La Reforma (Madrid. 1898. Romero impresor) (1898-05-30 00:00:00), página 3

anda por calles y plazas pregonándose á sí misma, y sirviéndose de reclamos no más decorosos ciertamente que los vulgares y acostumbrados para menuditas industrias.

Lo inexplicable de estas anomalías no ha bastado á impedir que se siga defendiendo lo existente con una tenacidad que hasta hoy ha podido contrarrestar con éxito todo esfuerzo contrario; mas los razonamientos empleados al efecto apenas resisten á la más ligera crítica.

Se dice, por ejemplo, que los actos atribuidos al Ministerio notarial son asunto de pura confianza de las partes, y esto exige designación directa y especial de ellas; mas nosotros podemos contestar con un dilema: «O esos actos son de índole pública y afectan por ello al orden social, ó no». En el primer caso, hay que respetar para su desempeño, la investidura oficial, que nunca se confiere sin títulos y pruebas irrefragables, respondiendo á una exigencia de la sociedad misma. En el segundo, puesto que se trata de actuaciones privadas, en su forma y en su alcance y trascendencia, prevaleciendo en ellos la iniciativa particular, hay que sacar necesariamente al Notario de su actual condición, que hace de él un empleado oficial, y convertir su oficio en una simple profesión, cual la del Médico y el Abogado. El argumento no tiene tercer término.

Por delicada que sea la materia de las atribuciones del Notariado, y por importantes que se quieran reputar los objetos en que ellos se ejercitan, no pueden de ningún modo estimarse superiores á los de otras clases del Estado, y entre ellas la del orden judicial, garantía de todos los derechos; y, sin embargo, á título de protección de esos objetos, á nadie se le ha ocurrido poner cerca de un juez otro juez, entrando con él á la parte en el ejercicio de sus facultades legales, y mucho menos obrando en ello por la presión de intereses privados, ilegítimos con frecuencia.

Y no se objete que aun en las funciones judiciales la voluntad de las partes puede atribuir jurisdicción, porque ese poder carece de todo estímulo para ser puesto en práctica, ya por el escaso número de los asuntos, ya por no haber más de un juez en la casi totalidad de las poblaciones, y no ser conveniente á nadie ventilar sus cuestiones fuera de su domicilio, y ya porque el ejercicio de la expresada facultad no puede afectar en ningún caso á quien libra su subsistencia en los presupuestos del Estado.

Por cierto que en este punto cabe recordar lo que sucede en cuanto á la fe judicial, pues los Gobiernos, sin duda por razones análogas á las emitidas, tiene establecido turno riguroso para el despacho de los negocios, por los funcionarios que desempeñan aquella.

Digámoslo de una vez: la índole de los cargos oficiales es incompatible con toda clase de libre competencia; y autorizada con relación á funciones retribuidas por el público, despoja de todo prestigio al funcionario, le precipita en actos que desdizen de su dignidad, y llega á ejercer influencia perniciosa en las costumbres.

Ni cabe traer á figurar en este orden de razonamientos esa especie vulgar de la confianza en el funcionario, de cuya dispensación se hace árbitros á las partes en todos y cada uno de los casos. Refutada queda suficientemente, más procede todavía decir que ese argumento prueba demasiado, porque probaría, además, contra toda clase de agentes públicos llamados á resolver todo género de cuestiones por la pura ordenación de las leyes, sin necesidad de obtener previamente la aludida y estrafalaria prueba de confianza de los interesados, y sin que su omisión haya levantado la menor protesta de nadie; la autoridad pública, el poder y todas sus derivaciones, tienen constantemente á su favor la presunción de beneficencias, que está surtiendo efecto, como toda presunción legal, mientras no le falten sus términos hábiles, y sin partir de esta base, sería imposible toda organización social.

Hemos abordado en este artículo un problema realmente escabroso, no en razón de las cuestiones que plantee, fáciles de resolver con soluciones aceptables, sino porque éstas, tal cual pueden desprenderse de los juicios emitidos antes, acaso vengan á chocar con preocupaciones, ya que no con intereses, de alguna parte de la clase respectable á quien van dedicadas las observaciones que el artículo contiene. Nuestra convicción, con todo, está en esta que puede llamarse la cuestión de las cuestiones, dada la vacilación que se nota en su planteamiento, que desde nuestra modesta posición en el Notariado, aunque siguiendo las huellas de insigne personalidades del mismo, nos hemos resuelto á combatir en sus principales fundamentos una constitución orgánica que no resiste á un simple comento de discusión profesional, que es lo que puede llamarse propiamente á este trabajo. Y esto, dando por supuesto que no hemos de contar con el apoyo de la mayor parte de la Juntas de distrito, á las cuales hay que suponer más ó menos conformes con el actual estado de cosas, cuando desde su posición y con sus recursos de todo género no procuran al remedio adecuado; ni con el del mismo Centro directivo, cuyas iniciativas en otros ramos confiados á su inmejorable competencia científica, brillan por su ausencia en lo tocante al mejoramiento eficaz del cuerpo menos favorecido de los afanes gubernamentales, ó de éxitos verdaderos en ellos.

Formuladas las apreciaciones que anteceden, el orden pedirá ahora una indicación concreta de lo que procede hacer en la esfera de los hechos para los fines de que ellas se sienten informadas; mas hemos de dejar pendiente, y en todo caso aplazada, una tarea de este género, teniendo en cuenta que lo interesante, en primer lugar, para nosotros, es que se admitan como verdades incontrovertibles las proposiciones establecidas, fijando á su virtualidad los desarrollos prácticos exigidos por la lógica, y que la forma de éstos ha sido prejuzgada con lucidez, para nosotros insuperable, por escritores que nos complacemos en tomar por maestros.

FERNANDO GRANADOS Y RUIZ.

Minería

El Reglamento de la Unión Minera.

Art. 30. Además de las facultades que á todo Presidente corresponden,
Llevará la representación de la Asociación en todos los actos y asuntos de interés para la misma, relaciones con los Poderes públicos, etc., para cumplir y hacer cumplir los acuerdos de la Comisión permanente, de la Directiva y de las Juntas generales.
Estudiará todos los asuntos de importancia, y los someterá á la deliberación de la Comisión permanente.

SECRETARIO GENERAL

Art. 31. Será el Jefe de las oficinas que se establezcan.
Llevará toda la correspondencia, firmando la que se refiera á régimen interior de la Asociación.
Redactará las actas y las Memorias para las Juntas.
Preparará, de acuerdo con el Presidente, la orden del día de todas las reuniones, y todos los trabajos que le sean encomendados.
Cumplirá los acuerdos de la Directiva y Juntas generales en la forma que una y otras señalen.
Llevará toda la contabilidad de la Asociación, recaudando las cuotas y pagando los gastos, con arreglo á las instrucciones del Contador-Tesorero.