El Foro español (Madrid. 1898) (1923-11-15 00:00:00), página 2

Por todo ello entendemos que en la labor de la Junta inspector y del Gobierno en punto a depuración de los funcionarios del poder judicial no solamente deben ser muy cautos para no cometer injusticias con ellos mismos sino que deben ser inexorables con los que a la justicia faltaron, separándoles total y definitivamente de sus funciones y no dejándoles otra temporada por vía de corrección o de ensayo y en una especie de destierro en el que la pena que ello significa quizá no sea tan sensible para ellos como para los habitantes de la población a donde son enviados.

Para la Junta inspectora del Poder judicial

El día 18 de Julio último se celebró en el Teatro de la Comedia de Madrid un grandioso mitin con representación de todas las Asociaciones de vecinos de España y muchísimas industriales, mercantiles, obreras, profesionales y hasta feministas en protesta de la actuación especialmente de los jueces de primera instancia de muchas provincias y de Madrid en asuntos relacionados con el Real decreto de alquileres. Con un gran espíritu de amor al prestigio judicial se habló en términos generales sin citar nombres y confiando en que el Poder público haría la oportun a inspección si bien en relación a algunas poblaciones, Madrid entre ellas, existen ya reclamaciones en el Ministerio de Gracia y Justicia que han caído allí como en un pozo y ahora recientemente algunas se han hecho al Directorio Militar.

Existen sin salir de esta Corte, desahucios sorprendentes y causas criminales por desafueros caciquiles en que no hay forma de que algunos jueces se decidan a procesar, habiéndose apreciado por la Audiencia contra algunos recursos de queja por su lenidad. Otros hasta se niegan de plano a tramitar incidentes y solicitudes, algunas de nulidad, que podrán o no ser procedentes en definitiva pero cuya tramitación no hay en ley términos hábiles procesales de negar y en fin se ha hablado de jueces que dejaron hond a estela de tristeza, al dejar de serlo para pasar a ser Magistrados (alguno en tiempos de la vieja política a raíz de darse una queja solamente para calmar con la ausencia los ánimos de quienes se quejaron) cuya actuación fue muy discutida y se le acusó de ser casero en Madrid donde desempeñaba sus funciones y no respetar el mismo las prescripciones del decreto de alquileres, y de otro que acaba de fallar a favor del casero un desahucio igual al que en otro juzgado se había fallado en contra, que en el último número del Boletín oficial de la Cámara de la propiedad urbana de Madrid se dice que allí desempeña un cargo y en fin, de otro, el de Palencia, de cuya actuación ni cabe quejarse porque por el hecho de que la Asociación de inquilinos se dirigió al Directorio quejándose «de su proceder parcial» fueron así sus palabras, se ha atrevido hasta a incoar un proceso contra quienes contra él mismo protestaban.

En todo esto creemos que la Junta inspectora tiene una labor urgente que realizar y dadas las consecuencias enormes que para los inquilinos y más si son industriales tiene el verse en la calle y arruinados por consecuencia quizá de sentencias injustas y éstas se cumplimentan inflexiblemente porque los plazos llegan, haría un bien al solicitar como ya alguien lo ha hecho al Directorio que nos gobierna que a semejanza de lo que se ha hecho en Francia se dicte una disposición declarando en suspensión la ejecución de dichas sentencias hasta que la revisión se haga.

De todos modos estimamos que la labor que en este punto tiene que hacer aquella Junta es urgentísima y reportará beneficios que de su actuación pueden esperarse y responderá con ello a un estado de opinión tan patentemente manifestada en el acto público a que hemos hecho referencia.

Depuración judicial
Funcionarios castigados

La Junta inspectora del poder judicial ha comenzado su labor y como consecuencia de sus primeras resoluciones se han publicado en la Gaceta los siguientes Reales decretos que nosotros creemos debieran ir fundamentados para que ya que públicamente se impone la penalidad del mismo modo se supiera la causa para poder juzgar de su justicia. De otra manera parece como que a la pena impuesta se une como subsidiaria una nota infamante quizá para muchos más dolorosa que la pena misma. Véanse ahora los aludidos decretos:

Uno disponiendo que D. Gabriel Fernández Céspedes, que actualmente desempeña el cargo de Juez de primera instancia e instrucción del distrito de Atarazanas, de Barcelona, sea trasladado a plaza de Magistrado de Audiencia territorial que no sea la de esta Corte ni la de Barcelona, y declarándole incursa en postergación para el ascenso por el término de un año.

Otro idem que D. Félix Álvarez Santallano, que en la actualidad desempeña el cargo de Presidente de Sala de la Audiencia territorial de Barcelona, sea destinado a ser-