El Foro español (Madrid. 1898) (1918-10-15 00:00:00), página 2

resolución previa, de la que puede depender la existencia o inexistencia del hecho criminoso, o la culpabilidad o inocencia del presunto culpable, deben ser resueltas, bien por el Juez o Tribunal civil o contencioso-administrativo competente, o bien por el mismo Tribunal de lo criminal.

De todos es conocido que tienen potestad para resolverlas los primeros de los citados Tribunales cuando se trate de cuestiones prejudiciales determinantes de la culpabilidad o de la inocencia del acusado, que obligan al de lo criminal a suspender el procedimiento penal, por regla general, y a señalar a las partes un plazo, que no puede exceder de dos meses, para que acudan a aquellos Tribunales a resolverlas.

Lo lógico es que si el acusado en el enjuiciamiento criminal es quien ha formulado la cuestión prejudicial, por interesarse su resolución para evitar la responsabilidad penal, sea el primero en acudir a ventilarla a los Tribunales del orden civil o administrativo, entablando la correspondiente demanda.

Entonces, cuando esto ocurra, claro es que a nadie más que al acusado corresponde probar los hechos que le sirven de apoyo y cimentación a su demanda, por el principio procesal civil de que «el actor que afirma, incumbe la prueba de sus afirmaciones».

Pero puede ocurrir que la primera en acudir al Juez o Tribunal civil o contencioso administrativo sea una de las partes acusadoras (querellante o actor civil), por convenirse así a la defensa de sus intereses, como es posible hacerlo, aun no habiendo propuesto la cuestión prejudicial, ya que al suspender el procedimiento penal y remitir a las partes a aquellos Tribunales, conforme dispone el art. 4.º de la ley de Enjuiciamiento criminal, tan parte es el querellante o actor civil como el querellado o acusado, y, por consiguiente, lo mismo se puede adelantar a entablar el pleito uno que otro, el que propuso la cuestión prejudicial como el que no la propuso, porque los preceptos legales no determinan quién ha de ser demandante y quién demandado en ese pleito.

Al suceder esto cambian los papeles, se convierte en actor el querellante o actor civil, pesando sobre ellos aquel principio básico procesal civil a que nos hemos referido anteriormente, viéndose obligados a la prueba de los hechos de su demanda.

Veamos ahora el segundo caso de que se deja hecho mérito, que es donde realmente puede haber confusión. Esto es, cuando sean los mismos Tribunales de lo criminal los que tienen que resolver esas cuestiones prejudiciales.

Tiene lugar, como se sabe: Primero, cuando no sean determinantes de la culpabilidad o de la inocencia del acusado (art. 3.º Enjuiciamiento criminal); Segundo, cuando aun siendo determinantes de esa culpabilidad o inocencia no proceda suspender el procedimiento penal (art. 6.º); y Tercero, cuando habiéndose suspendido se hubiese dejado transcurrir por las partes el término concedido sin acreditar haberlo utilizado (art. 4.º).

En todos estos casos de Tribunal de lo criminal asume el deber de resolver las cuestiones prejudiciales, civiles o administrativas, a los efectos tan sólo de la represión, se entiende, sin más alcance y transcendencia que la que pueda tener en el orden penal.

¿A quién incumbe entonces la prueba de los hechos en que se cimente la cuestión prejudicial?

Indudablemente, a la parte que la haya propuesto (Ministerio fiscal, querellante particular, actor civil, y acusado), por aplicación de la máxima de derecho situario de que el excepcionante es el actor en el incidente que con su excepción promueve, y como tal, viene obligado a probar sus afirmaciones.

¿Pero es que esta regla debe servir de norma en todos los casos?

Evidentemente sí. Siempre que no se pruebe la certeza de los hechos en que funde la cuestión prejudicial por la parte que la haya propuesto debe desestimarse.

Ahora que, conviene no confundir ni involucrar las cosas. Hay veces que propuesta por el reo una cuestión prejudicial determinante de su culpabilidad o inocencia, y desestimada por la carencia de todo elemento probatorio, no es factible que por ello sea condenado.

Ahí está, por ejemplo, el caso de tratarse de alguno de los hechos delictivos de robo, hurto o de sustracción de leñas, falta ésta que con tanta frecuencia se presenta a la resolución de los Tribunales municipales y ante quienes está emitido proponer estas cuestiones prejudiciales. (Sentencias del Tribunal Supremo de 14 de Abril de 1888 y 27 de Octubre de 1900).

En estos hechos concretos que se citan y otros análogos, los acusados pueden alegar en su defensa, proponiendo la cuestión prejudicial civil, de haber obrado en el ejercicio de un legítimo y perfecto derecho por ser propietarios o poseedores de las cosas robadas o hurtadas y de las leñas objeto de la sustracción.

Llegado el momento de acreditar esas alegaciones, aun siendo ciertas, no presentan al Tribunal de la represión título alguno, ni elemento acreditativo de la veracidad de sus asertos por no tener a su disposición medios probatorios, ni acúdese al Juez de lo civil a ventilar esa cuestión por la razón indicada, caso de suspenderse el procedimiento penal, como procede hacerlo, aun de oficio de no proponerse en debida y legal forma, como aconseja la Memoria de la Fiscalía del Tribunal Supremo del año 1899.

Nadie negará que mediante estas circunstancias, ante la carencia de prueba suficiente, tiene que desecharse la referida cuestión prejudicial civil, por adolecer de base justificativa.

Ahora bien; ¿quiere esto decir que esa desestimación lleve implícita la condena del reo por ser determinante de su culpabilidad?

Se impone una contestación negativa, por cuanto-