El Foro español (Madrid. 1898) (1918-09-15 00:00:00), página 6

De la labor legislativa del Sr. Ossorio

El Sr. Ossorio y Gallardo, que es un prodigio de labiosidad y una especialidad en el arte de hacer cundir el tiempo, multiplicando su actividad incansable en múltiples fases de la vida, y muy particularmente en lo que afecta a la vida del Derecho y al bien de los Abogados, sus compañeros, ha preparado varias enmiendas a los proyectos de reformas de las leyes Orgánicas y de procedimientos pendientes de aprobación en el Congreso, que, además de indicar un estudio y conocimiento profundos del asunto, revelan en él una independencia de carácter y de criterio, muy de apreciar en estos tiempos de ductibilidad en que la disciplina en política se entiende en el sentido de no decir más que "sí" o "no", según las órdenes recibidas, y eso aun sin precisión de presenciar las discusiones y con sólo acudir a la hora en que los timbres llaman a votación. Todo el fervor y adhesión prestadas por el Sr. Ossorio al Sr. Maura, principal autor de las reformas que se proyectan, no han bastado a contener los vuelos de su privilegiada inteligencia para hacer saber su opinión. Y como estimamos que a nuestros lectores ha de interesar muy mucho tenerla presente, a continuación empezamos a publicar las referidas enmiendas, así como antes lo hicimos de los informes emitidos por el Presidente de la Federación de Abogados de España, Sr. Rodríguez de Rivera, en nombre de esta importante entidad.

Dicen así:

BASE 4.ª DE LA LEY ORGÁNICA

Sin hipérbole puede decirse que es unánime en España la opinión en contra de la actual organización de las Diputaciones provinciales, a las que, con razón, se repite como depositarias del espíritu de bandera, servidores de las minúsculas pasiones locales, archivos de la caciquería y trincheras para burlar todas las leyes y escapar a todas las sanciones. Los tratadistas y los hombres de Estado inclinan desde hace mucho tiempo a la supresión de tales organismos, o a modificarlos de manera tan transcendental que casi a su extinción equivale.

Con tales antecedentes, no parece acertado sostener la actual constitución de los Tribunales provinciales de lo contencioso-administrativo, manteniendo en ellos la presencia de dos Diputados que no pueden aportar otras cualidades sino aquellas desdichadísimas que caracterizan a la Corporación de que proceden. La ficción jurídica de que significan un conocimiento específico del Derecho administrativo, poco cultivado por los Magistrados, no convence ya a nadie. En primer lugar, el hecho de ser Diputado provincial no da conocimientos administrativos, sino anclas de servir al distrito que se represente o al partido político en que se milita. En segundo término, la gran mayoría de los Diputados provinciales llamados al Tribunal está constituida por Licenciados en Derecho que jamás ejercieron la profesión, y que si la ejercieran serían aún menos de fiar, por los inevitables prejuicios de simpatía o animadversión que el compañerismo habría puesto en ellos. Y, por último, como en todas las resoluciones del Gobernador que son objeto de pleito ha informado la Comisión provincial, es fatal que los Diputados vayan al Estrado con un partido resuelto y hasta con unas instrucciones de carácter político, a las que no suelen desobedecer.

Ante estas innegables realidades, es lo cierto que los Diputados han venido a ser en la práctica meras figuras decorativas, de las que los Magistrados prescinden sistemáticamente, dejándolos como único camino la posibilidad de formular un voto particular... que tampoco formulan.

Cabría pensar en aportar al Tribunal otros elementos especialmente capacitados para la materia controvertida. Mas no es esto posible ni preciso. No es posible, porque en una capital de provincia—salvo las contadísimas donde existe Facultad de Derecho—no suele haber más especialistas titulados que los Abogados del Estado, los cuales tienen ya su papel transcendental e insustituible desempeñando las funciones del Ministerio fiscal. Y no es preciso, porque la venturosa experiencia de la Sala 3.ª del Tribunal Supremo está demostrando que, para defender al particular de las vejaciones administrativas, basta con que haya en el Tribunal un claro, firme e independiente sentido de justicia, iluminado por el tecnicismo de la fiscalía y de los defensores de las partes.

Por estas consideraciones, el Diputado que suscribe somete al ilustrado juicio de la Comisión la conveniencia de que el Tribunal provincial de lo contencioso-administrativo quede constituido por el Presidente de la Audiencia y dos Magistrados. Para ello, en la base 4.ª, párrafo 6.º, se suprimirían las palabras "con asistencia de dos Diputados provinciales".

BASE 5.ª DE LA LEY ORGÁNICA

No se explica la intervención que en ella se atribuye a dos Diputados provinciales para integrar la Sala de gobierno de las Audiencias, a los efectos de hacer la designación de jurados. Reputadas las Diputaciones como focos de caciquismo, sus individuos llevarán a esa Junta todos los compromisos y preocupaciones del partidismo político, de los remansos electorales y de las luchas de campanario.

Siendo la designación de jurados automática, según prudentemente se estatuye en la regla 2.ª, ni las luce de esos Diputados, ni ninguna otra, serían menester para la designación trimestral. Mas sin duda ellos están colocados allí para intervenir en la aplicación de la regla 3.ª, o sea para "ir eliminando los nombres de aquellos individuos que por sus antecedentes o conducta no merezcan funcionar como jurados, a juicio de la Sala de gobierno." Adviértase que esos Diputados han de ser del partido judicial a que la causa pertenezca, y precisamente "los que mayor número de veces hayan representado a la provincia", esto es, los profesionales de la Diputación, los mismos sujetos en las redes y amarras de la política y de las pasiones locales.

El automatismo de la regla 2.ª permite conocer de antemano quiénes han de ser llamados a formar el Tribunal popular, de suerte que con señalar como sospechosos, usando de la regla 3.ª, a los que no sirvan el interés de los Diputados, quedará el Jurado constituido a gusto de éstos, y, en todo caso, mucho peor de lo que hoy lo está.

En materia tan vidriosa y expuesta a yerro, nada podrían evitar los Magistrados, desconocedores del vecindario de los pueblos; sería arriesgado pedir informes al Juez, quien, desde el momento en que procesó, tiene legítimamente una prevención contra el acusado y ha de reputar sospechosos a cuantos vieran con simpatía su causa; y, en suma, cualesquiera informantes carecerían de autoridad moral y contribuirían a entenebrecer el cuadro, ya hoy bastante obscuro, de la ciudadanía en los estrados. Por eso, lo mejor será, sin duda, admitir el automatismo que marca la regla 2.ª y fijar las exclusiones de los indig-