El Notario (Madrid) (1852-01-26 00:00:00), página 2

OFICIOS ENAJENADOS.

Larga y sumamente curiosa sería ciertamente la historia de los oficios enajenados por la Corona. Pero este trabajo no es el más apropiado para una publicación periódica como El Notario, ya por su mucha extensión, ya también porque aquellos oficios no han sido solamente de cargos pertenecientes a la administración de justicia. Sin entrar, pues, en largos detalles, y concretándonos a lo que más de cerca nos interesa, sabido es que la época en que principalmente tuvieron lugar las enajenaciones fue durante la dominación de la casa de Austria, en los siglos XVI y XVII. Fue esto un arbitrio, y arbitrio de pingües resultados, de que echaba mano la Corona en sus apuros para aumentar los recursos del Erario. A falta de otros medios de disponer, se comenzó remunerando servicios por el medio de conceder diferentes oficios públicos, unas veces vitaliciamente y otras por juro de heredad, hasta que se consolvió por sacarlos al mercado, digámoslo, y adjudicárselos a quien más diera. Así se dieron muchos alferezazgos, regidurías, alcaldías y la mayor parte de los cargos municipales; siendo tal el escaso, que ya el festivo Quevedo se atrevió a decir en tiempo de Felipe IV:

Perpétuos se venden
Oficios, gobiernos,
Que es dar á las villas
Verdugos eternos.

Además de estos cargos de importancia para el gobierno de los pueblos, cargos en que algunos podían abusar hasta el punto de poder ser verdugos de las villas, enajenaronse también escribanías, procuras, receptorías, porterías y alcazares, para cuya adquisición emplearon diferentes familias capitales crecidos que lucieron en beneficio del Estado.

Desde ese tiempo hasta el de nuestra reforma política en 1834 y 36, todos los dueños de aquellos oficios o cargos que los habían adquirido por juro de heredad a título oneroso, han venido disfrutándolos quieto y tranquilamente. Han ido sucediendo en ellos las familias como en otra propiedad cualquiera; se han arrendado, cedido, permutado, etc., con sujeción, es verdad, a ciertas trabas que empezaron a imponer las leyes, pero siempre fueron respetadas todas estas trasmisiones en justa consideración al legítimo título que indicaba la egresión de la Corona y su paso al dominio de los particulares. Pero este estado de cosas desapareció por completo con la reforma política; pues que habiéndose declarado inalienables los cargos públicos y suprimidos todos los oficios enajenados, se desapropió de ellos a cuantos los poseían, reconociéndoles únicamente como acreedores del Estado por el decreto de las Cortes de 10 de mayo de 1837.

Antes de esperar lo que se ha hecho desde 1837 hasta el día sobre tan importante materia, como así también el estado en que hoy se encuentra, debemos detenernos a demostrar la indole de la propiedad suprimida. Estamos muy distantes de defender las enajenaciones hechas por la Corona de diferentes cargos públicos y especialmente de las escriturantes; antes por el contrario, no podemos menos de confesar que fueron un malísimo expediente para salir de apuros, un medio funesto de aumentar los recursos de la Hacienda. Era en tal concepto de necesidad que llegase un tiempo en que ningún particular tuviese otro título mas que el de sus méritos para alcanzar un cargo público cualquiera, dependiendo exclusivamente todos ellos del Gobierno para preverlos con arreglo a justicia. Pero aunque tengamos estas convicciones y aunque en su virtud reconozcamos la gran razón que hubo en el fondo para echar por tierra semejante estado de cosas, esto no impide que creamos hasta injusta la maniera de hacerse la supresión, y mucho más todavía esa frase vaga de que se reconozca a los poseedores por acreedores del Estado.

La propiedad de esos oficios no tiene ni puede tener otro carácter distinto de cualquiera otra propiedad, y constituyen por lo tanto un derecho sagrado de qué, aun estando de por medio la utilidad pública, no se ha privado a nadie jamás sin previa indemnización. Bien ó mal, la Corona, único representante, único poder del Estado, dispuso de ellos en venta y recibió en cambio un interés que se le dio bajo todas las garantías y todas las seguridades posibles. Hechas, pues, las compras mediante un precio que siempre fue creado, la ley misma dió su sanción a estas adquisiciones. ¿Habrá, pues, títulos más legítimos de dominio? ¿Por qué la propiedad es tan respetable y respetada? ¿No lo es porque supone el logro del trabajo y de los afanes del hombre sin cuyo estudio desaparecería el estado social? Pues bien, ¿qué otro carácter puede darse a los capitales cuantiosos que se invirtieron en esos oficios? ¿Por qué hoy no han de ser dignos de respeto cuando la misma ley fue quien les llama y abrió el mercado, cuando la misma ley los recibió para disponer de ellos en beneficio del Estado? En suma, esos oficios fueron comprados a título oneroso bajo todas las seguridades que era posible imaginar; ellos han formado el patrimonio de muchas familias y le forman todavía, y por larga serie de años han venido disfrutándolos al amparo de la ley, como interés justo y legítimo de los capitales invertidos en su adquisición. Constituyen por lo tanto una propiedad tan sagrada y digna de respeto como la que mas.

Si pues los poseedores de oficios enajenados por la Corona no pueden oponerse con razón a que se supriman, la tendrán siempre, y sobrada, para que no se les despoje sin indemnización, sean cuales quiera las reformas, sean cuales quiera los cambios que se realicen.

De esta base de justicia habremos de partir en adelante al examinar el estado que hoy tiene esta importante materia, y a ella será necesario alinearse siempre si se ha de dar á la cuestión de oficios enajenados un desenlace satisfactorio.

(Se continuará.)

Con el mayor gusto insertamos á continuación las siguientes observaciones que nos remite nuestro corresponsal de Haro.

La disposición del art. 57 del Real decreto de 8 de agosto sobre el papel sellado, puede hacerse extensiva con mucho acierto y grande utilidad á los pleitos ó causas civiles, fijándose el valor de cada hoja, según que el pleito sea de mas de 5000 rs., de 2000 á 5000 ó menos de 2000.

Por este medio se asegura el uso del papel correspondiente; y que los Jueces, Escribanos y demás funcionarios no sean perseguidos ni castigados como defraudadores por actos de error, falsificación ó equivocada inteligencia de la disposición legal, para cada providencia y cada actuación, mayormente en los momentos que la atención de los funcionarios se fija en la resolución del negocio puesto al despacho y no precisamente en el papel en que aquella ha de entenderse.

Se simplificará la ley, se facilitará su cumplimiento sin exponerse alguna de parte de los funcionarios á incurrir, en falta, y la espendidura del papel y su sello puede hacerse con mas economía y mas acierto. Por cualquier punto de vista que se examine la idea se halla ventajosa.

Que la ley se simplifique es evidente, por cuanto bastará fijar el sello que ha de usarse en cada pleito, atendida su cuantía y la provincia en que se ventile, pues sabido es que estaba fijado en los aranceles judiciales, un aumento de derechos á los jueces en los territorios de primera clase, respecto de los de segunda, circunstancia atendible y de que se prescinde en la nueva ley.