El Foro español (Madrid. 1898) (1922-02-28 00:00:00), página 4

«La Justicia, como todos los organismos de la Administración, hasta hoy, en España, ha sido un instrumento al servicio de lo que hemos dado en llamar organización caciquista, que es la trama y la urdimbre de nuestra política.» Y ese ludibrio para el Cuerpo se lanza una y otra vez por políticos de todos los colores. Y en cambio, los obligados a imponer una disciplina, no sólo no lo efectúan, sino que contrariarían las aspiraciones de la colectividad. ¡Como si la función de gobernar no fuese ir delante e imponer los principios justos!

Pensemos que influirá la crítica serena para que las aguas vuelvan a su cauce; empleemos todos nuestra libertad de acción en esta labor ciudadana, que ella será freno y cortapisa de arbitrariedades.

El figurar en un escalafón no priva de los derechos de libre emisión del pensamiento, si éste se encarga en el respeto mutuo y obligado. El cerebro, expresión la más alta de la naturaleza humana, rige nuestra vida. Acatamiento sincero a las disposiciones del Poder ejecutivo; respeto exagerado, pero labor de reconstrucción; ni el art. 4º, 60, etc., de la ley Orgánica, ni ningún otro, excluye que manejemos la pluma en el terreno que lo hacemos; guardadores celosos de nuestro juramento, por él lucharemos; pero —como magistral e inimitablemente dice Bruyel— la disciplina y jerarquía tienen su campo de acción limitado a la esfera oficial.

Pedimos reformas después de meditarlo y aconsejarnos de la hermenéutica, como suprema maestra interpretativa; fíjico nos parece el sistema de la súplica; ya que tal actitud no puede ser nunca abusiva.

La legalidad de tal facultad para todo individuo la concede y sanciona el art. 13 de la Constitución. El la permite a todos los sujetos de derecho, a excepción de las clases de fuerza armada, a las cuales colectiva o particularmente les está prohibida por su índole sui generis. Los miembros de la Carrera judicial, poco dispuestos a la rebeldía, acostumbrados a aplicar las leyes, influidos y obsesionados, quizás en demasia, por su letra, modelo de colectividad han sido. ¿Responde el Poder ejecutivo beneficiosamente a tanta corrección? Ya lo hemos visto. Ganada la opinión para el régimen de antigüedad rigurosa en todos los cargos de la Carrera judicial hasta Magistrado del Tribunal Supremo, si se llega al ideal de que éste asimismo se forme, o incluso para el acceso al mismo si no se diera este extremo, pues es preferible el predominio de la mediatura al del favoritismo, un movimiento de asombro y tristeza nos producen las últimas disposiciones que, cerrando el horizonte, llevan a las más combatidas disposiciones nuevamente.

Hasta cuando la absurda teoría que pretende que los Presidentes de Audiencia e individuos del Ministerio fiscal representan al Poder ejecutivo y son delegados de éste? Esa premisa, que trae la consecuencia de la libertad en su traslado y cese por conveniencia del servicio, es morbosa. Ellos deben seguir la norma general de ocupar esos cargos atendiendo a la antigüedad de servicios.

A continuar, pues, la obra, partiendo del decreto de 29 de noviembre, que nos merece gran entusiasmo, no sólo por los buenos propósitos que revela el comienzo de la realización de nuestras aspiraciones, sino porque para graduar su esfuerzo al realizarlo ha de ponderarse con la resistencia que a los principios en el contenido han puesto aquellos elementos directores de la organización judicial, la enemiga tradicional de muchos que, figurando en los altos puestos, se olvidan (quizás porque, más afortunados, no experimentaron su calvario) del fatigoso camino que hay que recorrer, y el egoísmo de algunos que anteponen su utilitarismo al concepto de la propia y ajena dignidad.

Pidamos:

1º. Todos los años, en el mes de enero, se convocará a oposiciones...

2º. El único medio de ingreso es la oposición...

3º. Toda vacante que ocurra en la Carrera judicial o fiscal, excepto los cargos del Tribunal Supremo, presidencias de territoriales, provinciales y fiscales de la misma, será ocupada por el más antiguo de los que, teniendo igual categoría, la soliciten, o por el número uno de la inferior, correlativos. Dichas vacantes se anunciarán en los diez días inmediatos en la Gaceta de Madrid, y comunicadas telegráficamente a las provincias y posesiones extrapeninsulares, serán solicitadas en los diez siguientes, y se poseecerá en los veinte inmediatos al nombrado.

Con ello, los plazos son cortos; y argumentamos a los que nos hablan de la continuidad del servicio, que cuarenta días para el concurso, nombramiento y posesión, son plazos suficientes que hoy existen, pues los treinta días suelen alargarse; a mayor abundamiento; terminarán los vergonzosos viajes en la Gaceta. Y esto no es idea original; existen precedentes copiosos en nuestra legislación reglamentaria; entre otros el Real decreto de 3 de abril de 1884, en que se mandaba anunciar en la Gaceta de Madrid todas las vacantes del orden judicial, y se daba un plazo de veinte días para solicitar; 31 de julio de 1885; 3 de octubre del 89.

4º. Se reducen los turnos de ascensos o siguen subsistentes los del decreto de Burgos, del año 1914; tres de servicios efectivos y uno a la categoría.

5º. Suprimiendo el abono de 50 por 100 de tiempo a los funcionarios de las posesiones extrapeninsulares; la antigüedad, tanto de servicios como de categoría, será la fijada en el escalafón.

6º. Se restablece el decreto de 1906 que suprimió las asimilaciones de los Secretarios de Sala y de gobierno, y se aclara que, en virtud de las leyes sucesivas dictadas para regular los nombramientos de los cargos de la Carrera judicial, en relación con la ley de Funcionarios, están derogadas las de los funcionarios de Gracia y Justicia.

7º. El excedente tiene derecho a ocupar la pri-