El Notario (Madrid) (1852-09-13 00:00:00), página 1

Llamamos hoy sobre manera la atención los muchos y grandes crímenes que se cometen. Por todas partes robos y asesinatos, y con tanta frecuencia, y con tales circunstancias, que demuestran hallarse en una baja espontánea el termómetro de la moralidad. Nada más atractivo y desconsolador seguramente que semejante negro espectáculo.

Parece que hay épocas dadas en que el hombre se estravia en sus acciones de una manera mas notable que en otras. Sin tratar nosotros de investigar las causas que en primer término puedan contribuir á la perpetuación de tantos crímenes como se anuncian, y sin hablar tampoco de los remedios que pudieran aplicarse, porque quizá tendríamos que ir más allá de lo que es permitido á nuestro Periódico, vamos á concretarnos á hacer ligeramente una reflexión por lo que respecta á los Tribunales de justicia con el fin de oponernos á un error vulgar y frecuente.

Este error consiste en que como tras la noticia de grandes delitos viene la idea de los Tribunales que se ocupan del castigo de los delincuentes, suele imputarse á aquéllos la existencia, de estos, y se critica y se murmura de la administración de justicia, atribuyéndola ser causa en gran parte de que se alienten los criminales. Los que de esta manera discurren, y por desgracia son mas de los que parecen, incurren en un error de malísimas consecuencias, tanto mas graves, cuanto que tienen por resultado el que se rebaje el prestigio de lo que debe gozar siempre la administración de justicia, y el concepto que debe acompañar á los que se ocupan en tan noble e importante tarea.

Nace, es verdad, este error de una idea sumamente justa y de un sentimiento en extremo laudable, á saber: del deseo de que no quede impune ningún delito, de que las penas contengan é intimiden; pero no basta para acertar en los juicios que nos formamos de las cosas el ir guiados de los mas puros y nobles sentimientos. Es muy cierto que con la mejor intención del mundo se puede formar un juicio inexacto.

La misión de los Tribunales de justicia se limita á aclarar los hechos, fijar su criminalidad con arreglo á la ley, e imponer la pena que la misma ley tiene señalada. Los Tribunales no pueden hacer otra cosa sino que no quede sin castigo ningun hecho criminal; y en verdad que respecto de este punto la Magistratura española se halla á cubierto, apesar de los aciagos tiempos porque hemos atravesado, de toda sospecha por leve y remota que sea. Si alguna vez se ve absuelto un hombre contra quien la opinión pública se había pronunciado, ¿qué es lo que esto puede demostrar? Que los hombres no pueden juzgar sino por medio de pruebas y datos humanos, y cuando estos faltan, cuando se hace imposible reunirlos, no hay otro medio que absolver, porque no es posible saber la verdad por solo el aire de los semblantes, porque las convicciones morales son insegurísimas para fundar en ellas solas una condenación.

No pudiendo pues, cabernos la menor duda de que por los Tribunales se hace todo lo posible á fin de aclarar los hechos, y que conseguido esto se fija siempre la criminalidad y se impone la pena con arreglo á la ley, ¿depende acaso de los Tribunales el que la pena sea mayor ó menor, y que esta surta los efectos de intimidar y contener? Claro es que no: los Tribunales no son los lejisadores para aumentar ó disminuir las penas á su antojo, sino que tienen que atenerse á las que la ley tiene señaladas. Podrán las penas ser mas ó menos proporcionadas á los delitos, ser mas ó menos graves de lo que conviniese; pero quiere decir, que el defecto en su caso estaría en la ley y se conocería la necesidad de su enmienda, pero de ningún modo en los Tribunales á quienes no incumbe semejante extremo. ¿Y pueden hacer que las penas surtan el efecto de corregir á los delincuentes y de intimidar á los que quisieran serlo? Esto mucho menos todavía, porque ni los Tribunales pueden convertirse en moralistas para hacer comprender á cada cual la línea de los deberes, las perniciosas consecuencias del vicio y las satisfacciones de la virtud, ni llega su poder al efecto de gobernar, los establecimientos de penados, ni de intervenir en otra porción de puntos importantes que tienen relación, ó que se dirijen, á evitar las ocasiones ó motivos que inducen á delinquir.

Véase pues, como atribuir alguna falta en los Tribunales de justicia al solo anuncio de la perpetración de muchos delitos, es dar á un efecto una causa que no le corresponde, es cometer un error por falta de detenimiento, y de reflexión cuando menos.

Para el efecto de la represión de los delitos es muy importante ciertamente la prontitud de los castigos, que siga la pena al delito con la rapidez que la sombra al cuerpo, ¿pero está el arbitrio de los Tribunales el prescindir de los trámites que tiene marcados la ley? Luego si dura la sustanciación de una causa, y tarda en verse la pena algo mas de lo que quisiera la impaciencia pública, esto no está en la mano de los Tribunales el remediarlo, y mucho menos cuando son muchas las causas, y cuando si pueden preferirse las mas graves á las que lo son menos, ninguna puede ser abandonada ni descuidada. Mas en esta parte los Tribunales han dado las mas brillantes pruebas de asiduidad y de trabajo, procurando sustanciar las causas que han conmovido al público por sus particulares circunstancias con una rapidez y á la vez con una legalidad superiores á todo elogio.

Lo que sí sería muy conveniente es que se arreglara la tramitación de los negocios criminales de un modo que fuera posible á los Tribunales de justicia entender á todos los procesos la prontitud y rapidez que ahora no es posible mas que en casos dados. Este es un punto urgentísimo. A nuestro modo de ver, y según lo hemos ya dicho en diferentes ocasiones, con especialidad en los artículos que publicamos con el epí-