El Economista (Madrid. 1886) (1886-07-14 00:00:00), página 4

art. 1.º se determina que los documentos relativos á actos y contratos sujetos al impuesto de derechos reales y trasmisión de bienes que no hayan sido presentados á la liquidación y pago del mismo en las oficinas correspondientes, quedarán libres de toda multa y relevados del pago de los intereses de demora, siempre que sean presentados por los interesados á liquidación antes de 1.º de Noviembre próximo y satisfagan después el impuesto que se liquide dentro del plazo que el reglamento fija.

Que los perdones generales de multas han sido favorables, no sólo para los intereses de los particulares, sino para los del Tesoro, lo prueba el aumento de los rendimientos del impuesto en las épocas en que aquéllos se han concedido.

Pero los perdones generales concedidos hasta aquí no eran tan amplios como el de que ahora se trata de otorgar; pues se perdonaban por ellos únicamente las multas, mas no los intereses de demora, y éstos, precisamente, son los que más pueden retraer al contribuyente moroso de presentar sus documentos al liquidar; pues mientras la multa por las disposiciones vigentes no puede pasar del 25 por 100 de la cuota del Tesoro, los intereses de demora, que son el 6 por 100 anual de la cuota, pueden subir á mucha mayor suma para los que han dejado trascurrir algunos años sin pagar el impuesto.

Nos parece, pues, mucho más aceptable el proyecto que está hoy pendiente de la aprobación de las Cortes que las leyes promulgadas en épocas anteriores sobre la materia, porque perdonados por él, no sólo las multas, sino también los intereses de demora, se quita todo pretexto á los contribuyentes morosos para dejar de presentar sus documentos á liquidar, puesto que quedan en idénticas condiciones que si dicha presentación la hubieran hecho en los plazos reglamentarios, y de consiguiente, no pueden extranear que la Administración cumpla con ellos todo el rigor de la ley, si apesar de un poder tan amplio como el que se les concede, aún continúan eludiendo el pago del impuesto y dejan que trascurra el 1.º de Noviembre próximo sin presentar sus documentos en la oficina liquidadora correspondiente.

Los frecuentes perdones generales de multas concedidos indican, sin embargo, una cosa, y es que las disposiciones legales vigentes son un tanto deficientes, y que la Administración carece de medios de conocer todos los actos y contratos que se realizan sujetos al impuesto de derechos reales y trasmisión de bienes, ó que, conociéndolos, no le es posible conseguir que los contribuyentes presenten á liquidar los documentos con que aquéllos cuentan.

El art. 112 del vigente reglamento del impuesto, que es el de 31 de Diciembre de 1881, prescribe que la Administración puede obligar por medio de apremio á la presentación de documentos ó declaraciones de valores cuando haya terminado el plazo legal para efectuarlo.

Cuando el documento está otorgado y lo ha sido ante notario, fácil es, si el contribuyente no cumple con la ley, exigir á aquél una copia; pero si se trata de testamentarias, por no estar formalizadas, ó de documentos privados, no creemos que haya otro medio de apremiar al contribuyente, que acudiendo al nombramiento de comisionados con dietas, como se determinaba por el art. 73 del reglamento de 14 de Enero de 1873; pero este artículo parece derogado por el vigente, y así creemos viene interpretándolo la Dirección general de Contribuciones.

Es, pues, preciso, en nuestro sentir, que se dicte alguna disposición terminante que prescriba el medio de que se ha de valer la Administración para realizar el apremio del art. 112 del reglamento, pues hoy, en nuestro entender, se lucha con grandes dificultades para girar las liquidaciones cuando no hay documentos otorgados ó éstos son de carácter privado, y los interesados resisten el dar cuenta á las oficinas liquidadoras de los actos ó contratos sujetos al impuesto.

También ocurre con frecuencia que la Administración no tiene conocimiento de los actos y contratos que se realizan sujetos al impuesto, y esto es debido á que deja de cumplirse por los funcionarios del orden judicial, sus auxiliares, las autoridades administrativas y los notarios, con las obligaciones que se les imponen por el capítulo X del reglamento del impuesto, pues si los notarios remitieran los índices mensuales de las escrituras que autorizan al liquidador del partido, los jueces municipales las relaciones trimestrales de fallecidos y los demás funcionarios á que antes se ha aludido cumplieran con lo que el reglamento determina y con lo que se ha dispuesto por una circular de la Dirección general de Contribuciones de 1.º de Julio de 1885, la Administración tendría todos los datos precisos para poder conocer qué contribuyentes eran morosos. Es, pues, de gran conveniencia el obligar al cumplimiento de cuanto se ordena en el capítulo X del reglamento á los que en el mismo se les impone deberes con relación al impuesto, y al efecto, si las prescripciones penales contenidas en el capítulo XI no fueran bastante eficaces, debiera meditarse qué medios serían los más conducentes al fin que debe proponerse la Administración, cual es el que se la dé conocimiento de todos los actos y contratos sujetos al impuesto por los funcionarios que en ellos inter-