El Notario (Madrid) (1852-06-07 00:00:00), página 2

da-se tuvieron en cuenta en el proyecto á que aludimos al consignar los artículos del mismo que dejamos copiados.

Diga ahora nuestro colega si sus doctrinas están más en armonía que las nuestras con el proyecto; digamos ahora quién de los dos con más razón podrá invocarlo en su apoyo: y para que El Notariado se convenza de que absolutamente no encuentra opinión alguna en apoyo de la suya, vamos á trascribirle algunas líneas de una obra (4), sin duda desconocida para nuestro colega, en la cual al comentarse con elogio el ilustrado informe que dio una comisión de Escribanos de Barcelona, para el arreglo del Notariado, en virtud de Real decreto de 19 de noviembre de 1834, se dice: «Aunque confiesan y conocen la diferencia de funciones que promiscuamente vienen ejerciendo los Notarios y Escribanos, no aceptan la división de las dos clases, hasta el estremo de hacerlas incompatibles, EN LO QUE TIENEN RAZÓN HASTA CIERTO PUNTO. Lo que quieren y exigen es, que á todos se les dé una misma educación, una enseñanza igual, y se les obligue á prestar iguales garantías, puesto que todos han de ejercer el mismo oficio, y han de tener en todas las mismas atribuciones.» Pongase este párrafo al lado de cuanto tenemos escrito desde que salió á luz El Notario, y digásemos después si existe alguna diferencia: pero á qué cansarnos? Puesto que nuestro cofrade dice que sus doctrinas son las mismas que se desprenden del proyecto discutido en 1838, vamos á hacerle una pregunta que quisieramos la contestara con franqueza. ¿Admite la separación de atribuciones tal y como se establece en los artículos 4.º y 79, que dejamos copiados del proyecto? Si, ó no? Si le admite, digalo de una vez, y acortaremos esa distancia, única en nuestro concepto, que nos separa; y si no está conforme, sigamos cada cual nuestra marcha por la distinta senda que hemos emprendido.

Para que se convenza nuestro colega de que al salir nosotros en demanda de los derechos adquiridos, no tan solo pedimos lo que la razón, la equidad y la justicia reclaman, sino que también nos apoyamos en lo que siempre ha ofrecido el Gobierno, copiamos á continuación los siguientes párrafos de dos Reales órdenes.

De la Real orden de 27 de noviembre de 1843.
Deseando el Gobierno de S. M. organizar el Notariado de la manera que exige el buen servicio público, ha emprendido ya algunas mejoras que, aunque incompletas, por sí solas facilitan los medios de llevar á cabo la reforma que tanto urge, respecto de los funcionarios á quienes está confiado el depósito de la fe pública. Como complemento de esta útil idea, el Gobierno se propone realizar el arreglo general de estos auxiliares de la administración de justicia. Mas á fin de que al plantearse esta reforma no se perjudiquen intereses legalmente creados ni se defrauden las justas esperanzas de los que hayan adjudicado sus oficios bajo la protección de la legislación vigente, se ha dignado S. M. resolver etc.

De la de 8 de marzo de 1846.
Desde luego debe suponerse, y así lo declara S. M., que la reforma que se haya de verificar en el Notariado, será sin perjuicio de los derechos adquiridos bajo la garantía de la ley, y Reales disposiciones en cuyo caso se encuentran, no ya los Escribanos y Notarios con título en la actualidad, sino los alumnos de las nuevas cátedras que bajo la seguridad del Real decreto de 13 de abril de 1844, han hecho sus estudios en las mismas ó se hallan matriculados en ellas.

Por las fechas de estas disposiciones, podrá venir en conocimiento El Notariado, de quienes son los autores de ellas y por consiguiente, si nuestras opiniones al sostener los derechos adquiridos, están o no en armonía con las de hombres eminentes y por muchos conceptos respetables.

PAPEL SELLADO.

Se ha querido demostrar que los efectos de la ley del papel sellado no han perjudicado á las partes, y aunque esto en algunos casos es cierto, son mas en los que han perdido. Pero no es mi ánimo entrar en la cuestión de si los litigantes tienen ganancia ó pérdida; si lo es, proponer las dudas que ocasiona sobre los derechos de los curiales. Un artículo de la ley, artículo que nadie se ha ocupado de él, que deja á los litigantes en libertad de usar un papel inferior al que por la índole del negocio debe emplearse, y de satisfacer, según ellos así lo entienden, una tercera parte menos de derechos, perjudicando de este modo á El Erario y á la curia; mas como no soy del mismo parecer que algunos de mis compañeros, voy á esperar mi opinión acerca de este punto.

El artículo 31 de la ley, párrafo 3.º, dice: «En los demás casos el Juez ó Tribunal respectivo fijará la cuantía del negocio para los efectos de este Real decreto, guiándose por las reglas de prudencia, cuando no pueda fundarse en la notoriedad pública.» Yo desearía saber qué reglas de prudencia pueden ser éstas y qué notoriedad. La significación de esta última palabra todos la comprenden, y se conoce con la simple vista se presentaran muy pocos negocios en que se haga la cuantía por notoriedad: pero ¿y la primera? ¿Reglas de prudencia? Yo no sé si consistirá esta en el cálculo aproximado que formen los señores Jueces de la cosa en cuestión, ó si estos para más ilustrarse y fijar con más acierto la cuantía del pleito tienen que valerse de peritos, y en este caso, resultarian muchos gastos excesivos, ó bien preguntar á las partes, y en este otro local, el motivo que da margen á la duda: y, g. se presenta una demanda en reclamación de una acción de mina y dice el Juez: para fijar la cuantía de este pleito espíndase despacho al alcalde de tal pueblo para que tomando los conocimientos necesarios, diga cual es el valor por el que en la actualidad se vende una acción de la mina tal, del partido tal, término de su jurisdicción. El alcalde por lo regular, es un accionista, y cuando no, los son sus parientes, amigos, etc., y lo que es consiguiente, como saben para lo que es lo que se manda, porque se inserta en el despacho, es de presumir disminuyen el justo precio, de modo que no pase el valor de las acciones de cinco mil reales, con lo que se consigue no usar de los sellos primeros y la disminución de costas según algunos han llegado á entender, pues ya he dicho arriba no soy de este dictamen, y lo probare en proponer ese segundo caso (y cuidado que los dos son practicos pues radican en mi Escribanía.)

Se presenta demanda sobre derecho á regar unas tierras de cierta aceña, y para fijar la cuantía se manda entre otras cosas, que haga saber á los interesados manifesten en el acto de la notificación cual sería la diferencia del valor de las tierras de la pertenencia de D. F. de T. que se riegan con las aguas que produce la aceña de que hacen mención en los autos, y la diferencia del valor de las mismas, de regarse ó no con las aguas de la indicada aceña. Se notifica este auto; una parte dice que la diferencia es de 2.300 rs., y la otra que es de unos 3.000 á 4.000 rs. Veán VV. que ya se observa aquí una diferencia de mas de 1.000 rs.; pero que no pasando de 5.000, con arreglo á la ley se ha tenido que fijar la cuantía en menos de esta cantidad.

Estos dos casos prácticos los he fijado para demostrar que el art. 31 de la ley del papel sellado perjudica al Estado, y repito, según algunos, los derechos de los curiales, aunque yo probaré lo contrario. Los que opinan se nos perjudica, se fundan en que el Arancel nos quita una tercera parte de los derechos en aquellos pleitos que su cuantía es de menos de 5.000 rs. Ahora bien: ¿perjudica á los curiales este modo de [fijar la cuantía de los] pleitos? Al Erario? Al Erario no hay duda, á los curiales no me conformo con la idea emitida, y por lo tanto espondre la mía. Supongamos que en el segundo caso práctico, al notificar á las partes, hubiesen dicho que la diferencia del valor de las tierras era de 500 ó 1.000 rs. ¿Se hubiera por esto ventilado la cuestión en juicio verbal ó de menor cuantía? No: por ser cuestion de derecho. ¿Y en ese caso, cobraríamos los derechos designados para un pleito de menor cuantía? No: luego tampoco se debe cobrar en estos pleitos la tercera parte menos, porque y