El Foro español (Madrid. 1898) (1922-03-15 00:00:00), página 3

Va que la Justicia es tan onerosa, el hacer que paguen algunas pesetas más no sería un desacierto, principalmente, si se suprimen los aranceles de los auxiliares, y más principalmente aún, si se declarase libre la intervención del Abogado y del Procurador. El litigante que, por ejemplo, gana un pleito de mayor o de menor cuantía, al pagar como gastos mil pesetas, lo mismo paga 25 pesetas más para el presupuesto judicial.

No sería un desatino establecer un impuesto médico sobre los litigantes ricos que ganasen un pleito, siquiera para atender al mobiliario de las Oficinas judiciales; que suele responder a la mayor miseria.

Todos los años, con la debida antelación, podrá formar cada organismo judicial su presupuesto particular de gastos; cada Juzgado de primera instancia, el suyo; cada Provincial, cada Territorial, el Supremo y el Ministerio, del propio modo, el que le corresponderá; tomando por base el criterio legal y el discrecional oportuno que el Ministro les comunicara por medio de instrucciones, o, cuando menos, elevar cada uno de dichos organismos el informe acerca de sus necesidades fijas u ordinarias y contingentes, variables o extraordinarias. El Ministro, con toda libertad, aprovechando esos informes, podrá confeccionar el presupuesto sintético de Gracia y Justicia, atendiendo las dobles necesidades de personal y material.

El Estado, que tiene a su cargo el presupuesto de gastos de Justicia, podrá reintegrarse en totalidad, a ser posible, y si no en parte, de los pagos que hiciera por ese concepto, de los Ayuntamientos, Diputaciones y del justiciable que obtiene sentencias favorables. El impuesto sobre el litigante vencedor lo podrá cobrar en un timbre especial que crease. Por este sistema podrá también reintegrarse de la cuota que le correspondería pagar a cada Ayuntamiento y Diputación (sellos especiales de posible creación para Ayuntamientos, Diputaciones y justiciables).

Para la ejecución del presupuesto, que equivale a hacer efectivos los pagos por personal y material, podrá remitir mensualmente a cada organismo las cantidades presupuestadas para él, y a su vez cada organismo, remitir también mensualmente los recibos de las cantidades pagadas como justificantes de haberlas dado las inversiones debidas y presupuestadas.

Por este sistema tan sencillo se simplificaría la administración financiera del Estado, desencogestionándose la del Ministerio de Hacienda, y se separaría la Hacienda del Poder judicial de la del Ejecutivo.

Bastaría crear una sencilla Dirección financiera en Gracia y Justicia que se subrogara en las pensiones que el Ministerio de Hacienda ejerce respecto al Poder judicial. He aquí conseguida, de un modo encantísimo, la autonomía económica del Poder judicial, que creo la merece mejor que la Mancomunidad catalana, por ejemplo.

Sobre este sistema, que cabe llamarlo de la Autonomía financiera judicial, bien merece la pena que reflexionen los ministros de Gracia y Justicia, por si ofreciera ventajas sobre el que existe, que se remonta casi a las monarquías absolutas.

Conseguida la autonomía económico judicial, acabaría sinverga con el tiempo la integral, con lo que el Poder judicial ocuparía el rango que la ciencia le asigna. Tiempo es ya que surjan iniciativas, que la política y sus hombres se preocupen de estos problemas, que son la base del perfeccionamiento de los servicios públicos.

Un proyecto de ley sobre la materia agrandaría la figura de un ministro de Gracia y Justicia; un Real decreto, aunque fuera atrevido sobre ella, llevaría consigo el aplauso del país; un deseo vertido públicamente de acometer semejante reforma, haría renacer las ilusiones en la Judicatura, hoy tan perdidas por la esterilidad de toda labor ministerial. Es que en Gracia y Justicia existen grandes problemas, que demandan la preocupación de hombres preparados. Es preciso que se piense en algo más que en el indulto diario, que en el traslado, que en la licencia, que en el Real decreto o Real orden sobre el ingreso, el ascenso o el castigo.

Oportuna ocasión se le presenta al ilustre hombre público, literato distinguido, médico eminente y notable periodista que rige el departamento para plantear estos problemas que, seguramente, tan conocidos de él son después del mucho tiempo que lo viene gobernando.

De su talento, experiencia, ilustración y voluntad, la Judicatura espera mucho, creyendo que pronto tendrá la demostración y prueba de la confianza que en él tiene.

Como se observa, sin profundizar demasiado, no es un problema el encontrar copiosas fuentes de ingresos para cubrir las necesidades personales y materiales judiciales.

Para dar más facilidades a la obra, sería un gran acierto que el Ministro nombrase una Comisión de funcionarios judiciales de todas las categorías, y después de ilustrarse con toda suerte de antecedentes que recabase, de fijo que presentaría un informe tan racional como oportuno, prácticamente considerado. Desde luego, no incurriendo en el sistema acostumbrado de designar una porción de hombres encanecidos en la virtud y en la ciencia pertenecientes a las más elevadas jerarquías. Estos, con gentes del Estado llano, harían una gran obra.

Pero sin elevar el vuelo del pensamiento demasiado y tomando por base la realidad del momento en que vivimos y por guía el sentido llamado práctico, cabría proponer las soluciones o remedios, si quiera parciales, siguientes:

Primera: Elevar los sueldos de los jueces, Magistrados y miembros del Ministerio fiscal que integran el personal directivo del Poder judicial, hasta el límite cuantitativo expresado, con los dos aumentos referidos, basados en los años de servicio.

Segunda: Que, en el caso de que parezca esa solu-