El Foro español (Madrid. 1898) (1919-01-31 00:00:00), página 4

asociándose con las más similares, es urgente sacudir la apatía que hasta el momento ha caracterizado a la clase de abogados, como aspiración de singular trascendencia para la clase, manteniéndola esta Federación, que estima urgente hacer saber al Gobierno de S. M., que hemos de agotar todos los medios llegando hasta los más extremos, si no es atendida la petición que, en nuestro nombre, rogamos a V. E. formule, como Decano del Ilustre Colegio de Abogados, ante el Gobierno y ante el Parlamento, en su próxima reunión del día 21, para que esa Real orden sea anulada, como la Real orden aclaratoria, y que, en su consecuencia se respeten los derechos que por residencia corresponden a los funcionarios.

Homenaje a un Magistrado.

Igualmente, ha propuesto la Federación que no solo por lo que de personal pueda tener, sino como punto de partida de actos análogos de confraternidad de la Abogacía con la Magistratura, la Junta del Colegio de Abogados de Madrid, acogiéndolo la opinión general de sus colegiados, haga suya la iniciativa de aquella Federación, de rendir un homenaje de cariño y gratitud al actual Presidente de la Audiencia Territorial, D. Marcelino González Ruiz, por su actuación en la provincia, donde logró inspirar criterios humanos, al espíritu arcaico de nuestras leyes, y, singularmente, supo hermanar los altos prestigios de su función con consideraciones y respetos constantes hacia cuantos integran la función de juzgar; pero de un modo especial y delicado, hacia la clase de abogados, que siente más respetable la autoridad de los funcionarios judiciales cuanto mayor respeto se les otorga en el desempeño de su noble profesión, muchas veces llena de altruismo y de connivencias hacia quienes sienten la necesidad de demandar justicia.

Los abogados políticos.

Muchas veces hemos protestado contra la ingénuica de la política en la Abogacía, que puede convertir este Sacerdocio del Derecho en una industria explotable, comprometiendo además los prestigios de la toga y de los Tribunales para los que la influencia política constituye siempre una coacción y aun la simple presencia en estrados del letrado ex ministro que puede volver a serlo, y sobre todo si lo fué de Gracia y Justicia. Por eso, y sin hacernos solidarios de nada de lo que se dice en el artículo publicado por La Tribuna, diario madrileño del 28 de Diciembre último, lo reproducimos para que se vea con cuánta razón nos lamentamos, y cuánto pierden los prestigios indicados con comentarios como ese, que podrán ser más o menos justificados; pero que no se harían si no perdurase esa compatibilidad ilícita del ejercicio de la Abogacía con ocupar, haber ocupado y estar próximo a ocupar cargos políticos de importancia:

La ética en la política: El Sr. La Cierva es el Abogado del Casino de San Sebastián.-El juego y los legisladores.

Ahora, cuando tanto se habla de salubridad política, de oxigenar las corrompidas organizaciones con el aire sano de la renovación, algunos de nuestros políticos siguen ligados a los viejos procedimientos tal que si el mundo fuera sólo el pequeño círculo de sus intereses particulares. La Abogacía, que tuvo en un bello discurso del Sr. Vázquez Mella vibrante condenación, continúa su marcha paralela a los oficios de los estadistas militantes. Profesionales de uno y otro campo juntan ambas funciones e interponen su influencia poderosa entre el país y la recta administración de la justicia. Así no son difíciles los frecuentes eclipses. En el cómico sombra naufragaba muchas veces el buen deseo de los jueces y la conveniencia nacional fracasa víctima de la ambición privada.

Si hubiéramos de puntualizar añadiendo nombres de personalidades conocidas, nos bastaría con evocar el ejemplo del Sr. La Cierva, gobernante implacable y jurisconsulto generoso. Para el Sr. La Cierva son compatibles los dos criterios de Abogado defensor de Empresas opulentas y de político severo, energico e intransigente.

Según los telegramas, el ex ministro de la Guerra se halla en Pamplona preparando dos causas del Casino de San Sebastián. En ambas, defiende a la Administración de aquel Casino. Dicho en términos más llanos: se ventila un pleito con motivo del juego, y el austero ex ministro actúa a favor de la Compañía explotadora. He aquí ligadas por una extraña paradoja política opiniones tan distantes como la del estadista, el observador de las leyes que prohiben el juego, y la del Abogado que ampara con su ciencia jurídica no queremos suponer que también con su influencia—a la Empresa que, burlando aquellas leyes, fomenta el vicio al abrigo de las intrincadas frondas de la política.

Ya, en buena ética, los dos conceptos son incompatibles; pero más todavía lo son en un sentido de moral pública, porque el criterio versátil de los gobernantes no podrá desprenderse nunca de los recelos que torzosamente habrán de acompañarles, tanto cuando vistan la toga como cuando se cubran con la cláudica del legislador.

Así ha podido suceder que el paso del Sr. La Cierva político por el Ministerio de la Guerra fuera tan desventurado como el paso del Sr. La Cierva jurisconsulto por las salas del Supremo en el reciente pleito de Bornos.

La Administración de Justicia española está necesitada de una profunda y profusa evolución. Es indispensable prescindir en absoluto de coacciones y caciquismos, que convierten la máquina del Estado en motor de bastardas ambiciones. Ambas profesiones tienen su límite y su horizonte, acusado con fronteras que el más elemental decoro no debe traspasar. De otra suerte, querer hurtar la personalidad política o la personalidad jurídica, según convenga a los intereses particulares, y caminar como fugitivos rebasando las líneas que señala el cumplimiento del deber, es conducta propia de matuteros y contrabandistas. Para éstos verdaderamente no existen las fronteras que nos hemos referido.

Los pleitos del Casino de San Sebastián—pleitos de juegos, ilícitos y prohibidos—son, al decir del telegrama de Pamplona, uno entre la Sociedad del Casino y la Administración de los recreos, y otro entre ésta y el periódico El Pueblo Vasco. El Sr. La Cierva actúa de apelado y apelante, respectivamente. Claro que el ex ministro de la Guerra, al entrar en la sala de la Audiencia, irá desposeído de su condición política, como intentó hacerlo en el famoso proceso de la herencia de Bornos; pero no ha de ser poca su fortuna si lo consigue. Entonces vimos cuán difícil le era maniobrar sin ligaduras, despro-