El Economista (Madrid. 1886) (1886-11-30 00:00:00), página 4

Así se concilian, no ciertamente sin algún peligro, las opiniones del Sr. Alfaro y del Sr. Alvarado.

Se trató también de la ejecución de las sentencias. Sabido es que sobre este punto hay preceptos legislativos (leyes de Administración y Contabilidad y del Tribunal de Cuentas) por virtud de los cuales cuando la Administración es condenada al pago de una cantidad, ella es la encargada de la ejecución de la sentencia. Sin duda obedece esto á razones de contabilidad; pues determinados los créditos de que puede hacer uso el Gobierno y que no puede traspasar sin incurrir en responsabilidad, no era posible encargar de la ejecución de las sentencias de aquella clase á los tribunales. Pero no es ésta, á nuestro juicio, la única razón en que se apoyan las leyes. Nace también de la solvencia y perpetuidad del Estado y de que los poderes particulares en que se desenvuelve su acción deben marchar armónicamente y sin injustas desconfianzas que les despreciarían.

Pues bien, la Administración es esencialmente activa; y en vista de este fin principal, ¿cómo se pretendería, por una desconfianza injusta e infundada, que la ejecución de los fallos en asuntos administrativos se verificase por los tribunales que los dictaran, necesitando para ello una amplísima y vasta organización? No creemos que esto pueda ser origen de graves dudas, aunque se pretenda invocar que á los tribunales corresponde juzgar y ejecutar lo juzgado.

La extensión que va adquiriendo este artículo nos impide tratar de otros puntos, como el relativo á si debe determinarse casuísticamente cuando procede el recurso ó si debe hacerse de un modo genérico. Esto es, sin duda, lo más científico y lo más práctico. La jurisprudencia ya establecida podrá utilizarse en la aplicación de los nuevos preceptos, pero no debe llevarse á la ley.

Hacemos aquí punto, felicitando á los dignos e ilustrados individuos de la comisión, que han querido buscar el acierto posible en materia tan ardua y complicada como lo contencioso-administrativo, oyendo todas las opiniones que ante ella han querido manifestarse.

E. DELGADO.

LA CONVERSIÓN DE LAS DEUDAS DE CUBA

Después de haber transcurrido bastante más tiempo del que los acreedores del Tesoro de la isla de Cuba hubieran querido, en la Gaceta de 20 del corriente, como habrán visto nuestros lectores, se ha publicado el decreto fijando los tipos para la conversión de las obligaciones de aduanas emitidas en 1876; billetes hipotecarios creados en 1880, renta al 3 por 100 con 1 por 100 de amortización, y deuda de anualidades, á las cuales dió existencia la ley de 1882.

El largo plazo tomado por el Sr. Ministro de Ultramar para verificar la operación, han tenido algunos tenedores la candidez de creer era una garantía, pues esperaban un meditado estudio de la misma, y, como consecuencia, unas bases más equitativas de las que á fortiori se imponen en el decreto; porque ¿qué otra cosa significa el indicarse en uno de sus artículos que ya se legislará sobre las deudas que en los plazos prescritos no acudan á la conversión?

Si en España se trataran y dieran á las cuestiones que se relacionan con el crédito la importancia que tienen, se hubiera dicho á los tenedores: «Vuestra situación, si no convertís, es esta, porque la nación no puede hacer más por vosotros; ahora que la conocéis, elegid con conocimiento de causa, y no se nos arguya que no es conveniente que el Estado hable con claridad y franqueza, pues lo que honra á un particular no puede ni debe deshonrar á un Estado.» Esto es lo que ha debido hacer el Sr. Ministro de Ultramar. Ahora veamos lo que ha hecho.

Los tenedores de las deudas expresadas, en uso del derecho que les concede el decreto, pueden convertir ó no sus valores. En el primer caso, los que acudan saben perfectamente á qué atenerse. En cambio en el segundo lo ignoran todo, quedando los tenedores á merced de lo desconocido, y (se explota también esto en Bolsa) que verdaderamente nos inspira lástima.

Unos días se cotizará la noticia de que no se incluye en los presupuestos de la isla crédito para atender á dicha obligación; otros, que mientras no se terminen las operaciones de conversión, no puedan precisarse la cantidad á que asciende lo no presentado, y, por tanto, imposible fijar el importe de sus intereses; otros, en cambio, circularán nuevas favorables, proporcionando este flujo y refujo emociones no pequeñas á los que voluntariamente no conviertan, y quebrantos que arruinén á más de una familia.

Hecha esta pequeña digresión, vamos á probar que las bases para llevar á cabo la operación de que nos ocupamos no resplandecen por su equidad, como ya hemos dicho.

Empezamos eliminando del análisis las obligaciones de aduanas y billetes hipotecarios, por reconocer son créditos preferentes, y si alguna duda hubiéramos tenido sobre ello, el Sr. Ministro de Ultramar nos la ha resuelto con su decreto, pues