El Foro español (Madrid. 1898) (1921-09-15 00:00:00), página 3

obren los asientos que han de certificarse, medio éste de obtenerlas establecido por Real decreto de 15 de noviembre de 1915, digno en verdad de elogio, por cuanto tiende a facilitar la obtención de tales documentos; mientras que para obtener la legalización notarial hay que andar de ceca en meca buscando Notarios, perdiendo tiempo y paciencia siempre y sufriendo perjuicios muchas veces. Esto aparte de lo costosa que es la legalización en relación con el coste del documento legalizado, porque las certificaciones del Registro civil cuestan dos pesetas con el papel en que se extienden, en tanto que la legalización cuesta, por lo menos, seis pesetas, sin beneficio alguno para el Tesoro.

Expuesto lo que antecede, pecaríamos de injustos si no excluyéramos a la Dirección de los Registros de las censuras que merece la Administración en general por la corruptela que anotamos. De aquel Centro procede el Real decreto, tan bien inspirado, de 15 de noviembre de 1915, y el reglamento de oposiciones a Notarías, que no exige, como es natural, la legalización de las certificaciones justificativas de la edad de los opositores nacidos después del 1 de enero de 1871, que fué cuando empezó a regir la ley del Registro civil, y eso demuestra que aquel Centro tan ilustrado entiende, como nosotros, que es innecesaria la legalización de los expresados documentos para que tengan y se les reconozca completa eficacia en todos los centros y oficinas de la Administración pública. Nace de ellos la presunción de legitimidad cuando aparecen extendidos en forma debida y autorizados por el encargado del Registro de que proceden. Lo excepcional, lo raro, es la falsificación de esos documentos.

El que esto escribe no ha tenido que intervenir en ningún asunto sobre falsificación de certificaciones del Registro civil, durante treinta y tres años que ha desempeñado funciones judiciales.

Claro es que pueden falsificarse esas certificaciones, como todo documento público o privado; pero eso lo mismo puede hacerse con legalización que sin ella. Lo más frecuente de las falsificaciones de documentos públicos consiste en la alteración del contenido de un documento legítimo; y lo que alguna vez ocurre con las certificaciones del Registro, especialmente con las de nacimiento, es hacer uso un individuo de una certificación relativa a otro; pero eso en nada afecta a la legitimidad del documento indebidamente utilizado, ni ese uso indebido de un documento legítimo lo evita la legalización del mismo documento.

De esperar es que ahora que está al frente del Gobierno una ilustre personalidad que ha censurado siempre en tonos energicos y forma elocuente los vicios y las corruptelas de nuestra Administración, se dicte una disposición de carácter general para desterrar la corruptela tan dañosa que denunciamos y sometemos a la consideración de quien puede corregirla.

Basta para ello querer hacerlo, y a este efecto puede cooperar eficazmente un centro tan competente y autorizado como es la Dirección general de los Registros.

X.

Las reformas de mogollón

Nuestro colega Revista de Tribunales llama la atención del propio Ministro de Gracia y Justicia sobre que se acentúan los rumores de que nosotros nos hicimos eco desde el momento en que el doctor en Medicina Sr. Francos Rodríguez fué «preconizado» para la cartera que ocupa, de que tal contrasentido en un Gobierno que se llamó de «técnicos» obedecía al deseo del Sr. Maura de tener un Ministro decorativo que se prestase a la implantación de las mal recibidas reformas de que aquél es autor, que no pasaron la vez anterior y que ahora, con forceps, quiere colocarnos.

Efectivamente; según el tiempo avanza el rumor se acentúa, y hemos salido de las estupendas (otra palabra muy parecida casi en sus tres primeras sílabas sería la más apropiada) del enfatizado Sr. Piñés, y ya estamos amenazados de otras por el estilo del testarudo Sr. Maura.

Aquí «cada maestrillo tiene su librillo», y se empeña, guste o no, sirva o no sirva, en imponerlo, y cada cambio de Gabinete ministerial es un nuevo pugilato de amores propios y terquedades siempre perjudiciales para el país. Un señor, por talentudo que sea, o que se crea, concibe un engendro y hemos de tragarlo, y no desiste de ello aunque tres generaciones seguidas vengan combatiéndolo. Cae del Poder, pero si vuelve y es jefe, quieras o no quieras ha de ser haciendo resurgir el fruto de su tremenda inventiva. En cambio es un político de modestia reconocida o de menos graduación, y su proyecto se entierra al primer tropiezo. El sistema de patentes económicas y supresión de aranceles para hacer la justicia casi gratuita que ideó el Sr. Burgos Mazo y quedó a medio aprobar, así se ha quedado, porque si bien es verdad que favorece al país en general, perjudica a docenas de Secretarios judiciales de las grandes capitales, que son los influyentes, quizá por lo mismo de que a la sombra del Arancel han labrado sus fortunas, que acrecientan de año en año.

No sabemos lo que de leyes entenderá el Sr. Francos Rodríguez; pero si que, como hombre digno, se pondrá, si no lo recuerda, en antecedentes de lo que ocurrió con las decantadas reformas del superhombre Sr. Maura, y no se prestará a hacerle el juego, y aun protestará llegando hasta dejar el cargo si se persuadiera de que, efectivamente, aquél, demasiado vivo, le halagó falsamente con una cartera y con el solo objeto de aprovecharse para sus fines de amor propio de su natural desconocimiento en materias jurídicas.

No, Sr. Maura, no tan vivo, que ya también la clase judicial va reviviendo y atreviéndose, por lo menos, a llamar la atención sobre lo que son sus legítimos y necesarios derechos.