La Reforma (Madrid. 1898. Romero impresor) (1898-02-10 00:00:00), página 5

estimaba incumplido por los demandados. No habiendo probado el actor la existencia del contrato en que fundaba su demanda, la Sala de vaciones de la Audiencia de Cáceres, á pesar de la existencia de un poder que acreditaba el derecho del actor y del conjunto de las pruebas, revocó la sentencia del Juzgado y absolvíó á los Sres. Fernández y García, sin expresa condenación de costas.

Interpuesto recurso por D. Dionisio Bravo, alegando la infracción del párrafo séptimo del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil, artículos 597 y 659 de la misma ley y artículos 1.218 y 1.248 del Código civil, el Supremo «declaró no haber lugar á la admisión por el tercer motivo del recurso» que se refería á la apreciación de la prueba; «en consideración á la doctrina de que esto sólo incumbe al sentenciador; pero si por los restantes motivos, toda vez que de las pruebas apreciadas en conjunto y del poder presentado en autos se adquiere conocimiento de que entre el recurrente y los Sres. Fernández y García exista un verdadero contrato bilateral, del cual se derivan reciprocas obligaciones.»

(Sentencia de 15 Diciembre 97.—Gaceta 7 Enero 98.)

D. José Gamero presentó demanda ante el Juzgado de primera instancia del distrito de la Magdalena de Sevilla, solicitando que doña Antonia y doña Milagros Fernández le otorgaran en cumplimiento de contrato privado suscrito por un apoderado de las mismas, la correspondiente escritura de compraventa referente á las accesorias núms. 17 y 18 de la Plaza del Pan y núm. 10 de la calle del Vidrio de dicha ciudad. La Sala de lo Civil de la Audiencia de Sevilla, confirmando la sentencia del Juzgado, absolvíó de la demanda á dichas señoras, por entender que los actos efectuados por D. Enrique Fernández Beciana, en nombre de las mismas, como sustituto del primitivo apoderado, carecían de fuerza legal por haber fallecido éste antes de la celebración del contrato.

Interpuesto recurso por el actor, alegando infringidos los arts. 1.278, 1.279, 1.709, 1.713, 1.721, 1.722 y 1.732 del Código Civil, y la ley 19, título 5º, partida 3º, el Tribunal Supremo declaró

(Sentencia 16 Diciembre de 1897.—Gaceta 7 de Enero de 1898).

«haber lugar al recurso de casación por los cuatro primeros motivos, casando y anulando la sentencia del inferior por cuanto, dada la naturaleza del mandato y los derechos y obligaciones que de él nacen, cuando un mandatario hace uso de las facultades de sustitución, es evidente que se desliga de todas sus relaciones jurídicas con el mandante, salvo lo dispuesto en el núm. 2 del art. 1.721 del Código Civil, quedando en su lugar el sustituto, único que desde entonces tiene el carácter de mandatario, á diferencia del caso en que el primer mandatario por sí, y no en cumplimiento del mandato, confiere poder á un tercero».

Interpuesta demanda de tercería de dominio por D. Francisco Gutiérrez Quevedo en los autos ejecutivos seguidos por la Sociedad La Peninsular, en los que ésta embargó la finca nombrada La Carbonera, propia del conde de Parcent, el Juzgado de primera instancia del distrito del Hospital admitió el recurso, acordó la suspensión de la subasta, que la finca siguiera en administración judicial, y que La Peninsular rindiera cuenta de los productos y los fuera depositando hasta la decisión del pleito. El tercerista pidió reforma de la providencia en cuanto se refería á la administración de la finca, y, siéndole negada, apeló ante la Audiencia, que confirmó el auto con las costas. Interpuesto recurso de casación, el Tribunal Supremo acordó «no haber lugar al mismo, en consideración á que el auto apelado no tenía carácter de sentencia definitiva para los efectos de la casación, pues con él no se pone término al pleito ni se hace imposible su continuación.»—(Sentencia de 20 de Diciembre de 1897.—Gaceta 7 Enero de 1898.)

Competencia dejurisdiccional

D. Germán Castro entabló demanda contra don Francisco Durán ante el Juzgado de Béjar, sobre pago de pesetas, intereses y costas, procedentes de un contrato de comisión, que debió surtir sus efectos en la expresada ciudad.

Emplazado Durán por exhorto en Sabadell, planteará la inhibitoria, y pidió al Juez de dicho punto que requiriese de inhibición al de Béjar. Efectuado así, y sostenida la jurisdicción por ambas autoridades, se elevaron los autos al Tribunal Supremo,

«que declaró que el conocimiento de los autos correspondía al Juez de Béjar, con arreglo al apartado primero del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil, en consideración á que la comisión remuneradora que el Durán confirió al actor había de cumplirse, como en efecto se cumplió, en Béjar, y en tal caso este punto debía considerarse como el lugar designado para el cumplimiento de la obligación.»—(Sentencia de 21 de Diciembre de 1897.—Gaceta 7 Enero de 1898.)

JURISPRUDENCIA PENAL

En causa seguida por injurias contra D..., fué éste absuelto por la Audiencia provincial de... Interpuesto recurso de casación por la parte ofendida, que alegó infringidos: el art. 1º del Código penal; el 471; los números 2, 3 y 4 del 472, y apartado 2º del 463; el Tribunal supremo casó la sentencia del inferior y declaró infringidos los artículos 1º y 471 al 473 del Código penal, en consideración á que las palabras pronunciadas por el procesado..., refiriéndose al querellante D..., no pueden menos de estimarse injuriosas, porque por su naturaleza son tenidas en el concepto público como ofensosas, y constituyen además la imputación de un vicio ó falta de moralidad, perjudicial á la fama del agraviado, y que las acciones u omisiones penales se deben concebir siempre voluntarias, á no ser que conste lo contrario; y por último, á que la poca cultura del culpable no la reconoce la ley como causa exenta, ni siquiera atenuante de responsabilidad, como estimo equivadamente la Sala sentenciadora.»—(Sentencia 2 Diciembre 1897.—Gaceta 11 Enero 98.)

Instruida causa contra Juana García Pérez por disparos y lesiones menos graves, la Audiencia provincial de Sevilla la condenó como autora de los dos delitos, con una circunstancia atenuante, á la pena de tres años de prisión correccional, accesorias compatibles con su sexo, indemnización y costas. Interpuesto recurso por la procesada, al que se adhirió el Fiscal, alegándose como infringidos los artículos 1º y 8º, casos 4º y 5º del Código penal, el Tribunal Supremo declaró «no haber lugar á su admisión, por cuanto el escrito se limitaba á citar los artículos del Código que se suponían infringidos, omitiendo todo razonamiento en su apoyo y no citando las disposiciones legales que debían ser aplicadas, lo cual es contrario al art. 874 de la ley de Enjuiciamiento criminal, que dispone que en el expresado escrito se consignen esas circunstancias en párrafos numerados.»—(Sentencia de 3 de Diciembre de 1897.—Gaceta 11 Enero de 1898.)

Seguida causa contra José García Martínez por haber falsificado una guía para la venta de una yegua, la Audiencia provincial de Sevilla, en juicio por Jurados, lo condenó, como autor del expresado delito y como comprendido en el núm. 2 del artículo 314 con una circunstancia agravante, á diez años y