El Foro español (Madrid. 1898) (1920-04-30 00:00:00), página 5

loga a la de legislar, y no obstante es en nuestro De- recho organismo judicial, y sus miembros se toman de la Magistratura, y se llega a él por antigüedad, y se criticó a Martínez del Campo porque nombró para el Tribunal Supremo a un notable jurisconsulto.

Y, por último, la independencia de los funcionarios judiciales, que mejor debiera decirse independencia de todo funcionario, porque entre los servidores del Estado no hay clases, ni razones de diferencia alguna, salvo la disciplina militar.

Esa independencia, si se refiere al ejercicio de la función, es indiscutible y necesaria, y creemos que donde más respetada se halla es precisamente en el orden judicial; pero no se refieren a esa independencia, sino a la del organismo como uno de los poderes del Estado, pues se pretende, quizá sin adver- tirlo, que el organismo y cada uno de sus miembros encarnen una autoridad independiente de la soberanía del Estado político y de la soberanía del Poder social.

Por un fenómeno de espejismo se ha llegado a esa inversión de los Poderes.

La democracia no consiste más que un poder, el del pueblo, y el pueblo lo ejerce en dos funciones: la legislativa y la ejecutiva. Esta última función eje- cuta la ley, y el hecho de actuar cuando la ley se viola, se incumple o se litiga, es sencillamente uno de los medios de su ejecución.

La democracia quiso garantir al ciudadano contra los abusos del Poder y llevó a todas las constitucio- nes una figura de carácter tuitivo con el nombre de Poder judicial, figura artificial como Poder, y fuera de los principios y de las normas del derecho públi- co, que creada por las circunstancias históricas ha tomado consistencia, al extremo de aceptarse en el organismo del Estado como una realidad sustantiva, como un poder independiente del ejecutivo y ahí está el espejismo. Se creó una función para proteger al ciudadano en los albores de la libertad y en los co- mienzos de la democracia y esa función se erige en poder pretendiendo independencia respecto a la soberanía del Estado y respecto a la soberanía del Poder social.

Hay que encauzar esa función en orden a la soberanía del Estado y como una de las ramas del Poder ejecutivo mediante la subordinación a las disciplinas del Tribunal Supremo, compuesto de los grandes juriconsultos y como institución aneja al Poder legis- lativo; y en orden a la soberanía del Poder social, es decir, no estatificado, imponiéndole una respon- sabilidad efectiva que garantice al ciudadano de los abusos y de los errores que el funcionario judicial cometa en el ejercicio de su función, responsabilidad de necesaria urgencia porque aún retiene la facul- tad de juzgar el hecho en lo civil, lo cual debe ser cometido del pueblo.

Doléndome de la responsabilidad que en las leyes y más en la vida goza la función de juzgar, escribí un folleto, «La responsabilidad judicial», formulando en él unas bases que pudieran informar una ley, y eso debiera ser de especial atención de los Aboga- dos, ciase la más interesada en la recta y segura ad- ministración de la justicia, lo cual sólo se alcanza con la necesaria independencia y la responsabilidad que previene y repara.

CARLOS L. DE HARO

Una sentencia en juicio de desahucio.

La Asociación de vecinos de Madrid nos envía el texto de la sentencia dictada por el juez de primera instancia de Oviedo, D. Félix Gazo, absolviento a un inquilino de una demanda de desahucio, con los siguientes considerandos:

«Considerando que el arrendamiento, como todo contrato, si bien produce dos efectos naturales: primero, ser obligatorio su cumplimiento para los contratantes, que deben guardar religiosamente lo con- venido, mientras no exista vicio que lo impida, por el principio legal, pacta sunt servanda; y segun- do, obligar a las partes o a las que de ellas tomen causa, única y exclusivamente, pues unas y otras son las que por manifestación de una voluntad co- món han establecido entre sí relaciones jurídicas su- ficientes para producir la obligación; claro es que en su observancia y cumplimiento debe presidir la buena fe, pues de otro modo se convierte en un con- trato leonino en que se pacta la ganancia para una de las partes y las pérdidas para la otra, lo cual pug- na con la moral y con las leyes que en ella tienen su fundamento;

Considerando que si bien la ley faculta a los contrata- ntes para establecer los pactos, cláusulas y condiciones que tengan por conveniente, siempre que no sean contrarios a las leyes, a la moral ni al orden público, también consigna al propio tiempo que la validez y el cumplimiento de los contratos no pueden dejarse al arbitrio de uno de los contratantes, y con arreglo a esta doctrina, el propietario, el arrendador o el casero, que prevaleciendo o utilizan- do en provecho propio el pacto o cláusula sobre la duración del contrato, sin motivo, razón ni funda- mento alguno racional pretende desahuciar a su in- quilino, inspirado tan sólo en su insaciable y oculta codicia, de que otro aumentará el precio del arren- do, apremiado por la angustiosa situación que le crea la dificultad de encontrar vivienda, y sin tomar en consideración el éxodo a que se somete el desahu- ciado, por las pérdidas y perjuicios que le causan, constituye un contrato usurario que cae de lleno den- tro de las prescripciones de la ley de 23 de Julio de 1908, atenta contra la moral y el orden público, por- que el problema creado por la escasez de viviendas reviste los caracteres de un conflicto social y de pública tranquilidad, por lo que el expresado pacto sobre duración del contrato debe considerarse nulo y como no puesto.

Se falló absolviento al demandado, con las costas al demandante.

Estas sentencias de la escuela del buen juez Mag- nau son muy dignas de ser imitadas.