El Foro español (Madrid. 1898) (1918-06-15 00:00:00), página 8

El cargo de Presidente del Tribunal Supremo recaerá en quienes sean o hayan sido Presidentes del Consejo de Ministros o Presidentes del Senado, del Congreso de los Diputados o del Consejo de Estado o Ministros de Gracia y Justicia; siempre que hayan sido Magistrados del expresado Tribunal durante un año por lo menos.

También podrán ser nombrados los Presidentes de Sala del Tribunal que lo hayan sido por lo menos un año.

BASE 14

De la inamovilidad judicial y de la responsabilidad de los funcionarios judiciales

La inamovilidad alcanza a todos los Jueces y Magistrados, y consiste en no poder ser trasladados, suspendidos ni destituidos sino por las causas y en la forma que determine la ley, las cuales no podrán ser otras que las derivadas de la potestad gubernativa o de la responsabilidad de los funcionarios. Esta puede ser disciplinaria, penal y civil.

La potestad gubernativa es función exclusiva del Ministro de Gracia y Justicia, y sólo alcanza a trasladar a los Jueces y Magistrados que incurvan en casos de incompatibilidad, o bien por razones que puedan afectar a su prestigio en determinadas localidades. En este caso se requerirá la propuesta de la Sala de Gobierno de la Audiencia respectiva, aceptada por el Consejo judicial.

Los Presidentes de Audiencias territoriales pueden ser trasladados libremente por conveniencia del servicio.

A) —De la responsabilidad disciplinaria

Los Jueces y Magistrados incurrirán en responsabilidad disciplinaria por negligencia, por desobediencia y por comportamiento censurable con sus superiores, iguales e inferiores, sin que sus actos u omisiones revistan caracteres de delito, y también a causa de su conducta pública o privada que les desprecie.

Las correcciones disciplinarias consistirán en apreciablemiento, represión con multa, postergación para el ascenso, suspensión de empleo y privación de sueldo.

El ejercicio de la jurisdicción disciplinaria corresponde a los organismos superiores en grado, respecto de los funcionarios que deban ser corregidos. La corrección disciplinaria se ejercerá en las Audiencias por las Salas o Juntas de gobierno, y es independiente de la que corresponda a las Salas de justicia, a tenor de lo dispuesto en las leyes procesales.

El Tribunal Supremo, por órgano de la Sala de gobierno, conocerá de las correcciones que precede imponer a los Magistrados de las Audiencias provinciales y territoriales, y el pleno de dicho Tribunal, formando parte de él en tales casos el Consejo judicial, conocerá de los hechos merecedores de corrección que puedan cometer los Magistrados del Tribunal Supremo.

Los expedientes se incoarán previo acuerdo del Ministro de Gracia y Justicia o de los Presidentes de los respectivos Tribunales. También a instancia del Ministerio fiscal, por su propia iniciativa, o a petición de parte.

—Las Salas o Juntas de gobierno ejercerán la jurisdicción disciplinaria respecto de los Secretarios, Vicesecretarios y Oficiales de Sala del Tribunal, y los Presidentes, respecto de los demás auxiliares y subalternos.

Cuando el Ministro de Gracia y Justicia entienda que, por el número y calidad de correcciones impuestas a un funcionario, merece éste ser postergado para el ascenso, podrá acordarlo, a propuesta del Consejo judicial. Esta postergación podrá ser levantada por los mismos trámites cuando, pasado algún tiempo, el interesado se hiciese acreedor a este beneficio por su conducta y méritos especiales.

E) —De la responsabilidad penal

Todos los Jueces y Magistrados, desde el Presidente del Tribunal Supremo, son responsables, criminalmente, por los delitos que cometieren, y regirá para ellos el mismo fuero, ya se trate de delitos comunes, ya de delitos cometidos con ocasión del ejercicio de sus funciones. Los individuos del Consejo judicial se considerarán para estos efectos como Magistrados del Tribunal Supremo.

Serán competentes para conocer de los respectivos juicios:

1.º Las Audiencias provinciales, cuando se trate de Jueces municipales; pero si se trata de delitos extraños al ejercicio de su cargo, subsistirá el fuero común y ordinario.

2.º Las Salas de lo Criminal de las Audiencias territoriales, cuando se trate de Jueces de partido o de Secretarios o Vicesecretarios de cualquiera Audiencia.

3.º La Sala de lo Criminal del Tribunal Supremo, cuando se trate de un Magistrado de cualquiera Audiencia o de un Secretario del mencionado Tribunal.

4.º El Tribunal Supremo en pleno, si la causa se dirige contra una o varias Salas de Justicia de cualquiera Audiencia, o bien contra dos o más de los Magistrados de ésta, contra Magistrados del Tribunal Supremo contra cualesquiera de sus Presidentes o contra alguna de sus Salas.

5.º El Senado, constituido en Tribunal de Justicia, cuando se trate de responsabilidad del Presidente, o del pleno, o de la mayoría del pleno del Tribunal Supremo.

Cuando éste funcione en pleno como Tribunal de Justicia contra Magistrados del mismo formarán parte de los individuos del Consejo judicial.

Las causas podrán promoverse por querella de parte ofendida o del Ministerio fiscal, y también por iniciativa de los respectivos Presidentes o por Real orden emanada del Ministro de Gracia y Justicia. No será admisible en ellas el ejercicio de la acción popular, pero sí la denuncia antes quienes puedan promover las causas.

(Continuará.)

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