El Foro español (Madrid. 1898) (1920-07-31 00:00:00), página 5

¿Para qué, pues, esos 500 Promotores Fiscales que tanto empeño tenía el Sr. Maura en crear? ¿Hubieran hecho otra cosa que recargar los presupuestos de la Nación? Porque, como decía mi buen amigo el Secretario del Juzgado de Logrosán, D. Juan Antonio Burgos, a quien por vez primera oí la idea de conceder a los Registradores las funciones de Fiscal en las cabezas del partido, siendo muy escaso el trabajo que en los Juzgados tendrían los promotores, justificarían su creación y sostenimiento, obligando a multiplicar las hoy no escasas diligencias inútiles.

¿No bastaría que el Registrador, a quien su trabajo se lo permite con holgura, actuase como Fiscal permanente en las cabezas de partido, y que actuase como Juez interino en las ausencias y vacantes, actuando entonces como Fiscal el Notario, siquiera incurriese en incompatibilidades que actualmente no les comprenden?

III

Supongamos, sin embargo, que la afición al statu quo y el temor de largas discusiones parlamentarias hicieran concebir en nuestros gobernantes la idea de la dificultad de esta reforma; ¿no podría al menos privarse a los jueces municipales de la facultad de fallar los asuntos civiles?

¿No podría también ordenarse al juez de partido que bajo su responsabilidad revisase todas las resoluciones dictadas en su ausencia o durante la vacante en asuntos de jurisdicción voluntaria y de enjuiciamiento criminal, informando a la Audiencia territorial acerca de la gestión del interino?

PAULINO HUERTAS.

Teoría y práctica
de actuaciones judiciales en materia de Concursos de acreedores y Quiebras con sus preliminares, Quita y espera y suspensión de pagos por,

D. FRANCISCO DE P. RIVES MARTÍ
Doctor en Derecho y Secretario judicial de Madrid, por oposición.
De venta, al precio de 29 pesetas, dos tomos, en la Redacción de la Revista de Legislación y Jurisprudencia, Calle de Canizares, 6, principal.

CONTRA LOS ABUSOS DE LOS PROPIETARIOS

FISCALÍA DEL TRIBUNAL SUPREMO

CIRCULAR

El ya grave problema de la vivienda, motivado desde el siglo anterior por el incesante crecimiento, no sólo de las ciudades, sino también de simples aldeas rurales, que merced al establecimiento de una fábrica, explotación de una mina o creación de una industria cualquiera, se convierten en centros de actividad y trabajo, sin que correspondiera a este fenómeno la manera rápida de construir habitaciones adecuadas a la economía e higiene, no obstante tantas leyes y disposiciones protectoras de la fabricación de casas baratas para obreros y todas las clases modestas de la sociedad, se ha agudizado extraordinariamente con motivo de la guerra mundial, al extremo de que la escasez de habitaciones destinadas a ser alquiladas coloca a la generalidad de los ciudadanos en una situación lamentable, haciéndoles víctima de la violencia moral ejercitada por ciertos propietarios de predios urbanos que, mercéd a la ley de la oferta y la demanda, suben el precio de los arrendamientos de manera desproporcionada con las circunstancias, viéndose el arrendatario obligado a aceptar cuantas condiciones onerosísimas se le imponen, si no ha de encontrarse privado del artículo de la habitación, tan de primera necesidad para la vida como los de la alimentación y consumo.

Tal actitud se explica, porque el propietario no se ha dado cuenta aún de que la teoría reivindicante del intervencionismo del Poder público en las relaciones sociales de los individuos para mantener la paz y realizar la justicia ha limitado prudentemente aquel féretro dominio romano, en aras de la «salus populi», ante la que todo derecho cede. Así ocurre entre nosotros que no hay proyecto o ley relacionados con la propiedad que deje de seguir esa orientación: todas las sociales en general, y en especial la de 23 de Julio de 1905, que recientemente aplicada eximió de los incalculables daños de la usura, y la de 11 de Noviembre de 1916, referente a las Subsistencias, con sus múltiples disposiciones complementarias, realizan una misión protectora en todos esos contratos en beneficio de la parte colocada en un plano de notoria inferioridad, y sin la que el propietario y consumidor quedarían entregados a la codicia y hasta a la inhumanidad de la parte propietaria.

El Gobierno de S. M. se encontró con una nueva fase de los problemas de la Usura y de las Subsistencias: la de la vivienda; y al presentar la explotación de que se hacen eco muchos inquilinos y cuyas consecuencias hubieran afectado hasta al orden público, porque éstos, repito, se veían obligados a ceder a toda exigencia ante la presión de encontrar-se sin casa ni hogar y varios de ellos privados en absoluto también de ejercicio de su industria o comercio, o sea de los medios de vida. El Real decreto de 21 de Junio último, modelado en precedentes parlamentarios, hubo de extender la esfera de acción que la segunda ley citada le otorga al contrato de arrendamiento de predios urbanos y al procedimiento que para el desalojo marca la ley de Enjuiciamiento civil, creando un Tribunal, especie de Consejo paritario, compuesto de propietarios e inquilinos y presidido por el Juez municipal, que con arreglo a las nuevas normas resuelva las cuestiones que surjan entre unos y otros.

Como éstas continúan encerradas dentro de los límites que se reserva el Derecho privado, no parecía que nuestro Ministerio hubiera de ser requerido para intervenir en ellas; pero viene a demuestra lo contrario la actuación de los Juzgados de esta corriente en los distintos casos de aplicación del Real decreto que ya se presentaron, pues por virtud de lo dispuesto en el artículo 74 de la ley de Enjuiciamiento civil, oyeron a los Fiscales municipales respectivos en orden a la competencia por razón de la materia.

De ahí que, y a fin de mantener un criterio uniforme en ese particular, deba trazar esta Fiscalía la línea de conducta que hayan de seguir los funcionarios de todas categorías dependientes de la misma.

Contra toda previsión, de manera más o menos explícita viene a plantearse con esos acuerdos un problema de suma transcendencia: el de aplicación o inaplicación del Real decreto; en una palabra, su constitucionalidad.

Nuestro carácter de Cuerpo único, sometido al impulso del un solo Jefe y funcionando siempre como instrumento del Poder ejecutivo, aleja toda idea de resistencia u obstáculo al cumplimiento de las disposiciones generales que dicho Poder se crea obligado a dictar; antes debemos ser sus defensores,