El Foro español (Madrid. 1898) (1922-04-15 00:00:00), página 7

la notoriedad de aquélla. Se limitan también las personas que deben intervenir al efecto de acreditar la notoriedad de la posesión, reduciéndolas a las que por su preeminente posición social ofrecen mayores garantías de recta aseveración en sus testimonios. No se llega, a pesar de todo, a otorgar ni siquiera la eficacia jurídica que con el menor fundamento concedió el art. 20 de la ley a los derechos adquiridos con anterioridad al 1.º de enero de 1909, quedando o continuando reducido el valor de los asientos que, en el Registro se practiquen en virtud de las actas de notoriedad al de mera posesión, si bien se estima necesario declarar que toda posesión inscripta puede convertirse en dominio por el transcurso de veinte años sin reclamación, siquiera sea porque en estos casos al justo título para transferir el dominio se debe equiparar la publicidad o notoriedad de la inscripción. Como, a pesar de todo, de nada serviría este sistema si en armonía con la simplificación de trámites no se regulaba en forma económica, se establece que los honorarios de Registradores y Notarios se reducirán, con relación a estas actas relativas exclusivamente a la pequeña propiedad, en un 50 por 100, y que de igual bonificación disfrutarán respecto al impuesto de derechos reales y el Timbre del Estado, sin que por ello el Tesoro público salga perdiendo nada; antes al contrario, aceptado el sistema, encontrará fuentes poderosas de ingreso, ya que hoy la experiencia demuestra que los documentos privados no se liquidan en múltiples casos, y cuando se presentan a liquidación, por lo menos ocultan transmisiones anteriores.

Establecido un sistema adaptable para la pequeña propiedad, la lógica exige, si ha de tener plena eficacia, que se prohiba terminantemente la rectificación de amillamientos, a no ser en virtud de documento público liquidado e inscrito, con lo cual iremos evitando en el porvenir ese caos o antagonismo que hoy impera entre los amillamientos o el avance catastral y el Registro de la Propiedad.

De este modo se amortizará el bochorno jurídico, puesto de relieve con multitud de datos estadísticos que obran en la Dirección general de los Registros y del Notariado, de que existan en España distritos en los que antes vivieron holgadamente varios Notarios y en los que hoy uno sólo no puede vivir, por que con el procedimiento actual la pequeña propiedad tiene que huir para no ser aplastada, necesariamente, de la Notaría y del Registro. Podríamos citar multitud de distritos notariales en los que el número de escrituras públicas relativas a contratos sobre la propiedad se pueden contar por unidades; en cambio, el número de documentos privados sobre esta propiedad que se presentan a liquidación, y con los que se rectifican los amillamientos, se cuentan por centenares y por miles.

Por todas estas razones ha llegado el momento de poner orden en este desconcierto jurídico, que si bien dará medios de vida al Notario rural, desapareciendo esas Notarias incongruas en que el funcionario vive gracias al socorro que le otorga el Cuerpo a que pertenece, evitando que en sucesivas marcasiones se tenga que llegar por el camino emprendido a la imprescindible necesidad de suprimir la casi totalidad de las Notarias rurales de España, ya que a todos interesa que aun en las modestas poblaciones existan funcionarios de esta índole, no sólo por su intervención en la transmisión de la propiedad, sino en otros actos de la vida jurídica, tan frecuentes como el mandato o el testamento, tales medidas servirán también para restablecer el equilibrio jurídico y económico, hoy totalmente perdido con relación a la pequeña propiedad de España.

Por todos estos motivos nos atrevemos a presentar esta proposición, redactada en los siguientes términos:

PROPOSICIÓN DE LEY

Se autoriza al Gobierno para establecer un régimen jurídico y económico adecuado a la naturaleza de la pequeña propiedad, con arreglo a las siguientes bases:

Primera. Se entiende por pequeña propiedad, a los efectos de esta organización, toda finca rustica o urbana cuyo valor individual no exceda de pese tas 2.500, o en conjunto, si fueren varias, de pese tas 5.000.

Segunda. La inscripción de estas fincas en el Registro de la Propiedad podrá hacerse en virtud de un acta de notoriedad en que se acredite la posesión jurídica autorizada por Notario cuya Notaría esté demarcada en el distrito donde radique la finca, y si ésta correspondiese a un término municipal donde hubiere Notario, por el de la localidad. Si fueren varias las actas de notoriedad se turnarán entre todos ellos.

Tercera. No será obstáculo para la autorización de esas actas el que la finca esté inscrita en el Registro a nombre de otra persona o posesión; pero se restablecerá el trato sucesivo de las diferentes transmisiones hasta llegar a la persona que desea inscribir, mediante las pruebas documentales que pudieran presentarse, y en su defecto, por información en que se acredite la notoriedad de la posesión por personas calificadas, como son los Alcaldes, Secretarios de Ayuntamiento, juez municipal y Secretario, primeros contribuyentes, sacerdotes y personas con título profesional y propietarios colindantes que tengan la condición de vecinos del lugar donde radique la finca.

Bastarán tres manifestaciones conformes sin contradicción para que el Notario declare, a su juicio, acreditada la notoriedad de la posesión. Este título será suficiente para la inscripción.

Cuarta. En todo caso, por anuncios autorizados por el Notario, que se fijarán en las Casas Consistoriales del lugar a que corresponda la finca, y se publicarán en el Boletín Oficial de la provincia, se hará constar la formalización del acta de notoriedad, su fecha, nombre del Notario y de la persona a cuyo favor se autoriza, con expresión sucinta de la finca o fincas a que se refiera, para que los que se consideren con derecho puedan impugnarlo. En el momento en que exista contradicción, ni el Notario terminará el acta de notoriedad ni el Registrador inscribirá, y si se hubiera inscrito quedará interrumpida la prescripción a partir de la anotación reclamatoria en el Registro.

Quinta. Los Notarios y Registradores, por su intervención en la autorización o en la inscripción de las actas de notoriedad, percibirán el 50 por 100 de los derechos que les asignan sus respectivos Aranceles. La pequeña propiedad, inscrita en esta forma, disfrutará de idéntica bonificación en las liquidaciones a que está sometida por impuesto de derechos reales o Timbre del Estado.

Disposiciones generales complementarias.

I. Todas las inscripciones de posesión podrán convertirse en inscripciones de dominio a petición del poseedor por el transcurso de veinte años consecutivos, sin reclamación anotada en el Registro.

II. En lo sucesivo no podrán llevarse a cabo rectificaciones en los amillamientos o en el avance catastral sino en virtud de documento público liquidado en la Oficina del impuesto de derechos reales e inscrito en el Registro de la Propiedad.

Palacio del Senado, 24 de marzo de 1922.—Mateo Azpeitia.—Marqués de Leis.