El Foro español (Madrid. 1898) (1920-04-15 00:00:00), página 5

te a quien corresponda en demanda de sus legítimas aspiraciones.

Y si estos Secretarios viven legalmente, sin que para ello sean necesarias Juntas directivas en sus Colegios—ya que no pueden formarse, como queda demostrado—, resulta que un cuerpo que tiene una misma organización para todo él, varía por completo la situación de los individuos que lo forman, según la posición topográfica de las poblaciones en que residen; lo cual es sencillamente un disparate, como es también otro disparate que no siendo necesarias las Juntas directivas de los Colegios de Secretarios—y por tanto los Colegios—en ocho Territorios, lo sean en los siete restantes.

Siendo, pues, una disposición general la que crea los Colegios con sus Juntas directivas en cada territorio con los mismos fines y las mismas atribuciones, y no teniendo aplicación en la mayoría de los territorios, ¿cabe aplicarla en los demás? ¿No ha quedado derogada ipso facto, por inaplicable, con el carácter general que se la dió al publicarse?

Los arts. 5.º y 47 del Real decreto tantas veces nombrado, se excluyen el uno al otro, pero como el 5.º se aplica a diario, dejando en cada juzgado las plazas de secretario que establece, según van quedando vacantes las sobrantes, el que queda excluido, puesto que es imposible su cumplimiento, es el 47.

Y hé ahí el porqué vuelvo a preguntar como al principio: ¿Es legal el funcionamiento de las Juntas directivas de los Colegios de Secretarios Judiciales?

Entiendo que no. Pero, ¿podría contestarme el órgano de los Colegios de Secretarios, Gaceta de Tribunales? Creeré que tampoco, porque éstas cosas tienen poca substancia para ocuparse de ellas el tal órgano. Para Gaceta de Tribunales, lo substancioso, lo magro, es el Arancel, que por cierto pretende ahora hacerle el reclamo laborando porque lo suban un poquito, sin tener en cuenta que no es el Arancel lo que debe subir, sino el número de asuntos en los Juzgados que los capitalistas llaman rurales, para que puedan ir viviendo sus Secretarios, mientras llega un Ministro con agallas suficientes para igualar la clase quitando privilegios y poniendo el tan pretendido sueldo, más justo, más equitativo y hasta más moral que todos los aranceles juntos; si no, que disuelva el cuerpo, que bien mirándolo maldita la falta que hace.

E. FRANCISCO GARDETA.

La Almunia, 25 Febrero 1920.

El derecho judicial en la zona de nuestro protectorado en Marruecos

El 30 del pasado Marzo, como tentamos anunciado, dió la segunda conferencia en la Academia de Jurisprudencia nuestro querido compañero D. Francisco de P. Rives, continuando el desarrollo del tema que sirve de base a estas líneas, quien explicó en primer término, una vez hecha la exposición de los diferentes puntos que se proponía tratar, la importancia y extensión de las funciones de Juez de paz, que, como los municipales, tienen a su cargo el Registro civil del término de su jurisdicción.

Refirió después las atribuciones de los jueces de primera instancia, quienes, además de las competencias y apelaciones de los Juzgados de paz, sustancian y resuelven los asuntos de carácter contencioso no reservados a éstos, y detalló las funciones que les son propias en materia civil y penal.

Relató también las peculiares de las Audiencias, que resuelven las cuestiones de competencia entre los jueces de primera instancia, conocen de las apelaciones, con la excepción de las que son facultades del Califá, y fallan y ejecutan las sentencias en materia criminal.

Estudió a continuación el Código de procedimiento judicial, que viene a sustituir a la ley de Enjuiciamiento peninsular, señalando las innovaciones subordinadas por la Comisión en aquel Cuerpo legal.

Entre éstas señaló en primer lugar las referentes a la representación y defensa de los litigantes, representación y defensa que se ha establecido unificándolas, pues aparte de que se autoriza al particular a defenderse personalmente, se le permite la defensa por medio de un mandatario, que ha de ser abogado, y si no lo hubiere, por medio de un subdito cualquiera, pero queda suprimido el procurador.

Explicó el Sr. Rives la razón que tuvo la Comisión para proceder a esta supresión, que no es otra que la de no permitirse en la zona francesa los intermediarios entre los litigantes y los Tribunales.

Señaló también el conferenciante como progresiva innovación introducida en el Código de procedimiento que el litigante pueda otorgar el Poder para su representación, no sólo ante el Notario, sino ante el juez que ha de intervenir en el asunto, y por último, afirmó que no se exige caución previa, depósito ni garantía, sino únicamente el pago de los gastos procesales.

El Sr. Rives terminó su conferencia refiriéndose a las cuestiones de competencia y de beneficio de pobreza, punto este último del que hizo muy acerados y discretos comentarios.

Aludió a las legislaciones de países como Chile y Cuba, donde se castiga al litigante temerario, y recordó que en España el Sr. Capdepón, en su proyecto de bases para la reforma de la ley de Enjuiciamiento, propuso que, como medio de evitar los abusos que los que se amparaban en el beneficio de pobreza venían cometiendo para litigar con mala fe, realizando en oca-