El Foro español (Madrid. 1898) (1922-03-31 00:00:00), página 7

más suspensiones de pagos, a no ser que no hubiese en la localidad otra persona con aptitud legal para desempeñarla.

Hasta el momento designado para que los interventores tomen, ante la presencia judicial, posesión de su cargo, podrán renunciar éste, entendiéndose, en otro caso, que lo admiten y que contraen el deber de desempeñarlo. Los interventores prestarán juramento de proceder con lealtad en el ejercicio de sus atribuciones.

Si en el lugar del domicilio del suspendo no residieren tres acreedores de los comprendidos en la relación nominal presentada por aquél, o los que residieran no aceptaren el cargo, el Juez designará para el desempeño de la función interventora a tres comerciantes de reconocido crédito que ocupen la mitad superior en la matrícula industrial de la localidad y pertenezcan al gremio del suspendo u otro similar. Para el cumplimiento de su cometido, los interventores podrán valerse, en todo caso, de peritos mercantiles.

Art. 5.º Corresponderá a los interventores en el expediente de suspensión de pagos:

Primero. Inspeccionar los libros del comerciante suspendo y hacer que, después de la nota de presentación mencionada en el art. 3.º, se consigne en ellos, en legal forma, cuantas operaciones realicen.

Segundo. Intervenir todos los cobros y pagos que el comerciante suspendo pueda hacer con arreglo a la ley, exigiéndole que diariamente verifique el balance de Caja.

Tercero. Informar al Juez de cuanto importante ocurra respecto al suspendo y sus negocios, para las resoluciones que procedan en defensa o protección de los intereses de los acreedores, facilitando a éstos cuantas noticias y antecedentes puedan suministrarse para la comprobación del valor de los bienes, mercaderías y créditos que constituyen el activo.

Art. 6.º Hasta que la Junta de acreedores acuerde sobre la propuesta de convenio, el comerciante suspendo conservará la administración de sus bienes y la gerencia de sus negocios; pero ajustará sus operaciones a las reglas siguientes:

Primera. Verificará, con el concurso de los interventores, todo cobro que hubiera que hacer, cualquiera que fuese su cuantía y procedencia, así como cualquiera operación de aceptación, endoso o proyecto de efectos comerciales.

Segunda. Necesitará asimismo el acuerdo de los interventores para toda obligación que pretenda contraer y para celebrar todo contrato o verificar todo pago.

Tercera. Continuará, también con acuerdo de los interventores, las operaciones ordinarias de su tráfico, pudiendo proceder a la venta de los bienes, géneros o mercaderías que sea necesario enajenar por mutua conveniencia de los interesados o por resultar la conservación imposible, perjudicial o costosa.

El comerciante suspendo que practicare cualquie-ra de las operaciones indicadas en este artículo sin el concurso o acuerdo de los interventores, incurrerá en la responsabilidad definida en el art. 548 del Código penal.

Art. 7.º Los interventores percibirán la retribución que el Juez les señale, según la importancia del caudal y los trabajos a que dé lugar la intervención, sin que tal retribución pueda, en ningún caso, exceder, para cada interventor, de 15 pesetas diarias.

Los interventores percibirán, además: 1 por 1.000, sobre la cobranza de créditos; 2 por 1.000, sobre el producto líquido de la venta de frutos, bienes muebles y mercaderías que se enajenan; 10 por 1.000, sobre todos los demás productos de la administración.

Art. 8.º Los interventores, dentro del término que el Juez les señale, y que no podrá ser inferior a veinte días ni mayor de sesenta, redactarán, previo informe de peritos, cuando lo estimen necesario, un dictamen que versará acerca de los siguientes extremos:

Primero. Exactitud del activo y pasivo del balance.

Segundo. Estado de la contabilidad del suspendo e informalidades que en ella se notaren, con arreglo a la ley.

Tercero. Certeza o inexactitud de las causas que, según la Memoria presentada, hayan originado la suspensión. El dictamen estará de manifiesto en Secretaría hasta el día de la celebración de la Junta, figurará en su orden del día y será leído íntegramente y, en su caso, discutido en ella.

Art. 9.º Declarada la suspensión de pagos de un comerciante, y mientras se sustancia el expediente, no se admitirá por el Juzgado pretensión alguna incidental que tienda, en forma directa o indirecta, a impugnar la procedencia de la declaración judicial o aplazar su inmediata efectividad.

El Juez rechazará de plano y sin ulterior recurso toda pretensión deducida en ese sentido, con reserva al peticiónario de su derecho para reproducir su solicitud en el correspondiente juicio declarativo.

Los acreedores no podrán pedir tampoco la declaración de quiebra mientras el expediente de suspensión de pagos esté en tramitación.

Los juicios ordinarios en curso al tiempo de declararse el estado de suspensión de pagos seguirán sus respectivos procedimientos hasta la sentencia, cuya ejecución quedará en suspensión mientras no se haya terminado el expediente. Las ejecuciones ya despachadas contra bienes especialmente hipotecados o pignorados continuarán su tramitación hasta la vía de apremio, quedando desde ese momento en suspensión. Las ejecuciones por créditos comunes vencidos y reclamados con anterioridad a la solicitud de suspensión continuarán también su curso, pero no podrán despacharse en ellas mandamientos de embargo ni decretarse medidas de aseguramiento de los bienes perseguidos.

Art. 10. Presentado al Juzgado por los interventores el dictamen a que se refiere el artículo 8.º, el