El Foro español (Madrid. 1898) (1922-08-31 00:00:00), página 2

SUMARIO

Por la vida de El Foro.—Aviso.—El ciudadano ante los Tribunales: Justicia social, por D. Alfonso R. Dranguet, Juez de primera instancia.—Opiniones sobre un decreto: Secretarios de Justicia, por X., Secretario judicial.—La conveniencia jurídica, por D. Julio Otero y Valentín.—Honorarios de Abogados y Procuradores en menores cuantías.—Un folleto interesante.

AVISO

La enorme deficiencia del servicio de Correos, que ya nos ha causado grandes perjuicios, nos ha obligado, como a otras revistas, a retrasar notablemente la publicación de estos números, en espera de ver si, por lo menos relativamente, se normaliza aquel servicio.

EL CIUDADANO ANTE LOS TRIBUNALES

Justicia social.

Cuanto comprende la directriz rectora de una nación ha de interesar a todos los ciudadanos. El juzgicielable es el primer interesado en obtener justicia rápida y económica. El fin permanente del Estado, de la sociedad organizada, es el derecho. Todas las conquistas muévense alrededor del mismo. La organización de la familia, el patrimonio necesario para su desarrollo, el ámbito de libertad indispensable de todos los medios de relación y comunicación, el yo pienso, yo siento, yo quiero, tiene su única garantía en la férrea ley, interpretada, aplicada por una Magistratura excelsa, mediante la cual existirá el equilibrio necesario, el respeto mutuo. La toga del magistrado, amparadora del desvalido, pesadilla del oligarca, freno del demagogo, con su manto protector ha de extenderse por doquier.

Los pueblos más grandes son aquellos en que la ley es virtual; virtualidad para aplicarla firmemente, sin vacilaciones, doblamientos ni adaptaciones. Así cimentaron su poderío los anglosajones.

El que aplica la ley, el que la interpreta, debe ser invulnerable a todas las concupiscencias: que cuando se le acerque el débil abra los brazos; que cuando el poderoso trate de pisotear el caudal más preciado, el que ejerce un sacerdocio para defender la honra, la vida ajena, sienta la inmanencia y transcendencia de su cometido.

Pasando de la abstracción, de la síntesis, al hecho, observaremos, en primer término, que el problema abarca distintas fases. Ante todo, la jurisdiccional; nuestros Jueces, nuestros Tribunales, encuentran hoy tan constrangidos, tan limitados en su función como antes de publicarse el decreto de 6 de diciembre de 1868, llamado de unificación de fueros, porque trató de llevar al común u ordinario diversidad de atribuciones, de facultades dispersas, mal usadas, que produjeron la crisis de nuestra justicia histórica, la quiebra de todo un sistema. Cada clase, cada colectividad de intereses similares, apoyabanse en la excepción, en el privilegio. Decía en su obra Jurisdicciones especiales el que fue ilustre Presidente del Tribunal Supremo, D. Eduardo Alonso y Colmenares, que «a extremos verdaderamente inconcebibles se llevó inconsiderada y funesta concesión de fueros privilegiados; asombraría su número si pudiéramos detenernos a exponerlo».

La Constitución de 1812, la ley de 9 de octubre, quisieron atajar el mal; las reacciones políticas del pasado siglo destruyeron la labor realizada hasta la indicada fecha. No podemos detenernos en la exégesis. Sólo mencionaremos que la ley de las Cortes de 16 de septiembre de 1837 declaró subsistente la Constitución del 12, y al ocuparse de los Tribunales determinó que ningún español pudiera ser juzgado por ninguna Comisión, sino por el Tribunal competente determinado con anterioridad en la ley; consolidó la existencia de un solo fuero, con excepción de los eclesiásticos y militares.

Junta de Apelaciones de la Real Casa, Juzgado de idem, Subdelegación de Mostrencos, Cancillería de Contenciones de Aragón—humillante subordinación de la potestad civil a la eclesiástica—, Fuero académico, Subdelegados de Propios de los pueblos, póitos, montes, mesta, Patronato de tégos de Sevilla, etcétera, todo se encomendó a la jurisdicción civil, reafirmando la Constitución de la Monarquía española de 1876, a pesar de su eclecticismo, que a los Tribunales y Juzgados pertenece exclusivamente la potestad de aplicar las leyes en los juicios civiles y criminales; la ley Orgánica del Poder judicial estableció que en la capital de la Monarquía administraría el Tribunal Supremo justicia.

El arquetipo judicial, en su arquitectura teórica,