El Foro español (Madrid. 1898) (1918-05-30 00:00:00), página 2

bano a régimen de vagancia deprimente del espíritu, atormentador criminal de los sentidos; hay que arrancar los cimientos de esas inmensas jaulas humanas donde vive el hombre sin esperanzas de redención para él, en las que la sociedad no encuentra remedio para sus instintos, ni mejoramiento de sus costumbres, ni dignificación de sus conciencias. El delincuente es un hombre y no puede la sociedad arrebatarle los derechos que en la sociedad le corresponden, y menos aún la vida, crimen mayor, mil veces mayor que aquel que se trata de expiar, en el que inconscientemente queremos achacar a la ley un acto cruel, fría y desapasionadamente realizado que pesa sobre las conciencias de los pueblos que los dejan realizar. Educando, corrigiendo y, sobre todo, curando, en un régimen de vigilancia moral, graduado sin influencias, sin favorismos, sin simpatías, que son por desgracia necesarias para aplicar amnistías, indultos o condenas condicionales, se llegará a la mejora ansiada.

La ley de procedimientos civiles está constituida por bases que parecen redactadas por persona que jamás viera de cerca ni de lejos la vida judicial, ni conociera la naturaleza de las cuestiones que los pleitos entrañan. Parecen querer decir: ya hubo bastantes pleitos en España; ya estamos satisfechos los que esto hemos discutido; ya hemos escalado, trepando entre montones de papel sellado, la altura que nos permite desconocer al hombre y sus legítimos derechos y la obligación que tiene la sociedad de garantírle en su ejercicio. ¡No haya más discusión, que el Código civil es sólo fuente de derecho para los poderosos, que no permite que los humildes les regateen ni entorpezcan sus orgías reclamando aquellas riquezas que amontonaron bien o regular o mal adquiridas, maldad de adquisición que puede aún acentuarse con la maldad del alma!

Sólo parece preocuparnos la cuestión de sueldos, de haberes, de privilegios, y eso se hace públicamente, reuniéndose por un lado los Secretarios que no quieren acabar de comprender que la justicia demanda se supriman en absoluto, radicalmente, todos los aranceles judiciales y que el interés supremo de la administración gratuita de la justicia lo reclama imperiosamente, aunque unos cuantos chillen, protesten o escandalicen; por otro, los Abogados de Tribunales de partido, que en lucha sor- da atacan aisladamente a los Colegios de Abogados de Audiencias provinciales, los que se reúnen en secreto contra los Colegios de Audiencias territoriales, que conceden al Colegio de Madrid el alto honor de no llamarle a esas Juntas, donde no se ventile nada que afecte al inte- rés de la clase en relación con los altos intereses de la Administración de justicia.

Ninguno de esos Abogados quiere contribuir a la labor que por encargo del Colegio de Abogados de Madrid viene realizando una Comisión que preside el más compañero de todos los Abogados, mi ilustre y querido amigo el señor Ossorio y Gallardo. En esa Comisión estudiamos una reforma amplia, innovadora de los Estatutos de los Co- legios, haciendo conste en ellos cuanto tienda a la dignifi- cación de la clase, sin olvidar elementos de enseñanza para los que empiezan ni actos de fraternidad que nos unan periódicamente en honra de la memoria de los que fueron y para estrechar los lazos de amistad de los que vivien. En esa labor de estrecha disciplina necesitamos el ambiente de la opinión general de la clase, que nos indique cuánto interese y afecte al decoro profesional.

La labor común a todos beneficiará, y quede consigna- do que nada pedimos al Tesoro, que es nuestro criterio llevar a esos Estatutos algo que la clase demanda con ansias. Está en el programa de la Federación de Aboga- dos—y con ese compromiso pertenezco a la Comisión con el amigo muy querido Barrio y Morayta, su primer Vice- presidente—y la incompatibilidad del ejercicio de la profesión a los ex Ministros, Presidentes de las Cortes, Subse- cretarios, Directores generales, Comisarios regios, Gobernadores civiles, Alcaldes, Vicepresidentes y Secretarios de las Cortes, Presidentes de las Diputaciones y Vicepre- sidentes de las Comisiones provinciales, incompatibilidad condicionada al momento en que sea separada de la fun- ción del Poder ejecutivo cuanto se relacione con ascensos, traslados, destinos de todo el personal de la Judica- tura y proscuroando hacer efectiva esa incompatibilidad expulsando de los Colegios de Abogados a quienes en esas condiciones ejerzan la profesión y a quienes como pasantes presten su firma autorizando escritos de personas que se encuentren en esas circunstancias; bien entendido que esos acuerdos no pueden afectar sino a quienes en lo sucesivo desempeñen esos cargos.

Hay otra incompatibilidad absoluta en nuestro enten- der, que debe afectar a cuantos como empleados perciban sueldos del Estado, provincia y Municipio.

No es nueva la incompatibilidad. En otros países existe, sin duda, por creer que el empleado, que tiene derecho a un mayor sueldo, tiene la obligación de dedicar sus activi- dades al servicio del Estado, provincia o Municipio que le paga, viéndolo a servir esos sueldos para establecer una competencia desventajosa e ilícita con quienes viven exclusivamente del ejercicio de la profesión, de la que hay que desterrar, además, gérmenes de desprestigio de otra naturaleza, prohibiendo con severísimas medidas que ningún Abogado firme escritos que no hubiera redac- tado, salvo que lo hiciera con antelación o perteneciere como pasante inscrito en el Colegio de Abogados al bufete del autor del mismo.

Dejo apuntada la idea, defendida en el seno de aquella Comisión por el Sr. Ossorio, de la creación del Cuerpo de pasantes, cuya práctica, debidamente garantizada por la inscripción en los Colegios y con los antecedentes o históri- cal que de un modo obligatorio deberán rendir periódica- mente los Abogados en cuyos bufetes aparezcan incor- porados, asegurarán conocimientos suficientes para el ejercicio de la profesión, prohibiéndola todo Colegio y denegando la incorporación al Licenciado en Derecho cuyo historial no acredite ese período de pasantía, que podrán empezar desde que tengan aprobado el Derecho civil.

Es oportuno discutir la conveniencia del turno forzoso, personal en los asuntos de oficio, y de un modo singular adoptar medidas para que sean Abogados de los de mayor cuota contributiva los encargados como tercer Letrado de interponer recursos de casación como mayor garantía que evitará pueda darse el caso de que después de dicta- minar tres Letrados que no procede interponer un recur- so, lo interponga el Ministerio fiscal.

Cuán equivocados andan los que creen que aisladamen- te en campañas absurdas pueden conseguir descabelladas pretensiones y se confabulan contra el Colegio de Aboga- dos de Madrid, casa solariega de la más caballerosa hos- pitalidad, en el que entre colegiales, hijos de Madrid, hay una inmensa mayoría de colegiales de toda España, que se destacan con el aplauso general; los hay que hicieron sus estudios en Madrid, y que los hicieron en Universida- des que con evidente torpeza se llaman de provincias, porque todas son Universidades españolas; los hay que