El Foro español (Madrid. 1898) (1921-05-15 00:00:00), página 4

escarnecido, su propiedad usurpada o su vida en peligro, esa función de la cual es nervio el Secretario judicial, se quiere pagar, por lo que a estos funcionarios se refiere, con declaración de las costas de oficio y condena de los insolventes. Y conste que no discutimos el acierto y la justicia que suele presidir en los fallos de los Tribunales.

Pero reflexionemos: ¿qué se diría de un país en que toda la pleyade de competentes Magistrados, Fiscales, Jueces, Secretarios de las Audiencias, etcétera, que ponen toda su inteligencia y esfuerzos al servicio de los Tribunales en que actúan, tuvieran que esperar a cobrar su trabajo del resultado de los juicios orales y de las apelaciones de asuntos civiles? Pues bien: los juicios orales y las apelaciones de asuntos civiles, ¿qué son más que la acción de juzgar sobre la base de los antecedentes y elementos de juicio suministrados por el sumario y por el pleito? Y estos elementos, ¿no es el Juzgado el que los suministra? Y dentro del Juzgado, ¿quién más que el Juez y su inseparable cooperador, el Secretario judicial, recogen, aquilatan, purifican y sintetizan aquellos elementos, presentándolos preparados al escalpelo del juzgador? Si, pues, a los magistrados, Fiscales, Jueces, etc., se les retribuye su función con independencia del fallo que en tales asuntos recaiga, no acertamos a comprender la razón de existencia del Arancel como medio de pagar a los Secretarios, con los inconvenientes que se derivan del mismo.

¿Qué justifica la excepción del Secretario judicial en cuanto a la remuneración de su trabajo? ¿Por qué ha de sufrir el Secretario del Juzgado, y solamente él, las consecuencias de que no haya reo o los encartados sean insolventes? Por lo menos, ¿por qué no se hace con nosotros lo que con los Alguaciles? Los Alguaciles son de mejor condición que los Secretarios judiciales? Hace cincuenta años que el artículo 580 de la Ley Orgánica dispuso que el Gobierno fijaría la cantidad necesaria para dotar o completar la dotación de los subalternos de los Juzgados y Tribunales cuando no baste lo que les esté señalado como derechos en los Aranceles judiciales. Y, efectivamente, los Gobiernos han cumplido con lo legislado.

Aparte que debiera desaparecer de nuestras leyes toda reminiscencia de confiscación de bienes, para evitar que vengan a sufrir las consecuencias del delito los hijos del delincuente y otras personas que ninguna participación tuvieron en el hecho, es innegable que, en tales actuaciones, el Secretario judicial prestó un servicio que por su naturaleza es facultativo. Y si esto es así, no es lógico que tal servicio deje de pagarse, no debiendo permanecer por más tiempo nuestros emolumentos a merced de que aparezca o no aparezca reo, de que éste sea un insolvente o de que la sociedad aborrezca sus bienes como si fueran objetos de un apestado.

La administración de justicia, lo mismo que la instrucción pública, las comunicaciones, la seguridad y mantenimiento del orden, la higiene, la defensa nacional y otras muchas prestaciones oficiales, en todas sus esferas y grados, son obligaciones inexcusables en la vida del Estado, y son un gasto, no un ingreso; una carga, no un beneficio; y, por tanto, deben retribuirse, prescindiendo de la idea del lucro y de que exista o no compensación entre los ingresos que producen y el coste de su sostenimiento.

Por otra parte, tenemos hecho un contrato bilateral con el Estado, contrato de facio ad des, y tal como están las cosas, hacemos nuestro trabajo sin recibir la prestación que aquél nos debe, único obligado a darla, toda vez que nosotros no trabajamos para los particulares (como no trabajan los Jueces), debiendo desterrarse esta idea. Nuestra función es pública, como pública es la administración de justicia, de la cual forma parte integrante.

Pero se nos argüirá que la compensación o pago de nuestro trabajo se encuentra en los asuntos civiles. Se nos dirá: ahí tenéis un Arancel, crecido en muchos conceptos, que os pagará sobradamente vuestro sacrificio.

Aparte que no deben nunca pagar unos por otros, a esto podremos oponer, con mucho fundamento, que falta la base principal para la aplicación de ese imaginario Arancel; que faltan los asuntos, como demuestran las relaciones juradas remitidas a los Colegios, pues gran parte de sus artículos, como los del Banco Hipotecario, actos de comercio terrestre y marítimo, etc., no tienen aplicación en muchas Secretarías, porque los negocios a que se refieren no se entablan en ellas.

De un detenido estudio que hemos hecho del Arancel, y por la práctica adquirida en nuestro ejercicio profesional, hemos comprobado que carecen de aplicación en muchos Juzgados los artículos del mismo señalados con los números 3, 6, 9, 23, 33, 39 al 58, ambos inclusive; la mayor parte de los cinco grupos de incidentes; el 59 y sus derivados; del 60 al 63 inclusive; 67; del 74 al 81, ambos inclusive; 86, 87, 88, 93, 97, 99, 100, 101, 103, 104 y 106; 107 al 123 inclusive, excepción hecha de algún Juzgado del litoral. La elevación de sus tipos resultará inútil y demostrará una vez más que el problema del Secretariado judicial no es problema de Arancel.

¿A qué queda, pues, reducido tan flamante Arancel en tales Juzgados? Pues sencillamente a algunos juicios declarativos y ejecutivos, interdictos, retratos, alimentos, apelaciones de juicios verbales, declaraciones de herederos, cumplimiento de exhortos y algún expediente de jurisdicción voluntaria.

¿Es esta la forma equitativa de retribuir el enorme trabajo que pesa sobre los Juzgados, en el que el Secretario ejerce la doble función de ser auxiliar y depositario de la fe pública, garantía de la sociedad? Entendemos que no.

En estas condiciones, se deja al funcionario abandonado a su propia suerte, sin preocuparse de si obtiene o no los rendimientos necesarios para su decorosa subsistencia o carece de ellos con detrimento de su dignidad y de su prestigio.

De ese modo viene el desaliento y se truncan sus aspiraciones, después de inauditos esfuerzos por ob-