El Foro español (Madrid. 1898) (1920-07-31 00:00:00), página 3

ción de la renta. Si lo tenía, fácil le era exhibir la documentación, y ejercitando la acción real, reclamar sus cuotas con independencia de los poseedores de fincas, evitando también de esta manera que sea obligado al pago, seguramente, quien no es dueño de ninguna; y si no tiene tal derecho, tampoco es justo ni racional que pretenda percibir lo que no le corresponde.

También deben ser móvicos los precios que se fijen a la especie, sobre todo teniendo en cuenta las circunstancias negras y desoladas por que atraviesa la comarca.

Pero, además, creo que deben abordar la cuestión relativa a la redención, con el fin de libertar de esa carga a las propiedades, que es el deseo unánime del país y de toda persona sensata, prescindiendo de todo egoísmo, y no sólo fijando precios móvicos, sino dando facilidades al pobre colono para hacer los pagos. Si nos acordamos de las sagradas frases «Próximo» y «Cari- dade», y si de cristianos pretendemos adornarnos, es indispensable ver el horrible cuadro de esas familias de campesinos, víctimas de las cargas que sobre ellos pesan: «Consumos», «contribuciones», «rentas», etc., etcétera, y para mayor dolor, el azote caciquil, y tendremos que convencernos de que es indispensable ayudar a redimirlos, pues si nos satisface ver nuestra mesa llena de manjares y a su alrededor a nuestros hijos, esto deja de ser humano si en esos momentos no nos recordamos de los hijos de nuestros hermanos menesterosos, ya que todos debemos ser hermanos en Jesucris- to, y, sobre todo, cuando nuestras existencias son tan cortas, que siempre estamos en vísperas de ir al se- pulcro.

Ahí quedan, pues, señalados, en principio, los reme- dios que podrían evitar el gravísimo conflicto que se avecina.

En varias partes, y aun en esa misma parroquia de San Payo de Ventosa, he visto cómo se aprestaban a redimir, y, en efecto, se redimieron ya porción de foros, alabando todos a los señores Directos que, no sólo re- clamaron precios bastante móvicos, sino que conce- dieron varios plazos y muchas facilidades para el pago, quedando todos tranquilizados.

Tal es mi humilde opinión.

SANTIAGO GARCÍA REY.
Ribadavia
Procurador.

POR LA JUSTICIA

Para el bienestar de la sociedad exige el gran pen- sador Henry George, como requisito previo y condi- ción sine qua non, dos cosas: Justicia y Libertad. Y aun se deduce bien claro—y a poco que se reflexione se ve palpablemente—que en la cúpula de estos dos términos hay una redundancia. El segundo está per- fectamente comprendido en el primero, pues allí donde haya justicia tiene que haber libertad, don na- tural del hombre, del cual sin una injusticia notoria no puede ser despojado. Por ello podemos afirmar, sin miedo a equivocarnos, que para el bienestar de la sociedad, la condición única, de la cual han de ser consecuencia todas las demás, es la Justicia.

Para que haya justicia son necesarios, completa- mente indispensables, dos factores: Leyes justas y poder judicial justiciero.

Es muy frecuente oír que nuestras leyes son ad- mirables, que no depende de ellas, sino de la torcida y caprichosa interpretación que se les da, el mal que proporcionan. No tenemos nosotros esa creencia. Hay muchas leyes que sólo merecen el calificativo de oportunas, y a veces de una oportunidad verda- deramente injusta, para sostener estados políticos especiales, influencias de una clase determinada de ciudadanos, y que, por tanto, si benefician a un nú- mero más o menos grande de éstos, tienen que per- judicar forzosamente a los restantes. Ejemplos de ellas tenemos en las que permiten a la Administración plantear la cuestión de competencia contra los Tribunales por existir una cuestión previa admini- strativa, ley fenestímica que tanta inmoralidad ampara; las que conceden al capricho ministerial la destitución, traslado y postergación de los emplea- dos públicos; las de Aranceles, etc., etc. Otras, en cambio, se dictan con la mejor buena fe y voluntad posibles, pero sin medir sus consecuencias prácti- cas. Éstas, aunque al principio no puedan tacharse de injustas, se convierten en odiosas e injustas des- de que, visto el cúmulo de injusticias que producen, no se derogan en lo necesario.

La ley orgánica del Poder judicial de 1870 y los preceptos complementarios posteriores ordenan que, en los casos en que el Juez de primera instancia no pueda actuar por cualquier causa, le sustituya en todo su poder, en una palabra, le supla el Juez mu- nicipal de la cabeza de partido, y en los casos de vacante sea Juez interino del mismo, o un Abogado nombrado por la Audiencia.

¿Esta ley es de las comprendidas en el primer grupo, o en el segundo? Debemos, piadosamente juzgando, clasificarla en el segundo. El legislador de 1870 pudo creer de buena fe en la bondad de su sistema, ya que a priori—si no se profundiza en el asunto, pues su maldad no está muy escondida—debe juzgarse que un Juez municipal debe ser tan probo, tan honrado y tan bien intencionado como el Juez de partido, y además tan competente, si re- viste el carácter de Letrado. Pero lo que pudo creer el legislador de 1870, no ha podido creerlo ninguno de los posteriores, que en su inmensa mayoría han visto y tocado y, en su totalidad, han oído los fu- nestos resultados del sistema.

¿Qué ministro, qué diputado, qué individuo de la comisión de Códigos no ha tenido que interesarse, recomendando determinado candidato para el Juz- gado municipal de la cabeza de partido de su distri- to, acuciado por la instancia clamorosa de sus clien- tes políticos, que le encarecen la suma importancia del cargo, vital para el prestigio de su partido?

Es cierto que para el nombramiento de cualquier Juez municipal se apela a todas las influencias, in- trigas e insidias—y aun infamias—de la política al