El Foro español (Madrid. 1898) (1922-03-15 00:00:00), página 4

ción gravosa para el contribuyente; se supriman los descuentos lo; cuando menos, que se reduzcan a los mismos tipos que los descuentos militares.

Tercera: Que así como se facilitan dietas de salidas por trabajos extraordinarios, por horas excepcionales y gratificaciones por residencia y otros mil conceptos a empleados de Correos, Telégrafos, militares, etc., se conceda a la Judicatura, con independencia de los sueldos que ésta disfruta, idéntica consideración y trato económico.

Cuarta: Que se reorganice el llamado presupuesto carcelario de los Ayuntamientos de cada partido, estableciendo un régimen de extremado rigor administrativo, con todo orden de responsabilidades civiles y penales que garanticen su moralidad y legalidad, tomando por tipo el sistema de exactitud matemática del Banco de España, reglamentándose con claridad la formación de ese presupuesto, su cobro, aplicación, contabilidad, fiscalización y administración, así como el órgano encargado de dicho servicio, con carácter extraparlimentario, a fin de dotar de material y edificios a los Juzgados, de poder pagar las salidas que hagan y de cubrir otras atenciones similares.

Quinta: Que ya que tanto se abusa del sistema de arancel, se amplíe éste a fin de reformar los sueldos del personal judicial, que tan exiguos son al efecto de nivelar su situación económica con la de los maquinistas, ferroviarios, camareros de ciertos establecimientos, empleados públicos, ingenieros, Correos, Telégrafos, militares, escribanos de ciertos Juzgados, etc.

José BOZA MORENO
Juez de primera instancia

La legislación sobre alquileres.

Mucho se ha discutido ya acerca del alcance legal del decreto de alquileres, y dejado aparte el hecho, altamente influyente en este punto, de que con posterioridad ha sido confirmado por las Cortes, parece más práctico discutir acerca de su aplicación, ya que ha respondido a una tan imperiosa necesidad, que nadie, en el terreno de la práctica judicial, ha osado disputar los fundamentos que para legitimar su procedencia se aducen en el preámbulo del mismo.

Por otra parte, es cosa sabida que las Asociaciones de Vecinos, que son ya muy numerosas en España, han encuadreado con tal empuje la fuerza de la pública opinión en este punto, que el decreto de 30 de octubre último, prorrogando la vigencia de aquel otro de 21 de junio del año anterior, ha tenido que consignar la promesa de desarrollar y perfeccionar sus preceptos en una ley, y cómo, según nuestras noticias, ésta estaba ya en el taller legislativo, y pronto se ha de abrir pública información sobre la misma, repetimos que lo más positivo es estudiar las distintas fases con que el problema se presenta en el terreno judicial, y disuadir los casos que en la práctica se están dando.

Es muy importante la cuestión que se ha debatido, y ha sido resuelta en tan diferentes sentidos, que conviene unificar la de si el apartado n) del art. 9º del Real decreto de alquileres, o sea la excepción de necesitar la casa para habitarla el mismo propietario, es aplicable o no como causa de desahucio a los que con posterioridad a aquella disposición legal adquieren el inmueble con ese propósito, en cuyo caso nos manifestamos resueltamente por la negativa.

La razón es obvia: al establecer aquella excepción el Ministro de Gracia y Justicia, Sr. Bugallal, en su famoso decreto, nos decía (ya que yo, como presidente de la Asociación de Vecinos de Madrid, tuve ocasión y el honor de tratar con él de esta cuestión) que estaba justificadísima, porque sería tremenda limitación del derecho de propiedad la de que el que tiene una casa y necesita de habitación, una vez demostrada esa necesidad, no pudiera disponer de ella. Pero ya se comprende que se refería al que entonces era ya propietario y se encontraba sorprendido con un decreto que le limitaba su derecho, declarando prorrogados los contratos de sus inquilinos. ¿Pero es tan equitativa esa disposición aplicada a los que después del decreto compran una finca arrendada por uno o por muchos individuos? Entendemos que no, porque éste, al comprar, lo hace a sabiendas de que existe el Real decreto de alquileres, y que los contratos de arrendamiento están prorrogados forzosamente por razón del mismo; así es que, en este caso, esa prórroga forzosa viene a constituir, en el orden de las relaciones judiciales, para con un tercero, una especie de carga o hipoteca, un gravamen real que sobre la finca pesa públicamente, y que, sabiéndolo, pudo no comprarse si no le convenía; y menos aún podrá admitirse que, sabiéndolo, haga la compra con el deliberado propósito de echar por tierra, en pro de su propio, aquellos contratos de arriendo, ya que, por otra parte, el ánimo del legislador fue que si la necesidad surgía para el propietario que ya lo era, pudiera satisfacerla con su propiedad, pero no que antes de existir ésta surja aquélla y se busque su satisfacción en la compra del inmueble; pues de poder ser así, el decreto de alquileres no rezaría para quien, no encontrando piso para poder alquilarlo, tuviese dinero para adquirir la finca, y aun el piso solamente, caso escandaloso que ya se está dando en muchas poblaciones, resultando así que los inquilinos, no solamente están pendientes de la necesidad de un casero, sino de la que pueda tener cualquier ciudadano con dinero bastante para comprar la casa.

Verdad es que la teoría contraria se ha tratado de fundar en lo consignado en el art. 9º del aludido Real decreto, que dice que lo dispuesto en el mismo es aplicable aun en el caso de que los inmuebles vayan de dueño; pero hay que fijarse que precisamente este artículo se escribió para lo contrario de lo que resultaría de darle aplicación en sentido favorable al nuevo propietario en el caso que comentamos, o sea para evitar que se dé por terminado el arriendo en caso de venta de la finca, con arreglo a