El Foro español (Madrid. 1898) (1918-12-15 00:00:00), página 3

del delito, dando lugar con ello a que los hechos delictivos quedarán sin la debida sanción, y sus autores en la impunidad.

Claro es que, evocadas a aprobarse las Reformas judiciales, estas cuestiones dejarán pronto de tener interés actual, sin perjuicio de que aun las corresponderá durante el régimen de transición; esto último es lo que nos ha movido a exponerlas a la consideración del benévolo lector.

EDUARDO F. PITA,
juez de instrucción.
La Carolina.

CÓDIGO PENAL DE 1870
concretado y comentado con todas las causaciones y casos prácticos resueltos por el Tribunal Supremo en esta materia desde 1870 a 1906 inclusive, por el Excmo. Sr. D. Salvador Viada y Vilaseca,
Presidente que fue de la Sala de lo Criminal del Tribunal Supremo.
Octavo tomos en 4º., de 594, 700, 812, 370, 465, 638, 460 y 676 páginas respectivamente, 96 pesetas. En las librerías liberales. Los pedidos a los Hijos de Reus, Canizates, 3.
Se venden también los tomos por separado a los precios, respectivamente, de 11, 16, 15, 11, 12, 12 y 12 pesetas.

Las reformas judiciales.

A moro muerto, gran lanzada, pudieran decirme al combatir yo ahora el proyecto de reformas judiciales, cuando todo el mundo sabe que no será ley, ni tal vez vuelva a ser discutido en el Congreso. Pero así está, como obstinada aspiración de una ilustre personalidad, que indudablemente de buenisma fe lo juzga excelente, como laborioso parte de la Comisión de Códigos, y servirá quizás de orientación—San Precedente—para otros proyectos, puesto que es innegable la necesidad de importantes reformas en el organismo judicial.

El proyecto ha naufragado porque tenía que naufragar; no se atribuya sólo a las contingencias políticas del momento; de no sobrevenir éstas hubiera naufragado también en el Congreso, porque en esta Cámara las minorías democráticas y radicales no podían consentirla, y no sólo porque las esencias del proyecto, con cierta apariencia de modernidad, son reaccionarias, sino también, y esto es indiscutible, porque fuera cualquiera la substancia, viene siendo combatido por cuantos eran llamados a darle ambiente, y una reforma de ese alcance no puede jamás presentarse como imposición de un hombre, por respetable que él sea, en frente de las manifestadas opiniones de un verdadero ejército de especializados en la materia.

Ni podrá ser este momento propicio para que el sentido ultraconservador pusiese mano en estas cosas, porque la vida nueva no ha de correr por los railes que aquél tienda. La institución judicial, como otras del Estado, habrán de irse acomodando pronto a una acertada democracia, prudente, sí, si ha de ser gubernamental, porque los extremos radicalismos nunca tienen su lugar en el Gobierno de «hoy», sino en el de «mañana», cuando alcanzados por el tiempo ya no parecen utópicos; que en el curso de la Historia las utopías de un día son muchas veces realidades al siguiente.

Las reformas judiciales en este proyecto resultan, como habían de serlo por fuerza, viiniendo de donde vienen, absolutamente inadecuadas para el tiempo que llega. Es frecuente que los hombres de la derecha pretendan interpretar las soluciones liberales, y ocurre siempre que la interpretación es detestable. Cuando se carece del sentimiento esotérico de una cosa es empeño inútil aparecer su enamorado.

Así lo vemos, por ejemplo, con la instancia única que el proyecto se establece para los juicios declarativos de mayor cuantía. La instancia única, por sí, no es deseable, ni es ni puede ser un progreso. La instancia única es un mal que se arrostra sólo en consideración a las ventajas del juicio oral; que éste, sí, es una forma esencialmente democrática, porque abre de par en par las puertas del santuario de la Justicia al pueblo, aboliendo el rito oculto en el que los oficiantes pueden manipular a su antojo. Cabe aceptar o no el juicio oral en lo civil, teniendo en cuenta las costumbres, el grado de cultura y de civismo, la actual organización de otras instituciones estrechamente ligadas a los Tribunales de justicia..., pero esto ser discutido; pero si se rechaza, como en el proyecto, no tiene ya disculpa establecer a guisa de progreso la instancia única, que ni con el juicio oral tendría defensa, si el juicio oral pudiera repetirse sin convertirlo en una ensayada representación.

Siempre se ha reconocido la utilidad de repetir la discusión acerca de un asunto que se ha de juzgar o resolver. A esto obedece principalmente el sistema legislativo bicameral en la mayor parte de los Estados contemporáneos, y en algunos la doble discusión ante la misma Cámara. Es una realidad, de que todos nos damos cuenta, que nuestra inteligencia actúe mejor sobre una concreción y lo más corpórea posible. El gran Bergson nos da quizá la clave de ello cuando afirma que nuestra inteligencia se encuentra a sus anchas entre los objetos inertes, triunfa y prospera en la geometría, y en lo que tiene de innato es el conocimiento de una forma, representándose claramente sólo la inmovilidad.

En la vida cotidiana, instintivamente procedemos así, lo mismo en nuestro yo interno que en las deliberaciones de juntas o asambleas: lo primero es para el movimiento, formar una ponencia, y sobre ella razonamos con mayor soltura y eficacia.

Con esto quiero decir que sobre la sentencia de primera instancia se acentúa intelectualmente con más provecho que sobre los múltiples factores de la lucha procesal. El problema se ha concretado, materializado podría decirse; los cauces del discurrir son más determinados, y esto, para las partes contendientes, y más todavía para el juzgador que ha de oirlas.

Estas ventajas de la segunda instancia, repito, pueden ser compensadas con las que ofrece la oralidad del juicio en su aspecto social, importantísimo, antes