Gaceta economista (Revista mensual) (1861-01-01 00:00:00), página 3

otro derecho que el que nace del contrato con el inquilino. Si ese contrato se cumple, no puede haber conflictos de derechos; podrá haber acaso un conflicto entre el interés del propietario y el interés del inquilino; podrá este en algunos casos resultar perjudicado, si el propietario, usando de su derecho, lo arroja de la finca, como el inquilino podrá en otros casos perjudicar al propietario, cuando en uso, también de su derecho, la abandone; pero en esos conflictos de intereses no puede ni debe intervenir el Estado, cuya misión es sólo realizar la justicia, y por lo tanto, asegurar la libertad absoluta de los contratantes.

Pero decían también los defensores de la petición de Barcelona: nosotros no queremos que el Estado altere los contratos establecidos, cúmplanse en buen hora las obligaciones pactadas; pero fijense por una ley para lo venidero, ya que la libertad absoluta de contratación puede dar lugar á conflictos de intereses, ciertas reglas, que sin limitar el derecho, eviten los abusos que los propietarios á veces cometen aprovechándose para aumentar los alquileres, de la situación del inquilino, cuando este ha de experimentar un gran perjuicio por la variación de local.

Todo esto es muy generoso y muy laudable, pero ¿dónde están esas reglas? ¿Qué es lo que podrá evitar el daño de que se habla, sin limitar la libertad del propietario, sin violar, por lo tanto, su derecho? No lo sabemos, y creemos que no lo saben tampoco los defensores de la petición de Barcelona. En toda la discusión del día 16 no se encuentra una pretensión clara, una fórmula concreta para la reforma de la ley de 1842. Indicaciones vagas, frases vacías de sentido, palabras, y nada más que palabras. El ministro de la Gobernación decía á los diputados que reclamaban sobre la necesidad de una ley nueva, pero protestando al mismo tiempo que no querían lastimar el derecho del propietario: «Dadme una fórmula». Y los diputados divagaban y repetían y amplificaban hasta la saciedad la idea de armonizar los derechos e intereses que creían contradictorios, haciendo recordar aquel pobre trabajador, que entró lleno de entusiasmo en el salón donde se reunía el gobierno provisional de Francia, en los días de la revolución de Febrero, reclamando se plantasen inmediatamente las reformas que los publicistas del socialismo aconsejaban, y no pudo, por más que le estrecharon para que explicara de un modo conciso sus deseos, decir otra cosa que las palabras sacramentales: «Organización del trabajo».

La fórmula pedida por el ministro de la Gobernación no existe; porque no hay medio de hacer y no hacer al mismo tiempo una cosa; de coartar la libertad sin cuartearla; de poner límites á un derecho, sin mutilarlo. Para que el propietario no eleve el precio del alquiler, no hay más medio legal que la tasa; para que no despidá al inquilino, no hay más medio legal que prohibírselo, ó permitírselo sólo con ciertas condiciones y obligándole á guardar plazos determinados, y ambos medios son mutilaciones evidentes del derecho de propiedad. Encontrar otros, es un problema más difícil que el de la cuadratura ó del movimiento continuo.

Pero ¿hay necesidad verdadera de encontrar esos medios? ¿Existen esos conflictos de intereses que se alegan? ¿Son tan graves los daños de la libertad, que obliguen, aunque con repugnancia y dolor, á faltar á las leyes eternas del derecho? Los medios que pueden arbitrarse para combatir el mal, ¿no lo agravarán en vez de disminuirlo? Hé aquí el aspecto económico de la cuestión de inquilinatos, olvidado completamente por los diputados que defendieron la necesidad de reformar la ley de 1842.

En el terreno económico, la cuestión de inquilinatos se resuelve como en el derecho, por la libertad. Los intereses de propietarios e inquilinos, bajo un régimen de libertad, se armonizan; sólo pueden ser enemigos, cuando alguno de ellos está injustamente sometido á trabas y restricciones. Sucede respecto de los edificios, lo mismo que con todos los demás productos del trabajo humano. Unos hombres los necesitan y los piden; otros hombres los producen y los ofrecen, y según la relación que hay entre la necesidad ó el pedido y la oferta, se fija naturalmente el precio, y con el precio todas las demás condiciones del arriendo. Ese precio y esas condiciones, no dependen sólo de la voluntad del inquilino ó del propietario, están subordinadas á la misma ley inflexible que determina toda clase de valores. ¿Hay muchas casas y pocos inquilinos? Aquellas están baratas, y estos podrán obtenerlas con muy favorables condiciones. ¿Hay muchos inquilinos y pocas casas? El precio de estas se eleva, y los propietarios pueden imponer más onerosas condiciones al inquilino. Esto es elemental; se ha dicho y repetido hasta la saciedad, y no lo ignoran seguramente los mismos que sostienen las ideas que combatimos.

No hay poder humano que pueda alterar esas leyes naturales, sin producir hondas perturbaciones y daños inmensos. Querer por medio de un acto del Estado poner al inquilino, respecto del propietario, ó viceversa, en una situación más ventajosa que la que á cada una de esas dos clases asigna en una época dada la relación existente entre la oferta y el pedido, es pretender una quimera. Contra la escasez de edificios, causa única del alto precio y de las duras condiciones del propietario, no hay más recurso que el aumento del número de edificios disponibles. Si estos aumentan, el precio baja, las condiciones impuestas por el propietario se hacen más suaves, y hasta puede llegar el caso de que el propietario sea el que busque al inquilino y se someta á todas las condiciones que éste quiera imponerle.

¿Puede el Estado hacer con sus medidas que los edificios aumenten? ¿Se quiere que se convierta en constructor y propietario, con los fondos generales, y despoje á los contribuyentes de todo el país, para que los vecinos de alguna gran población como Madrid ó Barcelona, se puedan alojar fácilmente y por poco precio? No; esto no lo pretende nadie, y las deplorables consecuencias que tendría semejante intervención del Estado, son tan obvias, que no es necesario detenerse á explicarlas.

Pero si no se quiere que el Estado haga esto, claro es que no podrá aumentar con sus medidas el número de edificios, y lo que conseguirá, limitando la libertad del propietario y empeorando su situación,