El Foro español (Madrid. 1898) (1922-10-15 00:00:00), página 5

Inmensiblemente, al estudiar los antecedentes de la inspección, hemos venido a parar en un problema importante del derecho constituyente, cual es el encontrar aquel medio, el resolver legalmente la necesidad de un Tribunal superior, que juzgue a Jueces y Magistrados; plantándose el dilema si estos Tribunales han de exorcitarse de entre los mismos funcionarios o de un organismo extraño, para evitar que el espíritu de cuerpo influya en sus decisiones; por ser de temer que el sentimentalismo apasione al juzgar si esta función se encomienda a los propios compañeros.

En la práctica, las distintas legislaciones nos muestran los dos sistemas: el francés, en que el Consejo Superior de la Magistratura ejerce la jurisdicción suprema en todos sus aspectos sobre los funcionarios judiciales; y el suizo, en que personas extrañas a este orden, son las encargadas de exigir las responsabilidades. Pero tóngase en cuenta que en Suiza los miembros del Tribunal Federal son elegidos por tres años y votados por la Asamblea Federal; dicho Tribunal se organiza interiormente, nombrando el personal auxiliar. Mas las instituciones no pueden importarse como las modas; de todos es conocido el grado de pureza de las democracias helvéticas, y, por tanto, en su seno pueden desenvolverse perfectamente sistemas, que en países como el nuestro, sucumbirían, desprestigiando el organismo.

(Continuará).

LA APERTURA DE LOS TRIBUNALES

DISCURSO
LEIDO POR EL EXCMO. SR. D. MARIANO ORDÓÑEZ Y GARCÍA, MINISTRO DE GRACIA Y JUSTICIA, EN LA SOLEMNE APERTURA DE LOS TRIBUNALES, CELEBRADA EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 1922.

(Conclusion).

Una investigación técnica, realizada por personas competentes en vista de los datos estadísticos indispensables, nos daría para cada carrera del Estado, a partir de la edad a que por término medio se ingresa en ella, y conociendo así mismo la edad habitual de contraer matrimonio en la respectiva capa social, una escala muy aproximada de la forma, cuantía y tiempo en que se van aumentando, para el tipo medio de funcionario dedicado a aquella profesión, las necesidades familiares determinadas por el número de hijos, su crianza, su educación, su matrimonio, etc. Carezco de datos, y lo que es peor, de competencia, para dedicarme a «establecer» el tipo medio del funcionario judicial en España. Pensaba haberme valido para tan interesante estudio de auxiliares adecuados; pero los apremios del tiempo me lo vedaron. Habré de contentarme con las escasas cifras que poseo, aun cuando por falta del debido contraste no pueda garantizar su completa exactitud. Mas con todo habrán de servirnos como ensayo empírico y seguramente no muy alejado de la realidad, que nos permita entrever cómo podría organizarse racionalmente la carrera judicial.

Un rápido examen del escalafón ha servido para que se me faciliten los datos siguientes:

En la actualidad existen:

58 funcionarios que cuentan menos de tres años de servicio.
71 que cuentan más de tres y menos de cinco.
90 con más de cinco y menos de siete.
146 con más de siete y menos de diez.
245 con más de diez y menos de quince.
128 con más de quince y menos de veinte.
102 con más de veinte y menos de veinticinco.
75 con más de veinticinco y menos de treinta.
100 con más de treinta y menos de treinta y cinco.
83 con más de treinta y cinco y menos de cuarenta.
36 con más de cuarenta.

Por otra parte, en la carrera judicial se ingresa, por término medio, a los veintiuno o veintiocho años de edad. No parece, pues, muy desprovisto de acierto asignar un aumento de 500 pesetas al funcionario que cumpla tres años de servicio; otras 500 al cumplir cinco; 750 a los siete; 1.000 a los diez; 1.100 a los quince; 1.250 a los veinte; 2.000 a los veinticinco, y otras tantas a los treinta, a los treinta y cinco y a los cuarenta. Resultaría de todo ello la siguiente escala de sueldos, suponiendo que el inicial siguiera siendo, como hoy, de 7.000 pesetas:

    Al ingresar
    7.000

    Al cumplir 3 años
    7.500

    5
    8.000

    7
    8.750

    15
    9.750

    20
    10.750

    25
    12.000

    30
    14.000

    35
    17.000

    40
    20.000

Esta mejora importante en la situación y en la organización actuales del personal de la Magistratura es mucho menos costosa de lo que a primera vista parece. Y cuenta que se trata únicamente de un croquis, de un boceto, sin otra finalidad que la de dar una idea ligeramente aproximada de la forma en que, a mi juicio, debería establecerse la remuneración de los funcionarios. Un estudio más detenido y mejor fundamentado permitiría acomodar la escala de incrementos periódicos, de una parte, al desarrollo medio normal de las necesidades del Magistrado, y, de otra, a las conveniencias y posibilidades del Tesoro público. Pero aún así, aceptando como fórmula definitiva este grosero esbozo, y acoplando los nuevos sueldos a los actuales funcionarios, según los años de servicio de cada uno que constan en la relación inserta más arriba, la diferencia entre la consignación del presupuesto del Estado y la que se necesitaría con arreglo al nuevo régimen no excedería de dos millones de pesetas. Y en el caso más desfavorable para el Estado, que se daría bajo el supuesto de que cuantos ingresan en la carrera continúan en ella hasta cumplir los setenta años, es decir, eliminando de nuestros cálculos dos elementos tan poderosos como la muerte y la jubilación voluntaria, el límite máximo de gasto, o sea la cifra a que no se llegaría jamás, por mucho que a ella se aproximase la realidad, sobrepasaría el coste actual en menos de tres millones de pesetas.

La aplicación de este principio a la mayor parte de los servicios del Estado determinaría, no obstante la mejora de remuneración, una baja positiva de su coste, porque simultáneamente podrá y deberá acordarse, sin daño ya para nadie, una considerable amortización que redujese el número de funcionarios a la cantidad