La Reforma (Madrid. 1898. Romero impresor) (1898-02-20 00:00:00), página 8

propósito de dotarla con las 5.000 pesetas, si bien aparece expresado por aquéllos, no resulta que llegará á realizarse, y además porque la naturaleza irrevocable de las capitulaciones matrimoniales de Cataluña sólo puede afectar á los que concurren á su otorgamiento y á su futura sucesión».

(Sentencia de 22 de Diciembre de 1897.—Gaceta 7 Enero de 1898.)

Concurso de acreedores.—Valididad del convenio con relación á un acreedor que no tomó parte en él

D. Adrián Duffaut se presentó en concurso voluntario de acreedores ante el Juzgado de primera instancia de San Juan de Puerto Rico, acumulándose á los autos otros de carácter ejecutivo que, contra el mismo, instaban los señores Rodríguez Hermanos y Beltrán, de Huma- macao.

Tramitado el concurso, celebróse la Junta de acreedores y se llegó al convenio, en el que se abstuvo la casa expresa- da, que luego lo impugnó sin éxito

Incoada demanda incidental por la razón social Rodríguez Hermanos, Beltrán y Compañía, en solicitud de que se declarase que no venía obligada á reconocer el indicado convenio, la Audiencia de Puerto Rico acordó de conformidad con la petición, y mandó que se devolvieran los autos ejecutivos al Juzgado para que siguieran su curso, dando por terminada la acumulación.

Interpuesto recurso por D. Adrián Duffaut, que alegó infringido el artículo 1.924 del Código Civil, en su número 3, letra B, el Tribunal Supremo

«declaró no haber lugar al recurso, en consideración á que los créditos que constan por sentencias de remate están comprendidos en el artículo 1.924, número 3, letra B, del Código Civil, según repetidamente ha establecido el Tribunal, en virtud á que dicha clase de sentencias están cali- ficadas de firmes por la ley de Enjuiciamiento Civil, siquie- ra sea para eximir de discusión en los concursos y quiebras los créditos á que se refieren, y porque en esos documentos concurren igual ó mayor número de solemnidades que en las escrituras públicas con que están equiparados para gozar igual prelación y del privilegio determinado en el artículo 1.917 del citado Código».

(Sentencia de 22 de Diciembre de 1897.—Gaceta 7 Enero de 1898.)

Concurso necesario de acreedores.

Prelación de crédito.

D. Gonzalo Chacón fué declarado en concurso necesario de acreedores por el Juzgado de la Latina de esta corte, en cuyos autos compareció D. Apolinar Pérez, impugnando la graduación de créditos aprobada por los acreedores, por entender que el suyo, que se fundaba en una sentencia de remate de 27 de Enero de 1885, era preferente á otros créditos escriturarios de 31 Diciembre del 91 y 3 de Agosto del 92.

Sustanciado este incidente por todos sus trámites, la Sala primera de lo civil de la Audiencia de esta corte, declaró la preferencia solicitada sin expresa condenación de costas.

Interpuesto recurso de casación, alegándose infringido el art. 1.256 de la ley de Enjuiciamiento civil, el art. 1.924, nú- mero 3., del Código civil, la primera disposición transitoria del mismo Código y la sentencia de 23 Noviembre 96, el Tribunal Supremo declaró:

«No haber lugar al mismo, en consideración á que los créditos reconocidos por sentencia de remate en los juicios ejecutivos tienen el carácter de firmes por la ley de En- juiciamiento civil, siquiera sea para eximir de discusión en los concursos y quiebras los créditos á que se refieran, y á que en esos documentos concurren igual ó mayor núme- ro de solemnidades que en las escrituras públicas con que están equiparados para los efectos de gozar igual prela- ción, y con ella el privilegio que, por razón de su antigüe- dad, determina el art. 1.924 del Código civil.»

(Sentencia de 23 Noviembre 97.—Gaceta de 9 de Enero de 1898.)

La Sociedad mercantil Benard y Compañía presentó escrito ante el Juzgado de la Audiencia de esta corte, pidiendo que D. José María Cuesta, vecino de Granada, reconociera un documento privado para preparar la ejecución contra éste por cantidades que adeudaba á dicha Sociedad, procedentes de operaciones de Bolsa.

Expedido exhorto y citado el Cuesta ante uno de los Juzgados de Granada, presentó escrito ante el del distrito del Salvador de dicha ciudad, solicitando se requiriese de inhibición al de la Audiencia de esta corte, como así se efectuó.

Subsidiado el conflicto de jurisdicción por todos sus trámites, y sostenida ésta por ambos Juzgados, se elevaron los autos al Tribunal Supremo, que declaró:

«que el conocimiento de los autos correspondía al Juzgado de Madrid, en consideración á que la Sociedad actora estaba domiciliada en dicho punto, que éste era el lugar en que se había recibido el mandato y debía y cumplirse, y tambiéin el en que debieron anticiparse los fondos necesarios para las operaciones de Bolsa, ó reembolsar los anticípos hechos por cuenta y encargo del mandatario.»

(Sentencia de 28 de Diciembre de 1897.—Gaceta de 9 de Enero de 1898.)

LEGISLACIÓN

Se dispone que el caso 5.º art. 139 de las Reales ordenanzas de Aduanas, por virtud del cual las diferencias de peso en los envases extranjeros que se importen para reexportar mercancías, no son penables hasta que vencido el plazo de franquicia aparezca que no fueron exportados en su tiempo oportuno, se aplique igualmente cuando se trata de diferencias en la calidad de los citados envases, recomendándose á las Aduanas el mayor cuidado en los reconocimientos de salida, y que cuando se verifique esta por distinta Aduana, se haga constar en la declaración la salida de los envases.

(Real orden de 7 de Enero de 1898.—Gaceta del 16 Enero de 1898.)

Se confirma la resolución del gobernador de Córdoba, suspendiendo en sus cargos al alcalde y siete concejales del Ayuntamiento de dicha ciudad, y se pasa el expediente á los tribunales.

Se funda la suspensión en el hecho de que los supuestos no prestaron obediencia á una orden del gobernador que declaró nula determinada sesión del Ayuntamiento.

(Real orden de 8 de Enero de 1898.—Gaceta del 16 Enero de 1898.)

Se reforma el art. 11 de la ley de ensanche de Madrid y Barcelona de 31 de Marzo de 1893, en el sentido de que el cargo de vocal de la Junta es obligatorio para los concejales y para los propietarios desde su aceptación, no pudiendo excusarse unos y otros en su desempeño sino por los motivos que determina el art. 48 de la ley municipal.

(Real orden de 14 de Enero de 1898.—Gaceta del 16 Enero de 1898.)

Se dispone que en lo sucesivo se consideren incompatibles el cargo del vocal de la Comisión especial de ensanche y el de Letrado consistorial, aunque esta plaza se ejerza con el carácter de honorario.

(Real orden de 14 de Enero de 1898.—Gaceta del 16 Enero de 1898.)