El Foro español (Madrid. 1898) (1923-05-15 00:00:00), página 4

Los abogados de toda España ante la contribución sobre utilidades

Es un hecho consumado, por la obra legislativa de nuestras Cámaras, el de que desde 1.º de Abril de 1920—y no mayo, como se decía en el artículo anterior—venimos obligados a tributar por utilidades, y en el deber de presentar declaraciones juradas anuales de nuestros ingresos, para que el Tesoro público pueda girar el tributo y recaudarlo.

Ante el hecho, ante la realidad, fuera vano traer a colación opiniones tan autorizadas como lo son la del Padre Juan de Mariana, D. Pedro Fernández Navarrete, el conde de Campomanes, D. Francisco Martínez Marina, D. Andrés Borrego y tantos otros como nos han dicho que el excesivo número de tributos y su cuantía excesiva también, concluye con los pueblos.

Quizá el derrumamiento de la Europa del siglo XIX, que hemos conocido, tenga por una de sus causas el número de tributos inventados y el agobio de los pueblos ante los ejércitos de agentes ejecutivos, que viven a sus expensas. No es de este lugar el estudio de cuestión tan compleja, ni el autor de este artículo tiene autoridad para intentarlo siquiera; pero cree tenerla para advertir modestamente, desde esta tribuna, que al paso que vamos, repetimos el espectáculo de la Hacienda concursada que se dio en el reinado de Carlos II, reinado del cual, al comentar sus abusos, dice un político de aquel tiempo: «Al comienzo de este desorden se movía el todo de esta Monarquía, que caminaba por los pasos de la sin razón y de la injusticia, a dar en el precipicio de su última ruina.»

Es lo importante ahora, el incumplimiento de la ley de la contribución sobre utilidades, incumplimiento debido, en primer término, a la Administración pública, que desde el ejercicio económico de 1920-21 no ha tenido tiempo de regular tal trascendental materia, dejando pasar años sin encontrar momento oportuno para hacerlo, y de ahí la falta de origen, que es menester no olvidar en cuantas actuaciones vayan encaminadas a suavizar la acción fiscal en este caso, e incumplimiento, por parte de los contribuyentes, al no llevar a cabo nuestros deberes, ni siquiera el elemental de defensa, acordándonos de Santa Bárbara únicamente cuando truena.

La ley es la ley, y mientras no se derogue hay que cumplirla, y no vale que nos contentemos con inútiles peticiones de rebajas, ni moratorias como las solicitadas por el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, porque la ley de Contabilidad, que, como orgánica es básica respecto a este punto, impide y cierra el camino para ello en su artículo 5.º al ordenar lo siguiente:

«No se concederán exenciones, perdones, rebajas ni moratorias para el pago de las contribuciones e impuestos públicos, ni de los débitos al Tesoro, sino en los casos y en la forma que las leyes se hubiere determinado.» Es preciso ir por otros caminos, aceptando los hechos consumados, dar a éstos una solución admisible, y prevenirse para lo futuro, porque la lección debe servirnos para algo.

Sentado el hecho de la vigencia de la ley, no es de oportunidad pedir reducción del tipo del gravamen (5 por 100), entre otras razones, porque hablando con toda sinceridad no podemos quejarnos en este punto del legislador, ya que basta pasar la vista por las escalas de la tarifa primera para convencerse de esa verdad. Allí vemos gravados con el 8'75 y hasta el 10 por 100 sueldos inferiores a los rendimientos de privilegiados despachos de abogados, que obtienen ingresos anuales superiores a 15.000 pesetas.

Y tampoco es de gran oportunidad pedir la conducción del tributo desde 1.º de Abril de 1920 hasta 31 de diciembre de 1922, porque, como acabamos de ver, se opone a ello el texto terminante del artículo 5.º de la vigente ley de Contabilidad.

¿Qué hacer entonces? La Hacienda pública, entendiéndolo, sin duda, que gran parte de la culpa del conflicto actual se debe a ella, va guiada hasta ahora de un espíritu de amplia benevolencia hacia el contribuyente, y sólo desea encauzar la obra legislativa en cuestión, refundida en virtud del Real decreto de 22 de septiembre último, y no se acuerda por ahora de los preceptos del artículo 10, parágrafo tercero, de ese texto, ni de aplicar el artículo 26, ni menos aún de que se ponga en marcha la acción investigadora que determina el Real decreto de 2 de septiembre de 1922, modificando con carácter provisional en la forma que expresa el capítulo VI del reglamento para el servicio de la Inspección de Hacienda pública, de 13 de octubre de 1908 que trata de la denuncia pública, comprobación, ocultación y defraudación a la Hacienda, y cuya lectura, así como la del texto refundido de la ley de la Contribución sobre utilidades, me permite recomendar con todo interés a mis compañeros, sobre todo en la parte penal que comprende, para