El Foro español (Madrid. 1898) (1922-07-31 00:00:00), página 4

la Comisión del Congreso de los Diputados al proyecto de reforma de la ley Hipotecaria presentado por el Gobierno de Su Majestad al Senado en 3 de abril de 1894, y en otros proyectos de igual alcance, discutidos con posterioridad.

Mayores variaciones se proponen en la tramitación de las informaciones o expedientes justificativos de posesión judiciales. Los distintos textos de la ley Hipotecaria que rigieron con anterioridad a la trascendental reforma del año 1909, permitieron la inscripción de la posesión justificada por aquel medio, aun cuando se hallare en contradicción con los asientos del Registro, siempre que se hiciere dando audiencia a los interesados en éstos. La ley de 21 de abril de 1909 prohibió terminantemente que los Registradores inscribieran la posesión que estuviere en contradicción con algún asiento de dominio o posesión, y dictó las reglas congruentes con tal finalidad. Los desfavorables resultados de estas medidas legislativas, que en el orden técnico parecían irreprochables, han sido puestos de relieve en las Memorias remitidas el año 1917 por los Registradores de la propiedad, y cuyo resumen aprobó este Ministerio el 12 de diciembre de 1918. Aparece de las mismas, no sólo la enorme disminución de los expedientes justificativos de la posesión incoados después de la vigencia de aquella ley, sino las derivaciones ilegales que a su sombra surgieron en la práctica; los interesados en la inscripción desfiguran las fincas, hacen agrupaciones y segregaciones imaginarias, alteran nominalmente los cultivos y cabidas, escogen las más variadas designaciones de los lugares, sustituyen los nombres de los propietarios colindantes, aprovechan todas las coyunturas reglamentarias para impossibilitar la identificación del predio que se trata de inscribir con los que figuran en los libros hipotecarios. Y con esto las fincas resultan inscritas bajo número diferente, sin el menor enlace hipotecario, el historial jurídico se paraliza y se acude a los remedios menos adecuados para burlar las exigencias del trato sucesivo.

Los inconvenientes y desventajas de este régimen gravan, sobre todo, a los pequeños propietarios, porque para ellos significan enormes desembolsos los medios de formalizar la titulación y de legitimar las situaciones jurídicas de carácter posesorio.

De aquí que el proyecto adopte una posición intermedia entre las orientaciones legales indicadas, permitiendo la inscripción de la posesión contradictoria de cualquier asiento no definitivo por un sencillo procedimiento, y, con la sola, pero eficaz garantía de la audiencia del titular, según el Registro, reservando la exigencia de un juicio declarativo, formalmente instruido, para los casos en que la inscripción solicitada haya de extinguir alguna definitiva de dominio o provocar la cancelación de un derecho real legitimado.

Abre igualmente el proyecto, con mayor decisión que el art. 20 de la ley Hipotecaria vigente, las puertas del Registro de la propiedad a los documentos no inscritos que acrediten la adquisición o el ejercicio de un derecho que no haya sido objeto de inscripción anterior, y sin sacrificar la legitimidad de los títulos ante la facilidad de la inmatriculación, responde a las prácticas civiles más arraigadas en la nación y a las peticiones hechas reiteradamente por el Cuerpo de Registradores de la propiedad al Centro directivo.

El proyecto, en fin, extiende la menguada competencia de los Juzgados o Tribunales municipales en la llamada jurisdicción voluntaria, atribuyéndoles el nombramiento de defensor judicial al hijo de familia; la declaración de necesidad o utilidad en los casos de enajenación de bienes de su predio, la posesión judicial de fincas en los casos en que no proceda el interdicto de adquirir los deslinde, amojonamientos, apesos y prorratores, expedientes ad perpetuam y la representación personal del ausente, todo con relación a la propiedad especial que se regula.

Está legitimada la novedad, tanto por el encarecimiento que en la actualidad se sigue del alejamiento de los Juzgados de primera instancia, gastos de representación y honorarios de las personas que intervienen, como por los precedentes de los distintos anteproyectos para reformar la ley de Enjuiciamiento civil, aprobados por la Comisión de Códigos, que, si bien atribuían al Juez de primera instancia la generalidad de los actos de jurisdicción voluntaria, exceptuaban los casos en que había especial designación de fuero.

Asimismo amplía el proyecto la competencia de aquellos para conocer, dentro del marco del juicio verbal de los pleitos, incidentes y particularidades de la inscripción de la pequeña propiedad y para hacer las declaraciones de herederos en línea recta.

Tampoco faltan precedentes de estas disposiciones, ya que el Código de Comercio atribuye, en su art. 84, a los Juzgados municipales el conocimiento de las cuestiones que se susciten en las ferias, siempre que el valor de la cosa litigiosa no excediere de 1.500 pesetas, y de otra parte, la legislación protectora de los pequeños patrimonios ha concedido a los mismos Tribunales las declaraciones de herederos ab intestato.

Fundado en las precedentes consideraciones, el Ministro que suscribe tiene el honor de someter a las Cortes el siguiente

PROYECTO DE LEY

Artículo 1.º Para los efectos de esta ley se entiende por pequeña propiedad todo predio rustico no urbano y todo derecho real cuyo valor no exceda de 1.500 pesetas y que pueda ser inscrito especial y separadamente en el Registro de la propiedad.

Los actos realizados con arreglo a lo dispuesto en esta ley por las personas que posean un patrimonio inmobiliario superior a 1.500 pesetas serán válidos; pero los titulares respectivos quedarán obligados a satisfacer a los funcionarios judiciales, Notarios y Registradores de la propiedad, en concepto de indemnización, el doble de las cantidades que éstos