El Foro español (Madrid. 1898) (1919-08-31 00:00:00), página 3

Una instancia al Ministro de Gracia y Justicia

Se ha presentado la siguiente:

Excmo. Sr. La lamentable pasividad con que viene trámitesándose en ese Ministerio una instancia de esta Federación, relacionada con hecho ocurrido entre don Ramiro Ceres, Fiscal de la Audiencia de Madrid, y el Abogado D. Mateo Rivas Cuadrillero, hace indispensible solicitar de V. E. su tramitación y resolución en cumplimiento de preceptos legales, dando con ello la sensación de que el Gobierno no esquiva el concedernos la satisfacción que reclama la clase de Abogados por el hecho que motiva la queja. No es deseo de violentar procedimiento alguno, es tan sólo petición de justicia que permita a los Abogados sentir la satisfacción interna de que su dignidad individual y colectiva, no está desamparada y que ello le permita continuar en el ejercicio de una profesión que es esencial para los fines de la administración de justicia.

En igual forma están aún sin resolver las quejas formuladas con motivo de la detención de seis Abogados en Barcelona, queja reproducida por diferentes Colegios.

La clase de Abogados está ya en vísperas inmediatas de sentir el agotamiento de sus pasividades ante limitaciones en su ejercicio, de agresiones y persecuciones en el desempeño de su cargo.

Y llegan a más nuestras quejas: desde una cárcel de partido, utilizando máquinas de escribir que no sabíamos pudiera tener un procesado por múltiples estafas que tiene embargados todos sus bienes, se hace la campaña de difamación que comprueban esas postales y esa campaña de difamación protegida por las «influencias» del preso (documento núm. 5), llega a toda España y es conocida por todos, sin que nadie haya sentido hasta el momento, la necesidad de ponerla un límite.

Se trata de un célebre estafador al que se siguen varios procesos y ahora cree posible abrumar con sus persecuciones a un Letrado, cuyo nombre y cuyos prestigios son conocidos por todos como criminalista esclarecido y como criminólogo eminente.

No puede soportar la clase de Abogados indefensión como las mencionadas y con gran respeto, pero con una intensa virilidad debe hacer presente a V. E. y al Gobierno de S. M. su vivísimo deseo de que sus quejas sean atendidas, antes del momento en que deba reanudarse la vida judicial, para poder compartir en esa fecha la labor que la ley le encomienda y que la Federación de Abogados de España tiene resuelto propósito de que todos sus componentes dejen de ejercer la profesión, si para ello no gozan de aquel respeto y consideración que deben merecer y en el que el Gobierno debe ampararles.

Saludo con los mayores respetos y consideraciones a V. E.—Madrid, 6 de Agosto de 1919.

El Presidente,
J. M. R. de RIVERA.

Excmo. Sr. Ministro de Gracia y Justicia.
Por hoy no comentamos, esperamos aún que se mueva quien no debe permanecer impasible.

JUSTIFICANDO LO QUE PIDEN

Los Oficiales de Sala.

En nuestro artículo anterior nos preguntábamos: ¿Sus términos serán exagerados? No lo sabemos, nos decíamos, y para justificarlos citábamos un proyecto presentado por el Sr. Montero Villegas, de fecha bastante anterior a la que citábamos, el cual fue impreso en Diario de Sesiones de Cortes y, tomado en consideración, pasó el estudio de la Comisión, donde se ha quedado durmiendo el sueño de los justos, pero aún podemos citar más: en los años de 1885 al 90, un Ministro de Gracia y Justicia, celoso de su alta misión, trató de dar cumplimiento al art. 553 de la tan repetida Ley Orgánica, y al efecto libró las oportunas órdenes a los Presidentes de las Audiencias para que sus respectivas Salas de Gobierno fijasen el sueldo que habíamos de disfrutar. La de Granada, así como la de Oviedo, fijaron el sueldo de 3.000 pesetas para los suyos. Y este sueldo guardaba entonces determinado orden progresivo, con relación al que disfrutaban entonces los Oficiales segundos y primeros, recientemente creados por la adicional de 1882 para el servicio de las Provinciales, respectivamente, de 1.500 y 2.000 pesetas.

Esa medida de orden reglamentario para llegar a la efectividad de lo que sanciona dicho art. 553, tampoco se llevó a efecto, y la suerte económica de esos funcionarios quedó abandonada a la suerte y ventura de lo que la justicia retribuida alcanzase, prestando a cambio, gratuitamente los servicios exigidos por la justicia declarada de oficio y de insolencia.

Si hace, pues, unos treinta años se nos habían de conceder 3.000 pesetas de sueldo, ¿será exagerado lo que actualmente pedimos?

Pero ¿por qué lo pedimos? Sencillamente porque se nos debe. Sencillamente, porque bajo esa base legal fuimos constituidos. Sencillamente porque esa sustitución de retribución nos resulta ruinosa e indigna... Sencillamente porque queremos alcanzar el fruto de nuestro trabajo... Sencillamente, porque aspiramos a una vida social que nos la proporciona la retribución o medio del arancel... Sencillamente, porque aspiramos a nuestra propia dignificación personal, dignificación que nos arrebata el sistema que arbitrariamente se nos impone... Sencillamente, porque con ese sistema se pisotea nuestro propio trabajo y se quiere desconocer nuestra condición de empleados del Estado... y, así es, en verdad, que, si bien es cierto que trabajamos por el Estado y para el Estado, le es a éste muy cómodo el desentenderse de la carga de pagarles, encomendándola a cualquier Juan Español que, precisando justicia, pueda hacerlo en su lugar. Empleados del Estado para cumplir cuantos servicios les exija la recta administración de justicia, bajo los estímulos únicos de su propia dignidad que huye del idiota de las responsabilidades a que tienen sometido su trabajo, su condición definitiva queda asimilada a la de los antiguos esclavos de la gleba... y eso no puede seguir así.

Siguieron otros proyectos, el del Sr. Burgos Mazo, de carácter general, modificando el sistema retributivo