El Foro español (Madrid. 1898) (1919-06-15 00:00:00), página 6

LA ABOGACÍA Y EL ANUNCIO
Por la dignificación de la clase.

El diputado primero del Colegio de Abogados, don Vicente de Piniés, ha redactado una ponencia sobre el uso indebido que del anuncio profesional vienen realizando algunos Abogados de Madrid.

Comienza la Memoria exponiendo la complejidad del problema y la necesidad en que se halla el Colegio de Abogados de intervenir en el asunto, ya que se viene confundiendo lastimosamente, en algunos casos, lo lícito y lo ilícito.

Opinan algunos que dentro de la profesión caben toda suerte de reclamos para ejercerla; pero esos señores olvidan que la abogacía no es sólo profesión sino sacerdocio.

Además, y esto lo considera importantísimo el señor Piniés, dentro del Derecho se hace la distinción entre las cosas licitas y las honestas, pues existen muchas de aquéllas que no corresponden al otro grupo.

Entiende que el anuncio no debe hacerse en forma anónima y en desprecio de la profesión y que no son aceptables ciertos consultorios jurídicos, entre los que se incluyen los llamados de Policía particular, que, por la índole de la función que desarrollan, hay que considerarlos dentro de lo lícito, pero nunca en lo honesto.

Además, no puede legalmente haber consultorios jurídicos, sino abogados que, con la responsabilidad de su propio apellido, aconsejen a sus clientes.

A este propósito, manifiesta el Sr. Piniés en su ponencia que la reputación es el apellido y que en ninguna forma pueden admitirse los anuncios que sólo dicen: «Abogado, precios módicos, tal calle», o: «Abogado, consulta gratuita». Estos últimos son todavía más reprehensibles, pues constituyen una verdadera estafa.

La ponencia se halla en principio admitida por el Colegio de Abogados y constituye un notable trabajo, digno de la reputación que merecidamente goza como jurisconsulto el Sr. Piniés, y la ilustre Corporación tiene el propósito, entre otras cosas, de prohibir el ejercicio anónimo de la abogacía, los llamados servicios gratuitos, los consultorios, los abogados de Policía particular, y perseguir el ejercicio de la profesión a las personas que carecen de títulos académicos.

El Colegio de Abogados se dispone también a pedir el concurso de la Prensa en esta obra de moral, con objeto de que los periódicos se nieguen a la admisión de determinados anuncios.

Sobre procesamiento de Abogados y Procuradores.

Acerca de este particular se ha publicado en la Gaceta del día 6 de Junio la siguiente:

REAL ORDEN

Ilmo. Sr.: Vistas las instancias que por separado han elevado a este Ministerio las Juntas de gobierno de los Ilustres Colegios de Abogados y Procuradores de esta Corte, coincidiendo en solicitar que los Jueces de primera instancia no suspendan el ejercicio de la profesión a los Abogados y Procuradores, cuando fuesen procesados, evitando lo que repetidamente viene sucediendo, y que constituye la imposición de una pena antes de que solénne y legalmente se determine la culpabilidad o inocencia del procesado, así como las disposiciones que en su apoyo se invocan;

Considerando que la prohibición de ejercer la Abogacía a los que estuviesen procesados criminalmente, establecida en el artículo 873 de la ley Provisional sobre organización del Poder judicial, se ha de entender solamente para el ingreso en los Colegios, o para su inscripción en los juzgados, donde aquéllos no existan, según doctrina expresamente consignada en el artículo 23 del Real decreto de 10 de Enero de 1910, no modificada por las que posteriormente se han dictado relacionadas con la organización judicial;

Considerando que en este mismo sentido debe entenderse lo establecido para los Procuradores, en el número 2.º del artículo 881 de la indicada ley, en relación con el 873 antes citado; de acuerdo con el informe de la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo;

S.M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien acceder a lo solicitado, declarando en vigor el precepto del artículo 23 del Real decreto de 10 de Enero de 1910, haciéndolo extensivo a los Procuradores en el ejercicio de su cargo; sin que esto quite en lo más mínimo la soberanía que en materia de interpretación de las leyes ejercen los Tribunales de justicia.

Lo que de Real orden digo a V. I para su conocimiento, el de los Jueces de primera instancia e instrucción de ese territorio y demás efectos. Dios guarde a V. I, muchos años. Madrid, 31 de Mayo de 1919.

BAHAMONDE.

Señor Presidente de la Audiencia territorial de...

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