La Reforma (Madrid. 1898. Romero impresor) (1898-06-10 00:00:00), página 6

Sorprendido el criminal por la Guardia civil, y probado el hecho, la Audiencia de Badajoz lo condenó en concepto de autor de un delito de amenazas, comprendido en el número primero del art. 507 del Código penal.

Interpuesto recurso, el Tribunal Supremo declaró «que no había lugar al mismo, en virtud á que en la sentencia recurrida resultaban probadas sin género de duda las amenazas que dieron por resultado el proceso.»
(Sentencia de 4 de Diciembre de 1897.—Gaceta de 16 de Enero de 1898.)

En la noche del 24 de Agosto anterior, Juan María López y otro, al tratar de introducir fraudulentamente especies de consumos en Jaén, resistió violentamente las amenazaciones del agente jurado de la ronda encargada del radio.

Seguida causa, la audiencia provincial de dicha ciudad condenó al Juan María López, que con anterioridad había sufrido condena por amenazar á los agentes de la autoridad, en concepto de autor de un delito de resistencia á los mismos, y á José González Gil, que era el que lo acompañaba cuando ocurrieron los hechos, en concepto de autor del delito de atentado á los repetidos agentes de la autoridad.

Interpuesto recurso, el Tribunal Supremo declaró: que no había lugar á su admisión por adolecer de la falta de los requisitos esenciales exigidos por la ley de enjuiciamiento criminal en su art. 874.
(Sentencia de 4 de Diciembre de 1897.—Gaceta de 16 de Enero de 1898.)

Lucio Santos, sin provocar el suceso, fué ilegítimamente agredido por Bonifacio Colmenar y otros dos, viéndose en la necesidad de repeler la agresión y precisado á hierir al Bonifacio Colmenar, que falleció por consecuencia de dicha herida.

Formada causa, la audiencia de lo criminal de Cáceres condenó al Santos en concepto de autor de un delito de homicidio á la pena correspondiente, habiendo apreciado en la sentencia las circunstancias 1.º y 3.º del núm. 4.º del art. 8.º del Código, ó sea las de agresión ilegítima y falta de provocation.

Interpuesto recurso, el Tribunal Supremo declaró: que procedía casar y anular el fallo dictado por la referida audiencia, en virtud á no haber apreciado todas las circunstancias del mencionado núm. 4.º del art. 8.º del Código, siendo así que del veredicto pronunciado por el juzgado consta completa la circunstancia eximente, y por lo tanto el error de derecho y la infracción en que se funda el recurso.
(Sentencia de 3 de Diciembre de 1897.—Gaceta de 16 de Enero de 1898.)

Se confirma la suspensión del Alcalde, Tenientes de alcalde, Síndico y Secretario del Ayuntamiento de Lucillo, acordada por el Gobernador de León, y se dispone que se pasen los antecedentes á los Tribunales, por vestir caracteres de delito los hechos de no existir caja de tres llaves para la custodia de los fondos, no haberse aprobado los estados trimestrales de recaudación que determina el art. 166 de la ley Municipal, y no haberse acordado la distribución mensual de fondos.
(Real orden de 12 de Febrero de 1898.—Gaceta de 15 de Febrero de 1898.)

Se concede autorización á D. Enrique Courtin, Director de la Sociedad de Aguas de Barcelona, para instalar una cañería de conducción de aguas en el kilómetro primero de la carretera de Barcelona á Ribas, con arreglo al proyecto y atemperándose á las disposiciones vigentes en evitación de perjuicios.
(Real orden 11 de Febrero de 1898.—Gaceta de 15 de Febrero de 1898.)

Se concede á D. Joaquín Matabosch autorización para establecer una cañería de conducción de aguas que atraviese la carretera de Ripoll á la frontera francesa por los kilómetros 21 y 22, debiendo atemperarse, al ejecutar las obras, á las disposiciones dictadas al efecto.
(Real orden de 11 de Febrero de 1898.—Gaceta de 15 de Febrero de 1898.)

Se concede autorización á D. Ginés Mena para que, con arreglo á determinadas condiciones que se fijan, pueda cruzar con una galería de conducción de aguas para riegos la carretera de Murcia á Granada por el kilómetro 31.
(Real orden de 11 de Febrero de 1898.—Gaceta de 15 de Febrero de 1898.)

CITACIONES JUDICIALES

    AUTORIDAD QUE CITA
    PERSONA CITADA

    Juez del Congreso de esta Corte.
    Juan Martínez Ruiz.

    Idem de Buenavista.
    Maria García Sánchez.

    Audiencia provincial de esta Corte.
    Camillo Charque.

    Juez del distrito del Hospital de esta Corte.
    Herederos de D. Hilario López Cano.

    Juez del Hospital.
    Cándida Rodríguez y Pedro Martínez.

    Juez municipal del Hospital de esta Corte.
    Andrés González.

    Idem id.
    Aurelio Otero.

    Juez de la Universidad de esta Corte.
    Andrés González.

    Juez del Congreso de esta Corte.
    A los que hayan adquirido bienes del Estado de Santo Tomé.

    Doña Antonio Calleja y doña Ana Muñoz.

    Audiencia provincial de esta Corte.
    Martin Gil.

    Idem id.
    Juan Rausés Pérez.

    Juez del Centro de esta Corte
    D. Eduardo Jiménez Gavarre.

MISCELÁNEA

Un regalo al señor Ministro de la Guerra.
La Real orden de 26 de Octubre de 1897, disponiendo que los individuos del ejército de Ultramar solo pueden dar asignaciones á personas de su familia, puede ser causa de graves perjuicios para los que derraman su sangre en las Antillas.

No se ha tenido presente al dictarla que muchos de aquellos carecen de familia, por haber quedado huérfanos, á cargo de tutores, padrinos, ó amigos de los padres que los han educado; y otros, antes de incorporarse al ejército, pudieron contraer obligaciones ó compromisos por sí, ó sus familias, que cumplen autorizando el percibo de sus asignaciones á sus legítimos acreedores.

La Real orden citada es un despojo de la voluntad y libre albedrío del hombre; respetamos los móviles que le hayan impulsado, pues no creemos que estos sean jamás un pretexto para privar, á los que pelean por la patria, de las asignaciones que les pertenecen; pero si ha de ser causa de que al regresar á la península, enfermos ó inútiles, cuenten muchos hallar reunido un pequeño capital para buscarse el sustento, y vean privados de él por una medida improcedente á todas luces.

Omitiendo entrar en otro género de consideraciones, y haciéndonos eco de las quejas que llegan hasta nosotros, nos permitimos rogar al señor Ministro de la Guerra modifique el espíritu de la Real orden que nos ocupa, en sentido de que el hecho de carecer de familia propia los que sirven en Ultramar, no sea causa bastante á privarles de sus respectivas asignaciones, á cuyo percibo tan legítimo derecho les asiste.

El joven y distinguido Ingeniero agrónomo D. Angel Torrejón y Boneta, autor de varios libros técnicos muy leídos, acaba de dar á la publicidad uno sobre cuya importancia y utilidad no cabe dudar.

En un tomo de 400 páginas, ofrece el Sr. Torrejón Boneta, metódicamente