El Foro español (Madrid. 1898) (1920-04-15 00:00:00), página 6

siones verdaderos chantages, se concediera al rico el mismo beneficio provisionalmente, y con sujeción al resultado del pleito.

En nuestra zona de Marruecos—dijo—se prescinde del casuismo que se advierte en la ley peninsular y se establece como base que serán declarados como pobres los que no se hallen en condiciones de atender a los gastos procesales, sin perjuicio de sus necesidades, pues de este modo se evita que no pueda defendirse, como en España sucede, un hombre que, aun teniendo un ingreso superior de doble jornal de un bracero, por exceso de familia, o por otra razón menos atendible, es en realidad pobre.

Este sistema—añadió el Sr. Rives—está dando excelentes resultados, pues al lado del precepto se pone la condición de que el solicitante demuestre que no es infringida la acción que se propone entablar.

Por último dijo el conferenciante que el procedimiento en esta materia es sencillo y rapidísimo, pues debe terminarse en el plazo de un mes, y al cabo de este tiempo se dicta, no una sentencia, sino un acuerdo motivado.

El Sr. Rives fue escuchado con mucho interés por el público que acudió a esta notable conferencia.

Para el Colegio de Abogados de Madrid.

Claro que se nos va decir que, con arreglo a los estrechos Estatutos, nada se puede hacer en el orden disciplinario; pero sí en lo que concierne al prestigio de la clase, creemos que podía, por lo menos, haberse exteriorizado la protesta.

En pleno Senado se ha hablado de un ruidoso desahucio de un conocidísimo Notario de Madrid, y el Abogado del casero, abogando por éste hasta fuera de estrados, abona su moralidad diciendo que el origen del ejercicio de aquélla acción, y en la forma abusiva que se ha llevado a efecto, es que él, el Abogado, era empujado por su casero; su cliente, el dueño de la casa del Notario, le ofreció un piso y dejó a su elección la víctima, y el Abogado, estimando que al que menos había de perjudicar era al propio compañero, entabló el desahucio para hacer recaer sobre el referido Notario el conflicto en que a él su casero le ponía obligándole a dejar el piso ahora que no se encuentran habitaciones en todo Madrid, y hasta le pareció bien irle subiendo el alquiler de 800 hasta 3.000 pesetas mensuales.

Nosotros no calificamos este proceder, aunque en el momento en que a lo particular se mezcla lo profesional, o se pone la profesión al servicio propio, pudiéramos hacerlo sin atender a otras consideraciones personales; pero preferimos someterlo al juicio de la Junta directiva del Colegio de Abogados de Madrid, para que piense y diga si hay algo ahí que se roza con el prestigio y con el mismo compañerismo.

Y tomamos nota del caso para que sirva de argumento vivo de la necesidad de ciertos preceptos coercitivos de los nuevos Estatutos, que fueron en su día muy discutidos.

FEDERACIÓN DE ABOGADOS DE ESPAÑA

El Comité ejecutivo de esta Federación se cree en el deber de aclarar manifestaciones relacionadas con sus propósitos en relación con un asunto que en estos días motivó noticias de prensa, haciendo constar que es su resuelto criterio perseguir judicialmente cualquier acto que signifique ejercicio ilegal de la profesión de Abogado, por los perjuicios que en el orden moral y en el económico ocasionan a la clase quienes atribuyéndose ese carácter explotan engañosamente a las gentes en forma idéntica al tino de las medallas, o al de la herencia enterrada, o al de las mandas piadosas, etc.

No significa este pensamiento el que nosotros, antes de intervenir en proceso alguno, no investiguemos y estudiamos si existen elementos que nos permitan colaborar en esa función de la administración de justicia, porque no sería moral ni lícito que por un movimiento impulsivo e irreflexivo la Federación de Abogados perjudicase la tranquilidad de un ciudadano víctima de alguna persecución injusta o criminal, y caso de intervenir en un sumario, sería anteponiendo que la Federación no tiene por qué aspirar a indemnizaciones de ninguna clase y menos al pago de su representación y defensa en caso de condena, y sólo busca el castigo del culpable.

Refiriéndonos concretamente al caso que nos ocupa, sólo debemos hacer presente que de las investigaciones practicadas resulta hasta el momento probado que la persona a quien se refiere el señor Casersa no es Senador ni lo ha sido nunca, ni contra el mismo hay suplicatorio alguno concedido, y que es licenciado en derecho, aunque no Abogado.

Madrid, 30 de Marzo de 1920.—El Presidente de la Federación, J. María R. de Rivera.

EL PROGRESO DEL INSTRUMENTO PÚBLICO
SEGUNDA EDICIÓN CON FORMULARIOS
por RAMÓN NOVOA SEOANE
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