El Foro español (Madrid. 1898) (1922-06-30 00:00:00), página 7

si por partes iguales todos los emolumentos devengados durante aquélla en el Juzgado, Tribunal municipal y Registro civil, previa deducción de los gastos correspondientes por personal y material. En el caso de que la sustitución obedezca a suspensión del funcionario, el sustituto entregará mensualmente al Juez instructor de la causa o del expediente la mitad correspondiente al sustituido, quien la percibirá a la terminación del expediente o de la causa que motivó la suspensión si la resolución es favorable.

DISPOSICIONES GENERALES

Primera. Siempre que hayan de practicarse diligencias a más de dos kilómetros del límite de la población de residencia del Juzgado municipal o Registro civil se aumentarán en un 50 por 100 los derechos de los funcionarios que las lleven a cabo, siendo de cuenta de la parte que inste la diligencia facilitar medios de locomoción adecuados y los de asistencia necesaria. Si no lo hiciese se hará su coste efectivo mediante cuenta jurada y justificada. Igual aumento tendrán los derechos de los funcionarios cuando a petición de parte se habiliten horas de noche para la actuación.

Segunda. El pago de los derechos devengados en los Juzgados, Tribunales municipales y Registro civil por los partícipes con arreglo a las disposiciones de este decreto, se hará al Secretario, quien distribuirá entre los mismos la parte a cada uno correspondiente en cada asunto, previa deducción respecto a determinados partícipes, de la parte proporcional con que deban contribuir a sufragar gastos de personal y material de las dependencias de Juzgado y del Registro mediante la oportuna liquidación.

Si los derechos no le son satisfechos al Secretario por las personas obligadas a ello en el tiempo y forma ordenados, dará cuenta al Juez, a fin de hacerlos efectivos por la vía de apremio, del Procurador si interviniese, o la parte a cuya instancia se hayan causado en la forma que dispone el art. 8.º de la ley de Enjuiciamiento civil, siendo requisito que formule la cuenta con la cita de los artículos del arancel aplicables al caso.

Tercera. Los Ayuntamientos de poblaciones en las que haya más de un Juzgado habilitarán local en que instalar las oficinas del reparto de asuntos civiles y legalización de libros de comercio, y despacho del Juez municipal decano.

Disposición transitoria. En los juicios de faltas y expedientes del Registro incoados con anterioridad a la publicación de este decreto regirán las disposiciones contenidas en los Reales decretos de 26 de diciembre de 1907, 29 de marzo de 1879 y reglamento de 13 de diciembre de 1870.

Disposición final. Quedan derogadas todas las disposiciones que se opongan a lo ordenado en el presente decreto.

Dado en Palacio a veintinueve de mayo de mil novecientos veintidós.—ALFONSO.—El Ministro de Gracia y Justicia, Mariano Ordóñez.

NOTICIAS

Los funcionarios judiciales desean quedar aislados de toda influencia política.

Se nos pide la publicación de la siguiente nota:
«La mayor parte de los que integran la carrera Judicial y Fiscal sienten complacencia al saber que el Ministro de Gracia y Justicia somete a la deliberación de las Cortes un proyecto de ley, por el que se confiere a la Junta Inspector Central, creada por Real decreto de 29 de mayo último, facultades disciplinarias de orden gubernativo, pues ello puede contribuir a la realización del anhelo más intenso de los funcionarios judiciales, consistente en que la augusta función que ejercen queda limpia de toda mala; pero como a la vez descubren que el organismo inspector lo compondrán en su mayoría funcionarios libremente elegidos por el Ministro, sin que sufra alteración el régimen actual para la provisión de las Presidencias y Fiscales de las Audiencias y para las solicitudes de traslados, que también queda al libre arbitrio ministerial, piensan, tomando lección de la realidad, que la ingenericia política frustrará aquel anhelo, y seguirá por ella empañada, como ahora, la función de la justicia.
»Siendo indudable que por cada queja derivada de venalidad, apatía o ineptitud de un funcionario judicial, existen ciento referentes al influjo de los intereses políticos, mientras no estén completamente aislados de ellos tanto los Inspectores como los inspeccionados, es claro que perdurarán los actuales motivos suficientes para restar autoridad y confianza absoluta a la Inspección, puesto que los que la ejerzan pueden ser libremente nombrados y separados por el Ministro, y la influencia que gocen los inspeccionados puede ser la medida que lleve a su ánimo el grado de benevolencia o de rigor con que su conducta será apreciada, y así continuarán las posibilidades en que hoy se apoya la gente para exagerar la falta de pureza en la administración de justicia.
»Por consiguiente, si el legislador aspira a darle a la misma todo el esplendor que merece, es preciso que, como complemento de la Inspección, establezca, dentro de la misma ley al principio referida, el régimen de antigüedad para ascensos y traslados de todos los funcionarios judiciales que no hubieran sido postergados por la Junta Inspector y sin más excepción que los cargos de Presidentes y Fiscales