El Economista (Madrid. 1886) (1886-08-22 00:00:00), página 5

Los salarios y los gastos accesorios S y D, deben desde luego eliminarse de la discusión. Ciertamente que no es la remuneración de la mano de obra, en las diversas formas que toma, la que puede servir de base á la contribución territorial; en esto no hay materia imponible. Quedan R y C, es decir, la parte del propietario y la del cultivador. Esta última debe también descartarse; pues por ningún concepto puede servir de base á la contribución territorial, considerando que es una renta industrial, ó lo que es lo mismo, aleatoria, cuya importancia depende á la vez de las condiciones climatológicas, de los recursos que posee el cultivador y de la habilidad que despliega. A no dudarlo, si se tratase de una contribución general sobre la renta, la del arrendador sería materia imponible, pero no se las podrá sujetar á contribución, sino fiándose de sus declaraciones. La cuantía de la contribución que correspondiese exigir, no se podrá determinar ni por la superficie sobre la cual se trabajase, ni por la naturaleza de las cosechas que se recogiesen. Hay por todas partes excelentes cultivadores, que logran buenas rentas aun en las regiones donde el cultivo no está muy adelantado; los hay también por todas partes muy malos; que hacen poco envidiables negocios hasta en comarcas donde el cultivo se halla muy adelantado. En ningún caso habrá posibilidad de establecer la contribución más que basándose sobre la declaración del arrendador para determinar su renta ó sus beneficios.

Es necesario, además, tener en cuenta que la renta del arrendador proviene de la aplicación de capitales movilarios á la explotación de la tierra. No estando nunca inmovilizados, á lo menos de una manera permanente, es indudable que los mencionados capitales serían aplicados á otras industrias si los rendimientos que producen experimentasen alguna baja como consecuencia del impuesto. La competencia regula el móvil de la remuneración para los capitales movilarios de toda clase; se evaden por lo tanto de la contribución territorial, á causa, precisamente, de no estar inmovilizados. La parte del cultivador en el producto, ó C, no puede ser tenida como materia imponible, más que en el caso de contribución general sobre todos los beneficios industriales y movilarios.

Eliminado este factor así como S y D, no queda como materia imponible más que R, ó renta del propietario, única parte del producto que ofrece base sólida á la contribución territorial; única que no puede sustraerse á la imposición directa, porque los capitales de que es producto remuneratorio, están inmovilizados y no pueden ocultarse ni destinarse á otras industrias.

El propietario no tiene, por otra parte, ningún interés en echar sobre el arrendador ninguna parte de la contribución territorial. No ofrece duda, que si á la renta del colono le alcanzare la contribución territorial, el arrendamiento de las tierras sería menos solicitado y la renta del propietario, ó R, bajaría en razón inversa á la cuantía de los gastos que se impusieran el arrendador.

Por la misma causa, advertimos que las rentas del propietario crecen, cuando la agricultura prospera, porque también crecen las ganancias del cultivador, y esto suscita una competencia más activa entre los colonos. La contribución territorial tiene que ser forzosamente una carga de la propiedad, mas no de la propiedad agrícola. El propietario es quien verdaderamente la satisface, aunque el pago lo verifique á nombre de aquél el cultivador. En este caso, el arrendamiento del terreno decrece en parte, cuanto importa la contribución que tiene que abonar el arrendador, y esto es tan exacto, que si desapareciese la contribución territorial, el arrendamiento de la tierra aumentaría cantidad igual al impuesto suprimido; por tanto, la supresión favorecería al propietario y no al colono. Cuando se abolíó el diezmo en Francia, el importe íntegro de esta carga pasó á ser aumento en la renta. El artículo primero del decreto de 10 de Abril de 1791, en que se acordó la medida, dice así:

«El valor del diezmo de cada arrendamiento, así que quede éste terminado amigablemente ó á juicio de peritos, lo pagará el arrendador al propietario, hasta que termine el arriendo, en metálico, en las mismas épocas y en la misma proporción que el precio del arrendamiento.»

Tenemos, pues, motivo justificado para decir que la contribución territorial no es ni puede ser más que una parte de R.

Lo que ha inducido en error á los autores de las dos fórmulas que he examinado, es la frase producto neto de que se han servido, sin definirla con la debida precisión.

Lógicamente, el producto neto es la diferencia entre el producto bruto y los gastos; pero si se hace aplicación de esta fórmula al arrendador, para quien R constituye indudablemente parte de los gastos, toda vez que tiene que pagar la renta al propietario, quedará C tan sólo como producto neto; de aquí se deduce que esta fórmula conduciría derechamente á hacer pesar todo el impuesto sobre el cultivador. Sé muy bien que los autores de la fórmula del producto neto; no creen que la renta constituye una parte de los gastos al contrario, la tienen como elemento del producto neto, porque según ellos, representa principalmente la feracidad natural de la tierra. Esta teoría no puede