El Foro español (Madrid. 1898) (1922-01-31 00:00:00), página 7

ficarse, medio de obtenerlas establecido por Real decreto de 15 de noviembre de 1915, digno, en verdad de elogio por cuanto tiende a facilitar la obtención de tales documentos; mientras que para obtener la legalización notarial hay que andar de ceca en meca buscando Notarios, perdiendo tiempo y paciencia siempre, y sufriendo perjuicios muchas veces. Esto aparte de lo costosa que es la legalización en relación con el costo del documento legalizado, porque las certificaciones del Registro civil cuestan dos pesetas con el papel en que se extienden, en tanto que la legalización cuesta, por lo menos, seis pesetas, sin beneficio alguno para el Tesoro.

Ex puesto lo que antecede, pecaríamos de injustos si no excluyéramos a la Dirección de los Registros de las censuras que merece la Administración en general por la corruptela que anotamos. De aquel Centro proceden el Real decreto, tan bien inspirado, de 15 de noviembre de 1915 y el Reglamento de oposiciones a Notarías, que no exige, como es natural, la legalización de las certificaciones justificativas de la edad de los opositores nacidos después del 1 de enero de 1871, que fue cuando empezó a regir la ley del Registro civil, y eso demuestra que aquel Centro, tan ilustrado, entiende, como nosotros, que es innecesaria la legalización de los expresados documentos para que tengan y se les reconozca completa eficacia en todos los centros y oficinas de la Administración pública. Nace de ellos la presunción de legitimidad cuando aparecen extendidos en forma debida y autorizados por el encargado del Registro de que proceden. Lo excepcional, lo raro, es la falsificación de esos documentos. El que esto escriba no ha tenido que intervenir en ningún asunto sobre falsificación de certificaciones del Registro civil durante treinta y tres años que ha desempeñado funciones judiciales. Claro es que pueden falsificarse esas certificaciones, como todo documento público o privado, pero eso lo mismo puede hacerse con legalización que sin ella. La más frecuente de las falsificaciones de documentos públicos consiste en la alteración del contenido de un documento legítimo; y lo que alguna vez ocurre con las certificaciones del Registro, especialmente con las de nacimiento, es hacer uso un individuo de una certificación relativa a otro; pero eso en nada afecta a la legitimidad del documento indebidamente utilizado, ni ese uso indebido de un documento legítimo lo evita la legalización del mismo documento.

De esperar es que, ahora que está al frente del Gobierno una ilustre personalidad que ha censurado siempre en tonos énrgicos y forma elocuente los vicios y las corruptelas de nuestra Administración, se dicte una disposición de carácter general para desterrar la corruptela tan dañosa que denunciámos y sometemos a la consideración de quien puede corregirla. Basta para ello querer hacerlo, y a este efecto puede cooperar eficazmente un Centro tan competente y autorizado como es la Dirección general de los Registros.

NOTICIAS

Ley de Accidentes del trabajo.

Ha quedado aprobado, en el Congreso, devuelto por el Senado, el proyecto de ley que reforma la Ley de Accidentes del trabajo.

Se amplía el concepto de accidente, a toda lesión corporal que el operario sufra «con ocasión» del trabajo que ejecuta por cuenta ajena.

Se extienden los beneficios de la ley a los obreros agrícolas, cuando sean más de seis los empleados constantemente en una explotación.

Se quita a los Alcaldes la imposición y exacción de multas, y se entregan estas facultades a los Jueces de primera instancia.

Por una disposición adicional se modifican, en el mismo sentido las que regulan la inspección del trabajo en relación con todas las disposiciones legales de carácter social.

Se creará una Escuela de reeducación de los inválidos del trabajo, que dependerá del Ministerio del Trabajo.

Finalmente, el Instituto Nacional de Previsión preparará la reglamentación de mutualidades patronales que practiquen el seguro de accidentes del trabajo con el concurso de las Cajas colaboradoras, y administrará el fondo de garantía.

Interpelación del Sr. Azpeitia sobre el impuesto de Derechos reales.

En el Senado, el Notario de Madrid D. Mateo Azpeitia interpeló al Ministro de Hacienda sobre el impuesto de Derechos reales, demostrando que el reglamento de 11 de abril de 1911 es contrario a la ley vigente, que la infringe en preceptos fundamentales, y que, en consecuencia, debe ser modificado; que el sistema actual en materia de liquidación y comprobación de valores en el impuesto de Derechos reales, además de infringir la ley, es contraproducente para la finalidad económica del impuesto, para su máximo rendimiento y atenta también al orden jurídico que establecen las leyes fundamentales de España; y que en el absurdo sistema que rige en España en materia de liquidación y comprobación del impuesto de Derechos reales, llega a las últimas consecuencias la Real orden de 3 de septiembre último, dictada por el actual Ministro de Hacienda, Sr. Cambo.

Personal de la Judicatura.

Se han dictado varios Reales decretos:

Uno jubilando a D. Francisco Ruiz de Rebollo y González, Presidente de la Audiencia provincial de Badajoz.

Otro nombrando para esta plaza a D. Rafael Lozano y Barberá, Fiscal del expresado Tribunal.

Otro trasladando a la plaza de Fiscal de la Audiencia provincial de Badajoz a D. Francisco Fabié y