El Foro español (Madrid. 1898) (1922-08-31 00:00:00), página 3

se encuentra perfectamente consolidado; mas corremos peligro de volver al mismo estado que hizo nacer la ley del 68. La Administración pública entorpecerá cada día más el normal desenvolvimiento de la jurisdicción ordinaria. Las competencias que plantea la Administración son casi barreras infranqueables; los mil delitos cometidos con ocasión de recaudación de arbitrios, los llevados a cabo por diversas entidades, encuentran, si no su impunidad, insólita dilación en las cuestiones previas a resolver. Las jurisdicciones especiales de Guerra y Marina ensanchan su cometido. El Tribunal Supremo ve desgajadas sus atribuciones por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, cuya desaparición pidió ya el togado D. Nicolás de la Peña y Cuéllar. La potestad de aplicar las leyes en los juicios civiles y criminales no puede corresponder más que a la jurisdicción ordinaria; sólo debe respetarse la del Senado y la militar para conocer de los delitos cometidos por militares en tiempo de guerra y que ofrezcan este carácter, como los de traición, desobediencia, insubordinación, con facultad de atracción para la ordinaria. Por lo tanto, el Consejo Supremo de Guerra y Marina debe ser sustituido por una sala que funcione en el Tribunal Supremo, integrada por Magistrados y Consejeros togados de Guerra y Marina.

La opinión pública, el ambiente social debe reforzar aquellas leyes que persiguen el fraude, el juego, los delitos electorales. Esta gloria de la Magistratura española, el actual Fiscal del Tribunal Supremo, en una de sus notabilísimas circulares de 14 de febrero de 1918, hacía resaltar la necesidad de poner freno a tantos delitos como se cometen a ciencia y paciencia de las autoridades. Pero en ellas, como en otras leyes de subsistencias, de profilaxis social, toda la energía del Juez vese enervada por la indiferencia colectiva. No; el moderno derecho social impone algo más que la persecución del que mata, roba o hiere; tanto como la extirpación del llamado vulgarmente criminal importa la de los que atentan contra la salud pública de una nación.

ALFONSO R. DRANGUET
Juez de primera instancia.

CODIGO PENAL DE 1870
concordado y comentado con todas las cuestiones y casos prácticos resueltos por el Tribunal Supremo en esta materia desde 1870 a 1908 inclusive, por el
EXCMO. SR. D. SALVADOR VIADA Y VILASECA
Presente que fue de la Sala de lo Criminal del Tribunal Supremo.
Ocho tomos, en 4º., de 894, 709, 612, 570, 465, 685, 640 y 676 páginas, respectivamente, 35, 36, 35, 36. En los buenos librerías. Los pedidos a los Hijos de Reus, Calzadas, 9.
* Se venden también los tomos por separado a los precios, respectivamente, de 11, 18, 18, 11, 10, 18, 12 y 12 pesetas.

OPINIONES SOBRE UN DECRETO
SECRETARIOS DE JUSTICIA

A defenderse o morir: este es el dilema.

No otra cosa revelan cuantas disposiciones se vienen dictando para la... organización del Secretariado judicial, hoy más desorganizado que nunca.

Sin los respetos debidos al Poder público y a su dignísimo representante en el Ministerio de Gracia y Justicia, habríamos de ser implacables en nuestra censura ante su Real decreto de 26 del próximo pasado julio.

No parece sino que los funcionarios de su departamento se pasan el tiempo jugando a... los despropósitos, tomando por cabeza de turco al paciente Cuerpo del Secretariado judicial.

Desde hace muchos años no vemos un acierto ni seriedad en cuanto se viene disponiendo en orden al Cuerpo Auxiliar. Sin duda tenía razón el ex ministro señor Francos Rodríguez al decir en su discurso en Burgos que los poderes directores han fracasado en España; y a confesión de parte, relevación de prueba. No indico siquiera—que sepamos—quienes principalmente son los causantes del fracaso, por lo que cumple a nuestro propósito insistir sobre asunto tan acotado. Principiando por hacer constar que en España no existe verdadera ciudadanía: que, como afirmó Silvela, éste es un país sin pulso, inconsciente y sin espíritu de justicia, el funcionarismo español es una de nuestras plagas por su carencia poco menos que absoluta de técnica. Su finalidad no consiste en prestar sus servicios a la sociedad y al Estado, sino en prestárselos a sí mismo.

Ahora bien: asistimos a un período de nuestra historia nebuloso, desorientado y voraz. Nadie sabe por donde camina ni adónde va. Resulta todo invertido, bastardeado; los gobernados resultan ingobernables, y el Poder público ha fracasado hasta el punto de dejarse gobernar.

Los ministros, preocupados y acuciados por los conflictos presentes, y singularmente ante la visión de un porvenir inquietante, abandonan gran parte de las funciones de su ministerio a los supuestos técnicos, que bien pueden decir: El Ministro soy yo.

Hay que echarse a temblar cuando a ciertos señores proclamados técnicos se les confían determinadas reformas, como la contenida en la soberana disposición objeto de nuestro estudio.