El Notario (Madrid) (1852-07-12 00:00:00), página 4

miento si lo hubieren practicado, sin que concurriera la circunstancia que se prescriben en esta disposición para que pueda verseclar.

Art. 32. En toda clase de reconocimiento se observarán los requisitos que previenen la debida circunspección, sin propulsarse a palabras descom- puestas ni ofensivas, y evitando todo acto estrepito- so que no sea necesario para asegurar el conocimiento y apreciación de las circunstancias y de los delitos cometidos. De cualquier escusa que por aquello se cometa, serán responsables los jefes que presiden el acto, sin perjuicio del procedimiento que haya lugar contra su autor.

TITULO CUARTO

DE LOS PROCEDIMIENTOS EN MATERIA DE CONTRABANDO Y DEFRAUDACIÓN.

DISPOSICION PRELIMINAR.

Art. 35. Los procedimientos en los delitos de contrabando y defraudación son administrativos o judiciales. Los primeros tienen exclusivamente por objeto la declaración, venta y distribución del impor- te de los bienes decomisados, y las demás disposiciones de las causas señaladas en este decreto a los res de los expresados delitos y de los demás co- nexos con ellos.

CAPITULO I.

Del procedimiento administrativo.

Art. 31. El procedimiento administrativo tendrá lugar sólo en el caso de aprehensión de géneros de contrabando o defraudación; esquematizándose, sin am- bargo, lo previsto en los artículos 90, 91 y 97 de la instrucción de aduanas.

Art. 33. En toda aprehensión de géneros de con- trabando o defraudación que segú las regulaciones de dicha instrucción se haga, se entenderá en el artículo siguiente que se ha de hacer constar:

1.º La clase y número de los aprehendidos, su nombre, destino y graduación.

2.º El lugar, día y hora en que se verifique la aprehensión.

3.º Los nombres y vecindad de los conductores o tenedores de los géneros, si se hallaren presentes, o las noticias adquiridas sobre ellos si se hubieren fu- gado.

4.º La designación de los efectos aprehendidos, con expresión del número de cargas, bultos o fardos, de sus marcas, y número de piezas contenidas en ca- da uno de ellos.

5.º El número, clase y señas de las caballerías y carruajes, o la designación del buque en que se ha- vieron conducido los efectos.

6.º Las circunstancias particulares que hubiesen ocurrido en la aprehensión, y que puedan interesar para la calificación del hecho.

Esta diligencia se firmará por el jefe de la apre- hensión, y el oficial del territorio si hubiere concor- rido, y se remitirá a las autoridades que, a ser posible, no sean de los aprehendidos.

Art. 36. Los procedimientos administrativos ten- drán lugar en las administraciones principales de los ramas a que correspondan los efectos de que se trate, a cuya autoridad se pasarán las mismas el acto de que trata el artículo anterior, y los géneros aprehendidos, con las carruajes y caballerías en que se condujeron, y las personas de los res. En cuanto a los buques, quedan encargados, haciéndose constar con ellas, su suficiencia.

Art. 37. Una junta, compuesta del administrador del ramo a que pertenezcan los efectos de que se trate, del inspector general de la aduana de los estados de la aduana de donde la hubiere, de un comerciante nombrado por los interesados, y que acredite haber pagado el subsidio, y del promotor fiscal de Hacienda, con presidente el alto delegado de la administración, al trámite de lo dispuesto en el art. 36, y oye a los interesados, declarará previo el reconocimiento per- sonal que se consignará por escrito. Si la junta no oír al comiso de los instrumentos respectivos, se incoará el expediente instrucciones respectivas. Si los res aprehendidos han podido incu- rir, según lo que resulte del acta y diligencias de aprehensión, en pena personal.

Art. 38. En las circunstancias verificadas dentro de la primera mitad a que se refiere la última parte del art. 2.º de este decreto, el procedimiento adminis- trativo tendrá lugar en los puntos en que en dicho artículo se expresan, comprendiendo en este caso la junta del administrador y vista de la aduana, y el im- porto fiscal.

Art. 39. Cuando los interesados se conformen con la declaración del comiso, se llevará a efecto la declaración de los bienes decomisados, que conforme- ren podrán acudir al gobierno por conducto de la di- rección del ramo respectivo; pero sólo para el efecto de la declaración del comiso, deberá resolverse la instancia en el término de tres días, a partir de que se lo dé a la autoridad aduanera, y sin que la que interpusiera suspenda el curso de los procedimientos judiciales para la imposición de las penas, igual re- cuadro que para intentar el promotor fiscal cuando crey- erase que los nombramientos de la justa puede irreglar- larse definitivamente para los juzgados y promo- tores de Hacienda, creadas por Real decreto de 20 del corriente, recagan en las personas más aptas para ejercerlos, y se remitirá a los jueces de primera ins- tancia de los respectivos territorios, a los consejos provinciales, a los jueces de instrucción, y a los consejos de los gobiernos civiles, incisos en lo que se refiere a los res- pectivos superiores inamovibles.

De Real orden lo digo á V. S., para su inteligencia y efectos oportunos. Dado á Madrid á 18 de junio de 1832.—Bravo Murillo.—Sr. director general de lo contencioso.

Art. 40. La venta o distribución del importe de los géneros decomisados se verificará con arreglo á las disposiciones vigentes, siendo preferido el derecho de ello por el tanto de la mayor postura.

Art. 41. Hecha la declaración del comiso por la junta, el administrador pasará al juzgado que corres- pondió en el literal anterior, y se remitirá á los res- pectivos de los diferentes distritos, y también los res- tenidos, cuando por aquella se hubiere declarado que dichos res no hubieran podido ir en pena personal.

Art. 42. Los juzgados y tribunales sustituirán y declararán la inutilidad de los arreglos que se estable- cen en el presente decreto respecto de la imposición de las penas señaladas en el mismo á los delitos de contrabando y defraudación, y á los conexos con ellos, al tener el de los delitos de contrabando.

Art. 45. La hacienda pública responderá del valor en venta de los géneros decomisados, si en algún ca- so se declare por los tribunales la improcedencia del comiso.

Beatas órdenes.

Con el objeto de preparar la instalación de los ju- gados de Hacienda, creados por el Real decreto de 20 de corriente, y al trámite del actual sistema de proce- dimientos en las causas de contrabando y defrauda- ción al establecido por el Real decreto de la misma fecha, S. M. la Reina (D. G. II.) se ha servido dictar las siguientes disposiciones:

1.º Las actuales subdelegaciones de rentas conti- nuarán actuando como hasta aquí, hasta el día 31 de julio próximo.

2.º El 1.º de agosto siguiente deberán quedar trasladados los juzgados de primera instancia de Hacienda creados por el mencionado Real decreto, y em- pezarán á funcionar los demás juzgados y consejos provinciales, á quienes se encarga respectivamente el control administrativo de los negocios judiciales o contenciosos.

3.º Los abogados fiscales del Tribunal Supremo de Justicia y de las audiencias, los jueces de primera instancia de Hacienda, y los jueces de instrucción, deberán trasladarse á la fecha dicho 1.º de agosto en los puntos para donde respectivamente hubieren sido destinados, y en el mismo tomarán posesión de sus plazas, previas juramentación y certificación de presencia en la forma ordinaria. En los puntos para cuyas sedes no hubiere hecho en la fecha indicada los nombramientos de jueces de primera instancia de Hacienda, y de promotores de la misma, o que no hayan sido designados, se remitirán copias de los nombramientos á los asesores en juezes, y á los fiscales actuales con el carácter de promotores.

4.º Los jueces darán parte de sus instalaciones á las respectivas audiencias territoriales por medio de los correspondientes oficios, en el sentido del artículo de la regla que se remita á su trámite por conducto de la di- rección de lo contencioso.

5.º Los escritorios de las subdelegaciones que con arreglo al art. 3.º del mencionado Real decreto han de trasladarse á los lugares de Hacienda, forman- dos y pasarán á los jueces y consejos provinciales respectivos, dentro de los quince primeros días del de la instanciación, inventariando testimoniado todos los ne- gocios civiles incisos en lo que se refiere á los res- pectivos superiores inamovibles.

De Real orden lo digo á V. S., para su inteligencia y efectos oportunos. Dado á Madrid á 18 de junio de 1832.—Bravo Murillo.—Sr. director general de lo contencioso.

Con el fin de que los nombramientos que deben hacerse definitivamente para los juzgados y promo- tores de Hacienda, creadas por Real decreto de 20 del corriente, recagan en las personas más aptas para ejercerlos, y se remitirá á los jueces de primera ins- tancia de los respectivos territorios, a los consejos provinciales, a los jueces de instrucción, y a los consejos de los gobiernos civiles, incisos en lo que se refiere a los res- pectivos superiores inamovibles.

De Real orden lo digo á V. S., para su inteligencia y efectos oportunos. Dado á Madrid á 18 de junio de 1832.—Bravo Murillo.—Sr. director general de lo contencioso.

MINISTERIO DE LA GOBERNACION.

Real decreto.

En vista de lo que me ha espetado el ministro de la Gobernación; y de conformidad con el parecer de mi consejo de ministros, vengo en decretar lo siguiente:

Artículo 1.º Se autoriza la venta en pública subasta de los bienes de propios de los pueblos de las provin- cias de Burgos, Valladolid, Ávila, Logroño, Palencia, Salamanca, Segovia, y Zamora que lo soliciten, á excepción de los que sean de aprovechamiento co- mún.

Art. 2.º Para la enajenación de dichos bienes ins- truirán los ayuntamientos los oportunos expedientes, con sujeción á lo previsto en mi Real decreto de 30 de septiembre de 1818, 5 de marzo de 1833, y 34 de agosto de 1834.

Art. 3.º El producto de dichas ventas se invertirá forzosa y exclusivamente en la adquisición de acciones de la línea de ferrocarril de Madrid á Zaragoza, que ha de construirse con capital del Estado desde Madrid á Irún, con arreglo á lo dispuesto en mi Real decreto de esta fecha, expedido por el ministerio de Fomento.

Art. 4.º Los ayuntamientos comprendidos entre las provincias de las que se trata, remitirán á las can- tidades que produzca la enajenación de las fincas, y en los gastos un crédito igual para la compra de las citadas acciones.

Art. 5.º Se deja que llegue el momento de su apli- cación, las cantidades procedentes de las ventas de propiedades depositarias en el banco español de San Fer- nando, o en poder de los comisionados del mismo ex- tablecimiento en las capitales de las expresadas provin- cias.

Bajo en Palacio á cuatro de julio de mil ochocien- tos cincuenta y dos.—Esta rubricada de la Real mano.—El ministro de la Gobernación.—Manuel Bertran de Lis.

Del Boletín oficial del ministerio de Gracia y Ju- sticia tomamos la siguiente circular:

“Cada cuenta á la Reina (D. G. D.) de varias con- sultas elevadas á este ministerio por los recuadadores y agentes de la Audiencia de memorias, aniversarios y obituarios, S. M. se ha dignado resolver:

“1.º Que todos los testimonios y certificaciones de que necesiten proveerse los recuadadores, se harán extender á los propios de su condición, se entienden en papel de oficio.

“2.º Que se prevea á los regentes de las Au- diencias de cámara los correspondientes órdenes á los jueces de primera instancia de sus respectivos territorios, á fin de que, dando estos las suyas á los escribanos de sus juzgados, expidan los mismos á los recuadadores certificaciones en reglamento bastantes de todos los méritos, y en caso de ausencia familiar, que por sus éxitos hayan sido adjudicados en propiedad á los mas próximos parientes de los fundadores, con arreglo á lo dispuesto en la ley de agosto de 1831, con liberal expresión de las cargas á que estén sujetos.

“3.º Que las certificaciones previamente á los escribanos de cámara suministren á los recuadadores iguales certificaciones, con referencia á los esquemas de la propia naturaleza que hayan sido ejecutorias.

“4.º Que se prevea á los regentes de las Au- diencias de cámara que los indicios regentes libren á los jueces de primera instancia un estatus- viva para que prevengan á los contadores de hipotecas á fin de que, dando estos las suyas á los escribanos de sus juzgados, expidan los mismos á los recuadadores certificaciones en reglamento bastantes de todos los méritos, y en caso de ausencia familiar, que por sus éxitos hayan sido adjudicados en propiedad á los mas próximos parientes de los fundadores, con arreglo á lo dispuesto en la ley de agosto de 1831, con liberal expresión de las cargas á que estén sujetos.

“5.º Que se prevea á los gobernadores de pro- vincias órdenes á los administradores de directas, si- ministrándoles á los recuadadores de directas necesi- tados, que se les dé de bien del elero registro y se- guir, en el cumplimiento de esta clase de antecedentes que existan en sus dependencias, y para que ordenen á los alcaldes y ayuntamientos de los pueblos facultes á los expresados recuadadores, para que se sirvan de los mismos de rigor, relativos á cargas eclesiásti- cas.

“De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de Gracia y Justicia, lo digo á V. para los efectos consi- guientes. Nos guardó á V. muchas años, Madrid 22 de junio de 1832.—El subsecretario, Antonio Escudero.—Sr. recuadador y agente investigador de memorias y obras pías.”

Madrid: Imprenta de D. José C. de la Peña.