El Foro español (Madrid. 1898) (1918-08-30 00:00:00), página 18

en conocimiento del Presidente del Tribunal Supremo, el que lo comunicará sin dilación al ministro de Gracia y Justicia para que, en el plazo de ocho días, someta a la sanción del Poder moderador el oportuno decreto, haciendo el nombramiento o dejando sin efecto la designación, a reserva de dar cuenta justificada de la resolución, a las Cortes inmediatamente que se reúnan, sino lo estuviere.

Las plazas de Magistrados del Tribunal Supremo se proveerán por concurso, al efecto de instituir un organismo que, sin sujeción a las rémoras de los escalafones, esté constituido por las mayores capacidades jurídicas de España y del que formen parte cuantos integren la vida jurídica y en ella desempeñan su labor, por su rectitud y por su moralidad. Sólo un organismo, en esa forma constituido daría la sensación de que caminamos directamente y por sendero seguro a establecer en España una justicia cuyo fundamento vital sea la equidad armonizadora del Derecho.

La independencia que con estas bases indicamos para los cargos de Presidentes, se completarían con el concurso de méritos para las vacantes del Tribunal Supremo.

El procedimiento a seguir sería el de anunciar el Presidente del Tribunal la vacante que ocurra para que, en el término de treinta días, designen, por antevotación, los funcionarios que sirvan en el territorio de cada Audiencia provincial, territorial de entrada, Madrid, Barcelona y Tribunal Supremo, a la persona que a su juicio merezca ocupar la plaza entre cuantos se dedican al estudio y aplicación del Derecho en Universidades, Tribunales, Registros, Notarias, etc. Igual procedimiento seguirán los Colegios de Abogados que se constituyen en cada capital de Audiencia y Colegio de Notarios. Una vez reunidos los antecedentes, se procederá, en el día previamente señalado, a la votación entre los candidatos designados por una Junta, de la que formarán parte:

1.º El Consejo judicial en pleno.
2.º Los Presidentes de Sala del Tribunal Supremo y los Presidentes de Audiencia, Sala y Sección de lo criminal de Madrid.
3.º Los cuatro Magistrados más antiguos del Tribunal Supremo y cuatro de la Audiencia de Madrid, que serán los dos más antiguos y los dos más modernos. El Juez Decano de Madrid y el Rector de la Universidad Central.
Los Decanos de los Colegios de Abogados y Notarios de Madrid o quienes le sustituyan en el cargo.
Actuarán de Secretario los dos más jóvenes.
Remida la Junta en el día señalado, se procederá a la lectura de los nombres de los candidatos propuestos y se efectuarán cuantas votaciones sean necesarias hasta que uno de los propuestos obtenga una votación equivalente a las tres cuartas partes del número de votantes, sin que por ninguna causa ni motivo puedan abandonar la Sala de votación ninguno de los votantes hasta que haya sido elegido el candidato, cuyo nombre se pondrá inmediatamente en conocimiento del Ministro, el que seguirá igual procedimiento que el marcado para los nombramientos de Presidentes.

El Tribunal Supremo elegirá entre sus individuos a sus Presidentes de Sala por cinco años y sin tiempo limitado al Presidente del Tribunal.

Los Fiscales y Tenientes Fiscales serán elegidos por los Abogados Fiscales y Promotores de cada Audiencia en igual forma que los Magistrados.

Los Abogados Fiscales del Tribunal Supremo serán elegidos en idéntica forma que los Magistrados, y por los individuos de su carrera, sustituyendo a los Magistrados del Tribunal Supremo de la Audiencia de Madrid, Abogados Fiscales de los respectivos Tribunales y a los Presidentes de Sala de la Audiencia y al Juez Decano de Madrid, el Teniente Fiscal del Tribunal Supremo y el Fiscal y Teniente Fiscal de la misma Audiencia.

Los Abogados Fiscales del Tribunal Supremo elegirán a su Teniente Fiscal por cinco años y a su Fiscal, por tiempo indefinido.

BASE DIEZ Y OCHO

De la inmovilidad judicial y de la responsabilidad de los funcionarios judiciales

Aceptamos íntegramente el párrafo primero, y en el segundo añadimos que alcanza a Presidentes de Audiencia, de Sala, de Sección y Fiscales y Tenientes Fiscales, y suprimírnos, como garantía de respeto e independencia del poder judicial, la facultad de trasladar libremente a ningún funcionario.

4/ De las correcciones disciplinarias.

Encontraríamos acertado todo este apartado si en él se hiciera la modificación de sustituir las iniciativas del Ministro de Gracia y Justicia por las del Presidente del Tribunal Supremo o conservar las de aquél, estableciendo al mismo tiempo la de esta autoridad.

Las mayores garantías que con nuestras modificaciones establecemos o pedimos para los funcionarios del orden judicial, demandan una mayor garantía en su capacidad y en su moralidad y por ello aumentaríamos las correcciones disciplinarias con la imposición de costas que podrá hacer todo Tribunal de orden judicial cuando en las resoluciones, en autos inferiores de que conozcan en apelación o casación encuentren motivos suficientes por ignorancia, mala fe o negligencia.

Claro es que no podemos referirnos a aquel margen doctrinal que en la interpretación de las leyes pueden y deben tener los funcionarios judiciales.

El Senado podrá conocer en las demandas que formularen los particulares en solicitud de imposición de costas por ignorancia o mala fe en la interpretación de las leyes, en sentencias definitivas dictadas en asuntos en que hubieren sido partes por cualquiera de las Salas o por el pleno del Tribunal Supremo.

B) De la responsabilidad penal.

Sólo dos clasificaciones nos sugiere este apartado. Es la primera, que sea admisible en las querellas el ejercicio de la acción popular justificada en casos en que el trastorno social producido por el delito es evidente y no es lícito negar este recurso a la sociedad cuando es ofendida.

El otro punto a modificar, en nuestro entender, es que se acuerde la separación temporal del funcionario desde el momento en que se acuerde su procesamiento.

Por último, debe establecerse la indemnización por los funcionarios judiciales que, sin causa justificada, acordaren el procesamiento o prisión de un ciudadano y contra el Presidente del Tribunal en los juicios criminales que no dijeren sentencia en armónica con el veredicto dictado por el Juez o no apreciaran las circunstancias modificativas de la responsabilidad que del mismo se desprende.

C) De la responsabilidad civil.

Conformes con este apartado, salvo en aquel extremo que dispone no sean admisibles demanda de responsabilidad civil contra el Tribunal pleno del Supremo, que entendemos debe serlo ante el Senado en igual forma que la penal.

Las bases siguientes hasta la 17 no nos ofrecen materia de observación y pasamos a analizar brevemente la