El Foro español (Madrid. 1898) (1918-10-15 00:00:00), página 3

existiendo, como existe, una disposición de procedimiento penal, cuando se trata de hechos de la naturaleza de los del ejemplo, que exigen para que puedan ser castigados la justificación indispensable de la preexistencia de las cosas sustraídas; esto es, de hallarse o existir éstas en poder o posesión del perjudicado al ser despojado de ellas (artículos 331 y 364 de la ley de Enjuiciamiento criminal), se evidencia que por el mero hecho de que el acusado no hubiese probado que esas cosas eran suyas, no puede decirse que tengan que reputarse de la pertenencia del que se concepue perjudicado, sino que es necesario por parte de éste acreditar de que se hallaba en posesión de las mismas, toda vez que de no hacerse faltaría la base, el elemento integral de apoderamiento de cosa ajena que es lo que da vida jurídica a la acción punitiva en esta clase de hechos.

Y si bien es verdad que el Supremo Tribunal tiene sentada la doctrina de que para la existencia delictuosa del hecho no es preciso que conste de modo concreto quien sea el dueño de los objetos sustraídos. (Sentencias 4 de Julio de 1891, 26 de Febrero de 1902 y 4 de Octubre de 1905), no lo es menos que también tiene dispuesto que, sin la prueba de dominio o de la posesión no es fácil afirmar la existencia del delito, como tampoco cuando se cree hacer uso de un derecho, o no resulta acreditado que la cosa sea de indudable pertenencia ajena. (Sentencias 10 de Marzo de 1881, 23 de Enero de 1889 y 13 de Mayo de 1905.)

De todo lo cual se deduce:

1.º Que cuando la cuestión prejudicial se ventile ante el Juez o Tribunal civil o contencioso-administrativo competente, entonces la parte que haya acudido ante él promoviendo el pleito y ostentando el carácter de demandante es la que viene obligada a probar los hechos en que la funde, sin tener en cuenta para nada si fué o no quien la propuso en el Tribunal de lo criminal.

2.º Que si la cuestión prejudicial la resuelve el Tribunal de lo criminal, a nadie más que a la parte que lo formuló incumbe justificar la certeza de los hechos en que la apoye, y

3.º Que la desestimación de una cuestión prejudicial propuesta por el reo en los delitos de robo, hurto y otros análogos no exime al que se concepue perjudicado por el hecho punible de la obligación de acreditar en el procedimiento penal la existencia en su poder o posesión de las cosas sustraídas en las que estime causado el perjuicio, sin lo cual no hay ni puede haber condena ni castigo posibles.

J. CRESPO FRANCO
Segovia, Agosto de 1918.

LAS REFORMAS JUDICIALES

La curia.

Subsistirá la curia. No obstante ser los tiempos de renovación y hallarse en período revisor todas las instituciones, la comisión de códigos, el Gobierno y el Senado han entendido que la curia es organismo excelente, con el que España vive satisfecha y al que debe declararse intangible. Acaso la masa del país no opine de igual modo.

Tres cosas hay que espantan a los ciudadanos en materia de justicia: la inseguridad, hija de la política; la complicación, hija del procedimiento, y la caries, hija de la curia.

El litigante paga al Estado con el papel sellado, y a veces con otros gravámenes (depósitos y fianzas para ejercitar acciones y entablar recursos) el servicio de justicia que le presta; y, naturalmente, no concibe por qué causa ha de pagar también al escribano, y al relator, al oficial de Sala y al alguacil, ministros de la justicia que del Estado dependen y sólo del Estado debieran recibir sus emolumentos. Su sorpresa se truca en alarma al considerar que dentro del Tribunal, establecido para restituirle la paz, hay funcionarios que no vivirían si no se le hiciera la guerra, y que ganarán tanto más cuanto mayores y más enredosas sean las tribulaciones del justiciable. Trae esto una situación de inquietud y desconfianza en el particular y de desprestigio en el funcionario. Dígase en honor de éste que, cada día lo merece menos, pues los secretarios de Sala son, por tradición, personas de la más alta honorabilidad, y el secretariado de los juzgados avanza visiblemente en competencia y en honradez. Pero habían de ser todos canonizables y el efecto sería el mismo. El litigante ha de comprar la justicia, y comprará al peso; tantas más complicaciones, me suscitan, tanto más dinero te doy.

¿Es imposible que el Secretariado trabaje a sueldo? De ningún modo. A sueldo están los secretarios de las salas segunda y tercera del Tribunal Supremo, los secretarios de Gobierno del Tribunal Supremo y de las Audiencias territoriales, los secretarios y vicesecretarios de las provinciales. Sus servicios son excelentes.

Repugnan los funcionarios interesados el sistema de sueldo. Hasta hace poco así ocurría, hallándose la opinión dividida entre sueldistas y carcelarios; pero recientemente el grupo de los primeros ha alcanzado considerable incremento. Son ya mayoría los que, mejor que el Arancel, apetecen la seguridad en los ingresos, la estimación pública y el honor de entrar, por un turno especial, en la Magistratura. Además, a partir del proyecto actual, los secretarios de Juzgado tendrán que optar entre el sueldo y el suicidio, ya que se les obliga a trabajar de balde en lo criminal, en lo gubernativo, en la estadis