El Foro español (Madrid. 1898) (1918-08-30 00:00:00), página 15

con limitación en el derecho de recusación, constituida en la cabeza del partido judicial donde se cometió el delito y actuando como defensor una persona designada libremente por el Gobierno, usurpando una función que la misma Ley establece.

Esa es la realidad de la Justicia que esta Ley pretende establecer aumentada por el estigma que caprichosamente se imponen a aquellas personas que fueron eliminadas de las listas de Jurados por causas que deshonran en el concepto público, cuyas son las que la Ley señala deficiencias de conducta o de antecedentes que no les permita merecer funcionar como Jurados.

Eso, que mata la institución del Jurado, no puede pasar sin protesta. Bien está que se eliminen personas que voluntariamente concurren solicitando desempeñar una función pública, pero establecer una obligación de carácter general, exponer la lista de los que puedan por imperio de la Ley venir llamados a desempeñar la función de juzgar en nombre de la sociedad a que pertenecen, y exponerles públicamente a la vergüenza y al deshonor con su eliminación caprichosa, es una nueva pena que la sociedad en general debe rechazar con energía, y más aún en un país constitucional y con preceptos tan claros como los que en sus artículos contiene la vigente, que es pacto bilateral que el Poder público no puede dejar incumplido sin que el pueblo exija su cumplimiento y el pueblo son los hombres que esa Ley vejaría.

La competencia del Jurado, ya disuadido, debe abarcar a todos los delitos, sean cuales fuesen su naturaleza e importancia. La sociedad, restablecedora de la anormalidad producida por esa denuncia, es la única competente para apreciar el alcance del daño causado, y sus representantes son los Jueces populares.

El párrafo que examinamos nos trae a la memoria un hecho reciente que demuestra la gravedad de dejar a la apreciación del Fiscal la determinación de la competencia, y expuesto el hecho, llevará al conocimiento de la Comisión y del Congreso la necesidad de modificar ese extremo de esta base.

Un ex diputado, hombre de negocios, se encuentra procesado por un delito de homicidio, y al momento de calificar el hecho el Ministerio fiscal, apreció la existencia de un delito de lesiones, pidiendo la pena en su grado máximo, y como no hay otra acusación (y con arreglo a las bases que se analizan sería lo mismo), ese hecho que reafirmó el Sr. Cabalé, entrando en una casa habitada y pegando unos tiros, sin previa discusión, al señor Marqués de Cortina, será juzgado por el Tribunal de D. recho, único medio de pretender asegurar la condena. Ese delito, por su naturaleza, por las circunstancias que en el mismo concurren, expresas el Jurado, hubieran formado un estado de opinión entre el mismo, seguramente favorable al presente reo.

De existir responsabilidad judicial, es evidente que esa acusación no se hubiese formulado, y de haberse efectuado, si así se hubiera castigado el funcionario que lo hubiese. Se trata, además, de un caso que seguramente llegaría a esa Cámara con todos los detalles que son de dominio público sobre el modo y manera, persona, y circunstancias que modificaron criterios que condujeron a esa conclusión.

Si no queremos desprestigiar la institución del Jurado, es necesario establecer en cuanto a la designación del mismo, un procedimiento idéntico al que se sigue en la Ley electoral para la designación de Presidentes y adjuntos, dejando subsistente las recusaciones que permitan tanto al Ministerio fiscal como a las demás acusaciones y defensas, eliminar hasta el acto del juicio a personas que, sin que por ello desmerezca en el concepto social, no puedan o no deban intervenir como Jurados en un hecho procesal determinado. Ese procedimiento, obra del señor Maury, en la que puso grandes y energicas constancias, no debe repugnar al autor ilustre de estas bases, y el no aceptarlo implicaría tan sólo un deseo de demostrar una superioridad, que más bien parecería al público sentir un afán de entronizar al desbarajuste y a la incongruencia como función de Gobierno.

BASE SEXTA

Esta base encierra un grave peligro de orden ético en cuanto a su única competencia para conocer de los jueces declarativos de mayor cuantía, y de ellos nos ocuparemos en la base relacionada con el ejercicio de la Abogacía.

No ofrecen materia de especial atención las siguientes bases hasta la diez, porque si bien no estamos conformes con que los Magistrados suplentes puedan ejercer la Abogacía, aquí sólo es oportuno indicarlo, reservando su explicación y desarrollo, igualmente, para la base que se ocupa del ejercicio de esa profesión.

BASE DIEZ

No parece opportuno y conveniente disentir esta base en sus nueve párrafos primeros, por creer aceptable cuanto se relaciona con la creación del Consejo Judicial como organismo encargado del examen y calificación de los méritos, deficiencias y de las condiciones personales de todos los individuos de las carreras Judicial y Fiscal.

Lo que no puede merecer igual asentimiento es la constitución de ese Consejo. La intervención del Presidente del Tribunal Supremo parece de imprescindible y a la del Fiscal de ese Tribunal cuando recalca la designación del Gobierno en un funcionario de la carrera, pero en modo alguno cuando el designado sea un hombre público atento en el desempeño de la función fiscal al cumplimiento de deberes de orden político, sujeto a la disciplina del Gobierno que le otorga su confianza, siempre limitado al cumplimiento de los deberes que cargos en esas condiciones conferidas impone. El Fiscal de S. M. podrá merecer y merecerá el respeto de todos los funcionarios del orden judicial, será seguramente hombre del más inmaculado honor, pero ajeno a la carrera, desconocedor del ambiente moral que en esa misma impera, está incapacitado para formar parte de un Consejo que tiene amplias facultades y cuyos dictámenes, tanto de precedencia tienen o pueden tener. Enemigos decididos de toda intervención del Poder público en la vida judicial; entusiastas defensores de la independencia absoluta de ese Poder son sobre una propia, como indispensable para que el Estado pueda haber justicia y sólo limitada por la responsabilidad eficaz ante el Poder legislativo como representante de la soberanía nacional, no hemos de escatimar censura ni protesta contra ese decidido empacho que demuestra el autor de estas bases de inmiscuir en la vida judicial representaciones directas del Poder público, Diputados provinciales y cuantos viví nido en ambiente de la política al uso en España, merecieron grandes y acerbas protestas de aquel que, por sus orientaciones actuales, parece ser, y en realidad es otro nombre, por ser otras radicalmente opuestas las doctrinas que sustentó en el proyecto de Ley de Administración local y la Ley electoral, con tendencias a descazar de esas funciones la política y el caciquismo, que viene a entronizar la Ley de bases que analizamos.

Las mismas o parecidas razones podemos reproducir en cuanto al Consejero de Estado, político de méritos secundarios que busca el tranquilo a oíno, sin energías para la vida política, que debe su cargo a G. bierno y que sólo tiene el mérito conocido de haber sido Ministro de la Corona y ser Letra lo, aunque su competencia sea suplida por la de fiscal en ese Consejo de Estado.

¿Qué relación tie e ese funcionario con la judicatura y con qué razón puede incluirse en funciones que deben tal vez ser materia del tamber del Consejo de Estado y precisamente de la sección que preside? ¿Qué garantías ofrece, por último, que no sean las personas que le afecten de un modo singularísimo? Reproducimos con idento seguridad de aceptar los razonamientos en cuanto al Presidente, o ex Presidente de la Real Academia de Jurisprudencia, cargo que sus Estatutos reservan a categóricas de orden político exclusivamente y en cuyas elecciones no tienen intervención los funcionarios que a su decisión han de someter su honor, su carrera, y con ellas su independencia en el ejercicio de sus funciones.

¿Qué condiciones, méritos y conocimientos se requieren para ser vocales de la Comisión permanente de codificación que tengan relación con la vida y organización judicial? Ninguna; y esa sola manifestación es suficiente para negar autoridad para función tan delicada a personas que merecen respeto en cuanto a sus personales prestigios, pero que no pueden ni deben formar parte del Consejo judicial.

Hemos de terminar estas observaciones protestando de que pueda ser Secretario del Consejo judicial un Jefe de