El Foro español (Madrid. 1898) (1922-07-31 00:00:00), página 2

me a otros pueblos no puede gozar de su propia libertad.» Un poder que arroja a otro poder, no puede moverse con soltura. ¿Qué le estorba? La dilación del órgano, su descentralismo. El Supremo Tribunal, el del país, las inquietudes de las conciencias desaseguradas, fallarán en su contra, y toda obra quedará valdía, estéril.

Nos preguntábamos en anterior artículo: ¿Existe el Poder judicial?

En España se administra justicia, pero no existe el Poder judicial. Es verdad que los Tribunales, en sus fallos, sólo tienen como límite el indulto, la amnistía, la gracia real, y que no empece a la postedad las varias derivaciones de fallar y juzgar, absorbidas hoy por centros burocráticos; pero este poder no es algo abstracto, sino concreto: lo componen hombres, individuos. Su dependencia del Poder ejecutivo es evidente en cuanto el Ministerio de Gracia y Justicia nombra o refrenda para los cargos; pero aun hay más, mucho más que lo escrito. Los Jueces y Magistrados es muy difícil que sean independientes; la provisión de vacantes por traslado no obedece a ninguna regla fija, en la que se aparte de los mismos toda influencia política; por el contrario: ésta es el máspreciado galardón para ocupar el puesto. Si en los cargos inferiores el ascenso sólo se consigue por antigüedad, en los altos puestos la gracia impera para su provisión.

El mal tiene hondas raíces. Hemos vivido muy encerrados en nosotros mismos. No en balde la Novísima Recopilación, en los títulos del 15 al 18, libro octavo, prohibía severamente la introducción y circulación de lo publicado en Francia, relativo a la Revolución y República francesa. No se toleró más que el Diario de Madrid de pérdidas y hallazgos. Y conste que rechazamos el sistema de la Constitución francesa de 1791, en cuanto el Poder judicial está delegado en Jueces elegidos temporalmente por el pueblo. Dicha Constitución afirmó sin ambages la afirmación de tal poder, y crea el Tribunal de Casación; en cambio de este feliz atisbo, la del año 1814 retrocede y sólo habla del Poder judicial. No así la belga de 1831, que trata del Poder judicial; igual la danesa de 1865 y la griega del 64; Portugal, Prusia, Austria, Noruega, Holanda, etc., en sus Constituciones establecen dicho poder y sus atribuciones, no detallando sus preceptos ni los de otras cartas fundamentales, porque a la finalidad de las tesis basta concretar que la inmensa mayoría de los pueblos acogió la doctrina del autor del Espíritu de las leyes, ya esbozada por Locke. No en vano la teoría no responde a elucubraciones filosóficas; los sistemas no imperan a no fundarse en realidades y con claridad prístina; toda conciencia observa cómo el gobernar—Poder ejecutivo—, el legislar—Poder legislativo—y el juzgar—Poder judicial—, obedecen a los distintos aspectos de la vida de relación del hombre, del ciudadano, imponiéndose, necesariamente, otro, moderador, armónico, que decida los conflictos de los mismos.

Sin embargo, tanto como la existencia de instituciones, importa su arraigo, la vitalidad con que la opinión pública las acoge. De nada serviría que en la letra de la ley se consagrase un organismo, si en la vida no hallase ambiente adecuado. Inglaterra, país de régimen consuetudinario, que no ha llegado a consolidar en un solo Código sus preceptos sustantivos, y donde el Poder judicial no existe como tal, pues las reglas fundamentales sobre el mismo se hallan desdibujadas, es, acaso, la nación donde los Tribunales de Justicia se mueven con más independencia, y ésta es absoluta respecto de los otros poderes. En realidad, no existe más fuero que el ordinario, aunque éste comprenda diversidad de Tribunales; lo judicial absorbe a la administración en muchas cuestiones. No hace muchos años leíamos en una revista inglesa la reseña de un juicio ante el Tribunal ordinario, en el que se juzgaba a un oficial del Ejército inglés que, hallándose instruyendo a un grupo de soldados, pronunció frases que un pastor protestante estimó atentatorias a la moral. El oficial fué condenado a una multa. Pueblo de grandes libertades, la garantía de las mismas se encuentra al amparo de sus Tribunales. En España, donde la fiebre de legislar reina, cualquier autoridad de orden gubernativo pone en jaque a los Tribunales, y el más humilde y modesto agente crée autorizado para exigir que Jueces y Magistrados le protejan en sus arbitrariedades y le invistan de facultades soberanas; podríamos citar casos prácticos, mas en la conciencia de todos se hallan.

Sin embargo, cada vez más el espíritu público se preocupa de la administración de justicia. Desgraciadamente, más abundan las voces implacables que tratan de presentar a la Magistratura como feble y débil, pero, en cambio, no procuran que se modifique el orden legal, para que pueda moverse con plena libertad y actuar en todo momento como un verdadero poder; las voces regeneradoras no se orientan en esta dirección, y así, aun no hace un año se presentaban al Senado proyectos de ley sobre lo orgánico de la carrera judicial, que, de haber sido aprobados, los Tribunales hubiesen pasado a ser instrumento de cualquier cacique de campanario.

Ateneos, Colegios de Abogados, Juntas Ciudadanas, todos los organismos que laboran culturalmente, ciudadanamente, deben fijar su atención en el problema, apartándose de toda bandería, y entonces, por la evolución, España se habrá transformado.

Alfonso R. DRANGUET

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