El Foro español (Madrid. 1898) (1921-10-31 00:00:00), página 2

diciones, ya que no existe organismo determinador del meritorio.

¡Qué vergüenza que la norma sea el favoritismo, el compadrazgo!

Recorrido con la vista el escalafón y quedará probado lo sentado.

Oímos con pena y dolor al Sr. Ordóñez comentar su asombro ante el espectáculo de los peticionarios. En el actual sistema es natural ese espectáculo insólito que se presenta en vísperas de cada combinación—combinaciones o nombramientos que se efectúan con la mayor irregularidad, a veces transcurren varios meses sin que se efectúe ninguno, con notorios perjuicios a los funcionarios, ya que en este absurdo de la carrera el abono de tiempo a los extrapeninsulares trae como consecuencia que se anteponga uno de estos funcionarios a los de la Península, que debiendo haber ascendido no lo fueron. ¡Hasta cuándo?

Todo ello sirve de desprestigio a nuestra carrera. Si un funcionario tiene la desgracia de cumplir su cometido en una de esas regiones españolas socavadas por uno de los modernos señores feudales, que estiman como uno de sus derechos el de la justicia, igual que aquél si se cruza en su camino, si sus gestos de independencia molestan, si ha de decir sobre los bienes o la libertad de aquél o sus afines!

Conocen muy bien la papeleta. Nosotros mismos se la hemos leído. La gestión se encaminará a hacer que salte el funcionario molesto. En verdad que la dependencia en que se encuentran en nuestro país los funcionarios judiciales respecto de los políticos, no solo por las deficiencias de nuestras leyes, que hacen al Poder judicial dependiente del ejecutivo, destruyendo así la teoría constitucional de la soberanía de cada uno, ya que sus funcionarios lo son, como hemos visto, o ejercen su misión donde a los mismos place, se aumenta por la inaplicación de los preceptos que garantizan al órgano el desarrollo de la función, y cuando no, la adaptación violenta que de ellos se hace para que sirvan a sus fines particulares.

Existe una casi imposibilidad, en el actual estado, de defenderse al Juez o al Magistrado, pues si bien las leyes quieren garantizar la inmovilidad y contienen preceptos conducentes a que no pueda ser trasladado ni suspendido sino en virtud de causas taxativamente determinadas por la Orgánica del Poder judicial y en expediente solemne, con el trámite del informe del Consejo de Estado, no es menos cierto que esos Mefistófeles de baja estofa no necesitan meditar mucho para que tal cosa sólo exista como precepto escrito, letra muerta.

Trasládemos por un momento, contra nuestra voluntad, a la aduana del señor Monipodio; meneamos un trozo de literatura picaresa. ¿Cómo consigue el cacique quitarle de su feudo al funcionario que le estorba? Si se trata de un humilde Juez, presto encontrará mil recursos para hacerle saltar. ¡La queja privada al Ministro! ¡Qué conflicto! Se trata de un voto en el Parlamento. ¡Cuántas veces, a pesar de la sinrazón, será oída y atendida. ¡La clínica visita del mismo al interesado, en que demuestra su disgusto, y lo bien que le serviría cambiar de aires! ¡La amenaza de que al menor descuido se verá atra- pado! Y el funcionario, convencido de que sus actos se ajustarán a la más estrecha equidad y legalidad, pero persuadido también de su debilidad, en la mayoría de los casos ha de confesarse vencido sin lucha, dejando el campo libre. ¿Que se acercan unas elecciones y conviene que en el distrito triunfe un determinado candidato? Entonces se le llama, le exhortan en nombre de lo más alto, le hablan de la salud de la Patria, de lo conveniente que sería la activa tramitación de tal o cual proceso contra X... o vecinos de matiz contrario. ¿Que se resiste? Si es uno de los modestos pertenecientes a las primeras categorías, se tropieza con el inconveniente de la necesidad del expediente; más obvia es la facilidad de encontrar un pretexto. Todo va en recia urdimbre ligado: terreno abonado, el sinúmero de resoluciones y actos en que interviene; y por extremada que sea la diligencia y celo, la falta de una firma, el no haber cubierto fechas, hechos tan triviales, a pesar de la pericia del funcionario, pueden ser los motivos que faciliten la solución. En último extremo, después de ser nombrado juez especial en la etapa precisa, se le convence para mejorarle de localidad, con la esperanza de encontrar otro más dúctil. Si se trata de un Presidente, cuestión de Gobierno su traslado. ¡Los altos intereses de la Justicia le reclaman en otro puesto!

Esta es la consecuencia del actual sistema de provisión de cargos. No hemos retocado con tintas oscuras el horizonte; no hemos acentuado el pesimismo. Hemos escrito lo que continuamente sucede y pasó.

Los funcionarios judiciales una y otra vez llaman por el régimen de antigüedad, la escalera cerrada, al igual que sucede en los campos similares.

Los decretos de 5 de febrero de 1906, 25 de igual mes de 1918, 29 de noviembre del 20, fueron un alumbrar en la tenebrosa oscuridad de nuestra marcha. Ningún otro tan llamado como el actual Ministro para reanudar el camino tantas veces emprendido y tantas cortado, por sus grandes dotes de inteligencia y voluntad. El que sabe de todos los sinsabores y de todos los triunfos debidos a la propia valía, necesariamente ha de complacerse en forjar obra perdurable. Además, heredero político de aquel gran estadista y Abogado, que se llamó Montero Ríos, cuyas doctrinas fueron mantenidas por el señor García Prieto, obligado está a llevar a cabo las reformas jurídicas de ambos, y en sus proyectos de ley de organización de los Juzgados y Tribunales domina el precitado principio.

ALFONSO R. DRANGUET
Juez de primera instancia
Hinojosa del Duque, 1921.