El Foro español (Madrid. 1898) (1918-12-15 00:00:00), página 1

EL FORO ESPAÑOL
REVISTA JURÍDICO-ADMINISTRATIVA
A la que, por voluntad expresa de la mayoría de los Jueces y Actuarios de España, está confiada su representación y defensa
ÓRGANO DE LA "FEDERACIÓN DE ABOGADOS DE ESPAÑA"
VELA IGUALMENTE POR LOS INTERESES Y PRESTIGIOS DE LOS LETRADOS Y PROCURADORES Y CUANTOS FUNCIONARIOS MUEVEN SU ACTIVIDAD EN LA ESPERA PROPIA DE LOS TRIBUNALES Y, SOBRE TODO, ABOGA POR LA MORALIDAD Y RECTITUD EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

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ULTRAMAR Y EXTRANJERO, año .. 30
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PROVISIONALMENTE LOS 15 Y ÚLTIMO

REDACCIÓN Y ADMINISTRACIÓN:
Calle de ISABEL LA CATÓLICA, 4 dupdo.

DIRECTOR
LORENZO BARRIO Y MORAYTA
ABOGADO
de los Ilustres Colegios de Madrid, Granada, Bilbao, Jaén, Alcalá, Segovia y otros.
ADMINISTRADORA
SEÑORITA ADELA BARRIO Y MORALES

SUMARIO
Cuestiones prácticas.—Interpretación del art. 362 de la Ley de Enjuiciamiento civil, por D. Eduardo F. Pita, Juez de primera instancia.—Las reformas judiciales, por D. A. Aguilar y Mora, Secretario judicial de Madrid.—Hechos, no palabras, por D. Francisco García, Secretario judicial.—Colegio de abogados de Madrid.—A los abogados españoles, por D. José María de Rivera, Presidente de la Federación.—Mi primer amigo, por D. Luis Barrio y Morayta.—Noticias.—Asociación «Pro-justicia».

CUESTIONES PRÁCTICAS:

Interpretación del art. 362 de la vigente Ley de Enjuiciamiento civil.

Es evidente que llegado el caso a que dicho artículo se refiere, son precisos dos acuerdos judiciales: primero, una providencia para que se oiga al Ministerio fiscal, a fin de conocer su dictamen antes de abrir sumario; segundo, un auto suspendiendo el curso de las actuaciones y el fallo del pleito hasta la terminación de la causa criminal. Y claro que mientras no sea una realidad la implantación de las Promotorías, para oír al Fiscal será absolutamente preciso suspender también provisionalmente el procedimiento, pues que hay que remitirle los autos o deducir un testimonio, para lo que también se hará precisa esa suspensión. Y tal providencia no es impugnable por su conexión indiscutible con la jurisdicción penal y porque nada prejuzga ni ningún derecho puede perjudicar.

En efecto: la primera obligación del juez que por denuncia, querella, confidencia, notoriedad o fama pública tuviese noticia de la perpetración de un delito, siempre que los modos porque a su conocimiento llegue no sean manifiestamente falsos, es la de instruir el oportuno sumario, dando cuenta del mismo a los señores Presidente y Fiscal de la Audiencia provincial. Pues bien; supóngase que en el escrito de conclusiones del actor en un juicio de mayor cuantía es donde se denuncian los hechos que pueden ser constitutivos de delito, en cuya existencia haya de fundarse el fallo. ¿Qué procedimiento habrá de seguirse? Hay que oír al Fiscal antes de abrir el sumario, pero como en la mayoría de los partidos judiciales no existe aún ese funcionario, forzoso será acordar. «Para cumplir lo dispuesto en el art. 362 de la Ley de Enjuiciamiento civil, remítanse los autos al señor Fiscal, suspendiendo a este solo efecto el curso de los autos». Porque sostener o pretender que durante la sustanciación de un pleito, no corresponde al Juez otra misión que la de ir acordando el trámite a los escritos que se presenten, sin enterarse de éstos hasta que haya de resolver los sucesivos incidentes o hasta que los autos se hayan traído a la vista para sentencia, sería sencillamente absurdo. Y si ha de leer y estudiar los pedimentos, y si en uno de ellos se le denuncian hechos que no son manifiestamente falsos, y pueden en cambio ser constitutivos de delito, incurrirá en gran responsabilidad de no adoptar las medidas precisas para abrir la causa correspondiente en averiguación de sus circunstancias y personas responsables, sin que tal decisión pueda en poco ni en mucho subordinarse a la contestación que dé la contraria, la que sólo tendrá eficacia en cuanto a la acción civil, pero de modo alguno en lo relativo a la penal.

En esto, como en todo, no debe atenderse exclusivamente a la letra de la Ley, sino a su espíritu, y relacionando unos con otros sus preceptos; y como quiera que la apreciación de si un delito denunciado al formular conclusiones es o no de tal influencia en el pleito que, según lo que de la causa criminal resulte así ha de ser el fallo civil, cae bajo la esfera de la exclusiva competencia del Juez, y como para acordar en su caso abrir la causa criminal se precisa oír el dictamen fiscal, de ahí que para cumplir este precepto tan termi-