El Foro español (Madrid. 1898) (1920-11-30 00:00:00), página 6

ciales prerrogativas reconocidas a individuos y colectividades por el Código civil o por la Constitución del Estado». La crítica me parece justa y cabal y que penaliza la necesidad de un nuevo recurso, cuyo esbozo he de concluir en breves trazos.

Si contra las resoluciones de la Administración que vulneran un derecho preexistente se da un recurso de fondo que revista los expedientes en que aquéllas recaen para confirmarlas, revocarlas o anularlas, cuando haya resolución dictada por el mismo poder con abuso de potestad que lesione intereses particulares, debe darse otro recurso jurisdiccional encaminado a la declaración de nulidad o insubsistencia de tal resolución, que no obsta a la que, subsanado el error o enmendado el agravio, ha de dictarse en el fondo por la autoridad competente.

Llevado a la ley el nuevo recurso de ordenación paralela y casi simétrica a la del fondo, sus requisitos deben ser que se reduzca contra resolución firme, y ya he indicado, que el ideal es la única instancia en la vía gubernativa (como lo es en el procedimiento civil ordinario) y que la tal resolución afecte a persona —individual o colectiva— que tenga interés en el asunto resuelto o en alguna manera haya sido parte en el expediente administrativo. Claro que si la Administración niega la resolución o la retrasa, infringiendo con ello algún precepto administrativo, así que se acrede cualquiera de ambos supuestos, podrá interponerse el recurso en cuestión, aunque no exista acto administrativo, precisamente por no haberse producido en tiempo.

Procedencia del recurso jurisdiccional de nulidad.

Si se quiere puntualizar en qué casos procederá este recurso, fácil es deducirlo, habida consideración de su naturaleza y finalidad. Expuestas una y otra en las consideraciones precedentes, y no perdiendo de vista que la última de aquéllas se logra con la declaración de nulidad del acto reclamado y su insubsistencia para que, dentro de la legalidad, la Administración dicte la resolución de fondo, todo el problema se reduce a averiguar de cuántas maneras la Administración puede abusar de su poder, abandonando el cauce de la ley. Y sin gran esfuerzo mental se advierte que, fundamentalmente, dos son las formas en que el abuso a corregir se comete: o por incompetencia, esto es, por vicio en el ejercicio de las facultades de la autoridad (vicio de orden subjetivo), o por ilegalidad procesal, es decir, por vicio en la tramitación (vicio de orden objetivo). Donde quiera que las atribuciones de una autoridad excedan del límite legal, nacerá la incompetencia, ya por usurpación de las de otro poder o jurisdicción, ya por invasión de las del superior o inferior jerárquico, ya por intrusión en esfera o materia prohibida a la acción administrativa. Del propio modo, allí donde se ejerciten facultades propias y ponderadas, pero con omisión de requisitos y trámites preceptuados, o que no estudiando, pero siendo admisibles según las leyes, el prescindir de ellos produzca indefensión (1) allí se determinarán otras tantas ilegalidades formales, procesales, amén de las referidas de retraso u omisión en resolver.

Baste lo expuesto a mi propósito, y dado el tiempo a que discretamente debo sujetar vuestra atención, sin más minucioso desenvolvimiento del recurso de nulidad por abuso de poder y prescindiendo de la regulación a que debe someterse, porque es cuestión de orden reglamentario y bien puede decirse que sería la del recurso de plena jurisdicción, abreviando en general todos los términos y plazos.

(Continuará.)

LA MEMORIA DEL FISCAL(1)

En el Derecho Intermedio la concusión se confunde con el crimen peculatus y con el de abuso de autoridad. El Derecho canónico antiguo no podía menos de seguir al Romano en este particular:

In 6º Decret. (I. 1.º; III. 3.º, c. 2) Bonifacius VIII statuerat ut judices nec minus ullum, nec quidquid aliud accipiant nisi forsas «esculentum ei peculium ex mera liberalitate oblatum, quod paucis consumi possit diebus.»

* * *

Severius quaelibet numerum acceptatio prohibetur examinatoribus corum, qui concurrent pro cura animarum, a Tridentino sessione 24, cap. 18 de reformatione.

Ya el Papa Inocencio III había condenado estos hechos con palabras admirable ejemplo de concisión y claridad: Vae vobis, qui corrupti prece, vel pretio non atentandis merita causarum, sed merita personarum... Non vitam, sed munera, non justitiam, sed pecuniam.

La generalidad del mal, sin distinguir de épocas, lo revela esa insistencia constante de nuestros legisladores al prescribir el Fuero Juzgo, las Partidas, el Ordenamiento de Alcalá y tantas otras disposiciones recopiladas que los jueces no recibían dones algunos de los litigantes, ni de sus procuradores, escribanos y agentes, ni de algunos de los reos; bajo severísimas penas pecuniarias, inhabilitaciones, desfierro perpetuo, etcétera; en las últimas figuran las palabras cohecho y cohechar, precisamente para impedir que se realizara tal delito por medio de sus familiares y dependientes (2).

A imitación de Roma, bien puede calificarse, en su conjunto, de especiales a los funcionarios que intervienen en la Administración de justicia los preceptos a que se hace alusión, porque sin duda el mal revestía mucha gravedad, dados los daños moral y material que producía.

Asusta y causa pavor cuanto sobre el particular se permita decir a los predicadores no hace aún dos siglos: ¿Qué Ministros o cuántos Ministros habrá en el mundo capaces de entender en la causa de los ladrones, si está el mundo lleno de malos Ministros, complicados en la misma causa? Yo no diré lo que decía un safricío, que si se hubieran de ajusticiar a todos los ladrones del mundo, era necesario formar el Tribunal en el Cielo, y buscar el verdugo en el Infierno; dando a entender que en la tierra no había Ministro capaz de pronunciar ni de ejecutar la sentencia, por hallarse todos comprendidos en el mismo delito. Digo que nunca pronunciaré yo una expresión tan injusta y tan falsa, hablando, como hay, muchos ministros inquebrantables e incorruptos en todos los Tribunales; pero tampoco puedo dejar de decir, que habiendo tomado Dios por su cuenta el juzgar a las mismas justicias: cum accepere tempus ego justitas judicabo, algo parece que nos quiso dar a entender de que acá abajo hay pocos Tribunales competentes para juzgarlas. Sea lo que fuere, sin meterme yo en juzgar a nadie en particular, digo en general lo que todos dicen, y es lo que se sigue:

Qualiquier Ministro de justicia (y por este nombre entiendo desde el Juez más supremo hasta el corchete más ínfimo), que está asalariado por la República, y recibe algo, o sea en especie de dinero, o sea en cualquiera otra especie fuera de aquello que le corresponda... digo que cualquierra Ministro que recibe de los litigantes algo más de lo que estuviere dispuesto y

(1) Véase el número anterior.
(2) Don Iden clara y expresiva del común sentir de las leyes medievales y las anteriores al siglo XIX las 24 y 25, título XXII. Partido 3.º; 8.º título XIV de la 4.ª; 14, título XXX, libro IV; 7.º y 8.º, título I, libro XI, y 23, título XXXVIII, libro XII de la Novísima Recopilación.