El Economista (Madrid. 1856) (1857-04-20 00:00:00), página 13

taciones y sus inquilinos. La idea como alaga los intereses del mayor número y viste los colores de la falsa filantropía, ha tenido eco, ha tomado creces y ha-se convertido en una especie de clamar harto general por desgracia. Lo más cómodo para nosotros sería dejar que esta idea siguiera su curso, ó formar coro con sus propaladores; pero antes romperemos mil veces nuestra pluma que empleará en fomentar preocupaciones que consideramos ser el mayor enemigo que tiene en nuestro país el progreso moral y material, la causa de la civilización. Por otra parte el honor de Barcelona exige que alguien proteste de una manera pública y muy explícita contra un error que nos pondría en ridículo ante la Europa culta, humillación que sufrimos hace poco más de dos años por la famosa cuestión de las máquinas selfactinas.

La intervención de la autoridad en la cuestión de inquilinatos, de modo que coartara la libertad de cualquiera de las partes contratantes, ¿fuera legal, fuera justa? Para saber si fuera legal, no hay más que recurrir á la legislación que rige sobre la materia y en ella veremos las facultades que atribuye á la autoridad. Dice así:

" Doña Isabel II por la gracia de Dios y la Constitución de la Monarquía española, Reina de las Españas : y en su Real nombre D. Baldomero Espartero, Duque de la Victoria y de Morella, Regente del Reino, á todos los que la presente vieran y entiendieren, sabed : que las Cortes han decretado y Nos sancionamos lo siguiente:

"Artículo 1.º Los dueños de casas y otros edificios urbanos, así en la corte como en los demás pueblos de la Península é islas adyacentes, en uso del legítimo derecho de propiedad podrán arrendarlos libremente desde la publicación de esta ley, arreglando y estableciendo con los arrendatarios los pactos y condiciones que les parecieren convenientes; los cuales serán cumplidos y observados á la letra

"Art. 2.º Si en estos contratos se hubiere estipulado tiempo fijo para su duración, fencérase el arrendamiento cumplido el plazo, sin necesidad de desahucio por una ni otra parte. Mas si no se hubiere fijado tiempo ni pactado desahucio, ó cumplido el tiempo fijado continuase de hecho el arrendamiento por consentimiento tácito de las partes, el dueño no podrá desalojar al arrendatario, ni este dejar el predio sin dar aviso á la otra parte con la anticipación que se hallare adoptada por la costumbre general del pueblo, y en otro caso con la de 40 días.

"Art. 3.º Los arrendamientos ya hechos y pendientes á la publicación de esta ley se cumplirán en los términos en que se hayan celebrado, y por todo el tiempo y en la forma que debían durar con arreglo á la ley que ha regido en Madrid hasta ahora, reales resoluciones, práctica y costumbres vigentes al tiempo de celebrarse dichos contratos.

"Art. 4.º Quedan derogadas para lo sucesivo la ley 8.º, tit. 40, lib 10 de la Novísima Recopilación, y cualesquiera otras Reales resoluciones, práctica o costumbre que sean contrarias á lo establecido en los artículos precedentes.

Por lo tanto mandamos á todos los Tribunales, Justicias, Gfes, Gobernadores y demás autoridades, así civiles como militares y eclesiásticas de cualquiera clase y dignidad que sean, guarden y hagan guardar, cumplir y ejecutar la presente ley en todas y en cada una de sus partes.

Tendréislo entendido para su cumplimiento, y disponedreis se imprima, publique y circule.—El Duque de la Victoria.—En Madrid á 9 de abril de 1842.—A D. José Alonso.

Esta ley, que derogó una de las disposiciones socialistas á que tan inclinados se mostraron nuestros gobiernos absolutos, hecha por el partido progresista y sancionada por los demás partidos, es una de las más preciosas conquistas de nuestra regeneración política; nueva consignación del derecho de propiedad, que es una de las bases principales de las sociedades modernas.

Esta ley, como se ve, dejó en completa libertad para la contratación así a casero como al inquilino, dando á los dos beneficios y garantías iguales, es de-