La Reforma (Madrid. 1898. Romero impresor) (1898-02-28 00:00:00), página 3

algo de lo más endeble que se produce. En una palabra: hemos reunido lo más notablemente bien con lo más notablemente malo. Después de todo, en un sentido ó en otro, merece verse. Pero por Dios, no juzguen ustedes de la pintura española contemporánea por nuestro Luxemburgo.

Antonio Cánovas y Vallejo.

LAS OBLIGACIONES DE PRIMERA ENSEÑANZA

La Gaceta publica el consabido estado anual de las cantidades que se adeudan á los Profesores de primera enseñanza, ascendente á la enorme cifra de 9.036.508,46 pesetas.

No vamos á reproducir las fundadas y énergicas protestas de la prensa y del país con motivo del bochornoso espectáculo que ofrecemos ante las Naciones civilizadas; de él sólo son responsables los Gobiernos, que en los últimos veinte años han perdido lastimosamente el tiempo con leyes, decretos, Reales órdenes y circulares que nada práctico han resuelto, ni han sido respetadas por las dependencias del Estado.

Que la enseñanza primaria es la base de la cultura de los pueblos; que éstos son más ricos y libres cuanto más instruidos están; que allí donde el libro yace en el polvo del olvido la civilización y la prosperidad se alejan, lo condensa Napoleón en una de sus máximas: «Dos poderes se reconocen en la tierra: las armas y las letras; entiendo por las letras las instituciones sociales, producto de la instrucción primaria; podrán estar en pugna estos dos poderes, pero el triunfo será siempre de las ideas».

Comprendiéndolo así un Gobierno ilustrado, no se nos alcanza lo que ocurre en España, pues al observar que hace años fluctúan los débitos al profesorado entre los 8 y 9 millones de pesetas, ha debido hacerse un estudio de las causas que impiden amortizar tan abrumadora suma.

Allí donde los recargos del 16 por 100 sobre las contribuciones directas importan y se recaudan en cantidad suficiente á cubrir las atenciones de la enseñanza á que están afectos, nada puede adendarse, á menos que los Delegados de Hacienda, contraviéndolo á lo ordenado, hayan hecho uso de aquéllos, ó distraído los Ayuntamientos, en cuyo caso son directamente responsables de los débitos. Si los recargos no alcanzan á cubrirlas, ha debido estudiarse la verdadera situación económica de los pueblos, la marcha administrativa de los Ayuntamientos, y si los gastos que origina la enseñanza se hallan en relación con los elementos constitutivos de la vida municipal, pues que el número de habitantes de un pueblo no es por sí sólo el signo regulador de su riqueza contributiva.

Sugiriéronos estas reflexiones el hecho, para nosotros inexplicable, de que una provincia de tercera clase, como la de Cuenca, aparezca la primera en la escala de los descubiertos por la crecida suma de 1.214.146 pesetas; esto es, más que las de Málaga y Granada, donde su postración y decadencia son notorias años ha por la invasión filoxérica en los viñedos.

En evitación, pues, del martirologio que se ha hecho pasar á la modesta y sufrida clase del Magisterio, en bien de la sociedad y por decoro nacional, ha tiempo que debió el Estado hacerse cargo del pago de esta obligación, que nunca debió ser municipal, puesto que el servicio que prestan los Profesores de primera enseñanza es colectivo de la Nación, como el de los demás funcionarios de la misma.

Así lo han reconocido eminentes hombres públicos, y cualquier sacrificio que se impusiera al país, que no ha de ser mucho por cierto, sería bien admitido; pues la opinión general se avergüenza ya de ese padrón de ignominias que pesa sobre todos, relegándonos á la cola de las Naciones civilizadas.

Basta ya de circulares ni decretos, que ni se cumplen ni resuelven el problema; basta ya de que se utilice como arma de partido, para suspender Ayuntamientos, el pretexto de lo que se adeuda á los maestros, infiriendo con ello una burla sangrienta á la clase, al servir de instrumento su desfallecido espíritu, para elevar al poder á otros que luego les tratan con el mismo desprecio y abandono; afroíntese de una vez con decisión el pago directo por el Estado, y concluya para siempre tan vergonzosa situación.

Por lo que respecta á la cifra monstruosa de los atrasos, es ya más difícil el problema; de poco ha servido lo dispuesto en la base 2.º del Real decreto de 1 de Mayo de 1896, aplazándolos para que los paguen los Ayuntamientos por sextas partes, consignando éstos en sus presupuestos ordinario: la crisis general por que atraviesan los contribuyentes, impide á los Municipios que acudan al sostén de las obligaciones forzosas de aquéllos; y siendo esto así, agotados los recursos legales que la ley les concede, ¿adónde van por nuevos ingresos para el pago de las sextas partes? ¿Puede acometerse la difícil empresa de instruir expediente de responsabilidades para depurar las en que haya podido incurrir cada Ayuntamiento, cuando desde la Restauración ninguno podrá tirar la primera piedra, y alcanzaría muy por igual á todos, pues que han seguido el turno pacífico de las altas esferas? ¿Tendrían fuerzas físicas bastantes los tan maltrechos profesores para esperar el resultado definitivo de los expedientes de responsabilidad? ¿Puede tampoco, por otra parte, obligarse á los Ayuntamientos á que suspendan el pago de las obligaciones forzosas de sus presupuestos, en tanto no hayan satisfecho los de la primera enseñanza? De ningún modo; y sin embargo, semejante estado de cosas no puede continuar indefinidamente; al efecto vamos á indicar una solución que, estudiada por personas más autorizadas y competentes, pudiera servir de base para resolver tan difícil problema.

En primer término, practicar una minuciosa liquidación de lo que se adeuda á los Ayuntamientos por recargos del 16 por 100, con inclusión de la parte que comprenda las cuotas de las fincas adjudicadas al Estado, pasando á formar parte de los ingresos del Tesoro el importe total de estos créditos resultantes á favor de los Municipios, en la misma proporción que su débito á los profesores.

Crear un papel que se titulará «Deuda del profesorado» con interés del 4 por 100, cotizable en Bolsa y amortizable por décimas partes.

Entregar á cada profesor títulos en equivalencia á la cantidad que se les adeuda, y consignar en los presupuestos del Estado el importe de la amortización anual á intereses.

Este aumento de 900 mil y pico de pesetas en un presupuesto de 700 millones, en poco afectará á las clases contribuyentes, que no habrán de rechazarlo por el sagrado objeto de su destino, máxime cuando podrían estudiarle economías que lo compensaran, y los profesores, que verían asegurados sus legítimos créditos, hoy de dudoso cobro, creemos que verían satisfechos esta solución.

UN LUGAREÑO.