El Foro español (Madrid. 1898) (1923-05-15 00:00:00), página 7

edición de una recopilación tan importante y que tanta utilidad ha de reportar a los profesionales del Derecho español y a los amantes de las instituciones jurídicas en general.

De la revista técnica comercial «Los Transportes»

Para el Colegio de Abogados de Madrid

Jura de cuentas de Letrado por servicio prestado a sueldo.—Donde no hay devengo de honorarios, no cabe ni la jura de cuentas ni el procedimiento privilegiado que establece el art. 12 de la ley.

El art. 12 de la ley de enjuiciamiento civil establece, que los Abogados podrán reclamar del Procurador y si éste no interviniera, de la parte a quien defendan, el pago de los HONORARIOS QUE HUBIEREN DEVENGADO EN EL PLEITO, presentando minuta detallada y JURANDO QUE NO LE HAN SIDO SATISFECHOS.

 Nótese, que dicho precepto se refiere a HONORARIOS DEVENGADOS en el pleito, lo que equivale a decir que en los casos en que no haya devengo de honorarios porque el Abogado preste sus servicios a sueldo o porque no afecten estos al pleito, no puede hacerse uso del privilegiado procedimiento que les otorga, a los Letrados el citado art. 12.

De no ser así, se daría el caso insólito y vergonzoso para la clase de que el Abogado desaprensivo que quisiera cobrar por veces la presentación de sus servicios, encontraría facilidades para conseguirlo, cobrando por una parte de la entidad por cuenta de quien los preste mediante haber o sueldo mensual y percibiendo por otra del Procurador o de la parte a quien haya defendido, utilizando ese procedimiento de jura de cuenta.

El Legislador no ha podido proponerse tal cosa, porque sería tanto como aprobar la inmoralidad y la estafa, y que por ello autoriza dicho precepto la jura de cuentas tan solo por honorarios devengados, o lo que es lo mismo, por servicios no convenidos ni prestados por cuenta de tercera persona o entidad que los tenga arrendados, mediante sueldo, ya que para la reclamación de éstos sólo puede utilizarse el procedimiento ordinario.

Esta diferencia en la presentación de los servicios profesionales de los Letrados, se manifiesta de modo ostensible en las sentencias del Tribunal Supremo de 21 de Diciembre de 1885, en la de 3 de marzo de 1786 y en la de 27 de octubre de 1899 («Gaceta») del 18 de mayo de 1900). Según la primera, el término trienal de prescripción establecido para los honorarios no tiene aplicación a los sueldos fijos devengados en el ejercicio de su profesión al servicio de una casa o entidad.

Es decir, que las diferencias se manifiestan, según que el Letrado preste sus servicios profesionales mediante sueldo que constituye arrendamiento de industria, o los que tienen su fundamento en el trabajo prestado en asuntos propios por lo indeterminado de su existencia y de su satisfacción, como declara la citada sentencia del 21 de diciembre de 1885, y por ello, el Letrado que haya devengado sueldos por servicios determinados, no puede devengar honorarios por los mismos ni utilizar el procedimiento que autoriza dicho art. 12. Y si el Letrado tiene el atrevimiento de jurar cuenta de honorarios al amparo del referido artículo, por servicios prestados a sueldo, se estará en el caso de ejercitar contra él la acción penal correspondiente o de impugnarlos por indebidos, al mismo tiempo de consignar en el Juzgado la cantidad reclamada, ofreciéndose de este modo igual garantía a las dos partes, hasta que se resuelva la cuestión incidental por los trámites que se establecen en el título III de la ley de Enjuiciamiento civil.

Si los Médicos, Catedráticos y otros profesionales de las Ciencias que ejercen sus carreras en Centros, Sociedades o Academias que les pagan directamente la asistencia facultativa o la instrucción que prestaron por cuenta de aquellas entidades y los cobraron mensualmente como los demás empleados, ¿qué se diría?

Por todo lo expuesto, hay que convenir en que el Letrado que presta sus servicios profesionales por cuenta de otra persona o entidad, mediante sueldo o haber anual, tiene obligación de cumplir, como arrendador de sus propios servicios, todos los que se le exijan dentro de su capacidad profesional, mientras subsista el pacto o convenio de tal prestación, sin que por estos servicios tenga derecho a reclamar del Procurador ni del abonado o cliente de la entidad a quien defienda ninguna clase de honorarios, porque ni los deven de prestar aquéllos a sueldo, ni procede reclamar de quienes no mandaron su prestación, pues de otra suerte se infringiría la ley de contrato, los arts. 1.258 y 1.278 del Código civil sobre eficacia de lo convenido, el art. 1.544 del mismo cuerpo legal y la Ley