El Foro español (Madrid. 1898) (1918-07-15 00:00:00), página 3

ció ordinario ante la Audiencia territorial, y hasta el fallo ejecutorio quedará suspendido el plazo para presentar al Juzgado el proyecto de liquidación y de calificación de la quiebra.

Una vez que de este proyecto se haya instruido en la Secretaría a los interesados, se reunirán en segunda junta para aprobarlo, emendarlo o rechazarlo, procediéndose con analogía a lo establecido respecto del concurso de acreedores.

Para las quiebras de Compañías o Empresas de ferrocarriles y demás obras de servicio público, seguirán observándose las disposiciones del Código de Comercio y las leyes especiales hoy vigentes, con las cuales concordará cuanto se estatuya al desenfervorar estas bases.

19. La parte de la ley que trata de los actos de jurisdicción voluntaria será modificada y ampliada, para dejarla acorde con el Código civil, siguiendo el sentido general de la reforma.

20. Las disposiciones ordenadoras de la transición al nuevo régimen procesal acelerarán la observación de éste en cuanto sea conciliable con el respecto de derechos adquiridos.

Bases para la reforma de la ley de Enjuiciamiento criminal

Se harán en la ley de Enjuiciamiento criminal las modificaciones y reformas aconsejadas por las enseñanzas de la práctica; dentro del sistema a que aquélla obedece y en armonía con el espíritu y tendencia de sus disposiciones.

Dichas reformas y modificaciones responderán principalmente a los siguientes enunciados:

1.º Se ampliarán los preceptos relativos a las cuestiones prejudiciales en cuanto sea necesario para esclarecer las dudas que hoy suscitan, y se hará constar que las cuestiones de esta índole referentes a la validez impugnada de un matrimonio o al estado civil, contradicho, de una o más personas, se referirán siempre a la jurisdicción que deba conocer de ellas por razón de la materia.

La decisión del Juez o Tribunal que conozca de la cuestión prejudicial deberá constituir afirmación de hecho obligatoria para la jurisdicción penal.

Las cuestiones prejudiciales que deban decidirse por otra jurisdicción distinta de la penal sólo podrán plantearse ante las Audiencias como artículos de previo pronunciamiento.

2.º En la materia de competencia, en la de inspección de los sumarios y en cuantas tenga intervención el Ministerio fiscal, se harán las modificaciones consiguientes al restablecimiento de los promotores fiscales.

En todas las contiendas de jurisdicción, los Juzgados y Tribunales necesitan oír al Ministerio fiscal. Ni los Jueces municipales ni los de partido podrán inhibir a la jurisdicción ordinaria sin la previa aprobación del superior inmediato.

3.º Se armonizarán las prescripciones que regulen la recusación de Jueces y Magistrados en lo criminal, con las análogas del Enjuiciamiento civil, cuando su respectiva naturaleza lo permita. Cuando la recusación se funde en haber sido anteriormente denunciado o acusado, el funcionario a quien se recurra exigirá para tramitar el incidente que por virtud de la querella o denuncia haya recaído auto de procesamiento, si aquéllas versaren sobre delito, y si sobre falta, que se hubiere impuesto condena.

4.º La ley declarará que la acción penal es pública y privada, según que tenga por objeto los delitos que se persiguen de oficio o los que sólo pueden perseguirse a instancia del agraviado. La primera podrán ejercitárla todos los ciudadanos españoles con sujeción a las reglas por la ley establecidas y salvas las excepciones que la misma determine. La segunda únicamente podrán deducirla el ofendido por el delito y su causahabiente o representante legal.

En los casos en que la ley exija que la acción privada se deduzca por medio de querella como requisito previo para incoar la causa, una vez cumplida esa formalidad podrá optar el querellante entre instar por sí las actuaciones o pedir que se encargue de instalarlas el Ministerio fiscal; cuando solicite esto último habrá de facilitar datos y comunicar las oportunas instrucciones al Fiscal, quien en su vista ejercerá en esos procesos las funciones que le estén encomendadas en los demás; pero su intervención cesará si el interesado comparece de nuevo a gestionar como actor, así como también si éste, en uso de su derecho, desiste o perdona.

5.º A los perjudicados por los delitos que se persigan de oficio se les hará saber, al recibirlas la primera declaración, su derecho a mostrarse parte en la causa, ejercitando la acción penal y la civil, o solamente una de ellas, si lo verifiquen antes del trámite de calificación provisional; pero no se les exigirá que expresen sus propósitos acerca del particular.

Esto no obstante, si lo hicieren, la renuncia que la acción penal que en aquel acto consignaren no limitará su derecho a intervenir como parte actora si lo solicitaren en el período anteriormente indicado. La renuncia de la acción civil, en cualquier momento que se haga, será irrevocable.

6.º Los Abogados y Procuradores que hubieren aceptado el nombramiento hecho a su favor por los procesados no podrán excusar ninguna de las obligaciones de la defensa, ni aun a título de renuncia, ni de baja voluntaria en el ejercicio de la profesión hasta que fueren debidamente reemplazados. Cuando por cualquier causa hubieren de cesar, el Juez o Tribunal que conozca del asunto requerirá del procesado o procesados para que hagan nueva designación. Si no lo hicieren o si los designados no aceptaren, se nombrarán de oficio Abogado y Procurador. Salvo excusa legítima, que los Jueces y Tribunales apreciarán prudencialmente, los Abogados y Procuradores nombrados de oficio estarán obligados al desempeño de su cargo bajo su responsabilidad.

7.º Cuando la instrucción del sumario se prolongue más de un mes, a contar desde que se decrete algún procesamiento, los procesados podrán pretender que se les de vista de lo actuado, a fin de instar la más pronta terminación y de proponer diligencias útiles, a lo que se deberá acceder en cuanto no se considere dañoso para los fines de las investigaciones sumariales.

Con esta misma salvedad deberá darse, desde luego, conocimiento al procesado de las diligencias que se practiquen a propuesta del acusador particular.

Si al mes de presentada una querella no se hubiera acordado procesamiento, podrá el inculpado pedir vista, a fin de activar la tramitación y proponer lo más conducente al objeto del sumario.

8.º Las Salas de gobierno de las Audiencias y del Tribunal Supremo que, dentro de sus atribuciones, nombran Juez especial para la formación de uno o más sumarios estarán facultadas para dejar sin efecto el nombramiento, para remover al nombrado que estuviese ya desempeñando el cargo, y para sustituirle por otro Juez especial o por el ordinario, según lo exijan las necesidades del mejor servicio,