El Foro español (Madrid. 1898) (1921-11-30 00:00:00), página 2

Descendamos de la altura; ocupémonos de las gestiones de las Corporaciones municipales en relación con sus obligaciones carcelarias, ya que por el decreto de 5 de mayo de 1913 incumbe a las mismas cuanto se relacione con las prisiones preventivas. Puede asegurarse que su inmensa mayoría son muestra de arquitectura antipanóptica; es decir, lo opuesto a todo modelo de establecimiento penitenciario. El maestro Salillas ha elevado su voz en las Cortes para que el Estado lleve a él estos servicios, ya que la incuria o mala administración municipal los tiene abandonados, y esta petición se ha repetido por los funcionarios del Cuerpo de Prisiones.

Las famosas cárceles mamelinas, o acaso las venezolanas, podrían considerarse, en realidad, modelos comparadas con muchas de las a que nos referimos. El sistema penal antiguo de que por el sufrimiento se castigaba al reo, el absurdo Talión, la venganza con olvido de la pena, medio de redención, de acogimiento humanitario, tiene su más completa manifestación en esos lugares tenebrosos, insanos, donde la salud más recia se resiente y el alma torcida se perversifica.

Pero si el aspecto material es abominable, el financiero no le va en la zaga, e interesa sumamente a los funcionarios judiciales que termine tal estado de des- prestigio.

El juez, en efecto, es inspector nato; sus facultades se diversifican según actúe como visitador del establecimiento para vigilar la ejecución de las penas, obligatoriaidad impuesta por la ley de Enjuiciamiento Criminal y el decreto citado, o como Presidente de las Comisiones económicas, sustitutorias de las de Patronato y, en verdad, tan íntimas como éstas; pues si bien las cuentas, inversión de fondos, inspección de talleres, cooperativas, etc., ha de examinarlos y dar su V.º B.º una vez que la Comisión manifieste su placet, no lo es menos que carece de toda facultad coactiva para imponer a las Corporaciones cumplen su cometido, y en muchas cárceles, ¡qué pena, qué horror!, los presosacrecen de colchones y mantas, y padecen hambre: la cantidad que fija el Municipio para su alimentación es irrisoria. ¿Y qué hacer? Telegramas, oficios, quejas, todo es inútil, la sordera oficial no tiene cura. El presupuesto carcelario suele convertirse en arma política; los asalariados se escogitan, no para ello, sino para que disfruten de las prebendas. Los forenses cobran o no, según les sirva a sus fines. Es una vergüenza intolerable para el funcionario. Hora es de que se termine con tal estado de cosas. Que se dicte un Real decreto al objeto de que los empleados municipales sean nombrados por el Juez; que sin su V.º B.º no podrá tener eficacia la distribución de fondos y a él, como Presidente de la Junta, deben rendirse las cuentas, Oficinaria de Ordenador de pagos, y podrá dirigir amparios contra los Ayuntamientos morosos, con facultad de embargar en determinada cuantía sus ingresos. De esta forma se harían las obras necesarias, el personal subalterno no sería político y cumplirá su cometido, y las cárceles variarían mucho, y entonces toda España no sería Rialto, sino éste la excepción.

En el número del 15 de marzo del corriente año, nos ocupamos del problema de la vivienda. Otra arma caciquil, pues siendo costumbre el que las corporaciones municipales la suministren, a veces, cuando el funcionario no ha sido de su agrado, es decir, inhabíbil, como así denominan los boni vivant al que no tiene más imperativo que el culto del deber, se la suprimen, vejándolo indirectamente; por lo que no significaría nuevo gravamen para las corporaciones municipales el que se estableciese con carácter obligatorio tal deber, y redimiera a los Jueces de la coyunda. Es realmente deprimente que el Estado aloje, y lo haga con esplendor, a otros funcionarios y funciones, verbigracia, el servicio de Correos, y que abandone aquella sería función.

Lo mismo puede decirse de las casas juzgados. Mientras un decreto de 1902 obliga a los Municipios a costear el mobiliario de los Juzgados municipales, y otro a suministrar los libros del Registro civil (y no se alegue que la justicia municipal es para ellos carga preferente), pues también deben pechar con la de facilitar lugares adecuados para los Juzgados de Instrucción, por prevenirlo así la ley Orgánica del Poder judicial, y el proyecto de ley redactado por D. Eugenio Montero Ríos como Presidente de la Sección primera de la Comisión de Códigos expresamente dispuso en su art. 22: Que «en todos los circuitos judiciales habrá un edificio destinado exclusivamente a la administración de Justicia, habitado con el sencillo decoro y la dignidad...» Los gastos necesarios para la adquisición y conservación de estos edificios y su decorado y mueblaje, serán a cargo de los pueblos del circuito judicial...» prescribiendo reglas para que se hiciese allí efectivo, penando con la traslación del Juzgado caso contrario, y disponiendo que la nueva propiedad correspondería a los pueblos en la proporción en que hubiesen contribuido a su construcción y mueblaje; pero el uso y aprovechamiento correspondería al Juez o Tribunal.

Ciento que muchos Ayuntamientos contribuyen espléndidamente hoy; pero otros tienen abandonadas las casas-juzgados, y éstas ostentan un mobiliario ridículo e indigno; que si la Justicia no dejase de serlo por los requisitos externos, la forma eleva la función, como la palabra eleganciaiza el pensamiento.

Como organismo superior para decidir las diferencias que surgen entre la autoridad judicial y la gubernativa, debe crearse una Junta que se denominará de «Edificios», integrada por las personas que en la localidad ejerzan dichos cargos, y en la capital de la provincia, el superior; y los gastos que se causasen con motivo del expediente serían abonados por el que lo hubiese promovido ferneramente o indebidamente.

Otro extremo de transcendencia es el relativo a los impuestos locales; si por su situación local, la del funcionario es especialísima, en cuyo hecho se basan las múltiples restricciones, incompatibilidades, prohibiciones, que le asedian, hasta el extremo de que el decreto mencionado contenía el principio, que nos parece muy justo, de prohibirle recibir regalos o merced de toda persona que pudiese estar bajo su jurisdicción, no menos equitativo lo es apartar todo principio coactivo, dañoso, perjudicial; tal puede serlo hoy el impuesto de Utilidades, que, con arreglo a éstas, se reparte por