El Foro español (Madrid. 1898) (1922-05-15 00:00:00), página 5

SECRETARIAS DE LOS JUZGADOS DE

    Rendimientos actuales sacados del quinto último.
    Pesetas.

  La Almunia		2.622

  Lucena		2.299

  Laguardia		3.608

  Medinaceli		1.750

  Montalbán		2.790

  Mora de Rubielos		3.000

  Moguer		2.500

  Mota del Marqués		2.750

  Montilla		4.000

  Montefrío		3.000

  Medina Sidonia		4.000

  Murias		4.000

  Motilla del Palancar		5.000

  Marbella		3.000

  Nájera		2.500

  Noya		4.110

  Pastrana		2.690

  Pego		3.500

  Pina		2.000

  Priego		3.500

  Puebla de Sanabria		2.500

  Purchena		2.000

  Potes		2.000

  Requena		4.000

  Reinoso		3.000

  Torrox		2.000

  Torrecilla de Cameros		2.000

  Tarazona		2.780

  Tordesillas		4.000

  Sequeros		4.000

  Sor		3.000

  Sacedón		2.500

  Sorbas		3.500

  San Vicente de la Barquera		2.000

  Ugijar		2.000

  Valderrobres		4.000

  Vera		2.902

  Viella		2.500

  Villadiego		1.500

¡Oh, la elocuencia de los números!

Luis Miegimolle.

El recurso de revisión en los juicios de desahucio.

Dispone el Real decreto sobre alquileres de 21 de junio de 1920, en su art. 11, contra los fallos o sentencias que se dicten por el Tribunal especial constituido para entender privativamente en los juicios de desahucio que se promuevan por los motivos enumerados en dicho Real decreto: «Sólo podrá utilizarse el recurso de revisión ante el Juzgado de primera instancia por injusticia notoria, por constitución ilegal del Tribunal o por quebrantamiento de las normas del funcionamiento.»

El precepto procesal enunciado no puede ser más claro, terminante y preciso, y, sin embargo, hasta hoy no sabemos que en la práctica se le haya dado cumplimiento en la forma que necesariamente quiso el legislador. Ni la palabra privativamente, ni el adverbio sólo, ni la gravedad que entraña los casos enumerados como causas determinantes del recurso que nos ocupa, ni las garantías de que el Real decreto reviste al Tribunal, ni, por último, el contenido de la frase injusticia notoria y el concepto de la palabra revisión, han pesado nada en el ánimo de los juzgadores, y así vemos que dicho recurso ha sido equiparado en cuanto a su interposición, sustanciación y efectos, al recurso de apelación. Sin duda alguna este criterio erróneo se debe a que en nuestro sistema procesal siempre ha existido la segunda instancia como fundamento de certeza, y nuestros juzgadores no conciben que el legislador haya podido apartarse, separarse, aunque sólo sea temporal y excepcionalmente, de este principio básico de nuestro histórico sistema de procedimiento.

¿Pero acaso no significa apartamiento todo el contenido del Real decreto en lo concerniente al derecho sustantivo? Más aún: las disposiciones estatuidas en el Real decreto sobre alquileres, ¿no implican de manera fachante que el tradicional e inconmovible, al parecer, derecho de propiedad ha sufrido un golpe de muerte? Pues si esto es lo ocurrido en materia sustantiva, ¿cómo no admitir que el legislador haya querido apartarse, distanciarse y hasta oponerse a nuestras prescripciones adjetivas?

El recurso de revisión de que nos habla en el artículo 11 del Real decreto de 21 de junio de 1920 no puede tener otro alcance que el que da aburcreso de revisión en general el art. 1.796 de la ley de Enjuiciamiento civil, y, por consiguiente, las sentencias dictadas por el Tribunal especial constituido al efecto para conocer de los juicios de desahucio tienen el