Gaceta economista (Revista mensual) (1861-01-01 00:00:00), página 2

bros, y equivaldría á aceptar esa falsa teoría que ciertas escuelas han predicado, y que da por consecuencias inmediatas entre otras, la calificación de los delitos, no por su gravedad, sino por la distinta categoría y carácter de los criminales. No hace muchos años que en una tan famosa, como para nosotros tristísima polémica, se habló de dos clases de moralidad, una pública y otra privada, distinción monstruosa, que no es más que un corolario lógico de las doctrinas que combatimos.

La libertad de la propiedad se deduce de la libertad del trabajo, y ésta á su vez de la libertad del hombre, asiento y punto de partida de todas las libertades. Admitido que el hombre puede aplicar libremente su actividad á todos aquellos objetos que no están dentro de la esfera de acción de otro, y que acerca de esto no debe establecerse limitación de ningún género, pues que por este libre movimiento la ciencia ha demostrado, que además de realizarse la justicia, se realiza también el bienestar social y la felicidad pública; ¿en virtud de qué principio ó de qué teoría se pide la intervención del Estado en el disfrute y uso de la propiedad, que no es más que el resultado de la aplicación de nuestra actividad, de nuestro trabajo á las cosas que nos rodean, y que son susceptibles de ella?

El considerar tal como nosotros lo estamos haciendo estas cuestiones, ha sido la causa de todas las conquistas de nuestra época, que tanto nos envanecen. Por esto se llevó á cabo la abolición de los gremios, que impedían la libertad del trabajo y de la industria; la supresión de tanta tasa y postura como reglamentaba la contratación, y que atacando el anterior principio, producía un resultado contrario al que se tuvo presente al establecerlas; y en virtud también de estas ideas se dió la misma ley de inquilinatos, que emancipó la propiedad urbana, y se quitó, no ba mucho tiempo, la tasa legal del interés del capital en numerario, que era una traba impuesta á cierta clase de propiedad; siendo, por último, la aplicación completa de estos principios á todas las diversas manifestaciones de la vida social, la panacea universal que ha de curar los males que tan de cerca tocamos, y ha de establecer un verdadero y seguro equilibrio entre tantos intereses privilegiados como hoy luchan y cuya armonía en vano trata de buscarse, mientras no ocupe la justicia el lugar preferente que la corresponde, resolviendo como supremo árbitro de todas las dificultades que en la sociedad ocurran, á la manera que falla, como juez severo, en los actos de nuestra vida privada, pronunciando sus sentencias inflexibles desde el fondo de la conciencia.

II.

Entremos ya en la segunda faz de la cuestión.

La ley de 9 de Abril de 1842, que por su objeto se llama ley de inquilinatos, está en perfecta consonancia, como dejamos apuntado, con los principios emitidos. En ella se consigna en primer lugar (artículo 1.º), la omninomada libertad que tiene todo propietario de fincas urbanas, en uso de su legítimo derecho, de arrendarlas en la forma que quiera, pudiendo estipular con los arrendatarios los pactos y condiciones que le parecieren convenientes, los cuales serán cumplidos y observados á la letra.

Bastantes ocasiones se nos ofrecerán por desgracia, para censurar muchas disposiciones legales: por esto, ya que encontramos hoy una que es tan profundamente justa como la que nos ocupa, no podemos menos de alabarla y de congratularnos mucho por la obra de aquellos beneméritos legisladores.

Si, y mil veces sí; ¿dónde hay en toda nuestra legislación un principio más eminentemente justo y racional, que el expresado en el art. 1.º de la ley de 9 de Abril de 1842? El propietario, según él, es libre en arrendar ó no su finca, y el arrendatario, libre también, como no puede menos de ser en aceptarla, tiene el derecho de pactar con aquel todo lo que ambos crean conveniente ó útil para mutua seguridad y garantía de sus intereses, comprometiéndose la ley á hacer observar puntualmente todas las condiciones que, espontáneamente se impusieran. Aquí vemos al Estado dentro del círculo de sus atribuciones, asegurando al propietario el libre uso de su propiedad, y respondiendo tanto á él como al arrendatario, del cumplimiento de cuantos pactos estipularan en uso del justo e inviolable derecho de contratación.

El segundo artículo de la citada ley, establece disposiciones para el caso de falta de convenio expreso acerca del término del desahucio; el tercero se ocupa en mandar, que la ley no tenga efecto retroactivo, y el cuarto en derogar toda la legislación anterior acerca de este punto. Por la poca importancia del contenido de estos artículos, limitaremos nuestra tarea al primero, el que verdaderamente encierra un principio fundamental, y el que resuelve por completo la cuestión que vamos á examinar.

En este estado las cosas por la legislación actual, se dice: la propiedad podrá ser un derecho muy santo; no lo negamos, ¿pero acaso lo son menos otros de distinta naturaleza, aunque tan dignos como el de atención y de respeto? Y una ley en que se dejan tan amplias facultades al propietario de edificios urbanos, ¿no dará lugar, y lo da de hecho, así al uso como al abuso de aquel derecho en perjuicio del arrendatario?

Contestaremos á ambas objeciones. A la primera: la libertad de la propiedad no vemos que se oponga ni coarte la de ningún otro derecho; y á la segunda, no comprendemos esa distinción entre el uso y el abuso de la propiedad, tratándose de fincas urbanas; pero aún cuando cupiera el abuso, este redundaría directa y eficazmente en perjuicio del propietario.

Vamos á probar estas aserciones. El caso en que pueden ponerse en pugna el derecho del propietario y el del inquilino, será indudablemente cuando, verificado el arrendamiento, tengamos en relación el uno con el otro; porque ni antes ni después puede concebirse ese antagonismo, siendo como son el dueño y el arrendatario libres para alquilar el uno, y tomar el otro, el predio urbano. Ahora bien; ó estipularon al verificarse el arriendo, condiciones y pactos que marcaran sus respectivos derechos, ó no: si lo primero, ¿dónde está el antagonismo entre derechos libremente arreglados por las partes contratantes? Si