El Eco de la producción (1884-02-21 00:00:00), página 16

VARIEDADES.

PLÁTICAS AGRÍCOLAS. (1)

El decreto de 28 de Noviembre último sobre venta de montes públicos.—Motivos que se le atribuyen.—Consecuencias que puede tener.—Insignificancia de los recursos que por sus disposiciones puede conseguir la Hacienda pública.

Dolorosas impresiones de desconsuelo y alarma produjo en cuantos se interesan por el fomento de la agricultura en España, el Real decreto de 28 de Noviembre último, que tiene por objeto evidente activar la venta de los montes del Estado. Parecía que cuando la opinión pública se ha manifestado tan unánime para dar como única razón de la sequía que nos aflige, la despoblación de los montes; cuando siendo aspiración general que se repueblen los que fueron despojados de su arboleda y se mejoren los que solamente conservan bosques débiles y clareados, se hizo una ley con ese solo objeto en 1878, siguiendo el espíritu de la dictada precedentemente en 24 de Mayo de 1863, cuyo artículo 3.º consigna el principio de la compra por el Estado de los terrenos y montes que convenga repoblar y cuyo reglamento de 27 de Mayo de 1855, en su artículo I., mandó suspender toda venta de montes públicos aunque fueran de los declarados enajenables; cuando todo en tal materia se ha dispuesto y legislado en nuestra época para dar aumento en extensión y calidad á nuestros bosques; parecía, digo, que no se había de pensar, por un momento, en vender lo poco que nos queda. ¿Qué razón puede haber para un cambio de criterio tan insólito? ¿Qué nuevos datos ha podido encontrar el Ministro de Hacienda para remover una cuestión que fué la causa de una crisis ministerial hace pocos meses, por considerarse de irresistible fuerza la corriente de la opinión pública, que á toda venta se oponía?

Si á la exposición á S. M. el Rey que precede al decreto nos atenemos, únicamente se trata de cumplir un ineludible deber: porque á pesar del tiempo transcurrido desde que se dictó la dicha ley de Mayo de 1863 y su Reglamento de igual mes de 1865, todavía no ha sido posible deslindar con exactitud cuáles son los montes que se deben conservar y cuáles pueden venderse. Pero me ocurre que desde el punto y hora en que el mismo Reglamento que se cita mandó suspender, según ya vimos, toda venta, y vino la otra citada ley de 1878 á dar disposiciones encaminadas á que, en vez de disminuirse, tratará de acrecentarse el caudal de los montes públicos, el Ministro de Hacienda no tenía ya deber alguno que cumplir á este respecto, como no fuera el de arbitrar recursos con que atender á lo últimamente mandado. Y es hacer inmerecida injuria tanto al Ministerio de Fomento como á las Cortes que discutieron y aprobaron la repetida ley, el suponer que se olvidaran todos de que había en tal sentido deberes que recordar al Ministro de Hacienda ni á ningún otro.

Pero es que tampoco debe ser exacto el motivo que se invoca para una disposición que, aun cuando poco trascendental en apariencia, puede producir fatales resultados si hay quien la tome por pretexto para que se reproduzcan escándalos como los de los famosos pinares de Balsain, á favor de esos desordenados procedimientos á que parece propenden siempre los Gobiernos de un determinado color político en España. Y digo que no es exacto el motivo, porque tengo á la vista estados muy detallados, con clasificaciones muy claras y terminantes de los montes

(1) Tomándolo de La Época, reproducimos este artículo en atención al interés permanente y siempre opportuno del asunto de que trata, y sobre todo á la competencia reconocida y altas miras de la persona que lo firma.