El Foro español (Madrid. 1898) (1921-11-15 00:00:00), página 3

nistro la prueba de que la inmensa mayoría están identificados en el programa de esa querida Unión Judicial que ya es hora que salga al exterior con personalidad jurídica perfectísima, incluso provocando una disposición ministerial que, de ser contra- ria, sea susceptible de ejercitarse contra ella toda clase de recursos legales que resuelvan definitiva- mente tan enojosa cuestión.

X.

Para el "Boletín" del Colegio de Abogados.

El Ilustre Colegio de Abogados de Madrid publica un Boletín por el que nosotros, dentro y fuera de aquella Corporación, habíamos abogado muchas ve- ces, pero que no llena en la realidad todos los fines que fueran de desear, y no ciertamente por culpa de los elementos directivos, sino porque los compañe- ros no le han concedido la importancia que en reali- dad tiene, ni le han tomado como medio de comu- nicación, sin duda por el recelo con que en España se mira todo lo que tiene carácter oficial, y por esto se conoce que se toma como órgano de la Junta más que de la clase y no pasa de ser una especie de cuaderno informativo, más o menos jurídico, y ahora «galería de letrados ilustres», lo que en realidad «no ha caído muy bien», porque, aunque parezca un contrasentido, huele mal todo lo que se parece a incien- so, por justificado que sea, y aun dentro de la clase de «incensados» se desparraman los recelos y vienen las comparaciones, por lo que no ha sido de buen tino encomendar a una sola pluma esa misión biográfica, una vez que se ha admitido la conveniencia de ins- taurarla en el citado Boletín.

Y nosotros, con otros muchos compañeros, cree- mos que en vez de invertir el caro papel que en esto se invierte prodigando elogios que no por merecidos dejan de ser innecesarios, es decir, tanto más innecesarios cuanto más merecidos, pudiera emplearse en labor más útil, tal cual podría ser el dar a conocer los dictámenes que emite y tiene emit- dos el Colegio en materia de impugnación de minu- tas de honorarios, lo que puede hacerse omitiendo nombres, y para que los colegiales supieran a qué atenerse respecto a un verdadero estado de derecho que en esto pudiera crearse, y con lo que se evita- rían no solamente abusos en materia de honorarios, sino impugnaciones de minutas con las que nada gana el honor profesional.

Estas y otras reformas pudieran introducirse para dar al Boletín una mayor «popularidad» entre los Abogados de Madrid y aun los de España entera.

Enciclopedia Jurídica Española.

Modernísima Diccionario clasifico-jurídico de la legislación española; exposición razonada de sus instituciones y disposiciones del Derecho español en todos sus ramos; definición de todas las voces y locuciones, afirma- ciones y principios generales del Derecho; extenso y ordenado repertorio de toda clase de jurisprudencia; mencionados índices críticos y alfabéti- cos—publica por fases, da cuenta de la prensa y publica.

Casa editorial Casa San Agustín, 147, Gracia.—Barcelona.

El recurso de casación civil.

Infracción de los contratos y disposiciones testa- mentarias.—Merecen el concepto de hechos, que han de establecerse como premisas para el fallo de los pleitos, las estipulaciones de los contratos y cláu- sulas de los testamentos, cuyo cumplimiento se soli- cita. Y hechos fehacientemente probados: Si la apre- ciation jurídica que hiciera el Tribunal a quo de los pactos y disposiciones contenidos en los expresados documentos fuese errónea, el Tribunal Federal Suí- zo, con arreglo al precepto que antes hemos transcri- to, estimaría que existía una verdadera violación de ley, y por esta causa, y además porque, conse- cuente con su criterio, el art. 81 del mismo Cuerpo legal antes citado atribuye al propio Tribunal la libre apreciación del alcance jurídico de los hechos, casaría sin duda alguna la sentencia recurrida. En la ley Procesal española y en la francesa no se ha esta- blecido igual precepto. Muy al contrario, nuestra ley de Enjuiciamiento civil, en sus artículos 1.691 y 1.692, causa y número primeros, respectivamente, sólo autoriza la casación por violación, interpreta- ción errónea o aplicación indebida de las leyes. Y como al amparo de este texto no puede impugnarse en el recurso la violación o interpretación errónea de las cláusulas de los contratos o testamentos, se haapelado para ello al socorrido número 7.º del ar- tículo 1.692, alegando impropiamente errores de hecho y de derecho.

Claro está que la equivocada calificación jurídica de un contrato o testamento implica un grave error de derecho; mas se ha dicho con repetición por el Supremo, y forma jurisprudencia su doctrina, que estos errores se refieren al valor de la prueba, si el Tribunal a quo en su apreciación ha prescindido de preceptos que legalmente determinan la eficacia de ciertos medios, de las escrituras públicas, por ejem- plo, y entonces estos preceptos son los que se citan como infringidos. No es este el caso. El Tribunal a quo ha reconocido paladinamente la existencia y eficacia probatoria del contrato o testamento; pero al calificar jurídicamente su contenido ha definido de arrendamiento o enútesis lo que en realidad es un contrato de compraventa, o bien ha estimado de sustitución fideicomisaria lo que en sustancia no es más que una sustitución vulgar. Para subsanar la omi- sión de que en estos y otros muchos casos que pu- diéramos citar no quepa la casación directa, se re- curre por los litigantes a solicitarla por error de he- cho. Pero entonces hay que demostrar, nada menos que evidentemente, que las textuales palabras del documento están en manifiesta y absoluta oposición con el hecho sentado, como probado por el Tribunal sentenciador. Y no se trata de que los contratantes y el testador se hayan expresado con mayor o me- nor propiedad, sino de la verdadera esencia jurídica del hecho, aunque no se haya detallado pródigamente