El Eco de la producción (1881-01-16 00:00:00), página 27

Estudiando los motivos y considerandos en que se apoyan las varias disposiciones que acerca de esta renta se han dictado en nuestro país, se echa de ver que la Administración admite en principio, que no se gravan las primeras materias para la industria con el impuesto de consumos, y muy particularmente cuando los productos de esta misma industria están también gravados con aquel impuesto.

Afirmó la orden de 18 de Agosto de 1870 en el segundo de sus considerandos, que el espíritu de la Ley de 23 de Febrero de 1870 estableciendo los medios de cubrir los gastos de los presupuestos provinciales y municipales independientemente de los generales del Estado, es que en último término se puede gravar el consumo, pero no la industria ni el comercio, y aún esto cuando los arbitrios especiales y el repartimiento no alcanzán a cubrir las atenciones municipales y provinciales. Añade también que «de autorizar el impuesto sobre la sal o sobre otras primeras materias destinadas a la fabricación de artículos de consumo, resultaría que una especie pagaria dos ó más veces el mismo impuesto, una donde se empleara en la fabricación ó fuera objeto de comercio, y otra donde se consumiera en las necesidades ordinarias de la vida.» Igual fundamento invoca la orden de 23 de Junio de 1874, confirmando un acuerdo de la Comisión Provincial de Ciudad Real, por el que se declaró exento del arbitrio de consumos el aceite destinado a la fabricación de jabón, reclamado por el Ayuntamiento de Puerto Llano, citando las órdenes de 20 de Noviembre de 1873, 18 de Agosto de 1870, 11 de Mayo de 1872 y regla 3.a del artículo 131 de la Ley Municipal; y apoyándose también en el citado fundamento, sienta que el espíritu de la Ley es gravar en último término el consumo, pero no la industria ni el comercio, y no puede menos de estar exceptuado el aceite, cuando se emplea en la elaboración de jabones como primera é indispensable materia para formar dicho compuesto. Notables y curiosos en extremo son los considerandos en que se apoya la orden de 16 de Octubre de 1874, que declara exento del derecho de consumos el carbón mineral. Dice el primero, que siendo este combustible uno de los principales elementos de la industria y que, en sus grandes aplicaciones, del precio á que se obtiene depende en gran parte su desarrollo, por lo que se ha procurado siempre evitar toda medida que pudiera embarazar su tráfico y aumentar su valor, debe declararse exento; y el segundo añade, que su consumo es de tanta importancia en algunas industrias, que de imponerle el derecho de tarifa, pagarían por este concepto más del doble de lo que pagan por la contribución de subsidio, y que á otras se las arruinaria por completo, porque ese derecho representa las utilidades que hoy reporta el fabricante; y el último, que no debe ser comprendido en la excepción el que se destina al consumo doméstico, porque este se encuentra perfectamente dentro de las condiciones del impuesto; y en consecuencia se declaró 1.a, exento del pago de derechos de consumo el carbón de piedra que emplean en aparatos ó máquinas movidos por el vapor los industriales comprendidos en la tarifa 3.a de la contribución de subsidio; igualmente se declaró exento el que se dedique á la fundición de cualquiera clase de minerales y el que las empresas de ferrocarriles inviertan en las máquinas de arrastre y en los talleres de construcción ó recomposición de material; y 2.a, que el carbón de piedra libre de los expresados derechos se considere como en depósito doméstico para los efectos expresados en el caso 4.a del artículo 85 y en el 6.a, 7.a y 8.a del artículo 86 de la Instrucción de 23 de Junio de 1874.

La orden de 21 de Noviembre de 1874, por iguales motivos, declara exento del derecho de consumos el carbón que emplea la industria minera para poner en movimiento sus máquinas y aparatos. La Administración, pues, en este punto ha comprendido la necesidad que tiene la industria de ser protegida por los varios medios que puede beneficiarse su situación, sin descuidar ni un momento los intereses públicos; y por ello, en vista del expediente consultado por la Dirección general de Contribuciones é impuestos indirectos, exponiendo los abusos á que podría