El Foro español (Madrid. 1898) (1923-07-31 00:00:00), página 5

admitir la jura el Tribunal ya ha comprobado con los autos a la vista si materialmente están allí los trabajos a que cada partida corresponde, y de aquí que se ordene que la cantidad sea detallada y no global.

Además, que el derecho es absoluto lo da la simple consideración de que no hemos de ser dentro de autos los Abogados de peor condición que los procuradores yotros curiales, y los precedentes mismos de nuestra legislación en este punto ya que en la práctica antigua estaba admitido este procedimiento especial en favor de los Letrados, considerando estos créditos con igual carácter que los alimenticios, y el artículo 192 de las Ordenanzas de las Audiencias suponía ese mismo procedimiento al facultar a la Sala que conociera del pleito para hacer la regulación de los honorarios impugnados por excesivos, mandando que lo que aquélla decidiese se ejecutara sin ulterior recurso. Después nada dijo de esto la Ley de Enjuiciamiento civil de 1855, pero vista la inferioridad en que respecto a los Procuradores y otros funcionarios de la curia dejó a los Letrados aquella omisión ya que en favor de aquéllos se hizo la declaración contenida en la Real orden de 25 de Junio de 1861, es por lo que se redactó el artículo 12 de la nueva Ley Procesal civil, igualando en todo y por todo en este punto a unos y otros funcionarios.

En su consecuencia, entendemos que no hay razón para excluir de los beneficios de la jura de cuentas a las devengadas en los Juzgados municipales y que en toda clase de juras no es legalmente posible admitir impugnación alguna sin la previa consignación del importe de la cantidad reclamada. Y aunque entendemos que cuanto se deja expuesto es clarísimo como en la práctica se discute y hasta se tergiversa el procedimiento, es una realidad la que me ha llevado en bien de nuestro derecho a tratar de una cosa que en mi propio concepto aparece como indiscutible.

LORENZO BARRIO Y MORAYTA.

ASAMBLEAS DE SECRETARIOS

La Asamblea de Secretarios de Juzgados Municipales que acaba de celebrarse, votó las siguientes conclusiones:

Primera. Que se reforme el real decreto de 29 de Noviembre de 1920 en el sentido de que en la provisión de vacantes se establezcan los siguientes turnos: Primero, traslado por antigüedad en la clase. Segundo, traslado con arreglo al mayor número de habitantes de la población en que ejerza el solicitante. Tercero, solo para suplentes, considerándose a estos como propietarios de la categoría inferior inmediata a la que desempeñen su cargo al tiempo de solicitar una vacante. Cuarto, méritos especiales a juicio de la autoridad que haya de proveer la vacante. Quinto, oposición entre Secretarios. Sexto, oposición libre.

Segunda. Que los Ayuntamientos vengan obligados a satisfacer, como pago preferente, a los Secretarios de los Juzgados Municipales una gratificación anual para gastos de personal, material y asuntos de oficio, aumentándola en la escala siguiente: Secretario de población menor de 1.000 habitantes, 100 pesetas; hasta de 4.000, 400 pesetas de 5.000, 450; de 10.000, 700; de 11.000, 750; de 15.000, 925; de 30.000, 1.225; de 40.000, 975; de 50.000, 725; de 80.000, 225; de 64.000, 25; y de 65.000 en adelante, ninguna subvención.

Tercera. Que se derogue la Real orden de 11 de Marzo de 1915 contradictoria de la de 8 de Febrero de 1913, antagónica del artículo 48 del Código Civil y se dicta otra concediendo a los Juzgados Municipales la competencia para autorizar los consentimientos y consejos paternos para contraer matrimonio, lo mismo tiempo que a los Notarios civiles o eclesiásticos, no entendiéndose por éstos al cura parroco, economo o regente, sino aquellos que por la ley canónica tienen consideración de tales.

Cuarta. Que no se separen del conocimiento de los Juzgados Municipales los expedientes posesorios ni los consejos de familia, ni otras actuaciones propias de la fe pública judicial que los Notarios traten de arrebatar a la justicia municipal por un desmesurado egoísmo de clase contrario a la equidad de la justicia; y que no se prorroguen los plazos concedido por el artículo 20 de la ley Hipotecaria y que dichos expedientes posesorios se tramiten también en los juzgados municipales de las cabezas de partidos judiciales.

Quinta. Que en la presente legislatura sea ley el proyecto formulado por el exministro C. Miriano Ordóñez y publicado en la Gaceta referente al aumento de competencia en los Juzgados Municipales en cuanto a la jurisdicción voluntaria y a la transmisión por causa de muerte, de la pequeña propiedad.

Sexta. Que lo acordado en las conclusiones anteriores sea temporal y mientras no se asigne sueldo del Estado a los Secretarios y demás funcionarios de la justicia municipal, aspiración preferente de la Clase secretarial que desea ver retribuida decorosamente su actuación, con preferencia a gratificaciones, aranceles, y emolumentos de ninguna clase.

Séptima. Que se incluya a los Secretarios de los Juzgados Municipales, sean o no Letrados, en la Mutualidad creada por Real decreto de 13 de Noviembre de 1922, y caso contrario que no se les obligue a recaudar unos fondos en cuyo disfrute no hayan de tener participación; pero si se consigue la admisión, que se tenga en cuenta que los Secretarios cesantes no puedan pagar las pólizas instituidas en dicho Real decreto, pero no por ello deben perder sus derechos.

Octava. Que se derogue la ley de Justicia municipal en cuanto a la cuantía de que conocen los Juzgados municipales y se eleve ésta a 1.000 pesetas, que se supriman los adjuntos y que se modifi-