El Foro español (Madrid. 1898) (1918-04-30 00:00:00), página 8

lancia y selección del personal judicial; la separación de las carreras judicial y fiscal desde cierto grado, restableciendo los Promotores fiscales, que tan necesarios son en los Juzgados de partido; la organización del Secretariado judicial, que constituirá una carrera desde el grado inferior hasta el superior, y el ingreso único en las carreras judicial y fiscal por las categorías inferiores y por oposición, salvo ciertas facultades para que puedan formar parte del Tribunal Supremo personas de reconocida competencia, ajenas a dichas carreras.

No menos importantes son las modificaciones propuestas para la reforma de la ley de Enjuiciamiento civil, las cuales tienen, como orientación general, acelerar cuanto sea posible el procedimiento, omitiendo actuaciones superficiales y procurando sustituir la discusión y tramitación escrita por comparecencias y manifestaciones verbales que consten en acta.

Entre las principales reformas hay que señalar las siguientes: se suprime el juicio arbitral, manteniendo el de amigables componedores; se modifican las recusaciones para que no entorpezcan el curso de los negocios; se corrigen los abusos en las declaraciones de pobreza, confiriéndose exclusivamente la defensa de los pobres al Ministerio fiscal; se amplían las facultades de los Magistrados ponentes, y se dispone que con las sentencias se publiquen los votos particulares de los Magistrados disconformes; se reserva a las Audiencias territoriales la substanciación y resolución de las demandas ordinarias de mayor cuantía y las que versan sobre derechos, honores o estado civil de las personas, y los demás asuntos civiles serán resueltos en primera instancia por los Juzgados de partido, con apelación ante la Audiencia provincial, y, por último, se cambia radicalmente la tramitación de los juicios universales, que quedan reducidos, substancialmente, a la celebración de dos Juntas consecutivas: la primera, para acordar la administración, inventario y demás medidas de prevención, según se trate de juicios sucesorios, concursos o quiebras, y la segunda, para aprobar las operaciones particulares o el proyecto de liquidación o calificación.

Más sencillo y de menos trascendencia es cuanto se refiere el Enjuiciamiento criminal, en el que se da la debida importancia a las cuestiones prejudiciales, que tantas dudas suscitan hoy; se abrevian trámites y se simplifican el sumario y los demás procedimientos; se da amplitud al recurso de casación, facultando al Tribunal Supremo para apreciar cuantos motivos de forma y fondo puedan favorecer al procesado, y se incorporan las leyes de condena condicional, la de 9 de Febrero de 1912 y la parte de la del Jurado que regula el procedimiento.

Tal es el resumen de las bases formuladas por la Comisión permanente de Codificación, aprobadas por la venia de Su Majestad y sometidas a la deliberación de las Cortes en el siguiente

PROYECTO DE LEY

Artículo 1.º En el plazo máximo de un año, a contar desde la promulgación de esta ley, el Gobierno, ayudado a la Comisión general de Codificación, formulará y publicará en la Gaceta de Madrid una ley reformando las orgánicas de Tribunales y las de Enjuiciamiento civil y criminal, con sujeción a las siguientes bases:

BASES PARA LA REFORMA DE LAS LEYES ORGÁNICAS

BASE 1.a

De la Administración de justicia y de los organismos a quienes corresponde la función de juzgar

La potestad de aplicar las leyes en los juicios civiles y criminales de la jurisdicción ordinaria, o sea de la que no está por excepción atribuida al Senado ni a las jurisdicciones especiales, corresponde a los Jueces y Tribunales regulados por esta ley, con la garantía de la inamovilidad de sus funcionarios y bajo su responsabilidad, administrándose la justicia en nombre del Rey.

Los Jueces y Tribunales ejercerán únicamente las funciones que les asignan las leyes y en la forma que éstas determinen.

Para la Administración de la justicia ordinaria en España, habrá:
Un Tribunal Supremo en la capital de la Monarquía.
Quince Audiencias territoriales: en Madrid, Barcelona, Albacete, Burgos, Cáceres, Coruña, Granada, Las Palmas, Oviedo, Palma, Pamplona, Sevilla, Valencia, Valladolid y Zaragoza.
Las dos primeras se considerarán de ascenso.
Treinta y cinco Audiencias provinciales, que radicarán en cada una de las respectivas capitales de provincia, y una en Santa Cruz de Tenerife.
Las Audiencias territoriales se dividirán en Salas de justicia, y una de ellas se denominará Audiencia provincial, para los efectos de su funcionamiento.
Tribunales de jurado, que funcionarán en todas las Audiencias provinciales.
Juzgados de partido, que serán de entrada, ascenso y término, con excepción de los de Madrid y Barcelona, que tendrán categoría de Magistrados de Audiencia territorial de entrada.
Juzgados municipales en cada término municipal.

(Continuará.)