El Eco de la producción (1881-11-16 00:00:00), página 14

una tercera ó cuarta parte de su cuantía; y si el Poder central se juzgó obligado á desautorizar tales innovaciones, halló en ellas la manifestación patente de las aspiraciones del país en lo referente al régimen aduanero.

La reforma era ineludible, y se imponía con tal fuerza, que ninguna vez la rechazó en el seno de las Cortes Constituyentes, y aquellos cuyas aspiraciones se mostraban contrarias al general deseo limitaron sus esfuerzos á retardar y entorpecer la reducción de los derechos de Aduanas.

Dando muestra de una prudencia, entonces mal apreciada, el eminente estadista que asumió la severa pero honrosísima responsabilidad de dotar al país de un Arancel que hiciera imposibles para lo futuro las prohibiciones, los monopolios y los privilegios, sujetó la reforma á bases tales, que requerían un período de 12 años para el desarrollo total del principio en que se inspiraban, y que por lo tanto concedían á las industrias que temían verse lastimadas con la baja de los derechos de Arancel, no un término para su total ruina y su muerte, como sin razón pretendieron, sino un período suficientemente amplio para que adquirieran con holgura su natural expansión y su necesario perfeccionamiento.

El principio cardinal de la reforma fué que los derechos arancelarios debían ser meramente fiscales, siendo su tipo máximo para la casi totalidad de las mercaderías el 15 por 100 del valor de estas en los puntos de adeudo de las costas y fronteras, y con el fin de realizar la transición del antiguo sistema protector al nuevo sistema fiscal, se admitieron unos recargos con el nombre de derechos extraordinarios que podían elevarse hasta la cifra máxima de 35 por 100 del valor de las mercancías sobre que pesaran, pero que debían quedar totalmente abolidos en un plazo de 12 años, esto es, en 1.º de Julio próximo pasado.

La base 5.ª de la reforma marca el modo de abolir los derechos extraordinarios: debían ser inalterables durante un período de seis años, esto es, hasta Julio de 1875; y rebajarse gradualmente del séptimo al duodécimo año, en cuya época necesitaban quedar reducidos al límite superior de los derechos fiscales. En el pormenor del Arancel se marcó que las bajas se harían por terceras partes, realizándose la primera en Julio de 1875, y las dos siguientes en el mismo mes de 1878 y de 1881.

Antes de que fuera llegado el momento de realizar la primera baja, el Gobierno que entonces dirigía la gestión de la cosa pública hubo de ocuparse de las exposiciones de algunos centros productores que solicitaban la suspensión de la reforma. Las desgracias que en aquellos tiempos pesaban sobre la Nación española motivaban suficientemente aquella súplica, y aconsejaban al Gobierno el aplazamiento de los preceptos de la base 5.ª del Arancel hasta tanto que la paz, que á toda costa se procuraba alcanzar, ejerciera su benéfica influencia en el desarrollo de la riqueza pública.

Pero si era justo y equitativo suspender los efectos de la ley de Aranceles á causa de lo azaroso de los tiempos, no era en modo alguno conveniente ni legal que con pretexto de aquel malestar se destruyera ó aplazara indefinidamente la continuación de la reforma de 1869.

Así lo entendió el Ministro que tiene hoy la honra de dirigirse á las Cortes; y para aguillatar en su justo valor la intensidad de los males que se sufrían y la extensión de los medios que para contrarrestarlos se necesitaban, dispuso la práctica de las indispensables investigaciones con el fin de depurar toda la verdad de los hechos y no inferir agravio á la industria nacional.

Los acontecimientos políticos confirman á su inmediato sucesor la misión de resolver una cuestión de tamaña importancia; y aunque de los datos oficiales que se reunieron, y del dictamen del Consejo de Estado, que se consultó en pleno, después de oír la Sección de Hacienda, no resultó suficientemente probada la necesidad indispensable de la suspensión de la reforma, estimó el Gobierno conve-