La Reforma (Madrid. 1898. Romero impresor) (1898-03-10 00:00:00), página 2

VÍCTIMAS DEL EXPEDIENTE

El art. 18 de la ley de 30 de Junio de 1892 dispone que los pueblos comprendidos en las reglas 2.a y 3.a de la de 7 de Julio de 1888, en que sea necesario acudir al medio de reparto vecinal para hacer efectivo el cupo de consumos que les corresponde, y acrediten con certificación de la Administración de Contribuciones de la provincia respectiva haber experimentado por causa de la plaga filoxérica una baja en su riqueza líquida imponible de 30 ó más por 100, tendrán derecho á que dicho cupo de consumos quede reducido al 10 por 100 de la riqueza líquida imponible que les quede.

Esta justa disposición ponía término á las reclamaciones de los Ayuntamientos perjudicados con los enormes cupos de consumos, que no pueden satisfacer, pues que en algunos pueblos representan el 200 ó más por 100 sobre el de la contribución territorial, siendo así que en los presupuestos generales del Estado el impuesto de consumos está en la proporción del 50 por 100 del de inmuebles, y aun cuando ésto no sea la base reguladora para señalar aquél, en el orden económico administrativo no puede admitirse semejante desproporción.

Para obtener tan legítimo beneficio bastaba, según el artículo citado, acreditar, con certificado de la Administración de Contribuciones, la baja de la riqueza en el 30 ó más por 100; y así debía ser, puesto que por dicha dependencia se cursaron en su día los expedientes, consta la aprobación superior, y sigue girando la derrama del cupo de inmuebles sobre la riqueza líquida que les queda á los pueblos.

Sin embargo, era preciso entorpecer el curso rápido de estas reclamaciones con el fatal sistema del expediente, que tantos perjuicios ocasiona, y con el pretexto de garantizar el acierto en la aplicación de los beneficios del mencionado art. 18, se publicó la Real orden de 11 de Febrero de 1893, según la cual, las instancias de los Ayuntamientos se cursarán por las Administraciones de Impuestos y Propiedades, informando acerca de las circunstancias en que se halle la corporación reclamante con relación al impuesto, cuya rebaja se solicite, y el juicio que le merezca la reclamación, teniendo presente que en el caso de alegarse como causa de la pretensión la disminución de riqueza, debe proponer al delegado que acuerde informe sobre este punto la Administración de Contribuciones; cumplido este requisito, pasará el expediente á informe de la Comisión provincial, y eva- nuado, lo elevará con su informe aquella autoridad al Ministerio de Hacienda, por conducto de la Dirección general.

¿Y cuál ha sido el resultado? Que hasta la fecha no tenemos noticias de que se haya concedido á ninguno de los pueblos, especialmente de la tan perjudicada provincia de Málaga, los beneficios del repetido art. 18, y siguen sufriendo el enorme peso de una carga que no pueden sobrellevar.

Tenemos á la vista un dato que corrobora el estado de decadencia y postración de nuestra querida Málaga, y la necesidad de que cuanto antes se resuelvan los expedientes incoados y que se incoen al amparo del citado artículo.

Con motivo de la ley de moratorias de 16 de Abril de 1895, ley que, dicho sea de paso, debió ser objeto de unánime protesta, por las razones que en su día expusimos, la Intervención de Hacienda de Málaga publicó las liquidaciones de los débitos que resultan á los Ayuntamientos en favor del Tesoro, los cuales se elevan á la monstruosa cifra de 23.638.000 pesetas por los diferentes impuestos y tributos que corren á su cargo hasta 1893-94, y de éstos corresponden al de consumos 13.800.000 pesetas; pueblo hay que adeuda más de dos millones de pesetas, y en muchos, el total de su débito es seis, ocho y diez veces mayor que la riqueza de su término.

¿Se concibe que estos débitos puedan pagarse, á pesar de la moratoria, cuando agotados los recursos legales que la ley los concede, tienen desatendidas la mayoría de las obligaciones corrientes, por el precario estado del país, que viene á reflejarse en su Erario municipal?

¿A dónde acuden por nuevos ingresos para los enormes plazos de la moratoria? ¿Acaso á los débitos de los mismos contribuyentes, de quienes en su día no pudieron hacerse efectivos? ¿Habrá de pesar eternamente sobre los Ayunta- mientos la espada de Damocles, para que, aplicándoles el famoso capítulo 28 del Reglamento vigente de consumos, que les hace personalmente responsables con sus bienes propios de los débitos, llegue el día en que las personas de alguna posición y valor rehúyan formar parte de los Municipios, constituyéndose éstos de individuos irresponsables que no tengan por qué temer á las iras del Fisco?

Asunto es este que merece detenido estudio; mas por hoy limitándonos al objeto que motiva el presente, rogamos al señor Ministro de Hacienda que, por un acto de reparadora justicia, y ateniéndose al espíritu y letra del art. 18 de la ley de 30 de Junio de 1892, se reduzcan los cupos de consumos de los pueblos que perdieron el 30 ó más por 100 en su riqueza por causa de la filoxera, al 10 por 100 de la que hoy les queda, pues cuando los tributos rebasan los límites de lo racional y no están en armonía con las fuentes de riqueza de los pueblos, además de causar vejámenes y ruinas y hacerse odiosos, resultan ilusorios, como lo demostrarán las abrumadoras cifras de descubiertos que arriba citamos.

DE LA MUCHEDUMBE DE ABOGADOS

(Continuación.)

III

Confundidos con los pésimos estudiantes abundan en las Universidades otros de muy distinta condición, que trabajan sin descanso, que hacen brillantes exámenes y ejercicios de grado, y que terminan la carrera y obtienen sus títulos muy merecidamente, al mismo tiempo que se dan, sin razón alguna, los mismos diplomas á porción de estúpidos y de igno- rantes.

Así cualquier Universidad arroja todos los años muchedumbre de Licenciados en número abrumador, que siento no precisar por falta de datos estadísticos.

El mal es antiguo, á no dudarlo; tan antiguo, que ya á principios del siglo xviii el Doctor D. Diego de Torres Vi- llarroel, imitador en sus obras satíricas, como es sabido, del ilustre Quevedo, trató del gran número de Letrados que entonces había y de la ignorancia que muchos revelaban. Sin embargo, y aparte de que no por tratarse de afejos abusos debe prescindirse de su corrección, porque mucho más antiguos son los delitos contra las personas, y á pesar de ello en ninguna sociedad civilizada se toleran, es indudable que se ha recrecido la dolencia, aumentándose en tercio y quinto la perniciosa facilidad de expedir títulos profesiona- les desde 1868, en que autorizaron nuestras leyes la libertad de enseñanza, que en la práctica, por varias causas, ha producido y produce la libertad de no aprender.

Esto es lo cierto. Antes de la época revolucionaria era forzoso, al menos, para conseguir un título de Abogado, cursar siete años, precisamente, en una Universidad, asis-