El Foro español (Madrid. 1898) (1922-02-28 00:00:00), página 6

perfectamente algunos datos, pero ignora otros contrarios que son más importantes; la Administración dice: ha producido en un año el impuesto de Derechos reales la suma de 100 millones de pesetas, y como consecuencia del sistema de comprobación hemos recaudado 20 millones de pesetas; es decir, que si no se hubiera aplicado el sistema de comprobación, el impuesto sólo hubiera rendido 80 millones en vez de 100. En cambio, la Administración ignora la serie de contratos que, después de convenidos, no llegan a realizarse como consecuencia de ese sistema; porque suponemos, señores senadores, que se trata de la compra de una casa en Madrid de un valor de 200.000 pesetas, una de esas casas que no guarda relación su valor con el líquido imponible y aplicando la tarifa de la ley, o sea el 4 por 100 al precio de 200.000 pesetas, la cantidad a satisfacer por el impuesto, sobre el valor real y efectivo, sería 8.000 pesetas; pero si la casa tiene un líquido imponible que capitalizado da el valor de 400.000 pesetas, resulta que el tipo ya no es del 4, sino del 8 por 100, y el adquirente tiene que pagar en vez de 8.000 16.000 pesetas, cifra tan enorme que no da margen para que puedan ponerse de acuerdo el comprador y el vendedor y que haga que el contrato no se celebre y que la Hacienda pierda lo que en otro caso hubiera percibido.

Con ser tan grave el trastorno que ocasiona este sistema de liquidación en el orden económico, es todavía mucho más importante el que causa en el orden jurídico, porque deja completamente indefensos en sus garantías a los ciudadanos, en orden al derecho de propiedad. Sabido es que en España la propiedad territorial no se adquiere en realidad por las normas que el derecho civil establece; que no es dueño de la cosa el que la compra, el que entrega su precio y el que toma posesión de la misma, sino que, conforme al principio Prior tempore potior jure, es, en realidad, dueño de ella el que primero la inscribe en el Registro de la propiedad. No se puede inscribir sin pagar previamente el impuesto de Derechos reales, y lo único que puede hacerse antes es el llamado asiento de presentación, medida precaria que sólo subsiste durante treinta días hábiles, si bien si se inscribe a su amparo todos los efectos se retrotraen a su primitiva fecha.

La ley, en su art. 8.º, con un perfecto criterio, determina y señala como plazo normal de liquidación y pago del impuesto el de quince días; pero ese plazo rige cuando no hay comprobación de valores; cuando la hay, que ahora es siempre, en ese caso, los plazos son muy distintos. El art. 76 del reglamento determina que, cuando haya de practicarse comprobación de valores, el plazo será de un mes para que el liquidador pueda instruir el expediente; concede otro plazo de un mes para liquidar el impuesto, si el interesado presenta todos los documentos, y el plazo se eleva a dos meses si no los presenta. Este plazo puede ser prorrogado a cuatro meses por el Ministro de Hacienda, y en la práctica existe ahora la corruptela de que cuando haya de practicarse una comprobación de valores, si los interesados no pueden proporcionar todos los datos, el liquidador del documento lo liquida provisionalmente. Se satisface el impuesto, pero no se le entrega el documento hasta la liquidación definitiva, y con frecuencia sucede que dentro de los plazos hipotecarios no se puede inscribir por culpa del impuesto; y así, un adquirente de buena fe está expuesto a perder su propiedad porque el transmitente la venda nuevamente a otro comprador, o porque se trabe un embargo a sus espaldas o algo parecido que haga perder la propiedad, y aquel día, cuando en la Prensa se lea que se ha cometido un gran chantaje, una gran estafa, nos daremos cuenta del mal, y nos extrañará cómo pudo prevalecer un sistema que de tal grado destruye todo el orden jurídico.

Lo menos que puede hacerse en este punto, señor Ministro de Hacienda, es establecer como precepto general el criterio establecido en el art. 90 del reglamento, que taxativamente preceptúa que cuando haya necesidad de recurrir a la comprobación extraordinaria de valores, o sea a la tasación pericial, se girará una liquidación provisional, y, satisfecho el impuesto de Derechos reales, se entregará el documento al interesado para que lo inscriba. Y yo digo: ¿por qué no se sigue este criterio siempre? ¿Por qué no se liquida en los quince días señalados por el artículo 8.º y se entrega el documento al interesado para que lo inscriba, sin perjuicio de la comprobación a posteriori si la Hacienda estima que es indispensable?

(Continuará.)

NOTICIAS

Expedientes del Secretariado.
La Junta directiva del Colegio de Secretarios de esta corte se ha dirigido al señor Ministro de Gracia y Justicia pidiendo se dicte una Real orden circular a los Presidentes de las Audiencias territoriales, para que tenga estricta observancia el art. 39 de Real decreto de 1.º de junio de 1911 respecto a la formación del expediente gubernativo que el mismo establece.

Colegio de Secretarios de Valencia.
Verificadas las elecciones en el Colegio de Secretarios del territorio de la Audiencia de Valencia para renovar los cargos que correspondía hacerlo, ha quedado constituido del modo siguiente:
Decano Presidente: D. Cándido G. Mach.
Vocal 1.º: D. Manuel Palomares y Palomares.
Vocal 2.º: D. Pedro Sánchez Covisa.
Tesorero: D. Elías González Gastón.
Secretario: D. José Galiana Perales.

Secretariado.
Por traslación han sido nombrados Secretarios:
De Campillos, D. Federico Orlana, que lo era de Orceira.
En permuta de Salamanca, D. Rafael Ruiz de la