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El Eco de la producción (1884-05-10 00:00:00), página 9

Añádense (continúa M. de Molinari) los gastos extraordinarios de los presupuestos de Guerra y Marina, los gastos de la política colonial, y se verá que los dos presupuestos reunidos pasan largamente de 4,000 millones; lo que significa que el precio del artículo Gobierno ha cuadruplicado desde fines de la Restauración.

«La masa de las rentas privadas, de las que se sacan las rentas públicas por la operación del mecanismo del impuesto, seguramente se ha aumentado de medio siglo á esta parte, gracias á los progresos de la industria y á pesar de los obstáculos, trabas y cargas de todo género con que los Gobiernos han agobiado á la iniciativa privada; pero, ¿ha cuadruplicado? ¿Y no es harto visible que, en los momentos actuales, el progreso de los gastos públicos excede, no solamente á los ingresos, sino también, lo que es más grave, al progreso de la riqueza y de las rentas contribuyentes? Afirmase, en verdad, que los recursos de la Francia son inagotables: pero ¿no se decía lo mismo de la riqueza de España en la época de Carlos V?»

No nos parece mal que el economista francés tire de la cuerda al Gobierno de su país, que, sobre todo en estos últimos tiempos, suele irse de la mano en materia de gastos; pero creemos que pudiera contestarse victoriosamente alguna de sus preguntas. Carecemos de datos para saber si los recursos particulares y la riqueza general de Francia se ha cuadruplicado, como los gastos públicos, desde 1830 acá; pero sí podemos asegurar que desde dicho año á 1859, bajo el régimen de la protección, tan detestado de los economistas de la escuela del Sr. Molinari, el comercio de importación se había triplicado, y el de exportación, cuadruplicado, en tanto que la población francesa había aumentado de 31 á 35 millones de almas, habiendo que mantener, vestir y calzar, por consiguiente, cuatro millones más de seres humanos; y sin embargo, hubieron de pasar diez años más, en pleno Imperio, para que se duplicaran ó poco más los gastos públicos, ordinarios y extraordinarios.

Si venimos á los tiempos actuales, tiempos de angustia, á pesar de todo, encontramos que la población ha crecido poco; el comercio de importación se ha decuplicado con relación á 1829, mientras que la exportación sólo se ha septuplicado. Es decir, que este comercio ha crecido casi en doble proporción que el presupuesto de gastos, mientras que las importaciones pasan del doble y se acercan al triple aumento proporcional. ¿No podrá decirse con razón, imitando al Sr. de Molinari, que el artículo importaciones cuesta en Francia mucho más caro que el artículo Gobierno?

La prueba de lo que hemos dicho está en los siguientes números:

Comercio exterior especial de Francia.

    Años.
    Importación.
    Exportación.

    1829.
    483.300
    504.900

    1849.
    724.100
    937.900

    1859.
    1,640.700
    2,266.400

    1879.
    4,595.200
    3,231.300

    1883.
    4,994.300
    3,574.356
El Eco de la producción (1884-05-31 00:00:00), página 1

SECCION DOCTRINAL.

TABLAS DE VALORACIONES.

En la Gaceta de Madrid, del día 8 de Mayo, se han publicado las Tablas de valores para la importación, la exportación y el material de ferrocarriles, correspondientes al año de 1883, formadas por la Junta de Aranceles y Valoraciones.

Sin perjuicio de publicarlas por apéndice, vamos á dar una idea de las modificaciones más importantes que contienen.

Son éstas muchas, y algunas muy notables, tanto en los valores de la importación como en los de la exportación; habiéndose introducido además varias innovaciones que han llamado nuestra atención.

En los valores correspondientes al Arancel de importación, se notan las novedades siguientes:

En la partida 4.a (las demás piedras y tierras, etc.), valoradas en 4 pesetas los 100 kilogramos, han sido clasificadas: 1.º Las aguas minerales, con valor de 50 pesetas el hectólitro;—2.º la cal común y el yeso, valorados en 5 y 7 pesetas respectivamente los 100 kilogramos.

Después de la Partida 20, hanse incluido el oro en barras, polvo, tejos, pedazos, moneda, alhajas y vajillas inutilizadas, con valor de 310 pesetas el hectogramo; y la plata y el platino en los mismos objetos, con valor de pesetas 19:50 id.

También se incluyen en las tablas, como mercancías libres de derechos, que se mencionan, lo mismo que las anteriores, en la Disposición 1.a del Arancel, la simiente de seda, valorada en 360 pesetas kilogramo; la seda en capullo, id. 12 id., y los desperdicios de seda, valorados en 9 pesetas id.

Las bajas más notables de los valores de importación en 1883, comparados con los de 1882, recaen sobre los artículos siguientes:

    Valores en pesetas.
    Unidad.
    1882.
    1883.
    Baja.

    Mármoles, jaspes y alabastros, cortados en losas, tablas ó escalones, etc.
    100 kilogs.
    16:90
    13
    3:90

    Hierro y acero forjado en barras de cualquier figura; en chapas hasta 6 milímetros de grueso; los ejes, llantas, etc.

    33
    30
    3

Tomo 5.a Barcelona 31 de Mayo de 1884. Núm. 87
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INGRESOS PÚBLICOS.—Los estados de recaudación del mes de Abril último, que acaba de publicar la Gaceta, presentan el resultado siguiente: El total de ingresos obtenidos asciende á 51.247,383 pesetas, y su distribución es como sigue: valores á cargo de la Dirección general de Contribuciones, 8.847,697; idem de la de Impuestos, 6.894,038; idem de la de Aduanas, 11.240,850; idem de la de Rentas estancadas, 19.786,173; idem de la del Tesoro público, 2.722,452; idem de la de Propiedades y derechos del Estado, 562,204; presupuesto extraordinario, 1.193,974.

Comparando dicha recaudación con la de igual mes del año anterior, aparece una baja de 1.164,839 que corresponde á los impuestos y rentas que á continuación expresamos:

    AUMENTOS.
    BAJAS.

    Pesetas.
    Pesetas.

    Contribuciones.
    958,342

    Impuestos.
    700,175

    Aduanas.
    157,196

    Rentas Estancadas.
    174,528

    Propiedades.
    167,380

    Tesoro.
    548,766

    Presupuesto extraordinario.
    219,433

    Totales.
    880,490
    2,045,330

Descendiendo al examen de los principales impuestos y rentas establecidos, encontramos las diferencias que vamos á señalar: Aumentos. Derechos sobre los géneros coloniales, 618,300 pesetas; tabacos, 419,270; impuesto de derechos reales y transmisión de bienes, 34,476; ingresos del Ministerio de la Guerra, 130,861; cédulas personales, 27,392.—Bajas. Contribución territorial, 796,493; idem industrial y de comercio, 56,876; impuesto de la sal, 283,537; consumos, 411,518; Casa de Moneda, 433,242; timbre, 150,058; loterías, 95,569.

De los anteriores datos resulta que las únicas contribuciones que acusan baja de alguna importancia son, la territorial y la de consumos, lo cual se explica por haber alcanzado á todo el mes de Abril el periodo electoral, en el que la recaudación no puede menos de resentirse.

SECCION OFICIAL.

Exposición elevada por el INSTITUTO DE FOMENTO al EXCMO. Sr. Ministro de Hacienda, sobre reforma de las Ordenanzas de Aduanas.

EXCMO. SR.:

La Junta Directiva del INSTITUTO DE FOMENTO DEL TRABAJO NACIONAL, de Barcelona, tiene el honor de exponer respetuosamente ante V. E., que esta Sociedad ha visto con satisfacción el Real decreto de 27 de Marzo último, refrendado por V. E., creando una Comisión que se ocupe en estudiar y proponer las reformas que convenga introducir en las vigentes Ordenanzas de Aduanas; no pudiendo menos de aplaudir, en interés del Comercio honrado, el espíritu que preside al pensamiento de dicha reforma, toda vez que esta se encamina á procurar que, sin menoscabo de la importante Renta de
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Aduanas, y sin que se relaje la severidad necesaria en el cumplimiento de la legalidad establecida, que tanto interesa, lo mismo á la buena marcha de la Hacienda pública, que á los progresos de la producción nacional, se eviten al tráfico molestias, detenciones y gravámenes innecesarios, simplificando cuanto sea factible todos los servicios, por medio de la supresión de trámites y documentos que no sean absolutamente indispensables; amino- rando el rigor de las disposiciones penales, y facilitando la resolución rá- pida de los incidentes de escasa cuantía, que á cada paso se suscitan entre el Comercio y la Administración.

Conforme esta Junta con la generalidad de las modificaciones conteni- das en las bases presentadas por la mayoría de la ponencia de la Comisión oficial, en todo aquello que es hasta ahora del dominio público, nada ten- dría que exponer en este asunto, si habida consideración á los grandes in- tereses industriales y mercantiles que representa, no se creyese obligada á manifestar su manera de ver en algunos puntos que, ó no se tocan, según parece, ó son objeto de controversia; esperando que V. E. se dignará aten- der nuestras observaciones, nacidas del mejor deseo de acierto, y hacer de ellas el uso que estime más conveniente.

Nada tiene que observar esta Junta en contra de la 1.ª base de reforma, tal como ha sido aprobada por la Comisión.

Unicamente respecto á la importación por tierra debe manifestar, que considera sería conveniente introducir una modificación en los articu- los 103 y siguientes de las Ordenanzas, disponiendo que «cuando las mer- cancías vayan consignadas á poblaciones comerciales donde haya Adua- nas competentemente habilitadas, puedan seguir directamente al punto de su destino para ser despachadas en dichas Aduanas, sin detenerse en las de la frontera, siempre que las expresadas mercancías formen wagones completos ó sean conducidas en ellos con las seguridades debidas, á juicio de la Administración.»

Esta reforma sería de gran utilidad, no sólo para el comercio, al que proporcionaría facilidades y economía en sus operaciones, sino también para el Estado que, lejos de perder, vería seguramente más garantidos y acrecentados sus ingresos, siempre que se tomasen las necesarias y pruden- tes precauciones que el caso exige.

Respecto á la segunda base, que trata de la descarga de las mercancías, esta Junta encuentra razonable y conveniente que los Administradores de Aduanas puedan autorizarla en días festivos cuando fuere necesario; pero estando permitido efectuarla desde media hora antes de salir, hasta media hora después de ponerse el sol, cree que esto basta, y que no debería auto- rizarse la descarga de noche, á riesgo de que se cometan frecuentes abusos.

Antes de pasar á otro punto, conviene hacer aquí presente la necesidad de poner el art. 74 de las Ordenanzas en armonía con los legítimos intereses
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del Comercio, al menos donde quiera que, como sucede en Barcelona, se haga imposible su cumplimiento.

Según el citado artículo, «no podrá quedar por la noche bulto alguno sobre los muelles, á no ser que en ellos haya edificios á propósito para su guarda, donde puedan quedar para su despacho bajo la vigilancia y responsabilidad del Resguardo;» y en el párrafo siguiente se lee, que «los Administradores procurarán que no se descarguen mercancías cuyas operaciones de despacho en el muelle ó conducción á la Aduana no puedan quedar concluidas media hora después de ponerse el sol.»

Por desgracia, en nuestros muelles no hay locales cerrados que aseguren la permanencia de los géneros en ellos, viéndose el Comercio obligado á tener que pagar guardas, no sólo de noche, sino también en pleno día; pues la práctica ha demostrado que el Resguardo no puede ó no quiere evitar los frecuentes robos de mercancías que se cometen en los bultos depositados bajo los tinglados.

Ahora bien: el movimiento de un puerto como el de Barcelona, el arribo frecuente de buques, sobre todo los de vapor, cuya descarga no se puede demorar, imponen por necesidad la acumulación de las mercancías en los muelles, ya por la insuficiencia reconocida de nuestra Aduana, ya por la complicación y consiguiente lentitud de los despachos; y como quiera que las mercancías no permanecen en el muelle por gusto del Comercio, sino por la tardanza de las oficinas en habilitar las declaraciones, de modo que se pasan dos, tres y más días antes de tener los documentos en disposición de proceder al despacho de los artículos de muelle; nada sería más justo que indemnizar al Comercio de los perjuicios que ya se le causan con no poder disponer de los géneros inmediatamente después de su llegada, eximiéndole de la carga de tener que pagar guardas; á cuyo efecto debería modificarse el párrafo 1.º del citado art. 74, disponiendo: «que el Resguardo será responsable de las faltas que puedan resultar en los bultos que se depositen en los muelles y tinglados hasta 24 horas después de haberse dado talón de levante;» plazo necesario, ya que, despachándose una mercancía á última hora de la tarde, no puede levantarse hasta el día siguiente.

Conforme esta Junta con los acuerdos de la Comisión oficial en los puntos á que se refiere la base 3.ª, debe, sin embargo, hacer hincapié en la necesidad de que se adopten determinadas reformas en lo tocante al complicado, y á veces irrealizable formalismo de las declaraciones.

Según el art. 67, el 9.º requisito que debe contener la declaración es el número de la partida del Arancel en que está tarifada la mercancía, el cual servirá de base para el despacho cuando la nomenclatura que usan los interesados para clasificar ó puntualizar dicha mercancía sea ambigua, defectuosa ó no idéntica á la del Arancel, etc.»

Esta disposición, Excmo. Sr., es inadmisible en buenos principios de Administración, porque siendo á ésta, y no á los particulares, á quien in-
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cumbe el aforo de las mercancías, exigir de aquellos el señalamiento de la partida de adeudo en los casos dudosos, es como tenderles un lazo en el que caigan si se equivocan.

Esa obligación es impracticable en muchas ocasiones, y no obstante, viene á ser para el Comercio un escollo en el que se estrellan la razón y la buena fe. No se puede exigir sin notoria injusticia, que un adeudante declare con claridad y precisión los derechos que á una mercancía corresponde adeudar, ó sea la partida del Arancel que ha de aplicársele, cuando son frecuentes los casos en que solamente el criterio de los empleados ó de otras personas peritas puede resolver la aplicación de derechos que corresponde á ciertos artículos que, ó no están comprendidos en el Arancel, ó es muy difícil clasificarlos. Sucede en ocasiones que, consultada la Administración de Aduanas sobre el adeudo de un artículo, son tan encontrados los pareceres, que el comerciante se ve en la precisión de declarar contra su criterio y aun en contra de sus intereses por una partida gravada con fuertes derechos, para evitar la imposición de multas y la formación de expedientes.

Para que la legislación, en esta parte, sea leal y franca, y deje de ser una espada suspendida sobre el Comercio de buena fe, bastaría consignar: «Que en los casos dudosos acerca del derecho que corresponda imponer á cualquiera mercancía, la Administración de Aduanas emitirá dictamen sobre muestra que se acompañará á la solicitud del interesado, y en el caso de no conformarse el adeudante con dicho dictamen, expresará esta circunstancia en la declaración, y se formará expediente para resolver acerca de la partida por la que deba adeudar.»

Con esta salvedad, quedaría libre el adeudante de la imposición de recargo por la diferencia de derechos, sea cual fuere el resultado del expediente.

La condición 2.a del caso 11 del mismo art. 67 pudiera modificarse en términos que, sin daño de los intereses públicos, fuesen mejor atendidos los particulares; pues suele ser muy perjudicial para el comercio el que no pueda hacerse el despacho de parte de una declaración sin estar totalmente puntualizada ésta, ya que algunas veces no depende de la voluntad del receptor llenar cumplidamente ese requisito; y si se quiere evitar cualquier abuso que pudiera cometerse á la sombra de la facultad de puntualizar el resto después de despachada parte, se conseguiría, disponiendo «que no tendrá compensación lo que no estuviere puntualizado con lo que ya lo estaba al pedir el despacho parcial.»

Otra de las reformas convenientes al comercio sería la que, ampliando el objeto del art. 68, dispusiese que «los consignatarios puedan pedir el
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»reconocimiento previo de los bultos, debiendo la Administración concederlo en un plazo que no exceda de cuarenta y ocho horas.»

Ninguna observación hará esta Junta en cuanto á los acuerdos, con mucho acierto adoptados respecto al tránsito, trasbordo de mercancías, y al comercio de cabotaje, limitándose á repetir lo que ha tenido el honor de manifestar al principio, respecto á las facilidades que deben darse para que las mercancías importadas por tierra puedan ir de tránsito á despacharse en la Aduana del punto á que se destinen.

Antes de pasar á otro punto, y siguiendo el método establecido en las mismas Ordenanzas, esta Junta tocará, siquiera sea muy de ligero, la importante cuestión de las formalidades y trámites que disponen los artículos 87 y siguientes, para el despacho de las mercancías. Lo delicado del asunto no permite á esta Junta puntualizar ninguna de las modificaciones que en esta parte convenga introducir, tanto menos, cuanto que, si bien no detalladamente, le consta que la Comisión de reforma propone ya la supresión de algunas formalidades. Sin embargo, son tantas éstas, y tan complicados los trámites de documentación establecidos, que no estará de más insistir, por interés del Comercio y del buen servicio, en la necesidad de que se llegue á la mayor simplificación posible, á fin de imprimir toda la actividad indispensable á esos actos administrativos, ahorrando pasos y trabajo, y consiguiendo así en las operaciones necesarias para el despacho la rapidez que los asuntos comerciales exigen.

Tampoco precisará esta Junta los puntos que conviene sean objeto de reforma en las numerosas y complicadas observancias que las Ordenanzas imponen para el embarque y expedición de mercancías; porque cree que á la alta Administración toca pesar los inconvenientes de todo exceso ó falta de fiscalización; y únicamente rogar á V. E. que, dentro de lo posible y conveniente, sea en esto, como en lo demás, un hecho real y positivo la simplificación de formalidades y documentos.

El art. 99 exige asimismo inmediata reforma; pues si bien nada es más justo que donde quiera que se encuentre un error, se subsane, una vez demostrado, también lo es que la reciprocidad de derechos sea la base en que se apoye todo contrato, lo mismo entre particulares que entre estos y la Administración. Por eso no parece justo ni procedente que si el comerciante no puede reclamar sino en el término de cuatro meses por los errores que se padezcan en la liquidación ó en el pago, y por el término de un año en equivocaciones comprobables en el mismo aforo, la Hacienda se reserve el derecho de hacer dichas reclamaciones hasta pasados cinco años; y la equidad y la justicia reclaman, no sólo que los plazos sean iguales para una
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y otra parte, sino que esa responsabilidad por parte del comerciante cese de subsistir durante un tiempo tan prolongado.

Limitese el plazo recíproco á seis meses ó á un año todo lo más para que no se abdique por parte de la Hacienda el derecho á fiscalizar las mismas operaciones de las Aduanas, que, según el art. 100, el Administrador deberá hacer revisar para comprobar los adeudos y liquidaciones; aun cuando con arreglo al mismo art. 100, lo más justo sería que toda operación sancionada por las Aduanas, fuese firme después de transcurrido el plazo que en el mismo se fija; pero si esto no puede ser, establézcase uno dentro del cual el aduendante pueda soportar sin gran quebranto una reclamación que, á veces, puede llegar á ser ruinosa para él ó para su familia subsistiendo el largo plazo de cinco años.

Poco ó nada tendría que manifestar esta Junta sobre el punto de que trata la base 7.ª acordada por la Comisión de reforma, si este punto no fuese objeto de viva controversia y de apasionadas reclamaciones.

En concepto de esta Junta, el capítulo VIII del título 3.º de las Ordenanzas, que trata de la Circulación interior, está perfectamente ordenado: si alguna queja atendible pudieran suscitar sus acertadísimas disposiciones sería la que produjesen los comerciantes de géneros coloniales, así como también los productores de azúcares peninsulares, únicos para quienes subsisten la zona terrestre y la formalidad de las guías ó otros requisitos equivalentes; ó bien la que pudieran formular los fabricantes de tejidos nacionales, que, aun cumpliendo estrictamente lo preceptuado en el art. 178, se han visto muchas veces molestados y entorpecidos en las legítimas operaciones de su industria por la suspicacia ó el celo inmoderado de los encargados de aplicar la ley. Sin embargo, ninguno de ellos se queja, y antes al contrario, se conforman con la legislación vigente, aun á riesgo de que sea interpretada en ocasiones de un modo violento y duro.

Esa legislación se halla plenamente justificada por los motivos expuestos en el preámbulo al Decreto expedido por el Ministerio de Hacienda en 18 de Diciembre de 1874, que la estableció. Tuvo aquel Decreto por objeto cortar abusos y fraudes que habían llegado á producir escándalo, y al mismo tiempo, «restablecer en toda su plenitud la libertad de circulación establecida en las Ordenanzas de 1870, y aminorada sin provecho en 1873.»

El medio ideado para cortar tales abusos, decía el Ministro de Hacienda, «consiste en exigir á los tejidos y ropas, que conserven en todas partes, mientras no se vendan en detalle para el consumo, el signo de su legítima introducción, que es el marchamo; precepto tan sencillo, tan fácil de obedecer y de tan evidente eficacia, no puede ser rechazado ni combatido sino por los contrabandistas ó sus irreflexivos favorecedores.»

Y en efecto, es así; no comprendiéndose cómo puede haber entidades respetables en el Comercio que combatan una medida tan sencilla y cuya eficacia ha demostrado la experiencia. Digase lo que se quiera, no puede