El Foro español (Madrid. 1898) (1919-05-31 00:00:00), página 4

Iniciada en Barcelona la huelga general en la tarde del día 24 de Marzo último, el día siguiente 25, al suspenderse las sesiones de un juicio oral, cuando debían comenzar los informes, fueron detenidos los cuatro letrados defensores de procesados, D. José Puig de Aspar, D. Ramón Aguiló, D. José del Río y D. Rafael del Val.

Más recientemente y en iguales circunstancias ha sido detenido el Letrado D. Rafael Guerra del Río y antes lo había sido el Abogado D. Luis Compañys.

Todos los detenidos quedaron a disposición del Excelentísimo señor Capitán general, siendo conducidos a bordo de buques de guerra y luego trasladados a la cárcel celular, habiendo sido, hace unos días, puestos en libertad los Sres. Puig de Aspar y Compañys por no resultar, según se dice, cargo concreto contra ellos y quedando recluidos todavía los otros cuatro Abogados.

Las circunstancias en que las detenciones fueron practicadas, imposibilitando a los Letrados de terminar su labor de defensa y perturbando, hasta poder hacerla casi imposible, la terminación del juicio oral en daño de los procesados y aun con detrimento de la buena Administración de Justicia, debieron producir notoria emoción y alarma entre los Colegiados, agravadas cuando, al decirse que se creía complicados a los Letrados en el movimiento perturbador iniciado, se añadió que tal creencia tenía por base principal, si no única, la de ser los detenidos Abogados de Sindicatos de obreros y haberse encargado de la defensa de los procesados, que lo eran por virtud de delitos relacionados con las luchas entre obreros y patronos.

Huelga, hasta la protesta de que esa Junta no pretende coartar la acción de la Justicia, ni ha de pretender tampoco una inmunidad absoluta para los Abogados que ejercen su noble profesión; pero entiendo, sí, que aquella acción ha de armonizarse con la independencia y libertad indispensables para que pueda cumplir el Letrado con la misión que, dentro de su competencia, el cliente le confía.

Precisamente el artículo 37 de nuestros Estatutos atribuye a las Juntas de gobierno la facultad de defender, cuando lo entienda procedente y justo, a los Colegiados que fueren molestados o perseguidos con motivo del desempeño de su profesión.

Y así, si realmente las detenciones efectuadas reconocen por origen el hecho de contar los Abogados entre su clientela a determinadas entidades y al de haberse encargado de patrocinar a supuestos delincuentes, que tienen derecho a la defensa y a escoger el Letrado que de ella se encargue, resultaría claro que se han visto molestados y perseguidos con motivo del ejercicio de su carrera, teniendo la Junta de gobierno, aun más que la facultad, el deber de ampararles y de evitar y reparar el daño.

Es necesario prescindir de prejuicios y es preciso que, colocando el asunto en el plano elevado que le corresponde, se haga la debida separación entre defensor y defendido y no se confunda nunca la actuación correcta del Letrado con los actos, antecedentes o manera de ser del cliente.

Esta Junta de gobierno se ha ocupado, y continúa ocupándose, en el caso concreto, de la situación de sus compañeros y no abandona sus gestiones; pero además de ello, estima que debe apreciar también los hechos ocurridos bajo un punto de vista general que a todos los Letrados afecta. Y así entiende, como de fijo entenderá V. E., que debe dejarse siempre desenmarañada la actuación del Letrado para cumplir sus deberes profesionales, dándole aun facilidades para ello cuando circunstancias anormales exijan la adopción de alguna medida que al Letrado afecte, y que nunca pueden servir de base de sospecha para atribuir a un Abogado participación en actos que la ley castiga las relaciones profesionales de patronos con cliente ni la naturaleza de los asuntos que se le confíen.

Espera, pues, la Junta de gobierno y así lo suplica a V. E., que practicando las averiguaciones oportunas con respecto al caso concreto indicado, se dignará V. E. tomar las disposiciones convenientes para que en el ejercicio de su profesión puedan los letrados gozar de la independencia y libertad que les son necesarias para el cumplimiento de los deberes que les impone el cargo de consejeros y defensores de sus clientes.

Barcelona, de Mayo de 1919.

Excelentísimo señor ministro de Gracia y Justicia.

Queremos anotar que las cartas cruzadas con este motivo entre el Sr. Rodríguez de Rivera, Presidente de la Federación de Abogados de España, y D. Ramón Aguiló, Abogado de Barcelona, en representación de sus compañeros procesados, han sido muy efusivas y en su caso el día de la visita concurrirá una representación de la citada Federación.

En cuanto al caso del Sr. D. Ricardo Guillerna, Decano de los Letrados de la Beneficencia Provincial, a quien se ha declarado suspendido de empleo y sueldo por resultar que, sin conocimiento de la Diputación, ha cobrado quince mil y pico de pesetas de honorarios dentro de unos autos y descontado de lo que aquella Corporación tenía que percibir, a pesar de que, con arreglo a lo dispuesto para todos los letrados provinciales, no pueden cobrar más que su sueldo con cargo a dichos fondos, la Federación de Abogados de España ha estimulado el celo del Colegio para que examine el caso, aun oyendo nuevamente al Sr. Guillerna por si pudiera exponer algo positivo en su descargo, cosa de que nos alegraríamos por lo que a su propio prestigio y al de la clase afecta. En este caso la opinión de la Federación se ha manifestado de conformidad con la ponencia formulada a este efecto, que dice así:

«El Ponte, que suscribe —que lo ha sido nuestro Director— en el asunto relativo al Letrado de Madrid Sr. Guillerna, entiende que esta Federación debe dirigirse a la Junta de gobierno de este Ilustre Colegio remitiendo el número del periódico El Madrileño, correspondiente al día 6 de Abril último que se acompaña, en el que se detalla suficientemente lo sucedido