La Reforma (Madrid. 1898. Romero impresor) (1898-05-10 00:00:00), página 2

ha llevado, sufran las privaciones más horrorosas, ó aumenten el contingente del crimen ó del suicidio.

No crean nuestros lectores que se trata de una cuestión baladí. Nada menos que 500,000 fincas se habían adjudicado al Estado por débitos de contribuciones hasta el mes de Julio de 1895, sin contar las provincias de Barcelona, Badajoz, Castellón, Coruña, Guipúzcoa, Guadalajara, Segovia, Navarra, Orense, Pontevedra, Salamanca, Sevilla y Vizcaya, cuyos datos no hemos recibido aún, pero que arrojarán lo menos 100,000 fincas, que con las adjudicadas desde Julio de 1895 á la fecha, muy bien pueden llegar, sin exageración, á la cifra de 800,000.

Hay, pues, 800,000 familias despojadas de su pequeño patrimonio, sin que el despojo beneficie á la Hacienda, toda vez que la mayoría de esos predios no han tenido poseedores en las subastas celebradas ni han producido un céntimo en Administración, dando lugar esto á que la Hacienda haya acordado enajenar esos pequeños predios por lo que den, sin calcular que era más humanitario y más práctico devolverlas á sus primitivos dueños sin exigirles nada.

Un indulto es, por lo tanto, lo que proponemos. Aquí que se indulta á todo el mundo, incluso al que causa la ruina de la patria y da lugar á la derrota de nuestra Marina, ¿qué razón hay para que no se indulte á esos infelices contribuyentes, que no han cometido más delito que carecer de medios para pagar los impuestos, que tantos otros eluden tranquilamente sin que nadie los moleste?

Para que pueda juzgarse mejor, damos á continuación el estado de estas adjudicaciones:

Relación detallada de las fincas adjudicadas al Estado por débitos de contribuciones, hasta 1º de Julio de 1896.

    PROVINCIAS
    Número de pueblos.
    FINCAS RÚSTICAS
    FINCAS URBANAS

    Número de fincas.
    Valor. Pesetas.
    Número de fincas.
    Valor. Pesetas.

  Alegría	17	79	22,028	1,774,186,04	30,833	1,405,346,56

  Albacete	24	100	4,280	2,422	53,709,60

  Almería	100	2,775	1,846,874,21	752	62,889,79

  Ávila	58	2,950	184,978,41	1,172	28,017,49

  Burgos	166	7,955	1,946,546,56	1,172	28,017,49

  Cáceres	41	181	1,847,011,01	1,172	28,017,49

  Cádiz	89	221	25,728,27	682	28,221,19

  Castellón	55	8,184	547,047,11	1,581	1,581,00

  Cordoba	76	3,942	402,042,02	1,581	1,581,00

  Cuenca	207	15,919	645,625,69	4,202	136,905,94

  Gerona	5	3	2,042,00	1	1,000,00

  Granada	132	692	675,479	762	396,268

  Guadalajara	281	33,374	1,862,166,74	2,124	336,698,63

  Huelva	18	103	1,000,00	1	1,000,00

  Huesca	205	28,082	4,415,110	7,335	1,418,410,01

  Jacén	97	88,964	998,404,44	16,783	395,423,28

  Lérida	129	4,007	1,911,068,00	4,007	1,911,068,00

  Lugo	130	38,504	3,020,000,00	4,007	42,968,00

  Lugo	75	181	5,016	12	12

  Madrid	203	43,407	1,836,859,97	17,372	894,973,00

  Málaga	88	6,248	624,000,00	1,000	1,000,00

  Murcia	190	190,000,00	118	108,004

  Oviedo	79	79	3,929	1	1,000,00

  Palencia	203	12,000	1,000,000,00	1,200	1,000,000,00

  Salamanca	33	557	5,932,66	60	781,39

  Segovia	124	4,547	347,000,00	60	94,000,00

  Soria	134	549	347,000,00	36	93,379,00

  Tarragona	85	7,831	4,939,943,19	1,039	1,361,637,47

  Teruel	164	417	1,527,100,00	1,039	1,361,637,47

  Toledo	66	556	290,900,00	181	7,965,38

  Valencia	169	206	6,735,000	46	936,05

  Valladolid	22	194	1,000,000,00	1	1,000,00

  Vizcaya	46	3,886	300,191,80	856	1,455,90

  Zamora	292	68,424	1,868,000,00	17,235	931,136

  Zaragoza	1	1	1,405,48	19	5,806,07

  Canarias	35	6,544	629,041	948	27,561

  TOTAL	4,003	386,349	24,094,908,309	112,767	7,613,808,63

NOTA.—Faltan los datos relativos á las provincias de Barcelona, Badajoz, Castellón Guipúzcoa, Navarra, Oruña, Pontevedra, Santander y Sevilla.

PLAGAS DE LA CONTRATACIÓN

La comparación de valores en el ramo de Derechos reales

Todos saben, en principio al menos, y con una idea elemental, lo que es en nuestro país la contribución que se menciona en el epígrafe; pero no abundan los que tienen conocimiento perfecto de los procedimientos que determinan su cobranza, y de los incidentes que ellos ofrecen en su aplicación diaria. Puede, en verdad, afirmarse que en ningún otro impuesto se ha llevado el espíritu fiscal á tan alto grado con el perjuicio consiguiente de parte de los que tienen necesidad de acreditar el pago de las devengaciones que le son imputables.

Como sucede respecto á las demás cargas que pesan sobre el contribuyente, el impuesto de derechos reales tiene sus reglas de imposición y sus medidas de garantía contra las sugerencias del interés privado, inclinado de suyo á procurar la disminución de los sacrificios pecuniarios, que el poder público se ve precisado á imponerle; pero estas precauciones, en el caso objeto de este estudio, han llegado á colmar la medida de la suspicacia administrativa.

En presencia de las declaraciones de los interesados sobre el valor en venta de los bienes, que es el fundamento y la materia del gravamen, los reglamentos del ramo han creado un trámite, que en el lenguaje oficial y burocrático se llama comprobación de valores; mas en este recurso fiscal, tal cual aparece concedido, los agentes administrativos se han reservado casi exclusivamente el designar los elementos y medios de investigación que juzguen más á propósito, entre los tres que se enumeran á seguida.

Pueden en primer lugar acudir á los asientos relativos á las declaraciones análogas que resulten hechas con motivo de trasmisiones anteriores relativas á los mismos bienes (hoy está indicada la última); tenerlas por vigentes y aplicables al caso en cuestión, sea cual fuere el valor fijado para el acto que cause la devengación, y liquidar con arreglo á ellas el impuesto.

Pueden asimismo tomar por base de la valoración el líquido imponible con que aparezcan los bienes en los amillamientos para capitalizarlos á 4 ó 5 por 100, según sean rústicos ó urbanos, y hacer también el cobro conforme á lo que tal operación arroje.

Y cabe, por último, en sus facultades omnímodas, acordar la tasación de las fincas por peritos de nombramiento de la Hacienda y del contribuyente.

Comprenderse, con sólo la enumeración de estos medios de acción en el Estado, cuál debe ser la situación de los llamados á entenderse con él en las relaciones que crean las transacciones de la vida social y económica. No resultan ser esas relaciones las naturales y corrientes entre partes que tienen, alegan y defienden sus derechos respectivos, sino que, por el contrario, el Estado figura en ellas como Juez y á la vez como entidad jurídica, que por privilegios excesivos escoge la prueba, saca de ella todo el partido que le dá su posición, y se reserva además la prerrogativa del fallo.

Y si ahora se atiende á lo que son y pueden significar esos elementos de prueba, cada uno de por sí todavía es más memorable la parcialidad con que resulta tratado el deudor.

Es, en efecto, extravagante esa apalacía á los valores dados en épocas anteriores, que pueden ser remotas, á ninguna clase de bienes inmuebles, para fijar al tenor de ellos los de la época presente.

Si los lectores preguntaran en qué principio de justicia ó de equidad puede encontrarse fundado tal pensamiento de depuración de la verdad, pondrían de seguro en grave aprieto á sus autores, porque su adopción impremeditada á nada menos equivale que á declarar inmóviles las evaluaciones, petificarlas, digámoslo así, en exclusivo perjuicio del contribuyente, convertir en cosa absoluta el concepto de valores, de índole esencialmente relativa, y quitar de en medio del tiempo, no sólo los cambios derivados del puro movimiento económico, sino hasta la eventualidad de todo