El Foro español (Madrid. 1898) (1922-01-15 00:00:00), página 6

contra todos impone su estúpito criterio, borrando de un plumazo la verdadera antigüedad y postergando a los de más merecimientos para encumbrar a los analfabetos.

Al efecto, con manifiesta infracción del derecho orgánico del Secretariado, que en su art. 44 dispone formar el escalafón por orden de antigüedad y categoría, formólo por orden de servicios. Y es en vano que el Cristo del escalafón, que el Negociado saca siempre que tiene que guillotinar a alguno que no le es afecto ni comulga con ruedas de molino, no lo nombre para nada el Real decreto orgánico, pues él se las arregla de manera que sus ilegales propuestas tengan completo éxito a espaldas de la ley.

Entrar en un detenido examen de escalafón tan singular como arbitrario, sería tarea prolija. Baste decir que está basado en el error antes indicado. Que todo él está plagado de equivocaciones, y que hasta varios Secretarios de esta corte figuran en el de 1920 desempeñando Secretarías en Valladolid; y con decir que el funcionario, al formarlo, prescindió de cesantes y renunciantes, expulsándoles de todo derecho, está dicho todo.

En una palabra: El escalafón debió formarse como todos: colocando en el mismo al personal y dándoles número por orden de fechas de posesión, y así parece se hizo con respecto a los Secretarios en activo; pero como el encargado de tal servicio, como queda dicho, prescindió de los pasivos; cesantes y renunciantes, necesariamente hubo de prescindir también de los números que adquirieron a su ingreso; y al ingresar éstos ha hecho, como suele decirse, por el camino de enmedio, dándoles nuevo número a la cola—permitáseme la frase—, consumando con ello nada menos que su perpetua postergación. Este es el caso.

Es elemental que los escalafones se forman con la mira puesta en las disposiciones legales llamado a cumplir, y, muy especialmente, en las que regulan las provisiones y ascensos.

Que, sea el que fuere el régimen bajo el que los Cuerpos están organizados, existe una regla general en todos: la de que la toma de posesión es la que determina el lugar y número que el funcionario debe ocupar en el escalafón, único dato indicativo de su antigüedad, que es anterioridad en el tiempo en que el acto administrativo de la posesión tiene efectividad. Anterioridad, repetimos, y no permanencia en el servicio.

De que se deduce que el funcionario de mayor antigüedad no es el que más tiempo sirvió, sino el que antes entró al servicio del Estado, y que, al formar el escalafón, se debieron colocar y dar número en el mismo a los Secretarios por orden de las fechas de sus posesiones, cuyo lugar y número conservan, a pesar de cesantías y renuncias.

Llenada tan fundamental regla, el escalafón del Secretariado judicial debió contener en sus correspondientes casillas, a saber: Nombres y apellidos.—Pueblo de su naturaleza.—Edad.—Títulos.—Juzga-

do en que sirven.—Fecha de su primera posesión.—Idem en la categoría.—Idem de su excedencia o renuncia.—Idem de su vuelta a activo.—Tiempo de servicios en el Cuerpo.—Idem en la categoría.—Forma de ingreso.—Situación en el Cuerpo.—Observaciones.

Estos son los requisitos que contienen los escalafones de todos los Cuerpos al servicio de la nación y los que debe cumplir el del Secretariado.

El formado ni los cumple ni responde al cumplimiento de la ley. Es una burla de ésta y un padrón de ignominia para el Cuerpo auxiliar de la Administración de Justicia.

El error es patrimonio de los humanos. Sólo es de necios persistir en el error.

PRUDENCIO.

SOBRE EL IMPUESTO DE DERECHOS REALES(1)

DISCURSO

PRONUNCIADO EN EL SENADO POR DON MATEO AZPEITIA ESTUBAN EL DÍA 15 DE NOVIEMBRE DE 1921.

(Continuación.)

No es sólo en este punto en el que existe antagonismo entre la ley y el reglamento; ese art. 6.º de la ley, al cual yo me refería, agrega a continuación que servirá de base para la liquidación del impuesto en las transmisiones a título lucrativo, en las herencias, el valor que resulte de la comprobación oficial, si fuera mayor que el declarado por los interesados; en cambio, en las transmisiones a título oneroso, en los contratos, servirá de base liquidable el precio o valor declarado por los interesados, sin perjuicio del derecho de la Administración a comprobar en los casos de duda o sospecha racional y fundada; por lo tanto, la ley estableció un criterio distinto para las sucesiones hereditarias y para los contratos; responde ese criterio a la idea, verdaderamente admirable, que de la realidad tributaria tuvo su autor, el señor Fernández Villaverde, que distinguió entre impuestos sucesorios e impuestos contractuales; para los primeros, la comprobación oficial; para los segundos, como regla general, el valor declarado por los interesados; regla excepcional, la comprobación oficial en el caso de sospecha o de duda, y, sin embargo, el reglamento, en el art. 6.º, declara que servirá de base liquidable el valor que resulte de la comprobación oficial, tanto en las sucesiones como en los contratos, sin más excepción que la subasta notarial, judicial o administrativa; es decir, que el antagonismo entre la ley y el reglamento es evidente, puesto que aquélla establece la comprobación voluntaria para los contratos y forzosa para las herencias, y éste declara obligatoria la comprobación en todo caso; y no es lo malo que el criterio del reglamento sea contrario a la ley, sino que, como consecuencia de ese criterio, el reglamento no hace otra cosa que

(1) Véase el núm. 807.