El Foro español (Madrid. 1898) (1922-02-15 00:00:00), página 6

nal, nada tiene de extraño que no se hayan dictado más disposiciones en su defensa que las contenidas en el Código penal y en la ley de Enjuiciamiento criminal. Pero desde el momento en que el ejercicio de ese derecho encuentra también limitaciones de orden civil, es evidente, no sólo la prerrogativa, sino el deber del Poder ejecutivo y del Parlamento, en sus respectivas competencias, de promulgar las medidas necesarias para armonizar su desenvolvimiento con el de los demás derechos que con él se relacionen.

Todo ciudadano español es libre de dedicar o no su capital a la adquisición de casas, como lo es también, por ejemplo, de fundar o no establecimientos docentes. Pero del mismo modo que si es propietario de un establecimiento de enseñanza la ley le reglamenta sus facultades en aras del derecho de todo ciudadano a que la enseñanza que se le proporcione sea eficaz, así también, si es propietario de inmuebles, la ley puede reglamentarse sus prerrogativas dominicales para garantir el derecho de todo ciudadano a la seguridad de su domicilio.

El Real decreto de 21 de junio de 1920, refrendado por el señor Conde de Bugallal, y el de 19 de octubre último, refrendado por el Sr. Franco Rodríguez, no son otra cosa que un desenvolvimiento reglamentario de ese principio que anima a los artículos 6.º y 9.º de la Constitución, que acabamos de examinar.

Es muy natural que los intereses particulares lesionados con esos Reales decretos, eleven el clamor de la protesta y se haya llegado a decir que son disposiciones de carácter revolucionario, inspiradas en doctrinas contrarias a la propiedad individual.

Las consideraciones anteriores demuestran, sin embargo, que, lejos de inspirarse en doctrinas innovadoras, reflejan un principio jurídico aceptado por la humanidad desde los ábores de la civilización, y que, en definitiva, consolidan disposiciones sobre la propiedad del individuo, porque al garantizar la seguridad del domicilio defienden una de las bases más fundamentales de la libertad individual, que es la fuente del sentimiento de la propiedad privada.

En el Real decreto de 19 de octubre pasado se anuncia un proyecto de ley que tendrá, por su objeto, la naturaleza de una ley orgánica, y sería de desear que para responder a la trascendencia alcanzada en la época actual por el derecho del ciudadano a la seguridad de su hogar no se limitara a reproducir los artículos de los Reales decretos citados, sino que, además, abarcase el problema de la inembargabilidad del domicilio propio y señalese normas para facilitar a todo ciudadano la adquisición del domicilio independiente.

La trascendencia de la cuestión que he esbozado demuestra la importancia y la utilidad de este libro, escrito con admirable claridad y con gran cultura jurídica para informar al público en general de los medios legales que tiene de defender el derecho natural de todo hombre a su libertad individual en una de sus principales manifestaciones: la seguridad del hogar.

Pero si grande es la utilidad del libro que prologamos para la generalidad de los ciudadanos, lo es todavía mayor, hasta el extremo de poderlo calificar de indispensable, para todas aquellas personas que por su profesión piden o administran justicia en las diferencias que surgen cotidianamente entre propietarios e inquilinos.

Magistrados, Jueces, Abogados y Procuradores encontrarán en el mismo, no sólo un comentario completo y una copiosa jurisprudencia que les servirá de norte para aquilatar el sentido y alcance de las disposiciones legales que regulan la materia, sino también una detallada referencia al Derecho extranjero similar, cuyo estudio ha de sugerir a los lectores del libro, por su comparación con el patrio, aquellas reformas que la realidad y la justicia aconsejen para España.

Reciban por ello sus actores mi felicitación más sincera y cariñosa, con el deseo de que su obra contribuya a consolidar en España el sentimiento de la libertad individual.—MANUEL GARCÍA PRIETO.

Ahora bien: para completar este artículo bibliográfico, véase lo que en aquel «Epílogo» escribe el Sr. Barrio y Morayta, y excusamos hacer más recomendación a nuestros lectores.

Dice así:

En agosto de 1920, y a manera de modesto «Prólogo» a la primera edición de esta obra, escribí lo siguiente:

Los autores de este libro me dispensan el honor de pedirme unas líneas para su laudatorio tránsito, y yo, que en otro caso, por lo insignificante de mi persona, habría rehusado esa distinción, muy digna de agradecer, pero que sólo en perjuicio de ellos, por la circunstancia apuntada, hubiera redundado, la acepto, porque lo que me falta de mérito propio, en parte puede suplirlo el ser, aunque inmerecidamente también, Presidente de la ya popular Asociación de Vecinos de Madrid; así, pues, la autoridad de mi opinión no tiene otra causa que la experiencia adquirida en una campaña justísima, no en contra de los legítimos derechos de los propietarios, sino en defensa de los no menos atendibles de los inquilinos.

Y como la labor ministerial objeto de este libro es consecuencia de la lucha sostenida por aquella Asociación y está inspirada en las indicaciones que hicimos a los Gobiernos en la Prensa, en el mitin, en nuestras circulares de propaganda y en las visitas hechas a los Ministros, de aquí que sólo bajo este concepto pueda tener valor el aval que para su excelente librito me piden los Sres. Revuelto y Pérez Amigorena.

Entiendo que, en todo, el 50 por 100 del éxito lo da la oportunidad, y sólo queda por llenar otro 50 con la bondad de la obra; pero si ésta es buena en un 100 por 100, resultará que el triunfo viene asegurado en un 150 por 100, y esto es lo que sucede respecto al libro de que nos ocupamos.