El Foro español (Madrid. 1898) (1918-08-30 00:00:00), página 16

sección del Ministerio de Gracia y Justicia o un Secretario del Tribunal Supremo.

Ningún organismo de la Gobernación del Estado tiene junta clasificadora de los méritos y condiciones de sus individuos, formada por personas ajenas al organismo clasificable, porque ningún organismo admite por decoro, por dignidad, esa fiscalización de personas que con su intervención ponen en entredicho el honor de las personas cuya vida colectiva vienen a fiscalizar.

¿Qué harían las clases militares, si se nombrasen individuos del Consejo Supremo en sus funciones gubernativas a un General del Camino o a un Jefe de sección de Gobernación de Gracia y Justicia o de Hacienda? ¿Habría Gobierno capaz de iniciar esa reforma...?

Piensen en ello los señores Diputados y piensen en la gravedad de tratar con tal desprecio de la dignidad colectiva a funcionarios que no omitieron sumisión ni acatamiento en el respeto hacia el poder público; a funcionarios que no molestaron ni inquietaron la pública tranquilidad en aquel momento en que lo hicieron las demás clases del Estado; que no impusieron con huelgas que trastornaran la vida nacional el mejoramiento de sus haberes tomándolo como excusa el mejoramiento de los servicios; a funcionarios que son los depositarios de honor, de la vida, de la hacienda de la sociedad, que les confía la definición de su derecho. Meritar es la capacidad del honor colectivo con la intervención de personas extrañas en su clasificación y tal o, a mermar respetos, autoridad y prestigios a la Judicatura esemplo.

Constitúyase ese Consejo judicial por el Presidente del Tribunal Supremo, de serlo ocho funcionarios de las carreteras judiciales y fiscales elegidos por categorías entre todos los funcionarios de ese orden, y de los cuales el más moderno debe comprender las funciones de Secretario, y tendremos constituido el organismo clasificador de aptitudes y capacidades que podrá ser revisor de los fallos que dictaren los Tribunales de honor de que nos ocupamos.

Materia muy delicada es la relacionada con la clasificación del honor colectivo, tan de icada que atraviesa una crisis que puede afectar gravemente a su vida. Los cuerpos y organismos que los tienen constituidos sienten la necesidad de su supresión, porque el prestigio pasional que en un momento determinado trastornan o ofuscan la razón, producen estados de opinión erróneos, de consecuencias irremediables y que un más sereno recaudar califican y justifican injustas. Esas verdaderas injusticias producen definitivamente el deshonro, el descrédito del juzgado por el Tribunal de Honor, aunque otros perjudicios de orden secundario en relación a los expuestos, pero que afectan al grave problema de la vida.

No se me ocurre otro remedio sino que se establezcan organismos que establezcan la función por categorías, y en los que sólo hombres encarnados con el honor colectivo puedan intervenir y se llegue a publicar retrataciones fundamentadas en presiones que de ser ciertas son criminosas por parte del Poder público, cómo no ha de producirse pronto ese Tribunal de honor en que el Gobierno tiene una tarjeta directa y múltiple intervención y tan escasa o nula la colectividad cuyo honor va a ser definitivamente juzgado a base de un convencimiento moral?

¡Pobres Jueces o Magistrados de Audiencias territoriales los que con vuestros votos faléis en primera instancia un pleito en que un ex Ministro poderoso ponga sus afanes pasionales políticos o mercantiles! ¿No recordáis, señores de la Comisión, un caso algo reciente, ocurrido en Madrid en la vista de un pleito famoso, ni ha llegado a vuestra noticia cuánto se labora o se lucha para que un determinado Presidente de Audiencia, de gran trayectoria, y acérrimo, honrarse no escuche el puesto inmediato? No tenéis aún noticia de lo que viene ocurriendo en otro pleito más importante y en el que tienen una personal intervención hijos, yernos y sobrinos de un hombre ilustre, se encarnado con este proyecto, que desde que escala la Presidencia de un Gobierno, no ejerce la profesión de Abogado más que dictaminando, y cuyos dictámenes son mantenidos abogándolos ante los Tribunales.—Informes que todos conocen—legados y familiares del autor del dictamen, no siempre comprensibles, y en todos los casos caritativo?

De funcionar el Consejo judicial, ese Ilustre Presidente a quien aludo no estaría postergado, sino que el Consejo judicial hubiere sentido pesar sobre su ánimo razones de orden moral idénticas a las sentidas por el Coronel Génova, y dumanadas de la misma procedencia, que le habrían colocado fuera de la carrera judicial.

El Consejo judicial por intervención de personas extrañas a la judicatura, en funciones de Tribunal de honor único, con Abogados políticos, ex Ministros que aun llegado a la presidencia de gobiernos se abandonan radical y definitivamente la profesión, es un peligro social y de una enorme moralidad.

¿Cómo no sentir miedo si en la memoria de todos está el caso de un Presidente del Congreso que en el ejercicio de sus funciones visitó la toga ante el Tribunal de lo Contencioso para abogar contra la Administración reclamando el pago de algunos millones de unos derechos reales cobrados en una herencia y cuyo pleito recién fallado quemó el fuego oportunamente purificador de un Palacio de Justicia?

El Tribunal de honor, de crearse, habrá de estar constituido por individuos de la misma categoría del sospechoso o moral, que desempeñen funciones judiciales o fiscales dentro del territorio de cada Audiencia de las comprendidas en la base sexta de este proyecto, previa autorización de los respectivos Presidentes, en todos los casos, y de los Fiscales además, cuando se trate de funcionarios de este orden. Los fallos se comunicarán por conducto del Presidente del Tribunal, al Presidente del Consejo judicial, y comprobado por éste la observancia de los preceptos legales y la razón moral que fundamente el fallo, lo pondrá en conocimiento del Ministerio para que dicte o ponga a la firma de Poder moderador, según proceda, la separación del enjuiciado, la que será susceptible de recurso en la vía contencioso-administrativa ante la Sala correspondiente del Tribunal Supremo.

Lo expuesto justifica, además, la necesidad de suprimir la tercera de las atribuciones que esta base confiere al Poder judicial, que es el medio amodiofático de eludir responsabilidades—para hacer ilusoria la inamovilidad judicial, aparte de lo depresivo que resulta la recapitulación comparativa de los funcionarios judiciales, medio cómodo de ascender premiando la complacencia del funcionario y de postergar castigando el mérito, la rectitud y la moralidad judicial.

No puede ocultarse a la Comisión, y en su día al Congreso, que aprobar la base es encarnar la política en la Administración de justicia, hacerla imposible en España y producir una injustificada ofensa al honor de la Magistratura.

BASE ONCE

Su lectura nos sugiere una sola observación y un previo recuerdo de aquellos días en que, como medida salvidora, única, inaplicable e inmejorable, se discutía la ley llamada de justicia municipal.

Poco tiempo ha pasado para que, alejado de la gobernabilidad del Estado el aspirador, se conozca y rectifique con nuestro aplauso aquellas tendencias. No todas las leyes que atenten al interés de la gobernación del Estado o al logro de aspiraciones concibe un hombre de gobierno de los que usamos en España, sombra de aquellos que fueron realidades, tienen eficaz aceptación por parte del pueblo que atomizó por procesamientos, exclusiones y condenas por decir las verdades a la faz del país, cuando lo realizan individualmente, y por fusilamientos cuando colectivamente protestan siempre débilmente, de tanta falta de respeto al pacto social establecido en la Constitución, callan y esperan a que la falta de ambiente derogue la Ley malogrando planes no bien concebidos y mal desarrollados.

Con ello pasaremos a dejar sentada nuestra conformidad con que sea la oposición el único sistema de ingreso en las carreras judicial y fiscal hasta la categoría de Presidente de la Audiencia de Madrid y Barcelona, siendo de expresar en absoluto con la base doce.

BASE TRECE

En ningún país del mundo están las funciones públicas tan mal retribuidas como en España, si bien es de notar que es exagerado el haber que perciben los funcionarios del orden gubernativo en relación con el trabajo que pres- tan y la desconsideración que observan con los intereses