El Foro español (Madrid. 1898) (1922-03-31 00:00:00), página 5

jano lionés. El ilustre catedrático, después de un detenido examen de la paciente, diagnosticó quiste ovárico, fibroma o embarazo dudoso, y juzgó indispensable la intervención quirúrgica.

Al operar, poco después, el médico se encontró en presencia de un embarazo de más de seis meses y hubo de practicar la operación cesárea. El niño murió a las pocas horas, y la madre, dos días después.

En el pleito entablado por el Sr. M. contra el cirujano, los tres peritos médicos han dictaminado a favor de su colega. «No cabe atribuirle ninguna responsabilidad», han dicho. Pero el defensor del industrial perjudicado estima que, por lo menos, el doctor S. debió oír en consulta a otro compañero y emplear la radiografía.

Nos parecería muy bien que se regulase claramente la responsabilidad de quienes por ignorancia o verdadera imprudencia temeraria causan víctimas, pues no es la vida cosa baladí que deba quedar a merced de un señor sólo porque ostente un título académico mal adquirido.

Suspensión de pagos de comerciantes y Compañías mercantiles.

Por su importancia trascribimos el proyecto de ley que sobre esta materia acaba de publicar la «Gaceta», pues así dará tiempo a que se manifieste la opinión antes de que se discuta en las Cortes.

Dice así:

MINISTERIO DE GRACIA Y JUSTICIA

REAL DECRETO

De acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en autorizar al de Gracia y Justicia para presentar a las Cortes un proyecto de ley regulando la suspensión de pagos de los comerciantes y Compañías mercantiles.

Dado en Palacio a veinte de marzo de mil novecientos veintidós. — ALFONSO. — El ministro de Gracia y Justicia, José Bertrán.

A LAS CORTES

La urgente necesidad de establecer las reglas a que ha de ajustarse el procedimiento en los casos de suspensión de pagos de que se ocupan los artículos 870 al 873 del Código de Comercio, excusa todo encarecimiento, por ser unánimemente reconocida.

Publicado el vigente Código de Comercio con posterioridad a la ley de Enjuiciamiento civil, que, a su vez, se remite en varios de sus artículos al Código de 1829, es obvio que los preceptos de aquél no encuentran en muchas ocasiones el trámite adecuado para su fácil cumplimiento; pero si además se tiene en cuenta la suspensión de pagos como estado legal distinto del de quiebra, con características y efectos que fundamentalmente la separan de ésta, fué reconocida así por primera vez, dentro de nuestra legislación, en el Código actual, es evidente que las dificultades aumentan, porque ya no se trata solo de acomodar nuevos preceptos de índole sustantiva a un procedimiento preestablecido, sino que falta en absoluto éste, y forzosamente hay que acudir a lo determinado para otros supuestos diferentes.

Grandes han sido los estragos y complicaciones que esa ausencia de reglas ha producido, y constantes y calificadísimas las protestas y reclamaciones que ha suscitado. Se han significado en ellas las Cámaras de Comercio, que en varias de sus Asambleas se han ocupado de materia que tan de lleno afecta al crédito mercantil; y las Cortes, recogiendo tales estados de opinión, han tratado repetidas veces, algunas por iniciativa de los Gobiernos, de semejante cuestión, conviniendo siempre en lo inaplicable de la reforma. Y aun esos anhelos han cristalizado en leyes, como la de 10 de junio de 1897 y la de Presupuestos para 1900, que preceptivamente impusieron al Gobierno la obligación de reformar, oyendo a la Comisión de Códigos, los preceptos de la ley Procesal para ponerlos en armonía, según se decía en la primera de las dos últimamente citadas, con el Código de Comercio y satisfacer así las reclamaciones del comercio honrado en cuanto se relaciona con las suspensiones de pagos y quiebras.

Pero, sin embargo, el tiempo ha ido pasando, y la ley especial, anunciada en el mismo art. 873 reformado del Código de Comercio no tiene aún realidad. Los daños no ya se repiten, sino que se agravan; porque el desarrollo que modernamente han alcanzado determinadas entidades y su trabazón con la economía general, ha hecho que el perjuicio trascienda del interés privado al público.

Atenta a ello la Comisión permanente de Codificación, y acuciada, sin duda, por realidades notorias, formuló, en época del anterior Gobierno, un anteproyecto de reforma de la ley de Enjuiciamiento civil en cuanto a las suspensiones de pagos, sobre el cual dictaminó de completa conformidad, a solicitud del digno antecesor del Ministro que suscribe, la Comisión general de Codificación; y dicho dictamen, íntegramente y sin la más leve modificación, es el que somete el Ministro de Gracia y Justicia, honrándose, a la deliberación y resolución de las Cortes, con las adiciones contenidas en el artículo 2.* del proyecto, que se contrae a sentar el principio de la responsabilidad del suspenso, o, en su caso, de los Administradores, Directores o Consejeros de Compañías, aun después de llegar al convenio, y que responde a lo que, a su entender, se ha manifestado como aspiración general en recientes debates parlamentarios.

El adjunto proyecto, a juicio del Ministro que suscribe, satisface las necesidades sentidas en orden a la reforma del procedimiento en los casos de suspensión de pagos. Entre otros particulares, todos