El Foro español (Madrid. 1898) (1921-10-15 00:00:00), página 7

nido el Jurado por no haber renunciado las partes a esta clase de jurisdicción, como al entender de la apelación el Tribunal Supremo tiene que respetar el veredicto, realmente no puede decidir más que de la cuestión de derecho, y viene al fin a ser su fallo una casación indirecta.

Según la autorizada opinión del Marqués de Gerona, cuando se juzga y se legisla es muy difícil distinguir clara y precisamente el hecho del derecho, y confesando, como confesamos, que es cierto lo afirmado por este jurisconsulto, de que en la práctica se ofrece muchas veces el imposible moral de esta separación, la verdad es que viene establecida, al menos desde la época en que los Pretores romanos redactaban la fórmula de derecho por el resultado del debate judicial, y la entregaban al Juez para que dictase la sentencia. El procedimiento formulario, en el que intervenían el Pretor, persona perita en Derecho, y el Juez, probo ciudadano, que se limitaba a fallar un negocio determinado, ha dado ocasión a que se asimile este procedimiento al Jurado. Pero sea de ello lo que quiera, desde que existe el Tribunal del Jurado, la distinción entre el hecho y el derecho viene consagrada por las leyes, y si bien en España la casación es anterior en muchos años a este Tribunal, la distinción ha sido respetada, según lo demuestran algunas frases de un dictamen del Senado de 6 de marzo de 1865 a cierto proyecto de ley de casación; frases que, por ser muy expresivas y servirse de base para otros razonamientos, reproduczo a la letra. Dicen así: «El recurso de casación no es una tercera instancia, ni tiene por objeto reparar las injusticias que puedan los jueces cometer en la apreciación de los hechos que han sido objeto de prueba en las instancias anteriores. La jurisdicción del Tribunal Supremo, mientras de la casación se trata, no puede, por lo tanto, dejar de considerar como buenos los hechos que el Tribunal contra cuyo fallo se recurre ha consignado como resultado de las pruebas.»

Apreciación de la prueba en conjunto.—Aparte la responsabilidad en qué puedan incurrir los Tribunales por la injusticia, que se dice pueden cometer, en la apreciación de las pruebas, caso que llaman los jurisconsultos franceses mal jugé (mal juzgado), ¿qué se quiere significar con las afirmaciones del proyecto, que no llegó a ser ley, «de que el recurso de casación no puede repararlas y de que debe aceptar como buenos los hechos sentados por el Tribunal contra cuyo fallo se recurre? ¿Se quiere consagrar la soberanía absoluta del Tribunal a quo en materia de apreciación de prueba?» Porque con el precedente indicado se pretendería torcidamente sostener la doctrina—acaso se ha sostenido—de que los hechos que estima probados el Tribunal a quo en virtud de todas las pruebas apreciadas en conjunto, no pueden ser combatidos en el recurso desarticulando los distintos elementos que han servido de base para formar el juicio. La doctrina así entendida, y generalmente aplicada, cerraría las puertas de la casación aun en los casos especiales en que existiera infracción de ley, al no estimar el valor de ciertos medios de prueba y error de hecho evidenciado por actos o documentos auténticos; no obstante que, por uno y otro error, procede la declaración de haber lugar al recurso con arreglo al núm. 7.º del art. 1692 de la ley de Enjuiciamiento civil.

En orden a la apreciación de la prueba, una cosa es que el criterio del recurrente no se sobreponga al del Tribunal a quo, alterando la realidad de los hechos declarados probados o estableciendo otros contrarios a los admitidos como ciertos en la sentencia recurrida, y otra muy distinta, que su apreciación no pueda ser combatida por errores de hecho o de derecho, atendida la consideración de que el documento o acto auténtico que evidentemente demuestra el primero y cuya eficacia probatoria motiva el segundo, haya sido comprendido y neutralizado en esa novísima apreciación global, que no autoriza ninguna disposición de ley. Esta apreciación global debe haberse conocido también en Francia, porque la censura Dalloz con las palabras siguientes: «Nada de más banal, en efecto, ni de más cómodo para los jueces que esta fórmula tan lacónica: Atentado que resulta de hechos y circunstancias. Con estas palabras mágicas se cree haber respondido a todo. Pero es necesario que estos hechos y circunstancias sean precisados y no solamente alejados.» Cierto que en España, tratándose de obligaciones, nuestra legislación abandonó por completo el sistema formulario romano, traducido en las leyes de Partidas, por otro más espiritual que proclamó la ley 1.ª, título 16 del Ordenamiento de Alcalá: «Pareciendo que se quiere un ome obligar a otro... sea tenido de aquellos a quienes se obligó e non pueda ser puesta escepcion que non fué fecha estipulacion, que quiere decir, prometimiento con ciertas solemnidades de derecho.» Ley que está traducida en el art. 1278 del Código.

EDUARDO RUIZ Y GARCÍA DE HITA,
Ex presidente de la Sala primera del Tribunal Supremo.

(Continuado.)

NOTICIAS

Secretarías judiciales.

Se halla vacante la Secretaría judicial del distrito de Serranos, de Valencia, de categoría de término, que ha de proveerse por oposición, considerándose incluida en las anunciadas en las Gacetas de 28 de agosto y 26 de septiembre, por haber ocurrido después la vacante. (Gaceta del 9 de octubre.)

También están vacantes las Secretarías de Torrecilla de Cameros y de Colmenar (Málaga), ambas de entrada, que han de proveerse por concurso y por traslado, respectivamente, debiendo solicitarse en el plazo de treinta días a contar del 12 de octubre.