El Foro español (Madrid. 1898) (1920-04-30 00:00:00), página 4

auténtico, y las relativas a la culpabilidad o inculpabilidad del acusado, dejando al Tribunal de derecho la determinación del delito y de la pena.

Finalmente, la suspensión del Jurado en determinadas circunstancias no sólo es perfectamente legal, sino que pudiera ser medida indispensable para restablecer el normal funcionamiento del órgano, que debe prescribirse del propio modo que se prescribe en el cuerpo físico.

CESAR CAMARGO Y MARÍN
Juez de primera instancia.
Valoría la Buena, 17 de Abril de 1920.

SOBRE REFORMAS JUDICIALES

Ha abierto La Revista de Tribunales una información sobre reformas judiciales.

Desde luego se ocurre decir que en ella se trata de cosas referentes al personal, no a la administración de la justicia, y en consecuencia para el bien público menguados frutos puede dar. Por adelantado sabemos que los informantes pedirán: aumento de sueldos, ingreso exclusivo por oposición, escalafón cerrado e independencia de los funcionarios judiciales.

En cuanto a los sueldos, es justo dotar el personal de la Administración, en todos sus ordenes, con retribución que, si el Tesoro lo permitiera, diera margen hasta para el ahorro.

El ingreso exclusivamente por oposición es un error adoptado como regla general en ciega reacción contra el favoritismo, error que se patentiza de relieve al aplicarlo a funciones públicas que, cual las judiciales, requieren consciencia en el saber, siendo irrisorio el examen memorialista adornado por el verbalismo.

Defienden la oposición los que por ella han ingresado, sin percatarse de que lo hacen por engreimiento personal y alabanza de propios méritos, cual si constituyeran una aristocracia intelectual en la clase; y halaga a la clase esa forma de ingreso porque parece aumentar su poder, como conquista hecha, por esfuerzo propio, de una función pública que así ganada ya pertenece al funcionario.

El funcionario público ha llegado a estimar su persona como órgano substancial del Estado, olvidándose que es un individuo que presta servicios retribuidos a la sociedad.

Soy enemigo de la oposición y partidario de que en las carreras haya, cuando menos, un turno de ingreso por grado de auxiliar, que en el ejercicio de la función ofrezca garantías superiores al del examen propio de estudiantes, y para el cual quizá no son aptos los que tienen más aptitud.

Un turno para los Abogados y para los Secretarios en la carrera judicial, un turno para los sustitutos en la de Registros, análogos turnos en las demás, en todas.

Esta opinión la he defendido en una obra sobre «Legislación hipotecaria». Al comentar el art. 309 lo digo así: «No sería quien escribe estas líneas el que se opusiese a dar un turno de ingreso en el Cuerpo de Registros a los que siendo Abogados hubieran ejercido, pero ejercido de verdad, de sustitutos durante cierto número de años, acreditando por certificación de los Registradores haber extendido cada año el número de asientos de cada clase prefijados, y de su puño y letra, y sufriendo un examen ante funcionarios de la Dirección. Creemos sinceramente que los sustitutos lo merecen y que no perdería el servicio público. Opinamos en esto, como en caso análogo, respecto a los Secretarios de Juzgado que sean Abogados, y no comprendemos por qué no han de pasar a la carrera judicial, sobre todo si ingresaron por oposición, máxime cuando en esa carrera creemos que antes de ser Jueces debían forzosamente ser Escrivanos.»

Los Colegios de Abogados deben organizarse para una acción colectiva, a fin de conseguir que sus miembros tengan acceso a las funciones públicas, mediante ciertas condiciones que sobrepunjan con ventaja al mérito que se supone a la oposición.

El escalafón cerrado, hasta comprendiendo al Tribunal Supremo, es otro error debido a la misma causa, la de reacción contra el favor.

Que los méritos y servicios de un funcionario sean la antigüedad, escalando la altura en fila como los que hacen cola para entrar en un espectáculo, es cosa que sólo puede sancionar una opinión vulgar, y sistema que prescinde de los únicos méritos apreciables: el saber y la laboriosidad; es decir, reunidos en un solo concepto, el del cumplimiento del deber.

Hace ya muchos años, en la primera obra de Derecho que yo escribí (1), proponía como medio de ascenso la selección mecánica, extraña a todo favor y resultante de unas escalas proporcionales de errores cometidos. Alargaría mucho este artículo el copiar el sistema allí desarrollado, bastando con decir que los puestos se ganarían en razón al mayor acierto en las resoluciones de todo orden por consecuencia de la pérdida de lugares en proporción a los errores cometidos, mediante un Registro en que se anotarán los proveídos que hubieran sufrido rectificación de los Tribunales en jerarquías superiores.

Y en cuanto al Tribunal Supremo, se ha falseado su institución, porque no es órgano de la función judicial y debe componerse de grandes jurisconsultos que pueden o no proceder de la Magistratura.

El Tribunal Supremo es institución de origen francés, hijuela de la revolución, y formó parte del Cuerpo legislativo (ley 27 Nov., 1.º Dic. 1790, artículo 1.º). Vino a sustituir al Consejo privado del Rey en las monarquías absolutas, y lo erigió la Asamblea constituyente para vigilar y fiscalizar la aplicación de las leyes, porque, como decía el penitente Le Châpellier, «a la facultad de dictar la ley sigue naturalmente la de vigilar su observancia».

Se ha falseado en España la institución, pero aun a pesar de ello forma la jurisprudencia, función án-

(1) «La Función judicial. —Cap. VIII.—Premios y castigos.