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El Eco de la producción (1883-11-01 00:00:00), página 4

partes y puertos en estos Reinos, para que se aplicase con el mayor vigor y eficacia á la restauración y establecimiento del Comercio.

Por Real cédula de 18 de Mayo de 1807 se aumentó el número de negocios de que debiera conocer la Junta general de comercio. En esta forma subsistió, hasta que por Real Decreto de 11 de Agosto de 1814 se refundió en el Consejo de Hacienda, el cual ejercería toda la jurisdicción que aquel había desempeñado. En 29 de Abril de 1818 se hizo nueva declaración de los negocios en que habían de entender las Juntas particulares de comercio de los pueblos; pero publicado en 30 de Mayo de 1829 el Código de Comercio que hoy rige, dispuso por Real orden de 16 de Enero de 1829, que en los puntos de la Península en que hubiera consulados en que estaban reunidas las Juntas, hubieran de continuar éstas á pesar de la cesación de aquellos; y últimamente por Real Decreto de 20 de Enero de 1834 se mandó que ninguna Corporación gremial gozase de fuero privilegiado, conociendo de las obligaciones mercantiles entre partes los Tribunales de comercio, donde los haya. La Junta de comercio quedó sujeta por Decreto de 9 de Noviembre de 1832 á la dependencia del Ministerio de Fomento, y ha sufrido varias alteraciones en su organización por las Reales órdenes de 21 Junio y 5 de Agosto de 1834, 8 de Enero y 8 de Marzo de 1836 y 29 de Octubre de 1838.

Ya en Julio de 1494, los Reyes Don Fernando y Doña Isabel establecieron la jurisdicción del Prior y Cónsules de Burgos y Bilbao y su conocimiento en los negocios entre mercaderes (1); y Don Felipe IV por Pragmática de 9 de Febrero de 1632 promovió la creación de un Consulado en Madrid, facultando para formar otros en los pueblos donde hubiere número bastante de mercaderes. El Rey Don Carlos III, de feliz recordación, determinó en 1766 la jurisdicción consular de la Casa de contratación de San Sebastián, si bien ya desde 13 de Marzo de 1682 había sido concedida jurisdicción amplia y privativa para conocer de todos los negocios, causas y debates que ocurrieren entre comerciantes y negociantes, al Consulado, Universidad y Casa de Contratación de San Sebastián.

Por cédula de 16 de Marzo de 1758, se aprobó por el rey D. Fernando el VI, un Cuerpo de Comercio, una Junta de comercio y un Consulado en Barcelona (2), fijándose la jurisdicción del consulado de esta ciudad y del juez de apelaciones y sus asesores en las materias contenciosas de comercio por cédula de 24 de Febrero de 1763 (3).

Por cédula de 11 de Julio de 1777 (4) se mandó que la ejecución de las sentencias del Juez de apelaciones del Consulado de Valencia no tuviese más recursos que los extraordinarios de nulidad e injusticia notoria. Por cédula expedida en San Lorenzo en 24 de Noviembre de 1784 (5), se determinó es-

(1) Ley 1.º título II, lib. IX, de la Novis. Recop.
(2) Ley IX, título 2.º, lib. IX, de la Novis. Recop.
(3) Ley X, título 2.º, lib. IX, de la Novis. Recop.
(4) Ley XIII, título 2.º, lib. IX, de la Novis. Recop.
(5) Ley XIV, título 2.º, lib. IX, de la Novis. Recop.
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Más abajo se lee lo siguiente:

«E ahora Juan Dariz, en nombre de los fiel y diputados, que son los Cónsules de la Universidad de los Capitanes y Maestros de Naos, Mercaderes y tratantes de la Villa de Bilbao, me hizo relación por su petición, que ante mí en el mi Consejo presentó diciendo: que en la dicha Villa, de tiempo inmemorial á esta parte, hay los dichos fiel y dos diputados, que son un Cónsul Mayor y dos menores, y Universidad de Mercaderes y Maestros de Naos y tratantes; los cuales se suelen elegir, y nombrar por la dicha Universidad en cada un año, así como se eligen y nombran Prior y Cónsules por la Universidad de los Mercaderes de la ciudad de Burgos, y en la misma forma y manera, tienen un sello como Universidad aprobada y tienen sus Ordenanzas, usadas y guardadas y confirmadas por los Reyes de gloriosa memoria mis predecesores, y tienen sus criados y factores en Flandes, y en Inglaterra, y en Bretaña, y en otras partes que confían de ellos sus mercaderías, y asimismo confían sus Navíos de sus criados y factores, y que si al tiempo de pedirles cuenta de lo que así se les dá, y encomienda, ovieren de ir á se la pedir, y demandar, á los lugares donde son naturales y ponerse en litigio de pleito con ellos, recibirían mucho agravio y fatiga, y se perderían sus tratos así de la Mercadería, como de las Naos; por ende, porque la dicha Universidad de los Maestros de Naos de la dicha Villa, y su Universidad y cofradía, la forma y órden que por la dicha mi carta, y Práctica Sanción está mandado que tengan, y guarden los dichos Prior, y Cónsules y Mercaderes de la Ciudad de Burgos ó que sobre ello proveyese como la mi merced fuese, etc.»

Regúlase con bastante minuciosidad y detalle el enjuiciamiento mercantil y la organización de aquel Tribunal de comercio, pasando luego á tratar (1) de los Mercaderes, libros que han de tener, con qué formalidad, compañías de comercio, calidades y circunstancias con que deberá hacerse, contratos de comercio, comisiones, letras de cambio, vales y libranzas, corredores, etc.

En el Capítulo XVII de dichas Ordenanzas se trata de los atrasos, fallidos, quebrados ó alzados; sus clases y modo de procederse en sus quiebras. El Tribunal de comercio, no la jurisdicción ordinaria, era el competente para conocer de estos negocios. «Qualquier comerciante, que se considerare hallarse precisado á dar punto á sus negocios, estará obligado á formar antes un extracto ó memoria puntual de todas sus dependencias, donde con individualidad exprese sus deudas y haveres, mercaderías existentes, alhajas y demás bienes que le pertenezcan, citando los libros con sus folios y números debidos; y entregarle por sí, ó por otra persona en manos del Prior y Cónsules (2).»

Con la promulgación del Código de Comercio en 30 de Mayo de 1829 se reguló la administración de justicia en lo mercantil bajo un pie uniforme.

(1) Capítulo IX, y siguientes de las Ordenanzas.
(2) N.º V. Capítulo XVII de las Ordenanzas de Bilbao.
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El libro quinto del mismo trata de la Administración de justicia en los negocios de Comercio. Se dispuso en el título primero, que la administración de justicia, en primera instancia, sobre las causas y negocios mercantiles, estaría á cargo de Tribunales especiales de Comercio en todos los pueblos donde había á la sazón Consulados, y en los demás en que por la extensión de su tráfico, giro e industria fabril se creyera conveniente erigirlos por decretos especiales, siendo el territorio de dichos Tribunales el partido judicial de los pueblos donde los hubiere (1); conociendo únicamente los jueces ordinarios en sus respectivos territorios jurisdiccionales de los negocios judiciales mercantiles allí donde no hubiese Tribunal de Comercio (2).

Las Chancillerías y Audiencias reales, en cuyo territorio se hallase el Tribunal de Comercio ó Juzgado real ordinario que hubiese conocido de la primera instancia, eran los Tribunales competentes para conocer de las causas sobre negocios de comercio en segunda y tercera instancia (3). Los recursos de injusticia notoria de las sentencias ejecutoriadas en negocios de comercio, debían ser llevados al Consejo Supremo de Castilla, cuando la ley interpuesta hubiese sido dada por los Tribunales de la Península; y al Consejo Supremo de Indias cuando la hubiese pronunciado un Tribunal de Ultramar (4).

Los Tribunales de Comercio debían estar compuestos de un Prior, dos Cónsules y dos sustitutos de Cónsules, todos comerciantes al por mayor, matriculados y con las circunstancias previstas por las leyes, pudiendo aumentarse el número de sustitutos hasta cuatro en las plazas de comercio en que se considerase necesario por la mayor acumulación de negocios (5).

Las funciones de los Cónsules sustitutos estaban reducidas: 1.ª á reemplazar por llamamiento del Prior á cualquiera de los Jueces del Tribunal que se hallase legítimamente impedido de asistir á las audiencias. 2.ª Alternar con los Cónsules propietarios en los cargos de Jueces Comisarios de las quiebras. Los sustitutos debían gozar de los mismos honores y prerrogativas que los Cónsules propietarios, concurriendo á todos los actos públicos del Tribunal y pudiendo asistir á las audiencias cuando lo tuvieran por conveniente sin voz nívoto en las deliberaciones, á menos que no estuviesen sustituyendo á algún propietario (6). El cargo de Prior era anual. Los Cónsules, así propietarios como sustitutos, ejercían sus funciones dos años, y se renovaban por mitad en cada año, optando los más modernos á las plazas de los antiguos que debían cesar, y haciéndose nuevo nombramiento para los que resultasen vacantes (7).

Los Jueces de los Tribunales de Comercio habían de reunir las circunstancias siguientes: 1.º Ser naturales de estos Reinos y haber cumplido trein-

(1) Artículo 1,178 del Código de Comercio, de 1829.
(2) Art. 1,479 id., id.
(3) Art. 1,180 id., id.
(4) Art. 1,481 id., id.
(5) Art. 1,483 id., id.
(6) Art. 1,484 id., id.
(7) Art. 1,485 id., id.
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ta años de edad. 2.º Llevar cinco años á lo menos en la matrícula y ejercicio del comercio en su nombre y con caudal propio. 3.º Gozar de buena opinión y fama. 4.º No haber hecho quiebra culpable ni fraudulenta; y en el caso de haberla hecho inculpable ó de suspensión de pagos, hallarse rehabilitado. 5.º No haber sido condenado por delito ó pena corporal afflictiva. 6.º No ser deudor líquido á la Real Hacienda ni á fondo alguno municipal. El Prior, además debía llevar diez años de matrícula y ejercicio en el comercio y haber sido anteriormente Cónsul en propiedad ó sustituto (1).

No podían concurrir á un mismo tiempo de Jueces en los Tribunales de comercio los parientes en cuarto grado de consanguinidad ó segundo de afinidad, ni los que fueren consocios en compañía colectiva ó de comandita (2). El que hubiese sido Juez de Comercio no podía volver á obtener el mismo cargo hasta que hubiesen transcurrido dos años desde que cesó en él (3). Los cargos de Prior y Cónsules propietarios ó sustitutos eran de nombramiento real (4).

Los Intendentes de las provincias estaban obligados á formar y elevar á conocimiento del Gobierno, en fin de Setiembre de cada año, tantas listas cuantos Tribunales de Comercio existiesen en su respectiva provincia, de los comerciantes avencindados en el territorio jurisdiccional del Tribunal, que gozasen mejor opinión por su rectitud, prudencia, pericia y buen orden en la dirección de sus negocios mercantiles. Estas listas eran de treinta personas con respecto á los Tribunales de primera clase, y de quince para los de segunda (5). El Secretario de Estado y del despacho, tomando los informes que pareciesen convenientes, elegía entre los individuos contenidos en la lista remitida por el Intendente, y proponía antes del 1.º de Noviembre tres personas para cada uno de los cargos del Tribunal de Comercio que hubiesen de proveerse para el año siguiente (6). Hecho el nombramiento de Prior y Cónsules, se expedían los títulos á los agraciados, dando comisión á los Intendentes respectivos para que les recibieran el juramento de servir bien y fielmente sus cargos con arreglo á las leyes (7). La práctica de esta diligencia debía hacerse constar á continuación del mismo título, y en virtud de éste se daba posesión en 1.º de Enero inmediato á los nombrados por el Cónsul que quedaba en ejercicio de los del año precedente.

Las judicaturas de los Tribunales de Comercio eran cargos honoríficos que se servían gratuitamente sin sueldo ni emolumento alguno (8). Ningún comerciante matriculado podía excusarse del ejercicio de las judicaturas de comercio para que era nombrado sino por edad sexagenaria, por enfermedad habitual conocida, que le impidiese ocuparse en trabajos mentales ó

(1) Art. 1186 del Código de Comercio.
(2) Art. 1187 id., id.
(3) Art. 1188 id., id.
(4) Art. 1189 id., id.
(5) Art. 1190 id., id.
(6) Art. 1191 id., id.
(7) Art. 1192 id., id.
(8) Art. 1193 id., id.
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asistir al Tribunal, ó por hallarse ejerciendo algún otro cargo público (1). En 1847 se resolvió, de conformidad con el parecer del Consejo Real, y usando de la facultad que establece el artículo 1183 del Código, que á contar desde 1.º de Enero, entonces próximo, los Tribunales de Comercio declarados de primera clase por Real orden de 7 de Febrero de 1831, tuvieran en lugar de dos sustitutos de Cónsules, cuatro para el remplazo de los propietarios, y que en lo sucesivo todos los Tribunales cuando, por cualquiera causa, entre los jueces propietarios y sustitutos no pudiese formarse Tribunal con arreglo á lo determinado por el Código de Comercio, se remitieran los autos al Juzgado ordinario á que correspondiese, para que lo sustanciase y fallase con arreglo á la Legislación mercantil, quedando por lo tanto derogadas las Reales órdenes de 10 Febrero y 6 Mayo de 1834 (2).

Los gastos propios de los Tribunales de Comercio debían ser costeados por los individuos de las clases comerciales comprendidos en las matrículas de los distritos de su jurisdicción, formándose presupuestos de su importe, y distribuyéndose éste proporcionalmente por medio de recargo sobre las cuotas de dichos individuos, previa la aprobación del Gobierno (3).

Los subalternos de los Tribunales de Comercio debían percibir sus derechos con arreglo á lo designado para los de los Juzgados de primera instancia del territorio en que aquellos estuviesen establecidos (4). Correspondía al Ministerio de Comercio, Instrucción y Obras públicas la organización y personal de los Tribunales del ramo con sus empleados y dependencias (5).

En cada Tribunal de Comercio había un consultor Letrado, un escribano de actuaciones judiciales y el número de dependientes de justicia que se consideraban necesarios según las circunstancias de cada localidad (6).

En 1831 se dictó un Reglamento por el cual se dividieron en dos clases los Tribunales de Comercio de la Península e Islas adyacentes (7). De los tribunales que en dicha fecha existían pertenecieron á la primera clase los de Barcelona, Bilbao, Cádiz, Coruña, Madrid, Málaga, Palma de Mallorca, Santander, Sevilla, Valencia; á la segunda clase corresponden los de Alicante, Burgos, Canarias, Granada, Jerez de la Frontera, Murcia, Pamplona, Sanlúcar de Barrameda, San Sebastián y Zaragoza.

El Letrado consultor y el Escribano eran de nombramiento real, á propuesta por ternas de los mismos Tribunales de Comercio (8). Los Letrados consultores debían dar su dictamen por escrito siempre que el tribunal se lo exigiera sobre las dudas de derecho que ocurriesen en el orden de

(1) Art. 1194 del Código de Comercio.
(2) Real Orden de 13 de Octubre de 1847.
(3) Ley de Presupuestos de 23 de Mayo de 1845.
(4) Art. 217 de los Aranceles judiciales de 22 de Mayo de 1816.
(5) Real Decreto de 5 de Febrero de 1847.
(6) Art. 1,195, del Código de Comercio de 1829.
(7) Art. 1.º del Reglamento de 7 de Enero de 1831.
(8) Art. 1,196 del Código de Comercio de 1829.
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EL ECO DE LA PRODUCCION.

SECCION DOCTRINAL.

LA ESTADÍSTICA DE CABOTAJE.

La Dirección general de Aduanas viene publicando anualmente, desde 1859, La Estadística general del Comercio de Cabotaje entre los puertos de la Península é Islas Baleares, creyendo prestar con ello un servicio, que seguramente sería muy importante, si, en primer lugar, esa Estadística fuese completada con otras que son indispensables en todo país medianamente culto; tales como la del movimiento de mercancías nacionales y extranjeras por ferrocarriles y demás medios de locomoción terrestre entre unas y otras provincias, y las de la producción y el consumo, al menos de los principales frutos y productos de nuestro suelo; pues á cualquiera se le alcanza que, sin el conocimiento de estos datos, ni la Estadística de Cabotaje, ni la del Comercio exterior son documentos suficientes para formar idea cabal de la marcha económica de un pueblo, y hasta—consideradas aisladamente—pueden inducir á errores gravísimos.

En segundo lugar, sería menester que la Estadística de que en este momento tratamos fuese, como deben ser todas, lo más aproximada posible á la verdad; y decimos esto, sin querer hacer cargos á nadie, y solamente con el objeto de que, si nuestras observaciones son justas, sean atendidas por quien corresponda, para que el trabajo de las Aduanas y de la Dirección no resulte estéril.

Al formar por primera vez, en 1859, la Estadística del Comercio de Cabotaje, se echó de ver desde luego, que había cierta discordancia incomprendible entre las cifras de salida y de entrada de mercancías, así en cantidades, como en valores; lo cual, si los datos parciales recogidos en las Aduanas, son exactos, pudo tal vez suceder el primer año, pero no en los sucesivos, ni de la manera que aparece en dicha Estadística.

En el comercio de Cabotaje, las mercancías que entran en los puertos españoles de la Península é Islas adyacentes son las mismas que han salido de otros puertos de las mismas Península é Islas; por manera que, en la totalidad de las operaciones efectuadas durante un año, las cantidades de mercancías salidas y las entradas, teóricamente, deben de ser iguales; y si en la práctica resultan algunas diferencias de menos ó más entradas que
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tica se produzca una armonía y conciliación que lo posponga todo al interés de la nación.

»Los partidos políticos son la variedad que resuelve la gran unidad del interés de la patria. No quiera Dios que yo pretenda ahogar esta variedad ni sofocar esta controversia de opiniones y de principios; pero si quiera el cielo darme la inspiración necesaria para encauzar esta diversidad de corrientes por el cauce del bien de España.

»Vivan todos y sean todos con tal de que les guíe como regla suprema de conducta el interés supremo de la patria.

»Para concluir, os diré que si queréis tener una medida segura para saber si andáis acertados en el juicio de las cosas mercantiles y coloniales, no tenéis más que hacer una cosa. Así como la antigua Grecia miró siempre con preferencia sus artes, Roma realizó el derecho eterno e Inglaterra ha dado la norma y la pauta de la verdadera política, de la civilización y del porvenir, y todo esto lo han hecho contemplándolo, organizándolo, viéndolo, en fin, ante todo por el propio cristal de la patria; mirad cuanto hayáis de hacer, mirad cuanto queráis poner por obra por este mismo cristal, limitado, es verdad, pero segurísimo, por el cristal del interés sagrado de la patria. He dicho.» (Grandes y prolongados aplausos.)

ASOCIACIONES Y EMPRESAS ÚTILES.

Conclusiones votadas y aprobadas en las sesiones de los días 6 á 12 de Noviembre de 1883, por el Congreso español de Geografía colonial y mercantil.

TEMA 1.º
Costas septentrionales de África.—Comercio de España en ellas.—Posesiones españolas.—Lugares que pudieran colonizarse: puntos á propósito para establecer factorías, y tal vez puertos francos.
Costa occidental de Marruecos.—Derechos de España en ella.—Importancia mercantil de la costa que corre más al Sur, independiente del Imperio marroquí.—Comunicaciones con el interior.—Tratados con España, y tentativas de instalación hechas por españoles.
Pesquerías canario-africanas.

1.ª El Congreso recomienda que se tengan muy presentes las condiciones del personal diplomático y consular destinado á Marruecos, de modo que se hallen en relación con la índole especial de la política y costumbres del país.

2.ª Debe negociarse la constitución de tribunales mixtos para la resolución de las cuestiones que surjan entre musulmanes y españoles.

3.ª Debe concederse nacionalidad á los hijos de renegados españoles, nacidos en Marruecos, sean cualesquiera los antecedentes de sus padres.

4.ª Debe procederse á la fundación de casas-misiones en el interior de Marruecos, hasta tanto que se establezcan allí consulados.

5.ª Urge mejorar el servicio postal, así terrestre como marítimo, que España tiene en Marruecos.

6.ª Conviene celebrar un tratado de comercio con este Imperio, reformando los artículos 5.º, 7.º y 11.º del existente, y extendiendo á favor del elemento musulmán el derecho de protección, el de construir, el de adquirir inmuebles, etc.
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mismá profesión, industria, arte ó oficio de los comprendidos en las tarifas 1.a y 4.a, debían constituir, en cada población gremio ó colegio, para los efectos del repartimiento de la contribución.

Reformados el Reglamento y las tarifas con arreglo á las disposiciones de la Ley de 31 de Diciembre de 1881, se cambió la clasificación y la cuota, viniendo á pagar los impresores en la forma siguiente:
N.º 314 de la Tarifa 3.a

    Pesetas.

    Talleres de imprimir: pagarán por cada máquina, siendo cualquiera su motor y la producción de hojas impresas hasta el número de 1,000 por hora.
    345

    Hasta 4,000.
    480

    Id. 6,000.
    690

    Id. 10,000.
    920

    Id. 10,001, en adelante.
    1,450

Apenas publicadas las tarifas anexas al citado Reglamento de 1881, los industriales afectados por tan considerable aumento en las cuotas no pudieron prescindir de hacer presente á V. E. la enormidad de un tributo insostenible á la luz de una sana crítica.

Por el Reglamento de 1873, los impresores podían agremiarse, resultando de ello que había más equidad en el reparto de la cuota ó cuotas, que cada industrial debía satisfacer según su importancia.

Con la clasificación del Reglamento de 1881, admitida por el vigente de 1882, ocurren dificultades prácticas para la comprobación del impuesto, por cuyo motivo, y por el de ser excesivas y crecidísimas las cuotas, hubieron estas de rebajarse algo desde el principio de año económico de 1882-83.

Con arreglo á la tarifa de subsidio vigente hasta la promulgación la de 1881, se imponía á cada imprenta como cuota del Tesoro la cantidad de 275 ó 250 pesetas, y menos según las poblaciones donde la industria se ejercía, y esta cuota se pagaba cualquiera que fuese el número de máquinas que cada impresor tuviera y el número de ejemplares que produjeran, y por la cuota de 1881 tenía que pagarse por cada máquina la cantidad de 345 pesetas siempre que imprima menos de 1,000 ejemplares por hora; y aceptando este dato como tipo para la comparación, el impresor que no tenga más que una máquina, que es el mínimo, en vez de 200, pagará 300, y el impresor que tenga tres máquinas, en vez de 200, pagará 1,035.

Pueden citarse varios ejemplos que justifican nuestros asertos y comprueban lo insostenible de las tarifas de 1881.

Hé aquí lo que pagaban algunas imprentas de Barcelona por las antiguas tarifas, y lo que pagan hoy, á pesar de la rebaja, si bien insignificante, que se nota en las tarifas de 1882 comparadas con las de 1881.

    IMPRENTAS.
    PAGABAN.
    PAGAN.

    1. Eusebio Riera.
    Durante el año económico de 1881-82 se le exigieron 556 pesetas con 48 céntimos.
    Durante el año económico de 1882 á 83 se le exigieron 996 pesetas con 96 céntimos.

    Hasta el último trimestre de 1881-82 pagaron 111 pesetas, ó sean 445 pesetas con 20 céntimos anuales.
    Hoy pagan 664 pesetas con 62 céntimos, ó sean 2,658 pesetas con 48 céntimos,

    2. Montaner y Simón.
    |154 pesetas trimestre.
    |415 trimestre.

    3. Jaime Jepús.