El Eco de la producción (1883-10-16 00:00:00), página 13

res y representantes, en el que figurarán las fincas con el número de inscripción en el registro de medición y clasificación, la partida en que radican, la cabida expresada en medida métrica, el cultivo y su clase, y la utilidad que corresponde á la unidad hectárea y el conjunto de la parcela en la rústica, y la renta sólo en la urbana.

7.º De un resumen general por cultivos y agrupaciones de edificios.
8.º De una relación nominal de la ganadería y su resumen.
9.º De una relación individual de la riqueza imponible por cada uno de los tres conceptos que comprende la territorial.
10.º Del registro general de las fincas rústicas y urbanas, en el orden que se hayan inscrito en el terreno, para la perfecta conservación y su fácil rectificación cada diez años. Toda la colección duplicada.

Una Junta central compuesta de Arquitectos, Ingenieros Agrónomos y de Montes, Jefes del Instituto Geográfico y miembros de la Asociación de Agrimensores de España, propondrá á la Dirección general de Contribuciones, en breve plazo, bajo la base de 1.800 millones de riqueza imponible, el cupo proporcional de cada provincia en los tres conceptos de rústica, urbana y pecuaria; y dicha Junta tendrá, además, el carácter de consultiva en cuantas cuestiones tributarias de carácter general se susciten y dependa su resolución de la Dirección.

Unas Inspecciones de provincia, compuestas de Arquitectos ó Ingenieros ó miembros de la Asociación de Agrimensores, propondrán á la Dirección el reparto de los cupos provinciales entre los partidos judiciales, oyendo el parecer de las Diputaciones respectivas, y su misión se extenderá, además, á inspeccionar, dirigir, vigilar y comprobar todos los trabajos regionales y parcelarios del Catastro.

Habrá también unas Juntas regionales, compuestas del Registrador de la propiedad y Notarios de la cabeza de partido, el agente de contribuciones, un representante de cada Junta municipal y los Inspectores provinciales que actuarán como Secretarios. La misión de estas Juntas será determinar y graduar los tipos de evaluación de cada grupo, en los tres conceptos, en los distritos que comprenda la región. Finalmente, á las actuales Juntas municipales del amillaramiento estará reservado evaluar y clasificar, con arreglo á ciertas prescripciones y determinados límites, que ni puedan aumentar ni disminuir, ostensiblemente, la riqueza parcelaria que en sus respectivas localidades resulte de los trabajos practicados por los geómetras.

Todas las operaciones del Catastro quedarán terminadas en el corto plazo de diez años, subdividiéndolas en cuatro, cinco y seis provincias en cada uno, según sus dimensiones ó importancia, y el personal dedicado á ellas se compondrá de Ingenieros agrónomos y de montes, Arquitectos, Maestros de obras, Peritos agrícolas y agrimensores, en sus diferentes denominaciones, y Topógrafos.

Partiendo de una riqueza imponible de 1.800 millones de pesetas, que por cálculos muy racionales é inequívocos resultan (1), la Junta central la distribuirá proporcionalmente entre cada provincia, y las Inspecciones fijarán el correspondiente al partido, cuyos cupos serán fijos e inmutables en diez años.

El tipo de imposición se consignará por Ley del Estado en el 10 por 100; pero será obligatoria la rectificación decenal de la evaluación, en virtud de las alteraciones que, constantemente y en sentido progresivo, experimenta la propiedad. A este fin y los estudios constantes que exige, se creará un personal permanente de conservación del Catastro, que facilite, para los efectos tributarios, las traslaciones de dominio de la propiedad de menor cuantía; de consiguiente, la conservación del Catastro será también continua.

(1) Creemos que, en esto, se parte de una mera hipótesis. El dato nos parece exagerado, por más que realmente exista una ocultación considerable.—Nota de El Eco.