El Notario (Madrid) (1852-02-16 00:00:00), página 1

PROYECTO DE LEY DEL NOTARIADO según fue aprobado por el Congreso.

Art. 32. Los Notarios se reunirán en colegios que serán regidos por los reglamentos de gobierno. Será Presidente de éstos el Notario de la denominación de Décimos, y los Vicesecretarios de los colegios, y se compondrán además del ministro de un secretario, de un tesorero y de los individuos que determine el Gobierno en un reglamento especial.

Las Juntas de gobierno estarán encargadas de mantener la más rigurosa disciplina, velando por el mejor servicio de parte de los Notarios, y por el prestigio de la profesión.

1.º Dictar por sí o promover ante el juzgado respectivo del partido, según los casos, las providencias correccionales en que incurrieren por infracciones de disciplina los Notarios de su distrito.

2.º Presentar al Gobierno las diferencias y cuestiones que se susciten entre Notarios, respecto de su oficio y señaladamente sobre la entrega, depósito y retención de documentos, cédulas o cualesquiera otros títulos, fechas de protocolos y otorgamientos de escrituras, certificaciones, inventarios, de inventarios y partícipes, y en el ejercicio de ventas públicas, adjudicaciones, actos de posesión, que hayan de producirse y, en caso de no lograrse la aprobación de los puntos cuantos, de los que se trate, se hará lo que se estime conveniente.

3.º Escribir y negociar las certificaciones de buenos costumbres y capacidad a los aspirantes al ejercicio de la profesión, y tomar con este objeto los acuerdos motivados que se estimen convenientes.

Antes de dar la certificación al interesado, remitirá la Junta al fiscal de S. M. en la Audiencia del territorio, cuya del acuerdo en que hubiere duda, se remitirá a la Suprema. Si la Junta rehusare esta certificación; y si el interesado lo reclamará, remitirá aquél su acuerdo motivado al fiscal de la Audiencia, y éste lo pasará al Gobierno con su informe, y al ministerio de Gracia y Justicia.

4.º Presentar o conocer y examinar las quejas y reclamaciones de los Notarios inscritos contra los Notarios sobre el desempeño de deberes, sobre daños y perjuicios que estos deban resarcir, decretar el régimen de disciplina sin perjuicio de la acción de los partes ante los jueces y tribunales, si proceder.

5.º Recibir en depósito el estado o inventario de los expedientes de las Notarias suprimidas.

6.º Repartirse el destino fuera de él, colectivamente en cuanto a sus derechos o intereses comunes, a los Notarios del colegio.

7.º Llevar todos los acuerdos en un registro fijado y remitido por el Decano Presidente que se presentará ante el ministerio fiscal siempre que éste lo reclame.

Las atribuciones de las Juntas no expresadas en esta ley se determinarán en el reglamento especial de la organización de los colegios.

OFICIOS ENAGENADOS (1).

(Conclusion.)

Difícil, muy difícil, es consignar si está ya cerca ó se halla todavía muy distante la época de la indemnización. Si dependie-

ra exclusivamente de la reforma, aun no hemos visto, esta llevada á cabo, y quizá pase bastante tiempo antes de que logremos verla realizada, porque la suerte que está corriendo el proyecto de 1848, y la idea que se anuncia de que precedan el arreglo de Tribunales y el Código de procedimientos, todo hace presumir que se halla aun muy lejos el día en que consiga tener la clase una organización fija y estable. Y aunque realizada la reforma, es lo más probable que la indemnización camine todavía con paso muy lento, porque desgraciadamente se ve muy lejano el tiempo en que el Estado pueda contar con abundantes recursos para pagar prontamente á todos los acreedores. Se hará un sorteo entre los oficios, ó se escogerán otros medios, equivalentes para irles consumiendo poco á poco, y aun se acudirá al recurso de los cambios y compensaciones.

Pero sean los que quieran los medios que lleguen á ponerse en plena para conseguir la extinción, es indispensable, y siempre olvidaremos por ello con toda la fuerza que da la convicción de una causa justa, que se parte de la base de justicia sobre que calca el derecho de los dueños de oficios á ser indemnizados de una manera real y positiva. Si se hicieren propietarios á gran costa, con la aprobación de la ley y bajo todas las garantías que en lo humano pueden ofrecerse, adquirieron un dominio perfecto, y tienen un derecho tan sagrado y respetable como pueden tenerlo los dueños de fincas. La ley de 1836 que trata de la expropiación por motivos de utilidad pública tiene para ellos una aplicación exacta; y aun cuando no existiera semejante ley, se hallarían siempre de por medio las mas altas razones de equidad, de justicia y hasta de dignidad nacional, para que, ya que se rescinde el contrato, la Nación que se utilizará con la venta, devuelva el precio á quien se sacrificó en la compra.

Y no sólo deben valorarse los oficios, para el caso de la indemnización, por el primitivo precio que costaron, ó sea, por el de egresión, sino que deben agregarse también los valimientos, que en muchos casos forman un capital mayor aun que aquel. Los derechos de valimiento fueron una especie de servicios que se exigieron de los dueños, con la condición de que su importe se tuviese siempre como mas valor de los mismos oficios; de suerte, que for-

mando ambos á dos precios, el de egresión y el de valimiento, un solo capital que representa el precio que se dio al Estado por los oficios, debe todo ello ser comprendido en la indemnización efectiva que corresponde de justicia.

Es tan grande la que por todos conceptos asiste á los dueños de oficios, que si por desgracia hubo tiempos calamitosos en que fue desatendida, han pasado ya aquellos días de vértigo, y no es dable situarse acongojar que en un estado normal de cosas puedan dejarse de respetar los sagrados derechos, de tales propietarios. Así es que, no obstante algunas indicaciones que se han hecho sobre que se pagarían en par- pel los capitales que representan los oficios, apenas podemos creer que el Gobierno no llegará á concebir cuanto menos realizar esta idea. El proyecto de reforma del Notariado, sin bien descuidado y con anu- cios de que se modifique, cuando llegue para la clase el suspenso día de la organi- zación, contiene respecto de este punto un buen antecedente de que no podrá pres- cidirse jamás. Efectivamente, en el reconoció las Cortes y el Gobierno como ne- gocio de estricta justicia que conforme se fueran consumiendo los oficios enajenados, debían sus dueños ser indemnizados préviamente, abonándoseles el precio que costase entregado á la Corona en el título de egresión primitiva, aumentando á este valor la cantidad que hubiesen satisfecho por el servicio de valimiento ó otros necesarios ó voluntarios, como también las me- joras que justificasen haber sido hechas por, si ó por sus antecesores. Y como un arbitrio, para el pago real y positivo de los mismos oficios señalaron el producto de las ventas vitulicias de, los que hubiera de libre nombramiento de la Corona. Es verdad que todo esto no ha pasado todavía de ser un proyecto; pero también ha sido un reconocimiento público y solemne de los incontrastables derechos que tienen los pro- pietarios de escribanías enajenadas, reco- nocimiento que viene á ser un fallo de justicia, para separarse del cual no podrá ale- garse nunca ni aun el mas leve pretexto.

Recogido, pues, el derecho de los dueños de oficios, claro es que mientras llega la época de la indemnización, no hay razón ninguna para privarles del interés que corresponde á los capitales que repre- sentan. El derecho á los réditos ó produc-