El Foro español (Madrid. 1898) (1922-04-30 00:00:00), página 7

El Juez aprobará el convenio cuyas cláusulas sumen en su favor la mayoría de capital pasivo determinada en el art. 15, en los dos casos siguientes:
1.º Si ascendieran a esa cantidad las adhesiones recogidas por el deudor a su proposición en forma pura y simple.
2.º Si las modificaciones introducidas por virtud de los votos emitidos por medio de acta notarial sumaran del mismo modo a su favor la mayoría exigida, obtendrán el asentimiento escrito del deudor y les fuera en todas sus partes favorable el informe de los interventores.
Aprobado el convenio se publicará, para conocimiento general, en la Gaceta de Madrid y en el Boletín Oficial de la provincia, durante ocho días consecutivos. La oposición al convenio se formulará y tramitará en la forma y por las causas prevendidas en el art. 16.
Art. 20. Los preceptos contenidos en esta ley se aplicarán a las suspensiones de pagos que, en el momento de dictarse, se hallaren en tramitación.
Art. 2.º Formará parte del capítulo a que se refiere el artículo anterior el siguiente artículo adicional:
«El Juez, bien de oficio, o a instancia del Ministerio fiscal, o de la Comisión interventora, o de acreedores comunes que representen, por lo menos, los dos quintos del importe de los créditos de esta clase, podrá tomar las medidas necesarias para el aseguramiento de las responsabilidades en que hayan podido incurrir el suspensio o los Administradores, Directores o Consejeros de las Sociedades de que se trate.
Las responsabilidades a que se refiere el párrafo anterior serán determinadas en pieza separada de calificación de la suspensión, a cuya tramitación y resolución se procederá, aunque llegue a celebrarse convenio con los acreedores. La tramitación de esta pieza se ajustará a la establecida para los incidentes, siendo parte el Ministerio fiscal, y, en su caso, la Comisión interventora o de acreedores.»
Madrid, 20 de marzo de 1922.—El ministro de Gracia y Justicia, José Bertrán y Musitu.

La ley sobre alquileres en Francia.

El Senado francés aprobó, por fin, la ley sobre el nuevo régimen de los alquileres.
Cinco cuestiones dominan el conjunto de la nueva ley: la extensión de aplicación, la obligación de prorrogar los contratos de inquilinato, la tasa de los alquileres, la represión de los fraudes en esta materia y la protección a la construcción de casas para vivienda.
A título de excepción, y en atención a la penuria de locales, reza el art. 5.º, «podrá acordarse la prórroga de los contratos de inquilinato que hayan expirado o expiren dentro de los dos años siguientes a la fecha de la promulgación de esta ley, en todo el departamento del Sena, poblaciones de Francia mayores de 12.000 habitantes y en todas aquellas que sin alcanzar este número acusen un crecimiento de población no inferior al 10 por 100.»
Por el art. 6.º la prórroga del contrato de inquilinato no podrá ser inferior a tres meses ni exceder del 1 de octubre de 1924. Esta prórroga será otorgada discrecionalmente por el juez competente, teniendo en cuenta el estado de locales vacantes en la población y todas las circunstancias de la causa.
El Senado francés, temiendo hacer una ley socialista, ha rechazado todas las proposiciones que tendían a tasar los alquileres. Sin embargo, no ha podido aprobar la proposición de los senadores representantes de los caseros, que pretendían obtener la autorización de llevar el aumento de los alquileres a un 8 por 100 del valor actual del inmueble, y ha tenido que aceptar el que el aumento de los alquileres sólo pueda realizarse sobre su valor real, es decir, el valor que tenían antes del 2 de agosto de 1914.
El art. 10 contiene el sustancioso párrafo siguiente:
«Toda convención que tienda, ya sea bajo la forma de adquisición de mobiliario, ya bajo el concepto de gratificación o donación hecha en favor del arrendador por el arrendatario, a aumentar fraudulentamente el precio del alquiler, no producirá ningún efecto legal y hará responsable a toda persona que la hubiere exigido, de las penas previstas en el art. 449 del Código penal.»
Finalmente, para favorecer la construcción de nuevas casas, único remedio para el problema de la vivienda, el art. 12 dice: «Durante diez años estarán exentas de todo impuesto, de la naturaleza que éste fuere, las construcciones nuevas destinadas a la vivienda, con la condición de que hayan comenzado las obras luego de la promulgación de la presente ley, y estén terminadas antes del 31 de diciembre de 1927.»
Serán consideradas como construcciones nuevas, las reconstrucciones, adiciones de reconstrucciones y las elevaciones.
«Las partes a los inmuebles anteriormente nombrados que afecten a usos comerciales o industriales, estarán exceptuadas del beneficio de las presentes exenciones de impuestos.»