El Notario (Madrid) (1852-12-06 00:00:00), página 3

Art. 10. En el término de ocho días contados desde el siguiente inclusive al de la presentación, han de verificar los interesados el pago de los correspondientes derechos de hipotecas adeudados.

Art. 11. Los registradores hipotecarios, una vez presentados los documentos, han de tomar razón indispensablesmente, los de las capitales de provincia dentro de ocho días, contados desde el siguiente inclusive al del pago de los derechos de hipotecas, cuando estos se adeuden; y desde el siguiente; también inclusive al de la presentación del documento, cuando este solamente esté sujeto á la formalidad de la inscripción. Los registradores de los demás partidos de provincia ejecutarán la toma de razón en el término de tres días.

Art. 12. Las fechas, tanto de la presentación y del pago de los derechos como del registro, se anotarán en el respectivo documento, á fin de que en el caso de falta pueda exigirse la responsabilidad á quien corresponda.

Art. 13. Los jueces de primera instancia darán cada seis meses á la administración una relación de todas las partíciones en que intervengan.

Art. 14. Se aplicará al denunciador la tercera parte de las multas que se hagan efectivas á consecuencia de la denuncia.

Art. 15. Todo Escribano que antecure cualquiera documento de los sujetos al registro, es presa al pie de dicho documento, no sólo la cláusula de nulidad si no se registra, sino también el plazo de terminado dentro del cual haya de presentarse el documento en la oficina de registro, y que asimismo lo ha hecho entender de palabra á los respectivos interesados.

Art. 16. Ningún Escribano otorgará documento alguno si no previamente se le haya constado haberse registrado el anterior documento ó título que acrede los derechos ó la propiedad que haya de ser objeto del contrato que se trate de autorizar.

Art. 17. En todo acto sujeto á la inscripción del documento debe exigirse necesariamente el otorgamiento de escritura pública.

Art. 18. Las visitas de inspección á las oficinas de hipotecas se repetirán en diferentes periodos del año, y se harán por los inspectores de la administración provincial del ramo, y en su defecto por el empleado que considere más apropiado y designe la misma administración, sin perjuicio de las que puedan acordar las autoridades judiciales con arreglo á la disposición sexta, art. 32 del presente decreto.

Art. 19. En las relaciones anuales que los Escribanos originales deben remitir á la oficina de hipotecas de su partido, con arreglo á lo que dispone el art. 31 del Real decreto de 23 de mayo de 1845, se hará expresión de las fincas comprendidas en los documentos otorgados y de los partidos en donde aquellas radican, á fin de que, si están situadas en diferentes partidos del en que se halla establecida la oficina de hipotecas que recibe las relaciones, pueda hacer las comunicaciones oportunas á la administración del ramo de la provincia, y ésta á los registradores hipotecarios respectivos.

Art. 20. Los individuos que no verifiquen la presentación de sus documentos sujetos al registro en los plazos señalados en el art. 8.º para la presentación primera de los mismos documentos, pagarán la multa de un doble derecho de hipotecas, si los presentan dentro de un término igual al ya venido. Si excede de este término, la multa se elevará al cuádruple del derecho, además de las costas de apremio, si fuere necesario emplazar para obligar á la presentación.

En los casos de no devengarse derecho se estimará ese, para la fijación de la multa, en medio por ciento del valor de la finca ó fincas no registradas.

Y cuando el documento comprenda fincas situadas en dos ó mas partidos, y no se haga la presencia dentro de los plazos fijados, también fijada en el citado art. 8.º para las sucesivas tomas de razón en las demesas oficiosas de hipotecas, después de haberse hecho la primera presentación en cualquiera oficina en donde deban registrarse los bienes, se paga á la multa de un décimo de real del valor de las fincas que hayan de registrarse en la oficina de hipotecas en donde haya dejado de hacerse la presentación.

Art. 21. Los interesados que, después de haber presentado sus documentos, no satisfagan en el plazo predicho los correspondientes derechos de hipotecas, incurrirán en la multa de un recargo de cuatro maravedís por cada real, sin perjuicio de los gastos que puedan ocasionar las diligencias necesarias hasta conseguir que se haga efectivo el pago del descubierto.

Art. 22. Los registradores hipotecarios que en el plazo señalado no verifiquen la toma de razón de los documentos presentados, pagarán la multa de 200 rs. por la primera vez, de 500 por la segunda, y á la tercera serán desafectados de empleo.

Art. 23. En el caso de que por los jueces de primera instancia dejen de remitirse las relaciones de las herencias en que intervengan los Escribanos actuantes, incurrirán en la multa de 200 rs., á no ser que justifiquen su absoluta incapacidad.

Art. 24. Los Escribanos que otorguen un documento sin que se les haga constar haberse registrado el anterior documento ó título que acrede los derechos á la propiedad que hayan de ser objeto del nuevo contrato, incurrirán en la multa de 200 rs. por la primera vez, y en la de 500 en cada caso de reincidencia.

Art. 25. Incurrirán en iguales multas que las del precedente artículo, y en los mismos casos de falta, los Escribanos que al pie del documento que otorguen no pongan la nota expresiva de la nulidad del documento, si no se registra, y de los plazos determinados en que ha de hacerse la presentación del referido documento y pago del derecho.

Art. 26. Si los interesados se presentaren a pagar oportunamente, y no pudieren verificarlo porque el registrador no haya liquidado el derecho dando lugar á que aquellos aparezcan en descubierto, incurrirá dicho registrador en la multa que se impone á los mismos interesados cuando estos no verifiquen el pago en el plazo señalado.

Art. 27. Los procedimientos para la exacción de los derechos de hipotecas que no se satisfagan en los plazos prefijados, y de los cargos y multas, serán administrativos, y se seguirán por la vía de apremio.

Art. 28. Sin que previamente se satisfagan los expresados derechos, y el importe del recargo ó de las multas que se hubieren impuesto, no se admitirá ninguna reclamación contenciosa ante los consejos de provincia, que son los tribunales competentes para conocer de ellas, con arreglo al Real decreto de 20 de setiembre último.

Art. 29. Cuando se cometa un verdadero delito de fraude, y cualquiera otro conexo con él, se pasarán los procedimientos á los tribunales de Hacienda respectivos para su sustanciación conforme á derecho.

Art. 30. Con arreglo á lo declarado en la Real orden de 26 de noviembre de 1849, no podrán los gobernadores de provincia prorrogar los plazos fijados para la presentación de los documentos al registro y el pago de los derechos de hipotecas, ni dispensar las multas establecidas. Esto último corresponde al Gobierno cuando existan motivos fundados y se justifiquen debidamente.

Art. 31. Respecto á los servidores y oficinas de registro se continuarán observando las disposiciones vigentes hasta que se verifique el arreglo definitivo de estas.

Art. 32. Quedan en toda su fuerza y vigor las disposiciones de los Reales decretos de 23 de mayo de 1845 y 11 de junio de 1847 que no se opongan á las disposiciones del presente, el cual empezará á regir el día 1.º de enero de 1853.

Art. 33. El Gobierno dará cuenta á las Cortes de las modificaciones que se hagan en este decreto para su aprobación.

Dado en Palacio á veinte y seis de noviembre de mil ochocientos cincuenta y dos.—Esta rubricada de la Real mano.—El ministro de Hacienda, Juan Bravo Murillo.

MINISTERIO DE GRACIA Y JUSTICIA.

Por el ministerio de Estado se ha hecho presente á este de Gracia y Justicia, con fecha 20 del corriente, que el representante de S. M. en México le había pasado una nota el ministro de Relaciones exteriores de la República, llamando su atención hacia la falta que se observa en algunos de los exhoritos dirigidos por las autoridades españolas á las de aquel país de la cláusula acostumbrada, ofreciendo reciprocidad para el cumplimiento, en España de iguales cartas deprecatorias; y como la omisión, aun por mero olvido, de semejante cláusula en dichos documentos puede dar lugar á dificultades y retrasos perjudiciales en su ejecución, es la voluntad de S. M. que en ningún caso deje de insertarse en los que se expidan por los tribunales y juzgados del reino. Madrid 25 de noviembre de 1853.—González Romero.

S. M. la Reina (Q. D. G.) ha tenido á bien dictar las resoluciones siguientes:

Escribanos.

Aprobando la expedición de Reales cédulas en favor de los individuos y para los oficios siguientes:

A D. Francisco Lopez Valíno, de propiedad y ejercicio de escribana de Rivas de Miño.
A D. Bernardo Lopez, de propiedad y ejercicio de escribana numeraria de Cáceres.
A D. Vicente Mora y Guilez, igual para la de Almedina.
A D. Ignacio de la Parra, igual para la de Silos.