El Foro español (Madrid. 1898) (1922-05-15 00:00:00), página 2

ñecos de la antigua farsa, que pretenden hacer del ejecutivo una ficción más, son los últimos intentos de algo que desaparece. ¿Qué influencia ejercen cerca del Poder judicial?

Precisa preguntarnos: «Pero ¿existe?» Montesquieu afirmó que la buena marcha del Estado requería la coexistencia de los tres mencionados, equilibrados por un cuarto, al que llamó y sigue denominándose moderador.

El Poder existe en virtud de una necesidad. Indudable que los diversos intereses económicos producen una colisión de derechos al chocar; siempre se dará este postulado, igual en las sociedades primitivas, en el clan, en la tribu, que en la moderna; en repúblicas que en monarquías; en Estados socialistas —como lo demuestra la organización de la justicia rusa, aunque en su forma sea apasionada al sólo admitir como órgano de ella una clase, la trabajadora, y en su fondo equivocada al huir del tecnicismo sin tener en cuenta el ejemplo de la revolución francesa, que si formó buenos legisladores, produjo nefastos jueces que individualistas. La pasión humana pone trágicas notas en el comercio de la vida; luego ha de juzgarse, decidirse, sentenciarse, construyéndose el silogismo, cuya premisa mayor es la ley; la menor, el hecho; la consecuencia, el fallo. Si la Historia lo demuestra, la vida lo asevera; república de Platón, falanserios de Tomás Moro, vida que es lucha y requiere sometimiento a otros hombres que decidan y juzguen.

La Historia, la Filosofía, la Ciencia, la ajena experiencia, enseña la perenne existencia de juegadores. Éstos han de formar un conjunto orgánico; indefectiblemente surge un poder para interpretar el derecho, para aplicarlo, y en algunos países, como Suiza, que ha llevado a la práctica casi el ideal científico, por la perfectibilidad de sus leyes, para que él llene las lagunas o deficiencias de las leyes; así, en el artículo primero del Código civil suizo se conceden al juzgador facultades legislativas para el caso de que, tratando de resolver una cuestión, no hubiere precepto escrito ni costumbre, pues se le dice: «Dictará la ley, como si fuera el encargado de formarla.»

Dada su alta misión, han de constituir un poder con propias facultades, medios adecuados para el fin, sin más subordinación que a la ley y al deber. La encarnación o expresión más perfecta la encontramos en la Magistratura inglesa, donde todas sus leyes dejan un chico margen para que la equidad imperie y el derecho sea manómetro del hecho.

En España, repetimos, ¿existe el Poder judicial? Explanaremos la respuesta en próximo artículo. Mientras tanto, piensen todos que vigorizarlo, engrandecerlo, independizarlo, es laborar por cada individualidad; el anatema no es remedio ni receta; sí el corregir sus deficiencias.

ALFONSO R. DÍRANGUBT.
Juez de primera instancia.

El recurso de casación civil (1)

Sentencias recaídas en los incidentes de previo y especial pronunciamiento.—Las que estiman las declaraciones solicitadas con este carácter, tienen el concepto de definitivas, según la jurisprudencia, a los efectos de admitirse contra ellas el recurso de casación; y se les niega esta consideración a las que declaran no haber lugar a que se hagan estos pronunciamientos previamente a la tramitación de la cuestión principal del pleito.

Este distinto criterio, según se resuelva el artículo en uno u otro sentido, se separa del principio de igualdad de derechos que debe existir entre las partes dentro de un mismo procedimiento. Se funda, en mi sentir equivocadamente, en el precepto del número 1.º del art. 1.690 de la ley de Enjuiciamiento civil, porque el curso del pleito puede continuar si el incidente es desestimado. Las textuales palabras del número y artículo citados dicen que sólo tienen el concepto de definitivas las sentencias que, recayendo sobre un incidente o artículo, pongan término al pleito haciendo imposible su continuación; y la verdad es que tampoco el pleito termina por incompetencia del Juez, falta de personalidad del demandante, de su procurador o del demandado, o por defecto legal en el modo de proponer la demanda; porque algunas de estas faltas son subsanables y el pleito continuará entonces ante el Juez que se estime competente. Además, la ley de Enjuiciamiento civil, en su art. 539, dispone, sin distinción, que consentido o ejecutoriado el auto en que se desestimen las excepciones dilatorias, se contestará la demanda, y es evidente que no existiendo el consentimiento, el auto en que se declara la competencia del Juez o se afirma la personalidad de las partes no es ejecutorio, porque procede contra el mismo, en su tiempo y lugar, el recurso de casación en la forma, con arreglo a los números 2.º y 6.º del art. 1.693 de la repetida ley de Enjuiciamiento civil.

Entendemos, por consiguiente, que debe reformar-

(1) Véase el núm. 816.