El Foro español (Madrid. 1898) (1918-09-15 00:00:00), página 7

nos, el celo de las partes mediante el empleo de la recu- sación justificada y al prudente arbitrio de la Sala instruida de esa manera. El propio Ministerio fiscal puede ejercitar esa facultad con eficacia, si se toma el trabajo de pedir reservadamente informes sobre los Jueces desig- nados.

Por lo expuesto, el Diputado que suscribe propone que se suprima la intervención de los Diputados provinciales en la Sala de gobierno y que se suprima igualmente la regla 3.a de las contenidas en esta Base.

BASE 5.a DE LA LEY ORGÁNICA

Entre las varias causas que han frustrado la actuación del Jurado en España, es una—y no la menos visible—la irrisoria indemnización señalada a los Jueces y el modo irregular de abonársela o, más propiamente, de dejársela a deber.

Para acudir al remedio de este desorden, convendría adicionar a la base 5.a un párrafo, que dijese así:

"La ley determinará las indemnizaciones de los jura- dos, en términos que constituyan resarcimiento decoroso de sus gastos y molestias, con elasticidad bastante para que se acoplen equitativamente a la variedad de localida- des, medios de comunicación, épocas del año y situacio- nes individuales, con garantías eficaces para que en modo alguno dejen de ser puntualmente abonadas cada día de juicio oral".

BASE 9.a DE LA LEY ORGANICA

El Gobierno, con una previsión hija del escarmiento, se ha cuidado de consignar en la base 9.a de la ley Orgánica, que a los funcionarios judiciales "les está prohibido esta- blecer Asociaciones que no se hallen expresamente auto- rizadas por el Ministro de Gracia y Justicia".

Prudente es el concepto; pues ciertamente no cabe admitir que los oficiales públicos se asocien y reúnan para cosas concernientes a sus empleos; es decir, al inte- rés del Estado, con la misma libertad que los ciudadanos particulares se agrupan para ocuparse de negocios po- líticos o de intereses privados. Mas tampoco se puede desconocer que es muy aventurado privar en términos generales al funcionario de válvulas por las que tengan ordinaria y disciplinada expansión sus anhelos y sus experimentos, sus pretensiones y sus enseñanzas. Sucesos deplorables y recientes excusan razonar tal aservación.

No es argumento contra ella la posibilidad, ya advertida en la base, de que el Ministro autorice las Asociaciones profesionales; primero, porque precisamente el justo de- seo de todos los empleados públicos consiste en no tener nada pendiente del arbitrio ministerial; y después, porque el Ministro de Gracia y Justicia ya tiene probada la versatilidad de su criterio autorizando Asociaciones judiciales de carácter benéfico, que después ha prohibido.

Para armonizar tan encontradas necesidades, el Diputa- do que suscribe cree que podría adicionarse a la base 9.a el siguiente párrafo:

"Una vez al año se reunirán en Asamblea todos los fun- cionarios de la carrera judicial, del Ministerio Fiscal y del Secretariado correspondiente al término jurisdiccional de cada Audiencia territorial para cambiar impresiones sobre las necesidades de la Administración de justicia y la situación de los varios elementos que la integran. Con- vocada la Asamblea por el Presidente de la Audiencia con dos meses de anticipación, todo funcionario tendrá dere- cho a enviar a ella indicaciones o propuestas escritas. La Asamblea sólo tomará en consideración las que crea oportunas de esa propuesta y en ningún modo las que verbalmente pudieran hacerse. Cuando entiendiere que algún tema lo merezca, adoptará acuerdo y lo pondrá en conocimiento del Presidente y del Fiscal del Tribunal Supremo para los fines que puedan ser procedentes.

Las Asambleas durarán tres días como máximo, se cele- brarán a puerta cerrada y se desarrollarán en términos de sencillez. Tendrán derecho de asistir a ellas los miem- bros del Consejo judicial."

BASE 9.a DE LA LEY ORGANICA

Las incompatibilidades que en ella se establecen son merecedoras de fervido aplauso. Unas, ya existentes, ha- bían recibido siempre el asentimiento general. Otras, que ahora nuevamente aparecen para aislar a los Magistrados de las corporaciones públicas y de los negocios particu- lares, venían indicadas por la experiencia; pues en efecto, difícilmente podrá usar de independencia y energía el Magistrado que, constreñido por el desamparo económico en que el Estado le deja y por la posición pauperédima en que le coloca su propia honradez, tiene que solicitar para sus hijos y yernos destinos, casi siempre humildes y, por tanto, de infima subordinación, a las Diputaciones, a los Ayuntamientos y a las Sociedades mercantiles, entidades todas, que, por su índole, suelen tener asuntos judiciales.

Por esto mismo no se explica que el proyecto del Sena- do, en el párrafo 6.a, limite la incompatibilidad al caso de que los parientes del Magistrado tengan empleo en Socie- dades de la capital. No siempre está en la capital el peligro. En el territorio de Burgos, las Sociedades y sus empleos y sus pleitos no están en Burgos, sino en Bilbao. En el de Oviedo ocurre cosa análoga, aunque menos significada, con Gijón. Y por igual orden se advierte el fenómeno en Tarragona, con Reus; en Murcia, con Cartagena; en Cádiz, con Jerez; en Pontevedra, con Vigo, en Pamplona, con San Sebastián, etc., etc.

Tales ejemplos aconsejan, a juicio del Diputado que suscribe, hacer extensiva la incompatibilidad a todo el territorio donde alcance la jurisdicción del funcionario. Para ello bastará con suprimir las palabras de la capital que figuran en el párrafo 6.a de la base 9.a

(Continuará.)