El Foro español (Madrid. 1898) (1920-09-15 00:00:00), página 2

nen la desgracia de enfermar más de mes y medio, cuando con la enfermedad concurren la ausencia de una fortuna particular y la presencia de una familia creada, particularmente cuando la causa de todos esos males, enfermedad y miseria, proviene del cumplimiento del deber.

En estos casos hay necesidad de interrumpir el trabajo, cuya consecuencia es la suspensión de los ingresos al mes y medio, y por ende, la caída en la miseria vergonzante alejada casi siempre de la caridad privada, lo que hace que adquiera tonalidades de siniestra desesperación, precisamente en los instantes en que por aparecer necesidades anormales se demandan superiores ingresos; la estancia en un sanatorio, el sostentimiento de la familia, etc.; sin que sea dable acudir al Estado, que no puede socorrer, por omisiones de su legislación, ni a la Asociación de compañeros porque está prohibida, precisamente cuando se hallan autorizadas las Asociaciones del proletariado sindicalista e impuestas con mayor vigor que nunca por efecto de ello, con lo que de pasada aprovechamos el momento para proclamar la honestidad y bondad moral de la petición formulada a los Poderes públicos por eximias figuras de la Magistratura, tales como los Sres. Zapatero y Delgado Curto, con el objeto de que se permita constituir la Asociación de funcionarios judiciales.

La realidad, como se observa, plantea el problema del accidente del trabajo intelectual de un modo análogo a como potencia el del trabajo corporal, sin embargo de lo que aquél viene desconocido con ausencia de toda solución en nuestra legislación, y éste solicita-mente atendido por efecto de las apremiantes y vigorosas reivindicaciones del proletariado organizado.

El accidente del trabajo intelectual no cabe duda que se puede producir y produce con harta frecuencia en los funcionarios del Estado del orden técnico intelectual, con ocasión o como consecuencia del trabajo de esta especie que prestan para la realización de los servicios públicos; trabajo técneo-intelectual que exige un título de aptitud cuya adquisición es la resultante del estudio de una carrera.

El Estado, que utiliza sus servicios después de la obtención de un título académico, facultativo u oficial, debe ser el sujeto responsable del accidente acontecido a sus funcionarios técneo intelectuales por razón del trabajo prestado en el cumplimiento de su deber o con ocasión del mismo. Eso sería la consagración de la Justicia, la garantía y dignificación del trabajo humano en sus elevadas aplicaciones intelectuales.

En accidentes como el acaecido al Sr. Jiménez de Embún, el imperativo jurídico de la conciencia impone al Estado, en el terreno del derecho constituyente, las obligaciones siguientes:

Primera. Continuar pagándole su sueldo de igual modo que si estuviese en activo, esto es, lo mismo que antes de sufrir el accidente; porque de no hacerlo así, se daría el caso de que los que han sido mártires del deber quedasen en condiciones peores que sus otros compañeros que han cumplido los deberes de su cargo sin sacrificio. Si a los que cumplen sus obligaciones con daño para ellos no se les trata cuando menos de igual modo que a los que las cumplen sin daño, se comete una injusticia.

Semejante obligación debe ser cumplida por parte del Estado mientras dure la inutilidad; vitaliciamente, si ésta se prorroga hasta su fallecimiento. Dicho funcionario inutilizado por el cumplimiento de su deber debiera ser repuldo para todos los efectos económicos como si estuviera en activo, otorgándole los ascensos en su caso con los consiguientes aumentos de sueldo.

Segunda. Tomándose por base su jerarquía oficial, posición social y magnitud de los efectos patológicos del accidente, cabría calcular las necesidades anormales que éste le acarrease, y con arreglo a ellas determinarle un sobresueldo. De ese modo, con la percepción del sueldo podría satisfacer sus necesidades normales, propias y familiares; y con la del sobresueldo cubrir las anormales propias ocasionadas por el accidente. Semejante régimen habría de tener aplicación para el caso de que el accidente no abreviase la vida del funcionario, haciéndole morir antes del término medio de duración de la vida humana, deducido de las estadísticas demográficas, pues de acortársela, la razón impone al Estado la obligación de compensar el daño a sus herederos familiares, mediante el pago de una suma proporcionada.

Planteado el problema del accidente del trabajo intelectual en orden al funcionario judicial, y expuestas a grandes rasgos sus soluciones de mayor bulbo, procede que acabemos el tema con el concepto del premio aplicable a recompensar merecimientos superiores contraídos en el cumplimiento del deber.

En casos como el que sugiere este artículo, el Estado viene obligado a otorgar un premio a quien expuso su vida en ejercicio de su cargo resultando lesionado en términos más o menos graves.

Las leyes militares reconocen y prodigan los premios de modo saludable para las organizaciones que establecen cosa que las civiles suelen omitir; acaso sea ello uno de los estimulantes más poderosos de la disciplina y del desprecio de la vida ante los peligros que lleva consigo la profesión militar.

Los premios legítimos deben clasificarse en honoríficos, económicos y mixtos. Estos son los más eficaces, porque aprovechan al alma y al cuerpo; satisfacen la dignidad ante la sociedad, exaltándola, y las necesidades materiales de la vida, proporcionando mayores comodidades. Los títulos sin rentas tienen el pecado original de la cursilería, y las rentas sin algún distintivo de nombre, condecoración, traje o insignia, no publican el merecimiento premiado en el grado deseado.

Los ascensos en concepto de premio no tienen razón de ser, porque rompen el sistema de antigüedad que, dentro de lo humano, alcanza su bondad máxima, según hemos tenido la pretensión de demostrar en la Revista de Tribunales al ocuparnos del régimen para la provisión de los Juzgados.

En armonía con ésto, estimamos que la idea vertida con gran alteza de miras por algún compañero, de que se ascienda en concepto de premio al Sr. Jiménez de Embún, desde la categoría de Juez de ascenso