El Foro español (Madrid. 1898) (1918-09-30 00:00:00), página 2

res, no sin previas consultas por los interesados a los Letrados de la localidad, llegándose a una transacción consistente en el reparto por partes iguales entre labrador, carnicero y matarife, del valor neto de la moneda, quedando ésta en poder del primero y abonando a los otros la suma que les correspondía.

¿A quién pertenecía la onza?
¿Se trataba acaso del hallazgo de un tesoro?

El labrador, al vender la res vacuna al carnicero, sin limitación ni condición de ningún género, ¿se entendía transmitida al comprador en su totalidad, con todo cuanto poseyera y albergase en su organismo?

De aquí las cuestiones jurídicas que se deducen de la relación de hechos expuesta. Veamos de resolverlas, aunque con la concisión que requiere la índole de este trabajo, para venir a fijar los derechos que a unos y otros de los interesados pudieran corresponderles en la contienda de referencia.

Si se tratase de un tesoro, era indudable que su valor tendría que repartirse por mitad entre el carnicero (propietario de la cosa en donde fué descubierto) y el matarife (descubridor), por estar terminante el art. 351 del Código civil, excluyendo en absoluto al labrador, por no ostentar ni uno ni otro carácter.

Pero es el caso que no concurren en este hallazgo todos los elementos precisos para que pueda conceptualizarse como tesoro.

Demos de lado la duda que asaltaba a algunos comentaristas de si esas disposiciones del Código se referían sólo a los tesoros que fuesen descubiertos en bienes inmuebles, nunca en los muebles. O un exceso de acerba crítica al precepto legislativo o una extremada sutileza son capaces de aquilatar hasta ese límite el articulado de la ley sustantiva civil.

Es cierto que el citado art. 350 habla del tesoro oculto en terreno, pero verídico también es que ese mismo artículo, y el 614, se refieren en general a la propiedad lo mismo la inmueble que la mueble o moviente. Sobre todo, hoy ninguna dificultad puede ofrecer esa duda después que la jurisprudencia, así civil como criminal, sentada por el Supremo Tribunal, viene estimando como tesoro lo mismo al descubierto en bienes inmuebles que al hallado en los muebles. (Sentencias de 8 de Febrero de 1902, civil, y 18 de Enero de 1899, criminal.)

Volviendo al caso relatado, nos encontramos con que no es factible aplicar el concepto jurídico de tesoro a la onza de que nos ocupamos, por adolecer éste hallazgo de uno de los requisitos, el más esencial de todos, que el derecho positivo exige para ello. Nos referimos al desconocimiento de la persona a quien legítimamente pueda pertenecer el tesoro descubierto. Que no conste a quién pertenezca, dice el art. 332 del Código civil.

Ahora, que conviene para la mejor comprensión de esta materia no adelantarse a la solución y desmenuzar antes este precepto para sacar de él las consecuencias precisas en relación al hecho que examinamos.

Dice así: "Se entiende por tesoro, para los efectos de la ley, el depósito oculto o ignorado de dinero, alhajas u otros objetos preciosos cuya legítima pertenencia no conste."

Con arreglo a él han de concurrir cuatro circunstancias para que nazca a la vida del derecho la conceptualización jurídica tesoro:

1.a - Que se trate de un depósito, esto es, que racionalmente se presuma que los objetos que lo constituyen hubieran sido colocados y guardados en el sitio donde fueron encontrados por la mano de alguna persona, ya que si estuviesen allí por obra de la naturaleza o por pérdida de su dueño, entonces no sería tal depósito, ni por ende tesoro, y el destino de los mismos se regularía indefectiblemente por las disposiciones de los artículos 427 y 615, respectivamente, del Código civil.

2.a - Que sea oculto e ignorado, es decir, que obedezca a la casualidad su descubrimiento.

3.a - Que ese tesoro lo sea de dinero, alhajas u otros objetos preciosos.

4.a - Que no conste la legítima pertenencia; que tanto quiere decir como que no se sepa quién es el dueño del mismo.

Estas cuatro circunstancias que integran la existencia legal del tesoro, aplicadas a los hechos base de nuestra exposición, se advierte que la primera y la cuarta no encajan en los mismos. La primera, porque la onza no estaba depositada en el vientre del animal por la mano de persona que pretendiera guardarlá allí. La segunda, porque consta la legítima procedencia de esa moneda de oro por el buen cuidado que tuvo el labrador de exhibir las otras cuatro onzas iguales a la hallada y la carta de su hijo, en la que le dedicaba aquel obsequio, corroborado por las manifestaciones del amigo portador del regalo desde las Américas y por la justificación de la venia de la vaca al carnicero.

Descartado, pues, de que no se trataba de un tesoro, la solución legal respecto al matarife, descubridor de la moneda, en vista de que no le constaba al descubrir la quién era el anterior poseedor, no podía ser otra que la de haberla depositado en poder del Alcalde del pueblo, para que por éste se procediera del modo y forma que determina el art. 616 del Código civil, cuando se trata del hallazgo de cosa mueble perdida por su dueño. Luego el carnicero y el labrador podrían discutir sobre cuál de ellos era el dueño o poseedor anterior de la onza en cuestión. Bien entendido que al matarife siempre le asistirá el derecho que le concedía el citado artículo, o para que se lo adjudicase la moneda, caso de que aquéllos no justificasen ser dueños de la misma; o para que, de justificarlo, se le abone, por el que resultase ser propietario de ella, la décima parte de su valor como premio por el hallazgo.

Ya tenemos definidos los derechos que al matarife le correspondían. Veamos ahora los que podrían hacer valer el labrador y el carnicero.

Según mis noticias, entre el carnicero y el labrador se había efectuado, el día antes del hallazgo, un contrato de compraventa de la vaca susodicha por el precio corriente de su justo valor de 400 pesetas, válido y perfecto por reunir todos los requisitos legales preceptuados por el Código civil, así los generales del art. 1.261 (consentimiento, objeto y causa); como los especiales del 1.435 (entrega reciproca de la cosa y precio).

Ahora se pregunta: ¿puede licitamente sostenerse que el vendedor de esa res vacuna, al transmitir el dominio de ella al comprador, lo hacía al propio tiempo de la onza de oro que poseía y que perdida se había tragado dicho animal? Se impone una contestación negativa.

Sabido es de todos que los contratos no pueden abarcar más cosas que las que hubiesen consentido las partes de los mismos. Aquellas otras sobre las cuales los contratantes no tuvieron el propósito ni la intención de contraer, caen fuera del radio de acción de la relación jurídica. Obliga lo que sin vicio se consintió. El consentimiento recae sobre la cosa ofrecida. Aquello que el vendedor no ofreció al comprador, ni éste aceptó, no puede incluirse en el contrato.