La Reforma (Madrid. 1898. Romero impresor) (1898-03-20 00:00:00), página 1

LA REFORMA
Revista Administrativa, Jurídica y Financiera
AÑO I—N.º 8 DIRECTOR: DON FRANCISCO PRIETO MERA 20 MARZO 1898

LA LEY DE MORATORIAS
Por tercera vez, en el transcurso de veinte años, han apelado los Gobiernos á la concesión de moratorias y condonaciones para facilitar la solvencia de los descubiertos á favor del Tesoro, sin que semejantes beneficios hayan respondido al laudable propósito de aquellos.

No discutiremos si lo exagerado de los tributos, ó las deficiencias de la administración, que tan cara cuesta al país, determinan las importantes sumas que al finalizar un presupuesto, quedan adeudando las Corporaciones y los particulares, como tampoco, si esas ventajas y beneficios que se otorgan á los morosos, haciéndoles de mejor condición que á los que se imponen todo género de sacrificios para ser puntuales en el pago de sus obligaciones, puede influir en que muchos se reserven de hacerlo, en espera un día de condonación ó moratoria.

De todas las leyes de este género, ninguna de más alcance que la de 16 de Abril de 1896, pues comprende toda clase de débitos, desde los anteriores á 1849 hasta 1893-94, así de las Diputaciones y Ayuntamientos como de los contribuyentes y personas directa ó subsidiariamente responsables por contribuciones, rentas, impuestos y alcances de todas clases.

Durante su paso por el departamento de Hacienda, el señor D. Amós Salvador tuvo la insitada franqueza de poner de manifiesto al país, numéricamente, el estado general de la administración, y entre Diputaciones, Ayuntamientos y particulares aparecían adeudándose al Tesoro por todos conceptos 476.964.012 pesetas 30 céntimos, hasta el presupuesto de 1892-93.

Esta cifra aterradora impulsóle sin duda á presentar á las Cortes, en 20 de Noviembre de 1894, el proyecto de ley sobre concesión de moratorias y condonaciones, el mismo que fue aprobado en 16 de Abril de 1895, ampliando los débitos hasta el período de 1893-94.

Según el art. 1.º los Ayuntamientos y Diputaciones satisfarán sus descubiertos en quince años y treinta plazos, á contar desde el 1 de Julio de 1895, quedando obligados á incluir en sus respectivos presupuestos de gastos de cada año, el crédito necesario para ello.

Unánimes fueron los aplausos de la prensa que vieron en esta ley un medio eficaz de que al Tesoro llegasen unas sumas que debiera contar perdidas, al par que resultaba beneficiosa para los Ayuntamientos; pero nadie se detuvo á examinar que establece un precedente que rechaza la moral administrativa, al par que ha descargado un terrible golpe sobre los contribuyentes de buena fe, del que no se han apercibido por ese instinto suicida de indiferentismo que predomina en todas las clases: vamos á demostrarlo.

La primera partida de los débitos á favor del Tesoro, son 2.000.000 de pesetas por cuota de la matrícula industrial que en el año 1877-78 estuvo la cobranza á cargo de los Ayuntamientos, por encabezamiento forzoso con la Hacienda. Sabido es que la contribución industrial recae exclusivamente sobre los que ejercen una profesión, arte ó industria, y sin depurar si las realizaron ó no los Ayuntamientos, distrayendo lo recaudado á otros objetos, hoy, después de veinte años, se obliga á los vecinos que nada de común tienen con la industria que otros ejercieron, y la pagarón ó dejaron de pagar, á que contribuyan con lo que el Tesoro dejó de percibir.

En segundo lugar, figuran doce y pico de millones de pesetas por cédulas personales; de éstos, algunos quizá obrén en poder de los que tuvieron á su cargo la expedición y co-branza; pero, aunque así no sea, ¿es lógico, moral ni equitativo que un impuesto de carácter tan exclusivamente personal, los contribuyentes que oportunamente en su día se proveyeron de las suyas respectivas, paguen hoy el importe de los que por insolencia, abandono ó otras causas dejaron de adquirirlas? ¿Recae este impuesto sobre la entidad colectiva de los pueblos con el carácter de cupo forzoso? ¿Establece la ley algún precepto para que el importe de las que no se expidan queden obligados á pagarlas el resto de los vecinos? Pues nada menos que 615.806 pesetas resultan adeudando por este concepto los pueblos de la provincia de Málaga.

A 92.397.224 pesetas se eleva el débito por consumos, de los que la séptima parte corresponde á la provincia de Málaga; en los pueblos donde se administra el impuesto por medio del arriendo, los arrendatarios ó los Ayuntamientos que no aseguraron el cumplimiento del contrato con garantía suficiente, son los responsables en primer término; y si la recaudación fué por reparto á los contribuyentes que hicieron efectivas sus cuotas, ¿cabe, lógica ni equitativamente pensando, obligarles de nuevo á que contribuyan por lo que otros dejaron de hacerlo, cualquiera que sean las causas?

Por el impuesto sobre sueldos se adeudan 6.580.187 pesetas; esto es, un impuesto que los depositarios han percibido, ó debido percibir; de los empleados á abonarles sus haberes, del que son responsables directamente para con la Hacienda, y que bajo ningún concepto puede afectar á la masa general de los contribuyentes hoy, por virtud de la ley, se les obliga también á que contribuyan como si hubiesen contraído esa deuda con el Tesoro.

Pero, ¿á qué cansarnos? hasta los débitos por el impuesto sobre carrajes que pesa sobre los que disfrutan de estos vehículos, van á pagarlos también los que no han disfrutado de sus comodidades y ventajas, porque en su día dejaron de hacerlo sus dueños.

Y se nos ocurre una duda; los débitos por la Matrícula de 1877-78, los de cédulas, consumos y carrajes que proceden de impuestos completamente ajenos á la Administración municipal, pues que gravitan sobre contribuyentes directamente responsables á su pago, ¿han podido llevarse á formar parte de los presupuestos ordinarios que, por los artículos 73 y 134 de la Ley orgánica, se determinan las obligaciones y servicios á cargo de los Ayuntamientos, no comprendiendo ninguno de aquéllos? Los que hayan adquirido la vecindad en un pueblo, ó sean contribuyentes con