El Foro español (Madrid. 1898) (1919-07-15 00:00:00), página 6

para cada caso está expresa y especialmente determinado.

Pero si aún surgiese, no obstante esto, alguna duda acerca del particular; nos la resuelve y dispone ya el artículo 523 de la propia ley, según el cual, las disposiciones de las secciones tercera y cuarta del título 2.º, libro II, que tratan de la presentación de documentos, no son aplicables al juicio verbal, el cual dice: se regirá por sus disposiciones especiales con excepción de lo ordenado en el artículo 514.

Este mismo criterio lo apoyan diferentes tratadistas y de ello y en el propio sentido se ocupa la Enciclopedia Jurídica Española, que, al tratar de este particular, aduce razones poderosas en confirmación de aquella doctrina.

Podría también ocuparme de las reiteradas sentencias del Tribunal Supremo, que hablan de este mismo asunto, pero, por no ser más extenso, sólo citaré la número 320 de 21 de Junio de 1911, en la cual, resolviendo una competencia de los Juzgados municipales de Mota del Marqués y Barajas, establece en uno de sus considerandos: «Que, dada la naturaleza de este procedimiento, las partes no tienen necesidad de acompañar con la demanda elemento alguno de prueba preconstituida, sino que han de practicar todo lo que les interese en el acto del juicio verbal, a tenor del párrafo segundo del artículo 730 de la ley de Enjuiciamiento, por lo que excepcionalmente no puede calificarse de extemporánea la presentación hecha al contestar al requerimiento inhibitorio del documento privado etc., etc.»

Me parece, pues, que la cuestión no deja en sí duda alguna.

Claro está que los Jueces que opinaron lo contrario, lo han hecho de muy buena fe; y por entenderlo así; pero espero que, en vista de estas razones, han de estudiar de nuevo el asunto para cerciorarse de si estaban o no en ello cierto; y que se llegará a lo que es indispensable, es decir, a unificar todos los Tribunales en una misma orientación, que es lo que necesitan los litigantes y la recta administración de la justicia.

SANTIAGO GARCÍA Rev.
Procurador.

Ribadavia.

LOS JURISCONSULTOS Y LA PUBLICIDAD

Acuerdos del Colegio de Abogados de Madrid:

La Junta de gobierno del Ilustre Colegio de Abogados de esta corte, como consecuencia de las quejas a ella llegadas, adoptó importantes resoluciones por lo que añade a la forma más adecuada de publicidad en el ejercicio de la Abogacía. Previo un detenido estudio de la cuestión, la Junta ha resuelto ejercer en lo sucesivo una acción energica, tendiente a evitar abusos que redundan en perjuicio de la buena fama del Cuerpo de Abogados. A tal fin se han hecho públicos en el «Boletín» del Ilustre Colegio los acuerdos que transcribimos a continuación por creer que entraña un innegable interés para la opinión pública el hecho de divulgarlos. Heles aquí:

De conformidad con lo expuesto, el Ilustre Colegio ha tomado los siguientes acuerdos:

A) Corregir disciplinariamente conforme a los Estatutos:

Primero. A todos los Abogados que se anuncien de modo anónimo, con indicación de tarifas de honorarios, ofreciendo servicios gratuitos o de cualquier otra manera que no quede limitada a la indicación del nombre, domicilio, horas de despacho y número del teléfono, bien sea en la Prensa periódica, por besalamos, tarjetas particulares u otro medio análogo.

Segundo. A los que utilicen anuncios llamativos, carteles o placas, excepto las que se coloquen en las puertas de los respectivos domicilios, en las porterías de las casas o en el portal de los edificios que habiten, siempre con la sola indicación anteriormente expresada y de modo decoroso y serio.

Tercero. A los que presten sus servicios en forma anónima, bajo la denominación de Consultorios, Centros o cualquier otra forma individual o colectiva que no se denomine escuetamente con nombre y apellidos del Abogado o Abogados, sin que en ningún caso, bajo aquellas denominaciones, se puedan poner anuncios que contravengan a lo indicado en los números anteriores.

Cuarto. A los Abogados que estando, directa o indirectamente, interesados en Sociedades o Empresas mercantiles, Agencias de negocios, de crédito, de la Propiedad industrial o intelectual o de policía particular, consentan que se indiquen al público la prestación de servicios de carácter profesional propios de la Abogacía, en forma distinta de las anteriormente expuestas como lícitas.

Quinto. A los que sin relación directa con el cliente a quien presten sus servicios, acepten consultas, encargos de emitir dictámenes o cualquier otro servicio análogo profesional por cuenta de entidades, Centros o Consultorios que a su vez perciban las remuneraciones directamente de los clientes.

Sexto. A los Abogados que evacuten consultas en revistas profesionales o de otra índole sin expresar al pie de la consulta evacuada su nombre, que necesariamente deberá publicarse.

Séptimo. A los que circulen tarifas de remuneración de sus servicios o hagan conciertos de coparticipación con las personas que procuren clientes, cualquiera que sea el aspecto que se quiera dársele con apariencias de contratos lícitos.

Octavo. A los Abogados que presten sus servicios en Centros, Asociaciones, Consultorios o Empresas de las indicadas en los párrafos tercero y cuarto, aunque sea en forma decorosa y lícita, si esas Sociedades persistieran en anunciar sus servicios de carácter jurídico en la forma antes declarada incompatible con el ejercicio decoroso de la Abogacía.