El Foro español (Madrid. 1898) (1922-07-31 00:00:00), página 6

Art. 7.º Por el Ministerio de Gracia y Justicia se publicará, en el plazo de tres meses, contados desde la fecha de vigencia de esta ley, las reducciones congruentes con los preceptos de la misma que deban introducirse en los aranceles de los funcionarios judiciales, Notarios y Registradores de la propiedad.

Madrid, 7 de julio de 1922.—El ministro de Gracia y Justicia, Mariano Ordóñez.

Proyecto de reforma del beneficio de pobreza.

El Sr. Ordóñez leyó el día 18 en el Senado el siguiente Proyecto de ley:

A LAS CORTES.—Los reiterados intentos de proveer al remedio de las deficiencias advertidas en nuestra legislación procesal, por lo que atañe al beneficio de pobreza para litigar, no lograron la sanción parlamentaria, ni cuando fueron obra de la personal iniciativa de los representantes del país, ni cuando prohibieron los Gobiernos la meditada y meridiana labor de la Comisión de Códigos. Y perduran los males que hace mucho tiempo señaló la práctica: unas veces el litigante, verdaderamente pobre se encuentra desamparado ante los Tribunales y sin medios de reivindicar su derecho, a través de la costosa tramitación de un pleito; en ocasiones, mercé al beneficio de pobreza, se admite a libre plática las más absurdamente temerarias pretensiones, y acumulando incidentes y urdiendo dificultades y dilatando soluciones bajo una dirección habilidosa, la voluntad más firme y el derecho más incuestionable acaban por rendirse, plegándose a las exigencias de una transacción onerosa.

En el proyecto de bases para la reforma de la ley de Enjuiciamiento civil, redactado por la Comisión de Códigos y por ella misma desarrollado en artículos el año 1918, se atiende a corregir tan graves daños. Parece que deben aceptarse sin reparo las disposiciones encaminadas a dotar de la necesaria flexibilidad al beneficio de pobreza para que pueda adaptarse a las diversas condiciones y situación social de quienes carecen de medios de fortuna suficientes para sostener litigios. Pero la fórmula buscada para impedir los abusos de la temeridad, que es teóricamente perfecta, por cuanto encomienda la defensa del pobre a la acción tutelar del Ministerio fiscal, resulta de momento impracticable, ya que requiere, según la Comisión de Códigos certeramente proponía, la simultánea reforma de la ley Orgánica, estableciendo, o por mejor decir, volviendo a establecer el cargo de Promotor fiscal en los Juzgados de primera instancia, único modo de que la solución revistiese adecuadas garantías.

Mas la urgencia del caso, los recientes y repetidos requerimientos hechos en las Cortes al Gobierno, el apremio con que otros problemas reclaman la atención parlamentaria, no permiten por ahora alentar la esperanza de que a medida tan trascendental en el orden jurídico como la reforma total de las leyes Orgánicas y Procesales pudiera consagrarse el tiempo indispensable y la asiduidad debida, y por eso, aun conociendo los peligros que entraña la modificación parcial de leyes que responden a un principio fundamental y constituyen un conjunto de reglas intimamente trabadas entre sí y que se prestan mutuo apoyo, ha preferido el Ministro que suscribe buscar un medio que, siquiera de un modo transitório y hasta tanto que la magna empresa se acometa y se realice, satisfaga la necesidad sentida, por procedimientos semejantes a los que en algún otro país se emplean, y que ya entre nosotros, en proyecto notable elaborado por un insigne Ministro, tiene sólida raigambre.

Fundado en las precedentes consideraciones, el Ministro que suscribe tiene el honor de someter a las Cortes el siguiente

PROYECTO DE LEY.—Artículo 1.º Se autoriza al Gobierno de Su Majestad para modificar las disposiciones de la Sección segunda del título primero, libro primero de la ley de Enjuiciamiento civil, con arreglo a las siguientes bases:

A) Las normas para declarar la pobreza y otorgar defensa gratuita serán ampliadas y puestas en relación con el estado civil y las cargas familiares de cada interesado.

B) Se regulará de nuevo el procedimiento señalado para la tramitación de estos incidentes, dando en ellos la necesaria intervención al Abogado del Estado, en nombre de la Hacienda pública, según está preceptuado por disposiciones vigentes y determinando los momentos en que ha de solicitarse el beneficio, condiciones con que ha de concederse, resoluciones que pueden dictarse y recursos que contra ellas procedan.

C) A la demanda de pobreza se acompañará forzosamente, en pliego cerrado y sellado, una relación detallada de los documentos y medios que tiene el actor para justificar el derecho que le asiste en el fondo, con designación de los testigos de que intente valerse cuando sea admisible este medio de prueba. El Juez o Tribunal que entienda en la demanda de pobreza remitirá dicho pliego al Colegio de Abogados para que su Junta de gobierno o un Comité especial, compuesto de cinco Abogados designados para cada año por la misma Junta, emita directamente, en término improrrogable de cinco días, acerca del derecho probable que asiste en el fondo al que pretenda la defensa gratuita. Si en la población no hubiere Colegio de Abogados, se remitirá, por conducto de la Autoridad judicial de igual clase, al de la capital de provincia, al cual, para los efectos de este servicio, se considerarán los Abogados de las poblaciones donde no haya Colegio sin obligaciones de pagar otras cuotas que las que le corresponda por razón del lugar donde ejerza su profesión. A las reuniones de la Junta de gobierno o del Comité especial se abstendrán de concurrir el Letrado o Letrados que tengan alguna causa de recusación, acordando el Decano o quien le sustituya lo que proceda, sin ulterior recurso. Cuando la Junta o Comité estimase insuficientes los documentos o datos suministrados por la parte para justificar su derecho, en término de diez días, contados desde el de su recepción, pedirá el Juez o Tribunal que requiera en persona al interesado para que en los quince siguientes los amplíe respecto a los particulares que determinará. Cumplido esto o pasado el término sin verificarlo, si la Junta o Comité insistiera en su primer dictamen, lo expondrá en escrito razonado, con devolución de los documentos recibidos, y toda se comunicará al Fiscal de la Audiencia territorial por el término de cinco días. Si el Fiscal estuviese conforme con la improcedencia de los derechos alegados por la parte, lo comunicará al Juzgado o Tribunal, que dictará auto, teniendo por desistido el interesado en la demanda de pobreza, sin perjuicio de su derecho a promover el asunto principal en concepto de rico.

D) La obligación de pagar las costas si viniere declarado pobre a mejor fortuna subsistirá hasta diez años después de haber fallecido el pleito.

E) En las sentencias, autos o providencias en que se desestimen peticiones de la parte amparada por el beneficio de pobreza se hará declaración expresa respecto de la temeridad o mala fe de la parte pobre, determinándose dicha calificación respecto