El Foro español (Madrid. 1898) (1920-08-15 00:00:00), página 3

trándose de verdad numeradamente las instancias, todo el que solicite servir en Baleares y Canarias sea destinado cuando por ese riguroso turno le corresponda, publicándose en el Boletín Oficial del Ministerio de Gracia y Justicia solicitudes y destinos con sus indicados números.

* * *

Cuando un Magistrado o Juez víctima de atentado no sucumbe porque sus asesinos no pudieron rematarle, a pesar de que nadie les contraviere ni nadie defendiera al atacado, es decir, cuando la víctima se salva milagrosamente de la muerte... no se le acreditan en nómina haberes del tiempo que su curación excede al que por licencia es concedido. También esto es, más que injusto, de inconcebible crueldad material y moral. Parece imposible que tal cosa ocurra; pero... ocurre, y no se puede arreglar sólo con el Boletín Oficial del Ministerio. Hay que decretar algo así como que el funcionario que se halle o en lo sucesivo se hallare en el caso aludido, continúe considerado prestando servicio, y como en comisión se le abonen las dietas y gastos de curación correspondientes, y aún mejor, se le asigne la cantidad de 50 pesetas diarias en concepto de hospitalidad. No es una gran cosa, y a la gracia de este fenomenal privilegio seguramente que nadie aspira; mas el que tenga la desdicha que actualmente padece el Juez de Tarrasa, síquiera que cobre puntualmente el sueldo sin dificultad. Ya que nada se le dé, que nada se le quite.

* * *

Autorícese o deníguese de una vez para siempre la unión de los funcionarios judiciales, resolviéndose la instancia que el Magistrado D. Luis Zapatero tiene presentada y duerme el sueño (de justos, claro es) en que la dejaron Ministros anteriores del actual.

Es urgente hacer legalmente lo que no hay razón ni siquiera natural posibilidad de prohibir.

Muchos que administran la justicia a todos, mueren pobres. Ellos, que toda su vida decidieron sobre la propiedad y todos los derechos de los demás, fallecen sin bienes. Sus esposas y numerosos hijos—desgraciadamente y por este otro abandono de un Estado que, miserable, inhumanamente regatea a la Justicia, mal pagada, economiza cuanto es desprendido en lo que no debe—quedan en lamentable desamparo sin suficientes medios de subsistir decorosamente. Necesitan auxilio. Nadie hay que se lo preste; y, ¿quién van a acudir en socorro de los pobres huérfanos de un Magistrado sino los compañeros de profesión, a quienes, aunque no se quiera, une y asocia la misma suerte, idéntico destino, igual infi- tunio y desventura, contra la que, no evitada por otros medios, no sirve dictar prohibitivas órdenes de Gobierno? Así se ha hecho, se está haciendo y se hará; pero mal, muy mal, porque sin organización, sin medios, sin preparación, sin más compromiso que el que espontáneo surge del conocimiento de la desgracia, que hasta quienes la sufren procuran ocultar, ya que viudas y huérfanos de Magistrados sienten vergüenza en confesar pobreza y nombre, no son cuantos debieran los que de ello se enteran y el socorro tardío alcanza proporciones exigüas. Se trata, por ejemplo, de entregar un día de haber cada funcionario, y cuesta un gran trabajo la suscripción, recaudación y remesa de lo poco que se logra traer a contribución. Aunque sólo fuera por estas razones de humanidad y misericordia, sea el actual Ministro de Gracia y Justicia quien otorgue la gracia y la justicia de autorizar la Asociación. Así descansaríamos todos. Yo también pensé lo escrito mientras no trabajaba; y descansando he machacado estas granzas.

José María de la Llave.

Una nueva Sala en el Tribunal Supremo.

En los nuevos Presupuestos del vigente año económico, cuya cifra de gastos se eleva a más de dos mil cuatrocientos millones de pesetas, figuran las obligaciones civiles del Ministerio de Gracia y Justicia con poco más de treinta y cinco millones; resulta, por tanto, una cifra verdaderamente insignificante y que indudablemente nos coloca entre los países del mundo civilizado que gastan menos en la Administración de justicia, siendo ésta una de las funciones reconocidas por todas las escuelas y doctrinas políticas como esencial y privativa de los Estados.

La garantía más eficaz que la sociedad puede tener es una buena Administración de justicia; si el ciudadano sabe que en su país los Tribunales han de fallar con arreglo al derecho preestablecido, no sólo sus cuestiones privadas con particulares, sino con el Poder público, tendrá un poco de paciencia, porque sabrá de antemano que la conciliación de su derecho será cosa pasajera. Mas si esa confianza no se tiene, si la Justicia es deficiente, y a más de deficiente lenta, será motivo por sí sólo más que suficiente para que se anarquice cada vez más el país en donde el particular sólo puede tener confianza en sus propias fuerzas o en combinaciones maquiavélicas.

Y el secreto de la buena Administración de justicia nos lo ha dado resuelto desde hace muchísimo tiempo Inglaterra, dotando con excelentes sueldos a su Magistratura, que la pone a cubierto, no sólo de posibles ataques a su honorabilidad, sino también al abrigo de sospechas, en ocasiones más perjudiciales que el cohecho mismo.

El pueblo español, o mejor sus políticos, no quieren convencerse de ello. En la orgía de este Presupuesto, en donde se ha repartido a manos llenas el dinero para empleados cuyas funciones no pueden equipararse a las de la Administración de justicia, el Congreso, ya se recordará, anduvo bien reacio a conceder mezquinos aumentos que el Senado supo corregir.

Y como el Sr. Garnica, al pasar por el Ministerio de Gracia y Justicia, no supo defender a la Administración de Justicia española, y buena prueba lo que