El Economista (Madrid. 1886) (1886-08-30 00:00:00), página 2

SUMARIO

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    Reforma del sistema tributario de las Antillas
    390
    Boletín de legislación comparada
    396

    Alea jacta est
    392
    Bancos y Sociedades
    398

    La Industria minera en 1884
    394
    Sección de noticias
    399

    Nuestras importaciones
    395
    Ingresos de los ferrocarriles
    400

    Anuncios
    430

REFORMA DEL SISTEMA TRIBUTARIO DE LAS ANTILLAS

El sistema de tributación que rige en las Antillas españolas es tan vicioso y opuesto á los principios de la ciencia económica; tan injusto por desigual y opresivo; tan funesto para el desarrollo y para la existencia misma de su riqueza; tan atentatorio, en suma, á los altos intereses de la nacionalidad y al porvenir de la raza española en ica, que no hay ya persona de mediana cultura ni de patriotismo ilustrado en España ni en las provincias ultramarinas que no proclame sin reserva y sin vacilaciones la imperiosa y urgente necesidad de una reforma radical y profunda, la cual así ha de dar la debida satisfacción á legítimas aspiraciones de nuestros hermanos de Ultramar, como ha de impedir cualquiera insensata y torpe pretensión de privilegio, que aún abriga un corto número de traficantes, mal aventados con todo lo que no tienda á perpetuar sus monopolios ó granjerías.

La reforma de la tributación en las islas de Cuba y Puerto Rico debe dejar subsistentes los dos sistemas de contribuciones, directas e indirectas. La aspiración ideal de que sólo exista la primera, ni es ya tan absoluta y excluyente como antes la defendían ciertas escuelas, ni puede avenirse en modo alguno con las necesidades de la vida moderna y las múltiples y variadas exigencias de la cultura y del progreso de los pueblos. Pero ni la contribución directa ha de imponerse, como hoy, por modo desigual y en notoria oposición á la justicia distributiva, ni las indirectas han de continuar siendo para las Antillas conjunto de caprichosas y desordenadas combinaciones, donde el empirismo y las determinaciones arbitrarias se sobreponen á todo cálculo racional y á toda apreciación recta y bien fundada.

Que hoy la contribución directa en Cuba y Puerto Rico es por su forma injusta y poco equitativa, se demuestra con sólo observar la diferencia enorme de gravamen que por tal concepto afecta á las diferentes clases y condiciones de la propiedad, sin que de esa suerte se haya conseguido favorecer la producción del azúcar y del tabaco, sobre los cuales pesan otros gravámenes insoportables, y sin que se descubra razón alguna para el privilegio establecido en favor de la producción de frutos menores, y contra la industria, el comercio, las profesiones y las artes.

Se creyó por mucho tiempo que en las Antillas, y especialmente en Cuba, era de todo punto imposible, por odiosa y repulsiva, esa forma de tributar; y la experiencia vino á demostrar que el país llegó á pagar la contribución directa con tipos monstruosos de 28 y 30 por 100, hasta el caso de sufrir una imposición incalificable de 5 por 100 sobre el capital. Y este precedente, así como la existencia actual de dicho impuesto, aunque muy desigualmente repartido, hacen esperar y confiar en que lo aceptará el país sin repugnancia, sobre todo si es su tipo moderado y razonable, y si el mismo pueblo y él solo, por su genuina representación, es el llamado por las leyes á regularlo y ponerlo en armonía con las fuerzas productoras y con la verdadera facultad contributiva de aquellas colonias.

Figuran entre las otras formas de tributación en las Antillas la que procede del régimen comercial, la renta de lotería y los impuestos de consumos, de sello y timbre, de derechos reales, y los especiales. La reforma debe entenderse á todas, si ha de responder á lo que piden la vida y la conservación de aquellos pueblos infortunados.

En primera línea aparece la reforma arancelaria como la más urgente y más apremiante necesidad de la vida en Cuba y en Puerto Rico. Siendo exterior, y en su principal parte extranjero, el mercado natural y necesario de sus productos, y siendo la importación casi todo lo que en dichas islas se consume, no admite racional contradicción, ni siquiera duda, la aplicación del principio de libertad comercial. Ni la protección, ni el criterio de igualdad ni el de reciprocidad que buscan ahora muchos países como fórmula de gradual y definitiva armonía entre los intereses de la agricultura y de la industria, y los del comercio y el consumo, dentro de las necesidades de la Hacienda pública, son aplicables bajo concepto alguno á las colonias antillanas, á menos de caer en los extraños y en las locuras de un régimen explotador. Los derechos de exportación, aun reducidos como lo han sido por las últimas disposiciones, no son, en puridad, más que primas concedidas á la producción similar extranjera. Los mercados de consumos son los que imponen el precio á los azúcares y aun al tabaco de las dos islas, y por tanto, no es el consumidor extranjero quien paga tan absurdos derechos. Es además desigual, y por eso irrita, y agravia tanto como perjudica á las úni-