El Foro español (Madrid. 1898) (1921-07-15 00:00:00), página 2

de los funcionarios, y aun algún espíritu cumbre la ha querido desterrar de la Magistratura. Por hoy no quiero discutirla, aunque, a mi juicio, es clarísima, una vez bien planteadá, a saber: haciendo compatible esa selección, elección de los mejores, únicamente para ciertos cargos, con la independencia del que recibe el favor, verbigracia, porque la elección la hagan los mismos Jueces, y me limitaré a brindar a los encomiadores de los turnos de selección estos párrafos del capítulo XI del libro I de la introducción al libro El bandolerismo, del que, siendo el general Prim Presidente del Consejo de Ministros; Rivero, Ministro de la Gobernación, y Moret, Subsecretario, fué celebrísimo y meritísimo Gobernador de Córdoba, D. Julián de Zugasti, terror de caballistas, cuadrilleros, abogados alcahuetes y chulos de Audiencias:

«La rápida inteligencia—dice—establecida sin intermediario alguno entre los Jueces y mi autoridad produjo los más favorables resultados, sobre todo en aquellas comarcas en que los Jueces estaban dotados de aquel espíritu y celo propios de esta clase de funcionarios, y que tenían la plena conciencia de su valor personal, fiando todas sus esperanzas de progreso en su carrera o de satisfacción plausible de sus legítimas ambiciones al estricto cumplimiento de sus deberes y a sus merecimientos; pero nunca a bastardas influencias o a los caprichos del cacique presuntuoso, a quien le debían su colocación o de quien aguardaban más alto y lucrativo empleo.»
Oigan bien los defensores del cuarto turno:
«Distingúense—prosigue—entre todos los Jueces de la provincia, el Sr. D. Adelodato Altamirano y Gámez, Juez de Rute—de quien narra después un episodio notable de valor y sangre fría ante la agresión del criminal, jefe de bandidos, apodado el Bando—y D. Domingo Caracuel, Juez de Cabra, actualmente los dos cesantes...» Acaso los dejarían en ese estado para dar entrada al célebre amparador de caballistas, cuadrilleros y contrabandistas. Rueda, el Abogado y padre de los pobrecitos, como le llamaba el Bando, que quiso vengar su prisión con la muerte del Juez de Rute, que se había atrevido a decretarla.

Cita después los nombres de otros beneméritos, y concluye:

«Y para que la Justicia sea cabal y completa, cúmpleme indicar que hubo algunos Jueces que, por causas que yo no descenderé a calificar, se condujeron de una manera poco satisfactoria, y en algún caso llegó la tibieza a tal extremo, que hubo necesidad de quejas y remociones; pero, repito, que no quiero profundizar más este doloroso asunto, y, por lo tanto, me limitaré a hacer una reflexión más dolorosa todavía, cual es que ¡todos! los tibios, por no usar otra denominación, ¡han ascendido! en su carrera, en tanto que los más activos, intachables y valerosos, se encuentran hoy ¡cesantes o postergados!»

Montánchez, 28 de mayo de 1921.

PAULINO HUERTAS
Juez excedente.

EMBARGOS PREVENTIVOS

Para asegurar las resultas del juicio y hacer que los demandados no puedan burlar o hacer ineficaces las resoluciones finales de los mismos, poniéndose en un estado de insolvencia durante su sustanciación, se suele acudir con frecuencia por los demandantes, con el objeto de evitar esa acción malévola de aquéllos, a los embargos preventivos, como uno de los medios que concede la ley en determinados casos para ponerse a cubierto de esa mala fe que en el sentido indicado abrigasen los demandados.

Pero si esas diligencias, cuando se hace buen uso de ellas, son saludables a la acción judicial, contribuyendo grandemente a robustecer la autoridad de los Tribunales, haciendo que sus resoluciones, al ser ejecutorias, tengan el complemento de sus decisiones, llevando a la práctica o ejecutando cuanto en ellas ha sido acordado, en cambio, cuando se convierten en abuso, practicándose rutinaria y arbitrariamente, sin que exista el menor atisbo o asomo de que el demandado trate de hacer ineficaz la sentencia final del juicio, entonces suelen causarse perjuicios incalculables, no sólo al litigante contra quien se dirigen—por mucho que se le reparen en su caso—, sino también al prestigio del Tribunal o Juzgado que las acuerde.

Al tratar de aquilatar los requisitos o circunstancias legales que deben concurrir para que puedan decretarse los embargos preventivos, salen al paso los dos diferentes criterios o procedimientos que se siguen en la práctica de los Juzgados, nacidos de la distinta manera de interpretarse el precepto de la ley.

Es sabido que para poderse decretar un embargo preventivo se precisa la concurrencia de dos requisitos de orden legal: uno, referente a la deuda, que forzosamente ha de constar en un documento, y otro, relacionado con el deudor, el cual tiene que hallarse comprendido en alguno de los siguientes casos: primero, que sea extranjero no naturalizado en España; segundo, que si es extranjero naturalizado o español, no tengan domicilio conocido, o bienes raíces, o un establecimiento agrícola, industrial o mercantil en el lugar donde corresponda mandarle en justicia el pago de la deuda; tercero, que, aun cuando el deudor no adolezca de las circunstancias del número anterior, haya desaparecido de su domicilio o establecimiento sin dejar persona alguna al frente de él, o si la hubiere dejado,