El Foro español (Madrid. 1898) (1923-11-15 00:00:00), página 5

sin salir del campo de su preparación, dos clases de actos: los que pudiéramos llamar de preparación genérica o equivoca (y que pueden ser licitos o ilícitos) y de preparación específica o cualificada (criminal). En el caso de homicidio o asesinato por medio de un arma de fuego, puede el asesino haber comprado la pistola con anterioridad a todo pensamiento criminal. El acto de comprar un revólver o una pistola no es necesariamente, preparatorio de un delito pues pudo comprarse para la defensa personal o para ejercitarse en el tiro al blanco. Pero el que habiendo comprado una pistola con este propósito, tiene la desgracia de concebir un pensamiento delictivo y va a su casa, a buscar, al efecto el arma homicida, en este segundo caso un acto preparatorio del delito. De aquí resulta que, siendo notorio que no habrá apenas delitos contra las personas sin el empleo de armas homicidas, el hecho de adquirir o de llevar armas, puede tener efectos delictivos, pero sólo será punible cuando responda a una intención criminal, y de aquí surge la diferencia entre la acción de la policía y la justicia penal. La policía prohibe, limita o regula ciertos actos, en cuanto su posibilidad de enlazarse con un propósito criminal determina una razón poderosa de seguridad pública, que justifica suficientemente la oportuna, adecuada y discreta limitación de la libertad personal.

La justicia penal interviene cuando esa posibilidad se transforma en actos externos con los que se comienza (tentativa), se completa, aunque se malogre (delito frustrado) o se consigue o se realiza (delito consumado), el pensamiento criminal.

El Estado no puede esperar a que la preparación posible y genérica de los actos criminales se transforme en la preparación específica de la tentativa, y antes de que surja, desarrolla ya, en cumplimiento de su fin estriatamente jurídico, su función peculiar de policía.

Uno de los puntos más interesantes para la policía del terrorismo, es el relativo al uso de armas. Lo que produce la alarma de la sociedad, no es el recuerdo de terribles atentados por medio de formidables explosivos, como el tristemente célebre del teatro Liceo de Barcelona, sino la repetición aleveza, estimulada por la impunidad, de delitos personales, homicidios y asesinatos, realizados siempre con armas cortas de fuego. Ante el sentido común de las gentes, que es el órgano instintivo de la justicia, más certero que las solemnes declaraciones de los poderes oficiales; en la frecuencia dolorosa de los llamados crímenes sociales, ha tenido más parte la pistola Star que es el título primero de la Constitución.

Las más audaces propagandas, los artículos periodísticos más furibundos, las reuniones públicas más ardorosas, los sindicatos más revolucionarios, son mucho más inofensivos para la seguridad de las personas, que la positiva facilidad con que circulan y se emplean las armas cortas de fuego. ¡Quién hubiera podido ponerse al habla con los asesinos del Sr. Dato y darles toda clase de libertades a cambio de restringir uno sólo de sus derechos: el de llevar pistolas automáticas!

¿Se ha dedicado a este asunto la verdadera atención? Por lo menos, los resultados no han respondido a la innegable rectitud de las intenciones.

El Reel decreto de 15 de Septiembre de 1920, a pesar de sus previsoras cautelas y sus minuciosas disposiciones, no ha impedido la realización de los atentados terroristas. ¿No cabría pensar en adoptar nuevas y más eficaces disposiciones?

Con todo género de salvedades, recomiendo a vuestra benevolencia una idea que no implica nuevas reformas jurídicas, sino el simple ejercicio de derechos reconocidos al Estado por leyes viviente y que la Administración pública no se ha preocupado de utilizar.

La Ley de 16 de Mayo de 1902, llamada de propiedad industrial, dice en su artículo 97: «La propiedad de una patente de invención, podrá ser objeto de expropiación forzosa siempre que el interés general exija la vulgarización del invento o su uso exclusivo por parte del Estado».

«La referida expropiación—añade dicho artículo en su segundo párrafo—será en cada caso objeto de una ley especial que declare la utilidad pública, y en la que se determine la indemnización que ha de percibir el propietario de la patente y quién deberá abonarla».

¿No creéis, señores académicos, que valdría la pena pensar en si hay razones de utilidad pública que aconsejan la expropiación en favor del Estado de toda patente de fabricación ó de introducción de armas cortas de fuego? ¿Que esto sería un monopolio? ¿Y cuándo más justificado? ¿No se monopolizarán los explosivos, a pesar de su trascendencia económica en relación con las minas, con las obras públicas, con una porción de aplicaciones útiles que yo no sé encontrar en las pistolas automáticas? Ha monopolizado el Estado el billete de Banco, y el de lotería, y la cédula hipotecaria, ¿y va a sentir escrúpulos en monopolizar la fabricación de una pequeña parte de las armas de fuego, ya que seguirían libres las demás?

 Nótese, sobre todo, que no se pide la supresión violenta de la libertad de la industria, sino su expropiación forzosa con la correspondiente indem-