El Foro español (Madrid. 1898) (1918-07-15 00:00:00), página 2

ciones del Juez y las del Secretario, ¿por qué razón han de pertenecer a organismos distintos? ¿No es absurdo fomentar con la arbitraria separación de estos dos funcionarios el peligro de que artificiosamente se consolide una duplicidad rival o celosa de ideales en colaboradores de una concurrencia tan íntima? Si en la armonía de las partes está el secreto del éxito de toda labor, ¿cómo aquí se ha labrado una lamentable antítesis de lo que es uno en su esencia, simultáneo en su ejercicio e idéntico en los fines? Y tomando argumentos de la situación actual, vemos que están establecidas asimilaciones para pasar del Secretariado a la carrera judicial; pero de una manera tan imperfecta y de un uso tan reprochable que señalamos el fenómeno y no pasamos a su crítica. Vemos también que actualmente se le exigen a los Secretarios títulos y conocimientos iguales a los de los Jueces, elocuente reconocimiento oficial de la singular afinidad de sus oficios y aun notamos que en alguna ocasión pueden sustituir a los Jueces y llevar la firma del Juzgado.

En lo que atañe a la dotación de los Secretarios, la solución está incluida en la reforma anterior, porque ya todos los miembros de la única carrera judicial propuesta percibirían sus nóminas del Estado. Los funcionarios públicos deben estar independizados económicamente del servicio que presten. El Estado es responsable de haber puesto el interés de la Justicia frente al interés de sus factores. Clama la Justicia necesidad en su demanda, rápida en su término, sencillez en su curso y, sobre todo, baratura en su obtención. Conviene a los que la tienen puesta a tributo que la pasión, la ignorancia y la perfidia formen pleitos enconados, que la ofuscaran los dilates, que el odio los complique y haga inacabables. Es curioso y sugriente que el Estado, que pacta con la codicia de sus servidores, señalendoles en algunos servicios (leyes fiscales) una participación en las utilidades que recaban para el Tesoro, aquí, en el orden más puro, en el ejercicio más sublime de la sociedad, en la misión augusta por excelencia, en la sagrada Administración de justicia, proyea a las necesidades económicas fijas y permanentes de sus dignos empleados como una simple autorización para que vivan del azar, de lo que hagan.

Por lo que respecta a la intervención de los Jueces municipales en la primera instancia, que es otro extremo de urgente tratamiento, no creo que nadie la deje de calificar de absurda en teoría y de temeraria en la práctica. El remedio, pues, tiene que ser radical: prescindir de ellos y atribuir las suplencias del Juez al Secretario del Juzgado; a este Secretario, tal como nosotros lo entendemos y proponemos, Juez en potencia, primer eslabón de la carrera judicial. Esta sencilla, pero transcendental mudanza, bastaría por sí sola para la implantación de nuestro sistema.

Hemos llegado ya a la solución: una sola profesión, un solo ideal en los funcionarios, una vocación y espíritu comunes, un solo organismo con el título genérico de funcionarios de la carrera judicial. La categoría de entrada sería por el Secretariado, sin perjuicio de asimilar los Secretarios de los Juzgados de capitales, Audiencias provinciales, territoriales y Supremo a las superiores categorías. Señalar las ventajas de este sistema, después de habernos esforzado tanto, aunque sin lucimiento alguno por nuestra poquedad, para fundamentarlo de consuno en la filosofía y en la experiencia, sería tanto como dejar de la mano razón para distraernos en ponderaciones que estarán mejor en el que nos leyere, si a ese honor llegamos. Este gran Cuerpo, que centralizaría las funciones hermanas de Jueces y Secretarios, tendría como auxiliar otro Cuerpo de Oficiales de Secretaría, también retribuido por el Estado, que comenzaría en los Juzgados de entrada.

Nos queda la duda si esto parecerá a los demás tan fácil, hacedero y redentor como a nosotros nos parece; pero de lo que sí estamos seguros es de que, con Secretarios de arancel y Jueces suplentes políticos, la Justicia seguirá tan murmurada y aborrecida como al presente, sin que le valgan los esfuerzos de los hombres de buena voluntad, ni la notoria y progresiva dignificación del personal, porque lo inveterado del mal ha penetrado la maldita y el recelo en las entrañas de la sociedad.

DIEGO SOLDEVILLA
Juez de primera instancia

Enciclopedia Jurídica Española
Modernísimo Diccionario científico-jurídico de la legislación española; exposición razonada de sus instituciones y disposiciones del Derecho español en todos sus ramos, definición de todas las voces y locuciones, así como de los conceptos jurídicos. Diccionario enciclopédico, de autor de toda clase de jurisprudencia; minuciosos índices cronológicos y alfabéticos. Se publica por fascículos de 350 páginas al precio de 5 pesetas.—Casa editorial Seix, San Agustín, 1 a 7, Gracia.—Barcelona.

La Administración de Justicia
(CONCLUSIÓN)

Con la mayor posible prontitud será convocada la primera Junta general de los acreedores del deudor y de los demás interesados que lo sean por confusión o mezcla de bienes o haberes suyos con el activo de la quiebra, o por alcanzarles los preceptos retroactivos de la misma, o por la extensión de la responsabilidad social dentro de una Compañía quebrada.

Sobre la insistencia de estos interesados y sobre todo lo concerniente a su propia constitución, la Junta deliberará, guardando las reglas que la ley establezca.

Una vez constituida, acordará sobre nulidad o rescisión de los actos comprendidos en la legítima retroacción de la quiebra y el ejercicio de acciones dirigidas a integrar la masa del activo.

Resolverá acerca de la custodia y administración, o la realización total o parcial del activo.

Designará acreedores encargados de intervenir la formación del inventario de la quiebra, nombrará Sindicato o síndicos liquidadores, más sus suplentes, aceptantes de estos cargos, y señalará el plazo dentro del cual se haya de presentar al Juzgado el proyecto razonado de la liquidación completa y la calificación de la quiebra. Si estos nombramientos y aceptaciones no quedaren hechos, el Juzgado los acordará supletoriamente, sin dilación alguna.

No se consentirán en los autos diligencias ni alegaciones concernientes al cometido de las Juntas ni al de los síndicos liquidadores, quienes habrán de evacuarlo extrajudicialmente hasta presentar el proyecto, comunicándose con los interesados, sea individualmente, sea reuníendolos.

Cuando exista reclamación acerca de los acuerdos de la Junta, concernientes a anulación o rescisión de actos por efecto retroactivo de la quiebra, o acerca de la eliminación de bienes, como ajenos a la masa, o acerca del alcance de la responsabilidad de los socios de una Compañía quebrada, estos asuntos que, naturalmente, requieren previo pronunciamiento, se ventilarán y sentenciarán en juicio