El Foro español (Madrid. 1898) (1919-10-31 00:00:00), página 3

LA REFORMA DE LA ORGANIZACIÓN JUDICIAL

II

Arrancar los juicios declarativos de los Juzgados para llevarlos hasta en su tramitación a las Audiencias territoriales, el organismo más anquilosado de la Administración de justicia, es un atentado a la tradición, y a la tradición sólo puede atentarse justificadamente, desde arriba o desde abajo, cuando ha perdido su fuerza espiritual y se mantiene no más que por rutina o por imposición, lo que no ocurre en este caso, porque ni la opinión pública ni la profesional es partidaria de que se aleje al tribunal del litigante, ni mucho menos ha formulado el deseo de que sean tribunal de primera y única instancia las Audiencias territoriales. Antes puede observarse que la actual segunda instancia, con frecuencia representa sólo una forzada estación en el viaje al Tribunal Supremo; porque es lo cierto que las Audiencias territoriales, sin la autoridad de aquél, todavía muy prestigiosa—a pesar de que los Gobiernos que padecemos atentan contra ella, encomendándole con notoria insinceridad menesteres políticos—convertidas en varios respectos en baluartes del caciquismo, sin especialización local ni aun en las regiones forales, llevan una vida languida y opaca.

Para buen número de muy probos funcionarios de la Judicatura son estas Audiencias como los treinta años del poeta: tumba de sus ilusiones. Llegan viejos, ajetreados por el frecuente mudar de residencia en pueblos a los que no amaron, y se dan cuenta de que su anhelo diario por el ascenso, en esa estructura de minuciosa gradación jerárquica que los equipará a cangilones de noria, consumió los mejores años de su vida, dejando sedimentos de cansancio e indiferencia. Va el desilusionado, y, en general, hombradísimo funcionario, diariamente a Sala, una sala de la más fría y pobre majestad; se sienta en fila, detrás de una mesa larga y estrecha, de rojo y oro para el público, pero que él sabe que es de pino humilde astillado y sucio, porque así lo ve desde su lado; oye con quietud litúrgica y, acabado el rito, ha de discutir sin ver ni oír apenas a los del otro extremo del alineado tribunal, sin otros libros que alguna vieja edición de los Códigos vigentes, sin comodidad ni adecuados medios de trabajos, como si en el profesional automatismo la justicia fuera su natural exudación. Ante esa mesa lleva el proyecto la tramitación y el fallo en única instancia de los juicios declarativos de 5.000 pesetas en adelante.

El que haya de pleitear, como actor o demandado, si no reside en la capital del territorio, después de consultar al Abogado en su pueblo o partido, habrá de ir a dicha capital a encargar del asunto a otro Abogado y a un Procurador; y repetir el viaje tantas veces como la preparación y desarrollo del pleito exijan, que no han de ser pocas, y esto para que luego la prueba no la presencie el tribunal que ha de sentenciar, porque la prueba, dice el proyecto, y no podía hacerse de otra manera siendo escrita, que se hará ante el Magistrado ponente, y las más de las veces habrá de practicarse por exhorto, pues no es de suponer que se intente el viaje de los testigos a la capital del territorio, ni aun el de los interesados para la de confesión en juicio; y las de peritos, reconocimientos, cotejos y diligencias análogas es innegable que en la mayoría de los casos habrán por fuerza de practicarse por el Juzgado de partido, ante el cual el asendereado litigante se verá precisado a sostener también para todo ello representación y defensa, ésta cuando menos, lo que si el pleito es cuantioso y la persona rica podrá soportarlo, pero en otro caso constituirá una dificultad insuperable, verdadera denegación de justicia; y es, que desde las alturas, desde los grandes bufetes, no suele verse más que pleitos grandes o pleitos de pobre, y existe un extensísimo término medio, y hasta un rico legalmente, pobre en la vida, al cual en este proyecto se le deja indefenso.

En suma: que la Sala fallará sin haber presenciado la prueba, y en la práctica diaria, con raras excepciones, sin conocerla más que por la relación que de ella pueda hacer el Magistrado ponente o los Abogados defensores; porque pensar que cada uno de los Magistrados vea y estudie por sí los autos, ni siquiera el apuntamiento, es desconocer, no ya la práctica de la vida, sino las absolutas posibilidades. Esto cabría esperarlo si el tribunal hubiese de resolver pocos asuntos; pero con el número de los que despacha y habría de despachar con el proyecto una Sala de nuestras Audiencias territoriales, no hay que pensar siquiera en ello.

Mas yo quiero prescindir de todo esto, con ser tan importante, para fijarme en otro aspecto del problema. No tiene duda que los grandes gastos y molestias impuestos al litigante, haciéndole acudir tan lejos con su demanda de justicia, quieren justificarse con la mayor garantía respecto a competencia del tribunal, y yo creo que esto es un error, porque la competencia no puede graduarse sólo por el número de los jueces, ni aun por su capacidad—suponiéndola mayor por el más largo tiempo de servicio, lo que es mucho suponer—, sino en función de otro esencialísimo elemento: por la información que adquiere el juez del asunto; y si las pruebas no pasan ante las Salas, los que no las vieron, por muchos y por viejos que sean, se hallarán en inferiores condiciones de acierto que el juez único, presente en toda la tramitación del pleito, cuando se trata de la apreciación en conjunto que significa la sentencia de primera instancia (en orden a una segunda instancia el caso es muy otro), sin que, a mi juicio, tenga decisivo valor el argumento de hallarse en el tribunal el Magistrado ponente, porque, además de que será también ajeno a mucha e importantísima parte de la prueba, lo que al juez único ocurrirá por excepción, todos sabemos la diferencia que existe entre nuestros juicios cuando de ellos respondemos personal y únicamente, y cuando hemos de convertirlos sólo en una ponencia para que otros decidan, porque en este