El Foro español (Madrid. 1898) (1920-06-15 00:00:00), página 6

berá remitírsela antes de pedir su inclusión en la tasación de costas, al efecto de obtener la conformidad o solucionar conciliatoriamente las discrepancias que existan sobre la procedencia o cuantía de los honorarios fijados. Si transcurriesen cinco días desde la fecha en que se remitió la minuta sin lograrse avencencia, podrán los Letrados acudir a la tasación o impugnación judicial o someter el asunto a la decisión de la Junta de gobierno, siempre que lo hagan en término de cinco días y con expresa autorización de sus respectivos clientes, en la que éstos se comprometan a estar y pasar por lo que la Junta resuelva.

En tal caso, la Junta, previa audiencia de los Letrados, dictará la resolución que estime justa en el término de treinta días, comunicándosele seguidamente a los mismos, y, además, a instancia de cualquiera de ellos, al Juzgado o Tribunal donde radiquen los autos.

En todo caso, la Junta de gobierno tendrá la obligación de dar su parecer, por vía de informe, o resolver en sentido arbitral, toda cuestión de honorarios que la consulten o sometan los Letrados, las partes o el Letrado y la parte entre quienes pudiera producirse divergencia de apreciación.

Los dictámenes y resoluciones de la Junta en todas estas materias, omitiendo la expresión de nombres, se tendrán de manifiesto en la Secretaría y se publicarán en el Boletín del Colegio, para que puedan servir de norma a los Letrados en la regulación de sus honorarios.

CAPÍTULO IV
DE LA JURISDICCIÓN DISCIPLINARIA.

Art. 26. Se impondrán a los colegiales, por los actos que realicen u omisiones en que incurran en el ejercicio o con motivo de la profesión, y por cualesquiera otros actos u omisiones contrarios a la honorabilidad de la clase o a los respetos debidos a sus compañeros, las siguientes correcciones:

Primera. Apercibimiento por oficio.
Segunda. Reprensión privada.
Tercera. Reprensión pública, dando cuenta a los Jueces y Tribunales.
Cuarta. Suspensión del ejercicio de Abogacía por un plazo que no exceda de seis meses.
Quinta. Suspensión del ejercicio de la Abogacía por más de seis meses y menos de un año.

La imposición de las cuatro primeras correcciones se acordará por la Junta de gobierno, previa la formación de expediente, en que será oído el culpable, permitiéndole aportar pruebas y defenderse por sí mismo o por medio de otro compañero, necesitándose, para que haya acuerdo, mayoría de votos de los individuos de la Junta de gobierno.

Contra estos acuerdos no se dará recurso alguno. La suspensión por más de seis meses sólo podrá imponerla el Tribunal a que se refiere el art. 98, por el procedimiento que en el mismo se establece.

Art. 27. Podrá ser acordada la expulsión del colegial, en los casos siguientes:
a) Cuando fuese condenado en sentencia firme por delito estimado en el concepto público, según el juicio del Tribunal a que se refiere el siguiente artículo, como infamante o afrontoso.
b) Cuando por reiteradas y graves faltas de decoro profesional, algunas de las cuales hubiese sido corregida ya con suspensión mayor de seis meses, se hiciese indigno de pertenecer al Colegio de Abogados.
El colegial podrá defenderse por escrito en el expediente que al efecto instruya la Junta, aportará las pruebas que interesen a su derecho dentro de los plazos que se le señalen, y si quisiere alegará oralmente, por sí mismo o por medio de otro compañero, ante el Tribunal aludido.

Art. 28. La suspensión por un plazo mayor de seis meses, así como la expulsión, serán acordadas, en votación secreta, por un Tribunal compuesto de Junta de gobierno y 18 Vocales, designados por insaculación de entre aquellos colegiales que se hallen en las siguientes categorías: cuatro con condiciones estatutarias para ser elegidos Diputado 1.º y 2.º del Colegio; cuatro con las condiciones que se requieren para ser Diputado 3.º y 4.º; cuatro con las condiciones exigidas para ser Diputado 5.º y 6.º, y seis no ejercientes; todos ellos con residencia en Madrid.

La insaculación de estos Vocales y la de un número igual de suplentes con idénticas condiciones, se realizará en la Junta general dedicada a la elección de la Junta de gobierno y a continuación de haber sido proclamada ésta. La renovación se hará por mitad cada dos años.

Para que exista acuerdo de expulsión o suspensión por más de seis meses, será necesaria la presencia de las dos terceras partes de los individuos que deban componer el Tribunal, y el voto condonatorio de 14, mitad más uno del total de sus componentes.

Aunque el Tribunal no acuerde la suspensión por más de seis meses ni la expulsión, quedará a salvo la competencia de la Junta de gobierno para imponer al colegial, sin más trámites y dentro del límite de sus facultades, la corrección que estime justa.

Contra el acuerdo de expulsión podrá el condenado interponer, dentro del término de quinto día, recurso de revisión para un nuevo Tribunal, integrado por todos los miembros del anterior y además por 10 colegiales designados libremente por el interesado y otros 18 insaculados al efecto entre colegiales, en la misma proporción y con idénticas condiciones que las señaladas para los Vocales del primer Tribunal.

Esta insaculación se realizará por la Junta de gobierno, con citación del interesado, dentro de los quince días siguientes a la apelación.

El acuerdo de expulsión habrá de adoptarse en votación secreta, con la presencia de las dos terceras partes que deban componer el Tribunal de revisión y el voto conforme de 28 de sus componentes.

La asistencia a estos Tribunales será obligatoria para todos los individuos, cualquiera que sea el origen de su designación, salvo caso de evidente imposibilidad, que apreciará el Tribunal mismo, llamando entonces a actuar a uno de los suplentes. Los designados por el interesado no serán sustituidos.

El hecho de no tomar parte en la votación será castigado por la Junta de gobierno con una multa de 1.000 pesetas, y el no abonar esta en el plazo de un mes se reputará, caso de negativa, a levantar las cargas del Colegio, y recibirá la sanción disciplinaria correspondiente.

Mientras no recaiga acuerdo ejecutorio se respetarán en toda su integridad los derechos y funciones del colegial contra quien se dirija el expediente.

TÍTULO II
De la Junta de gobierno.

Art. 29. Al frente del Colegio de Abogados habrá una Junta de gobierno, que estará constituida por un Decano, seis Diputados, un Tesorero y un Secretario Contador.

Art. 30. La Junta de gobierno tendrá las atribuciones siguientes, que ejercerá dentro de los límites de estos Estatutos:

(Cantinuara.)