El Foro español (Madrid. 1898) (1920-07-15 00:00:00), página 4

B) Por destinar el arrendatario la vivienda o local a usos distintos de los pactados, o llevar a cabo, sin consentimiento del propietario, obras que alteren las condiciones del edificio, o producir daños en el local de costosa reparación, sin perjuicio de otras responsabilidades.

C) Cuando la mayoría de los que habiten el edificio lo soliciten del propietario respecto de algún inquilino.

D) Cuando el arrendatario de una vivienda la subarrienda sin permiso escrito del arrendador.

Art. 4.º Los contratos de inquilinato en las capitales de provincia y poblaciones de más de 20.000 almas, cuyo alquiler no hubiese sido aumentado desde 31 de Diciembre de 1914, o cuyo aumento se juzgue susceptible de elevación, podrán ser revisados a instancia del propietario, según las normas que se establecen en la siguiente escala: Los arriendos que no excediesen en 31 de Diciembre de 1914 de 1.500 pesetas anuales, sólo podrán elevar dicho precio en un 10 por 100. Desde 1.50 a 3.000, sólo podrá elevarse en un 15 por 100. Desde 3.001 en adelante, en un 20 por 100. Estas normas podrán ser, sin embargo, alteradas en atención a alguna de las circunstancias siguientes:

A) Obras o mejoras que hayan sido hechas en las fincas, y principalmente aquéllas que hayan contribuido a la higiene y salubridad de las viviendas.

B) Relación normal de los precios con el resultado de la investigación y comprobación de rentas practicadas por el Registro fiscal.

C) Notable elevación en los precios de suministros especiales hechos por el arrendador.

Art. 5.º Todo inquilino, comerciante, industrial o simplemente vecino de las poblaciones antes citadas que se considere perjudicado por el aumento de los precios de arriendo, en el caso de que dicho aumento exceda de los tipos señalados en el artículo anterior, en relación con los que regían en 31 de Diciembre de 1914, aun siendo entonces distinta persona el inquilino, podrá solicitar la disminución procedente en los términos que se establecen en este Decreto.

Art. 6.º En cuanto a los inmuebles alquilados por primera vez en las citadas poblaciones después de 31 de Diciembre de 1914 hasta la fecha de este Decreto, los inquilinos que los habiten y que se consideren perjudicados por el precio aceptado de los alquileres, podrán solicitar la reducción de su importe atendidas las circunstancias, condiciones de los locales, precios que regían en 1914 en los edificios análogos del distrito en relación con los aumentos autorizados en el art. 4.º y demás consideraciones que juzguen procedentes. Análogos preceptos podrán aplicarse para los aumentos que soliciten los propietarios de dichos inmuebles.

Art. 7.º El importe de las fianzas que se exijan a los inquilinos no podrá exceder de la suma que represente la cantidad que deba entregarse en cada uno de los plazos de pago estipulados, o sea de un mes si se hace el pago por mensualidades, de un trimestre si se paga por trimestres, y así sucesivamente.

Art. 8.º Si la elevación de alquileres hubiere motivado aumento en contribuciones o arbitrios que satisfaga el propietario, éste podrá reclamar, donde proceda, su reducción en la proporción correspondiente al reducirse los alquileres.

Art. 9.º Lo dispuesto en el presente Decreto será aplicable aun en el caso de que los inmuebles varíen de dueño por cualquier título traslativo de dominio.

Art. 10. No producirán efecto durante la vigencia de este Decreto los pactos que se establezcan en los contratos en oposición a las presentes disposiciones.

Art. 11. Entenderá privativamente en los juicios de desahucio que se promuevan por los motivos y en las poblacio- nes expresados en los artículos anteriores, salvo el determinado en el art. 2.º, y en todas las cuestiones que se originen con motivo de este Decreto, el Juez municipal de cada distrito constituido en Tribunal con asistencia de dos Vocales que han de ser propietarios y otros dos que habrán de reunir alguna de las siguientes condiciones: tener algún título académico o profesional; pagar cualquier cuota de contribución territorial o industrial; ser vecino de la población con casa abierta con más de cuatro años de residencia. Actuará como Secretario el del Juzgado municipal. Toda reclamación de arrendadores o arrendatarios para los fines de este Decreto será hecha ante el Juez municipal del distrito, el cual mandará citar con veinticuatro horas de anticipación al demandante y demandado a acto de conciliación antes de proceder a la reunión del Tribunal, a fin de procurar la avencencia de los interesados. Al acto podrán concurrir éstos con un hombre bueno cada uno. Si no se lograse avencencia, el Juez municipal requerirá al arrendador interesado para que designe por entre los dos Vocales propietarios que han de constituir el Tribunal, y al inquilino para que en la misma forma designe los otros dos vocales, que han de tener alguna de las condiciones antes indicadas. Cuando se hallen constituidas en forma de Asociaciones de propietarios y de inquilinos, se requerirá de ellas la representación que respectivamente se atribuya a unos y a otros. Estos Tribunales se constituirán dentro del segundo día a partir de la fecha de la conciliación intentada sin efecto, y resolverán, oyendo a los interesados en juicio verbal, cuantas cuestiones se les someta referentes al arriendo, teniendo en cuenta las pruebas que se aportaren y las que el Tribunal acuerde de oficio, libremente. Al practicar la de reconocimiento judicial, si se acordare, el Tribunal cuidará de consignar en acta, además de lo concerniente a las cuestiones deducidas, el estado de la vivienda o local en cuanto pueda interesar a la higiene o salubridad pública, y lo comunicará a la Autoridad competente para los efectos que procedan. Las visitas que se celebren ante los expresados Tribunales serán públicas, salvo que, a petición de alguna de las partes, acuerde lo contrario el Presidente.

Las sentencias se dictarán el mismo día de la vista o en el siguiente. Contra los fallos que se dicen sólo podrá utilizarse el recurso de revisión ante el Juzgado de primera instancia por injusticia notoria, por constitución ilegal del Tribunal o por quebrantamiento de las normas del funcionamiento.

La ejecución de las sentencias de estos Tribunales corresponderá a sus Presidentes para los trámites establecidos para la ejecución de las sentencias en la ley de Enjuiciamiento civil.

Art. 12. Las disposiciones de este Decreto regirán hasta el 31 de Diciembre de 1921, salvo lo que determinen las Cortes, a las que se dará cuenta del mismo.

Art. 13. El Ministro de Gracia y Justicia dictará cuantas disposiciones sean necesarias para la ejecución de este Decreto.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Los juicios de desahucio que se hallen en tramitación y se funden en las causas atribuidas por este Decreto a la competencia del Tribunal municipal, quedarán en suspensión durante la vigencia de este Decreto.

Se exceptúa el caso en que se haya dictado sentencia en segunda instancia que sólo penda de recurso de casación.

Real orden del Ministerio de Gracia y Justicia de 13 de Julio de 1920, aclaratoria del Real decreto de 21 de Junio anterior.

Por el Ministerio de Gracia y Justicia se han dictado algunas reglas aclaratorias y complementarias del Real decreto de 21 de Junio último, las cuales dicen así: