El Economista (Madrid. 1886) (1886-11-08 00:00:00), página 2

SUMARIO

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    Procedencias directas de Ultramar
    498
    Boletín de Bolsa
    506

    La contribución territorial
    500
    Guía de banqueros y accionistas
    507

    El obrero vascongado
    502
    Ingresos de los caminos de hierro
    508

    Consultas
    506
    Anuncios
    508

    Sección legislativa
    509

Procedencias directas de Ultramar

En la sección oficial de este número publicamos el Real decreto del Ministerio de Hacienda relativo á las procedencias directas de Ultramar. Como comprenderán nuestros habituales lectores, el asunto es tan importante y trascendental para nuestro comercio ultramarino y para nuestra marina mercante, que hemos procurado estudiarlo detenidamente antes de elevar al Gobierno una respetuosa reclamación, que sirviera de protesta contra la forma inusitada con que se resuelven en dicha disposición, no sólo el debatido asunto de lo que debe entenderse por procedencia directa, sino también el modo de aplicar las rebajas graduales establecidas por la ley de relaciones de 1882. En efecto, dos artículos contiene el decreto, y en ellos se encierran esas dos cuestiones, de gravedad suma, no sólo por lo que significan en los momentos actuales, sino también por las funestas consecuencias que puede producir.

La cuestión contenida en el primer artículo es la relativa á la procedencia directa, sobre la cual reclamó la Asociación oportunamente, y que hace más de dos años estaba pendiente de resolución en la Junta de Aranceles y valoraciones, cuestión que el expresado decreto ha venido á decidir precisamente en contra de lo consignado en el dictamen de la mayoría de dicha Junta. Para apreciar, que es lo legal, al tratar de las procedencias directas de Ultramar, conviene ante todo consignar que la ley arancelaria vigente, en su disposición undécima, resuelve de un modo sumamente claro todo lo relativo á las procedencias directas de Ultramar. En ella se citan concretamente cinco casos en que las mercancías conservan los beneficios de las procedencias directas, y esos casos son taxativos, concretos, y por lo mismo que están sumamente claros, no pueden sujetarse bajo ningún pretexto á interpretación, pues al tratar de la ley, la primera regla de interpretación que dan todos los tratadistas es que cuando la ley es clara no debe interpretarse. Según el caso quinto de la disposición undécima, conservan ese beneficio los buques que, conduciendo productos de las provincias de Ultramar, entren en puertos extranjeros de América para completar su carga. Nótese bien que la ley no hace en este punto distinción de banderas, pero exige en cambio que sea el mismo buque y no otro el que conduzca las mercancías desde los puertos de Ultramar á los de la Península, permitiéndole tan sólo entrar en puertos extranjeros para completar su carga. O lo que es lo mismo, la ley permite (y en esto hace bien, porque favorece á la marina y al comercio) que el mismo buque complete su cargamento, sin que esta operación perjudique á las mercancías que ya lleva á bordo.

¿Quiere esto decir que la ley autorice directa ni indirectamente el trasbordo de mercancías ultramarinas en puerto extranjero, ni el traslado de un buque á otro durante la navegación? De ningún modo, pues una y otra operación quitarían, según el art. 5.º, el carácter de procedencia directa á las mercancías ultramarinas que llevarse el buque. Ahora bien; el art. 1.º del importante decreto que comentamos consigna que no perderán la condición de directas las procedencias de las provincias españolas de Cuba, Puerto Rico y Filipinas, aunque las mercancías sean trasbordadas de un buque á otro en puerto extranjero durante la navegación, si no llegan á ser desembarcadas en tierra, de modo que el decreto establece una distinción que no encontramos en la ley, pues nos parece que es un acto comercial muy distinto el de completar la carga el mismo buque, ó el de trasbordar la mercancía de un buque á otro. Nos parece que si el trasbordo puede verificarse en las aguas de un puerto ó en alta mar, lo mismo podrá autorizarse dicho trasbordo en tierra en los muelles del mismo puerto, pues al fin y al cabo el interior de los puertos forma parte de las aguas jurisdiccionales de cada Estado, y todas las operaciones que en ellas se verifiquen no pueden considerarse enteramente independientes de las autoridades del país. La distinción, pues, entre verificarse el trasbordo en el agua ó en los muelles, podrá ser tan acertada como se quiera, pero de todos modos no es la distinción que se desprende de la ley. Según nuestro arancel, lo que no deben ni pueden hacerse es trasbordos ni en el agua ni fuera de ella (si se quiere conservar el beneficio de la procedencia directa), pues si se permite en el caso citado á los buques tocar en puerto extranjero, es sólo para completar la carga.

El artículo 1.º del decreto ha querido sin duda obviar en parte los inconvenientes que ofrece esa interpretación en nuestro concepto equivocado de la ley, exigiendo que en la documentación de embarque conste expresamente el origen de las mercancías, y que la operación de trasbordo se