El Foro español (Madrid. 1898) (1920-10-15 00:00:00), página 6

no en absoluto, porque varios obstáculos se ofrecen —y parecen perpetuarse— que se oponen a que el juez o Magistrado deje de ser considerado con filiación política determinada para los efectos del prestigio del cargo. Advierto, ante todo, que tan transcendenciales cambios no fueron meditados ni se adoptaron con el fin de conseguir los resultados inesperados de que nos lamentamos a todas horas, sino que obedecieron a más altos ínvolves.

1.º La Administración en general, o más propiamente hablando, el Poder ejecutivo, durante el régimen Constitucional, en cuanto afecta a su soberanía en cosas políticas y a la intervención en otras de los funcionarios judiciales, ha reconocido dos períodos distintos:
   a) Uno en que, por su propia iniciativa, suspende y disuelve Ayuntamientos siempre que a sus fines conviene, función que ejercen los jefes políticos de las provincias o el Gobierno, según los casos y circunstancias; entonces, cuando precisamente la independencia del juez no existía, la máquina electoral no le necesitaba porque era mucho más expedita y fácil de obtener la acción gubernativa, y ¿a qué pensar entonces en empapelar a Alcaldes y Concejales, dado el medio que había de eliminarlos en el momento que estorbaban? Dura ese período hasta que la legislación revolucionaria nos trajo el segundo sistema.
   b) Prevalce en la Constitución de 1869 la autonomía municipal, núm. 1.º del art. 99, claro que en materia económica; pero, por consecuencia de ésta o de las circunstancias, los Ayuntamientos, además de las funciones meramente administrativas que les encomiendan las leyes, asumen las políticas, y con ellas la tiranía del cacicato local, y las conservan más o menos íntegras, con burla muy especialmente del Derecho social, en cuyo cumplimiento tienen los Alcaldes tanta intervención, y que afecta a considerable número de electores; pero dejando estas lamentaciones a cargo del Instituto de Reformas Sociales, vamos a lo que nos importa. Los artículos 171 al 181 de la ley Municipal de 1870, con el sano propósito de dar todas las garantías posibles a las Corporaciones populares, determinan los casos en que incurren en responsabilidad los Alcaldes, Tenientes o Concejales, y establecen que pueda exigirse ante la Administración o los Tribunales, según la naturaleza de la acción u omisión que la motive, y consignan, en síntesis, que cuando ejecuten dichos funcionarios una de aquéllas pende administrativamente, incurrirán, según los casos, en las penas de amonestación, apercibimiento, multa o suspensión, no pudiendo la última exceder de cincuenta días; y si pasase este plazo sin proceder a la formación de causa, volverán los suspensos, de hecho y de derecho, al ejercicio de sus funciones. Excuso decir los verdaderos atractivos de que son víctimas los Jueces o el Tribunal competente para decretar el procesamiento y la consiguiente ratificación de la suspensión; en la imposibilidad de obtener un pronto traslado, llueven las amenazas, más o menos veladas —que alguna vez, desgraciadamente, se hacen efectivas—, y el Juez que no sea un varón fuerte, de esos de que nos hablan las Sagradas Escrituras, o concluye por ceder, hilvanando el auto que al cacique agrada, o se mete en la cama por enfermo, o solicita una licencia o traslado; en fin, adopta cualquier medio conducente a que la jurisdicción se transfiera por unos días al Juez municipal, elegido ad hoc, cuando la renovación ordinaria o extraordinaria. Excusado será decir las enormidades que se cometen, sobre todo en periodos electorales, sin que por unas u otras causas, a pesar del celo del Ministerio fiscal, se castiguen generalmente tales infracciones, ni aun en la vía disciplinaria.

Precisamente V. E. inició desde este puesto energica campaña contra tal manera de proceder, por medio de las circulares de 20 de enero y 28 de marzo de 1903, seguidas después con insistencia hasta el año pasado inclusive; no carecerá de utilidad el recordar el párrafo de la última en el que se sintetiza toda la doctrina:

"...en la conveniencia de que, prestando atención solicita a todo sumario que se inicie contra Alcaldes o Concejales, interese V. S. de los jueces respectivos la práctica de cuantas diligencias tiendan a esclarecer los hechos antes de que se acuerde ningún procesamiento, y que si, contra sus peticiones o sin haber dado tiempo a ellas, se dicare, interponga V. S. apelación contra el auto del Juzgado y solicite de la Sala el señalamiento inmediato de la vista en cuanto transcurran el emplazamiento y la instrucción que previenen los artículos 227 y 229 de la ley de Enjuiciamiento criminal, a fin de que pueda ser resuelto el incidente, a ser posible, antes del día fijado para las elecciones."

Este desideratum nunca pudo conseguirse, porque como esas apelaciones se admiten en un solo efecto, en la expedición del testimonio y demás diligencias reclamadas por dicha ley, se utilizan términos que exceden con mucho al período electoral; ni aun extremadas las medidas propuestas para que se pretendiera siempre la reforma y apelación subsidiaria cuando el procesamiento fuera decretado por un Juez municipal en funciones de instrucción, se ha conseguido desterrar este verdadero abuso de autoridad.

2.º Incurriríase en manifiesta inexactitud si se afirmara que esa atribución había producido desde su instauración los efectos mencionados, y acaso el tipo del juez político. Asesorado el legislador de 1870 por personal de aquella Comisión de Códigos, por demás ilustre y laboriosa, que nos ha dejado verdaderos monumentos legislativos, había adoptado una sabia y práctica medida, a fin de alejar la intervención de los Jueces de todos esos asuntos tan enojosos; el último párrafo del núm. 3.º del art. 276 de la ley Orgánica filia como una de las atribuciones de las Audiencias territoriales, únicas existentes, conocer de las causas contra funcionarios del orden administrativo que ejerzan autoridad por delitos cometidos en el ejercicio de sus cargos, en los casos que no estuvieran atribuidos al Tribunal Supremo. Como en éstas incumbe, por tanto, a las Audiencias el nombramiento de un juez especial que debiera instruir el sumario, todavía la práctica adoptaba la regla de no designar al ordinario del partido, con lo que le libraba de toda ingénuca en esas cosas locales que tanto apasionan.

(Continuado).

NOTICIAS

Personal de la Judicatura.

Se han dictado los siguientes decretos:
Trasladando a la plaza de Magistrado de la Audiencia provincial de Huesca a D. Romualdo Sancho Morlán, que desempeña igual plaza en la de Teruel.
Promoviendo a la de Teniente fiscal de la Audiencia territorial de Cáceres a D. Juan Fernández Loaysa y Reynoso, Teniente fiscal de la provincial de Murcia.
Idem a la de Magistrado de la Audiencia provincial de Teruel a D. Leopoldo Martínez Arnaud, Juez de primera instancia de Cáceres.
Nombrando Presidente de Sección de la Audiencia provincial de Badajoz a D. Fernando Vara y Fengás, Magistrado del mismo Tribunal.
Idem id. id. de la de Bilbao a D. Juan Hidalgo Vizurte, Magistrado del mismo Tribunal.