El Foro español (Madrid. 1898) (1921-10-31 00:00:00), página 7

ración, en España y en todos los países ha sido y es motivo de gran preocupación de los Gobiernos; de dos sistemas principales debe hacerse mención.

1.º El de Francia, creado por la ley de 30 de agosto de 1883, compuesto de pleno de la Corte de Casación, y que se llama Consejo Superior de la Magistratura; funciona tan admirablemente, que no se piensa más que en concederle nuevas atribuciones, y gracias a la falta de una legislación precisa se suple con la jurisprudencia que va estableciendo.

2.º El de los Tribunales especiales de Responsabilidad judicial, que conozcan de ésta en sus tres aspectos de civil, penal, y disciplinaria, los elementos componentes de los mismos son extraños al poder judicial. Ha sido adoptado por varios países, siendo citarse como modelos los de algunos cantones suizos.

En España, por ineficaz y anticuado, se desecha el de la ley Orgánica de 1870, porque aun cuando con arreglo al mismo, en lo referente al Ministerio fiscal resulta mucho más fácil el ejercicio de la potestad disciplinaria, se conviene en que no basta a la completa depuración de su personal; tampoco lleno el objeto la Junta calificadora de 1886, y así hubo de acudirse por la ley de Presupuestos de 1903 a perfeccionar el sistema vigente creando la Inspección de Tribunales y Juzgados como auxiliaridad de las Salas de gobierno y del Ministerio. Como sus acuerdos no eran ejecutivos, apenas se conocieron sus efectos, y de ahí la supresión en 1913.

En 1901 llegó a tener estado parlamentario un proyecto de iniciativa ministerial, que fué aprobado sin discusión por el Congreso, basado en el segundo sistema expresado.

La Comisión permanente de codificación opta por el sistema francés, aceptado también en otros países, y en las Cámaras está el proyecto desde 1916, que aprobó el Senado, después de un amplio debate, durante el que se introdujeron varias modificaciones, y hasta se puso en vigor por un Real decreto de vida efímera; de suerte que continuamos en plena ley Orgánica.

VÍCTOR COVIAN

(Continuará.)

El decreto sobre alquileres.

Esta importante disposición, publicada en la Gaceta de 30 de octubre último, dice así:

EXPOSICIÓN

Señor: Es evidente que no han variado las circunstancias que motivaron la publicación del Real decreto de 21 de junio de 1920, encaminado a contener la perturbación producida en varias poblaciones por la escasez de viviendas y las reclamaciones contra determinados abusos. Continúan llegando a este Departamento instancias y protestas de entidades económicas y colectividades mercantiles e industriales, que revelan la persistencia del problema. Como es, además, necesario acudir a remedios eficaces que combatan el mal en su origen, el Ministro que suscribe, respetuoso con la opinión del país manifestada en las Cortes por sus representantes, estima que al Parlamento debe someterse tan ardua cuestión, para que con su alta sabiduría la resuelva, prorro- gando, entretanto, sin modificación alguna, la soberana disposición al principio mencionada.

Fundado en estas consideraciones, el Ministro que suscribe, de acuerdo con el Consejo de Ministros, tiene el honor de someter a la aprobación de V. M. el adjunto proyecto de Decreto.

Madrid, 19 octubre de 1921.—Señor: A L. R. P. de V. M., José Frutos Rodríguez.

REAL DECRETO

A propuesta del Ministro de Gracia y Justicia y de acuerdo con Mi Consejo de Ministros,

Vengo en decretar lo siguiente:

Artículo 1.º Se prorroga la vigencia del Decreto de 21 de junio de 1920 relativo a contrato de arrendamiento de fincas urbanas y alquileres de las mismas, hasta el 31 de diciembre de 1922, salvo el caso de que en el transcurso de este período se aprobase por las Cortes una medida legislativa referente a dicha materia.

Art. 2.º El Ministro de Gracia y Justicia presentará inmediatamente a las Cortes el oportuno proyecto de ley.

Dado en Palacio a 19 de octubre de 1921.—ALFONSO.—El Ministro de Gracia y Justicia, José Frutos Rodríguez.

NOTICIAS

Real orden circular.

El Ministro de Gracia y Justicia ha dirigido a los Presidentes de las Audiencias una Real orden circular recomendándoles el exacto cumplimiento de lo dispuesto sobre el pago de indemnizaciones a testigos y peritos a jurados, y encareciéndoles la conveniencia de reducir a lo estrictamente necesario las comparecencias de testigos, no citándose más que aquellos que, a juicio de la Sala o del Ministerio fiscal, sean indispensables para el esclarecimiento de los hechos que se persigan.

Notarios.

Han sido nombrados, en virtud de oposición, Notarios: De Vigo, D. Manuel M. Gaitero; de Carballo, D. José Monteiro; de Vimianzo, D. Eduardo Terrón, de Maceda, D. José Francisco Istrizur; de Leiro, don Emilio de Villa; de Baralla, D. Francisco Aponte; de Trabada, D. José Román Penzol; de Puebla de Brollón, D. Germán Adánez; de Incio, D. Alejandro Santamaría; de Santa María de Mugía, D. José Sán-