El Eco de la producción (1883-07-15 00:00:00), página 22

instituciones y costumbres. Pero el Ministro que en 18 de Noviembre de 1874 regía el departamento de Hacienda, lejos de emplear medidas de rigor, buscó y supo encontrar el medio de reprimir el fraude, sin restringir, antes bien ampliando en toda su plenitud la libertad de circulación; puesto que suprimió completamente la zona fiscal para todo género de mercancías, excepto los frutos coloniales y los azúcares de producción peninsular, y únicamente exigió que los tejidos y ropas de fabricación extranjera debiesen conservar en todo el reino, mientras no fuesen vendidos para el consumo, el signo de su legítima introducción, que es el sello de marchamo que les impone la Aduana; y que los de fabricación nacional conservaran en igual forma la marca de la respectiva fábrica.

Estas son las disposiciones hoy vigentes en la materia. «Precepto tan sencillo, decía el Ministro que las dictó, tan fácil de obedecer y de tan evidente eficacia no podrá ser rechazado ni combatido sino por los contrabandistas y sus irrellexivos favorecedores: el comerciante de buena fé, que se presenta en las Aduanas y paga sus derechos, aceptará con agradecimiento el pequeño sismo cuidado que se le impone de no perder los sellos adheridos á sus tejidos y ropas; y el fabricante nacional, por su parte, aceptará también gustoso la obligación de poner su marca á los productos de su industria, á trueque de verse garantido contra ilegítimas concurrencias.»—Y como esta medida iba acompañada de la supresión de las guías... y como el comerciante no necesitó ya garantías especiales ni excepcionales formalidades para terrenos determinados, que es lo que más embaraza el movimiento de la mercancía, el Ministro de Hacienda de 1874 creyó hacer cuanto era dable en beneficio del comercio, de la industria y del Tesoro al proponer dicha medida, contra la cual claman hoy algunos comerciantes.

Los efectos de las disposiciones contenidas en el citado Decreto, traspasadas luego al Capítulo VIII, del Título 3.º de las Ordenanzas de Aduanas, indudablemente han sido beneficiosos para el Tesoro, según ha demostrado la experiencia; pues á ellas se deben, junto con otras causas, los rendimientos siempre crecientes de las Aduanas, sobre todo desde que, en 1877 y 1878, se reforzaron los derechos de importación y los llamados transitorios sobre un considerable número de mercancías. Gracias á aquellas disposiciones, han cesado los grandes fraudes, que obligaron al Gobierno á conceder un plazo para legalizar las importaciones ilícitas; ha sido posible descubrir confabulaciones culpables de gran monta, que de otro modo tal vez habrían quedado desconocidas e impunes, y han desaparecido las corrientes de contrabando establecidas al arrimo de falsas fábricas, situadas ad hoc á la inmediación de las fronteras.

Tales resultados no pueden menos de favorecer á la industria y al comercio de buena fé, reduciendo á muy estrechos límites la acción perturbadora del contrabando; lo cual, si no compensa ni justifica las molestias que en algunas, aunque raras, ocasiones suelen inferirse al industrial ó al comerciante, ofrece á éstos, en general, ventajas de muy alto precio, á las cuales no se debe renunciar; tanto menos cuanto que en el Capítulo II, Título 3.º del Real Decreto de 20 de Junio de 1852 se fijan reglas y se previenen los requisitos indispensables para poder entrar en el domicilio en caso necesario, bajo la responsabilidad de las Autoridades judiciales ó administrativas que acuerden los reconocimientos, dejando á los interesados su derecho á salvo para pedir la reparación que haya lugar. Y en suma, si estas disposiciones no prestasen suficientes garantías al derecho y al interés privado contra las demasías de la Administración, dénsese otras más efectivas y eficaces; pero no por eso se renuncie á la ley que defiende la libertad y el derecho de todos.

En consideración á lo expuesto, la Junta Directiva de este INSTITUTO DE FOMENTO

A las Cortes respetuosamente suplica se dignen mantener en vigor las disposiciones contenidas en el Capítulo VIII del Título 3.º, artículos 478 y siguientes de las Ordenanzas generales de la renta de Aduanas; y en caso de modificación acordar