El Economista (Madrid. 1886) (1886-12-11 00:00:00), página 6

bien de sus intereses, que han de ser los mismos que los de la Hacienda pública; no permitiendo la supresión de las fábricas actuales, ni la reducción más que en determinados límites de su personal obrero; exigiendo la creación de otras dependencias con todos los adelantos conocidos, en los puntos ó localidades que sean convenientes; no autorizando la alteración de las labores y precios actuales, sin el consentimiento del Gobierno, y concediendo la facultad de crear ó establecer otras que se estimen útiles ó beneficiosas, imponiendo las garantías y la intervención por el Estado que deben asegurar la puntual y exacta observancia del convenio, y por tanto, la custodia de los intereses públicos, y estableciendo los casos de rescisión, ya como medida de gobierno, ya por baja en la renta, ya también por faltas del contratista, es evidente que, sin riesgo, se aumentarán en cantidad respetable los recursos del Estado, anticipándose cuando menos la elevación de los productos de la renta.

Tales ventajas espera el Ministro de Hacienda, cuyas palabras venimos extractando, de un llamamiento á la iniciativa particular, por medio de un amplio concurso anunciado con la anticipación necesaria, é ilustrado con cuantos datos y antecedentes pueda suministrar la contabilidad de este ramo; de la gestión activa é inteligente de una empresa particular sustituida á la del Estado, y de la inspección y vigilancia que la administración se reserva, función mucho más fácil de desempeñar que la tarea múltiple y penosa que representa la explotación directa de esto monopolio.

Hasta aquí lo que nos ha parecido más importante del preámbulo.

Véase ahora la parte dispositiva:

Artículo 1.º Se autoriza el arrendamiento del monopolio de la fabricación y venta del tabaco en la Península é islas Baleares, con arreglo á las disposiciones de esta ley.

Art. 2.º El arrendamiento se verificará previo concurso público anunciado con tres meses de anticipación y celebrado ante una junta presidida por el presidente del Consejo de Estado y compuesta de siete senadores y siete diputados elegidos por sus respectivas Cámaras, del presidente de la sección de Hacienda del Consejo de Estado y del presidente del Tribunal de Cuentas del Reino. Formarán también parte de la junta, con voz, pero sin voto, el Director general de Rentas, el Director de lo Contencioso y el Interventor general de la Administración del Estado.

Art. 3.º Las proposiciones habrán de contener necesariamente la aceptación de todas las condiciones que establecen las adjuntas bases.

Art. 4.º La junta creada por el art. 2.º resolverá sin ulterior recurso gubernativo ni contencioso todos los incidentes á que dé lugar el concurso, y consultará al Gobierno dentro de los ocho días siguientes al señalado para la admisión de proposiciones, bien que se desestimen las presentadas, bien que se acepte la que, teniendo principalmente en cuenta el aumento de la participación del Estado sobre el tipo fijo, se juzgue más beneficiosa, tal como se presentó ó con las modificaciones que se estimen oportunas.

Art. 5.º En ningún caso podrán reducirse los derechos y garantías del Estado consignados en las bases de esta ley.

Art. 6.º El Presidente y vocales de la junta que tengan voto en la misma no podrán abstenerse de emitirlo.

Art. 7.º Las proposiciones se presentarán ante la junta en pliegos cerrados y sellados, acompañándose á las mismas el documento que acredite haber depositado en metálico ó en valores públicos á los tipos establecidos, bien en la Caja general de Depósitos, bien en las sucursales de la misma en provincias, ó bien en las delegaciones de Hacienda de España en el extranjero, la suma de cinco millones de pesetas.

Art. 8.º Declara que el acto de la entrega y apertura de pliegos será público.

Art. 9.º La resolución definitiva se adoptará por el Gobierno en Consejo de Ministros, y contra su acuerdo no procederá recurso administrativo ni contencioso.

Art. 10. Las proposiciones presentadas, el dictamen de la comisión, los votos particulares si los hubiere y la decisión definitiva del Gobierno, se publicarán en la Gaceta.

Art. 11. Si el autor de la proposición admitida no formalizase el contrato ni otorgase la fianza definitiva en el plazo que el Gobierno señale, perderá la cantidad consignada como depósito.

Art. 12. Si el autor de la proposición consigna en ésta el propósito de formar compañía, tal manifestación no será obstáculo para que se formalice el contrato y otorgue la fianza definitiva; pero constituida la compañía y aprobada por el Gobierno la cesión, se entenderán subrogados en todos los derechos y obligaciones del contrato, sin que por la transmisión se devengue el impuesto de derechos reales.

Art. 13. El Gobierno, durante el período del arrendamiento, organizará un cuerpo de ingenieros que en su día se encargue de la renta y que reúna á los conocimientos técnicos los prácticos adquiridos en el extranjero, en las provincias de Ultramar y en las fábricas y dependencias de la renta en España.

Art. 14. El Gobierno dará cuenta á las Cortes del uso que haga de la autorización que esta ley le concede.

Bases principales para el arrendamiento

1.ª La personalidad ó sociedad contratista habrá de ser española, con domicilio en Madrid y sin dependencia de corporaciones ó comités extranjeros.

2.ª El arriendo será por término de doce años.

3.ª Para fijar la cantidad que el contratista garantice al Estado como producto líquido anual de la renta en cada año, se entenderá dividido el término total del contrato en cuatro períodos iguales de tres años cada uno. Durante el primer período abonará