El Foro español (Madrid. 1898) (1919-11-15 00:00:00), página 3

ser oído y de que no es parte en la causa hasta tanto no se decrete el procesamiento contra el mismo.

Primero diremos que no vemos obstáculo alguno legal para que el querellante pueda concurrir a ese acto por sí mismo, sin necesidad de la presencia de su Procurador y Letrado, y alegar en el cuanto pueda convenirle a su derecho. No hay precepto que se oponga a ello, ni causa fundada que lo prohíba. Se le exige sólo aquellos requisitos para formular la querella.

En segundo lugar, y por lo que hace al querellado, si bien es principio procesal en el Enjuiciamiento criminal que el acusado no es parte en la causa, hasta tanto no se dirija contra él el procedimiento en forma, cuyo momento procesal es el opportuno para nombrar Letrado y Procurador que le defendan y representen (artículos 118 y 354), sin embargo, creo que este principio, como de carácter general, no reza para la sustanciación de esta clase de delitos privados, en que ya se señala una tramitación especial, distinta de los delitos públicos, y porque no se compagina bien que por un lado se le cite para asistir a un juicio, que, como tal juicio admite defensa y controversia, como se deja dicho, y por otro se le negase el medio de defenderse, que a tanto equivaldría el no admitirse la representación de Procurador y asistencia de Letrado que hablan en su nombre.

Además, si hemos dicho que este juicio debe ajustarse en su tramitación al de faltas, por ser con el que tiene unos puntos de analogía y contacto, es indudable que en estos juicios de faltas se permite al acusado valerse de hombres buenos para que le defendan en aquel acto, pues así se viene observando en la práctica, aunque la ley no dice nada sobre ello, y así lo tiene sancionado un acuerdo de la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo de fecha 12 de Febrero de 1900.

Opino, pues, que en las querellas de que tratamos debe admitirse que los querellados vayan acompañados, si les conviene, de Abogado y Procurador que los defendan, por ser ello más conforme con la peculiar naturaleza de estos juicios, con las razones en que descansa el principio acusatorio y con las reglas de equidad y justicia, base y fundamento de todas nuestras leyes. Es preciso desterrar ese ruñinarismo curialesco, esa obsesión a aferrarse a una práctica que, aunque basada en una interpretación restrictiva de la ley, no es la que más se acomoda a su espíritu y a su tendencia constante de favorecer al acusado en caso de duda.

¿Qué pruebas deben admitirse?

Está claro y contundente el precepto legal. Con arreglo a él, lo mismo por lo que dispone el art. 808, que por lo establecido en el 121 de la Ley rutinaria criminal, no deben admitirse otras pruebas que la de testigos que puedan dar razón de los hechos, prohibiendo en absoluto las declaraciones de referencia (art. 818); con lo cual no ofrece duda que los únicos testigos admisibles son los presenciales de los hechos de calumnia o injuria objeto de la querella.

Ahora se preguntan:

¿Estos testigos presenciales pueden presentarlos lo mismo el querellado que el querellante?

En la práctica de muchos juzgados no se le admite al querellado prueba alguna, ni se le oye, ni se le permite defenderse, como ya se deja consignado.

Oposto como soy en absoluto a esa ruina, que no es legal, y admitiendo, como admito, que el inculpado puede defenderse y debe ser oído, opino que éste tiene derecho indiscutible a presentar testigos presenciales que puedan deponer sobre los hechos que se le imputen.

Esta opinión es la más conforme con nuestro sistema de enjuiciar en lo criminal, en el que está mandado se haga constar en la instrucción sumarial los elementos que aparezcan así de cargo contra el acusado como de descargo que le favoricen.

Por otro lado esta aseveración es consecuencia obligada de la naturaleza y finalidad de todo juicio, en el que a las partes no sólo se les permite defenderse allegando, sino también probar la verdad de sus alegaciones, que es el complemento del derecho de defensa.

Si en estas querellas se cita al acusado a juicio para que pueda exculparse de los cargos que se le hacen, nada más razonable que se le conceda el medio de justificar la certeza de sus exculpaciones.

Existe, por último, otro argumento en apoyo de la opinión que venimos sustentando, y es que no aparece en la ley de enjuiciar, que regula este especial procedimiento, ni un solo artículo, ni un solo concepto, ni una sola frase, ni un solo vocablo, que prohíba al querellado presentar prueba de testigos presenciales para rechazar las inculpaciones que se le atribuyan.

Manda, sí, que se presenten las pruebas por el querellante; pero ello no quiere decir que no se admitan las del querellado.

V. CRESPO FRANCO,
Juez de primera instancia.
Segovia, Noviembre 1919.

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El artículo 24 de la ley Hipotecaria.
El procedimiento civil.

El sabio jurisconsulto Morell y Terry dice en su magistral obra Comentarios a la ley Hipotecaria, que el segundo párrafo del artículo 24 de dicha ley contiene un precepto interesantísimo y digno de elogio. Y añade:
«Si el que tiene inscrito en el Registro el dominio de una finca o derecho real, puede verse privado por un tercero de ese derecho o finca, sin más que practicar un embargo dirigiéndose contra un deudor suyo, a cuyo nombre no aparece en el Registro, ¿para qué le sirve la inscripción?...