El Notario (Madrid) (1852-07-12 00:00:00), página 2

dispensable usar por precepto de la ley, por respeto á la sociedad, por decoro propio y por miedo á las peregrinas bromas de los literatos y artistas dramáticos. ¿Cuánto les quedaría para subsistir? Pero demos por supuesto que fuera todo. ¿Que no lo será? ¡La condición del Escribano, cuál sería?

El Escribano jamás saldrá de su reducida esfera: no tendrá opción á premios ni ascensos, ni de sus servicios se hará ninguna mención honorífica; y si aspira á la gloria, optará por la Vera-cruz de nuestra redención. Las horas se las harán en vida los criminales encasados y los malcontentos pleiteantes, y después de su muerte, el Curá de la parroquia, y en cuanto á mercedes, ya se muere D. Enrique. La condición del Escribano vendrá á ser como la del viagero que emprende su camino por un callejón sin salida.

Mas el porvenir lo compensará todo si logra dicha en la otra vida; porque en esta ¿qué le espera? Miseria. Ha ganado lo absolutamente necesario para subsistir mientras su aptitud, probidad y fuerzas lo han permitido: no ha podido ahorrar nada, aun viéndose rodeado de privaciones, y llega la vejez que no le promete otros recursos que la mendicidad, y está ejercitada en un círculo más reducido que el que pueden formarse otros pordioseros, porque el Escribano en el ejercicio de su profesión se habrá adquirido un enemigo por cada asunto de que haya conocido, y estos enemigos no olvidando jamás sus pretendidos agravios, se gozarán en los sufrimientos y desgracias del desvalido exfuncionario de la fé pública.

Estas son las ventajas de la dotación, á mi modo de ver, con la cual podrá decirse del Escribano «No se morirá, pero se irá secando.»

Tratándose de la separación de atribuciones, debe considerar la clase esta medida como un mal positivo. Ella no tendería á otro fin que al de rebajar la consideración del funcionario ciñéndolo á un terreno limitado, y á la mayor parte perjudicaria en sus intereses. Me esplicaré.

Las utilidades del Escribano escriturario son las que mas desproporciones ofrecen á los individuos de la clase entre sí, porque dan el resultado de la combinación de circunstancias especiales según el país en que se ejerza la profesión. Supongamos que hay dos pueblos de igual vecindario y término: démosles mil vecinos y seis mil fanegas de terreno á cada pueblo; mas el uno tiene la propiedad dividida entre muchos al paso que el otro reconoce un corto número de propietarios porque su término lo absorben grandes posesiones, y que en cada uno de estos pueblos haya un Escribano. ¿Qué será el que autorice mas contratos? El que tenga mas dividida la propiedad indudablemente. Seis mil fanegas de tierra divididas en suertes de á seis unas con otras, constituirán mil propiedades que al cabo del año, malo ha de ser que no ofrezcan cien contratos, sean de traslación de dominio, arrendamiento, fianza, etc., y sus adherencias de testamentos, particiones de bienes, etc., que rendirán al Escribano una utilidad bastante para sostenerlo. Pero el otro pueblo tiene, por ejemplo, tres dehesas de señorío que componen cinco mil fanegas y solo quedan otras mil repartidas en particulares con la proporción dada: que las dehesas son una riqueza estancada que solo producirán tres contratos de arriendo á lo sumo cada seis ó nueve años, caso de que los colonos no continúen disfrutando por la taca: que las demás tierras podrán darle solamente diez escrituras por año, teniendo lugar en la misma proporción los testamentos, particiones y de- mas contratos, bajando considerablemente las utilidades del Escribano, que serán tanto mas reducidas cuantos menos sean las maneras que posean. ¿Qué hace allí el Escribano? Del movimiento de la labor y ganadería nada tiene que esperar, porque en los contratos de muebles y semovientes, aunque sean de la mayor importancia, no se exige formalidad de escritura, indispensable en los de bienes raíces, aunque el valor del objeto sea el más ínfimo. Siendo esto cierto ¿qué se promete el Escribano escriturario de este pueblo? ¿Podrá vivir de sus escrituras?

Siempre, y no puede menos de que así sea, existirá una diferencia notable en las utilidades de unos Escribanos comparados con otros, lo cual no podrá evitarse con ningún sistema general. Por consecuencia, ni la dotación ni separación de atribuciones las considero convenientes para el Estado, ni para los Escribanos. El primero se grabaría mucho, aunque diere poco, y los segundos con poco y sin otras esperanzas, nunca podrían ser hombres de las calidades que se exigen para sostener la dignidad del importante cargo que ejercen.

Un medio reparador, único y solo, existe en mi sentir para conciliarlo todo: el religioso pago de los derechos que devenguen los Escribanos en cuanto actúen de oficio; previa su liquidación por un tasador legalmente autorizado, con arreglo á los aranceles que se establezcan, si los vigentes no se considerasen apropiados. Esto sería tan equitativo, como razonable y justo es el celo con que nuestro Gobierno atiende al pago de los servicios de todas las demás clases del Estado; y siendo la nuestra no menos digna de la atención de ese mismo celo, porque también trabaja y su trabajo se convierte en utilidad y provecho de la sociedad, sería una inconsideración que por esta se continue exigiendo solamente á los Escribanos que presten sus servicios sin recompensa, para que á su costa contribuyan al desagradecimiento de los insultos con que es ofendida por el crimen, de cuya vindicación todos reciben beneficio.

Badajoz, 1.º de julio de 1852.
Domingo Benítez y Fatti.

PARTE OFICIAL.
Continúa el Real decreto que empezamos á publicar en el número anterior sobre jurisdicción de Hacienda y represión de los delitos de contrabando y de fraudeación.

Art. 19. Se inicia en el delito de defraudación:
1.º Introduciendo en territorio español genéricos estancados, o bienes sujetos al régimen de entradas, sin haber hecho al portador su declaración en la primera aduana, y pagado los derechos correspondientes.
2.º Alterando en calidad y en cantidad la relación de los mismos títulos que se introduzcan al presentar en la aduana las notas o facturas que los declaran en contravención á lo dispuesto en las instrucciones del ramo.
3.º Conociéndose genéricos títulos sin guías, certificados, sellos u otros signos comprobantes del pago de los derechos de entrada dentro de la zona ó territorio en que se encuentren situadas, o de la circulación de los mismos, á aceptación de aquellos signos, por la detención de los mismos genéricos sin el pro- pio requisito en el territorio donde las instrucciones lo exigen.
4.º Exportando efectos del reino sujetos al pago de derecho en las aduanas de salidas sin haberse satisfecho íntegramente, ó intentando hacerlo, y justificándose la tentativa por la aprehensión de dichos efectos ó de la guía de los derechos correspondientes, sin que los propietarios ó detentadores tengan las guías competentes para legitimar el traspaso ó la detención.
5.º Conociéndose ó trayendo en buque nacional ó en buque que arriba á puerto español genéricos sujetos al derecho de entrada que no estén comprendidos en las guías, registros o certificaciones de procedencia, cuando las instrucciones exijan estos documentos como requisitos indispensables para legitimar la intro- ducción.
6.º Defraudando ó intentando eludir el pago de los derechos de consumo, así en los puertos sujetos al derecho de puestos, como en los de libre ar- ticular, cuando éstos se hallen introducidos los genéricos gravados por este impuesto sin hacer la declaración ni aduana del derecho correspondiente, ya conducción ó entrada del ramo, distinta de la que en el momento de su entrada ya faltaba á aquéllos otro de los requisitos que para evitar fraudes se hallen previstos por las instrucciones y reglamentos del ramo.
7.º Alterando en cuanto á la calidad ó cantidad de los derechos imponibles las declaraciones ó manifestaciones del contribuyente que hayan de servir para garantizar la cuota del derecho de puestos ó de consumo, siempre que la declaración hubiera hecho un reconocimiento al Erario, conforme al 5 por 100 del impo- rto de los derechos correspondientes á la cantidad ó calidad de los genéricos declarados.
8.º Emitiendo la declaración que debe hacerse por la autoridad de la administración directa á la au- toridad u oficina que corresponda, previo el requeri- miento de la administración en la forma prevista en las instrucciones.
9.º Emisión de cualquier propiedad, contrato, sucesión, posesión u otro acto que esté sujeto á la ejecución del impuesto ó derecho respectivo en la referida declaración, y faltando en ella á la verdad de los he- chos, ó cometiendo simultáneamente los documentos que la sustenten falsedad.
10.º Cometiendo falsedad en los mismos docu- mentos.
11.º Por toda otra especie de violación de las re- glas administrativas que tengan tendencia manifiesta y directa á eludir o disminuir el pago de lo que legiti- mamente debe satisfacerse por razón de una contri- butción directa á indicar.
Art. 20. Se aplicarán los penas enunciados en el artículo 15, y cualesquiera otros comunes que se come- tan para ejecutar, facilitar ó encauzar el delito de contra- bando ó defraudación, se considerarán como de espe- cialísima gravedad, y se castigarán á la vez con las penas máximas tributarias, y en el mismo proceso. Sin embargo, cuando la seducción ó resistencia se haga á individuos del cuerpo de carabineros del reino, se remitirá á la jefatura civil ó militar del efecto- vo, para su determinación, y se tomarán las dispo- siciones militares, juzgándose por consiguiente á to- ros de seducción ó resistencia por los consejos de guerra respectivos, independientemente del delito de contrabando ó defraudación, y se decretará que se pague la pena de seducción ó resistencia á los indivi- duos de aquellos cuerpos.

CAPITULO III.
De las penas.
Art. 21. Las penas que se señalan por este de- creto á los delitos de contrabando y defraudación, se aplicarán en mayor ó menor grado desde el máximo al mínimo, según el número y entidad de las circuns- tancias agravantes ó atenuantes que concurran en el caso.
Art. 22. Son circunstancias agravantes:
1.º La calidad de empleado público en el delin- cuente.
2.º Que el valor de los genéricos aprehendidos, ó sobre que versa el proceso, pase de 2,000 reales si fueren estancados, ó de 5,000 si sólo prohibidos en los casos de contrabando, ó que el importe de los de- rechos defraudados pase de 6,000 reales en los delitos de defraudación.