Gaceta economista (Revista mensual) (1861-01-01 00:00:00), página 2

Pero veamos en qué se fundan los peticionarios de Barcelona y sus defensores en las Cortes, para reclamar la reforma de la ley de 1842. Veamos si esta ley puede reformarse, sin lastimar profundamente el derecho de propiedad y dar un salto atrás, hacia la absurda legislación de los tiempos del absolutismo; veamos si la libertad completa de contratación en materia deinquilinatos, puede ser contraria en algunos casos á la justicia, así como á la utilidad general del país, y á la particular de la clase de inquilinos ó arrendatarios de fincas; y para esto estudiamos el derecho del propietario y del inquilino; las relaciones e intereses de estas dos clases, y la ley que debe regirlas, para que los derechos existan, para que los intereses se armonicen. Tarea difícilísima, según el ministro de la Gobernación y los diputados defensores de la petición de Barcelona, que buscan una solución de este problema fuera de las leyes naturales y científicas del derecho y de la economía social; tarea muy fácil, según nosotros; cuando se busca la solución de esas leyes, y á ellas sólo se atiende, estudiando la naturaleza verdadera de los derechos y de los intereses de esas dos clases, que son armonícos y sólo necesitan para vivir y desarrollarse fraternalmente unidos la atmósfera vivificante de la libertad.

¿Cuál es el derecho del propietario? Hacer el uso que mejor le parezca de su finca; puede disfrutarla por sí, puede arrendarla, puede venderla. Esa finca es un producto de su actividad; la ha creado o adquirido con su trabajo; constituye, por decirlo así, una extensión de su personalidad misma. Sobre esa propiedad nadie tiene derecho; ni puede haber para la acción de su dueño, cuando cede su disfrute á otro individuo, más límites que aquellos que el mismo dueño quiera imponerse.

¿Cuál es el derecho del inquilino? No puede ser otro que el que nazca del contrato que hace con el propietario. El inquilino puede tomar ó no tomar en arriendo la finca, según le parezcan ó no aceptables las condiciones que el propietario le proponga. Antes del arriendo, ningún derecho tenía sobre ella; después tendrá los que establezca el contrato, libremente debatido y aceptado por una y otra parte. La relación de derecho entre el propietario y el inquilino no puede ser otra, por lo tanto, que la consignada en las condiciones mismas del contrato, y toda intervención del Estado que altere esa relación, ó que fije una plantilla, á la cual forzosamente haya aquella de ajustarse, lastima; viola á la vez el derecho del propietario y el derecho del inquilino. Para que esos derechos coexistan no se necesita, pues, otra cosa sino que el contrato se realice; que la ley haga cumplir á una y otra parte las obligaciones que respectivamente convienen. Así la ley de inquilinatos, para ser justa, ha de ser la garantía de los derechos que con el contrato nacieron, hijos de la voluntad libre de los dos contratantes.

Contra esta teoría, sólo encontramos una objeción en el debate que ha tenido lugar en el Congreso: la relativa á los derechos que se supone da al inquilino la llamada propiedad del crédito personal. Al lado del derecho del propietario, se dice, ha nacido otro derecho. El inquilino que tiene un establecimiento industrial, y con su actividad ha logrado crearse una reputación y una clientela, necesita de la finca para conservar esos frutos de su trabajo, que podrían, si se le obligase á dejar la casa en que vive, desvanecerse como el humo. Ahora bien: ese crédito, esa reputación, esa clientela, constituyen una verdadera propiedad, y es preciso que la ley la defienda y asegure contra los abusos del dueño de la finca.

Tal es la objeción, que se funda en un lastimoso sofisma. Esa llamada propiedad ha nacido subordinada á las condiciones del contrato de arriendo; no puede ser absoluta. Tiene un límite natural en ese contrato; limite que el inquilino conoce y ha aceptado libremente al tomar en arriendo la finca. El inquilino supo, al establecer su industria, cuáles eran las condiciones del instrumento; casa, tienda, almacén ó taller, qué para ejercerla alquilaba. Supo que ese instrumento podía faltarle al cabo de uno, de cinco, de diez años, cuando el tiempo del contrato terminase; y debió hacer entrar todas estas circunstancias en el cálculo antes de emprender su especulación. Nadie le ha engañado, nadie le ha obligado: ¿con qué razón, con qué pretexto puede pedir que el contrato se viole, y se alteren las condiciones que libremente aceptó al tomar el instrumento que necesitaba y se le ofrecía? ¿Dónde está, pues, ese derecho del inquilino, que se quiere sobreponer al del propietario? ¿Cuál es su fundamento, su razón de ser? Ninguno; absolutamente ninguno. Ese crédito personal, esa clientela, crear intereses, crear derechos, si se quiere, dentro de los límites del contrato de arriendo, pero no crear un derecho que pueda sobreponerse á lo que en ese contrato se estableciese.

Esto es tan claro, que no comprendemos cómo hombres de tan eminentes cualidades, como algunos de los defensores de la petición de Barcelona, pueden desconocerlo. Hay más; y es que todas las propiedades están sujetas, como la llamada del crédito personal, á eventualidades más ó menos graves, que pueden en un instante destruirlas. Los edificios son combustibles; un incendio puede arrasarlos, y la propiedad muere; una cosecha se pierde por una helada; los conocimientos adquiridos desaparecen por una enfermedad que debilite la memoria; todas las creaciones, en fin, de la actividad humana, están sujetas á condiciones, y en la creación del crédito y de la clientela de un establecimiento, cuando el local es alquilado, una de esas condiciones es la voluntad del propietario en todo aquello en que el contrato de arriendo le ha dejado libre. Contra esas condiciones, que proceden de la naturaleza misma de las cosas, ya por la fuerza de las leyes del orden físico, ya por la de las leyes del orden moral, nada puede, nada debe hacer el Estado. Al individuo, al industrial toca precaverse contra ellas; y si absurdo sería que el industrial pidiese al Estado que garantizase la existencia de su propiedad contra un terremoto, absurdo é injusto es que pida esa garantía á costa del derecho de otro individuo, contra una condición, que es más respetable que la de la posibilidad de un terremoto, que es sagrada para el industrial, por lo mismo que la aceptó, después de examinarla y debatirla libremente, pudiendo haberla rechazado.

No hay, pues, contra el derecho del propietario