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condenar todas las Sociedades de seguros basadas en accidentes debidos al azar, como las tontinas, seguros sobre la vida y sobre bienes muebles ó inmuebles. Comprendería el orador la reprobación de que se quiere hacer objeto á los contratos aleatorios y empréstitos-lotería, si la prima debiera sacarse de la masa de operarios para dársela á los portadores de cupones; pero los que la proporcionan son los contratantes, permitiendo que se retenga una parte mínima del interés de su dinero. Por lo demás, la ley no prohibe absolutamente las deudas contraídas en el juego; pues cuando se han pagado, no da accion para reclamar la devolución.

M. Mayer-Hartogs confiesa que la teoría sustentada por los Sres. Gouvy y Deheselle, parece ser la única verdadera; pero, como hombre práctico, añade que es necesario contar con los hechos sociales y alojar un tanto el rigorismo de los principios. Pongamos un caso. Un ayuntamiento tiene que hacer frente á necesidades urgentes de una población, por ejemplo, al servicio de aguas potables. ¿Que es lo que en tal caso conviene ante todas cosas? Obtener dinero barato. Los empréstitos-lotería han procurado dinero para una infinidad de empresas urgentísimas, que no se hubieran llevado á cabo sin grandes dificultades, á no mediar aquel expediente. De esta manera ha podido organizarse el crédito municipal, que no existía hace algunos años, y que ha dado resultados excelentes. Hoy día ya los ayuntamientos no podrían abrir empréstitos sin prima. Y es fuerza reconocer que es muy buena la operación que se propone realizar la ciudad de Bruselas, cuya operación consiste en amortizar el empréstito de 1843, creándose por el mismo medio un recurso de 6 millones, sin que los contribuyentes tengan que sacar un ochavo del bolsillo. El Estado no puede hallar dinero con tan buenas condiciones. M. Mayer-Hartogs piensa como M. Jottrand que los empréstitos-lotería facilitan el ahorro. Cita el caso de un operario suyo que acostumbraba depositar sus ahorros en la caja de idem, y que ahora ha procurado comprar acciones de la ciudad de Bruselas, porque además de un interés superior, le ofrecen la esperanza de obtener una prima. Se dirá que de esta manera semejantes empréstitos perjudicarán á las cajas de ahorros; pero ¿sería esto un mal si los operarios poseyeran cupones de acción?
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Pasa el orador á legitimar el uso que hacen los ayuntamientos del dinero de los empréstitos, creyendo que las ciudades, y sobre todo las capitales, deben desplegar todo el lujo posible para atraer á los extranjeros. Mejor sería sin duda que los gastos de lujo fuesen pagados principalmente por las personas afortunadas que más se aprovechan de ellos; pero lo peor de todo es el statu quo, y las clases operarias son las que más se resienten de él.

M. Ad. Lehardy de Beaulieu empieza por examinar el punto de si los empréstitos son necesarios y están conformes con las leyes constitucionales de la nación belga. ¿No es verdad que cuando el Estado y los ayuntamientos toman dinero prestado, contraen deudas, en nombre de personas que no quisieran contraerlas? Una parte de los contribuyentes crea deudas que todos tienen que pagar, gravando al propio tiempo las generaciones venideras con el peso de una obligación que indudablemente no hubieran consentido. Según la Constitución belga, se votan anualmente los impuestos; de lo cual resulta que, según el espíritu de la ley fundamental, cada año debe prever sus gastos y atender á ellos, sin que haya derecho para mermar con deudas los ingresos venideros. Si el Estado se hubiera atenido siempre á estas reglas, no se encontraría la Bélgica gravada anualmente con un pago forzoso de 45 millones de francos de renta; y los ayuntamientos y á su cabeza el de Bruselas, no hubieran tenido que afectar en sus presupuestos anuales sumas enormes para el pago de sus intereses y amortización de su deuda.

Suponiendo la legitimidad de los empréstitos, debe empezarse por considerar si un empréstito es útil á la masa de la población, y repartirlo entre ella, en proporcion á las ventajas que cada cual haya de sacar del mismo. No es reprehensible el ayuntamiento que haga una operación que cueste dos y pueda producir cuatro á la generalidad. Pero con harta frecuencia acontece que los empréstitos y los grandes gastos públicos son provechosos tan sólo para una determinada clase de ciudadanos. En América, donde tan perfectamente se comprende la manera más justa de repartir los impuestos, se carga en los gastos públicos á cada ciudadano una parte proporcional á las ventajas que de ellos saca. Ejemplo: en Nueva-York, donde el impuesto gravita
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sobre la propiedad urbana, se consideró que á esta le sería útil en general comprar 354 hectáreas de terreno para trasformarlo en una especie de Bois de Boulogne, mediante la suma de 40 millones de francos. Empezóse por hacer pagar 40 millones á los habitantes cuyas propiedades, contiguas al expresado sitio, adquirían un aumento de valor considerable á consecuencia de la mejora; y el resto del empréstito se repartió entre la generalidad, comprendiendo en ella á los mismos que habían satisfecho los 10 millones. Aunque este fué un gasto de mero lujo, puede decirse que los habitantes de Nueva-York ganaron unos 100 millones en la operación.

Siendo el empréstito legal, útil y necesario, ¿cómo debe realizarse? Supongamos un ayuntamiento que tenga que pagar anualmente la cantidad de 770.000 francos entre intereses y amortización, por un empréstito de 12.000.000 de francos contraído en 1843, cuya cantidad debe ser abonada todavía durante 36 años antes de extinguir el capital. Si se presentan á dicho ayuntamiento banqueros que le ofrezcan 18 millones al contado para disfrutar de la suma anual de 77,000 francos durante 66 años; ¿puede decirse que haría un mal negocio aceptando estas condiciones? ¿Cuántas mejoras no podrá realizar el ayuntamiento con los 6 millones que gane! Verdad es que se retrasa el plazo de la amortización, pero en cambio la posición de los vecinos resultará notablemente mejorada con las obras públicas que se emprendan.

Los títulos que poseen los tenedores del empréstito, no son valores inmovilizados, porque pueden negociarse todos los días en Bolsa.

M. V. Dehezelle cree que no se pueden comparar exactamente los títulos de un empréstito-lotería al dinero, porque ¿quién nos asegura que no bajarán de precio las obligaciones de un ayuntamiento el día en que se vea apurado en la cuestión de fondos?

M. Ad. Lehardy de Beaulieu no ve carácter alguno inmoral en la parte aleatoria que tienen los empréstitos municipales. Generalmente se observa que las acciones se cotizan á un tipo inferior á su valor real, y sólo cuando se acerca la extracción de los lotes, comienzan los manejos señalados por M. Jottrand. Así bajo
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el punto de vista económico, como bajo el punto de vista constitucional, son censurables los empréstitos; pero una vez admitido ó tolerado el principio, conviene sacar la mayor cantidad posible con la menor carga posible.

El Sr. Conde de Arrivabene hace notar que, por desgracia, los grandes empréstitos municipales suelen destinarse á obras de ornato, provechosas únicamente para las clases acomodadas, y de ninguna utilidad para mejorar las condiciones higiénicas de los barrios populosos ó mal sanos. ¿No es pues contradictorio y casi inmoral el emplear gruesas sumas de dinero en suntuosos palacios, mientras quedan en el mismo estado tantos callejones inmundos, donde las menores enfermedades epidémicas suelen diezmar á la infeliz población? Convendría ocuparse un poco más de la higiene de los centros de población, y un poco menos de su embellecimiento.

M. G. de Molinari no cree que el juego deba condenarse de una manera absoluta, porque es una necesidad de nuestra existencia. ¿Por qué no se ha de permitir este linaje de distracción al que tenga medios para ello? La inmoralidad del juego, como la de tantas otras cosas buenas en sí, procede del abuso que de él se hace: la embriaguez y la disipación son la satisfacción exagerada de ciertas necesidades y tendencias que, en sí y en su uso racional, nada tienen de censurable.

Pero la cuestión, tal como se ha planteado á propósito de los empréstitos con prima, es la siguiente: ¿tiene el gobierno derecho para señalar reglas á la moralidad pública, lo mismo en el juego que en el uso de las bebidas, etc.? ¿Está en sus atribuciones prescribir una cierta manera de jugar, de reglamentar las tabernas, casas de prostitución, etc.? Evidentemente esto no entra en las atribuciones del gobierno, el cual no puede ocuparse del uso ó del abuso del juego y otros placeres, sino cuando resulte de ello alguna perturbación en el orden público. Entonces al poder represivo de los tribunales corresponde castigar á aquellos que hayan invadido el derecho de los demás.

Ahora bien: en virtud del derecho que los gobiernos y ayuntamientos se arrogan de permitir el juego de los empréstitos-lotería, ó juegos de Spa, resulta que vienen á tener unas verdaderas casas de juego en provecho suyo, prohibiendo á los
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ciudadanos hacer lo propio. El juego que aparece en la proximidad de una extraccion, el negocio que se hace con los cupones ¿es acaso más moral que el que consiste en poner una moneda de 5 francos sobre el rojo ó el negro en una casa de juego? ¿No es contradictorio, no es una completa perversión de las ideas morales el ver á las autoridades públicas prohibir el juego como cosa inmoral, y hacerlo al mismo tiempo por su cuenta?

El orador se manifiesta contrario al sistema de empréstitos municipales. Dice que esto es una imitación raquítica de las prácticas francesas. Bruselas ha querido seguir á París en la peligrosa senda de los grandes gastos para el embellecimiento de la población. Dicen que tales gastos son útiles para atraer á los extranjeros, y que de rechazo son altamente provechosos para la industria. Si estos gastos no se hiciesen con el producto de los impuestos, es decir con el dinero de todo el mundo ¿se encontrarían muchos que facilitasen fondos para darles aquella colocación? El aumento de impuestos que los gastos producen, aleja la industria de las ciudades y la lleva á otros centros donde existan menos cargas. De manera que las ciudades que tengan grandes deudas se irán viendo desiertas, y las industrias se instalarán en los alrededores, como lo hacían en otro tiempo para sustraerse á los derechos de consumo.

Obsérvese además que los gastos destinados á levantar monumentos, abrir paseos públicos, etc., absorben improductivamente muchísimos capitales. Si en París los 350 millones que se han destinado á demoliciones y construcciones de calles y monumentos, se hubiesen empleado en capitales industriales, caminos de hierro, manufacturas ó agricultura, ¿no se hubiera hecho una cosa más útil? Lo necesario debe preceder á lo que es de mero lujo. Ahora bien: las nueve décimas partes de nuestras poblaciones habitan en viviendas infelices, apenas tienen con que vestirse y alimentarse; por consiguiente, mucho mejor sería dejar que los capitales se dirigiesen á la producción de vestidos y habitaciones que á la de monumentos y artículos de lujo. Un gobierno que excitase á hacer gastos de lujo, mientras que la masa general de la población está falta de lo necesario ¿no debería pasar por un dilapidador de los caudales públicos?

M. V. DEHESSELLE da toda su aprobación á la teoría presenta-
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da por M. de Molinari, y contestando á lo dicho por M. Jottrand sobre los empréstitos-lotería y las Sociedades de seguros, advierte que la comparación es defectuosa. Cuando se hace asegurar una cosa ó una persona contra los riesgos de destrucción ó mortalidad, se parte de una cosa existente, se aspira á una seguridad contra una fuerza mayor que ni se inventa ni se busca deliberadamente. Riesgos de esta clase no se crean como los que proceden del juego. Las casas de juego y los empréstitos-lotería, crean riesgos artificiales, crean esperanzas, y especulan sobre la credulidad y las pasiones. Luego el elemento aleatorio es lo único que hace prosperar los empréstitos municipales; y quien dice elemento aleatorio, dice elemento inmoral. Por esto deben rechazarse tales juegos y aventuradas suertes.

M. JOTTRAND cree con M. Ad. Lehardy de Beaulieu que, según la Constitución, los gastos públicos no deben gravar el porvenir. También está de acuerdo con los señores conde de Arrivabene y Molinari en que es desplorable la tendencia de las grandes ciudades á hacer gastos de lujo, precisamente cuando las cuestiones de higiene pública yacen en el más completo olvido. No debe imponerse el lujo á quien está falto de lo necesario.

Sostiene, sin embargo, el orador que la prima de los empréstitos-lotería no le parece más inmoral que las combinaciones industriales conocidas bajo el nombre de contratos de seguros y obligaciones no garantizadas; y aún que la mayor parte de las operaciones industriales, mercantiles y agrícolas, todas las cuales encierran siempre algún elemento aleatorio. Toda combinación humana está más ó menos sujeta á los azares de la suerte; y desde el momento en que son iguales las contingencias, no es más inmoral tomar cupones de empréstitos con prima que tomar acciones industriales no privilegiadas. Lo que da un alto carácter de inmoralidad á los juegos públicos por el estilo de los de Spa, es que las contingencias no son iguales entre el banquero y los jugadores.

M. Mayer Hartogs no vacila en admitir en todo su rigor los principios sentados por los señores Molinari y Deheselle en materia de gastos públicos; pero entiende que, en la práctica, hay casos en los cuales el bien de la comunidad reclama que los
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Entonces, la idea que se había adivinado y que con más ó menos felicidad había sido defendida en varios Estados de la ilustrada Europa, adquirió nuevos y esforzados pala- dines, que sin duda la harán triunfar.

Lo que se llama hoy propiedad literaria, ¿es tal pro- piedad? ¿Debe la ley igualarla con esta? La legalidad existente, histórica y filosóficamente considerada, nos per- mitiría contestar negativamente y á priori, á la primera pregunta; los que consumen su vida y olvidan sus intere- ses arrancando á la ciencia sus arcanos y al arte sus bellezas, nos darían la más cumplida contestación á la se- gunda. No apelaré á lo uno ni á lo otro: llamado á anali- zar la legalidad existente, y un derecho controvertido, en el análisis espero encontrar la confirmación de los principios que he adelantado. Del análisis resultará que sólo un pri- vilegio de los gobiernos, una ley de privilegio (si estas palabras no protestan al verse juntas) ha garantido á los autores y á sus próximos descendientes; y del más dete- nido análisis del trabajo intelectual me esforzaré en dedu- cir que los productos de la inteligencia, realizados en un objeto trasmitible, son exclusiva y completa propiedad del creador.

Después de privilegios particulares concedidos sin vaci- lar por los gobiernos á los autores y sus descendientes que los pedían, llegó el caso en que el legislador se convenció de los poderosos títulos que el autor tenía sobre su propie- dad, y creyó que era preciso garantírsela; entonces nació la legalidad moderna sobre la llamada propiedad literaria en casi todos los Estados de Europa; y digo en casi todos, pues salvo en algunos de Alemania se admite el principio de dis- frute durante la vida del autor, y hasta cierto tiempo después de su muerte para los herederos. No otra cosa es hoy la pro-
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ayuntamientos emprendan grandes trabajos, como surtido de aguas potables y de riego, apertura de calles y plazas, etc.

M. DE MOLINARI: Sin embargo, estos trabajos, principalmente el surtido de aguas, serian mucho menos costosos si se dejaran á la iniciativa de los particulares.

M. AD. LEHARDY DE BERULIEU cree que la teoría de M. de Molinari no debe llevarse hasta sus últimas consecuencias, porque si los gastos de lujo en las ciudades son á menudo improductivos, hay otros de una utilidad indisputable. Los 350 millones gastados en Paris en expropiaciones, reconstrucciones y embellecimientos, han dado un aumento de valor considerable á la propiedad: de manera que si fuese un particular quien hiciese estos trabajos por especulacion, podria decirse que hacia una operacion ventajosa.

VARIOS SEÑORES: Con la diferencia de que este particular seria el único que pagaria y sacaria el provecho, al paso que aquí la comunidad es quien paga los gastos, y sólo algunos se aprovechan del aumento de valor dado á las propiedades.

M. AD. LEHARDY DE BERULIEU: Hay empresas que los particulares no pueden hacer; como por ejemplo las que se refieren á la salubridad pública y á la apertura de calles. Existe en Londres la calle de Holborn, que cuesta anualmente á los habitantes más de 2 millones de libras en gastos de reparacion. La mejora general de la calle seria una empresa eminentemente útil para el público, y sólo el Estado puede llevarla á buen término.

M. GOUVY termina la discusion diciendo que pueden caracterizarse los empréstitos con prima por los abusos que encierran en principio. Si se permite emplear el juego para realizar los empréstitos, bien puede decirse que se emprenden las operaciones pidiendo un simple tanto por ciento de interés, y con la seguridad de obtener un buen resultado, explotando la credulidad y las pasiones. Aquí no se trata del alquiler de numerario, sino del juego, de la especulacion del banquero jugador.
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EXTRANJERO.

FRANCIA.

REFORMAS COLONIALES.—ANTILLAS FRANCESAS É ISLA DE LA REUNION.—AVISO IMPORTANTE Á LOS COMERCIANTES Y ARMADORES.

Es muy conveniente que las casas dedicadas al comercio marítimo y los armadores sepan que, desde el dia 1.º del mes de Setiembre del corriente año, se ha puesto en planta el nuevo régimen mercantil adoptado por el gobierno francés en las colonias de la Martinica, Guadalupe y Reunion (antigua isla de Bourbon en el Mar de las Indias).

Para que el comercio español pueda sacar partido de este nuevo régimen que, si no es tan liberal como el de las colonias inglesas, es por lo menos mucho más desembarazado que el que estuvo en vigor hasta hace poco; vamos á precisar en breves líneas las bases que resultan de la ley de 28 de Junio de 1861, inserta en el Monitor universal de 31 de Julio inmediato.

Sabido es que el antiguo régimen mercantil de las colonias francesas era exclusivista, así relativamente á las importaciones y exportaciones de mercancías, como en lo tocante á la navegación.

Este sistema, conocido bajo el nombre de pacto colonial, ha desaparecido ya; y de aquí en adelante las tres importantes islas que hemos mencionado quedarán abiertas al comercio y nave-
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gacion con todas las naciones del mundo. Veamos en qué términos.

IMPORTACION, en las tres colonias, de toda clase de mercancías extranjeras cuya entrada esté permitida en Francia. Esta importación puede tener lugar bajo toda clase de pabellones; pero las mercancías que vayan con pabellón distinto del francés, pagarán por tonelada de flete (100 kilogramos próximamente) un derecho diferencial graduado del modo siguiente:

Desde los países de Europa y desde países no europeos situados en el Mediterráneo.
  á la Reunion. . . . . . 30 frs.
  á las Antillas francesas. 20

Desde los países situados en el Océano Atlántico, no comprendiendo la ciudad del Cabo y su territorio.
  á la Reunion. . . . . . 20
  á las Antillas francesas. 10

Desde los países situados en el Gran- de Océano, comprendiendo la ciudad del Cabo y su territorio.
  á la Reunion. . . . . . 10
  á las Antillas francesas. 20

EXPORTACION de las colonias. Podrá tener lugar para toda clase de destinos y también bajo toda clase de pabellones, mediante un derecho diferencial análogo para el pabellón extranjero. Pero tóngase entendido que este derecho diferencial sólo es aplicable al pabellón extranjero para la navegación entre Francia y las colonias. Es de 30 francos por tonelada para la navegación de la Reunion y de 20 para la de ambas Antillas francesas.

Resulta de estos datos generales que un buque español podrá importar en las tres islas todas las mercancías de nuestro país que podria introducir en Francia, pagando idénticos derechos de aduana que si su destino fuese á uno de los puertos franceses. Solamente que, como es buque no francés, tendrá que sujetarse al pago de un derecho diferencial. Suponiendo, por ejemplo, que la expedición se verifique desde Cádiz á la isla de la Reunion, el derecho diferencial sería de 30 francos, y para ambas Antillas francesas de 20.

Al propio tiempo este mismo buque español, que habrá llevado mercancías de nuestro país á las susodichas colonias francesas, podrá tomar en ellas artículos coloniales (azúcar, café, etc.), para traerlos á España, ó llevarlos á alguna otra nación, Fran-
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cia inclusive. Solamente que, si los lleva á Francia, los artículos pagarán á la entrada el mencionado derecho diferencial (30 francos para las procedencias de la Reunion y 20 para las de las Antillas francesas). Téngase entendido empero que no existe ninguna clase de derecho para la salida de dichos puertos coloniales sobre los mencionados artículos y sea cual fuere el pabellón que los conduzca.

Ya se comprende la importancia de estas modificaciones, que pueden considerarse como una verdadera revolución en el sistema colonial francés. Es indudable que, á pesar de los derechos diferenciales, establecidos como una transacción entre el pasado y el porvenir, los comerciantes y armadores se aprovecharán de las facilidades que les proporciona el relativo liberalismo económico del gobierno francés. Así, por ejemplo, es ya un paso bastante avanzado el poder importar en nuestro país los azúcares de las colonias francesas sin derecho diferencial de ninguna clase y aún el poderlos importar en la misma Francia con un simple derecho diferencial de 30 ó 20 francos respectivamente. Y es más todavía si se atiende á la nueva legislación francesa en materia de azúcares. En estos últimos tiempos se ha puesto tantas veces la mano en aquella legislación, que creemos oportuno señalar las bases en que descansa actualmente. A lo menos será esto útil por lo que atañe á las colonias de que nos estamos ocupando.

Desde la promulgación de la ley de 23 de Mayo de 1860, los derechos sobre los azúcares no refinados (de cualquiera clase que sean) de la Martinica y Guadalupe, son en junto y á su entrada en Francia, de 26 francos 40 céntimos cada 100 kilogramos, y de 22 francos 80 céntimos sobre los de la isla de la Reunion. Estos son los derechos que se aumentarán en 20 ó 30 francos por tonelada, según las procedencias.

Con motivo de un decreto de 24 de Junio último que establece y determina la devolución de los derechos ó drawbacks sobre los azúcares reexportados de los puertos de Francia, después del refino, se ha agitado vivamente la cuestión de saber si el decreto que concede este señalado favor á los azúcares extranjeros, aunque sean importados bajo pabellón idem, debería aplicarse con mayoría de razon á las importaciones de que estamos hablando, es decir, al azúcar francés que llegare con pabellón extranjero.