El Foro español (Madrid. 1898) (1922-07-15 00:00:00), página 6

Este es el hecho. Nosotros creemos sinceramente que el Sr. Bernardo habrá querido dejar de ser suscriptor, pues le estimamos incapaz de la menor incorrectión por seis ni por seis mil pesetas; pero no podemos dejar de creer que lo ha sido, porque lo dicen el cupón firmado por él y los pagos realizados. Además, la palabra «estafa» y la amenaza de denuncia, tratándose de nosotros y de quienes con nosotros conviven, que son funcionarios judiciales tan honorables, por lo menos, como el señor Bernardo, es reveladora de una ligereza de carácter muy impropia del apolomo que se requiere para ejercer funciones de justicia, y más si son acusadores, pues aferra el pensar que si en una cosa tan pequeña y ajena al campo penal como ésta, ese señor ya veía una estafa, aun tratándose de quienes se trataba, cómo calificará y con qué desusados brios sostendrá acusaciones en los asuntos que le turnen y cuál será el criterio excesivamente rígido que impondrá a sus subordinados de la Fiscalía, que presumimos pueda adquirir carácter inquisitorial.

Y como pensamos que esto puede ser sintomático, lo publicamos y llamamos la atención del señor Ministro de Gracia y Justicia para que se vigile la gestión de este funcionario, que, por lo demás, nosotros no tenemos por qué dejar de considerar como dignísimo.

CONTRA EL JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA DE PALACIO

Ciudadanía, órgano de la Asociación de Vecinos de Madrid y de la Federación de Entidades Ciudadanas de España, publica lo siguiente:

EXCMO. SR. PRESIDENTE DE LA AUDIENCIA.
EXCMO. SR. FISCAL DEL TRIBUNAL SUPREMO.
EXCMO. SR. PRESIDENTE DEL MISMO ALTO TRIBUNAL.

A los tres funcionarios indicados nos dirigimos una vez más, antes de hacerlo, si fuera preciso, la Federación entera de Entidades Ciudadanas de España al Ministro de Gracia y Justicia, y al mismo Rey si fuera preciso, con la fundadísima protesta de que venga entendiéndolo, a ciencia y paciencia de todas las autoridades judiciales, en los juicios de desahucio y de revisión de alquileres un funcionario como D. Miguel Hernández, Juez de primera instancia del distrito de Palacio, que es casero en Madrid, y casero que vulnera el decreto, por lo que carece de prestigio para entender en esta clase de juicios, siendo además evidente que, recusado por un diputado a Cortes, el Sr. Van Baumbergen, se recusó en el asunto de dicho señor, pero sigue entendiéndolo en todos los demás y revocando el 98 por 100 de las sentencias que van dictadas en favor de los inquilinos.

Lo hemos dicho una porción de veces, y existe desde hace más de un año una queja presentada al Presidente de la Audiencia por la Asociación de Vecinos de Madrid, sin que se haya dado un solo paso para remediar el mal, por lo que éste se acrecienta: que el Sr. Hernández sustenta impunemente, y con repetición incomprensible, después de las observaciones que se le tie-

nen hechas, la siguiente teoría, que copiamos literalmente de una nueva sentencia suya, fecha 13 de mayo último, en juicio de desahucio a instancia de D. Manuel Sánchez Díaz contra D. Humberto Andrés Tornero, del piso principal izquierdo del núm. 46 de la calle de la Palma:

«Considerando que aun cuando el ejercicio del derecho que concede el apartado A del artículo 3.º del Real decreto de 21 de junio de 1920, NO EXIGE NINGUNA DEMOSTRACIÓN, bastando que se manifieste el propósito de habitar la casa por sí o por sus ascendientes o descendientes, incurriendo, si después la destina a otros fines, en la caución para el caso establecida, sin que ninguna disposición posterior haya modificado este precepto, ya que nada ha previsto sobre el particular en su articulado la Real orden de 13 de julio siguiente.»

Y preguntamos: ¿Es posible que se deje continuar diciendo eso a un Juez de primera instancia, faltando abiertamente a lo que con toda claridad se dice en el articulado mismo y en el preámbulo de la disposición que se cita? Dice el artículo 1.º de esa Real orden que las causas de excepción del decreto «SERÁN APRECIADAS Y RESUELTA LIBREMENTE por los Tribunales...» y aun añade: «pudiendo estimar las demandas que, a su juicio, lo merezcan, y desestimar las que tengan fundamentos ficticios.» ¿Es que no ha leído la regla primera el Juez de primera instancia del distrito de Palacio, para decirnos que basta la manifestación del propósito y que no cabe discutir si es o no ficticia esa necesidad que es fundamento de la demanda?

¿Cómo es posible que diga que la Real orden no dice que eso pueda estimarse o no, y, por lo tanto, discutirse? Esto es, por lo menos, asombroso y siempre intolerable. Pero es que, además, en el preámbulo de dicha disposición, que también tienen los jueces el deber de leer y aprenderse de memoria para entender su sentido, en el párrafo segundo dice que es tan claro que hay que demostrar la necesidad de la vivienda, que no había necesidad de decirlo. ¿Cómo, pues, se atreve el Sr. Hernández a escribir un otro y otro día lo que viene escribiendo, para dejar en el arroyo a infinidad de inquilinos que fueron amparados por los Tribunales de inquilinato, muchas veces por unanimidad del Juez municipal con los vocales inquilinos y hasta propietarios?...

Volvemos a decir: Excmos. Sres. Presidente de la Audiencia, del Tribunal Supremo y Fiscal del mismo, tan celoso en que no se vulnere el decreto de alquileres que dictó una circular conminando con los rigores del Código penal a los que con fundamentos ficticios trataen de barrerarlo, ¿es posible desoir por más tiempo tan justificadísimas quejas? ¿Es que, además, puede ejercer jurisdicción en Madrid quien en Madrid tiene propiedades? ¿Es que gana algo el prestigio judicial con que sea libre de revocar así sentencias, en perjuicio de los inquilinos, un señor que además de juez es casero, y, según noticias, tiene los alquileres en cuantía muy superior a lo que permite el decreto?...

Además, se nos dice que en ese juicio se trataba de una repetición de otro perdido, y tampoco ha querido