El Foro español (Madrid. 1898) (1920-05-31 00:00:00), página 4

siendo su fecha la de 28 de Abril próximo pasado

La sentencia, en su parte esencial, dice así:

«Considerando que el juicio de desahucio representa una institución procesal de defensa de la propiedad territorial, y a tal objetivo responden—con matices de rigorismo bien manifiesto—las disposiciones legales substantivas y adjetivas que afectan a dicha acción jurídica y a su procedimiento:

Considerando que, habida cuenta de esa finalidad capital del desahucio, es forzoso amoldar a ella la interpretación de los preceptos de derecho que regulan las causas base de las acciones de esta clase, sin perder de vista que cuando acciones tales se derivan de un vínculo jurídico de bilateralidad contraactual, como el arrendamiento, la garantía y defensa de los derechos del actor no puede hacerse efectiva, sino sobre la base del contrato mismo, con los mayores y mejores respetos para su subsistencia y apartando en absoluto cuantos móviles—cuauhquiera que sea su índole—inspiren el ejercicio de la acción de desahucio en un sentido distinto del de la efectividad del derecho del arrendador realmente lesionado por el arrendatario:

Considerando que el desahucio por falta de pago del precio del arrendamiento, aunque es ajeno al percibo del mismo por el actor, porque la reclamación sobre tal extremo no encaja dentro del contenido de estos juicios sumarios, no puede menos de significar que el arrendador acude al lanzamiento como medio de evitar el disfrute de la finca por el inquilino sin pagar la merced convenida, de donde se infiere la posibilidad de interpretar con cierta laxitud, de escrupulosa exégesis, las disposiciones—contraactuales o legales—que afectan al tiempo y forma del pago de la renta, cuando ésta resulta satisfecha por existir en poder del arrendador valores que pueden aplicarse al referido pago, sin oblice que se derive del pacto arrendatario, en cuyo caso el demandante no puede ni debe defender a expensas del desahucio un derecho que en definitiva y en realidad no ha sido atacado ni desconocido:

Considerando que si esta doctrina resulta siempre ajustada, no sólo al espíritu de los preceptos legales reguladores del desahucio, sino a la equidad y a los imperativos de la buena fe contraactual, es tanto más precisa su adopción en las presentes notorias circunstancias porque atraviesa el arrendamiento de predios urbanos en los grandes centros de población, porque la extraordinaria y anormal carestía de viviendas, determinando la lógica consecuencia económica de la elevación de los precios de alquileres, viene produciendo en el ejercicio de la acción de desahucio viciosos derroteros, ya que arrendador demandante, en numerosos casos, más que a la defensa de su propiedad amenazada—exclusiva finalidad del desahucio—, atiende al logro de otros objetivos a impulsos de estímulos que huelga aquí calificar, pero que desde luego desnaturalizan la acción de que se trata:

Considerando que en el juicio actual flota sobre las respectivas alegaciones de las partes, como base re-

solutoria de la cuestión plantead, la confesión de la actora absolviento las posiciones cuarta y quinta formuladas de contrario, reconoce al afirmarlas doña F. V. que la doña E. M.—según literalmente dice la posición cuarta—«la tiene dado un mes de anticipo, que, aplicado al de Febrero, que es por el que se le desahucia, no resultaría adeudando nada», y como esa posición se absuelve confesándola pura y simplemente, sin el menor aditamento, salvedad, ni aclaración, no constando como no consta en autos que el título y causa de ese anticipo impida aplicarle al pago de la renta en cuestión, ni que el contrato de arrendamiento sea obstáculo para ello, reconociendo la actora que de hacerse esa aplicación nada adeudaría la demandada, es dable estimar que el precio del arrendamiento en este caso está pagado, por que el arrendador tiene en su poder la suma importe de ese precio, entregada por el arrendatario en concepto de tal, con lo que el derecho de propiedad del actor queda a salvo y no necesita la coactiva garantía del desahucio, y prueba de ello es la absolutión afirmativa por la demandante de la posición quinta precitada, en la que confiesa doña F. V. «que sólo tiene el propósito de desahuciar a la demandada y no el de cobrar sus rentas, toda vez que sabe que la doña E. está dispuesta a pagarle»:

Considerando que de lo expuesto se infiere la no existencia de la falta de pago en que se basa el desahucio intentado en este juicio y la consiguiente improcedencia de aquél:

Considerando que la disposición del art. 13 del Real decreto de 4 de Febrero de 1893, cuyo cumplimiento invoca el apelante, ha sido sustituida por el art. 45 del Reglamento de la contribución de edificios y solares de 24 de Enero de 1894 y demás disposiciones complementarias sobre el Registro fiscal y avances catastrales, siendo improcedente la petición del apelante de que se suspenda la resolución de este recurso hasta que se evacúe la vista que a los expresados efectos contributivos debe dársele al Abogado del Estado, puesto que tal suspensión no está exigida por ningún precepto fiscal con fuerza bastante para modificar el enjuiciamiento civil, sin perjuicio de que se adopten los acuerdos conducentes a la efectividad de aquellas disposiciones contributivas respecto del presente juicio:

Considerando, en cuanto a las costas de la primera instancia del mismo, que es de inexcusable aplicación el art. 1.582 de la Ley rituaría:

Fallo: que revocando, como revoco, la sentencia apelada, debo declarar y declaro no haber lugar al desahucio, etc.—Luis Amado.»

Los Estatutos del Colegio de Abogados.

Con objeto de que puedan coleccionarse y conservarse, los iremos publicando por planas y hojas enteras.