El Foro español (Madrid. 1898) (1919-11-15 00:00:00), página 2

sistemáticamente para asociarse, aunque sólo sea para pagar los entierros de los compañeros.

Y nosotros pensamos: ¿Es que esto puede y debe ser así? ¿Es que no habrá medio de hacerse oír?

Y, sin embargo, es necesario que esto no sea y que la voz de la Magistratura sea oída.

A ella le toca discurrir cuál ha de ser el camino.

PARA LA REVISTA "EL FORO ESPAÑOL"

Injuria y calumnia contra particulares.—Algunas dudas procesales.

Dado el laconismo de las disposiciones especiales que regula este procedimiento al título IV del libro VI de la ley de Enjuiciamiento criminal, han surgido y surgen a cada paso diversidad de cuestiones susceptibles de interpretarse y resolverse de distinto modo, lo que hace que en la práctica no haya un criterio uniforme al proceder a substanciar tales querellas por injuria y calumnia contra particulares.

Claro es que cuando esos delitos se han causado por escrito, su ritualismo es sencillo; el precepto de la ley es claro y terminante, y no cabe más que aplicarlo tal y como literalmente se halla redactado (art. 807 Enjuiciamiento criminal).

Las dificultades se advierten cuando se trata de injurias o calumnias inferidas verbalmente, pues entonces se observa que el articulado de la ley, por ser excesivamente conciso, siembra la vacilación y asalta la duda.

Así tenemos que empieza por decir aquella ley de enjuiciar, que una vez presentada la querella se mandará citar a juicio verbal al querellante, al querelado y a los testigos que puedan dar razón de los hechos, expresando a continuación que, celebrado que sea dicho juicio, y presentadas por el querellante las pruebas de los hechos, el Juez acordará lo que proceda respecto al procesamiento del querellado (artículos 808 y 812).

Nos encontramos con que la ley no nos dice nada absolutamente ni respecto a las reglas a que ha de ajustarse la tramitación de ese juicio verbal, ni tampoco sobre la forma de verificarse la comparecencia en el mismo de los querellantes y querellados, ni menos si deben rechazarse las pruebas que en su descargo pudiera presentar el acusado para deshacer las imputaciones que en su contra se le acumulen por el querellante.

De aquí que se presenten las siguientes dudas que son otras tantas cuestiones a tratar:

1.a ¿Cómo ha de substanciarse ese juicio verbal?
2.a ¿Cómo deben comparecer en él los querellantes y querellados?
3.a ¿Qué pruebas deben admitirse?
¿Cabe presentar alguna por el querellado?
Si tuviéramos que atenernos al precepto literal del artículo 812 de la ley de Enjuiciamiento criminal, parece como que la primera de esas cuestiones tendríamos que resolverla en el sentido de que la tramitación del juicio debe limitarse única y exclusivamente a examinar las pruebas presentadas por el querellante.

Este criterio es el que se adopta en la mayoría de los Juzgados, reduciendo el acto a recibir declaración a los testigos propuestos por el acusador particular o querellante, sin oír al querellado, ni dejarle exponer nada en su defensa, ni admitirle siquiera prueba alguna que tienda a desvirtuar las imputaciones que se le hacen.

En mi humilde opinión no debe ni puede admitirse esa errónea interpretación del precepto ritual, porque equivaldría a retroceder al antiguo procedimiento inquisitorial, innovado precisamente por nuestra ley de Enjuiciamiento criminal.

Al ordenar los aludidos preceptos que se celebre un juicio verbal, con citación del querellado, es prueba evidente que se ha querido que en él se oiga a éste y que haya o pueda haber controversia entre el que formula la querella y la persona contra quien se dirige, pues esa y no otra es la finalidad de todo juicio, el cual lo definen los autores diciendo «que es la controversia solamente sostenida por los que, invocando derechos opuestos, acuden al Juez competente para que la decida.»

Si el pensamiento del legislador hubiera sido el recibir declaración tan sólo a los testigos presentados por el querellante, entonces lo hubiera dicho así lisa y llanamente, y no habría empleado la palabra juicio, ni habría mandado citar para él al querellado, porque el hacerlo sin otro objeto que el de presenciar las declaraciones, sería como una ofensa para el Juzgado por la desconfianza que ello implicaría en su rectitud e imparcialidad.

Discurriendo con lógica, lo más acertado será el estimar que en el juicio verbal, por ser juicio y por lo que éste en sí significa, el querellado o acusado pueda defenderse y alegar cuanto crea procedente para repeler las imputaciones que le haga el querellante. Esta interpretación es la más conforme con la letra y espíritu de la ley y con el principio acusatorio en que descansa el Enjuiciamiento criminal.

La tramitación de ese juicio verbal debe acomodarse a la del de faltas, por ser, de entre los que regula aquella ley procesal, con el que tiene más semejanza y analogía, como así lo aconseja el competente comentarista señor Aguilar de Paz.

¿Cómo han de comparecer en el juicio el querellante y querellado?

Tampoco lo dice la ley. Únicamente exige que la querella lleve la firma de Abogado y se presente por medio de Procurador, con poder bastante (art. 277), sin duda como una garantía de que las imputaciones que se dirigen contra el querellado, puedan revestir los caracteres de delito.

En la práctica se viene observando que el querellante hace su comparecencia en el acto del juicio verbal por medio de su Procurador y Letrado que presentan y suscriben la querella. En cambio, al querellado, en muchos Juzgados no se le admite ser representado por Procurador ni defendido por Letrado, consecuencia con la costumbre y doctrina que se sigue de que no puede