El Economista (Madrid. 1886) (1886-09-30 00:00:00), página 2

SUMARIO

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    Lo Contencioso-administrativo
    438
    Danosa y Sociedades
    413

    Los ferrocarriles en los Estados Unidos
    440
    Sección de noticias
    444

    La contribución industrial
    441
    Mercados
    445

    Intereses vinculados
    412
    Guía de accionistas
    447

    Bolívar de Bolsa
    443
    Ingresos de los caminos de hierro
    418

    Anuncios
    448

LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

En nuestro artículo anterior indicábamos que la capital cuestión que entraña lo contencioso-administrativo ha de resolverse conforme al criterio que se adopte respecto á la distinción de las funciones de la soberanía.

Bajo este aspecto no puede menos de extrañar la ilógica clasificación que ha venido haciéndose del Poder, por razón de funciones en legislativo y ejecutivo, subdividiendo luego éste por razón de materias en Administración ó Administración activa y Justicia ó Administración de justicia. Es tanto más inadmisible esta clasificación, que ha prevalecido, sin embargo, en la práctica, cuanto que el estudio atento de las funciones del Estado muestra, desde luego, la sustantividad de los Poderes á que nos referimos antes, y razones políticas de todos conocidas aconsejan la separación de los mismos.

Así es que muchos escritores y publicistas modernos, partiendo de que el fin esencial del Estado consiste en la realización del Derecho y que para esto ha de tener la facultad ó el Poder necesario, ven cómo se manifiesta esta actividad para establecer la distinción interior de los Poderes particulares. Cada uno de estos modos de manifestarse la actividad jurídica es lo que da origen á la división, no la materia sobre que se ejerzita, pues siempre abraza todo el Derecho cada uno de aquellos Poderes.

Pues bien; hay un Poder que declara la regla jurídica de un modo general, otro encargado de la realización práctica y efectiva de la regla establecida ó por modo genérico declarada, y otro que decide en cada caso concreto la conformidad ó disconformidad de ciertos hechos con la regla declarada, y finalmente, otro destinado á dirigir y armonizar las relaciones entre los demás Poderes. Estas funciones, que son distintas, dan, pues, origen á los Poderes legislativo, ejecutivo, judicial y armónico.

A partir de esta clasificación, que tiene su base en la misión esencial que incumbe al Estado, y que no puede destruirse por el hecho de encomendarse al mismo otros fines históricos y temporales, veamos más detenidamente qué implica y supone la segunda función.

La Administración, se ha dicho por todos los escritores, es esencialmente activa; se muestra obrando, realizando hechos, ejecutando actos. Este es su carácter saliente; obrar, realizar la ley, dictar reglamentos e instrucciones para facilitar su ejecución, remover obstáculos, fórmar registros, llevar estadísticas, cuidar de la policía, auxiliar á los tribunales para la ejecución de sus sentencias, etc. Aunque «el orden de las funciones que al Poder ejecutivo se hallan encomendadas no está aún bien definido ni reducido á unidad en la ciencia, ni menos, por tanto, en la práctica de la vida» (1), si se halla, dentro de los principios antes supuestos, bien establecido que siendo su nota saliente la actividad, no necesita ser requerido para ponerse en movimiento, sino que por propio impulso debe empezar á obrar y ejecutar, y necesita, como Poder activo, aquellas condiciones de independencia en su esfera y los medios propios para realizar su fin.

Pero la independencia de los poderes, que tanto se invoca por los partidarios de la jurisdicción contenciosa de la Administración, quedaría rota y destruida si mermase al Poder judicial parte de esa jurisdicción, por la índole de determinadas materias. «La competencia del Poder judicial, dicen con razón los escritores antes citados, como la de todos los otros, está fundada primeramente en ser su autoridad única y exclusiva para el cumplimiento de la función que le corresponde. Ninguna relación jurídica se halla excluida de esta competencia, por más que pertenezca al orden político, administrativo, etc., con tal de que revista carácter judicial, refiriéndose á conformidad ó desconformidad entre un hecho y una ley...»

Y no se entienda que, con arreglo á esta doctrina, se embarazan los movimientos de la Administración y se la impide cumplir sus fines. La Administración, ya queda repetidamente expuesto, debe tener el poder y los medios necesarios para realizar aquéllos, y en tal concepto, las facultades indispensables para remover los obstáculos que se susciten á su acción, acaso temerariamente. Por esto, si en su marcha encuentra estos obstáculos, si alguno de sus actos provoca reclamaciones, debe estar revestida de aquella facultad de conocer el fundamento de estas reclamaciones y decidir sumariamente si debe detenerse ó seguir ejecutando.

(1) Principios de Derecho natural sumariamente expuestos, por Francisco Giner y Alfredo Calderón.