El Economista (Madrid. 1856) (1856-06-05 00:00:00), página 12

Para nosotros si el operario quiere abandonar el trabajo, aun cuando sea con ánimo de que el fabricante, por necesitar de brazos, se vea obligado á elevar el salario, aun en este caso, lo repetimos, la voluntad del trabajador es un motivo suficiente, y como no comprendemos que lo que es cierto para uno deje de serlo para muchos, el adverbio colectivamente no nos puede hacer variar de opinión. Siempre que no se ejerza coacción sobre los que abandonan el trabajo; siempre que lo hagan libre y espontáneamente, están en su derecho haciéndolo, y nadie puede con justicia impedirlo.

El artículo á que nos referimos es, según esto, absolutamente injusto y tanto más resalta esta injusticia, cuanto que no vemos en ella ni aun la menor sombra de equidad: si á la par que se prohibe á los operarios abandonar el trabajo colectivamente, se prohibiese á los fabricantes el que se coaligasen para hacer bajar el salario de una manera artificial, tal medida aun sería absurda, aun así la combatiríamos, porque creemos que ni los más rigidos moralistas pueden encontrar nada digno de censura en que varias personas se unan, á fin de obtener un servicio cualquiera lo mas barato posible sin recurrir á la violencia para conseguirlo; pero al menos habría igualdad ante la ley, no se impondrían condiciones estandarizadas precisamente á la parte más débil. Por otro lado, si nos atenemos estrictamente á la letra del artículo en cuestión, aun resalta más cuanto acabamos de esponer. En él no se expresa que, la causa de hallarse comprendidos en el art. 461 del código penal es la de intentar una coacción moral sobre los fabricantes, y hacerles de este modo que eleven los salarios, se dice tan solo: «los que abandonen el trabajo colectivamente sin motivo.» La falta según esto, está en abandonar muchos á la vez el trabajo, lo cual es absurdo á todas luces: y en efecto, ¿no puede suceder que las condiciones impuestas por el fabricante fuesen tales que no les conviniese á todos ellos aceptarlas, en cuyo caso todos á la vez abandonarian el trabajo? Podría decirseños que en este caso hay motivo; pero siempre defenderemos que ese motivo sólo puede apreciarlo el obrero.

Pasemos ya á la segunda parte del proyecto de ley, cuyo título es «De las asociaciones.»

No seguiremos aquí la marcha que hasta ahora hemos observado, atendiendo á que en toda la primera parte relativa al ejercicio y policía de la industria manufacturera, solo teníamos que llamar la atención sobre alguno que otro artículo, al paso que en la cuestión de asociaciones deberemos atacar, no precisamente los detalles, sino el principio que á ellos sirve de base, no el art. a ó el art. b, sino el conjunto de todos ellos; en una palabra, puesto que al fin lo hemos de decir, «el que toda sociedad de fabricantes ó operarios, sea cual fuere su objeto, nombre ó organización, deba previamente obtener la autorización del Gobierno, y el que este intervenga en las condiciones con que hayan de formarse.»

Esto es lo que negamos: el que deba pedir autorización; el que no pueda establecerse si el Gobierno no consiente en ello; el que tenga que aguardar para crearse á que la administración diga sí: el que se establezca, según reglas prescritas de antemano, y por decirlo de una vez, negamos absolutamente al Estado este derecho que se abroga, y negamos así mismo la utilidad de semejante disposición.

¿Quereís pues, se nos preguntará, que se puedan formar toda clase de sociedades sin que el Estado tenga participación en ello?