El Economista (Madrid. 1886) (1886-11-15 00:00:00), página 6

una observación, que prueba que en ningún país faltan abusos que corregir; y que, si bien desde 1616 se halla prescrita en Portugal la caducidad de toda merced que no sea registrada en el preciso término de cuatro meses, fijados para verificar el pago de los derechos establecidos, contándose aquel plazo desde la fecha de la concesión, la gran mayoría de los agraciados prescinde de cumplir semejante requisito.

Si hubiese, pues, una esmerada fiscalización para el cobro del impuesto sobre las diversas clases de títulos ó diplomas, y se vigilara rigurosamente á fin de no dejar pasar, sin el oportuno correctivo, el plazo para el pago de los derechos, sería grande el número de las concesiones de gracias que se declaran legalmente caducadas.

Observación es esta aplicable en no pocos casos á España; pues el Ministerio de Estado debiera ser inexorable en no consentir que, en tanto en cuanto las oficinas dependientes de él no tuvieran la certeza de que se habían cumplido los preceptos legales, ninguna persona hiciere uso de condecoraciones correspondientes á órdenes civiles de cualquiera clase. Así el público no abrigaría, como abriga ahora, dudas fundadas de que sea inconstituido el derecho á llevarlas no pocos individuos que las ostentan sólo por efecto de la concesión, sin haber satisfecho los derechos establecidos.

Otro tanto puede aplicarse al Ministerio de Hacienda, relativamente á la necesidad de impedir la defraudación, consiguiente al uso de honores con que se adornan personas que no han satisfecho las cuotas que se hallan prescritas; y para cuya fiscalización debiera haber investigadores dependientes de la Dirección general de Contribuciones, que administra este impuesto, y á los cuales podría abonarse una parte del importe de las multas exigibles á los que incurran en semejante infracción de las disposiciones legales.

CAPÍTULO VII

Matriculas.—Emolumentos consulares

Bajo el título de «Contribuciones directas» no figura ninguna otra partida de verdadera cuantía; siendo las que se aproximan más al límite de 100 millones de reís, equivalentes á 2.500.000 reales de la antigua moneda de España, ahora 625.000 pesetas, la titulada matriculas, que afecta á la instrucción pública y los emolumentos consulares. De una y otra trataré en términos concisos.

La legislación respecto á las matrículas no es muy antigua. En el año 1838 figuró por primera vez en el presupuesto; y por efecto de resoluciones posteriores han ido acreciendo sus rendimientos, hasta llegar en el día á producir unas 525.000 pesetas, cantidad de no grande importancia verdaderamente.

Se hace sentir con mayor fuerza cada día la necesidad, así en Portugal como en España, de no favorecer de una manera excesiva la propagación de los estudios universitarios y fundamentales; siendo, por lo contrario, notoria para cuantos reflexionan sobre los resultados inherentes á esta clase de tras-

cendentales asuntos, la conveniencia de fomentar la afición de los jóvenes á otros ramos del saber más beneficiosos, siquiera no parezcan tan brillantes á gran parte de los que se dedican ahora á seguir carreras literarias, abandonando las de que pudieran sacar gran provecho personal, y también para el desarrollo de los intereses materiales. Entiendo, pues, que es de todo punto necesario aplaudir, en vez de rechazar, el pensamiento de los que opinan que las cuotas que ahora se exigen para las matrículas fueron superiores en ambas naciones peninsulares, para dificultar con ello á muchos jóvenes el seguir las carreras literarias, que las ponen en el caso de abrigar aspiraciones ambiciosas, que es imposible ver satisfechas muchas veces.

El servicio fiscal de los consulados ha exigido, en época reciente la expedición, de no pocas disposiciones, con el fin de regularizar el cobro de los llamados emolumentos consulares en Portugal, que figuran en el presupuesto de ingresos por la cantidad de 596.250 pesetas. Los publicistas vecinos nuestros opinan que los reglamentos dictados hasta ahora, y que sirven de base para la exacción de los derechos que constituyen el servicio á que me voy refiriendo, necesitan todavía reformas administrativas bastante radicales; para evitar que la fiscalización continúe, como se halla actualmente, fundada en la buena fe, siempre muy laudable, pero en ocasiones deficiente, más bien que en otras circunstancias personales de las autoridades consulares.

No hablo de los emolumentos que se perciben y que entiendo debieran desaparecer en las todavía llamadas Secretarías del Estado, ó sea Ministerios; ni de los derechos por las licencias para la venta de tabacos, por el impuesto de viajeros, por el de minas, por los derechos de las capitánias de puertos y otros muchos que forman la nada corta lista de los impuestos conocidos como recursos financieros de Portugal. Dejo de hacerlo, por no ser mi propósito escribir en estos momentos su historia detallada que, por otra parte, no interesa á la generalidad de los españoles; sino apuntes que puedan servir para ello, limitándome á discurrir someramente acerca de la parte principal de los recursos que constituyen la Hacienda pública de aquel país.

Y para terminar esta parte de mi tarea, la resumiré diciendo que la suma total de los subsidios que el Estado percibe, con el título de impuestos directos, se eleva á la ya citada cantidad de 39.250.000 pesetas; comprendiéndose en ella varios que de ninguna manera pueden ni deben figurar como representantes verdaderos de signos de producción. Esta, bien sea efecto natural de la labor de la tierra, bien del ejercicio de la industria, ó bien de giros comerciales, tres grupos que apellidará la propiedad, el trabajo y el capital, contribuye directamente al Tesoro público por 28.125.000 pesetas; y calculando que el número de almas de Portugal y de sus islas adyacentes sea de 4.500.000, corresponderán 6,25 pesetas á cada una de ellas.

(Se continuará.)