El Foro español (Madrid. 1898) (1918-01-30 00:00:00), página 8

tegoría, mejora de ingresos, en esa carrera en que sólo por el ascenso pueden variar éstos, tenemos la antigüedad y somos los primeros en preconizarla, si quiera porque no confiamos en la forma en que se administrarían otros procedimientos, acaso mejores que ese fatalista y ciego de los años de servicios, parece, en muchas ocasiones, de la vagancia y la ineptitud.

La índole de la función profesional en los Registradores es, sea donde quiera que ejerzan sus funciones, virtualmente idéntica y técnicamente igual; la organización y funcionamiento de sus oficinas no varía porque cambie el lugar de su residencia; sus relaciones jerárquicas son iguales para el Registrador de Madrid o Barcelona que para el del último partido judicial español; en su función y en su técnica no caben especializaciones ni individuales aptitudes, y de idéntica procedencia, con idénticos supuestos conocimientos y con invariables e iguales funciones, cada plaza que vaca, sea la que fuere y donde fuere, puede ser ocupada, indistintamente, por cualquiera de esos dignos funcionarios.

Y en lo judicial no, en lo judicial rigen otras tan distintas normas que todo esto es inaplicable, en primer lugar, como al solicitar el traslado de una plaza a otra, no hay el estímulo legítimo y respetabilísimo de la mejora económica, otros tienen que ser los que muevan al funcionario a solicitarlo, de mera índole particularísima y privada, y si ello ha de concederse por el automatismo de la antigüedad, ¡qué injusticias no nacerán a su sombra, cuando triunfe el más antiguo que solicitó la plaza, solo por estar más cerca de Madrid o por aproximarse a una novia, para mayor comodidad de sus viajes, en amorosa trova, del que lo pedia, porque cardenal él o su esposa, necesitan para vivir el clima de la población solicitada, o porque dada la penuria de nuestro vivir económico, no puede dar carrera a sus hijos, sino viviendo en población donde haya Universidad o escuelas para ello, o por recoger, viviendo más cerca, el último suspiro de los padres ancianos...

Pero es que fuera de la esfera privada, en el orden meramente oficial, hay razones que abonan mi supuesto contra ese régimen brutal y ciego de la antigüedad en los traslados. ¿Es que todos los funcionarios judiciales tienen dotes oratorias precisas y necesarias para servir cumplidamente los cargos del Ministerio fiscal o Presidentes de Audiencias provinciales? ¿Es que sólo por el hecho fatal de haber entrado en la carrera (acaso por el favor), meses o días antes, puede darse una plaza de función eminentemente civilista, a quien por haber ejercido las suyas durante muchos años, en cargos dedicados a la justicia penal, ha de suponerse especializado en ésta a costa del natural y hasta legítimo olvido de aquélla? ¿Es acaso que, dadas la complejidad de las funciones judiciales, no pudo darse y se da el caso de quien, con excepcionales dotes de hombre de estudio, no las tiene para el mando rápido y energético que exigen determinados cargos? ¿Es que es legítimo y justo y de equidad si quiera que ese acoplamiento de aptitudes y facultades y condiciones, que sería el ideal de la función judicial y en el que debe pensarse, si esa nacional renovación de que se habla ha de ser algo más que vana palabra, se subordine, se postergue y se anule ante la insólita norma de la antigüedad de servicios, computados en casos y ocasiones, de modo y manera tan lejanos de la justicia?

Pensamos que la antigüedad, por sí y en sí, no debiera tener otros galardones que los otorgados como ventajas para los devengos pasivos y a buen seguro que, por desgracia, esta nuestra defensa del elemento joven no puede sonar a egoísmos, pues comenzamos ya a dejar de serlo; pero si la vida es lucha y todo profesionalismo la supone y la precisa, por olvidado de sabido queda que no es entre los ancianos donde los soldados se reclutan y que no puede paralizarse el esfuerzo, la fe, el entusiasmo y los estímulos que alientan a los hombres, para, en alas de su mérito, subir y llegar a las cumbres soñadas de sus carreras y profesiones, para que sufridos y galantes abran pasivos sus filas y dejen el paso a los más viejos.

Pablo Callejo de la Cuesta
Juez de Ávila.

CÓDIGO PENAL DE 1870
concordado y comentado con todas las cuestiones y casos prácticos resueltos por el Tribunal Supremo en esta materia desde 1870 a 1903 inclusive, por el EXCMO. SR. D. SALVADOR VIADA Y VILASEGA
Presidente que fue de la Sala de lo Criminal del Tribunal Supremo.
Nueve tomos, en 4º, de 594, 700, 812, 570, 408, 638, 610, 670 y 656 páginas respectivamente, 108 pesetas. En las librerías.
Los pedidos a D. SALVADOR VIADA Y RUBET, Abogado, Espadaler, 14.—Madrid
Se venden también los tomos por separado a los precios, respectivamente, de 11, 13, 15, 11, 10, 12, 12, 12 y 12 pesetas.

La soberanía nacional ante las próximas elecciones

Si los moldes de esta Revista científica, en la cual cortésmente hallan hospitalidad mis modestos trabajos, lo consintieran, llevaría a cabo una campaña ante la gravedad inmensa que encierra el próximo sufragio para la elección de nuevas Cortes; mas como ello no es posible, me limito a escribir estas líneas, en las que el lector no habrá de encontrar otra cosa sino la invocación de algo que debiéramos todos de tener presente en estos momentos de aturdimiento nacional, más creciente cada día, ante la carestía de la vida y el desconcierto general.

La nación está sin Cortes; se disolvieron y vamos a nuevas elecciones para que la soberanía nacional se manifieste, mediante la emisión del voto, por sufragio universal. No es este el momento adecuado para discutir, científicamente, acerca de la bondad o vicios del sufragio, pero sí lo es para señalar sus peligros.

Se vienen anunciando las nuevas elecciones como un ejemplo de honestidad electoral, y parece ser que se pregunta su sinceridad como bandera política, a pesar de lo cual no falta quien anuncie que van a ser las más corrompidas de cuantas se vienen sucediendo, y