El Foro español (Madrid. 1898) (1920-04-30 00:00:00), página 3

las funciones que le son propias; y c) No sometiendo a su conocimiento delitos de cierta índole, que pugnan con la naturaleza y carácter de esta institución.

En cuanto a su organización, como institución popular que es, deben formarlo todos los ciudadanos, sin distinción de clases, exigiendo sólo la instrucción elemental indispensable y una moralidad y honradez intachables. Por eso, aunque el actual sistema es defectuoso, le considero preferible al sufragio, que proponen algunos, con tal de que se complementase con los oportunos informes fidelígnos, dados bajo la responsabilidad del informante, respecto a la honradez y moralidad de los que figurasen en las listas, y se restringiese la facultad de recusar sin causa, para evitar los abusos escandalosos que cometen los defensores eligiendo jurados a su gusto.

Por lo que se refiere a su actuación, la distinción entre el hecho y el derecho es muy sencilla, a pesar de que los más ilustres escritores opinan lo contrario (1).

Pero no es esa la cuestión: lo que importa no es distinguir el hecho del derecho, sino el sentido común del sentido jurídico. El primero es patrimonio de todos los hombres; el segundo corresponde a los técnicos en derecho.

La noción de culpabilidad es de sentido común, y por tanto, de la competencia del Jurado; pero, enténdamónos, solamente el concepto general de culpabilidad, no la culpabilidad específica de cada caso concreto, con las circunstancias que concurran para calificar el delito.

Yo sé cuando estoy enfermo, porque el concepto general de enfermedad o malestar es de sentido común; mas si quiero saber qué enfermedad tengo y curarme, llamaré al médico, que es el que puede decirme cómo técnicamente prescribirme el remedio.

Nada más razonable, pues, que la primera pregunta que formula el art. 76 de la ley vigente: «¿N. N., es culpable... etc.?» En cambio, someter al Jurado cuestiones de tan delicado tecnicismo como la de si un individuo es imbecil o loco, si obró o no impulsado por fuerza irresistible o miedo insuperable, con discernimiento o sin él, es, sencillamente, absurdo. Tales problemas sólo pueden ser resueltos por psicólogos y psiquiatras... cuando logran resolverlos.

Es más, hasta he visto preguntar al Jurado en causas en que interviene como defensor, si un procesado era mayor o menor de diez y ocho años. ¡Obrando en autos su partida de nacimiento!... Otras veces si tenía parentesco dentro de tal o cual grado con determinada persona, y cosas semejantes.

Esto es una enormidad, un desatino.

La misión del Jurado, si no quiere sacarsele de sus funciones propias, ha de quedar reducida a la afirmación escueta de si el procesado es culpable o no, pudiendo apreciar, en el primer caso, algunas cir-

cunstancias objetivas (escalamiento, rompimiento de paredes en los robos, por ejemplo), y acaso otras de distinto carácter que sean de general o fácil determinación, como la embriaguez, vagancia, requisitos de la defensa, etc. Porque en caso de inculpabilidad, todas las demás preguntas huelgan, y si el veredicto establece la culpabilidad, la resolución de los problemas jurídicos que de ella se deriven incumbe al Tribunal de derecho. Prueba de ello el sin número de contradicciones que a cada paso se observan, al afirmar la culpabilidad y reconocer después la existencia de una o varias eximentes, o declarar la inculpabilidad con agravantes, que también se han visto casos (1).

Respecto a su competencia, la propia naturaleza de dicha institución popular exige que no se le sometan delitos de carácter pasional. Estos hechos requieren una frialdad y desapasionamiento en el juzgador que están muy por encima y muy lejos del instinto popular, fácilmente sugestionable. El error funestísimo de no creerlo así, ha creado el tipo, repugnante y cobarde, del chulo matador de mujeres, que de modo tan magistral nos describe D. Federico Oliver en su emocionante comedia «El crimen de todos».

He aquí, pues, la sencillísima solución del tan debatido problema del Jurado:

A) El Jurado debe subsistir mientras subsista la necesidad de la función que lo creó. La implantación de las nuevas teorías acerca del delito y de la pena, el carácter indeterminado de ésta, las reformas del procedimiento y del régimen penitenciario, serán los factores que contribuyan a su transformación o que impongan su sustitución por otros organismos más adecuados.

B) Mientras esto no suceda, debe organizarse con ciudadanos cuya probidad y honradez conste debidamente; pero sin exigirles condiciones especiales de cultura.

C) Su competencia ha de limitarse al conocimiento de aquellos delitos que la práctica demuestre que no quedan impunes por su actuación, sustrayéndole, desde luego, los llamados pasionales (adulterio, homicidio por amor o por celos, duelos, riñas, crímenes sociales o anarquistas, atentados a la autoridad, etc. (2).

D) En el veredicto se determinarán únicamente las cuestiones de hecho que no consten de un modo

(1) Santamaría de Paredes, entre otros muchos. Sin embargo, la diferencia está bien clara. Si yo preguntó al Jurado simplemente: ¿«Fulanito mató a Mengano?», someto a su juicio una cuestión de hecho. Pero si digo: «¿Es culpable de haberle matado?», y más aún si añado las circunstancias que concurrieron, le pido ya un juicio de derecho.

(2) Con motivo de estas respuestas contradictorias, tuve yo ocasión de sostener ante el Supremo, en una causa de guerra, un recurso fundado en que apelaban sin causa y contra personas inocentes. El recurso prosperó porque los que parecían contestadas contradecían otras contestadas afirmativamente, y aun entre la primera y la segunda parte de alguna de ellas había también contradicción, no encontrando el Jurado otro medio de salvar este escollo. Es, no obstante, el caso más extraño y anómalo que se me presentó en los diez años que ejercí la carrera.

El pueblo juzgará siempre con lenidad estos delitos, porque hasta suele mirar con simpatía a los autores de muchos de ellos. La pasión no puede juzgarse con apasionamiento. Por eso tampoco deben ser los profesionales los que conozcan de las causas por hechos que atenca a determinadas instituciones, ni menos los que se juzguen a sí mismos. Estas razones son las que principalmente condicionan el fuero militar y todos los especiales, de los que tal vez me ocupe en otro artículo.