El Foro español (Madrid. 1898) (1921-12-15 00:00:00), página 7

nueva mercancía en ese pingüe negocio de la democracia. Eso no será una razón, pero es un porqué magistral, y no busquemos más que esos infames arquetipos psicológicos en las ruinas motivaciones de la gente política, frente a la cual debe levantarse, como un solo hombre, la opinión nacional garantizada por la Justicia y por el Ejército, acusándola de parvición, porque en sus manos lesivas desfallece la madre España.

Disco Soldevilla

SOBRE EL IMPUESTO DE DERECHOS REALES

DISCURSO
PRONUNCIADO EN EL SENADO POR DON MATEO AZPEITIA ESTEBAN
EL DÍA 15 DE NOVIEMBRE DE 1921.

(Continuación.)

Segundo defecto.
El impuesto no toma en consideración la verdadera naturaleza jurídica del acto o contrato que motiva la liquidación del mismo, y así, unas veces peca por exceso y otras por defecto. Esto acontece principalmente en las herencias, donde la tarifa es verdaderamente exagerada tratándose de las transmisiones entre padres e hijos, entre cónyuges o entre hermanos, entre todas aquellas personas que constituyen los verdaderos núcleos familiares, y con relación a las cuales podría decirse que más que una transmisión de la propiedad existe la conservación del patrimonio familiar. En cambio, el impuesto es excesivamente débil, poco vigoroso, cuando se aplica a herencias que recaen en parientes colaterales de grado remoto o en extraños, especialmente en la sucesión intestada de los parientes colaterales más allá del cuarto grado. Las tarifas extranjeras establecen tipos mucho más vigorosos. Por ejemplo: la tarifa italiana de 1914, la francesa de 1917, la inglesa de 1910. En algunas de ellas ni siquiera existe la sucesión abintestato más allá del cuarto grado, por razones de orden fiscal. Y sin necesidad de traspasar las fronteras, mirando sólo a las leyes de Moscú, que rigieron en España hasta el 16 de mayo de 1835, no obstante el carácter exageradamente individual que entonces tenía el derecho de propiedad, encontraremos un precedente que negaba, por razones fiscales, derechos abintestato a los parientes colaterales más allá del cuarto grado; con sólo volver a esas leyes podría establecerse una reforma tributaria que permitiera descongestionar el impuesto, por lo que se refiere a las sucesiones entre padres e hijos, y que, en cambio, diera lugar a grandes rendimientos para el Tesoro.

Otra anomalía que existe en la legislación es la forma, por ejemplo, como regula y condiciona la liquidación del derecho de usufructo. El usufructo vitalicio, para los efectos del impuesto, es siempre una parte proporcional de los bienes, que se estima en el 25, en el 50 o en el 75 por 100, según que el usufructuario tenga más de cincuenta años, menos de cincuenta y más de veinticinco o menos de veinticinco; y aplicando la tarifa con relación a esta base, resulta que si el usufructuario fallece al poco tiempo de adquirir su derecho, como el usufructo es un derecho personalísimo que se extingue con su vida y no lo transmite, ha pagado muchísimo más de lo que adquirió, contra el principio de que el impuesto es siempre una parte proporcional de lo que se adquiere.

Tercer defecto.
En contra del principio fundamental de que las leyes fiscales en modo alguno pueden destruir el orden jurídico que una nación fija para garantía de su derecho de propiedad territorial y para salvaguardia de sus ciudadanos, la legislación del impuesto tórgiversa por completo el orden jurídico que establecen las leyes fundamentales de España, especialmente en cuanto afecta al art. 1.280 del Código civil, que determina qué actos y contratos deben constar en documento público, porque el impuesto no sólo otorga beligerancia al documento privado, sino que lo ampara y lo hace verdaderamente privilegiado en determinados actos y contratos, por ejemplo, en el arrendamiento, que es acto que no está sujeto al pago del impuesto si consta en documento privado, y que es acto gravado cuando consta en documento público.

Bien es verdad que toda la política financiera de los Ministros de Hacienda consiste en otorgar un verdadero privilegio, un verdadero trato de favor al documento privado, creyendo que por este medio encuentran un mayor rendimiento para el impuesto; y, sin embargo, este criterio se vuelve como arma de doble filo contra el Estado, tanto en el orden jurídico como en el económico, porque al consentir que, en virtud de documentos privados que hayan satisfecho el impuesto, puedan modificarse o rectificarse los amillamientos, da lugar, en el orden económico, a que las sucesiones hereditarias, en la generalidad de las poblaciones rurales, se liquiden exclusivamente con carácter provisional, con infracción manifiesta del art. 107 del reglamento, determinando en la práctica que el Estado pierda cantidades enormes; tanto por el concepto de Timbre como por el de impuesto de Derechos reales. Con sólo que S. S. pidiese a las oficinas liquidadoras que practicaran una revisión de las herencias que han sido liquidadas provisionalmente y no de un modo definitivo, seguramente que, de momento, podría encontrar fuentes copiosísimas de ingresos para el Tesoro. Y en el orden jurídico todavía el daño es mayor, porque ese sistema da lugar, en la práctica, a que en las poblaciones rurales no exista más Registro de la propiedad que el amillaramiento, que en orden de Derecho nada garantiza.

Es que, como afirmé en otra ocasión ante la Cámara, la ley vigente del impuesto de Derechos reales, no obstante llevar la firma prestigiosa del Sr. Fernández Villaverde, está calcada sobre la reforma de Camacho, sobre la ley de Presupuestos de 26 de diciembre de 1872, que a su vez fue una prolongación de aquellos antiguos