El Foro español (Madrid. 1898) (1921-10-15 00:00:00), página 3

frutando el beneficio de equiparación absoluta a los cargos de Jueces y Magistrados, con derecho a figurar en los Escalafones respectivos y en condiciones de aptitud legal y de preferencia efectiva para ocupar los mejores puestos en los Tribunales de Justicia.

Y estos beneficios de asimilación no son exclusivos y peculiares de algunas plantillas del ministerio de Gracia y Justicia, sino que se han generalizado también a las más varias carreras y empleos, ya sean de oficina ministerial o de la categoría en Órdenes militares... (1). Por virtud de semejante ficción, los funcionarios ministeriales, no obstante la índole burocrática de sus servicios, se consideran con opción a todas las prerrogativas que, según la ley Orgánica, son supuesto indispensable a la independencia que requiere la acción del poder Judicial.

De la situación creada al amparo de esas disposiciones gubernativas, se derivan agravios notorios al personal dedicado exclusivamente al ejercicio de la Magistratura y del Ministerio público, que, respecto de los ascensos y premios de su propia carrera, resulta equiparado a otro personal extraño a ésta, pero beneficiado con preferencia para ocupar los cargos más preeminentes, a título de servicios de índole distinta de la judicial y fiscal, y aun a veces incompatibles con las características esenciales de las funciones augustas de los Tribunales de justicia.

La separación de las dos carreras.

El Ministerio fiscal será una institución homogénea, con su organización independiente de la judicial, sin tránsito posible de una a otra. ¿Y el inconveniente que notaba la Comisión de Códigos? Aparte de que el económico—siempre importante en lo que al funcionario respecta—desaparecería con el aumento de sueldo por quinquenios, propuesto en el proyecto ministerial, se remediaría aquél con una medida que hace años viene indicándose: aumentar en las categorías altas, proporcionalmente a la carrera judicial, los puestos de la fiscal.

Los tres Tenientes fiscales del Tribunal Supremo que crea el proyecto de la Comisión de Códigos de 1916, aún pendiente de discusión en el Congreso de los Diputados, deberían tener la categoría y sueldo de Magistrados del Tribunal Supremo.

Los Abogados fiscales del mismo, ya en virtud de Real orden dirigida a la Comisión de Presupuestos en 1906 se había expresado la necesidad de darles la categoría inmediata superior, por el fundamento indicado en el capítulo precedente.

Los Tenientes fiscales de Audiencia territorial de fuera de las de Madrid y Barcelona, por jéridica razón, a la de Magistrados; los Abogados fiscales de las mismas y Tenientes fiscales de Audiencia pro-

vincial, a la de Magistrados de ésta, y los Abogados fiscales, a las de Jueces de término.

De modo que, en el caso de optar por el aumento del personal del Ministerio fiscal de las Audiencias, continuando suprimidos los Promotores fiscales, no sería pequeño aliciente para la juventud estudiosa y de excelentes condiciones oratorias el ingreso en la carrera fiscal por la categoría de Juez de término. La ley Orgánica de 1870 concedía ya esa ventaja, pues que el primer Escalafón era el de Fiscal de Tribunal de partido.

Promociones.

No se recomienda generalmente en esta carrera el automático absoluto de la antigüedad adoptado hasta cierto grado, por lo menos, en distintas del Estado, por la naturaleza de sus funciones y la dependencia real y efectiva del Poder; otra cosa sucede en cuanto a la autoridad judicial, por la sencilla razón de que no es lo mismo aplicar la ley que pedir su aplicación; únase el que ejercemos un tributo de la realeza, y ésta puede imponer el modo de ejercicio, y cuando el funcionario fiscal no se atenga a sus instrucciones, mejor dicho, a las de sus Ministros, se da un acto de rebeldía que puede castigarse con la más grave corrección disciplinaria.

Necesariamente ha de buscarse un medio de evitar el imperio del favoritismo, de esa plaga que entre nosotros hace tantos estragos.

Tiene sus inconvenientes la escala cerrada y el sistema de la antigüedad; pero, por lo menos, hasta ciertas categorías, constituye el único medio de que la dependencia no pueda exagerarse hasta el punto de que se le impusiera una línea de conducta que en muchos casos trajera, por ineludible consecuencia, una verdadera denegación de justicia, y, de consiguiente, la responsabilidad del funcionario.

Hemos expuesto lo que se alega en contra del sistema, argumento que traducía cierto hombre público diciendo que muchos años de burro no dan derecho más que a una albarda. A esto se objeta que, fijado un riguroso modo de ingreso, no tendríamos dentro de la corporación ineptos, holgazanes ni morales, y si la asaltaran, se han expuesto ya los medios de expulsarlos.

Es un problema muy complejo y de difícil solución; si siempre se tuviere presente el grandísimo interés que a la sociedad entera reporta el que el Ministerio público goce de una entera libertad de opinión, que no tenga otro guía más que la ley y su conciencia, que esté al abrigo de insinuaciones calumniaosas, a las que está tan expuesto por la misma naturaleza de sus funciones, cualquier sistema sería excelente, y no habría nunca que lamentar postergaciones o carreras rápidas sin conocimiento de causa ni razón alguna de su necesidad.

Mientras ciertos espíritus crean indispensable buscar por cualquier camino la obtención de las complacencias del poderoso y se pierda el tiempo en procurarse recomendaciones para una mejora cual-