El Economista (Madrid. 1856) (1856-03-20 00:00:00), página 12

La fuerza pública es de dos clases, según la esfera á que se estiende su acción. Si cuida de la seguridad general del Estado y de la defensa del territorio, se llama ejército; si se ocupa de evitar y perseguir los delitos individuales toma diferentes nombres según las localidades y circunstancias. Pero en uno y otro caso es la misma la naturaleza del servicio que presta; en uno y otro caso defiende las propiedades y las personas, proporcionando la calma y la tranquilidad, indispensables para la felicidad del hombre, y á cuya sombra se acometen las empresas útiles, en que nadie se arriesga sin la convicción de que ha de poder disfrutar del producto de su trabajo.

Para obtener la segunda clase de seguridad, se cotizan todos los ciudadanos, costeándose este servicio por medio del sacrificio de una parte de los bienes de cada uno, proporcionada al importe de esos mismos bienes, cuya integridad tiene interés en asegurar. Aquí, prescindiendo de los defectos de detalle que puedan existir en la ejecución ó planteamiento del sistema, el principio es bueno y conforme con la utilidad y con la justicia.

No sucede lo mismo con la primera clase de seguridad. Para obtenerla, ya no se cotizan proporcionalmente á sus bienes los ciudadanos; dándose origen á una carga personal, que pesa solo sobre unos cuantos individuos, á quienes se priva de su libertad; á quienes se convierte en esclavos por cierto tiempo, mientras que los demás nada sacrifican, ó sacrifican únicamente una parte de sus bienes. Ahora bien; ¿por qué esta anomalía? Si los vecinos de Madrid, por ejemplo, concurren todos con una parte de sus bienes al sostenimiento de una guardia urbana para la seguridad de todos, ¿por qué no concurren todos los españoles al sostenimiento del ejército, que presta un servicio de idéntica naturaleza, aunque en mayor esfera?

No traeremos de explicar ahora el origen de esta anomalía, que nos llevaría demasiado lejos, porque nuestro objeto es únicamente hacer ver la odiosidad del principio de la quinta y su inconveniencia, bajo el aspecto que es permitido examinar á El Economista.

Si la utilidad que presta el ejército la disfrutan todos, todos como hemos dicho deben costearlo. Se nos dirá: ya lo costea el presupuesto general de la nación; pero quien tal diga olvida que lo que sale del presupuesto general es el gasto del material, el sueldo de los oficiales y una cortísima retribución para el soldado, que seguramente no es una retribución proporcionada á la importancia del servicio que presta; puesto que se necesita recurrir á la fuerza para obligarte á prestarlo, lo que quiere decir que son mayores las retribuciones, que á igualdad de trabajo y de riesgo podría obtener, si se le dejara optar libremente entre las diferentes industrias y profesiones á que puede dedicarse el hombre. Hay, por lo tanto, una parte de los gastos de producción de la seguridad que costean solo los que sirven en clase de soldados y que nada cuesta á los demás ciudadanos, que disfrutan y gozan lo que aquellos pierden.

Esto constituye una injusticia, que no desaparece, ni puede desaparecer, por el sistema de sorteos, haciendo correr á todos el mismo riesgo de sufrir esa espoliación; porque la justa proporción en el reparto de las cargas públicas no consiste en la igualdad del riesgo de costearlas, sino en la concurrencia real y positiva, en cambio y proporcionalmente á las ventajas que el servicio público reporta á cada uno.

Esas ventajas no son iguales para todos, porque no todos tienen el mismo interés en la seguridad, como no es posible tampoco hacerles correr el