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El Eco de la producción (1884-09-30 00:00:00), página 5

TELEFONOS (1)

(Conclusión.)

II.

Antes de entrar en el examen de las disposiciones vigentes sobre teléfonos, ó sea el Real decreto de 9 de Agosto último y su Reglamento, comparativamente con la legislación antigua, ó sea el otro Real decreto de 16 de Agosto de 1882 y consiguiente Reglamento para su ejecución, parecemos oportuno exponer algunas consideraciones generales acerca de los principios que deben tenerse presentes al legislar sobre un medio de comunicación que debiera ser de dominio público.

Si partimos del principio de que por el mero hecho de ser todo invento, instrumento útil, aparato, medio de locomoción, etc., etc., un arma poderosa en manos de los enemigos del orden, debe caer bajo el dominio del Estado, es forzoso admitir entonces que los Gobiernos deberían apoderarse de los ferrocarriles y demás vías de comunicación; debemos legitimar que se viole el secreto de la correspondencia, y lógicamente iríamos á parar á un régimen despótico, que haría imposible el ejercicio de las libertades modernas y el desarrollo de la industria privada.

Sea ó no sea el teléfono un medio poderoso en manos de los enemigos del orden, el Estado nada tiene que hacer en punto al empleo que los particulares puedan hacer de él. Mañana que el invento de Renard y Krebs se generalice y perfeccione y sea un hecho la navegación aérea, ¿se atreverá el Estado á monopolizar tan maravilloso invento, con el pretexto de que en manos de los enemigos del orden es arma poderosísima? El teléfono, el globo aerostático y los demás inventos que subyugan y dominan las fuerzas de la naturaleza en provecho del hombre, si bien son armas poderosas en manos de los enemigos del orden, no dejan de ser armas igualmente poderosas, ó más, si cabe, en manos de los encargados de conservar el orden.

No puede, pues, admitirse en nombre de los principios que informan las legislaciones de los pueblos civilizados el principio que ha puesto en práctica el Sr. Ministro de la Gobernación al legislar sobre teléfonos.

Tampoco ha tenido en cuenta el Sr. Ministro las diversas condiciones jurídicas que deben tenerse presentes al legislar sobre las líneas particulares.

Se comprende que los propietarios de los edificios ó predios donde estén colocados los postes en que descansan los hilos telefónicos, exijan un cánon del dueño de la línea, puesto que se constituye una servidumbre, de la que son predios sirvientes todos cuantos tienen postes sosteniendo el hilo que

(1) Vease el número anterior, pág. 327.
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comunica los predios dominantes, ó sean los edificios ó pertenencias del dueño del teléfono. Se comprende que los Ayuntamientos tengan que ver cuando los teléfonos crucen la vía pública de sus municipios, y aun las Diputaciones cuando los hilos telefónicos atraviesen varios municipios de una provincia. Sólo se concibe que el Gobierno central haya de intervenir en la concesión de una línea cuando la línea, ó lo que es más posible, la red telefónica atraviese diversas provincias.

Valía la pena de que el Gobierno distinguiera entre casos y casos, al legislar sobre líneas telefónicas, marcando las distintas condiciones en que pueden encontrarse los dueños de las líneas. El teléfono puede atravesar:

1.º Terrenos de propiedad exclusiva del dueño de la línea telefónica.
2.º Terrenos de distintos propietarios.
3.º Terrenos de dominio público, (calles, plazas, terrenos del Estado, cauces de río, etc.)

Estos terrenos pueden pertenecer á un municipio, á varios municipios de una provincia, á municipios de diversas provincias y hasta á municipios de diversas naciones. ¿Es concebible que en todos estos casos de tan diversa consideración y naturaleza jurídica se legisle de la misma manera?

Un terrateniente desea comunicarse con su apoderado, ó con sus aparceros y arrendatarios, y desde un extremo de la finca (en España, especialmente en Andalucía, hay propietarios cuyas tierras tienen gran extensión, quizás varias leguas cuadradas de superficie), coloca un teléfono que le comunique con otro extremo; un fabricante desea desde su despacho poder comunicarse con sus mayordomos, con el jefe de la sección de hilados, de tejidos, de estampados, de tintorería, del apresto, etc., etc., y coloca varias líneas telefónicas; un comerciante quiere comunicarse con los dependientes de su almacén, y por último, el administrador de una fonda quiere comunicarse, desde su despacho, con todos los dependientes de la casa, ó el capitán de un buque desea desde su camarote poder hablar con los oficiales de á bordo y con los pasajeros.

En todos estos casos enumerados y otros análogos, no concebimos á nombre de qué principios ha de intervenir el Estado para regular el planteamiento y uso de las líneas telefónicas. Empeñarse en conocer las condiciones de estas líneas, intervenir en lo más mínimo que se relacione con su colocación, explotación y uso, es, á nuestro juicio, tan absurdo y contra razón y derecho, como violar la correspondencia y entrometerse el Estado hasta en las relaciones domésticas; es, en una palabra, establecer la inquisición por motivos políticos, así como en otro tiempo se estableciese por motivos religiosos, y á decir verdad, más políticos que religiosos.

La cuestión cambia de aspecto si los hilos telefónicos han de atravesar terrenos de dominio público. Constitúyese entonces una servidumbre que afecta á los bienes que tiene á su cuidado el Municipio, como en el caso de atravesar la línea terrenos de varios municipios se afecta á los intereses provinciales. ¿Pero esto quiere decir que tenga derecho el Municipio y la Provincia á establecer limitaciones y más limitaciones y cortapisas hasta el
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punto de que no sea libre un ciudadano de establecer un teléfono donde bien le parezca ó donde le convenga?

A nuestro entender la Provincia y el Municipio no deberían poder exigir más que un pequeño cánón por la servidumbre que se establece á favor de un particular en terrenos de dominio público, ó las indemnizaciones, garantías, prestaciones, etc., etc. que se exigen actualmente á las Compañías de canalización y transporte de aguas, Compañías para el alumbrado por gas y luz eléctrica, ferrocarriles y tranvías y demás empresas análogas por las cañerías, tubos, alambres y ràils que se colocan en la vía pública.

Pero aun así, tratándose de un invento que conviene fomentar y extender, no es lo más natural y práctico, para llegar á este fin, entorpecer y dificultar su planteamiento con expedientes, con investigaciones inútiles, con prohibiciones y con cuotas crecidas, verdaderas contribuciones insoportables cuando el Estado acapara (que este es el verdadero nombre) el uso de tan poderoso medio de comunicación; siendo, por el contrario, lo más recomendable que el Municipio, la Provincia y el Gobierno central protejan á los particulares que implantan este invento en España y á las empresas telefónicas que explotan redes y líneas, y establecen con ello una nueva industria en el país, cediéndoles gustosos sus caminos, carreteras, calles y terrenos, y dejando de percibir un cánón que siempre debería de ser insignificante, contribuyendo de este modo á la difusión de los medios útiles y de riqueza, y en consecuencia, al fomento del bienestar de todas las clases sociales.

Nada de esto se ha tenido presente en el Real decreto de 14 de Agosto último que pasamos á examinar, no sin decir algo de la legislación anterior á la vigente en la materia.

Las disposiciones contenidas en el Real decreto de 16 de Agosto de 1882 estaban inspiradas—debemos confesarlo—en un espíritu más liberal que las de 1884. Por el artículo 1.º del Real decreto que refrenda el señor D. Venancio Gonzalez, (Ministro de la Gobernación en 1882), se autoriza al Ministro de la Gobernación para conceder á particulares ó Compañías el establecimiento y explotaciones de redes telefónicas con destino al servicio público. Por el contrario, el artículo 1.º del Real decreto de 1884 sólo autoriza al Ministro de la Gobernación para explotar el servicio telefónico en las poblaciones que se crea conveniente, valiéndose para ello de los funcionarios del Cuerpo de telégrafos.

De manera que, con arreglo á la legislación vigente, la industria particular queda excluida y rechazada para presentar sus proposiciones para el servicio telefónico, aun cuando estas proposiciones sean más ventajosas que las del Sr. Ministro de la Gobernación, único competentemente autorizado para establecer y explotar este servicio, en un decreto que lleva su firma al pie.

Por el artículo 1.º del Real decreto de 1882, las concesiones debían
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otorgarse en concurso público, no pudiendo exceder el plazo de ellas de veinte años, ni constituir privilegio exclusivo á favor de los concesionarios, quedando reservada al Gobierno la facultad de establecer y explotar por sí mismo el servicio telefónico en el tiempo y forma que estime oportunos, y de otorgar otras concesiones para la aplicación de los adelantos que puedan sobrevenir y sean de resultados ventajosos al servicio.

Mucho más justa y liberal era la legislación anterior á la vigente al regular las líneas telefónicas de carácter privado; consignándose en el artículo 1.º del Real decreto citado el principio de que las concesiones destinadas al servicio particular entre dependencias de un mismo dueño, para el uso exclusivo de éste, sin beneficio de tercero, podrían establecerse y utilizarse libremente, sin más restricciones que las previstas en las disposiciones vigentes sobre policía, seguridad y salubridad pública.

Otro principio equitativo y liberal sentaba el Real decreto que estamos examinando y altamente favorable al desarrollo del invento y protector de la industria privada: el de que el Estado, la Provincia y el Municipio no podrán negarse á otorgar, sin causa especial y justa, el consentimiento previo é indispensable que han de obtener los concesionarios para la colocación y conservación de los conductores y aisladores de los hilos eléctricos, que han de colocarse encima ó debajo de las fincas cuando éstas pertenezcan al dominio público, al Estado, á la Provincia ó al Municipio.

El concesionario—como es muy justo—estaba obligado al abono de los daños y desperfectos que la ejecución de las obras ocasionare.

En la base 6.ª del artículo 1.º de aquel Real decreto se dejaba consignado el principio de la inviolabilidad del secreto de la correspondencia oficial ó particular que circule por las redes telefónicas, harto olvidado en la legislación actual.

Toda la intervención del Gobierno quedaba antes circunscrita y limitada á vigilar é inspeccionar por medio de delegados la construcción de las obras, el desempeño del servicio telefónico en todas sus partes y el puntual cumplimiento de las obligaciones contraídas por los concesionarios con el Gobierno y con el público; pudiendo al efecto penetrar dichos delegados á cualquiera hora en las oficinas ó estaciones del teléfono, exigiendo los datos y noticias que estimen convenientes dentro de los límites establecidos en el Código de Comercio.

El Gobierno debía reservarse naturalmente, como se reservó, la facultad de suspender, en cualquier tiempo, por consideraciones de orden público, parcial ó totalmente, el servicio telefónico, sin que el concesionario ó sus abonados tuviesen derecho á indemnización; con la salvedad, empero, de entenderse prorrogado el plazo de la concesión todo el tiempo que el servicio haya estado en suspenso.

Publicado el Real decreto de 1882, establecidas varias líneas particulares y en especulativa de establecerse muchas más, no sabian á qué atenerse con respecto á las formalidades que debían cumplirse para su establecimiento.
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Este vacío vino á llenarlo el Reglamento de 25 de Setiembre del propio año. Por el capítulo 5.º del mismo se dictan las reglas para la concesión de líneas telefónicas particulares, las cuales sólo podrán unir edificios ó dependencias de un mismo dueño ó empresa dentro de la distancia de 10 kilómetros, no pudiéndose unir á ninguna red telefónica ni telegráfica, ni transmitir otras noticias ó avisos que los privados del concesionario. El Gobierno se reservaba la facultad de suspender el servicio cuando razones de orden público lo aconsejasen. Como único requisito se exigía la solicitud firmada por el interesado, acompañando croquis de la línea y una declaración de que los puntos ó edificios que se citan pertenecen al mismo propietario ó empresa.

Con arreglo á la base 7.ª del artículo 22 de dicho Reglamento, la resolución debía dictarse y comunicarse al peticionario por la Dirección general en el término de un mes; sin embargo de estar prevenido así, muchos peticionarios esperaron meses y meses sin que se les comunicara el fallo, y habiendo cumplido por su parte con todos los requisitos legales, interpretaron el silencio de la Administración como fallo favorable y empezaron á construir y hacer funcionar sus líneas telefónicas. Un año después de la publicación de las mencionadas disposiciones, sobrevienen los sucesos de Badajoz, que alarmaron al Gobierno, despertando recelos y temores. «Desde aquel momento,—dice un periódico (1) que ha hecho una campaña brillante en defensa de los intereses lesionados con las medidas antitelefónicas—el Gobierno de Madrid se fijó en los teléfonos de Barcelona; y creyendo ó aparentando creer que estos aparatos podrían ser, en caso de revolución, un arma terrible en poder de los sublevados, de aquí que no se le ocurriera otra cosa que dictar órdenes terminantes, transmitidas casi siempre por telégrafo, para que se destruyeran todas las líneas establecidas, y nombrar un comisionado para el desempeño de tan honroso cargo.»

Tales disposiciones produjeron muy mal efecto, y la prensa y las corporaciones elevaron á la Superioridad sentidas quejas.

En los comienzos del mes de Setiembre del año próximo pasado se dictó la orden mandando desmontar en el término de 24 horas todas aquellas líneas que no estuviesen autorizadas conforme á lo dispuesto por el Real decreto de 16 de Agosto de 1882 y por el Reglamento de Setiembre siguiente, lo que motivó que se reunieran en el local del INSTITUTO DE FOMENTO DEL TRABAJO NACIONAL el día 14 del propio mes del próximo pasado año varios socios del mismo y gran número de personas que tenían establecidas líneas en esta ciudad y en sus alrededores, para acordar lo más conveniente; y esto fué nombrar una Comisión compuesta de los señores Presidente y Secretario del INSTITUTO DE FOMENTO y de otras personas en representación de la Junta del mismo, de la Sociedad Española de Electricidad y de otros interesados, la cual telegrafió al Gobierno pidiendo una prórroga para que los interesados y empresas que no se hallaran autorizados

(1) El Diluvio de 2 de Setiembre; pág. 7142, artículo titulado Teléfonos.
El Eco de la producción (1884-08-10 00:00:00), página 1

SECCION DOCTRINAL.

IMPORTANCIA DE LOS MONTES Y PLANTÍOS (1)

III.

Nada confirma tanto lo dicho en el artículo anterior, acerca de la importancia de los montes, como el cuidado con que se ha atendido á su conservación y aprovechamiento en casi todos los pueblos, desde la antigüedad más remota, y la veneración de que han sido objeto en algunos de ellos.

En los tiempos primitivos se consagraban los bosques al culto religioso, estando por lo mismo bajo el amparo de las divinidades mitológicas, y pronunciándose en ellos los oráculos. En los orígenes de las civilizaciones egipcia, hebraica y griega se hace repetida mención de los famosos bosques de Erimanto, de Nemea, de Dodona y otros que ya no existen, y si volvemos la vista al Norte, en épocas más cercanas de la Historia, sabido es que en la nebulosa religión de Odín en la Escandinavia, la de los druidas en las Galias, y la de los bretones y alemanes celebraban en la profundidad de las selvas sus bárbaros misterios.

En Grecia y Roma, el rey de los árboles se ponía bajo los auspicios del padre de los dioses, y era frecuente adorar á Júpiter con el nombre de Forestal.

La civilización y la guerra, trabajando en diverso sentido, arrasaron los montes en los grandes pueblos del Oriente, y con ellos desaparecieron de la faz de la tierra aquellas naciones poderosas. Ya no existía más que su memoria, cuando las Galias, la Alemania, las Islas Británicas y los demás países del Norte del Escalda estaban casi enteramente cubiertos de bosques, que andando el tiempo, habían de desaparecer en su mayor parte, y entonces hubo de pensarse en la necesidad de conservarlos.

Anco Marcio en Roma declaró los montes propiedad del Estado, y por mucho tiempo fué confiada su custodia y administración á uno de los cónsules, habiendo desempeñado Julio César este cargo.

Los visigodos, los borgoñones y ripuarios, los alemanes y longobardos

(1) Véase el número anterior.
El Eco de la producción (1884-08-10 00:00:00), página 12

der y cuando obtiene concesiones.—Pero México parecía haber entrado en el camino de los pueblos inteligentes que no se dejan embaucar: ¿será posible que haya caído en la red de la reciprocidad queda siete á cambio de setenta y siete? ¿Será posible que haya visto un buen negocio en la reciproca franquicia de materias brutas por productos de la industria?

¡Quién sabe! Pero si eso es así, preparémonos á ver cómo un día México, otro Cuba, otro Venezuela, etc., etc., todos aquellos países irán oyendo el canto de la Sirena, y al cabo América será para los americanos.

EMPLEADAS DE TELEGRAFOS.

Por una Real Orden del Ministerio de la Gobernacion se abre un nuevo y honroso camino á la actividad de la mujer.

Nuestro Gobierno, siguiendo en esta parte discretísimamente la iniciativa de otras naciones, ha dispuesto que las mujeres puedan desempeñar el servicio de Telégrafos.

Para demostrar el fundamento de esta disposición, que aplaudimos con todas nuestras fuerzas, como ha de aplaudirla toda la Prensa sensata é imparcial, dice así el preámbulo de la citada Real Orden:

«Demostrando la experiencia que los servicios de la mujer son útiles y convenientes en Telégrafos, reportando una economía para el Estado muy digna de tenerse en cuenta, y siendo de esperar cada día más favorables resultados si la admisión de las mujeres se lleva á efecto, teniendo especial cuidado de que responda á su delicado organismo y peculiares necesidades, ya limitando á ciertas horas el desempeño de aquel servicio, ya también habilitando convenientemente los locales donde concurre personal de ambos sexos, y mejorando, en fin, todas las condiciones para ejercer su cargo hasta llegar, si es posible, á que las mujeres que presten servicio en las estaciones, puedan estar á las inmediatas órdenes de funcionarios de su sexo; S. M. el Rey (Q. D. G.), de acuerdo con lo informado por ese centro directivo, y óída la Junta consultiva del Cuerpo de Telégrafos, se ha servido disponer que el Real decreto de 22 de Abril de este año y Reglamento para su aplicación de 8 de Junio último, se hagan extensivos, con las siguientes modificaciones, á la admisión de mujeres solteras ó viudas para el servicio telegráfico.»

El servicio telegráfico femenino habrá de ajustarse á estas bases:

1.ª Las que aspiren á las plazas de auxiliares temporeras han de ser mayores de diez y seis años.

2.ª Estas auxiliares sólo deben prestar el servicio de día, completo ó limitado.

3.ª Aunque lo presten en las estaciones indicadas en el primero y segundo grupo del art. 6.º del citado Reglamento de 8 de Junio, no tendrán derecho á las gratificaciones por transmisiones y recepciones de despachos, toda vez que no deben prestar el servicio permanente.

Es asimismo la voluntad de S. M. que en las estaciones donde concurren empleados de ambos sexos se habiliten convenientemente los locales á fin de que exista la debida separación, y que el número total de temporeros, sean hombres ó mujeres, no exceda en ningún caso al de la mitad de oficiales y aspirantes de planta en servicio activo del Cuerpo.»
El Eco de la producción (1884-08-10 00:00:00), página 13

Aún puede extenderse más, en beneficio del sexo débil, el círculo en el cual pueda la mujer ganar honradamente la subsistencia, sin descender á faenas mercenarias y puramente manuales ó al trabajo de costura, por lo común muy poco productivo.

Así como, mediante la atinada cuanto benéfica disposición del señor ministro de la Gobernación, las señoras ó señoritas faltas de recursos podrán atender decorosamente á sus necesidades en una tarea delicada é inteligente, pudieran todas las empresas de ferro carriles confiarles el despacho de billetes, como ya hace la del Norte y las empresas de teatros igual empleo, y además el de acomodadoras, sobre todo de palcos y butacas, como sucede en Francia y otros países.

Hay ocupaciones sedentarias, tranquilas, delicadas por naturaleza que las desempeñan hombres en perjuicio de las mujeres, para quienes tan pocos recursos existen en nuestro país, cuando se trata de emplear su trabajo y entendimiento en alguna tarea propia de su sexo y condición.

Conviene, pues, que siguiendo el ejemplo que nuestro Gobierno ha dado, deje de ser patrimonio de los varones algunas faenas propias de las hembras, con lo que mucho habrá de ganar la moralidad pública y privada. (De La Época.)

LAS FÁBRICAS FRONTERIZAS.

Hace cosa de dos meses se reunieron en Irún algunos delegados de Navarra y Guipúzcoa con objeto de solicitar del Sr. Ministro de Hacienda que desaparezca la prohibición de establecer fábricas á menos de diez kilómetros de la frontera, según prescribe el art. 180 de nuestras Ordenanzas de aduanas. A pesar de que repetidas veces hemos leído sueltos relacionados con dicha pretensión, nos hemos reservado nuestro modo de ver en este asunto; pero como vemos que se insiste en ello, forzoso es decir lo que pensamos, y decirlo con la franqueza que nos caracteriza.

La prohibición de establecer fábricas de tejidos en puntos situados á menos de diez kilómetros de las fronteras, no atenta en lo más mínimo á la libertad de industria, puesto que, bien considerado, ningún interés legítimo puede aconsejar (por regla general) el establecimiento de esas fábricas en tales sitios. No hay allí saltos de agua que utilizar, ni facilidades ni ventajas de ningún género para la importación de las primeras materias, ni para la exportación ó el acarreo al interior de los productos elaborados. Sólo por excepción se encontrará alguno que otro punto en condiciones económico-industriales al efecto. Por lo tanto, es preciso no desconocer que lo que las Ordenanzas proscriben, no es la fabricación en la frontera, sino las oficinas de contrabando rotuladas con el nombre de fábricas. ¿Por qué no hemos de decir las cosas como son?

No es esto suponer que los delegados de Navarra y Guipúzcoa tuviesen por mira en sus pretensiones adquirir facilidades para hacer el contrabando: