El Foro español (Madrid. 1898) (1920-08-31 00:00:00), página 3

suman 528 pesetas como remuneración de unas cinco mil citaciones que cada uno tiene que hacer, y que supone alguna distancia recorrida y algunas escaleras subidas.

En resumen: que un Alguacil, en toda una capital de España, con un trabajo improbo que no le permite dedicar su actividad a otra cosa con que ayudarse, apenas si llega a cobrar ¡treinta duros al mes! y sin una seguridad de poder llegar a devengarlos y cobrarlos.

¿Qué puede importar a estos desdichados que les aumenten un 15 ni un 20 por 100? Lo mismo se percibe hoy día con treinta que con treinta y seis duros al mes.

Y no queremos entrar en el terreno de las comparaciones, porque se suele decir que son odiosas; pero sí diremos que, aunque la distancia entre la categoría y la labor de los Secretarios y de los Alguaciles sea grande, es mucho mayor, profundamente mayor, la de la remuneración de unos y de otros, y todo ello justifica una atención especial que a estos modestos funcionarios judiciales se debe, y que recomendamos al señor Ministro de Gracia y Justicia, para que lo resuelva en un sentido si ha de seguir prevaleciendo el Arancel, o en otro si es el sueldo el que ha de sustituir a aquél, como está en la conciencia de todos que debe ser; pero en una u otra forma, de modo que la vida les pueda ser posible por lo menos, y más aún en las circunstancias de enorme carestía por que hoy atravesamos.

HAY QUE DEFENDERSE

La vida que llevan los Secretarios judiciales en España es la misma que llevarían, en orden a consideración, en los tiempos medievales, y no hablemos respecto al trabajo, porque no habrá, desde luego no hay funcionario alguno que desarrolle más actividad ni que sea menos apreciada. No se dicta una disposición por el Gobierno, no se publica una ley que no imponga algún trabajo gratuito al Secretario judicial. Por eso, y porque no tiene la obligación de ser héroe, tiene que protestar de ese constante abuso, siquiera caiga en el vacío su protesta. El caso de que yo me lamento hoy, arbitrario a todas luces, es el que relato en el siguiente escrito:

«AL JUZGADO

Don Bienvenido Pérez Rojas, en los autos de juicio verbal civil promovidos por Amparo Marguélio Moratinos contra D. Gonzalo y D. César Medina Bocos, sobre pago de indemnización de 4.009 pesetas por accidente de trabajo que produjo la muerte a Pedro Alonso Chicote, marido de la demandante, ante V. S., como más procedente sea en derecho y en mi condición de Secretario judicial que actúa en dichos autos, comparezco y digo: Que por la sentencia que en esta instancia puso término al asunto, en el considerando noveno se expresa que por no apreciar temeridad en los patronos demandados no pro-

cede hacer declaración alguna respecto a costas, según el artículo 47 de la ley de 22 de Julio de 1912 y jurisprudencia posterior. Señor juez, esta resolución lastima mi derecho y como perjudicado tiene que asistirme algún recurso para demostrar el perjuicio y solicitar, guardando todos los respetos debidos al Juzgado, su reparación.

Lastima mi derecho de Secretario judicial dicha sentencia, porque con la declaración que hace sobre costas se me condena a trabajar gratuitamente en un proceso voluminoso, cuya prueba invirtió trece horas en practicarse en una de las dos sesiones, con un lapso de una hora para comer y aprovechando tres horas de la noche que hubo necesidad de habilitar. Y esa condena no existe en ley alguna ni ha existido en el pensamiento de ningún legislador, pues siempre que éste ha meditado sobre el establecer la gratuidad de la administración de la justicia, ha sido sobre la base de retribuir a los funcionarios judiciales mediante sueldo o dietas pagadas por el Estado. Este es el caso precisamente de la ley de Tribunales Industriales de 22 de Julio de 1912 que, en efecto, en su artículo 19 declara que la justicia se administrará gratuitamente, pero no dispone que el Secretario judicial trabaje de balde; al contrario, dicha ley no sólo manda retribuir al Secretario judicial con diez o doce pesetas por sesión, sino que dispone que hasta los mismos jueces (jurados) tengan cinco o seis pesetas por sesión. Y no se crea que con este sistema de retribución salen perjudicados los auxiliares de los Tribunales Industriales. Al revés, tóngase en cuenta que la autorización para constituir el Tribunal Industrial supone la existencia de numerosos casos en que tiene que intervenir, y, por tanto, la posibilidad de que los Secretarios judiciales cuenten con una fuente abundante de ingresos. La ley de Tribunales Industriales no podía dejar, y no dejó, sin retribución a quien trabaja, y la de Enjuiciamiento civil preceptúa el modo como se han de retribuir los servicios de los auxiliares de los Juzgados y Tribunales: hay un Arancel por el que se regulan. Ante estas premisas surge una pregunta en el caso de que se trata: ¿hay dietas o hay Arancel?

No puede haber dietas, porque no existe Tribunal Industrial en este partido. Luego forzosamente tiene que cobrar el Secretario judicial por el Arancel para los asuntos civiles. La razón de este criterio sube de punto si se considera que pudiera ocurrir que la práctica de las pruebas obligase al funcionario judicial a abandonar su residencia con el consiguiente desembolso de gastos, que acaso alcanzase proporciones de alguna importancia. En tal caso, si el Secretario judicial careciese de retribución, había que convenir en que su carrera, en vez de ser una manera para vivir, era un recurso para morir. Se- mejante conclusión es a todas luces absurda y no puede admitirse, y salta de las consideraciones expuestas la consecuencia de que en el litigio a que se alude el Secretario judicial devenga costas de la parte rica. Es decir, la sentencia, por no apreciarse temeridad en la parte demandada, no tendrá conde-