La Reforma (Madrid. 1898. Romero impresor) (1898-04-20 00:00:00), página 2

En cambio los empleados del Tribunal y los parientes y protegidos de los que mangonean estas cosas, han podido ser advertidos, lo cual es muy humano y muy corriente, y pueden haberse preparado con bastante anticipación, para llevarse por delante al infeliz que no está en el secreto.

¿No le parece al Presidente y á los Ministros del alto Tribunal, que esta suposición tan racional coloca en situación desigual á los opositores?

Si lo creen así, bueno fuera que se suspendieran esas oposiciones hasta resolver la mejor manera de efectuarlas en condiciones equitativas, y en paridad de circunstancias para los que á ellas concurren.

Aparte este caso especial, hay necesidad de estudiar y reformar algo de lo existente en materia de oposiciones.

La justicia, la equidad y el interés público lo reclaman.

LOS REGISTROS DE LA PROPIEDAD

Andaba la propiedad sin garantías y sin respeto. Los interminables litigios que tal situación producían, y el escaso crédito territorial que representaban los inmuebles, obligó á los Gobiernos á preocuparse de un mal que llegó á proporciones intolerables.

Tantos habían sido los perjuicios, tan profundas eran las raíces del mal y tan generalizado el defecto, que no pudo extrañar que la actual Ley Hipotecaria, y, sobre todo, el luminoso y grandilocuente preámbulo que la precede, que consideran los peritos como verdadero monumento legal, abarcara todos los problemas relacionados con la materia, en forma que cerrara para siempre el portillo que hasta entonces había hecho del inmueble, contra su propia naturaleza, la propiedad más insegura y deleznable de cuantas poseían los españoles.

Indudablemente se realizó, como pocas veces, una verdadera reforma, que, aunque susceptible de mejora y pulimento, puede constituir el orgullo de la Comisión de Códigos que la preparara y del Gobierno que la promulgó.

Pero como suele pasar siempre que se corrige un vicio inverterado y grave, ocurrió en este caso, que el afán, quizá la necesidad, de investir al Registrador de las mayores facultades, y al procedimiento de verdaderas garantías, llevó á nuestros legisladores al extremo de constituir el funcionario en tirano tan peligroso y molesto, como pudiera ser el vicio que se trataba de impedir, y de establecer reglas y procedimientos tan molestos y perjudiciales á veces, como lo fueron los pleitos y las cuestiones á que se prestaba la anarquía á que dio golpe de muerte la Ley Hipotecaria.

Era preciso facultar al Registrador para calificar extrínsecamente el documento presentado en el Registro, al objeto esencial de asegurarse sobre la capacidad de los otorgantes y sobre otros extremos no menos interesantes.

Reconocemos tal necesidad, pero creemos que ya que esta facultad no podía disputarse, debió ponerse al lado, el precepto que garantizara al público del capricho, de la terquedad, de la sutiliza, del equivocado juicio ó de la inmoralidad del funcionario.

No se hizo así, y hoy estamos tocando las consecuencias. El paso de las Termópilas es una broma inocente para lo que cuesta, por regla general, que pase sin dificultades un contrato cualquiera por el Registro.

Apelamos al testimonio de los Notarios y de los Abogados españoles, ya que no apelamos al de los propios interesados, y no habrá uno que no diga con nosotros que, aparte la excepción, la manera de proceder de la inmensa mayoría de los Registradores es contraria al espíritu de la ley, que quiso dar facilidades al propietario como único modo de fomentar el crédito territorial, tan decadido antes de la reforma.

Concedamos que en algunos casos lleven razón los Registradores; pero en general, hay que reconocer que ejercen una dictadura molestísima en perjuicio de la riqueza, de la contratación, de los Abogados y de los Notarios, sin beneficio alguno para nadie. Si acaso, ese sistema sólo puede beneficiar al que lo ejerciera como arma para ablandar al que tiene urgencia en obtener la inscripción.

Hay, pues, que reconocer que si existe la posibilidad de que el Registrador abuse de sus facultades, hay necesidad imperiosa de ponerle coto, y esto sólo puede ocurrir reformando el procedimiento.

Mientras una negativa del Registrador, tenga ó no fundamento, produzca un largo y algunas veces molesto expediente, y mientras esas reclamaciones sigan centralizadas en la Dirección de los Registros, de cuyo centro nos ocuparemos otro día, una de dos: ó el propietario tiene que buscar el modo más ó menos correcto de que sus escrituras no sean rechazadas cuando no contienen defectos importantes, ó tendrá que sufrir las molestias del expediente; disyuntiva que en buena lógica, nuestros lectores supondrán cómo se le resolverá.

Urge, pues, que los recursos, á que la negativa de los Registradores dan lugar, se resuelvan de un modo sumario en el plazo máximo de quince días. Si no se hace así, debe considerarse gravemente herida la contratación, y lesionados en alta escala los intereses de las clases intermediarias entre el propietario y el Registro.

Hemos de ocuparnos de este asunto con insistencia.

Minería.

El monopolio de los explosivos. Reclamación de los mineros.

La pesada tramitación que lleva este expediente, á pesar de los ofrecimientos hechos por el Sr. Puigcerver, preocupa, y con razón, á los interesados.

Como indicábamos en el número anterior, ahora le toca informar á la Intervención general, siendo muy probable que este importante centro se separe del criterio favorable de la Dirección de lo Contencioso y se oponga á la nulidad, aunque reconozca la razón que asiste á los reclamantes.

Decimos esto porque, aparte de las simpatías que todas las obras del Sr. Navarro Reverter inspiran á su protegido el actual Interventor general, es sistemático y, por lo tanto corriente, que la Intervención general se oponga á la nulidad de los contratos, cuando la nulidad puede introducir alguna variación en los presupuestos del Estado. Si además de esto la Sociedad que explota el negocio se agita y gestiona, como lo hará, y utiliza los medios que tenga á su alcance, no es exagerado pensar que, en efecto, el expediente ha entrado en el período más peligroso.

Hay, por lo tanto, que hacer un esfuerzo supremo que lleve al convencimiento del Interventor general y del Ministro que es imposible soportar el monopolio existente, y, sobre todo, que en nada se ha de perjudicar al Tesoro; esto es, que las cantidades calculadas han de ingresar indefectiblemente, lo mismo que si siguiera al frente la Sociedad explotadora.

Entendemos que la Unión Minera está en el caso de realizar las gestiones oportunas, garantizando al Sr. Puigcerver un ingreso igual al que hoy da la Sociedad, y si para ello hay que contar con la minería, debe convocarse inem-