El Foro español (Madrid. 1898) (1919-10-31 00:00:00), página 5

fuere la explicación razón suficiente—el auto dictado.

El primer elemento que ofrece el acta es el relacionado con el hecho de hablar de la pena al Tribunal del Jurado. En realidad, es ocioso argumentar sobre ello, porque bien fácil es conocerla, incluso por los relatos que la Prensa publica antes de la celebración del juicio o porque los mismos jurados lo averigüen, hojeando el Código y viendo cuál corresponde al delito de que van a conocer.

Es, en efecto, cierto que la ley del Jurado en su artículo 61 impone al Secretario omitir la lectura de la conclusión que afecta a la pena y lo mismo el 64 pero ni este artículo, ni ningún otro, prohibe expresamente, terminante ni categóricamente, que el defensor en su informe pueda indicarla. El espíritu de la ley, no es el de que el Jurado desconozca ese requisito del juicio, sino que como el juicio ante el Tribunal del Jurado hasta el momento de leerse el veredicto votado, se refiere exclusivamente a hechos y elementos, para determinar en qué artículo del Código están comprendidos los que se juzgan, huelga toda base o elemento jurídico que cual, el de aplicación de la sanción, corresponde al Tribunal de derecho, sin que sea lícito que esa desvinculación procesal, lleve anexa como obligatoria la imposición de silencio respecto a la conclusión quinta.

Interpretando rectamente la ley, pudo el Letrado Sr. Serrano Batanero, hablar de la pena al Tribunal del Jurado y que ésta no es una opinión casuística y personal, lo demuestran las razones alegadas y lo que acordó, como decía muy acertadamente el señor Letrado procesado, la cláusula 18 de la sección de procedimiento criminal del Congreso de Abogados celebrado en San Sebastián en su sesión de conclusiones del día 8 de Septiembre de 1917, y cuyos términos son los siguientes:

"3.º El Congreso acuerda que se eleve una exposición al Ministro de Gracia y Justicia para que éste o el Fiscal del Supremo, o los dos, por medio de una circular o de una Real orden, digan a los señores Presidentes de las Salas, que «como la ley de Enjuiciamiento criminal y la del Jurado, no prohíben hablar de la pena y conocerla es elemento sustancial de juicio para el Tribunal del Jurado, es arbitrario cohibir la libertad de la defensa o de la acusación prohibiéndolas enunciar el carácter, tipo y cuantía de la sanción que se demanda y argüir sobre ella en pro o en contra.»

Los términos concretos con que se expresan hombres que encarnan la vida jurídica del país, da inmensa autoridad a la opinión manteneda; sin que contra esa argumentada doctrina se presente otra basada en un artículo o precepto legal que autorice a pensar lo contrario.

Queda, pues, desvanecido el primer elemento que sirvió para explicar la aplicación de un apercibimiento de corrección disciplinaria; que motivó la inquietud o predisposición que no puede refejar un acta y que explica lo ocurrido después, en forma bien concreta: un Letrado, asistido de una inmensa autoridad moral que en defensa de un ser hace uso de un derecho y expone una doctrina; enfrente un Presidente, revestido de autoridad, que amparado por la letra escrita, siente mermados sus prestigios por no aceptarse una doctrina contraria; como consecuencia una controversia y como derivación, la autoridad impuesta por la letra de la ley, que apercibe de una corrección a la autoridad moral, amparada por la interpretación científica de la doctrina procesal.

Fuera del acta engendróse seguramente una actitud de inquietante prevención en contra de quien sentía mermados los medios de defensa que en beneficio de un reo y pobre, hacia uno de los miembros del foro madrileño, con un desinterés tan inmenso, que era él—el Letrado que hoy sufre los rigores de un procesamiento—, el único que cumplía deberes de altruismo; era el único que ningún beneficio obtenía por su trabajo y cooperación en la función augusta de administrar justicia.

Estudiemos el segundo extremo del acta y llegamos al momento que preceptúa el art. 90 de la ley del Jurado, que pone fin al juicio de hecho, para entrar en el de derecho y es, en este momento, cuando utilizando el derecho que concede el art. 113 de la ley, pudo el defensor, como lo hizo, pedir sin razón ni fundamento, la revisión, sin que, como pone el acta en labios del señor Presidente de la Sección primera sea necesario oír al Fiscal previamente sobre ese extremo, ya que el texto de la ley dice concretamente: «Una vez formulada—la petición de someter la causa a conocimiento de nuevo Jurado—el Tribunal de derecho acordará en el acto lo que estime procedente».

Era, por tanto, atinada la protesta del Letrado por la infracción de ese art. 113 de la ley.

Insistió en su protesta el Letrado, y sintiéndose desamparado y desatendido en el ejercicio de sus funciones de defensor hizo uso del derecho que le concede el art. 25 de los Estatutos, acudiendo de momento en queja al excelentísimo señor Presidente de la Audiencia Territorial por si entendía de aplicación alguna de las facultades que le conceden los casos 1.º, 2.º, 11, 13 y 15 del art. 584 de la ley Orgánica y avisando por teléfono a la autoridad indiscutible de su Decano por si, a su vez, entendía era de observancia el caso 11 del art. 37 de los Estatutos de los Colegios de Abogados y efectuado, y cumpliendo lo que se le ordenó por el ilustre sabio y bondadoso señor Magistrado que preside esta Audiencia Territorial volvió a ocupar su puesto inmediatamente. Así lo dice el acta.

No consta en acta que el Presidente del Tribunal ordenase por vez primera al Letrado Sr. Serrano Batanero que no abandonase la Sala de Audiencia, y queda reducida la cuestión a discutir el uso que puedan hacer los Abogados de la facultad que le conceden sus Estatutos, en su artículo 25, sin que exista precepto que prohíba conceder la venia, por lo que se entra en el tema difícil de plantear, e imposible de resolver, de la delimitación de facultades, cuestión