El Foro español (Madrid. 1898) (1918-04-15 00:00:00), página 4

IN UTROQUE GLADIO

EL DERECHO DE ASOCIACIÓN

LA ESPADA DE THEMIS Y LA DE MARTE

Todo español tiene derecho de asociarse para los fines de la vida humana. (Artículo 13 de la Constitución del Estado).

Todos los españoles, pues, tienen expedido el derecho de asociación, sin limitación alguna, puesto que pueden hacerlo, con arreglo a la Constitución, "para todos los fines de la vida humana", así, sin exceptuar ninguno.

Sin embargo, en la práctica, esto no es verdad, pues mientras hasta se han impuesto organismos como las llamadas juntas de Defensa, creadas fuera de la forma de asociación, dentro de la cual, y como Juntas directivas, podían hasta haber tenido personalidad legal, hay una clase social nobilitista; base y factor esencial del Estado mismo, que es la constituida por los funcionarios judiciales, en cuyas manos está la espada de Themis, menos temida y eficaz que la de Marte, que son los únicos ciudadanos a quienes de Real orden se les niega o se les limita hasta el último extremo el derecho de asociación, que tan ampliamente se concede a todos los españoles, y los cuales habrán de resignarse a carecer de este derecho que, como en todos los demás, se les impone el deber de amparar al resto de sus compatriotas.

Esto parecerá tremendo, pero es verdadero, y clama al cielo, aunque los perjudicados, hasta los zaheridos podríamos decir, no se atrevan a protestar, y hasta aparen- ten conformarse, aunque no sea más que por el triste consuelo de quien dice "del lobo un pelo", aunque tengan derecho al lobo entero. Hagamos historia.

Al amparo de una campaña, iniciada como la de ahora, en su órgano en la Prensa El Foro Español, que yo dirijo, se creó una Asociación de funcionarios del Poder judicial para fines principalmente benéficos; pero que en el Ministerio de Gracia y Justicia no cayó en gracia, a pesar de la justicia que para ello les asistía, y se dictó una Real orden con fecha 20 de Mayo de 1915, por la que, interpre- tando estrechamente algunos artículos de la ley orgánica del Poder judicial, que ni remotamente tienen nada que ver con el caso, se trató ya de limitar el derecho de asociación de aquellos funcionarios; pero comprendiendo la gravedad de lo que se hacía, que equivalía a ponerse en camino de derogar para una clase determinada y por una simple y de las más sencillas disposiciones del Poder ejecutivo, todo un derecho constitucional, sólo se atre- vieron a decir más sino que no podían asociarse ni aún para fines benéficos sin haber obtenido previamente la autorización de aquel Ministerio.

La disolución que siguió de aquella Asociación y el silencio y resignación de sus iniciadores hizo creer á todos que la intención fué la de poner en mano del Poder ejecutivo un arma poderosa con que poder ahogar, desde el primer momento, toda iniciativa que en ese sentido pudiesen tener los Jueces, que ya habían iniciado un movimiento de opinión en favor de su independencia de aquel poder que tan asesinadores los trae de continuo con traslados injustificados y postergaciones injustas.

Pasó tiempo, y se comentaron los más minuciosos con comentar en la Prensa profesional el alcance verdaderamen- te legal que pudiera tener la famosa Real orden, que pu- diéramos llamar anticonstitucional, y todos coincidieron, como algunos tratadistas de Derecho, en que no podía ser otro que el de una mera medida de disciplina o vigilancia reservada al Ministro. Por fin, a últimos del pasado año se destacaron de entre aquellos funcionarios tres espíritus valientes, el Magistrado Sr. Delgado Curto y los Jueces se- nores Zapatero y Pérez Fontán, que iniciaron de nuevo en El Foro Español la campaña en favor de la Asociación y llegaron hasta presentar en el mes de Octubre una instan- cia al Ministro en la que, después de hacer las mayores protestas de disciplina y hasta sumisión al Poder ejecuti- vo, y dando a la citada Real orden la interpretación que hemos apuntado, solicitaban la autorización, que estima- ban que no podía negárseles, "para constituir una Asocia- ción oficial de funcionarios judiciales de España para el estudio de reformas jurídicas y fines de auxilios mutuos exclusivamente, añadiendo todavía: "con la obligación de elevar oportunamente a ese Ministerio el Reglamento de tal entidad para su aprobación o, en su caso, su recti- ficación por V. E.".

Esta instancia, que fue presentada al Sr. Burgos y Mazo, se reprodujo al Sr. Fernández Prada, y éste tuvo a bien mandarla a informes de la Sala de gobierno del Tribunal Supremo, trámite que no se marcaba en la famosa Real orden, y cuya finalidad no se nos alcanza que sea otra que la de cubrirse con el propio manto de la autoridad judi- cial en el caso de que su dictamen coincida, como parece ser que ha coincidido, con el de la resolución ministerial, que no ha sido otra que la comunicada recientemente y contenida en otra Real orden de 27 de Febrero último, por la que se desestima aquella instancia, dejando a salvo la iniciativa para promover nueva solicitud pidiendo autorización al efecto de fundar la institución de mutuo auxilio de que se habla. Es decir, que ésta podrá fundarse siempre que sea autorizada, pero desde luego se les pro- híbe asociarse "para el estudio de reformas jurídicas".

A primera vista salta lo extraordinario del caso. Los encargados de definir y aplicar las leyes "no tienen dere- cho a estudiar sino aisladamente los problemas jurídicos que puedan presentarse; y, por consiguiente, se priva al adelanté jurídico de España del factor de colaboración más esencial que puede tenerse, dado que nunca el estu- dio individual es tan completo ni tan rápido perfecciona- miento como el colectivo". Por lo visto, para los políti- cos al uso eso del estudio del Derecho por los funciona- rios en quienes más genuinamente encarna el mencionado estudio no es un fin de la vida humana, ya que, con arreglo al art. 13 de la Constitución del Estado, los españoles tienen derecho a asociarse "para todos los fines de la vida humana". ¿Se quiere mayor absurdo ni vejam mayor para una clase tan respetable y tan respetada de todos menos de los políticos militares? ¿Y qué decir de esa dicta- men de la Sala de gobierno del Tribunal Supremo que no expresé el silencio amargo con que ha sido recibido por los que un día fueron compañeros de categoría de los que for- man dicha Sala; y aun hoy se consideran compañeros de carrera, sean cualesquiera las circunstancias que les pu- sieron a tanta distancia de la casi totalidad de sus colegas, por la altura que hoy aquéllos han llegado ya a ocupar? Pensarán qué han sacrificado sus recuerdos y afectos de compañeros a lo que han estimado justo; pero que indudablemente es perjudicial para la clase, a que todos per- tenecen.

En cuanto a los políticos, antojásemos que en el fondo de ellos late pujante el problema de la independencia judi- cial, tanto más necesario de resolver cuanto más se co- rrompen o inutilizan los demás poderes. Porque nosotros