El Foro español (Madrid. 1898) (1920-10-31 00:00:00), página 6

LA MEMORIA DEL FISCAL

Pero vino la ley Adicional de 1882, y sin fijarse el legislador en la transcendencia de la innovación, acaso con el propósito de dejar el mayor número de atribuciones en lo criminal a las ochenta Audiencias que creaba en los números 2.º y 3.º del art. 4.º, limitó la competencia de las territoriales a los Concejales y Autoridades administrativas de las capitales de provincia y poblaciones donde hubiera Audiencias, hoy a aquéllas por virtud de la reducción de 1893. No se dio competencia especial a los nuevos Tribunales, por lo que los Jueces de Instrucción, a tenor del art. 14 de la ley de Enjuiciamiento criminal, de las circulares de esta Fiscalía, y, sobre todo, de la constante doctrina del Tribunal Supremo, continuaron conociendo con plena jurisdicción instructoria de todas las causas atribuidas a los Tribunales últimamente citados.

Pronto se dieron cuenta de tal estado de cosas aquellos cuyas miras favorecía la reforma; se vieron libres de las dificultades que siempre ofrece la actuación de un Tribunal colegiado para conseguir un fulminante procesamiento y suspensión de la Corporación enemiga, y de consiguiente acrecentaron las presiones o coacciones sobre el Juez, hoy completamente aislado y sin otros elementos de auxilio que su carácter y la conciencia del cumplimiento del deber.

La agravación del mal revisé caracteres tan agudos, que se pensó en que las Salas de gobierno de las Audiencias territoriales hicieran uso en estas causas, por regla general, de la facultad que les concede el artículo 304 de la ley procesal; pero aparte de que su texto no lo consiente, el número excesivo de estos sumarios que se inician en ciertos períodos agitados, especialmente cuando se aproximan unas elecciones generales, impugnaba la adopción de esa medida, a la que por todos conceptos ha de acudirse únicamente en casos bien excepcionales.

Mientras subsista la actual organización, no cabe otra que la de volver al estado de la legislación de 1870, con tanto mayor motivo cuanto que ese cambio de competencia ha de producir la desaparición de la casi totalidad de los procesos contra los Ayuntamientos rurales.

3.º Otra ingeneridad de la política en la Administración de justicia se produjo con la intervención dada en las operaciones electorales a los Jueces y Magistrados.

Esa legislación, en las épocas de sufragio universal, después de un ensayo de grandes circunscripciones, la ley de 20 de Agosto de 1870, de acuerdo con la Constitución del año anterior, opta por la representación universal y por distritos; primero preside los escrutinios el Juez de primera instancia; reformas posteriores vuelven en parte a las circunscripciones, sin que ello quiera decir que la presidencia de la Junta escrutadora dejara de continuar vinculada en el Juez y más adelante en uno de los Magistrados de la Audiencia, y en su defecto, de aquellos por orden de categoría y antigüedad, excluido siempre el titular del propio distrito; los asedios de los candidatos se dividen entre los Ministerios de Gobernación y Gracia y Justicia. La pureza del sufragio y del régimen electoral pudo generar algo, muy poco; ahora, la independencia y prestigio judicial pierden bastante, pues como al Presidente, aunque sin voce, le imponía la ley la obligación de proclamar Diputado o Candidato al que haya obtenido mayor número de sufragios, parece que tal determinación se encomienda al mismo y no a la mayoría de la Junta, dispuesta en aquellos tiempos a hacer las mayores atrocidades; ¿quién no recuerda ciertos escrutinios en que en una Sección o Colegio de 400 y pico de electores se adjudicaban más de 12.000 a los candidatos? O la intervención del Juez o Magistrado es infiel, limitándose a sancionar toda clase de chanchullos y arbitrariedades, o debía abstenerse de computar tal votación, fuese cualquiera el contenido de las actas de las Secciones; sin embargo, la mayor parte de los Presidentes, por temor a incurrir en responsabilidad, permanecía en actitud completamente pasiva, tolerando esas sumas notables, de 4 y 4 = 20, y 20 y 20 = 200, de los Secretarios escrutadores, mediante las que ocurrían esas célebres resurrecciones de los muertos en las urnas.

Inspirada en el propósito de concluir con esos escándalos e irregularidades, viene a introducir una reforma sustancial en el anterior régimen electoral la ley de 1907; pero nuestro objeto bastará decir que los escrutinios se verifican sólo en las capitales de provincia, bajo la presidencia del de la Audiencia, y las actas con protestas pasan a informe de un Tribunal especial, compuesto del Presidente de la Sala y de los seis Magistrados más antiguos del Supremo. No estoy llamado a defender un sistema ya conocido y practicado de antiguo en países tan adelantados como los Estados Unidos; sí diré que el exigir indiscutible acierto en el informe, al que se convino desde sus comienzos en dar fuerza de sentencia, emitido dentro de un período de veintiún días previas diligencias instructivas complicadas en varios casos, y tocando a cada Ponente de 16 a 24 actas, algunas de circunscripción, acusa por lo menos falta de conocimiento de la realidad y olvido completo de lo que sucedía cuando esa operación estaba a cargo de las Comisiones de Actas.

Sea de ello lo que quiera, lo indudable resulta que fue una intrusión de la política en el Tribunal Supremo, incompatible con nuestras costumbres y motivo de ataques, aunque en la casi totalidad de los casos faltos de toda justificación, que siempre restan prestigio a una Institución que tanto necesita de él.

La tendencia, pues, al anterior statu quo o que, como en país vecino, pase al Consejo de Estado ese examen e informe, debe favorecerse y conduce a ella por todos los amantes de la justicia.

4.º Todavía llegó a más la invectiva; a toda costa se necesitaba traer jueces políticos a la carrera, y así como antes el buen agente electoral aspiraba y solía obtener un cargo en los gobiernos civiles, según su importancia, a veces hasta el de Secretario, pensaron, con ayuda del candidato por ellos favorecido, en ingresar en la carrera judicial o fiscal a la antigua usanza: esforzaba en un principio el sistema adoptado por la legislación orgánica, en armonía con el art. 94 de la Constitución, según el que el ingreso en la carrera judicial era por oposición, facultando al Rey, o sea al Poder ejecutivo, para nombrar una cuarta parte de Magistrados de Audiencia y del Tribunal Supremo de entre los Abogados que reunieran ciertas condiciones, dándose intervención al Consejo de Estado, que debía ser oído respecto a los nombramientos. Aun con tal sistema, como el período transitorio duró años y años, la puerta de la oposición estaba, si no cerrada, sólo entrecerrada, es verdad que para dar paso a los cesantes, salvas ciertas excepciones.

Pero no bastaban éstas para satisfacer las aspiraciones de los políticos, y como la Constitución vigente omitiera el precepto citado de la de 1869, la ley Adicional vino en su ayuda al establecer el ingreso en la carrera sin necesidad de la oposición, y al efecto, concedió a los Abogados un tercer turno en la categoría de Juez de entrada y un cuarto en todas las demás, artículos 40, 41, 42 y 43; y así desaparece aquella limitación de la primera ley Orgánica, que únicamente, repetire, desde la categoría de Magistrado de Audiencia territorial, daba acceso a los Abogados en ejercicio.

Otra facilidad se produjo, sin duda, en la imposibilidad, más o menos relativa, de reglamentar, con la urgencia que el caso requería, la oposición establecida por el art. 52 de dicha ley para el ingreso en las plazas de Vicesecretarios de las nuevas Audiencias; agotado