El Foro español (Madrid. 1898) (1922-01-15 00:00:00), página 7

amparar al contratante de mala fe; en cambio, va contra la contratación de buena fe, a la que molesta con vejaciones innecesarias, en tanto que el contratante de mala fe, con sólo ampararse en los preceptos reglamentarios, recurriendo a una subasta, cierta en la forma, falsa o simulada en el fondo, elude el impuesto o hace que éste no exceda de la medida de su deseo.

No es lo malo que el reglamento infrinja la ley y que establezca terminantemente un sistema de comprobación forzosa; lo grave es que no se preocupó de crear el verdadero instrumento, el medio adecuado de comprobación. ¿De qué sirve exigir con tanta violencia la comprobación forzosa para la liquidación del impuesto de Derechos reales, si en España no existe órgano de comprobación? ¿Qué medios de comprobación son los que establece el reglamento? El art. 74 los enumera taxativamente; son éstos el líquido imponible, el precio medio de venta de la última enajenación, los tipos de subasta en los contratos en que existan hipoteca, etc., etc. Y yo pregunto: ¿Es que alguno de estos medios sirve para determinar el valor real de los bienes en el momento que tiene lugar la transmisión, que es el criterio del art. 6.º de la ley? Fijémonos en cualquiera de ellos, en aquel que el art. 76 establece con preferencia; esto es, en el líquido imponible. ¿De qué sirve el líquido imponible para determinar el valor de la propiedad, cuando, a lo sumo, lo único que puede acreditar es uno de los factores que contribuyen a determinar su valor, el valor en renta? Sería medio adecuado el líquido imponible si se tratara de un impuesto sobre la renta, de un impuesto de Utilidades, pero en modo alguno cuando se trata de un impuesto, como el de Derechos reales, que grava el capital. Y así, yo me atrevo a preguntar: ¿De qué sirve el líquido imponible para determinar el valor entre dos solares, cuando en realidad entre los solares enclavados en una misma población la diferencia que existe por razón del líquido imponible es muy pequeña? ¿Y entre dos fincas urbanas, una antigua y otra moderna, pero de igual renta? ¿Y aun entre dos fincas urbanas de la misma época, siendo una de construcción admirable, de materiales caros, de larga vida, pero de poca renta, y la otra, en cambio, de construcción económica, de poca duración, de muchas habitaciones, mas de gran renta? Ante el líquido imponible, igual valor puede tener la una que la otra. ¿Y si pasamos a las fincas rústicas? En España, donde no existe una compenetración entre el Catastro y el Registro de la propiedad, como sucede en Alemania, ¿de qué sirve exigir el líquido imponible como medio de comprobación, si en la generalidad de los casos es imposible identificar las fincas, poner en armonía la descripción del Catastro con la del Registro, los títulos de propiedad con los anotamientos?

Y si del líquido imponible pasamos a cualquiera de los otros medios, por ejemplo, el que quiere tomar en consideración la Real orden de S. S., de la cual después hablare; esto es, el precio de la última transmisión, tal como aparece en el Registro, yo me pregunto: ¿De qué sirve conocer el precio de una cosa que fué vendida hace ocho o diez años, para determinar el valor actual de la misma? Porque una casa pudo valer millones hace años, y ahora, por la acción del tiempo o por la voluntad del propietario, está derruida, y no tener más valor que el de un solar; y una finca rústica, un magnífico olivar o un pinar, cuya riqueza esté en el arbolado, ha podido perder éste, y en lugar de valer millones no tener ahora más que el valor de un erial.

Y si de estos medios de comprobación pasamos al tipo establecido para las subastas en el contrato de hipoteca, ¿de qué sirve, como ahora hacen en las Oficinas liquidadoras, exigir constantemente este medio de comprobación, dando lugar tan sólo a grandes molestias para el adquirente, que ni siquiera tiene a su disposición el título en que se constituyó la hipoteca; donde consta el valor, porque aquél corresponde al acreedor, en la generalidad de los casos poco propicio a proporcionarlo? Este medio sólo acredita un valor in potencia, que puede tener efectividad si la subasta llega a efectuarse y hay postor, pero en ningún modo el valor real y efectivo que demanda el art. 6.º de la ley.

Todo esto demuestra que el reglamento, además de infringir la ley, ha establecido un criterio absurdo, que hace que la liquidación del impuesto, en multitud de ocasiones, sea imposible, lo que motiva que los documentos sujetos a liquidación duerman con frecuencia el sueño de los justos en las Oficinas liquidadoras.

(Continuará.)

NOTICIAS

Personal de la Judicatura.

Se han dictado varios Reales decretos:

Uno jubilando a D. Vicente Santiago Mansilla, Fiscal de la Audiencia territorial de La Coruña.
Otro idem a D. Salvador Alafont y Marco, Presidente de Sala de la Audiencia territorial de Barcelona.
Otro promoviendo a esta plaza a D. Félix Álvarez Santullano, Magistrado del expresado Tribunal.
Otro nombrando para la plaza de Fiscal de la Audiencia territorial de La Coruña a D. Eladio de Urdangarin e Irizar, Magistrado de la de Barcelona.
Otro idem para la plaza de Presidente de la Audiencia provincial de Sevilla a D. Francisco Sánchez Olmo y Gómez, Magistrado de la territorial de Barcelona.
Otro idem para esta plaza a D. Fulgencio de la Vega y Zayas, Presidente de la provincial de Sevilla.
Otro promoviendo a la plaza de Magistrado de la Audiencia territorial de Barcelona a D. Miguel Martínez de Córdoba, que sirve igual cargo en la de Cáceres.
Otro idem id. id. a D. José María Salva y Pont, que sirve igual cargo en la de Albacete.
Otro trasladando a la plaza de Magistrado de la