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El Eco de la producción (1880-07-16 00:00:00), página 7

siembran una semilla, que no podrá menos de fructificar de mil maneras. Y á esta tendencia han debido obedecer asimismo las Cortes, al votar la Ley novísima, y S. M. el Rey al sancionarla, según se desprende de los extremos que abraza su contexto, que vamos á extraer fielmente, para conocimiento de nuestros lectores.

El Gobierno promoverá, por cuantos medios estén á su alcance, la instalacion de Cajas de ahorros y Montes de Piedad en las capitales y poblaciones más importantes donde no existan, examinando y aprobando, según proceda, los Estatutos ó Reglamentos de cada institucion de esta clase, interin no aconsejen la práctica y el estudio del asunto una organización uniforme ó general de estos servicios. Al efecto, y teniendo en cuenta la íntima relación y armonía que existe en la esencia y móviles de unas y otras instituciones, se procurará que se establezcan unidas, á fin de que reciprocamente se auxilien. Mas esto no deberá ser obstáculo, en ningún caso, para la instalación independiente ó aislada de un Monte, ó de una Caja de ahorros, siempre que para el sostenimiento del Monte se cuente con recursos propios, y que haya medio seguro de colocar los capitales de las Cajas en las atenciones que por los Estatutos ó Reglamentos aprobados se hubieren establecido.

El Gobierno, una vez señalada su tendencia á la extension y popularización de instituciones de esta índole, no podía abandonarlas á la mera iniciativa particular, só pena de crear la divergencia y ocasionar tal vez los abusos; y por esta causa, se consigna que estarán bajo su protectorado y el de sus Autoridades delegadas, y que serán consideradas como instituciones de Beneficencia; siendo, sin embargo, de desear que en la práctica no vaya más allá la intervención gubernativa, que sabido es cuán perjudicial resulta si es extremada, sobre todo en un país en que todo se vuelve fácilmente enojosa fiscalización y absurdo expediente.

A semejanza de lo que en otros países está ya en uso desde hace muchos años, previense que el Gobierno promoverá y estimulará también el establecimiento de Cajas de ahorros escolares en las escuelas e institutos de primera y segunda enseñanza, principalmente en las poblaciones donde existan Cajas de ahorros ó haya medios fáciles de comunicación, aplicando al efecto aquellos sistemas de organización que parezcan más sencillos y provechosos. No alcanzamos en este punto á comprender por qué causa se limita el beneficio á los escolares de la enseñanza de primera y segunda categoría. Creemos que nada se hubiera perdido extendiéndolo á los alumnos de enseñanza superior, que por lo comun habitan los grandes centros durante una buena parte del año, y entre quienes es de suma necesidad introducir hábitos de orden y economía, siquiera para contrarrestar en parte los múltiples alicientes con que procuran atraerlos el vicio y la corrupción de costumbres.

Así los Montes como las Cajas han menester ciertas privilegiadas condiciones, que motiva suficientemente su índole benéfica y civilizadora, y sin
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cuyo auxilio estarían las más de las veces impedidas de llenar cumplidamente su misión. En este concepto, determina la Ley que nos ocupa que, teniendo por principal objeto los Montes de Piedad auxiliar á las clases necesitadas con préstamos á módico interés, mediante garantía pretoria, cualquiera que se considere con derecho preferente á la garantía del empeño deberá acreditarlo ante los Tribunales, y el Monte podrá conservar en su poder el objeto litigioso, sea cualquiera la acción que se ejerzite, hasta que por sentencia ejecutoria se decida sobre la propiedad. Además, exceptúase á los Montes de Piedad regidos por Estatutos que hubiere aprobado el Gobierno, de lo dispuesto en el art. 17 del Real decreto de 12 de Setiembre de 1861, acerca del uso del papel sellado en los préstamos y depósitos de cantidades y efectos, siempre que el importe no exceda de la suma de 250 pesetas. El empleo del sello de recibo por los imponentes en las Cajas de ahorros, así mismo autorizadas, se limitará á los resguardos de los saldos definitivos de imposiciones superiores á 75 pesetas, quedando eximidos unos y otros establecimientos de fijar dicho sello en sus cuentas y balances.

Finalmente, se declara exentos á los Montes de Piedad y Cajas de ahorros de toda responsabilidad anterior en el uso del timbre.

Tal es la Ley, por muchos conceptos digna de alabanza, cuya aparición debíamos saludar y saludamos con verdadera complacencia, faltando sólo que, cual ha sucedido tantas veces, en ocasiones análogas, no se frustren los mejores propósitos de sus autores en la inercia y apatía con que nuestra defectuosa Administración suele secundar las más útiles tendencias legislativas.

Á evitarlo encaminase sin duda la circular á los Gobernadores que el Sr. Ministro de la Gobernación dictó con fecha 2 del corriente, previniéndoles que dén en cada mes conocimiento á la Dirección general de Beneficencia y Sanidad, así de las medidas adoptadas en la materia, como de los resultados que se hubieren obtenido, y que por todo el presente remitan los datos estadísticos que se les indican por medio de formularios adjuntos.

Secúndese, pues, con celo y energía la iniciativa del Poder Central; y si se consigue generalizar, sobre todo en provincias donde son casi desconocidas, las instituciones en que el Legislador ha fijado su preferente interés, en bien de la cultura pública, la sociedad estará de enhorabuena, y el país habrá tenido una de esas raras ocasiones que se le presentan para tributar á nuestros Gobiernos unánimes aplausos.

I. M. DE FERRAN.

APUNTES PARA LA HISTORIA DE UN MAL NEGOCIO.

(Continuacion.)

En un suelto que publica nuestro colega La Mañana, nos llaman la atención las siguientes líneas:
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«Uno de los momentos más peligrosos para los grandes intereses del país, y entre ellos los de las clases productoras, es aquel en que dispersados sus representantes, en vacaciones los Cuerpos Consultivos, ausentes de sus puestos algunos directores ó algunos ministros, pueden sin obstáculo poner mano en determinados asuntos, un ministro que presume de iniciativa ó de gran conocimiento del caso, y algún director afanoso por realizar determinados proyectos.

Cuestiones de estas en cartera hay muchas; una de ellas es la ley orgánica de instrucción pública; otra de ellas podría ser..... alguna que afectara profundamente los intereses de la producción española.»

No parece dudoso, que aquí se alude al tratado que se anhela celebrar con Inglaterra, cuyas negociaciones marchan bien, al decir de La Epoca. Este periódico vino á reconocer, por fin, que la Gran Bretaña ha formulado pretensiones análogas á las indicadas por La Mañana; pretensiones que hemos dado á conocer á nuestros lectores, y que—¡tales son ellas!—han merecido la protesta de los librecambistas, por conducto de La Crónica de la Industria, y la oposición de El Liberal.»

Á propósito de esto, conviene consignar que la citada Crónica ha dado un nuevo giro á las opiniones que, hace tres años, profesaban sus redactores. Comparando, aunque mal, las importaciones de vinos tintos y generosos de Francia, España y Portugal en Inglaterra, dice aquel periódico:

«No nos cansaremos de recordar á nuestros vinateros que deberian sacar de estas cifras una leccion útilísima, y es, que les conviene de todo pundo estudiar el medio de reducir la graduacion de algunos vinos, toda vez que es muy problemático por ahora que se reduzca la escala alcoholica inglesa para los vinos españoles.»

Tal era la opinión expresada por el Instituto Industrial de Cataluña, en una exposición que elevó al Ministerio de Hacienda, en 9 de Agosto de 1877, y que le valió los anatemas de los hombres de La Crónica de la Industria.

Pero aquella benemérita corporación, previendo lo que ahora pasa, dijo entonces: «Algo peor que esto puede sucedernos, si la Inglaterra, en vista de nuestra obcecacion, se decide á otorgarnos algún favor, mediante un tratado: entonces nos enseñará la experiencia, que España sacrificó su porvenir á la consecución de un bien quimérico; porque los vinos españoles, mientras no cambien sus condiciones naturales, se hallan destinados á desaparecer del consumo inglés.»

¿Qué desean los ingleses? Por una parte, posesionarse del mercado de la Peninsula para la expedición de sus manufacturas: por otra, según dicen los señores Gilbay, los más ricos importadores de vinos en Inglaterra, en un comunicado dirigido al Times, los ingleses desean «que aumente en aquella nación el consumo de vinos poco alcoholizados.» Para esto proponen dichos señores, «que se establezca un chelin por galón, como ahora, para los vinos de 26 grados, y de aquí arriba un aumento de un penique por galón y grado.»

No era de este parecer nuestro Gobierno, quien, según La Epoca, «será
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EL ECO DE LA PRODUCCION.

SECCION DOCTRINAL.

La necesidad de dar salida á varios materiales acumulados, y entre otros á los correspondientes á la parte legislativa, nos obliga á retirar algunos trabajos destinados á esta seccion.

LA MENDIGUEZ.

La mendiguez, como modo de ser sistemático, convertido en oficio de gran número de personas, constituye en todo pueblo y en todo tiempo una repulsiva y honda llaga social, que á su vez reviste la gravedad de uno de los síntomas más funestos que presentarse puedan para sospechar con fundamento la existencia de gérmenes de descomposicion y desgobierno, que por el cuerpo de la sociedad no han de tardar en difundir su ponzoñosa influencia. Pero cuando tan doloroso espectáculo aparece en el seno de los grandes centros de poblacion y en los emporios industriales, cuando en ellos se aclima ta y normaliza, cuando se convierte en habitual, cuando no se consigue ponerle eficaz remedio á pesar de los inmensos recursos de que para ello disponen esos centros, cuando, en fin, léjos de columbrarse una tendencia á la aminoración del mal, todo acusa que sus raíces profundizan y se robustecen cada día más, entonces la mendiguez forma tan visible contraste con el espíritu de actividad, con el amor al trabajo, con los progresos industriales y artísticos y con los elementos de riqueza que se ostentan por do quier, que ya no hay modo fácil de explicarlo, ni acierta el espíritu pensador á connaturalizarse con el mismo en manera alguna.

Tal sucede, desde hace bastante tiempo, en Barcelona.

¿Por qué alberga Barcelona tantos mendigos? ¿Por qué un pueblo que se precia de culto, rico, inteligente y activo los consiente en su seno? ¿Por qué no los recoge y socorre? ¿Por qué se condena á los corazones medianamente sensibles—y debemos suponer que algunos miles de ellos habrá, siquiera se trate de sujetos dados al negocio, en una poblacion que fluctúa entre dos y trescientas mil almas,—por qué se los condena á la insoportable tortura que produce la imposibilidad de otorgar una limosna á los centena-
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res de infelices que la piden haciéndose una concurrencia para ellos desastrosa, á veces á cuatro pasos de distancia unos de otros, sin que entre los mismos sea posible distinguir—tal es la infinita variedad de casos y especies—al falso mendigo del verdadero y digno de lástima?

¿Por qué?.....

¡Sabe Dios las infinitas veces que nos hemos dirigido estas preguntas con el alma atribulada, y apartando la vista amargamente impresionados!...

Y si buscamos explicaciones plausibles, no las hallamos en la falta de disposiciones legislativas previsoras y humanitarias, sino cabalmente en su total ignorancia e incumplimiento, en el incautiable abandono de ciertas autoridades municipales y provinciales, que escudadas por la impunidad á que sus superiores gerárquicos las acostumbran, dejan cosas de tanta monta y mantienen sin remedio llagas sociales tan asquerosas, mientras con ridiculez seriedad se ocupan en cosas harto baladíes, cuando no en intrigas y negocios de mal género, méngua y vilipendio de una civilización sólo decantada y puramente nominal. Hallámoslas también en otro defecto, que nos es congénito y característico: en la manía de basar nuestra legislación en la que tomamos de otros países, sin tener jamás en cuenta las diferencias profundas que por causa del clima, de las costumbres, de la ignorancia, etc., etc., nos separan de los mismos; por donde necesariamente ha de resultar, y en efecto resulta, que los mejores deseos del legislador son siempre de todo punto ineficaces para el logro del remedio que al parecer se busca y apetece.

No de otra suerte comprendemos que mal tan antiguo como el de la mendiguez, y que con tan favorables condiciones se desarrolla, medra y se propaga entre nosotros, sea combatido con tan escasa inteligencia y tal inhabilidad, que como no se varíe de rumbo, no es posible esperar que se atenúe en lo más mínimo. No de otra suerte nos resignamos á presenciar su indefinida continuación.

«La mendiguez—dice á este propósito un escritor muy autorizado en tales materias—no es un vicio contemporáneo, sino tan antiguo, que trae su origen de la emancipacion de los esclavos. Mientras hubo esclavitud apenas fué conocida esta llaga, porque cada señor, movido de piedad, de gratitud ó del interés, velaba por la conservacion de las familias que enriquecían su patrimonio. Con la libertad del trabajo vinieron los quebrantos, porque el humilde propietario, el mensstral desvalído y el jornalero desprovisto de recursos empezaron á padecer los rigores de la estacion, las inclemencias del cielo, los efectos de la guerra, las crisis de la industria y del comercio y todos los demás accidentes de la vida que agravan la miseria de los pueblos. La ignorancia, el vicio, la falta de prevision y economía, que antes no aumentaban el infortunio de los pobres, con la libertad del trabajo, son culpas de que el hambre, la desnudez y el desamparo de sus hijos les pidan
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residencia. Entonces imploran los dones de la caridad pública, ó perecen abandonados de todo el mundo, porque la ley, al hacerlos libres, los hizo también responsables.»

El Código penal, antes de su reforma—arts. 263 al 266,—consideró delito pedir habitualmente limosna sin la debida licencia, y castigaba al mendigo que bajo un motivo falso la hubiese obtenido, ó si continuase mendigando después de haber cesado la causa del permiso. «En efecto, hay un interés de orden público en prohibir á todo hombre válido que implore de la caridad la subsistencia que debe ganar á costa de su trabajo. Es una ley de la naturaleza y de la sociedad comer el pan regado con el sudor del rostro, y quien la quebranta, manteniéndose en un ócio voluntario, y vive, como las plantas parásitas, á expensas de otro individuo, es un miembro pernicioso del Estado, cuya conducta merece severa represión y castigo.

Mas si el pobre es inválido y la Administración le niega todo socorro, al pedir limosna obedece á la ley suprema de su conservación, sin causar la más leve ofensa al Estado, porque si la beneficencia le cierra sus puertas, ¿á dónde llamará, si no es á las puertas de la caridad?»

Dedúcense de estas sencillas reflexiones dos consecuencias á cual más obvia. Primera, que ninguna nación bien ordenada deberá tener mendigos, ya que la multiplicación de asilos para los pobres haría innecesaria la limosna, al menos como recurso habitual. Segunda, que donde quiera que la caridad social no alcance á tal grado de perfección y de elementos, allí será de rigor que exista una prudente policía para la mendicidad.

Pero ¿cuáles habrán de ser las bases ó cimientos de semejante rama de las leyes administrativas ó benéficas?

Según el citado escritor, toda legislación acerca de los mendigos debe descansar en un principio, á saber, que la mendicidad no se ejerza sin licencia expresa y muy fundada de las autoridades. El permiso para implorar la caridad del público es una garantía en favor de la sociedad y del mendigo: de aquella, porque la ley no puede consentir que bajo el manto de la indigencia y de la incapacidad física se oculten vicios horribles, costumbres depravadas, y tal vez se maquine contra el bien general del Estado; de éste, porque distinguiendo el verdadero pobre del mendigo de profesión, la caridad pública será más liberal y sus dones se repartirán entre un número menor de necesitados.»

No faltan, sin embargo, quienes, como Duchatel—De la charité,—proponen la libertad omnívoda de implorar la caridad pública, porque, dicen, «el pobre debe concedérsele la libertad de mendigar, como al obrero la libertad de industria y la libertad personal á todos los miembros del Estado. Suprimir la mendicidad sin violar las reglas de la justicia es, según ellos, destruir la parte más afrentosa y degradante de la miseria; pero ni la prisión ni la cadena remedian la miseria, ni la eficacia de todo el Código penal alcanza á aliviar lo que el óbolo de la limosna. El infeliz padre de familia que carece de pan, cuyos recursos están agotados y cuyas facultades se nie-
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gan á todo trabajo, no tiene otro medio de evitar la muerte y de sustentar á su familia que mendigar. Si las leyes de policía se ejecutan con rigor, castigan en él la miseria, el delito de ser pobre y de estar enfermo, y el de experimentar en su vida necesidades que son comunes á todos los hombres.»

Disconformes nosotros con esta doctrina, debemos decir de ella que, con el autor antes aludido, la consideramos, si bella bajo las apariencias del sentimentalismo, errónea de todo punto bajo un sano criterio administrativo; porque la máxima sublime de San Vicente de Paul, según la cual la caridad sólo debe cerrar los ojos y abrir los brazos, cierta como legítima aplicación de la moral más pura, no podrá nunca aplicarse como regla de derecho ni como principio de gobierno. «Una ley de pobres, dice con razón abarca y combina muy distintos intereses, políticos, económicos, de orden público, morales y religiosos. Al legislador corresponde pesarlos con imparcialidad, y en caso de dudas, inclinarse á favorecer toda solución que más se acerque á la moral. Cerrar los ojos á los abusos de la mendicidad y confundir el verdadero con el falso pobre, es abandonar la sociedad á esta lepra moderna que la consume, á esa enfermedad lenta que la mina. Por el contrario, establecer una justa diferencia entre el infortunio y el vicio, es dispensar al pobre una protección legítima, reducir la pobreza, hacerla inofensiva, acrecer el bienestar y mantener la paz pública.»

Y ¿qué es lo que en España tiene establecido la legislación, para evitar tamañas confusiones y procurar tan precisos remedios?

¡Ah! Legislación no falta, ni antigua, ni previsora. Lo que falta es su aplicación, su observancia.

De antiguo habían reconocido nuestros Reyes legisladores, que aquí es preciso obrar con más severidad y rigidez que en parte alguna contra la mendicidad constituida en vicio, por lo mismo que aquí, más que en parte alguna, la ignorancia, el clima y la misma feracidad del suelo ofrecen poderosos estímulos á la holganza.

Para convencerse de ello, no hay sino leer la Ley XL, tit. V de la Partida 1.ª, reproducida en la Nov. Recopilación. «Algunos pobres hi ha—decía el venerable Alfonso el Sabio—que por sus trabajos ó por menesteres que han, podrían ganar de que visquiesen ellos et otros, et non lo facen, ante quieren andar por casas ajenas gobernándose; et á estos tales, por mayor derecho tiene Santa Iglesia de tollerles el comer que de gelo dar, porque ellos dejan de lo ganar podiéndolo hacer, et non quieren, ante tienen por mejor de lo haber por arlotería.» No hay sino examinar, con igual objeto, el «Ordenamiento de los menestrales,» hecho en las Cortes de Valladolid de 1351, donde el Rey D. Pedro mandó, «que ningunos omes ó mugeres que sean ó pertenezcan para labrar non anden baldíos, nin pidiendo, nin mendigando, mas que todos trabajen, é vivan por labor de sus manos, salvo aquellos ó aquellas que hubieren tales enfermedades ó lisiones, ó tan gran vejez, que non lo puedan hacer.»
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Por lo que hace á las antiguas Cortes de estos Reinos, en todas fué siempre sentida la urgencia de remediar tan inveterado mal; y en el seno de las celebradas en Valladolid en 1518 y 1523 solicitóse que los pobres no pudieran pedir fuera del lugar de su naturaleza, según así en efecto se dispuso, y en las de 1525 se pidió que aún en los pueblos de su naturaleza no anduviesen vagando los mendigos por las calles, sin licencia de alguna persona diputada por los Ayuntamientos para cuidar de este ramo de policía.

Idéntica en el fondo es la doctrina consignada en la Novísima Recopilación, y no menos conforme vemos á la que ha estado vigente hasta el día, la cual, en buena parte al méños, hálase por desgracia confundida con multitud de leyes ó disposiciones más especialmente represivas de la ociosidad y de la vagancia.

Viniendo al Derecho administrativo reciente, esto es, al Reglamento de Beneficencia, nos encontramos con que, cuando méños teóricamente, no es permitido pedir limosna bajo ningún título ni pretexto en los pueblos donde existen casas de socorro ó se distribuyen auxilios domiciliarios, cuidando las autoridades civiles de que esta prohibición sea guardada. En los restantes pueblos sólo puede pedir limosna quien tenga licencia por escrito de la autoridad local, después de bien informada del estado de pobreza y de sus motivos. Por otra parte, los Gobernadores de provincia han de disponer la traslación de los mendigos á los pueblos de su domicilio ó naturaleza, cuyas autoridades, previos los informes convenientes para conocer las verdaderas necesidades de cada uno, les prestarán los oportunos socorros.

Claro está que, como dice el anteriormente citado M. Duchatel, trasladar no es destruir, y que disponer una batida contra la miseria, es acosarla por un lado para que se refugie en otro, en donde tiene necesidad de igual asistencia. Sin embargo, aunque distemos infinito de considerar este procedimiento de otra suerte que como un expediente momentáneo, á no ser que al propio tiempo que á él se acude se sepan crear y mantener las instituciones de socorro y educación que conceptuamos indispensables, tampoco podemos rechazar la regla de conveniencia general de trasladar los mendigos á los puntos de su naturaleza ó vecindad, donde pueden ser bien distinguídos el mendigo de oficio y el verdaderamente necesitado, y si hay voluntad y recursos, pueda socorrerse á éste y castigarse á aquél en la medida de lo justo, sin dar lugar á la injusticia de que caiga un diluvio de pordioseros y lisiados sobre un sólo distrito municipal, sólo por constituir éste un gran centro de población y ofrecer cebo á la explotación de la miseria, con lo cual resulta ser una carga verdaderamente insosportable para los vecinos el socorrerlos á todos, lo mismo que el dejarlos á todos en el abandono que ha de acrecer sus males cada día.

Inférrese de lo que precede, que no nos faltan, como decíamos, disposiciones atinadas y previsoras: lo que nos falta es voluntad de cumplirlas y buena disposición para acatarlas.