El Foro español (Madrid. 1898) (1923-05-31 00:00:00), página 5

minos que determina en el Real decreto de 19 de Abril de 1920, a fin de destinar su producto a los beneficiarios, viudas o herederos de los Procuradores fallecidos.

2º Que con la misma finalidad expresada en el número anterior, todos los Procuradores en ejercicio están obligados a emplear por su cuenta un sello de aceptación de 3 pesetas por cada exhorto, carta-orden y comisión registrales que presenten para su cumplimiento en los Juzgados de primera instancia y Tribunales superiores, y 50 céntimos para los mismos documentos ante los Juzgados municipales; sellos se expedirán en los respectivos Colegios, y donde no los haya, en los de la capital de la provincia a que pertenezcan los Procuradores no Colegiados.

3º Que los infractores de las disposiciones anteriores quedarán sometidos a las correcciones a que haya lugar.

Lo que de Real orden lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos expresados. Dios guarde a V. I. muchos años.

Madrid, 18 de Mayo de 1923.

ROMANONES

Señor Presidente de la Audiencia de Madrid.

Nuestro querido colega EL PROCURADOR ESPAÑOL discutió una vez con nosotros en sentido más casero el que jurídico acerca de la nueva legislación sobre alquileres y por eso hoy nos complacemos el que en su último número y en primer lugar, publique el siguiente artículo de estudio en serio de aquellas disposiciones a las que entonces negaba hasta la legalidad. Sin duda habrá variado de manera de pensar desde que el Tribunal Supremo en una sentencia ha hecho aplicación del Decreto de 21 de Junio de 1920.

SOBRE INQUILINATOS

El solo hecho de comprar una casa con el propósito de establecer en ella su industria el adquirente, ¿da derecho a éste para desahuciar al inquilino? No.

Fundamos la negativa en el Real decreto vigente sobre contratos de inquilinato y la Real orden aclaratoria del mismo, exigiendo ésta, que para prosperar la disposición pertinente de aquél, se justifiquen las causas por las cuales se encuentra el propietario en el caso de verdadera necesidad de hacer uso del derecho establecido, que no lo es, o mejor dicho, no puede ni debe tener eficacia sin la prueba de la existencia de esa circunstancia, que no demuestra, ni siquiera revela por sí solo, el hecho de adquisición de la finca con el propósito mencionado, sino la buena suerte y fortuna de un industrial que progresa en sus negocios.

El hecho por sí solo, repetimos, no prueba la necesidad verdadera de hacer uso del cuestionado derecho; la necesidad es impulso irresistible que hace que las causas obren infaliblemente en cierto sentido, y a las cuales es imposible sustraerse, corriendo un riesgo o peligro, si pronto no se acude a su remedio con el posible auxilio. Esa y no otra es la necesidad cuya justificación se exige, y pide la ley, además, que sea verdadera, es decir que hay que probar también la certidumbre de su realidad, que esto es lo verdadero, lo contrario es la ficción, a la doblez y el engaño.

El que adquiere una finca para instalar en ella su propia industria, ya establecida en casa ajena, que no se ve obligado a dejar, realiza un acto natural y corriente que presupone la prosperidad de su negocio, debida sin duda a condiciones de inteligencia, honradez y laboriosidad muy plausibles, pero no da vida al derecho de desahuciar al inquilino de la finca comprada, al que tal vez arruinaría, porque no se encuentra en el caso de verdadera necesidad a cuyo remedio ha querido acudir el legislador con el precepto consignado en la letra a) del artículo 8.º del Real decreto vigente.

Excusado nos parece agregar que la industria ha de ser preexistente y no nueva, y que a esto último equivaldría si se tratase de una ampliación o complemento de aquélla, pues ambos casos sólo representan la prosperidad del dueño y no entrañan el de verdadera necesidad, sino precisamente todo lo contrario, y, por tanto, el mismo, tan carente de derecho para desahuciar por ese motivo, como en el caso de la pregunta que ha tenido el atrevimiento de contestarse el propio interrogador.

EMILIO DE LA SIERRA
Procurador.
Cádiz, Mayo 1923.

En pro de la pequeña propiedad

Por el Ministerio de Gracia y Justicia, a petición de la Delegación Regia de Posites, y con objeto de preparar la reforma del régimen de la propiedad rural, se ha dirigido a los Registradores de la propiedad y a los Notarios un cuestionario concebido en los términos siguientes: