El Economista (Madrid. 1886) (1886-11-30 00:00:00), página 6

ó en su defecto, judicial. (Art. 49, ley matrimonio civil; ley 55 Toro; ley 2.a, tit. 1.a, lib. 10, Novísima Recopilación; sentencias, 24 Setiembre 61, 12 Junio 63 y 8 Junio 65.) Pero el marido puede, sin embargo, dar validez á los actos ó contratos celebrados por su mujer sin su licencia, ratificándolos ó tácita ó expresamente. (Art. 50, ley matrimonio civil; ley 55 Toro, y sentencia 20 Noviembre 67.)

En el caso de que se trata, lejos de prestar el marido su aprobación á los actos de la mujer, los ha desautorizado expresamente, en el mero hecho de reclamar los pendientes ó otros objetos que ésta había dejado en depósito al comerciante para garantir el pago de los honorarios del médico. Por consiguiente, probado en forma por aquél ser tal marido, entendemos que su derecho á la devolución de la prenda es indiscutible, y que el Juez de primera instancia fallará en este sentido, revocando la sentencia apelada, siempre que la apelación se haya interpuesto en el acto de la notificación de aquélla, ó dentro de los tres días siguientes por comparecencia ante el Juez municipal. (Art. 732, ley Enjuiciamiento civil.)

Contra la sentencia definitiva del Juez de primera instancia, no se dará recurso alguno (Art. 736, idem id.)

Ahora bien; el que el cuñado del difunto salga victorioso en este incidente, no quiere decir en manera alguna que el derecho al cobro de los honorarios del facultativo quede menoscabado ó desconocido; todo lo más significará que se ha equivocado el camino, y que deberá emprenderse otro más conforme á los dictados de la ley. Si el comerciante, motu proprio, avisó al médico para que asistiera al enfermo, él, en primer término, será el responsable del pago de la deuda, y si lo hizo por mandato de éste, entonces claro es que los herederos por testamento ó ab intestato adquirieron por muerte del causante los derechos y obligaciones que al mismo pudieran corresponderle, á no ser que, prevaleciéndose del beneficio de deliberar, renunciassen la herencia, en cuyo caso ésta quedaría afecta á los créditos existentes.

Y nada importaría que el difunto tuviera varios de éstos contra sí; pues habiendo de prescindecirse, por lo que á este caso concierne, del consabido principio de quí prior est tempore, potior est jure, desde luego el médico sería considerado como acreedor singularmente privilegiado, por tratarse de trabajo personal, en el que se comprenden los gastos de médico, etc., etc., según la ley 12, tit. 13, partida 1.a y art. 1.268 de la ley de Enjuiciamiento civil.

En su virtud, habiendo dejado el difunto el reloj u otra clase de bienes bastantes á cubrir el débito que nos ocupa, aunque tuviésemos otros acreedores, el médico sería el preferido entre todos, pudiendo reclamar su derecho en el juicio correspondiente.

No nos referimos expresamente al recurso del embargo preventivo, porque, sobre suponer que no existirá documento del que resulte la existencia de la deuda, requisito necesario para el caso, ignoramos si el presunto heredero tiene ó no bienes raíces, ó establecimiento agrícola, industrial ó mercantil en el lugar donde deba ser demandado (art. 1.400 ley de E. C.), cuya circunstancia determinaría el que prosperase ó no este procedimiento.

Aparte de lo expuesto, y volviendo sobre la sentencia dictada por el Juez municipal, debemos consignar que la encontramos en parte justificada, bajo el punto de vista de lo alegado en el juicio por el demandado, relativo á si el demandante dejó de acreditar en forma legal su carácter de marido de la hermana del difunto, y además teniendo en cuenta la espontánea manifestación del propio demandante en el primer momento, respecto á que se presentaba á pagar, sin que hiciera disolución de débitos, con lo cual venía implícitamente á sancionar el acto que su mujer realizara. De presumir es que, si después no lo convallidó en todas sus partes, fué á causa de haberse enterado de que los objetos depositados no eran todos los que él había creído, en cuya virtud se limitó á satisfacer los gastos de entierro, demostrando con su conducta que le animaba una mala fe censurable.

Bajo este concepto, creemos que no puede afirmarse en justicia que la sentencia en cuestión estuviera desprovista de todo fundamento.

JESÚS CENCILLO.

Informaciones de banca

Banco de Castilla.—Ejercicio de 1885

Señores: La Administración del Banco, cumpliendo un deber estatutario, viene hoy á daros cuenta de los resultados obtenidos durante el ejercicio que terminó en 31 de Diciembre de 1885.

Al rescribir suscitadamente en nuestra última Memoria cuanto se relacionaba con la suspensión de pagos de Casa de Osuna, después de hablaros de las demandas civiles que habían surgido, os indicamos que, con gran sorpresa nuestra, un grupo de obligacionistas había incoado otros procedimientos, de los que nada queríamos deciros entonces por respeto á los tribunales, esperando tranquilos, y confiados en nuestro siempre correcto proceder, á que tuvieran resolución definitiva.

Nos referíamos á la querella criminal presentada al Juzgado de la Latina en 19 de Marzo de 1885, contra los apoderados de la Casa de Osuna y los administradores del Banco de Castilla, por supuestos delitos cometidos en la emisión de obligaciones hipotecarias realizada en 1881 por el Sr. Duque de Osuna y del Infantado, y en las operaciones derivadas de la misma emisión.

Abierto el sumario, el Juez instructor, para cumplir sus deberes, se personó en el Banco acompañado del actuario y sus dependientes, de algunos de los querellantes y de la defensa y representación legal de éstos. En el acto pusimos de manifiesto todos los libros, papeles y documentos, sin limitación alguna; siendo sellados y precintados por el Juzgado,