El Foro español (Madrid. 1898) (1918-01-30 00:00:00), página 7

el uniforme ganó mucho con no exhibirse en tales lides, y por ello no podemos creer que sea cierto, como se dice, que manifestó el Sr. Avilés en la Comisaría que venía con encargo de sus compañeros de matar al Sr. Barriobero, porque aparte de que la forma no era la más en concordancia con la caballerosidad aneja al indiscutible honor militar, la anterior forma de duelo estaba ya zanjada con un acta que podría ser suficiente al Sr. Avilés, y que al Sr. Barriobero, que entiende que el honor es de todos, le tenía perfectamente sin cuidado. Por otra parte, y acusado públicamente el Sr. Avilés en el momento del juicio de falso testimonio y sancionado por una sentencia, que de haberle apreciado verídico, se hubiera dictado en otro sentido, nos parece que por lo menos era una cuestión previa que interesaba al honor de la Corporación, si la agresión tenía carácter corporativo, la de ver si era posible que se hubiera dado el caso de un militar capaz de jurar en falso para borrar los fueros de la verdad en una declaración.

De todos modos, lo que interesa a los Abogados y a cuantos desempeñan funciones judiciales, es que se pueda hablar con libertad en los Tribunales, y no porque un señor, que lo misma puede ser muy digno que no serlo, porque ya es antiguo el refrán de que «el hábito no hace al monje», vista determinado uniforme, no vayan a poder disentirse sus palabras sin temor a un matonismo más o menos metódizado por las llamadas leyes del honor, que el Estado español no sanciona y hasta castiga en sus procedimientos, porque de no hacerlo así, habrá que sentir ciertas infalibilidades que nos llevarían a colocar a determinadas clases en situación de dictadoras, a lo que no creemos que se tienda ni podría admitirse en manera alguna.

Por eso el Consejo de la Federación de Abogados, en el acto mismo de leer la noticia en el periódico y sin esperar a que el Sr. Barriobero, delegado de Madrid, diese la queja, y por mediación de su activísimo Presidente, Sr. Rodríguez de Rivera, se formuló personalmente la oportuna protesta ante las autoridades superiores militares, que le recibieron con toda atención, lamentando lo ocurrido.

Nosotros creemos que, aparte el caso particular ahora sucedido, se deben recabar disposiciones legales que para casos semejantes garanticen la inmunidad de la toga y castiguen agresiones como la que ahora lamentamos, como si se tratase de un atentado a la autoridad judicial en el ejercicio de sus funciones, sin que sea preciso que el hecho se realice mientras aquéllas se ejercen, sino aun posteriormente y con motivo de las mismas, para lo cual ya hay algún precedente en lo que se hace con los ex Ministros, y aunque no lo hubiera, sería de justicia y de urgentísima necesidad.

«La Federación de Abogados de España», por lo que el hecho afecta a la clase en su totalidad, ya ha hecho algo, esperamos que el Colegio de Abogados de Madrid y el de Orense tampoco desampararán al señor Barriobero, como miembro de dichos Colegios.

Después de consignada esa esperanza, en el Colegio de Abogados nos entramos de que a la Comisión de la Federación no la fue posible conseguir ser recibida por el Decano, hoy Presidente del Consejo de Ministros; en cambio, el Letrado Sr. La Cierva, Ministro de la Guerra, los recibió, en el acto, dando pruebas del compañerismo que también esperaban en el Sr. García Prieto y de que éste, seguramente, hubiera dado pruebas de dejarle tiempo los solicitadores de favores políticos de que estaba llena su antecala, la que aquella Comisión tuvo que abandonar después de dos horas y media de espera y tres o cuatro recaudos para poder ser recibida con preferencia.

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La carrera judicial

La antigüedad en los traslados

Hace poco, en un artículo que por la bondad del Director de esta Revista vió en ella la luz pública, terminaba yo consumando que, en el noble afán de dar independencia al Poder judicial, se pretenda, por los que preconizan el régimen de la antigüedad a todo trapo, que ella rija también para los traslados entre funcionarios de la misma categoría, y al modo y en la forma que se haga entre los Registradores de la propiedad. Y como toda opinión debe fundarse y razonarse todo juicio, voy a intentar demostrar que mi censura no era caprichosa oposición de las que se acostumbran a hacer en nuestro país contra toda idea reformadora o simplemente nueva.

Es tan distinta la condición de los Registradores a la de los funcionarios judiciales, que si en nada pueden equipararse ambas carreras, menos que en nada pueden igualarse en este respecto; porque, en efecto, cada Registro tiene distintos emolumentos y diferentes ventajas económicas, aun dentro de la misma categoría, y por ello es justo que, si el que sirve en H y gana cuatro, quiere ir a Z, donde va a ganar ocho, esa positiva ventaja no quede al arbitrio ni al favor del poder ejecutivo, y su otorgamiento se subordine a la antigüedad, única base de posible equidad que hemos podido encontrar, para las determinaciones del Poder, en el ambiente de inmoralidad y de desconfianzas en que los desengaños sufridos nos han colocado. Porque esos traslados de los Registradores, en la mayor parte de los casos, son verdaderos ascensos, si no de derecho, sí de hecho; y también para el ascenso judicial, para el caso en que el funcionario, al mejorar de ca-