El Economista (Madrid. 1886) (1886-09-22 00:00:00), página 2

SUMARIO

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    Lo Contencioso-administrativo
    426
    Boletín de legislación

    Los Bancos del pueblo
    427
    comparada: La Hacienda pública en Portugal (continuación)
    431

    Congreso vitícola de Burdeos
    428
    Bancos y Sociedades
    433

    La propiedad territorial en los Estados Unidos
    430
    Sección de noticias
    434

    Boletín de Bolsa
    430
    Guía de accionistas
    435

    Anuncios
    436

Lo Contencioso-administrativo

Una de las materias en que ha de ocuparse el Congreso jurídico español que ha de reunirse en Madrid el mes de Noviembre próximo, es relativa á lo Contencioso-administrativo. En el tema II se pregunta si responde este concepto á alguna categoría racional en el derecho; si deben encomendarse las materias de este orden á los tribunales ordinarios ó requieren organismos especiales; y en la segunda hipótesis, ¿cómo deben constituirse éstos y qué género de jurisdicción ha de serles atribuida; cuestiones todas de suyo difíciles y complejas, interesantes y trascendentales y muy dignas por tanto de la atención del jurisconsulto.

Los ilustrados individuos que componen la comisión encargada de emitir dictamen sobre dicho tema, en una notable circular dirigida á los abogados, dicen que «lo Contencioso-administrativo atraviesa en los presentes momentos un estado de verdadera crisis,» y que «por desgracia en la teoría de lo Contencioso de la Administración puede decirse que está todo por hacer.»

Reconociendo desde luego la verdad de estas afirmaciones, acaso parezca temerario exponer una opinión modesta sobre un asunto, que si es por un lado interesantísimo, aparece por otro entre sombras y oscuridades, que sólo ha de disipar el progreso cada día mayor de la filosofía del Derecho y el estudio, á la luz de ella, de la Administración pública. Pero la misma situación en que al presente se halla lo Contencioso-administrativo y la necesidad, por todos reconocida, de una reforma en nuestro derecho, son motivos que pueden disculpar el atrevimiento, si le hubiera, de hacer algunas indicaciones sobre el tema antes indicado.

En nuestro sentir, la cuestión capital que entraña el problema de lo Contencioso-administrativo es esencialmente política, pues afecta á la división y organización de los poderes públicos y á la determinación de sus facultades. Aquellos que dividen los poderes por razón de funciones en legislativo y ejecutivo, y subdividen éste por razón de materias en Administración y Justicia, claro es que podrán discutir sobre cuestiones de procedimiento; pero lógicamente no les es permitido dudar que la Administración pública debe tener jurisdicción para resolver y fallar, como los tribunales ordinarios, cuestiones esencialmente administrativas que no difieren esencialmente en el fondo, atendida la función de juzgar, de las cuestiones civiles.

Así Macarel (1), examinando si la jurisdicción administrativa es de excepción, dice: «Para resolver esta cuestión, es preciso remontarse á los principios fundamentales de nuestra organización social. Es preciso considerar que las leyes de la Asamblea Constituyente han establecido la completa separación de la autoridad judicial y de la autoridad administrativa, y que la Carta de 1814 y la de 1830 han conservado muy sabiamente este orden de cosas, que es uno de los rasgos más característicos y uno de los medios de poder de nuestra administración interior.» Y más adelante añade: «En cada una de estas esferas se ejerce de hecho una porción de esta autoridad judicial, sin la cual todo sería desorden en la sociedad, ya en lo que concierne á las relaciones de los ciudadanos entre sí, ya en lo que toca á las relaciones recíprocas del Estado y de los ciudadanos.»

Supuesto este criterio, generalmente adoptado hasta aquí por los tratadistas de derecho administrativo, claro es que muchas de las discusiones serían ociosas. Y si, por el contrario, para definir y establecer las distintas funciones de la soberanía no se atiende á la materia, sino á la índole de aquéllas, y se admiten como poderes particulares y distintos el legislativo, el ejecutivo, el judicial y el armónico, tampoco cabe lógicamente discutir si á la Administración corresponde una jurisdicción contenciosa. Porque entonces nada hay más sencillo que contestar á Mr. Laferrière y otros muchos tratadistas, que antes y después que él han sentado la misma doctrina, á saber: que «administrar es... no sólo hacer ejecutar las leyes y decretos, lo que es función de la Administración activa, sino resolver las dificultades todas de ejecución y juzgar las reclamaciones que la ejecución provoca, lo que es función de la Administración contenciosa,» y que «el poder de administrar, considerado en el sentido más extenso, supone así lógicamente, el poder de juzgar administrativamente, es decir, la jurisdicción ó la justicia administrativa» (2).

Decimos que esta doctrina se refuta fácilmente á partir de la división de los poderes por razón de funciones, porque si al ejecutivo sólo le corres-

(1) Cours de Droit administratif, tomo II.
(2) Cours théorique et pratique de Droit publié et administratif, tomo II.