La Reforma (Madrid. 1898. Romero impresor) (1898-05-10 00:00:00), página 3

accidente en la producción y en la misma esencia de la riqueza agrícola.

En cuanto á la capitalización por el líquido imponible de los bienes, ¿qué hemos de decir á los que examinen estos apuntes? Desde luego los amillaramientos son una base ó regla de investigación recusable perentoriamente, ya que la mayor parte de ellos no han llegado al estado de ultimación. La Hacienda ha fijado sus tipos de utilidades para cada pueblo, si bien con falta de datos concluyentes, para que resulten apreciados en justicia; los Ayuntamientos no los han aceptado, y en esta divergencia, y para dar vado á los repartos anuales, se han adoptado aquellos tipos con carácter provisional, que en España, ya se sabe, se impone y convierte muchas veces en definitivo; y la consecuencia es que la repartición individual aumenta necesariamente en la proporción misma del aumento del cupo total objeto de las protestas de los Municipios.

A más de esta razón, que permite recusar una base de imposición que por vicio de origen no representa una verdad aceptada como tal por las partes, hay que tener en cuenta lo que es un amillaramiento en el seno de nuestras organizaciones municipales. Registro de las fortunas y haberes de las familias, y base indispensable de distribución de gravámenes vienen á constituir de hecho, y salvo el caso de una feliz combinación de circunstancias en algún pueblo, un verdadero y perenne resumen de todas las iniquidades que pueden inspirar el interés y las pasiones de aldea, excitadas por las luchas cotidianas y servidas á su sabor por nuestras fullerías electorales, en que son actores los mismos Alcaldes repartidores, á quienes aquéllas dan títulos sobrados para cuantos salvoconductos requiera su impunidad efectiva.

Calcúlese ahora qué elementos de justicia distributiva pueden encontrarse en esas bases de imposición manejadas por aquellos laborantes de anarquía oficial, y qué resultados puede ofrecer el adoptarlas para arrojar á ellos ninguna clase de capitalizaciones.

En el estado en que haya podido quedar el expediente con los datos de los aludidos padrones de riqueza, se ofrece como postre recurso, según hemos visto ya, la tasación de los bienes; y desde luego, al reglamentarse ésta, vemos sancionada en las instrucciones, aun las más indulgentes, una nueva extorsión.

Por necesidad, dadas las observaciones precedentes, la capitalización ha de arrojar en la mayor parte de los casos suma superior á la declarada; pues bien: basta este aumento en una proporción de un 10 por 100, para que, al apelar la Hacienda al medio de prueba en que ahora nos ocupamos, tenga derecho á cargar sobre el deudor el importe íntegro de los gastos de tasación. Y tégase en cuenta que ésta, requiriendo hoy nombramiento de perito por el Juzgado de primera instancia, supone un incidente judicial que causa devengaciones arancelarias y de papel sellado, de cargo, como es consiguiente, del particular que defiende las evaluaciones por el declaradas; y esto aunque descansen, cual acontece de ordinario, sobre el fundamento indiscutible del precio real de las cosas en el mercado.

Ni paran aquí las vicisitudes porque están llamadas á pasar estos expedientes; porque cuando los bienes exceden de cierta cuantía, deben aquellos remitirse originales á las dependencias provinciales del fisco, á las cuales está sometida la aprobación superior en esta clase de fijación de valores; y esto es tan vejatorio, tan sujeto á dilaciones y dispensos, que no ha sido una sola la ocasión que se ha presentado de adquirentes interesados, que no pedían ya últimamente el despacho del asunto, sino tan sólo el favor de la devolución de subtítulos, sin inscribir ni liquidar.

He aquí trazada, en líneas generales, la serie de trámites que se ve precisado á arrostrar todo contribuyente, en defecto de sumisión suya á las primeras cominaciones de los agentes de la cobranza en el impuesto de derechos reales. Cada uno de ellos suministra un motivo de condenación moral; y su conjunto, según antes hemos consignado, nos hace ver en el Estado y en el particular, no dos entidades jurídicas, iguales bajo tal punto de vista, sino que por el contrario, nos ofrece en el primero al Juez y á la parte confundidos en una misma personalidad, y en el segundo un simple reo de deber, al que apenas se conocen los beneficios de la defensa.

Estimamos en honra de la propiedad ser ya hora de que cambien las ideas y las preocupaciones oficiales en las esferas de la tributación; ni es justa una desconfianza tan extremada, ni las relaciones de recelo que ellas engendran entre el poder y los asociados responden á interés alguno legítimo, ni acaso son útiles al Estado mismo, ya que, después de todo, la experiencia acredita que, cuando en los trabajos de invención de materia imponible se traspasan ciertos límites, tiende ésta naturalmente á desaparecer ó disminuir, con daño precisamente de los fines que venían persiguiéndose, y el pensamiento resulta entonces contraproducente.

FERNANDO GRANADOS Y RUIZ.

Minería

JUNTA DIRECTIVA

Art. 16. Como su nombre lo indica, tendrá á su cargo la dirección general de los asuntos que interesan á la Unión Minera, y estará compuesta de 25 individuos, de los cuales habrá:

(Continuación.)

Uno, en representación de los explotadores de canteras.

Uno, en la de los dueños de minas no explotadas.

Quince, en la de otros tantos distritos ó regiones mineras que comprenden toda la Península, y son:
Almería, con Málaga.
Asturias, con Galicia.
Burgos, con Palencia y Valladolid.
Cataluña, las cuatro provincias con las Islas Baleares.
Ciudad Real, con Badajoz y Cáceres.
Córdoba, con Sevilla.
Huelva, con Cádiz.
Jaén, con Granada.
León, con Zamora y Salamanca.
Murcia, con Valencia, Alicante, Castellón y Albacete.
Santander.
Toledo, con Madrid, Ávila y Segovia.
Tercer, con Guadalajara y Cuenca.
Vizcaya, con Álava, Guipúzcoa y Navarra.
Zaragoza, con Huesca, Soria y Logroño.

Estos dieciocho vocales serán nombrados en Junta general para un período de dos años, y podrán ser reelegidos indefinidamente.

Art. 17. Los ocho puestos restantes serán ocupados por los asociados de las categorías A, B y C que contribuyan á los gastos de la Unión con las pecho cuotas mayores, ó por los representantes legales y permanentes de los mismos.

Art. 18. Las atribuciones de la Junta directiva serán:
Discutir todos los asuntos que interesen á la Asociación, sea los que la Comisión permanente someta á su examen, sea aquellos que estime conveniente estudiar por iniciativa de alguno de sus individuos.
Aprobar ó modificar los presupuestos ordinarios de la Asociación, y autorizar las derammas y los gastos extraordinarios que juzgue necesarios para sus fines.
Acordar las gestiones oficiales, judiciales ó particulares que sean convenientes en defensa de los intereses de los asociados.