El Foro español (Madrid. 1898) (1922-06-15 00:00:00), página 2

la administración de justicia no es ninguna empresa industrial del Estado que éste pueda abandonar allí en donde no le tenga cuenta por exceder los gastos a los ingresos. La justicia no es un negocio en el que sólo haya de atenderse al aspecto económico, aplicándole como vulgar mercancía las leyes de la producción, distribución y consumo.

Es UNA CARGA DEL ESTADO, como la enseñanza, las comunicaciones, defensa nacional, etc., es algo más que todo esto: la vida del Derecho, pues no otro fin reconoce la existencia del Estado, y por tanto a este incumbe pagarla, costearla y sostenerla. Por tanto, es inadmisible que para tantas atenciones haya dinero y sólo para la justicia se saque siempre a colación los agobios del Tesoro.

Aun en la hipótesis de que el Estado tuviera que subvencionar las 82 Secretarias que cita Miegimolle (pongamos con exceso 4.000 pesetas unas con otras para completar las 6.000 que se nos deben asegurar), ¿cuánto cree Miegimolle que costaría al Estado esta subvención? Los números cantan.

¡328.000 pesetas! ¿Es que por el aumento de pesetas 328.000 en los presupuestos generales del Estado se va a hundir la nación? Es ridículo sólo pensarla, y crea el señor Miegimolle que cualquier aumento que se lleve al presupuesto por un Ministro, importa siempre mucho más que esta irrisoria cantidad, y convénsase que lo que falta es voluntad y sólo voluntad por parte de quien debe hacerlo. Lo que ocurre es que llegamos tarde al reparto del festín del presupuesto, y ahora no se quiere concedernos ni unas miserables migajas.

Recórranse las plantillas de los diversos Ministerios y los sueldos otorgados en virtud de las reformas, y se verá que son varios, muchos millones, el aumento en algunos de ellos, y en cambio no hay 300.000 pesetas para el Secretariado judicial, cuyas funciones no ceden en importancia y necesidad a ningún otro Cuerpo del Estado. Ahora mismo trata de concederse aumentos a los subalternos del Estado, a pesar del criterio cerrado en todos los Ministerios de oponerse a introducir aumentos.

La supresión de las 82 Secretarias traería como consecuencia la cesantía, siquiera fuese temporal, de otros tantos funcionarios que las desempeñan, y esto, aparte lesionar derechos adquiridos respetabilísimos, habría de irrogar como consecuencia incalculables perjuicios, tanto a los cesantes como a los mismos ciudadanos, que tienen derecho, al acudir a los Juzgados, a que la justicia esté rodeada del mayor número posible de garantías de moralidad y tecnicismo.

¿Qué cuesta al Estado? ¡Qué cueste! ¿Que pierde dinero en tales Juzgados? ¡Que lo ponga! Más de 800 pesetas mensuales supone en Juzgados de entrada la nómina de Juez y los dos Alguaciles, y a nadie se le ha ocurrido pensar en suprimir aquellos en que los ingresos por papel sellado u otros conceptos no llegan a cubrir los gastos del personal y material... ¡Estábamos buenos! Entonces, porque el Estado perdiera en el negocio había que dejar una porción de pueblos sin escuelas, sin maestros, sin oficinas de Correos, de Telégrafos y otros servicios análogos. Conducciones de Correos en automóvil existen donde cada carta le cuesta al Estado 2 pesetas y le vale 0,20 pesetas. Oficinas de Telégrafos hay en España que recaudan al mes 50 pesetas y cuestan al Estado más de 500. Y por eso no sería justo privar a aquellos pueblos y al Estado en general de las comunicaciones con aquel país. Es un problema del Estado el dotar de comunicaciones sin mirar el aspecto lucrativo del negocio. Es otro problema, por excelencia superior a todos, el dotar el Estado a todos los pueblos de Tribunales competentes y dignos, acercando la justicia a lo justiciable, cuéste lo que cuéste.

Y no le quepa duda al Sr. Miegimolle; la labor nuestra no es otra que la de llevar al ánimo del Ministro de nuestro departamento el convencimiento de orientar la reforma en este sentido, hasta que tarde o temprano se implante.

Tampoco podemos admitir que no pueda establecerse la congrua por la desigualdad económica de los Colegios.

El tiempo ha venido a darnos la razón en nuestros cálculos. En nuestro modesto proyecto de congrua judicial, publicado en EL FORO ESPAÑOL de febrero de 1921, decíamos que por muchas Secretarias incongruas que hubiera en España, podrían llegar a trescientas, la mitad de las que existen en el país. Que aun necesitando 3.000 pesetas cada una de las trescientas Secretarias, eran precisas unas 900.000 pesetas para dotarlas. Como todas las Secretarias buenas y malas habían de contribuir a la congrua, recargando en un 10 por 100 los honorarios y ascendiendo a quince millones de pesetas los ingresos en que aproximadamente se calculan los honorarios que devengan los Secretarios judiciales de España, según el famoso proyecto del Sr. Burgos y Mazo, suponía un millón quinientas mil pesetas la cantidad recaudable para la congrua, por lo que se calculaba un sobrante de 600.000 pesetas aplicables al sostenimiento de los Colegios, material de las Secretarias y creación de pensiones de vejez, viudedad, orfandad e inutilidad para el servicio. Hoy, mejor informados, podemos decir que no llegan a ciento las Secretarias incongruas de España. Y contribuyendo para ellas mismas las incongruas, auxiliadas por más de quinientas Secretarias congruas, ¿no habían de poder salvar la situación angustiosa de las cincuenta Secretarias indotadas? Creemos que sí. Entre seiscientas Secretarias, recargando en un 10 por 100 los honorarios, ¿no habían de recaudar 328.000 pesetas? Indudablemente creemos que sí y con muchas creces. Lo que hay es que el auxilio tiene que centralizarse, y hacerse el reparto desde un negociado que podría crearse en la Subsecretaría del Ministerio de Gracia y Justicia, al cual se llevaran Secretarios judiciales y al que habrían de remitirse los fondos recaudados por los Colegios.

Pretender que cada Colegio aisladamente y por sí