El Foro español (Madrid. 1898) (1918-11-02 00:00:00), página 2

Posteriormente hemos recibido otra carta del señor Zapatero, en la que nos comunica que, según noticias que acababa de recibir, los huérfanos del desgraciado Pérez Fontán, habían salido de Burgos para Madrid, el anterior día 24, yendo acompañados por el benemérito Oficial Luis Sánchez. Los compañeros del Sr. Pérez Fontán fueron advertidos de la marcha el día precedente; pero, sin duda, no pudieron asistir, pues estuvieron a despedir a los huérfanos, solamente los magistrados señores Plá y Fente, los letrados señores Valero y Tena y el Secretario del Juzgado Sr. Irau.

De la lator legislativa del Sr. Ossorio.

Enmienda a los proyectos de ley.

BASES 17, 19 Y ADICIONAL DE LA LEY ORGÁNICA

(Conclusión.)

La incongruencia se ratifica y amplía cuando se trata de las Audiencias de Madrid y de Barcelona y del Tribunal Supremo, ya que de cada dos plazas, una se reserva para la oposición libre entre Letrados.

C) La Base 19 se ocupa de los oficiales de Sala pero no de los demás oficiales y auxiliares de las secretarías de justicia. De suerte que la curia, tal cual hoy está organizada y con todo lo que ese concepto lleva de amorfo, de anárquico y de alarmante, subsiste por voluntad expresa del legislador, no obstante el clamor unánime de la sociedad española.

Por cierto que el exigir la condición de Letrado para ser oficial de Sala no es muy enaltecedor para los Abogados, ya que se rebaja su título a la modestísima función de hacer notificaciones. La probanza de la aptitud pudiera subsistir sin necesidad del título de Licenciado. Mejor cabría decir que es inconcebible exigir a quien tiene título de Abogado que pruebe su aptitud para notificar una providencia o entregar unos autos a un procurador.

D) Nada se había tampoco de los gastos de material, de modo que prevalecerá todavía la singular situación presente en que el Secretario sufragará el material, paga el personal, trabaja de baile en lo penal, en lo gubernativo, en la estadística, en los pleitos de pobres, etc., etc., y ha de resarcirse de todo eso esgrimiendo el Arancel frente a los litigantes ricos, cada día más escasos.

E) Semejantes estragos históricos se agravan en el proyecto, porque desde que éste sea ley, el Secretario de Juzgado ya no intervendrá en los juicios de mayor cuantía. Puede afirmarse que, con la innovación, desaparecen sus ingresos casi en absoluto. O se le condena a muerte por inanición o se le empuja a la inmoralidad. Basta leer los aranceles aplicables a los juicios de cuantía inferior a 5.000 pesetas para convencerse de tan grande verdad.

Para que todo cuanto hasta aquí va dicho tenga la respetabilísima sanción del Senado, ha incluido este en su proyecto una Base adicional que, aun dejando muchísimos puntos sin resolver (entre ellos todos los atinentes a la organización), establece los sueldos para los secretarios y para los oficiales de Justicia, pero aplaza la implantación de la reforma para cuando el Gobierno considere llegado el caso de acordar la supresión de los aranceles. Cincuenta años hace que se está brindando igual eufemismo a las inquietudes del pueblo español. Y cabe preguntar: si el Parlamento no cree llegada la ocasión de imponer al Gobierno esa reforma ahora que se amplía y nacionaliza nuestra vida económica, ahora que en Ejército, en Marina, en Fomento y en Instrucción se acometen enormes gastos que la realidad exige, ahora que se proyectan empréstitos cuantiosos, ahora que el país entero reacciona con ansias de un vivir discreto y práctico ¿cuándo habrá de esperarse ocasión más adecuada ni qué Gobierno tendrá mayor autoridad que el actual para acometer el empeño?

El dilema no es sorteable: o el Gobierno piensa que el sistema arancelario es el mejor, en cuyo caso debe repudiar rotundamente la Base adicional, o estima que la Base es atendible, en cuyo caso debe aplicarla sin demora, persuadido de que nunca serán las circunstancias tan propicias ni se reunirá en un Gabinete mayor suma de autoridad.

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El Diputado que suscribe entiende (y lo tiene defendido y publicado desde hace muchos años) que la solución total de este problema requiere -aparte de la simplificación de procedimientos, de que no hay por qué hablar ahora-una organización completa del Secretariado; la creación de un Cuerpo de oficiales de Justicia; la regulación de los gastos del material atendidos por el Estado y el establecimiento de un régimen transitorio para pasar del antiguo al nuevo sistema sin lesionar derechos legítimos.

Para ello somete al estudio de la Comisión las siguientes Bases, con las cuales pudieran ser modificadas la 17, 19 y la adicional que vienen aprobadas por el Senado.

Secretariado judicial.

1.º El Cuerpo se constituirá con los secretarios de Juzgado municipal de las poblaciones en que haya Juzgado de término y de Madrid y Barcelona; secretarios de los Juzgados de primera instancia de entrada, ascenso y término, vicesecretarios y secretarios de Audiencias provinciales; secretarios de Sala y de Gobierno de las Audiencias territoriales, actuales habituados de dichas Secretarías, a quienes podrá llamarse secretarios sustitutos; secretarios