El Foro español (Madrid. 1898) (1919-10-31 00:00:00), página 6

que, por su naturaleza discutible, hace de todo punto imposible la aplicación de medidas coercitivas contra un Letrado, que es en estrados un colaborador de la Justicia, y no un esclavo de la autoridad presidencial.

El hecho, en conjunto, nos hace recordar otro párrafo, el 2.º de la conclusión 18 del Congreso de San Sebastián, que decía: «El Congreso acuerda manifestar su opinión de que en las causas por Jurados se suprima el resumen presidencial, y en tanto esto se consigue, manifiesta su deseo de que contra posibles extralimitaciones, y mientras subsista el actual procedimiento, tengan las partes facultad para pedir y obtener se transcriban literalmente en el acta las palabras pronunciadas por el señor Presidente que consideraren precisas».

Aplicando esta regla a todo el juicio, se evitarían, seguramente, cuestiones enojosas—nada más que enojosas—, que lesionan a todos y perjudican sensiblemente al organismo y a la función judicial, dificultando aquellas iniciativas de confraternidad, que ansiamos, y que, con casos como el que motiva estas actuaciones, nunca tendrán realidad.

Nada de lo expuesto, ni aislada ni conjuntamente, puede ser delito, porque falta como requisito esencial, que por parte de la sección o de su Presidente, se hubiesen observado aquellas reglas procesales que dejarían de justificar en su caso la actitud de nuestro representado.

Concede la ley Orgánica facultades a los Presidentes de los Tribunales para conservar la policía de los estrados, y así lo señalan los artículos 660, 661, 662 y 663 de la ley Orgánica; pero el 664 excluye de esas disposiciones a los que estén sujetos a jurisdicción disciplinaria. Puede, además, un Presidente de sección, usar de las facultades que le conceden los artículos 664 al 687 de la ley rutuaria criminal.

Pero no consta en parte alguna que la Presidencia de la Sala hiciera uso de sus facultades disciplinarias, ni se menciona precepto alguno expreso terminante que impida a un Letrado buscar amparo en las autoridades correspondientes para el ejercicio de la defensa, y tal vez no fueren tan precisos los hechos cuando el Presidente del Tribunal, en su comunicación de detención y remisión al Juzgado de guardia, calificaba el hecho procesal de denegación de auxilio y una calificación jurídica inaplicable seguramente al caso, en relación a las funciones del señor Serrano Batanero, cuya pena sería de suspensión, inhabilitación o multa, según los casos, no está, ciertamente, en relación racional ni legal, con denunciar al Juzgado de guardia que el Sr. Serrano Batanero se marchaba a la presidencia del Tribunal, y proceder a su detención, incluso con el auxilio de la Guardia civil, como si se hubiese cometido el más grave de los delitos, y tal vez, olvidando que la Guardia civil que presta sus servicios en el Palacio de Justicia está exclusivamente a las órdenes del excelentísimo señor Presidente de la Audiencia Territorial de Madrid, y que la puerta de la Sala de togas de los Abogados que acuden al Tribunal, pone principio a la autoridad única de su Decano, salvo que el Juzgado correspondiente dictase mandamiento en forma legal para entrar en el mismo.

Los extremos del acta comprobaban la situación dificultosa que antes iniciara y sirven de fundamento para asegurar que no delinque jamás el Letrado que en el ejercicio de sus funciones de defensor, extrema medidas también de defensa contra resoluciones de los Jueces que no se ajustan a los preceptos legales, que si grande es el prestigio de la autoridad ajustándose en sus actos a los preceptos de la ley, grande también es en el caso contrario la imposibilidad de mantener una autoridad cuyos actos no están amparados por la materia legislada.

Un ilustre Jurisconsulto, que desempeñó con extraordinario acierto la Fiscalía del Tribunal Supremo, refiriéndose al modo de hacer uso los Jueces de la potestad que les concede el artículo 384 de la ley, decía que deben estos funcionarios ser parcos en su ejercicio, añadiendo que «herir los sentimientos más caros para el hombre por otro de ligereza o por satisfacer requerimientos y apremios que jamás deben ser atendidos, podrá no tener sanción en el Código, pero la tiene en la conciencia de todos los que se precian de justos y honrados.»

No son tan sólo los sentimientos del interesado en este asunto, ni su tranquilidad moral los que se hieren por el auto de procesamiento, son los de los Abogados todos que no han de sentir la necesaria ecuanimidad o independencia para el ejercicio de su profesión nobilísima, que la ley compara a la de los Juzgadores, dándoles asiento idéntico a éstos en un mismo plan, a nivel del mismo estrado, donde se asientan los encargados de administrar justicia. Y si los Abogados no han de percibir la sensación de respetos hacia el libre ejercicio de la defensa, dentro de aquellas normas procesales establecidas por el legislador, la Justicia no podrá cumplir la misión reguladora que como función esencial de la vida de la sociedad organizada, la está encomendada.

Trátase de un procesamiento que se fundamenta en una actuación profesional, y entendiéndolo así el Juzgado, se abstiene de determinar qué naturaleza jurídica adaptable al Código penal tienen esos hechos, que, a su entender, son causa del procesamiento del señor Letrado D. José Serrano Batanero, y el mismo Juez da su verdadero alcance a toda esta actuación, cuando, limitándose a relatar el hecho que el acta consigna, hace igualmente expresa consignación de que procesa al Letrado, estimando que pueden ser constitutivos de delito los hechos que un acta relata.

Ni el acta ni la remisión pueden obligar al Juez a procesar. Es el Juez única autoridad competente para decidir si esos hechos están comprendidos, cerrados en ese fichero de 626 casillas, de las cuales sólo una, la primera con frecuencia en desuso, es la humana, la única que sobrevivirá a ese muelle viejo y desvencijado, precursor de los clasificadores americanos que se llama Código penal de 1870.

Si no están comprendidos en él, y no lo están