ponerles restricción alguna.

Las atribuciones del Estado, en este caso no pueden ser otras que las mismas que tiene respecto de los casos de la misma especie. Un pueblo no cabe dentro de su recinto; es indispensable que extienda su radio, que construya nuevas habitaciones. Hé aquí una necesidad que respecto de todos los individuos, en general, y de cada individuo en particular, no se diferencia de las necesidades de abastecerse de granos, de géneros, de ciencia, de ideas, etc., etc. Las atribuciones que el gobierno tenga para uno de estos casos, tiene para todos los demás, sin diferencia alguna. ¿Es el gobierno ó es el Estado buen fabricante, buen comerciante, buen productor? ¿Puede serlo? ¿Sabe serlo? ¿Tiene derecho de serlo? Si pues los principios de nuestra escuela contestan negativamente, esta respuesta es en rigor la misma que el Sr. Carballo aplica al ensanche de las poblaciones. El interés privado, la iniciativa individual, es la única competente para responder á estas necesidades, dándolas su verdadera y cumplida satisfacción; él á quien alcanza la responsabilidad de