El Foro español (Madrid. 1898) (1922-10-15 00:00:00), página 4

intérprete a sus órganos, y si uno es el encargado de administrar justicia, las vicisitudes políticas le desprestigiarán y perderá la grandeza el ascendiente moral que el desarrollo del derecho perfecto lleva consigo, dejando de ser freno de la arbitrariedad, tanto más necesario cuanto más elevado se encuentre el conciliador del precepto escrito, ley que no debe ser aplicada por el juzgador mas que cuando responda a los principios morales del bien; la función de juzgar no es un derecho propio, ni una regalia; es una facultad delegada de la sociedad; el delegado ha de sobrepasar el mandato imperativo, aun a lo que pueda ser útil en el momento; la Justicia es absoluta, no relativa. Esta fue la fórmula del Derecho romano; por eso se le llamó la razón escrita, en que el jus gentium perfeccionaba el jus civilis.

II
Responsabilidad judicial.—Tribunales para hacerla efectiva

El Juez que teme a la responsabilidad no merece serio.
Bros. Juez aleman.

El proyecto de 1904 humanizó la incompatibilidad por tenencia de bienes propios o de los parientes, exigiendo que fuesen de importancia, a juicio de la Sala de gobierno del Tribunal Supremo, para impedir el ejercicio del cargo, y con más perfección también desarrolló la materia disciplinaria, pues comprendió y resumió otros manifiestos casos de corrección, ya que castigaba, no sólo los actos propios, sino la tolerancia indebida de los ajenos que causasen desprestigio, disminuyendo el esplendor y severidad de la Administración de Justicia.

Al tratar de la responsabilidad judicial entre las causas de suspensión, señaló como innovación la de que se secretaría al iniciarse el expediente de destitución, cuya suspensión se ordenaría por el Tribunal Senatorial de Responsabilidad judicial; sin embargo, internamente la Sala de gobierno del Tribunal a que perteneciese el inculpado podía suspenderlo provisionalmente cuando hubiese cometido faltas que diesen lugar a formación de expediente de destitución o relevación. En caso de relevación, el Tribunal Senatorial suspendería o no, según lo estimase pertinente.

La suspensión disciplinaria por casar con mujer nacida en la localidad o adquirir bienes, sólo se impondría en el caso de que el funcionario, al verificar esos actos, no los comunicase a los Presidentes de la Audiencia, Tribunal Supremo y Ministerio de Gracia y Justicia.

El proyecto hizo desaparecer la facultad del Gobierno de separar libremente al Ministerio fiscal, aunque no la traslativa.

Introdujo la plausible novedad de crear como fórmula de responsabilidad, más benévola que la destitución, la de la relevación, en la que se incurría por impedimento físico o intelectual, deber a fondos públicos, conducta que hiciese desmerecer en el concepto público después de tres correcciones, ejercicio de otra jurisdicción o empleo, caer en concurso o quiebra.

Podrían los relevados volver al servicio activo una vez desaparecida la causa; en el caso contrario, no se les privaría de los derechos pasivos; patió el rigor de las destituciones, y, como éstas, sólo se decretarían por el Tribunal Senatorial.

Suprime, pues, algunas causas de destitución ilógicas como las mencionadas, que en nuestra Orgánica sí lo son, y en los demás casos sustituye la frase podrán, que en ésta se emplea por la de deberán, evitando que, por una tolerancia malsana, permitiera continuar figurando en el escalafón de la carrera judicial quienes habían sido maculados por condena de pena afectiva o correccional que les desprestigiara, quebrados, no rehabilitados, etc.

El Tribunal Senatorial de Responsabilidad, conocería de los delitos que cometieran en el desempeño de sus funciones los Jueces de instrucción, Magistrados, etcétera, y de los hechos u omisiones que fueren bastantes para causar su relevación o destitución. También decidiría si el funcionario que sufrió una pena correccional y la cumplió o fué indultado, desmereció en el concepto general para en caso negativo volver al servicio. El Tribunal estaría formado por nueve Senadores letreados, Jueces propietarios y seis Senadores suplentes. No podrían formar parte los que fuesen entre si parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, ni los Magistrados en activo servicio, ni los que ejercieran la profesión de Abogado. Les serían aplicables las causas de recusación comunes a Jueces y Magistrados.

Sería elegido por el Senado en la sesión inmediata a su constitución definitiva. Cada Senador votaría tres Jueces propietarios y dos suplentes, y serían proclamados los que hubiesen obtenido mayor número de votos. De Secretario actuaría el Oficial mayor, si fuese letrado; caso negativo, el director del Diario de las Sesiones, Oficial de Secretaría o redactor del diario que a sus órdenes lo tuviese. Como Oficiales tendría a sus órdenes a los taquígrafos del Senado. El Tribunal elegiría un Presidente y Vicepresidente entre los elegidos, y comenzaría a actuar en el edificio del Senado.

El Tribunal se renovaría cuantas veces la parte electiva del Senado. Sus individuos podían ser reelegidos. El procedimiento se incoaría por providencia de Tribunal competente, a instancia del Ministerio fiscal o de persona hábil para comparecer en juicio.

El Tribunal Supremo, Audiencias, etc., cuando tuviesen noticia de algún acto que estimasen delictivo, ejecutado por Juez o Magistrado, etc., en el ejercicio de sus funciones, o de falta que fuese causa de relevación o destitución, lo pondrían en conocimiento del Tribunal Senatorial, oyendo previamente al Ministerio fiscal.

Los Tribunales, Autoridades judiciales, funcionarios a quienes incumbiese la vigilancia e inspección de Jueces, Magistrados e individuos del Ministerio fiscal, remitirán al Tribunal Senatorial cuantos datos o antecedentes pudieran influir en su relevación o destitución. Disuelta la parte electiva del Senado, continuaria conociendo de los asuntos pendientes y los posteriores hasta que se nombrase otro Tribunal al constituirse el nuevo Senado. El procedimiento se determinaría en la ley de Enjuiciamiento criminal. El Fiscal del Supremo ejercería las funciones fiscales en todas las causas y expedientes. Acordaría la relevación o destitución, según la convicción moral que formase. Exigía nueve votos y la conformidad de seis para que hubiese sentencia, imponiendo la pena a tenor de lo dispuesto en el Código penal, contra la que no se daría recurso alguno, y comunicando al Ministro de Gracia y Justicia la resolución, para que, sin demora, se excluyese del escalafón al relevado o destituido.