El Foro español (Madrid. 1898) (1922-07-31 00:00:00), página 5

hubieran dejado de percibir, sin perjuicio de las responsabilidades en que hubieren podido incurrir por otros conceptos.

Para fijar el valor del patrimonio se atenderá únicamente al que tengan los bienes ya inscritos a favor del titular que se acoga a los beneficios de esta ley en el Registro donde solicite la nueva inscripción, y al que haya servido de base para la liquidación del impuesto de Derechos reales respecto de los bienes que se trata de inscribir.

Art. 2.º La inscripción de las fincas comprendidas en el artículo anterior se realizará en virtud de los documentos admitidos en la legislación hipotecaria, y producirá los efectos en la misma determinados, con las adiciones y variaciones que impliquen los artículos siguientes.

Art. 3.º La posesión jurídica podrá acreditarse por su titular ante Notario competente mediante la aportación de los documentos que el último estime suficientes y la declaración de dos propietarios co- lindantes o vecinos del término municipal donde radique la finca que sean contribuyentes por territorial. Los Notarios responderán subsidiariamente de los perjuicios ocasionados a terceras personas por haber admitido documentos notoriamente insuficientes para los fines indicados o testigos que se dedi- ren habitualmente a prestar testimonios análogos.

Si fuera objeto de la posesión una porción indivisa o un derecho real sobre predio ajeno, deberán firmar el acta de posesión los copartícipes o titulares respectivos.

Art. 4.º Para que puedan ser inscritos en el Regis- tro, de la propiedad sin el requisito de la previa inscripción a favor del otorgante o constituyente los documentos fehacientes en cuanto a su fecha, relati- vos al dominio o a un derecho real sobre fincas, será necesario:

1.º Que el dominio o derecho real no aparezca es- pecial o implícitamente inscrito a favor de otra per- sona.

2.º Que el mismo documento, si es auténtico, o el hecho que le haya convertido en fehaciente, según el art. 1,227 del Código civil, sea anterior en cinco años, por lo menos, a la fecha del asiento de presen- tación de la solicitud en que se pida la inscripción.

3.º Que aparezca legitimada la adquisición del dominio o derecho a la realización de actos o fun- ciones que normalmente corresponden al propietario, titular o poseedor jurídico, como el pago de contribuciones, el ejercicio de acciones judiciales u otras análogas.

Art. 5.º Las informaciones posesorias judiciales se ajustarán a lo establecido en la ley Hipotecaria, con las modificaciones siguientes:

1.ª La solicitud promoviendo el expediente no necesitará ir acompañada de la certificación expedi- da por el Registro de la propiedad.

2.ª En el caso de existir alguna inscripción no definitiva, anotación preventiva o asiento relativo a la posesión de finca o derecho real que contradiga la posesión acreditada o sea incompatible con los tér- minos en que la misma se haya justificado, el Registrador suspenderá la inscripción, tomando anotación preventiva, si se solicita, y remitirá copia del asiento al Juez o Tribunal que haya aprobado la información.

El Juez o Tribunal comunicará el expediente a los titulares, según el Registro, y con su audiencia con- firmará o revocará el auto de aprobación del expe- diente.

3.ª Si la inscripción contradictoria fuera definiti- va y de dominio o derecho real, el Registrador de- negará la inscripción solicitada y el interesado po- drá reclamar por los trámites del juicio verbal que se declare la extinción de aquélla por nulidad, can- cellación o transferencia. También podrá solicitar la inscripción de la posesión acreditada con las cargas o Derechos reales que aparezcan en el Registro.

Las dos últimas reglas de este artículo se aplicarán, por analogía, a los casos en que la posesión se haya justificado por acta notarial, siendo competen- te para la ulterior tramitación el Juez o Tribunal del lugar en que estén situados los bienes.

Art. 6.º Los Tribunales municipales serán com- petentes, por lo que respecta a los patrimonios cuyo valor global no exceda de 1.500 pesetas:

1.º Para tramitar y resolver los expedientes y pleitos que tengan por finalidad la extensión de un asiento hipotecario.

2.º Para tramitar y aprobar los actos de jurisdic- ción voluntaria siguientes:

A) Nombramiento de defensor al hijo de familia en caso de incompatibilidad de intereses con el pa- dre o madre que ejerza la patria potestad.

B) Autorización para enajenar bienes y derechos de menores o transigir sobre aquéllos.

C) Posesión judicial de fincas inscritas con arre- glo al art. 41 de la ley Hipotecaria.

D) Deslindes y amojonamientos.

E) Apeos y prorratores.

F) Designación de las personas que hayan de re- presentar a la que haya desaparecido, en el supuesto del art. 181 del Código civil.

G) Informaciones para perpetuar memoria.

3.º Para declarar herederos ab intestato a los descendientes o ascendientes del finado, y aprobar las participaciones de los bienes relictos por el mis- mo cuando la ley exija dicho requisito.

Quedan exceptuados los casos en que se haya pro- movido juicio universal.

Las cuestiones de carácter contencioso a que se refiere esta ley, se tramitarán con sujeción a las nor- mas del juicio declarativo verbal.

Los actos de jurisdicción voluntaria a que se refie- re el presente artículo, se tramitarán con las garan- tías prescritas en la ley de Enjuiciamiento civil, salvo en lo que se refiere en su forma, que, en lo posi- ble, será verbal, y terminarán con la redacción de un acta de aprobación, en la que deberán consignar- se los requisitos necesarios.

Caso de hacerse contencioso el expediente, se aplicará lo dispuesto en el artículo anterior.