El Foro español (Madrid. 1898) (1922-10-15 00:00:00), página 8

de los casos, su personal autoridad, y bien denota haber ganado el respeto y la consideración de sus vecinos. Pero como algún plazo hay que fijar y es fuerza determinar alguna norma, yo me inclinaría a proponer que a los cinco años de residencia pudiera ser trasladado el funcionario judicial; pero si no lo fuere dentro de los tres meses siguientes, se considerará prolongada la posibilidad de su permanencia por prórrogas sucesivas de tres años, siempre que al terminar cada una de ellas no utilicere el Ministro su facultad en el mismo plazo antes indicado.

¿¡entretanto?, dirán los que me escuchan. Porque reformas sustanciales de las leyes orgánicas y procesales requieren largos períodos de gestación, aunque se intenten de un modo parcial y fragmentario. Y ¿¡entretanto?

Es tendencia muy generalizada en la carrera judicial la de estimar que el principio de antigüedad debe prevalecer, con carácter exclusivo, como determinante de preferencia para los ascensos y los traslados.

Me atrevo a sospechar que, en orden a este punto concreto, no me hallo totalmente desprovisto de autoridad, adquirida con obras. Y digo ahora, como siempre dije: la antigüedad, racionalmente, es un elemento que debe tenerse en cuenta, pero no es el único; más fundamental que la antigüedad es, sin duda alguna, la aptitud, cuando se encuentre medio de apreciarla que aleje todo recelo de arbitrariedad. La prioridad sistemática del más antiguo, aplicada a todo, es absurda, porque es injusta. Sólo puede admitirse pasajeramente, como régimen de transición, al modo que se impone la dieta al convaleciente, hasta que el organismo recobre sus fuerzas y pueda, ya en plenitud de vigor, reanudar la normalidad de la vida. Pero aun así, no es posible su imperio absoluto, ni con carácter transitório; ha de estar condicionada la antigüedad por la intervención de un criterio imparcial y superior, el de la Junta de Inspección, por ejemplo, que corrija los defectos notorios del automatismo; e importa además que, para ciertos cargos, en cuyo desempeño se ejercen funciones gubernativas, como las Presidencias, o que son órgano de relación entre el Poder ejecutivo y los Tribunales, como las fiscales, quede libre y desembarazada la acción ministerial constitucionalmente responsable.

Voy a concluir. Habréis advertido, en los últimos párrafos de este modestísimo trabajo, una concisión quizá excesiva, pero deliberadamente buscada, en fuerza de ahogar las disertaciones a que, en muchos de los temas insinuados, me arrastraban mis convicciones y mi gusto. No me contuvo sólo el anhelo de no agotar vuestra benevolencia, sometiéndome, a la tortura de escuchar un discurso, ya largo, que os habría de parecer interminable. Movíome otra razón; hablo desde aquí como representante del Gobierno; y si al filósofo, al escritor, al propagandista le es lícito discutir libremente por todos los senderos que se abren al paso de su inteligencia, impónese gran reserva al gobernante, que si en cualquier momento puede y debe exponer las líneas generales de su pensamiento y la orientación fundamental de sus propósitos, errará gravemente, con menoscabo de la prudencia, cualidad la más preciada en el ejercicio del Poder público, al detenerse en la minuciosa exposición de perfiles y detalles que, para su cabal perfección, requieren el concurso de los técnicos y la colaboración de la realidad.

Y ahora, señores, perdónen, Volqué en mis palabras mi pensamiento. Expuso mi sentir con sinceridad absoluta, sin adobos ni afeces. Mi convicción, errónea o acertada, aquí queda. Pude decir cosas que dieran mayor contento a todos. Pero no dije sino lo que en conciencia estimo que es verdad. Si hubo yerro en el diagnóstico de los males de que adolece la Administración de Justicia y os pareciese recargado de sombras el cuadro de síntomas, será grande mi júbilo. Si en la medición propuesta hay algo provechoso o aprovechable, mi satisfacción será infinita. A ello aspiro, mirando a mi voluntad. No lo espero, sospechando mi inteligencia. Acaso deba contentarme con menos, aunque, viéndolo de vosotros, cualquiera recompensa es para mí excesiva. A muchos os proclamar la conveniencia de mudar el ritual de la apertura de Tribunales por entender que huelga la obligación impuesta al Ministro de Gracia y Justicia de leer un discurso. Pido a Dios que no sea el que acabas de oír causa bastante para que tal opinión se difunda, y todos exijáis, a coro, la derogación del precepto.

HE DICHO

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