El Foro español (Madrid. 1898) (1921-12-15 00:00:00), página 3

y sin consideración social, impropia de hombres cultos como lo sois; duro, pues, Secretarios antiguos, los que, a pesar de vuestros años gastados en una profesión sin remuneración ni brillo, conserváis aún el corazón de niño, dispuesto a sumarse a toda obra buena con arrestos juveniles; juntémonos todos y partamos el duro sillar que entorpece nuestra marcha progresiva.

BERNARDINO GASCÓN Y MARÍN

Una prueba más a favor del régimen de antigüedad en el Poder judicial.

El derecho de libre emisión del pensamiento por la Prensa, como modalidad del genérico libertad de conciencia, reconocido con carácter de individual por las Constituciones políticas de los pueblos, faculta a todo ciudadano y extranjero la exposición de sus ideas. Y si todo ciudadano y extranjero goza de semejante derecho, creemos que con mayor razón podrán hacer uso de él los hombres que, sirviendo al Estado con la idoneidad que le dan sus títulos académicos y experiencia de la vida legal, ejercen funciones públicas, dirigiendo los asuntos que deben relacionarse con el bien común desde el punto de vista general o nacional, principalmente aquellos que vienen constituidos en autoridades. Aunque el exclusivismo y limitación de nuestra legislación no les abre cauces para cooperar en la forma que pudieran hacerlo aprovechando las enseñanzas de sus opiniones, fruto de la teoría y de la práctica, no por eso se les cierra las puertas a la libre emisión de sus pensamientos; pues al igual que el resto de sus ciudadanos, pueden servirse de los órganos de publicidad creados. El día que se constituyan los Parlamentos técnicos al lado de los actuales, para que en unión de éstos cooperen a la función legislativa, seguramente se llevarán aquéllos un grupo seleccionado de funcionarios de cada ramo. Mientras tanto, a lo más que se ha llegado en España ha sido a cambiar las Juntas de defensa militares en Comisiones técnicas de información. Desde luego el Poder público, a impulsos de lustres parlamentarios, las ha reconocido existencia legal. Si ello ha sido un acierto o no, si han dado estos o aquellos resultados, nos abstengamos de enjuiciar acerca de ello, por ser asunto extraño a nuestro propósito y finalidad.

Lo que no puede negarse es que lo más selecto en el orden intelectual figura en el Estado, viviendo de su presupuesto en concepto de funcionario público, salvando una docena de hombres cumbres a quienes la fortuna les permite vivir por cuenta propia, sin que necesiten del Estado, después de haber pasado el primer período de su vida también viviendo del Estado (Salmerón, catedrático; Silvela, oficial letrado del Consejo de Estado, etc.); pues el trabajo intelectual puede decirse que, en el estado actual de nuestra civilización, sólo lo utiliza el Estado, y si por un acaso éste prescindiera de él, ya podrían considerarse condenados al hambre la mayoría, de momento, y a la larga, suprimidos los hombres de libros y estudios, por la sencilla razón de que no encontrarían ambiente para vivir: por el exceso de intelectuales, de un lado, y la escasa demanda de sus trabajos por parte de la colectividad, de otro; porque no hay que formarse ilusiones, pues el aspecto material de la vida nos hace ser así. Y si todavía avanzamos más y aplicamos un criterio de honestidad, estableciendo un régimen de incompatibilidades, que habría de conducir por fuerza a una mejor y más igualitaria distribución del presupuesto de gastos que la sociedad acota para retribuir el trabajo intelectual, muy precaria habrá de ser la situación de muchos que hoy perciben crecidas retribuciones por sus trabajos intelectuales.

Hecha la presente salvedad, no cabe duda que la ilustración del funcionario público ha de ser utilísima si se busca su cooperación. Con su cultura y enseñanza, adquiridas mediante la aplicación de las leyes en la práctica, acaso tengan superior autoridad para informar: a los poderes públicos, ilustrar la opinión, protestar contra el abuso, puntualizar la arbitrariedad, demandar su corrección y hacer notorios los anhelos y aspiraciones de su clase, llamando la atención de los hombres públicos con aquel respeto que requieren sus elevadas jerarquías oficiales, ejercitando ante ellos el derecho de petición bajo la forma cortés de la súplica, utilizando el órgano de la prensa periódica.

Apoyándonos en tan ortodoxa doctrina legal y en el Código de la cortesía, dentro del que pedimos toda clase de perdones para las personas, podemos cumplir con el deber de patriotismo de ocuparnos del tema de los ascensos en la carrera judicial, en virtud de la actualidad que le da uno hecho en reciente fecha.

El caso es el siguiente: un señor, objeto de todos nuestros respetos, dignísimo por todos conceptos, como lo son la totalidad de Jueces y Magistrados, que no rebasa el nivel intelectual, cultural y meritorio de la generalidad para que se le pueda incluir en la región de lo extraordinario, ni que tampoco está por debajo de dicho nivel para que se le pueda reputar como de calidad inferior, ingresa en la Judicatura, en 5 de enero de 1911, por el cuarto turno, y no por oposición. Es de notar que el año 1911 se cubrían las vacantes de los Juzgados de entrada con gentes que no eran de oposición, en combinación con los aprobados en las oposiciones de 1909 y 1910, que por cierto de 55 plazas que se anunciaron se cubrieron 54, siendo el número de opositores solicitantes 1.119. Pues bien: a pesar de haber opositores aprobados en el año 1911 en número bastante para cubrir las vacantes, se incluían por la puerta falsa, entre los aspirantes aprobados, gentes que no fueron aprobadas, llegando a darse el caso de ingresar opositores no aprobados, por el cuarto turno, antes que opositores que fueron aprobados, dándose prueba con ello de la postergación del mérito. Tales fueron las circunstancias en que se encontraba la Judicatura el año 1911, en que hizo su ingreso.