El Foro español (Madrid. 1898) (1922-09-30 00:00:00), página 4

leal reflejo de mi sentir; pero me interesa subrayarlas, para que nunca pueda entenderse que hay en las que siguen, y menos proferidas desde este sitio, ni aun somos de censura para una labor como la que tenaz y abnegadamente, y sin otro estímulo ni recompensa que la satisfacción del deber cumplido, vienen realizando los merísimos vocales de la Comisión codificadora.

Quedamos, pues, en que es una entidad autorizada, autorizadísima. Pero añado ahora, con humildad y con respeto, que el mal de que adolece es, precisamente, el exceso de su autoridad personal. Es un caso singular en la fisiología político-administrativa de nuestro país: sobra órgano para la función. Y no proviene el perjudicial exceso de la cualificación: eso es moneda corriente en nuestro mercado, donde comienza a percibirse una sobresaturación de funcionarismo; es enfermedad común y cada día más propagada, por desdicha, en la cual la hipertrófia orgánica va acompañada de nocivos desarreglos funcionales de la Administración pública. El mal que señalo deriva de otra causa, del exceso en la calidad, de haber constituido un organismo tan fino, tan delicado, tan merecedor de miramientos, que su propia excelencia le inhabilita para instrumento de trabajo.

Son las comisiones técnicas en España, y fuera de ella, auxiliares preciosos e indispensables de la labor ministerial. La iniciativa es del Ministro; la orientación es del Gobierno; la ejecución compete al tecnicismo de la Comisión. Empresa es difícil y complicada, no tanto por lo que atañe a desarrollar en preceptos articulados la idea fundamental, sino por la necesaria conexión que debe establecerse entre las nuevas disposiciones y las demás vigentes, y por la ineludible obligación de mantener, en cuanto sea posible, la subordinación del mandamiento que se promulgue a los principios capitales y la orientación genérica de la legislación nacional. Requiere para el acierto una compenetración íntima entre la Comisión y el Ministro, que, respetando la autonomía de cada cual, consolide, sin menoscabo de nadie, los mutuos vínculos en la consistente relación de dependencia. De otro modo, atribuida a la Comisión misma la determinación de la oportunidad para legislar, de las finalidades que se han de perseguir y de los rumbos que conviene adoptar, la función ministerial queda constreñida a la de un vehículo de transmisión entre la Comisión, que proyecta, y el Parlamento, que vota, sin más recursos para casos de disconformidad que dos: o el ciertamente aventurado de elaborar por su cuenta y riesgo, y bajo su personal autoridad, un proyecto que responda a sus convicciones, o el meramente dilatorio de guardar el proyecto de la Comisión en un cajón de su mesa de despacho, para entregarlo, en ocasión de crisis, a su inmediato sucesor.

Sólo con apuntar ligeramente las primeras líneas del índice de la enorme faena que debiera irse realizando, me aparté del tema que principalmente me propóna esbozar en esta breve disertación: la judicatura; aspiraciones de los funcionarios judiciales, y medios prácticos de satisfacerlas.

Y séame ante todo lícito aprovechar el instante de rendir un efusivo testimonio de admiración y de respeto a la serena ecuanimidad con que los funcionarios judiciales han sabido resistir al contagio sindicalista, que llegó a prender eficazmente en tantos organismos del Estado, agrupando a sus miembros en verdaderas sociedades de resistencia, con sus juntas directivas públicas y secretas, con sus órdenes ocultamente cursadas y ciegamente obedecidas, y con el arma temerosa de la huelga aplicada a pasto para obtener mejoramientos de retribución y no sé si disminución de horas de trabajo. Afortunadamente, de igual modo que antes seguimos normas trazadas fuera de España para rendirnos al movimiento sindical, parece que ahora, lo mismo que en los demás países, comenzamos a reaccionar, y Dios ha de querer que en no lejano plazo nos veamos libres de esas angustiosas pesadillas, que eran el trastuque de todos los asientos normales del Poder público. En la carrera judicial pudo haber momentos de peligro; pero se salvaron felizmente merced a la convicción, arraigada en la conciencia profesional de todos, de la importancia de la misión judicial y de la responsabilidad enorme que pesa sobre los ministros de la Justicia, y la reflexión concretó las iniciativas. Asociaciones benéficas que, al amparo de la mutualidad, establezcan pensiones en caso de muerte, socorros de enfermedad, colegios donde los huérfanos reciban educación gratuita, sí. Asociaciones técnicas, donde se estudie la organización jurídica de España, se aprecien las deficiencias legislativas, se propongan remedios y se intente, dentro de la posibilidad económica de cada instante, el mejoramiento de la administración de justicia, en la organización de los tribunales, en la rapidez y garantía de los procedimientos y en la situación social de los asociados, sí. Asociaciones profesionales que, teniendo por aspiración suprema la dignificación colectiva, el progreso cultural y la depuración ética, examinen los modos de alcanzar tan nobles fines, también. Pero la organización de lucha, no. La amenaza, la huelga, la captación violenta de las resoluciones del Poder jurídico, jamás. Al César lo que es del César.