El Foro español (Madrid. 1898) (1921-03-31 00:00:00), página 5

empleados administrativos del ministerio de Gracia y Justicia, en quienes concurren determinadas condiciones que estiman podían considerarse como de asimilación.

Pues bien; el Sr. Piniés, que se ha encontrado con esa labor preparada, ha preferido prescindir de los Abogados que reúnen aquellas condiciones de garantía, de los empleados y hasta de los que ya son funcionarios judiciales, y se le ha ocurrido dictar una Real orden, por la que dispone que los aprobados con un mínimo de puntos en el primer ejercicio de las oposiciones, se examinen del segundo antes de que acaben todos de actuar y pueda verse si los hay mejores, y si en éste son aprobados, y según lo vayan siendo, irlos colocando, sin esperar a ver tampoco cuáles son los preferibles, y si en definitiva, una vez que hayan actuado todos, serán los que ganen plaza. Es decir, que todo, hasta la probable inutilidad, es preferible para el Sr. Piniés, antes que disponer de esos compañeros, casi viejos todos ellos y con esa garantía reconocida por el propio Tribunal Supremo y aumentada con más años de práctica profesional, puesto que a virtud de otra Real orden, tan demostrativa como ésta del amor de clase, hace diez años que no se inician expedientes de aptitud de esa clase.

Y cuéntese, además, que el Sr. Piniés, en un discurso parlamentario en 1918, dijo que era necesario, por lo menos, liquidar esa cuenta que había pendiente respecto al cuarto turno con los Letrados calificados para el ingreso en la carrera judicial, y que para salir del conflicto y nombrar a aquellos Letrados le bastaba con hacer uso de una facultad que le concede el art. 40 y concordantes de la ley adicional a la Orgánica, sin necesidad de una disposición que vulnera los derechos de sus compañeros, pone en manos inexpertas los juzgados y los da interinamente en forma no autorizada por la ley.

Es una disposición, en fin, que ha causado pésimo efecto y que no ha agradado ni a quienes no son partidarios de otra forma de ingreso que la oposición, y que, además, alarma a la opinión, pues poner la administración de Justicia, ni interinamente, en manos de jovenzuelos sin práctica alguna y aun sin condiciones técnicas definitivamente aceptadas, es algo evidentemente peligroso y temerario en el orden social, que ciertamente, y para ser el primer acto que como Ministro ejecuta el Sr. Piniés, no puede apuntarse como dato de garantía de la prudencia necesaria para ejercer tan alto puesto, y que seguramente posee.

DÉCIMA

Cuerpo de Oficiales: ¿Cómo debe organizarse? ¿Cuáles han de ser las funciones, derechos y deberes de los que lo constituyen?

Dice el tema 10 de la Asamblea de Oficiales de Zaragoza de 1911: «Creación de la carrera del Oficialado, desde Oficial de Juzgado de entrada a Oficial del Tribunal Supremo.

Pero de esto a las bases de ahora va demasiada diferencia.

Son inaceptables, y tanto, que esto ni siquiera debía ser menester razonarlo: con la simple afirmación es lo bastante:

Dice el art. 519 de la ley Orgánica: «Los Vicesecretarios, los Oficiales de las Secretarías y escribientes dotados por el presupuesto general del Estado, donde los hubiere, y los que con uno u otro carácter estuvieren pagados de lo destinado al material, estarán bajo las inmediatas órdenes de los Secretarios y Presidentes.»

Y el 416 del Proyecto de 1905, dice lo mismo.

En el Decreto de 1891 se concedió a los Escribanos derecho para nombrar un Habilitado que los auxiliase, siendo de su cuenta la remuneración del servicio.

No tenían, por consiguiente, más garantía que la privada contractual, que es la misma que ahora tienen los Oficiales.

¿Qué garantía tienen los Habilitados de las Relatorías, los sustitutos de los Registros de la propiedad y otros Oficiales?

¿Qué garantía los que ejercen profesiones como Abogados, Médicos, etc.?

El Decreto de 1903 los suprimió creando el Cuerpo de Oficiales, también retribuidos por el Escribano con facultad para nombrarlos y separarlos, y tenían derecho para ingresar en el Cuerpo de Escribanos si los turnos de entrada quedaban desiertos. Pase el ingreso en ese caso; pero ni aun después de tres años debían formar parte del Cuerpo de Escribanos, sino con las correspondientes limitaciones como interinos.

El de 1911 suprime el ingreso de los Oficiales en el Cuerpo de Secretarios, y mientras no se les dé sueldo continúan remunerándolos los Secretarios, con facultad de nombrarlos y separarlos.

El de 1914 concede una de cuatro vacantes de Secretarias de entrada a los Oficiales.

Se impone la derogación de esto, y había que volver al art. 39 del Decreto de 1891, mientras continúe el statu quo respecto a Secretarios.

Lo de invadir la esfera de los Secretarios, lo de hacer obligatoria y fija la remuneración, es inadmisible.

Se creó un Cuerpo de Oficiales y con categorías, pero sin base.

El Estado pretendió organizarlo; pero los Secretarios los nombran, remueven y separan.

Una cosa no casa con otra.

Y ahora resulta que un Secretario de ascenso o tér-