El Foro español (Madrid. 1898) (1918-03-15 00:00:00), página 3

años y para los Magistrados a los setenta. Los trasladados sólo se harán a petición propia o a consecuencia de expediente aprobado en Consejo de Ministros.

3.a Supresión de las Audiencias territoriales. Las Audiencias serán provinciales todas, y habrá una en cada capital de provincia y otra en Tetuán. Cada Audiencia provincial tendrá las secciones de lo civil y de lo criminal que sean necesarias.

4.a Los Presidentes de las Audiencias serán nombrados por mayoría de votos de los Magistrados de su Audiencia y de los Jueces pertenecientes al territorio de la misma. Los Presidentes de sección serán nombrados por los Magistrados de la sección respectiva. Igual procedimiento se seguirá para los funcionarios del Ministerio fiscal.

5.a Supresión de los Aranceles judiciales. Los Secretarios judiciales serán retribuidos por el Estado, e ingresarán por oposición.

6.a Responsabilidad judicial, exigida o por el Senado o por un Tribunal especial formado por tres Magistrados o tres Jueces, los más antiguos, según la categoría del acusado, y por los Decanos de los Colegios de Abogados y notarial de la provincia respectiva.

7.a El Tribunal Supremo se compondrá de tres Salas, con cinco Magistrados cada una. La Sala de lo civil tendrá dos secciones: una de Derecho común y otra de Derecho foral, con cinco Magistrados y tres, respectivamente.

8.a Habrá un Fiscal y un Teniente fiscal en el Tribunal Supremo y en cada una de las Audiencias, y los Abogados fiscales que sean necesarios.

9.a Los Jueces de primera instancia y los de instrucción de cada localidad o distrito, se sustituirán recíprocamente en ausencias, enfermedades, etc. Nunca lo podrán ser por los inferiores en categoría.

10. El Juzgado municipal en las capitales de provincia y poblaciones de más de 10.000 habitantes, será la primera categoría de la carrera judicial, con un carácter especial. Conocerán en primera instancia, en lo civil, de los asuntos cuya cuantía no exceda de 2.500 pesetas.

11. Supresión de los Aranceles municipales en dichos Juzgados. Los Secretarios de los Juzgados municipales serán retribuidos por el Estado en esas poblaciones, e ingresarán por oposición.

12. Aumento de sueldos en la siguiente forma: Jueces de entrada o Fiscales asimilados, 7.000 pesetas; Jueces de ascenso o Fiscales asimilados, 8.000; Jueces de término o Fiscales asimilados, 9.000; Magistrados de Audiencia, 12.000; Magistrados del Tribunal Supremo, 16.000.

13. El Fiscal municipal en las poblaciones indicadas en la base 10, será Promotor fiscal del Juzgado superior respectivo. Pertenece a la carrera fiscal necesariamente.

14. Los viajes de los funcionarios judiciales serán satisfechos por el Estado en los casos de ascenso, traslado o comisión del servicio.

15. Revisión de los expedientes de los Jueces y Magistrados que habiendo ingresado por turno distinto de la oposición, no han desempeñado Juzgado de primera instancia o de instrucción un año, por lo menos.

16. Supresión de las agregaciones de los funcionarios judiciales o fiscales al Ministerio de Gracia y Justicia, Fiscalía del Tribunal Supremo, etc.

17. Reforma de las leyes orgánicas del Poder judicial, de Enjuiciamiento civil y de Enjuiciamiento criminal. Revisión del Código civil. Publicación oficial y legal de los Apéndices al Código civil para su vigencia en las regiones forales.

Un hombre ilustre, con el propósito de descuajar el caciquismo, implantó la vigente ley Municipal, que no curó mal alguno, pero sí empeoró la situación creada. Son hoy Jueces municipales los mismos hombres que antes lo eran, y son instrumentos de los mismos caciques, que gozan ahora de una mayor impunidad en sus malas artes, porque no sale del radio de acción del caciquismo, limitando la actuación en la apelación ante los respectivos Jueces de partido. No cabe negar el buen propósito y la excelencia de la idea; pero, demostrada su inoficacia, se impone la reforma de la ley y la ampliación de los recursos a la casación en materia civil.

Aparte esas aspiraciones, no omitirá la Federación de Abogados medio alguno para que, conforme vayan constituyéndose las agrupaciones territoriales, soliciten de los respectivos Colegios de Abogados, como se ha efectuado ya y obtenido del de Madrid, hasta efectuarlo en todos los de España, la celebración de Juntas generales extraordinarias para la modificación de los Estatutos, cumpliéndose en tanto los preceptos de los actuales, singularmente en la parte relacionada con los cargos de sus Juntas directivas, declarándose vacantes aquéllas que estuvieren desempeñadas por Abogados que no ejerciesen actualmente la profesión y procediéndose a convocar la elección correspondiente, y sin que pueda impedir el cumplimiento de ese precepto las funciones preeminentes que en otros organismos pudieran desempeñar las personas que los ocupan nominalmente, y que con toda seguridad tuvieron la delicadeza de dimitir en momento oportuno.

Será muy sensible aceptar esas dimisiones, pero con ellas se cumplirá la ley escrita, que a todos obliga, y mareadamente a los que desempeñan elevadas funciones.

Reproduzco nuestra creencia, mejor aún, nuestra seguridad, de que seremos atendidos en nuestra petición, y que en breve plazo podrá V. E. someter a la aprobación de S. M. el Rey las leyes y demás fuerza y eficacia legal a los citados artículos 31 y 32 que dejó expuesto, y que constituyen, más que aspiración nuestra, un anhelo de la opinión, cuyas quejas vienen reproduciéndose, poniendo de manifiesto un malestar nacional que el Gobierno, por su significación, es el llamado a remediar.

Esta Federación, en cumplimiento de sus Estatutos, estará siempre dispuesta a ceder y ayudar a cualquier ini