El Foro español (Madrid. 1898) (1918-11-02 00:00:00), página 13

danos pobres, sólo para prevenir el mal que algunos positivamente hacen. Lo pertinente es respetar el derecho de todos y establecer una sanción rigurosa para quienes abusen de él; llevando la firmeza hasta hacer solidarios del daño causado al litigante, a su Abogado y a su Procurador si bien fiando al arbitrio de los Tribunales la aplicación de esas medidas que, por desgracia, serán precisas no pocas veces, ya que no faltan (aunque si se ha de hablar en justicia tampoco abundan), los profesionales que hacen de su oficio miserable granjería y se convierten en sistemáticos perturbadores del derecho ajeno.

Las medidas que cabría adoptar son, a entender del Diputado que suscribe, las siguientes:

1.a Cuando uno de los litigantes utilice el beneficio de pobreza, el otro quedará relevado del uso del papel sellado y de todos los gastos que se produjesen en el Tribunal. Tendrá asimismo el derecho de pedir que se le nombre Abogado y Procurador de oficio.

2.a Si el litigante pobre fuere condenado en costas y no las satisfaciere, el Tribunal tendrá en sus libres facultades decretar el apremio personal por insolencia a razón de un día de prisión por cada 25 pesetas no pagadas.

La parte beneficiada con la condena podrá perdonar la ejecución de este apremio.

3.a Igualmente tendrán facultad los Tribunales para declarar solidarios en todo o en parte del pago de las costas al Abogado y al Procurador que hayan defendido al litigante pobre. Si en el plazo señalado no las satisfacieren, quedarán suspendos en el ejercicio de su profesión hasta tanto que las abonen.

BASE 9.a DE LA LEY DE ENJUICIAMIENTO CIVIL

Para completar el pensamiento del Gobierno y del Senado, en punto a la rápida sustanciación de los recursos de casación, el Diputado que suscribe estima que la Base 9.a podría ser adicionada con este concepto:

«En el recurso de casación se suprimirán los traslados de instrucción. Entregada la copia del recurso al recurrido y, en su caso, la del escrito de adhesión al recurrente, y cumplido lo que la Ley regule respecto a formación de nota o utilización del apuntamiento redactado en la Audiencia, se señalará día para la vista.»

BASE 11 DE LA LEY DE ENJUICIAMIENTO CIVIL

No es justo que de la condena de costas se excluyan los derechos del Procurador, cuando su intervención sea potestativa para el litigante. Al fin, y al cabo, quien con temeridad o malicia ejercita o resiste una acción, debe responder de todos los daños y perjuicios que con ello causa. Y si su víctima ha ejercitado el derecho de valerse de Procurador, porque no tiene tiempo ni competencia para representarse a sí misma, es muy legítimo que ese gasto le sea resarcido, pues ni le hizo por su gusto ni lo hubiera necesitado a no haber tropezado en el curso de sus relaciones jurídicas con una persona empeñada en burlar sus obligaciones.

Así, pues, el Diputado que suscribe, propone que se substituya el último apartado de la Base 11, por otro que dijese diametralmente lo contrario, a saber: «que la condena de costas comprenderá siempre los derechos del Procurador, aunque su intervención no haya sido impuesta por la Ley».

Pero si la Comisión encontrase reparo en aceptar este principio, siempre cabría establecer que esos derechos fueran abonables cuando, aun no siendo el Procurador preciso, la parte condenada en costas se haya valido de él. Otro tanto cabría reglamentar en cuanto a los abogados.

En un caso en que la Ley declara potestativa la mediación de uno y otro (por ejemplo, en un pleito sobre responsabilidad de funcionarios públicos), el demandante acude al Tribunal asistido de Abogado y Procurador. El demandado, si no ha de luchar en inferioridad de condiciones, buscará igual concurso técnico. Pierde el pleito con costas el demandante, pero al regularlas, se excluyen de la tasación los honorarios del Letrado y los derechos del Procurador de la parte demandada. Este injusto caso se ha dado con la Ley vigente y se repetirá con la venidera de prevalecer la Base 11, tal cual está redactada. Para mi entender se ha permitido el infrascrito Diputado, recomendar en esta enmienda la conveniente modificación.

LAS REFORMAS JUDICIALES

LA VOZ DE LOS HUMILDES

Instancia de D. Manuel Salas, Oficial de Secretaría de Ciudad Real, en pro de sus compañeros.

A la Comisión dictaminadora, en el Congreso de los Diputados, de los Proyectos de reforma de las leyes orgánica y de enjuiciamiento civil y criminal.

Madrid.

Manuel R. Salas, Oficial de Secretaría judicial, habilitado en el Juzgado de primera Instancia e Instrucción de término de Ciudad Real, a la Comisión dictaminadora del Congreso de los Diputados, tengo el honor de exponer:

Ley orgánica.

Base 1.a - Deben desaparecer las Audiencias Territoriales, quedando las que pudieran llamarse Audiencias Provinciales, compuestas de Sala de lo civil, Sala de lo criminal y Sala de lo contencioso administrativo, y gobernadas por la reunión en pleno. Para no ir contra derechos creados, se establecerían tres categorías de Audiencias Provinciales: de entrada, ascenso y término: éstas, Madrid y Barcelona, las anteriores, las que hoy son territoriales y las demás, todas las provinciales actualmente. Ventajas de esta reforma: reducir el gasto que el proyecto del Gobierno implica, acercar al litigante el Tribunal