El Foro español (Madrid. 1898) (1919-03-15 00:00:00), página 5

desordenadamente, prescindiendo de toda equidad, cuando no demostrando una indiferencia inhumana.

Los sabios no han querido una vez más que desaparezca el arancel, a pesar de condenarle, y se han propuesto que continúe sometida a inicia explotación la clase de Oficiales de Justicia.

Mientras se hacen leyes para la defensa y garantía de los obreros que trabajan fuera de la esfera oficial, a estos obreros, de quien se sirve el Estado, se les hace vivir en el abandono más cruel. Ellos se aguantan esperanzados de que llegue el día de las reivindicaciones, y parece que el Estado se aprovecha de esa confianza para utilizar siempre un día más el momio. El caso, al parecer, es prolongar la ganga, aunque sea para despistar en favor lo que se quita al trabajo de esos oficiales resignados, sin los cuales no habría justicia. Es el caso de «al higüí». «Al higüí, al higüí»; con la mano, no; con la boca sí.

Hombres como Maura, a quien tanto admiramos por sus admirables dotes, cometieron la injusticia de olvidarnos y el desacierto de excluirnos de los proyectos de reorganización, lo cual es tan absurdo como pretender que un gobierno civil sea despatchado por el Gobernador y el Secretario. Para Maura no cabe la necesidad de un oficialado judicial, y, lo que aun es peor, mantiene el equívoco por el cual, sostenidos por una esperanza hacemos ignominiosamente el primo.

Es de temer que se nos diga, como suprema razón, que si no nos conviene este estado que combatimos, echemos por donde podamos.

La razón es la de todo explotador que se prevale de una imperfección ética para tener productivamente víctimas propiciatorias.

Mas lo que no es justo es injusto, y nunca podrá el Estado disculpar, ni alegando conveniencias, ese uso impagado de gran número de ciudadanos que además han encauzado su vida por esos derroteros, a cubierto de disposiciones legales y ante la lógica esperanza de que llegue el día de que se les considere como funcionarios al servicio del Estado, a menos que verdaderamente no sea necesario ese Cuerpo, en cuyo caso debe ser disuelto.

Mas siendo necesario, ¿vamos a seguir consintiendo el actual estado de cosas?

Ignoro lo que pensarán los queridos compañeros que constituyen la Junta directiva de la Asociación general.

Mi opinión inquebrantable es, convencido de que el Oficialado de Justicia es necesario, tomar determinaciones que por su eficacia merezcan la atención del Gobierno en bien del culto a la Diosa Themis.

Tomemos como heraldo y paladín a la vez de nuestras aspiraciones, a un hombre como D. Angel Ossorio Gallardo, que tan a la perfección conoce las necesidades y los servicios de la clase y el papel que ésta desempeña, y tracemos nuestro plan, defendiéndole por cuantos procedimientos nos sean dables. Tenemos hoy el derecho de ocupar una de cada cuatro vacantes que se produzcan por traslación de Secretarios de Juzgados de entrada, los Oficiales examinados durante la vigencia del Real decreto de 1903, con más de tres años de servicios consecutivos en juzgados de término? ¿Pues por qué, en vez de emplear el procedimiento del concurso, que nos iroga gastos considerables y molestias y nos proporciona el disgusto de vernos maltratados en Madrid, donde con eso se fomenta el odio de las provincias hacia la Corte, no se hace un escalafón de esos Oficiales, designándoles después por orden para las vacantes que deban proveerse por el 4.º turno? ¿Le costaría esto al Ministro de Gracia y Justicia, ni a España, más gasto ni molestia que dictar una disposición en tal sentido?

Los Oficiales examinados con posterioridad a la vigencia del decreto de 1903, ¿no son tan Oficiales como los que estamos incluidos en aquélla?

Si lo son, ¿por qué no se recaba que se reconozca su derecho a pasar al Secretariado, y en la misma forma expresada se confecciona su escala fón y se les adjudican las vacantes correspondientes?

Si somos los Oficiales de Justicia cumplidores de un servicio del Estado, ¿por qué, pues, éste no nos acoge bajo su garantía ni nos retribuye como a los demás funcionarios?

Y los Secretarios, en cuyo Cuerpo aspiramos a entrar, ¿no tienen la misma condición de funcionarios públicos? ¿Por qué, en su virtud, no asignarles sueldo, haciendo así desaparecer la inequidad en que viven, puesto que mientras unos perciben por arancel dos, tres, cuatro o seis mil duros, otros no perciben libres ni tres mil pesetas, en algunos puntos cobradas en especies y en las épocas de recolección?

En suma: si el Secretariado y el Oficialado de Justicia constituyen dos cuerpos por sí mismos coordinados que desempeñan una función del Estado, ¿por qué éste no lleva a la ley Orgánica las plantillas del personal de aquéllos con determinación de funciones y de los procedimientos de ascenso similares a los de las demás clases burocráticas?

Ante esa indiferencia del Gobierno, no cabe más que una acción intensa y activa por nuestra parte.

Confiamos en que la Junta directiva de la Asociación saldrá de su marasmo y adoptará las resoluciones adecuadas, segura de que en redor de ella estaremos todos dispuestos a prestar nuestro concurso personal y colectivo.

Confiamos en que D. Angel Ossorio Gallardo enarbolará nuestra bandera y la sacará triunfante, porque ella es la bandera de la justicia y él el pabellón más esclarecido de las buenas reformas.

Y confiamos en que el Ministro de Gracia y Justicia llegará a hacerse cargo de nuestro derecho si no por la fuerza de la razón, acaso por la necesidad de evitar que la indignación estalle, se desborde y surja el conflicto de quedar los Juzgados de España sin los humildes, pero necesarios, Oficiales.

No sería tan fácil sustituirnos. Y si lo era, que lo fuese. Mas persistiría la ignorancia.

MANUEL R. SALAS,
Habilitado en Ciudad Real.