El Foro español (Madrid. 1898) (1922-03-31 00:00:00), página 6

muy interesantes, mantiene la prohibición, contenida en el art. 872 del Código de Comercio, de que el suspenso solicite en la proposición de convenio quita o espera mayor de tres años; establece la intervención por los acreedores de las operaciones mercantiles del deudor, desapareciendo así la pasividad a que aquéllos se ven actualmente condenados, aun ante actos de verdadera expoliación por parte de un suspenso que tiene derecho a cobrar, pero no obligación de pagar; simplifica los trámites para la convocatoria y la celebración de la Junta de acreedores; permite que en determinados casos se prescinda de ésta, sustituyéndola por una tramitación escrita minuciosamente regulada; faculta a los acreedores para modificar la proposición de convenio; imposibilita la admisión de injustificadas reclamaciones que entorpezcan la finalidad del procedimiento; sienta el principio de la responsabilidad del suspenso, aun en el caso, según antes se ha dicho, de que llegue a celebrarse el convenio, porque sobre el interés privado del deudor y de los acreedores, que es el que tan sólo tiene voz en el concierto, ha de prevalecer el interés público, que impone que la imprudencia culpable y el doño tengan la debida sanción, y adopta, finalmente, cuantas reglas sugiere la previsión, para que la ley garantice cumplidamente todos los derechos que en la suspensión juegan.

Fundado en las precedentes consideraciones, el Ministro que suscribe, de acuerdo con el Consejo de Ministros, y autorizado por S. M., tiene el honor de presentar a las Cortes el siguiente

PROYECTO DE LEY

Artículo 1.º En la vigente ley de Enjuiciamiento civil se introduce el siguiente capítulo, titulado «De las suspensiones de pagos de los comerciantes y Compañías mercantiles»:

«Artículo 1.º Los trámites a que se refiere el artículo 873 del Código de Comercio, para los dos casos definidos en los artículos 870 y 871, en relación con el 872 del mismo Código, se regirán por este artículo y los siguientes del presente capítulo.

Art. 2.º El comerciante que pretenda ser declarado en estado de suspensión de pagos deberá acompañar, necesariamente, al escrito en que lo solicite así, los documentos siguientes:

Primero. El balance detallado de su activo y pasivo.

Segundo. Relación nominal, y sin excepción alguna, de todos sus acreedores, en la que habrá de consignar sus domicilios y la cuantía, procedencia y fecha de los respectivos créditos.

Tercero. Una Memoria expresiva de las causas que hayan motivado la suspensión y de los medios con que cuente para solventar sus créditos en los plazos que pretenda.

Cuarto. Una proposición de espera para el pago de dichos créditos, que no podrá exceder nunca de tres años.

Todos estos documentos estarán firmados por el solicitante o por quien lo represente con poder especial. Si se pretenderie bajo cualquier forma quita o rebaja de los créditos, el Juzgado denegará la tramitación de la solicitud sin ulterior recurso.

Art. 3.º Con la petición y documentos a que hace referencia el artículo anterior, serán también presentados al Juez los libros de contabilidad. En la diligencia misma de presentación se hará constar que el Secretario ha puesto, firmado y sellado, nota de la solicitud de suspensión a continuación del último asiento del Diario, del libro de inventario y balances y del copiador o copiadores de cartas y telegramas. En las notas aludidas mencionará el Secretario cualquier anomalía que observe en los libros, señaladamente las emmiendas, raspaduras y espacios u hojas sin llenar. Pondrá el Juez su vistobueno, y el Secretario devolverá en seguida los libros al suspenso, para que los conserve en su escritorio, continúe haciendo en ellos los asientos de sus operaciones y los tenga a disposición del Juez y de los acreedores, con el objeto de que puedan examinarlos, obtener las copias o sacar los apuntes que les interesen y hacer las comprobaciones oportunas.

En el escrito inicial del procedimiento, el comerciante se declarará sabedor de que, mientras dure la sustanciación, en manera alguna podrá, bajo pena de nulidad, enajenar ni gravar los inmuebles que posea, ni hacer contrato, operación, entrega, cobro ni pago sin la intervención prevenida en el artículo siguiente.

Art. 4.º El Juez a quien corresponda el conocimiento del expediente examinará la solicitud del comerciante, y si ésta fuere procedente y se hubiesen acompañado los documentos y libros indicados en los artículos anteriores, declarará al solicitante en estado de suspensión de pagos, por auto que deberá pronunciar dentro del plazo máximo de cinco días. La parte dispositiva de este auto se publicará en la Gaceta de Madrid, tomándose también nota del mismo en un Registro especial que se llevará en cada Juzgado de primera instancia.

Decretará asimismo el Juez la intervención por los acreedores de las operaciones mercantiles del deudor. A tal efecto, designará tres de dichos acreedores que residan en el lugar del domicilio del suspenso, los cuales intervendrán y fiscalizarán su administración y sus operaciones, y previa averiguación de las causas que hayan dado lugar a la suspensión, informarán al Juzgado por escrito acerca de la gestión del suspenso, del valor del activo, de la cuantía real del pasivo y de la marcha y porvenir del negocio.

Si por el deudor o alguno de sus acreedores se impugnare el nombramiento de los interventores, examinará el Juez la justificación que se presente y resolverá de plano lo que proceda. Si acordare la separación, nombrará en el acto nuevo interventor o interventores, con arreglo a lo prevenido en los anteriores artículos.

Nadie podrá tener a la vez intervención de dos o