El Economista (Madrid. 1856) (1857-06-10 00:00:00), página 8

chas medidas de la misma especie, contribuyen á formar un conjunto que nada deja que desear á los partidarios de la teoría que hace del Gobierno, no el asegurador de la libertad y de la propiedad de los ciudadanos, sino el director de sus actos de todas clases.

El primer mal que producirá el reglamento mencionado es el de cargar sobre la autoridad pública la responsabilidad del menor percance que pueda ocurrir en un viaje. Ya las empresas de conducción, como se atengan al reglamento, y aun cuando no se atengan, dejarán de ser el blanco de las quejas de los viageros, que atribuirán la menor falta, si no está prevista en el Reglamento, á la ineptitud de la autoridad; si está prevista, á su descuido en obligar á las empresas.

El Gobierno tendrá la culpa de que el carruaje no sea cómodo; de que no tenga cristales; de que se tarde en relevar los tiros, de que los mayorales sean ignorantes, de que la vaca lleve mucha carga etc. etc. Y aceptado el principio de intervención, pronto se reclamará contra los precios que fijen las empresas y se pedirá la tasa. Poco menos es ya la prohibición de aumentar los precios sin avisarlo con una anticipación de 20 días. Y de paso en paso, de consecuencia en consecuencia, se irá lógicamente hasta hacer al Estado único empresario de diligencias, como se le quiere hacer ya único constructor de los caminos de todas clases.

Pero ¿no piensa el Gobierno á donde vamos á parar por esta senda? vamos á la muerte de toda libertad de industria; vamos á la absorción en el gobierno de la vida y de la acción privada; vamos, en una palabra, al comunismo industrial.

El reglamento que combatimos mata el espíritu de competencia entre las empresas de conducción, sometiéndolas á una pauta uniforme; olvida que hay diferentes condiciones sociales, é impide á los que tienen pocos medios ir en carruaje, bajo pretexto de hacerlos viajar sobre almohadones, encerrados entre cristales y con 48 centímetros de espacio para sentarse. Las empresas elevarán el precio á medida que mas restricciones y condiciones se les impongan, y el que no pueda pagar tanto, obtendrá la ventaja de tener que hacer el viaje á pie ó en caballería.

Si el reglamento llegase á observarse con toda exactitud, solo las empresas de diligencias podrían seguir haciendo sus trasportes. «Carruages para la conducción de viageros» dice en su encabezamiento y en todos sus artículos, sin aclaración ni limitación de ninguna especie, y como son «carruages para la conducción de viageros», las galeras, las tartanas, los omnibus etc. que no tienen cristales ni almohadones, claro está que por la letra del reglamento, sino por su espíritu, en lo sucesivo los viageros solo podrán ir en diligencia, y les será vedado todo otro medio de conducción sobre ruedas.

Felizmente el reglamento que nos ocupa tendrá la suerte de todas aquellas disposiciones en que los gobiernos tratan de hacer mas de lo que pueden y deben. Pero aunque no se lleve á cabo, por las dificultades que ha de presentar para ello la naturaleza misma de las cosas, producirá un mal grave, gravísimo, el de dar fuerza á la absurda idea de que el Gobierno tiene el derecho de meterse en todo, y llevar hasta él como responsable, las quejas que en el día sólo á las empresas se dirigen; disminuyendo todavía, como si por desgracia no fuera ya bastante pequeño en nuestro país, el sentimiento de la responsabilidad individual, germen único de la actividad, de la dignidad, de la moralidad y de la riqueza.