Gaceta economista (Revista mensual) (1861-01-01 00:00:00), página 4

es que las casas valgan menos y proporcionen menores ganancias. Los capitales se aligerarán por lo tanto de estas especulaciones; y el efecto inmediato de la protección otorgada al inquilino será, ya que no disminuir el número existente de casas, impedir o dificultar que se hagan otras nuevas, y por lo tanto hacer muy difícil ó imposible el remedio natural y único de conseguir lo que se deseaba.

¿De qué servirá que el Gobierno fije, por ejemplo, el precio de las casas? ¿No tienen los propietarios mil medios de eludir la ley? De qué servía la tasa del interés del dinero, y la del pan, y la de todos los artículos, cuando existía en España? No es ya una verdad inconclusa, y que nadie niega, que el efecto de esas tasas era hacer más penosa y triste la situación de los que necesitaban dinero, ó pan, ó cualquier otro producto de la industria?

¿Hay acaso diferencia entre una casa que se alquila y un capital en numerario que se toma á préstamo? No, y la tasa de los alquileres produciría evidentemente los mismos desfavorables resultados que las demás tasas produjeron. El inquilino encontraría menos casas para escoger, y la aparente ventaja del bajo precio fijado por la tasa, se anularía por cualquiera de los infinitos medios de que puede valerse el propietario para eludir el mandato de la ley ó compensar sus desventajas, auxiliado por el mismo inquilino, que tendría que aceptar esos medios, para no quedarse sin habitación, y se convertiría en cómplice del propietario; como se convertía en cómplice del llamado usurero, para eludir la tasa, el que necesitaba numerario en los tiempos en que la ley fijaba un máximum al interés.

Podrá decirse, que los partidarios de la intervención del Estado en esta materia, no quieren la tasa, y ya reconocemos en efecto, que rechazan tan absurda medida, cuando examinábamos la cuestión bajo el punto de vista del derecho. Pero al rechazar la tasa, se fijan sólo, en la tasa directa del precio, sin reparar que en el terreno económico toda restricción á la libertad de contratación es una verdadera tasa, porque en último resultado siempre á producir una alteración en el precio de las cosas. Prohibido al propietario que pueda contratar con el inquilino, sin darle, por ejemplo, seis meses de plazo para la mudanza, y vereis cómo el propietario compensa el efecto de este encarecimiento de su acción en el libre uso de su propiedad, con un aumento en el precio. Condiciones para el desahucio, precio, duración del arriendo, todo está ligado, unido íntimamente. Si el Estado toca uno de esos puntos, y limita respecto de él las exigencias del propietario ó del inquilino, esas exigencias aparecerán más energicas, más tiránicas en los otros puntos. Así, la intervención del Estado en esta materia no puede mejorar nunca la suerte del inquilino. El remedio cuando faltan las casas está en que las poblaciones se ensanchen, se extiendan y la edificación aumente, y para que esto se consiga, el Estado no necesita hacer más que respetar la libertad. Donde existe libertad para edificar; donde el Gobierno no encierra dentro de una línea invariable el terreno en que pueden extenderse las poblaciones; donde no se emplean años y años en formar expedientes sobre la necesidad y la forma de los ensanches y no se mortifica de mil modos al capitalista que quiere construir una finca; las casas se van multiplicando á medida que el aumento de la población las hace necesarias, y no se verifican nunca, ó duran muy poco, esos momentos de conflicto en que por el desequilibrio entre las necesidades y los medios desatistafeceras, puede ser penosa la situación de los inquilinos.

Los principios del derecho y de la ciencia económica reclaman, pues, á un tiempo que se respete de un modo absoluto la libertad de contratación, en materia de inquilinatos, y se conserve intacta la ley vigente de 1842. Pero ¿será esto posible? ¿Serán la justicia y los buenos principios económicos bastante poderosos para contrapesar y destruir los esfuerzos de esa tendencia socialista, que se presenta apoyada en la Cámara por la mayoría de los diputados, en la prensa por la mayoría de los periódicos de todos los partidos desde el absolutista hasta el democrático? (1)

¿Caerá la ley justísima de 1842; que es uno de los actos más beneficiosos del partido progresista, abandonada por sus mismos autores, que se precian de liberales, para ser sustituida por algún engendro lastimoso del socialismo de los partidos medios? Motivos hay para temerlo, si no se oponen energicamente al error que en este artículo hemos combatido todos los hombres que tienen confianza completa en la libertad. En la ley de 1842 está una de las más importantes y puras conquistas de la civilización moderna de nuestra patria. No la perdamos pues de nuevo, para dar satisfacción á quejas infundadas e intelectuantes, dictadas por intereses mal estudiados, y animadas por el espíritu comunista; ni demos el triste espectáculo de volver á encerrar las manos en los mismos hierros, que hace tan poco tiempo con generoso esfuerzo rompimos y arrojamos indignados lejos de nosotros.

(1) Tenemos el mayor placer en citar entre los periódicos, que se han opuesto á la idea de limitar la libertad en materia de inquilinatos, defendiendo los buenos principios, á La Discusión, en la notable reseña de la sesión del Congreso, publicada en el número del día 17 de Febrero. No ha hecho lo mismo El Pueblo, su colega democrático, que en un artículo del día 13 se pone en abierta contradicción con La Discusión, atacando las ideas emitidas en el Congreso y la cuestión de inquilinatos con un criterio manifiestamente socialista.