Gaceta economista (Periódico semanal) (1863-01-12 00:00:00), página 1

GACETA ECONOMISTA.
PERIÓDICO DE COMERCIO, DE NAVEGACION MERCANTIL Y DE SEGUROS.
GUIA DE LOS CAMINOS DE HIERRO.

NUM. 138. LUNES 12 DE ENERO DE 1863. AÑO IV.

CRÓNICA OFICIAL.

La Gaceta de la última semana contiene las disposiciones siguientes:

Domingo, 4 de Enero.—Cuatro reales decretos, dos del 31 de Diciembre y dos del 3 de Enero, admitiendo las dimisiones á D. Ignacio José Escobar del cargo de visitador 1.º en comisión de establecimientos penales; á D. Carlos Navarro del destino de oficial de la clase de cuartos del ministerio de Fomento; á D. Zacarias José de Casavá, del cargo de oficial 2.º de la clase de primeros de la Dirección general de Ultramar; y á D. Luis Mayans, del cargo de consejero de Estado.

Otros dos reales decretos nombrando con igual fecha á D. Rafael Pérez Vento que desempeñaba la plaza de 2.º visitador para la de 1.º, concediendo los ascensos de escala y nombrando oficial 7.º de la misma clase á D. Rafael Blanco y alcalde juez de Hacienda de Algeciras.

Real orden del ministerio de Fomento de 2 de Enero, nombrando al duque de Rivas, presidente y á D. Antonio Udaeta, D. Lucio del Valle, D. Juan Bautista Peironel y Bruno Fernández de los Rones, vocales de una Comisión de Jurado para calificar los proyectos de edificios para el ministerio de Fomento, presentados en virtud del concurso convocado por Real orden de 31 de Julio de 1862.

Otra Real orden de 2 de Enero por el ministerio de Gracia y Justicia, evacuando la consulta elevada por la Dirección general del Registro de la propiedad, á consecuencia de las dudas propuestas por los colegios de notarios de Valencia: 1.º, sobre si dichos funcionarios podrían autorizar actos ó contratos relativos á enajenación de bienes inmuebles, sin necesidad de que se exhiba por el enajenante el título de adquisición inscrito en el antiguo registro ó nuevo; 2.º, si deberán autorizar dichos actos ó contratos no estando inscrito el título del enajenante; 3.º, si podrán extender los documentos cuando se relleen á bienes nacionales en las mismas impresiones que facilita la administración, no conteniendo éstos el lugar para escribir los datos requisitos que deben ser consignados en el registro de la propiedad, si están obligados los notarios á manifestar á las partes el plazo que tengan para pagar los derechos correspondientes á la Hacienda, si los devengarse el acto ó contrato. S. M. resuelve después de varios considerandos expresos respecto al primer punto afirmativamente, es decir, que pueden los notarios intervenir en la autorización de instrumentos, sin que se les exiba el título del dominio escrito; pero debiendo hacer constar en los mismos los requisitos que expresa el artículo 3.º de la instrucción, bien con relación al título del enajenante, si se le presenta y estuviese inscrito, bien con relación al dicho de las partes, lo que deberá consignarse en la escritura. Respecto al 2.º, negativamente, es decir, que se abstendrán de autorizar el contrato si el enajenante no tuviese registro de domicilio inscrito, por más que el adquirente se conforme en aceptarlo sin esta circunstancia. Respecto al 3.º, que los notarios deberán redactar las escrituras, cualesquiera que sean las personas que en ellas intervengan, con arreglo á la ley hipotecaria, y á la instrucción sobre la forma de redacción de instrumentos públicos, excepto el registro, á la ley del Notariado y á su reglamento; y 4.º, que cuando el contrato devenga derechos á la Hacienda, el notario lo deberá advertir á las partes y hacerlo constar así en la escritura.

Por último, contiene la distribución de fondos para el mes de Enero, aprobada en consejo de Ministros en 30 de Diciembre último, que asciende á la cantidad de rs. vn. 434.470.186,05.

Lunes 5.—En Real orden de 3, se dispone el anuncio por término de cuarenta días de la subasta de concesión del ferro-carril de Granollers á S. Juan de las Abadías, según las condiciones que determina.

Martes, 6.—Se autoriza por Real decreto del dia 2 al ministro de Hacienda para someter á la deliberación de las Cortes los presupuestos que inserta de gastos e ingresos para el próximo año económico que termina en Julio de 1864.

Gastos, rs. vn. . . . 2,098,692,262
Ingresos. . . . . . . . . 2,108,638,000
Excedencia de ingresos 9,945,728

Idem por idem al mismo para hacerlo del proyecto de ley suprimiendo el estanco de la pólvora.
Idem por idem para efectuarlo de otro proyecto de ley, reformando las tarifas de la contribución de caminos.
Idem por idem para hacerlo igualmente, de otro estableciendo un impuesto sobre el transporte de los viajeros por los caminos de hierro.
Idem por idem para que lo haga de otro declarando puertos francos las plazas de Melilla y Chafarinas.
Idem por idem para hacerlo también de otro para la concesión de un crédito de 351 millones de rs. con destino á la construcción de carreteras.
Idem por idem para hacerlo de otro con objeto de anticipar la liquidación y entrega á los pueblos del papel de la deuda del Estado, equivalente al producto de la venta de los bienes de propios.
Idem por idem para que lo haga de otro para la aprobación de los suplementos de crédito y créditos extraordinarios, concedidos sobre presupuestos de 1861 y 1862.
Nombrando en Real orden de 27 de Diciembre vice-presidente de la Comisión de Estadística de la provincia de Valencia, al Sr. marqués de Cárdenas.
La del Miércoles 7, contiene la recepción por S. M. de las comisiones del Congreso y el Senado felicitándolas por la solemnidad de Reyes, y los discursos pronunciados por los respectivos presidentes y contestaciones de S. M. Una Real orden del ministerio de Hacienda por la cual S. M. se ha dignado resolver con fecha 23 de Diciembre último, que el expediente formado sobre reconocimiento en concepto de carga de justicia de la pensión de 2,000 rs. anuales, que por compensación del suprimido derecho llamado de Leran de la villa de Balaguer; en Cataluña, reclamaba el marqués de Santa Cruz, se une al general, que se instruye en cumplimiento de la Real orden de 23 de Octubre de 1852, sobre el modo de indemnizar á los dueños de oficios enajenados y derechos suprimidos. Contiene varias disposiciones de interés particular tomadas por el ministerio de Marina, y el acta de las subastas celebradas para la adquisición de las deudas amortizable de 1.º y 2.º interior y exterior y el personal, de la cual aparece que habiendo fijado la Junta de la cédula pública los cambios siguientes para la amortización de 1.º clase 345,50; para la de 2.º interior 17,884; para la de 2.º exterior 24,65 y para la del personal 22,15 por 100, fueron admitidas varias proposiciones, importantes reales vellón 885,856 nominal; por reales valores 199,500 efectivos. De la amortizable de 2.º clase interior se vendió 17,778,833 nominal; por reales vellón 215,837 efectivos. De la del personal se vendieron 1,053,274 nominales; por reales vellón 332,247 efectivos.

Jueves 8.—Gobernación.—Real orden de 17 de Diciembre último confirmando una providencia del gobernador de Toledo, denegando la autorización pedida por el juez de primera instancia de Lillo, para procrear D. Juan Antonio Escudero, alcalde de Villanueva de Bogas, y á varios de sus dependientes: El hecho que ha motivado el expediente es el siguiente. En el término de la Guardia se vendió una finca como de bienes de propios comprendidos en las leyes de desamortización denominada el Artesón, cuyos pastos y valores disfrutan los vecinos de Villanueva de Bogas, traspasada por el primer adquirente á un segundo, este pidió y obtuvo que el juzgado le confirmase la posesión, á cuyo acto contestó el alcalde de Villanueva, protestando de él, aunque sin resultado positivo, puesto que se dio la referida posesión. El propietario entendiéndolo en sus favor, labores de culturación, y el alcalde al saberlo, envió un alguacil, quien acompañado de otros vecinos, tomó la orden de suspender el trabajo. El juez, en consecuencia, intimó la ejecución para procesar al alcalde: este alegó que había dado á dicho orden que la roturación causaba perjuicio á sus pastos y en virtud de un acuerdo del ayuntamiento de Villanueva para que no se permitiera, puesto que se hallaba pendiente de resolución superior el futuro destino de aquel terreno común, entendiéndose este acuerdo sin perjuicio de los derechos adquiridos por los particulares conforme á la ley de 6 de Mayo de 1853.

En vista de estos hechos, el ministerio de la Gobernación ha considerado que no procedía la autorización para procesar al alcalde, porque este había procedido en virtud de acuerdo del ayuntamiento anterior á la toma de posesión; acuerdo que debía obedecer; porque su conducta había sido después justificada por la misma Dirección de líneas del Estado, que declaró todas las ventas de varias líneas y porque no había tenido intención de delinquir.