El Eco de la producción (1881-11-16 00:00:00), página 15

niente aplazarla. Era su intención, según claramente se dice en documentos oficiales de los que las Cortes tienen conocimiento, que dos años eran tiempo bastante para aliviar las desgracias que la guerra civil había causado y para restablecer en toda su fuerza el imperio de la ley.

Acordóse la suspension del planteamiento de la base 5.a del Arancel por Real decreto de 17 de Junio de 1875, que fué declarado ley del Reino en 17 de Julio de 1876, sin fijar el plazo en que debía cesar la suspension, cuyo extremo se dejaba á la resolución de las Cortes.

Van pasados seis años desde que se llevó á cabo la suspension. Ha trascurrido con exceso el período dentro de cuyos límites el Gobierno que la acordó pensaba mantenerla; la paz ejerce su benéfica influencia en todo el ámbito de la Monarquía española: los gérmenes de la pública riqueza se han desarrollado con potente fuerza, la agricultura está próspera, la industria potente, el comercio activo como en ningún otro período histórico, y lo que es también oportuno recordar por el encadenamiento de los sucesos, ha venido á cumplirse la doble aspiración de los que en 1869 se encontraron refractarios á la reforma; las bases del Arancel han permanecido inalteradas durante 12 años, y no el Gobierno, sino las Cortes son las llamadas á fijar el planteamiento de la base 5.a.

La situación arancelaria actual entraña gravísimos inconvenientes. Inseguro el comercio respecto al momento en que ha de principiar la reducción de determinados derechos de Aduanas, se halla cohibido en sus transacciones, que la prudencia le obliga á no realizar en la escala ni en los plazos que pudieran facilitarle mayores garantías y más seguras, y la industria fluctúa indecisa ante la precisión de acumular mayores acopios de materias primeras, y de adaptar su trabajo y sus artefactos á las nuevas necesidades que acarrea á la producción manufacturera toda novedad arancelaria encaminada al acrecentamiento del consumo.

Conviene, pues, á los intereses generales del país que esta situación ambigua e irregular tenga fin, y cumple el Gobierno iniciar esta cuestión para que las Cortes en su sabiduría discutan y resuelvan lo mejor para el desarrollo y el progreso de la suma de intereses grandes, diversos y no siempre armónicos ni á veces compatibles, que en su conjunto forman el precioso tesoro de la riqueza patria.

Las Cortes y la Nación se encuentran ante un sencillo dilema: ó la ley arancelaria de 1869 ha sido útil y beneficiosa, y en este caso deben desaparecer las trabas que se oponen á su desarrollo total, ó esta ley es un inconveniente y un peligro para el país, y entonces urge que se derogue y desaparezca.

La ley vigente de Aranceles ha recibido la sanción del tiempo. Su observancia durante 12 años, á pesar de la limitación que le impuso el Real decreto de 17 de Junio de 1875, permite juzgar de sus efectos bajo el doble aspecto con que debe ser considerada, como fuente de ingresos para el Erario y como regulador de la producción y del consumo.

Considerada como elemento de tributación la ley de 1869, ha causado el efecto natural, lógico y previsto de todas las leyes que alivian los impuestos dentro de límites justos y razonados. La ley de Aranceles de 1869 ha determinado un notable aumento en los ingresos de la renta de Aduanas.

Este impuesto, que producía al Tesoro unos 16 millones de pesetas anuales en el decenio de 1830 á 1840, por efecto de la ley de Aranceles de 1841 se elevó en los años que mediaron desde 1842 á 1848 á 26 millones de pesetas anuales, siendo el aumento de 64 por 100. La reforma de 1849 produjo un resultado análogo. La recaudación media del quinquenio de 1850 á 1854 fué de 40 millones de pesetas; esto es, el 53 por 100 de la obtenida en el período anteriormente considerado.

En el quinquenio que precedió inmediatamente á la reforma de 1869, ó sea en los años económicos de 1864-65 á 1868-69, la recaudación total de la renta de Aduanas apenas excedió de 53 millones de pesetas, y la especial producida por los