La Reforma (Madrid. 1898. Romero impresor) (1898-06-10 00:00:00), página 3

industria ó comercio, expresando la tarifa y clase en que debe ser comprendida la industria, ó la exención que le sea aplicable.

De la exactitud de los padrones, base de la Matrícula, así como de haber sido objeto de inspección ocular todos los locales en que se ejercen las industrias, son responsables los Alcaldes y Secretarios obligados á formarlos, y parece natural que las Matrículas no puedan ni deban comprender otros industriales que los contenidos en aquellos.

Pero no es así; correspondiendo este año la rectificación quinquenal del padrón, las oficinas provinciales rechazan los que no comprenden todos los mismos industriales de la Matrícula anterior; y como el sesenta ó más por ciento de estos son ficticios, según á la administración misma consta, de aquí la ineficacia de los padrones y el que continúe siendo la contribución industrial otro de los focos de inmoralidad administrativa difíciles de extirpar.

Si de nada sirve la inspección ocular, ni merecen crédito las certificaciones que bajo su responsabilidad libran los Alcaldes y Secretarios, huelgan los padrones; pues si bien se pretende encubrir este absurdo con que no deben ser objeto de baja en ellos sino aquellos que lo fueron á la Matrícula acordadas por la Administración, esta es una de las muchas deficiencias de la ley.

En primer lugar, la Administración falta abiertamente á lo que prescribe el artículo 122 del reglamento, no acordando las bajas en el acto que se solicitan por los interesados, dejando transcurrir años y años, para que continúen en la Matrícula; y en segundo lugar, que es frecuentísima la cesación en las industrias, sin llenar el requisito de pedir la baja, por lo que parece que esa inspección ocular, esa fiscalización domiciliaria, esa rectificación del padrón, debía llenar las deficiencias en las altas y bajas omitidas durante el quinquenio.

¿Qué resulta, pues? Que los estados generales de valores que se remiten á la dirección del importe total de las Matrículas, es ilusorio; ¿que la Administración se engaña á sí misma; que se entorpece la cobranza, y que tan anómalo e irregular procedimiento puede dar lugar á fraudes y ocultaciones, olvidando el pago los industriales que ejercen, al amparo y abrigo de los que á ciencia cierta no existen, y por que la Administración no acordó la baja, no se excluyen de la Matrícula.

Es esta una deducción tan conforme con los hechos, que excusa todo esfuerzo para hacerla patente.

La separación de que se trata y cualquiera otra que se suponga y haya de pretenderse entre los dos órdenes de funciones de referencia, constituye en realidad, y aparte lo expuesto, un punto de discusión que lleva dentro de sus términos otro de mayor alcance y transcendencia, pues llega á convertirse y á representar en toda su integridad el debate tema de la división de los poderes, siendo seguro que resuelto éste, el sentido en que lo fuese habría de estimarse como cosa juzgada en la cuestión propuesta.

Es, en efecto, esa cuestión una de las que más han ocupado los conocimientos de antiguos y modernos. Y sin salir de estos últimos, desde Locke á Montesquieu entre los separatistas, y entre los que podemos llamar unitarios, desde Ronald á Ortí y Lara, maestro insignie este último del autor de estas líneas, que le invoca aquí con afecto casi filial, la generalidad de los escritores cuya inclinación prefiere esta clase de estudios, han consagrado sus inegables aptitudes al planteamiento de un problema, siempre de actualidad, como acontece con todos los que tratan de materias y asuntos sociológicos.

No vamos á terciar en una controversia para la cual carecemos de medios y facultades en relación con su verdadera importancia; la naturaleza de este trabajo es, además, principalmente práctica, cual cumple á la significación de LA REFORMA entre las publicaciones periódicas, consagradas, como se halla, al mejoramiento de nuestra Administración. Pero aun supuesto esto, mediendo en los conceptos sometidos á examen la afinidad y filiación doctrinal que hemos hecho observar, es una indicación necesaria dejar señalado el principio superior, guía de las deducciones aquí contenidas; y este principio lo encontramos formulado por Taparolli con la lucidez de quien en esta clase de nociones científicas pasa, con justicia, por uno de los mejores maestros.

El docto publicista establece, en efecto, en su Examen crítico del Gobierno representativo, que la división en los poderes es por sí misma un inconveniente contrario á la naturaleza de la autoridad, que también por sí misma es una; mas cuida de añadir á seguida que, considerado el hombre investido de autoridad, la división de funciones puede serle necesaria y resultar útil á causa de la corrupción de su naturaleza.

Tal es el pensamiento y tal la conclusión, sencilla, á la vez que profunda, del egregio jesuita, á quien no llamaremos en este lugar gloria de su orden, por ser en ella harto numerosos los que con él merecen calificativo igual, y bastante atender á su contenido literal para notar que en ella quedan salvados, con la unidad del poder, vigorosa exigencia científica, ya que la unidad es de esencia en el orden, lo que pide la naturaleza humana en su estado presente de corrupción, y, por tanto, de limitación en sus facultades. Y si es un hecho necesario, conforme á esta doctrina, la separación de funciones en las sociedades políticas, al tenor y en la medida de su estado moral respectivo, la justa apreciación de tal estado constituye la base de que ha de partirse y que ha de informar la solución propuesta en este artículo.

Ahora bien: puestos ya sobre esta cuestión de hecho, y refiriéndose ésta al aspecto general de nuestra administración, ya que de ella se trata, triste es confesar que sus deficiencias, cada vez más crecientes, están lejos de aconsejar nada que pueda conducir á la continuidad de la acumulación de funciones objeto del estudio presente, y con ella al mantenimiento en nuestro país de un estado de cosas en que la administración y la justicia brillan por su ausencia.

¿Debe en nuestro país estar separada la Administración de las operaciones electorales?

A pesar de la escabrosidad de este problema, estamos seguros que, interrogada acerca de él la conciencia popular, lo habría de resolver, sin vacilar, en sentido afirmativo. Si no mediara la experiencia diaria, un instinto certero le haría conocer, sin género alguno de duda, que el desempeño de esas atribuciones y las necesidades que éstas engendran, abrigan en su seno el germen más fecundo acaso de nuestros desórdenes administrativos. Desde el momento que son requeridos como un factor de que no se puede prescindir para el funcionamiento del régimen, dicho se está que los encargados de su ejecución, sintiéndose fuertes con unas facultades que los enlaza con las exigencias del orden, tal como esto se entiende entre nosotros, han de sacar de ellas el partido posible en pro de sus intereses privados, y hacer servir á ellos todas y cada una de las otras atribuciones de índole administrativa que la ley ha dejado en sus manos.