Gaceta economista (Revista mensual) (1861-01-01 00:00:00), página 13

El principal resultado y el primero de los efectos de esta garantía que presta el Estado á la propiedad como consecuencia del carácter social que tiene aquel derecho, es dar á las obligaciones firmeza y caución, de tal manera, que los derechos que nazcan de los contratos no serán derechos ilusorios, sino verdaderos derechos, que fácilmente pueden hacerse efectivos, puesto que se convierte el crédito personal en un crédito real que no está ya sujeto á las vicisitudes del deudor, que no se altera por el me- noscabo ó pérdida del crédito personal del dueño del predio que quedó hipotecado al cumplimiento de una obligación. Nace de aquí que el crédito territorial cobra seguridades, y por lo tanto adquiere vida é irá robusteciéndose esta existencia al compás que el acreedor quede libre de los temores de hipotecas ocultas, y sepa que nada es bastante á damnificarle, sino lo que aparezca inscrito en el registro. Despréndese de esta sencilla exposición, que en efecto, el principal resultado de la reforma hipotecaria es asentar sobre sólidas bases el crédito territorial.

Conocido el fin de la ley, y comprobado que este fin es el propio y característico de toda ley que verse sobre reforma hipotecaria, quedan resueltas las dudas producidas respecto al criterio económico que domina en esta reforma, y que en el sentir de varios impugnadores, no debió presidir á su elaboración. Pero el carácter social que tiene el derecho de propiedad, materia de esta ley, es causa de que trascienda alguna de sus modificaciones á la familia y á un Estado, modificándose garantías más aparentes que reales, que, como resultado de épocas históricas pasadas, habían agrupado los legisladores antiguos en torno de la mujer, del huérfano y del incapacitado. Nunca sostendremos que los derechos de una individualidad, sea cualquiera su condición y su estado, deban ser sacrificados al pro y beneficio común; pero en el caso que nos ocupa no hay necesidad de resolver este linaje de antagonismos, porque la ley de que tratamos no hace más que facilitar el curso de una fuerza social como es el crédito, sin que al crearle condiciones de desarrollo, vulnere la quizá agigantada personalidad dada por nuestras leyes á la mujer, -y la justamente protegida personalidad de menores é incapacitados.

La ley hipotecaria tiene por único objeto hacer que sea una verdad la hipoteca, puesto que nadie pone en duda los servicios que presta el derecho hipoteca- rio; y partiendo de esta base, la ley sólo tiende á prestar garantías verdaderas á las personalidades que la ley civil ampara, concediéndoles derecho hipoteca- rio. ¿Cumple este fin la ley? No es este el momento de averiguarlo, pero todos convienen en que bajo el punto de vista de garantías, es más completo y firme lo que la nueva ley consigna, que no lo establecido en la legislación antigua; y si es así, no hay para qué impugnar la reforma, acusándola de pertur- badora de las condiciones civiles.

Para conseguir el fin propio de toda reforma hipo- tecaria, se han producido en los tiempos modernos diferentes sistemas que pueden reducirse al llamado germánico y al francés, porque no consideramos co- mo digno del nombre de sistema al tercero admitido por nuestra legislación, y que es el misto, porque no hasta á remover los obstáculos principales que en las antiguas legislaciones hipotecarias impedían el crecimiento del crédito territorial. Pero si prescindi- mos del desarrollo histórico y de la mayor ó menor aceptación que han tenido estos sistemas en las co- dificaciones modernas; si estudiamos atentamente sus rasgos característicos, sin gran esfuerzo se alcanza que las dos afirmaciones contrarias se reducen á establecer la hipoteca oculta y general, ó la pública y especial. El primero de estos sistemas, ó sea el de las hipotecas ocultas y generales, cuyo origen se descubre en el Derecho romano, y cuya influencia es patente en todos los códigos españoles, hace imposible el crédito territorial, porque con este sistema en nada se diferencia la propiedad gravada de la propiedad libre. El deudor no puede conocer el estado y condición de lo que se sujeta al cumpli- miento de obligaciones contraídas, y de esta imposi- bilidad nace el que el préstamo con hipoteca haya sido considerado como la más expuesta de las especula- ciones y la más ocasionada á pérdidas y litigios. Este gravísimo inconveniente dió ya margen en 1856 al libro de M. Decourdemanche, sobre el riesgo del pres- tamo hipotecario, y desde aquel punto cada día fué ganando terreno la opinión favorable á las hipotecas públicas y especiales entre los jurisconsultos, porque todos comprendieron que el derecho real de hipoteca se desnaturalizaba bajo este régimen hasta en su esencia, porque hipoteca que no sigue á la finca como la sombra al cuerpo, no merece el nombre de de- recho real.

La hipoteca especial y pública por el contrario, realiza en toda su verdad el derecho real, da seguri- dad, al acreedor puesto que tiene en su mano me- dio seguro para comprobar la extensión y alcance de la finca que se sujeta al cumplimiento de la obliga- ción, de tal manera que jamás el contrayente de bue- na fe puede verse burlado en el logro de sus legiti- mas esperanzas por alguna carga desconocida que gravite sobre la propiedad, en atención á que no surti- rá efecto alguno si no se encuentra inscrita en el registro. Admitido el sistema de publicidad, cuantos puedan tener interés legítimo en no ignorar el esta- do de alguna propiedad ni la cuantía de los graváme- nes que sobre ella pesen, abierto tienen el registro hipotecario que les facilitará los datos que crean ne- cesarios.

No es de admirar en vista de estos rasgos carac- terísticos, que los economistas contemporáneos hayan abogado con calor y decisión por la publicidad de la hipoteca, porque sólo en la aceptación de este prin- cipio veían el fin del cúmulo de dificultades con que lucha el que desea obtener capitales con que perfeccionar los sistemas de cultivo, mejorando la pro- piedad inmueble y haciendo que tomara nuevo im- pulso el desarrollo de la agricultura, que renació en nuestra España desde que los Campomanes, Olavides y Jovellanos pusieron mano en la reforma de las le- yes, que fueron causa de la postreación de esta fuente de la riqueza pública. Por dignas de loa que sean las leyes que abolieron la tasa, suprimieron los diezmos y los privilegios del concejo de la Mesta, no basta- ban, aún cuando se les agregase el fecundo hecho de la desamortización, para que la agricultura encon-