El Foro español (Madrid. 1898) (1922-01-15 00:00:00), página 3

único ingreso del funcionario. Correos, Telégrafos, Hacienda, Ingenieros, Milicia; todos ellos perciben un aumento respetable, bien por viajes, horas de trabajo extraordinarias, inspecciones, tanto de multas, derechos en las recaudaciones, pluses de campaña, etc. Y el funcionario judicial no ha de contar más que con las tasadas pesetas señaladas en su nómina.

Insignificante sueldo (algo más que el doble jornal de un bracero en la localidad), y lo que es peor, casi sin esperanza de mejora en el porvenir, y la obtenida, irrisoria e irritante, como lo es siempre la desigualdad, pues la elevación no ha estado en relación con la de los demás Cuerpos administrativos, que, por término medio, han triplicado sus emolumentos. ¡Y siendo tan mezquinos, dadas las nuevas bases económicas de la producción y del consumo, con ellos han de vivir!

Historiar las evoluciones reguladoras del estipendio económico en la carrera judicial, es labor sencilla. La ley Orgánica asignaba el sueldo mínimo de 4.000 pesetas (se ha duplicado o triplicado el coste de la vida a partir del año 70), y el máximo, de pesetas 30.000; mas 5.000 de representación, al Presidente del Tribunal Supremo. El Real decreto de 16 de julio de 1892 suprimió los sobresueldos del Presidente y Fiscal del Tribunal Supremo y de los Presidentes de las Audiencias territoriales. El de 29 de agosto de 1893 redujo los sueldos. Los proyectos de 1904 y 1906, en que se reformaba la organización de los Tribunales, fijaron en 3.000 pesetas el sueldo mínimo. En 31 de diciembre de 1906 se estableció la escala que, comenzando en 4.250 pesetas, ha subsistido hasta fecha reciente, y por ley de 15 de marzo de 1906 se equipararon los Juzgados de Madrid y Barcelona.

El citado proyecto de 1904 establecía que en las poblaciones como Madrid, Barcelona, Sevilla y otras cualesquiera donde fuese notoria la carestía de la vida, podría asignarse un sobresueldo al funcionario como indemnización de residencia. La premisa es lógica. Es más: el Estado debe tener en cuenta, no sólo las circunstancias geográficas, sino las familiares; y al igual que las grandes empresas mercantiles aumentan la dotación del empleado en consideración al número de personas de su familia, debía asignar mayor sueldo a aquel que por dichas condiciones a todas luces no pudiese sobrellevar tal carga económica. En la categoría de jueces de entrada existen muchísimos con varios hijos. Bruyel ha calculado el número de pesetas correspondiente a un matrimonio con cuatro hijos y una doméstica. Es un sarcasmo cruel la distribución. La depauperación, la miseria, la horrible necesidad, la indigencia de la prole, el vestido raído, el hogar frío, el ridículo continuo, es la secuela de las asignaciones que nos concede el Estado. Y no vale forjarse ilusiones: la inmensa mayoría de los componentes de nuestra carrera proceden de casas que no tuvieron la suerte de acumular un capital. Por lo general, los hombres de posición no soportarían una profesión en que la severidad de sus reglas sólo tiene igual con las molestias continuas que surgen de la subversión de nuestro sistema constitucional. (La ley concede las facultades extraordinarias, aunque regladas, de que ha de usar el que tiene que decidir sobre la libertad o hacienda ajena, el que ha de defender a la sociedad del crimen, de la falsía, de los abusos del poderoso, de los desmanes del desamparado, de los exabruptos de funcionarios, de las extralimitaciones de los poderosos; la relajación de costumbres, la absorción de la administración, las malas artes, el desenfreno de pueblos atrasados, origina un verdadero calvario al funcionario que administra justicia para poder cumplir su cometido.) Así, que desenvuelve su vida en la irritación, la arrastra con el sacrificio, la culmina en la desesperanza. Si existe un manómetro que midiese las heroicidades morales, los vencimientos diarios, los esfuerzos de la voluntad, ¡qué asombro produciría! Y no en verdad porque sea de una naturaleza especial. La altura de la misión, la comprensión de hombres de su época, el amor a la humanidad, acaso porque en esta generación hayan estallado los sufrimientos de cien anteriores, han hecho de este funcionario culto un sacerdote del derecho.

Admisible que, dada la imperfección de los órganos administrativos, el Estado no llegue a la subjetivación del funcionario; su organización simplista, su mentalidad poco apta, la marca de pesadez de sus instituciones, tiende a la sistematización, se horroriza ante las nuevas creaciones; pero ello no impediría que concretase objetivamente. Algo laboró ya al asignar a Juzgados como el de Viella un aumento de dotación igual a los que desempeñan destinos en las posesiones extrapeninsulares: Las Palmas, Palma y África; pero ello no es suficiente, pues en la Península existen localidades de extraordinaria carestía para compensar a los funcionarios de las cuatro categorías inferiores de la carrera judicial y equivalentes de la fiscal que sirviesen en ellas o en las que fuesen de notoria incomodidad para la vida. Deben ser compensados con un aumento de un 10 a un 50 por 100 del que corresponda a la categoría cuya designación se verificará: a) A instancia del funcionario; b) Del Presidente de la provincial o territorial correspondiente al mismo; c) En virtud de expediente promovido por la Junta judicial. (Someteramente hemos tratado de este organismo en el artículo «La abogacía y la política», publicado en estas columnas, núm. 802.) Para evitar el privilegio se establecerá que cualquier recomendación o influencia empleada para lograr dicho objeto se estimará deshonorable para el funcionario en cuyo favor se efectúe, y las compensaciones se llevarían a cabo con relación al cargo. No teniendo el acuerdo más que dos años de plazo, transcurridos los que cesaría el percibo de la compensación si no volviera a dictarse otra disposición en tal sentido, siendo necesario siempre que la Junta judicial emitá dictamen si no hubiera tenido origen en la misma.

Con tales garantías no cabe sospechar de que tales