El Foro español (Madrid. 1898) (1921-11-15 00:00:00), página 5

acto de la vista, se trate de algún punto que no lo haya sido en la discusión escrita.

En cuanto a nuestra ley de Enjuiciamiento civil, el art. 670 permite que se aleguen en el escrito de conclusiones otras leyes o doctrinas que no se hayan utilizado en la discusión anterior y en que pueda fundarse la resolución de las cuestiones debatidas en el pleito. Y si el recurso se ha de basar en haber aplicado indebidamente al caso litigioso esas mismas leyes y doctrinas, es evidente que en su lugar se debieran citar aquellas otras que justamente resuelven la controversia judicial. A mayor abundamiento, el art. 359 de la ley de Enjuiciamiento civil, a que antes hemos aludido, no priva a los Jueces y Tribunales de la facultad de fundar sus decisiones en disposiciones de derecho más en consonancia con las cuestiones debatidas en el pleito que las aducidas por las mismas partes; y al contrario, el 372, que se ocupa de la redacción de las sentencias, dice, en su número tercero, que el Juez o Tribunal dará las razones y fundamentos legales procedentes para el fallo y citará las leyes y doctrinas que considere apropiadas al caso. Terminamos este particular de nuestra conferencia con las mismas palabras de D. Felipe Clemente de Diego en su discurso repetidamente citado: «Frente a los hechos (el Juez o Tribunal) espera que las partes los aleguen y aprueben; él juzga juxta alegata el probatio, sin que por punto general tenga obligación, por causa del cargo, de investigarlos y aportar nuevos datos. Frente a las normas jurídicas, por el contrario, él debe conocerlas y aplicarlas convenientemente con independencia de lo que digan y aleguen las partes: Jura novit Curia da mihi factum dabo tibi jus.»

EDUARDO RUIZ Y GARCÍA DE HITA
Ex presidente de la Sala primera del Tribunal Supremo.

(Continuará.)

El Ministerio fiscal (1)

Resultados de la experiencia adquirida para la futura organización del Ministerio fiscal.

Consta a V. E. que así no se puede continuar, y por tanto, urge decidirse en uno u otro sentido, porque no sé si decir que actualmente la responsabilidad, bajo sus tres aspectos, de los funcionarios de las dos carreras es un mito.

Entiendo evidente la conveniencia del sistema suizo creando un Alto Tribunal que conozca, no sólo de la responsabilidad, sino igualmente de las cuestiones de competencia, recursos de fuerza y de toda materia que implique conflicto entre distintas jurisdicciones. Donde se implantó ese sistema nadie piensa en abandonarlo, y para defender el contrario se apela, bien a la irresponsabilidad del Tribunal Supremo, teoría sostenida en varias decisiones de antecuajos para exigir la responsabilidad judicial, bien a que en todo caso se le niega la condición de Supremo sobre todas las jurisdicciones.

El principio es rigurosamente exacto; pero así como en los primitivos tiempos el Rey avocaba a sí personalmente las cuestiones en que mediaban poderosos, hoy, que constitucionalmente no puede desempeñar esa función, bien puede encomendarla a un Tribunal especial, con suficientes garantías de imparcialidad y acierto, cuando se trate de aquellas en que puede ponerse en duda la primera respecto a los Tribunales de justicia, aunque no sea más que por el interés corporativo de toda la clase.

El proyecto de 11 de mayo último, pretendiendo acercarse más a la realidad, crea una Junta Calificadora Judicial, verdaderamente caracterizada por los individuos que han de componerla, y con amplísimas facultades para la propuesta respecto al personal.

No sé si el pesimismo de los años o una larga experiencia hará al que suscribe dudar de la eficacia de este Instituto, si no se previenen en la futura ley Orgánica dos serios peligros:

1º. El de incumplimiento, de suerte que continúe prescindiéndose de toda propuesta previa en la elección de personal: los precedentes autorizan este temor, pues del examen de varios expedientes obrantes, ya en la Cámara de Castilla, ya en el Archivo del Ministerio, se deduce que de ese trámite se omitía por regla general.

Acaso sería remedio suficiente, o el conceder la vía contencioso-administrativa con gran amplitud a todo funcionario de la Carrera, incluso los aspirantes a la Judicatura, para que, llegado el caso, pudieran interponer el recurso contra esas infracciones de las leyes orgánicas y sin la exigencia de tanto requisito como hoy se le oponen, o el establecimiento del recurso de nulidad contra las resoluciones administrativas por abuso de poder, utilizando al efecto el proyecto de iniciativa parlamentaria, fecha 18 del mismo mes y año.

2º. Que la institución se vea avasallada por la ola del sentimentalismo, que continúa invadiéndolo todo, ya se trate, ora de la aplicación del Derecho penal, ora del ejercicio de la potestad disciplinaria. En vano se reacciona por los maestros de la Ciencia contra esa orientación especial, sobre todo de los encargados de aplicar la ley; si fuéramos examinando la actuación de cada uno de los organismos que cooperan a la obra de la justicia represiva en todas sus manifestaciones, acaso encontraríamos, sin excepción, motivos de mayor o menor censura por su lenidad.

Cuando se presencia ese fenómeno constante comprendemos que no sin motivo las Ordenanzas y Código de Justicia militar, con los abusos de autoridad, castiguen, no sólo las tolerancias constitutivas de faltas a la disciplina, etc., de los inferiores, si que igualmente la lenidad en los Consejos de guerra. Si-

(1) Véase el núm. 803.