El Notario (Madrid) (1852-07-05 00:00:00), página 3

cias para aquellas Audiencias en que lo considere conveniente para el mejor y más pronto despacho de los negocios judiciales del interés de la Hacienda. En aquellas para las que no se hayan dichos nombramientos, los actuales fiscales ejecutarán su ministerio en los expresados negocios como hasta aquí, quedando sin embargo, el derecho de ser sustituidos, cuando lo considere oportuno, un abogado fiscal especial que entienda exclusivamente en los asuntos de Hacienda.

CAPITULO IV.
Disposiciones comunes á los capítulos segundo y tercero.

Art. 8.º Las Salas de las Audiencias, y los jueces de primera instancia que conozcan de las causas de Hacienda, fundarán las sentencias definitivas, espo- niendo clara y socialmente el hecho, y citando la disposición penal que atañe, como está previsto respecto de los delitos contra el fisco.

Art. 9.º Ni los magistrados, ni los jueces de primera instancia que conozcan de las causas de Hacienda, tendrán participación alguna en los comisos. Tampoco podrán ser miembros de los jurados fiscales.

Art. 10. Los jueces de primera instancia que se encargue el conocimiento de los negocios judiciales de Hacienda, actuarán de oficio y sin percibir derechos como lo hacen en los de fuerza pública, gozando remisión total de los trámites del sumario y gratificación que respectivamente se les asigna en la ley de presupuestos. Para las actuaciones judiciales a que se refiere el presente decreto, se observará lo dispuesto en el de 4 de agosto de 1851 sobre el uso del papel sellado.

Art. 11. En las Audiencias en que el gobierno esté convenientemente establecido fiscales especiales de Hacienda, disfrazados de lo que se les señale res- pectivamente, por la ley de presupuestos.

Art. 12. Los escribanos y dependientes que ac- tien, así en los juzgados de primera instancia como en las Audiencias, en los negocios de Hacienda, per- cibirán lo que les corresponda con arreglo al bronce que correspondan a ésta para dichos juz- gados y Audiencias territoriales.

Art. 13. Los fiscales, jueces especiales de Hacien- da, los promotores fiscales y promotores, serán de nombramiento del ministerio de Hacienda.

Unos y otros funcionarios estarán sujetos á res- ponsabilidad por sus actos en la forma prescrita por las leyes.

Art. 14. Los ministros fiscales en las Audiencias, ya sean especiales para los negocios de Hacienda, ya los del fuero común, serán los jueces superiores in- mediatos de los promotores del ramo en los juzgados de primera instancia, y ejercerán su oficio con suje- tividad de los jueces de primera instancia, pero sin perjuicio de las atribuciones superiores que como je- fes de aquellos tribunales corresponden á los re- gentes.

Art. 15. El ministro de Hacienda por sí, ó por medio de la dirección general de lo contencioso, po- drá pedir á los jueces y tribunales que conozcan de los negocios y causas á que se refiere este decreto, cuantos datos útiles á informarse estime convenien- tes para los propios fines de la administración, y con el propio objeto comunicará las órdenes necesi- sarias á todos los agentes del ministerio fiscal.

Art. 16. En el conocimiento y sustanciación de los negocios y causas de Hacienda, se ob- servarán las disposiciones que se dicten en to- do lo que no estuviere previsto por el presente de- creto, ó en las especiales de Hacienda e instrucciones de la materia.

TITULO SEGUNDO.
DE LOS DELITOS DE CONTRABANDO Y DEFRAUDACION Y DE SUS PENAS.

CAPITULO PRIMERO.
De los delitos.

Art. 17. Son objeto particular de este decreto co- mo delitos directos:
1.º El contrabando.
2.º La defraudación.
3.º Otros delitos conexos:
3.º 1.º La seducción y resistencia contra la autoridad ó sus agentes, que tengan por objeto la perpetuación de los delitos de contrabando o defraudación.
3.º 2.º La falsificación o suplantación de documentos públicos, certificados, de tarjetas ó sellos de oficio, de cualquier otro que sirva de pérdida ó de utilidad de Hacienda, ó adoptado para acreditar la fabricación nacio- nal, como cometa para verificar, enumerar y escusar los delitos de contrabando y defraudación.
3.º 3.º El robo o hurtos de efectos existentes, exis- tentes en los criaderos, fábricas, almacenes y depo- sitos de la Hacienda pública.
3.º 4.º Las omisiones y abusos de los empleados pu- blicos y particulares, en la ejecución del cumpli- miento de las obligaciones que para perseguir o impedir dichos delitos de contrabando ó defraudación, les impongan los reglamentos e instrucciones.
3.º 5.º Y cualesquiera otros delitos comunes que se cometan para ejecutar, facilitar ó encubrir el contra- bando ó defraudación.
Art. 18. Se entenderá en delito de contrabando:
1.º Por cualquier acto en que se prepare inmediata- mente y sabiamente la producción, elaboración ó fabricación de los efectos estafados.
2.º Por todo acto de negociación ó tráfico de los mismos efectos, incluso el de revender sin cuan- do procedan de la autoridad de la hacienda.
3.º Por la detención de efectos de la clase de es- tafados que carezcan de signos positivos de legítima propiedad, si no se acepta su adquisición legal con arreglo á las normas pactadas con el fisco, siempre que la cantidad detenida exceda de la que permiten las instrucciones de rentas á cada particular para su uso y consumo.
4.º Por el transporte de los efectos estafados sin guías expedidas por las oficinas de Hacienda, cuando se haga la conducción por cuenta alguna, cual- quiera que sea el medio de transporte que se emplee.
5.º Por la introducción en el territorio español de efectos de cualquier especie, cuya importación esté prohibida por las leyes, reglamentos y órdenes vi- gentes.
6.º Por el tráfico de estos mismos efectos ó por su conducción en cualquiera género de transporte, y por la simple detención de dichos efectos en España antes de haberse alterado sus formas y em- pleo de hecho en los usos domésticos, si el deten- tador no hubiere adquirido la legítima adquisición autorizada por la Hacienda pública según lo regla- ron.
7.º Por la extracción del territorio español de efec- tos de cualquiera especie, cuya exportación esté prohi- bida por las leyes, reglamentos y órdenes vigen- tes, y por la conducción en los por los mismos leyes reglamentos este prohibida su circulación, ó por su detención en la misma zona sin los requisitos que en aquellas disposiciones estén prescritos.
8.º Por adquirir, obtener, poseer, transportar por me- dio de otras personas cualquiera de los actos de con- trabando que quedan expresados, aunque el que los haya dispuesto en su beneficio no los cometa por sí directa y personalmente.
9.º Por asegurar o hacer asegurar de cuenta pro- pia ó por encargo de otro, cualquiera operación de tráfico de efectos estafados ó generos prohibidos á la importación ó exportación.
10.º Por manchar el bien nacional ó establecer de parte menor que el permitido por los reglamentos procedentes, el extranjero en puerto no habitada, ó la baliza, en entrada de las costas españolas, por bordar estos sitios dos mil millas de costa de los- guas, ó sean seis millas que se halle señalada, aun cuando lleve su carga consignada para puerto estran- jero á menos que no se por arribar forzosos en los puertos de la costa, ó en persecución de enemigos o piratas, ó avería que inhabilite el buque para con- tinuar su navegación.
11.º Por ocultar alguna parte del cargamento ó de- jar de declarar, que sea esto el requerimiento de las autoridades locales ó de las autoridades españoles, en los casos de arribada forzosa á puerto no habilita- do, baliza, caló o ensenada de las costas estas espa- ñolas de todo buque, cualquiera que sea la cabida y barrera.
12.º Por omitir en los manifestos, certificaciones y demás documentos que prescriben las instrucciones, la inclusión de algunos faroles, bulbos ó cables de il- lucinación á la llegada á los puertos habitados de cualquier buque español o extranjero, sea cual fuere su porte.
13.º Por extraer de cualquier buque surtido en puerto, lo utilizado alguno de los de su carga para traspor- tarlo, ó para utilizar en tierra antes ó después de la presentación del manifestó, sin haberle dado el permiso de descarga de la aduana, y por el trasbordo del suyo del cargamento ó por parte de él, en todo caso de arribada forzosa á un buque á puerto no habili- tado, baliza, caló o ensenada de las costas que no prece- da permiso de la autoridad competente, y se obser- van las precauciones establecidas cuando lo exigiera la necesidad de salvar la carga y el buque.

(Se continuará.)

ESPOSICION á S. M.

Señora: En medio de las reformas que se han he- chado en el antiguo sistema de contribuciones e impues- tos, existe todavía uno, que bajo el nombre de Deci- ma de ejecución, se exige á los deudores condenados al pago por sentencia de los tribunales ordinarios.

En su origen tenía esta exacción por objeto el cobro de las deudas de los contribuyentes publicamen- dos en las diligencias de la misma ejecución; pero dotada después la administración de justicia con fon- dos del Estado, el liso se apoderó de aquel arbitrio, que no se ha querido continuar por designio, por injusto, y poco productivo.

Designé, porque habiendo la Décima de ejecución caído en completo desuso en la mayor parte de los países en que un derecho se coloca, aunque bajo tipos diversos, se ha visto necesario restablecerla en España, á Madrid y su territorio, donde equivalente al 10 por 100 de los valores ejecutados, y aun aquí tampoco se exi- ge cuando las causas radican en los juzgados de co- mercio, guerra, u otros especiales.

Injusto, porque recayendo sobre el capital del deudor, y distribuyéndose en todo en una parte, agrava su situa- ción, ya hasta la ruina, en otra, y en las más veces los intereses del acreedor, siendo de notoria que la general perjudica al obligado de buena fé, dejando éste y quien al fraudulent que carece de bienes so- bre los que ejecutar, ó los oculta á la acción de la justicia.

Poco productivo, hasta el punto de que sus rendi- mientos en el ejercicio de 1850 se redujeron á la in- finición de 32,850 $., habiendo bajado á 25,439 en el año pasado de 1851, sin que por esto tan cortas cantidades se deniejen de afectar bastante á los condenados al pago.

Fundada en estas consideraciones, de acuerdo con el consejo del Consejo de ministros, el que suscribe, tiene la honra de presentar á la aprobación de V. M. el adjunto proyecto de decreto.

Madrid 25 de junio de 1852.—Señora.—A. L. R. P. de V. M.—Juan Bravo Murillo.

REAL DECRETO.

Conformándose con lo que de acuerdo con el Consejo de ministros me ha propuesto el de Hacienda, he venido á decretar:

Artículo 1.º Se suprimirá desde este día la exacción de la décima en las ejecuciones donde quiera que este derecho se acostumbre cobrar.

Art. 2.º El gobierno dará cuenta á las Cortes de las disposiciones del presente decreto.

Dado en Alcalá de Henares, veinte de junio de mil ochocientos cincuenta y dos.—Esta rubricado de la Real mano.—El ministro de Hacienda, Juan Bravo Murillo.

Real decreto.

Tomando en consideración lo que me ha expuesto el ministro de Hacienda, de conformidad con el de Gracia y Justicia, y viéndose decretar igualmente:

Artículo 1.º Se establecen dos juzgados especiales de primera instancia para los negocios de Hacienda, uno en Madrid y otro en Málaga, con igual considera- ción y categoría que los del fuero común, y tendrá los desembolsos necesarios para la administración de justicia.

Art. 2.º Para los juzgados especiales indicados, los jueces y fiscales, las capitales de la Pení- sula, y el de Málaga, y á los de ellos, se designarán promotores fiscales de Hacienda que representarán á la misma, y ejercerán las funciones correspondientes á su ministerio, con arreglo á las leyes y disposiciones vi- vientes.

Art. 3.º En los juzgados de primera instancia de Mahón, Motril, Cartagena y Vigo, y en los de las ca- pitales de los distritos administrativos de las islas Ca- racterísticas, representarán á la Hacienda y ejercerán di- rectamente las funciones los promotores fiscales de los propios juzgados.

Art. 4.º Los promotores fiscales de Hacienda de- signados en el art. 2.º, excepto los de Algeciras, eva- cuarán los dineros que informen que les exijan los gobernadores de las islas, y los subgobernadores-económicos que por su naturaleza no corres- pondan al Consejo provincial. Los promotores de los dos juzgados de los distritos administrativos de las islas Canarias evacuarán lo que les exijan los subgo- bernadores de los mismos distritos.

Art. 5.º Unos y otros promotores evacuarán asim-ismo los que les pidan los administradores de Rentas en los especiales cuya resolución corresponda á es- tás, en los que la legación corresponda á es- tás.

Art. 6.º Se nombrará un abogado fiscal para el Tribunal Supremo de Justicia, y otro para cada una de las Audiencias de Madrid, Granada, Sevilla, Zarag- osa, Bilbao, y Valencia, los cuales deberán commis- carse con la dirección general de la colectividad y se- rán actuar por sí mismos en los negocios de su com- petencia, autorizados por sus respectivos fiscales.

Art. 7.º Los promotores de que habla dicho mé- dico percibirán el sueldo que se les dé por el presente, con arreglo á la plantilla adjunta, y no cobrarán de- rechos de ninguna clase, percibiendo los que marque el artículo los escribanos y porteros, y los alguaciles, en los juzgados en que los hubiere.

Bajo en Aranjuez veinte de junio de mil ochocien- tos cincuenta y dos.—Esta rubricado de la Real mano.—El ministro de Hacienda, Juan Bravo Murillo.

Plantilla del personal, sueldos y material de la ad- ministración de justicia en los ramos de Hacienda, que la Reina se ha deignado aprobar por el Real decreto expedido en este día.

TRIBUNALES DE PRIMERA INSTANCIA.

PERSONAL.

Juez especial en Madrid con el suel- do de... 20,000
Al mismo para gastos de representa- ción... 6,000