El Economista (Madrid. 1886) (1886-10-09 00:00:00), página 2

SUMARIO

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    Lo contencioso-administrativo
    457

    El Banco de Italia
    457

    Las Industrias acerera y siderúrgica de España
    458

    Bolívar de legislación comparada
    459

    Información financiera
    460

    Ferracarriles
    461

    Minas
    462

    Empresarios y emisiones
    457

    Bolívar de Bolsa
    457

    Consultas
    458

    Guía de bancos y colonias
    458

    Movimiento del personal del Banco de España
    459

    Banco Hipotecario de España
    460

    Anuncios
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LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

No hemos de negar que dentro de los preceptos constitucionales pueden hallar sólidos argumentos en favor de su doctrina los partidarios de la jurisdicción retenida, puesto que el art. 76 de la Constitución vigente dice que á los tribunales corresponde exclusivamente la facultad de aplicar las leyes en los juicios civiles y criminales. Pero lo que no comprendemos es que, á partir del principio de que la jurisdicción no debe ser retenida, se pretenda una jurisdicción administrativa especial e independiente, completamente apartada de la ordinaria.

La existencia de esos tribunales administrativos puede impugnarse, desde el punto de vista en que se colocan los primeros, con más motivo que las facultades que nosotros creemos corresponden en principios al Poder judicial, porque al paso que lastimarian la independencia de la Administración al modo como algunos la entienden, no tendría la condición de unidad, necesaria á una buena organización de los Poderes.

La unidad del Poder judicial es una condición exigida por la unidad de la justicia. ¿Qué diferencia esencial existe entre la llamada justicia civil y la justicia administrativa? ¿Qué distinción fundamental puede establecerse entre el juicio que ha de pronunciarse cuando se haya de aplicar una ley administrativa á un hecho determinado, de aquel otro que se dicta con arreglo á una ley civil? La función es esencialmente la misma, y en muchos casos la Administración sólo decide cuál es el mejor derecho de dos particulares, como cuando se trata por ejemplo de una concesión minera.

Sucede, sin embargo, que sobre este punto hay errores y exageraciones por parte de unos y otros, y que mientras los unos defienden una especialidad inadmisible, anhelan los otros una unidad exagerada e inconveniente. Tal es lo que sucede en punto á lo contencioso-administrativo.

Indudablemente es el Derecho uno, pero presenta á la vez diversas fases que dan origen á divisiones interiores, es decir, que al mismo tiempo que uno, es vario sin perder esa unidad. Así el Derecho administrativo y civil son aspectos de la justicia, en la cual se enlanzan y de la que no pueden separarse, sin que la relación esencial que los mantiene impida la existencia particular de cada una de estas ramas. Uno á otro se auxilian y se ayudan, pero prevaleciendo en cada cual su fisonomía peculiar y distintiva.

Mas sucede que ambas ramas del Derecho que conservan este sello individual que acabamos de indicar, tienen un vasto y dilatado círculo, y su legislación es respectivamente tan extensa, que requiere para su aplicación acertada los conocimientos especiales de esta legislación y las necesidades á que responde, así como el de los principios fundamentales en que se basa todo el derecho positivo.

Pues bien; una razón de buen sentido aconseja (y una ley económica, la división del trabajo, lo requiere) que los encargados de aplicar la legislación administrativa reúnan conocimientos especiales de esta legislación y además el de los principios generales del Derecho.

¿Pero acaso es tan difícil organizar los tribunales de manera que, sin romper la unidad del Poder judicial, no pueda conseguirse en los llamados á aplicar la ley administrativa conocimientos del Derecho administrativo y aun larga experiencia en la Administración? ¿Es que no existe ya en la práctica, por lo que se refiere á la justicia civil y criminal, la distinción conveniente, que no destruye sin embargo aquella unidad?

De igual modo que se mantiene hoy en ambas esferas la conveniente distinción sin romper la unidad, reflejada en el Tribunal Supremo de Justicia, puede llegarse también, por lo que respecta á la Administración, sin desatender la conveniencia de buscar en personas expertas la garantía indispensables al acierto de un fallo.

A esto se aspira en un proyecto que acaso revela, sin embargo, mejor intención que acierto en los medios para conseguir los fines que se pretenden. Antes hemos dicho que no es el Derecho administrativo algo apartado e independiente de la idea general de la justicia; pues todos los ramos de ésta son aspectos de ella, aunque por el modo diverso en que se revelan, respondiendo á la variedad de los hechos y de la vida, alcancen un carácter individual. Con esto solo, que parece desconocido, bastará para comprender que nuestro derecho administrativo, harto confuso por otra parte, contradictorio y divergente, necesita para su acertada aplicación de las inspiraciones generales del Derecho, del conocimiento de los principios en que se asienta y del auxilio de las demás partes de la ciencia jurídica.