El Notario (Madrid) (1852-10-04 00:00:00), página 3

que no nos han parecido muy del caso. Ciento que no se debe escribir para adular, porque es otro el deber del escritor público, á que no falaremos jamás ni hemos faltado nunca, aun á costa alguna vez de caer en desgracia y correr los peligros de la verdad; pero para decir que el acuerdo del colegio de procuradores es ó no conveniente ¿son por ventura oportunas semejantes protestas? Y aun cuando lo fueran, ¿no hemos visto alguna vez a escritores que blas- sonan independencia confundir de propósito la verdad con el error y prestarse gustosos á defender este ó por calculo, ó para satisfacer miserables pasiones, ó para encangarase en la li- sonja, y eso que es moneda falsa ¿y que solo la vanidad humana hace correr?... Dejemos pues á un lado las protestas, y veamos si hay motivos para la censura, ó si al contrario hay algo que elogiar en el acuerdo indicado, ¿y, por decoro propio, el colegio de procuradores de Madrid debe hacer que se cumpla con todo rigor y exactitud.

Prescindiendo de lo que disponen las leyes del tit. 3.º, lib. 2.º del Fuero Juzgo, las del 10 lib. 4.º del Fuero Real, y las del 5.º de la Par- tida 3.ª dedicadas á los procuradores, ¿a los personeros queremos solo justificar el acuerdo con leyes mas modernas y de inmediata aplicación á lo acordado.

D. Fernando y doña Isabel en las Ordenan- zas de Medina de 1489, y en Madrid en las Orde- nanzas de abogados y procuradores de 14 de fe- brero de 1495 establecieron ya el examen y ju- ramento de los procuradores de las Audiencias, y ordenaron que en dichos Tribunales ninguna persona haga auto, ni dé petición, ni se resista si no fuere de dichos procuradores del número y examinados como dicho es. Estas disposiciones vinieron á ser la ley 1.º del tit. 31, lib. 5.º de la Novísima Recopilación, muy en consonancia con las otras once leyes del mismo título, y con las del 23 del lib. 4.º que trata de los procuradores del número de la Corte, observadas constantemen- te y sin contradicción hasta ahora.

Ciento que el Reglamento de los Consejos provinciales de 1.º de octubre de 1845, quita el carácter obligatorio al ministerio de los procura- dores, que en el Consejo Real de 30 de di- ciembre del mismo año no se cuenta á estos en- tre los agentes que asisten á los que litigan ante dicho tribunal, y que la ley de enjuiciamiento sobre negocios y causas de comercio deja en al- gun caso el arbitrio de los comerciantes el se- guir sus litigios en su nombre propio ó consti- tuyendo por apoderados á sus mandos que ten- gan 25 años cumplidos; pero, en buena lógica, ¿qué se deduce de estas disposiciones contra el acuerdo que se combate? Si perjudica á los pro- curadores respecto á los Tribunales y negocios á que se refieren, ¿en qué sentido favorecen á los agentes? ¿No ha considerado el impugnador del acuerdo que esa misma ley de enjuiciamiento mercantil que viene invocando en su favor, exige la necesaria intervención de los procuradores, cuando los litigios se llevan á los Tribunales su- periores, y aun en las primeras instancias, cuan- do los comerciantes no los siguen por sí ó por sus mandos, ó cuando no residen en el lugar del juicio? ¿No ha considerado también que ade- más de las leyes de la Recopilación antes citadas, tenemos hoy el Reglamento del Tribunal Supre- mo de 17 de octubre de 1833, las Ordenanzas de las Audiencias de 20 de diciembre del mismo año, y el Reglamento de los juzgados de primera ins- tancia de 1.º de mayo de 1844? En verdad, es- tas soberanas disposiciones han pasado desapre- cibidas para nuestro apreciable colega; y como veremos, resuelven ellas, por si solas el punto cardinal de esa cuestión sustanciada, mas impor- tante de lo que á primera vista parece.

Reconócense en ellas los oficios de Procura- dores, ordenando los que debe haber en cada Audiencia y los requisitos que deben tener, que los de la Corte lo sean también del Tribunal Supremo y que haya un número limitado en los juzgados de primera instancia sin perjuicio de los derechos adquiridos donde hubiere Tribunales superiores. Sobre el pensamiento del legislador, más ó menos aceptable en teoría, no hablaremos nosotros, dejaremos que una ley nos le diga, muy del caso, porque precisamente trata de los agentes de negocios, y más notable por la razón de lo dispuesto que por lo que dispone. Trata- bánsese de evitar los inconvenientes de esa prácti- ca, afecia en los tribunales de Madrid, de firmar los procuradores del número á los agentes de nego- cios (1) y para conseguirlo se publicaron las dos leyes del tit. 26, lib. 4.º de la Novísima Re- copilación, abriendo por la 4.ª un registro de todos los dichos agentes y por la 2.ª mandando que no pudiera haberlos sin especial Real título, pues deben ser personas conocidas, por los exi- dentes perjuicios y daños que resultan al público en comun, y á los individuos en particular. Y que ese fue en parte antes de esta ley, el motivo de la institución de los procuradores como hoy se conocen, ni siquiera ofrece un atomo de duda, su creación tuvo por objeto evitar esos perjuicios inmensos que pueden originarse á los litigantes y al público, ó por falta de aptitud, ó por falta de probidad, ó por falta de arraigo. A esto condu- cen las disposiciones vigentes sobre este materia.

Es sabido que según las citadas leyes, re- gímenes y ordenanzas, los procuradores tienen muy estrechos deberes que cumplir y grande responsabilidad en el desempeño de sus cargos. Necesitan tener un libro en que llevar con la mayor puntualidad su correspondencia con los litigantes, otro para anotar los poderes con mo- chía especificación, otro de cargo y data en sus cuentas, otro de notificaciones, otro de provi- siones y ejecutorias que se liberen por su con- ducto, y otro de conocimientos para recoger los recibos de los abogados cuando les pasan los procesos. Están obligados á visitar los presos, cuya defensa les está encomendada, teniendo que practicar esto casi diariamente, por el im- mensa número de causas que hay siempre, con especialidad en la Corte; son responsables del atraso y del culpable estrago de los procesos, provisiones, instrumentos y cualesquier otros papeles en cuya conservación deben poner el mayor cuidado; y en fin, es su oficio summa- mente delicado y no en vano toma la ley las in- dieadas precauciones y otras que aquí omitimos.

Conocidas estas disposiciones, sorprenden- cieramente ver sostenida en Madrid esa prácti- ca viciosísima de firmar los Procuradores á los agentes en cuantos negocios judiciales maneja- ban estos. Cualquiera, pues, podía recibir y re- cibir un poder, cualquiera sin atraiga, sin la aptitud suficiente, sin la moralidad que la ley

(1) El art. 104 del Real decreto de 17 de octubre de 1855, o sea del Reglamento del Tribunal Supremo dice que «los los llamados agentes de negocios son los que intervienen legal en los de la Corte y en el Tribunal...».