El Foro español (Madrid. 1898) (1920-11-15 00:00:00), página 7

Estampado en la ley el principio del valor del interés como base del recurso, aunque en franca manera privilegiaria para la Administración y con la cortapis más o menos eficaz de la interpretación de la Sala, no cabe ya duda de que el interés del particular tiene doctrinalmente franco el paso al recurso jurisdiccional; no al de plena jurisdicción, que descansa siempre en lo jurídico y exigirá la lesión del derecho preexistente, sino al de nulidad, en que la potestad se reduce a la declaración de invalidez del acto que agravia por abuso de poder en la Administración. Y por la fuerza de la lógica en el desarrollo del principio, ya no se detiene la tendencia en que haste el interés particular y definido para cimentar el recurso, sino que siendo éste garantía contra el abuso de la Administración, contrariando, desconociendo o equivocando lo conducente a su fin, que es la utilidad pública, y dado el concepto actual del Derecho administrativo, el recurso se enderezaba a enfrentar el poder obligándolo a volver a la legalidad para que dentro de ella resuelva en el fondo, y de tal recurso no sólo podrá ser fundamento el interés directo y definido individualmente al particular reclamante, sino el interés generalizado y difuso tal como el de un vecino cabeza de familia en ciertos acuerdos municipales dañosos al vecindario, acabando—y es la tendencia más nueva—en recurso en pro de la legalidad y de acción popular.

Parécese que con exceso se ha extremado el desenvolvimiento de la tesis, mirando más a la zona abstracta de los principios que a la realidad, siempre compleja y a menudo impura, donde las circunstancias heterogéneas y multiformes imponen límites y reservas que no se tienen en cuenta en el mundo del pensamiento. Declaro, sin embargo, que con aquella amplitud se bosaquea el recurso de nulidad por autoridades eminentes y que sin salir de nuestra patria hay varios precedentes en tal sentido, de importancia excepcional. Mas antes de exponerlos y fundamentar mi opinión contraria a tal latitud en el recurso, hay que enlazar este punto con el inseparable de la individualización del interés o del derecho vulnerado.

El párrafo tercero del art. 2.º de la ley de lo Contencioso desenmuelle el precepto del núm. 3.º del artículo 1.º, según más arriba lo he transcritto, como consecuencia de la naturaleza del recurso de plena jurisdicción. En efecto, la contencioso-administrativa, si ha de revisar un expediente a que pone término un acto administrativo para en definitiva confirmarlo o revocarlo, no tendrá título para tanto en los principios, sino en virtud de una solicitud específica basada en el agravio de un derecho individualizado. Porque no se olvide que la Administración tiene por ministerio servir la utilidad de los más y de ella es la genuina representante y a su consecución se endereza su actividad, por lo que no fuera lógico ni oportuno que sus actos se sometieran a revisión de otra potestad, por instancia o acción de quien habría de atribuirse la personificación del servicio público, ostentando en parangón con la Administración una representación evidentemente usurpada, pues que la de la utilidad general se conviene en que es misión y atributo de aquella, en cuanto Poder del Estado. Por otra parte, notese que se habla, no de la legalidad general y la justicia externa, que vedan la actuación arbitraria, contra la cual se justifique la demanda basada en el interés público, al efecto de corregir los deseos por exceso de la potestad, sin entrar en el fondo; se trata precisamente de sustituir por fueros de justicia una resolución de la Administración por otra que se reputa más jurídica, y a tanto sólo puede llegarse acudiendo con agravio real de un derecho para ejercitar la garantía que supone el recurso de plena jurisdicción. Bástese, en cambio, al de nulidad por abuso de poder—que sólo pretende encarrilar la actividad de la Administración y sin entrar en el fondo del asunto—que el agraviado sea un interés, aunque no haya cristalizado en la forma de lo jurídico, y entiendo que así como en el recurso contencioso de fondo se exige la existencia de un derecho individualizado, en el recurso de nulidad ha de ser particularizado también el interés que se ostente para ejercitar tal acción. En contra de esta opinión mía, antes he indicado que está la moderna tendencia de hacer valedor del recurso de nulidad, por abuso de poder, el interés generalizado, inconcreto, difuso, y he aludido a precedentes que lealmente debo exponer (1). En el proyecto de reforma presentado a las Cortes en 1901 por D. Alfonso González, decía su art. 220 que todos los habitantes o propietarios de un término municipal tenían acción y derecho para reclamar contra los acuerdos de las autoridades administrativas; y el art. 224 preceptuaba la posibilidad de entablar recursos contra acuerdos de los Alcaldes, Ayuntamientos y Juntas municipales, por los que por ellos se consideren perjudicados en sus derechos o intereses particulares. La base 11.ª del proyecto de ley del Sr. Maura (1903), consignaba que cualquier vecino, a título de su sola participación en el interés comunal, podría entablar y sustentar recurso por quebrantamiento de ley, aun cuando no alegase lesión en derecho adquirido antes. El art. 18 del proyecto del señor La Cierva (1907) quedó al cabo redactado diciendo que todos los habitantes de un término municipal tienen acción para reclamar ante los Tribunales de justicia contra acuerdos de los Ayuntamientos o de las respectivas comisiones permanentes que consideren ilegítimos o lesivos para su derecho; y el art. 238 (246 del dictamen del Senado) determinaba que causarían estado los acuerdos de los Ayuntamientos y Alcaldes en asuntos de Administración local señalados a la exclusiva competencia municipal, y que el recurso procedente sería el contencioso-administrativo ante el Tribunal provincial, conforme a la ley vigente; pero entendiéndose autorizado el recurso, ora por lesión del derecho del reclamante, ora por infracción de disposiciones con fuerza legal cuya observancia pide cualquier vecino, aunque no conste agraviado individualmente en su derecho. Por último, las bases 2.ª y 19.ª del proyecto suscrito por el Sr. Barroso (1912), reproducían lo fundamental de los arts. 18 y 238 del proyecto del señor La Cierva.

(Continuará.)

LA MEMORIA DEL FISCAL (2)

Cierta que ha de hacerse una aclaración: estos nombramientos de políticos resultaban sumamente perjudiciales cuando eran destinados a tan augustas funciones en territorios donde su actuación política y profesional les había servido de escalón para el ingreso; en cambio, alejados de él, como los caciques no utilizan los tonitos como auxiliares, se incorporaban a la masa neutra, la que domina en las dos carreras, que permanece en los pueblos aislada, sin salirse del círculo de la familia, que no tiene partidas de billar, tresillo o ajedrez, ni pertenece a ningún círculo exclusivamente de recreo, único medio de conservar su independencia y respetabilidad, de no hacerse incompatible a los pocos meses, y en una palabra, de administrar pronta, recta y cumplida justicia a todos los ciudadanos, sin disfacción.

No hay para qué decir que el art. 5.º del Real decreto de 22 de diciembre de 1902, Real orden aclaratoria de 14 de enero de 1903 y los artículos 1.º y 2.º del Real decreto de 14 de marzo de 1907, que prohibieron cursar las solicitudes que en lo sucesivo se presentaran sobre ingreso de Abogados en la carrera judicial, fueron per-

(1) Cito por la referida interesantísima conferencia del Sr. Gascon y Maxin, antes relacionada, que sintetiza e modula de mis propios propios los preceptos proyectados.
(2) Véase el número anterior.