El Foro español (Madrid. 1898) (1922-01-15 00:00:00), página 5

PARA EL MINISTRO DE GRACIA Y JUSTICIA

El legislador es un gobernante y el gobierno es provisión. El legislador es reformador y la reforma es oportunidad.

P. y Urrutia.

EXCMO. Sr. D:

Quizá cuando nuestra revista llegue a sus manos ya, el deforme escalafón del Secretariado judicial del año que fina hoy habrá muerto de muerte natural, a pesar de los desafueros cometidos bajo su nefasto amparo.

Es, pues, llegado el momento de que V.E. sepa que el Cuerpo del Secretariado, que se cree perfectamente organizado, después de tantas tentativas para su normal régimen conforme al sistema de antigüedad, resulta más desorganizado que nunca, no por falta de disposiciones legales, sino porque al imperio de la ley lo ha sustituido la estulta rutina burocrática.

Sepa V. E. cómo el escalafón que ordenó formar el Real decreto de 1.º de junio de 1911, todavía está por formar. El confeccionado constituye una burla del decreto y del Secretariado judicial.

En efecto: el decreto ley, en su art. 44, ordenó formar dicho escalafón por orden de antigüedad y categoría; y el empleado, sin duda poco versado en tales asuntos, pues hasta 1912 tan sólo se llevaba una lista en el Negociado, y por consiguiente se desconocía —sin duda— hasta lo más elemental sobre la estructura de tales escalafones, ante la novedad, se lanzó a su formación partiendo de un prejuicio sobre el concepto de la antigüedad única a que se refiere el Real decreto Orgánico en su precitado artículo 44. Y a partir de error tan sustancial, lejos de formar —como sin duda cree— el escalafón llamado a nutrir automáticamente el Cuerpo auxiliar conforme a las disposiciones reguladoras de sus provisiones y ascensos, ha confeccionado, a espaldas de la ley, la máquina con cuyo funcionamiento automáticamente también surgen las provisiones más monstruosas, las más flagrantes injusticias.

Con entrañar todo esto suma gravedad por la suplantación del imperio de la ley, por el absolutismo burocrático, vulnerando a mansalva el derecho de los que la ley en vano ampara, es a nuestro juicio más grave, si cabe, el que los ministros permanezcan cruzados de brazos ante tanto desorden; pues si la doctrina execrable del no gobierno es la característica de la anarquía, esa absurda doctrina es la que viene imperando en la Sección segunda de ese Ministerio, a ciencia y paciencia de ministros públicos o complacientes con los prevaricadores o ineptos.

Esto es intolerable; y en nombre de la mayoría del Secretariado damos en la puerta del templo de Temis el segundo alabanzo, por si logramos despertar de su letargo a los que visten la casaca ministerial, cuyos emblemas entorchados en vano les recuerdan que la alteza de su ministerio les obliga a no confiar sus propios deberes a manos tan torpes como irresponsables, y a no resolver sino con los ojos muy abiertos.

Es preciso imponer sin demora el imperio de la ley, para que el funcionario no pueda decir: El Ministro soy yo.

Pronto hará un año que, impugnando el concepto que sobre la antigüedad sustentaba Gaceta de Tribunales, dimos el primer alabanzo exponiendo el concepto que todos; menos los obstinados en mantener el equívoco, tenemos de la antigüedad a que se refieren los artículos 12 y 44 del precitado Real decreto de 1911; y como no logramos entonces perturbar el sueño letárgico ministerial, habremos de insistir sobre cosa tan sabida que no ignoran ni los porteros.

Si recurrimos a los Diccionarios de la lengua, en uno de los más acreditados encontramos:

«Antigüedad.—Prioridad de tiempo en un destino o cargo.

Antiguo.—Se dice de persona que ha ejercitado un empleo desde hace mucho tiempo.

Dícese también de la persona que ha estado en otra época desempeñando un cargo, y también de la que lleva mucho tiempo en un destino o empleo.

De que se desprende que la antigüedad no dice relación a servicios, sino a tiempo, a la anterioridad en prestarlos.

Como se ve, la antigüedad se refiere siempre al tiempo, a la fecha de posesión; y tanto es así, que se tiene también por antiguo al que ha estado en otra época desempeñando un cargo.

Y no por esto cabe negar la de los que lleven mucho tiempo en su destino; estos la tienen, pero no por la continuidad en los servicios, sino por su antigüedad en principiar a prestarlos.

Si esto no fuera bastante, una mirada al pasado y a la no interrumpida serie de disposiciones publicadas en la Gaceta de Madrid, llevarían a vuestro ánimo el convencimiento sobre que la antigüedad se ha computado por todo menos por lo que pretende la Sección. Por todo menos por los años de servicios; pues se ha computado por la fecha de nombramientos y de títulos académicos; hasta hoy que se determina por la fecha de posesión.

¿Pero a qué continuar? Basta leer el art. 196 de la ley Orgánica del Poder judicial para adquirir el convencimiento de que en tal concepto, como en todos, el funcionarismo anda completamente equivocado y de error en error.

Pues todavía proyecta mayor claridad, si cabe, sobre el particular, la constante Jurisprudencia de la Sala tercera de lo Contencioso Administrativo del Supremo Tribunal sentando la doctrina que sostienen y declarando que sólo se atenderá al mayor tiempo de servicios; cuando fuere igual la fecha de posesión.

Y cuando esto se presenta tan claro, la estulticia burocrática, sin temor a la responsabilidad civil que impone la ley llamada de Maura; que sólo alcanza al superior que apruebe sus desmanes, contra todo y