El Foro español (Madrid. 1898) (1918-08-30 00:00:00), página 1

Número extraordinario, suplemento al de 30 de Agosto de 1918

EL FORO ESPAÑOL
ÓRGANO DE LA "FEDERACIÓN DE ABOGADOS DE ESPAÑA"

INFORMES emitidos por el Sr. D. José María Rodríguez de Rivera, Presidente de la "Federación de Abogados de España", en nombre de esta entidad, ante las Comisiones dictaminadoras de la reforma de las leyes orgánica y de procedimientos y de la contribución industrial.

A la Comisión de Gracia y Justicia del Congreso

Al acudir esta Federación a la información abierta en el Congreso—por la Comisión dictaminadora del proyecto—remitido por el Senado—de bases para la reforma de la Ley orgánica de los Tribunales y de las Leyes de Enjuiciamiento civil y criminal, pretende llevar al convencimiento de la misma razón que la convenganza de la imposibilidad de que el Congreso preste su aprobación al proyecto, sin introducir previamente grandes y transcendental modificaciones que cambien la orientación del proyecto que aprobó el Senado.

Empezó aquella Cámara su actuación en este proyecto por tener constar en el preámbulo la declaración de que su personal criterio mantenía en actuaciones profesionales y gubernativas, lícito que los individuos de la Comisión dictaminadora al hacerlo cumplan dentro de su deber el sacrificio que realizaron en aras de una mal entendida patriótica operación a la obra de Gobierno, que no lo es, la que aquietara y amordazara las propias convicciones engañosas y estérilmente. Tiene esa patriótica, cierta, pero consciente cooperación, fácil explicación en cuestiones que, por su intensa relación con la vida constitucional afectan a su existencia, pero no se disculpa cuando se amplía a cuestiones completamente ajenas y que de un modo tan permanente integran la vida de la sociedad independientemente de esta anormal situación, y entendiémos nosotros constituiría en absoluto delito de esa parte, prestar asentimiento a un proyecto de ley que exoneriza y definitivamente consagra al capricho del Poder público y de la política menuda en función tan vital como la de administrar justicia atacando en sus fundamentales principios la necesaria independencia del poder judicial.

Grandes y merecidos respetos debemos por su iniciativa al ilustre autor del proyecto, y en recuerdo a lo que su inteligencia descubrió y que los años han no hemos de escatimarnos, pero sin que por ello, y en atención al peligro que en su desarrollo ofrece, aclaremos nuestra opinión y dejemos pasar sin las debidas protestas cuanto dejarla de ennobecer a función de los jueces. Podrá suceder—debemos ponerlo en duda—que el Congreso apruebe con la misma facilidad que lo aprobó el Senado la Ley de bases, pero si por ello ocurrese queremos dejar consignadas nuestras observaciones que pudieran ser proféticas manifestaciones si por respetos hacia su autor ilustre se aprobara un proyecto que carece de ambiente moral y por cuya derogación laborariamos intensamente. No debe olvidarse ni un solo momento que España, falta de virilidades, desliza su política sin orientación patriótica, despachada de preocupaciones de orden nacional desde Julio de 1917, y que un estado latente de protesta, está pronta a la energía y sangrienta sacudida que ponga término a tanto olvido y a tanto atropello de la voluntad colectiva que no borra el crédito de confianza que impuso el miedo con mayor eficaz colaboración que el patriótico sentir para fines conocidos y cuyos límites no se pueden traspasar para sancionar anomalías que reflejan, más que desconocimiento olvido de doctrinas jurídicas y de la realidad de la vida, mereciendo especial consideración ese egredio de Tribunal de honor que denomina Consejo judicial, instrumento de Gobierno que a base de un convencimiento moral hace ilusoria la independencia y la movilidad judicial, desde el momento en que puede separar válidamente de la carrera a cualquiera funcionario judicial.

Hacemos de llamar singularmente la atención del Congreso sobre esta manera de reformar los Tribunales de honor, cuya constitución por individuos de la misma profesión y de la misma categoría puede dar motivos a errores manifiestos o a inducciones criminosas de tanta notoriedad, que por sí sola habrán de constituir materia de examen y estudio en el Parlamento. Libre de toda censura moral, alguno o algunos Diputados examinarán y desmenuzarán ágiles caso de actuación de Tribunal de honor, cuyo conocimiento será la más evidente demostración de la necesidad de suprimir tales organismos, que tienen explicación cuando funcionan en defensa del honor de una colectividad por individuos de la misma categoría de jueces. Pero que no tienen ética cuando se organizan en la forma que hoy hace el proyecto y por personas de grandes prestigios, pero que por su posición ajena a la vida de la judicatura a partirán ser hombres del más inmaculado honor, pero que no han vivido, y, por tanto, no pueden sentir el honor corporativo de los funcionarios que constituyen la magistratura.

Y antes de empezar nuestras observaciones a las bases Ministerio de Gracia y Justicia, que posee como nadie en la política español el don precioso de la perspicacia, demuestra con su pasividad y con su abstención en la disensión del proyecto la falta de ambiente que en la opinión de los que en la administración de justicia desarrollan sus actividades, tiene ese engendro raquítico que, de llegar a vivir la vida de las leyes, sólo tendrá la artificiosa vitalidad que con su mansedumbre le tolera la castarda conciencia social.

No son de esperar tumultuosas rebeliones de funcionarios que usan como emblema la espada, pero que no la visten ni la esgrimen; si deben esperar de nosotros una abstención absoluta en la función que esas leyes pretenden encumbrarnos y pensar si una nación puede vivir sin órgano que regule la vida de relaciones de sus componentes. Atenazando, encadenando, empequeñeciendo la función judicial, se atenaza, encadena y empequeñece la organización social.