El Foro español (Madrid. 1898) (1923-08-31 00:00:00), página 7

presa que la variación del régimen arancelario, efectuada en 13 de Noviembre de 1911, trajo consigo la necesidad de una disposición transitoria para regular los derechos devengados en asuntos que se iniciaron con anterioridad, admitiéndose el criterio tradicional de la cuota fija, salvo alguna excepción; que si el concepto de cuota fija es el determinado en la instancia, no tendría razón de ser la diferencia marcada en la disposición transitoria de 1916, ya que todas las cuotas tendrían ese carácter, porque cuando para fijar los derechos se requiere una pequeña operación aritmética, no se trata de una cantidad fija e invariable, pues sólo merecen ese concepto las conocidas a priori, de las que tantos ejemplos ofrecen los Aranceles; que si esa fuera la única cuestión a resolver, habría de informarse necesariamente en sentido negativo, que la cuestión de la percepción por período no precisa sea aclarada; y que si el peticionario entiende le es aplicable el caso al Arancel de 1911, dentro de la ley tiene el procedimiento adecuado para hacer valer el derecho que crea le asiste resolviéndose sobre ello por quien corresponda, sin necesidad de una disposición aclaratoria, que en este caso no está justificada

La Sección del Ministerio, teniendo en cuenta que la disposición transitoria del Arancel vigente es clara y terminante sin que dé lugar a duda alguna su aplicación, y de acuerdo con el informe de la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo, entiende que no procede dictar la Real orden aclaratoria solicitada, debiendo desestimarse, por consiguiente, la instancia del interesado, sin perjuicio del derecho que pueda asistirle en el caso concreto de que se trate para hacer la reclamación dentro del procedimiento adecuado, resolviéndose las dudas que surjan en la forma prevista en dichos Aranceles.

Y V. E. ha dispuesto que informe esta Comisión permanente.

Considerando que, examinada detenidamente la cuestión que es objeto del expediente, se infiere ante todo que la solicitud del Sr. López Pando, más bien que a resolver una duda concreta en la aplicación del Arancel de Secretarios judiciales hoy vigente, va encaminada a fijar el alcance de la primera de sus disposiciones transitorias, que regula el paso de uno a otro régimen arancelario, en cuantos asuntos incobrados con anterioridad a la fecha en que empezó a regir el nuevo Arancel, para lo cual parece más apropiada una resolución de carácter general, que comprenda los casos análogos que pudieran presentarse, en lo sucesivo que no la decisión de la Junta, a que se refiere la disposición general del citado Arancel de 1916:

Considerando que al ocuparse la disposición transitoria primera del Arancel de 13 de Noviembre de 1916 de los asuntos incobrados con anterioridad, solamente consigna una distinción de percepción de derechos, separando los de cuota fija de los devengados por períodos, desprendiéndose del texto de la misma disposición que ha querido someter la percepción por períodos a un régimen especial, por razón de su naturaleza, estimando dividido el asunto en tantas partes como períodos, que son los señalados en el nuevo Arancel, para aplicarlo a raíz del período siguiente al en que se encuentre el asunto al comenzar a regir: "el Secretariado judicial no ostenta el menor derecho a los honorarios correspondientes a períodos no comenzados a la fecha de entrar en vigor el Arancel".

Considerando que ni en el Arancel de 15 de Julio de 1911, ni en el vigente de 13 de Noviembre de 1916 aparecen divididas en períodos las Administraciones judiciales, y, en este supuesto, la cuestión se reduce a saber si el 3 por 100 de las rentas que produzcan los bienes administrados, a que se refiere el artículo 47 del Arancel de 15 de Julio de 1911, merece el concepto de cuota fija de percepción a los efectos de la repetida disposición transitoria primera de los Aranceles de 1916:

Considerando que la palabra "cuota" designa el Diccionario de Autoridades de la real Academia Española la parte o porción fija determinada o para determinarse, implica en todo caso lo mismo una cantidad alzada que un coeficiente numérico para determinar los derechos y al establecerse la distinción entre cuota fija y variable, no a otra cosa se alude que a la permanencia o disminución de aquel coeficiente, en relación con el valor del objeto sobre que se litiga, lo que es en absoluto independiente de la división en períodos de que habla la disposición transitoria del vigente Arancel:

Considerando que aun en distintas hipótesis no podría sostenerse la doctrina del Fiscal del Tribunal Supremo de que cuota fija es equivalente a cantidad fija, puesto que la diferencia de términos arguye diferenciación de conceptos, aun en el sentido vulgar y usual de las expresiones y la susodicha doctrina pugnaria hasta con la letra del Arancel, que cuando ha estatuido cantidades alzadas de percepción en ciertos asuntos, sobre todo en la jurisdicción voluntaria las ha distinguido con las palabras "tipo fijo" y no con la de "cuota fija":

Considerando que si se entendiera que la disposición transitorial del Arancel de 1916 no abarcó todos los casos de percepción, y, por consiguiente, el que ha dado lugar a este expediente, siempre resultaría que la prescripción de retroactividad, exclusivamente limitada a la percepción por períodos y no aplicable por sí sola a la percepción por cuotas, sean fijas o variables, no tendría razón de ser, pues el Arancel no podría dar efectos retroactivos sino sobre aquellas percepciones de las que especialmente se ocupa, siguiendo respecto de las demás el principio de la irretroactividad, consagrado por la ley y la jurisprudencia, máxime cuando el Arancel de 13 de Noviembre de 1916 no contiene cláusula derogatoria.

Considerando finalmente que, de afirmarse que el supuesto estudiado no estaba incluido en la disposición transitoria primera, vendría a confirmarse la justificación del procedimiento aconsejado para resolverlo, con la necesidad de completar la mencionada disposición en el extremo debatido.

La Comisión permanente del Consejo de Estado es de dictamen:
Que procede dictar una disposición de carácter general en el sentido de que las Administraciones judiciales de todas clases que se hallaban en tramitación