El Foro español (Madrid. 1898) (1919-03-15 00:00:00), página 6

Notificación y requerimiento

A la Magistratura

El Director de la Administración local, D. José Soto Reguera, en el diario A B C, se dirige a la Magistratura española, exponiendo el actual lamentable estado del que fué rectísimo Juez de primera instancia e instrucción, D. Manuel Villanueva y Murugán.

Se refiere el Sr. Soto Reguera a sus impresiones de la inspección hecha al manicomicio de Leganés, y escribe así:

«En mi reciente visita de inspección al manicomicio de Santa Isabel, de Leganés, he tenido ocasión de advertir en una sala de pobres del mismo, rociado por la caridad oficial, al dignísimo Juez de primera instancia e instrucción, D. Miguel Villanueva y Murugán.

Padece el Sr. Villanueva demencia precoz catatónica, caracterizada, como es sabido, por una absoluta invalidez mental, y, según los médicos del establecimiento, no sólo no logrará recuperar la razón sino que ha de seguir agravándose poco a poco, hasta llegar al idiocismo y la muerte.

Y ante tanto infortunio, he creído de mi obligación enterar del caso a la Magistratura española y requerirla para que toda ella, sin excepción, desde el Presidente del Tribunal Supremo hasta el Juez de entrada más moderno, acuda a aliviar la situación del Sr. Villanueva, costeando su estancia en el pabellón de pensionistas.

Será una obra de beneficencia que a muchos habrá de parecernos, si no de reparación, de elemental dignidad corporativa, y para la cual quiero que vaya por adelantado en estas líneas el tributo de mi aplauso y de mi gratitud. —José Soto Reguera, Director general de Administración.»

Nos adherimos a tan buena iniciativa y ponemos las páginas de El Foro Español a disposición de la Magistratura por el requerida y notificada del infortunio de un compañero digno de inmediato amparo y eficaz protección.

Enciclopedia Jurídica Española.

Modernísima Diccionario científico-jurídico de la legislación española; exposición rezonada de sus instituciones y disposiciones del Derecho español en todos sus ramos; definición de términos jurídicos; resumen de los principios generales del Derecho; extenso y ordenado repertorio de toda clase de supuestos; minuciosos índices cronológicos y alfabéticos.—Se publica por fascículos de 550 páginas al precio de 8 pesetas.—Casa editorial Seix, San Agustín, 1 a 7, Grecia.—Barcelona.

Abogados y Procuradores procesados

A continuación copiamos las disposiciones invocadas por los Decanos de los Ilustres Colegios de Abogados y Procuradores de Madrid, en las instancias dirigidas al Sr. Ministro de Gracia y Justicia, para demostrar la improcedencia de la suspensión en el ejercicio de las profesiones de Abogados y Procuradores al decretarse el procesamiento de éstos.

Real orden de 7 de Abril de 1866, publicada en el «Diccionario de la Administración Española» por don Marcelo Martínez Alcubilla, tomo primero; 1877, página 57.

El Sr. Subsecretario del Ministerio de Gracia y Justicia comunicó a los Regentes de las Audiencias el 20 de Abril la expresa Real orden, en la que «S. M., oído el parecer del Tribunal Supremo de Justicia y de conformidad con el dictamen del Consejo de Estado en pleno, ha tenido a bien resolver que el Abogado preso o detenido puede ejercer su profesión de la manera que sea compatible con la prisión».

La sentencia dictada por la Sala segunda de lo civil de la Audiencia de Madrid en 19 de Marzo de 1908, publicada en el número 13 de la Revista de los Tribunales correspondiente al 28 de ese mes, contiene, entre otros, los siguientes considerandos:

«Considerando que prescindeiendo de la acertada doctrina consignada en la Real orden de 7 de Abril de 1866, acerca de la perfecta compatibilidad del ejercicio de la profesión de Abogado con la situación accidental transitoria de preso o detenido, es lo cierto que si ateniéndose los Tribunales al texto literal y escrito del art. 873 de la Ley Orgánica, privarse del ejercicio de la Abogacía a quien no posee legalmente otro modo de vivir que sea honroso y noble oficio, anticiparían la imposición de la pena de suspensión de oficio, que sólo cabe imponer por sentencia firme; suspensión irreparable porque, en caso de absolución o libre sobreseimiento, no sería posible reintegrar al suspenso en las pérdidas sufridas por tan transcendental acuerdo.

Considerando que interpretando racionalmente el mandato del artículo 873 de la citada Ley Orgánica en relación con el 110 de dicho cuerpo legal y el 14 de los Estatutos de los Colegios de Abogados, se observa evidentemente que en la circunstancia de hallarse procesados los Letrados o los Jueces y Magistrados, hace referencia al ingreso de aquéllos en el ejercicio de la Abogacía, o de éstos en la carrera judicial, porque otra interpretación conduciría al absurdo, y lo que al absurdo conduce está rechazado por las reglas de la hermenéutica legal, puesto que se daría el caso de continuar, no obstante su procesamiento, en sus funciones los Jueces y Magistrados si se trataba de delitos a que se refiere el art. 227 de la Ley Orgánica, y verse privados de su oficio los Letrados procesados por cualquier delito.

Considerando que el art. 263 de la Ley Orgánica confiere a los Colegios de Abogados la facultad de imponer correcciones disciplinarias a los colegiados, y entre ellas puede serlo la de suspensión del ejercicio de la Abogacía; pero ni aquella ley, ni la de Enjuiciamiento criminal, ni otra alguna, dispone que el procesamiento de los Abogados lleve en sí la suspensión, y no se concibe tal omisión cuando la Ley Orgánica cuida de detallar respecto a los Jueces tal particular, así como las Leyes Orgánicas de Ayuntamientos y Diputaciones provinciales consignan cuando por frecuencia del procesamiento se suspende en su cargo a tales funcionarios públicos,