El Foro español (Madrid. 1898) (1920-09-15 00:00:00), página 6

¿Qué confusión de derechos ni de funciones habrá entre un Oficial de Sala y un Secretario de Sala de una Audiencia territorial, para confundirlos en una medida general en la que se consigna una mejora de un 15 o un 20 por 100 en la percepción de sus derechos?

¿No se puede dar el caso de que si los Secretarios de Sala de las Audiencias territoriales han alcanzado el colmo de sus deseos con la aplicación de los Aranceles de 1883, hasta el punto de hacerse su apoteosis como insustituibles por un Relator de la Audiencia de Madrid, en cambio los Oficiales de Sala vengamos desde hace mucho tiempo renegando de ellos por impropios y no alcanzar con ellos el fin económico de nuestro trabajo?

Tan lejos de esa confusión nos encontramos con los funcionarios judiciales que prestan sus servicios en los Juzgados de partido y municipales. No es de sospechar que sus necesidades sean tan comunes que todas se satisfagan con ese 15 y ese 20.

La reforma provisional actual, como la definitiva que puede proponer la Comisión, si no ennoblecen su criterio y no lo dirige por otros derroteros, no puede dejar de ser un revoltijo de derechos lanzados a la arrebataña.

En lo que es cierto y no hay confusión es en la clase de funciones que ejercitan los Oficiales de Sala existentes en los Tribunales de Justicia, y a pesar de esta identidad, a unos se les atiende de un modo y a otros de otro.

Los Oficiales de Sala de las Audiencias provinciales disfrutan de un sueldo, aunque modesto, con el cual pueden atender las necesidades de la vida.

Los del Tribunal Supremo que sirven las Salas de lo Criminal y Contencioso disfrutan, igualmente, de un sueldo.

Los del Tribunal Supremo que sirven la Sala de Civil disfrutan de los derechos de Arancel, porque les es más beneficioso que el sueldo.

Y, por fin, a los Oficiales de Sala de las Audiencias territoriales, que según el espíritu y letra de la vigente ley Orgánica debieran disfrutar un sueldo, se les somete arbitrariamente a la condición económica de retribuirse por un Arancel que no tiene virtualidad, ni es posible dársela, para alcanzar la retribución que requiere su cargo.

Así, pues, confundidos con quienes no deben estarlo, e inconfundidos con quienes deberían, los Oficiales de Sala de las Audiencias territoriales tenemos que aceptar, como dogal al cuello, lo que a otros es holgada librea, y renunciar por ende al disfrute de un honrado sueldo con que pudiéramos atender las exigencias económicas de la vida.

Así se anda, y es de mucha moda, con la cabeza para abajo y los pies arriba.

Así anda la Comisión, porque en tal materia no quiere andar.

ÁNGEL A. MORÁN.
Oficial de Sala de la territorial de Oviedo.
25 Agosto 1920.

La suspensión de los Tribunales de Derecho.

En el diario madrileño El Sol del día 27 del pasado Agosto se publica el siguiente telegrama:

«Barcelona 26 (11.30 n.). — La Veu de Catalunya, en su editorial de esta noche, comenta los resultados de la suspensión del Jurado con el siguiente artículo, titulado «Los Tribunales y el terrorismo»:
«En las dos últimas causas por delitos sociales con ocasión de explosiones en Gracia, y en Badalona, vistas en la Audiencia de esta capital por el Tribunal de Derecho y sustraídas a la jurisdicción del Jurado, las sentencias han sido absolvatorias. El Tribunal de Derecho se ha visto obligado a absolver por falta de pruebas. Los acusados no eran los culpables de los atentados.

Este resultado demuestra lo que ya habíamos dicho otras veces: la suspensión del Jurado puede ser parte integrante de una actuación de conjunto, pero que aisladamente no es una solución. Si el Gobierno del Sr. Dato ha creído que con esta sola iniciativa ha resuelto la cuestión del terrorismo en Barcelona, pronto los hechos le demuestran su equivocación.

El problema del terrorismo, agravado por una serie lamentable de clatificaciones y de inaptitudes del Poder público, no puede ser fácilmente resuelto sin rectificar los procedimientos y las deficiencias esenciales que le han dado fuerza.

Sustraidas las causas por delitos sociales a la actuación del Jurado, ha desaparecido quizá una de las causas de la impunidad de los crímenes terroristas; pero si el Tribunal de Derecho ha de actuar eficazmente, es preciso que la organización policíaca sea suficientemente apta para descubrir a los autores de los atentados en los casos donde no pueda evitar la perpetuación de estos delitos, labor preventiva que había de ser función permanente.

Si esto no se consigue, si la organización policíaca no tiene eficacia, y no sale de su ineptitud y de su impotencia, lo mismo da que las causas por crímenes del terrorismo sean vistas por el Jurado o por los Tribunales de Derecho. Volverá a repetirse el caso de ahora: el Jurado o el Tribunal de Derecho tendrá que absolver por falta de pruebas.»

Cuando escribimos el anterior artículo sobre este asunto sólo era una la sentencia absolutoria dictada por los Tribunales de Derecho; el día 27 ya eran dos y no sabemos las que serán hoy día. Seguimos creyendo que los Magistrados, como los Jurados, administran justicia recta; pero si hay perseverancia en el criterio adoptado, nos tememos que suspendido el Jurado se suspenda también el Tribunal de Derecho, y a quién se confiará la misión de juzgar... Será a los Tribunales militares? Porque fuera de los eclesiásticos (que por estar prácticos en el manejo de las indulgencias no es de esperar que se les encomiende esta misión), no nos parece que queden otros que los militares, tenidos por los más rigurosos. Pero aun así su rigor está también en la administración siempre recta de la justicia, porque ni de ellos se puede pretender ni ellos aceptarían el ordenar fusilamientos a ciegas, a diestro y siniestro.

El mal tal vez esté en lo que apunta La Veu: en las deficiencias policíacas; y no creemos que porque sea deficiente la Policía, en vez de reformarla se la suspenda también, aunque a eso habría que llegar siendo perseverantes en el descabellado sistema iniciado con el Jurado. Y entonces, ¿qué se irá a hacer?

Ya lo escribió un dignísimo Magistrado: sin pruebas, los Tribunales de Derecho, en rectitud y hasta en conciencia, tendrán que absolver como absolvie-