El Foro español (Madrid. 1898) (1923-05-31 00:00:00), página 4

una clase social determinada contribuyan todas las demás mientras esta clase no haga lo mismo con las restantes y esto ya sería generalizar tanto la obligatoriedad en el ejercicio de la caridad que quitaría a éste el carácter de virtud libre y establecería, de hecho, un régimen bolchevique como por muchos, no solamente por nosotros, se viene sosteniendo.

Ahora bien, la injusticia, el privilegio en favor de esa clase, se va poniendo cada vez más patente según al solicitar hacer lo mismo se concede pero limitándolo a la clase que lo pide, antes los ferroviarios, ahora los procuradores, porque ello implica el reconocimiento de la injusticia de hacerlo con carácter general, la cual sin embargo se sigue cometiendo, conservando aquella imposición con carácter de privilegio exclusivo a favor de los funcionarios judiciales. Nosotros creemos que estos, amantes como deben serlo de la justicia en todo y por todo, deben acudir al Gobierno renunciando a tan odioso beneficio, que al no haber despertado simpatía alguna no debe aceptarse hasta por consideración piadosa a los mismos muertos que con su desgracia de perder la vida dan lugar a las desdichas a cuyo remedio se quiere acudir con esos sellos que establecen otra desigualdad irritante, entre los huérfanos de aquellos funcionarios y los de los demás mortales, dando lugar a conceptos y frases mortificantes poco piadosas.

Ya lo hemos dicho varias veces: nosotros fuimos los primeros en España en proponer una Mutualidad para aquellos funcionarios; nuestro Director fundó la próspera Asociación de Socorros del Colegio de Abogados y en ella se admite a jueces y magistrados; no cabe, pues, dudar de nuestro amor a estas instituciones, pero nos duele la forma en que se ha constituido la Mutualidad judicial porque está siendo al resto de los españoles profundamente antipática por esa manera irritante de procurar ingresos y por esa organización en la que sufre la dignidad e independencia judicial que se ha dejado mediatar como ninguna otra clase social ante la sola perspectiva de unas pesetas a post mortem acallando de paso un movimiento como el de la UNIÓN JUDICIAL que parecía pujante, vigoroso, lleno de idealismos espirituales y que parece contenido ante una satisfacción parecida a la que pueda sentir una pobre viuda cuando en la esquina de una calle recibe una limosna por Dios para los pobrecitos huérfanos que lleva de la mano.

Aboguemos, sí, porque subsista la Mutualidad, pero llena de simpatías de todos y libre de cuanto pueda presentarla carente de dignidad y de independencia.

Una R. O. de importancia para los procuradores

Vista la instancia elevada a este Ministerio por el Decano del Ilustre Colegio de Procuradores de Madrid, don Vicente Turón Bosch, como Presidente de la Comisión ejecutiva de acuerdos de Asambleas de la clase, en solicitud de que se entienda aplicable a todos los Procuradores el artículo 4º del Real decreto de 19 de Abril de 1920, y que se autorice la creación de un sello de aceptación de exhortos y otros documentos para fines de mutualidad:

Resultado que por haber surgido dudas sobre la elevación de la cuantía del sello de aceptación de 3 a 10 pesetas, a que se refiere el artículo 4º del Real decreto de 19 de Abril de 1920, los Procuradores reunidos en Asamblea, solicitaron la aclaración del precepto en el sentido de que se obliga dicha elevación a todos los procuradores de España, ya que, dado el fin benéfico de la diferencia, deben alcanzar las obligaciones a quienes alcanzan los beneficios, extensivos hoy a todos los Procuradores, sin distinción de hallarse o no formado Colegio:

Resultando que estimando los Procuradores insuficiente este ingreso para el fin benéfico que se proponen, reciben también de este Ministerio la facultad de emplear por su cuenta todos los procuradores un sello de tres pesetas por cada exhorto, carta-orden y comisión rogatoria en cuyo diligenciado intervengan en los Juzgados de primera instancia, Audiencias y Tribunal Supremo, y de 50 céntimos en los mismos documentos ante los Juzgados municipales:

Considerando que dada la finalidad del artículo 4º del Real decreto citado de 19 de Abril de 1920, que no es otra cosa que el mutuo auxilio de los Procuradores; no deben hacerse distinciones entre ellos, que desvirtuarían el carácter benéfico de la concesión:

Considerando que la petición de la creación de un sello de 8 pesetas o de 50 céntimos, según el Tribunal ante el que se actúe, para aceptación de exhortos, cartas-órdenes y comisiones rogatorias, aparte de su razón de mutualidad, que es base de la disposición citada y de otras análogas, no causa perjuicio de ninguna clase a terceros, ya que los Procuradores han de costearlo particularmente:

S. M. el REY (q. D. g.) ha tenido a bien disponer:
1.º Que obliga a todos los Procuradores en ejercicio, formen o no Colegio, el empleo de los sellos de aceptación por la cuantía y en los casos y tér-