El Notario (Madrid) (1852-03-15 00:00:00), página 4

en la propiedad de las escribanías de aquella población.

En 5 de marzo, A. D. José Mílana y Escriva, de propiedad y ejercicio de escribanía de Oliva.
A. D. Ignacio de Arias, de ejercicio de Notariado de la merindad de Uribe.
A. D. Manuel Manrique, igual para la escribanía de Paredes de Nava.
A. D. Manuel Marron, igual para la de Alcábices.
A. D. José Corros y Casal, igual para la de Santiago.
A. D. Mateo Solano, igual para la de la Carlota.
A. D. Francisco Cospedal y Muñoz, igual para otra en Valladolid.
A. D. Eleuterio Fuentenebro, igual para la de Badociones.
A. D. Manuel Rebollita, igual para la de Villafames.
A. D. Eduardo Bildosola, igual para la del Valle de Somorrostro.
A. D. Luis Martín Gutiérrez, igual para otra en Arévalo.
A. D. Santiago Teodoro y Martí, igual para otra en Tavernes de Valldigna.
A. D. Juan Pons y Mercadal, igual para escribanía del juzgado de Mahón.

Sección 4.

A fin de regularizar el servicio público en lo concerniente a la expedición de copias y testimonios de las escrituras depositadas en los archivos generales del Reino, S. M. (Q. D. G.) se ha dignado disponer que en lo sucesivo no se libre por los jueces de los expresados archivos documento alguno de aquella clase, sino a virtud de la oportuna Real cédula expedida por la cancillería de este ministerio.

De Real orden lo digo á V. S., para los efectos consignantes. Dios guarde á V. S. muchos años.
Madrid 25 de enero de 1852.—González Romero.—Sres. archiveros generales del reino.

REMITIDO.

No me será fácil explicar el aprecio que en mi concepto merece la opinión que esa Redacción se ha servido emitir acerca de la conveniencia que puede resultar á la clase en general de dependencias del Gobierno, y la posibilidad en el mismo de llevar á cabo un pensamiento que aumentará sus conflictos y los clamores hasta penetrantes ya de los contribuyentes. Las acertadas reflexiones en que se apoya su respetable opinión, no han reservado nada á subalternas inteligencias, y sólo me concreto por ello á manifestar la concordancia de nuestros pensamientos, apoyado en las razones que voy á manifestar.

La notable decadencia que experimenta la clase es general tanto en la Corte como en las provincias, con más notables excepciones según las circunstancias especiales de ellas; pero es necesario conocer que todas son el origen de un principio general que debe actarse, porque ese principio que lastima nuestros intereses, proporciona ventajas conocidas y recomendables á la nación entera en la administración de justicia, comparando la de hoy con la de diez y ocho años antes. Si bien por lo regular el hombre no tiene tanta virtud que pueda apreciar ventajas ó beneficios ajenos que caigan en su rueda propia, es cuando esta desgracia no ofrece reparación; lo cual no sucede en nuestro caso, pues hay medios de reparación si el Gobierno algún día puede fijar su atención en esta desgraciada clase, y se penetra de las circunstancias especiales y particulares de cada provincia y de cada juzgado, y si se ocupa de remediar áunos, de dispensar consideraciones, y nivelar los cargos y las utilidades respectivas; porque en cada provincia, en cada población, en cada juzgado, existen esas circunstancias particulares que exigen un remedio determinado y acaso opuesto; así es que una medida general que se adoptara, por más santa y justa que fuese, lastimaría intereses respectivos y distribuiría beneficios acaso no merecidos.

Precisamente se atreve á escribir sus penas- mientos un Escribano del pueblo de Alicante, donde se encuentran las anomalías y las contradicciones mas dignas de notarse.

Alicante es acaso la capital de provincia más pobre de las de España; no conoce industrias ni riqueza, que esta alta añadida diez y seis años hace, que se ha visto por desgracia hacer una línea rústica, y para la cual se produce la contribución que paga, y el comercio está en una notabilísima decadencia, como que no hay año que no se presenten en quiebra sociedades y establecimientos de todas clases.

En esta capital existe diez Escribanías, seis numerarios que pertenecen al juzgado de primera instancia, pobres hasta el extremo de degradar la facultad, tres Reales que se titulan notarios, sumamente ricos, mas ó menos entre sí, y uno que desempeña la escriturial del Tribunal de Comercio con aptitud especial para el.

Los seis del juzgado de primera instancia son real y efectivamente de clase de número y no de juzgado como se les apellida, de lo cual responden sus títulos donde se halla marcado el nombre del número de la ciudad de Alicante, y en los cuales se les previene uso de su signo en todas las escrituras que ante ellos pasaren, y que en las de contratos, censos, tributos etc., se tome la razón en el oficio de hipotecas, sin restricción alguna. Sin embargo de esto y de la garantía que bajo el concepto expresado les ofrecen varias leyes del Reino, que determinan la facultad de recibir escrituras á los Escribanos numerarios, y no los Reales, ni de la posesión en que por mayores derechos habitan, se ve que tal facultad, los Reales lograron del Real acuerdo de Valencia, hará unos treinta y cinco años, el que les concedió esta exclusiva facultad, restringiendo la de los numerarios á recibir únicamente las escrituras que proceden de las actuaciones judiciales que están á su cargo. Varias son las reclamaciones que sobre el particular hicieron los numerarios, y distintas y contradictorias fueron las providencias que obtuvieron del supremo Consejo; pero reducida la cuestión á la vía judicial del supremo Consejo de Castilla, tuvieron que sufrir una sentencia que estrechó el estado de su libertad, no les permitió sostener las expensas de un litigio. Muchas cosas podrían extenderse sobre el particular, pero en obsequio de la brevedad sólo hago mención de un informe que dió dicho Real acuerdo con las observaciones que sus estrenos ofrecen.

Se decía en él, que las leyes del Reino que obran en favor de los Escribanos numerarios, no habían tenido jamás observancia en el de Valencia por haber Colegio con determinado número de Escribanos Reales.

Esta proposición se halla rebatida con la posesión en que estuvieron los numerarios de Alicante de recibir toda clase de escrituras por espacio de treinta años, hasta que el Real acuerdo de Valencia lo prohibió y que la introducción del colegio de Valencia, fue unos cuantos años posterior á la promulgación de las leyes que ésta, nunca pudo ejercer privilegios con efectos retroactivos. El colegio de Valencia por Real orden de 10 de julio 1805, á consulta de la Real cámara, se redujo á sólo el número de sesenta escribanos con la denominación de una legua en contorno de aquella capital, y no se alcanza con que facultades ha podido entender su número á mas de ciento ochocientos, y su demarcación á veinte y siete leguas que dista Alicante de Valencia. Las leyes citadas fueron promulgadas para todos los dominios de España, y mandaban observar por esta causa lo ordenado en el Reino de Valencia. Y por consiguiente, si estos mandatos serán unos privilegios contra ley expresa, mucho mas después de la abolición de los fueros de Aragón, y mucho mas y mas lo son en la época actual. Para colonizar de algún modo el error que envuelve la anterior proposición de dicho informe, se descende en ella á la historia particular del Reino desde el Sr. Rey D. Jaime I de Aragón, sin haber tenido presente que aun cuando ella influyera para la inobservancia de leyes terminantes del Reino, y aun cuando los fueros de Aragón estuvieran en la plenitud de su ejercicio, juntas han podido comprenderse en ellas las que la ciudad de Alicante disfrutaba desde épocas mas remotas, según voy á manifestar.

En la pérdida de España e invasión de los Agencias, se había incluida esta ciudad, en lo tocaba villa, con toda su servidumbre hasta que la conquistó para su Corona, el Sr. Rey D. Alfonso de Aragón; pero habiéndola perdido segunda vez, la recibió de los moros D. Alfonso el Sabio de Castilla, siendo infante, y entre otros de los lugares de su gloriosa conquista, fué agregada la villa de Alicante al Reino de Murcia, tomando posesión de ella en nombre del santo Rey D. Fernando su padre en el año 1427; la población cristiana de diferentes clases, y por Real privilegio dado en el valle del 10 de abril de 1438, les concedió carrosforros, franquicias y términos continuos, la denominación de Reales, hacia los pobladores de esta ciudad en los Reales privilegios expedidos en Murcia el 29 de agosto de 1290 y en Sevilla el 26 de octubre del mismo año; y después de terminadas por compromiso las diferencias que ocurrieron entre los señores Reyes de Aragón y de Castilla, quedó remido á este pueblo de Alicante, por concordato de 8 de agosto de 1304, ratificando en él los privilegios y prerrogativas concedidas á este pueblo por los señores Reyes de Castilla.

Me he detenido en la explicación de estos antecedentes por dos razones: la primera para demostrar que no es cierto que los numerarios los Escribanos del número de esta capital; por si el Gobierno tiene á bien tomarla en consideración; y la segunda para probar la proposición sentada de que no es la dotación el único medio de consolar nuestras desgracias, pues así como en este pueblo se presenta uno equitativo y justo, en otros acaso los haya de la misma esfera y el Gobierno los ignore. Si alguien pudiera, indiar más directamente en nuestro beneficio, generalmente sería la corrección y aumento de los aranceles, y que se abusase por el erario ó por los fondos municipales las costas de la guerra en las causas graves y los pobres, actualmente pobres, porque nuestro servicio en ellas cede al beneficio del público, puesto que en el encuadra garantida su propiedad real y personal.

Así como en mis limitados conocimientos no sería una novedad sorprendente el aumento de aranceles, tampoco lo es el del papel sellado, pues este no lastima tan directamente nuestras fortunas como algunos lo creen, antes por el contrario, opino que la curia de España es la más equitativa entre muchas naciones, tanto en derechos como en papel sellado, particularmente comparado con la de Inglaterra, donde los derechos y honorarios se escogen en ciento cincuenta y una cuenta de setenta ó ciento cincuenta, un rublo de quinientos se dan en papel sellado, sin cuyo requisito no se admite en juicio; y sobre todo cuando la subida del papel esta bastante compensada con la estinción de los derechos de jueces y promotores; no debiéndolo tampoco alimentarse la idea que algunos han concebido, de que el aumento del papel destroza los pleitos, porque nadie pleitea por gusto ó por diversión, sino por una necesidad absoluta e indispensable de defender sus derechos. Lo que sí sería muy conveniente y aun necesario es que el Real decreto de 8 de agosto tuviese las aclaraciones y modificaciones que su ejecución reclama.

Alicante, febrero de 1852.
Pablo Manchón y Soriano.

MADRID:
IMPRENTA DE D. JOSE C. DE LA PEÑA.
Calle de Atocha, núm. 100.