El Foro español (Madrid. 1898) (1918-11-02 00:00:00), página 9

de Audiencia provincial. Se argüirá que es depresivo para la función judicial haber sido su titular derrotado en una oposición; pero la desigualdad de calidades ha de quedar de todos modos establecida con arreglo al Proyecto, ya que todas las categorías han de quedar divididas, en dos grupos, el de los aptos y el de los ineptos, siendo más bochornoso no tener merecimiento de ninguna clase para que el Consejo declare la aptitud, que ser derrotado en un certamen científico. Y en cuanto a la tradicional objeción de que la oposición demuestra la capacidad teórica y no la disposición práctica ni la calidad moral, en ningún lado sería menos temible que aquí, siempre que la oposición se restringiera a los declarados aptos para ascender.

Tercer sistema. El turno de elección para las categorías de Magistrado de provincial en adelante, ya que no se quiere entregar al Tribunal Supremo, recordando pasadas y no muy felices experiencias, podrá ser deferido a ese mismo Consejo judicial, en que tantas esperanzas pone el Gobierno de Su Majestad. Por muchos que fueran sus yerros, nunca serían tan graves ni sembrarían tanto escepticismo como las fazañas y albedrío de un Ministro. El reparo de que el Gobierno quedaria por tal manera circunscrito a refrendar iniciativas ajenas, no merece ser tomado en cuenta, pues, en definitiva, esto es lo que pasa con el procedimiento de la antigüedad estricta, con las propuestas de los Tribunales de oposición y de Altos Cuerpos consultivos, y con todos los regímenes que una amarga experiencia ha obligado a buscar a los españoles para defenderse de sí mismos. En este mismo Proyecto se confiere al Consejo la atribución de espulsar, por motivos de índole moral, a los funcionarios, sin que toque al Gobierno más función que la de refrendar el correspondiente decreto. Como resumen de estas someras advertencias, el Diputado que suscribe se permite proponer a los señores de la Comisión esta modificación a la Base 13: «Los ascensos desde Juez de ascenso hasta Magistrado de Audiencia provincial inclusive, se darán proveyendo las dos primeras vacantes por rigurosa antigüedad en la categoría, salvo el caso de postergación; y la tercera vacante por oposición, que se celebrará exclusivamente entre los declarados aptos para el ascenso y ante un tribunal constituido en igual forma que el de ingreso en la Judicatura.

•Las vacantes desde Magistrado de Audiencia territorial y sus similares hasta Presidentes de Sala de Madrid y Barcelona, se proveerán dando las dos primeras a la antigüedad y la tercera por elección que hará el Consejo judicial entre los declarados aptos para el ascenso.

•Los Presidentes de las Audiencias territoriales serán designados por el Consejo judicial entre los Presidentes de Sala de la Audiencia en que se haya producido la vacante. El Consejo podrá igualmente proponer su separación en informe razonado.

•Las plazas de Magistrado del Tribunal Supremo se proveerán según propuesta del Consejo judicial, entre las personal y en la proporción que señala la Base 13.»

BASE 18 DE LA LEY ORGÁNICA

Muy explicable es, en principio, que incumbiendo al Ministerio Fiscal la representación del Gobierno ante los Tribunales, pueda el Ministro de Gracia y Justicia movilizar a los individuos de aquel Cuerpo. Así lo dispone la Base 18 de modo absoluto con relación a todos los funcionarios, y lo mismo por razón de incompatibilidad que por conveniencia del servicio.

Desgraciadamente, todos sabemos a qué quedan reducidos en España esos principios doctrinales y qué vergüenzas suelen taparse con ese desacreditado eufemismo de «las conveniencias del servicio».

Ahora se discutirá científicamente en las Cámaras con gran inocencia o con gran recato. Mañana, los gobiernos aplicarán la Ley utilizando al Ministerio Fiscal como elemento de persecución contra los candidatos adversos; y el funcionario que se resista a obedecer las órdenes, ya puede contar con su inmediato traslado por conveniencia del servicio.

La intrusión de la política en los Tribunales, por cuanto toca a cuestiones electorales, tiene en España unos antecedentes de salvajismo. Ellos provocaron y justificaron una labor de reacción para cercenar al Gobierno la libertad de su arbitrio para los traslados.

Volver ahora a dejar en manos del Ministro la libertad de tener fiscales para su uso particular, significa una regresión intolerable. Para impedir—y partiendo del alto concepto que a los autores del Proyecto merece el Consejo judicial—el Diputado infrascrito propone que sea aplicable al Ministerio público la regla contenida en el párrafo segundo de la Base 14, para los jueces y magistrados con la sola variante de que la propuesta de traslado compete al Fiscal. La materia quedaría, pues, regulada con esta transcripción casi literal del concepto aludido: «La potestad gubernativa es función exclusiva del Ministro de Gracia y Justicia, y sólo alcanzará a trasladar a los funcionarios fiscales que incurran en casos de incompatibilidad, o bien por razones que puedan afectar a su prestigio en determinadas localidades. En este caso se requerirá la propuesta de Fiscal de la Audiencia respectiva, o de el del Tribunal Supremo, aceptada por el Consejo judicial».

BASE 21 DE LA LEY ORGÁNICA

No queda aclarado en esta Base punto de tanta trascendencia y actualidad cual el de si la defensa ha de ser libre en el litigante o con intervención obligatoria de Letrado. El asunto es de bastante interés para que no se fije su definición al articulado de la Ley.

Doctrinalmente, es apetecible la libertad de defen-