El Foro español (Madrid. 1898) (1922-03-15 00:00:00), página 2

Ventajas del sistema: Dotación decorosa, simplificación de sueldos, sencillez en su aplicación y contabilidad, y base, los años de servicio; evitación de las infinitas clases de sueldos que existen, muchas de las que se diferencian por unas escasas pesetas; por ejemplo: entre las de jueces de entrada y ascenso existe una diferencia de unos diez duros mensuales.

Los funcionarios de la segunda clase, por ejercer, en el fondo, unas funciones que requieren la misma idoneidad, y prestar un trabajo muy parecido a los de la primera, se pueden equiparar en sueldos a éstos.

Los de la tercera, entre los que figuran los oficiales habilitados de escribanía, que no debieran pagar los Secretarios, sino el Estado, podrían dotarse con 3.000, 4.000 y 5.000 pesetas.

Los de la cuarta, con 2.000, 3.000 y 4.000 pesetas. Como consecuencia vendría la supresión de esos aranceles, que deben quedar para las cosas que se cuentan, pesan y miden en el mercado, dignificando la Justicia. ¡Qué idea más pobre sugiere una justicia arancelaria!

Pero ahora viene el problema de los ingresos. ¿De dónde se sacarán esos mayores gastos, si es que mayores son?

Puede ser que este sistema sea más económico para el contribuyente, que es el que paga.

En primer lugar, hagamos aquellas economías racionales, suprimiendo todo órgano y cargo que no rinda utilidad, sino que obedezca a razones de historia y tradición, al influjo de la política y del capricho.

Juzgados, por ejemplo, los hay que no tienen razón de ser; por no tramitar anualmente más de cien sumarios y no más de cincuenta asuntos civiles. Hágase una racional y práctica distribución de pueblos, y seguramente se podrían suprimir entre entrada y ascenso una centena de Juzgados. En cambio sería un acierto crear, en sitios que la necesidad reclama, unos veinticinco, lo que podría dar como resultado la supresión de setenta y cinco. Y atentemos setenta y cinco Juzgados menos, próxima mente.

Audencias provinciales, por ejemplo, más bien faltan que sobran.

Por ejemplo, las Territoriales: Podrían llevarse a las Provinciales los asuntos de que conocen, y suprimiendo la segunda instancia, que sólo sirve para poner en contradicción criterios judiciales y para hacer gastar a los litigantes más de lo debido, el trabajo quedaría extremadamente reducido, con lo que las Provinciales podrían llevar lo criminal y lo civil. Para garantía del justiciable, amplíese el recurso de casación, una vez que se suprima la segunda instancia.

Con ello vendría una gran disminución de personal. Claro que esto implica una reorganización que en el momento actual constituye una ilusión; pero lo que no puede negarse es que cabría suprimir, algunas plazas, organismos y órganos.

Este sistema de las economías por la supresión puede reputarse como impracticable por el cúmulo de intereses creados. En el Ministerio de Gracia y Justicia también cabría hacer una gran reducción del personal, con gran satisfacción por parte del contribuyente, del Ministro de Hacienda y bien del país.

En cambio, en donde se nota una economía rara en lo inversimil es en material judicial, pues se carece de edificios y muebles, no existe nada adecuado ni decente. Visítese los edificios judiciales, y se sacará la deducción de que son de lo peorquito que existe.

Ya que el sistema negativo de las economías no contará con muchos defensores, pasemos a examinar el positivo de las fuentes de ingresos.

¿De dónde se sacará el dinero que demandan las necesidades judiciales del personal y del material, elevadas cuantitativamente con arreglo al sistema cuyas bases exponemos?

¿De los Ayuntamientos, de las Diputaciones, del Estado, de los presupuestos, de todas esas entidades conjuntamente? ¿De los litigantes y justiciables directamente?

Los Ayuntamientos, tan mal administrados y tan gravados, ¿es que pueden con cargas mayores?

En primer lugar, existe el presupuesto carcelario que nutren los Ayuntamientos que integran cada partido judicial. Es digno de que se llame la atención sobre este presupuesto afecto a determinadas atenciones de los partidos.

Unas veces no se recauda; otras, se eximen de pagar la cuota que le corresponde algunos Ayuntamientos, merced al influjo político; muchas, se forma a capricho, y muchas, se administra muy mal. Y se administra muy mal, porque el Estado no dicta una ley parecida a la que regula la Administración del Banco de España, por ejemplo; si quiere el Estado no se filtra un céntimo.

De los Ayuntamientos de cada partido se podría obtener un presupuesto de ingresos para los gastos judiciales, bien confeccionado, bien cobrado, bien administrado y mejor aplicado si el Estado quiere. De ese presupuesto cobrado, cabría destinar una parte al Juzgado de primera instancia; otra, a la Audiencia provincial; otra tercera, a la Territorial, y otra cuarta, al Supremo, y, si se quiere, otra quinta, al Ministerio de Gracia y Justicia.

Lo que decimos de los Ayuntamientos cabe decir de las Diputaciones que viven artificialmente y cuya supresión sería una acertada medida de gobierno.

El Estado, cuya administración alcanza el mayor tipo de perfección relativo, podría encargarse íntegramente de sufragar todos los gastos de personal y material judiciales, previo informe de los organismos de este orden en la confección del presupuesto.

Muchos hablan de que los justiciables paguen algo, independientemente del papel sellado, para fortalecer el presupuesto de ingresos judiciales.