El Foro español (Madrid. 1898) (1918-06-30 00:00:00), página 6

De los subalternos de Juzgados y Tribunales

Los subalternos de Juzgados y Tribunales serán elegidos por los Presidentes de unos y otros entre españoles mayores de edad que sepan leer y escribir y tengan las demás condiciones que las leyes determinen. Los que resulten nombrados formarán en cada Juzgado o Tribunal un Cuerpo con su respectivo escalafón.

Los subalternos estarán sometidos a la autoridad del Presidente, quien podrá corregirlos por las faltas que cometan, con represión y suspensión de empleo y sueldo, llegando a la separación por faltas graves o por inutilidad, acreditadas mediante la formación del oportuno expediente.

Son aplicables estas disposiciones a los subalternos de las Fiscalías, correspondiendo las facultades antes citadas a los Fiscales de las Audiencias y al del Tribunal Supremo.

Todos los subalternos gozarán de derechos pasivos como los demás funcionarios del Estado.

BASE 20

De los Abogados y Procuradores

El ejercicio de la Abogacía es libre en toda España; pero donde hubiere Colegio será obligatoria la incorporación al mismo, pudiendo cada Abogado pertenecer a varios. Habrá Colegios de Abogados en todas las capitales donde haya Audiencia, y en las demás poblaciones donde existan más de diez Abogados en ejercicio.

Para poder ejercer la Abogacía se necesitará:

Primero. Ser español.

Segundo. Mayor de veintiún años.

Tercero. Tener el título de licenciado en Derecho.

Cuarto. No hallarse comprendido en las causas de incapacidad que la ley determine.

Quinto. Hallarse al corriente en el pago de la contribución industrial.

En el ejercicio de sus funciones ante los Tribunales podrán los Abogados ser corregidos por éstos con represión, multa y suspensión, cuando en forma que no constituya delito falten al respeto y consideración debidos a aquéllos.

Los Colegios de Abogados formarán sus estatutos, que habrán de ser aprobados por el Ministro de Gracia y Justicia.

Se prohibe el ejercicio de la Abogacía a todos los funcionarios judiciales y fiscales, empleados del Ministerio de Gracia y Justicia, y cuantos desempeñen cargos en propiedad, o como suplentes, en todas las Audiencias y Juzgados. También queda prohibido el ejercicio de la Abogacía ante los Tribunales de lo Contencioso-administrativo a todos los funcionarios públicos que perciban sueldos del Estado, de la Provincia o del Municipio.

En todos los Juzgados de partido y Audiencias habrá Procuradores para representar a las partes en los asuntos civiles, criminales o gubernativos en que aquéllas requieran sus servicios, y sólo podrán ejercer en los Juzgados y Tribunales de la población para que fueron nombrados así como en los pueblos de término de aquéllos.

Subsistirá lo que actualmente está estatuido respecto a las condiciones y requisitos necesarios para obtener el título de Procurador; pero se establecerán incompatibilidades para el ejercicio del cargo análogas a las que se determinan respecto de los Abogados. Los Procuradores constituirán Colegios donde los haya de Abogados, y además en las poblaciones donde ejerzan más de seis; y estos Colegios formarán sus estatutos, que requerirán la aprobación del Ministro de Gracia y Justicia. Los Procuradores podrán ser corregidos por los Juzgados o Tribunales por las mismas causas y con iguales correcciones que las señaladas para los Abogados.

Bases de la reforma de la ley de Enjuiciamiento civil

1.º En la parte de la actual ley de Enjuiciamiento civil que las presentes bases no alteran singularmente, se harán en general las enmiendas que como favorables a la Administración de justicia tiene recomendadas la experiencia. Se abreviará el texto de la ley actual, agrupando las disposiciones afines y evitando tratar cada asunto más de una vez.

2.º La sustanciación se acelerará cuanto sea posible, salvo la defensa de los litigantes. Se omitirán y vedarán actuaciones superfluas. Permanecerán en las Secretarías de Juzgados y Tribunales los autos, siempre que no sea inexcusable entregarlos al Ministerio fiscal, o, por rara excepción, a una parte litigante. Se harán constar providencias "apud acta", sin escritos, las peticiones de prórroga, apremio y otras de análogo carácter, como también la presentación de copias o documentos. Para ejecutar despachos auxiliares o evitar dilaciones, podrán efectuarse ante notario público, en debida forma, notificaciones, citaciones, requerimientos y emplazamientos que ocurran en la sustanciación de los negocios judiciales.

3.º Se excusarán traslados para la discusión escrita acerca de los recursos contra las resoluciones judiciales, los cuales se entablarán por escrito. También se excusarán dichos traslados acerca de los incidentes y, en general, acerca de cualesquiera peticiones de los litigantes o del Ministerio fiscal que sean distintas de las que se hayan de resolver con los pronunciamientos definitivos de cada negocio. Las partes serán oídas verbalmente en comparecencia, convocadas "ad hoc", para resolver sobre los dichos recursos, incidentes y peticiones. A cada acta de comparecencia, o de vista o de juicio verbal, se podrán unir, al tiempo de redactarla y autorizarla, notas sueltas que entreguen las partes en las cuales los defensores comprenden la esencia de sus alegaciones.

4.º Subsistirá, mediante formal escritura de compromiso, el juicio por amigables componedores, al cual se dará la eficacia mayor posible; pero se suprimirá el juicio por árbitros.

5.º El ordenamiento de las recusaciones se reformará de modo que, mientras éstas no hayan prevalecido en actuaciones separadas, no entrecejan innecesariamente el curso de los negocios donde sean propuestas.

6.º Quedará encomendada al Ministerio fiscal exclusivamente la representación y defensa de los pobres ante los Tribunales y Juzgados. Las normas para declarar la pobreza y otorgar defensa gratuita serán ampliadas, y puestas en relación con el estado civil y las cargas familiares de cada interesado. El nuevo ordenamiento de esta materia tendrá tanto a corregir los abusos notados en la experiencia cuanto a la mayor eficacia de la defensa legítima de los pobres.

7.º Las funciones de los Magistrados ponentes en los Tribunales elegidos serán ampliadas, para abreviar la tramitación, sin cercenar en lo substancial la función de las Salas de justicia respectivas.

Los votos de los Magistrados discordes serán publicados juntamente con las resoluciones de las mayorías e insertos en las copias para notificarlas.