El Foro español (Madrid. 1898) (1921-12-31 00:00:00), página 3

La segunda disposición a que nos referimos es la Real orden firmada por el Sr. Francos Rodríguez con fecha 9 de noviembre próximo pasado.

En ella se dispone que la licencia por más de dos meses que con arreglo al Real decreto orgánico, artículo 30, han de obtener los Secretarios de los Presidentes de las Audiencias territoriales, habrá de llevar como condición precisa el informe favorable de la Junta directiva del respectivo Colegio de Secretarios, así como en lo referente al sustituto que deba quedar desempeñando el cargo.

También se dispone que no podrán los Presidentes conceder nueva licencia hasta que haya transcurrido un año desde que el solicitante hubiese disfrutado la última.

Esta Real orden es famosa en extremo, como ya lo ha dicho un periódico profesional; no dudamos de la buena fe del Sr. Francos; se le dice que las Secretarías de algunos Juzgados están abandonadas por las continuas licencias que disfrutan sus Secretarios, y el actual Ministro, queriendo desplegar todo el celo que le sugiere el más exacto cumplimiento de su deber, se apresura a evitar este estado anormal que le han hecho resaltar; le dicen que para que las licencias puedan concederse deben estar informadas por los Colegios, y creyendo quizá que la intervención de estos organismos pueda ser una garantía de acierto—¡qué error más lamentable!—dispone que su informe sea preciso para las licencias y los sustitutos que nos han de reemplazar.

El Ministro, pues, ha sido consecuente con su buen criterio: le han hecho ver un mal, y pronto se ha apresurado a corregirlo; pero, ¿ha sido también ésta la idea de los Secretarios inspiradores? Ciertamente no; su propósito ha sido sólo agobiar más a los Secretarios que empiezan, obligarles a permanecer en sus destinos aunque sean onerosos, ponerlos trabas para nombrar los sustitutos, y exigirse que, de no estar conformes con percibir de hambre en sus Secretarías, pidan la excedencia, y como el tiempo transcurrido en esta situación no se abona para contar la antigüedad, que pierdan el tiempo varios años, y después, si tienen que solicitar el reintegro, vuelvan al Cuerpo en la misma ridícula situación en que ahora, hartos de padecerla, lo han de dejar.

Esta es la perspectiva que nos brindan nuestros eternos protectores; este es el cariño que le tienen al Secretariado; ésta es, en fin, la intención generosa que han llevado últimamente.

¿Queréis más? Pues bien, esta, y no otra, ha sido la intención que se ha llevado con las dos disposiciones citadas, y aun creen muchos Secretarios de los onceañistas, si es que vale la frase, o sea de los que ingresaron con el decreto de 1911, que nuestra redención la traerán los caciques de nuestra malhadada clase. ¡Qué equivocación!

BERNARDO GARZÓN Y MARÍN
Secretario judicial.

El Ministerio fiscal (1)

Resultados de la experiencia adquirida para la futura organización del Ministerio fiscal.

D. — La independencia de la función.

Examinados aisladamente los textos de los artículos 841, párrafo 1.º, de la ley Orgánica, y 16 de la Adicional, podría preguntarse: ¿Dónde está la independencia de nuestro Ministerio? Pero relacionando tales preceptos con las obligaciones que nos imponen los 763, 838 y otros de aquélla, y la responsabilidad, por incumplimiento, que menciona el 835, y que nos equipara en el particular a los Jueces y Magistrados, demuestran que en cuanto a la acción de justicia, en la que representamos a la ley, a la misma debe darse cuenta de sus actos sin que sirvan de excusa las órdenes gubernativas, de modo, que éstas ni pueden imponerle el ejercicio de la acción penal, ni impedirlo, ni suspenderlo.

La ley de Enmiencamiento criminal, con sus preceptos expresos en unos casos y el intencionado silencio en otros, autoriza esta opinión, y si hubiera cualquier duda, desaparecería, puesto que la conducta de los Gobiernos de todos matices ha sido la de abstención en los casos concretos, y lo más que ha sucedido es que, en uso de la potestad reglamentaria, dictara el Gobierno alguna disposición de carácter general, que no motivan censuras por el acierto que las preside.

Excluida la representación del Estado, la independencia en el ejercicio de las funciones en la vía civil o gubernativa es aún más absoluta si cabe.

Este arbitrio discrecional del Ministerio público no es tan absoluto como de lo expuesto pudiera deducirse: las iniciativas instructorias, que tiene primero el Juez y después el mismo Tribunal del juicio entre nosotros, y la facultad atribuida a los Presidentes de éstos por el art. 733 de aquélla y el último párrafo del 92 de la del Jurado, no significan cierto grado de atenuación en esa independencia. Y claro que cuando tales atribuciones se ejerzan para suplir las deficiencias que creen encontrarse, en el ejercicio de la acción penal, nada puede oponérselas; otra cosa ocurre si sirven de obstáculo insuperable a la misma, como la revocación de los autos de procesamiento, y otras medidas procesales que cierran la puerta a la casación.

También sobre este particular me permite llamar la atención de V. E., recordando que ya en proyectos de reformas muy anteriores se trató de poner coto a estas y otras anomalías que trae consigo el sistema procesal mixto adoptado por la legislación vigente.

El despotismo acaso crearía el Ministerio fiscal como uno de sus instrumentos más dócil y sumiso a su voluntad; pero la independencia se impuso, y es más, continúa imponiéndose, a despecho de los pre-

(1) Véase el num. 804.