Gaceta economista (Revista mensual) (1861-01-01 00:00:00), página 1

SECCION DOCTRINAL.

EXAMEN DE LAS RELACIONES QUE ESTABLECE EL DERECHO DE PROPIEDAD ENTRE EL DUEÑO Y EL ARRENDATARIO DE UNA FINCA URBANA.

Una petición relativa á la reforma de la actual ley de inquilinatos, dio lugar hace unos días á un incidente bastante animado en el Congreso, agitándose con este motivo algunas cuestiones acerca del derecho de propiedad.

Y no podía menos de ser así. De la distinta consideración e importancia que se conceda á este derecho, depende el carácter más ó menos reglamentario de una ley de arrendamientos de fincas rústicas ó urbanas.

Pues bien, lo decimos con profundo sentimiento: ninguno de los distinguidos diputados que tomaron parte en el debate, fijó la cuestión en su verdadero punto de vista, ni dió criterio alguno con que resolverla, aunque no faltaran quienes emitieran doctrinas bastante aproximadas á la verdad. Por lo cual, y siendo esta materia muy importante, creemos conveniente llamar hácía ella la atención de nuestros lectores, siquiera la cuestión sea para nosotros clara y sencilla, no presentando á los ojos de la ciencia, ninguna de aquellas dificultades, que por desgracia tan amenudo suelen demostrar al hombre lo limitado de su razón, y la escasez de sus conocimientos.

La considerarémos bajo dos aspectos: el primero, general y científico, será la clave que nos dará un criterio seguro con que resolver todas las dudas que acerca del ejercicio del derecho de propiedad puedan ofrecerse; y el segundo consistirá en la aplicación de estos principios al caso concreto, causa de la mencionada petición á las Cortes.

Consecuencia lógica de nuestras ideas, es el reconocimiento del derecho de propiedad, como una de las condiciones necesarias al hombre para cumplir su fin racional, diferenciándonos en esto como en tantas otras cosas de las escuelas socialistas que le niegan. Ahora bien: si la propiedad es un derecho del individuo, y de los más cardinales (suponiendo posible establecer diferencia entre la importancia de los que constituyen su autonomía) ¿cuál debe ser la misión del Estado respecto de él, y cuál el carácter por consiguiente de la legislación acerca de este punto? El Estado, y por tanto la ley, que es la fórmula de sus preceptos, no puede, ni debe hacer más que garantizarle como á todos los demás que constituyen la personalidad humana; mutilarle, ponerle trabas, sería tanto como negarle ó reconocer en el poder público, autoridad y facultad para violar lo que ningún hombre ni reunión de hombres pueden atacar bajo concepto alguno.

Ya hemos dicho repetidas veces, que, en el terreno de la ciencia, el Estado no es más que el conjunto de determinado número de individuos que tiene por objeto procurar á cada uno de ellos la más completa libertad para el ejercicio de sus derechos, y que, siendo la justicia y la seguridad las dos bases en que este ejercicio se apoya, estas y no otras son las únicas funciones que aquel debe desempeñar. Y aún hay más: el Estado como asociación, no tiene derechos superiores ni distintos de los que corresponden á los individuos, sin poder invocar otros que los que el cumplimiento de su fin haga indispensables.

Sentados estos principios que hemos creído convenientemente recordar, descendamos al examen de su relación con el derecho de propiedad.

¿Tiene el hombre la facultad de disponer libremente de lo que en virtud de un título justo le pertenece? ¿Si ó no? La respuesta la suponemos afirmativa; al menos por parte de aquellos á quienes principalmente nos dirigimos y tratamos de refutar, que no son por cierto proudhonianos, aunque sin saberlo ellos tengan mucho de socialistas. ¿Tiene algún otro individuo, corporación ó colectividad cualquiera derecho para impedir por medio de la coacción y de la fuerza este libre uso y ejercicio?

No, estamos seguros que se nos dirá. Cualquiera que fuese el que semejante atentado cometiera, sería perseguido con sobrada justicia ante los tribunales, como delincuente de hurto ó de robo. Y el Estado, ¿tiene este derecho que no le hay en ninguno de los individuos que le componen? Aquí para muchos ya será más dudosa la respuesta. En nombre de la utilidad, de la conveniencia pública y de otros principios semejantes, dirán que es permitido al Estado muchas veces, lo que sin estar enteramente en sus atribuciones, no es lícito al individuo. Nosotros, que no sacrificamos por nada ni por nadie la justicia, no pensamos así, con tanta más razón, cuanto que creemos que la verdadera utilidad y conveniencia pública están en el más profundo respeto á los derechos individuales por parte de la asociación, que tiene la alta misión de hacerlos respetar á todos sus asociados.

Pero, como no es nuestro objeto analizar en este artículo la armonía que reina entre la conveniencia y la justicia, problema en cuya solución tanta parte ha cabido á la Economía política, consignaremos tan sólo aquí la doctrina de que el reconocimiento de derechos en el Estado de distinta índole y extensión que los individuales, es una violación de la justicia, por más que en la apariencia se halle apoyada en razones más ó menos utilitarias. En la segunda parte, sin embargo, probarémos, contrayéndonos á la cuestión concreta que para allí dejamos, que la justicia y la conveniencia ó utilidad general están perfectamente de acuerdo.

No puede, pues, decirse, y no nos cansaremos de repetirlo, que el Estado obré con justicia cuando viola ó sujeta á determinadas condiciones el ejercicio de un derecho; porque otra cosa sería tanto como suponer, que la justicia es distinta para el cuerpo social en conjunto que para cada uno de sus miem-