El Foro español (Madrid. 1898) (1923-09-15 00:00:00), página 2

justicia porque sin rectitud e independencia de esta no es posible que marche bien nada de lo demás.

Rogamos, pues, al Directorio que ha de formarse que desde luego dirija por este lado sus primeros aires purificadores.

SOBRE EL DECRETO DE ALQUILERES
LA REVISIÓN DE CONTRATOS

Ha llegado a existir cierta uniformidad en la interpretación del Real decreto de 21 de Junio de 1920, siquiera de lugar a grandes discrepancias, la mayor o menor amplitud de los Tribunales en la apreciación de las pruebas. La falta de un Tribunal superior que fije el criterio que en definitiva ha de prevalecer, será causa de cierta inquietud en los litigantes que por primera vez comparezcan ante determinado Tribunal.

En la aplicación del art. 4.º existen grandes divergencias por tratarse de ejercer, dentro de cierto margen, una facultad discrecional en cuya virtud queda al arbitrio del juzgador la fijación del alquiler que cada piso ha de devengar.

Sabido es que el artículo 4.º señala una escala para regular los alquileres, tomando por base los que rigieran en 31 de Diciembre de 1914; pero al final del primer párrafo se dice que la norma podrá ser alterada en atención a alguna de las circunstancias siguientes: a) Obras o mejoras que hayan sido hechas en las fincas, y principalmente aquellas que hayan contribuido a la higiene y salubridad de la vivienda. b) Relación normal de los precios, con el resultado de la investigación y comprobación de rentas practicadas por el Registro fiscal. c) Notable elevación de los precios de suministros especiales hechos por el arrendador.

De las tres circunstancias expresadas, la que más se presta a desviar el criterio del legislador es la insertada en segundo término, esto es, la relación normal de los precios, por el Registro fiscal.

El propietario que quiere elevar los alquileres presenta en las oficinas del Registro fiscal una declaración jurada, expresiva, de la nueva renta; pide a los inquilinos el aumento proyectado, exhibiéndoles un certificado de la renta que figura en el Registro, y, si no acceden, les demanda ante el Tribunal arbitral. Como se ve quedá minado por su base el decreto sobre inquilinatos, si para elevar el alquiler basta demostrar que el pretendido, es el declarado para los efectos tributarios.

En primer lugar no puede tenerse en cuenta tal circunstancia si la renta se ha declarado espontáneamente por el propietario; es decir, sin estar obligado a ello, y, por supuesto, es necesario que la renta haya sido comprobada por el registro fiscal, ya que así lo dispone el decreto.

Puede ocurrir que se haya declarado una renta y que aún no esté fijado el valor en venta y en renta que menciona en su art. 71 la Intrucción de 10 de Septiembre de 1917, modificada por Real decreto de 29 de Agosto de 1920. Esto por lo que afecta a la comprobación de los nuevos registros fiscales; porque según el art. 93, terminada la comprobación no pueden ser revisados los productos asignados a un inmueble hasta transcurridos cinco años desde la fecha en que se terminara la comprobación, durante cuyo periodo no se admitirán otras causas de alteración—dice el art. 94—sino aquellas que se funden en la construcción, ampliación y otras causas que varíen la estructura de la finca, alterando la capacidad productora.

De las tres circunstancias señaladas en el art. 4.º, las que figuran en primero y tercer lugar benefician al propietario, jamás al inquilino. En cambio la segunda favorecerá en unos casos al arrendador y en otros al arrendatario. Si la renta comprobada que conste en el Registro fiscal es poco más o menos que la realmente devengada en 1914, el propietario no podrá aumentar ni el porcentaje de las escalas, puesto que existe la relación normal entre los precios y la renta comprobada, mientras que si la renta comprobada es mucho mayor que la devengada en 1914, cabrá aumentar, no sólo el porcentaje de la escala, sino algo más, para conseguir esa relación normal.

Creo que esta es la interpretación racional de las circunstancias.

La regla 3.ª de la Real orden de 13 de Julio se encamina a aclarar la circunstancia b), antes comentada, pero no pasa de ser un despropósito digno de figurar en el método de Ahn. En la circunstancia b) se habla de la relación de los precios (de arriendo) con la renta comprobada, mientras que en la regla 3.ª se habla de la relación del precio con el valor de la finca. El autor del decreto quiso evitar que un propietario tributara por una renta de 40, al mismo tiempo que le impedia percibir más de 25, por ejemplo, y además afirmaba que el propietario que estuviere tributando por 25, no podía quejarse si se le prohibía elevar la renta de 25 unidades que percibía en 1914.

Reconozco que la circunstancia b) del art. 4.º es sumamente obscura, y que regla 3.ª de la Real orden hace imposible toda interpretación racional. Verdad es que sin decreto y con él se vive por completo fuera de la legalidad porque para regular las relaciones económicas, apenas conocemos otra ley que el contrato, y éste se desvanece cuando circunstancias extraordinarias privan libertad a los contratantes.

FRUCTUOSO CID.

ENCICLOPEDIA JURÍDICA ESPAÑOLA

Francisco Seix, editor

¿Qué es la «Enciclopedia Jurídica Española»? En pocas palabras puede decirse que representa el más gigantesco esfuerzo intelectual llevado a cabo en corto período de tiempo, merced a una sabia y ordenada dirección que ha tenido exquisito tacto para encontrar asidua y adecuada colaboración en los más notables publicistas del Derecho Español. Sólo así se explica la composición de 30 grandes