La Reforma (Madrid. 1898. Romero impresor) (1898-06-10 00:00:00), página 4

Evidentemente no exageramos en estas afirmaciones; son resultado lamentable de una experimentación últimada, y es una observación doblemente triste que entre todas las esferas gubernativas, aquella en que reina un olvido más sistemático de las leyes, es precisamente la de los Ayuntamientos bajo el patrocinio de sus congéneres las Diputaciones provinciales; restadas, claro está, excepciones afortunadas y tanto más honrosas cuanto más corto resulte el número á que deban reducirse.

Desnaturalizadas aquellas Corporaciones, apenas si representan hoy espíritu alguno de protección á los intereses colectivos de los Municipios, sino que, por el contrario, los manejos parlamentarios las han convertido en meros y ya innecesarios agentes de una corrupción que principió en las irrisorias tramitaciones electorales y se defiende por todos los mecanismos administrativos y económicos, siendo difícil señalar raro alguno del servicio á ellas encomendado en que no se haga sentir el peso de una arbitrariedad abrumadora.

Ni hay que esperar, por otra parte, nada de reformas, de leyes nuevas ni viejas, de intervención del pueblo en la gestión de sus negocios, ni de garantías debidas á inspecciones superiores administrativas ó judiciales: todo esto, que todavía hay el mal gusto de repetir alguna vez, no es más que un conjunto de palabras, que sí á algo efectivo responden, es á la resolución de perpetrar con la salvaguardia de esta especie de marcas de fábrica falsificadas, un nuevo engaño que ya se tocará y comprobará después.

Como los impuestos por lo crecidos y por su calculada variedad, han llegado á constituir el negocio capital de la época, su repartición en las manos pecadoras de los Monterrillas, es un arriete demoledor de las fortunas, las modestas sobre todo: ninguna regla fija las contiene; y si la hay, salta sobre ella seguros de su inmundidad, superior aún á la parlamentaria. Un ente de estos, armado de leyes fiscales, únicas que se cumplen con todos sus pormenores vejatorios, y jaleado, á causa precisamente de sus hazañas, por las superioridades oficiales, viene á disponer en realidad de haciendas y vidas.

Y para desdicha mayor en este punto, las bases de imposición son por todo extremo vagas y arbitrarias y abren ancho campo al más completo desorden; pueblo hay que paga, por ejemplo, un 20 por 100 de sus utilidades, mientras otros en la misma zona satisfacen á razón del 50 y algo más: unos, pocos por cierto, están, ó se acercan, al corriente de sus obligaciones; y entre tanto otros, conocedores del medio corruptor en que viven, se hacen atrás y se constituyen en moras, esperando perdones y bonificaciones de que se han dado ejemplos con violación de todas las leyes de la equidad.

Donde quiera, candales de Pósitos adjudicados de hecho en propiedad irrevocable, á cambio de servicios de la hueste en africanas luchas locales, ya que se sabe que á su cobranza se ha renunciado en absoluto, convirtiéndose aquellos en materia de donación remuneratoria; repartos fuera de toda condición de legalidad y en que con mil formas absurdas aparecen excluidos los adictos y cargando con sus cuotas los de significación contraria; remates de consumos y servicios públicos, cuyo importe, reducido por manejos que descartan la libre concurrencia, se deja prescribir además en manos de afortunados deudores; déficits, consecuencia de todo esto, que serían paverosos si no se tuviera la convicción, fundada en muchos precedentes, de que la política parlamentaria se ha de interponer para que no tenga consecuencias contra sus autores; y corporaciones responsables que duermen tranquilas en medio de sus excesos punitivos, por la seguridad que abrigan de que han de quedar, cual otras muchas, sin el menor castigo; inscripciones por bienes municipales vendidos, sin emitir ni pagar, y otras, cobradas y desaparecidas, como la cosa más natural y corriente, en poder de una nube de apoderados que á diario ha venido ofreciendo á los pueblos sus servicios con la sama intención que dan después á conocer tales resultados de su gestión, por lo demás irresponsable de todo punto, como lo es la de las mismas corporaciones poderantes.

(Terminará.)

FERNANDO GRANADO Y RUIZ.

Minería

Se han confirmado nuestros vaticinios sobre la reclamación entablada por los mineros y luego sostenida por la Unión Minera, contra el contrato de explosivos.

Decimos esto, porque la proposición de ley presentada en las Cortes contra el arriendo, significa que los sostenedores del derecho de la minería española han comprendido que por otros caminos no han de conseguir nada.

Seguramente están en lo cierto los que así opinan, y si no nos tachasen de pesimistas haríamos una apuesta, en la seguridad de que ni el Ministerio ni las Cortes resolverán esa cuestión como desean los mineros, aunque aparezca interesado en ello el mismo Sr. Sagasta, representado por su hijo, el Sr. Merino, que es uno de los firmantes de la tal proposición de ley.

Al tiempo.

Accidente en las minas de Matarromera.

Las minas que explota en esta zona la Compañía de Aguilar, fueron teatro de un accidente en el mes último, que pudo tener serias y fatales consecuencias.

Un golpe de agua que asomó de repente en el nivel 920 inundó en poco tiempo las profundidades máximas, á pesar de los elementos de desagüe que poseen las expresadas minas.

Gracias á que con las máquinas se llegaron á desalojar 6.200 metros cúbicos de agua en veinticuatro horas, no hubo un percance sensible.

El siniestro pudo dominarse sin desgracias ni grandes pérdidas á los cuatro días, cerrando el lugar por donde se produjo la inundación.

Signen las diferencias de precios entre los minerales que se venden en Almagrera y los que se venden en Cartagena.

Según leemos en una acreditada revista, la causa de estas diferencias consisten en que los compradores de Cartagena proceden con más equidad que los de Almagrera, pues mientras éstos abusan de la situación de los mineros y los explotan, aquellos fijan periódicamente el precio, teniendo en cuenta las circunstancias del mercado y una prudente ganancia.

Parece raro que, estando á la vista el origen, y dependiendo de la voluntad de los productores, sean éstos tan inocentes que se dejen explotar de esa manera, pudiendo beneficiar sus productos por muchos medios, y especialmente por el de la asociación.

D. Aurelio Hernández ha renunciado una de las 18 pertenencias mineras que había solicitado, con el nombre de Virgen del Carmen, en el término de Cazulas.

D. José Reyes Ruiz ha entablado apelación contra una disposición del ingeniero jefe de este distrito.

D. Juan Mariscal ha solicitado registro de 12 pertenencias en la mina Esperanza, término de Dilar.