El Foro español (Madrid. 1898) (1922-04-30 00:00:00), página 2

ca el conocimiento del pleito para resolverlo. ¿Debe en la nueva sentencia respetar la declaración de hechos probados de la casada, o puede libremente apreciarlos para fundar el nuevo fallo? Tratadista y Magistrado tan competente como el Sr. Ortiz de Zúñiga, que repetidamente hemos citado, sostiene que el único caso en que el Tribunal Supremo puede examinar las pruebas aducidas en el pleito y alterar la calificación de los hechos verificada por la Audiencia, es en el de haber declarado que ha lugar al recurso. Esta opinión es consecuente con la anulación de la sentencia y la idea de que el Tribunal Supremo sustituye a la Audiencia para pronunciar el nuevo fallo. Además, se encuentra justificada en el precepto del párrafo 2.º del art. 1.745 de la ley de Enjuiciamiento civil, que en su primera parte, textualmente, dice: se dictará la sentencia que corresponda sobre la cuestión del pleito. Esto no obstante, nos parece más ajustado a la función del Supremo, como Tribunal de derecho, carácter que nunca debe perder tratándose de estos asuntos, que la nueva sentencia se dicte únicamente sobre los extremos respecto de los cuales haya recaído la casación, que es el segundo y último de los particulares que comprende el párrafo citado. Así lo dispone acertadamente en lo criminal el art. 902 de la ley de Enjuiciamiento, con una precisión y claridad digna de ser imitada en el procedimiento civil. Y no se arguya en contrario que en las causas las pruebas son orales y sólo las puede apreciar el Tribunal a quo, mientras en los pleitos constan por escrito; porque la razón fundamental para sostener que debe respetarse la apreciación hecha en la sentencia recurrida, es la de que el Tribunal a quo debe ser en todo caso el único juez de la prueba.

Se explica perfectamente que, en naciones en que se admite el revvoi, el Tribunal a que se remite el pleito para su nueva resolución esté facultado para apreciar libremente la prueba, y que esta apreciación pueda ser distinta de la que se hizo en la sentencia anulada, porque contra la nueva sentencia procede también el recurso de casación. Pero contra la que pronuncie el Tribunal Supremo en España no cabe ulterior recurso.

Si la recurrida no se casó por errores de hecho o de derecho, quedan definitivamente aceptados como buenos los que se declaran probados por el Tribunal sentenciador, y en ellos debe necesariamente apoyarse la nueva sentencia de fondo, aplicando para la resolución los preceptos legales que en la recurrida se hubiesen infringido, por haberlos omitido o erróneamente interpretado. Si la sentencia fue casada por errores de hecho o de derecho, a tenor de las leyes y de los documentos y actos auténticos que han demostrado la evidente equivocación del juzgador, debe fallarse también el pleito.

Otra cosa sería convertir al Supremo en Tribunal de instancia, con una trascendencia superior de la que a primera vista pudiera imaginarse, y que hoy no hemos de determinar, dejando esta materia para otra ocasión.

Procediendo de modo distinto en un pleito cuya sentencia se anula, por ejemplo, a causa sólo de incongruencia a virtud de un recurso en que no se alegaron o no se estimaron otros motivos de infracción de ley o errores de hecho y de derecho, el Tribunal Supremo estaría facultado para revocar distintos extremos del fallo recurrido que no fueron casados o que las partes litigantes hubieran consentido, y esto sería absurdo.

Supresión del trámite previo de admisión.—Este incidente tiene un interés histórico en la casación francesa, que no se ofrece en los demás países, que le copiaron en sus Códigos procesales.

El recurso de casación se inició en Francia con la llamada proposición de error, que primero fué de hecho y después también de derecho. Fallado el pleito por los Tribunales ordinarios, conocía de la proposición el Consejo privado del Rey sur requête. El Canciller la hacía examinar por los llamados maîtres de requêtes de la Casa del Rey. Más tarde, antes de admitir el recurso, Comisarios elegidos entre los Consejeros de Estado le estudiaban previamente. La Ordenanza de 1738 reglamentó esta materia, y un tratadista presenta como caso curioso el que esta Ordenanza rija actualmente en Francia a pesar de haber desaparecido la jurisdicción retenida. La ley de Casación de 1790, que es la vigente, se refiere a aquella Ordenanza provisionalmente, y en esto de las leyes provisionales debe correr paraleja Francia con España, porque aun no ha cesado de aplicar la Ordenanza de 1738 la Chambre de requêtes. En nuestra patria, el Reglamento provisional para la Administración de justicia de 1835 estuvo vigente hasta 1870, en que se publicó la ley orgánica del Poder judicial, también provisional, que actualmente rige, aunque se han cargado de multitud diferentes Reales decretos, entre otros, los mencionados en la primera conferencia.

Todos los países que, imitando la legislación francesa, establecieron el límite previo de la admisión, lo han abandonado después. Sólo queda vivo en España, pero amenazado de próxima desaparición; el Proyecto de ley de bases para la reforma de la ley de Enjuiciamiento civil lo ha suprimido.

Si pudo estar justificado con todos sus inconvenientes teóricos y prácticos, como dicen los juríscultores del renombre de Alonso Martínez (mi maestro) y Pantoja, por el gran número de recursos que se aglomeraban en el Supremo y la serie interminable de citas de leyes y doctrina que en cada caso tenían que hacer los defensores de los litigantes antes de promulgarse el Código civil, en que la legislación era un verdadero arsenal de donde podían tomarse toda clase de armas, en la actualidad el incidente de admisión sólo conduce a demorar el fallo de los recursos, a la repetición de vistas y al aumento, en suma, de los gastos judiciales. El mal se ha atenuado mucho. Por los motivos de casación que impugnan el juicio del Tribunal a quo sobre la prueba, en un período de veinte años sólo un recurso ha sido llamado a la vista sobre admisión, y re-