El Foro español (Madrid. 1898) (1918-08-30 00:00:00), página 14

BASES PARA LA REFORMA DE LA LEY ORGANICA

BASE PRIMERA

Una sola aclaración nos ofrece esta base. No venimos a hacer propaganda política, pero sin hacerla creeríamos necesario se modifique la disposición que ordena administrar la justicia en nombre del Rey, sino existiese el artículo 74 de la Constitución. Doctrinalmente, entendemos la justicia debe administrarse en nombre de la soberanía nacional.

BASE SEGUNDA

Resalta merecedora de entusiasta aplauso esta base que viene a modificar la vigente ley de justicia municipal, pero la parte más merecedora de loa es aquella que hace desaparecer la actuación de los Jueces municipales, llamados muchas veces a interrumpir funciones de Juez de primera instancia para resolver pleitos que se negarán a fallar en determinado sentido impuesto por conveniencias privadas sólida y eficazmente mantenidas por influencias que impone el capricho de esa inmoralidad escandalosa que se llama política. El reservar a funcionario judicial las resoluciones definitivas, es un evidente y plausible adelanto en el mejoramiento de la administración de justicia, que por desgracia no contiene otras de las bases presentadas.

La misma orientación se establece para el procedimiento penal, pero no aclara y debe acotar qué fuerza obligatoria impone al Juez municipal en funciones de instrucción el asesoramiento del Ministerio Fiscal, detalle de extrema importancia, pues varía mucho la naturaleza de ese asesoramiento, según sea de carácter obligatorio o voluntario el sujetarse al mismo.

El procedimiento, y aceptando el concepto que díana palabra significará, sólo vendrá a obtener un dictamen que sirviera en las apelaciones para fundamentarlas en discrepancias judiciales.

Interesa, por tanto, grandemente, determinar en la Ley cuál sea el alcance de ese asesoramiento que viene, en suma, a impedir que el libre albedrío de un Juez municipal pueda disp ner a su antojo de la libertad de los ciudadanos que no se prestan a manejos y componendas de los mangoneadores de la función pública.

BASE CUARTA

De la organización y competencia de las Audiencias provinciales

Tan sólo en la competencia en materia criminal, entendemos debe ser reformada esta base, estableciéndola para conocer en juicio oral y público y única instancia, con asistencia del Jurado de todas las causas por delitos previstos en las leyes penales.

Obece a la modificación al logro de la aspiración de una igualdad absoluta para todos en la clase y naturaleza del Tribunal que ha de juzgar las infracciones penales y que con un mismo procedimiento se establezcan los hechos que han de ser motivo de sanción penal.

Son muchos los casos de delitos artificiales no previstos en el Código Penal que son perjudiciales porque los funcionarios encargados de juzgar, con solidaridad profesional, aceptan seguros de la irresponsabilidad, calificaciones jurídicas que pugnan con la moral. De esos delitos artificiales podríamos citar diversos ejemplos, pero como casos generales señalaríamos el de injurias, calumnia o descargo que derivan los Jueces contra quien, en forma de denuncia, expone hechos delictivos y de ellos acusa a un Juez o Magistrado. Lo legal sería investigar y juzgar el hecho que se denuncia, y después perseguir en su caso al denunciante, y eso que es lo legal, se olvida para perseguir, desde luego, al acusador, convirtiéndole en acusado y sin medios dentro de nuestro régimen y del procedimiento criminal, secreto, de probar sus aseveraciones, y una vez procesado, es segura la sentencia condenatoria y la impunidad del funcionario denunciado.

Si el perjudicado opta por la querella, el procedimiento es casi similar; se admite la querella, se declara secreto el sumario para el querellante, se termina el sumario sin procesamiento, se sobresee libremente mandando sacar el tanto de culpa para perseguir al querellante por denuncia falsa y nos encontramos ante un nuevo delito artificial.

Podríamos citar casos concretos en que tales hechos fueron seguidos de ese novísimo procedimiento de creación de delitos que producen el grave trastorno de dejar impune los realizados por funcionarios judiciales y aumentar el perjuicio que a los litigantes ocasionan consumando el daño y produciendo un procedimiento criminal.

BASE QUINTA

De la Constitución del Tribunal del Jurado

El Tribunal del Jurado debe de estar constituido de un modo idéntico para todos los delitos y demostradas las dificultades y gastos que el número exagerado de doce propone y la inutilidad de que del mismo formen parte tres Magistrados, sería conveniente establecer su número de seis y un Magistrado-Presidente que asuma las atribuciones que la Ley conceda, celebrándose los juicios en las respectivas Audiencias.

Ofrece graves peligros y desprestigio grande la función de juzgar establecida en los respectivos partidos judiciales. En primer término, en cuanto al reo y al interés social por la gran influencia que en el ánimo de los Jurados han de producir los juicios apasionados de cada localidad; no es lo mismo actuar en un Jurado, lejos del sitio donde se realizó el hecho, donde, fatalmente, existen intereses, afectos, simpatías, que en el orden moral presionan y cohiben la libertad de conciencia de los Jueces populares, que efectuarlo en la capital, donde la población más numérica sin una tan íntima compenetración con los hechos que motivan el procedimiento, ofrecen garantías mayores de recta e imparcialidad.

Un extremo de gran importancia para esta Federación es el relacionado con la defensa de los procesados. Evidente que tramitándose al plenario en las Audiencias, Abogados de los Colegios establecidos en las mismas serían los encargados de redactar los escritos de conclusión, bien fueran designados de oficio o nombrados por los sujetos a procedimiento, y al traslarse el Tribunal a la capitalidad del partido judicial ese Abogado sería el obligado a la defensa, produciéndose un gasto que en el caso de nombramiento pagaría el interesado, pero que no puede venir obligado a satisfacer el Abogado del turno de oficio que ya presta su trabajo personal de un modo gratuito.

De no asistir esos Abogados, podrá el Gobierno, haciendo uso de la facultad que le concede la Ley, designar un funcionario judicial, viéndolo con ello a suprimirse la voluntariedad en el derecho de defensa.

Hay una segunda solución y es la de que en los juicios orales abogaren Abogados de los habitados para el ejercicio de la profesión en el Juzgado donde se tramitó la causa, y esto ofrece la anomalía de que esos Abogados que no levantan las cargas de ningún Colegio, que pagan una contribución exigua en relación con la que pagan los Abogados incorporados a un Colegio de capital de provincia, tendrían las mayores ventajas, en tanto que los que ofrecen mayor margen de ganancia es el informe ante el Tribunal en el acto del juicio oral.

Mas extensamente estudiaremos esta cuestión al examinar la parte relacionada con el ejercicio de la profesión de Abogado.

Adolecen esta Ley de un defecto esencial en la tendencia a inmiscuir en las funciones más delicadas de la vida judicial a elementos que no gozan siempre de la necesaria independencia y a personas extrañas, absolutamente incompatibles con toda función de equidad y de justicia.

¿Qué necesidad existe en principios de ética jurídica de que formen parte de la Junta que habrán de designar las listas de Jurados, dos Diputados provinciales?

La causa o razón la explica la regla tercera, y produce espanto pensar que el Tribunal del Jurado sea de garantía, elegido por la Junta de gobierno, sin arraigo ni conocimiento de los antecedentes o conductas de las personas y necesariamente sometidos en estas apreciaciones y eliminaciones a la opinión de los dos Diputados provinciales,