El Eco de la producción (1881-11-16 00:00:00), página 20

vas y grandes facilidades que España les ofrecía para el desarrollo de su comercio de exportación, nada nos concedieron para fomentar la nuestra.

Este inconveniente se salvó con universal aplauso por la ley de presupuestos de 1877-78, cuyo art. 35 facultó al Gobierno para imponer un recargo en los derechos de importación y en los de navegación para los productos, buques y procedencias de los países que de algún modo perjudiquen especialmente á nuestros productos y á nuestro comercio, y para no aplicar las reducciones de derechos que resultaren de la rectificación de los Aranceles de Aduanas, sino á los productos y procedencias de las naciones que otorguen á España el trato de la nación más favorecida.

Las apetecidas consecuencias de esta prudente medida, no se hicieron esperar. A los pocos meses la conclusión de un Convenio de Comercio con Francia hizo aplicables á las mercaderías españolas todos los derechos reducidos que el Arancel francés señala á los productos de las naciones ligadas con Francia por medio de tratados de comercio, y determinó un incremento en la salida de muchos artículos, y más particularmente de nuestros vinos, sujetos hasta entonces á su entrada en Francia á un derecho diferencial que entorpecía las transacciones comerciales con España.

Este feliz resultado aconseja el mantenimiento del principio á que es debido; con tanto más motivo, cuanto que puede llegar la eventualidad de aplicarlo en toda su extensión.

Los Gobiernos que se han sucedido en la dirección de la cosa pública desde 1869 no han podido llevar á feliz término, á pesar de los esfuerzos y del interés que en ello todos han manifestado, las negociaciones para un tratado de comercio con algunos países en cuyos mercados pudieran hallar ventajosa colocación los productos españoles, y más principalmente los vinos, si unos derechos aparentemente iguales para todas las naciones no estuvieran en realidad calculados de modo que los de España resulten recargados con exceso en beneficio de los de otras procedencias, y si con medidas ajenas al ramo de Aduanas, no se entorpeciera y á veces imposibilitara el comercio de otros artículos cuya exportación es una fuente de riqueza para algunas provincias españolas.

Conviene no hacer extensivas á estos países las bonificaciones que resulten de la aplicación de la base 5.a del Arancel, y conviene sobremanera, en estos momentos en que se renuevan los tratados de comercio entre varias naciones de Europa, que los poderes públicos continúen teniendo un fundamento de ley para gravar los productos y procedencias de los países que exacerben en detrimento del nuestro, los derechos diferenciales que tienen hoy establecidos.

Esta misma conducta podrá también tener que observarse hacia aquellas naciones con las cuales nos ligan tratados de comercio que, habiéndose utilizado de las rebajas que sucesivamente ha sufrido nuestro Arancel desde 1869, han aumentado los derechos que los suyos señalan á determinadas manufacturas españolas.

No es conveniente ni justo que á las naciones que de tal manera proceden se las haga partícipes de las rebajas de derechos que producirá la aplicación de la base 5.a, porque no existiría la debida equidad en el pacto que con ellas nos liga. Será indispensable, en bien de la producción nacional, reclamar á estas naciones determinadas facilidades para nuestro comercio de exportación en cambio de las nuevas que España les ofrece para el suyo.

Ante las eventualidades que estas circunstancias pueden acarrear, el Gobierno se cree obligado á proponer á las Cortes las medidas de prudencia que son necesarias para que la rebaja de los derechos del Arancel resulte provechosa, no sólo para facilitar la importación de productos extranjeros, sino para desarrollar la exportación de los nuestros, que es el fin más importante de nuestra política comercial.