El Foro español (Madrid. 1898) (1919-09-30 00:00:00), página 3

En cuanto a aquélla, respetuoso con la institución, de la que dice encierra un alto sentido jurídico y democrático, propone que el Tribunal se constituya por mitad con los que la ley llama cabezas de familia y capacidades, pues de esta suerte, sin restringir el número de los llamados a la función de juzgar, se elevaría al nivel de cultura del Tribunal popular.

Respecto a la competencia propende, con razón, por que se haga una revisión de la lista de los delitos cuya represión le corresponde, estableciéndola menos genéricamente y procurando, hasta donde sea posible, llegar a la designación específica, para poner lo que ha de ser objeto de su juicio en relación con la psicología y el nivel medio de cultura sociales.

Y termina este punto con una ligera referencia acerca de la actuación del Jurado frente a los delitos cometidos en la propaganda y ejecución de doctrinas socialistas y a pretexto de reivindicaciones obreras, respecto a lo cual, se concreta a indicar que se está en camino de estudiar y decidir si convendrá que el Tribunal se constituya en provincia o comarca distinta de aquella en que se cometieron los hechos.

Con permiso del disertante y de los que, según expresa, piensan tomar este atajo, voy a indicar el camino que considero directo para llegar a la deseada meta.

El hecho cierto, notorio, innegable es que el Jurado, en Barcelona, absuelve sistemáticamente, desde hace algunos años a los autores de cuantos crímenes se cometen con ocasión o motivo de las huelgas, por alevosos y repugnantes que sean; sus consecuencias son la impunidad garantida por anticipado a los criminales y el terror influyendo en jurados y testigos y hasta en las mismas víctimas de los hechos.

El remedio no hay que buscarlo por caminos tortuosos puesto que lo tiene la ley establecido. Para atribuir el conocimiento de tales delitos al Jurado de distinta comarca, sería necesaria una medida legislativa, puesto que es la ley la que regula la competencia; esto aparte de que es de suponer lo que haría el Jurado de la otra provincia en cumplimiento de la nueva misión que se le encomendaba.

Es notorio que los jurados, en la mayor parte de los casos, absuelven a los culpables por temor a las coacciones y amenazas de que son objeto, y ello es muy humano porque les falta el valor profesional.

La hermana de la Caridad que se estremece a la vista de un ratón, desafía heroica las balas en los campos de batalla y las epidemias en los hospitales; el teniente de la anécdota temblaba nervioso en el combate, pero estaba en su sitio; el Magistrado que ha jurado cumplir el deber de aplicar la ley, la aplica aún arriesgando su vida; pero el jurado que acude al Tribunal a la fuerza y por no incurrir en multa, que generalmente no se explica por qué le llaman a juzgar siendo así que hay funcionarios, por el pagado, para realizar esta misión, y que no tiene espíritu de clase, carece en absoluto del valor que adorna a quienes voluntariamente han escogido una profesión o han jurado una bandera. Y esta carencia de valor, que se traduce en claudicación ante las amenazas, el mismo efecto producirá en la provincia donde los crímenes se cometen que en otra lejana.

No; no es ese el camino para atajar el mal; el camino directo consiste en la suspensión temporal del Jurado en el territorio de la Audiencia. Este es el resorte que la ley tiene establecido para cuando ocurra lo que está ocurriendo hace años con escándalo y alarma de la opinión, y el no haberlo aplicado oportunamente ha constituido y constituye una falta de buen gobierno, debida a verdadera flaqueza de espíritu de nuestros hombres públicos.

Anatematiza el disertante el duelo, expresión de la justicia individualista, y con tal motivo examina la eficacia de la intervención del Estado para la reparación de las ofensas al honor, indicando algunas reformas legales, entre ellas, la de acrisolar los preceptos del Código penal en un tamiz más fino, abarcando modalidades más frecuentes en tales delitos y la muy acertada de que para su castigo se proceda de oficio mediante la denuncia del agraviado, yendo en este punto de acuerdo con lo que se propuso en el proyecto de reformas pendiente de aprobación en el Congreso.

Dedica especial atención a los de calumnia e injuria por medio de la Prensa periódica, cuya misión enaltece, mostrándose en sumo grado respetuoso con su libertad y atributos; y para dar mayor eficacia a la actuación judicial en la represión de esta clase de delitos, propone la promulgación de una ley especial sobre difamación, en la que se establezcan penas personales, incluso la de inhabilitación para el ejercicio de la profesión, prohibiendo temporalmente la publicación de escritos con la firma del periodista inhabilitado, y recomienda el estudio de la creación de un Tribunal especial semejante al de la ley de 22 de Julio de 1912. De esta suerte considera que quedaría más garantido el honor personal, cediendo ello en mayor prestigio de la Prensa digna y honrada.

Bajo el epígrafe de «Justicia societaria» trata de la justicia de grupo, atentatoria en definitiva a la potestad del Estado y enervadora en grano máximo de la jurisdicción penal, entendiéndolo por tal la que abusivamente practica aquella parte del elemento obrero que, por medio de huelgas injustificadas, mantiene en continua zozobra a la sociedad y la que, regulada por la ley, es ejercitada por los Tribunales de honor.

Respetuoso con la libertad de asociación y de coligación para fines lícitos y con el sentimiento del honor de toda colectividad, reconoce como legítima la jurisdicción de las Asociaciones para reprimir las faltas de los asociados que ataquen a sus fines y acepta en principio la intervención de aquellos tribunales; pero critica acerbamente sus excesos cuanto su actuación traspasa los límites del fin social de la entidad o aparece con una liga harto impura de egoísmo de grupo que atropella el sentido inmanen-