El Foro español (Madrid. 1898) (1920-11-30 00:00:00), página 5

APERTURA DE TRIBUNALES

DISCURSO DEL PRESIDENTE DEL SUPREMO (1)

No bastan, a mi juicio, estos precedentes ni la tendencia novísima en los tratadistas, para hacer del recurso de nulidad por abuso de poder un recurso pro legalidad y de acción popular. No son suficientes aquellos proyectos para modificar mi convicción, porque se trata de una esfera—la de la Administración municipal—de reducido radio dentro de la actividad de la Administración, sin contar con que en ella el derecho o el interés no son tan inconcretos y difusos como a primera vista pudiera creerse. El vecino, el propietario, el contribuyente local, tienen tan recio el ligamen con la vida local corporativa, que ni aquellos pueden dar un paso sin sentirlo, ni ésta actuar sin hacerle palpable. En otras ramas la Administración será pulpo, como muchos piensan; pero seguramente lo pensaba de la vida municipal el señor Maura cuando la comparaba con la túnica de Neso. Por ello no repugna que el contribuyente o el propietario o el vecino tengan acción contra los actos de las autoridades municipales para reclamar, mediante el recurso jurisdiccional, la nulidad o invalidación de los mismos. Pero, ¿y en el piélago de lo económico administrativo y de lo de Fomento? ¿Quién podrá instar en liquidaciones por timbre y utilidades, en concesiones de perfecciones mineras o de aguas o aprovechamientos forestales—y así cien mil—para demandar declaraciones de nulidad e insubsistencia de las resoluciones, sino los a quienes afecten y a nombre de sus derechos o intereses particularizados? Y si no se hable de aquella zona donde el acto administrativo es regado por y para el interés o el derecho de los individuos, como en los asuntos llamados de personal y clasificación; que fuera hasta risible autorizar a otra ingeniería en negocios que sólo importa a la acción personalísmica para defensa de cosas, la mayor parte de las veces intransmisibles. Antes he aludido a que el problema hay que verlo, no en el plano ideal de la teoría, sino en la realidad, limitada por mil factores contrapuestos; y si en aquélla puede y debe darse toda consecuencia del principio de la Administración función, actuando en la legalidad o enfrentada por el recurso, en lo real se corren tantos riesgos con declarar pública la acción jurisdiccional de nulidad, como declarándola sólo visible en la jurisdicción retida. Con ésta desaparece la garantía del individuo ergiéndose en prepotente tirano la Administración y odioso juez y parte; más con la acción popular y el recurso pro legalidad, la vía contencioso-administrativa sería, mediante el recurso de nulidad por abuso de poder, la panoplia don de abastecer de armas al egoísmo al despacho, al rencor, a la concepiscencia y hasta al divertimiento de una ciudadanía ineducada, inculta y sin divismo. Desde el arbitrista iluso hasta el especulador en enredos, cohechos y chantajes, toda la fauna roedora, rabulesca e inmoral, tendrá el instrumento adecuado para vivir a costa de la Administración, so pena de esforzar todos sus pasos hasta cansarla y rendirla.

Si no es factible invocar la equidad para hacer viable el recurso jurisdiccional; si ha de ser a nombre, no de la justicia abstracta, sino de la legal—en el recurso de nulidad la legalidad formalista—, como se consolida el triunfo de la garantía del ciudadano, ni es lógico ni justo hacer de la garantía una patente en curso para que el capricho o la pasión de cualquiera embarque el ministerio social de la Administración. Sólo la educación, la cultura y el civismo, saben demandar con razón, preservar con serenidad y exigir con noble firmeza cuando con el Poder se dialoga. Será un colmo de temeridad que en este país donde cada ciudadano está tocado de vena individualista, exaltado hasta lo anarqui-

zante, se diere forma legal a un procedimiento para que surjan Quijotes de la legalidad, haciendo imposible toda empresa y todo servicio público. Estas consideraciones, ligeramente esbozadas por apremios de espacio y porque vuestra competencia no exige mayor expresión en ellas, son el apoyo de mi convicción de que, así como el recurso de plena jurisdicción exige un derecho preexistente, siendo cuestión de fondo examinar si ese derecho ha sido o no lesionado (1), el recurso de nulidad precisa invocar un interés—personal o directo—para reclamar jurisdiccionadamente la insubsistencia por invalidez de un acto o resolución administrativos, pudiendo bastar como prueba la intervención en la vía gubernativa en concepto de parte o, en los asuntos de administración y competencia de los municipios, la condición de vecino o contribuyente.

Réstame examinar, para concluir, el caso de recurso por abuso de poder a que se refiere el art. 3.º de la ley de lo Contencioso-administrativo. Es caso muy restringido, como que se confina a recurso en forma indirecta contra el abuso de la potestad reglamentaria y sólo mediante la condición de que haya agravio de derecho reconocido por una ley. El fundamento es obligar a la Administración a conformar su actuación con la norma de la ley, produciéndose, en otro caso, la nulidad; y aunque restringido el recurso, es argumento de hecho que persuade de cómo no hay dificultad para aportar el recurso de nulidad por abuso de poder a la reforma de la ley de 22 de junio de 1894. El art. 3.º de ésta, dice, como sabéis, que el recurso contencioso-administrativo podrá interponerse de igual modo contra resoluciones de la Administración que lesionen derechos particulares establecidos o reconocidos por una ley, cuando tales resoluciones hayan sido adoptadas como consecuencia de alguna disposición de carácter general, si con ella se infringe el precepto que dio origen a aquellos derechos.

La disposición preceptiva, clara de suyo, ha sido puesto más de relieve por la jurisprudencia, que ha declarado que no procede el recurso contencioso contra disposiciones de carácter general, sino contra resoluciones adoptadas como consecuencia de estas disposiciones (2), ha distinguido entre disposición y resolución (3) y ha desestimado la excepción de incompetencia con arreglo al art. 3.º de la ley, si la Real orden impugnada se funda en el art. 20 del Reglamento y lo aplica al caso particular de una reclamación, y contra esta aplicación se interpone recurso contencioso, invocando una ley que se supone infringida (4).

El camino para el recurso de nulidad está iniciado, pero nada más que dibujado con limitada perspectiva, y haría poco es como concesión a la garantía ciudadana, aunque en la tendencia eclectica y oportunista en que cuajó la ley suponga cierta audacia. Pero hay que estimar que es insuficiente, porque, como ha escrito el Sr. Goicoechea (5), el derecho de interponer recurso contencioso-administrativo contra el acuerdo resolutorio del caso particular, cuando se infringe la ley por medida reglamentaria, ha resultado en la práctica ineficaz, por dos razones: la primera, porque esperar a que tal contingencia del caso particular se presente, equivale a aguardar, para reparar el daño, a que éste se haya hecho irreparable; y la segunda, porque la necesidad de ostentar para litigar un derecho perfecto de carácter administrativo, imposibilita el ejercicio de toda acción contra resoluciones que unas veces, por su generalidad, a nadie en particular directamente afectan; otras, por su índole, sin herir derechos, lesionan intereses merecedores de amparo, y algunas, por último, violan o desconocen, no derechos administrativos, sino esen-

(1) Sentencia de 16 de noviembre de 1918.
(2) Sentencia de 3 de enero de 1908.
(3) Sentencia de 26 de marzo de 1911.
(4) Sentencia de 2 de agosto de 1917.
(5) En el preámbulo de una proposición estableciendo el recurso de nulidad por abuso de poder, presentada al Congreso de los Diputados el 27 de mayo de 1918.