El Foro español (Madrid. 1898) (1922-09-15 00:00:00), página 7

digo y abriendo cauce, con la ayuda de jurisprudentes no siempre jurisprudentes, a las nuevas corrientes del derecho; nada se estaluyó todavía sobre el acoplamiento del Código a las legislaciones forales, que se yerguen todavía sobre la movediza base de las opiniones de los intérpretes; cuestiones como la del foro, tan importante y trascendental para algunas regiones españolas, claman aún por su solución definitiva en la ley, ante el temor de que puedan, fuera de la ley, hallar inesperado desenlace; tantos otros males que no he de enumerar porque harto mejor que yo los conocen quienes me escuchan, esperan adecuado remedio sin lograrlo; porque no se considera que en punto a reformas del Derecho privado, si la parsimonia es saludable, es funesta la quietud.

Pues volvéis los ojos al Código penal, con su medio siglo de vida, con su rigidez matemática en la aplicación de penas, con su natural desconocimiento de las nuevas modalidades del delincuente aportadas por las extravagadas derivaciones de la lucha social; con aquel capítulo quinto del título trece, de las maquinaciones para alterar el precio de las cosas, constantemente infringido en cuanto no fué, al revuelo de otra ley, modificada; con sus disposiciones, olvidadas por inadaptables a la realidad vigente, más poderosa que la ley misma, sobre el juego y sobre el duelo; con su vetustez, en fin, que no han podido disimular los retoques que de vez en cuando trataron de arrancar una cana o alisar una arruga. Varias veces se ha intentado una reforma orgánica del Código penal. Siempre, o casi siempre, fracasó el empeño ante la muralla hosca y levantada por el recelo de los partidos izquierdistas, temerosos de que, bajo las inocentes apariencias de un precepto vulgar, escondiese la malicia reaccionaria algún tóxico mortal que diera al traslape con nuestras libertades públicas. Así somos y así seremos, porque no se vislumbra en el horizonte visible indicio de probable mudanza; no luchamos por realidades, ni siquiera por ideales que encarnen luego en realidad; disputamos con tenacidad, batallamos con heroísmo por las palabras que sirven para definir los ideales; de ellas hacemos bandera, sin preocuparnos mayormente de lo que significan ni cuidarnos de evitar que, guarecidas tras deslumbrantes pabellones, penetren en nuestras costumbres y se infiltren en nuestra legislación mercancías averiadas.

Sin ir más lejos, en esas oscilaciones de las modas científicosociales, más movedizas y costosas que las de la indumentaria femenina, hemos atravesado, y permanecemos aún, en el periodo de ensamblamiento de las capacidades técnicas, a quienes quiso encomendarse, en sus diversos aspectos y complejas modalidades, la Administración pública y la gobernación del Estado. Nadie osó, sin em-

bargo, aventurar la idea de declarar técnica la función de administrar justicia, atribuyéndola exclusivamente a hombres especial y técnicamente preparados. Eso no, porque sería tanto como renunciar a la preciadísima conquista del Jurado, que, dicho sea con toda clase de respetos, constituyó en España un ensayo, mejor intencionado que venturoso, de democracia aplicada a los Tribunales. Y como siempre, enamorados de las palabras, que no son nada si no encierran una idea, la cual, a su vez, es muy poco si no puede cuajar en una realidad viva, nuestros legisladores no advirtieron o no quisieron advertir, en su ardor reformista, que los nuevos ropajes no se acomodaban a la estructura del cuerpo nacional. Y vino a ocurrir que, en rápida evolución, los pocos ciudadanos que no eludieron habilidosa- mente desde el primer instante la obligación de dictar en nombre del pueblo verdicatos, harlos de verse metódica y sistemáticamente recusados, y de asistir a vistas suspendidas, y de menoscublar sus propias ocupaciones, y de pechar, por sí solos, con la carga que debiera ser por todos levantada, fueron ceden- do el campo, singularmente en las grandes capitales, a los Jurados de oficio, los cuales, a pesar de la santa ignorancia en que la ley quiere candorosa- mente mantenerles, acuden comúnmente a los juicios muy bien enterados de lo que se persigue: que para ello suelen celebrar previamente instructivas y aprovechadas conferencias. Y por el invencible temor a ser acusados violentamente de reaccionarios enemigos del progreso, cuantos miramos con es- panto lo que ocurre ni ponemos mano ni pedimos que la ponga nadie, no ya en la supresión, sino si- guiera en la reforma de la ley del Jurado, restrin- giendo su competencia, depurando las condiciones exigidas para el ejercicio del cargo, determinando penalidades adecuadas para quienes se sustraigan al cumplimiento de tal obligación, limitando la arbitrariedad de las recusaciones, estableciendo normas para el desarrollo breve y claro de la prueba, au- mentando las facultades del Presidente, reduciendo a uno los tres Magistrados del Tribunal de derecho, permitiendo la deliberación en común de Jueces po- pulares y técnicos para que del veredicto surja, sin sorpresas, la pena que el Jurado aspira a imponer y que toma como norte y guía en sus respuestas, cuya aparente incongruencia no obedece en muchos ca- sos a otra causa. Y no olvidemos facilitar, con todas las garantías que se quiera, la suspensión gubernativa del juicio por Jurados en cuantas provincias fuere precisa y por el tiempo indispensable. Presu- mo que modificaciones orientadas en el sentido ex- puesto lograrían hacer del Jurado un instrumento aprovechable, en bien de la Administración de Justi- cia y con notorio provecho de las arcas del Tesoro. Igualmente necesitadas de mudanzas hallanse las