El Foro español (Madrid. 1898) (1918-08-30 00:00:00), página 19

migos declarados de la designación libre del Fiscal del Tribunal Supremo y de los Abogados de dicho Tribunal, que deberán ser elegidos en la forma que en la base que trata de la organización de la carrera judicial dejamos consignado.

Si el Gobierno, en cualquier ocasión, necesita ejercer derechos ante los Tribunales puede, como lo hace en los delitos de contrafacción y en los pleitos contenciosos, designar un Abogado del Estado que cumpla en ellos el cometido de su función.

Abre este proyecto un portillo inexplicable para el Secretario-Leírdo de las Fiscalías del Supremo y de la Audiencia de Madrid, y que por lo tanto debe desaparecer o ampliarlo a cuantos se encuentren en las mismas condiciones que los favorecidos; pero sería conveniente suprimir todo asomo de derecho o de ingreso en las carreras judicial o fiscal o Jueces y Fiscales sustitutos. El Estado debe pagar a los funcionarios que utiliza y no crear en modo alguno privilegios que son subterfugios para violar o mancillar las leyes.

Conforme con las ideas que imperan las bases diez y nueve a veintiuna, pasemos a estudiar la veintiuna, que de un modo especial afecta a esta Federación.

BASE VEINTIUNA

De los Abogados y Procuradores

Completa fue hasta el momento actual la desorientación legislativa en materia tan esencial a la vida jurídica como lo son la Abogacía y el derecho de representación con título o condición especial. La libertad de la profesión, estimándola como industria libre, viene produciendo estados de libertinaje a los que hay que poner, más que una limitación, un impedimento.

Al autor del proyecto sólo le ofrece materia de estudio y de corrección la defensa de los pobres, y acude para ello a impedir que los jueces puedan litigar, que no otra cosa será encomendada a su defensa al Ministerio fiscal, limitando el derecho constitucional de igualdad ante la Ley. En vano el trabajo que en la actualidad pesa sobre el Ministerio fiscal y la falta de personal que deja sentir en la vida judicial y se consigna de un modo que no ofrece dudas en las Memorias de los Fiscales. La creación del Cuerpo de Promotores fiscales viene a suplir esas deficiencias. Encomendar a esos funcionarios la defensa de los pobres es negar a éstos el derecho de defensa, estableciendo un antediluvio: en la gestión cerca de estos funcionarios, que en atender y examinar las razones en que cada aspirante fundamente su derecho, en redactar demandas, preparar pruebas, etc., consumirán todo el tiempo, sin que su labor pueda ofrecer garantías de eficacia, obligándolos a acudir al procedimiento de valerse de auxiliares que no podrán pagar con fondos del Estado en condiciones de que no nazca una nueva explotación, de esos vividores de la justicia que tanto abundan y que en la actualidad son intermediarios, vale decir, personas de los que en tal comportamiento se dan las condiciones la explotación no desaparece y el auxiliar que intervenga con el valimiento del funcionario fiscal que aboga aumentará la explotación, ocupándose de los asuntos que ofrezcan de momento ganancias y olvidando aquellos que no las den o los que la munificencia del litigante contrario haga olvidar. La nueva creación no podrá dejarse de señalar como una grave fuente de inmoralidad, aparte de que el propio funcionario fiscal carece de independencia, por la relación de subordinación que puede ser en algún caso motivo de indiferencia y abandono de derechos.

La función de abogar, es de confianza depositada en personas cuyas condiciones llevan al ánimo del litigante la persuasión de que podrá triunfar la aspiración sentida, y faltando esa confianza nadie se considerará suficientemente garantido en sus derechos, sin que la necesidad de corregir abusos justifique la creación de una fuente de inmoralidades, máxime cuando pueden cortarse creencias en los Colegios de Abogados y en Comisión de Consultas parecida a la establecida en Holanda, que examinase los antecedentes antes que el Colegio designase el Abogado de oficio cuando fuera demandante el pobre y nombrándole desde luego cuando fuera demandado, ya que la pertinencia de los términos no permite grandes dilaciones.

Mayor inmoralidad que la que expone el proyecto es la que vienen realizando los Abogados ex Ministros, que ponen al servicio de sus bufetes todas las influencias que en la política disfrutan; inmoralidad tan grave que ha sido pública la protesta—que la ley de Bases no recoge—. Colectiva es la demanda de que se establezca una incompatibilidad absoluta para el ejercicio de la profesión a aquellas personas que por su posición política puedan influir en el sumo de los encargados de administrar justicia, y la protesta es tan unánime y la aspiración tan sentida, que ella por sí sola bastaría para integrar la vida social de esta entidad, si no lo fuese también la defensa de los derechos de la clase en la reforma de la Administración de justicia.

En esta ocasión, precisamente al constituirse el actual Gobierno, elevamos una petición razonada y en íntima relación con esta materia al Ministerio de Gracia y Justicia, y en ella consignábamos la petición que fuera declarado incompatible el ejercicio de la profesión para cuantos en lo sucesivo desempeñaren las funciones de Ministro de la Corona, Presidentes del Senado y del Congreso, Subsecretarios, Directores generales, Comisarios regios, Vicepresidentes y Secretarios del Senado y del Congreso, Alcaldes, Gobernadores civiles y Presidentes de las Diputaciones provinciales. Limitábamos esta prohibición por entera a una condicional que los interesados pueden perfectamente convertir en realidad, y su intento significaría el deseo de no continuar tolerando un ambiente que todos estiman impuro. La condicional es que subsista la prohibición en tanto no se concedan al Poder judicial facultades de independencia del Poder ejecutivo. Bien fácil y sencillo es cumplir esa condicional, y al proponerlo el Gobierno demostrará con sus actos que produce beneficios, y de carácter extraordinario, el desempeño de la función pública, atendiendo a simultaneidad de con el ejercicio de la profesión unas veces con intervención de parientes, otras con las de hermanos, hermanos políticos, hijos o sobrinos; en suma, dejando abierta la puerta de la casa del político simultáneamente al litigante y a los subordinados en la función de la gobernación del Estado.

Tenemos fundados temores de que tal iniciativa no se adopte y que continúe todo como hasta aquí: Impunidad, inmunidad, libertinaje para los poderosos; presiones, atenazamiento para los débiles. Ese es el régimen que impera por desgracia, y más aún por ensamblamiento, en España.

Pero si el Gobierno no lo intenta y si las Cortes no lo consagran, no hemos de cejar en el intento. En nuestra corta vida social, hemos logrado que el Colegio de Abogados de Madrid adopte el acuerdo de reformar sus Estatutos, y en la ponencia primero y en la discusión después mantendremos esa iniciativa, que cuenta con el apoyo de los más y con la simpatía de los restantes.

Otras incompatibilidades existen con los empleados del Estado de todas las categorías que ejercen la profesión de abogado, pueden, saliéndose de terceras personas, intervenir en asuntos que obtienen por razón de su cargo con evidente necesidad de abandonar sus ocupaciones oficiales para atender a aquellas actuaciones de orden judicial que demandan una personal intervención, aparte de la diferencia de condiciones en que con ventajas se encuentran con relación a los demás Abogados en cuanto que con sus sueldos por funciones administrativas, pueden abogar en condiciones de economía grande o pequeña, pero siempre con economía en relación con los demás, y el Estado no debe consentir la posibilidad, de que los hechos expuestos ocurran, prohibiendo el ejercicio de la profesión de Abogados a cuantos perciban sueldos del Tesoro público, de la provincia, de la Mancomunidad, o de los Municipios.

Otra incompatibilidad de orden moral es la de los Notarios, que acaparan cuanto se relaciona con testamentarias y particiones en forma que hacen indispensable requerir como requisito previo para la protocolización de esas actas la firma de los Letrados. Y la imposibilidad de su redacción constituye una saneada fuente de ingresos que el Tesoro público grava con el correspondiente impuesto y que satisfacen industriales que no perciben beneficio alguno por ese concepto.

La falta total de conocimiento de la vida y organización