El Foro español (Madrid. 1898) (1920-12-15 00:00:00), página 6

cuidó si su acción como secundaria en el pleito y accesoria—no propia de una verdadera parte—ha de depender de la del legítimo demandado, la de la Administración, o tiene virtualidad para subsistir a pesar de la abstención o allanamiento del Fiscal a la demanda. La cuestión doctrinalmente es muy ardua. Si se admite que el coadyuvante es parte per se, ¿por qué no ha de caber un recurso en que se omita a instancia del actor el emplazamiento del Fiscal? Sólo con formular la pregunta es palpable lo absurdo del supuesto. Pues bien; entonces, si el Fiscal mediante autorización ministerial se allana a la demanda, ¿cómo no se tiene por fenecido el derecho del coadyuvante? Se dirá que aunque el Fiscal se alane, el pleito sigue, puesto que ha de dictarse sentencia según precepto del art. 24 de la ley, el que tiene por fundamento que de otro modo, “si el allanamiento bastara a dejar sin efecto la resolución impugnada, la Administración indirectamente revocaba sus providencias firmes contra el principio de que sólo cabe la revocación en vía y por la jurisdicción contenciosa.

Yo a esto replico que tal precepto sobre el expuesto fundamento es una concesión puramente escolástica; pues si la Administración se allana, ¿acabé en buenos principios que el Tribunal pueda desestimar la demanda no estando aquella o esos corrompidos? En último caso, con que el demandante en nueva instancia copie el suplico de su demanda, la Administración puede de- ferir haciendo beldad o dejando inexecutada la sentencia recaída. No menos inexplicable a la luz del recto y natural sentido resulta que admitido el coadyuvante de la Administración cuando es demandada, se rechace cuando sea demandante. No os fatigare con desenvolver el supuesto, ya que es obvio que en la Administración, al recurrir contra sus propios actos, lo hace por ser lesivos para los intereses del Estado y de su derecho individualizado y específico, según más atrás se ha dicho, habiendo tenido franca la vía contenciosa el particular para recurrir contra la resolución sin aguardar a que la Administración la declare lesiva. También a esto se podrá replicar que para ser actor hay que alegar un derecho vulnerado, mientras que, para os entar la condición de coadyuvante, basta tener interés directo—poco o mucho—en el asunto.

De lo expuesto se deduce, a mi ver, la necesidad de reformar los artículos 36 y 37 de la ley en el sentido de publicar los anuncios de interposición de los recursos para que coadyuvan, si quieren, a la Administración los que hubieran sido partes en el expediente; únicos a los que tendrá por tales en la jurisdicción el Tribunal. Estos son los que pueden ser legítimos poseedores de interés o derecho afectado o afectable por el fallo del pleito, e interviniendo por propio fuero no habría de ser subordinada su acción a la de la Administración en caso de atentamiento o abstención del Fiscal, aunque entonces no les conviniera gramaticalmente—sino en cierto caso y hasta cierto límite—la denominación de coadyuvantes. Dicho se está que con arreglo a este criterio en las apelaciones no existiría esa parte con la flutura o perfil que hoy, pues sólo habría ante el Tribunal ad quem apelantes y apelados, en relación con su significación y postura ante el fallo del inferior.

Resultado o fruto de la reforma sería la supresión de una parte que, no teniendo un serio y legítimo motivo para intervenir en la litis, sólo sirve para multiplicar estérilmente las actuaciones, aumentando el trabajo y complicando el pleito; esto sin tener en cuenta la supresión de las cuestiones doctrinales apuntadas arriba. El procedimiento administrativo no es clandestino, ni litúrgico y para iniciados. Quien, dados los preceptos vigentes, no es parte en la vía gubernativa, no impone a male fe el que no se le crea interesado en un negocio, y por lo tanto, sin aptitud legal para ser coadyu- vante de la Administración en los pleitos contenciosos.

(Continuará.)

LA MEMORIA DEL FISCAL (1)

Los moralistas siempre patrocinaron esta opinión, claro que desde su punto de vista:
«Y nótese de camino que si hurtá y peca el Juez que admite regalos capaces de corromperle, no peca menos el que le brinda con ellos. Si peca el Juez que se franquea a empeños capaces de doblegarle, no peca menos, y aun quizá peca más, el que le empeña o se empeña para que se doblegue» (2).

¿Qué solución daría el moralista al caso en que el li- gantigo o procesado se prestará con sus dones a exi- gencias del Juez?

b) Sancionan, por el contrario, con una pena especi- al—de ordinario pecuniaria—el corruptor, algún pro- yecto nuestro, el de 1912 y los Códigos italiano (artí- culo 173), húngaro (470), holandés (177 y siguientes), aleman (333), Zúrich (215), Ginebra (102), Berna (88), el proyecto austriaco de 1881 (357 y siguientes), proyec- to inglés de 1880 (sec., 09 111), el de 1882 de Vaud (ar- tículo 34), Códigos de la Argentina (25.), Uruguay (175), Canadá (133).

El Código vigente también puede sumarse a estos: Canon 2.407. Qui curiae officiales (3) seu administros quovis ecclesiasticos, iudices, advocatos vel procuratores donis aut politicitionibus ad actionem vel omis- sioneum officio suo contrariam inducere tentaverit, congrua poena plectatur et ad reparanda damna, si qua illata sint, compelletur.

Ya decían los antiguos prácticos (4) que en la impos- sición de pena deben tenerse presentes la calidad y di- ferencia de las personas, su clase, estado y empleo, pues según estas circunstancias deberían aumentarse o moderarse... Un Juez que abusa de su oficio y de las facultades anejas a él, en detrimento de sus administra- dos, debe también castigarse con más severidad que una pers no privada, puesto que los Jueces tienen más motivos y obligaciones para conducirse bien, al mismo tiempo que son mayores su facilidad y proporciones para hacer mal. Y no se alegue el principio de la igualdad ante la ley, porque, como se dijo desde muy anti- guo, la verdadera igualdad consiste en tratar desigual- mente a seres desiguales.

Aun bajo este aspecto, pues, y sin consideración a las facilidades que han de buscarse para descubrir al principal culpable, tiene este sistema mucha mejor de- fensa que el anterior.

Adviértase que algunos Códigos que establecen en principio el primer sistema, luego le atienden; citamos a Fríburgo, cuyo art. 279, apartado segundo, dice: «La misma pena será aplicable al que ha corrompido al Juez o al Jurado. Sin embargo, podrá ser reducida respecto al mismo a una simple prisión correccional o a una multa de 300 francos a lo más, si revela el cri- men o lo revela al Juez.»

c) Es el sistema que imperó entre nosotros desde el Ordenamiento de Alcalá, en el siglo xiv, hasta gran parte del xix, puesto que el Código de 1822 apenas tuvo un año de vigencia. Ya establecían que el cohecho era un delito no sólo de los Jueces, sino también de todos los empleados públicos que hicieran por interés alguna cosa relativa a su oficio, y aun se extendía a los particu- lares que se dejaran sobornar y corromper por dádivas, para hacer lo que se les pide, aunque sea contra justi- cia, como puede decirse del testigo que depone por in- terés.

Pero a pesar de tal extensión dada al delito, que el objetivo capital era castigar muy especialmente el de los Jueces nos lo demuestran varias disposiciones: entre:

(1) Véase el número anterior.
(2) El P. Isla en el artículo citado.
(3) La Cima eclesiástica es el conjunto de Tribunales, Auxiliares, etc.
(4) MARCOS GARRABEZ, Discurso sobre los delitos y las penas.