El Foro español (Madrid. 1898) (1919-09-30 00:00:00), página 2

DISCURSO DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPREMO

El Presidente del Tribunal Supremo, en el discurso leído en el solemne acto de la apertura de los Tribunales, no se ha concretado a cumplir el precepto legal; su patriotismo y su amor a la justicia le han llevado a plantear un tema de palpitable actualidad para cuyo examen era necesario tener el valor de decir algunas verdades, que valor se necesita para ello en estos tiempos de convencionalismos y fingimientos; y aquel dignísimo Magistrado, en su meritoria labor, al examinar el estado de relajamiento de la jurisdicción penal en nuestra patria para proponer los medios conducentes a realizar su prestigio, que tal ha sido la finalidad de su discurso, ha dicho, en efecto, toda la verdad a los que debían mandar y no mandan y a los que debían obedecer y no obedecen, en términos que, si otros méritos no tuviera su trabajo, no es posible negarle el de la sinceridad.

Y otros méritos hay que reconocerle, entre ellos, el de la oportunidad. Hoy que tanto se desvaría; en que la acción demoledora de la organización social tiene tantos adalides y el Poder público tan pocos defensores; en que parece que haya un verdadero empeño en desorganizar, en desquiciar, en destruir, sin saber siquiera de dónde han de sacarse los materiales para la reedificación, es obra útil y oportuna la de quien, con la autoridad que le dan sus méritos y su cargo, pone de manifiesto las consecuencias que para la ordenada existencia de la familia social tiene tan desatentada conducta.

La justicia penal está enferma en nuestra patria; muchos delitos quedan impunes o porque no se pronuncia la pena o porque, aplicada, no se cumple total o parcialmente; y constituyendo la coacción el medio de hacer efectivo el derecho, el orden jurídico está perturbado, ni la vida, ni el horror, ni la propiedad ni el organismo social tienen la debida garantía.

Esta triste verdad es la que pone de manifiesto el Presidente del Tribunal Supremo en su discurso, examinando con exquisita imparcialidad y sin prejuicio alguno de escuela las causas y los efectos del fenómeno social para terminar indicando los remedios que considera adecuados al restablecimiento de la normalidad en este sector de la esfera del derecho.

En genéricas y específicas divide el digno magistrado las causas productoras de la anormalidad. En cuanto a las primeras, de imposible enumeración porque respecto a ellas pudiera repetirse «todos en en él pusisteis vuestras manos», señala la enervación del Poder público y la especial de la función puni tiva.

En elegantes periodos examina la honda crisis que está atravesando el organismo social y el Poder del Estado desde la revolución francesa. «El Poder del Estado, dice el disertante, se ha mantenido en constante equilibrio de transacción y por justas unas veces, y por irresistibles otras, las reivindicaciones de la masa se han logrado a costa de revoluciones y batallas en las que la potestad pública ha perdido no poco de su vigor, haciéndose en su prestigio enormes jirones». A esto añade la consideración del hecho real de que cada día se ve solicitado el Estado a intervenir en nuevos menesteres, transformándose el antiguo Estado gendarme en Estado providencia, hasta el punto que la relajación de su Poder y la extensión de su esfera de acción han originado su debilidad, en términos, que oposiciones y sindicatos y Juntas de defensa se sobreponen al mismo, no dejándole más que el nombre y las insignias que ostentan los que lo ejercen. Claro está que esta debilidad del Poder del Estado ha de repercutir necesariamente en la jurisdicción penal.

Para fijar la segunda causa genérica de la enervación de la función punitiva, se coloca el culto disertante en un punto de vista que, en mi concepto, no es el único ni el principal, pues atribuye el fenómeno a la honda transformación que desde Becaria se ha operado en el espíritu público acerca de la naturaleza y fines de la pena; y respondiendo nuestro Código a un sistema penal a base del sufrimiento del reo, cree el disertante que «en la transición de este al nuevo régimen se rehuye castigar cuanto es posible para sustituirlo por curar y enmendar lo más que se pueda. Por eso, de releyo, se procura en no pocos casos estorbar, dislocar o hacer ineficaz la jurisdicción, ya desorientando a los Jueces y a la Policía judicial, ya incumpliendo el deber de formular denuncias, ya negando la cooperación por medio de testimonios o falseándolos, ya buscando la impunidad en veredictos escandalosos de inculpabilidad, o estando siempre propicios a pedir indultos y amnistías con olvido de que la sociedad, al castigar, cumple un deber primordial para su propia conservación».

A la causa apuntada por el disertante me permito añadir la de que ello, en realidad, más bien se debe a la aversión de cierta parte del pueblo contra toda actuación del Poder público; a la cómoda y egoísta actitud de quienes todo lo esperan del mismo sin prestarle por su parte la debida cooperación; a la desconfianza, al fin justificada, en la actuación del Organismo judicial; y, ¿por qué no decirlo? a la falta de consideración y de cortesía con que en no pocos casos se trata a los que, si las encontraran, le pres- tarían la debida asistencia.

Al lado de la llamada justicia histórica han brotado las que el disertante llama popular, individualista societaria y política.

La justicia popular que, en su forma más primitiva y espontánea, es la que aplica la ley de Lynch, constituye, ya regulada, la institución del Jurado, cuya actuación en nuestra patria estudia detenidamente, consignando sus innegables deficiencias y señalando las reformas que debieran introducirse en la ley para procurar evitarlas. Las atribuye a defectos de organización y a error en la fijación de la esfera de su competencia.