El Foro español (Madrid. 1898) (1922-08-15 00:00:00), página 2

duales, los legisladores de 1876 colocaron su eclecticismo por encima de toda teoría científica.

En un trabajo de esta índole no cabe determinar los infinitos decretos posteriores al Código fundamental. El hecho es que legalmente no existe el Poder judicial; mas frente a este estado legal, o al margen del mismo, en estos últimos años se ha iniciado una poderosa corriente en la Magistratura para alcanzar la necesaria independencia.

Decía H. Spencer que «cuanto más elevadas son las aptitudes mentales o físicas de una especie, más grande es su poder de resistir a la acción del ambiente». Por ello la Judicatura muestra ser enemigo tenaz del caciquismo, que, adueñado del ambiente, procura manejar la justicia española e impedir su acción.

Se ha impugnado por algunos tratadistas la existencia del Poder judicial ante el temor de que, usando sus facultades soberanas, absorberá a los otros Poderes y se extralimitará en sus atribuciones, obteniendo una verdadera impunidad por el espíritu de Cuerpo.

Paréceños especioso el argumento; la delimitación de facultades en la ley, la responsabilidad criminal o civil de sus individuos, son frenos suficientes. La conciencia nacional es el supremo Juez y la valla más firme a todos los excesos.

El problema de la Justicia es mundial. En la Conferencia de Génova el informe redactado en Londres pide al Gobierno ruso que organice una buena administración de Justicia, asegurando la independencia del Poder judicial. Un pueblo no puede vivir sin esa garantía. En Rusia la justicia es manejada por una clase. En España... la independencia de sus funcionarios no se halla asegurada; funcionario que confía en la gracia, es órgano desmoralizado. Sin embargo, sea la influencia de la misión, la alteza del sacerdocio, la Judicatura muestra ser muy por cima de las reglas que regulan su organización. Todos deben pedir que éstas no dejen margen al favor.

Una nueva era anuncia. Nuestra Constitución parece ha de ser remozada.

Esperamos que a la carrera judicial se la oiga y atienda. Al satisfacerla, el más beneficiado será el justiciable.

ALFONSO R. DRANGUET

CICERONIANA

¿Quosque tandem abutere
Catilina paciem nostram?

Las palabras del gran tribuno romano pronunciadas contra el patricio Catilina, que, no habiendo sido elegido Cónsul, conspiró contra el Senado romano levantando la guerra civil, no han perdido todavía su virtualidad, a pesar de transcurrir veinte siglos desde que fueron dichas.

Los Secretarios judiciales no pudieron conseguir el anhelado sueldo que les pusiera a cubierto de tantas privaciones como supone en muchos Juzgados el insuficiente y eventual Arancel. Siempre nos sa-
lieron al paso con la penuria del Tesoro, siquiera los hechos demuestren todo lo contrario; pues sin echar una mirada retrospectiva a tiempos más antiguos, que demostrarían hasta la saciedad nuestro aserto, de la comparación de los últimos presupuestos resulta que entre el que acaba de aprobarse y su antecesor hay un aumento de 533 millones de pesetas, según tomamos del dicho de un diputado de la mayoría que ostenta la representación en Cortes por un distrito de esta provincia.

Para todos hubo dinero menos para nosotros, y el decreto de 1911, con sus sueldos y derechos pasivos, después de once años de vigencia, continúa siendo un mito y una esperanza perdida.

Otro tanto ha sucedido con la subvención que, en forma de auxilio parecido al que se otorga a los Registradores de la propiedad, se ha solicitado numerosas veces, como solución más fácil de aceptar, por no agobiar tanto la carga del Tesoro, para aquellos que obtuvieran rendimientos insuficientes.

Si el sueldo pudo ser rudamente combatido por los que hubieran de resultar perjudicados, la subvención verdadera, solución armónica, respetaba los derechos adquiridos, dejando con el Arancel a los favorecidos con pingües rendimientos. ¡Ni por esas!

Se propone la congrua establecida por los Colegios, en la que ya el Tesoro no tenía que contribuir con una sola peseta. Y sin que podamos explicarnos los obstáculos que se hayan opuesto (aunque los adivinamos), la congrua, verdadera conquista del Notariado, con menos justificación, no ha podido lograrse todavía el Secretariado judicial.

Pero sigamos. Después de elevados los sueldos a todos los funcionarios del Estado, el Ministro se hizo eco del clamor de los que obtenían la retribución de su trabajo por un mequino Arancel. Y se pensó en reformarlo, poniéndolo a tono con las apremiantes necesidades de la vida, aunque distara mucho de la proporcionalidad obtenida por numerosos sueldos, algunos de ellos duplicados y triplicados. A este fin, por Real orden de 27 de abril de 1920 se nombró una Comisión encargada de redactar una ponencia que introdujera la modificación de los actuales Aranceles judiciales en los asuntos civiles que a su juicio deban aplicarse a los Procuradores, Secretarios de los Juzgados municipales y de primera instancia, etc. etc.

Por Real orden de 18 de junio del mismo año se dispuso que esta Comisión, «previo su estudio, extienda la ponencia que tiene encomendada, a la modificación o reforma que juzgue oportuna de los Aranceles judiciales para el enjuiciamiento criminal que vienen rigiendo desde 31 de marzo de 1873 en que fueron aprobados».

Quedaba, pues, a los parias del Secretariado judicial, una última esperanza. Pues bien: han pasado ya más de DOS AÑOS, sin que hasta la fecha la Comisión haya cumplido más que fragmentariamente su cometido con referencia al Arancel de Juzgados municipales.

Nosotros seguimos rigiéndonos por los aprobados en noviembre de 1916. No consideramos que la reforma de los actuales Aranceles sea una obra de tías. Con un poco de voluntad, y reunidos unas cuantas veces, hubieran dado cima a su trabajo, para el que tienen mucho adelantado con este Arancel.

El tiempo que lleva transcurrido es más que suficiente para que los encargados hubieran dado a luz la reforma que mejorase, si es posible, la situación creada al Secretariado judicial, ya que el aumento del 20 por 100 puede conocerse allí donde produzca mucho la función, no donde sólo rinda 2.000 pesetas, como hay muchas Secretarías en España, en que el recargo sólo supone 400, cantidad que no