El Foro español (Madrid. 1898) (1922-10-30 00:00:00), página 5

guna, de todos sus acreedores, en la que habrá de consignarse sus domicilios y la cuantía, procedencia, fecha de sus respectivos créditos y de sus vencimientos.

Cuando el solicitante afirme que el número de sus acreedores pasa de mil, o que por la índole de las operaciones de que se deriven los créditos no le es posible fijar desde luego la cuantía de los mismos, bastará que haga constar, con referencia al último balance de situación, el número aproximado de acreedores, el nombre de los conocidos y el importe global de sus créditos.

Tercero. Una Memoria expresiva de las causas que hayan motivado la suspensión y de los medios con que cuente para solventar sus débitos.

Cuarto. Una proposición para el pago de sus débitos.

Quinto. Cuando la entidad que formulara la solicitud de suspensión de pagos fuese una Sociedad anónima, acompañará a su petición certificación del acuerdo del Consejo de Administración autorizando la presentación de dicha solicitud y la justificación de haber convocado Junta de Accionistas para someter a su ratificación el mencionado acuerdo. Si dentro de los plazos señalados en los Estatutos de la Compañía de que se trate no se celebrare la Junta general, o ésta no ratificara la decisión del Consejo, se dará por terminado el expediente de suspensión de pagos, quedando los acreedores en plena libertad para el ejercicio de sus acciones.

En el acuerdo de la Junta general de Accionistas, ratificando la decisión del Consejo de Administración, se indicarán las personas u organismos que habrán de ostentar la plena representación de la Sociedad en el expediente, con facultad para modificar la proposición de convenio formulada e intervenir en todas las incidencias o cuestiones que se susciten.

Sexto. Indicación de las sucursales, agencias o representaciones directas que tuviese el solicitante, con expresión de la localidad en que funcionen.

Todos estos documentos estarán firmados por el solicitante o por quien le represente con poder especial.

Art. 3.º Con la petición y documentos a que se hace referencia en el artículo anterior, serán también presentados al Juzgado por el solicitante los libros de contabilidad, tanto los que deba llevar con sujeción al Código de Comercio o de leyes especiales, como los que voluntariamente haya creído conveniente autentizar por exigirlo el sistema de contabilidad que hubiese adoptado. En la diligencia misma de presentación se hará constar que el Secretario, con el concurso de los Interventores, ha puesto, firmado y sellado, nota de la solicitud de suspensión a continuación del último asiento en todos ellos. En las notas aludidas mencionará el Secretario cualquier anomalía que observe en los libros, señaladamente las enmiendas, raspaduras y espacios u hojas sin llenar. Pondrá el Juez su visto-bueno, y el Secretario devolverá en seguida los libros al suspenso para que los conserve en su escritorio, continúe en ellos haciendo los asientos de sus operaciones y los tenga en todo momento a disposición del Juez, de los Interventores y de los acreedores, en la forma y términos que el Juzgado determine.

Art. 4.º El Juez a quien corresponda el conocimiento del expediente examinará la solicitud del comerciante, y si hubiere sido producida en forma y la acompañaren los documentos y libros indicados en los artículos anteriores, tendrá por solicitada la declaración del estado de suspensión de pagos en providencia, que dictará necesariamente el mismo día de la presentación del escrito, y si no fuera posible, en el siguiente, y comunicará telegráficamente ese proveído a todos los Juzgados de las localidades en que tenga sucursales, agencias o representaciones directas el comerciante o entidad a que se refiera dicha declaración. Esta providencia, de la que se dará publicidad en la forma que el Juez estime conveniente, se anotará en un registro especial que se llevará en cada Juzgado, en el Registro mercantil y en el de la Propiedad, donde estén inscritos los inmuebles del suspenso.

En la misma providencia ordenará el Juzgado que queden intervenidas todas las operaciones del deudor. A tal efecto, designará tres Interventores, dos de los cuales serán peritos mercantiles o prácticos de los que figuren en las listas que con ese objeto deben remitir anualmente al Juzgado (o al Decanato, si hubiere varios en la localidad respectiva), las Cámaras de Comercio, las de Industria y las representaciones regionales de la Asociación de la Banca. Para hacer la designación, se dará preferencia a la lista remitida por la entidad a que esté asociado el deudor por la especialidad de su negocio. El tercer inventor será un acreedor designado por el Juez entre los que figuren en el primer tercio, por orden de importancia de créditos, de la lista presentada al solicitar la declaración de suspensión.

Los Interventores, para quienes será obligatorio el desempeño de sus cargos, comenzarán a ejercerlos, a ser posible, el mismo día de su designación, previa la prestación del opportuno juramento. Si hubiese dificultad para la posesión del tercero, entrarán en funciones los otros dos. Mientras no comiencen los Interventores a desempeñar su cargo, ejercerá la intervención el Juez. Si el deudor o alguno de sus acreedores, cuando éstosfueren conocidos, impugnase el nombramiento de los Interventores, el Juez, previo examen de la justificación que se presente, resolverá de plano sin ulteriores recursos, y si estimase la impugnación, designará en el mismo proveído el Interventor que deba sustituir al separado, utilizando para ello el mismo procedimiento.