El Foro español (Madrid. 1898) (1922-10-30 00:00:00), página 4

por causas de incompatibilidad, sino por las que afectaran a su presfígio.

El Ministro acordaría la separación temporal de los funcionarios sometidos a proceso; igualmente la postergación a propuesta del Consejo judicial. La destitución sería resultado de un expediente. El Senado exigiría la responsabilidad al Presidente del Tribunal Supremo, o pleno o mayoría del mismo. ¿Que quiénes creemos son los llamados a juzgar al Presidente del Tribunal Supremo y pleno de éste? La carrera. ¿Cómo? Por medio de los Presidentes de todas las territoriales y provinciales, o el organismo que hemos llamado Junta judicial, agregándose al mismo los Presidentes de territorial. En cuanto a las incompatibilidades, pedimos el mismo régimen que para Registradores y Notarios, desaparición del actual de la desconfianza, incompatibilidad con otra jurisdicción local de parentesco con miembros de Tribunal. Ni una más.

Correcciones que nazcan de actos propios, relacionados con el abandono, negligencia en el cargo, indignidad, inmoralidad, delito; pero en modo alguno de actos que puedan realizar todos los demás ciudadanos, a no ser el mezclarse en asuntos políticos.

No hemos de terminar sin afirmar, una vez más, que nunca elogiaremos bastante el proyecto de 1904, de reforma de la Orgánica; y necesariamente, al examinar estos problemas, hemos de citarle, ya que aun sin vida oficial, la tiene real, pues del mismo surgen cuantas innovaciones se han intentado verificar de nuestras anquilosadas reglas; los estudiosos deben en él fijar su atención, pues previa la selección de algunos preceptos, cuya concepción los años han variado, es, sin duda, el texto más perfecto pensado en el presente siglo; defendía el fuero ordinario haciendo que los Fiscales de las Audiencias invitaran a las Autoridades judiciales de Guerra y Marina a que les comunicaran los procedimientos que siguiesen contra ciudadanos no aforados; investigarían las detenciones arbitrarias; eran los jefes inmediatos de la Policía judicial; prescribió la no obligatoriedad de Procurador ni Abogado, a no ser la de éste en los recursos de casación; la responsabilidad subsidiaria de ellos en el pago de las costas cuando fuese condenado como litigante de mala fe el pobre; el dictamen fiscal que declara defendible al pobre; prohibición de ejercer la abogacía a Registradores de la Propiedad, Notarios, Abogados del Estado, con la excepción de que no llegasen a reunir ciertos emolumentos en sus oficinas los dos primeros; proyecto tan conocedor del corazón humano, que prohibió a los funcionarios solicitar ni aceptar recomendaciones para su traslado o ascenso, debiendo los Presidentes de Audiencia, de acuerdo con las Salas de gobierno, proponer al Ministro la traslación de los Jueces si hubiesen sido nombrados para sus cargos por recomendación de persona poderosa o influyente en el territorio en que o ejerzan, etc.

Este proyecto dispuso que en el Supremo habría dos Magistrados inspectores, que visitaran cada año las Audiencias, sin perjuicio de poder extender su esfera de acción a Tribunales inferiores; y en cada Audiencia un magistrado inspector, el que formaría Sala con los demás cuando sus funciones no lo impidieran; visitaría los Tribunales de su circuito, existiría un Secretario visitador por cada inspector.

Al igual que en la Orgánica, el Presidente del Supremo y los de las Audiencias, podrían disponer visitas extraordinarias, y lo mismo que en ésta, subsistiría la jurisdicción disciplinaria aplicada por los Tribunales y Jueces por faltas independientes de actuaciones.

Los inspectores redactarían Memorias, con sus observaciones, correcciones que en su vista debían imponerse, abusos y malas prácticas, condiciones de los funcionarios. Todas las Memorias se remitirían al Presidente del Supremo. Los inspectores podían imponer correcciones de carácter leve, y suspender provisionalmente al visitado.

ALFONSO A. DRAUGUET,
Juez de primera instancia.

Suspensiones de pagos

Ley de 26 de julio de 1922, estableciendo el procedimiento para las suspensiones de pagos de los comerciantes y Sociedades mercantiles no comprendidas en el art. 930 del Código de Comercio (Gaceta de 14 de septiembre).

Art. 1.º Los expedientes de suspensión de pagos de los comerciantes y de las Sociedades mercantiles que no estén comprendidas en el art. 930 del Código de Comercio se tramitarán con arreglo a lo establecido en esta ley.

Art. 2.º El comerciante o la entidad mercantil que pretenda se le declare en estado de suspensión de pagos deberá acompañar al escrito en que lo solicite los documentos siguientes:

Primero. El balance detallado de su Activo y Pasivo, o por lo menos un estado de situación que refleje, con la posible exactitud, la relación en que se hallan, en la fecha en que produce dicha petición, los bienes del solicitante y el conjunto de sus obligaciones. En este caso, el Juez señalará un plazo, que no pueda exceder de treinta días, para la presentación del balance definitivo, que habrá de formarse bajo la inspección de los interventores.

Si hubiera bienes inmuebles se acompañarán los títulos de dominio o una descripción detallada de los mismos.

Segundo. Relación nominal, y sin excepción al-