El Foro español (Madrid. 1898) (1920-01-31 00:00:00), página 8

EL PLEITO DE LOS OFICIALES DE SALA DE LAS AUDIENCIAS TERRITORIALES

Sigue en pie y sin orientación alguna de su solución el pleito planteado por los Oficiales de Sala ante el Ministro de Gracia y Justicia en demanda de su mejoramiento. Sabido es que los días 7, 8 y 9 del próximo pasado Julio, se reunieron en Madrid, entre presentes y representadas hasta el número de 35 Audiencias. Allí se convino en la necesidad de constituirse en un Cuerpo que, comenzando en la clase de segundos de las Audiencias provinciales, terminase en los ocupantes de las plazas del Tribunal Supremo, estableciéndose como dotación fija el sueldo que hubiera de graduarseles.

Ante el Sr. Matamala hubimos de presentar nuestra instancia; se nos hicieron grandes promesas de las cuales actualmente no existe admisible alguno. Los asambleístas nos hemos disipado de modo insólito, sin dejar fuera alguna de reserva que defendiese nuestras posiciones. Sobrevino inmediatamente la crisis y quizá con más malicia que olvido nuestra instancia fué abandonada.

El tiempo avanza y el Ministro hizo sus manifestaciones en intervivi celebrado con un redactor de La Epoca, y en él nada nos dice en concreto. No sabemos lo que quería decir con su deseo de llegar a una base armónica que retribuya igualmente a todos los que ejercitamos la fe judicial.

El tiempo avanza y ya suena el campaneo de los Presupuestos. Gobernación pide para un mundo, Guerra para dos...; el de Hacienda se asusta y no sabe de dónde sacar tributos para tantos gastos; entre tanto, Gracia y Justicia pide también algo para los suyos pero no comprende a aquellos a quienes adeuda la honra de su trabajo. Así es que, en esas ingentes e inmoderadas mejoras de todos los empleados del Estado, no figuramos los Oficiales de Sala de las Audiencias territoriales, que, como aquéllos también lo somos del Estado. Y lo somos en razón de nuestro nombramiento, que tiene su realceza, en razón de los servicios que prestamos a un organismo del Estado, como lo son los Tribunales de justicia, a quienes obedecemos y ayudamos..., sin embargo de todo, no podemos ser mejorados porque carecemos de sueldo. Esto es muy cierto, pero también lo es, que si no le tenemos debiéramos tenerle, según precepto expreso de la ley, y si no lo expresase, se nos debe por precepto natural de las cosas, porque el que presta servicios requiere que se le paguen y el medio que abusivamente se nos impone para retribuirnos, nos resulta falso, mentiroso, estupenda añagaza, y el primer deber social de nuestro Ministro es llenar este compromiso de orden legal y humanitario y que tiene en descubierto.

Los Oficiales de Sala fueron instituidos por la Ley Orgánica del Poder judicial en el año de 1870, para auxiliar a los Tribunales superiores de justicia de la Nación, en todo aquello en que no se precisase la presencia de un Juez. Era necesario descurializar a los auxiliares, dignificándoles con una dotación fija pagada por el Estado, en vez de la percepción de derechos de Arancel, hasta entonces tan desacreditada. Empero implantada su creación, se prescindió del sueldo, y si las cosas estaban mal y se iban a remediar, quedaron peor y comprometida la base económica de esos humildes funcionarios de las Audiencias territoriales precisamente, porque creados más tarde los de las Audiencias provinciales, a éstos se les fijó sueldo y a los del Tribunal se les acondicionó con sueldo a los adscritos de las Salas de lo criminal y de lo contencioso-administrativo, y a retribución arancelaria a los sirvientes de la Sala de lo civil.

Así quedaron las cosas; un grupo de Oficiales de Sala, con una dotación que garantiza su vida económica, otro grupo lanzados a la aventura como pescadores de caña a lo que pesquen.

¿Y qué es lo que pescan los Oficiales de Sala de las Audiencias, territoriales? En términos generales estos funcionarios están sometidos a sufrir los daños de los servicios por los beneficios; esto es, el Estado cede al Oficial de Sala los beneficios de su función y el Oficial de Sala paga al Estado con los servicios que la ley le impone. Resulta haber entre el Estado y Oficial un contrato inominado, en virtud del cual el Estado cede sus derechos tributarios de Arancel al Oficial de Sala, a cambio de que éste cumpla los servicios de su oficio dentro de la Administración de justicia. El Estado paga en derechos lo que el Oficial de Sala debe cobrar por su trabajo. Para apreciar la licitud o ilegitimidad, la justicia o injusticia de este contrato sería preciso conocer y balancear previamente el valor de lo que se da en derechos con el que se recibe en servicios y a este conocimiento se opone la naturaleza de las cosas, en las que no podemos sorprender los elementos que perjudicarán o favorecerán en el contrato; por tanto la naturaleza de estas cosas se oponen a su licitud y justicia. Sólo a posteriori podemos saber si saldremos en el favorados o perjudicados; ¿y si siempre resulta el perjuicio? ¿Cómo podrá repararse al perjudicado? De ningún modo. Y si el perjudicado es el que presta el trabajo, ¿es lícito que el que lo presta para vivir, lo pierda? En manera alguna.

Los Oficiales de Sala de las Audiencias territoriales, al prestar sus servicios al amparo de la efectividad de sus derechos, exponen a perder, como en juego de azar, lo más sagrado de su vida, el fruto de su trabajo y rebajan su dignidad al exponerlo en tal vil juego.

Su modo de realizar la retribución aunque igual para todos en el orden de las ideas, la mayoría se cuida de imponer la más irritante desigualdad. Todos tenemos derecho a retribuirnos con la efectividad de los derechos de Arancel; he aquí una igualdad que parece justa, pero que en el orden de la realidad es de mera apariencia, si se tiene en cuenta que cada Audiencia tiene su cantidad privativa de servicios gratuitos y de servicios remunerativos. Audiencia hay que tiene muchos de aquéllos y pocos