El Foro español (Madrid. 1898) (1918-06-30 00:00:00), página 8

causante. Se dedicará también a convenir, si es posible, el modo de inventariar, liquidar y partir este caudal, y, cuando menos, a dejar designados en virtud de acuerdo, o preparado su nombramiento por el Juez, al contador o los contadores-partidores, cuando este cargo no haya de ser desempeñado por personas que el causante hubiere elegido. Se designarán además algunos de los interesados para que intervengan la formación del inventario. Los contadores, dentro del plazo que señala la Junta, deberán presentar el proyecto completo de las operaciones de inventario, liquidación, división y adjudicación. La segunda Junta, después de exhibido este proyecto a los interesados en la Secretaría del Juzgado, estará dedicada a que éstos deliberen, según el orden que fijará la ley, y opten entre aprobar el proyecto particional, enmendarlo o desaprobarlo, entera o parcialmente. Respecto de los asuntos que no queden resueltos por válido acuerdo, todas las desavenencias de los interesados habrán de ser ventiladas y sentenciadas en un solo juicio declarativo de mayor cuantía, para cuya interposición señalará la ley breve plazo desde que la Junta termine; de modo que, salvos los acuerdos de esta y otras conformidades que se logren fuera de ella, los pronunciamientos de la ejecutoria final del pleito ordinario dejen resueltas todas las cuestiones de juicio universal y ultimadas las operaciones divisorias.

15. La convocatoria y deliberación de acreedores sobre quita o espera, a instancia de deudor que no sea comerciante, ni esté declarado en concurso, serán reguladas de manera que no entorpezcan las acciones de cada uno de aquéllos.

Se ordenará la constitución y la celebración de la Junta de acreedores, se fijarán los requisitos para la validez de los acuerdos, delimitando la eficacia obligatoria de los mismos, y se señalarán plazos y procedimientos para que los acreedores discordes hagan valer sus derechos.

16. La declaración del estado del concurso a instancia del deudor o de los acreedores, corresponderá al Juzgado de partido, con apelación a la Audiencia provincial. Al juicio de concurso serán convocados, además de los acreedores, conocidos o desconocidos, la esposa del deudor o los causahabientes de ella, los dueños de peculio encomendado al deudor y, en general, cuantos tuvieran o pretendieran tener mezclados o confundidos con los del deudor bienes o haberes al tiempo de constituirse éste en concurso.

Los trámites esenciales del juicio universal, a reserva del declarativo de que, en su caso, haya de entender la Audiencia territorial, quedaran reducidos, salvo necesidad extraordinaria, a convocar y celebrar, bajo la presidencia del Juez, dos consecutivas Juntas generales de interesados. Estas Juntas serán análogas, por sus respectivos fines, a las que previene la base 14 para el juicio de liquidación y división de herencia, con las variantes y adaptaciones que cuadran a la diversidad de los asuntos. La primera de ambas Juntas no se dará por terminada sin que hayan aceptado sus cargos el Síndico o los Síndicos liquidadores y sus suplentes, con plazo conocido para formar y presentar al Juzgado el proyecto razonado y completo de inventario del activo, eliminación de pertenencias de terceros, reconocimiento de créditos, graduación y plan de realizaciones o adjudicaciones con las cuales se haya de solventar el pasivo. Instruidos de este proyecto en la Secretaría, los interesados deliberarán en la segunda Junta sobre la aprobación, la enmienda o la desaprobación total o parcial del mismo, y cuantas divergencias queden sin resolver por virtud de acuerdos valederos se deberán ventilar y sentenciar en el juicio ordinario del modo establecido antes para las divisiones sucesorias.

17. Las suspensiones de pagos de las Compañías o Empresas de ferrocarriles y demás obras del servicio público general, provincial o municipal a quienes se refiere el art. 930 del Código de Comercio, se regirán por las disposiciones de la ley de 20 de Diciembre de 1914. El procedimiento para las suspensiones de pagos de las demás Sociedades mercantiles y de los comerciantes serán ordenados en cabal conformidad con el Código de Comercio. Se definirán los inmediatos efectos del estado de suspensión, en términos de que corrijan las prácticas abusivas notadas en casos tales, y al nombramiento inmediato de uno o tres Interventores asistirá el Ministerio fiscal y los acreedores que, sin desatender la perentoriedad, puedan ser convocados.

Será también inmediata la convocatoria de la Junta general de los acreedores para deliberar sobre la propuesta del deudor, deliberación que la ley regulará fijando los requisitos para los acuerdos, el alcance obligatorio de éstos y las reservas e impugnaciones permitidas a los acreedores.

Estas, y en general las contiendas sobre validez, permanencia o caducidad del convenio entre el deudor y acreedores, serán juzgadas por la Audiencia territorial en juicio declarativo. Por lo demás, el procedimiento de las suspensiones de pagos y de ejecución del convenio radicará en el Juzgado del partido, con apelación ante la Audiencia provincial.

18. La declaración del estado de quiebra de los comerciantes, a instancia suya, de acreedores o de oficio, estará atribuida a los Jueces de partido, y podrá ser impugnada por parte legítima, con apelación, cuyos efectos en los distintos casos regulará la ley, para ante las Audiencias provinciales. El nombramiento de depositario de la quiebra se hará entre las prevenciones y los aseguramientos inmediatos, con asistencia del Ministerio fiscal y de los acreedores, que sin retardar el acuerdo puedan tenerla.

(Continuará.)