El Foro español (Madrid. 1898) (1921-12-31 00:00:00), página 5

remedio eficaz para el caso; pero estos son inconvenientes que pueden atenuarse o desaparecer, penetrándose bien los funcionarios del contenido de aquellos elementos de juicio, siempre dirigidos a la conservación de la identidad de doctrina, que es lo que da mayor autoridad a nuestro instituto, y, en ese sentido han de ejercer la delegación que con carácter general tienen concedida.

Otro aspecto de la unidad.

Además de la condición de independiente, el ejercicio de la acción penal por el Ministerio público debe ser únicamente confiado al mismo. Todos los ciudadanos están obligados a denunciar y a declarar, o requeridos o espontáneamente, por aquello de que la justicia penal en ellos reside; pero eso no quiere decir que deba estarle permitido comparecer como parte en los procesos, pues en el sistema acusatorio el Fiscal representa la acusación, precisamente porque a la sociedad no le sirve de garantía bastante la del ofendido, cuyo derecho a colocarse a su lado todos admitiríamos, si en nuestras prácticas judiciales no se convirtiera generalmente en un estorbo para la acción de la Justicia, hasta que pueda ejercitar la acción civil, como ocurre en otros países más adelantados.

La intervención de terceros resulta desnaturalizadora del sistema y del procedimiento; la acción popular, después de robustecida la social por medio de la feliz organización del Ministerio fiscal, es un error del espíritu democrático, llevado a los Tribunales de justicia, que sólo se explica por el sistema de desconfianza que se refleja en la ley respecto a los organismos judiciales, y especialmente al Fiscal.

Pero es importante privarle de toda acción coercitiva; su papel debe continuar limitado a requerir, a perseguir, a vigilar, a formular sus conclusiones en la Audiencia, nunca más allá; de modo que sería altamente peligroso el concederle la atribución instructoria de privar a un ciudadano de su libertad. La prisión provisional es el principio de una de las penas de privación de la libertad, y si no digalo el abono de la preventiva; el derecho de acordarla no debe ser concedido al funcionario que está constituido en acusador del procesado; puede abusar de ello, forjándose una ilusión, fundado en sus investigaciones tendenciosas: que cuanto mayor suma de cuidados le hayan costado, tanto más verosímiles creerá las sospechas que haya concebido. Si el espíritu se complace en sus descubrimientos es porque se abandona a ellos con entusiasmo, viéndose expuesto con frecuencia a extravíarse, y sería comprometer la suerte de los ciudadanos de una manera muy funesta el confiar sin reserva a un Magistrado, que por la naturaleza de sus funciones puede ser fácilmente conducido a acoger indicios engañadores.

Convéngase, pues, en que el Ministerio fiscal no puede dictar autos de prisión; ha de limitarse a requerirlos del Juez, lo cual no quiere decir que se le prive de la facultad de detener, concedida en ciertos casos a cualquier ciudadano.

CONCLUSIÓN

Bajo la forma de Gobierno actual, todas las voluntades están sometidas a la de la Ley, y el interés de la patria y de la sociedad se sobreponen a todos los demás; el Ministerio fiscal, obtenida la independencia, se mostrará digno de cuanto se tiene derecho a esperar de la institución.

Constituido de esta manera, será fuerte para operar el bien, perseguir el mal y hacer respetar los principios consagrados por nuestras leyes fundamentales; impotente para ponerse al servicio de las pasiones o secundar las empresas del poderoso si se dirigen contra los derechos y las libertades de la nación.

Si los funcionarios del Ministerio fiscal no deben tener una autoridad incompatible con la naturaleza de sus funciones, es preciso que se hallen investidos de una potencia moral capaz de imponerse a las facciones durante las luchas sociales, y al crimen en todo tiempo. No deben dejarse dominar por autoridad alguna rival; ningún otro funcionario administrativo o militar puede tener el derecho de estimular su celo ni estorbar el libre ejercicio de sus atribuciones. El público solo debe ver en ellos el vigilante ávido para la tranquilidad de todos, y habituarse a identificarlos con la ley misma, de la que son los agentes y los órganos.

Por medio de detenida y deliberada discusión, al examinar los proyectos pendientes, el Poder legislativo es el encargado sobre estas bases, y únicamente así la acción de la justicia estará encerrada dentro de los límites constitucionales.

Madrid, 15 de septiembre de 1921.

Víctor Covián
Fiscal del Tribunal Supremo.

SOBRE EL IMPUESTO DE DERECHOS REALES (1)

DISCURSO
PRONUNCIADO EN EL SENADO POR DON MATEO ALFARIA ESTEBAN
EL DÍA 15 DE NOVIEMBRE DE 1921.

(Continuación.)

Primer extremo.

El reglamento vigente es contrario a la ley del impuesto, y en su consecuencia, debe ser modificado.—Es ya proverbial en España el criterio de que la verdadera potestad legislativa no radica en el Parlamento, sino en las disposiciones emanadas del Poder ejecutivo, porque los reglamentos y disposiciones ministeriales, en vez de aclarar o desarrollar el criterio de la ley, lo que hacen es treguversarlo, modificarlo, infringirlo y con frecuencia derogarlo; y en este punto, el reglamento del impuesto, en vez de ser una excepción, puede decirse que en un concurso público acaso merecería el primer premio entre las disposiciones ministeriales que infringen una ley vigente. Y para demostrarlo me bastará con poner en parangón algunos artículos de la ley con otros del reglamento, los más importantes.

El art. 6.º de la ley, que es el fundamental o bási-

(1) Véase el núm. 800.