El Foro español (Madrid. 1898) (1918-07-15 00:00:00), página 4

El Fiscal del Tribunal Supremo podrá nombrar libremente a uno de sus subordinados, cualesquiera que sean su categoría y el punto donde desempeñen su cargo, para que ejerza las funciones fiscales que le encomiende en determinado Juzgado o Audiencia.

9.º La formación del sumario se acomodará a las reglas que actualmente rigen; pero se simplificará y abreviará, aplicando en lo posible el procedimiento sumarial establecido en la vigente ley para los delitos flagrantes.

10. Los preceptos que se refieren a la ocupación y retención del cuerpo y efectos del delito y de las piezas de convicción, cuando aquéllos y estas tengan o representen un valor material y sean de licito comercio, se aclararán y adicionarán en el sentido de que, sin dejar de asegurar todos los fines de la justicia penal, se eviten al ofendido perjuicios innecesarios y se le entreguen con las garantías oportunas, así como a terceras personas no inculpadas, los objetos o bienes que conocidamente les pertenezcan y les hubieran sido retenidos, o que por error de información se hubieren indebidamente embargados.

11. Se dará mayor eficacia al deber que la ley vigente impone al Ministerio fiscal de reclamar que el instructor declare terminado el sumario desde que se hayan reunido los elementos necesarios para acordar el sobreseimiento o hacer la calificación del delito y entrar en el juicio oral.

12. En los sobreseimientos será obligatorio resolver lo que proceda sobre devolución de los efectos retenidos, alzamiento de procedimientos, retenciones y embargos, cancelación de fianzas y demás cortapisas a la libertad de los derechos civiles.

13. Terminado el sumario y remitido a la Audiencia, se abreviará la substanciación, suprimiendo los trámites que la práctica haya notado de embarazosos e inútiles. Transcurrido el término del emplazamiento, se pasará la causa al Fiscal y al acusador privado, si lo hubiere, para que luego pidan o formulen, ora la práctica de nuevas diligencias, complemento del sumario, ora la solicitud razonada de que se sobrase, ora un artículo de previo pronunciamiento, ora conclusiones provisionales de acusación. La Audiencia, sin más trámites, acordará lo que estime más procedente, según los casos, y si el acusador o los acusadores hubieren optado por la calificación, seguirán las actuaciones el curso ordinario hoy establecido.

14. Será necesaria para la validez del juicio la presencia en él del procesado. Cuando hubiere varios y alguno estuviere imposibilitado de concurrir a las sesiones por causa justificada que no sea dable remover en breve plazo, los Tribunales aplicarán un procedimiento análogo al establecido para los procesos con reos, unos presentes y otros rebeldes, y al que implícitamente se establece en la ley actual para los delitos flagrantes.

15. Siempre que por falta de número suficiente de Abogados en la población donde se celebre el juicio, por incompatibilidad de los que pudieran ser nombrados, o por otras causas de análoga transcendencia, no haya Letrado en ejercicio que se encargue de la defensa del procesado o procesados, la Sala dará ese encargo a un aspirante a la Judicatura; y no habiéndolo en la localidad, el Presidente de la Audiencia expondrá el caso al Presidente del Tribunal Supremo, quien, de acuerdo con la Sala de gobierno, podrá designar para ese fin a un Abogado o funcionario Letrado.

El funcionario designado tendrá todos los derechos, deberes y responsabilidades que corresponden al defensor.

La representación cesará desde que haya otro Letrado en ejercicio que la asuma.

16. A continuación del ordenamiento del juicio oral se incorporará la parte de la vigente ley del Jurado que se refiere al procedimiento.

También se incorporará la ley de 9 de Febrero de 1912, en lugar adecuado.

17. En el antejuicio necesario para proceder contra Jueces y Magistrados el inculpado podrá pedir que se le oiga por escrito antes de que el Tribunal resuelva sobre la admisión de la querella. Será potestativo, cuando ésta se admita, acordar o no la suspensión del Juez o Magistrado contra quien se dirija.

18. Se simplificarán los trámites del recurso de casación, singularmente en lo tocante al período de admisión, acomodándolos cuanto fuere posible a lo que establezca la ley de Enjuiciamiento civil.

19. En los recursos de casación contra sentencias que impongan la pena de muerte, el Tribunal Supremo tendrá facultad expresa para apreciar todos cuantos motivos de forma y fondo puedan favorecer al procesado, aunque no hubieren sido alegados ante él ni discutidos en el juicio.

20. Se regulará la sustanciación de los juicios de falta de las cuales ha de conocer en primera instancia el Juez de partido, estableciéndose al efecto un procedimiento análogo al hoy vigente en los Juzgados municipales. Contra los fallos del Juez de partido se dará apelación para la Audiencia provincial, que se tramitará en la misma forma que la hoy establecida en los Juzgados de primera instancia.

La vista de la apelación se celebrará ante el Magistrado a quien corresponda por turno.

21. Se incorporarán al Tratado de ejecución de sentencias la ley de 17 de Marzo de 1908 y el Real decreto de 26 de los mismos meses y año sobre condena condicional.

Art. 2º Una vez publicadas las leyes, el Gobierno dará cuenta de ellas a las Cortes, si estuvieren reunidas, o en la primera reunión que celebren, y no empezará a regir ni producirán efectos hasta cumplir los sesenta días siguientes a aquel en que se haya dado cuenta a las Cortes de su publicación.

Madrid, 12 de Abril de 1918.—C. de Romanones.

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Los Oficiales de Secretaría

Hablando en verdad

Discutiéndose en el Senado las reformas judiciales, un Senador del reino, el Sr. Piniés, que ahora ejerce de Decano accidental del Colegio de Abogados de Madrid, ha tratado tan despectivamente a estos modestos funcionarios, que ha llegado a decir de ellos que constituyen una clase sin decoro.