El Foro español (Madrid. 1898) (1918-11-02 00:00:00), página 12

levadísima función social que a la Fiscalía compete. Por muy respetables que sean el órgano y cada uno de sus miembros, hay en la vida otro principio más respetable todavía, cual es el de la libertad civil para que cada uno ponga sus derechos bajo la defensa de quien le plazca. Admirable y bendito es el hospital donde médicos eminentes, religiosas abnegadas y Estados generosos procuran remediar las dolencias corporales; mas nadie se atrevería a regatear al último de los pordioseros el derecho de entregar su salud a los cuidados del médico de su confianza por inefeto, inexperto y torpe que fuese.

Un Fiscal, funcionario público, no puede poner al servicio de un litigante el tiempo, el ardimiento y la especial competencia que un Letrado.

Por razones correlativas el litigante no tendrá ni siquiera fácil acceso al estudio de su patrono para confiarle sus cuitas y solicitar su consejo. Y todo esto, que es grave en cualquier caso, adquirirá caracteres de conflicto político si se toma en cuenta que esos litigantes pobres ejercitan todos los días acciones creadas por la llamada legislación social, batallando frente a sus patronos más o menos poderosos. Los obreros que reclamen indemnizaciones por accidentes del trabajo no se allanan fácilmente a creer que ha hecho todo lo necesario para su defensa un funcionario público representante de una sociedad capitalista y burguesa; y cuando llegue el fallo adverso no habrá quien impida que le supongan debido a su indefensión. Podrá ello no ser cierto, mas no por esto se reducirán la inquietud, la desconfianza y la protesta de los necesitados.

Otras muchas veces se encuentran los desprovistos de bienes materiales en la precisión de contender con empresas fortísimas. Y será, en verdad, espectáculo amargo que la ley prive a aquellos del primario elemental derecho de buscar su defensor, mientras no ha tenido ni un destello de previsión para impedir que sean consejeros y abogados a sueldo de esas compañías los ministros de la Corona en cuyas manos ahora precisamente por virtud de estas reformas judiciales, va a quedar la amovilidad absoluta de todos los individuos del Ministerio Fiscal. Insistamos en esta dolorosa realidad. Un pobre tiene que litigar contra una compañía. Al pobre no se le permite valerse de Abogado de su confianza y se le entrega en manos de un Fiscal. La Compañía está prácticamente representada por un Ministro, acaso el propio Ministro de Justicia, que continua sus tareas profesionales viéndose de la firma de un pasante. Ese Ministro de Justicia tendrá, por virtud de esta ley, el derecho de enviar al Fiscal donde le plazca, sin contar con nadie y sin responsabilidad ninguna, sólo con echar mano de tranquila tan cómoda cual la de «las conveniencias del servicio». ¿Contará ese funcionario Fiscal con la independencia indispensable para arremeter briosamente contra la Compañía? Y aunque tenga madera de mártir y lo haga. ¿Se creerá el litigante debidamente asistido? ¿Lo pensarán la opinión pública? Muy lejos de eso, entenderá qué ha sido extremado el rigor contra los indefensos y muy olvidadiza la cautela contra los abusos del influyente.

Al lado de estos riesgos típicos quedan muy esfumados otros de menor alcance, pero que, considerados aisladamente, tampoco le tienen corto. Así, por ejemplo, ¿quién tendrá libertad para interponer un recurso, el litigante o el Ministerio Fiscal? Un Letrado que no estime pertinente apelar o recurrir en casación puede abstenerse de hacerlo sin causar con ello daño irreparable, puesto que lo que él no hace lo realizará otro compañero. Pero con arreglo al nuevo régimen, cuando el Fiscal no quiera apelar o recurrir y el litigante desee hacerlo, ¿qué ocurrirá? ¿Se sacrificará el derecho del ciudadano para que prevalezca lo que ya no sería consejo, sino mandato del funcionario? Y si no se hace esto, ¿habrá un funcionario Fiscal que con entusiasmo desautorice las opiniones de su colega?

En este mismo orden de consideraciones cabe preocuparse de lo que ocurrirá cuando un pobre ligue contra otro pobre. Rota la unidad del Ministerio público se verá a uno de sus individuos luchar contra otro, con quebranto de la autoridad de los dos y sin sosiego en ninguno de ambos defendidos, que no acertarán a ver en sus amparadores aquella independencia de juicio y aquel desembarazo de conducta que sólo es patrimonio de los que ejercen profesiones libres.

Además, el conflicto de conciencia que se presenta para fiscales y magistrados es verdaderamente grave. No se tratará en la materia civil como en la criminal o en la contencioso administrativa, de que el Ministerio Fiscal cumpla sistemáticamente un deber ineludible, con lo que su autoridad no pierde nada aunque sea vencido en la contienda. Se trata de que determine por su libre juicio qué asunto es defendible y cuál no lo es. Si el Tribunal declara en su sentencia que la acción es maliciosa o temeraria, la mancha que esto acarrea no caerá sólo sobre el pleitista sino que alcanzará al Ministerio Fiscal. Y si por huir de tal riesgo, el Fiscal hila demasiado delgado en la admisión de los asuntos (lo cual, por cierto, coincidirá con su comodidad), quedarán mil y mil derechos abandonados en homenaje al prestigio colectivo y al amor propio individual de los funcionarios llamados a mantenerlos.

Tampoco dejará de ser curiosa la contienda establecida entre dos servidores del mismo Estado (el Fiscal y el Abogado del Estado), sobre concesión o negativa del beneficio de pobreza. Un Fiscal atacando al Fisco constituye novedad apreciable.

La peligrosa innovación sugiere otras mil consideraciones. Pero no es necesario ni útil prolongar por más tiempo las indicaciones que quedan esbozadas. Baste decir para resumirlas que así como en ningún orden de la vida pública se atrevería hoy ningún Gobierno a legislar con sistemas preventivos, así tampoco en este orden de la vida privada cabe negar un elemental derecho a todos los ciuda-