El Foro español (Madrid. 1898) (1918-11-02 00:00:00), página 10

sa. Mas en un pueblo como el nuestro, más vehementemente y apasionado que culto, sería aventurado llevarla a la práctica, pues las obcecciones o malicias de un litigante, sin el freno de la defensa técnica, no le causarían tanto daño a él como molestia a su adversario y perturbación al procedimiento. Un pleitista sin trabas, durante los períodos de discusión y prueba, alcanzaría caracteres de calamidad pública.

El peligro se borra en cuanto estrictamente concierne a la defensa oral. En ese momento la perversidad del litigante queda instantáneamente atajada por la autoridad presidencial; y su torpeza a nadie más que a él puede dañar.

Es lo más verosímil que sucede en todas las jurisdicciones lo que hoy pasa en la contencioso-administrativa, a saber, que en muy contados casos el particular utiliza la facultad de abogar por sí propio; pero siempre hay algunas ocasiones en que los interesados satisfacen ese deseo, y cuando lo hacen no dejan de consagrarse, en lo íntimo de su espíritu, un homenaje de gratitud y respeto a la Ley tan liberalmente orientada y a los abogados que cada vez muestran más desinteresado empeño en que su Ministerio sea espontáneamente requerido y no forzosamente impuesto.

De aquí que el Diputado que suscribe piense que sería oportuno adicionar a la Base 21 un párrafo que dijese así:

«En aquellos casos en que la Ley declare obligatoria la defensa por Letrado, se entenderá siempre exceptuado el acto de la vista pública, en la cual el interesado podrá defendirse a sí mismo, pero nunca valiéndose de otra persona que no tenga aquel título. En los casos de condena de costas se entenderán siempre incluidos los honorarios del Letrado aunque su intervención haya podido excusarse con arreglo a esta Base.»

BASE 21 DE LA LEY ORGÁNICA

Atribuye en ella a los Tribunales potestad de corregir a los abogados con represión, multa y sus pensión, cuando les falten al respeto en forma que no constituya delito.

Bien está lo de la represión y lo de la multa. Mas lo de la suspensión no se entiende. ¿Se trata de suspender al Letrado en el ejercicio de su carrera por un período mayor o menor de tiempo? Pues eso significa la imposición de una pena sin forma de juicio y sin garantía procesal de ninguna especie. El arma podría no ser temible en las grandes capitales, donde la opinión fiscaliza todas las manifestaciones de la vida pública; pero en los Juzgados rurales equivaldría a dejar en manos de los jueces la clasificación de qué Letrados podrían tener bufete y cuáles no.

¿Se trata de suspender momentáneamente al Abogado en el curso de la defensa donde la irrespetuosidad se ha producido? Pues ese castigo no iría contra el Letrado sino contra su defendido, y el cuidado de los prestigios judiciales podría encubrir verdaderas coacciones, con daño de la libertad civil de un inocente.

Por fortuna, la experiencia no muestra casos de tal contumacia que hayan puesto en peligro la autoridad de los Tribunales por la agresividad de los defensores, a los cuales no hayan bastado reprensiones y multas para reducir a los cánones de la policía de estrados.

En consecuencia, el Diputado que suscribe propone que se supriman de esta Base las palabras y suspensión, que figuran en el párrafo octavo.

BASE 2.a DE LA LEY DE ENJUICIAMIENTO CIVIL

La segunda Base de la reforma del Enjuiciamiento civil, señala muy atinadamente una orientación para abbreviar y abaratar el procedimiento, librándole de ritualismos que le complican y encarecen. Pero de todos modos, todavía, al hablar de prórrogas, apremios y diligencias de análogo carácter, deja abierta la posibilidad de que el articulado de la Ley no apure el rigor en estos extremos tan severamente como la conveniencia pública reclama.

Por tal razón, el Diputado que suscribe se permite proponer que aquella Base se amplíe con los siguientes conceptos, inspirados en el mismo sentido que la caracteriza y adornados de un mayor rigor:

1.º La justicia se entiende explícitamente rogada por las partes, mientras expresamente y de común acuerdo no pidan la paralización de los autos. En consecuencia, todos los traslados serán conferidos a los trámites evacuados sin necesidad de providencias que lo ordenen, escritos que lo insten, apremios, acuses de rebeldía ni nada semejante.

2.º Los términos serán fatales e improrrogables. Una vez transcurridos, el Secretario lo hará constar por diligencia en los autos, y la parte que en aquel momento no haya evacuado el traslado que la correspondería, perderá el derecho a hacerlo.

Las partes pueden exigir del Secretario, al día siguiente de vencido un término, que las exhiba la diligencia que alude el párrafo anterior.

En el momento de recibir un escrito, el Secretario dará recibo a la parte que lo haya presentado y aunque ésta no se lo reclame.

3.º A todo escrito irán acompañadas tantas copias cuanta sean las demás partes litigantes. Los secretarios no admitirán los escritos sin las copias, y si hubiera transcurrido el término del traslado, se tendrá por decaída de su derecho a la parte que debiera evacuarle.

BASE 2.a DE LA LEY DE ENJUICIAMIENTO CIVIL

Una fuente de dilaciones y enredos procesales mana de la afición de algunos jueces y magistrados a los acertijos y demás torturas de la imaginación;