El Foro español (Madrid. 1898) (1920-08-31 00:00:00), página 2

estimular al enérgico cumplimiento de los deberes de ciudadanía contra todos y a pesar de todo.

¿Qué se diría del general que, asaltada una ciudad, en vez de permitir que todos los ciudadanos armados se uniesen a los soldados en defensa de la ciudad, apartase a aquellos timidamente, ahogando sus sentimientos patrióticos, o creyéndolos incapaces de sobreponerse al temor, a los peligros naturales, y concretase la defensa a los soldados obligados o mercenarios, aun exponiéndose a que le resultara deficiente?

Esa suspensión significa, pues, en nuestro concepto, o una obligada deserción de los deberes ciudadanos, o una injuria al civismo de los unos y a la honradez de los otros.

En resumen: que no creemos que la causa alegada para la suspensión sea ninguna de las correspondientes al criterio del legislador al autorizar tal suspensión, que no fué otro que el de evitar los efectos de una mala aplicación de la ley, o una corrupción evidente en los Jueces de hecho.

Y como esto no es así, ni se alega como razón para lo que se ha hecho en el Decreto en que tal cosa se ordena sino solamente esos motivos de coacción, nosotros no podemos estar conformes con ello, aunque la tal coacción fuera formidable, porque por ese sistema no habría tribunales posibles, a menos que el valor épico o el civismo heroico se crea que sólo puede ser patrimonio de un cuerpo o clase determinada; y aunque nosotros, como defensores de la Ju- dicatura, estemos orgullosos de su rectitud y fortaleza, también hemos visto claudicar a algunos desgraciados funcionarios judiciales ante presiones bien fuertes, aunque menos formidables que la que ahora se supone, ante las asechanzas y exigencias de caciques políticos y de Gobiernos, casi siempre en épocas electorales; y sin embargo, ¿quién osará pensar siquiera que la generalidad de nuestros dignos Magistrados sean indignos, por cobardía, de ejercer sus augustas funciones?

Creamos, pues, que en determinadas circunstancias las funciones del Jurado pueden y deben suspenderse; pero en los actuales, en Barcelona, en vez de dar un Decreto para tranquilizar a los timidos, ha debido excitarse el ánimo de todos para ejercitar con más valor cívico que nunca los deberes de ciudadanía.

Esta es la manera de educar al pueblo; lo demás es legislar en cobarde y alimentar las cobardías. Hay que levantar el ánimo de los decadidos, sin inutilizar el noble esfuerzo de los fuertes en el momento mismo de la lucha.

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Después de escritas las anteriores líneas, se ha celebrado en Barcelona el primer juicio, que debió ser por jurados, en uno de los crímenes llamados «sindicalistas»; el Tribunal de Derecho ha dictado sentencia absolutoria. ¿Vamos, por eso, a creer que los Magistrados han fallado coaccionados, como se suponía lo estaban los jurados? De ninguna manera; porque ni hemos de sentar el principio de que los procesos sindicalistas hayan de terminar siempre fatalmente con una condena, ni hemos de creer que ahora los Magistrados han sido injustos, como antes lo jurados; y si aquéllos en esta ocasión hicieron justicia absolviendo, no hay por qué pensar que los jurados, haciendo lo mismo, fueron injustos.

La realidad se ha impuesto bien pronto.

POR LOS HUMILDES

Todo es hablar de aumento de aranceles, de carestía de la vida, etc., etc., relacionándose con Procuradores, Relatores y Secretarios, y hasta se acaba de conseguir un aumento provisional de un 20 por 100; pero todo esto no resuelve el problema a los pobres Alguaciles, especialmente a los de Juzgado municipal, de que particularmente queremos ocuparnos. Y decimos que no les resuelve el problema de la vida, porque si la asignación es de por sí irrisoria, el tanto por ciento no acabará con la irrisión, ya que lo que se necesita es variar la cifra inicial hasta convertirla en remuneración decorosa.

En efecto: aun mejorados los aranceles de estos modestos auxiliares judiciales por el Ministro señor Burgos Mazo en 19 de Septiembre de 1917, todavía resultan miserables en este punto, como demuestran las siguientes consideraciones:

En las conciliaciones cobran dos pesetas, que entre los tres Alguaciles que tiene cada Juzgado de Madrid, resultan 66 céntimos a cada uno, siendo de advertir que, con el último decreto sobre alquileres, no se cobra la conciliación, si no que ésta va englobada al resto del juicio, cobrándose sólo por este concepto.

En los juicios verbales, el 1 por 100, o sea 33 céntimos para cada uno.

En los desahucios que no exceden de 1.000 pesetas, que son casi todos, dos pesetas, o sean 66 céntimos cada uno, y de 1.001 pesetas en adelante, tres pesetas para los tres, siendo raro el caso en que se llega al lanzamiento, y aun así sólo tienen derecho a otro tanto.

En exhortos, hasta 250 pesetas, 50 céntimos, y de 251 a 500 pesetas, a cada uno 0,75 céntimos, y cuando se pide embargo, que suelen ser dos al mes, 50 céntimos más para los tres.

En lo criminal se rigen aún por el Arancel de 29 de Mayo de 1873, o sea de hace cuarenta y siete años, si bien se reformó en 1907 para Jueces, Secretarios, Adjuntos y Fiscales; en él no se menciona para nada a los Alguaciles y, como sucede en lo civil, cobran por citación 0,66 céntimos para tres hombres, los juicios que se cobran, toda vez que en 1917 se tomó como tipo lo dispuesto en 1873, siendo de advertir, y por eso se subrayan esas palabras, que hay Juzgados donde se celebran al año más de tres mil juicios, y apenas si se cobran sesientos, y siendo, por término medio, cuatro las citaciones, suman un total de 1.584 pesetas, que para cada uno al año