El Foro español (Madrid. 1898) (1919-09-30 00:00:00), página 4

te y eterno de la justicia, refuyendo la acción de la potestad pública para erigirse en juzgadora de los miembros de la Asociación o de la clase en todo caso y por todo linaje de actos. Ello ataca en su base la jurisdicción penal.

Todavía encuentra el disertante un mayor desprecio para ésta en la coacción que sobre ella se ejerce al terminar, de cualquier modo, los conflictos obreros, para procurar, sin conseguirlo, el restablecimiento del orden y la pacificación de los espíritus. Coacciones contra la libertad del trabajo, actos de sabotaje y hasta atentados personales se desea que queden impunes o poco menos, y ello infiere la más profunda herida en la jurisdicción penal del Estado.

Condena la actual organización de los Tribunales de honor porque la pena de expulsión que aplican tiene el doble carácter de perpetua e infamante; y no es preciso decir más para que resalte su falta absoluta de justicia. Esto aparte de que si conocen de un hecho que es constitutivo de delito y acerca del cual actúa la jurisdicción ordinaria, puede darse el caso de fallos contradictorios o de que por una sola infracción se impongan dos penas. Considera, por ello, urgente una reforma legislativa que sustituya del conocimiento de estos Tribunales los hechos constitutivos de delito y que reduzca su jurisdicción a la aplicación de sanciones menos graves.

Dedicado el discurso al estudio de la relajación de la jurisdicción criminal no podía prescindir el disertante de ocuparse de indultos y amnistías que, enervando el vigor de la ley, tan directamente influyen en aquel fenómeno social; el estudio en otro caso hubiera quedado incompleto sin razón alguna atendible que justificara la omisión.

El indulto es una institución anticientífica, pues dada la división de poderes en que se funda el régimen constitucional, no cabe admitir la ingenericia del Poder ejecutivo en terreno propio del judicial y es forzoso reconocer que ella desautoriza y rebaja la jurisdicción penal.

Legado de un régimen político abolido, conviene todavía conservar el indulto para casos particulares mientras rija nuestro anticuado Código penal y carezcamos de un buen régimen penitenciario, aunque las instituciones de la condena y la libertad condicional van haciéndolo innecesario; pero las amnistías y los indultos generales, que se otorgan para determinadas clases de delitos o de delincuentes sin consideración alguna de carácter personal, ni en teoría ni en la práctica tienen defensa posible: son una medida ciega de gracia que favorece por igual a los reos que no lo merecen y a los que acaso son dignos de ella.

Los combate el discurso a la luz de la ciencia y en defensa de la ley incumplida y del Poder judicial por ellos desprestigiado; y doliéndose de las funestas consecuencias de su aplicación, añade que «con ella se hace de la función penal gravísimo menoscabo; pues se siembra la impunidad poniendo a la ley el grillete que merece el amnistiado; y por tal procedimiento se franquean las puertas del presidio a quienes no ven en tales generosidades sino la inepticia de la función punitiva y ocasión de perse- verar en la senda del delito.» Son dignas de meditación estas verdades y muy dignas de aprecio la sinceridad y la pureza de intención con que han sido expuestas.

Termina el discurso reconociendo la razón política de la inmunidad parlamentaria, pero lamentando el abuso que de ella se hace en la práctica, y que convirtiéndola en impunidad, aún tratándose de delitos comunes que ni remotamente se rozan con la función o los fueros del Senador o Diputado, infieren gravísima herida a la jurisdicción penal.

El Presidente del Tribunal Supremo que, desde su alto sitial ha podido observar cómo cada día, consciente o inconscientemente, con mala o con buena intención, se desautoriza, se desprestigia y se cercena la sanción penal, se ha creído, con razón, obligado a exponer lealmente la situación a que han llegado las cosas, dando la voz de alarma a la sociedad. Su discurso, escrito en limpio y correcto estilo, contiene advertencias y enseñanzas que han de hallar simpática acogida en cuantos tengan presente que la Administración de justicia es la suprema garantía del orden social, y al recordarlo en conjunto, no puedo menos de excluir como síntesis de mi modesto juicio acerca del mismo: ¡el primer Magistrado de la Nación ha cumplido con su deber!

VICENTE AMAT.

PASTILLAS BONALD CLORO-BORO-SÓDICAS CON COCAINA.

Su eficacia está reconocida y comprobada por los señores Médicos para combatir las enfermedades de la BOCA Y DE LA GARGANTA.

TENEMOS PREPARADAS: Pastillas Cloro-Boro-Sódicas.—Pastillas Cloro-Boro-Sódicas con mentol.—Pastillas Cloro-Boro-Sódicas con guayacán y cocaína.—Pastillas Cloro-Boro-Sódicas con cocaína y mentol.—Pastillas Cloro-Boro-Sódicas con pilocarpina.—Pastillas de cocaína y mentol.—Pastillas de cocaína, codéina y mentol.—Pastillas de frutos percolados con cocaína.—Pastillas de eucalipto.

Las pastillas BONALD son las primeras de su fórmula que se conocieron en España y en el Extranjero.

La Moral, el Derecho y la Política

(Conclusion.)

Hoy debiera ser bandera de todo buen partido político el reconocimiento indiscutible del derecho que todo mortal tiene a la vida y a su mejoramiento social, procurando la armonía entre las diferentes clases de la sociedad, para que unas no sean absorbidas o subyugadas por las otras, pues todas tienen derecho a la vida social y política, procurando, como medios para la realización de esos ideales, el desenvolvimiento de la riqueza nacional, haciendo expropiar los latifundios, para que no haya un pedazo de tie- rra que deje de cultivarse y que rinda su utilidad, asegurando las pensiones para la vejez del obrero, pues todos tienen derecho a la vida; y si el político