El Foro español (Madrid. 1898) (1920-01-31 00:00:00), página 5

plentes a los Abogados que hayan ejercido su profesión durante mayor tiempo, con buen crédito, pagando las cuotas más altas.

Expuesto el Magistrado suplente, su nombramiento y aptitud que exige éste, la misma ley Adicional determina los efectos jurídicos de carácter público que lleva consigo dicho cargo, en el último párrafo del artículo 7.º.

Dice ese párrafo:
A los Letrados que obtengan los nombramientos de Magistrados suplentes, les será de abono para derechos pasivos la tercera parte del tiempo que tuvieren el carácter de suplente o el mayor que realmente sirvan; y si ejerciesen la profesión de Abogados se les considerará como si pagasen las primeras cuotas mientras permanezcan siendo suplentes, a fin de adquirir las condiciones que se se necesitan para poder ser nombrados Magistrados de Audiencias de lo criminal y territoriales o funcionarios asimilados a éstos en el turno de los Letrados

Como se ve, uno de los derechos que da el cargo de Magistrado suplente consiste en dar aptitud para ser nombrados en propiedad de Audiencia territoriales y provinciales en concepto de gracia ministerial. Tal aptitud la tienen unos antes de ser suplentes y otros como los Letrados a que se refiere el párrafo 4.º del artículo 7.º de la ley Adicional, la adquieren por el hecho de haber sido o ser Magistrados suplentes.

Los Decanos y ex Decanos de Colegios de Abogados y los que tengan aptitud para ser nombrados Magistrados en propiedad no necesitan ser ni haber sido Magistrados suplentes para adquirir capacidad; en cambio los Letrados que a falta de los anteriores sean nombrados Magistrados suplentes la adquieren por dichos nombramientos con tal de que cumplan las demás condiciones que expresa el último párrafo del artículo 7.º de la ley Adicional.

Basta la exposición hecha para comprender el alcance de la ley Adicional en la materia.

TERCERO

La Real orden de 11 de Noviembre de 1890 que regula el modo de hacerse las propuestas por las Salas de gobierno de las territoriales y Juntas de gobierno de las provinciales, constituida por su Presidente, Magistrados y Fiscal, para cubrir las vacantes que se produzcan de Magistrados suplentes, completa las disposiciones de los leyes Orgánica y Adicional en la materia.

Dicha Real orden tiene carácter adjetivo y acuerda que la propuesta se haga en forma de terna, a ser posible, para cada vacante, incluyendo en primer lugar a los Decanos y ex Decanos de los Colegios de Abogados y a quienes tengan las condiciones legales para ser nombrados Magistrados en propiedad, y en segundo, a los Abogados en ejercicio que gocen de crédito y paguen las cuotas más elevadas.

CUARTO

Los Reales decretos de 7 de Octubre de 1910 y de 28 de Junio de 1911 con los artículos 5.º y 8.º del de 24 de Septiembre de 1889 puestos en vigor por el anterior inmediato, determinan, entre otros extremos, el modo de cubrir los vacantes de los Juzgados y Tribunales en general, significando un grande avance para el mejoramiento del Poder judicial, independencia de sus Ministros y renovación de la justicia. Puede decirse que con ellos comienza una nueva era de esperanza y redención, toda vez que el Poder público se despojó de gran número de facultades graciosas o discrecionales en bien de la administración de justicia.

Los grandes principios que adquieren vigor en el terreno positivo, con ellos se reducen a los siguientes:

Primero. El ingreso en los Juzgados de entrada tendrá lugar por oposición, con arreglo al art. 40 de la ley Adicional, renunciando el Gobierno a sus facultades discrecionales.

Segundo. Las vacantes que se produzcan en los Juzgados de ascenso y término, Audiencias provinciales y territoriales correspondientes a los turnos primero, segundo, tercero y cuarto que establecen los artículos 41, 42, 43, 44 y 45 de la ley Adicional, se proveerán en los funcionarios judiciales de categoría inferior que ocupen el núm. 1.º de su escalafón y lleven más tiempo de servicios en sus categorías.

Los Reales decretos mentados, con cierta timidez por cierto, recogen las aspiraciones generales de la Judicatura, deseos de la opinión pública y principios proclamados por la ciencia y sancionados como lo menos malo por la experiencia: el ingreso por oposición y el ascenso en la carrera por la antigüedad.

Por esas disposiciones ministeriales es indudable que los Magistrados suplentes no pueden ni deben ingresar en el Poder judicial.

QUINTO

El espíritu moralizador de los Reales decretos mentados puede decirse que fué ratificado por el de 20 de Junio de 1912, que lleva el refrendo de don Diego Arias de Miranda. Tiene como principales disposiciones las siguientes:

Primera. El ingreso en la carrera judicial será por la categoría de Juez de entrada, previa oposición (art. 1.º), pudiendo ingresar excepcionalmente sin ella los Secretarios y Vicesecretarios de Audiencias provinciales con las condiciones que previene el párrafo 1.º del art. 53 de la ley Adicional (art. 15).

Segunda. Las vacantes de Juez de ascenso a Presidente de Sala de Audiencia territorial, según su artículo 4.º, se proveerán: las de los turnos primero, segundo y cuarto, en los que ocupen el núm. 1.º en el escalafón de la categoría inmediata inferior, renunciando el Gobierno (con aplausos de la opinión) a la facultad que le conceden los párrafos terceros de los artículos 44 y 45 de la ley Adicional; y las del turno tercero, en los que ocupen el núm. 1.º en el escalafón especial de antigüedad de servicios