El Economista (Madrid. 1886) (1886-11-30 00:00:00), página 3

la Administración sólo le corresponde el hecho, es decir, la ejecución; pero lo que no hay posibilidad de sostener lógicamente es la naturaleza administrativa de tribunales independientes de la Administración propiamente dicha, es decir, una naturaleza especial y distinta que rompa la unidad del Poder judicial por la índole de la materia. Pero ni sobre esto, ni sobre la materia contencioso-administrativa, ni sobre el procedimiento en su carácter fundamental hemos de insistir, bastándonos observar que la especialidad de la legislación administrativa requiere para su acertada aplicación conocimientos especiales, pero no el que se destruya el carácter esencial de unidad de la justicia, hasta el punto de ser necesario una reforma muy amplia que no excluya al Tribunal de Cuentas de este principio de unidad.

La división del trabajo requiere que ante la extensa variedad de las respectivas legislaciones se busquen personas de conocimientos especiales para su aplicación; pero lo que se hace ya en la materia civil y criminal, puede hacerse en adelante con la administrativa.

Sea de esto lo que quiera, creemos conveniente advertir que, á nuestro juicio, el proyecto no puede vencer las dificultades que se propone ni dar satisfacción á las necesidades á que cree responder. Mientras la reforma no empiece más abajo, es decir, desde el procedimiento gubernativo, fijando con toda claridad y precisión su objeto y sus trámites, lo contencioso-administrativo no alcanzará aquel grado de perfección que debe anhelarse. Mientras no se distinga bien la función propia y esencial de la Administración y se señalen límites precisos á la acción de ésta, en virtud de lo cual quede bien determinada la naturaleza del procedimiento gubernativo, surgirá una multitud de cuestiones delicadas y de difícil resolución. Es preciso empezar por aquí si ha de hacerse algo eficaz y útil, encerrando á la Administración en el círculo en que debe moverse, distinguiendo sus actos preparatorios y sus actos finales y lo que compete á la misma en la resolución de las reclamaciones á que dan origen los primeros.

Estamos, sin embargo, distantes de esta reforma, así al menos lo creemos, porque en materia tan delicada y en puntos tan difíciles, no hay una opinión que haya merecido todavía ser aceptada con aquella generalidad que sería indispensable para traducirla en preceptos legales.

Déjemosla, pues, indicada solamente para tratar de algunos puntos del proyecto. En nuestro sentir, el Sr. Arriaga anduvo muy acertado al exponer los inconvenientes que han de surgir en la práctica de la composición mixta de las salas, por el conflicto á que acaso dará origen el espíritu especial á que pueden responder unos y otros magistrados. También expusimos nosotros en modestos artículos nuestra opinión contraria á la composición mixta de los tribunales, y la necesidad de que los hombres llamados á formarla, reunieran á los conocimientos fundamentales del derecho los especiales del administrativo, acreditados por una larga experiencia.

De esta suerte se responde á la exigencia de la unidad fundamental del derecho y á lo que de suyo requiere la variedad del mismo.

Vamos á hacer también breves indicaciones sobre otros puntos. El Sr. Alfaro defendió la conveniencia de señalar un plazo á la Administración activa para remitir el expediente; pero considerando ineficaces las penas que se establecieran para asegurar el cumplimiento del precepto, proponía que, pasado dicho plazo, se entendiese que la Administración se hallaba á la demanda. El Sr. Alvarado, fijándose en que de la arbitrariedad de la Administración pudiera resultar un perjuicio grave á un particular, estima inconveniente semejante doctrina.

Nada más cierto, en efecto, que en muchos casos se ventilan ante los tribunales administrativos derechos particulares, como observa Macarel. Tal sucede, por ejemplo, en las concesiones mineras. Hacer depender, por consiguiente, de una omisión de la Administración activa el derecho de un particular que puede ser el interesado en la tienda, sería evidentemente injusto. Hay cuestiones, en efecto, que, en opinión de algún ilustrado jurisconsulto español, el Sr. Azcárate, son por su naturaleza civiles, pero que hoy aparecen clasificadas entre las administrativas.

Es, además, bajo otro aspecto peligrosa la conclusión á que llega el Sr. Alfaro. La legislación especial ha revestido á la Administración de numerosos derechos para asegurar y garantizar sus intereses precisamente en razón de no tener sus funcionarios aquel celo y diligencia con que el individuo defiende los suyos, y no hay duda que no estableciéndose, para hacerlas efectivas, responsabilidades bien concretas y determinadas á fin de poder exigir el perjuicio ocasionado por acción ó omisión de sus agentes, resultarían en muchos casos lesionados sus intereses legítimos.

Esto no obstante, procurando establecer y exigir esta responsabilidad, merecen gran respeto los derechos particulares, y no vacilaremos en aceptar la conclusión del Sr. Alfaro con la limitación de que cuando hubiese un interés particular al lado del administrativo, apesar del trascurso del tiempo en la remisión del expediente, no surtiera efecto la declaración si aquél se mostrase parte en la de manda.