El Foro español (Madrid. 1898) (1920-05-15 00:00:00), página 2

DE LA LEY DE PRESUPUESTOS

Bases de organización judicial separando en lo posible los sueldos de las categorías.

Desarrollando la idea de separación de sueldos y categorías que informa la autorización contenida en la disposición 9.a de las Especiales que figuran en la ley de Presupuestos de 29 de Abril del corriente año para que el Gobierno la lleve a la práctica, puede asegurarse que su aplicación a la Magistratura no sólo es factible, sino que sería convenientísima para el servicio público y para los funcionarios que la integran. Estos tendrían, por el hecho de la antigüedad de servicios, la retribución justa a que tienen derecho, esto es, a una mejora en sus haberes proporcionada a los años de ejercicio de su profesión, y la Administración de justicia ganaría porque podrá escoger a los más aptos para los cargos directivos y de mayor relieve, sin perjuicio económico para ninguno. A cuyo efecto la carrera judicial y fiscal podría dividirse en dos grandes grupos: Jueces y Magistrados, con sus respectivos asimilados del Ministerio fiscal.

Los funcionarios de la carrera judicial y fiscal empezarían con un sueldo de 7.000 pesetas; a los cinco años de servicios tendrían 8.000; a los diez años, 9.000; a los quince años, 11.000; a los veinte años, 13.000, y a los veinticinco años, 15.000; con lo que se terminaría la carrera normal, quedando fuera los puestos del Tribunal Supremo.

Con los números más altos del Escalafón se cubrirían las plazas de Magistrados, y con los restantes las de Jueces; pudiendo cada funcionario permanecer en su destino todo el tiempo que lo permitiera la ley, que deberá ser: ocho años, en general; doce, si se trata de poblaciones de más de 100.000 almas, y sin limitación, de Madrid y Barcelona. Las vacantes deberán proveerse en el más antiguo de los solicitantes, teniendo preferencia el que ya resida en la misma población en que se produzca la vacante, salvo que también la solicite quien supere en un quinquenio o más al residente.

Las Presidencias de Audiencia Territorial, las de Audiencia Provincial, las Presidencias de Sala, los Jueces de Madrid y Barcelona y los Fiscales de todas las Audiencias, se proveerán por elección entre los Magistrados que llevarán dos años por lo menos en su categoría, por el Ministro de Gracia y Justicia, a propuesta en lista de los que considerase aptos el Consejo judicial, conservando los nombrados el mismo sueldo que tengan por razón de su antigüedad en la carrera, y gozando solamente a título de gastos de representación o residencia: 5.000 pesetas los Presidentes de Madrid y Barcelona; 3.000 pesetas los Presidentes de Audiencias Territoriales; 2.000 pesetas los Presidentes de las Audiencias Provinciales; la mitad, o sea 2.500, 1.500 y 1.000 pesetas, los respectivos Fiscales, y 1.500 pesetas los Jueces de Madrid y Barcelona. Los Presidentes de Sala no tendrían gratificación alguna. Todos ellos serían inamovibles una vez nombrados, pero podrían variar de destino a su instancia, o pasar a vacante superior a propuesta del Consejo judicial, habiendo estado dos años en anterior destino.

Como consecuencia natural de la manera ya expuesta de proveerse las vacantes, ha de resultar que las menos solicitadas quedarán para los aspirantes a la Judicatura y para los recién ascendidos a la Magistratura; complementándose el sistema con el precepto de que nadie pueda pedir cambio de destino sin haber servido el anterior durante un año.

El Consejo judicial, institución necesaria para la selección del personal que haya de ocupar los puestos distinguidos de la carrera, estaría integrado exclusivamente por personal de la misma en su grado superior, o sea por el Tribunal Supremo de Justicia en pleno; y sus propuestas habrían de ser plurinominales, para de este modo dejar al Ministro cierta libertad en los nombramientos, compatible con la justicia, y al mismo tiempo evitar que el Consejo se convirtiese, dado su carácter permanente, en una institución absorbente y tiránica. Siendo, además, conveniente que en el Ministerio estuviese destinado algún funcionario de la carrera judicial al frente del personal de la misma.

Por último, los Magistrados y el Teniente fiscal del Tribunal Supremo se nombrarían por el Gobierno entre los Presidentes y Fiscales de Madrid y Barcelona que llevaran dos o más años en dichos cargos, Presidentes y Fiscales de Audiencias Territoriales con cinco años de antigüedad, y Jueces de Madrid y Barcelona o Presidentes de Audiencia Provincial con diez años de estos servicios. El Presidente, Fiscal y Presidentes de Sala del alto Tribunal, se sacarían de los Magistrados del mismo. Los Abogados Fiscales del repetido Tribunal podrían equipararse a Presidentes y Fiscales de Territorial, y con ellos nutrirse también su personal superior. Los sueldos podrían seguir como en la actualidad.

CARLOS CARRASCO MALDONADO
Juez de primera instancia.
Toledo, Mayo 1920.

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La Justicia y las recomendaciones

Las dos Éticas

Hasta la fecha, que sepamos, sólo se han fulminado anatemas contra uno de los dos grupos en que pueden apartarse las recomendaciones: contra las