El Foro español (Madrid. 1898) (1920-11-30 00:00:00), página 7

establecido (1), tenga entendido que no lo recibe, sino que lo hurta; que no se lo da, sino que él lo quita...»
«Ladrones son, y pecan contra el séptimo Mandamiento, todos los Ministros de justicia, particularmente, los Jueces que reciben regalos de los litigantes, especialmente si son en cantidad bastante a corromperlos o a hacerlos titubear en la justicia...»
La emprenta después con los auxiliares y subalternos de la justicia: «¡Válgame Dios, cristianos, y lo poco que se reparta esto en los Tribunales!... (2). Díganlo las quejas que resuenan por todas partes de las extorsiones, de las mochilas, de los coches que cometen los Ministros ejecutores... (3).»
Cuando se ofran tranquilamente estas catilinarias contra la Administración de justicia, y el predicador, desde el púlpito, no iba a la cárcel, ha de convenirse en que se ha mejorado mucho en relación a aquellos tiempos.
«Con el siglo xix vienen dos acontecimientos legislativos, traídos por el régimen constitucional, que pudieron influir contra la anterior extensión de este delito:
1.º La organización de los Tribunales sobre las bases de la inmovilidad, independencia y responsabilidad; a los Corregidores, Alcaldes mayores y Alcaldes ordinarios sustituyen los Jueces de primera instancia; únicos hasta el día por haber fracasado todas las tentativas de colegialización en este grado, y los de paz, convertidos desde 1870 en Municipales; luego, en 1907, Tribunales colegiados; otro problema se resolvió en cuanto a los primeros, y al efecto se suprime en 1852 el sistema de dotación por medio de derechos arancelarios, y se establecen sueldos tan diminutos, que si el Estado obtuvo notables ventajas económicas con el aumento de la venta del papel sellado, en cambio el Juez experimentó tal baja en sus ingresos, que con razón se dijo en algún pueblo que debía ser en lo sucesivo el número 1.º de la lista de pobres, para ser socorrido por la beneficencia municipal.
2.º La codificación del Derecho penal; ¿qué mejora llevó este acontecimiento a la materia de que tratamos?
El Código de 1822, sin abandonar la minuciosidad con que la Novísima Recopilación se había ocupado del cocheo, en los principios más obedece al Francés, entonces tan en boga, pues se le reconoce la misma superioridad que al civil (4); los de 1848 (5), 1850 (6), el vigente en el territorio nacional (7) y el del Protectorado de la Zona de Marruecos (8), excepto el primero, más sintéticos y no tan expresivos en cuanto a la venalidad judicial se refiere, ninguna innovación sustancial introducen en el antiguo Derecho, si bien debe advertirse que se ajustan con preferencia al citado Código francés y a sus imitadores, y siguen castigando rigurosamente el delito, orientación predominante en todas partes; basará decir, por vía de inciso, que el artículo 131 del Código criminal de 1892 del Canadá impone la pena de catorce años de prisión al que ocupando un cargo judicial venalmente le acepta u obtiene, o conviene en aceptar o procura obtener por sí mismo o por otro, algún dinero o valor pecuniario, cargo, puesto o empleo cualquiera, en consideración de alguna cosa ya hecha u omitida o que hacer u omitir por él en el ejercicio de sus funciones judiciales. He aquí un concepto bien amplio y exacísimo del cocheo, seguramente más frecuente el segundo que el primero.
El Codex iuris canonici en su canon 1.624, prescribe:

Index et omnes tribunalis administrati, occasione agendi iudicii, munera quaevis accipere prohibentur.
- Estas indicaciones no tienen más utilidad que como precedentes para la solución del problema que se presenta en orden a la difícilísima represión de este delito; ¿qué procedimientos idearon los legisladores? Todos estos suponían -y así es la verdad—que cuando el sujeto activo y el pasivo tienen un interés común en la impunidad, hay mucho adelantado para que ni siquiera el delito se descubra; y se proceda, por tanto, a su persecución; no obstante, un ligero examen de los medios adoptados nos revelará la distinta manera de valorar este principio práctico-procesal.
Uno le declara ineficaz por completo y fija en remediós generales la enmienda de cualesquiera vicios de la Administración de justicia—y que en otros párrafos se indicarán los exilios de la jurisdicción instructoria; el segundo, sin desconocer su fuerza aunque relativa, por distintas razones, mitiga la pena del corruptor; y el tercero atiende, ante todo, a que esa comunidad desaparezca, y no señala pena para éste.
a) Igual castigo al sobornador y sobornado: es el más antiguo, patrocinado de consiguiente por las Partidas y que aún domina en el campo del Derecho español.
Lo adopta el Código de 1822, y le siguen los demás, incluso los dos vigentes:
«Los que con dádivas, presentes, ofrecimientos o promesas, corrompieren a los funcionarios públicos, serán castigados con las mismas penas que los empleados sobornados, menos la de inhabilitación» (1).
Y no está sola España y la generalidad de sus proyectos; implantaron el mismo sistema Portugal (artículo 321), Francia (179) y que puede calificarse el origen de todos los demás, Bélgica (252), Cantones suizos de Neuchâtel (71), Friburgo (279) y Tesino (236), las leyes criminales de Malta (111), Ecuador (276), Cuba, (398).
El antiguo Código de Baviera castigaba con mayor pena al corruptor, pero le liberaba de pena y hasta autorizaba a obtener la devolución si denunciada en tiempo el hecho (artículos 443, 444 y 448).
También Colombia puede ser comprendida en este grupo, siquiera, a imitación de otros Códigos, sólo califique al sobornador de autor siempre que aparezca el soborno como causa principal o única del delito, número 4.º del art. 22, y en los demás casos, ya de cómplice, igual número del 23, ya de auxiliar, 3.º del 24.
Así podrá haberse hecho de este un tipo mixto, pero en su esencia pertenece al actual.
El Código ruso de principios de este siglo, aunque no de manera expresa, acepta el sistema francés (artículo 149 en relación con los 656 al 658).
Tal insistencia del legislador en periodo de tantos adelantos en materia penal, parece deberla justificar por sí sola la excelencia del sistema: ¡desaparezca el sobornador, se ha dicho, y no habrá sobornados!
(Continuara.)
(1) Artículos 409 del Código y 255 del de la Zona de Marruecos.

NOTICIAS

Una protesta de la Federación de Abogados.
El Presidente de la Federación de Abogados de España ha dirigido al de la Audiencia de Madrid la siguiente carta.

«Excmo. Sr. D. Mariano Avellón.
Mi respetado amigo: Un la tarde de hoy, sin precepto alguno que lo autorice, se ha impedido en la