El Foro español (Madrid. 1898) (1921-11-30 00:00:00), página 3

la ley de Besada de 1918, y si su espíritu es admirable y en su mecanismo ha querido apartar al órgano encargado de distribuir el impuesto de toda influencia partidista, la realidad, siempre cruel, nos enseña que las Comisiones de Evaluación, Quinta general del Repartimiento, suelen estar influidas por la trama caciquil; así se ha dado el caso de imponer a D. L. C. O., cuando fue Juez de S., setecientas pesetas de reparto, a pesar de ser soltero y vivir como huésped. Ya sabemos lo que son las alzadas, que, contra la imposición de la Quinta, existe la apelación ante el Tribunal provincial de Repartos; pero, a veces, cuando se notifican las cuotas ha transcurrido incluso el plazo para entablar o hacer uso del derecho.

Dice Senador Gómez, en su obra Castilla en escombros, que sin cultura y sin justicia no hay garantías para la libertad. A ello se tiende en los pequeños centros de población, quizás por aquella razón tan gráficamente expuesta por H. Spencer en su Justicia, cuando, al hablar de las razas, cita el caso del negro, que hasta se burla de su compañero emancipado porque ha perdido la protección de su amo, y en cambio el ciudadano inglés protesta con vehemencia contra la más ligera infracción de procedimiento en el Parlamento o en una reunión pública, aunque no le atañe directamente.

No; los funcionarios judiciales no podemos imitar al negro; tenemos que sentir la solidaridad ante el agravio; no acariciaremos el látigo, porque aún, sobre todo egoísmo profesional o conveniencia subjetiva, tenemos la de hacer patria y garantizar la libertad de todos.

ALFONSO R. DRANQUET
Hinojosa del Duque, noviembre 1921.

AL GRUPO ESCRITOR DE LA "UNIÓN JUDICIAL"

Las cuatro pestes judiciales:
Hambre, caciquismo, ferrocarril y ministerio.

I. HAMBRE

No damos a esta palabra el mismo estremecimiento que puesta en boca del proletariado. Queremos sólo significar que nuestro presupuesto se administra con moderación y se liquida con déficit. Es decir, que nuestro salario no es el signo económico de las necesidades pertenecientes a nuestra colocación social, sino algo menos, que nos rehíne el Estado, emulando el rasgo voraz del patrono, según el maravilloso análisis del insigne autor de El capital.

De pueblo en pueblo, de apuro en apuro, de desengaño en desengaño, va caminando hacia su muerte civil, si antes no se apiada la natural, este egregio y abdicado defensor de la Ley... El hambre le acompaña, como sí, en un macabro rasgo de caridad, no quisiera hacer la fracción completa, interponiendo súbitamente, convocada por las campanas del funeral, el implacable embargo del hambre y del honor. El hambre le acompaña, que, aunque fiera, se deja domesticar, y es la torturadora advertencia de que nuestro hogar se hundirá con nosotros en la tumba, porque la necesidad de hoy no deja espacio para prevenir la del mañana temeroso...

Cada funcionario hace una manera de vida subordinada a su labor. Nadie pondrá en duda que la nuestra, entre todas las maneras de vidas profesionales, es la más cara, la más costosa, la de más rango y suntuosidad. Esto constituye un gravamen, del que se debía liberar al sueldo, reintegrándolo como gasto de representación. Otra razón de más bulbo nos separa de los demás funcionarios, y es la porción de actividad que entra en el contrato de arrendamiento de servicios. El catedrático, el ingeniero, el funcionario administrativo o técnico, comprometen unas cuantas horas de su esfuerzo, y fuera de ellas tienen desvinculada su actividad, de tal modo que es raro el que no adicione el sueldo oficial con algún emolumento extraordinario. En cambio el Juez arrienda toda su vida, todo su trabajo, casi enajena su personalidad, y después de ser juez no puede ser nada: apenas hombre, que Ministro ha habido que ha censurado incluso la frecuencia de los centros de recreo, y hasta se desconoce en esta desdichada carrera la exigencia fisiológica de la vacación, y sólo puede descansar el enfermo, y eso si tiene la precaución de no estar malo más de treinta días al año. Aún más: las incompatibilidades obligan al Juez a no poder tomar su sueldo nunca allí donde tienen puesta la casa él o su familia, y ha de pechar con otra detracción de la mezquina paga para residencia, aunque sea justo reconocer que los Ayuntamientos subvienen, por regla general, a esta necesidad.

De todo lo someramente expuesto se deduce que, aun sin acudir a fáciles ditirambos y a justificadísimos ensalzamientos del cargo de Juez, y menos sin tocar el escabroso punto de que el sueldo rumboso es una especie de seguro contra el riesgo de la injusticia y una depuración automática de la Magistratura, está patente la desigualdad con que el Estado nos trata en relación con las demás clases oficiales, a las que no sólo no sobrepusamos, como en teoría deberíamos, sino que ni siquiera nos asimilamos a ellas en su relativo bienestar. Apoyándonos en lo razonado, pudiéramos formular las siguientes soluciones:

I. Formación de dos categorías: una de Jueces y otra de Magistrados, y la complementaria de Presidentes.
II. Sueldo mínimo del Juez, 10.000 pesetas, y de Magistrados, 20.000, y aumento de 2.000 cada cuatro años.
III. Supresión de incompatibilidades.
IV. Mutualidad judicial.
V. Que se obligue a los partidos judiciales a facilitar casa amueblada para el Juez, y en tanto, que la Unión Judicial, privadamente, gestione de los Ayuntamientos, descuidados en este punto, el deber moral de contribuir al prestigio de la función judicial, facilitando residencia decorosa a los jueces.

CACIQUISMO

Esta palabra es o debe ser delicativa. Démole el poder, la soberanía, la justicia, el mando, como se dice, con frase gráfica, a un irresponsable, y habremos ocasionado el caciquismo. Siempre ha habido gobernan-