El Foro español (Madrid. 1898) (1920-03-15 00:00:00), página 6

cuenta medio, dentro del limitado campo de acción que a sus iniciativas en el aspecto corporativo deja el art. 4º de los Estatutos por que se rigen los Colegios de Abogados de España, para acceder a la petición de convocatoria de Junta extraordinaria con el expresado objeto, sin perjuicio de que, a la labor individual que en pro de tan elevados fines hagan las agrupaciones libres de Abogados o quienes, siendo también colegiales, puedan llevarla a cabo con la representación parlamentaria que ostenten, se sume la del señor Decano de esta Junta, reiterando el sentido y orientación de anteriores gestiones suyas, practicadas como consecuencia de manifestaciones de opinión colectiva que se hicieron en la última sesión de la Junta general celebrada por el Colegio para la reforma de Estatutos.

Lo que tengo el honor de comunicar a V. S., para su conocimiento y efectos.

Dios guarde a V. S. muchos años,
Madrid, 20 Marzo de 1920.—El Secretario, Alfonso Cabello.
Sr. D. Angel Ossorio y Gallardo.»

LOS JUECES MUNICIPALES

Se nos ruega la inserción de la siguiente solicitud presentada en Octubre último en el Ministerio de Gracia y Justicia:

«Excelentísimo señor:

El Juez municipal que suscribe, noticioso de que V.E., siempre atento y solicitó a procurar el mejoramiento ético y material de quienes hayan de ser rectos aplicadores de las leyes, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, trata de introducir reformas en la carrera judicial —quizá relativas a su ingreso—, con todo respeto se permite dirigirse a V. E. acompañando a esta solicitud la adjunta Proposición, por si V. E. se digna estudiarla y estima hacerlo, por ser justo, lo que en ella se sintetiza.

Fundá su petición, quien tiene la honra de dirigirse a V. E., en los siguientes razonamientos:

Es inhumano, excelentísimo señor, que quienes ejercemos el cargo de Juez municipal—siendo Abogados—, en capitales de provincia o poblaciones mayores de 30.000 almas, al terminar los cuatro años para que fuimos nombrados se declare, por prescripción legal, nuestra ineptitud para seguir desempeñándolo. Se nos deja, entonces, reducidos a la fría condición de principiantes en el ejercicio de la profesión; hemos de comenzar a laborar para procurarnos clientela; quedamos expuestos a las iras del cacique a quien—procediendo en justicia—, no podemos servir en sus torpes pretensiones; menospreciados, allí donde antes se nos respetó por la autoridad del cargo; y, por último—y hechos reales así lo confirman—expuestos a sufrir las venganzas de cualquier picaro, de cualquier rufián a quienes aplicamos el justo castigo por las transgresiones legales que cometieron.

Pero hay más: Las vigentes disposiciones atinentes al ingreso en la Judicatura exigen, a los aprobados en ella, la práctica de dos años, en Juzgados o Tribunales, como garantía de acierto en la difícil misión de administrar justicia; y ello tiene muy razonada explicación. Es innegable que un aprobado en dichas oposiciones sabe, perfectamente, definir la ley desde Ulpiano hasta nuestros días, hasta la modernamente dada por Viso; sabe, de igual suerte, las teorías acerca del derecho de propiedad, por ejemplo; pero del mismo modo, deja de saber cómo se resuelven los asuntos a su decisión confiados; no ha resuelto ningún caso igual, le son completamente desconocidos; y esta es la razón que justifica la existencia de los dos años de práctica.

Durante este lapso de tiempo—como mínimo—, dichos señores aspirantes, no obtienen remuneración alguna, y, en ocasiones, les es preciso, indispensable, disponer de metálico para subsistir a sus necesidades, sin vilipendio; y este estado, realmente cierto, y harto repetido, no es posible tolerarlo por ser denigrante para quienes han de ser investidos con la autoridad de Jueces; no debe darse lugar a que se rememore aquella afectiva situación, que bien pudo ser creadora de nexos que, en su día, y rindiendo pleitesía a la gratitud, pudieran ser poderoso acicate que torciera la conciencia del juzgador.

Quienes hemos ejercido la profesión de Abogados, por tiempo mínimo de quince años, en capitales de provincia o poblaciones mayores de 30.000 almas, y hoy ejercemos el cargo de Juez municipal en dichas localidades, es innegable que, por el número y variedad de asuntos de que hemos conocido, antes y ahora, tenemos una práctica verdad, que es garantía segura para la recta administración de justicia; seguramente más que la que puedan ofrecer los señores aspirantes, transcurridos los dos años que la ley les exige.

Y es inhumano, repito, que, en tales condiciones, al expirar el plazo para que fuimos nombrados—durante cuyo tiempo hemos actuado un año, cuando menos, de Jueces de instrucción, por ausencias o por enfermedades del propietario, sin cortapisas alguna para resolver hasta sentencia—, se declare nuestra ineptitud—pues a ello equivale la cesación legal—y, como consecuencia, se nos deje maltratos.

Estos son, excelentísimo señor, sucintamente expuestos, los razonamientos en que fundamenta la adjunta Proposición que tengo la honra de elevar a V. E. por sí, estudiada, la juzga digna, por ser justa, de patrocinarla traduciéndola en precepto legal.

Dios guarde a V. E. muchos años. Alicante, 18 de Octubre de 1919.—Arturo Gadea Pró.—Excelentísimo señor Ministro de Gracia y Justicia.»

PROPOSICION

Los actuales Jueces municipales, Letrados de capitales de provincia y poblaciones mayores de 30.000 almas, que hayan ejercido la profesión, por espacio de quince años, ingresarán en la Judicatura por Jueces de entrada, después que hayan ejercido el cargo durante dos años o tan luego hayan tenido lugar las oposiciones a Juzgados municipales de que, después se hablara.