El Notario (Madrid) (1852-02-02 00:00:00), página 2

que se hicieron por el tribunal supremo y audiencias de la Península e islas adyacentes se prefería, en igualdad de circunstancias, á los dueños de los mismos, hasta tanto que puedan ser indemnizados por la Nación. Lo que de Real orden comunal á V. para su debido cumplimiento. Dios guarde á V. muchos años. Madrid 2 de marzo de 1839.—Arrazola.—Sr.......
Otra Real orden se publicó después en 14 de junio de 1840, siendo aún Ministro de Gracia y Justicia el Sr. Arrazola, en la que, partiendo del mismo principio de favorecer hasta donde fuere dable el derecho de propiedad mientras los dueños de oficios no pudieran ser indemnizados por el Estado, amplió la preferencia á los tenientes que pudiesen presentar los documentos y después de ellos á los receptores, cuyos cargos habían desaparecido por completo; y no podían por lo tanto tener reparación de otro modo interín no llegase el caso de que se les pudiese indemnizar.
Fuera es ser justos con quien hice entonces la posible justicia al derecho de propiedad de los dueños de oficios, y tributarle el honor que se merece por tan acertadas disposiciones. Ya hubo algo más que la vaga declaración de ser acreedores del Estado, pues que se declaró á este en el deber de indemnizar; y ya de no ser esto posible por entonces, y mientras llegase el tiempo en que pudiera, los dueños de oficios que á la sazón les desempeñaban, y los que podían estar en aptitud de llegar á desempeñarlos, podrían tranquilizarse en la posesión y disfrute de sus escriturables, sin temor de que considerándose como á meros empleados se les pudiese separar de ellas el mejor día; y los que no estaban en posición de desempeñar por sí mismos dichos cargos, pudieron ejercer un acto de dominio presentando denuncias que las despachasen, previo un contrato o convenio benéfico para los dos.
A falta, pues, de la indemnización, nada era posible de escoger más ventajoso, nada que pudiera reparar mejor los gravísimos perjuicios que se siguieron del despropósito. Tan ha sido así, que no habiendo llegado aun la época de la indemnización, no habiendo alcanzado todavía tiempos bonancibles y desahogados en que el Estado haya contado con recursos para indemnizar, las Reales órdenes de 12 de marzo de 1839 y 14 de junio de 1840 continúan vigentes y son la única tabla; por decirlo así, con que se han salvado de un completo naufragio los dueños de oficios engañados, y ya que continuaran asidos mientras no llegue el día de la indemnización que les corresponde.

PAPEL SEELLADO.
Informaciones de pobreza.
Tenemos consignado en nuestro número del 19 que las informaciones de pobreza en los juzgados de esta Corte sólo se admiten y escriben en papel del sello 4.º, creyéndolas sin duda comprendidas en los párrafos 4.º y 2.º del artículo 27 de la nueva ley. Después hemos visto que en uno de ellos, separándose de esta práctica, se instruyen tales expedientes en papel de pobres; y habiendo tratado de indagar la razón de este diferente modo de proceder, sé nos ha informado de ella, y la encontramos en extremo acertada y justa. La ley de 8 de agosto de 1831 paga mención acerca del papel en que deben entenderse las informaciones de pobreza, de consiguiente es necesario atenerse á lo que sobre el particular se halle previsto en disposiciones anteriores. En el art. 60 de la Real cédula de 16 de febrero de 1824, se decía que las informaciones de pobreza se escribieran en papel del sello 4.º. Los males que de aquí surgían fueron tan considerables que en 13 de febrero de 1839 el Ilmo. Sr. Regente de la audiencia de Asturias se dirigió á S. M. haciéndoles presentes, y por Real orden de 45 de agosto de 1839 se mandó que á los que ofrecieran información de pobreza se les admitiese la instancia en papel de pobres y que se les recibiese sin exigirles derechos; pero que en el caso de no resultar justificada tal pobreza, pagasen las costas e indemnización á la Real Hacienda del papel sellado correspondiente.
Esta determinación se encuentra vigente en la actualidad, puesto que nada en contrario se ha dicho expresamente en la nueva ley, y en tal caso el silencio de la una debe suprirse con las palabras terminadas de la otra. El juzgado de que hablamos cumple con lo que se halla establecido, obra legalmente, porque ningún artículo de la ley reformada le manda proceder de otra manera. Ni era posible que lo dijera: obligar al que carece de recursos á que justifique su pobreza en papel del sello 3.º, es tanto como privarle de que pueda presentarse en juicio á reclamar y ventilar sus legítimos derechos; es sanctionar contra él en muchas ocasiones los desfuerzos del rico, hacerle de peor condición que a los demás; es, por último, perjudicar á la Hacienda misma. Nada reportaría á ésta el pobre sino con arroces á los tribunales; al contrario, puede ofrecerse reingresos de las actuaciones que se practiquen á su instancia como tal pobre. Es justo y conveniente que así sea, porque reconoce, dice la Real orden de 1839, los recomendables principios de facilitar á los pobres que son habitantes en aquella provincia y en las demás del Reino, el que sin dispuesto de intereses de que carecen puedan pedir y obtener justicia y con ella llegar á poseer y á acomodarse. La Real Hacienda: beneficios de que inmediatamente se traen privados á un tiempo los mismos pobres y el Erario, y el gobierno de la sustitución de poderes, como se ha dicho, habla la ley de las sustituciones de poderes; nada dicen, considerándose estas como instrumento distinto, y separado pueden ó no entenderse apud acta en el mismo pliego en que se halle el poder, siempre que haya capacidad ó haga suficiente para ello, y si el papel en la sustitución debe ser igual al del poder ó distinto en caso de limitarse ésta á gestiones de menos entidad ó cuantía que las expresadas en aquél. No cabe duda alguna que la sustitución es un instrumento público que se otorga en virtud de la facultad ó autorización expresa conferida en el poder, y por consiguiente debe entenderse con separación de este; de otro modo se verían escritos en un mismo pliego dos instrumentos públicos contra lo prevenido expresamente en el parágrafo 2.º del artículo 63. Decimos que la sustitución es un instrumento público, porque se halla adornada de todos los requisitos y solemnidades de tal, con obligaciones recíprocas entre el sustituyente y sustituto; así pues se deben protocolizar y sacar cuantas copias fueren necesarias en el papel correspondiente al objeto de la sustitución. La práctica seguida hasta ahora, sobre no serle- ga, puede ocasionar perjuicios considerables; por ejemplo: si por malicia ó casualidad se extraviase el poder á que fuera unida la sustitución ¿cómo se justifica esta y se legitima lo actuado por el sustituto? ¿A dónde se recurre entonces? ¿A la justificación. ¿Y si ni el Escritorio ni los testigos existen? Y aun cuando existan ¿podrán recordar el acto con entera exactitud? Tales son el peligro e inconvenientes que ofrece la práctica admitida sobre este particular, con otros muchos que por falta de espacio no enumeramos. Sobre todo, las facultades que se conceden por medio de una escritura, solo pueden trasferirse en nuestro concepto por otra escritura.
Para más confirmar esta opinión y que nuestras palabras no sean malamente interpretadas, veamos cómo se expresa el Sr. Moreno en su tratado elemental de instrumentos públicos. «La sustitución del poder, dice, se debe entender por escritura separada, haciendo protocolo e insertando copia literal del poder para que no se dude de sus facultades.» Estamos en ello enteramente conformes y rechazamos como perjudicial esa práctica apud acta, y nos alegramos de que en varios juzgados del Reino se halle ya desterrada. Pero si es que aun persistieran en ella algunos de nuestros compañeros, somos de sentir que la sustitución debe entenderse en el papel correspondiente á la cuantía ó objeto de aquélla; pero siempre en pliego distinto. Si la sustitución fuese para pleitos, en el del sello 3.º.
Documentos que se presentan en juicio.
El art. 1.º de la Real cédula de 16 de febrero de 1824, y el 71 del Real decreto de 8 de agosto último, prohiben bajo penas severas la admisión en juicio de los documentos ó instrumentos públicos que no vayan estendidos en la clase de papel que respectivamente se les tiene señalada en las referidas disposiciones; así, pues, de ninguna manera pueden hacerlo, presentarse ni admitirse en juicio los documentos públicos que no se hallen estendidos en el papel correspondiente, ya sean anterior-