La Reforma (Madrid. 1898. Romero impresor) (1898-04-10 00:00:00), página 1

MOMENTO SUPREMO

La generación presente no ha conocido otro más grave. Ningún conflicto, ni siquiera el de la revolución, con el advenimiento de la República y los excesos del cantonalismo, puede igualarse en intensidad y en importancia al que nos ha creado la ingratitude cubana y la cínica codicia de los yankees.

Entonces todo dependía del esfuerzo, siempre gigantesco, de los españoles, y ante sus sacrificios y su empuje cedieron las rebelidias y cesaron las guerras.

Hoy es distinto. Solo una insignificante minoría del pueblo cubano permanece en la manigua, pero les alienta y ayuda la perfidia americana, que no teniendo otro pensamiento que poseer á Cuba, no es fácil que reconozca la razón ni se incline ante la justicia, aunque todas las potencias de Europa, convencidas de nuestro derecho, interpongan sus buenos oficios.

Los yankees se convencerán de una sola manera: si esas potencias les hablan con la boca de sus cañones.

La ansiedad es grande y nadie se atreve á pronosticar el desenlace ni el término de este suceso.

Nosotros hacemos fervientes votos por que termine con una paz en todo extremo honrosa; pero si no hay medio en lo humano de que retroceda el detentador audaz de nuestra propiedad indiscutible, venga la guerra y que Dios proteja nuestra bandera, como la protegió en Covadonga, en Bailén y en el Callao.

Todavía, unidos los españoles, podemos hacer frente á tanta desdicha y triunfar de nuestros enemigos.

LA PEQUEÑA PROPIEDAD EN PELIGRO

Al establecerse entre nosotros la contribución territorial por la ley de 1845, declaró el Real decreto de 23 de Mayo, art. 54, que aquélla recaía sobre los productos líquidos del año mismo en que debía realizarse el pago. Dado el contexto de esta disposición, el contribuyente debió estimar exentos de responsabilidad los bienes mismos, pues los principios económicos convenían en estimar perniciosos aquellos tributos que pueden afectar directamente al capital, fuente de toda clase de rendimientos.

No obstante, en las disposiciones subsiguientes de ese decreto se autorizó el procedimiento contra los bienes inmuebles de los deudores, y este precedente legal ha venido siguiéndose en las Instrucciones posteriores hasta la vigente en la actualidad de 12 de Mayo de 1888.

En la fijación de los tipos para el remate de los bienes no ha habido siempre fijeza, pues unas veces ha consistido éste en el importe de las retasas, y otras se ha rebajado á la suma misma del débito y costas del apremio; mas á partir de la Instrucción de 30 de Diciembre de 1869, reforzada con nuevas facilidades de tramitación por decreto de 25 de Agosto de 1871, se introdujo en los procedimientos una solución más radical aún, con la adjudicación de los inmuebles á la Hacienda pública cuando no se presentase postor que los quisiera, ni aun con las ventajas de la evaluación rebajada hasta el cupo mismo de los débitos.

Ni paró aquí todavía lo que podía dar de sí la inventiva del Estado para robustecer sus medios fiscales, porque en la Ley de Presupuestos de 1893, la adjudicación en pago, creada como medida suprema para la ultimación de los expedientes ejecutivos, se ordenó que tuviese lugar en favor de los respectivos Ayuntamientos, entendiéndose aumentado el cupo del pueblo con el importe de los débitos que la hubieran ocasionado.

No hay que decir á este propósito hasta qué punto esa última disposición ha debido sublevar el buen sentido, ya que ella viene á declarar con tiranía insuperable la solidaridad irredimible de todos los contribuyentes dentro del Municipio respectivo, respecto al pago de todas y cada una de las cuotas que no se hayan podido hacer efectivas con los bienes embargados, sea cualquiera la causa (y las puede haber de muy diversa significación) que hubiera dado lugar al resultado negativo.

Y aún podrían agregarse en este Ingar muchos más menores vejatorios, que se registran en el cúmulo de disposiciones con que los gobernantes han tratado de asegurar la eficacia de sus funciones de cobranza; pero hacemos gracia de ellos á los electores, que ciertamente los conocen y lamentan por experiencia propia y diaria.

De todos modos, lo que ha resultado más perjudicial y acusa en el Poder público desvio marcado de los buenos principios y escasísima solicitud por los intereses de los contribuyentes, es, á no dudar, el pensamiento poco meditado de la adjudicación al Estado de los predios gravados con el impuesto. Antes de que este recurso de ultimación se hubiera elevado á precepto legislativo, existía, sí, el procedimiento contra los bienes raíces; pero su incoación, al tocarse la insuficiencia de los muebles, debía ser precedida de un acuerdo de los Ayuntamientos, que podía consistir en acudir á ella, ó en declarar fallidas las cuotas. Se ve, por esto, que el legislador, con una justa prevención, admitía la posibilidad de que hubieran concurredido en la imposición circunstancias dignas de tenerse en cuenta para reparar algún agravio, causa de la situación extraordinaria creada, por medio de la declaración de partida fallida; siendo las Corporaciones municipales las más competentes para resolver sobre este punto, dado su conocimiento perfecto en cuanto á cosas y personas de la localidad.

A estos temperamentos de equidad ha sucedido la dureza administrativa de la incautación de bienes; y esto, que en derecho común requiere trámites y solemnidades garantizadoras del derecho de propiedad, en la Instrucción hoy vigente, obra de una democracia que nos da abstracciones de libertad á cambio de realidades de servidumbre, es asunto de un solo artículo con unas cuantas reglas de proceder expeditivo, encomendado á simples agentes ejecutivos, por lo