El Foro español (Madrid. 1898) (1919-07-15 00:00:00), página 3

niendo de relieve los meritorios y difíciles trabajos que tienen a su cargo, terminan solicitando les sean otorgados unos derechos sinceramente platónicos que, sin gravar en lo más mínimo el presupuesto del Estado, ni los devengos arancelarios del Juez y del Secretario, supondrían una dignificación, que por todos conceptos merece aquella modesta clase.

Pero no disponer en nuestra revista del espacio necesario, dejamos de insertar íntegramente el notable documento que, a nombre de sus compañeros y como Presidente de la Sociedad, suscribe el antiguo e ilustrado Oficial D. Antonio Pérez Amigorena, bastando, sin embargo, para que nuestros lectores puedan apreciar lo razonable de cuanto piden los simpáticos curiales, lo que entresacuemos de algunos de sus párrafos.

Después de evidenciar, con sólidos argumentos, que en todo momento tienen a su cargo funciones realmente técnicas, que sólo a base de conocimientos especiales de las leyes vigentes pueden desempeñarse, alegan como fundamento de sus legítimos deseos lo siguiente:

«Público y notorio es, excelentísimo señor, en conclusión, que a cuantos pertenecemos a la sufrida clase de Auxiliares de la Justicia municipal, se nos confían de continuo documentos de grandísimo interés; el archivo y todos los libros del Registro civil, noticias de grave transcendencia y asuntos que por afectar al orden privado—a veces al honor de la familia—deben permanecer en el más absoluto secreto; sin que jamás haya ocurrido que alguno de aquellos desapareciese, o que estos últimos fuesen de cualquier modo violados, como medio para obtener lucro o beneficio.»

Son, pues, funciones técnicas y funciones públicas las que los Auxiliares de Juzgado Municipal y del Registro civil desempeñan; funciones de interés general que no podrían tener efecto si no encontrasen en nosotros su apropiado y único órgano; al menos en poblaciones numerosas, donde la cantidad de asuntos y la enorme extensión del territorio jurisdiccional hacen imposible que pudiesen desempeñarlas por sí solos el Juez y el Secretario.

Aducen también los Oficiales de Juzgado Municipal, en pro de sus legítimas demandas, el hecho—digno en verdad de ser tenido en cuenta—de que las leyes vigentes han reconocido de un modo explícito su existencia y la necesidad de sus servicios; y a tal objeto mencionan el artículo 1.º de la ley de 5 de Agosto de 1907, que determina que «en cada término municipal habrá un Juzgado compuesto de un Juez, un Fiscal y un Secretario, con sus suplentes respectivos y el número de dependientes que fuere necesario para el servicio;» y la disposición general, séptima del Arancel, hoy en vigor, que preceptúa que Juez, Fiscal y Secretario pagarán, en la proporción de sus devengos, los gastos del material y los del personal.

Y, como argumento final, expresan la antinomia de que, no obstante la necesidad y carácter técnico de sus servicios, no ha sido definida, en concreto, la naturaleza legal de su función, con lo que resulta, hasta ahora, que no teniendo la consideración de funcionarios públicos, ni pudiendo afirmarse que el trabajo de los Auxiliares de la Justicia municipal encaje en el concepto de dependiente mercantil u obrero manual, carecen de ley que les proteja o garantice, resultando de peor condición que cualesquiera otros empleados o menestrales.

«Por inveterado que parezca—dice—carecemos hoy de filiación legal y social. Cualquier trabajador participa de las leyes obreras y de protección al trabajo... Más desvalidos y olvidados los Auxiliares de la Justicia municipal, cuando a los cuarenta o más años de servicios, agotadas sus fuerzas físicas en el duro trabajo, el peso de los años multiplica sus necesidades, el infeliz curial, mártir de su deber, es despedido y lanzado a la miseria sin un derecho adquirido, siquiera sea honorífico y sin un recuerdo piadoso de sus dilatados servicios que sirva de lenitivo a su infortunio...»

Con cuyos sólidos fundamentos, concretan sus peticiones de mejoras solicitando:

1.º Que se declare que desempeñan una función técnica de carácter público.

2.º Que se declare también qué son los denominados «dependientes» y «personal», respectivamente, en la ley de 5 de Agosto de 1907 y en el Arancel vigente, fecha 29 de Septiembre de 1917.

3.º Que se proceda a crear y organizar el Cuerpo de Auxiliares de la Justicia municipal.

4.º Que se les conceda un derecho de preferencia en la provisión de Secretarias y Suplencias, al cumplir un número determinado de años de servicio con buena nota.

5.º Que el nombramiento de Auxiliares se haga por los Jueces de primera instancia, a propuesta del municipal respectivo y sin que, una vez nombrados, puedan ser separados sino en virtud de expediente y con audiencia de los mismos; y

6.º Que, en todo caso, se cuenten como servicios prestados al Estado los que acrediten los Auxiliares de la Justicia municipal.

Dignas son, en verdad, de ser atendidas las pretensiones; sinceramente modestas, de estos laboriosos curiales. Nadie que conozca el funcionamiento de los Juzgados municipales, podrá negar que ellos realizan una labor difícilísima y ruda, que les hace acreedores a la protección del Poder público.

Y como estamos seguros de que deseos tan justos habían de ser acogidos en el Ministerio de la calle de San Bernardo con el cariño que merecen, terminamos este breve comentario, con otro párrafo, que hacemos nuestro, del documento en cuestión. Dice así:

Excelentísimo señor: «La Unión de Oficiales de Juzgado Municipal y del Registro civil de España»,