El Economista (Madrid. 1886) (1886-12-11 00:00:00), página 8

abono de tiempo de servicios, ni categorías por los servicios prestados al contratista.

Este quedará obligado á admitir en las fábricas sin retribución por su parte, los individuos del cuerpo pericial, determinado en el art. 12 de la ley, que designe el Gobierno.

18. El contratista quedará obligado á anticipar al Gobierno el importe de una anualidad con el interés que se convenga, y que no podrá nunca exceder de 5 por 100.

Si el Gobierno creyese oportuno hacer uso de esta condición, tendrá que ponerla en conocimiento del contratista con seis meses de anticipación al en que haya de verse la entrega.

19. Para asegurar el valor de la propiedad del Estado que ha de usufructuar el contratista, y como garantía del contrato, prestará aquél una fianza de veinte millones de pesetas en metálico ó en valores públicos á los tipos establecidos, fianza que el Gobierno, en el trascuro del arriendo, y teniendo en cuenta la marcha de la renta y las cantidades invertidas en nuevas fábricas y almacenes, podrá reducir si lo estima conveniente, pero en ningún caso podrá ser menor de doce millones de pesetas.

20. Todos los edificios, enseres de elaboración y materia para fabricar ó manufacturada, serán asegurados de incendio por cuenta del contratista, á no ser que éste tome expresamente sobre sí el riesgo.

En el caso de aseguramiento, se preferirá, en igualdad de condiciones, á las empresas nacionales.

23. Cada falta de cumplimiento de lo estipulado en las bases anteriores, dará derecho al Gobierno para imponer al contratista una multa, cuyo máximo se fija en 20.000 pesetas, sin perjuicio de la reparación ó indemnización que corresponda. La multa podrá elevarse de 20 á 100.000 pesetas en los siguientes casos:

1.º Si el contratista incurre dos veces en la multa señalada en la base 14.

2.º Si no lleva bien y al día la contabilidad.

3.º Si su administración rehusa la exhibición de sus libros ó documentos ó no justifica la regularidad de sus operaciones. El contratista podrá alzarse por la vía contencioso-administrativa de la resolución del Gobierno, respecto á la imposición de multas.

24. En todo tiempo el Gobierno se reserva el derecho de rescindir el contrato, sin expresar causa.

27. Si trascurridos los dos primeros años se observase en la renta una baja que excediese del 15 por 100 de la cantidad garantizada, el Estado tendrá derecho á rescindir el contrato. En este caso sólo abonará al contratista las pérdidas que hubiese sufrido, hasta la fecha, en su capital; pero no intereses de aquél ni beneficios probables.

26. Si la baja tuviese por causa una guerra nacional ó extranjera ó calamidades de carácter público y general, no habrá lugar á la rescisión y el contratista tendrá derecho á que los gastos y los ingresos de la renta sean, en su totalidad, por cuenta del Estado, sin que en este caso se compute como gasto el importe del interés del capital de la compañía concessionaria.

27. Procederá la rescisión del contrato á cargo y riesgo del contratista:

1.º Cuando no realice con puntualidad el pago del importe del arrendamiento fijo y el de la participación en los beneficios que correspondan al Estado con arreglo á la base 3.º

2.º Si se llegan á imponer, y quedan firmes por no entablarse la vía contenciosa á confirmarse por ésta el acuerdo gubernativo, tres multas de las que se establecen por valor de 20 á 100.000 pesetas.

30. Si el Gobierno lo estimase oportuno, encomendará al contratista la venta de los efectos timbrados en las expendidurias de la renta de tabacos, abonando el precio que se convenga por este servicio y que no podrá nunca exceder de lo que en la actualidad se satisface.

Consultas

CÉDULAS PERSONALES

I. Terminada la cobranza voluntaria de cédulas personales, y hechos por el recaudador de éste impuesto los trabajos preliminares para proceder por la vía de apremio contra los morosos y publicada la lista de los deudores en el Boletín Oficial de la provincia, tiene ya derecho aquel funcionario á la tercera parte y mitad del importe del recargo respectivamente, según lo determina el art. 45 de la instrucción vigente del ramo?

II. Por las sucesivas diligencias que tuviere que practicar el recaudador ó comisionado ejecutor para realizar el cobro contra aquellos deudores que den lugar á la venta de bienes muebles, ¿tiene además derecho al 9 por 100 de recargo de segundo grado que señala el art. 16 de la Instrucción de 20 de Mayo de 1884, ó se considera bastante remunerado con la tercera parte y mitad respectiva á que tiene opción, según la referida Instrucción de cédulas personales? Se desea saber la ilustrada opinión de El Economista.

J. M.

CONTESTACIÓN

1. Conforme á lo que determina el art. 21 de la Instrucción para el procedimiento de apremio de 24 de Mayo de 1884, á las veinticuatro horas de presentada la relación de deudores en la administración, ésta deberá declarar incursos en el apremio de primer grado á los en ella comprendidos, quedando desde tal momento obligados los mismos á satisfacer el importe de la cuota que se les reclame y el apremio de dicho grado, á cuyo fin se les concederá un plazo de cinco días. Excusado parece decir, por tanto, que con mayor razón podrá ser considerado moroso un deudor, á incursivo en consiguiente responsabilidad, una vez que, el acuerdo de la administración, juntamente con la expresada relación de deudores, aparezca inserto en el Boletín Oficial de la provincia, y que el recaudador haya practi-