Gaceta economista (Periódico semanal) (1863-06-01 00:00:00), página 1

GACETA ECONOMISTA.
PERIÓDICO DE COMERCIO, DE NAVEGACIÓN MERCANTIL Y DE SEGUROS.

GUÍA DE LOS CAMINOS DE HIERRO.

NUM. 158. LUNES 1.º DE JUNIO DE 1863. AÑO IV.

CRÓNICA OFICIAL.

La Gaceta de la última semana contiene las disposiciones siguientes:

DOMINGO, 24 de Mayo.—Gracia y Justicia.—Decreto modificando el número 17 del arancel de honorarios de los registradores que acompaña á la ley hipotecaria. Previene dicho real decreto (y lo trasladamos textualmente): que por todas las operaciones que se practiquen para el registro de cada línea ó derecho, cuyo valor no exceda de 500 rs., se observará la siguiente escala. Si el derecho ó línea está valuado en menos de 100 rs., un real de honorarios. Desde 101 á 200 rs., 2 rs. Desde 201 á 300 rs., 3. Desde 301 á 500 rs., 4. Cuando la línea ó derecho exceda de 500 rs. y no pase de 2.000, se observará lo dispuesto en el art. 343 de la citada ley; pero en ningún caso de los comprimidos en el mismo, el registrador percibirá menos de 4 rs. por todas las operaciones que deba practicar para el registro de cada línea ó derecho. El arancel reformado será aplicable á los títulos que se presenten al registro desde el 12 de junio próximo en la Península é islas Baleares; y desde el 1.º de Julio inmediato en las Canarias.

LUNES, 25.—Ninguna disposición de interés general.

MARTES, 26.—Presidencia.—Decreto firmado por todos los ministros, y precedido de un preámbulo, creando una comisión que, reunido todos los datos y antecedentes necesarios, forme un proyecto de etiqueta que fije el ceremonial de los actos interiores y exteriores de la corte y real familia que así lo exijan, cuyo proyecto será sometido á la real aprobación. Comprenderán esta comisión las personas siguientes: el presidente del Consejo de ministros; que la presidirá; el cardenal arzobispo de Toledo, duque de Valencia, marqués del Duero, duque de Tudela; D. Salvador de Olózaga; D. Manuel Cortina, duque de Bailén, marqués de Alcántara, conde de Altamira, conde de Lalangé y de Balazote; conde de Punongrosto, D. José de Lemery; D. Salvador de Tujague, y marqués de Sotomayor, secretario con voz; Gobernación.—Decreto nombrando director general de carreteras á D. Mario de la Escosura, ordenador general de Pisos del ministerio de la Gobernación; y director general de establecimientos penales á D. Antonio Mené y Zorrilla, diputado á Cortes.

MIÉRCOLES, 27.—Presidencia.—Decreto admitiendo la dimisión de los Sres. Goicoerreta y Azcárate gobernadores civiles de Almería y Toledo; declarando cesantes á D. Joaquín Gallego, gobernador de la provincia de Badajoz; á D. Francisco Otaiza, de la de Burgos; á don Ramón Cuervo, de la de Castellón; á D. Ramón Serrano y Serrano, de la de Ciudad-Real; á D. Ramón María Suárez, de la de la Coruña; á D. Miguel Alegre, de la de Cuenca; á D. Benito Canella y Meana, de la de Guipúzcoa; á D. Vicente Lozano, de la de Lugo; á D. Francisco Javier Camino, de la de Orense; á D. Genaro Alas, de la de Pontevedra; á D. Trinidad Sánchez, de la de Salamanca, y á D. Joaquín Pérez, de la de Sevilla; y nombrando gobernador de la provincia de Alicante, á D. José Gallostra y Fran; de la de Almería, á D. Pedro de la Fuente; de la de Castellón, á D. Manuel de Podio y Valero; de la de Ciudad-Real, á D. Eugenio Benayas; de la de Ciudadajara, á D. Diego Vázquez; de la de Guipúzcoa, á D. Félix Pañol, de la de Pontevedra, á D. Francisco Martínez Mondelo; de la de Salamanca, á D. Manuel Somoza; de la de Sevilla, á D. Antonio Guerola, y de la de Toledo, á D. Santiago Luis Dupuy, que desempeñan iguales cargos en otras provincias; gobernador de la provincia de Albacete, á D. Matías Bedoya; de la de Cáceres, á D. Serafín Derqui; de la de Cádiz, á D. Pedro de la Victoria Ahumada; de la de Cuenca, á D. Pedro Martínez Villalta; de la de León, á D. Miguel Rives; de la de Orense, á D. Miguel Rodríguez Guerra; de la de Soria, á D. Tomás de San Martín, cesantes de iguales cargos en varias provincias; de la de Badajoz, á D. Juan Cavero; de la de Canarias, á D. José Francés y Alaliza; de la de la Coruña, á D. José María Brenon; de la de Lugo, á D. Alejandro Murquín; de la de Santander, á D. Esteban Areval; de la de Tarragona, á D. Federico Arias Pardinas, y de la de Teruel, á D. Perfecto Manuel de Olalde.

Publica, sancionadas por S. M., las leyes siguientes:
1.º Ampliando los créditos abiertos por la ley de 1.º de Abril de 1859 para la construcción de carreteras, en la cantidad de reales veinticinco millones.
2.º Autorizando al gobierno para que, oyendo al Consejo de Estado y demás cuerpos consultivos qué crea conveniente, así como á las empresas interesadas, uniforme las tarifas de precios máximos de peaje y transporte de ferro-carriles, cuyas concesiones se otorgaron antes de la ley de 3 de Junio de 1855 y fueron ratificadas sin tal finalidad y encomendando al gobierno inmediatamente para uniformar, de acuerdo con las empresas, los precios máximos de peaje y transporte y las condiciones de percepción de las tarifas de los ferro-carriles de qué se concesionara en una misma compañía.
3.º Autorizando al gobierno para variar, oyendo al Consejo de Estado, el trazado del ferro-carril de Granada, adoptando el que desde Loja se dirigirá á Málaga por Velez, siempre que no se aumente la subvención total de 60.194,130 rs. que le fue asignada.
4.º Prorrogando los plazos para la conclusión de los ferro-carriles de Madrid á Zaragoza, del Escorial á Ávila, de Mombelán á Reus y de Barcelona á Sarriá.
5.º Autorizando al gobierno de S. M. para que llenas las condiciones prescritas en la ley de ferro-carriles, y con arreglo á los planes que han sido aprobados y tarifas presentadas, otorgue, oído el Consejo de Estado, á D. León Cappa la concesión definitiva para construir un ferro-carril que, partiendo de Zaragoza, termine en Escatron, sin derecho á subvención alguna del Tesoro público ni de la provincia.
6.º Autorizando al gobierno á otorgar sin subvención del Estado ni de las provincias á D. Juan Antonio Bartrolí la concesión de un ferro-carril que, partiendo del Tarragona á Martorell en San Sadurní, vaya á terminar en Igualada.
Ultramar.—Se determina que deben comunicarse por el ministerio de Ultramar las resoluciones que tengan por objeto:
1.º Alterar la organización ó régimen administrativo de las provincias de Ultramar en sus bases fundamentales.
2.º Fijar ó variar el presupuesto anual de ingresos y gastos.
3.º Disponer de los productos sobrantes de Ultramar, lo cual deberá verificarse á propuesta del ministro de Hacienda, pero comunicándose las librazas por el del ramo.
4.º Adoptar cuauquier disposición relativa al establecimiento ó supresión de impuestos.
5.º Proponer personas para el desempeño de los cargos de gobernadores capitales generales, intendentes, regentes de las audiencias y presidentes de los tribunales de cuentas.
6.º Conceder grandes de España ó títulos de Castilla á empleados 9 personas residentes en las provincias de Ultramar.
7.º Adoptar cuauquier disposición que afecte al régimen exterior de la iglesia ó al real patronato.
8.º Decidir sobre cualquier asunto que juzgue de gravedad el ministro de Ultramar.
Art. 2.º El Consejo de ministros fijará en cada año el número de las fuerzas de mar y tierra de las provincias de Ultramar.
Art. 3.º Se adoptarán por el ministerio de Hacienda todas las resoluciones que den lugar á gastos ó anticipación de fondos por parte del Tesoro público en la Península, pero instruyéndose los respectivos expedientes por el ministerio de Ultramar.
Art. 4.º Por el mismo ministerio de Ultramar dirigirán sus comunicaciones á las autoridades de aquellas provincias los ministerios de Estado, Guerra y Marina, recibiendo de la misma manera las que de ellas procedan.

JUEVES, 28.—Presidencia.—Decreto disponiendo que formen parte de la comisión creada por real decreto de 25 del actual para el arreglo de la etiqueta, el reverendo patriarca de las Indias y el duque de Ahumada.

Publica la ley sancionada por S. M., autorizando al gobierno para otorgar en pública subasta, observando la ley general de ferro-carriles de 3 de Junio de 1855 y la de cuencas carboníferas de 20 de Julio de 1862, la concesión de dos caminos de hierro que, partiendo ambos de Belmonte, vaya el primero á empalme con el camino de Ciudad-Real á Badajoz, otro camino de Badajoz y el segundo en Córdoba con la de esta ciudad á Sevilla, conforme á los planos aprobados para ambas líneas, que se declaran de utilidad pública. Se fija en 20 céntimos para el carbón mineral, y en 25 para el cok, el precio máximo de peaje y transporte por tonelada y kilómetro en ambas vías; para las mercancías y viajeros regirán tarifas cuyos precios no excedan de los establecidos en la línea de Ciudad-Real á Badajoz. Estos ferro-carriles deberán concluirse, el primero en el término de dos años, y el