El Foro español (Madrid. 1898) (1921-12-31 00:00:00), página 4

ceptos que hacen constar lo contrario, lo mismo bajo la Monarquía constitucional que bajo las republicas más democráticas.

Privado el Ministerio fiscal entre nosotros de intervenir en toda función económica que más o menos directamente afecte al Estado, claro que debe ser independiente dentro del límite que nuestro sistema político lo permita.

Ciertó que, como en los antiguos tiempos, la Justicia es uno de los atributos de la Realeza, con arreglo a la Constitución; pero emanando la ley de tres fuentes, convertida, por tanto, en la expresión de la voluntad, y aun el Ministerio público, sea cuando requiera la aplicación de una ley ante los Tribunales, sea si actúa para asegurar la acción de la vindicativa pública, resulta ante todo el hombre de ley y de la nación; hoy, entre nosotros, ha dejado en absoluto de ser los gens du roi, y sólo en esa mixtificación, que constituye actualmente lo Contencioso administrativo, el Fiscal ha de defender, sin excepción, a la Administración pública, no pudiendo allanarse sin consentimiento previo de la misma.

Así que, la dependencia orgánica establecida en España significará que sí en todo cuanto atañe al orden y a la disciplina ha de estimarse representante del Poder, no en las demás funciones de su ministerio, según pronto veremos.

Para tener el Ministerio fiscal verdadera independencia necesita, como el Juez, la inamovilidad; ese carácter ha faltado en absoluto entre nosotros. Después de la ley Adicional, un Ministro de notoria ilustración dijo en uno de los Cuerpos colegiados que los individuos de la carrera fiscal podían ser declarados cesantes.

Muy a principios del siglo xix empezó en Francia la campaña en pro de la inamovilidad, y se discutiría así: «Cuánta mayor es la influencia que deben ejercer sobre la Administración de justicia, más deben hallarse al abrigo de los caprichos del poder soberano; si la independencia de un funcionario cualquiera no se halla en proporción con la autoridad de que se halla investido, se encontrará con frecuencia colocado entre el cumplimiento de sus deberes y el temor de perder su puesto. ¿Cómo esperar entonces que obre con libertad de criterio? Adquiriendo la inamovilidad se verá menos a los funcionarios públicos convertirse en agentes del Poder ejecutivo, se mostrarán guardianes celosos, ardientes defensores de las leyes y de los principios constitucionales; se opondrán con la mayor energía a los actos arbitrarios, y podrá convertirse, en cuanto sea posible, en escudo de nuestras libertades.

Así como la inamovilidad de los Jueces y Magistrados se consigna en la Constitución de 1876 y en otras anteriores, determinándose su alcance por la ley Orgánica, tan repetidamente citada.

Respecto al Ministerio fiscal, no está tan expresa esta última, y de sus textos más bien parece inlignarse al sistema contrario, pues el Gobierno tiene facultad para separar: 1.º Al Fiscal del Tribunal Supremo, lógica consecuencia de la dependencia del mismo que establece la ley, y de la libertad amplísima en el nombramiento; y 2.º A los de las Audiencias, concediéndoles una compensación cuando la separación se acordara sin causa (artículos 787 y 820). Los demás funcionarios no podrán ser separados, suspendidos, trasladados ni jubilados, sin llenar ciertos requisitos legales que les colocaban en situación casi idéntica a la de los Jueces y Magistrados (artículos 821 al 834).

El Decreto del Ministerio Regencia de 23 de enero de 1875 extendió las atribuciones que el Gobierno concedía la ley Orgánica a todos los funcionarios del Ministerio fiscal, por lo cual perdieron desde entonces la condición de inamovibles; pues como la ley Adicional conservó el statu quo, pudo declararse en uno de los Cuerpos colegiados por cierto Ministro la subsistencia de dicha facultad.

Debe, sin embargo, hacerse constar que en la práctica sólo el Fiscal del Tribunal Supremo, y cuando le desempeña persona adscrita a política determinada, dimiten en cuanto ocurre un cambio de situación; los demás, salvo la traslación, desde 1875 han cesado los casos de separaciones arbitrarias.

E.—La unidad en el Ministerio público.

El impulso en este sentido nos vino de Francia, donde la tendencia a la consolidación del Poder fue hasta la catástrofe de 1870 casi tradicional, y de ahí que al Ministerio público se le dotara de una mayor concentración y, de consiguiente, una mayor unidad.

De modo que no basta la alta vigilancia y la mayor o menor subordinación; dado este sistema: todas las funciones del Ministerio fiscal tienen cierto carácter de acción pública—no sólo la penal—, y habrá de ejercitarse por funcionarios distintos y en gran número, pero todos representando un único y supremo Magistrado; de suerte que todos obran con unidad de impulso y solidaridad en la ejecución.

¿Querrá decir este sistema que carecen de autonomía los funcionarios del Ministerio fiscal, debiendo subordinar su actuación a las instrucciones del Jefe supremo? En manera alguna; en teoría podrá suponer todo lo que quiera esta unidad de criterio; pero en la práctica trátase de una supremacía directiva que se significa por medio de circulares, siempre de carácter general, instrucciones y consultas en casos concretos, acompañada aquélla de la vigilancia disciplinaria, lo que contribuye a robustecer la adhesión de los funcionarios entre sí; tal inteligencia impone la mayor prontitud y seguridad a la actuación de los Fiscales de las Audiencias y de sus subordinados; claro que sin perjuicio de la superior facultad de desaprobar y corregir sus actos cuando, por virtud de recursos interpuestos o de las facultades que al superior concede la ley Orgánica, tenga éste conocimiento de los mismos. Cierto que el establecimiento del juicio oral y de la única instancia concede en España una mayor independencia a los inferiores, con quebrantamiento consiguiente de la unidad de acción y, sobre todo, de la privación de