El Foro español (Madrid. 1898) (1922-07-31 00:00:00), página 3

El nuevo régimen de la pequeña propiedad y los Secretarios judiciales

Nos pareció tan conveniente, por lo que a la formalización de la titulación relativa a la pequeña propiedad se refiere, la proposición de ley del Ilustrado Senador y Notario de Madrid D. Mateo Azpeitia, que nos apresuramos a publicarla en nuestro número del 15 de abril último con una nota laudatoria que un colaborador nuestro nos envió.

Al parecer, esa proposición quedó paralizada y solamente un par de días antes de cerrarse las Cortes se publicó, en la Gaceta del 20 del pasado julio, el Real decreto autorizando al Ministro para presentar el proyecto de ley, que en otro lugar insertamos, referente a este importante punto.

Este es, pues, el tiempo de discutir acerca del proyecto de manera definitiva, y cuanto antes se hubiera hecho habrá sido expuesto a perder el tiempo, ya que las proposiciones de ley en nuestro país son numerosísimas y pocas las que toman estado parlamentario; y nosotros, reducidos en dimensiones por dificultades económicas, tenemos que aprovechar el espacio para las cuestiones de más palpitante interés, y de aquí el que hasta ahora no hayamos tocado un aspecto de este proyecto acerca del cual ya nos habían llamado la atención algunos impecables suscriptoros Secretarios judiciales.

No niegan éstos la importancia que realmente tiene el proyecto; pero se lamentan, con razón, de que se les mermen ingresos que pudieran serles útiles con motivo del mismo y que no hay razón para que vayan a parar a manos de otros funcionarios, especialmente los Notarios, que si ya se reduce la competencia casi a los Juzgados municipales, en estos, por lo menos, también son Secretarios los que hayan de intervenir; pero encomendar funciones que son realmente judiciales a los Notarios con ese de acreditar ante ellos lo que se llama «la posesión jurídica», nos parece una especie de «ratimago jurídico también» para aumentar liberalísicamente los ya saneados ingresos de aquéllos a costa de los merma- disimos de los Secretarios judiciales. Llevando, a los Notarios, después de todo, funciones de verdadero carácter judicial.

No queremos decir más; preferimos que, conocido el proyecto, sean los mismos Secretarios judiciales los que hablen, y nuestras columnas a su disposición quedan, como siempre, para que puedan dejar oír su voz.

No hace mucho nos quejábamos de que los Notarios invadían el terreno propio de los Abogados, y ahora empiezan a hacer lo mismo en el de los Secretarios judiciales; habrá, pues, necesidad de irlos a la mano de su carrera de ambiciones.

Por lo demás, y por lo que a la esencia del proyecto se refiere, para sacar a la pequeña propiedad de la desorganización en que se encuentra, sólo elogios hemos de reiterar a la iniciativa del Sr. Azpeitia, que va tomando forma de realidad vivida con el proyecto de ley últimamente presentado por el Ministro de Gracia y Justicia y que ha de ser discutido apenas se abran de nuevo las Cortes.

La inscripción de la pequeña propiedad

REAL DECRETO

De acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en autorizar al de Gracia y Justicia para presentar a las Cortes un proyecto de ley modificando el régimen para la inscripción de la pequeña propiedad.

Dado en Palacio a siete de julio de mil novecientos veintidós.—ALFONSO.—El Ministro de Gracia y Justicia, Mariano Ordóñez.

A LAS CORTES

Las legislaciones modernas, aun partiendo de la igualdad de los ciudadanos ante la ley y de un régimen uniforme de la propiedad, han tratado de proteger la formación de pequeños patrimonios y de asegurar la situación jurídica del pequeño propietario. En esto son consecuentes con las tendencias económicas y socializadoras que inspiran al derecho actual y congruentes con las orientaciones predominantes en el civil. Trátase, por un lado, de llevar la tierra al cultivador y de otorgar independencia al padre de familia, facilitándole casa propia, mientras que por otro se atiende a una equitativa distribución de las cargas del Estado.

Estas ideas se traducen, dentro de la corriente legislativa, en múltiples disposiciones que proveen a la parcelación del territorio, constitución de patrimonios inembargables, redención de cargas y derechos reales de tipo anticuado, colonización interior, construcción de casas baratas, y en general, al régimen de la pequeña propiedad.

Nuestra legislación hipotecaria, y especialmente los preceptos civiles íntimamente relacionados con la inscripción, por no haber reconocido la distinción de naturaleza que se deriva de las diferencias notables que existen en cuanto a la extensión de los predios, han llegado a una verdadera desigualdad de trato de las fincas inscribibles, pues mientras los propietarios de las de gran valor pueden soportar los gastos de una titulación costosa, los de las parcelas de escasos rendimientos apenas si pueden obtener la seguridad relativa de una posesión no controvertida.

Todo el mecanismo complicado y sutil de menores o incapacitados, las justificadas exigencias de la sucesión mortis causa, los matices legales del régimen de ausencia, la intervención de múltiples autoridades y funcionarios impuesta por el ordenamiento hipotecario, se convierten en poderosos obstáculos que alejan a la pequeña propiedad del Registro e imposibilitan la formación de títulos perfectos para la clase pobre.

Aun a riesgo de violentar los rígidos principios hipotecarios, el proyecto de ley que a continuación se inserta trata de corregir la indicada desigualdad y de llevar al Registro la pequeña propiedad. Para ello concede, en primer lugar, a los Notarios, la facultad de autorizar las actas de posesión, atendiendo a los precedentes consignados en el dictamen de