El Foro español (Madrid. 1898) (1920-10-15 00:00:00), página 4

percebe en cuanto concepto de justicia. Como lo segundo, idealmente, podrá tener explicación y desenlace en la vía gubernativa; como lo primero, sólo encuentra satisfacción en una jurisdicción aparte, donde el agravio se depure sin influjo de la Administración, compareciendo ésta como mera parte y en el mismo plano que el agraviado. A esta situación sólo se llega mediante el recurso contencioso administrativo, para cuya viabilidad exige la ley de 22 de Junio de 1894 que se produzca contra resolución administrativa que cause estado y, procediendo de la potestad reglada, vulnere un derecho administrativo preestablecido por precepto del mismo carácter. Mediante tales requisitos, la jurisdicción revisa los actos de la Administración y en definitiva confirma o revoca o anula la resolución impugnada, según trámites que son de inexcusable observancia. ¿Qué con este procedimiento garantiza el ciudadano contra los agravios de la acción administrativa? ¿Basía este recurso de plena jurisdicción para reparar cuantos daños pueda sufrir el individual patrimonio —en la acepción más amplia— de parte de la Administración? Entiendo que no, y sin invocar la jurisprudencia y la legislación extranjeras ni referirse a los textos más en boga de los tratadistas, parece que a la luz de los principios generalmente aceptados, de los preceptos de nuestra ley y de la jurisprudencia nacional en algunos puntos en que ha formulado precisas declaraciones, se demuestra con facilidad la negativa, y, por consecuencia, la necesidad de ampliar la garantía con otro recurso, que no puede ser sino el de nulidad por abuso de Poder de la Administración.

La vía gubernativa.

El caso que produce el acto administrativo no suele ser tan claro en sus términos, tan simple y desligado en su vida y tan llano y fácil que no bien surja en la realidad pueda y deba la Administración resolverlo de plano. Aun pudiendo, si no hay cauce y método en su potestad, degenerará en arbitrariedad, y como quiera que esa resolución ha de ser «jurídica», no cabe suprimentamiento sino en virtud de una serie más o menos numerosa de trámites, que integran un procedimiento, regla indelible de la actividad y garantía de la competencia con que la resolución se dicta y del amparo de cuantos intereses puedan ser afectados por ella. Aun con la corrupción del procedimiento, la Administración propende a la omnipotencia absorbente y tiránica, pues sin mentar el influjo de la política que tiende y pugna por darle tales caracteres, sólo la noción de conveniencia y servicio públicos, en cuyo ministerio actúa, explican las notas de invasora, imperiosa e irresistible en la potestad administrativa. Pero el procedimiento, aunque ordenación de garantía, se pierde y trasnueca acabando en corrupción, en encrucijada, en laberinto, y a veces en verdadero vía crucis, y la vía gubernativa suele ser—por lo menos puede ser— desfiladero donde se consume la energía individual, que acaba por entregarse entre el desaliento y la congoja, el terror y el odio, a la arbitrariedad de la Administración. Y no es tan hacedero y sencillo purificar el procedimiento administrativo, dejándolo despajado de trámites, con solo los indispensables, y estos breves y francos; porque hay que tener en cuenta que no todos los viejos que presenta la vía gubernativa son hijos de la humana imperfección, que también alcanza a quienes desempeñan los cargos públicos, sino que muchos, si no la mayor parte, dimanan de la naturaleza e idiosincrasia de la Administración. Es de suma importancia fijar bien los factores que juegan en las deficiencias y abusos de la vía gubernativa, porque, como se comprenderá, el agravio más sufié e incórcerble y contra el que es medicina el recurso de nulidad, se comete por abuso en el procedimiento administrativo, y si se logra que el acto agravador escape a algunos de los requisitos del artículo 1.º de la ley de 22 de Junio de 1894, el particular queda burlado sin remedio en lo humano, porque parece no pertenecer a este mundo la efectividad de la responsabilidad administrativa: desde la del Ministro de la Corona, a la del territorio temporero del último municipio rural.

No os digo tan hacedero purgar de sus mayores defectos la vía gubernativa—lenia, dificultosa, complicada, retardataria y desigual para la parte— porque son en gran manera consecuencia de la estructura orgánica de la Administración y del proceso de su actividad. No se olvide que se trata de una personalidad colectiva para que pueda desenvolverse con desembarazo y expedititud y que sus órganos son multiformes, heterogéneos; unos, activos; otros, deliberantes; otros, informativos. Sin más que asomarse a cualquiera panorama de los mil que encierran los servicios públicos, se advierte la necesidad del auxilio técnico a la labor burocrática, y bien se comprende lo inevitable de que en tan varias colaboraciones, antes de llegar a la resolución del fondo del asunto, en muchas ocasiones haya el ciudadano sentido el agravio y pugne, y porfié con impaciencia, a veces iracunda. Anádase que la Administración, además de persona colectiva, está organizada jerárquicamente en gradación que se procura—y no siempre se logra— de coordinación efectiva, lo que motiva una distinción de atribuciones en propias y delegadas, con firmeza y subsistencia en las resoluciones de unas y con sumisión las de otras a nuevas instancias, no siendo claro por qué se dan las alzadas y cuántas deben ser, ya que la generalidad de los actos administrativos se determinan después de un período de laboriosa información y con propuesta de un órgano técnico, deliberante o no.

Este problema busca su mejor solución en la descentralización administrativa, y como tal se preconiza por las tendencias científicas modernas. Desde luego, he de consignar que no reduzco los términos centralización y descentralización al reconocimiento de entidades regionales como hechos más o menos biológicos, a base de la geografía y el idioma o dialecto y de personalidades locales; esto no es para mí lo fundamental, sino que los organismos hayan de estar o no tan subordinados al principio jerárquico, que no exista acto suyo autónomo que a título de resolución no sea sometido al superior, mediante un recurso de alzada. Descentralizar la Administración es dar a sus órganos la autonomía para actuar en la esfera de su competencia, dictando resoluciones no revisables, en apelaciones que son la interposición del principio centralista entre la parte y el órgano administrativo. Así es la descentralización remedió de no pocos vicios de la vía gubernativa y garantía del interés individual para acudir pronto y sin una nueva jornada con días de centro en centro, al recurso contencioso jurisdiccional, donde la Administración responde en plano igual que el agravado ante una potestad independiente, soberana.

Si tal es—grosso modo—la vía gubernativa, donde el expediente va, como barco en ruta inexcusable, con inevitables y forzadas escalas y singularidades, ¿por qué impedir que componga las averías antes del puerto de destino? ¿Qué razón hay para que durante jornada tan dilatada y fatigosa no pueda quejarse y sustituir a quien a título de autoridad le desvíe del camino, le imponga otro arribo o le detenga indefinidamente en puertos de tránsito o no le permita ponerse en tranquilidad? Pues a esta hipótesis de abuso—exceso, desviación, retardo y negativa—responde como garantía el recurso contencioso de nulidad, sin aguardar a la resolución del asunto en el fondo, y es hora de ver cómo podría tener encaje en la ley de lo Contencioso-administrativo, poniendo en relación los preceptos de ésta para la reforma, en armonía con los que regulan el recurso de jurisdicción, pena que hoy solamente rige.