El Foro español (Madrid. 1898) (1921-04-15 00:00:00), página 3

hacemos, como el médico estudiaría la enfermedad. Es necesario que todos meditemos, que no se nos inculpe el día de mañana que tuvimos a nuestro alcance y en nuestras manos el medio de atajar el mal, y que no lo hicimos. «El hecho deshonroso, que por su propia naturaleza o trasciende misteriosamente sin dejar rastro desde la secreta intimidad donde se elabora y quebranta al divulgarse el prestigio del funcionario, o escapa sutil e incoherible a toda diligencia, sin tropezar con testimonio que públicamente afirme su existencia ni con prueba que no se desvanezca al tratar de fijarla en el folio de un proceso.» Esa es la psicología de la culpa. Si infrin- gió el precepto por debilidad, sutra sus consecuencias.

El juez no es el palurdo patán, es cabel de las ambiciones pueblerinas. Si se dejó sojuzgar por el brillo de oropel y ficticio de amistades incompatibles, su necesidad debe apartarle de la comunidad de hombres en que el sentido común debe imperar. Si delinquió por el oro o su afán le hizo emplearse en menesteres ajenos que empañan el brillo y grandeza de su función, que él se convierta en polvo y ceniza.

Mane, Thescel, Phares: Estas palabras apocalípticas deben grabarse en la mente de los pillos. Su actuación no encaja en nuestra carrera.

Sentada la necesidad y conveniencia de los Tribunales de honor, debiendo ser manejados por un cuerpo reflexivo y consciente, no ofrece el temor que toda arma de dos filos lleva consigo. ¡Pero qué no se enmohezca! En su desenvolvimiento, ¿ha estado afortunado dicho decreto? Desde luego ha seguido la trayectoria normal; pero se le oponen tales trabas y obstáculos, que peligra en su desenvolvimiento. Ellos son el necesario complemento de la inspección. Beneficiosa ésta, necesaria, digna a la expansión indebida de un cuerpo que vivía sin vigilancia, ya que la ejercida por los superiores en los grados de Fiscales, Salas de Gobierno, Presidentes de Audiencia y del Supremo, no podían alcanzar la necesaria extensión; en primer término, por la separación material, el desconocimiento del sujeto, y aunque la continuidad podrá existir por la relación documental, no es suficiente; además, el abrumador trabajo de aquellos a quienes la ley Orgánica encarga tal misión, hacia que ésta no se ejerciera, con quebrantamiento de los vínculos disciplinarios.

Vemos que domina cierta incongruencia entre el espíritu y la letra de la reglamentación; pues si aquélla tiende a que se castiguen con la mayor celeridad los hechos deshonrosos, ¿a qué dificultar la reunión de los Tribunales de honor?

Además, hay que alejar de los mismos la burocracia, si su base es la opinión colectiva; nos parece que se inmiscuye con expeso en su funcionamiento la inspección, que en el decreto se la hace, no ya sólo alma de los mismos, sino que ejerce una verdadera tutela al dar su consentimiento para que se forme, al nombrar sus jueces, al designar el lugar, día y hora en que debe constituirse. ¿A qué inspección se refiere el art. 32 del decreto en sus párrafos 1.º y 2.º, a la central o a la provincial? Si a esta, lo estima- mos acertado; pues el Inspector territorial vive, al fin y al cabo, el mismo ambiente que los actores, y con los antecedentes personales puede promover su reunión; pero en uno y otro caso, trámite engor- gorroso el que sea necesario su consentimiento para la formación del Tribunal de honor, cortapisa a la celeridad con que deben actuar, y, en todo momento, parece huelga ese trámite; si siete individuos de la carrera judicial están conformes, en cuanto a la naturaleza deshonrosa del hecho que se atribuye a funcionario determinado, dicha opinión, ¿es garantía suficiente de lo acertado de la tesis? ¿Es necesario que ellos sean de mayor antigüedad o categoría que el inculpado, o no se exige esta cualidad, ya que sólo son fiscales del hecho? Creemos que tal como aparece redactado el artículo, bastará que se reúnan el número indicado, cualquiera que sea su destino y graduación; pues de otra forma, es evidente que en la mayor parte de las categorías, en la provincia no se reunirían el referido número.

Creemos exagerado también que se señalen para formar el referido Tribunal doce miembros, y máxi- me tratándose del escaso personal existente den- tro de la Territorial en cada categoría; pues si bien este inconveniente se obvia, no exigiendo en el decreto que sean de la misma provincia ni territorio, concediendo que de las inmediatas vengan a formar- lo, no es menos cierto que ello supone molestias y di- ficulta la reunión del Tribunal; pensamos que su nú- mero debiera ser, como máximo, el de siete, y mínimo cinco, cuyas cifras solventarían muchas dificultades que han de encontrarse de subsistir aquí; a mayor abundamiento, este es el número máximo que como término medio se exige en los Tribunales para resolver las más árduas y graves cuestiones.

¿Cómo se han de tramitar las recusaciones, y qué causas pueden alegarse por el inculpado, si sólo éste puede formular aquellas a que refiere el art. 42, con relación al art. 36, y su procedimiento es siempre aplicable? Cuestiones baladíes parecen, pero las que pueden servir de explicación para estorbar o dicta- minar de nulo un acuerdo si la malaicia y la intención acompañan al terror. ¿Qué clase de papel ha de em- plearse?

El art. 36 creemos exige inmediata aclaración, de- terminando que al Inspector de la Territorial compe- te designar los individuos que han de formar el Tri- bunal de honor.

Pero lo que no tiene explicación es el trámite dilatorio del pase del cuestionario o acta del Tribu- nal de honor al Ministerio, de éste al Consejo de Estado, para que él mismo dictamine acerca de si se han cumplido los requisitos legales, en la forma, res- pecto a designación de Vocales, si concurrió el nú- mero suficiente de éstos, si el imputado fué citado en forma y si el fallo es ajustado al formulario que prescribe, con la secuela de la vuelta del expediente al Ministro—de Herodes a Pilatos—. Y que éste, por entender que no se han observado los requisitos dis-