El Foro español (Madrid. 1898) (1918-08-30 00:00:00), página 17

y la dignidad de las personas que ventilan cuestiones con la Administración.

Acaban de otorgar las Cortes un aumento de sueldo a los funcionarios del Estado, estableciendo la obligación de prestar un trabajo de seis horas diarias y para ninguno de los Diputados es motivo de sorpresa estar en una dependencia oficial, pero sin trabajar lentamente al empleado de menor categoría de los presentes y ocupados los estados de la Fumigar, leer la Prensa, comentar desfavorablemente la actuación de quienes les conceden tales beneficios. Parece acertado aumentar los sueldos sin aumentar los gastos, como se viene efectuando con desconcierto que alarman seriamente a los contribuyentes, pero disminuyendo el 75 por 100 de los empleados de la Administración, con lo que bastarán los locales y el material, el trabajo será más personal y por ende más intenso, en tanto esté determinada siempre la responsabilidad. Las Cortes, soberanas en la materia, han otorgado con esplendida munificencia los aumentos de sueldos y haberes, y ellas atenderán con acierto al medio de lograr pacíficamente obtener los recursos para abonarlos. Entre todos los funcionarios, los más miserísimamente dotados, son los Jueces y Magistrados.

Pensad, señores Diputados, la gravedad de las funciones que les encomiendas; en sus manos están nuestro honor, de sus resoluciones depende el bienestar de nuestras vidas, nuestra libertad, otras, nuestras haciendas en unas ocasiones y en todas nuestra tranquilidad. Una justicia requiere para ser justa, extraordinaria competencia, intensa laboriosidad, moralidad absoluta en el juzgado, y si tales excelentes condiciones requieren, absorbiendo todas las energías y la vida entera del funcionario; si no le permitís dedicarse a otra industria ni a otro medio de ganarse la subsistencia; si le obligáis, por razones de moralidad social, a no ejercer funciones allí donde ellos y sus más allegados poseen medios de riqueza que bien de abandonar con evidentes mermas en manos de administradores, procurad al menos darle la tranquilidad material necesaria para que, sin inquietudes, por privaciones de orden económico, puedan realizar serenamente la función de Juez.

Un Juez mal retribuido, que siente las privaciones de los tuyos, las inquietudes de enfermedades, encuestas de los hijos suyos, pobreza, que bien en su caso poseer la abundancia o la satisfacción de la necesidad que espléndidamente se ofrece la realidad de quien abito de dinero busca el título aumento y no vacila en los medios de obtenerlo, es un mártir o un santo si no siente la necesidad de claudicar previriendo. Sois hombres que vivís las pasiones de la vida y no debéis desconocer ni olvidar esa situación que la vida ofrece y que los legisladores tenéis la obligación de evitar con vuestra previsión.

Los países que dotan espléndidamente a los encargados de administrar justicia y la administran gratuitamente a todos, pobres y ricos, son aquellos que mejor justicia disfrutan. Un Juez, con sus necesidades materiales satisfechas, es un Juez apto por razones de serenidad moral para juzgar.

Inglaterra paga a sus Jueces y Magistrados, cuyo número es muy reducido, en relación con el personal de la judicatura española, pero, que el destino de los Jueces perciba mayor retribución que nuestro Presidente del Tribunal Supremo, y esa espléndida retribución les permite pensar serenamente sin que el interés y el ansia de lucro, ni lo que es más lamentable, la necesidad perentoria y urgente inquieten sus funciones. Todos los países del mundo retribuyen en mejor forma que España la labor delicadamente de sus Jueces y Magistrados, y al hacerlo piensan como ciudadanos y sienten la necesidad de conceder la mayor dignidad a los funcionarios que tan graves y transcendental atribuciones les concede la sociedad al depositar en ellos alta y plena autoridad para la definición de derechos e imposición de preceptos legales. Nosotros hemos creído siempre, o al menos así lo parece, que la función de juzgar es similar a la de un empleado que sin título ni capacidad en la mayoría de los casos, recibía un destino del político, cuya tertia frecuentaba, o al que prestaba servicio de orden privado, y aun ahora que todo se limita y reglamenta, son muchos los casos que podrían citarse de empleados que se nombraron al constituir nuevos organismos, nombramiento que en su día servirán para regular derechos.

El Juez no es un burócrata ni es un empleado; es una autoridad cuyos prestigios hay que mantener, no sólo estableciendo en el Código penalidades para el que le desacato, sino también elevando su dignidad con la mezquindad de su sueldo. No pueden ni deben olvidar estas razones los señores Diputados, al tampoco aquella de orden más secundaria nacida de la incompatibilidad absoluta para toda otra ocupación retribuida que puedan compaginar con sus sueldos los demás funcionarios del Estado. Fijaros bien en que han de vivir de ello que del Estado perciban y que no debéis regatear aumentos que son desproporcionados con la retribución que otros países les otorgan.

El orden de categorías, será el siguiente:

1.º Juez de entrada, con 6.000 pesetas y 1.000 más por cada quinquenio que sirva en la categoría.
2.º Jueces de ascenso, con 8.000 pesetas y 1.000 más por cada quinquenio que sirvan en la categoría.
3.º Jueces de término, con 9.000 pesetas y 1.000 por cada quinquenio que sirva en la categoría.
4.º Magistrados de Audiencia provincial, con 12.000 pesetas y 1.500 más por quinquenios que sirvan en la categoría.
5.º Magistrados de Audiencia territorial de entrada, Presidentes de provincial y Jueces de Madrid y Barcelona, 15.000 pesetas y 1.500 más por quinquenios que sirvan en la categoría.
6.º Magistrados de Madrid y Barcelona y Presidentes de Sala de territorial de entrada, con 20.000 pesetas y 2.000 más por cada quinquenio que sirvan en la categoría.
7.º Presidentes de Sala de Madrid y Barcelona y Presidentes de Audiencia territorial de entrada, 30.000 pesetas, 2.000 más por cada quinquenio que sirvan en la categoría.
8.º Presidentes de Madrid y Barcelona, con un haber de 50.000 pesetas y 5.000 de gastos de representación.
9.º Magistrados del Tribunal Supremo, con 400.000 pesetas y 3.000 más por cada quinquenio que sirva en la categoría.
10. Presidentes de Sala del Tribunal Supremo, con 50.000 pesetas, y
11. Presidente del Tribunal Supremo, con 60.000 pesetas y 1.000 mensuales para gastos de representación.

Los aumentos por quinquenios no podrán exceder nunca del sueldo correspondiente a la categoría inmediata superior.

Los ascensos serán, previendo las dos primeras vacantes al turno riguroso de la antigüedad y la tercera a la oposición entre funcionarios de la categoría inmediatamente inferior a aquella en que se produzca la vacante, a cuyo efecto se formará un escalafón especial de funcionarios aprobados para el ascenso, dentro de cuyo turno de antigüedad se irán cubriendo las vacantes que proporcionalmente deben cubrirse.

Para que nunca pueda demorarse el ascenso cuando hubiere aprobado, se anunciará anualmente una oposición, que se efectuará ante el Consejo judicial en pleno, más dos Abogados designados por la Junta de gobierno del Colegio de Madrid y dos Catedráticos de la Facultad de Derecho de la Universidad (contra designación por el Claustro ordinario, que ya anteceden comunicación el número de los designados a Ministro de Gracia y Justicia, que lo tomará en conocimiento del Presidente del Consejo Judicial).

Cuando no existieran aspirantes a las vacantes que ocurran en el turno reservado al mérito en el momento de producirse, será ascendido el funcionario a quien corresponda en el turno de antigüedad.

Los Jueces y Magistrados de cada Audiencia provincial designarán, por elección, al funcionario que deba servir las plazas de Presidentes de las Audiencias por término de cinco años y entre los Magistrados que forman la dotación de cada Audiencia.

Los Jueces y Magistrados de las Audiencias territoriales y los de las Audiencias de Madrid y Barcelona, designarán, por elección, al funcionario de la dotación de las respectivas Audiencias que deba servir por cinco años las plazas de Presidente de Audiencia, de Sala y de Sección de la Sala de lo Criminal.

Una vez efectuada la elección por papeletas, que podrá remitirse por correo, certificadas o por telégrafo, con acuse de recibo para que surtan efectos en el día y plazo que se señale; cuando los funcionarios estuvieren imposibilitados de abandonar su habitual residencia, se pondrá