El Foro español (Madrid. 1898) (1921-06-30 00:00:00), página 7

la ciencia y elocuencia del ilustre conferenciante; pero no es posible hacerlo así, porque, además, puestos a escoger y extraer, resultaría que por ser todo de nuestro más completo agrado, acabaríamos por la publicación íntegra del excelente trabajo a que nos referimos, lo que materialmente nos es imposible realizar, y por ello habremos de limitarnos refiriéndonos, por hoy sólo a la primera de dichas conferencias, por no tener lugar para más y porque las otras han de imprimirse, y que ha versado sobre «Reorganización y atribuciones del Tribunal Supremo», habiéndose desarrollado este Tema, tratando:

Primero. De la influencia que viene pesando del Poder ejecutivo sobre el judicial, pues aquel, por medio de decretos, deroga preceptos de carácter imperativo de la ley Orgánica de Tribunales, demostrando esta influencia señaladamente el caso de nombramientos de Secretarios judiciales, que debe hacerse por oposición directa, que hoy ha desaparecido por completo.

Segundo. De la responsabilidad de los Ministros y de los Jueces y de los Magistrados, que exigida por la ley, se ha adoptado un procedimiento que dificulta el que se haga efectiva, ni aun en el orden civil.

Tercero. De la casación constitucional que debería establecerse para que no se aplicasen leyes ordinarias declaradas en oposición a los preceptos de la ley fundamental del Estado.

Cuarto. De la ampliación del recurso contencioso-administrativo a los casos en que el interés particular fuese afectado por resoluciones de trámite o definitivas de la Administración, y conocimiento de estos asuntos por los Tribunales ordinarios.

Quinto. De la creación de un Tribunal de conflictos que entendería de los que suscitase otras autoridades a la jurisdicción ordinaria, interviniendo en la resolución un número igual de Magistrados del Supremo que el de Consejeros de Estado; si no se quiere que en todos los casos las competencias sean decididas por el Tribunal de casación, que por algo se llama Supremo.

Véase lo que escribe sobre el

Nombramiento de los Magistrados del Supremo.

La primera y más esencial condición, no expresada por la ley, pero que necesariamente debe concurrir en todos los jueces y Magistrados, es la de ferviente amor a la justicia. Es necesario que posean la arraigada virtud que dura siempre en las voluntades de los hombres justos, para dar y compartir a cada uno su derecho igualmente, como dice el Rey Sabio en su Código inmortal de las Partidas. La carrera judicial, por la ausencia de que deben observar sus funcionarios, tiene mucho de religión, y en España los que desempeñan sus cargos, además de hacer, entre otros, el voto público de cumplir y hacer cumplir las leyes, han de resignarse a ser humildes y pobres, por la escasa consideración que se les guarda y la modesta asignación que reciben, cosas que afectan a la dignidad e independencia del Juez y Magistrado, y, consiguientemente, al prestigio de la Administración de justicia. En esto dis- tamos mucho de las demás naciones, y sobre todo de Inglaterra, donde los Magistrados del Supremo son Senadores por derecho propio, títulos del Reino, y sus cargos están bien retribuidos (1). Es necesario, para el prestigio de los funcionarios, que los cargos sean en menor número, pero que estén bien dotados, y puede llegarse a este desideratum con una buena organización judicial que ampare plazas y eleve los sueldos.

Además, por lo que hace especialmente al nombramiento de Magistrados del Supremo, en razón a lo elevado de sus atribuciones y a que la casación no constituye una nueva y última instancia y exige un conocimiento más depurado del Derecho y de la buena práctica de los Tribunales, la elección de su personal ha de recaer, principalmente, en funcionarios de la misma carrera, de la categoría inmediata inferior, que se hayan señalado por su ilustración y acierto en los fallos. Pero el Tribunal Supremo no ha de ser, como dice un escritor extranjero: Un compartimenté fermé dans la Magistrature même. Hay que llamar a su seno Abogados que se hayan distinguido en el ejercicio de la profesión, en sus diferentes autoridades (Notarios, Registradores, Secretarios), Catedráticos de Universidad que hayan adquirido merecida celebridad en la enseñanza del Derecho y Jefes superiores de Administración, que sobre ser Leírados hayan ingresado por oposición en sus respectivas carreras. Las aguas que fertilizan la jurisprudencia no deben ser de una sola fuente. Los Abogados, con su necesaria intervención en los negocios, han contribuido directamente a formar esta jurisprudencia; y la ciencia del Derecho en todas sus ramificaciones, el conocimiento de la legislación comparada y de la sociología jurídica, la perfeccionarán, dándole nuevas orientaciones. Y estos últimos conocimientos son cultivados con preferencia por los catedráticos. El Tribunal Supremo ha de ser, en suma, la condensación exacta de la ciencia y de la experiencia jurídica. A este propósito decía el Sr. Alcalá Zamora en su discurso de ingreso en la Academia de Ciencias Morales y Políticas: «Ha de combatirse la unidad de procedencia como garantía de composición de un Tribunal Supremo; sin desconocer que la base de éste ha de estar en gran parte formada por los que adquirieron el hábito de juzgar, olvidándose que es un órgano excesivo de conciencia jurídica nacional; será imposible que responda a este carácter sin abrirle a todas las demás direcciones de la vida jurídica.

La elección de este elevado personal no debe someterse a la voluntad ministerial, aunque se encuentre regulada por la ley. Estamos convencidos del buen deseo que preside en todos los Ministros. Reconocemos que siempre se ha constituido este Tribunal con Magistrados Ilustres por su talento, hecha excepción del que os dirige la palabra, y los pocos nombramientos que se han hecho en Abogados y Catedráticos han recaído en verdaderas lumbreras del Foro y de la Universidad (González Acebedo, Maureira, Aramburu). Pero salvando toda clase de respetos, debemos decir que el actual sistema puede dar ocasión a que presida en la elección el favor político o personal. (Con relación a otro país ha dicho un tratadista en esta materia que il suffit d'avoir été quelques années chef de service dans un ministère pour entrer de plein à la Cour de cassation, sans avoir en de visir l'expérience de choses judiciaires. Si alguno de estos casos se diera en España, habría que excluir con el principio de los poetas latinos: Procul procul este profani.)

El nombramiento hecho a propuesta del Senado, como en los Estados Unidos, o por las dos Cámaras reunidas, como en Suiza, determinaría en España una mayor influencia de la política sobre la Administración de justicia. Hay, pues, que acogerse al sistema preconizado por un escritor extranjero de que sean los mismos Magistrados, los Colegios de Abogados y Notarios, etc., y los Claustros de las Universidades, los que hagan la elección. Esta es también la opinión del señor Alcalá Zamora, que en su citado discurso dice que los Magistrados deben ser escogidos por el Tribunal en su potestad de constituirse, o designados por las categorías de procedencia como selección de las mismas. A ese efecto, deberá previamente señalarse el número de plazas que corresponderá a cada procedencia, como sucede en el Tribunal Contencioso-administrativo, para