El Foro español (Madrid. 1898) (1922-06-30 00:00:00), página 4

coacción, y hasta en terreno de transacciones y aun de simples consultas.

De todos modos, hasta los nombres de «policía» y «abogado» unidos no suenan bien.

En la práctica hemos podido apreciar que no armonizan estas dos profesiones, así como tampoco en el terreno de una pura ética, y desde luego podemos afirmar que, generalmente, no son bien mirados entre los abogados los que a esta cualidad reúnen la de policía.

Y consiste que por no ofender ni aun molestar a nadie no queremos concluir este artículo con algunos ejemplos tomados de una frísta realidad, y nos limitamos a terminarlo casi como lo hemos empezado, o sea pidiendo al Ministro de Gracia y Justicia, por un lado, y al director de Seguridad, por otro, que dicten urgentemente cada uno la respectiva disposición declarando ambos cargos incompatibles.

Con lo cual ganarían mucho el prestigio de uno y de otro, la moral y la Justicia.

Obras de Derecho.
Ley del Registro de la Propiedad, por D. Carlos López de Haro, Registador de la Propiedad, 8 pesetas.
Prescripción de la prueba en materia criminal, por el Sr. López Intente, 20 pesetas en Madrid, 5 pesetas en provincias.
El criterio Judicial, por D. Miguel Sáez Gómez, Juez de 1.ª Instancia, 4,50 pesetas.
Personas, cosas, casos y causas judiciales, por D. Miguel Sáez Gómez, Juez de 1.ª Instancia, 4,50 pesetas.
Derecho catalán, por D. Arturo Corbella, Abogado, 6 pesos.
Papel para la Administración de EL FORO ESPAÑOL, Isabel la Católica, 4 duplicados.—MAURIL

ARANCELES DE LOS JUZGADOS MUNICIPALES

En la Gaceta del 31 de mayo se inserta el siguiente Real decreto modificando los aranceles de los Juzgados municipales:

«EXPOSICIÓN

SEÑOR: La Comisión nombrada por Real orden de 27 de abril de 1920 para redactar una ponencia que contenga las reformas que juzgue oportunas en los aranceles judiciales, a la que también se encargó, por Real orden de 25 de octubre siguiente, el estudio de las modificaciones que deben introducirse en materia de honorarios en cuanto hace referencia al Registro civil, fue requerida para que elevara a este Ministerio su propuesta en la parte que corresponde a los Juzgados y Tribunales municipales.

Aceptar íntegramente la propuesta, estableciendo por modo fragmentario la reforma proyectada, equivaldría a quebrantar la uniformidad que debe existir en materia arancelaria para los asuntos de carácter civil, singularmente entre los Juzgados de primera instancia y los municipales. Por otra parte, la urgencia de la reforma, que fué reclamada por la precaria situación de algunos funcionarios, quedó servida con el aumento autorizado sobre los derechos que se devenguen en los asuntos civiles por el Real decreto de 13 de agosto de 1920. Estas consideraciones aconsejan el aplazamiento de la modificación del arancel de asuntos civiles en los Juzgados y Tribunales municipales hasta que por la mencionada Comisión se proponga la completa y general reforma, extensiva a todo el organismo judicial, y limitar ésta por ahora a estos cuatro extremos:

A) Reglamentación de las dotaciones asignables a los funcionarios por la tramitación de asuntos de carácter civil, que con posterioridad a la fecha del vigente arancel se han sometido al conocimiento de los Juzgados y Tribunales municipales.

B) Ordenamiento de la cuantía de la retribución permitida a los funcionarios actuales en el enjuiciamiento criminal.

C) Establecimiento del límite de los honorarios asignados a los encargados del Registro civil.

D) Preceptos reguladores del régimen interior de estos organismos.

El Real decreto de 21 de junio de 1920 somete al conocimiento de los jueces municipales, con el auxilio de los Secretarios y el concurso de los vocales juzgadores, las cuestiones que surjan entre propietarios de fincas urbanas e inquilinos, especialmente las derivadas de la revisión de los contratos de arrendamiento y ejercicio de la acción de desahucio en los casos permitidos por dicho Real decreto. El arancel-vigente, de 23 de septiembre de 1917, no pudo prever estos conceptos nuevos, siendo por ello necesario establecer normas de tasación de los derechos correspondientes, evitando así que la improvisación individual busque y encuentre analogías en el arancel, que, aplicadas y hechas efectivas, constituyen una situación peligrosa para los intereses de los litigantes.

La percepción de derechos en los juicios de faltas viene regulándose por las tarifas contenidas en el arancel de 31 de marzo de 1873, modificado en parte por el de 26 de diciembre de 1907, bastando la enunciación de tan remota fecha para deducir la necesidad de la reforma, porque las enseñanzas de la realidad vienen aconsejando la implantación del sistema de tasación por cantidades fijas asignadas a los diferentes periodos procesales del juicio, evitando así que la proporción de las costas vaya paralela al número de diligencias.

Los honorarios que perciben los funcionarios encargados del Registro civil se rigen por los preceptos contenidos en el reglamento de 13 de diciembre de 1870; en los cincuenta y dos años transcurridos se han ido acumulando sobre estos funcionarios prestaciones y servicios gratuitos en tal proporción, que para dar cumplimiento a sus funciones han de utilizar de modo permanente la cooperación de personal auxiliar, sostenido con su propio peculio, y como la evolución que en ese medio siglo se ha operado en la situación económica de los pueblos en todos los órdenes, se ha manifestado igualmente en