El Economista español (1886-06-30 00:00:00), página 10

gencias, no debe inmiscuirse aquél en ofrecer á la Compañía consejos ni garantías, sino solamente cor- ciorarse de que ésta prosigue su obra con reflexión, con exacto conocimiento de las dificultades.

Por su parte la comisión técnica del Consejo de Admi- nistración de la Compañía reconoce esas dificultades, pero confía en que las mejoras que se podrán in- troducir en el proyecto permitirán que los 600 millo- nes que ha de producir el empréstito basten á lo me- nos para adelantar la empresa en términos tales que no dejen lugar á duda acerca del resultado final, y le aseguren mediante un último esfuerzo.

En vista de las conclusiones del informe de Mr. Rou- sean y de que los consejeros de la Compañía emiten un dictamen favorable sobre el estado de la empresa, se deciden los ministros á proponer que se conceda la autorización solicitada, entendiéndose que ella no im- plica ningún género de garantía por parte del gobierno, ni siquiera la simplemente moral, con cuya reserva for- mulan el proyecto de ley que dice así en su artículo único:

«La Compañía universal del canal interoceánico de Panamá queda autorizada para efectuar empréstitos, hasta la suma de 900 millones de francos, mediante títulos reembolsables con lotes por sorteo, con suje- ción á las condiciones siguientes:
1.º Los títulos que se emitan gozarán de un inte- rés de 8 por 100 del capital nominal.
2.º La suma total anual de los beneficios aleato- rios, distribuidos en forma de lotes, no podrá, en nin- gún caso, exceder del 1 por 100 del capital.
3.º El valor nominal de los títulos emitidos no podrá ser menor de 200 francos. Queda prohibido todo fraccionamiento ulterior de los títulos.»

Contratación de obras públicas.

La Gaceta ha publicado decreto del ministerio de Fomento, reformando los pliegos de condiciones gene- rales para la contratación de las obras públicas.

En el preámbulo consigna que el mejor sin duda de los sistemas para la contratación de obras por el Esta- do, es el que se conoce con el nombre de tanto alzado, en el cual se define la obra de un modo completo y perfecto, así en su situación, forma, dimensiones y composición, como en la clase de materiales que han de emplearse, excluyendo para luego toda clase de mo- dificaciones en el proyecto.

Pero este sistema, que ya estuvo vigente en España y cayó en desercidito por no observarse las condicio- nes á él inherentes, traería hoy si quisiera adoptarse desde luego una completa y radical transformación en la marcha administrativa, produciendo tal vez pertur- baciones y embargos que la prudencia aconseja evi- tar, y por este motivo, renunciando por ahora á adop- tar de lleno el sistema, buscarse su conciliación en el actual, conservando diversidad de precios para las dis- tintas unidades de obra, pero estableciendo el precio alzado dentro de cada una de ellas.

Entre las modificaciones que el nuevo sistema intro- duce, es una de las más trascendentales la de exigir que el replanteo de las obras se haga antes de la subas- ta, con lo cual, no solo se evitan muchas dilaciones y entorpecimientos que hoy se sufren, sino que podrá ya conocerse con la suficiente aproximación, y dentro de límites racionales, el coste de cada obra, evitando aquellos presupuestos adicionales, que hasta ahora puede decirse que hacían ilusorios los presupuestos de los proyectos.

El decreto del ministerio de Fomento viene á corre- gir en esto punto un mal gravísimo, que hace mucho tiempo venía sintiéndose.

Otra novedad del decreto mencionado, es el seguro de la vida de los obreros, y en esta parte la imparcia- lidad nos lleva á aplaudir el propósito del ministro, pero la justicia nos obliga á depollar que este propó- sito no haya sido llevado á la práctica con todas las garantías exigidas para su exacto cumplimiento.

La parte dispositiva que á este asunto se refiere está concebida en estos términos:

«Art. 16. El contratista asegurará la vida de los operarios para todos los accidentes que dependan del trabajo ó estén relacionados con él. Se exceptúan los que la junta de obras califique de imputables al opera- rio lesionado por su ignorancia, negligencia ó temeri- dad.

El contratista podrá hacer el seguro á que se refie- re la condición anterior, en la forma que crea conve- niente y bajo su responsabilidad, sobre la base de que en el caso de inutilización del obrero ó de su defun- ción, percibirá ésta ó su familia una cantidad igual al importe de 500 jornales, y en el caso de inutilización temporal, se le abonarán por el contratista hasta ocho días después de haber sido dado de alta si no le vuelve á admitir en sus obras.

Lo dispuesto en esta condición se entiende para el caso de que el operario ó su familia, renuncien á toda otra acción, por indemnización de daños y perjuicios contra el contratista.

El párrafo segundo del artículo puede ser, y será desgraciadamente en muchos casos, la puerta abierta á la impunidad en contratistas que atiendan más al lucro que á la vida del trabajador. Y no necesitamos decir por qué, en este país donde es popular el dicho: «quien hizo la ley hizo la trampa», y donde es hábito inverterado que el que ha de someterse á ella busque, ante todo, no el límite de los derechos y las obligacio- nes, sino esa trampa que se supone siempre en favor del que trafica con los desvalidos.

Entendemos que el señor Montero Ríos hubiera dado el paso completo, realizando cumplidamente su propósito, mediante la supresión de todo obstáculo para que el seguro de la vida del obrero tuviese reali- dad incontestable en todos los casos.

Así resulta una garantía bien pobre, cuando el pensamiento á que responde, seguramente plausible exige garantías eficazísimas del ineludible cumplimien- to de los preceptos legales.