El Economista (Madrid. 1886) (1886-11-08 00:00:00), página 4

con la ley de relaciones; pero precisamente para unificar los derechos y establecer como única la tercera columna del arancel actual, fija la ley en su art. 2.º las rebajas graduales, y como el cabotaje, según las leyes, es privativo de la bandera nacional, es evidente que dichas rebajas (que suponen beneficios para llegar al cabotaje) sólo pueden y deben aplicarse á los buques españoles. De lo contrario, va á resultar el absurdo de que unas rebajas establecidas para favorecer la bandera nacional y el comercio directo entre la Península y las Antillas favorecerán también igualmente á las banderas extranjeras, y así, pasando suavemente los años, llegaremos, Dios mediante, al año 1891; y rebajando el último 15 por 100 á todas las banderas, no sabemos comprender cómo al año siguiente 1892 podrán establecerse distinciones que de hecho estarán abolidas. De este modo resultará que tendremos el cabotaje para todas las banderas, lo cual, según nuestras leyes, no puede llamarse cabotaje, porque según el arancel y las Ordenanzas de Aduanas, el cabotaje no sólo supone libertad de derechos, sino también conducir las mercancías en buque nacional. Si lo que se pretende es llegar á la completa igualación de banderas, llámense las cosas por su nombre y no se hable hipócritamente de cabotaje para no llegar nunca á establecerlo.

Tenemos la íntima convicción de que la ley se propuso establecer el cabotaje para la bandera española el año 1892; por lo tanto, lo lógico y verdadero sería considerar las rebajas como derechos transitores, ya que anualmente se rebaja y aplica el beneficio de dichas rebajas exclusivamente á los buques españoles. Creemos haber demostrado que lo contrario conduce al absurdo, pues se alcanza un objeto diametralmente opuesto al que se propuso la ley, y como el art. 2.º del decreto, al aplicar igualmente las rebajas á todos los buques, aprueba y sanciona esa tendencia, creemos que tampoco es admisible en buena lógica esta nueva disposición del Ministerio de Hacienda.

En resumen, el decreto que examinamos encierra, en nuestro concepto, una grave alteración de la letra y espíritu de dos leyes importantísimas que afectan directamente al porvenir de la marina mercante española y á nuestro comercio con las provincias de Ultramar. Urge, pues, aclarar equivocación tan grave, y que la Junta de aranceles y valoraciones y los Centros marítimos del litoral entablen las reclamaciones correspondientes para que sea atendida la razón y la justicia. De lo contrario, si los trasbordos se autorizan en los términos generales que el decreto establece, pueden nacer cuestiones graves para apreciar en muchos casos la verdadera procedencia, y en cuanto á la interpretación de la ley de relaciones comerciales, si las rebajas graduales se aplican indistintamente á todas las banderas, bien puede decirse que la marina española tiene que renunciar desde ahora á que la navegación entre la Península y las provincias ultramarinas sea nunca de cabotaje, con cuya decepción no sólo sufrirá la marina mercante, sino también otros muchos intereses respetables del país. Si el cabotaje, según la legislación española, es privativo de la bandera nacional, el cabotaje con las Antillas y Filipinas debe ser también exclusivo de la bandera, lo que redundará en beneficio mutuo de las antiguas colonias y la Metrópoli, que por altas razones de patriotismo deben mantenerse estrechamente unidas.

JUAN DE ARANA.

La contribución territorial

Digimos en el núm. 33 que la contribución de la propiedad rústica era absurda, y para demostrarlo, fijamos el tejido de una porción de suposiciones que constituyen la cartilla de gastos y productos, cuyo líquido imponible es el cargo por donde se impone la contribución; también aseguramos que si se dedugiera del líquido imponible la renta que legítimamente corresponde al propietario, no habrá para pagar la contribución, ni tampoco con qué retribuir al colono el premio de sus afanes, ya que el trabajo se halla retribuido entre los gastos de cargo; para demostrar este extremo, necesitamos antes fijar algunos datos:

1.º De una cartilla de gastos y productos obtenidos en el cereal al secano, hecha con toda imparcialidad y con arreglo á los usos del país; nos da un término medio en las tres clases de terreno y cada un año, el producto de 30 pesetas.

2.º El valor de la propiedad es muy difícil de fijar para toda Castilla la Vieja, pero creemos acercarnos á la verdad al fijar el de 500 pesetas por hectárea, término medio de las tres clases, cuya renta se acerca bastante á fanega y media de trigo, y cuyo valor de 15 pesetas es igual á un rédito anual de 3 por 100.

3.º La contribución territorial que en este año satisface la provincia de Valladolid, es de 22,87 pesetas para el Tesoro, 4 por 100 de municipales y provinciales, y 40 céntimos de perdón por calamidades á otros pueblos, que hacen un total de 27,27 pesetas.

4.º Nueve provincias de Castilla la Vieja, por 3.751.900 hectáreas que destinan al cereal en secano, satisfacen por ellas 16.519.893 pesetas.