El Foro español (Madrid. 1898) (1918-06-30 00:00:00), página 5

fiscales gozarán de inamovilidad por lo que se refiere al ejercicio de sus funciones, con excepción del Fiscal del Tribunal Supremo; así que en ningún caso podrán ser separados sin previa formación de expediente, con iguales garantías que los Jueces y Magistrados, pero podrán ser trasladados libremente a plazas de su categoría por el Ministro de Gracia y Justicia.

El Ministerio Fiscal es el representante de la ley y del Gobierno cerca de los Tribunales y ejercerá además ante éstos las funciones tutelares en defensa de las personas e intereses que las leyes les encomienden.

Los funcionarios que actualmente sirven cargos fiscales y deseen pasar a la carrera judicial, lo solicitarán en un plazo improrrogable que fijará la ley. Lo mismo harán los que, sirviendo en la carrera judicial, deseen pasar a la fiscal; unos y otros tendrán derecho a que se les concedan las primeras plazas de su categoría que vacúen en la otra carrera, en la que ocuparán el lugar que les corresponda, conforme a su antigüedad.

Pasado el plazo indicado, todos los funcionarios que no hayan solicitado cambiar de carrera seguirán indefinidamente en la que se hallan sirviendo. Los Fiscales municipales dependen de sus respectivos superiores en el orden fiscal, pero no son de la carrera, y en cuanto a su nombramiento, aptitudes, renovación e inamovilidad, se regirán por las mismas reglas que los Jueces municipales.

Los Fiscales municipales podrán ser libremente separados por la entidad que los nombró, en virtud de razones de buen servicio, a requerimiento del Fiscal de la Audiencia territorial respectiva, con acuerdo del Fiscal del Tribunal Supremo.

El orden de categorías del Ministerio fiscal será el siguiente:

1.a Promotores fiscales de entrada, con 4.500 pesetas.
2.a Promotores fiscales de ascenso, con 5.500.
3.a Promotores fiscales de término, con 6.500.
4.a Abogados fiscales de Audiencia provincial, con pesetas 7.500.
5.a Tenientes fiscales de Audiencia provincial y Abogados fiscales de territorial de entrada y Promotores fiscales de territorial de entrada y Promotores fiscales de Madrid y Barcelona, con 9.000.
6.a Fiscales de Audiencia provincial, Tenientes fiscales de territorial de entrada y Abogados fiscales de Madrid y Barcelona, con 10.000.
7.a Fiscales de Audiencia territorial de entrada y Tenientes fiscales de las de Madrid y Barcelona, con 12.000.
8.a Fiscales de Madrid y Barcelona y Abogados fiscales del Tribunal Supremo, con 15.000.
9.a Tenientes fiscales del Tribunal Supremo, donde habrá tres, uno por cada Sala, con 18.000.

El cargo de Fiscal del Tribunal Supremo será de libre elección entre los Letrados que sean o hayan sido Ministros de la Corona, Senadores o diputados con veinte años de representación parlamentaria, o Magistrados del Tribunal Supremo con tres años de ejercicio. Su dotación será de 25.000 pesetas anuales.

En la carrera fiscal se ingresará por la categoría de Promotor fiscal de entrada, mediante oposición, que será común con la que establece la base 12 para la carrera judicial, y ante el mismo Tribunal que en ella se determina.

Los aspirantes aprobados ocuparán indistintamente plazas de Juez o de Promotor fiscal, y ambas carreras seguirán así fusionadas hasta los Juzgados de término, pudiendo pasarse indistintamente de un cargo judicial a uno fiscal, y observándose para los ascensos las mismas reglas establecidas por los Jueces. El Ministerio fiscal en las Audiencias constituye carrera separada de la judicial, y, salvo lo dispuesto en la base 13, no podrá pasarse de una a la otra sino en el caso de que el funcionario fiscal, sin llegar a perder la palabra, se intitule para el uso conveniente de ella en los informes orales, caso en el cual podrá pasar a un cargo judicial de su categoría, ocupando en ella el último lugar.

La separación de las carreras se verificará al llegar a la categoría de Abogado fiscal de Audiencia provincial, y para estos cargos los Jueces o Promotores fiscales de ascenso y término que los soliciten probarán su aptitud ante un Tribunal que funcionará en Madrid, constituido en forma análoga a la establecida para el ingreso, con la diferencia de que el Presidente lo será el Fiscal del Tribunal Supremo, y que en vez de un Magistrado actuará como Vocal un Abogado fiscal de dicho Tribunal. Los que sean declarados aptos por dicho Tribunal irán ocupando las plazas de Abogados fiscales de Audiencia provincial que resulten vacantes por rigurosa antigüedad en la categoría.

En los ascensos de la carrera fiscal se observarán las reglas establecidas para los Jueces y Magistrados.

El término de la carrera fiscal será el cargo de Teniente fiscal del Tribunal Supremo.

Habrá Abogados Fiscales sustitutos en todas las Audiencias, nombrados, cuando sean necesarios, por el Ministerio de Gracia y Justicia, a propuesta en terna de los respectivos Fiscales, sin que pueda exceder su número del de propietarios.

Se hace extensivo al Ministerio fiscal todo lo dispuesto en materias de licencias y Comisiones para los Jueces y Magistrados.

La inspección de Tribunales alcanza al Ministerio fiscal.

Los funcionarios fiscales disfrutarán de vacaciones en los Tribunales donde las haya, alternando en las Audiencias territoriales el Fiscal con el Teniente fiscal, y en el Tribunal Supremo los tres Tenientes fiscales y vacando todos los años el Fiscal.

La separación de los funcionarios Fiscales será por las mismas causas y en iguales condiciones que la de Jueces y Magistrados.

Los funcionarios del Ministerio fiscal están sujetos a las mismas clases de responsabilidad que los del orden judicial.

La potestad gubernativa se ejercerá por el Ministerio de Gracia y Justicia, quien podrá trasladar libremente a todos los funcionarios, lo mismo por razón de incompatibilidad que por conveniencia del servicio.

Los Fiscales de las Audiencias provinciales y territoriales podrán apreciar a los auxiliares que estén a sus inmediatas órdenes, dando cuenta de esta corrección: los primeros al Fiscal de la territorial, y unos y otros al del Tribunal Supr.-mo, al Consejo judicial y al Ministerio de Gracia y Justicia. El corregido podrá apelar para ante el Fiscal del Tribunal Supremo. Para la imposición de las demás correcciones se transfieren a los respectivos Fiscales las facultades que para la instrucción y resolución de expedientes de corrección otorga esta ley a las Salas de gobierno respecto a los funcionarios judiciales.

Las responsabilidades penales y civiles de los funcionarios fiscales se exigirán ante los mismos organismos competentes para conocer de los funcionarios del orden judicial, según las categorías con iguales sueldos.