El Foro español (Madrid. 1898) (1921-10-15 00:00:00), página 2

El Ministerio público requiere en grado superlativo talento, prudencia y filosofía; por el hecho de estar encargado de la vigilancia sobre los demás hombres, no puede dispensarse de ser el más sabio y perfecto. Sus actos han de ser medidos y reflexionados; sus discursos, de elocuencia severa, sin perjuicio del suaviter in modo, y atrayente, ya se dirijan a la Justicia popular, ya a la técnica, de modo que inspiren al mismo tiempo confianza y respeto.

Sobre todo, bajo el Gobierno constitucional en que vivimos, la tarea de esta Magistratura es noble y hermosa; las leyes fundamentales, los principios que las mismas consagran, las libertades de la Nación están colocadas bajo la égida titular de su vigilante autoridad.

Ingreso en la Carrera.

Pasando a discurrir sobre los sistemas que para ello existen, empecemos por recordar que en España los vamos ensayando todos, aunque de manera fragmentaria; pero el que ha dado mejores resultados es el de la oposición especial establecido por la ley Orgánica de 1870, no el general a las dos carreras de la Adicional de 1882; exigen el primero nuestras costumbres, y mientras éstas no se modifiquen, imposible dejar al arbitrio ministerial las facultades del antiguo régimen. Ahora, conforme en que deba mejorarse el actual procedimiento de oposición, si no ha de resultar exclusivamente uno de tantos exámenes como ha experimentado el opositor durante los cursos académicos con todas sus contingencias; para que las prácticas tengan verdadera eficacia, cúdese de que sean efectivas, cual ocurre en Italia, por ejemplo, y no suceda que el futuro Juez o Abogado fiscal tenga que entregarse al Secretario o a un amanuense cualquiera, a fin de que le despache los asuntos.

¿Por qué no se propone el francés o el inglés? Ya Bentham (1) dijo que en el ejercicio de la abogacía se contraen hábitos que no constituyen la mejor preparación para el desempeño de estas funciones. Vienen admitiéndose, sin embargo, ya que este inconveniente tal vez se halla compensado con la ventaja que llevan a los Tribunales los Letrados de crédito y nombradía, con sus probados conocimientos y con su autoridad en el público y en el Foro. Pero con razón se contesta en estos o parecidos términos: pensar en que el Gobierno, sacando de sus bufetes a los Juriconsultos más esclarecidos para investirles del alto ministerio de la Justicia, pudiera nutrir de valiosos elementos el Cuerpo fiscal, cual ocurre en aquellos países, sólo como alarde insustancial erudición puede admitirse tal argumento a libre plática. No ya un Abogado cuya profesión le proporcionase modestos rendimientos, se negaría a aceptar una abogacía fiscal de entrada, sino que sería difícil encontrar candidatos para los más altos puestos de ese Ministerio entre los que en pocos meses de honorosos trabajos profesionales obtienen honorarios muy superiores al sueldo del mismo Fiscal del Tribunal Supremo. Convengamos, pues, en que aparte otras consideraciones, la penuria relativa y los quebrantos que suponen traslados, ascensos, etc., hacen imposible este procedimiento.

Los mismos defensores del sistema cifraban su éxito en que se procurara con gran esmero no fueran llamados a esos puestos sino Abogados que reunieran aquellas circunstancias, porque sin ellas, más bien que una garantía, sería su título un atestado de incapacidad.

Ingreso por asimilación.

No pasa lo mismo con los elementos del Secretariado, que han venido a nuestra carrera por consecuencia, ora de la ley Orgánica de 1870, ora en mayor número por la Adicional de 1882 y el Real decreto de 7 de enero de 1884, que concedió a los Relatores y Secretarios de Sala la categoría y consideración de Magistrados de Audiencia, con otras asimilaciones posteriores; sería injusto negar la excelente cooperación que bastantes funcionarios de esa procedencia han prestado y prestan en las dos carreras; pero aparte que la naturaleza de las funciones de unos y otros cargos impone la separación completa, como ocurría en el antiguo régimen, por tratarse de elementos heterogéneos, y de consiguiente imposibles de asimilar, hoy el acceso a las Secretarías mencionadas en el Decreto de 1884 no siempre es por oposición, y de ahí otra puerta falsa que se abre al favoritismo. De modo, excelentísimo señor, que por este camino habrá de perderse toda esperanza de que las carreras Judicial y Fiscal se organicen sobre bases sólidas como las de los Registradores de la Propiedad, el Cuerpo técnico de la Subsecretaría, las Direcciones dependientes del Ministerio, el Profesorado y otras muchas del Estado.

Se ofrece la ocasión de tratar en este lugar de las asimilaciones; un Real decreto, el de 30 de julio de 1904—merced al que pasaron buen número de Secretarios a la carrera—, nos dirá mucho mejor que el suscribiente la gran perturbación que producen. Con exactitud empieza declarando las disposiciones expresas que las prohíben; son éstas, aparte la básica, o sea la disposición X transitoria de la tan cacareada ley Orgánica, los artículos 14 de la ley de 19 de agosto de 1885, 11 del Decreto de 16 de junio de 1892, 17, base sexta, de la ley de 21 de marzo de 1900 y otras disposiciones ministeriales posteriores que podrían añadirse si no fuera excusado. Cuál fundamento opuesto a toda asimilación, entre otras cosas, dice:

«Han llegado a involucrarse los Escalafones de la carrera Judicial y Fiscal y las categorías y situaciones de los funcionarios de este Ministerio, en términos que es difícil, cuando no imposible, determinar con plena exactitud el puesto, la categoría y hasta el empleo y la carrera a que cada uno pertenece. Dentro de unas mismas Direcciones, junto a empleados meramente de carácter administrativo, figuran otros a las veces en inferior categoría, pero dis-