El Economista (Madrid. 1856) (1857-03-01 00:00:00), página 13

judicial la confusion de la ciencia económico-política, con la ciencia del Gobierno, citando á propósito de esto el Sr. Montesino vanos hechos que dan una idea de los errores dominantes entre las clases menos ilustradas de nuestro país, que atribuyen al Gobierno la carestía por no haber adoptado medidas convenientes para evitarla. Estas ideas las están consignando en sus libros y periódicos la mayor parte de nuestros publicistas, partidarios unos de las medidas ya tomadas; ansiosos otros de que se amplíen hasta la tasa y el secuestro de los cereales. Los economistas son partidarios de otra doctrina. Su lema es «dejar hacer» y no quieren por lo tanto en estos asuntos la intervención del Gobierno. Si la Economía política fuese distinta de la ciencia del Gobierno, como lo creen los S.S. Montesino, Figuerola, Colmeiro y Carvallo, forzoso es que estos señores crean que cuando un gobierno dicte medidas contrarias al principio económico, se sale de sus atribuciones y se intrusa en la ciencia económica. El Gobierno debe, si ha de gobernar bien, ceñirse en todos sus preceptos á lo que ordena la ciencia económica, porque todas las leyes influyen en la producción de la riqueza. La ciencia que ha de tenerse presente al formar las leyes debe llamarse ciencia del Gobierno. Por separar la Economía política de la política se han dado á esta facultades para prescindir de la primera y hollar sus preceptos. De este error ha provenido que se crea por muchos de los políticos innecesarios los estudios económicos, y toda nuestra legislación se resiente de esta falta. Economía significa en nuestro diccionario organización, economía política es organización política, y si esta no es la ciencia del Gobierno, hay que asegurar que los gobiernos se manejan sin reglas de ciencia, por capricho. Sobre los hombros de los gobernantes pesan mil atribuciones que según la ciencia, no pueden ejercer bien. Si no las tuvieran, si se observara la máxima «dejar hacer» no se echaría la culpa de todo al Gobierno, como lo hacen ahora muchos.

El Sr. Figuerola manifiesta que no es exacto que nada se haya dicho sobre la conveniencia de la Asociación, puesto que ha indicado las ventajas que con la reforma se obtendrían. Tampoco está conforme con el Sr. Bona en la manera de juzgar á los contrabandistas, porque cree que lo primero que necesita tener una nación es la costumbre de acatar la ley: lo que debe hacerse si es mala, es trabajar para destruirla. El contrabando es funesto porque ocasiona la inmoralidad, y una de las razones que tiene el orador para apoyar la reforma, es que destruirá el contrabando.

El orador no es enemigo tampoco de las aduanas como instrumento fiscal; cree que debemos conservarlas interin no pueda reformarse el sistema rentístico. Este punto constituye una cuestión diferente.

En cuanto á la segunda parte del tema que se discute, el orador cree que no es conveniente crear otra comisión, para evitar entorpecimientos y disensiones.

El Sr. Bona (D. Juan Eloy) no acepta las aduanas ni aun como instrumento fiscal. Si la prohibición es mala como ocho, la protección es mala como cuatro y la aduana fiscal como dos. En esta parte el orador está de acuerdo con el célebre Filangieri, que dice que los derechos de aduanas son unas obligaciones impuestas á los mercaderes para que paguen multa, cuyo valor crece á medida de los mayores beneficios que hacen al Estado. Y añade en otro lugar. «que los guardias que cubren la frontera tienen el encargo de defender al Estado contra la industria de los ciudadanos.» No se puede hacer crítica más amarga de los derechos fiscales.