El Foro español (Madrid. 1898) (1918-05-30 00:00:00), página 8

donde ellos, sus esposas o sus parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad posean bienes o ejerzan industrias gravadas con más de 1.000 ó de 600 pesetas de contribución anual, respectivamente, en Juzgado de partido; con más de 2.000 y 1.200 pesetas en Audiencia provincial, y con más de 3.000 y 1.800 en Audiencia territorial.

Regirá la misma incompatibilidad para los citados funcionarios cuando, tanto ellos como sus parientes, hasta los antedichos grados, posean acciones o cualquier otro género de participación en Empresas, Sociedades o Compañías que, dentro del territorio donde aquéllos ejerzan su jurisdicción, exploten servicios, construyan obras públicas o se dediquen a cualquier género de industria privada y también cuando los parientes aludidos intervengan en la dirección, administración o gerencia de dichas Empresas, Sociedades o Compañías.

El cargo de Juez o Magistrado es absolutamente incompatible con otro cargo y con el ejercicio de otra profesión. Se exceptúan los Jueces municipales, para quienes no habrá más incompatibilidades que las que establece la vigente ley de Justicia municipal.

Tampoco podrán los Jueces o Magistrados servir sus cargos si dentro del territorio a que alcance su jurisdicción, sea en las Diputaciones provinciales, sea en Ayuntamientos, sea en Sociedades mercantiles o industriales de la capital, sea en los Tribunales mismos donde aquellos sirvan, estuvieren disfrutando empleo o colocación parientes suyos, consanguíneos o afines en la línea recta o en la colateral hasta el segundo grado.

La ley, al desenvolver estas bases, ordenará el procedimiento para hacer guardar las antedichas incompatibilidades. Las que se establecen por razón de bienes o de empleos de parientes no serán aplicables a Madrid ni a Barcelona.

Los Jueces y Magistrados están obligados a cumplir los deberes y podrán ejercitar los derechos electorales que las leyes otorgan a los españoles; pero, fuera de ellos, les está absolutamente prohibido tomar parte en manifestaciones de cualquier índole, aun de las permitidas a los demás ciudadanos. También les está prohibido establecer Asociaciones que no se hallen expresamente autorizadas por el Ministerio de Gracia y Justicia, quien podrá disolverlas en cualquier tiempo.

El comportamiento que cause desprestigio de los Jueces y Magistrados, aun no siendo motivo de desdoro para los demás españoles, ocasionará corrección para estos funcionarios.

BASE 10

De la inspección de Tribunales y del Consejo judicial

Para investigar los méritos, así como para hacer constar las diferencias de los funcionarios en el ejercicio de los cargos judiciales, se realizará la inspección de Tribunales por medio de visitas ordinarias y extraordinarias.

Serán visitas ordinarias las que cada dos años deberán practicarse en todas las Audiencias y Juzgados. Y serán extraordinarias las que además de éstas se manden girar por el Ministro de Gracia y Justicia, por el Presidente del Tribunal Supremo o por los Presidentes de Audiencia territorial cuando lo crean procedente.

La Sala de gobierno del Tribunal Supremo, cuando lo juzgue opportuno, sorteará los Magistrados del mismo Tribunal y los de Audiencia territorial que deban visitar los Tribunales y Juzgados comprendidos en un territorio, y estas visitas se practicarán inmediatamente. Todo Tribunal y Juzgado debe ser visitado cada dos años.

No podrá visitar un territorio el Magistrado que sirva en el mismo o haya servido en los dos años anteriores.

El Presidente de cada Audiencia provincial, con los datos provenientes de las Salas de Justicia y con todos los demás antecedentes que cuidará de acopiar durante el intervalo bienal de las visitas, tendrá redactado y entregará al visitador un informe razonado acerca de la conceputación individual de todos los funcionarios judiciales de la provincia. Esta información será la base primordial y necesaria de la visita. Visto el informe y el concepto que por sí adquirirá el visitador en virtud de su investigación, que será tan amplia como estime oportuno, elevará otro informe escrito al Presidente del Tribunal Supremo, en que se hará constar tanto lo que encuentre meritorio como lo que concepute censurable respecto a los funcionarios visitados.

El Magistrado visitador, al examinar los libros y asuntos judiciales, dejará en todo caso a salvo la jurisdicción de los Jueces y Tribunales; pero podrá adoptar las medidas de carácter urgente que al realizar su misión estime necesarias, poniéndolas en conocimiento del Presidente del Tribunal Supremo, y proponer en su informe lo que crea procedente para el mejor funcionamiento de los Tribunales.

El Magistrado que haya visitado un territorio no podrá girar nuevas visitas en el mismo.

Para el examen y calificación de los méritos, deficiencias y de las condiciones personales de todos los individuos de las carreras judicial y fiscal y de sus auxiliares, se crea un superior organismo, que se denominará Consejo judicial.

El Presidente del Tribunal Supremo remitirá al Consejo judicial los informes que reciba de los Magistrados visitadores.

Constituirán el Consejo judicial el Presidente del Tribunal Supremo, que lo será de dicho organismo; el Fiscal y un Magistrado del mismo Tribunal, designado por su Sala de gobierno; el Presidente de la Real Academia de Jurisprudencia y un Vocal de la Comisión permanente de Codificación, designado por ésta. Ninguno de estos dos últimos podrá ejercer la Abogacía. (Continuará.)

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