La Reforma (Madrid. 1898. Romero impresor) (1898-05-20 00:00:00), página 2

puede desaparecer el quebranto, y no dudamos que el patriotismo de los accionistas y consejeros del gran establecimiento de crédito dará lugar, no sólo á esto, sino á mayores ventajas.

Así lo exige el supremo interés de la patria.

LOS DEBATES PARLAMENTARIOS

Puede decirse que ya terminaron, después de haberse perdido muchos días en inútiles y perjudiciales discusiones, de las que ningún provecho ha sacado el país, y en las que ha sufrido golpe mortal el sistema parlamentario.

Cuando la patria está en peligro, como está sin duda alguna nuestra España, toda iniciativa parlamentaria que no se funde en procurar medios para conjurar la situación, aumentar nuestras fuerzas y llevar el entusiasmo y la confianza al país, no puede por menos que ser censurada.

A nada conducía, ni conduce, que en estos momentos se discutan ciertas cosas. Si á algo puede llevarnos una oposición sistemática, como la hecha por ciertas minorías, es á perturbaciones internas, que, impidiendo los libres movimientos del Gobierno, quebrantan las energías que necesitamos para defender la honra y la bandera nacional.

Por eso ha resultado mayor el triunfo del ilustre hombre público Sr. Silvela, que, olvidando todo por la salvación de la patria, ha demostrado indiscutibles condiciones de jefe de partido y de gobernante, hasta el punto de conseguir que todos los españoles, lo mismo los que forman á su lado que los que siguen neutrales la marcha de la política, vean en el eminente orador, no ya una esperanza, sino una verdadera garantía de orden y de prosperidad para el país.

EL NOTARIADO BAJO LA LEY DE LA OFERTA Y LA DEMANDA

Una de las creaciones de que puede envanecerse la civilización, decía el eximio escritor D. Joaquín Francisco Pacheco, consiste á no dudar en la investidura de la fe pública, personificada en una clase del Estado. Cuando el citado jurisconsulto se expresaba así, no se había hecho la división de aquella en las dos especies de fe judicial y extrajudicial, que llevó á cabo entre nosotros la ley de Mayo de 1862; mas las razones de su apreciación militar de seguro y son aplicables por modo preferente á las funciones encomendadas desde aquella fecha á la profesión notarial.

Iniciada la reforma en esta materia, con la pereza acostumbrada en nuestro país cuando no se trata de asuntos de interés palpitante y ruidoso, pudo al fin alcanzar fuerza legislativa en el expresado año uno de los proyectos que venían elaborándose, convirtiéndose en ley el que ahora rige, y que por cierto hubo de merecer el calificativo de apagador de las luces parlamentarias, porque siempre se ponía á discusión á última hora y quedaba aplazado para legislaturas posteriores.

El constituye, por tanto, la base de la situación presente en este ramo del servicio, alterado sólo en algunos accidentes por medio de las disposiciones que han venido sucediéndose desde entonces.

Pocas organizaciones oficiales han motivado protestas y reclamaciones en número mayor: pocas son también las que han alcanzado para su orden interior más disposiciones complementarias encomendadas á su perfeccionamiento; y hoy, después de todas esas iniciativas, puede decirse que el asunto se halla en las mismas, si no en peores condiciones que al principio de la reforma.

La consecuencia que la lógica habrá de deducir de este fenómeno, con legitimidad perfecta, es que el mal no reside en los accidentes sobre que han recaído las modificaciones, sino que está, por el contrario, en algo nocivo que es sustancial y se ha dejado subsistente.

Por lo que se ha podido ver en el contenido y en el espíritu de las alteraciones reglamentarias de referencia, éstas se han inspirado en el pensamiento exclusivo de procurar decorosa subsistencia á los Notarios, correspondiendo así á uno de los objetivos de la ley, estampado en su texto con mención expresa, sin mirar á otros criterios, ni quitar de en medio hechos capitales que habían de esterilizarlo todo. Y obedeciendo á tal propósito hemos podido contemplar repetidas modificaciones arancelarias, y otras tantas introducidas en las demarcaciones territoriales y en la fijación del número de funcionarios, con tendencia marcada á su disminución.

La tarea, sin embargo, ha resultado inútil, cual hemos apuntado arriba, y la clase á quien se pretende favorecer continúa en una crisis que no se acierta á resolver.

Si, pues, ésta tiene su raíz en cosas que en la institución no se ha tenido el valor ó la ocasión de cambiar, es consiguiente que ella ha de persistir en tanto que dure el modo de ser actual en la institución misma.

Por eso hay que señalar la causa de esa impotencia reglamentaria y los medios de tornar eficaces las aspiraciones gubernamentales, si es que se quiere de veras un mejoramiento definitivo y que venga á causar estado.

¿Dónde está, por tanto, el vicio de la actual organización notarial? A nuestro juicio, ese vicio consiste, á no dudar, en que se ha querido crear, y se ha creado, en el Notario una entidad contradictoria, mitad empleado público y la otra mitad miembro de un gremio profesional en cuyo seno impera la libre concurrencia; en que estos dos diversos aspectos suyos pugnan entre sí y el uno excluye al otro; y mientras el primero le impone las restricciones que son garantías de respetabilidad en todo servidor del Estado, el segundo le quita toda independencia haciéndole ir á remolque de la multiplicidad de intereses que abarca la lucha por la vida.

La ley, en efecto, llama al Notario empleado público, con las prerrogativas y obligaciones de tal y encomendándole funciones obligatorias, cuyo desempeño ha cuidado de asegurar con sanciones penales adecuadas. En esto las ordenaciones legales son consecuentes, porque responden á la noción que se tiene de un funcionario oficial. Mas á seguida, esa misma ley rompe con la lógica y á ese oficial público le pone enfrente otro de su misma clase que le disputa diariamente sobre el terreno el ejercicio de sus atribuciones, y establece para cada actuación una competencia de que resulta juez el interés transitorio de las partes; y ante situación tal, el carácter del notario, bajo el punto de vista jurídico, de público que era, se convierte necesariamente en privado, y se viene á engendrar en él ese ser contradictorio á que hemos aludido arriba.

En toda doctrina digna de este nombre, una serie cualquiera de funciones oficiales atribuidas á personal determinado, crea á favor de éste, una vez establecida su competencia, una fuerza de orden moral, un derecho que excluye de ellas á personal distinto, porque su misión participa de las prerrogativas del poder autoritario de suyo, donde quiera que éste radique. Por eso en ninguna clase de empleos públicos es conocida competencia alguna para conocer dentro de un mismo territorio y por parte de funcionarios iguales, y si se intentase establecer, habría de sobrevenir inmediatamente una verdadera anarquía. ¿Por qué, pues, ha de esti-