El Foro español (Madrid. 1898) (1923-04-30 00:00:00), página 6

personas que han de autorizar el acto.» «Artículo 685: El Notario y dos testigos, que autoricen el testamento...»

Merced a la Ley del Notariado, el Notario quedó rezagado en la evolución jurídica, y en vez de ser el funcionario quien dé autoridad a los actos que por ante él pasan, son los testigos quienes los autorizan. Así recogió el Código Civil este concepto depresivo del Notario, al quedar desligado de la función que le correspondía en la administración de justicia. El fermento romano se extendió por la masa, pasando al Código civil. En los actos jurídicos romanos, el Notario, el que los escribía no intervenía en el acto, sino mecánicamente; así la esencia de la tutela, consistía en la auctoritas interpositio, pues mediante el consentimiento que el tutor otorgaba en el acto jurídico, el menor era capaz de celebrarlo por sí mismo.

Quien comprendió la verdadera significación de la auctoritas, concretada en un funcionario, fué la Ley de Enjuiciamiento civil. Merece consideración muy atenta, a la luz de lo que anteriormente queda expuesto, la redacción del artículo 249 de esa Ley, que dice: «Las actuaciones judiciales deberán ser autorizadas, bajo pena de nulidad, por el funcionario público a quien corresponda dar fe o rectificar el acto.»

No se limita tan sólo nuestra misión a dar fe del acto, sino que tal acto es nulo si no es autorizado por nosotros.

El tutor romano, el que prestaba su auctoritas interpositio, no sólo con ella hacía eficaz el acto del pupilo, sino que auxiliaba de un modo indispensable para que el acto fuera jurídico. Esto de que el tutor, mediante su autoridad, auxiliase, no es frase por mí añadida, sino que era sacramental en los actos de los menores.

De aquí que el funcionario que autoriza las actuaciones judiciales es un auxiliar del Juez, en el clásico sentido de la palabra.

Pero llegó a más la Ley de Enjuiciamiento civil en el concepto del auxiliar del Juez, estableciendo en su artículo 251 que las resoluciones judiciales se dictarán ante el Secretario, a quien corresponde autorizarlas.

Es, pues, el Secretario judicial un funcionario público, con autoridad, puesto que autoriza, y con facultades propias; con obligación de auxiliar al Juez en su misión científica, cooperando con él en las resoluciones, excepto en la definitiva del proceso, la resolución final del pleito, la sentencia que es exclusiva del Juez. En todo lo demás el Juez dicta, mediante la cuenta y antecedentes que da el Secretario, las resoluciones judiciales, que luego redacta el Secretario y autoriza con su firma.

No se tiene capacidad para intentar ningún fin provechoso, si al intento no precede una consciente personalidad. Para intentar reformas de los Poderes públicos, para que nuestra voz no caiga en el vacío, tenemos que afirmar nuestra personalidad. Muchos de los nuestros no saben quiénes son, no se han parado a meditar la definición del Secretario judicial, que contiene como primer artículo, nuestro Decreto orgánico. Aunque parezca mentira, la primera labor de las Juntas directivas debe tender a enseñar a los Secretarios judiciales quiénes son. Cuando los Secretarios judiciales se conocen a sí mismos, se deben esforzar en darse a conocer a sus Jueces. Después, extender estas ideas entre el público para que se forme colectivamente una conciencia de nuestra misión. De esta personalidad excelsa se derivan deberes y derechos. El deber de la conciencia cristiana del cargo, el deber de la caballerosidad, el deber de la generosidad, el deber de la piedad, y el deber sentido de la solidaridad social. Nosotros, en nuestra función, no estamos al margen, ni fuera, ni encima, ni debajo de la sociedad; estamos en ella para conservarla, para restaurarla, para corregirla; no para explotarla, ni para vejarla, ni para castigarla en brutal retorsión

De estos ascéticos deberes se derivan derechos: el derecho a la consideración enaltecedora del cargo; el derecho a una retribución decora; el derecho a que la juventud realice legítimas ambiciones, que no solo de pan vive el hombre; el derecho a que del Secretariado salgan los Jueces; el derecho a que el Secretariado obtenga paso a las más elevadas categorías de la carrera.

En esas aspiraciones, en esos derechos y deberes, entran nuestros auxiliares, los Oficiales de Secretaría. Tenemos obligación de procurar su enaltecimiento, de asegurarles un porvenir dentro de la Administración de Justicia, de facilitarles medios de educación e instrucción y de que ellos vean en nosotros, no el rival, sino el colaborador de toda aspiración noble y elevada.

A esta obra de penetración deben las Juntas asociarse a Jueces y a Magistrados, a Secretarios de todos los órdenes, a políticos honestos y competentes, a la Prensa de prestigio, a los Colegios de Abogados, Notarios y Procuradores; debemos salir del limitado campo en que nos movemos a esas otras regiones habitadas por afines a nosotros, para conocerlos, tratarnos y estimarnos reciprocamente.

Yo bien sé que no es labor de un día la que propongo, pero trabajemos para que siquiera la juventud, que ahora se dispone a entrar en nuestra carrera, pueda cosechar la semilla que ahora lancemos en el surco. Y sé también que si no cooperamos con entusiasmo a que las Juntas realicen estos fines, su trabajo será estéril, como la simiente evangélica, que cayó en el pedregal.

DR. JUAN INFANTE.
Secretario Judicial.