El Foro español (Madrid. 1898) (1922-03-15 00:00:00), página 7

floría, si el Registrador al inscribir hace uso del derecho que le otorga el art. 470, y el valor resultante fuese mayor, lo pondrá en conocimiento del liquidador para que amplíe el expediente de comprobación. La situación no es idéntica: es completamente diferente; porque, en el primer caso, para la contratación rural, el principio es obligatorio; para el segundo caso es postestativo, dependiendo de que el Registrador ejerzite o no ese derecho; en definitiva, si alguna vez lo ejercita, dará lugar a consecuencias desfavorables en la práctica, porque el contribuyente que de buena fe haya satisfecho el impuesto en una capital de provincia, por ejemplo, en Madrid, puede encontrarse con un Registrador de la propiedad que no quiera hacer abdicación de sus derechos, y por ese solo hecho verse envuelto en un expediente de revisión de valores, y obligado a ingresar nuevas cantidades para el Tesoro.

Mas lo peor de todo esto es que el sistema de la Real orden ya da lugar a que, en contra de la tarifa de la ley, que establece para las transmisiones de la propiedad por contrato el tipo del 4 por 100, de hoy en adelante, en las poblaciones rurales esa propiedad deba tributar, con frecuencia, con el enorme tipo del 20 por 100. Lo demostraré poniendo de relieve ante la Cámara un ejemplo: Supongamos que se trata de la transmisión de una finca rústica, por ejemplo, de un valor de 500 pesetas en estas tierras de Castilla o de Aragón, en donde la propiedad está subdividida, en donde la propiedad alcanza poco valor, y que esa finca tenga un líquido imponible de 25 pesetas. La capitalización, hasta la Real orden de S.S., con arreglo al precepto reglamentario, al 5 por 100, daría exactamente un valor de 500 pesetas, con relación al cual se hubiera aplicado la liquidación del impuesto. Mas supongamos que este contrato, en vez de tener lugar en Madrid, se realiza en una cabeza de distrito judicial, y que se trata de una finca enclavada dentro de ese distrito.

El Registrador, conforme a la Real orden de su señoría, tiene que examinar, como medio de comprobación, el valor comprobado que resulta de la última inscripción.

¿Y qué valor comprobado es ese? ¡Ah! Ese es el grave daño de la Real orden de S.S.; ese valor comprobado hoy no será el que invoca S.S., con arreglo al art. 470 del reglamento hipotecario, por que ese Reglamento, en el art. 470, está derogado por la regla 12 del Real decreto de 5 de julio de 1920, que para la formación de valores se establece, tratándose de fincas rústicas, el 2 por 100, y en relación con fincas urbanas, el 4 por 100, es decir, que ese valor comprobado, resultante de la capitalización del líquido imponible por el Registrador al 2 por 100, no será de 500 pesetas, que resultaba de la capitalización del líquido imponible al 5 por 100, sino el de 1.250 pesetas. Y, además, como ese Real decreto últimamente citado dice que cuando no se exprese en el documento la calidad de la finca, cosa que sucede con mucha frecuencia, aun cuando sea de tercera, se estimará por el Registrador como si fuera de segunda, esto dará lugar a que el líquido imponible sea el doble, y la capitalización el doble también, y en su consecuencia, el valor comprobado que, necesariamente, aparecerá en la inscripción, será el de 2.500 pesetas. Aplicando el tipo del 4 por 100 a 2.500 pesetas, resulta exactamente que la tarifa que establece S.S., en contra de lo preceptuado terminantemente por la ley, en vez de ser la del 4 por 100 es del 20 por 100 para el valor real y efectivo resultante también de la antigua forma de capitalización al 5 por 100.

Este procedimiento conduce, necesariamente, a una de estas dos soluciones: o a la confiscación de la propiedad rústica al cabo de cinco transmisiones, o a una vinculación aparente de la propiedad, como único medio posible de eludir el impuesto; y yo creo que, dado el gran criterio de S.S., al contestarme habrá de rectificar estos pobres argumentos por mí esgrimidos, o demostrar que esos cálculos son inexactos, porque, de lo contrario, creo que se honrará S.S. a sí mismo derogando inmediatamente esa Real orden, ya que hubo error al dictarla.

Y no se crea, señores Senadores, que a ello me mueve interés profesional alguno. Al contrario: si yo mirase tan sólo a las ventajas del momento, a los rendimientos, esa Real orden de S.S. sería para el Notariado español la modificación más fantástica de su arancel que hubiera podido dársele, por la sencilla razón de que, con arreglo a la regla 4.a del mismo, para la percepción de honorarios sirve de base, no el valor declarado por los interesados, sino el que la Hacienda acepta para la liquidación del impuesto de Derechos reales; y, sin embargo, creo que no habrá un solo Notario en España que se atreva a hacer uso de esa capitalización exagerada, porque tenemos el convencimiento o el instinto de conservación de que nada hay, en definitiva, que sea más contrario para el derecho de propiedad y para la libre transmisión de la misma que un impuesto exagerado, o facultades también exageradas en el arancel de los funcionarios que en aquélla intervienen, llámense éstos Registradores de la propiedad o Notarios.

Por eso he combatido el arancel de los Registradores de la propiedad, no porque sienta animadversión a un Cuerpo al cual tributo todos mis respetos.

Y con esto termino, pidiendo perdón a la Cámara por el tiempo que he molestado se atención, y al señor ministro de Hacienda por la vehemencia que acaso puse en mis palabras; vehemencia hija del convencimiento; pero que, en modo alguno, puede rozar, al menos en la intención, el afecto y la consideración personal que le profeso. (Muy bien, muy bien.)

EL CODIGO PENAL DE 1870.
concordado y comisariado por D. Alejandro Orellana y Gómez de la Sosa, ex Presidente del Senado y del Consejo de Estado, ex Ministro de Gracia y Justicia, y Bartolomé de la Fuente, ex Ministro de Instrucción Pública, de Ciencias Morales y Políticas, etc., etc., ex Presidente de la Academia de Jurisprudencia y de Ciencias Morales y Políticas.—Segunda edición de este Código, en mil hojas, y en comparación con las anteriores.—Siete tomos. 100 pesetas. Principios literarios y más tarde más barato. Consulte usted.