El Foro español (Madrid. 1898) (1922-05-31 00:00:00), página 3

de la división del trabajo o aplicación de la actividad limitada al fin posible de las energías individuales.

Sentábamos que tal sistema, aparte otras, tiene la ventaja de mediante él sólo esperarse el lapso de tiempo para su consolidación, destruyéndose el caso fortuito—que se efectúen o no reformas, v. gr.—. Esta forma de remuneración encaja admirablemente en nuestra carrera, ya que la categoría no tiene un fundamento lógico; pues las dificultades de los cargos se aumentan, como sucede en otras profesiones, a medida que se avanza en la carrera.

Por ello ya estudiábamos cómo en los proyectos del Sr. Piñés se reducían las categorías a cuatro, y aun nosotros sólo fijáramos tres: Jueces, Magistrados de Audiencia y Presidentes. Conviene insistir en el concepto, pues la tradición obra gregariamente sobre las nuevas concepciones, y la naturaleza humana, misóneísta, suele rechazarlas. La función de juzgar y ejecutar lo juzgado comienza con su vida oficial, perdurando toda ella. Evidente que más ciencia de la vida—¡acaso la más difícil!—precisa el Juez de entrada que el de ascenso y éste que el de término. El ruralismo es la escuela de todas las picaardías; la vida de las pequeñas localidades necesita un conjunto de circunstancias en el actor que raramente reúne.

He aquí por qué se impone revestir de la máxima jurisdicción al juzgador, dotarlo de crecido sueldo y exigirle estrecha cuenta de sus actos.

Serenidad suma, para que nada le turbe para destruir al enemigo tremendo, formidable, que ha de batir para defender a la sociedad. El Sr. Cován, en su discurso de apertura de Tribunales de 1920, presentó un exacto cuadro de esta lucha, en que el principal enemigo es el ambiente, la costumbre, llena de pequeñeces que juntas requieren inmenso esfuerzo. ¿Discutirse, legisladores, el concederle una situación económica que le permita descansar tranquilo al ver cubiertas sus necesidades?

Fortificar al Juez es asentar la libertad en la nación. Sin embargo, quizás se piense que cuanto decimos son delírios de desocupados. ¡La máquina marcha! Prueba de su engrasamiento, responderán los ligeros. ¡Ojalá no se pare o salte!

Hay un aspecto de la cuestión, importantísimo, que mantiene íntima trabazón con la economía judicial y la necesaria interior satisfacción. En ningún cuerpo organizado básicamente se toleran los llamados turnos de mérito. El adelantar un funcionario a otros en virtud de condiciones peculiares es una subversión de la ley del equilibrio y armonía reciproca. Más que premio a unos, representa castigos y postergación para los demás. Esto no es obstáculo para reconocer que deben existir medios de recompensar a aquellos que en el ejercicio de su ministerio se distinguen, bien por su actividad extremada, por la suma inteligencia, por haber dado muestras de una capacidad extraordinaria, o por aquella gestión altísima que, envolviendo el despecho de ciertas capas sociales, atrae la admiración de la generalidad, elevando así el individuo la honorabilidad de la clase, circunstancias todas ellas no comunes y dignas en verdad de distinción.

Esto ha llevado, sin duda, a que en diversos sectores burocráticos se estimulen las iniciativas, las conductas, más que austeras, sobresalientes; así vemos que se asignan anualmente respetables cantidades en metálico para premiar a los funcionarios de Hacienda que durante dicho lapso de tiempo se distinguieron por sus trabajos; en el número de El Foro del 15 de agosto pasado hablábamos de las distinciones honoríficas que se conceden a los Abogados del Estado, de las metálicas, al Cuerpo de Vigilancia; de las que se reglamentan, en el de Prisiones, de una y otra clase. El legislador tiene por axiomática la necesaria distinción entre los hombres; ya la suerte—factor objetivo difícil de deslindar del subjetivo—, la circunstancialidad de ocupar un cargo en determinado momento, u otras causas, dan por consecuencia actos que descuellan sobre el normal cumplimiento del deber. En nuestra legislación judicial no se ha previsto el caso; no es preverlo el que la Orgánica y Adicional teoricen sobre supuestos y, fundado en ellos, de vez en vez un Ministro concede un ascenso por méritos, que en las altas categorías de la carrera asciendan los más favorecidos de sus amigos antes que los herméticos, ni que nuestras posesiones extrapeninsulares sean invernadero de privilegiados; no, no examinemos estos casos, que su enormidad más se prestaría al dictorio que a la crítica serena. En otro lugar hemos estudiado y desmenuzado nuestra Orgánica y Adicional y los aludidos turnos de méritos, que, afortunadamente, parecen enterrados. El juicio sobre el decreto de 5 de febrero de 1906, que abonó la mitad más del tiempo del servido en Canarias, como el dictado por el Sr. Roselló para sus paisanos de Baleares, e igual abono en África, parece a todos detestable; esto no es regulación, sino desbarajuste, y repetida y reiteradamente se ha pedido su desaparición. ¿Qué diría el Ejército si a los que luchan heroicamente y mueren en África, por el sencillo hecho de su destino, los antepusiesen a los demás? ¡Y qué efecto produciría en cualquier burocracia que, sin derecho alguno, por la sola fuerza de la influencia y la recomendación, unos señores consiguieran cargos que les valieran para robarles el ascenso durante cierto tiempo? Hé ahí por lo que de ciertos motivos no cabe discutir. Abandonemos el comento y sólo afirmemos que estos sucedidos sólo pueden ser propios de la carrera judicial; es decir: ¡de aquella en que sus individuos deben vivir más lejos y más apartados de todo favor!

No hay que enunciar que en el Ejército existen reglamentadas recompensas para tiempo de paz y de guerra—entre otros, Reglamento de 25 de octubre de 1895, ley de bases de 29 de junio de 1918, base 10, y reglamento de recompensas de marzo de 1920; en ellos vemos, desde la distinción honorífica hasta la pensión metálica: alguna, como la de la cruz de San