El Foro español (Madrid. 1898) (1923-04-30 00:00:00), página 3

La contribución sobre utilidades, el Colegio de Abogados y su decano Sr. Bergamín

Una reciente circular de la Dirección general de Contribuciones dio motivo a que por las Administraciones de Contribuciones provinciales se inviten a los abogados, médicos, ingenieros, arquitectos, agentes de Cambio y Bolsa y corredores de comercio a presentar las declaraciones juradas concernientes a sus respectivas utilidades desde el ejercicio económico de 1920-21 hasta el 31 de diciembre pasado, y con tal motivo, justamente alarmados, los abogados de Madrid celebraron el día 19 junta general extraordinaria para ocuparse de asunto de tan vital interés para la clase.

A decir verdad, salimos tristemente impresionados de aquella reunión de hombres científicos.

Y decimos esto, porque nuestro decano, haciéndose cargo de la situación, nos contó un cuento «chino», con el cual quedó la asamblea tan satisfecha; todo porque no hubo momento oportuno para contar a los congregados la verdad. ¡Cualquiera se atrevía a ello! Aquel ambiente de convicción, mansedumbre y de pleitesía hacia nuestro ilustre decano hubiera hecho abortar en el acto la más ligera muestra de desagrado contra tan hábil como ilustre persona. Así somos los españoles, y así estamos.

Ahora bien; como en el decir la verdad no hay pecado, y además ella puede ilustrar sobre la cuestión a nuestros queridos colegas, ahí va, a la ligera, la historia del asunto.

La contribución sobre utilidades no es una cosa nueva, porque desde la ley de 27 de marzo de 1900 vino evolucionando en sentido progresivo, creándose el impuesto sobre el capital por la ley de 29 de diciembre de 1910, y dictándose tal número de Reales órdenes y circulares que no es del caso citar ahora, porque lo esencial, lo importante, lo que afecta a la clase de abogados, está recogido en la ley de Presupuestos de 29 de abril de 1920, cuyas disposiciones finales dieron lugar a la promulgación del Real decreto de 19 de octubre de ese mismo año, promulgándose entonces el texto refundido de la «ley reguladora de la contribución sobre utilidades de la riquezamobiliaria», dentro del cual, en su artículo 4.º, tarifa primera, apartado segundo, inciso letra E, se dispuso lo siguiente:

«Los abogados, notarios, médicos, ingenieros, arquitectos, agentes de Cambio y Bolsa y corredores oficiales de comercio, el 5 por 100 de sus «ingresos profesionales».

El gravamen de este epígrafe no será exigible sino en cuanto la cuota al 5 por 100 exceda de la del Tesoro por contribución industrial...»

En una palabra; tuvimos incluidos los abogados en la contribución sobre utilidades, que sin el concurso del capital se obtengan en recompensa de servicios o de trabajos personales a que se refiere el concepto primero del artículo 1.º de esa misma ley.

Como el reglamento que regía entonces era el de 18 de septiembre de 1906, y la evolución y revolución tributaria originada con esa ley fue enorme, era riguroso esperar a las disposiciones reglamentarias que marcaran el procedimiento a seguir en la materia; pero lo cierto es que por el artículo 20 de esa misma ley se previno lo siguiente:

«Los contribuyentes del epígrafe E del número segundo de la tarifa primera del artículo 4.º, deberán llevar con las formalidades reglamentarias un libro registro de todos los «ingresos» profesionales, y presentarán <anualmente> a la Administración declaración jurada de la suma de aquellos.»

La cuestión, como se ve, es clarísima. Desde mayo de 1920 venimos obligados a tributar por tal concepto y en la obligación de presentar declaraciones juradas anuales de nuestros «ingresos» profesionales.

Por esto es de lamentar que con una habilidad digna de mejor causa y oportunidad, el día 19 se desviara la atención pública de los señores colegiales, diciéndoles que ahora se trata de dar efecto retroactivo a la ley, cuando no hay tal cosa, y lo único ha sido que la Hacienda pública observa una benevolencia grande hacia esta clase de contribuyentes, sin duda, porque aún no están regladas las formalidades de los libros o libro registro a que alude el artículo 20, ya citado.

¿Han olvidado nuestros queridos colegas que el ilustre decano, el señor D. Francisco Bergamín y García, era ministro de Hacienda cuando por aclamación le elevamos a tan honroso sillón? ¿No creen mis queridos compañeros que era entonces el momento más oportuno para haber obtenido del Ministerio de Hacienda una disposición reglada para atemperar a ella nuestra conducta? ¿Qué menos podríamos esperar, una vez sancionada la ley, que, como tal, debe ser atacada y cumplida por todos, ya que en esas Cámaras legislativas llamadas a desaparecer, estuvimos huérfanos de toda defensa?

No se hizo nada de eso; pero, en cambio, llegó la