El Foro español (Madrid. 1898) (1923-07-31 00:00:00), página 4

de que en él se publicasen todos aquellos casos que a nuestro prestigio o a nuestros intereses pudiesen afectar muy particularmente, para que publicada la resolución que cada uno pudiera merecer tuviera ya una especie de aval, que la daría la autoridad misma del Colegio a menos que aquél fuese mayor con un criterio particular y oficialmente adoptado. El caso que vamos a someter a la consideración de los compañeros nos parece que es para que de él, y de manera especialísima, se ocupe nuestra Junta de gobierno, y recabe de las autoridades judiciales una resolución oficial que establezca un criterio fijo y determinado, con tanto más motivo cuanto que el que estimamos perjudicial a los intereses de los Letrados, en una parte al menos, ha sido adoptado por un compañero tan ilustrado y ducho en el ejercicio profesional como lo es mi querido amigo D. Miguel Gay, actuando de suplente de Juez municipal del distrito del Hospicio, de esta Corte. Me refiero a la tramitación de las juras de cuentas de los Abogados en los Juzgados municipales.

Hace poco tiempo hubo necesidad de acudir a este procedimiento para tratar de hacer efectivos unos honorarios en el citado juzgado, y en el de la Latina, y el revuelo antes de proveer al primer escrito fuó grande, y antes de hacerlo hubo sus dificultades, sus dudas y hasta sus opiniones de si procedía o no el trámite especial que señala la Ley de Enjuiciamiento civil en su artículo 12. Por fin, y yo no sé si más por atención al cuenta jurante que por convicción jurídica, se convino en admitir el escrito y dar el traslado, pero nos encontramos con que el citado señor Gay, admite la impugnación de la minuta sin exigir la previa consignación de la cantidad, que en la misma se reclamaba, con lo que dicho se está, que se quita toda virtualidad y eficacia al procedimiento especial que para reclamar sus honorarios concede la citada ley a los Abogados.

El hacer esto, como el negar la procedencia de la jura, viene a ser en la realidad casi una misma cosa, ya que se trata de un procedimiento ejecutivo, fundado en un verdadero privilegio profesional concedido a los Letrados sin que el artículo 12, en que se consigna, exceptúe estos o los otros juicios sino que lo establece en general, considerándose dentro de las palabras "honorarios devengados en el pleito", a toda clase de ellos ya que "pleito" es todo litigio sostenido en los tribunales sin distinción de cuantías ni procedimientos, y aún diríamos que la práctica enseña que el precepto que comentamos se viene aplicando hasta en lo devengado en expedientes de jurisdicción voluntaria, y otros que no pueden conceptuarse como verdaderos "pleitos" es decir, para toda clase de devengos judiciales hechos por Letrados. Ahora bien, la garantía más especial, la más importante es la de que NO PUEDA ENTRARSE EN DISCUSIÓN acerca de la cuantía de los honorarios devengados, y así reclamados, sin que el excliente haya consignado antes el importe de lo que se le reclama y se propone discutir, si bien esto no haya de entregarse desde luego al reclamante, sino quedar a las resultas del resto del procedimiento ya que si no fuera así a tanto equivaldría reclamar en juicio verbal, especialmente en el caso de que se tratara en un juzgado municipal, sin más que variar los trámites que sin aquella garantía no habla para qué hacerlo así. En efecto, el procedimiento de la jura por los Abogados, según el artículo 12 de aquella ley, es el mismo marcado para los Procuradores en el 8, que como los 427 y siguientes con el mismo se relacionan, y el párrafo último de dicho artículo 8, dice textualmente: (y después de haberse dicho en el párrafo 1º que el procedimiento se inicia por el requerimiento al abono de la minuta), "VERIFICANDO EL PAGO, podrá el deudor reclamar cualquier agravio", y luego sigue el procedimiento allí indicado. Es decir, y esta es también la práctica general que ES REQUISITO PREVIO E INDISPENSABLE para que pueda entrarse en discusión acerca de la minuta jura QUE SE HAYA VERIFICADO EL PAGO, y por lo tanto si el demandado presenta escrito de impugnación dentro del término que se señaló para consignar, pero sin hacer esto previamente o en el mismo acto, lo que procede es volver a requerirle para que lo haga en lo que le reste de plazo, si aún éste no se ha apurado, y si ya hubiera finalizado aquél declarar no haber lugar a admitir ni tramitar el escrito de impugnación por no haberse cumplido dicho requisito e ir inmediatamente a hacer efectiva la minuta por el procedimiento de apremio.

Todo esto nos parece clarísimo, pero como por lo visto no a todos, incluso a algunos compañeros, les parece lo mismo, hemos creído pertinente tratar la cuestión en nuestro Boletín y llamar la atención de la Junta de gobierno del Colegio sobre esas sutilezas de criterio que vienen en perjuicio de quienes tienen que prestar sus servicio ante los Tribunales municipales.

Al que suscribe estas líneas no le cabe la menor duda del derecho del Letrado a utilizar los beneficios del artículo 12 de la Ley Procesal en toda clase de Tribunales, altos y bajos, y a que no se pueda hacer impugnación alguna sin la consignación previa de la cantidad reclamada, impugnación que solamente puede ser "por excesiva" nunca por "indebida" ya que aquel precepto legal sólo habla de excesos de honorarios y no puede hablar de otra cosa porque sólo dice ser jurables los honorarios "devengados en el pleito" y claro está que los devengados "fuera del pleito" aunque con motivo de éste por lo menos ya sería discutible si gozaban de ese privilegio, y al