El Foro español (Madrid. 1898) (1922-05-15 00:00:00), página 6

carácter de firmes; esto es, no revocables por ningún otro Tribunal superior. Seguir como hasta aquí es, no sólo anular la función de un Tribunal al que el legislador rodeó de las mayores garantías y concedió las más amplias facultades, sino también, lo que es peor, exponer a los vocales, con su presidente, a irremisibles procesos; pues en el caso de que el Juzgado de primera instancia revoque lo hecho por el Tribunal municipal, cuando ante aquél se haya recurrido en alzada por injusticia notoria, cabe exigir a los Jueces que dictaron el fallo la responsabilidad penal y civil en que incurrieron con su doloso proceder, ya que a la frase injusticia notoria no puede dársele otra significación y alcance que la que le da el núm. 4.º del art. 1.796 de la ley de Enjuiciamiento civil, o sea la de violencia, cohecho o maquinación fraudulenta, hechos todos, como vemos, gravísimos.

Continuar como hasta la fecha es suponer que el Ministro de Gracia y Justicia que dictó el Real decreto confundió lastimosamente los términos apelación y revisión, suposición atrevidísima e ilógica, máxime teniendo en cuenta que el mencionado Real decreto fue acordado en Consejo de Ministros; y, más aún, es desoír las palabras del Ministerio fiscal en su circular de 17 de julio de 1920, que dicen así: «Nunca podrá poner en duda, ni someter siquiera a debate, la aplicación de las medidas adoptadas por la Real disposición del 21 de junio, incluso la atinente a la competencia especial que establece, modificadora de las reglas generales comprendidas en la expresada ley de Enjuiciamiento.»

LUIS ABENZA
De la Liga de Inquilinos y Vecinos de Alicante.

PROBLEMAS DE LA CARRERA JUDICIAL (1)

LOS SUELDOS

IV

El Sr. Soldevilla propone se fijen, como sueldo mínimo para la carrera judicial, dos mil pesetas, que corresponderán a la categoría de Jueces de entrada, debiendo percibir los Magistrados veinte mil, combinada con la remuneración por cuatrienios, obteniéndose en estos períodos dos mil pesetas más. El Sr. Divar establece la misma cantidad para la categoría inferior; pero manteniéndose las actuales; se gozarán diez, once y doce mil pesetas en las tres primeras, aumentando dos mil pesetas en las si-
guientes, y los Magistrados del Supremo percibirán veinticinco mil. En el supuesto de Soldevilla, a los veinte años de carrera se disfrutarán veinte mil pesetas; a los cuarenta, máximo que se puede calcular de vida oficial, treinta mil, más el tanto por ciento correspondiente al sueldo de Magistrado. Teniendo en consideración que el descuento comprende una quinta parte, los sueldos propuestos están en relación con la capacidad económica del Estado; y el aumento de los mismos no supone más de cuatro o cinco millones de pesetas. Hágase la operación aritmética en vista del número de funcionarios, y seguramente nuestro cálculo resultará exagerado. No se pide nada extraordinario, y así nos figuramos pensarán el Sr. Bertrán y Musitu, quien, si no recordamos mal, en discurso pronunciado en la Academia de Jurisprudencia propugnó porque en España se instaurase el sistema inglés: «Pocos Jueces y admirablemente retribuidos», fué su lema.

Sin llegar a trascendentales reformas que la práctica aconseja, como son la de la categoría personal y el aumento por quinquenios o cuatrienios en los sueldos, lo que concluiría con el pavoroso problema de los traslados, es indudable que de momento precisa la elevación de los sueldos, sin que a la nación pudiera parecerle despilfarro ni excesivo, ya que todos los ciudadanos están convencidos de la necesidad de que se nos pague espléndidamente.

La categoría personal como sistema, además del económico, llevaría a emancipar los altos cargos del caciquismo político, terminando con la elección de Presidentes y Fiscales por el Poder ejecutivo, ya que estos cargos serían desempeñados, o bien por los más antiguos, o, como preconizaban Montero Ríos y García Prieto, por elección de los compañeros de las demás Audiencias; bien es verdad que no precisa esta hipótesis para establecer tal forma de nombramientos que la opinión ansía, pues la misión de la Magistratura no tiene paridad con la gubernativa, y, por tanto, no son resortes de gobierno necesarios para la buena marcha del Estado.

Con ello se concluiría una de las armas del caciquismo en la actualidad; son más frecuentes de lo que fuese de desear, dada la severidad de la función, los nombramientos de Jueces especiales, que abarcan dos incisos, o bien desposeer de la jurisdicción en determinada causa al Juez, nombrando uno especial para la misma, o bien designarle para otro partido, y tras lo legal y facultad adjectiva ocultase muchas veces la pasión, el alarde de poderío, el ir y venir de los que manejan los distritos, con lo que la situación del funcionario, por lo menos, es desairada

(1) Véase el núm. 815.