El Economista (Madrid. 1886) (1886-12-30 00:00:00), página 8

ción apetecida. Por de pronto, el Canciller alemán derrotado en la legislativa del año 1881, no ha desistido de su intento, y aunque han pasado algunas legislativas después sin que lo reiterara, como se había anunciado, se cree que volverá á la carga hasta que encuentre en el Parlamento imperial una mayoría menos intratable y menos adversa á la trascendental reforma.

Los que rechazan en absoluto el seguro obligatorio de los obreros con la ayuda del Estado, calificando la idea de socialista y perturbadora, no se dan suficiente cuenta de los servicios que el obrero presta en la industria moderna, de la creciente importancia que, como principalísimo factor, en ella tiene, de los merecimientos que para con la sociedad contrae, de las virtudes que atesora, ni tampoco conocen las necesidades y las aspiraciones que nacen del sentimiento de la propia dignidad de los obreros ni de los derechos que han adquirido por su larga e incansable cooperación á la obra civilizadora, al desenvolvimiento y perfección de las industrias y á la prosperidad y enriquecimiento de los capitalistas.

La cuestión del otorgamiento de pensiones de retiro á los envejecidos ó incapacitados en el trabajo industrial, debe mirarse con más amplitud y desde punto de vista más elevado que hasta ahora se ha hecho, y ha de tomarse como punto de partida el interés social, considerando estas pensiones remunerativas á la misma luz que se miran las que los Estados otorgan á sus servidores directos, al soldado, al sacerdote, al maestro de escuela, al magistrado ó al empleado civil. Dentro de una sociedad bien organizada, basada en principios cristianos, justos y benéficos, no es racional ni prudente ni humano que el operario, que tanto ha contribuido al bienestar común, sólo encuentre, al cabo de una dilatada existencia consagrada enteramente al trabajo, una ancianidad rodeada de los horrores de la miseria, de la mendicidad y del hambre. Ni el Estado, por su propio y elevado interés, ni los empresarios por su conveniencia y prudente egoísmo, pueden dejar indefinidamente insoluble este problema fundamental, en cuya resolución tal vez radique el más poderoso y eficaz remedio que pueda aplicarse á la honda penuria que atormenta en algunos países al proletariado industrial.

Hemos hablado de la vigorosa tentativa que el año 1881 hizo el Canciller alemán para establecer en la legislación del Imperio el principio del seguro obligatorio en favor de los operarios, y ahora damos una ligera idea de la contextura del proyecto en que formuló aquel pensamiento.

Empezaba por imponer la obligación de asegurarse á todos los obreros y empleados de fábricas cuyo sueldo anual no excediera de 2.000 marcos (10.000 reales). Se creaba un instituto de seguros, cuyo domicilio estaría en Berlín, reglamentado, intervenido y dirigido por el Estado. Determinaba los casos en que los asegurados tendrían derecho á cobrar la indemnización y el tiempo que habría de durar ésta, según la incapacidad fuera temporal ó total. Reconocía eventualmente derechos á las viudas e hijos de los asegurados. La médula del proyecto estaba en la manera de satisfacer las cuotas del seguro, y sobre este punto se trabó la discusión principal. Proponía el proyecto que el Estado satisfaciese la parte alícuota de aquellos obreros cuyo salario anual no llegase á 750 marcos, estableciéndose la siguiente escala: 1.º Hasta 750 marcos de salario anual, una tercera parte de la prima del seguro el Estado en nombre del asegurado y dos terceras partes los dueños de fábricas. 2.º Desde 750 á 1.000 marcos, la tercera parte el mismo obrero asegurado y las otras dos terceras partes el empresario. 3.º De 1.000 marcos para arriba, mitad de la prima el asegurado y mitad el fabricante. El proyecto de ley contenía varios artículos para prevenir fraudes y ocultaciones, y exigía de los fabricantes una aclaración jurada con particulares circunstancias sobre el estado y condiciones de sus industrias. Se declaraba la completa inmunidad del nuevo instituto, y quedaba garantida contra demanda de tercería y reclamaciones que pudieran, por causa de obligaciones privadas, hacerse contra los obreros, ya por particulares, ya por otras sociedades de seguros. Se establecía una excepción respecto á los trabajadores que se hallan al servicio de otros obreros, los cuales quedaban exentos de la obligación de asegurarse.

Según hemos dicho, este proyecto de ley fué objeto de la impugnación más acerba y vehementemente por parte de los oradores principales del partido progresista y de la escuela libreecambista. Y tan vigorosa fué esta oposición, y tanto se identificaba con las ideas y con los sentimientos dominantes en la mayoría, que los esfuerzos verdaderamente extraordinarios hechos por Bismarck no pudieron salvar el principio cardinal de la ley, no obstante la pintura vivida y desconsoladora que hizo de la situación de las clases trabajadoras, y del cuadro desgarrador que presentó del horrible desamparo y de las miserias en que se halla sumido el infeliz trabajador llegado á la ancianidad, y de un magnífico paralelo que estableció entre el soldado inválido á quien el Estado envía á su hogar con una modesta, pero honrosa pensión, y el inválido de la industria que, como un ser inútil y gravoso, es arrojado despiadadamente, porque el desdichado nada lleva del hogar de sus propios hijos y parientes.

Fuertemente criticado ha sido por algunos pu-