El Foro español (Madrid. 1898) (1920-01-15 00:00:00), página 5

Pasado este término se procederá, sin nuevo aviso, al lanzamiento, depositando los muebles y efectos en el local que el Municipio debe destinar el efecto, y por cuenta del desahuciado.

Art. 22. Las costas del desahucio serán siempre de cargo del que lo pierda.

Art. 23. Son competentes los Jueces municipales del sitio donde radiquen las fincas, tratándose de simples inquilinos, y los de primera instancia, si de comercios e industrias; en estos casos, las apelaciones serán ante el Tribunal industrial más próximo, aumentándose los términos en un día más por cada 30 kilómetros o fracción de distancia a contar desde donde esté enclavada la finca arrendada.

Art. 24. A los efectos de esta ley se comprenden los locales en que se ejerza cualquier industria o comercio, aun cuando no se exprese en el contrato, siempre que se pruebe que de ello tenían conocimiento el dueño, administrador o porteros.

El cambio de industria habrá de ponerse en conocimiento del propietario por escrito, de que se dará recibo, por sí se tratase de industria peligrosa o que no está permitida o haya que cumplir respecto a ella cualquier requisito legal o administrativo.

Art. 25. El comprador de una finca arrendada viene obligado a respetar los contratos celebrados por su antecesor, entendiéndose subrogado en las obligaciones y derechos de éste, sin que pueda eximirse de ello por alegar ignorancia, salvo, naturalmente, sus acciones contra el vendedor de la finca.

Art. 26. La confabulación de varios o de todos los propietarios para imponer determinadas formas de contrato o falsear las disposiciones de esta ley será castigada con la pena de prisión correctional en cualquiera de sus grados, según la importancia que el hecho pudiera revestir.

Art. 27. Todo lo relativo a esta materia estará confiado a los Ayuntamientos, que crearán un negociado especial para su buen funcionamiento cuando la importancia de la población o del servicio así lo requiera.

Art. 28. Los beneficios de esta ley no son renunciables por entenderse que afectan al orden público, a la higiene y ornato de las poblaciones y estar inspirados en un alto espíritu de equidad.

Art. 29. En el correspondiente Reglamento se desarrollarán estas disposiciones y se determinarán las debidas sanciones a las infracciones de aquellas que puedan ser objeto, consistiendo éstas, aparte de la responsabilidad en que se pueda incurrir con arreglo a otras leyes, en multas y en privación del cobro de alquileres durante tiempo determinado, con aplicación de los mismos a fines benéficos.

Disposición subsidiaria.—Las facultades que se asignan en los precedentes artículos a los Ayuntamientos, así como las funciones que se confieren a los empleados dependientes del mismo, podrán llevarse a un organismo especial, a semejanza de la Comisaría de Seguros, así como la competencia para entender en esta clase de reclamaciones podrá conferirse a un Tribunal arbitral, compuesto de propietarios e inquilinos, todo ello en la forma que se determine en el Reglamento que al efecto se dictase en relación a los preceptos legales en que se establezca esta dependencia y se cree ese Tribunal.

Palacio del Congreso, 27 de Noviembre de 1919.—Rafael Satillas.—Roberto Castrovido.—Miguel Morayta.

PASTILLAS BONALD CLORO-BORO-SÓDICAS CON COCAINA

Su eficacia está reconocida y comprobada por los señores Médicos para combatir las enfermedades de la BOCA Y DE LA GARGANTA. TENEMOS PREPARADAS: Pastillas Cloro-Boro-Sódicas.—Pastillas Cloro-Boro-Sódicas con guayacina.—Pastillas Cloro-Boro-Sódicas con guayacina y cocaína.—Pastillas Cloro-Boro-Sódicas con guayacina, cocaína y mentol.—Pastillas Cloro-Boro-Sódicas con cocaína y mentol.—Pastillas Cloro-Boro-Sódicas con cocaína y eucaliptus.—Pastillas de cocaína y mentol.—Pastillas de cocaína y eucaliptus con codeína.—Pastillas de heroína cinamino-benzolico.—Pastillas de frutos pectorales con eucaliptus.

Las pastillas BONALD son las primeras de su fórmula que se conocieron en España y en el Extranjero.

LA VELOCIDAD DE LOS AUTOMÓVILES Y EL DERECHO DE LEGITIMA DEFENSA

La dolorosa frecuencia con que se vienen sucediendo los atropellos de personas por automóviles—atropellos que en la mayoría de los casos tienen como causa eficiente el exceso de velocidad de esos vehículos dentro de las poblaciones—, ha llegado a preocupar seriamente a autoridades y sociólogos.

El dignísimo Presidente de la Audiencia territorial de Madrid, D. Marcelino González Ruiz, gloria de España y honra de la Magistratura, ha dirigido a los Jueces del territorio de su jurisdicción, una carta-orden encareciéndoles la observación de un sano rigor contra los conductores y viajeros de los automóviles causantes de atropellos, que van sembrando la muerte por las calles de las poblaciones, teniendo en continuo sobresalto a los pacíficos transeúntes.

Antonio Zozaya—que posee como nadie el don de la oportunidad y el acierto, y que tiene en el campo de las letras tratamiento de Majestad—, también ha dedicado una de sus maravillosas crónicas a censurar estos actos y a pedir que sean sancionados como merecen.

Perdonad mi atrevimiento, si después de lo dicho por estos dos prestigios españoles, me permito dedicar unas cuartillas al mismo tema.

Perdonadme en gracia a la buena voluntad que me guía al hacerlo.

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Me propongo estudiar la siguiente cuestión:

Al que estando en inminente peligro de ser atropellado por un automóvil, saca un revólver y dispara contra el conductor del vehículo, con el propósito de ver si el conductor, ante el peligro de la agresión o