El Foro español (Madrid. 1898) (1918-06-15 00:00:00), página 2

cavido y tomó por su parte las precauciones legales. T. a- tándose de un factor simple y corriente, se comprende que la necesaria libertad de comercio exige el supuesto, siendo el encargo verbal, pero no cuando hay poder escrito y la confusión nace de tratar conjuntamente del verdadero apoderado y del simple factor o dependiente.

Prueba también la trascendencia que, aun respecto a tercero, tiene la inscripción en el Registro de los poderes y que la responsabilidad no debe concretarse a las re- ciones entre mandante y mandatario, el que el art. 291, en su párrafo segundo, declara que no son válidos respecto al primero los actos ejecutados por el segundo desde el momento en que en el Registro se ha inscrito la revoca- ción del poder.

Y tanto más parece ser así tratándose de Sociedades, por cuanto para éstas es obligatoria la inscripción en el Registro de los poderes que confieren, y no lo es para los particulares que puedan o no inscribir, según quieran o no disfrutar de las garantías que la inscripción puede significar.

Entendemos, por todo esto, que no hay para qué no tener presente y por analogía dar validez en el terreno mercantil a lo que es principio general en el orden civil. En este punto, un tratadista tan autorizado como Manres- sa, comentando a otros no menos eminentes, escribió: "No quiere esto decir que la interpretación del mandato ha de ser siempre restrictiva, para evitar que se consienta en daño del mandante lo que éste autorizó para su utilidad y beneficio". Dice también que en caso de abuso, los juris- consultos franceses se atienen a la nulidad de los actos ejecutados sin representación, por lo que añade a las obli- gaciones del mandante, añadiendo el Sr. Manresa: "para nosotros, la inexistencia del vínculo jurídico es eviden- te, porque basándose en el consentimiento, donde éste no ha existido, mal pueden nacer obligaciones ni derechos. Tal es el principio aplicable, según nuestro pensar, a las cuestiones de hecho, motivadas por los actos que ejecu- taron los mandatarios, excediéndose de sus poderes". Además, en las sentencias de 21 de Julio de 1890, 20 de Junio de 1894 y especialmente en las de 7 de Junio de 1902, en que se concuerdan los artículos 1.714 con el 804 y 1.259 del Código civil, que hablan de la eficacia del mandato, se declara la ineffectual del contrato a nombre ajeno cuando se traspasa la voluntad del mandante, llegándose en este pú- to por la Dirección de los Registros, en su Resolución de 31 de Octubre de 1892, a declarar que para juzgar si los actos del mandatario se ajustan al poder o le traspasan, hay que atenerse, no sólo al texto, sino hasta a la inten- ción del mandante. Y habiendo una sentencia del Supre- mo, la de 13 de Octubre de 1902, que aplica al caso de un comisionista en una operación de seguro hecha por una Sociedad, los principios generales de los artículos 1.714 y 1.715 del Código civil, a pesar del carácter mercantil que pueda tener aquella operación y Sociedad.

Es más, demuestra también que en caso de excederse del mandato no existe relación alguna jurídica entre el mandante y tercera persona, el que en el art. 1.718 del Có- digo civil se dice que el mandatario debe indemnizar al mandante los daños y perjuicios que le cause con la no ejecución del mandato, y nada se dice para cuando tras- pasa sus límites en relación a los que se originen a un tercero, y el caso era bastante importante para que si a éste tuviera que sujetarse el mandante se dijera que el mandatario debiera indemnizarle de los perjuicios que ese obligado incumplimiento le ocasionase, lo que prueba que en caso de excederse ya es una relación directa entre el tercero y el mandatario de que no respo- de el mandante que no dio poder para ello, según la interpretación dada por los tratadistas a que hemos aludido, y por lo que tratándose, por ejemplo, de una compraventa hecha excedi- diéndose de las facultades conferidas en el mandato, dice Manresa que debe quedar de cuenta del mandatario, con- secuencia que saca de coordinar los artículos 1.718, 1719, 1.715 y 1.717 del Código civil, equiparándolo al caso de que el mandatario obró como en su propio nombre, en que dice que las personas que trataron con él no tienen acción contra el mandante, lo que debe entenderse aun sin perjuicio de las acciones entre mandante y mandata- rio, y equiparando el caso en que el mandatario obra en su propio nombre, sin expresar que hace uso del poder, dice dicho notable comentarista que, si se excediese de los límites del poder, las terceras personas sólo pueden dirigir su acción contra el mandatario, lo que asegura que implicitamente está resuelto en el art. 1.257, al limitar los efectos de los contratos a las partes que los otorgan, culpando también al tercero que no se cercioró del con- trato y a menos que, a posteriori, le aprobe el man- dante, pues en este caso sería una especie de ampliación del poder.

Se ve, pues, que en Derecho civil no hay duda y no se encuentra razón que justifique que principio tan funda- mental se pueda alterar en el mercantil al punto de que no sólo se desvirtúe la naturaleza propia de esta clase de contratos, sino que de ese modo puede quedar el man- dante a merced de un mandatario de mala fe, que hasta pudiera, de ese modo, comprometer toda su fortuna, sin poder para ello, y hasta confabularse con terceras per- sonas para cometer verdaderos delitos al amparo de una impunidad que nace de un hecho al que sólo se da san- ción en una acción civil.

Todo ello depende de lo que ya hemos apuntado: de tratarse conjunta y confusamente en el Código del man- dato y de la comisión mercantil, y confundir a los man- datarios con los factores que generalmente están inverti- dos de un poder verbal, al que la libertad y el crédito ne- cesario para el comercio tienen que imponer gran ampli- tud, mientras no exista un antecedente o documento en que se concrete las facultades, como lo es el poder.

La confusión nace de esa referencia que en términos tan generales y con manifiesta ligereza se hace en el ar- tículo 283 del Código de Comercio, a las disposiciones del mismo relacionadas con los factores.

No obstante, y dentro del orden mismo mercantil, exis- te una sentencia, la de 5 de Noviembre de 1901, en que, aun aceptadas por poder unas letras por el mandatario de un comerciante (y con la circunstancia de ser su hijo), probado que se abusó del poder, se declaró no ser res- ponsable el poderante, cuya sentencia, y a falta de mayor jurisprudencia, no puede negarse que, para el caso, tiene una importancia excepcional.

Tal es nuestra opinión, que la práctica profesional nos ha dado ocasión de formar, después de comprobarla con casos prácticos en los que las razones morales venían a robustecer la tesis legal que acabamos de sostener.

L. BARRIO Y MORAYTA
Abogado.

Madrid, 17 de Abril de 1918.