El Foro español (Madrid. 1898) (1921-09-15 00:00:00), página 2

placemos con esta iniciativa, que brindamos al excelentísimo señor Decano de aquel ilustre Colegio, y damos la bienvenida a la nueva «Abogada», a la que deseamos grandes éxitos en su profesión, y la enhorabuena a su buen padre, que así ve coronados sus extraordinarios esfuerzos.

Y hasta nos atrevemos a presentar el caso a la consideración de las Asociaciones feministas, amantes de la cultura de la mujer española, para que vean si también es llegado el momento, que serviría de gran estímulo, de que en alguna forma tributase a la novel Doctora el homenaje a que se ha hecho merecedora por su talento y amor al estudio y hasta por la valentía de adoptar una carrera propia hasta ahora sólo de hombres en España, donde a la mujer se la tiene tan reducida.

Corruptelas administrativas

La legalización notarial de las certificaciones del Registro civil.

Ya lo dijo alguna vez el ilustre Presidente del Consejo de Ministros: «La Administración y los particulares no se saludan más que para ofenderse.» Esta es una verdad como un templo. Y ocurre esto porque la Administración carece de voluntad para establecer fórmulas de armonía con los particulares, y tiene, en cambio, mucha inventiva para establecer corruptelas que le sean dañosas.

Entre las innumerables molestias y gabelas que la Administración impone a los particulares, acaso no sea la menor, por la extensión que alcanza, la de exigirles la legalización notarial de las certificaciones del Registro civil en todos los actos en que es necesario justificar el nacimiento, la edad, el matrimonio o la defunción de alguna persona. La exige en las certificaciones de nacimiento que han de presentar los aspirantes a ingreso en las carreras y cuerpos del Estado, que ya es número; para ingresar también en cualquier Centro docente, y para continuar en un Centro los estudios hechos en otro de la misma clase, y para obtener luego el título académico correspondiente, etc., etc.

Cosa bien distinta pasa en la Administración de justicia, que no exige, porque no lo exige la ley, el requisito de la legalización notarial en las certificaciones del Registro que presentan los interesados para justificar su derecho a una herencia, por cuantiosa que sea, y obtener la declaración de herederos abintestato del causante de ella. Podrá ocurrir que se indique o surja sospecha racional de la falsedad de alguno de esos documentos, y entonces se practica el cotejo de ellos con los asientos originales del Registro; pero la legalización notarial, ¿para qué? ¡Si esa formalidad no aumenta en un átomo la garantía de legitimidad que en sí mismo ofrece el documento legalizado!

Parece que los que establecieron y los que mantienen esa corruptela, entienden que no hay más documentos fehacientes que los notariales, desconociéndolo sin duda—con limitación al caso que tratamos—el carácter y las atribuciones de los encargados del Registro civil y la misma ley del Registro, la cual establece en su art. 34 que las certificaciones expedidas de conformidad con lo prevenido en los artículos 30, 31 y 33, serán consideradas como documentos públicos, y solamente en un caso, bien transcendental por cierto, el del art. 27, exige dicha ley la legalización de esas certificaciones; pero no la legalización notarial, sino la del Juez de primera instancia del partido, que ha de extenderla con arreglo al artículo 26 del reglamento para la ejecución de la ley citada.

La legalización notarial de los documentos indicados, en ningún caso es procedente, en todos es ilegal; pero además es absurdo el exigirla y hasta ridículo el extenderla y autorizarla, porque los Notarios no conocen, ni pueden conocer, ni tienen obligación de conocer, las firmas de los funcionarios, que tanto se renovaban, de los diez, veinte o treinta Juzgados municipales que puede tener un distrito notarial, y por eso extienden la legitimación de esas firmas en forma vaga, inexpresiva, completamente ineficaz, si eficacia necesitará tener para garantizar la legitimidad del documento legalizado.

No; los Notarios no deben, en rigor, legalizar otras firmas que las de sus compañeros del mismo distrito, como establece la ley del Notariado para que los documentos que autorizan hagan fe fuera de la demarcación del Colegio a que pertenecen, y las de las personas que ante ellos las estampen. La misma legalización, tan frecuente, de las certificaciones que expiden los párrocos, debiera hacerse por el Provisorato de la Diócesis respectiva, que es donde las firmas de aquéllos pueden ser conocidas; pero a los Notarios no puede exigirseles, ni ellos debían prestarse, a legitimar firmas que no conocen, como les ocurre con las de los párrocos y las de los funcionarios municipales de su distrito. Cabe, sí, que los Notarios de la capital de la Diócesis legitimen la firma del Provisor, porque puede serles conocida, y la de los funcionarios públicos que ejerzan sus funciones en el mismo lugar del Notario, y la del Juez del partido en algún caso especial, aunque podría darse la anomalía de que fuese luego el propio Juez quien tuviera que legalizar la firma del mismo Notario autorizante de la legitimación, por no haber otros dos Notarios en el partido o en su capital, como ocurre en todos los partidos rurales y en muchas capitales de provincia.

No hay, pues, fundamento alguno legal ni racional para obligar a los particulares a presentar las certificaciones del Registro civil con ese aditamento innecesario, inútil, molesto y relativamente costoso, porque esas certificaciones se obtienen fácilmente, bien sea pidiéndolas directamente al Juez municipal que ha de expedirlas, o solicitándolas verbalmente o por escrito del Juez del domicilio interesado para que las reclame del encargado del Registro donde