El Foro español (Madrid. 1898) (1923-10-30 00:00:00), página 7

la idea al caso de que se trata, creo que la inutilidad está aquí a la vista, porque es fórmula y rutina en la meseta castellana cargarse el arrendatario con los casos fortuitos, sólitos o insolítos.

¡Ah, es que nuestro Código respeta la libertad civil! Mucho más la respeta el francés y el italiano, y sin embargo entienden que el colono solamente puede pactar su responsabilidad en los casos ordinarios, como granizo, heladas, etc. Además, ¿es capaz de pactar el labriego castellano? Para pactar se precisa la independencia, libertad, fuerza económica, y en estas circunstancias el pacto en contrario es un reto para ellas. Bástese saber que las tres cuartas partes del pueblo español son agricultores; en cambio hay trescientos mil y pico que son sólo propietarios, la mayoría de los cuales se entienden con sus colonos por medio de terceros; y así sucede que las licitaciones de la tierra se hacen casi a tiros en Castilla; lo que no quiere uno, porque es caro, lo toma otro en el acto, aunque se arruine; lo que se ansía es tener tierra..... Por tanto, yo creo que o se arrancan del Código los pactos en contrario, o se da patente de justicia a las turbulencias que el hambre provoca. Debemos optar por lo primero, fundándonos en que al no existir los trutos, sea por lo que fuere y como fuere, falta un elemento esencial, la causa del contrato, y, en consecuencia, procede la suspensión de la obligación de pagar la renta; y con este criterio puede concordarse el de que el arrendatario, como hacen las Partidas, debe aumentar la renta cuando por aventura recoja más cosecha..... ¡Mientras esto siga como está ahora, no se puede hablar de técnica agraria ni de industrialización agraria, como hacen esos Diputados más o menos trigueros, demandando la «protección del Gobierno»!...

EUGENIO TARRAGATO
Juez de primera instancia

El terrorismo y la Policía

No puede negarse que el principio de la libertad se ha completado en el Estado moderno, con el principio de la solidaridad, y que el hombre civilizado acepta, en sus derechos y en sus libertades, aquellas restricciones a que obligan las cada vez más complejas, exigencias de la convivencia colectiva. Estas restricciones son las que constituyen propiamente el derecho administrativo de policía.

Por cierto, que una de las consecuencias traídas por el terrorismo al derecho administrativo, es la inaplicación de la división clásica de la alta y baja policía. Se llama alta policía, la que protege el orden jurídico público, las bases del derecho público, y baja policía la que defiende el orden jurídico que resulta del respeto y de la inviolabilidad en sus personas y en sus propiedades.

Cabe decir, pues, que la alta policía de seguridad es el conjunto de medidas preventivas para impedir los delitos políticos (motines, revoluciones), y la baja policía es la que impide los delitos comunes (robos, asesinatos).

El terrorismo, como hemos dicho más atrás, no consiste en la perpetración de grandes movimientos revolucionarios, sino en la repetición audaz e impune de delitos comunes contra la vida de las personas (asesinatos).

¿Cómo debe actuar la policía, y qué restricciones ha de imponer a la libertad individual para evitar tales crímenes? Si tenemos en cuenta que esos delitos, por la manera con que se preparan a fin de asegurar la impunidad que los cualifica, suponen siempre la premeditación, claro es que, entre el momento en que se concibe y en el que se consume el pensamiento criminal, hay un lapso de tiempo durante el cual puede y debe actuar, con eficacia, la policía, tanto considerada como servicio público, cuanto en el concepto jurídico de las prestaciones que puede exigir a los ciudadanos en homenaje a la seguridad pública y como tributo obligado a la solidaridad social.

Según Pérsico, las funciones de la policía son cuatro: observar, prevenir, reprimir y descubrir. Las dos primeras son las que interesan a nuestro estudio, pues las últimas suponen ya consumado el hecho que nosotros quisiéramos evitar, pero tómese en cuenta que, aun la función de descubrir, propia de la policía judicial, se dificulta o se imposibilita sin una buena policía de observación.

El hecho notorio de que los países en que es más fuerte y definitivo el respeto a la libertad (Inglaterra y Estados Unidos), son aquellos en que más se garantiza la seguridad pública, sólo se explica por el exquisito cuidado con que allí se atiende a la policía de observación. Y el tipo clásico del detective, no es el de un hombre duro y