El Foro español (Madrid. 1898) (1921-04-30 00:00:00), página 2

pero va encadenándose, soldándose, hasta llegar a su más alto puesto, por medio de una solidaridad y comunidad de aspiraciones. El Ministro es producto de los grandes intereses sociales; a su lado, y como consejeros, se hallan los funcionarios técnicos asiduos en la labor del ramo respectivo, "especialistas en sus cuestiones. Si falta un eslabón, la obra se perdió. Ello sucede en nuestra carrera; no hay organismo de relación, y de nada sirve que los jefes técnicos del Ministerio de Gracia y Justicia sean modelos de honorabilidad y competencia; las falta la componeración precisa con la función judicial, y el producto es la equivocación, el constante mudar.

Se dice que no tenemos derecho a la petición, en cuanto el órgano existe para la misión, y no ésta para aquélla. Evidente; pero es que subordinando lo personal o subjetivo a lo objetivo, esto manda, impone un método, una norma de justicia, de equidad. La aspiración unánime ha sido—¿a qué historiar los anhelos de la carrera judicial, mostrados uno y otro día en artículos, peticiones, propagandas?—el que la Administración de justicia se eleve sobre sólidas bases, y el medio de garantizar la estabilidad de la misma es la independencia. ¿Cómo se es? En cualquier orden de la actividad humana no se alcanza por propio derecho más que lo que se conquista. Y este derecho que en nuestra carrera arranca de la oposición, do ut des, se consagra cuando el puesto se debe a un principio inmanente, que hoy por hoy no puede serlo más que el del número. El evita que el puesto o cargo se consiga por ajenos estímulos. En el anterior estado, que llamaremos de gracias al sacar, no se obtenía más que mediante la intervención del personaje influyente. A este siempre se anteponia la política: si un Diputado, aunque fuese de los que sólo dicen sí y no, como esos muñequitos encantadores cuya actividad y centros motores residen en el cordelito, hacía cuestión de gabinete que determinado señor fuese a su distrito para administrar justicia, en el 99 por 100 de los casos era seguro su triunfo, aunque el neófito fuese el más moderno de su categoría, el más zote o el menos llamado, por razones de equidad, a ocupar el cargo; lo mismo podemos decir de todos los que componen la jerarquía judicial.

Por ello, si se nos permite el giro, diremos que el antiguo privilegio de la Corona de nombrar para estos cargos, faceta del oficio enajenado, al que estimaba oportuno, sucedió el placet del cacique; esto tan sabido es, que la vergüenza no está en escribirlo con sana intención, sino en practicarlo como norma del sistema, hasta que el decreto del Sr. Ordóñez, que no fue una idea original y sin precedentes, pues entre otros muchos contaba con el decreto de 5 de febrero de 1906 y el más cercano del 25 del mismo mes de 1918, vino a concluir con tal estado de cosas. ¡Y en qué momentos! Cuando todos los cuerpos mandan en ellos, cuando la burocracia es un poder, cuando los Gabinetes han cedido a todas las pretensiones, en nuestro Ministerio se aborrece el diálogo, no se otorga beligerancia a las aspiraciones más justas.

Recientemente ha sido nombrado Vocal de la Comisión de Códigos una gloria de la Magistratura española (y no abusamos del adjetivo, parco límite le ponemos), el Sr. Trillo, Magistrado del Tribunal Supremo. Este varón, en uno de sus cargos tantas pruebas dió de sus grandes dotes, que se le propuso para un ascenso por méritos. Le rechazó, y nada valieron las presiones para premiar su competencia. Alegamos este hecho como prueba del espíritu de la Magistratura española, en cuanto a su oposición para admitir tal turno como medio de recompensar servicios; pues bien: él se ha manejado recientemente. La escala cerrada es un hecho en todos los cuerpos, menos en el nuestro.

Un decreto de 3 de febrero de 1906 suprimió las asimilaciones de los Secretarios de Sala y de Gobierno. Ha mucho no se habían efectuado nombramientos, y también esto pasó a la Historia (y nos complacemos en reconocer los méritos del agraciado). Es decir: los altos puestos de la carrera judicial serán copados por una serie de señores cuya competencia para otros cargos no discutimos, pero que carecen de la especialización necesaria para administrar justicia, ya que su espíritu no se improvisa y los errores que cometan no podrán ser corregidos por el grado de jurisdicción que ejercerán. Verán las carreras rapidísimas, las combinaciones. Pero no faltará la argumentación de que una ley no se deroga por un decreto. ¡Como si fuese posible legalmente la subsistencia de esas leyes de los años 1870 y 1882! Si no lo hubiesen sido por decreto, lo serían por la ciencia social. No; en otro lugar y sitio hemos demostrado que aquella anarquía de las precitadas leyes que toleraban el acceso a la carrera de Abogados, Fiscales sustitutos y Magistrados suplentes (vergüenza de la finanza de un Estado que no paga servicios y utiliza los de personas que son legalmente incompatibles, ya que no hay nada más antagonico que patrocinar o juzgar, cuya compatibilidad se presta al maridaje monstruoso de que la una representación sirva de cebo a la otra), Abogados en ejercicio, Vicesecretarios y Secretarios (cuyos nombramientos han sido cortejo a veces de amasijos repugnantes, y otras de premios individuales, y siempre de desmoralización de funciones) y asimilaciones, habrán jurídicamente desaparecido y no pueden ni deben remozarse, y no porque perjudiquen los derechos de los funcionarios, que ellos lo sufrirían gustosos si el servicio mejorase, sino que de esa manera se vuelve a las vergüenzas de la antigua Magistratura, a no tener justicia, a que ésta sea manejada por cuatro señores.

Méditen codificadores y legisladores; piensen en lo urgente de detenerse en el camino emprendido; la enfermedad no aguarda, y el remedio llegará tarde; la ola disolvente, fundada en el desprestigio de lo actual, amenaza el suelo, trepida; no esperen la catástrofe.

Es indudable que las disposiciones de 5 de abril