El Foro español (Madrid. 1898) (1920-11-15 00:00:00), página 6

En el Colegio de Abogados.

JUNTA EXTRAORDINARIA

El día 29 se celebró esta Junta, en la que se empezó por leer dos proposiciones encaminadas a activar las obras del Palacio de Justicia, acordándose un voto de confianza para que los autores de las mismas, en unión de la Junta directiva, se pongan de acuerdo para llevar a cabo lo que estimen más procedente con el fin indicado.

Se discutió y desechar otra propuesta con el fin de que se creara un carnet de identidad para los Abogados.

Y, por último, se llegó a la cuestión capital, que es la que congregó a gran número de colegiales, consistente en una propuesta de 40 de éstos para que se suprima la subvención de 16.000 pesetas que el Colegio tiene concedida a su Asociación de socorros, y cuya propuesta se fundaba exclusivamente en que, en concepto de sus autores, la imposición de una cuota a todos los colegiales -deducida exclusivamente a la existencia de aquella subvención.

El decano, Sr. García Prieto, hizo ver el error en que se encontraban, toda vez que la imposición de las referidas cuotas era el cumplimiento de lo dispuesto en el apartado B del art. 78 de los nuevos Estatutos, que impone a los colegiales que no ejercen la obligación del pago de una cuota mínima de diez pesetas anuales, y faculta a la Junta de gobierno para imponer otra, no superior a cinco pesetas anuales, a los que ejercen, y aquella Junta estimó, como debe de correrse hacia los primeros, el que los segundos, aunque sea en una cuota tan mínima como la de 2,50 pesetas, contribuyen por lo menos durante el primer año; siendo equivocada, por tanto, la causa en que la proposición se fundaba.

Mejor informados los autores de ésta, decidieron retirarla, con lo que terminó la reunión; siendo de desear que para lo sucesivo cese esa hostilidad de una minoría exigua contra una institución que sólo puede combatirse relajando los vínculos del compañerismo, y haga con grave ofensa para la caridad cristiana.

APERTURA DE TRIBUNALES

DISCURSO DEL PRESIDENTE DEL SUPREMO (1)

El derecho administrativo preexistente.

Si se mira ahora al tercer requisito exigido por la ley para que sea viable el recurso contencioso-administrativo, también se observa que en su doctrina han abierto enorme brecha el progreso de la teoría y el correr de los años, dándose margen más que suficiente, a fin de que tenga acogida el recurso jurisdiccional de nulidad por abuso de poder. Los preceptos terminantes de la ley de que haya sido vulnerado un derecho de carácter administrativo establecido anteriormente en favor del demandante por una ley, un reglamento u otro precepto administrativo (2), entendiéndose establecido el derecho en favor del recurrente cuando la disposición que repite infringida le reconozca ese derecho individualmente o a personas que se hallen en el mismo caso en que él se encuentre (3), no encierra la más pequeña ambigüedad; y así la jurisprudencia, en consonancia con ello, ha hecho declaraciones tan rotundas y expresivas, como que es condición inherente a la naturaleza del recurso contencioso que se invoque como vulnerado algún derecho de carácter administrativo anterior y expresamente reconocido en favor del actor (1), y que, atendiendo al carácter de esta jurisdicción, es preciso no confundir la lesión en los intereses con la lesión del derecho de los recurrentes, única que puede ser objeto de revisión en la vía contencioso-administrativa (2).

El fundamento teórico de esta doctrina no es otro, que sólo cuando el recurso contencioso tiene su raíz y apoyo básico en una facultad jurídica podrá existir la acción y la garantía jurisdiccional, pues si falta el derecho y no existe sino el interés, no cabe que la jurisdicción actúe, en razón de que su potestad únicamente puede declarar derechos, pero no intereses. Mas las corrientes modernas van por nuevo cauce, desviando la tendencia de esa filosofía y formalista, que ve, ante todo, en la Administración, el atributo de poder ante la orientación de convertir en fin del Derecho administrativo el realizar la mayor suma de utilidad pública, considerando al ciudadano, más bien que un sujeto de derechos y facultades abstractas, un individuo afectado por necesidades a que subsistie mediante intereses, siendo estos precisos, aunque no caigan en la turquesa de lo peculiar, excluyente y exigible en que se moldean los derechos. Aceptada la idea de que la Administración, antes que poder, es función para cumplir los servicios públicos en beneficio el más copioso para la comunidad, había que admitir la noción del interés como supuesto del recurso contencioso, y de que en ello radica un fondo inmangible de realidad, del que no es posible prescindir, hallase prueba cabal en el párrafo último del art. 2.º de la ley de lo Contencioso-administrativo. Fué el espíritu perspicaz de la Administración quien avizoró el nuevo y profundo sentido realista de las tendencias modernas, así como había palpado las consecuencias de arriesgar al rigorismo de dar por base al recurso la existencia de un derecho, sólo un derecho vulnerado, y al reformar el Gobierno la organización y procedimiento contencioso administrativo, por virtud de la autorización declarada en el art. 30 de la ley de Presupuestos de 1892-93, no se vaciló en quebrantar el principio de la igualdad de las partes ante la jurisdicción, que era cardinal de la ley de 13 de septiembre de 1888, ni en contradecir el fundamental requisito del núm. 3.º del art. 1.º y su concordante en el párrafo 3.º del art. 2.º, y a continuación, sin una conjunción adversativa que expresara la situación privilegiada y excepcional que se daba a la Administración, se preceptúa que ésta podrá someter a revisión en la vía contencioso administrativa las providencias de primera instancia que por orden ministerial se declaren lesivas de los intereses del Estado. El principio, pues, de que bastaba el interés para ser raíz del recurso, estaba ya proclamado en la ley, aunque sólo en beneficio y para uso exclusivo de una de las partes. La jurisprudencia, sin embargo, fiel ante todo al precepto cardinal del artículo 1.º, ha concordado con él el párrafo 4.º del art. 2.º, declarando que no basta alegar la lesión de los intereses del Estado para que la demanda de la Administración pueda prosperar contra la resolución declarada lesiva, porque es requisito indispensable que concurra conjuntamente con aquella lesión la del derecho administrativo preexistente, establecido en favor de la Administración por una ley, un reglamento u otro precepto administrativo (3), y en sentencia de 15 de noviembre de 1913 se dice que no basta para ser parte demandante en la vía contencioso-administrativa haber sido en el expediente gubernativo, ni tener interés en el asunto, sino que es indispensable demostrar la existencia de un derecho preexistente, siendo cuestión de fondo examinar si ese derecho ha sido o no lesionado.

(1) Véase el número anterior.
(2) Artículo 1.º, núm. 3.º
(3) Art. 2.º, párrafo 8.º

(1) Sentencia de 11 de marzo de 1910.
(2) Sentencia de 5 de octubre de 1910.
(3) Véanse las sentencias de 28 de junio de 1907 y 18 de octubre de 1910.