El Foro español (Madrid. 1898) (1919-11-15 00:00:00), página 5

plantea la creación de un nuevo derecho, sin ley adi- jectiva adecuada para la eficaz garantía del mismo, en el caso de error en su declaración y aplicación.

Es posible que, sin ofensa de los principios esenciales que informan nuestra legislación, desapareciese este conflicto sin más que considerar desligado el nuevo derecho (y así es, efecto) de toda relación de formalismo con nuestra anacrónica ley procesal, y, ya que para su declaración no necesita promover juicio alguno, y tampoco merece la consideración jurídica de incidente del juicio ejecutivo ni del procedimiento de apremio.

Tratándose de un derecho novísimo que carece ciertamente de ley adyutiva que regule su ejercicio, el más elemental sentido jurídico exige que, ante la posible diversidad de criterio de los Tribunales, que no se pongan obstáculos para llegar al Supremo Tribunal de Justicia, a fin de que, en su alta sabiduría, establezca reglas de jurisprudencia que sirvan de complemento a tan justamente elogiado derecho.

ESTEBAN ANGRESOLA
Abogado.

LA REFORMA DE LA ORGANIZACIÓN JUDICIAL

III

Pero el ambiente local, dicen los profesionales doctrinarios, conturba la serenidad augusta que el juzgador necesita para ser ecuánime, frío, al apreciar los hechos e interpretar la ley. Es un criterio, a mi entender, equivocado. Serenidad, si es inhibición del medio, si es quietud espiritual por carencia de solicitudes emotivas o por insensibilidad respecto de ellas, forzosamen- te supone deficiente información de los hechos, porque los hechos son manifestaciones vitales y para apreciar- los bien no basta conocer el dibujo de su trayectoria en el tiempo y en el espacio, esto es su cadáver, hay que sorprender, si es posible, su vida, procurando un contacto espiritual con el elán que los produjo; hay que sentir la emoción de su ritmo. Yo no quiero un juez impasible, quiero un juez humano; un juez impasible jamás comprenderá la vida, y de la vida, de hechos vivos ha de juzgar, no de inertes abstracciones. Los hombres han de ser juzgados por los hombres. Toda- vía podrá discutirse la conveniencia de que fuesen diri- gidos por superhombres, pero juzgados sólo por sus iguales deben serlo.

Muere un individuo y en su testamento aparecen dis- posiciones que favorecen a unos parientes con perjuici- cio de otros; pero los términos resultan algún tanto obscuros, surgen dudas, cada interesado interpreta a su favor lo escrito; he aquí el pleito. ¿Quién estará en mejores condiciones de sentenciarlo bien, es decir de hallar a través de aquellas palabras imprecisas la volun- tad del restador? ¿El juez convencido que convivió con el muerto, que conoció o puede reconstituir con datos vivos la corriente de sus efectos, los motivos de sus determinaciones, su habitual forma de expresión y el léxico corriente del país, o el juez augustamente sereno y alejado, que sólo podrá saber de esto lo que en los folios de unos autos sea posible reflejar? ¿Qué importa a este objeto lo que dijeran los antiguos y modernos jurisconsultos, ni toda la sabia doctrina de las infinitas sentencias del Tribunal Supremo; ni qué podrá hacer toda la ciencia jurídica del Tribunal más sereno y ecu- sino encerrar el hecho palpitante en algún viejo molde? Y esto es igual para interpretar los términos de un contrato; buscar el sentido de sus cláusulas en las dis- quisiciones de los sabios tratadistas, con sutiles inter- pretaciones de la ley, es sustituir las ideologías a las realidades; inducir aquel sentido, colocándose, en cuanto sea posible, en el ambiente mismo en que se produjeron los hechos y aplicar en consonancia con ello el texto de la ley, se acerca más al propósito de inyectar el derecho legal en el curso de los hechos hu- manos para darles eficacia en el orden jurídico.

Y si de la aplicación de la ley directamente se trata, tampoco me parece conveniente colocar al juzgador lejos de la localidad, ni muy alto, porque no es deseable un criterio demasiado científico o profesional, pues si el precepto es claro, no lo necesita y si no lo es, ¡ahí!, entonces, ¿con qué derecho se impone a los ciu- dadanos una interpretación hermética que está fuera de su alcance? La ignorancia de las leyes no excusa de su cumplimiento—así lo establece el artículo 2.º del Cód- go civil consagrando un antiguo axioma jurídico—pero entendámonos, de las leyes, así lisa y llanamente, del texto legal en su pureza, sin otra interpretación obligatoria posible que la del mas general sentido, tal como sus términos se entienden entre las gentes de una cultura media. Montesquien dijo: «En los Estados republicanos (léase democráticos) es de esencia cons- titucional que los jueces se atengan estrictamente al texto de la ley. No se puede interpretar una ley contra el ciudadano cuando se trata de su hacienda, su honor o su vida.»

Temo ser acusado de herejía por lo que digo, pero creo firmemente que si alguna vez puede culparse a los jueces de ignorantes, muchas sentencias son injustas por exceso de doctrina jurídica, y dejando para otra hora lo de los jueces ineptos, me parece necesario acabar con este concepto de la justicia sabia que podrá ser ciencia; pero no es justicia casi nunca. Barajando conceptos que si fueron hallados en la jurisprudencia del Supremo aparecen revestidos de su augusta autoridad, se puede reforzar el sentido de los preceptos le- gales.

Si en mis años de Universidad fui entusiasta admira- dor de Bentham y de su enemiga a la «gloriosa incerti- dumbre de la ley» más tarde, observando los estragos que en la práctica diaria de la profesión causan los em- pacchos de doctrina, recuerdo que en ocasiones llegaba a la obsesión, y, quizá en pleno delirio, habría quema- do, de tenerla en mi mano, toda la jurisprudencia. ¡Oh! no se vea en esto el más leve asomo de irreverencia no; la habría quemado como se queman las cartas de un amor pretérito; más aún, como incinerando el ca- dáver de una persona querida; pero la hubiese quema- do para destruir el cuarto obscuro del foro, quitando al