La Ley (Sevilla) (1853-01-30 00:00:00), página 11

presupuesto de ingresos ordinarios no llegase á 200,000 rs. debiendo conocer los Consejeros provinciales con apelacion al Tribunal de cuentas de todo recurso en justicia contra el alcance que se exija como resultado del examen de dichas cuentas.

Visto el art. 40 de la ley de contabilidad de la Hacienda pública de 20 de febrero de 1850, según el cual los empleados de todos los Ministerios que administren y recauden fondos del Estado deben rendir mensual y anualmente cuenta justificada de su importe a la Contaduría general del Reino, la cual después del competente examen ó comprobación habrá de pasarla al Tribunal de Cuentas:

Visto el art. 1º de la ley de 23 de Agosto de 1851, el cual establece que el Tribunal de cuentas del Reino había de ejercer privativamente la autoridad superior para el examen, aprobación y conocimiento de las cuentas de administración, recaudación y distribución de los fondos, rentas y pertenencias del Estado, así como también de las relativas al manejo de fondos provinciales y municipales, cuyos presupuestos requieran la Real aprobación:

Visto el art. 20 de la misma ley, que prescribe que cuando en las cuentas sometidas al examen de dicho tribunal aparezcan indicios de falsificación, malversación ó cualquier otro delito cometido por los empleados en el manejo de los fondos públicos, habrá aquel de remitir el correspondiente tanto de culpa al tribunal competente:

Visto el art. 3.º, párrafo primero del Real decreto de 4 de junio de 1847, que prohibe la provocación de competencias en materia criminal, á menos que en virtud de la ley corresponda á la autoridad administrativa decidir alguna cuestión previa de la cual dependa el fallo que los tribunales han de pronunciar:

Visto el art. 7º del mismo Real decreto, según el cual el tribunal ó juzgado requerido de inhibición, luego que reciba el exhorto, debe suspender todo procedimiento en el asunto á que se refiera mientras no termine la contienda por desistimiento del jefe político ó por dimisión mía, so pena de nulidad de cuanto después se actúe:

Visto el art. 309 del Código penal, según el cual el empleado público que legalmente requerido de inhibición continuase procediendo antes que se decida la contienda será castigado con una multa de 20 á 200 duros.

Considerando, 1º Que son tres los cargos por los que, según la denuncia y proceso instruido contra los Concejales que compusieron los Ayuntamientos de Tobalina en los años de 1846 y siguientes hasta el de 1851 inclusive, y Secretario D. José Gómez Varona, son estos acusados, á saber:

Primero. El de aplicación en provecho propio de caudales destinados en los presupuestos municipales á cubrir atenciones del común, que es el que forma la base de la denuncia.

Segundo. El de exacción, en el reparto y recaudación de las contribuciones generales del distrito, de mayores cantidades que las autorizadas y aprobadas por la Administración superior:

Tercero. El de haber cometido igual-exceso en la cobranza de los impuestos municipales, sobre cuyos dos últimos cargos gira la declaración indagatoria.

2.º Que ninguno de estos hechos constituye delitos aislados, cuya averiguación pueda verificarse por medios cuya ejecución esté de un modo privativo en manos de la potestad judicial, sino que por la naturaleza específica de todos ellos, su probanza es inseparable del examen detenido y meditado de las cuentas de contribuciones generales y de las municipales rendidas por dicho Ayuntamiento:

3.º Que este examen corresponde con arreglo á las disposiciones referidas á la Administración, que lo ejecuta por medio del Gobernador de la provincia respecto de las cuentas municipales, cuando, como en el caso presente, no llega el presupuesto á 200,000 reales y respecto de las generales de contribución, sometiéndolas á la jurisdicción del Tribunal de cuentas:

4.º Que en este concepto no es dado al juzgado proceder á la formación de causa sin que una decisión previa de administración subsiguiente al examen de las cuentas no le ponga en camino de verificarlo, siendo por lo mismo llegado el caso de excepción prevenido en el art. 3.º, párrafo 1.º del Real decreto de 4 de junio de 1847:

5.º Que tanto la naturaleza de los cargos sobre que gira el proceso, como el proceder del juzgado después del requerimiento de inhibición de parte del Gobernador, exigen la adopción de medidas especiales;

Oído el Consejo Real, vengo en decidir esta competencia á favor de la Administración y lo acordado.

Dado en Palacio á 14 de enero de 1853.