El Foro español (Madrid. 1898) (1923-08-15 00:00:00), página 4

antaja que existe algún error, alguna parte de error, o, si se quiere, alguna ofuscación en el criterio y normas que desprende la nota.

Posible es que el error esté de nuestra parte y que sean la falta de pericia o la carencia de aptitudes las que nos induzcan a juzgar con desacuerdo; pero aun a fruición de llevar el condigno castigo por nuestra osadía se hace preciso que expongamos las razones en que apoyamos nuestra opinión, ya que no basta decir que hay error en un extremo dado para probar que tal error existe.

Y a las razones vamos a apelar. Afirmase en la nota oficiosa de ese ministerio que ni en la letra ni en el espíritu de la Ley de Libertad condicional se estatuye que haya de computarse el tiempo remitido por indulto para la aplicación a los penados de los beneficios que por la misma se les otorgan.

Y nosotros preguntamos al señor ministro y a la Junta central: ¿Se dispone, se estatuye lo contrario? Es decir ¿Hay en la ley un artículo, un apartado, una palabra que establezca que no debe computarse?

Nosotros no lo hallamos. Y la ley establece, y la práctica de los Tribunales lo corrobora, que en la aplicación de cualquier gracia de indulto se opte por el criterio de mayor benevolencia cuando se conmuta, por ejemplo, una pena por otra inferior, a cuyo grado mínimo se remite la en que queda el agravado.

De aquí podemos inferir que si en la ley de Libertad condicional no se establece que no haya de computarse, para la obtención de sus beneficios, el tiempo remitido por indulto, la práctica y la ley exigen que ese tiempo se compute.

A otro extremo: Las penas, según la ley, se extinguen por muerte del sentenciado, por cumplimiento de las mismas «o por indulto». Luego el indulto, señor ministro, señores de la Junta asesora, es una forma legal de extinguir la pena. Luego quienes por el tiempo pasado en prisión y por los beneficios de un real decreto lleven «extinguidas» las tres cuartas partes de su condena con buena conducta, vida laboriosa, etcétera, tienen derecho a disfrutar la libertad condicional, sopesa de que el articulado de la ley tenga un sentido cabalístico que nosotros no alcanzamos por profanos.

Y tal sentido cabalístico parece que quiere dársele al afirmar concretamente que el tiempo extinguido por indulto no es computable.

Si no es computable, señor ministro, señores de la Junta central, ¿qué realidad, qué eficacia tuvo el real decreto de indulto?

Porque si por imperio de la ley de Libertad condicional se concede al penado la remisión condicionada de la cuarta parte de su pena, para no obtener sino esto, no hacía falta alguna el decreto. Ello es evidente. Y supondría una burla sangrienta para los pobres reclusos (los más necesitados de piedad) que manos augustas sancionaran una gracia para que interpretaciones casuísticas vienesen a negarla.

El decreto de 25 de abril de 1921, del señor Piniés, nos parece bien terminante. Su artículo 3.º no deja lugar a duda. Destruye en absoluto la especie de que no es computable para la aplicación de la ley de Libertad condicional el tiempo remitido por indulto, mejor dicho, «sus tres cuartas partes».

Y si todo esto no se respeta, no se tiene en cuenta, habremos de convenir en que impera un criterio restrictivo, que a muchos puede parecer atribiliario.

Remitiéndonos a los reales decretos de libertos en la colonia penitenciaria de Ceuta, hallariamos precedentes de generosidad y de clemencia bastante más amplios que a los que aspiran los reclusos actuales

Con el criterio de la Junta central, a las penas más graves no vendría a alcanzarlas por la ley de Libertad sino unos cuatro años.

Pero dejémonos ya de argumentos legales, puesto que por hoy nos parecen suficientes los apuntados. Todavía hay más, y de ellos haremos mención oportunamente, si ésto no basta para decidir a un más amplio criterio.

Creemos sinceramente que no se puede sostener por más tiempo esa posición, un poco ofuscada, un mucho impía, que niega al penado los beneficios otorgados en la ley. Para nosotros es de una evidencia meridiana que con ello se comete injusticia, y que en el espíritu y en la letra de lo estatuido no falta claridad para estimarlo así.

Al buen juicio de los intérpretes legales entregamos la cuestión, seguros de que no habrán de defraudar las esperanzas redentoras de tantos desdichados que ansían volver al seno de los suyos.

La penalidad prolongada años y años no conduce a nada práctico. Ni corrige ni redime si en el espíritu del delincuente no se hacen florecer nobles sentimientos al calor de nobles impulsos que puedan producirlos. Y ningún penólogo se atreverá a afirmar de plano que el castigo frío, un poco sevítico, de la prolongada reclusión en presidio, sirva para regenerar en ningún caso.

Por la esperanza, por la fe en el premio que se concede a la bondad demostrada, máxime si ese premio es el imponderable de la libertad, podrá obtenerse, en cambio, frutos fecundos; que quien se habilita a obrar bien suele encontrarse mejor hallado en su nueva vida y no quiere retornar a la de sobresaltos y sinsabores que antes arrastrara.

En el orden social hallaríamos también razones que aconsejan el criterio de amplia clemencia en que