Gaceta economista (Revista mensual) (1861-01-01 00:00:00), página 18

El cambio es siempre cambio, cualquiera que sea la naturaleza de los objetos cambiados, y no hay ni habrá jamás extranjeros que nos inunden con sus productos, sin que á la vez sean ellos invadidos con los nuestros, porque nadie vende sus sobrantes sin comprar á su vez los sobrantes del comprador.

Juan Eloy de Bona.

PROTECCION A LOS LIBREROS.

La ley de 10 de Junio de 1847, vigente en materia de propiedad literaria, dice en su artículo 15:
«Para los efectos expresados en esta ley, no pierde su derecho de propiedad el autor español de una obra por haberla publicado fuera del reino por primera vez. Sin embargo, las obras en castellano, impresas en país extranjero, no podrán introducirse en los dominios españoles, sin previo permiso del Gobierno, que no lo dará sino para 500 ejemplares, á lo más, y esto con sujeción á la ley de Aduanas y cuando la obra sea de utilidad é importancia conocidas.»

A esto llaman los proteccionistas combinar los derechos y propiedad de los autores, con los derechos y propiedad de los editores y libreros.

¿Consigue este resultado la ley de 1847?

El autor español que escribe una obra en castellano, fuera del reino, tiene derecho para venderla en todas partes donde no se hable el español; es decir, en todas partes donde la obra, por no ser entendida, halle el mercado más estrecho ó acaso no halle mercado alguno.

En cambio, en el mercado natural de los libros españoles, que es España, el autor que es español y escribe en el extranjero, no tiene derecho ni propiedad ninguna; porque, si bien puede introducir 500 ejemplares, es: 1.º con previo permiso del Gobierno; 2.º cuando la obra sea de importancia y utilidad conocidas; 3.º su que se le admita ni un solo ejemplar más de los 500.

Con previo permiso del Gobierno. El Gobierno es árbitro de que el autor tenga ó no tenga propiedad; luego la propiedad no se le reconoce naturalmente por su trabajo; luego se le hace un favor, se le otorga una concesión y no un derecho.

Cuando la obra sea de utilidad é importancia reconocidas. ¿Quién lo ha de decidir? ¿Sus rivales los autores ó editores residentes en España? Probablemente dirán siempre que la obra ni es útil ni importante. ¿El mismo autor que vive en el extranjero? Probablemente dirá siempre que lo es. ¿El Gobierno? Y ¿qué criterio tiene el Gobierno para decírlo? Aparte de los libros obscenos ó inmorales ¿hay alguna obra que no sea de utilidad é importancia reconocidas, desde el humilde arte de cocina hasta el más encopetado libro de filosofía trascendental?

Sin que se admita ni un sólo ejemplar más de los 500. Nueva demostración de que es una gracia lo que se otorga, y no un derecho lo que se respeta; porque, de lo contrario, esa rara propiedad, aún con el carácter que tiene de condicional y gubernativa, se extendería, no á una parte de la edición, sino á la edición completa.

Hé aquí pues lo que ha hecho la ley de 1847 con los autores españoles que escriben fuera del reino: quitarles el mercado natural de su producto, despojarlas de su propiedad, convertirla en mera gracia, limitar esta gracia á una parte mínima del trabajo científico ó literario.

Apliquemos todavía á la ley el criterio de la nacionalidad, y comparemosla con la Constitución política del Estado.

Son españoles, según ella, los hijos de padre ó madre españoles, aunque hayan nacido fuera de España.

Un libro es siempre parte de algún ingenio: un libro español es generalmente parte de algún ingenio español: no deja de serlo, aunque haya visto la primera luz fuera de España; y sin embargo, la ley no aplica á la idea lo que aplica á la persona, y desnaturaliza aquella cuando no se ha producido dentro de los límites políticos y administrativos de la nación. ¿Es esto deseable que el nombre, la lengua y la literatura de los españoles brillen con esplendor merecido? Arrojando fuera de las fronteras lo que es puro español, sólo porque no ha nacido en España, bien lejos estamos de aquel gran pensamiento de Portalis para quien la Francia debía estar donde se encontrara un sólo átomo de sangre ó de idea francesa.

Pero al lado del autor español hay el editor español á quien también se quiere proteger. Suprimamos por de pronto el también, pues ya hemos visto los puntos que calza la protección al pobre autor. La del editor español es evidente, evidentísima: libre de toda competencia de obras españolas impresas en el extranjero con mejores condiciones tipográficas, puede despacharse y despachar á su gusto libros bien ó mal impresos, pero siempre con ganancia segura.

Lo más chistoso del caso es que no todos los editores residentes en España son españoles, y que lo son todos los autores que escriben en español fuera de España. A los primeros mimó: á los segundos, carpetazo. ¡Viva la protección nacional! ¡Viva una y mil veces la tutela de los intereses puramente españoles!

Conviene que desaparezca tan absurdo estado de cosas. Seamos en librería siquiera lo que fuimos en 1849 con otras industrias. Partáse ó no se parta de la famosa idea de las inundaciones, convengamos al menos en que las inundaciones españolas son las menores peligrosas para España. Alcemos la prohibición y el límite de los 500, y vengan libros españoles de París, de Londres ó de China; que buena falta nos hace para ilustrarnos el tener buenos libros, y para generalizar la instrucción el tenerlos baratos.

Sabemos que en vista de que el Gobierno, arrastrado por la fuerza de aquella necesidad, había tenido que ser algo tolerante en permitir la entrada de los libros españoles impreso fuera de España, haciendo la vista gorda sobre las infracciones del artículo 15 de la ley de 1847, varios libreros y editores han reclamado que la prohibición se aplique con el mayor rigor. ¡Dios quiera que se desoigan tales clamores y que, al menos en los asuntos que atañen á la difusión de las luces, la granjería y el medio personal sean pospuestos á las necesidades de nuestra civilización y cultura!