El Foro español (Madrid. 1898) (1919-08-31 00:00:00), página 6

también los gastos de la asistencia médico-farmacéutica de que para su curación hubo menester. Fué absuelto el patrono, y el alto Tribunal desestimó el recurso interpuesto, por el siguiente considerando: «Que la sentencia recurrida no desconoce la existencia del accidente, ni, en su consecuencia, la obligación de indemnizar del patrono, por lo que no pudo infringir el artículo 2.º de la ley que se cita en el recurso, sino que estima al patrono liberado de sus obligaciones, y así es, en efecto, porque afirmando las preguntas séptima y novena del expresado veredicto, que el obrero demandante volvió a trabajar por cuenta del demandado en ocupaciones compatibles con su estado, y que este último ha sufragado los gastos de asistencia médico-farmacéutica, es indudable que tales hechos determinan, no la celebración de un nuevo contrato en la noción del primitivo, que pudiera hallarse comprendido en el art. 19 de la ley de Accidentes, y sí el ejercicio por parte del patrono del derecho de opción, que en el caso le concede la disposición mencionada (tercera del art. 4.º), resultando cumplidas las obligaciones que al mismo se imponen, por lo que en este sentido y aspecto, siempre sería procedente la absolución decretada.» Véase cómo continúa el primer Tribunal de la Nación sustentando la misma doctrina, si bien difiere en esta última decisión de la de 12 de Enero de 1909 en el modo de apreciar el hecho de que el patrono dé trabajo compatible, pues mientras que ésta lo califica de contrato, aquélla dice que implica el ejercicio del derecho de opción.

Y, por último, la de 20 de Octubre de 1914, decidido un recurso interpuesto por el obrero contra la sentencia absolutoria del Presidente del Tribunal Industrial, dice: «Que si bien de las contestaciones dadas a las preguntas del veredicto, resulta que el obrero demandante quedó con incapacidad parcial permanente para la clase de trabajo a que se dedicaba antes del accidente, aunque no para todas las labores de su oficio de ebanista, y, por tanto, el caso resultaría comprendido, no en la disposición segunda del art. 4.º, sino en la tercera, como al contestar a otras preguntas declara el Jurado que desde que el citado obrero fue dado de alta, venía trabajando con el mismo jornal que antes, con otra máquina distinta, es manifiesto que el patrono ha cumplido sin necesidad de juicio una de las obligaciones alternativas que le impone la disposición tercera mencionada», lo cual quiere decir que estuvo bien dictada la sentencia que, fundada en ese cumplimiento de obligaciones, absolvio al patrono.

Esta doctrina, sobre ser la del derecho clásico, ha sido, pues, adoptada por el Tribunal definidor de la interpretación de las leyes patrias, en cuanto a las relaciones que se deducen de la ley especial de accidentes.

Y nótese, pues resulta interesante, que de las sentencias relacionadas, las de 12 de Enero de 1909, 11 de Febrero y 20 de Octubre de 1914, se dictaron en pleitos en que el obrero pedía, no la indemnización correspondiente a una incapacidad parcial permanente, sino a una absoluta profesional, es decir, diez y ocho meses de salario.

II. Pero a pesar de lo anteriormente expuesto, la jurisprudencia modernísima ha cambiado de rumbo en forma verdaderamente radical, empleando esta palabra en todos sus sentidos, al extremo de que casi puede decirse que llega a modificar, o por lo menos ampliar, el sentido de la disposición tercera del art. 4.º de la ley, ya que no se conforma con que el patrono opte por dar al lesionado trabajo compatible, se lo ofrezca y éste lo ejecute, sino que le obliga a que esa opción la haga constar en un contrato, y de no, a que pase por la necesidad de ir a un pleito en que se le declare obligado precisamente a aquello que él se proponía cumplir y cumpla.

En efecto, la sentencia de 5 de Julio de 1916 declara: «Que las ofertas privadas de trabajo compatible, no implican el cumplimiento de la disposición tercera del art. 4.º de la ley de 30 de Enero de 1900, por la absoluta falta de garantía, que sólo se puede adquirir mediante un contrato en forma, o la declaración de una sentencia y su ejecución.»

La de 12 de Marzo de 1917, procede de un juicio seguido ante el Jurado industrial cuyo Presidente absolvió al patrono, fundándose principalmente en la siguiente pregunta, quinta del veredicto: «¿Es cierto que el demandado D. A. L. ofreció al demandante de referencia un destino compatible con su estado, que aquél se negó a aceptar? Sí.» Y el Supremo casó la sentencia: «Considerando que según tiene declarado este Tribunal Supremo, el hecho de ofrecer el patrono al obrero trabajo compatible con su estado e igual remuneración, único elemento de hecho que contiene la contestación a la pregunta quinta del veredicto, no implica el cumplimiento por parte de aquél de la disposición tercera del art. 4.º de la ley de 30 de Enero de 1900, dada la falta absoluta de garantías de aquella promesa, y que sólo pueden adquirirse mediante un contrato en forma, no comprendido en el art. 19 de dicha ley, o por la declaración en sentencia firme, y las medidas que puedan tomarse al ejecutarla.»

Ya antes la sentencia de 25 de Marzo de 1916, fué la que rompió contra la doctrina primeramente sustentada por el alto Tribunal, al decir que al ofrecimiento de trabajo hecho por el patrono, no puede dársele el alcance que le daba el recurrente al considerarse desligado de su obligación, «porque ni celebró contrato alguno en forma con el obrero siniestrado, ni éste pudo aceptar la clase de trabajo a que pretendía dedicarse, en el sentido de reconocer que dicho patrono cumplía de esta manera el último precepto citado (la disposición tercera, art. 4.º), esto aparte de que nada garantizaba el futuro cumplimiento de esa obligación, que transcurrido el año no podrá hacerse efectiva en manera alguna por el obstáculo de la prescripción.»

Véase cómo esa sentencia, primera de la serie que sustenta la precisión del contrato previo o el fallo judicial, da la razón en que para ello se funda, lo cual no hacen las otras, sin duda por evitar repeticiones: es procurar que el obrero no se vea burlado en sus derechos al tropezar con la prescripción, puesto que la ley especial, en su art. 15, dice: «Las acciones para reclamar el cumplimiento de las disposiciones de esta ley prescriben al cumplir un año de la fecha del accidente».