El Economista (Madrid. 1886) (1886-09-30 00:00:00), página 3

Esta facultad, que desde luego es importantísima, porque muchos actos administrativos pueden causar perjuicios irreparables, la reputamos, sin embargo, esencial á la Administración, por considerarla como medio de que se vale para el cumplimiento de sus fines y sin el cual podrían seguirse al Estado graves perjuicios.

Mas desde el momento en que se pretende ensanchar aquel Poder, revisténdola de una jurisdicción que es innecesaria, por estar consumado el acto, cuya realización es lo que la incumbe, se cercenan inconsideradamente atribuciones de otro Poder y se rompe la verdadera armonía de los Poderes particulares.

Siguiendo de lo expuesto que á la Administración le corresponde la facultad de resolver en la esfera activa de ciertas reclamaciones; mas sólo en tanto, en cuanto estos juicios breves y sumarios sean necesarios para realizar su fin; es decir, para ejecutar los actos administrativos. Es preciso, pues, para establecer el límite de esta potestad de la Administración, distinguir entre los actos finales y los actos meramente preparatorios. De las reclamaciones que éstos susciten antes de efectuarse los primeros, debe conocer aquélla en su esfera; de las que surjan después de realizados aquéllos, debe conocer el Poder judicial.

Para que se comprenda bien la diferencia que señalamos por la índole de los actos administrativos, expondremos algún ejemplo:

Si la Administración se dirige á ejecutar una ley económica que establece un impuesto, el acto final es la recaudación de este impuesto; pero necesita otros preparatorios, como son los relativos á la liquidación. Si se trata de una contratación que se percibe por repartimiento y se reclama contra éste, la reclamación contra un acto que es preparatorio del final (la percepción de la correspondiente cuota), debe resolverla principalmente el Poder ejecutivo; pero una vez ingresada ésta en el Tesoro, si surge todavía reclamación y se disputa la justicia ó injusticia con que procedió la Administración, procede que dirima la contienda un Poder distinto, no por aquello de que la Administración se mostraría juez y parte, sino porque así lo exige primero una organización bien entendida de los Poderes públicos, y después una razón de conveniencia y de buen sentido, á saber: que el fallo se dicte por un Poder que no tenga la parcialidad del que ejecutó el acto reclamado.

Con arreglo á nuestros principios, los juicios de la Administración y sus resoluciones en la esfera activa, deben limitarse á resolver esta cuestión, á saber: «La Administración debe detenerse en vista de las reclamaciones á que dieron origen determinados actos de ella, ó estimándolas temerarias ó improcedentes, debe continuar ejercitando para evitar perjuicios al Estado.»

A esto se reduce, ó debe, mejor dicho, reducirse en buenos principios la potestad jurisdiccional de la Administración activa, y á conocer y castigar ciertas infracciones reglamentarias constitutivas de verdaderas faltas administrativas; potestad derivada como lógica consecuencia de la reglamentaria, que está atribuida á la Administración.

Las precedentes indicaciones tienen, á nuestro juicio, una gran importancia práctica, y de su desatención se siguen graves males á los intereses públicos, y se mantiene un estado de lamentable confusión. Aunque tratándose de la facultad de conocer de ciertas reclamaciones la Administración en su propia esfera, no estemos dentro de la cuestión que implica el tema de lo Contencioso-administrativo, se nos permitirá que insistamos sobre este punto, por las relaciones que entre sí conservan y por la influencia que aquéllas resoluciones pueden ejercer en la contencioso-administrativa. Nadie duda, en efecto, que si aquéllas resoluciones fuesen justas, podrían evitarse muchos pleitos, pues actos administrativos que tienen su fundamento en la ley y providencias que en ella se basan, serán pocas veces impugnados en la esfera contenciosa.

Por esto toda reforma práctica ha de basarse en una organización de la justicia administrativa, á partir de la esfera misma de la Administración, para procurar que no se consumen y realicen actos que puedan causar perjuicios ó lesionar derechos de los particulares, y en este punto merece seria meditación un principio sentado en materia de Hacienda por el Sr. Camacho en sus reformas de 1881, pero que en nuestro concepto no llegó á tener completo desarrollo. En la organización á que aludimos parece vislumbrarse una distinción entre el acto administrativo y la resolución de las reclamaciones surgidas de él. Aquél, el hecho, su ejecución y realización directa es inmediata, parecen encomendarse á las Administraciones en provincias, á las Direcciones en el Centro; de la resolución de las reclamaciones presentadas contra aquellos actos, parecía que debían entender sólo autoridades imparciales, que no habían intervenido materialmente en la ejecución y estaban exentos de prejuicios, los delegados y el Ministro, que pueden disponer y disponen del asesorado, de funcionarios conocedores del derecho.

Desgraciadamente, aparte de que no llegó á desarrollarse totalmente el principio que indicamos, bien pronto se sentó un nuevo principio y reapareció la confusión antigua. La Administración, solicitada constantemente por una multitud de reclamaciones, se pierde así en el despacho de expedien-