El Foro español (Madrid. 1898) (1918-11-02 00:00:00), página 7

nuestros jueces holgura en el vivir y especialísima reverencia social, sin la cual el funcionario público se sostiene con resignación, pero no experimenta el sano orgullo, premio y estimulante a la vez, de las buenas obras.

Desgraciadamente, en lo material, los beneficios del proyecto son casi nulos. Y en lo espiritual no hay ni asomo de galardón, ya que no puede reputarse tal el ser declarado apto para el ascenso en la redada que cada año saque el Consejo judicial, ni mucho menos hallar en el Ministerio una mano amiga que entre todos los iguales haga la providencial selección de los ascendidos en turno de méritos.

Los casos de abnegación, de virtud indomable, de oscuro sacrificio, de riesgo personal, de esfuerzo enervante, son tantos, tan conmovedores y tan ejemplares, que constituye para los gobiernos españoles una vergüenza no haberse preocupado de recompensarlos, o siquiera de darlos a conocer. El actual señor Presidente del Consejo, discutiendo este proyecto en el Senado, y aludiendo a este particular, ha dicho: «Yo he conocido casos de heroísmo en esa materia, que los heroismos militares más excelso no los igualan». A todos nos consta que en estas palabras no hay hipérbole.

Ejemplos similares se dan también en el Foro; que quien consagra la vida a servir lo justo, aun olvidándose de lo útil y de lo arriesgado y a encarnar con sabiduría y prudencia los venceros morales y económicos de su país, merece bien de sus compatriotas.

Ni es sólo la virtud merecedora de premio. También el talento, la cultura y la voluntad, puestas al servicio de la justicia, requieren una acentuación del aplauso.

Por estos motivos, el Diputado que suscribe, recogiendo iniciativas timidamente apuntadas por la Magistratura en varias ocasiones, propone que se adicione la Base 9.a con un párrafo en que se establezca una «Orden del mérito judicial» reglamentada sobre estos conceptos:

1.º La Orden tendrá varias categorías, que por una parte puedan servir como escala de diversos grados, y por otra ofrezcan la elasticidad suficiente para que alcance el premio tanto a las lumbres de la Magistratura y del Foro, como al más humilde alguacil.

2.º Tendrán derecho al ingreso en la Orden:
   a) Los funcionarios judiciales sin distinción de clase ni condición.
   b) Los abogados, en atención al ejercicio de su profesión.
   c) Cualesquiera otras personas ajenas a la Administración de justicia que hayan prestado especialísimos servicios a la misma.

3.º Una de las categorías de la Orden podrá ir acompañada de pensión; pero estará reservada para los funcionarios judiciales.

4.º Aparte del excepcional beneficio señalado en el número anterior, el ingreso en la Orden no implicará ventaja ni beneficio alguno aprovechables en una carrera del Estado.

5.º El Gobierno no tendrá ninguna iniciativa para la concesión de esta merced. Las propuestas estarán reservadas a las Audiencias y a los Colegios de Abogados.

6.º Para otorgar el ingreso en la Orden será indispensable, en todo caso, el informe favorable del Consejo judicial.

BASE 13 DE LA LEY ORGÁNICA

Una de las más apremiantes solicitudes de la opinión, con respecto a la Administración de justicia, es la de separar por completo a sus encargados de los influjos del poder ministerial, siempre sometido a pasiones políticas, frecuentemente subordinado a caciquerías pestilentes y no pocas encarnado en abogados a quienes acucia la conveniencia de crear, mantener, o desarrollar un bufete.

Esa inmoral promiscuidad ha motivado protestas tan frecuentes como inútiles. El enojo general llega hasta el punto de creer (aunque por fortuna no ocurra así) que la justicia se detiene ante el interés del personaje político. En busca de una terapéutica heroica se ha llegado hasta pedir que no vuelvan a ejercer la abogacía los que una vez hayan sido ministros de la Corona. En suma, la indignación es universal y motivada. No obstante, la base 13 del proyecto, lejos de acudir a remediar el mal le consolida y agrava.

Por razones muy prudentes y atendibles, se rompe con el criterio de la antigüedad rigurosa para el ascenso, y se establece que desde Juez de entrada hasta Magistrado de Audiencia territorial, una vacante de cada tres, será conferida libremente por el Gobierno a cualquiera de los funcionarios, que, figurando en la primera mitad de la escala, se hallen comprendidos entre los declarados aptos para el ascenso por el Consejo judicial, el cual habrá de informar previamente para que su dictamen sea publicado con el nombramiento. El mecanismo parece excelente, mas por desgracia todos sabemos a qué quedan reducidos en la práctica estos buenos propósitos de que está empedrado el infierno burocrático español.

El Consejo judicial, con sujeción a los méritos resultantes de los expedientes personales, propondrá cada año a los funcionarios que puedan ser declarados aptos para el ascenso, sin que el número de los propuestos pueda exceder anualmente del 20 por 100 de los comprendidos en la mitad superior de cada escala. No se necesita agotar la perspicacia para ver que ese 20 por 100 será colmado cada año y que al cabo de cinco, la mitad superior de todas las escalas estará declarada apta para ascender. Lo cual no significa ficción ni artificio porque, en efecto, toda esa mitad de cada escala, y aun mucho más de la mitad, tendrá esa aptitud. Un funcionario habrá servido muchos años sin nota desfavorable; otro habrá intervenido en un sumario ruidoso; otro habrá