La Reforma (Madrid. 1898. Romero impresor) (1898-02-20 00:00:00), página 4

Ilustrado y respetable exiliado del Colegio de Abogados de Málaga, D. Francisco Galvey Mongrando.

Por la autoridad que goza el Sr. Galvey, persona de gran independencia y seriedad, sus artículos serán leídos con gran interés; tanto más cuanto no están incluidos por respeto de su autor ni inspirados en pasiones políticas, pues este distinguido Abogado nunca quiso formar en ningún partido político, y vive dedicado exclusivamente al estudio y al ejercicio de su noble profesión.

Al meditar sobre los propósitos y fines de este periódico, no puede menos de sentirse gran desconfianza de que un éxito feliz los premie.

Parece en vano esperar el remedio de los males públicos, cada día más grandes y afectivos, denunciando su existencia, discurriendo sobre su variedad e importancia, y mencionando las reformas que, según la opinión del escritor, pudiera aminorarlos y producir un estado menos imperfecto o más soportable.

Y, sin embargo, ¿cómo callar siempre á la vista de las irregularidades, de los abusos, de las ilegalidades y de los errores que á todos en general afectan? Imposible es permanecer en silencio constantemente, sin dar al ánimo siquiera la expansión y el relativo bienestar que producen las quejas, pétalos ó no en el vacío.

He aquí, pues, brevemente explicado el móvil que me impulsa á tratar de la muchedumbre de Abogados que pulula en el país, con general perjuicio, sin que los Gobiernos se preocupen de ella, cuando la convivencia común reclama medidas que pongan coto al exceso, y no parece difícil adoptar algunas sencillas y eficaces.

I

¿Por qué el Estado tiene á su cargo la enseñanza adecuada que habilita para el ejercicio de ciertas profesiones, ó se reserva, en cuanto á los alumnos llamados libres, el derecho exclusivo de aprobar sus estudios y el de concederles autorización para aquel ejercicio? ¿Por qué no existe en España la libertad profesional?

Los Gobiernos, entre otras altas misiones, tienen la de ser tutores de los pueblos, dice una antigua teoría de Derecho político; y como los pueblos, ó los individuos que los forman, son incapaces de hacer por sí mismos elecciones acertadas, cuando necesite el auxilio de un Abogado, de un Médico ó de un Farmacéutico, competentes y hábiles entre las personas que dediquen su actividad y su tiempo al estudio y práctica de las Leyes, la Medicina ó la Farmacia, es preciso que los Gobiernos, para evitar los perjuicios que ocasionarían las elecciones erróneas, no permitan el libre ejercicio de aquellas y otras profesiones, y que, en cambio, como representantes del Estado, del interés público, se cuiden de sostener establecimientos decentes en los cuales se adquieran la competencia y títulos indispensables para ejercer la Abogacía, Medicina, etc. De esta manera los habitantes del país no corren los riesgos naturales de elegir entre muchos que á sí propios se llamen Abogados ó Médicos, como podrían denominarse alfabeles ó carpinteros, sino que les basta saber que un individuo cualquiera posee el título oficial respectivo para dispensarse su confianza plena sin temor alguno y bajo la importante garantía que aquella posesión significa.

Tal es la teoría, base del actual sistema, y de ella se deducen dos consecuencias importantes:

Es la una que si el Estado expide los títulos, no á los que en rigor hayan estudiado con indudable aprovechamiento las asignaturas de antemano señaladas, sino á todos los que los soliciten después de pagar los impuestos establecidos y de cursar los años académicos con mayor ó menor rapidez, según sean alumnos libres ó oficiales, más atrevidos ó más tímidos, más influentes ó menos protegidos por personajes, y después de ligerismos, por no decir ridículos, exámenes, comete, si no el Estado, el Gobierno que sus destinos rija, respecto á los pueblos, sus pupilos, un insigne fraude, una verdadera estafa, porque habilitando para el ejercicio profesional á quien no es digno de este privilegio, engaña y defrauda al público, haciéndole creer que son Abogados, Médicos, etc., capaces y competentes, merecedores de la confianza general, muchos que sólo han aprendido en las aulas la manera de perder lastimosamente los años de su hermosa juventud, ó de invertirlos en satisfacer vicios deplorables.

Es otra consecuencia de la recordada teoría, que si el Estado tiene la obligación de facilitar á los pueblos profesores hábiles, debe cuidar, como todos los proveedores hacen, de que el número de titulados no exceda del reclamado por las necesidades públicas, ni sea exiguo ó deficiente, sino proporcionado en toda ocasión, para que nunca se note plétora ni escasez, ya que ambos extremos han de ser perniciosos.

Pues bien; en nuestro país, forzoso es confesarlo: el Estado ha cometido desde hace largos años, y comete á diario, puede decirse, multitud de los fraudes indicados, y lejos de atemperarse á las demandas de los pueblos para expedir ó no títulos, los despacha á granel, sin reparo alguno, con facilidad y ligereza tan extremas, que pedir más sería enor- me gollería.

Bien saben mis lectores que, por desgracia, no exajero. Limitándome ya desde este punto en adelante á los abogados, causa verdadero asombro el observar que todos los años salen titulados de las Universidades, entre muchos alumnos meritorios, gran número de ignorantes supinos ó de ineptos evidentes, que no saben cuál ha de ser su misión en la sociedad, ó que, si la vislumbran, no conocen ni el más rudimentario principio jurídico, ó conocen algunos de memoria, por simples referencias olvidadas á poco de aprendidas.

Estos licenciados en Derecho civil y canónico, meramente nominales, sólo saben que han llegado á ser abogados porque sus títulos lo dicen en letras impresas, muy legibles aun para sus ojos, poco habituados á la lectura. Tan estupenda noticia, que á ellos mismos causa admiración, les produce frecuentemente, no un lindable impulso de llegar, mediante estudios posteriores, á merecer la distinguida denominación lograda á poquísima costa; sino un ridículo engreimiento, porque su ignorancia ó inmobilidad, movidas del poderoso acicate del amor propio, les sugiere la idea de que han llegado á ser abogados por su aptitud especial, por su ingenio, por su esclarecido talento.

Realmente, si tres Catedráticos, hombres insignes en la esfera científica, se han reunido en cada asignatura, y después de haber visto uno de ellos á los alumnos en cátedra ocho meses, contestando mejor ó peor las preguntas diarias, ó no contestando nunca, ó de no habérselo visto jamás, porque hayan sido alumnos libres ó poco asistentes, han practicado el examen y han votado la aprobación, y luego otro tribunal académico les ha examinado nuevamente y concedido la licenciatura, no puede extrañarse, sino que debe admitirse como muy explicable, que los titulados más obtusos se crean luego verdaderos portentos, omniscientes, desde su aparición en el mundo, ó al menos ser dotados de unas disposiciones muy felices ó de una gracia ó no sé qué singular. El hecho, por ellos bien conocido, de haber llegado á la Licenciatura merced al peso de las influencias ó por benevolencia de los Catedráticos, no les hace melilla ni les mueve á variar su opinión sobre el propio mérito. ¡Tal es su ceguera incomparable!

En vano es, generalmente hablando, esperar que los que nunca estudiaran en sus años mejores, se apliquen después de conseguir el título, para recuperar lo perdido. Algunos así lo hacen, pero son los menos. La mayoría, ora porque no han adquirido el hábito del trabajo, ora porque, como he dicho, creen saberse todo, no estudian más tarde, ó si acaso se imponen á la ligera de cualquier punto de Derecho positivo, para dar su paletada en una cuestión jurídica ó en un asunto judicial de manera desastrada, y cuasi siempre en servicio de la malicia y del engaño; para cuya misión vienen desde las aulas preparados, porque precisamente deben sus títulos á una insigne superchería, á la de que han probado suficiencia para ejercer la profesión de un Cortina, de un Alonso Martínez ó de un Silva!

F. Galvey.

(Continuará.)

Se suplica á los señores suscriptores de la provincia de Málaga que deseen seguir recibiendo LA REFORMA, que envíen el importe de este trimestre al encargado de la Administración en la capital, D. Joaquín Martín Navarro, Juan de Padilla, 4.