El Foro español (Madrid. 1898) (1922-03-15 00:00:00), página 1

EL FORO ESPAÑOL
REVISTA JURÍDICO-ADMINISTRATIVA
a la que, por voluntad expresa de la mayoría de los Jueces y Actuarios de España, está confiada su representación y defensa
ORGANO DE LA "FEDERACIÓN DE ABOGADOS DE ESPAÑA"
VELA IGUALMENTE POR LOS INTERESES Y PRESTIGIOS DE LOS LETRADOS Y PROCURADORES
Y CUANTOS FUNCIONARIOS MUEVEN SU ACTIVIDAD EN LA ESFERA PROPIA DE LOS TRIBUNALES,
Y, SOBRE TODO, ABOGA POR LA MORALIDAD Y RECTITUD EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

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DIRECTOR
LORENZO BARRIO Y MORAYTA
ABOGADO
de los Ilustres Colegios de Madrid, Granada y Bilbao, y de Almería, Segovia y otros,
a cuyo nombre se dirigirá también la correspondencia administrativa y los gastos para pagos.

SUMARIO
El programa judicial mínimo urgente e inaplazable, por D. José Boza Moreno, Juez de primera instancia.—La legislación sobre alquileres, por D. Lorenzo Barrio y Morayta, Abogado.—Un banquete.—Sobre el impuesto de Derechos reales: Discurso pronunciado en el Senado por D. Maeso Azpilicueta Notario de Madrid (conclusión).—Oposiciones del Secretario del Real orden dictando reglas sobre las mismas.

EL PROGRAMA JUDICIAL MINIMO URGENTE E INAPLAZABLE

II

Dentro del programa de la clase encuadra habrá de figurar, en primer lugar, el tema económico judicial.

Decíamos en el artículo anterior, primero de la serie, que el problema de la economía judicial ofrece tres aspectos: el de su exposición por sus soluciones y el de los medios legales de que pudiéndose la Judicatura para metábol del Poder público la aplicación de aquellas soluciones racionales que propusiera.

En el artículo anterior expusimos el problema económico judicial, y en el acto nos corresponde el estudio de sus soluciones, dejando para el siguiente el de los medios legales.

Decíamos en el anterior artículo que las retribuciones judiciales en concepto de sueldos, tal como existen, son impugnables en sí mismas, y, sobre todo, comparadas con las retribuciones que perciben otras clases oficiales y particulares, hasta el extremo de dar la impresión de una designación tan casual como arbitraria e injusta.

Ahora bien: ¿Qué soluciones o remedios sugiere el estudio y el examen de la vida judicial?

¿Cómo cabrá dotar decorosamente al personal ju-

dicial en sus diversas clases y categorías? ¿Cómo facilitarle las cantidades que precisa para la adquisición y entretenimiento del material de que carece y que utiliza? ¿A qué fuentes de riqueza se puede acudir para dotar el personal y el material judiciales en la proporción debida?

Todos los funcionarios judiciales, desde el más elevado al más modesto, al igual que deben clasificarse en cuatro categorías jerárquicas: 1.ª Autoridades (Jueces, Magistrados, personal del Ministerio fiscal), que cobran hoy sueldo; 2.ª Auxiliares técnicos (Secretarios, Relatores, Escribanos, Vice-secretarios, etc.), que cobran sueldo unos, y por encima otros; 3.ª Auxiliares manantenses, como técnicos (Escribientes de las oficinas judiciales, Oficiales de escribanías habitados previo examen), pagados por los Secretarios de los Juzgados; 4.ª Subalternos (Alguaciles) que cobran sueldo y por encima.

A las cuatro clases de funcionarios habrá de corresponder cuatro clases de sueldos. Para fijar el haber de la primera clase de funcionarios habrá de tomarse como base el trabajo y gastos del Bachillerato, de la Universidad, de la oposición, los tipos de sueldos de que disfrutan otras clases del Estado y los años de servicios efectivos y especiales de orden judicial, prescindiendo de toda otra clase de servicios extraños prestados de carácter oficial.

Tomando estos elementos como criterio básico racional, se podrían marcar tres especies de sueldos del modo siguiente: 750 pesetas mensuales, liquidadas a los funcionarios de la clase primera durante la primera docena de años de servicios; 1.100 pesetas durante la segunda docena, y 1.500 pesetas desde que cumplan veinticuatro años de servicios hasta la jubilación. Se entienden haberes líquidos mensuales; pues el sistema español del descuento sólo sirve para aumentar la burocracia de los contables y complicar la contabilidad del Estado.