El Foro español (Madrid. 1898) (1919-09-30 00:00:00), página 7

Las pobrezas en los depósitos de mujer casada.

El caso primero del art. 1.408 del Código civil establece que serán de cargo de la sociedad de gananciales todas las deudas y obligaciones contraídas durante el matrimonio por el marido, y también los que contrajere la mujer en los casos en que pueda legalmente obligar a la sociedad.

Uno de estos casos entendemos que es el que prevé el art. 60 del mismo Código, al no necesitar la mujer licencia marital para demandar o defenderse en los pleitos con su marido.

Si la mujer, por concurrir cualesquiera de las causas que determinan el divorcio, solicita el depósito de su persona precisamente para tener la libertad necesaria para litigar, es evidente que, tanto para esas diligencias preparatorias como para entablar la demanda, no precisa de la autoridad marital, y al no necesitarla, puede comparecer por sí sola en juicio.

Sobre este primer punto, por su claridad, no surgen dudas de ninguna especie ante los Tribunales; mas ellas empiezan al tener que formalizar los escritos, y carecer, por regla general, la mujer casada que solicita el depósito, de recursos para abonar los gastos judiciales que al incoarse originan todos los pleitos.

La mayoría de los letrados encuentran muy cómodo el obviar esta dificultad formulando la pretensión de pobreza y pidiendo tramitar sin exacción de derechos aquellas actuaciones de cuyo aplazamiento pueda seguirse perjuicios irreparables al actor, y entre ellas están las del depósito de la mujer casada.

Como, según tenemos indicado al principio, la sociedad legal de gananciales responde de los gastos ocasionados por la mujer, pues tiene personalidad para comparecer en juicio contra su marido, el incidente de pobreza no puede prosperar si en el matrimonio existen bienes o frutos que excedan de los límites marcados en el art. 15 de la ley de Enjuiciamiento civil, y al no accederse, se imponen las costas del incidente, que consideramos, por las razones dichas, que no debió nunca iniciarse, sino tramitarse, los escritos en papel de oficio y diciendo que se defiende como pobre, llegando algunas veces a presentar la demanda de pobreza.

Cierto es que el art. 22 de la ley de Enjuiciamiento civil determina que no se dará curso al asunto principal cuando sea el demandante quien solicite acogerse al beneficio legal de pobreza hasta que se le haya concedido por la sentencia, y, por tanto, hay que esperar que el incidente se trate; pero la ley, como es lógico, ha previsto los casos de excepción, y en el párrafo segundo de su mismo artículo autoriza al Juez para que, sin necesidad de la sentencia, sino, desde luego, decida.

Si estuviéramos equivocados y no correspondiera el pago de las costas y gastos judiciales a la sociedad de gananciales, siempre resultaría que dicha sociedad vendría, en definitiva, sujeta a su abono por el artículo 1.410 del Código civil, que considera con cargo a los gananciales el pago de la condena que se le imponga a la mujer.

Siendo la sociedad de gananciales la sujeta al pago y el administrador legal de la misma el marido, entendemos que en aquellos casos en que existen bienes no debe entablarse la demanda de pobreza por la mujer que pida el depósito, constituyendo una mala práctica que redunde en su perjuicio, porque, en definitiva, ha de venir necesariamente la denegación del beneficio de pobreza y la condena de las costas.

Estableciendo el art. 22 la facultad de que puedan tramitarse sin exacción de derechos y sin esperar a la sentencia firme de pobreza las diligencias urgentes, y existiendo en la ley el procedimiento rápido de la provisión de fondos al Procurador, y perteneciendo, como hemos visto, a ambos cónyuges los bienes de la sociedad de gananciales, no es menester entablar ni tramitar la demanda de pobreza, sino presentar el escrito, solicitar como urgente la tramitación, a reserva de formular la pobreza si no existieran bienes de la sociedad de gananciales, dotaes o parafernales, administrados por el marido, y pedir al mismo tiempo la provisión de fondos con el requerimiento al administrador legal, o sea al marido, llegando al embargo, y trabajado éste, convertir y tramitar el asunto como de rico.

Con este procedimiento, que es el que se ajusta a la realidad de los hechos, no se causa perjuicio alguno para ninguna de las personas que intervienen en la tramitación; el Procurador, aceptando ad cautelam como de pobre el asunto, y hasta ver el resultado del embargo, no viene obligado con el Letrado ni con los Auxiliares de la Administración de Justicia a satisfacer sus minutas de honorarios; el Secretario, tornándosele el asunto en esta forma, tampoco se le origina, pues si cambia después la naturaleza del asunto, con esa ventaja se encuentra, y la interesada, si existen bienes y se logra el embargo, no ha de tener que pagar las costas de un incidente de pobreza que, a sabiendas, había de perder, y si esos bienes no existen, entonces tiene base sólida para fundamentar su demanda y obtener la declaración del beneficio legal de pobreza.

Creemos que la materia merece que se tenga presente, cuando de depósito de mujer casada se trata, y evitar las malas prácticas actuales, que no redundan, en beneficio de nadie, y, por tanto, están cercañas a aminorar el prestigio que debe rodear siempre a la Administración de Justicia.

(De Gaceta de Tribunales.)

SOBRE EL «CUARTO TURNO»

UNA OPINIÓN MÁS

Dada la competencia, la altura jurídica, la representación y hasta la diversa filiación política de los llamados a ser Jueces de un tribunal de oposiciones,