El Foro español (Madrid. 1898) (1921-08-15 00:00:00), página 4

ítopicos. Los añejos vicios de embriagar o comprar el pueblo para que les vote, a todos nos causan daños.

Esa pilastra de los repartos de Consumos, hoy impuesto de Utilidades—¡oh, brillante ley del 18, de Besada, cómo te interpretan!—, que oculta sus bienes y merienda débacles, baldíos; esa becada del chaquet y nula pechera, esa España vieja que nos agobia, no siente, no puede sentir cariño por la carrera judicial. Individualmente, cultivan los débiles; colectivamente, procuran nuestra decadencia. En alguna ocasión, grandilocuentes discursos parecen anunciar la buena nueva: todo va a terminar, una nueva aurora lucirá; pero el desengaño pronto nos envuelve con sus fríes realidades, y nos demuestra el deseo de que sigan dominando las oligarquías, los apetitos inconfesables.

Y el problema no es de funcionarismo, sino de vida. Algun órgano patriótico ya ha pedido insistentemente que la jurisdicción militar sea la que conozca de los delitos llamados sociales; parece que en algunas poblaciones los Gobernadores civiles determinan la competencia del fuero ordinario, remitiéndole o no los antecedentes necesarios, según les place; otros proponen recompensas para los Jueces. El Real decreto que hemos comentado anteriormente dispone que los individuos de los Cuerpos de Vigilancia y Seguridad dependerán por escrito en las actuaciones judiciales, salvo en caso de considerarse indispensable su presencia, y cuando en ciclos del servicio o con motivo de lo fuese objeto de denuncia, el Gobernador civil transmitirá el informe de los jefes de aquéllos acerca de si obraron o no en virtud de obediencia debida y en cumplimiento de su deber. Las trabas aumentan.

¿Deben pensar: ¡Oh!, esa pobre gente que en apariencia administra justicia, que siga cobrando su miserable sueldo; que, como toda esperanza, tenga la de que, tras el ejercicio de su profesión—en que los acomodados habrán esquilmando lo heredado, ya que todo negocio les está prohibido—, se encuentren con una ridícula jubilación, y sus viudas y huérfanos que aumenten el triste ejercicio de los desamparados y pedigrúeños. ¿Qué quieren reunirse y asociarse para fines benéficos, mutualistas, ejercer el derecho de petición, estudiar, mejorarse, elevarse? De ningún modo.

Cada vez más proclírase someternos a la ajena dependencia.

Sin embargo, sentimos el orgullo de la loga. ¡Qué inmenso debe ser, cuando en esas condiciones la Magistratura española es modelo de institución!

Dignos sus miembros de vestir la túnica atafará y asistir con celos de marfil a las vistas, como los antiguos senadores romanos; signo que encarna la soberanía del jus summum cuique tribuere. Con un puritanismo que es ya religión, sigue su camino. Es falso el que no descansa en laborar por su redención. Todos deben poner su esfuerzo máximo y pensar que nada ha de dárseños; así, hemos visto que el Senado empezó a discutir los proyectos de Gracia y Justicia y sólo,afortunadamente, aprobó uno: el de ingreso en las carreras técnicas dependientes del Ministerio de Gracia y Justicia. Es indudable que cualquier procedimiento nos parece óptimo si se basa en la oposición teórica y se complementa con la práctica, único admisible, siempre que se rodee de garantías personales el Tribunal, que para nuestra carrera únicamente deben componerlo Magistrados y dos Catedráticos, no siendo mucho pedir que los hijos de funcionarios del Cuerpo cubran el diez por ciento de las plazas sin consumir número. No pasó en el Congreso.

¿Tratabase, una vez más, de hacer que hagamos? Pudieron los Cuerpos colegisladores haber aprobado este solo artículo: «La Magistratura constituye una carrera especial facultativa, de escala cerrada, en la cual se ingresa únicamente por oposición, en su última categoría y clase, dependiendo exclusivamente del Presidente del Tribunal Supremo. Al mismo asesorará una Junta, compuesta de funcionarios de cada categoría, elegida por la carrera, organismo propulsor de la legislación reglamentaria.» Entonces, en vez de censuras tendríamos elogios; al pesimismo hubiera reemplazado el optimismo.

Que es necesario en nuestro Cuerpo un organismo central análogo al indicado, nos lo demuestra su existencia en muchos otros, como en el de Abogados del Estado, donde existe la Dirección de lo Contencioso, según dispone el reglamento provisional de 27 de enero de 1920; en el de Aduanas, cuyo Consejo superior entiende en todo lo relativo a traslados (1), y en cuyo Cuerpo hubo un movimiento análogo y por causas similares al actual nuestro, ya que en él la arbitrariedad dominaba para sus nombramientos y los protegidos disfrutaban las congruas, consiguiendo terminar con tal régimen, y teniendo hoy en cuenta la antiguedad para los destinos. Por ello tenemos derecho a pensar que no se ha intentado resolver problema alguno. ¡Quién sabe cuánto tardarán en hacerlo!

Mil medios hay de beneficiar la carrera sin gravamen para el Presupuesto. Amplíense las excedencias, al igual que en Abogados del Estado, donde para ascender sólo es necesario haber servido cierto número de años en la categoría inferior; y, sin embargo, en los proyectos del Sr. Piniés, por ser en todo divorciados de la realidad, se la suprimía casi de raíz al obligar a permanecer dos años excedentes y pedir el reintegro antes de los tres, so pena de perder todos los derechos dentro de la carrera. Pudo resolverse el del premio al mérito, bien, como sucede en el Cuerpo de Hacienda y Vigilancia, consignando cantidades, como premio metálico, para el funcionario o los que durante el año hubiesen ejecutado hechos o trabajos extraordinarios, o como en el de Abogados del Estado, estableciendo distinciones honoríficas, cuyas reglas se siguen en el de Prisiones; pero no se concedió un ascenso, que produjo la natural indignación de la clase. Debieron los legisladores recordar que la Real orden de Hacienda de 1903 y complementarias de pensiones, viudedades y orfandades, eran miserias; que el Real decreto de 31 de diciembre de 1918 no puede subsistir si no se organiza una mutualidad sería y eficaz. ¡Pero qué más, si la proposición presentada por D. Leonardo Rodríguez, espíritu generoso, al objeto de que las pensiones

(1) Véase el Reglamento de 8 de abril de 1919 y 30 de diciembre de 1920.