El Notario (Madrid) (1852-02-02 00:00:00), página 1

PROYECTO DE LEY DEL NOTARIADO

según fue aprobado por el Congreso.

TÍTULO QUINTO
Custodia y transmisión de los registros y cobro de derechos devengados

Art. 43. Luego que fallezca un Notario, si otro poseedor del registro y papeles de su oficio, dispondrá el alcalde del pueblo su depósito y custodia interna en el archivo público, si le hubiere, o en el Notario, y en su defecto se haga cargo de los oficios, mientras se haga cargo de ellos el Notario o individuo que designe provisionalmente el juez del partido.

Art. 44. El registro y repertorio de un Notario suscrito, o su oficio esté en trámite o suprimido, se entregará por él o sus herederos respectivamente al archivo público, si le hubiere, o a uno de los Notarios del pueblo, que estos mismos designen, con conocimiento del juez del partido, y en su defecto al alcalde o a quien tuviere suscripción, y se entregarán los papeles en el primer caso al acto de la entrega, y pondrán su V.º B.º en la diligencia que se estime debida.

Art. 45. Al Notario sucesor en el oficio vacante se hará entrega de los protocolos y documentos de su oficio, dentro de los días siguientes al que hubiere jurado, y se entenderá diligencia del acto en la forma determinada por la ley.

Art. 46. Cuando se suprima un oficio de Notario, el titular o sus herederos entregará dentro de los meses siguientes el registro, repertorio y demás papeles, con arreglo á lo dispuesto en el art. 44.

Art. 47. El promotor fiscal respecto deudora de que tenga efecto el cese o prescripción, y de que el titular del oficio obtenga el Notario a quien hubiere de cesarse, cuando en caso de supresión o vacante del oficio no lo hubiere elegido, el titular cesante o sus herederos en el término señalado.

El Notario o sus herederos que demoren el cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 44 y 46, incurrirán en la multa de 200 rs., por cada mes de demora, contando desde el día en que fueron requeridos, y en la responsabilidad y perjuicio que hubiere causado su morosidad.

Art. 48. En el supuesto de urgencia de un protocolo se formará un inventario de los registros y documentos que le componen, y á su firmarlos el recibió el Notario que se hiciese cargo del remitiendo un duplicado á la Junta de gobierno y disciplina de los Notarios de distrito.

Art. 49. El titular cesante o sus herederos, y el Notario que reciba el registro, determinarán amigablemente la forma en que haya de hacerse la recaudación de los derechos devengados y no satisfechos.

Si no se avinieren, estará y pasarán los discursos por lo que determinen tres Notarios del colegio, nombrados de común acuerdo, y de oficio en caso de discordia.

Art. 50. Lo dispuesto en los artículos anteriores se entenderá sin perjuicio de lo mandado respecto al archivo de Escrituras públicas de Madrid, y otro establecimiento semejante, los cuales estarán bajo la dependencia del ministro de Gracia y Justicia.

Art. 51. Los Notarios no podrán llevar en ningún caso más derechos que los designados por arancel, la primera vez que contraviniere serán castigados correccionalmente; la segunda incurrirán en pena de suspensión de tres á seis meses, y la tercera en privación de oficio. Para imponerse la suspensión ó pérdida de oficio deberá preceder formalmente de causa.

OFICIOS ENAGENADOS.

(Continuación.)

La situación en que quedaron los dueños de oficios enagenados en virtud del decreto de 10 de mayo de 1837, fue una triste y angustiosa que podría imaginarse. Por de pronto se vieron privados de sus propiedades sin indemnización de ningún género, porque á esto, y nada más, equivalía la declaración de que se les reconocía por acreedores del Estado. Si los oficios habían sido suprimidos por incompatibles con la Constitución y las leyes, también la Constitución y las leyes establecían como inviolable el derecho de propiedad, y para en el caso de que el bien público reclamase la expropiación algunas veces, determinado estaba el modo de verificarlo, previa siempre la correspondiente indemnización. Cabalmente en 14 de julio del año anterior de 1836 había sido publicada la ley sobre enagenación forzosa por motivos de utilidad pública, cuyo artículo 1.º decía: «Siendo inviolable el derecho de propiedad, no se puede obligar á ningún particular, corporación o establecimiento de cualquiera especie á que ceda ó enagene lo que sea de su propiedad para obras de interés público, sin que precedan los requisitos siguientes: 1.º, declaración solemne de que la obra proyectada es de utilidad pública, y permiso competente para ejecutarla. 2.º, declaración de que es indispensable que se ceda ó enagene el todo ó parte de una propiedad para ejecutar la obra de utilidad pública. 3.º, justiprecio de lo que haya de cederse ó enagenerarse. 4.º, pago del precio de la indemnización.» Nada de esto se tuvo en cuenta. No se habían hecho por lo visto ni la Constitución ni las leyes para los propietarios de oficios enagenados. En vez de una indemnización previa, se hizo una declaración posterior de que eran acreedores del Estado. Pero ¿en qué cantidad? ¿y cuándo y en qué forma debían ser reintegrados?

Los dueños de escribanías que á la sazón continuaron desempeñándolas por sí mismos, no sintieron por de pronto todo el perjuicio de la supresión, aunque de ningún modo podía serles satisfactorio el considerarse como unos meros empleados, que podían á cada instante ser separados de sus oficios, sin que les quedase ninguna esperanza de que fuesen el sostén y amparo de sus familias. Pero los que no podían desempeñarlas por sí, y en otro caso hubieran podido arrendarlas, y los que tenían nombrados tenientes mediante un precio que, poco más ó menos, podía ser equivalente al interés ó rédito del capital que representaba la escrituración, todos estos sufrieron al instante, de plano, y en toda su latitud, las tristísimas consecuencias de un desaproprio acordado, sin indemnización de ningún género. Desapareció para ellos por completo la propiedad que les sostenía, y muchas familias hubo que no contando con otro patrimonio, se vieron en la hortensia y la miseria, sin mas esperanza que lo que pudiera ser en algún día la vaga declaración del decreto de 10 de mayo.

Para que todavía fuese más apurada la situación de los exdueños de oficios enagenados, ocurría que estando muchos de ellos afectos á censos ó otras diferentes cargas, y acudiendo los que los disfrutaban á hacer las competentes reclamaciones en los tribunales de justicia, aquellos se veían condenados á pagar como si estuviesen en su poder las propiedades, como si fuesen dueños aun de las suprimidas hipotecas. Es decir, que había justicia para los acreedores, mientras que no habían podido alcanzarlos los dueños.

El continuo clamor de los perjudicados, el llanto de cien familias que, aun cuando pudieran abrigar algunas esperanzas para lo futuro, se veían de presente privadas de su patrimonio sin tener nada en cambio con que reemplazarle, era preciso que llegase á hervir los oídos del Gobierno para que, ya de no ser posible en el acto la indemnización, se escogiese un medio de reparar algún tanto el mal, disminuyendo los terribles efectos del despropio. Son muy sagrados los fueros de la justicia para que se hallen siempre atendidos. Llegó el 2 de marzo de 1839, y se publicó la Real orden siguiente: «Para disminuir los perjuicios que por consecuencia de las últimas disposiciones relativas al arreglo de tribunales se han seguido á los dueños de escribanías y otros oficios enagenados, se ha servido resolver S. M. la Reina Gobernadora, que en las propuestas y provisiones de dichos oficios