El Foro español (Madrid. 1898) (1920-02-15 00:00:00), página 5

no perece, sino que conserva su potencialidad para actuar en otra nueva vida.

9.a Que el día que llegue a realizarse (y se realizará) la comunicación de los habitantes de la tierra con los habitantes de los demás planetas, se transformará el modo de ser de los habitantes de la creación, y se avanzará de una manera gigantesca en el camino de la perfección, y, por consiguiente, del progreso.

10. Que la perfección que anhela el hombre como ideal de su vida, depende, con la ayuda de Dios, de su voluntad el realizarla, a no ser que, circunstancias patológicas o tiránico sociales, que son independientes de su voluntad, se lo impidan. Y para realizar esa perfección, cada hombre, con la ayuda de Dios y, dentro de esa esfera individual y social debe trabajar para desenvolver sus facultades intelectuales y morales, encaminando la voluntad a la práctica del bien y al logro de la felicidad individual y colectiva.

VICENTE VILLAESPESA CALVACHE

¿Es lícito tasar el precio del arriendo de los inmuebles?

La total ausencia del Poder público, su falta de actuación en los parrocos problemas sociales planteados, han hecho nacer una serie de Asociaciones que, bien bajo el nombre de Sindicatos, Sociedades obreras, Juntas de Defensa, Asociación de Vecinos y otras muchas denominaciones, no tienen más finalidad que la de llenar aquel vacío, producido por la relajación del Poder público.

Entre esos organismos sociales ha nacido, llamando nuestra atención, la tal Asociación de Vecinos, que, con su labor constante, con un acierto y tino admirables, dirige sus esfuerzos a evitar la alarmante subida del precio de los arriendos de las viviendas, poniendo coto al abusivo sistema de algunos caseros, que se creen en el perfecto uso de su derecho alterando el precio en cuestión.

La labor constante de dicha Asociación, ha originado más de una vez discusiones acerca de si es o no lícito limitar el derecho de los dueños de los inmuebles, obligándoles a tasar los alquileres, y, sobre todo, a no subir el precio de los mismos en las actuales circunstancias.

¿Cómo limitar el derecho de propiedad—alegan algunos—al extremo de prohibir a los dueños de las casas el ejercicio de sus facultades de tales dueños, imponiendo al arrendatario el precio que tengan aquellos por conveniente? ¿Adónde vamos?—se preguntan otros... ¿Es que el dueño de una casa no puede hacer de ella lo que quiera?

Indudablemente, la cuestión, a primera vista, puede producir confusión, porque parece duro limitar aquella facultad que tiene el propietario de una casa para subir los arriendos; pero si nos paramos a pensar en lo excepcional de las circunstancias, y vemos que esa alteración del mencionado dueño envuelve una cuestión social palpitante, producto de la escasez de viviendas, nada más justo que la limitación de aquellas facultades, porque ya es una cuestión de derecho público la que se debate, ya es la tranquilidad y el bienestar del común y no un derecho dominical que, por muy sagrado que sea, no puede y no debe pugnar con el derecho de la colectividad a tener en donde albergarse.

¿Puede y debe el Poder público poner coto a tales abusos? Nadie lo duda.

La historia, siempre pródiga en ejemplos admirables para la enseñanza de los hombres, nos pone de manifiesto innumerables medidas llamadas de buen gobierno, cuya tendencia fué el respetar el derecho de la colectividad frente al egoísta y mal entendido del individuo.

Sin ir más lejos, y circunscribiendo la cuestión al punto debatido, tenemos una ley, publicada en Portugal en 24 de Junio de 1774, a beneficio de la provincia de Alentejo para reducir a cultivo los montes.

Esta ley de consulta del Desembargo do Pazo, que era el Consejo Supremo de Portugal, contiene seis artículos, muy dignos de ser estudiados en estos momentos.

En el primero se prohibe desahuciar a los labradores de las tierras arrendadas, excepto en los dos casos de no pagar la renta o perjudicar las casas o arbolado, y también se, prohibe, alzar el precio del arriendo.

En el segundo se manda reintegrar a los arrendadores expelidos, bajo del precio que antes pagaban, o por el que se tase, a juicio de peritos.

En el tercero se manda redificar las casas, oficinas, corrales o chozas que había en los montes y dehesas, en el término de seis meses, a costa de los ganaderos en cuya mano hubieran parecido; o a costa de los dueños, que por descuido las han dejado caer, haciéndose pago los que costearen el reedificio en las rentas y frutos de las mismas tierras, con hipoteca especial en ellas.

En el cuarto que, no queriendo los labradores antiguos volver a estas dehesas, se den a otros labradores que las quieran, tasándose las rentas por peritos.

En el quinto que, de oficio, los jueces del partido examinen las dehesas y casas derruidas en ellas para hacerlas arrendar a labradores y labrar, como va dicho, lanzando los nuevos ganaderos bajo de graves penas; y

En el sexto, para evitar que los ganaderos no se alcen con las dehesas e impidan la labranza, manda que todas las dehesas alternén por hojas un año de pastos y otro de labor necesariamente, y que nadie arriende más tierra de la que cultive y aproveche en esa forma.

¿Qué diríamos hoy de un Gobierno que tales providencias ordenase en España? Seguramente sería tildado de socialista, y, sin embargo, el Conde de Campomanes, en su discurso sobre el fomento de la industria popular, aconsejó que aquella ley sirviera de ejemplo y se dictase en España una igual.

MATÍAS DEL NIDO Y TORRAS,
Abogado del Ilustre Colegio de Madrid.

EN BROMA O EN SERIO

¡Ya escampa, queridos colegas de Madrid! ¡Pero habéis visto qué chaparrón ha caído sobre los pobres Colegios de Secretarios judiciales? Solo el de Granada ha salido sin mojarse.

Yo bien creo que se me inundaban los Aranceles que mandé hacer, en una sola plana, para ver si sacaba algo vendiéndolos, ya que no podía sacar aplicándolos a ningún asunto (y que, por cierto, los