La Ley (Sevilla) (1853-01-30 00:00:00), página 10

Que una vez en poder del juzgado por remisión del Gobernador, á quien se le reclamó, el testimonio de que se ha hecho mérito, presentaron los referidos Arciniega y consortes querella criminal contra los Alcaldes y Concejales que compusieron los Ayuntamientos de los citados, y secretario D. José Jiménez Varona, como culpables de haber defraudado los fondos de los vecinos en la suma de 25,971 rs., invirtiendo en provecho propio varias sumas que figuraban en los presupuestos municipales como destinadas á sufragar atenciones públicas:

Que habiéndose ratificado los denunciantes en los extremos de su acusación, y verificado el examen de los testigos que los mismos presentaron, paralizáronse las actuaciones á causa de la competencia que se suscitó entre el juzgado y el Gobernador de la provincia con motivo de las providencias que aquel acordó, á fin de que el Alcalde de Tobalina exhibiese los presupuestos y cuentas municipales de los expresados años. Mas habiéndome dignado declarar mal formada dicha competencia por Real decreto de 24 de Marzo de 1852, y ordenar que el Alcalde exhibiese dichos documentos si no tuviese razones particulares que lo impidiesen, mandéle el juzgado que inmediatamente los pusiese de manifiesto, en cuya virtud presentó aquel un testimonio de los presupuestos correspondientes á los años de 1847, 1848, 1849 y 1850:

Que asimismo, y en virtud de nuevo despacho librado por el juzgado á petición de los denunciantes para que se les franqueasen los cupos de decontribuciones de todas clases que en los referidos años fueron señalados al distrito municipal, y repartos que para exhibirlos se verificaron entre los pueblos de que se compone, puso dicho alcalde á disposición del juzgado los cupos de la territorial y los repartos de este mismo impuesto y del de consumos:

Que con fecha 29 de mayo del presente año se dirigieron los denunciantes al juzgado por medio de un escrito, en el cual, fundados en que de la inspección del testimonio de las cuentas municipales, remitido por el Alcalde, resultaron méritos bastantes para suponer á los referidos concejales reos del delito que tenían denunciado, solicitaban que se decretase desde luego su detención, en cuya pretensión renovamos con fecha 12 de junio y bajo el supuesto de que, según lo que de sí arrojaban los cupos y repartos de las contribuciones cuentas exhibidas por el total de las cantidades repartidas á los pueblos del distrito por el Ayuntamiento escedían notablemente de las asignadas en los cupos totales:

Que por auto del propio día fué esta decretada, procediéndose desde luego á recibir á los procesados declaración indagatoria, en la cual fueron interrogados por el extremo de haber exigido y cobrado del distrito en los referidos años por razón de las contribuciones territorial y de consumos mayores cantidades que las señaladas en los cupos respectivos, y por el de haber percibido en la cobranza de las cantidades destinadas á cubrir el presupuesto municipal mayores sumas que las aprobadas por el Gobernador de la provincia.

Que en este estado se dirigió el juzgado al referido Gobernador, manifestándole que hallándose formando la causa de que se trata, y resultando que entre los procesados se hallaban el Alcalde del presente año y algunos de los regidores del mismo, se creía en el caso de poner esta circunstancia en su conocimiento; mas dicho Gobernador, que noticioso del proceso había oficializado al juzgado requiriéndole de inhibición contestó renovado el requerimiento, de lo cual vino á resultar el presente conflicto sostenido por el Gobernador, en el concepto de que no era lícito al juzgado abrir procedimiento criminal en la materia á no mediar una decisión administrativa declarando la existencia de la defraudación que se suponía, siendo de notar en estos autos que en la providencia por la cual se pronunció el juzgado competente para conocer en el asunto, se declaró asimismo que lo era para su prosecución, no obstante la competencia anunciada, fundándose para ello en que el Gobernador propuso de un modo absoluto el requerimiento de inhibición sin esperar á que se le diese conocimiento del asunto, y sin especificar los fundamentos legales en que se apoyaba, en virtud de lo cual procedió á tomar declaración indagatoria á D. Dionisio Herranz, uno de los comprendidos en la causa, á constituirle en prisión, y por último á la fijación de edictos emplazando á varios de los comprendidos en el proceso que se hallaban ausentes, á fin de que se presentasen arrestados en la cárcel del partido:

Vistos los arts. 107, 108 y 109 de la ley municipal de 8 de enero de 1843, según los cuales es atribución de los Gobernadores de provincia el examen y aprobación de las cuentas municipales cuando el