El Foro español (Madrid. 1898) (1920-10-15 00:00:00), página 5

El recurso de nulidad por abuso de poder de la Administración.—Sus requisitos.—La firmeza de la resolución reclamada.

Es sabido que, según el artículo 1.º de la ley, la Administración y los particulares pueden interponer recurso contencioso-administrativo contra las resoluciones administrativas que reúnan los requisitos siguientes:
1.º Que causen estado;
2.º Que emanen de la Administración en el uso de sus facultades regladas; y
3.º Que vulneren un derecho de carácter administrativo establecido anteriormente en favor del demandante por una ley, un reglamento u otro precepto administrativo.

La primera diferencia que surge entre el recurso de plena jurisdicción definido en el artículo transcripto, y de nulidad por abuso de poder, es la necesidad imprescindible al primero de que exista un acto, una resolución que impugnar; en tanto que el segundo puede darle origen precisamente la carencia de resolución por negativa de la Administración a dictarla, o de hacerlo en un momento determinado, disfrutando ilegalmente.

Que en ambos supuestos existe un abuso notorio de poder, produciéndose con él un agravio al individuo, parece evidente, y de tan clarísima evidencia, que no perdonaría fallos garbos con explicaciones y comentarios, por lo innecesarios, enojosos. Si se daban los demás requisitos, que más adelante se comentarán, en los casos de negativa o retardo en el plazo legal, el recurso de nulidad sería viable, no obstante la inexistencia de resolución, y el artículo 1.º, al describir el recurso contencioso, habrá de comprenderlo en párrafo aparte.

Exige la ley, en primer término, que la resolución impugnada cause estado y, ciertamente, en abstracto nada hay que oponer a tal condición, y ella es exigible lo mismo en el recurso, según hoy rige, que en el de nulidad por abuso de poder. Pero si ambos son garantías contra el yerro y la demasia de la Administración, la garantía es en tanto precaria y raquítica para el ciudadano, si no se determina a priori cuándo las resoluciones son firmes y cuándo contra ellas no cabe recurso en la vía gubernativa, no resolviendo, ni mucho menos, la cuestión el párrafo primero del artículo 2.º de la ley, ni el artículo 2.º del reglamento para ejecución de ella, de 22 de junio de 1894.

De buena gana plantearía extensamente la cuestión de las apelaciones o alzadas en la vía gubernativa, si no temiera dar demasiada extensión a este trabajo. Doctrinalmente no tiene razón de ser. Si los organismos de la Administración están coordinados, en buenos principios, todos los llamados a resolver deben hacerlo de la misma manera, puesto que la Administración es una y a nadie conduce reírse la decisión de uno mismo. Y si esa decisión puede ser revocada, la lógica de los principios demanda que la revisión del expediente y la revocación se efectúe por potestad ajena a la Administrativa, actuando como soberana entre la Administración y el particular. Carece de práctica finalidad la alzada en vía gubernativa; es solamente, fuero de centralismo, avaro de jurisdicción, negado a reconocer, sino a la forzosa, autonomía y eficacia plena a los actos de los órganos y personalidades en peculiares esferas.

(Continuará).

EL CODIGO PENAL DE 1870.
corregido y comentado por D. Alejandro Orozco y Gómez de la Serna, ex Presidente del Senado, del Consejo de Estado, miembro de la Real Academia de Ciencias Jurídicas y Políticas, Presidente de la Academia de Ciencias Morales y Políticas, etc., etc., ex Presidente de la Academia de Jurisprudencia y del Consejo de Estado. Segunda edición de este Código, corregida en el y en comparación con los extranjeros.—Este tomo, 600 pesetas. Principales librerías y su casa en el edificio Conde de Aranda, 22.—Madrid.

LA MEMORIA DEL FISCAL (1)

II

La política y los Juzgados y Tribunales.

Al discurrir sobre este tema, he de recordar, Exce- lentísimo señor, un fenómeno, que nos explicaríamos muy mal si no nos trasladáramos a aquella sociedad y nos penetráramos bien de su modo de ser y costumbres.

Sin garantía alguna escrita en la ley, que, al contrario, era prodiga en exigencias; de consiguiente, sin inamovilidad, con responsabilidad efectiva mediante aquellos juicios de residencia, verdaderos expedientes de vita et moribus de todo Juez o Magistrado, fuera cualquiera su categoría y de que hemos hablado; bajo aquella inspección férrea del Consejo de Castilla, con facultades gubernativas y de justicia tan ilimitadas, que omisión medio y sin más instrucción que una queja del litigante, que le parecía fundada, anulaba revévedos abusivos de los Corregidores o Alcaldes mayores y de las Chancillerías o Audiencias, velando siempre por la pureza del procedimiento, el funcionario judicial y fiscal tenía un maximum de garantías que en vano ha procurado recabar en otros tiempos en que menudean las disposiciones, al parecer, más favorables a los mismos, pero prácticamente de perfecta inutilidad.

¿A qué fue debida esta contradicción entre la ley y los hechos?

Todos dan la siguiente contestación: A la ingeren- da de la política en el personal de justicia.

Todavía viven, aunque en retiro forzoso, honorables funcionarios que presenciaron aquellos ominosos períodos en que los cargos de Juez y Promotor fiscal—y algo de eso pasaba respecto a los puestos superiores y más elevados de la carrera—eran asimilados al de un peón caminero o Administrador de Correos, enton- ces, por excelencia, los amovibles, siendo taro el de aquellos en cuyo expediente personal no figuraran diez o doce cesantías inmovilizadas.

Cada partido político tenía su baraja de Jueces y Promotores, y como en España puede decirse que los Ministerios en general eran de corta duración, excusa- do manifestar lo contingente de un cargo que requiere por todos conceptos la mayor seguridad.

He conocido a un digno Magistrado que su ingreso en la carrera lo debía a tal estado de cosas; a conse- cuencia de un cambio de situación, el futuro Diputado de un pueblo se presenta en el Ministerio de Gracia y Justicia con la pretensión de que se deje cesante al Promotor, que había sido su adversario en unas elec- ciones.

¡Bien!—se le contestó—pero ¿a quién quiere usted que se nombre en su lugar?

No esperaba la pregunta, y, vacilando algo, se le vino a la mente un compañero de carrera e indicó a aquél, cuya bondad no le impidió estar cesante durante los siete años de la Revolución de Septiembre.

Todavía perduraron en pleno imperio de la ley Orgánica, efecto de las dilaciones que experimentaban los expedientes sobre declaración de inamovilidad de los no ingresados por oposición, aquellas hormigadas de traslados, retrocesos en la categoría, etc., motivadas por dichos cambios, aunque no con los caracteres agu- dos anteriores al 1870; tal estado de cosas cesó casi en absoluto por virtud de lo dispuesto en el art. 1.º del Decreto-ley de 24 de Septiembre de 1889, después del que resultan equiparados en cuanto a garantías todos los funcionarios, sea cualquiera el modo de ingreso, y cesa la actuación de aquella Junta calificadora, crea- da a raíz de dicha ley, siendo reemplazada por otra con funciones distintas.

Digo que tan desplorable situación desaparece casi y

(1) Véase el número anterior.