El Foro español (Madrid. 1898) (1920-07-15 00:00:00), página 3

con ello, la tranquilidad de arenuar el día de su muerte las tribulaciones de su familia, de constituir un ahorro para la vejez o de formar un dote para sus hijos. Pero siempre ha tropezado con la dificultad que paso a explicarle.

Nuestra entidad recibe desde su fundación una subvención de 16.000 pesetas del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, que, naturalmente, la da en beneficio de sus miembros y no la daría en obsequio de otros Abogados ex rato. Para proporcionar acceso a los de otros Colegios, hemos hallado la fórmula de que éstos subvencionen también a la Asociación en la cuantía que el de Madrid, aunque con relación al número de sus individuos. Pero no hemos encontrado la manera de llevar nuestra acción a los compañeros que, como gran parte de los Jueces y Magistrados, no están adscritos a ningún Colegio.

De todos modos, como nuestro deseo es esforzar-nos en extender nuestra acción en favor de los servidores de la administración de justicia, hemos acordado dirigirles la presente circular con las siguientes finalidades:

Primera. Que conozcan nuestra existencia y funcionamiento, y formen concepto del alcance económico y del sentido social de nuestra labor.

Segunda. Que se enteren de que pueden participar en nuestra empresa, si figuran inscritos en algún Colegio y éste es de los adheridos a la Asociación.

Tercera. Que puedan estudiar si hay forma de que los funcionarios se agrupen para este efecto, constituyendo alguna entidad que pueda subvencionar a la Asociación como si fuese un Colegio más.

Cuarta. Que establezcan relación con nosotros, ya que nuestro objetivo no es únicamente el que hoy practicamos, sino también otros que sucesivamente iremos dando a conocer.

Me es muy agradable saludarle en nombre de mis compañeros de Junta directiva y ofrecerme a usted como su afectísimo servidor y compañero q. e. s. m.

ÁNGEL ÓSORIO.

Teoría y práctica

de actuaciones judiciales en materia de Concursos de acreedores y Quiebras con sus preliminares. Quita y espera y suspensión de pagos por,

D. FRANCISCO DE P. RIVES MARTÍ
Doctor en Derecho y Secretario Judicial de Madrid, nor oposición.
De venta, al precio de 25 pesetas, dos tomos, en la Redacción de la Revista de Legislación y Jurisprudencia, Calle de Canizares, 4, principal.

Un Decreto y una Real orden sobre arrendamientos.

La enérgica campaña que desde la presidencia de la Asociación de Vecinos de Madrid viene dirigiendo desde hace año y medio nuestro Director, Sr. Barrio y Morayta, sobre reforma del contrato de arrendamiento, para poner coto a los abusos de los caseros, que en los últimos tiempos llegaron al límite de lo intolerable, va dando sus resultados, cosa que nunca se creía, y menos estando en el poder un Gobierno conservador, dada la influencia de los propietarios. Primero se presentó a las Cortes el proyecto de ley que hoy se llama «la ley grande» que, redactado por el Sr. Barrio, hizo suyo la Asociación que preside y las más importantes mercantiles e industriales de Madrid y provincias y Asociaciones similares de Vecinos o liguilinos que con aquella colaboran; después, y dada la detención con que aquélla había de discutirse y la urgencia del remedio, se consiguió aprobar en el Congreso y quedar dictaminada ya en el Senado otra ley con carácter provisional. Igualmente, en 25 de Noviembre se dictó un Decreto creando las Comisiones mixtas de propietarios e inquilinos, que no llegaron a constituirse por el cambio de Gobierno, y ahora el actual, visto lo agudizado del mal y sin perjuicio de la aprobación de la ley pendiente en el Senado, ha dictado un Real decreto y una Real orden aclaratoria que acreditan de hombre justo y equitativo al Sr. Bugallal, Ministro de Gracia y Justicia, y cuyas disposiciones creemos de interés y hasta de necesidad reproducir en su parte dispositiva, puesto que se están aplicando con éxito y con todo rigor, y porque son muchos los caseros que intentaron hacer mofa de estas disposiciones legales no cejando en sus abusos. Dicen así:

Real decreto de 21 de Junio de 1930 sobre alquileres y arrendamientos de fincas urbanas.

Artículo 1.º A partir de la fecha de la publicación de este Real decreto, los contratos vigentes de arrendamiento de fincas urbanas de las capitales de provincia y poblaciones de más de 20.000 almas se entenderán prorrogados, con carácter obligatorio para los propietarios, sin alteración en la cuantía del alquiler, salvo lo que se dispone en los artículos siguientes:

Para los efectos de este Real decreto se entenderá por alquiler la cantidad global que por todos conceptos haya de abonar el inquilino por razón del arrendamiento.

Caso de fallecimiento del arrendatario, el beneficio de la prórroga de los contratos alcanzará a los individuos de su familia que con él habitaran, si se trate de local destinado a vivienda, y al socio o herederos que continuasen el negocio, si fuese un establecimiento mercantil o industrial.

Art. 2.º Como consecuencia de la prórroga de los contratos, los propietarios sólo por falta de pago podrán utilizar, con arreglo a las disposiciones de la legislación común, la acción de desahucio.

El inquilino podrá evitar el desahucio pagando el día siguiente al de la citación o consignando el descubrimiento en el Juzgado, y sólo será responsable de las costas causadas si se probare que había sido antes requerido al pago en la forma de costumbre.

Los demás desahucios que se entablen por causas distintas de la indicada se regirán por las reglas establecidas en este Decreto.

Art. 5.º No procederá la prórroga establecida en el artículo 1.º:

A) Cuando el propietario se proponga habitar la vivienda por sí mismo o que la habiten sus ascendientes o descendientes, o establecer en ella su propia industria. Si la destinará a otros usos será responsable de los daños y perjuicios ocasionados al inquilino, previa reclamación del mismo, estándose en el precio del alquiler de un semestre, con arreglo al que venda satisfaciendo; y si el edificio o local estuviese destinado a establecimiento mercantil o industrial, el arrendatario que no llevarse en alquiler más de tres años consecutivos tendrá derecho en todo caso a ser indemnizado con una cantidad igual al importe de dicho semestre.