El Foro español (Madrid. 1898) (1919-11-15 00:00:00), página 4

Tiene razón el eximio comentarista. No era remedio rápido para defender la propiedad atropellada, la interposición de una demanda de tercería de dominio, cuyo procedimiento único para tales casos llegó a establecer la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia y han venido aplicando los juzgados de primera instancia.

Y, por eso, precisamente, la introducción del citado precepto en nuestra legislación sobre la propiedad inmueble, constituye un verdadero y sano progreso en el derecho sustantivo.

Pero como toda obra humana, y por añadidura «no visiva», no ha resultado tan perfecta que se halle totalmente exenta de duda o de interpretación, no obstante la claridad de su letra y lo diáfano del espíritu que la forma, que reflejan de consumo el sagrado principio de la Intangibilidad de la propiedad inmueble.

Corrobora esta apreciación la lectura del mencionado texto legal, que dice así:

«En el caso de embargo preventivo, juicio ejecutivo, o procedimiento de apremio contra bienes o derechos reales determinados, se sobreseerá todo procedimiento de apremio respecto de los mismos o de sus frutos, productos o rentas, en el instante en que conste en los autos por manifestación auténtica del Registro de la Propiedad, que dichos bienes o derechos constan inscritos a favor de persona distinta de aquella contra la cual se decretó el embargo, o se sigue el procedimiento, a no ser que se hubiere dirigido contra ella la acción en concepto de heredera del que aparece como dueño en el Registro...»

De la recta inteligencia del precepto legal transcrita nacen las siguientes derivaciones jurídicas; es la primera que la ley Hipotecaria no permite ninguna privación del libre y absoluto disfrute de todos los productos de la propiedad inmueble y de los derechos reales, por quien tenga inscrito en el Registro de la Propiedad el derecho de dominio; es la segunda, la de que en el instante en que aparezca de un modo auténtico que aquel disfrute de los productos de la propiedad inmueble ha sido perturbado por un procedimiento de embargo o de apremio, le impone el Juez que conozca de los autos el deber de sobreseer; sin distingos procesales, y hasta de oficio en dicho procedimiento, rindiéndose con ello un merecido tributo a la misma ley, que tan decisivamente defiende el derecho de dominio; y, como consecuencia lógica de los anteriores precedentes, es la tercera derivación o sea la de que, en el caso de que por cualquier circunstancia, la manifestación auténtica de que habla la ley, no sea aportada a los autos por la misma persona a cuyo favor aparezca inscrita en el Registro de la Propiedad de la finca o derecho reaj que haya sido objeto de embargo, también deberá sobreseerse en el procedimiento de apremio seguido contra persona distinta a la que tenga a su favor la inscripción.

Es cierto que la ley no expresa taxativamente la última derivación que queda consignada; pero no es menos cierto que tampoco la rechaza; antes al contrario, la autoriza explícitamente al prescribir en términos como de conclusión definitiva que, en el instante en que conste en los autos la manifestación auténtica, a que nos venimos refiriendo, se sobreseerá en el procedimiento de apremio.

De surgir alguna duda acerca de la afirmación que antecede, la desvanecerá muy cumplidamente la misma ley, con el silencio que guarda respecto a puntos tan importantes como son: las formalidades que hubieran de observarse para la aportación a los autos, de aquella manifestación auténtica; en qué forma y por quién, precisamente, había de formularse la correspondiente demanda, y trámite que había de seguirse para la mayor garantía de la resolución que al efecto se dictase.

Fuerza es, pues, el reconocer que la extensión del nuevo derecho introducido en nuestra legislación sobre la propiedad inmueble, está perfectamente definida en el párrafo segundo del artículo 24 de la ley Hipotecaria, y que representa, además de una poderosa defensa del derecho de dominio, la adopción de la rapidez para restablecer toda perturbación en el ejercicio del mismo.

Si el nuevo objeto de este modesto estudio, ofrece poco campo para la duda y para su interpretación, no puede afirmarse lo mismo respecto al procedimiento que haya de seguirse para su rápida declaración jurídica en el caso de controversia ante los Tribunales de Justicia.

En general, es de lamentar que, a las reformas o nuevas leyes sustantivas, no las acompañen las oportunas modificaciones de las leyes aditivas, siempre que las variantes introducidas en las primeras, exijan un nuevo procedimiento para su aplicación y ejercicio.

Esta falta de necesaria relación entre dichas leyes, resalta en gran manera en lo que se refiere a la novísima legislación de la propiedad inmueble, tanto por su importancia jurídico-social como por la dificultad de que prevalezca el criterio que la informa, relativo a la rápida efectividad de sus preceptos, dentro del derecho procesal vigente, en términos que puede darse muy bien el caso que el referido derecho se convierta en ilusorio.

Supongamos una divergencia de apreciación acerca de la aplicación del precepto legal que examinamos entre el Juez y la Audiencia; ¿qué recurso puede utilizarse para la subsanación del error en que haya podido incurrirse? Dentro de los estrictos preceptos de la ley procesal vigente, ninguno, desde el momento que no autoriza el recurso de casación por infracción de ley en los juicios ejecutivos ni en los autos que dicten las Audiencias en los procedimientos de ejecución de sentencias.

Resultado: que con el forzoso acatamiento a la resolución de la Audiencia y ante la necesidad de promover otro pleito para que se restablezca el imperio de la ley, prevalecerá contra ésta el procedimiento que ordena sobreseer el artículo 24 de la ley Hipotecaria, y como fatal consecuencia, completamente burlado el derecho establecido en dicho precepto legal, con grave, y acaso irreparable perjuicio de legítimos y muy sagrados intereses.

Es, como se ve, sumamente grave el conflicto que