El Foro español (Madrid. 1898) (1922-07-15 00:00:00), página 3

cualles no intervienen. De aquí nace el error. Las legalizaciones son propias de los Notarios, según la legislación vigente, y a falta de dos de ellos, el Juez de primera instancia pone su visto bueno y sello.

Lo que cobran, en uso de un perfecto derecho, los Secretarios judiciales, no es la legalización, es el asiento que hacen de ella en el opportuno Registro que deberá llevarse en el Juzgado de las legalizaciones, conforme ordena de modo preceptivo la disposición general duodécima del Arancel de Secretarios judiciales, aprobado por Real decreto de 13 de noviembre de 1916.

Y mientras esta disposición no se derogue, no podrá nadie discutir ni censurar al Secretario judicial porque perciba la miserable cantidad de dos pesetas autorizada por dicha disposición.

La disposición duodécima tiene dos partes: una, preceptiva, imperativa, por la que se ordena al Secretario de gobierno que lleve un registro de las legalizaciones de firmas de Notarios o de cualquiera otra índole; otra, remuneratoria de este nuevo servicio, por la que se le faculta para percibir la fabulosa cantidad de dos pesetas.

¿A qué tanta algarada para tan poca cosa?

Ya que nos tiran de la lengua, vamos a decirlo todo. Nosotros somos más radicales en esta cuestión. Creemos que deben suprimirse de raíz y por completo las legalizaciones, o, por lo menos, reducirlas a sus verdaderos límites y encomendar parte de ellas a otros funcionarios.

Desarrollemos estas ideas.

El art. 30 de la ley del Notariado se refiere exclusivamente a las escrituras autorizadas por Notario.

Por una extensión muy grande dada a este artículo, la inmensa mayoría de las legalizaciones notariales recaen sobre certificaciones procedentes del Registro civil, expedidas por los jueces municipales.

La legalización en tales documentos debiera suprimirse por completo. El Notario no da fe más que de conocer las firmas y rúbricas del Juez municipal y Secretario y de hallarse en el desempeño de sus funciones en la fecha de su expedición. Esto no sirve, sencillamente, para nada, toda vez que lo que interesa es que la certificación esté conforme con su original, y esto no puede asegurarlo el Notario, ya que la legalización no cambia la naturaleza del documento.

Se trata de un documento público por su propia condición, con arreglo a las leyes, y ya tendrá muy buen cuidado el encargado del Registro civil que su contenido refleje siempre la verdad; porque, de no ser así, incurriría en el gravísimo delito de falsedad en documento público.

Bien entendido que, mientras no se pruebe lo contrario, es una verdad todo cuanto dice y resulta de su contexto.

Esto mismo debiera ser garantía bastante de confianza en el contenido del documento para que la sociedad lo aceptara como cierto, y todas las oficinas del Estado lo admitiesen sin necesidad de más requisitos.

Por eso la legalización en documento del Registro civil debe desaparecer. Sólo debe exigirse en las escrituras autorizadas por Notario, reduciendo a sus verdaderos límites el art. 30 de la ley del Notariado, si es que quiere conservarse su vigencia.

Ahora bien: si se quiere que subsista el requisito de la legalización en los documentos del Registro civil, debe encomendarse a los Secretarios judiciales y a los Jueces de primera instancia.

No se explica que los Notarios conserven estas atribuciones más que por la confusión de funciones que todavía subsiste, recuerdo de la época en que unas mismas personas ejercían la fe pública judicial y extrajudicial.

Aparte que es principio elemental de razón y de derecho que los actos del inferior estén inspeccionados por el superior, hay una razón importantísima para que las legalizaciones en documentos del Registro civil pasen a la autoridad judicial, y es la de que sólo los funcionarios del Juzgado pueden saber quiénes son el Juez municipal y Secretario de un pueblo determinado.

El Secretario judicial es el único funcionario que puede dar fe de conocer las firmas y rúbricas del Juez municipal y del Secretario, y asegurar que en la fecha de expedición del documento se encontraban en el ejercicio de sus funciones.

En esta constante renovación y mudanza de los encargados de la Justicia municipal, aseguramos que es imposible que los Notarios se enteren de quiénes son los nuevos Jueces, suplentes y Secretarios, y menos que conozcan sus firmas y rúbricas.

Las licencias de que hacen uso constantemente por enfermedad, ausencia, etc., son ignoradas oficialmente por los Notarios, y sólo el personal del Juzgado superior que las concede es quien tiene noticia cierta de ellas.

Por otra parte, la relación casi diaria que tienen con el Juzgado de primera instancia es la que puede dar a conocer admirablemente al Juez y al Secretario las firmas y rúbricas de sus subordinados. Son muchos los documentos que tenemos constantemente a la vista y que obran en el Juzgado.

De ninguna manera los Notarios, que carecen de relaciones directas con los jueces municipales, de quienes proceden la inmensa mayoría de los documentos que legalizan.

No envuelve esto censura para el dignísimo