El Foro español (Madrid. 1898) (1921-07-15 00:00:00), página 3

que ésta ignore su residencia, o que se oculte o exista motivo racional para creer que ocultará o malbaratará sus bienes en daño de sus acreedores. (Art. 1.400 de la ley de Enjuiciamiento civil.)

Así, pues, para pedir un embargo preventivo se ha de presentar al Juzgado el documento en que conste la existencia de la deuda, acompañado de un escrito solicitándolo y manifestando que el deudor se halla en alguno de los casos que se dejan expresados anteriormente.

Pero ahora viene la duda y ese distinto criterio que hemos dicho se sigue en los Juzgados.

¿Es necesario justificar por algún medio de prueba que el deudor se halla en alguno de los casos mencionados? ¿Basta sencillamente que el solicitante lo alegue, sin necesidad de acreditarlo?

Uno y otro procedimiento tienen vida jurídica en la actuación judicial.

Hay juegadores que interpretan la disposición legal tan restrictivamente, que exigen la justificación con algún principio de prueba de encontrarse el deudor comprendido en alguno de los casos, aludidos.

Otros, sin embargo, entienden que basta simplemente alegarlo para que el Juez deba decretarlo, por entender que, dada la urgencia y prontitud con que debe ser despachado para no dar tiempo al deudor a que oculte sus bienes, no admite espera para justificar tal extremo, y mucho más teniendo presente que, por serlo general siempre, se acuerda de cuenta y riesgo del que lo pretende, porque en la mayoría de los casos el título nunca es ejecutivo.

¿Cuál de los dos procedimientos es el más aceptable? Indudablemente, el segundo. En primer lugar, por no exigir el art. 1.400 de la ley Procesal, como condición previa para decretarlo, la justificación de ese extremo, debiendo interpretarse dicho precepto en el sentido de ser suficiente que el acreedor solicitante concepse que su deudor se halla comprendido en alguno de los susodichos casos. En segundo, porque al acordarse de cuenta y riesgo del que lo solicita—caso el más frecuente por no ser los títulos en que consta la deuda ejecutivos—, exigiéndole fianza bastante, si no tuviera suficiente solvencia conocida para responder de los daños y perjuicios que pudieran ocasionarse al deudor, es natural que el acreedor ha de procurar no engañar al Juzgado, asegurándose de que su deudor se halla comprendido en los casos mencionados del número 2º del artículo 1.400 de la repetida ley adjectiva. Y en tercero, porque la misma naturaleza de estos embargos preventivos impone, para que sean eficaces, la rapidez en su sustanciación, con el fin de sorprender siempre a la persona contra quien se practican, no dándole tiempo a colocarse en un estado de insolvencia, cosa que lograría si la ley exigiera trámites más o menos dilatorios para acordar esos embargos.

Ahora bien, ¿quiere esto decir que esa justificación, de hallarse el deudor incurso en los casos repetidos, no es necesaria en ningún momento procesal? No.

Bueno está que para despachar un embargo, y por las consideraciones expuestas, no se le imponga al acordarlo la obligación de probar que la situación de su deudor cae dentro de los casos en cuestión del art. 1.400 de la ley que regula el procedimiento civil, pues al fin y a la postre, el juzgador no tiene motivos para dudar de la afirmación que en ese sentido le haga el solicitante cuando nada le consta en contrario. Pero desde el momento en que por el deudor se formule oposición al embargo, que se le hubiera hecho, con arreglo a las facultades que le otorga el art. 1.416 de la repetida ley, y teniendo en cuenta que dicha oposición ha de basarse precisamente en que no se halla en ninguno de los casos de tan repetido artículo, es indudable que desde entonces el acreedor viene obligado a acreditar su afirmación, por el principio de derecho procesal de que «al que afirma, incumbe la prueba de sus afirmaciones», ya que las negaciones—el deudor no hace más que negar—, según la máxima de procedimiento, no se prueban ni se pueden probar.

Por consiguiente, si en el incidente de oposición el acreedor solicitante del embargo preventivo no probase que el deudor embargado se hallaba comprendido en alguno de los casos del art. 1.400 de la ley de Enjuiciamiento civil, el Juez debe acordar alzarle, dejándolo sin efecto, condenando al actor al pago de todas las costas y al de los daños y perjuicios causados al demandado, conforme a lo prevenido en los párrafos tercero y segundo, respectivamente, de los arts. 1.412 y 1.413 de la propia Ley procesal.

V. CRESPO FRANCO.
Juez de primera instancia.
Segovia, mayo de 1921.

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