La Reforma (Madrid. 1898. Romero impresor) (1898-01-20 00:00:00), página 1

LA REFORMA
Revista Administrativa, Jurídica y Financiera

AÑO I-N.º 2.º DIRECTOR: DON FRANCISCO PRIETO MERA 20 Enero 1898

LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Prensa, partidos políticos y masa neutra convienen en que la situación de la Administración de justicia es deplorable, y entienden que ese organismo del Estado, el más importante y el que mayor influjo puede ejercer en la sociedad, no responde, ni mucho menos, á su objeto.

No basta que la Magistratura, en sus diversos órdenes, cuente con hombres dignos e inteligentes que la honren. El vicio y el desbarajuste alcanzan tales proporciones, que exige un remedio radical y una reorganización completa, pues de otro modo los cimientos en que descansa esa sociedad podrán quebrantarse en tal grado, que cuando se acuerde sea el mal irremediable.

Es evidente que cuando resulta estéril la crítica, imítel el castigo que parcialmente se impone en algún caso é importante el Estado, es porque el mal alcanza proporciones extraordinarias y las raíces van muy profundas.

Ante problema tan grave, ante situación tan definida, preciso es oponer soluciones bien meditadas y razonables que, ya que no corten de raíz el mal, lo detengan e impidan su desarrollo, preparando el campo para frutos más sanos.

Procediendo con algún método, parece lógico estudiar en sus orígenes la cuestión, para que las soluciones sean oportunas y apropiadas y su resultado saludable y seguro, y en este camino entendemos que el primer punto á resolver es la situación del personal encargado de administrar justicia.

Huimos deliberadamente del campo de la suposición ofensiva y molesta, porque creemos que la mayor parte de nuestros funcionarios judiciales son hombres honrados e inclinados al bien.

¿Cómo no está dignificada la justicia? ¿Cómo se multiplican las quejas? ¿Cómo crece el malestar y la desconfianza? Dirán nuestros lectores.

Muy sencillo. El Juez, por regla muy general, no se vende; pero, desgraciadamente, suele ceder á impulsos de conveniencias que perjudican á la justicia tanto como el cohecho y la prevaricación. El Juez y el Magistrado desean ascender, y buscan muchas veces, para satisfacer esta natural ambición, el apoyo de la influencia.

En esto consiste, á nuestro modo de ver, el defecte. Si logramos que el juez no necesite del personaje influyente ó del cacique para hacer su carrera, habríamos dado un paso gigantesco en la reorganización de los Tribunales.

¿Cómo llegar á esa solución?

Pues aplicando á los ascensos de los Jueces y Magistrados el mismo sistema que está en práctica para los Catedráticos; y cuando el Juez sepa que cada cinco años obtiene un ascenso por ministerio de la ley, es seguro que repugnará la amistad con los personajes, y no tendrá que verse obligado á complacerles.

Con esto que proponemos, claro es que no queda solucionada la cuestión en todos sus aspectos, pero sí se da un paso de gran alcance, que prepararía á la Magistratura para cumplir con más acierto su elevada y augusta misión.

No tardaremos mucho en ocuparnos de este particular, al que concedemos excepcional importancia.

INSTRUCCIÓN PÚBLICA

Persistente LA REFORMA en sus propósitos de exponer en sus columnas cuanto se relacione con el interés público, y habiendo tratado en su primer número, bajo un punto de vista general, de la situación de la enseñanza, juzga de capital importancia hacer algunas observaciones respecto de la primaria en su parte puramente práctica y por lo que afecta al presupuesto del Estado, que se nutre con el dinero del contribuyente y que significa el esfuerzo del país.

Aparece en dicho presupuesto, poco después de los gastos de la Secretaría y Direcciones, y á renglón seguido de los del Consejo de Instrucción Pública—del cual en otra ocasión nos habremos de ocupar—una sección que dice: «Inspección general de Enseñanza», y en la que figuran dos Inspectores generales con 10.000 pesetas de sueldo cada uno, varios oficiales, ordenanzas y porteros; luego el servicio provincial, compuesto de cuarenta y nueve Inspectores sencillos, y al lado de todo esto, en la casilla destinada á contener las cifras de lo que la Administración pública consume, una suma aterradora, que se eleva á la cantidad de 242.000 pesetas, de las cuales 214.250 se van únicamente en la susodicha Inspección.

Si todos los españoles que contribuyen, con más ó menos trabajo, al sostenimiento de los gastos públicos tuvieran la curiosidad y se diesen la pena de leer despacio ese mamotreto que lleva por título «Presupuestos Generales del Estado», y fuesen anotando sus cifras en relación á lo que importan y á la utilidad de los servicios que representan, sacarían amargos corolarios y les entraría aún mayor desaliento del que sufreñ al ver cuán grande es el esfuerzo y qué pequeños los resultados en punto al desarrollo de los intereses, no sólo materiales, sino también morales, de la nación; y al curioso que tal hiciera ocurriríasele, sin duda, preguntar: ¿Sirve la Inspección de Enseñanza para alguna otra cosa que no sea movimiento de expedientes, informaciones administrativas y reunión de datos de mayor ó menor exactitud? ¿Ha dado esta institución frutos positivos en cuanto al mejoramiento de la enseñanza? ¿Vale la pena de gastar 214.000 pesetas en mantenerla?

Si á juzgar se va por los hechos, no puede menos de afirmarse que la Inspección no reporta á la enseñanza la utilidad equivalente á la suma que en su funcionamiento emplea. Los Inspectores provinciales, dignísimos funcionarios llenos del mejor deseo y buena fe en su mayoría, tienen su misión restringida por los escasos medios de que disponen; y, aun dado caso de que les fuese posible pasar su vida visitando las numerosas escuelas de sus respec-