El Foro español (Madrid. 1898) (1918-07-30 00:00:00), página 3

el Estado se apresurase a elevar los sueldos de todos sus servidores y aplazase sine die el aumento de sueldo de los funcionarios judiciales, reclamado con apremio por la opinión pública y por el Parlamento.

Todo ello nos induce a solicitar de la Cámara que al discutirse el proyecto de aumento de sueldos a los funcionarios del Estado acuerde, a propuesta de la Comisión dictaminadora, incluir en el mismo los aumentos de dotaciones debidas a los funcionarios encargados de la ardua, grave y difícil misión de administrar justicia.

Madrid, 30 de Junio de 1918.—Excelentísimos señores.*

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Sólo una idea

El Sr. Rodríguez de Rivera, a quien en Lugo tuve la fortuna de conocer, llegó en sus referencias para comígo hasta el extremo de pedir mi opinión modestísima en asunto tan complejo y trascendental como el referente a mejoras de la clase o carrera judicial, ofreciéndome a este fin, y en nombre del cultísimo Director de esa interesante publicación, las columnas de la misma.

Con sinceridad le expuse que mi especialidad como autor de trabajos rampleños es la parte científica o doctrinal del Derecho, cuya exposición, por difícil que sea, la encuentro más sencilla que hallar soluciones a problemas que podríamos llamar “de la vida moderna”; y digo hallar soluciones, pues discutir y escribir en cuestiones esencialmente prácticas, y no resolver nada, es sólo contribuir sin fuste al encarecimiento del papel.

Sin embargo, en atención a las indicaciones aludidas en este comienzo, voy a permitirme decir algo sobre la materia que se me pedia; pero como no soy versado en estos trabajos prácticos y de importancia tanta, habrá de tolerarme el lector que desarrolle sólo una idea sencilla, sin esperar ni exigir más.

Soy de opinión, hoy por hoy, por cierto muy poco madura, que ventajas positivas no pueden llegar a ninguna Corporación o clase del Estado sin que se modifique la esencia de su organismo y en la parte que afecta a su constitución. Esto, para uno tan importante como el de las carreras judicial y fiscal, que integran un Poder del Estado y uno de los medios del progreso social, ya que éste sólo es cuestión de cultura y de justicia; aparte del fomento de las fuentes de riqueza, el problema, repito, de la renovación y cristalización de las aspiraciones sanas de estos funcionarios sobre los que pesa misión tan delicada, no puede hacerse, ni quizá sería conveniente, en otra forma que con la modificación o sustitución de la ley Orgánica del Poder judicial.

Todo estudio que tienda a condensar aspiraciones legítimas y patentizar cuáles sean ellas, es labor, a mi entender, altamente plausible, pero no cabe hacerse mayor ilusión que la de atribuir a los trabajos que a este fin tienen un carácter marcadamente doctrinal; desapasionadamente, es el verdadero alcance que debe asignárseles. Pretender otra cosa sería llegar hasta inconsecuencia de criterio, con la oposición de la mayoría; se aspira a la separación absoluta de la actividad judicial en relación con la esfera propia de la política, y, sin embargo, es hasta cierto punto rebasar el campo de la interpretación legal la pretensión de crear o amparar programas completos de reformas que son verdaderos proyectos de ley, lo cual es privativo del Poder legislativo, en la forma constitucional del Estado.

Indudablemente, el problema de la reforma legal está supeditado como antecedente a cultura y justicia; la primera, eligiendo a personas aptas para ejercer las elevadas funciones del legislador; la segunda, como virtud social, oponiéndose a las malas artes para escalar esos puestos codiciados, y como Poder constituido, imponiendo sanciones a los que desoyendo la voz de la justicia como virtud hubieran entrado, por consecuencia, en los lindes de la esfera penal.

No puede haber ningún organismo sano donde un miembro crezca a expensas de los demás; donde un órgano tenga vida pujante, mientras otros languidecen; de ese equilibrio de la economía social depende el bienestar público y el mejoramiento de todos; por ello siento la atrevida conclusión de que no cabe en términos ideológicos política ni justicia, ni justicia ni política; que la separación debida es problema de poder intelectual, y, por último, que mientras no existan políticos capacitados es inútil soñar con reformas esenciales en la constitución de los organismos del Estado.

Pero me ha llevado muy lejos un afán desmedido a filosofar. En este trabajo sólo me había propuesto dar a la publicidad una idea práctica, convencido de que “quien mucho abarca poco aprieta”, y, en cambio, lo que voy a exponer lo encuentro de sencilla realización, equitativo y ventajoso.

Una legítima aspiración, que he visto estampada en letras de molde, es que el Estado subrogue o proporcione los medios para viajar a los funcionarios de la carrera judicial. Encuentro tan razonable esa pretensión como desacertado en la actualidad todo lo relativo a este poco trascendental asunto.

Es costumbre de las Compañías de ferrocarriles ofrecer pases gratuitos a los funcionarios judiciales que tienen cargo en los sitios por donde pasa la red ferroviaria, y no sólo dentro de la jurisdicción del funcionario, que ello puede ser absolutamente preciso, sino por toda la extensión de la línea de la Empresa de que se trate. En cambio, los que tienen jurisdicción por la cual no cruza ningún ferrocarril, carecen por completo de esto, que en sentido lato podríamos llamar beneficio, pero que de existir es exiguo, ya que cada Compañía no facilita pases sino dentro de su propia explotación.

Meditando la forma de estas concesiones, su desigualdad y su alcance, cabe casi llegar a la conclusión de que tal atención no es producto de deferencia ni testimonio de respeto a la clase de los favorecidos, sino deseo de cumplimentar solamente a aquéllos, sin excepción de dignísimos funcionarios que intervienen en su vida comercial.

Por tanto, entiendo que tal oferta puede ser rechazada y sustituida por una fórmula equitativa, justísima, como es equiparar los funcionarios judiciales con los que sirven en el Ejército y sus clases pasivas. Para éstos se