El Foro español (Madrid. 1898) (1921-11-15 00:00:00), página 4

en el documento. El Tribunal Supremo ha dicho repetidas veces que para determinar la verdadera naturaleza de los actos o contratos no debe atenderse la denominación con que los designen las partes, sino a las estipulaciones que comprendan y a los derechos y obligaciones que en ellos se establezcan. Y esta doctrina parece que pugna con la anterior, porque es el concepto jurídico, y no las palabras de que se hayan valido los contratantes y el testador, lo que debe tenerse en cuenta para demostrar el error.

Sobre este particular nos permitimos transcribir a la letra, por ser muy expresivo y un compendio de la materia, el siguiente párrafo de un escritor francés: «La violación de una cláusula clara y formal de un contrato abre la casación, pero no la falsa interpretación. Otro tanto acontece respecto de los testamentos. [¡Qué distinción tiene lugar en cuanto a los hechos. Su pura comprobación escapa al control del Tribunal Supremo, pero éste puede deducir las consecuencias legales.] Se puede preguntar si esta jurisprudencia es lógica. No se distingue para la ley entre la violación y su falsa interpretación. ¿Por qué distinguirla para la convención y el testamento? Si se asimilan éstos a la ley, ¿por qué no se les asimila enteramente?»

En efecto; en Derecho español el contrato es también ley entre los otorgantes; el testamento, ley dictada por el testador en orden a la sucesión de sus bienes. Si litigan las mismas partes que intervinieron en el contrato o los llamados a la herencia, ¿por qué no ha de interpretar el Tribunal Supremo, en último término, la voluntad de las partes contratantes y la del testador? «Esta cuestión—dice el Sr. Ortiz de Zúñiga—es de más trascendencia de lo que parece.»

Por mi escasa autoridad he de limitarme a expresar que, una vez fijada la existencia y el sentido de los contratos por el Tribunal a quo, sería motivo de casación la falta de aplicación de las cláusulas en el mismo contenidas, porque infringiría el precepto del art. 1.278 del Código civil de que «los contratos son obligatorios, cualquiera que sea la forma en que se hayan celebrado.» Y en cuanto a los testamentos, procedería la casación de las sentencias del Tribunal a quo, si desnaturalizaban sus cláusulas o desconocían los efectos legales que éstas debían producir, porque infringirían el principio de Derecho Dictat testator et erit lex.

Además, lo que hemos dicho antes respecto de los hechos materiales o solemnidades externas de los actos o contratos, debemos repetirlo en cuanto a su contenido. La casación procedería en todos los casos en que la ley ha cuidado de fijar sus caracteres y elementos constitutivos, si, a pesar de no concurrir en los que sean objeto del litigio, el Tribunal a quo apreciase su existencia y consecuencias jurídicas; como sucedería, por ejemplo, en los fideicomisos, de los que dice el Código civil, en su art. 785, que no surtirán efecto si no se hacen de una manera expresa o imponiendo al sustituto la obligación terminante de entregar los bienes a un segundo heredero, y pudiera darse alguna sentencia que llamase a suceder un segundo heredero sin concurrir en la sustitución las condiciones expresadas.

Nuevos motivos de casación.—Si por motivos nuevos se entiende suscitar en la interposición del recurso cuestiones de Derecho que se basen en hechos distintos de los controvertidos y probados en el pleito, estoy conforme en que esto no puede hacerse, porque sería desnaturalizar la acción ejercitada y las excepciones opuestas en la discusión escrita. Pero si con ello se quiere significar que no está prohibida la cita de nuevas leyes y doctrinas como infringidas, cuya aplicación sea más adecuada para la resolución del litigio que las invocadas por las partes o por los Jueces en la primera y segunda instancia, en los fundamentos de Derecho de los escritos o en los considerandos de las sentencias, entendemos desde luego, y sin distinción alguna, que esta es materia propia del recurso de casación. Es, pues, pertinente, y no debe rechazarse como nueva cuestión de Derecho, toda cita legal que esté dentro de la naturaleza jurídica de la acción y la excepción.

Según el testimonio de distinguidos tratadistas extranjeros (Touiller, Carré Boucenne), en el recurso de casación no es un pleito el que se trata de juzgar, sino la sentencia, o mejor dicho, el fallo que le ha puesto término. Sosteniendo algunos que es un pleito entre la sentencia y la ley.

En el supuesto, que no es caprichoso ni traspasa los límites de la verosimilitud, de que las partes y el Juez, en algún caso, no hayan acertado a fundar sus escritos y sentencias en disposiciones de ley o de doctrina verdaderamente aplicables al pleito, no alcanzamos la razón decisiva que pueda impedir que se encauce la cuestión de Derecho en el recurso de casación. La sentencia que en su virtud se dictase no adolecería del vicio de incongruencia, ya que en fuerza de los mismos hechos, aunque otras fueran las leyes que se hubiesen tenido a la vista que las alegadas por las partes, el fallo necesariamente tenía que absolver, condenar o hacer las declaraciones que definitivamente formularon los litigantes en los escritos en que se trabó la litis. De otra parte, es doctrina admitida por la jurisprudencia que no pueden ser base y motivo del recurso leyes o doctrinas que erróneamente se citen o equivocadamente se interpreten en los considerandos o parte expositiva de la sentencia, sino que sólo contra el fallo o parte dispositiva que infringe la ley procede la casación, porque puede éste ser justo y merecer todo respeto, y desacreditar aquellas consideraciones.

En materia criminal, la ley de Enjuiciamiento (artículo 733), en el caso de que por el resultado de las pruebas entiendese el Tribunal que el hecho ha sido calificado con manifiesto error, autoriza al Presidente para invitar al Fiscal y a los defensores del procesado para que les ilustren acerca de si el hecho constituye otro delito del calificado o si existe alguna circunstancia eximente de responsabilidad. Y el Reglamento del procedimiento contencioso administrativo (art. 423) faculta al Tribunal para que, en el