El Economista (Madrid. 1886) (1886-09-15 00:00:00), página 7

ne facultades legales para votarlas. Dicha consideración ha de subordinarse, en cuanto sea posible, á otras circunstancias, que proponiéndose no un perfeccionamiento, irrealizable siempre, tendiesen como única aspiración posible á hacer defendible, al par que equitativo por la proporcionalidad, el gravamen; y sin que sea lícito encerrarse tampoco en la consideración de que, no existiendo datos depurados, haya de exigirse, como cupo fijo y constante, una parte arbitraria de la renta de los propietarios. Lau- dables son seguramente los esfuerzos de los que anhelan un bien absoluto en estas materias; y no porque deje de ser un hecho, habrá de ser permitido rechazar la perecución del impuesto.

Por eso, como hasta 1852 la contribución sobre propiedad había sido de cuota uniforme, si bien por el decreto de 31 de Diciembre del mismo año se estableció la contribución de repartimiento, las Cámaras portuguesas, á propuesta del Gobierno, volviendo á la antigua legalidad, más científica, resolvieron en el año 1850, según dejó dicho, que la ley del re- parto del impuesto predial se modificase en el sentido de atender, como reforma indispensable, al re- establecimiento del impuesto sobre la base de una cuota uniforme en todo el reino.

El Gobierno portugués, en 30 de Diciembre de 1869, había expedido ya el oportuno decreto, para obtener la formación de una especie de alistanien- tos ó notas comprensivas de todas las fincas sujetas al impuesto territorial; lo mismo que de los indivi- duos que hubieran de satisfacer la contribución per- sonal y la industrial. Pero tan plausibles propósitos no llegaron á verse realizados por sus autores. Mo- vimientos políticos, de esos que suelen perturbar, con demasiado lastimosa frecuencia, los actos admi- nistrativos en ciertos países, impidieron en el año inmediato de 1870 la ejecución de tan apetecible pen- samiento. Tan cierto es que el deseo, muy extendi- do por los propietarios, de sustraer sus fincas de las consecuencias de los amillamientos, viene de muy antiguo, como achaque de la humanidad. Semejante estado, insostenible en realidad, dentro de los buenos principios administrativos, creando una oposi- ción que no ha podido vencer el Gobierno portugués, si bien lucha contra ella para conseguirlo, conforme es su deber, hace allí todavía más difícil de lo que lo es en España—lo cual parecerá increíble á no pocas personas—el que pueda existir un fondo de justicia relativa en la imposición y cobranza del tri- buto directo territorial. Por eso todos sus hombres de Estado, y las gentes sensatas de aquel país, claman uno y otro día por que el Gobierno Insustano, dando á esta clase de cuestiones la importancia que realmente tienen, prescinda de consideraciones in- fundadas de cualquiera índole y aparazca, como procede que lo sea, enérgico sostenedor del principio de autoridad y buen régimen administrativo, no me- nos que del legítimo derecho de los contribuyentes de buena fe; proponiéndose por única aspiración en sus actos no guardar miramientos á los abusos, que aun cuando sean muchos los intereses á que afec- ten, no dejarán de ser contrarios á la justicia y á la equidad.

CAPÍTULO II

Contribución industrial

Sigue en importancia por su cuantía, relativamen- te á los impuestos directos, la contribución indus- trial; pues, reunida á ella la cantidad que satisfacen los establecimientos bancarios y la décima de inte- reses, se obtiene una suma de 10 millones de pese- tas. Vese, con ello, que en Portugal, como acontece en España, la contribución industrial es la segunda por la magnitud de su gravamen, después de la que pesa sobre las fincas, ya sean rústicas ó ya ur- banas.

Y bueno es advertir que los reglamentos por que dichos dos tributos se rigen allí, se hallan calzados y hasta podría decirse mejor, copiados, en su parte capital, de los que se dictaron en España hace bas- tante tiempo. El Gobierno portugués cuidó de en- viar una comisión, especialmente encargada de es- tudiar todos los puntos relativos al sistema tributa- rio establecido entre nosotros desde 1844, merced á los conocimientos, energía de carácter y dotes admi- nistrativas de una persona tan competente cual lo fué el Ministro de Hacienda, D. Alejandro Mon, muy digna de ser recordada cuando haya de escribirse la historia relacionada con las materias económicas en España, durante el siglo actual.

La creación de los gremios para el reparto de la contribución industrial data en Portugal de una ley, que lleva la fecha de 30 de Julio de 1860; imitando también la institución española análoga. El sistema de gremios pasa con razón como liberal; pues, al fa- cultar al contribuyente agrumiado para discutir so- bre sus fuerzas contributivas y las ajenas, con sus conocidos y los agentes administrativos, se puede ob- tener naturalmente, de esta especie de debates recí- procos, la prueba en que haya de fundarse con jus- ticia el gremio para establecer la debida propor- cionalidad, entre el tributo y los provechos naturales que el adentante obtenga por el ejercicio de su in- dustria respectiva.

La verdad es que, si todos los contribuyentes es- tuviesen convencidos de las mutuas ventajas que en- cierra este sistema de agremiaciones, tomarían— como suele decirse—á pechos la realización de se- mejante plausible propósito. Pero, ¿qué es lo que se observa en la práctica? Nada fructuoso en último re- sultado, ó poco menos. Se nota desgraciadamente que casi todos los que debieran tener un interés in- mediató en formar parte de los gremios, con el ape- ticible fin de que los repartos se hiciesen con la pro- porcionalidad debida, por unas ó por otras circuns- tancias y muy á menudo movidos por temor de dis- gustar á sus compañeros de profesión, al exusarse de formar parte de aquéllos rehusan prestarles un verdadero servicio y hasta prestárselo á sí propios, so pena de ser tenidos por sospechosos, cuando me- nos al apreciar sus procedimientos.

(Se continuará.)