El Notario (Madrid) (1852-07-05 00:00:00), página 2

do; por que la otra parte no debe haber la carta, y el Alcalde ge lo defendiere, no ge la dé.

Ley VII. Como el Escribano debe conocer á los que ante él dieron alguna cosa.

Ningun Escribano publico no faga carta entre ningunos homes, menos de los conocer, é de saber sus nombres, si fueren de la tierra; é si no fueren de la tierra, los testigos sean de la tierra, é homes conocidos; é ningun Escribano no meta otro Escribano, que escriba en su lugar; mas cada uno faga las cartas con su mano; é si acaseiere que algunos de los Escribanos enfermare, ó por otra razon no pudiese hacer las cartas que ellos mandaren, vaya á algunos de los otros Escribanos publicos, que las faga.

Segun se ve en la ley I.º de las que acabamos de citar, fueron creados los Escribanos para que no pudiese haber duda ni contienda acerca de los pleitos que se determinasen, y las compras, ventas, deudas y otras cosas que hiciesen los hombres y su oficio fue declarado público, honrado y provechoso á todos. No se hizo pues ninguna diferencia en el nombre. Con uno mismo se designó á Actuarios y Escriturarios. A todos se les llamó Escribanos. Ni se ve tampoco que se hiciese incompatible lo uno con lo otro, á saber, lo judicial con lo escriturario, pues que para ambas cosas á la vez fueron creados, suponiéndose todo como el ejercicio de un mismo cargo.

Pudiera decirsemos que estas leyes no determinan claramente la intervencion que en lo judicial debían tener los Escribanos, de lo cual se pretenderá deducir que los Escribanos que intervenian en los contratos no intervenian en los pleitos. Siempre será esta una observacion especiosa, porque la ley comienza diciendo que les crea para ambas cosas, y no hace ninguna separacion. Mas para que desaparezca todo motivo de duda, he aquí la ley III. lit. XIII del lib. 2.º

Ley III. Como el Juez debe hacer mandar escribir la sentencia ante las partes.

El Juicio que diere el Alcalde fagalo escribir ante las partes, ó ante sus personeros; é de los endesendas cartas fechas por alguno de los Escribanos, ó selladas con su sello: é tenga el Escribano, ó el Alcalde otra por testimonio.

La ley está bien terminante. Cuando menos los Escribanos tenian intervencion en los juicios para escribir y dar copias de las sentencias á las partes, y para quedarse con otra á fin de que sirviese de testimonio, y pudiera acudirse á ella en todo tiempo. Y tégase en cuenta que no dice la ley que el Escribano que haga esto sea un Escribano distinto de los que han de esendar las otras cartas, ó sea, los contratos; sino que simplemente dice que sean fechas por algunos de los Escribanos, que es como si dijera: «por cualquiera de ellos, pues que todos son una misma cosa y para esto han sido creados.»

PARTE OFICIAL.

MINISTERIO DE HACIENDA.

Exposición á S. M.

Sexta: Desde que en 3 de mayo de 1850 se dieron el segundo y tercer de V. m. espedir la ley penal sobre los delitos de fraude contra la Hacienda pública, han sido varias y de mucha trascendencia las innovaciones introducidas, tanto en el orden político como en el administrativo de la nación.

Como consecuencia de lo que fué objeto dicha ley, han dejado de estar en vigor las disposiciones económicas á cuyo espíritu se trato de ajustarla, habiéndose además suprimido el Consejo de Hacienda, á quien se encomendaba la administracion de los negocios civiles y criminales del ramo, y la jurisdiccion contenciosa que ejercian los ministros de Hacienda, como superintendentes generales de la misma, auxiliares por los jueces. Y como se ha visto, se ha eliminado en gran parte del orden juridico en la administracion de justicia, el orden de proceder en estos juicios, faltan las bases en que descansaba la mencionada ley, no existia un sistema homogeneo en esta materia, como el ramo del derecho publico y á esta en que por todo esto se encuentra el segundo de V. m., no hallándose en armonía ni con los principios constitucionales ni con las mismas fundamentales de la nacion administrativa y la legítima.

Como un de los más convenientes que de este estado de cosas se seguiren, bajar de una manera clara y precisa los actos que propia y esencialmente constituyen delitos de contraerlación o defraudaciones, estableciendo los procedimientos administrativos, limitando para conciliar el servicio con las justas exigencias de los encasados, desapareciendo la especie de confusión que existe en la parte penal y en el enjuiciamiento, y haciendo propios y especiales la administracion de justicia, mas á cerca, los recursos del tratado ilícito, que tantos daños morales y materiales ocasiona al pais, el gobierno de V. m. después de obtener su regla autorización, sometió á la deliberacion de las Cortes, el proyecto de ley que se adjunta.

En el Senado, donde primeramente fué presentado, se aprobo aquél, después de una detenida y ma- drada discusion, habiéndose hecho, de conformidad con el gobierno, las observaciones que se tuvo el fortu- tino de causar el fondo del proyecto en su parte penal y de procedimientos, sino respecto del tribunal en que la segunda y última instancia habrá de conocer los negocios de Hacienda.

Para que el considerado Congreso de los dipu- tados, se nombró la comision que había de examinarlo; pero habiéndose interpuesto otros trabajos mas graves y perentorios, no fue posible discutirse en aquella legislatura, como ya lo fue tampoco en la siguiente, sin que hubiera sido efectuado por el go- bierno el indicado proyecto de ley.

Entretanto, se ha hecho cada vez mas urgente la necesidad de la norma proyectada; que á juicio del gobierno de V. m. no puede ya demorarse, sin que queden desatendidos muchos de los altos intereses que le están encomendados.

Por esta razón conviene proponer á V. m. que digne llevar á cabo por lo pronto un Real decreto, sin que en él en su día resuelvan las Cortes, á las que se dará cuenta oportunamente.

Las bases capitales de la indicada reforma son las que contiene en la ley disminuida por los Sénadores, y las observaciones que se han contra- do necesarias y oportunas. La más importante consiste en establecerse en la ley un procedimiento administra- tivo para la declaración del comiso de los géneros apre- hendidos.

Varias han sido y muy poderosas las razones que el gobierno ha tenido presentes para introducir una in- novacion, que por otra parte no es completamente al- tabile, aunque ya en el proyecto del Senado se hizan divisiones de los delitos, y se fijan las penas para los estableciéndose para los primeros el procedimiento ad- ministrativo, aunque en una escala mas reducida que la ahora se propone. No puede prescindirse de po- ner en práctica lo que se establece en la ley, y en la ejecucion, en las disposiciones generales por que se gobiernan las aduanas del reino, á fin que, mediante la atinidad y cohesion necesarias, exista un todo ho- monimo, que en cuanto a las tarifas rentas públicas, los resultados que se promueva el gobierno en el inve- nciendo administrativo en la forma y para los ca- sos en que se establece, será mas pronta la distribu- cion de los comisos, se evitarán las continuas recla- maciones de los contribuyentes, y se asegura que habrá un estímulo poderoso para que los encargados de perseguir el fraude procedan con toda actividad y energia, lo cual, combinado con las demás disposi- ciones de la ley y otras que en lo sucesivo se adopten, contribuirá eficazísicamente á la represion del con- trabando y al aumento consiguiente de las rentas públicas.

Estas consideraciones, y las que se expusieren mas estensamente al presentar á las Cortes el indicado proyecto, mueven al que suscribe, de conformidad con el parecer del consejo de ministros, á someter á la Real aprobacion de V. m. el adjunto proyecto de decreto.

Madrid 20 de junio de 1852.—Señora.—A L. R. P. de V. m.—Juan Bravo Murillo.

Real decreto.

Conformándose con lo que, de acuerdo con el consejo de ministros, me ha propuesto el de Hacienda, acerca de la conveniencia de llevar á efecto el proyecto de ley sobre jurisdiccion de hacienda y represion de los delitos de contraerlación y defraudacion, que apro- bador el Senado, se estima pendiente de discusion en el Comité de los diputados, con las modificaciones que se han considerado oportunas, tengo en depositar lo siguiente:

TITULO PRIMERO.

CAPITULO I.

Disposiciones preliminares.

Artículo 1.º Se suprimen los juzgados de las sub- delegaciones de rentas de la Peninsula e islas adya- centes.

Los negocios pendientes en dichos juzgados pasa- rán para su seguimiento y terminacion, con arreglo á las leyes, regulaciones y decretos que se dicten, á los que en los jueces de primera instancia á quienes corresponda, según fuere su caracter de contencioso-ad- ministrativos ó judiciales, á cuya fin se esperarán por el ministerio de Hacienda las instrucciones conve- nientes.

CAPITULO II.

Del conocimiento de los negocios judiciales de Hacienda en primera instancia.

Art. 2.º El conocimiento de los negocios judiciales de Hacienda corresponde en primera instancia, en todas las provincias, á los jueces de partido de su res- pectiva capital. En Gran Canaria, en el distrito de San Sebastian. En las otras dos distritos administrativos, creados en la provincia de las islas Canarias, por el Real decreto de 17 de marzo último, conocerán de los mismos negocios los jueces de primera instancia, de las respectivas capitales, en el caso de que en ellas donde hubiere mas de un juez de primera instancia, corresponderá el conocimiento de dichos negocios al mas antiguo.

Completan además de los delitos de contraerlación y defraudacion de derechos de aduanas que se cometier- den dentro de la zona respectiva, y que deben sujetarse á procedimiento judicial, en la provincia de las islas Canarias, el de primero inscrito en el de Murcia, en la de Granada, el de primero inscrito en la de Cartagena; en la de Pontevedra el de Vigo, y en la de Cádiz el de Algeciras, quedando facultado el gobierno para variar estos puntos según lo exigieran las necesi- dades que se presenten.

Art. 3.º En las capitales de provincia en donde las ocupaciones del juez, ó jueces de primera instancia, no les permitan despachar puntual y cumplidamente los negocios judiciales de Hacienda, se nombrará para cubrir la vacante que se estime necesaria, exclusivamente á di- chos negocios, con el mismo carácter, sustento y condi- ciones que los otros jueces.

Art. 4.º El ministerio fiscal en primera instancia, será el que promueva especialmente en los pun- tos que el gobierno designe, con la consideracion y sueldo que lujara la ley de presupuestos; y donde no se haga esta designacion, serán fiscales de Hacienda los promotores del fuero comun, á quienes, sobre el caso que como tales disfruten, se señalará una grati- ficacion.

Art. 5.º Los Escribanos de los juzgados de las subdelegaciones de los pueblos en que reside el juez de primera instancia, en segundo y última instancia, en conformidad á lo dispuesto en los artículos anteriores, actuarán exclusivamente en los negocios de Hacienda.

CAPITULO III.

Del conocimiento de los negocios judiciales de Hacienda en segunda instancia.

Art. 6.º En cada una de las Audiencias del reino, la Sala primera conocerá en segunda y última instan- cia de las causas criminales por delitos contra la Hacienda, sin perjuicio de los roces que se puedan ejer- cer contra los jueces de los distritos, y de los miembros de cámara de la misma Sala. En los negocios civiles co- nocerán en segunda y tercera instancia las Salas á que correspondan por turno, con arreglo á las dispo- siciones del decreto que se dictare. En lo que se refiere á los negocios de Hacienda pendientes en la actualidad en las Audiencias territoriales, seguirán en ellas su cur- so hasta que reciba sentencia firme.

Art. 7.º El gobierno podrá nombrar fiscales espe-