El Foro español (Madrid. 1898) (1921-10-31 00:00:00), página 6

los hechos puede haber, y hay, en efecto, un quid facti que predomina sobre todo otro aspecto, en el examen de si reúne o no los caracteres de una costumbre propiamente dicha—y añadimos nosotros, de otro acto o contrato determinado—, hay un quid juris que predomina sobre todo otro elemento, una apreciación eminentemente jurídica que entra por entero en la función del juzgador, y a cuyos alcances puede ir el Tribunal de casación, como cuestión que es plenamente de derecho.

EDUARDO RUIZ Y GARCÍA DE HITA
Ex presidente de la Sala primera del Tribunal Supremo.

(Continuado.)

El Ministerio fiscal (1)

Resultados de la experiencia adquirida para la futura organización del Ministerio fiscal.

B.—El intervencionismo en los nombramientos del Ministerio fiscal.

Así puede llamarse al sistema que mediatiza la función del Poder ejecutivo respecto a la designación de los funcionarios, lo mismo de la carrera judicial que de la fiscal.

El legislador español adoptó varias medidas para garantir el cumplimiento de sus disposiciones respecto al nombramiento de los Jueces y Magistrados; en la antigua Monarquía era atribución de la Cámara de Castilla la propuesta previa; posteriormente se ha concedido la misma facultad al Consejo de Estado; la ley Orgánica dispone que no se podrá hacer nombramiento de Jueces de instrucción, ni de Tribunales de partido, ni de Magistrados de ninguna clase, sin que preceda propuesta de la Sección de Estado y de Gracia y Justicia del Consejo de Estado (art. 166); cierto que, sin duda, este precepto no fue incluido entre los que debiera observarse desde luego por virtud de la Real orden de 30 de septiembre de 1870.

La Comisión de Códigos no aprobaba el antiguo sistema, porque la intervención de un Cuerpo consultivo en tales nombramientos no debe tener más objeto que procurar se guarden las formalidades legales, y esto se consigue con la consulta y sin necesidad de la propuesta; rechaza el segundo, porque si lo que en él se busca es una intervención eficaz que impida las ilegalidades, lo es mucho más la del Tribunal Supremo que la del Consejo de Estado, tanto por su mayor interés en mantener el prestigio y la dignidad de la Magistratura que preside, cuanto por la independencia que le da la inamovilidad de que el otro alto Cuerpo carecía; este último argumento no tiene ya razón de ser.

Reducía, pues, la Comisión la propuesta a una mera consulta a la Sala de gobierno del Tribunal Supremo, salvo cuando se tratara de Magistrados del propio Tribunal, que en ese caso había de evacuarla la Sección de Gracia y Justicia del Consejo de Estado.

El Gobierno de la República, por decreto de 8 de mayo de 1873 sustituyó la audiencia del Consejo de Estado por la del Tribunal Supremo en pleno, invocando en la exposición de motivos que sus funciones le hacían más apto para comparar méritos y antecedentes propios de su competencia y de muy delicada apreciación, y cuyo imparcial carácter, elevado sobre las discordias y las viejistudes políticas, sancionaría sus resoluciones con el prestigio necesario a robustecer la autoridad y hasta la dignidad personal de sus subordinados.

El calificativo de un sistema que en rigor defetía todos los nombramientos al Tribunal Supremo lo hizo el decreto del Ministerio Regencia de 23 de enero de 1875: «Si el decreto de 8 de mayo de 1873, que, inspirado en sentimientos de pura justicia, prescribió la cesantía, a pesar del favorable dictamen de la Junta calificadora, de los funcionarios judiciales inamovibles que habían conseguido ingreso y ascenso en la carrera sin las condiciones legales vigentes a la sazón, no hubiera quedado reducido por la imposibilidad de ser practicado a la mera denuncia del abuso, el Ministerio-Regencia habría hallado corregido en gran parte el grave daño originado por la falta de equidad y la perjudicial latitud de las disposiciones transitorias de la ley Orgánica, y que hoy es urgente remediar...»

Recuérdese que para la derogación del decreto de 1873 con el de 3 de octubre siguiente, que le corrige estableciendo la propuesta en terna en vez de la única, no se invocaron dificultades prácticas y sí una cuestión de principios, según los que el Poder ejecutivo no podía desprenderse de la función integral relativa a los nombramientos, ascensos, etc., en el personal de la Magistratura y del Ministerio fiscal sin mediatarla con nadie; más claro, se quiso recobrar el arbitrio ministerial con todas cuantas amplísimas facultades tenía en la materia por virtud del período transitorio entre dos legislaciones, que venía imperando desde 1870.

Si la intervención del pleno del Tribunal Supremo ocasionaba algunas dilaciones, que a esto se reducían los inconvenientes, medio fácil había de evitarlas. No obstante, desde 1874 ha desaparecido el intervencionismo, y las tentativas posteriores de restablecerlo, aunque en favor de otros organismos, ni tuvieron la extensión que el de 1873, ni de toda suerte llegaron a plantearse con caracteres de permanencia.

Mas ha de estimarse necesario, aun aceptado el régimen de la antigüedad, precisamente cual único medio de corregir los defectos que se le imputan.

C.—La disciplina del Ministerio fiscal.

El establecimiento de un poder disciplinario, cuyo objeto principal consiste en la salvaguardia de la dignidad y consideración necesarias a cada Corpo