El Foro español (Madrid. 1898) (1921-12-15 00:00:00), página 6

Algun compañero ha pensado ver cierta contradicción entre el hecho de ser autor de las tres bases para la designación de destinos, acogidas y silvuladas por la Unión y votadas por buen número de compañeros, y ser partidario de la antigüedad. Se recordará que en dichas bases se desenvuelve el principio de la antigüedad, y a su lado se acepta la preferencia del residente en el lugar de la vacante y del limítrofe. Pues bien: si este nuevo título sólo puede ser ejercido, como fue nuestra intención, por aquellos funcionarios, que desempeñen puestos por el previo derecho de la antigüedad, y no por el azar o el favor como ahora, claro es que la aparente excepción se convierte en un agregado o segundo privilegio de la antigüedad. Así, el funcionario que logra un puesto por antigüedad ya sabe que ese mismo derecho le facilita su acceso, en caso de traslado o de ascenso, a los puestos de la misma población o los de las cercanías, aunque luche con un compañero más antiguo.

A la antigüedad de tiempo se prefiere en este caso, a nuestro juicio equitativamente, una antigüedad combinada de tiempo y de lugar. Nada de esto quiso atenderse cuando fue elevado al Ministerio, aunque nos consta que el Sr. Ordóñez, lejos de desdellar las bases dichas, las entregó a un alto funcionario de la casa con encargo de preparar la resolución ministerial; pero hubo la desgracia de que el ilustre y respetable ponente no enfocara la cuestión desde nuestro punto de vista y acabara su ponencia de la forma más adversa posible para sus propios fines y más desconcertante para sus gestores, dada la filiación de su primario impulso. Con todo, la famosa Real orden de 29 de noviembre era la esperanza y el orgullo de la Unión Judicial, hasta que el Ministro del penúltimo trimestre le dio siniestra sepultura en la misma fosa en que, por reparadores designios, él yace y pudre...

MINISTERIO

Otra conquista de la democracia. Los votos hacen el Parlamento; el Parlamento señala a la Corona la opinión nacional; la Corona nombra al Jefe de la mayor opinión Jefe del Poder ejecutivo, y el Jefe del Poder ejecutivo designa un Ministro de Gracia y Justicia; luego esta última manufactura de la democracia no es más que un montón de votos más grande que otros montones de votos. En el supuesto de que ese montón de votos esté engrosado por la gente maleante de España (falsificadores, matones, borrachos, miserables que venden su opinión, analfabetos, vagos, etc., etc.), el Ministro de Gracia y Justicia, para ser consecuente, debiera disolver el Poder judicial... Si los votos hacen al Ministro, los votos son sagrados, intangibles, para el Juez..., y así por desgracia suele ocurrir; y el caciquismo, resumen del sistema, sojuzga a la Justicia y le obliga a votar fallando...

El pretexto para mantener esta otra solemnísima falacia de la independencia judicial, y a la par la independencia del funcionario, es la retención del nombramiento entre las facultades discrecionales, carta blanca que denota la supervivencia del despotismo en el órgano del Poder desde el momento que elude la responsabilidad o lo contencioso-administrativo. El Ministerio, pues, significa la realidad contra la ficción; la realidad de nuestra dependencia frente a la ficción de nuestra independencia. La tarea ante esta última calamidad es eliminar al Ministerio, a los votos famosos, de la cuestión de personal, de la firma de personal. Se ha convenido que para ello el único método es el de la antigüedad, ya que todos los nobilísimos propósitos de todos los honorables Ministros reciben el ultraje de la realidad.

No se pone aquí la antigüedad como disputando primacías al mérito, no. Hace camino entre nosotros como deparadora de nuestra independencia. ¿Hay alguna cuestión preferente a ésta? Así que seamos algo, enfrentaremos los demás problemas, entre otros, los del mérito. Frente a la tesis ministerial, caciquil, del nombramiento discrecional del Juez, oponemos la teoría científica y moral de que el juez debe tener un surgidero completamente involuntario. No queremos rozar una cuestión que ya está salpicada de evidencia; pero si lo democrático es vuestro numen, si un Ministro es una urna condensada, oid argumentos democráticos.

Los Jueces populares, ciudadanos, parte monstruoso de la democracia, escarnio de la Justicia, son nombrados por artes mecánicas. En la ley del Jurado se acude al sorteo para conferir la augusta investidura, y en las leyes de Justicia municipal y de Tribunales industriales se emplean también medios automáticos, y sobre todo en la ley Electoral, los Jueces de la elección, Presidentes y Adjuntos, se entresacan de la grey democrática por el peregrino azar del orden alfabético de apellidos.

Pero ya sabemos a quién se le puede reconocer independencia. A gente infeliz, por múltiples motivos en rehenes, que no la pueden prevaler. ¡El voto y sus alemanes! Antes de concederlo, antes de escribirlo en las leyes, lo habéis manchillado y convertido en mercancía.

En cambio a nosotros, Jueces profesionales, técnicos, responsables, con jurisdicción por derecho propio, no por deleznables patentes de votos, sino por probada suficiencia doctrinal, no se nos devuelve esa independencia mecánica que es a un tiempo ineludible atribución a nuestro esfuerzo y garantía de la Justicia. ¿Por qué? Porque en nosotros la independencia no sería una