El Foro español (Madrid. 1898) (1922-10-15 00:00:00), página 3

en contra de lo pretendido, y el Juez sigue en su Juzgado. ¿Cabe hablar con este sistema de inamovilidad? ¿Dónde o quién procedió puramente, la Sala de gobierno, el Consejo de Estado? Creemos que por ciertas faltas nunca puede imponerse tanmaño castigo. El mismo hubiera sido la deshonra moral para el funcionario, la amargura más grande, el lanzazo en el costado, la hiel del vencimiento, la pena, la penitencia en todo caso, no era adecuada al pecado. El castigo debe ser humano.

La ley adicional palió el radicalismo de la Orgánica; pero su crítica tiene que ser dura, pues las permisiones son muy reducidas; con relación a aquélla, única que pueda ejercerse la jurisdicción en el lugar del nacimiento, si no se tuvo el domicilio en los seis años anteriores; y con respecto a los bienes, que la contribución que se pague no exceda de 500 pesetas por los propios o mujer ascendiente o descendiente; no se establece, pues, cualquier tipo contributivo, y se reduce el círculo parental como medida prohibitiva: también para ser causa de exclusión por industria o comercio es preciso que la ejerzan los que se encuentren en el grado dicho y que paguen más de 300 pesetas. Si bien esta ampliación sólo alcanza a la Magistratura y Ministerio fiscal de los Tribunales de lo criminal; como igualmente que a los dos años de ausencia cesan las incompatibilidades de ejercicio de industria, comercio, abogacía y haber sido auxiliar o subalterno judicial. La Magistratura civil y Judicatura continuó exenta de ese pequeño beneficio.

Fácilmente se llega al absurdo, y en este orden de cosas no nos extraña que la organización de la Justicia bolchevista tenga como lema «la elección de los Jueces por los trabajadores, y entre los trabajadores» se incompatibiliza a las demás clases sociales.

En estos últimos tiempos se ha iniciado una fuerte corriente de opinión contra las incompatibilidades judiciales, así en los proyectos de reforma de la Orgánica del 16 y del 18 se redujera a no poder ejercerse el cargo donde ellos, sus esposas o parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad posean bienes o ejerzan industria sobre los que pese una contribución de 1.000 ó 600 pesetas en las cabezas de partido; 2.000 y 1.200, respectivamente, en Audiencia provincial, y más de 3.000 y de 1.800 en Audiencia territorial; e igualmente cuando el funcionario o sus parientes hasta los grados dichos tengan acciones o cualquier otro género de participación en Empresas que exploten o construyan obras públicas o industria privada y si los parientes intervienen en la administración o gerencia de dichas Empresas, radicantes en la jurisdicción.

El Sr. Burgos recogió y llevó a un decreto otra nueva incompatibilidad que se expresaba en dichos proyectos: la prohibición de ejercerse la jurisdicción donde en Diputaciones, Ayuntamientos o Sociedades estuvieren disfrutando empleo consanguíneos o afines hasta el segundo grado. El proyecto de 11 de mayo de 1921 suprimía en absoluto las incompatibilidades; optó por el método represivo, si bien asentaba éste en la denuncia y podía ser trasladado por conveniencias del servicio el funcionario cuando se alegase justificadamente por alguna persona. ¡A este precio preferimos el sistema actual! ¡El Poder ejecutivo razonador y árbitro de trasladar! No faltaba más para acabar de derruir la armazón judicial.

Y al tratar de la inspección, hemos de examinar antes la ley Orgánica en sus disposiciones, pues tanto como el órgano importa la existencia de preceptos que, siendo justos, respondan a las necesidades de la práctica; conviene hacer resaltar el ámbito donde la estrategia inspectoría ha de actuar.

Las destituciones se acordarán por sentencia firme o en virtud de Real decreto, previa consulta al Consejo de Estado, bien con motivo de haber incurrido en alguna incompatibilidad jurisdiccional, ejercicio de otra, aceptar empleos, cargos políticos o de subalterno de Tribunales, o en aquellas incapacidades que provienen del delito; de mala fe en los negocios—concurso, quiebra—o por rebajamiento moral o haber sido declarado responsable civil una o más veces.

Las suspensiones se decretarán por auto de Tribunal competente, interin se encuentre sub judice el juzgador, en virtud de hallarse sometido a procedimiento criminal; al haber realizado actos deshonrables, o por los ya comentados de casarse con mujer nacida en la demarcación o que tuviese bienes o los poseyese sus parientes... Las traslaciones forzosas no tienen el carácter de correcciones disciplinarias, a no ser en el caso acabado de estudiar. No tenemos que repetir que la suspensión como corrección disciplinaria por las causas dichas de contraer matrimonio y adquirir bienes debe desaparecer.

La jurisdicción disciplinaria de la ley Orgánica tiene como misión corregir las falsas personalidades en el ejercicio del cargo, las cometeidas de carácter moral fuera de él, las de gubernativa y la negligencia oficial. Una de las correcciones y la más grave que puede imponerse es la suspensión, que no excederá de un año.

En cuanto al Ministerio fiscal, en general rigen los mismos principios. Quizá por el absurdo de tener la representación del Gobierno en sus relaciones con el Poder judicial pueden ser separados libremente y previa audiencia del interesado, de sus jefes y del Fiscal del Tribunal Supremo. También son trasladados libremente. El Gobierno—nunca a los Magistrados ni Jueces—los suspenderá mientras se tramita el expediente de destitución, y cuando casaren con mujer nacida en la demarcación o adquieran bienes, y cuando se hubiese decretado como corrección disciplinaria la suspensión. Decimos que es absurda esa representación legal, porque el Gobierno, encarnación del Poder ejecutivo, como tal no debe mediatar la función judicial, y el Ministerio fiscal ejerce también la Magistratura, y por tanto, resulta una mezcla o composición híbrida, que es uno de tantos atentados a la independencia del Poder judicial—otros lo son: la frecuente suspensión de garantías, que limita su competencia; las quincenas gubernativas, que llevan la facultad de penar, a otro orden, la decisión de las competencias entre el judicial y el ejecutivo por el presidente del Consejo de Ministros, etc.—. El Ministerio fiscal sólo puede ser el vigilante cumplidor de la ley, el protector de los desamparados, débiles. De la misma forma el Poder legislativo podrá pedir, intervenir en el judicial, para evitar que absorbera su cometido de forzar los preceptos normativos nombrando delegados.

La Magistratura nunca debe ejercer función de gobierno; en la vida del Estado lo conveniente puede hallarse frente a lo justo, como hace decir Platón en sus diálogos a Tirasimaco: «El que gobierna, ¿no es el más fuerte?». Y aunque Sócrates le responde: «Que no es lo más justo», lo cierto es que la razón aparente la tiene el que manda; y de ella puede querer hacer