El Foro español (Madrid. 1898) (1920-10-15 00:00:00), página 2

Teniendo presente la primera causa, los Colegios de Abogados no deben permanecer indiferentes ante la general protesta contra los abusos de acaparadores y tenderos que encarecen la vida hasta lo imposible, ni ante la inercia de los Gobiernos, que no les salen al paso. Deben protestar y pedir y proponer la reforma de las leyes que a ello pueden conducir, haciendo estudios jurídicos y presentando proposiciones de aquellas que en este sentido puedan favorecer al ciudadano; y hasía como Corporaciones deben sumarse a la acción colectiva de protesta, fomentando las actitudes de energía necesarias para hacer que los Gobiernos se preocupen en seguida y con mano fuerte de cortar los criminales abusos que nos han traído a esta situación.

Deben gestionar la inmediata rebaja de la contribución, que está ocasionando bajas que no cabe considerar como una ventaja para los que quedan, porque todos tienen derecho a la vida, y nadie debe querer vivir a expensas de sus compañeros desdichados.

Han de preocuparse de la existencia de esa langosta de zurupetos, intermediarios y curiales explotadores de la miseria del Abogado, que negocian con sus minutas y con su crédito profesional.

Y, por último, deben estudiar la manera de uniformar la tasa mínima de los honorarios, para evitar la competencia entre compañeros y estableciendo cuotas decorosas en relación a la elevación que han tenido todos los artículos de primera necesidad y los sueldos de todos los empleados y los jornales de los obreros, por lo menos mientras duren las actuales circunstancias.

Sabemos que la eficacia de esto en la práctica no habrá manera de asegurarla por completo, por fuerzas que sean las sanciones que se establezcan; pero menos se conseguirá si no se intenta nada, y, sobre todo, que, establecido oficialmente el mínimo, la competencia vendrá casi siempre de lo pasado para arriba, y serán contadísimos los que renunciarán a lo que oficialmente se les tenga asegurado.

En fin, que hay que hacer algo es indudable, pues no es sólo de Madrid, sino de otras muchas provincias, de donde recibimos noticia de que los Abogados, o se tienen que dedicar a menesteres indecorosos en relación a la foga que visten, o se mueren materialmente de hambre.

Y para estos casos entendemos que también deben valer para algo los vetustos Colegios de Abogados.

Real decreto creando una nueva Sala del Tribunal Supremo.

EXPOSICIÓN

Señor: La jurisdicción contencioso-administrativa, ejercida hoy por la Sala tercera del Tribunal Supremo en las dos instancias que atribuyó al de lo contencioso la ley de 13 de Septiembre de 1883, reformada por la de 22 de Julio de 1884, ha ofrecido un número de pleitos que aumenta considerablemente en cada año. Imponen ellos al Tribunal un trabajo que ha realizado—justo es consignarlo—con incansable asiduidad. En la mayor parte de sus audiencias o sesiones han sido dos y aun tres las vistas celebradas. A pesar de tan continuado y abrumador esfuerzo, ni el retraso ha desaparecido ni ha podido evitarse que a la hora actual haya, entre recursos y apelaciones, más de setecientos pleitos pendientes de señalamiento. En el estado presente no se vislumbra posibilidad de acabar con la demora a que los fallos vienen ineludiblemente sometidos.

Notorio es el perjuicio que para los intereses de los recurrentes y para los de la Justicia supone esta situación, y notoria también la necesidad de ponerle remedio. Para ello hay que aumentar el número de los funcionarios que tienen a su cargo la tramitación y fallo de estos pleitos, y constituir una nueva Sala en el Tribunal Supremo, utilizando la autorización concedida al Gobierno por la vigente ley de Presupuestos, que con ese fin amplió los créditos consignados para el personal de la Administración de Justicia.

Esta Sala será la cuarta del Tribunal Supremo, y formará, por tanto, parte integrante de él; se constituirá y funcionará con el mismo número de Magistrados, procedentes de la carrera judicial y administrativa, con que por la legislación vigente—ley de 5 de Abril y Real decreto de 5 de Mayo de 1904 y ley de Presupuestos de 31 de Diciembre de 1906—se constituye y funciona la Sala tercera; se denominará también, como esta, de lo Contencioso-administrativo, y ejercerá la jurisdicción de este orden, que estará en lo sucesivo atribuido a las dos Salas, con el reparto que de los asuntos de esta clase se haga entre ellas, a propuesta de la de gobierno del propio Tribunal Supremo.

Como no quedaría servido el interés público si la nueva Sala no se dotase del número suficiente de Abogados fiscales, Secretarios y Auxiliares de toda clase que su actuación requiere, ha de aumentarse también ese personal, que constituirá, con el que actualmente existe en la Sala tercera del Tribunal Supremo, la plantilla adscrita a la jurisdicción contencioso-administrativa, y se distribuirá por mitad, para su mejor funcionamiento, entre las dos Salas.

Fundado en esas consideraciones, el Ministro que subscribe tiene el honor de someter a la aprobación de V. M. el siguiente proyecto de decreto.

Madrid, 26 de Septiembre de 1920.—Señor: A los reales pies de V. M.—Mariano Ordóñez.

REAL DECRETO

Artículo 1.º Se crea en el Tribunal Supremo una nueva Sala de lo Contencioso-administrativo, que será la cuarta de dicho Tribunal, y compartirá con la tercera, ya existente en el mismo, el conocimiento y resolución de los asuntos atribuidos a la competencia de aquélla jurisdicción por el art. 1.º adicional de la ley de 5 de Abril de 1904.

Art. 2.º Esta Sala se compondrá de un Presidente y nueve Magistrados. De éstos serán cinco procedentes de la carrera judicial y cuatro de la administrativa, y los nombramientos respectivos recaerán en aquellos funcionarios en quienes concurren las condiciones y circunstancias que exigen para desempeñar tales cargos las disposiciones vigentes.

Art. 3.º Con la misma dotación y sueldo que en los