El Foro español (Madrid. 1898) (1920-09-30 00:00:00), página 5

De todos modos, y por la circunstancia indicada, este año no ha resultado estéril la arcaica ceremonia, y de ello nos felicitamos y felicitamos al Sr. Ciudad-Aurioles, honrándonos con reproducir su trabajo íntegro, cosa que en discursos de esa índole puede que no hayamos hecho tres veces en veinticinco años.

El aludido discurso dice así:

«Señores:
Una vez más, por azares de la vida, me incumbe dirigir la palabra en esta soleminidad, de año en año más impregnada de melancólica y majestuosa expresión para la mirada de los que, en el declinar de la vida, todo lo perciben bajo un aspecto transcendental enlazado con lo breve y transitorio de la humana existencia. En la mía, ya bien corrida, es motivo de satisfacción cumplir el empeño, como preceptivo, inexcusable, de someter a vuestra consideración una forma de orden teórico-práctico, y no quiero hacerlo sin expresar, ante todo, que, en la elección del asunto, en su desenvolvimiento y ordenación de la trama, aunque haya recogido inspiración en textos y doctrinas vulgarizados por expositores y comentaristas, antes que nada he pedido inspiración y dictamen a mi personal experiencia, huyendo de aparecer con pujos de erudito. Para mover la pluma con desenbarazo y ostentar un título no recursoable por oyentes y lectores, he de fijarme en la ley Orgánica de la Jurisdicción contencioso-administrativa, tratando de acomodar en síntesis razonada lo que ha sido para mí objeto de frecuentes y ya antiguas meditaciones.

LA REVISIÓN DE LA LEY ORGÁNICA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

Cerca de dos lustros, prestando cotidiano servicio en la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo como Magistrado y Presidente, me han encarnado con la materia y procedimiento de esa jurisdicción, pareciéndome ésta de año en año más importante, aun no encareciendo el dato persuasivo del progresivo crecimiento de los pleitos contenciosos, sin que la actividad y la expedición de la Sala puedan dar abasto a la necesidad de resolverlos y fallarlos sin demora, siempre inofensivos para los recurrentes de buena fe, e inconvenientes, cuando no perjudiciales, para la Administración. La ley de Presupuestos ha atendido a esta necesidad; pero continúa siniéndose vehementemente estimulo de revisar la ley de 22 de Junio de 1894, pues si se considera en lo fundamental y sustantivo, subsiste la jurisdicción, según se estatuyó en la ley de 13 de Septiembre de 1885 y ésta fue producto de una transacción de dos tendencias—la de la jurisdicción retenida y la de la delegada—, y como tal oportunista; más definida como recelo ante las orientaciones del moderno Derecho administrativo, que decidido por la eficacia de someter a la Administración a una jurisdicción que la modere y enfrene, y que precisamente en los treinta y dos años transcurridos los principios han tomado nuevo rumbo y los sucesos han traído modalidades y crecimientos insospechados a la actividad del Poder administrativo. Si se tiene en cuenta todo esto, no parecerá insólito, audaz o prematuro intentar la revisión de esa ley.

La que yo preconizo y he de razonar a continuación, abarca dos extremos principales. El primero, la incorporación a la ley, juntamente con el recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción hoy en vigor, otro de nulidad por abuso de poder de la Administración, sólo conducente a la declaración de invalidez de la resolución o acto administrativo y, por consiguiente, de su insubsistencia, no siendo óbice para una nueva resolución gubernativa en el fondo ajustada a la legalidad y en la esfera de la peculiar competencia de la autoridad que la dicte. El segundo extremo se contrae a la modificación de algunos artículos de mero carácter procesal, la reforma de los cuales se ha hecho y se hace sentir altísimadamente para aligerar y depurar el procedimiento, en unos casos, y en otros, para mayor independencia y autoridad de la jurisdicción. Trátase, pues, de una reforma en sentido progresivo, sin minar la base de la ley; antes al contrario, conservando su estructura y robusteciendo su economía con un refuerzo y ampliación de la potestad en el más amplio y noble sentido liberal, sin mengua de los prestigios de la Administración y de su poder fulguro y de mando, que se debate en el día contra dos escollos igualmente temibles: la acumulación y el ensanche de sus facultades hasta lo monstruoso y la enervación y timidez de su recto imperio hasta la degradación y el vilipendio.

(Continuará).

LA MEMORIA DEL FISCAL

El ilustre D. Víctor Covian ha elevado al Gobierno, como Fiscal del Supremo, una luminosa Memoria, en la que—dice—no puede limitarse a consignar una serie de protestas y a contestar con viveza e indignación a los injustos, o, por lo menos, apasionados ataques de que es objeto el funcionamiento de los Tribunales, y sí ha de examinar con serenidad su fundamento.

Empieza concediendo que aquél no es todo lo regular que debiera; hay vicios que deben desarrollarse sin pérdida de momento, y adelanta la idea de que éstos no consisten precisamente en el personal que forma parte de las dos carreras, en general digno de todo encomio, y sí más bien en defectos de las leyes, demasiado visibles para que nadie los ignore, y de costumbres que no por ser tradicionales dejan de constituir motivo de la más acerba censura.

Ahora—sigue—, que no me propongo repetir lo que tantas veces se ha dicho, seguramente con mucho mejores formas; aspiro, utilizando mis propias observaciones, a hacerme eco fiel del litigante voluntario o forzoso, del imputado en causa criminal, de los testigos, de los peritos y hasta de los técnicos intermediarios, o sean los Abogados y los Procuradores, a los que supondremos sujeto pasivo de cuantas irregularidades puedan darse en esta materia.

De todos ellos se oyen quejas más o menos emborazadas contra la actuación de ciertos funcionarios o de sus auxiliares, aunque muchas veces las anormalidades, más que denunciadas, surgen generalmente de sus espontáneas manifestaciones.

No es la monomanía reformadora—continúa—la que preside a la elaboración de este trabajo, pues no se desconoce que toda disposición legal no alcanza el apogeo de su fuerza sino cuando perdura, y, por el contrario, que si se suceden y reemplazan frecuentemente, pierden a la par que el respeto que se les debe, su fuerza y autoridad. Es que lo mismo las leyes orgánicas que las procesales, unas por incumplimiento y otras por viciosa interpretación, resultan en alto grado perjudiciales al funcionario y al litigante, que, de consumo, en vano demandan a diario leyes que no den lugar a irritantes privilegios, y merced a los que viven y