El Foro español (Madrid. 1898) (1918-08-30 00:00:00), página 21

La base séptima es la que más materia de examen ofrece en cuanto debe desaparecer de un modo radical ese inquisitorial procedimiento de nuestra Ley procesal que constituye lo que se llama el secreto del sumario. Es hábito y hasta cobardía, colocar en situación de indefensión a un ciudadano de un país civilizado y libre, que con motivo de una denuncia se ve citado, o detenido, procesado y preso, embargados sus bienes, desbaratado su hogar, perdió su honor—patrimonio semidivino del hombre—y todo ello sin que pueda conocer sus verdaderos fundamentos; aportar datos y elementos para su defensa, cuando en suma pueda impedir que el Juez, el Fiscal, los acusadores, todos reunidos, vayan acumulando cargos y pruebas que servirán para consumar el daño ante el Tribunal, sin que el interesado, el perjudicado, pueda impedir ni aun des amencerlo. En esa situación de inmoralidad legal e inmensa en el orden de la ética jurídica, llega el momento de calificar, la causa y se ejecuta para ello, para estudiar el sumario, para articular y preparar la prueba, un término igual al concedido a aquellos que acumularon los cargos. En esa situación de indefensión, llegan los procesados ante el Tribunal de Derecho, ante hombres instru- nados con la función de juzgar y que por mandato de nuestras leyes no tienen libertad ni para aplicar la pena apreciando el grado del delincuente ni a la fuerza o eficacia que pueda tener, analizando al sujeto, su educación, el ambiente en que se desarrolla, su sensibilidad, la mayor o menor corrección que en sus efectos pueda causar, todo ello en relación con el hecho y el daño causado. Y no es culpa de la Magistratura que conoce un grave error científico y moral es el de clasificar previamente los hechos criminales a los efectos de la responsabilidad, sino que es lo de la Ley que impone la obligación de castigar con la misma pena clasificadora, hechos tan diferentes en sus orígenes, en su desarrollo, en sus consecuencias, como son por la educación, la sensibilidad moral, el arrepentimiento y en los que de un modo tan vital, influye la corrección estimada por unos como medio de control en las cárceles y presuntos una vida de vagancia y perversión moral, y siendo para otros deprimente de las energías vitales el solo ingreso en un establecimiento penal donde se esperan todas las vergüenzas, sin esperanza de algo que no sea penas y aflicciones que nada corrijan y que sublevan la conciencia del hombre delincuente ocasional.

Por eso abogamos por la publicidad del sumario, que hombres libres, conscientes de sus derechos, y de sus deberes estiman el más justo y el que en el orden científico puede ser únicamente aceptado, sin que deba mermar la medida el que alguno más inteligente pueda exhibir la acción de la justicia, presentando habilidosas demostra- ciones de su inocencia en un hecho penal. Ni uno, ni mil de esos casos, disculpán el hecho de que otro menos avisado o con menos recursos para suplir su deficiencia con la de un Abogado, produciéndole ambas circunstancias un atonteramiento que le haga incurrir en vacilaciones, dudas o contradicciones al ser sometido al suplicio moral, inmenso, de ser indagado por la autoridad judicial, pueda ser condenado siendo inocente. La posibilidad de que ocurra, justifica claramente la medida que no será completa sin un régimen o orden de clasificación al juzgar los hechos, función que en todos los casos debe encumbrarse al Tribunal del Jurado con una amplitud de criterio en el Magistrado, único Juez de Derecho, el aplicar doctrinalmente la pena que el verdadero y las circunstancias especiales de cada caso impongan como justa sanción. Dejemos en manos al juzgador, hombre de conciencia, de rectitud de moralidad, de competencia jurídica; insti- tuyamos a la función y desecheamos la errónea doctrina de castigar el obligatorio fijamiento y clasificación por orilleros de la delincuencia.

La base es, en realidad, una iniciativa de esa idea, pero timidamente como si se temiese desentonar en el concepto que el mundo jurídico tiene de esa reforma, pero con evidente deseo de no entrar de lleno aceptando doctrinas y procedimientos que impedieran una serie interminable de injusticias que favorece al Poder ejecutivo con despre- tigio de la justicia.

El Congreso de Abogados de San Sebastián acordó pe- dir fuere modificada la legislación penal procesal, esta- bleciendo en ella el derecho del procesado, perseguido o condenado injustamente a ser indemnizado por el Estado o particular querellante en la forma y proporción que se establezca, enya acción prescribirá a los tres meses ante el Tribunal competente que habrá de ser el que deba conocer con arreglo a su cuantía ya determinada en la ley procesal civil.

Es de gran importancia y transcendencia regular en sentido restrictivo la facultad de los Jueces de instruc- ción para dictar auto u órdenes de detención o de proce- samiento en forma que medidas tan transcendentales no se adopten más que en casos extraordinarios y en hechos cuya pena fuere de gravedad.

No puede pasar sin protesta la facultad de nombrar Abogado defensor a personas que no reúnan los requisitos legales para el ejercicio de esa profesión, y en casos de la gravedad y transcendencia que encierra la base quin- ta, se deberá requerir al Decano del Colegio de Abogados de la capital de la Audiencia territorial para que designe un Abogado cuyos honorarios serán satisfechos por el Teso- rero con aplicación al capítulo del presupuesto destinado al pago de Peritos, testigos y Jurados.

Con lo expuesto damos por terminada estas observacio- nes que constituyen una aspiración, en cuya realidad hemos de poner todas nuestras actividades, por creer que en su totalidad deben concurrir con carácter de esencia- lidad en la que se apruebe. No se trata de aspiraciones doctrinales; somos hombres de realidades y con entusiasmo laboraremos desde el día de su promulgación por la derogación de la ley que no las contuviera. La Comisión del Congreso ahora, y el Congreso en su momento, mejorará el proyecto como solicitamos, si creen, como nosotros, que es llegado el momento de que en España haya justicia.

El Presidente de la Federación de Abogados de España,
J. M. R. DE RIVERA
Madrid, a 16 de Agosto de 1918.

A la Comisión del Congreso dictaminadora del proyecto de Reforma de la Contribución industrial

Son tantos los abusos que la práctica viene demonstran- do existentes en cuanto al efecto contributivo del ejerci- cio de la profesión de Abogados, que sin necesidad de exponerlos detalladamente podrán ser atendidos y corre- gidos en el proyecto de ley sometido por el ex 'celentísimo señor Ministro de Hacienda al estudio y deliberación de esa Cámara.

Lo que en primer término reclama una medida es la creación de una cuota extraordinaria que esté en relación con los beneficios extraordinarios que a determinadas personas produce el ejercicio de la profesión de Abogado cuando las compaginan o hermanan con actuaciones políti- cas que hacen resaltar y conocer sus nombres como prestigios y autoridades cuya influencia y poderío se dejan sentir grandemente en todos los órdenes de la vida social, y es evidente que los litigantes que casi en tropel acuden a esos bufetes, buscan en la mayoría de esos casos la influencia y el prestigio del nombre, convencidos de antemano de la imposibilidad material en que esos hom- bres se encuentran para estudiar serenamente sus pleitos, que tramitan los pasantes—o el pasante, Diputado a Cor- tes también—, reduciendo la función profesional a la firma de los escritos y a la asistencia a las vistas.

Para esos ex Ministros, jefes de grupos políticos que, como decimos, perciben beneficios extraordinarios de la