El Foro español (Madrid. 1898) (1922-10-15 00:00:00), página 2

funcionarios modelos a quienes hemos oído condolerse de este sistema, sin embargo. Un inspector, al presentarse en una localidad, parece resta atribuciones; es un gráfico limitativo. En retina primitiva dejará marcada una merma subjetiva del funcionario permanente.

Las inspecciones en todos los Cuerpos del Estado son, generalmente, muestras del fracaso de estos organismos, su inutilidad es el saliente de su vida. La inspección puede compararse a un arma de dos filos, manejada ligeramente producirá grandes males; si el deber no se impone restrictivamente, será fuente anarquizante de desprestigios, de inquietudes y alarmas, si la política se inmiscuye en la misma, conducirá la carrera al caos.

Estos pueden ser sus inconvenientes. La realidad es que el Estado tiene como florón glorioso la organización judicial. Pese al ambiente corruptor que trata de ejercer influencia malefica sobre los funcionarios con sistemas injustos y privilegiados, de traslados y ascensos, siendo el Poder ejecutivo más que amigo desafecto; los miembros judiciales demuestran dos cualidades integrales: inteligencia, laboriosidad y lo que es maravilloso, honorabilidad extrema a cambio de misera soldada. No es ocasión de demostrar estos asertos, no de mencionar nombres. Es el conjunto total—lo macroscópico—ello no empece para que exista la excepción lamentable, particular y aislada; estudiando en pequeño los fenómenos, encontraríamos algún funcionario negligente; fijándonos en lo microscópico, cual indigno de vestir la toga; moléculas, átomos; manchas aisladas bien insignificantes, dada la inoculación política, el desbarajuste de la carrera. Pero esto no puede existir, la repulsa de los compañeros a algunos de ellos, no es suficiente; en la garantía del orden social no debe haber paréntesis. La vida muere si le falta el oxígeno, el cuerpo social se descompone ante el ejemplo vil de sus directores. El hecho es que las facultades disciplinarias orgánicas, no han sabido extinguir este mal.

Fue preocupación constante de nuestros legisladores, atisbos de 1893 y 1900, el afirmar las facultades de la jurisdicción disciplinaria, contenidas en la ley Orgánica, la que en el núm. 7.º del art. 37, ya prescribió que los Magistrados nombrados extraordinariamente Presidentes de Tribunales de partido dieran cuenta de cuanto juzgases digno relativo al modo de administrarse justicia, prácticas abusivas, conducta y dignidad de los que desempeñen las funciones judiciales.

A fe que no existen preceptos más féreos ni antihumanos que los de dicha ley. Ella ha llevado su desconfianza, respecto al juzgador, al grado máximo. Hay circunstancias impedientes para desempeñar la función, como el parentesco entre dos miembros del mismo Tribunal lógicas; pero no lo son las de la naturaleza, residencia anterior, ejercicio en igual plazo de industria, abogacía, parentesco de personas que posean bienes, dominio propio de ellos. Estas medidas, a modo de círculo de fuego, sólo conducen a aumentar los sacrificios, las molestias, sin beneficio para los justiciables. Esta prevención desconoce la psicología humana, el sujeto con tendencias al mal encontrará siempre pretexto u ocasión para desprestigiar la profesión, sean cuales sean las trabas que se le impongan; el honorable nunca faltaría al juramento prestado; acaso como apuntaba un señor Diputado en las últimas discusiones: el ambiente amable del lugar donde se nació, el que prohibió a nuestros padres, donde extenuimos la personalidad en el espacio, adquiriendo bienes, la tierra en que se luchó y conquistó, la reina del hogar, posición en aquel que se batieron las primeras armas por la vida, sea el menos apto para que el funcionario cometa actos poco caballerosos, sino el factor nato de la hidalguía, el amor propio, el estímulo, todas esas concasus que constituyen la virtud, se producen en los círculos sociales amigos más impetuosamente que en los desconocidos. Pero qué, da ley minuciosa no habla de excusas, abstenciones, recusaciones—en tal grado éstas, que obstaculizan notablemente la Administración de Justicia—, no existen los recursos, apelaciones, responsabilidades ¿Puede haber quien niegue que por medio de tales medidas represivas no se hallan más que garantizados los que han de acudir a los Tribunales?

Si no fuera doloroso resultaría risible y verdaderamente cómico un examen detenido de los incisos orgánicos y de sus injusticias manifiestas. ¡El traslado con suspensión disciplinaria por casarse con mujer nacida dentro de la demarcación, por adquirir bienes...! ¿Adónde conduce tanta restricción? ¡Ni el Derecho canónico es tan dominante!

Anda, camina siempre adelante—parece decir la ley—; no contraigas afectos, no vivas agradablemente; pero, en cambio, no vayas donde debas, sino adonde te lleven con propósitos de que lo concluyas todo, de que seas ciego, sordo y mudo para lo que convenga a los amigos del señor prepotente, para eso te pego miserablemente; pero, en cambio, te doy un bastón con muchas borlas, con muchas...! No podemos dejar sin comentario el art. 235 de ese draconiano Código, hay traslados que no tienen el carácter de disciplinarios, los del mismo. En esos casos se instruye un expediente. ¿Qué cosa más bonita, útil y frecuente! Un señor va al pueblo, se trata, v. gr., de comprobar que el Juez es irascible, esquinado, acaso agresivo, según los denunciantes; el Inspector oirá uno, diez, veinte testigos, la flor y nata de la localidad, lo distinguido; los Concejales, Diputados provinciales, representantes de fuerzas vivas, etc., la tela de araña ha enredado bien la madreja; el denunciado podrá presentar otros tantos, pero en el ánimo del visitador, influido por lo objetivo local, lo minúsculo, han hecho mella las acusaciones, y, en efecto, declarándose que el funcionario es modelo, honorable, gentil; sin embargo, se dictamina por su traslado; son fundados motivos la desconfianza de unos cuantos, el desafecto de otros; la masa de un partido político al que estorba, circunstancias especiales. ¿Qué funcionario no tendrá la enemiga de aquellos a quienes falló un pleito en contra de los que hubo de tener en prisión, de a los que negó la pretendida gabela de sus familiares, deudos, amigos?

Recientemente hemos conocido un caso de éstos: la Sala de gobierno de la Audiencia territorial de X dictaminó el traslado;afortunadamente el Consejo de Estado, más compañero que los propios, más elevado, viendo en el sujeto, no a éste, sino a la Judicatura, al honor de un Cuerpo que iba a ser vilipendiado, arrastrado por el fango, mirando desde la altura, apreciando quizá los orígenes de la denuncia—el denunciante era un político, el instructor Juez de una capital, adonde difícilmente llegan los que no van recomendados por el jefe de ese partido—informó