El Foro español (Madrid. 1898) (1918-11-02 00:00:00), página 8

rechazado, con virtud inquebrantable, tentaciones y halagos; otro habrá girado una visita de inspección a un registro de la propiedad; otro habrá publicado un cuadro simbólico de las penas del Código; otro habrá visto laureado en una academia o en unos juegos florales cierto estudio sobre la familia como fundamento de la sociedad, o sobre las modificaciones recomendables en la ley de caza.... Todos estos funcionarios acudirán al Diputado de su distrito y le rogarán que suplique a los señores del Consejo judicial (políticos en una mitad) que se fijen, nada más que se fijen, en aquel mérito, resultante del expediente; no pedirán que se les invente nada, graciable, sino que no pase inadvertida la resultancia de su esfuerzo. Entre la justicia y la gracia, repito que al cabo de cinco años, las primeras mitades de todas las escalas, tendrán consagrada su aptitud para ascender.

Una vez establecida la igualdad entre 50 o 100 funcionarios de cada escala para gozar del turno tercero, ¿cómo logrará cada uno de ellos ser el elegido del Ministro? Nadie tomará a agravio la aseveración de que no tiene más camino que el de hacerse recomendar.

Así será en efecto y supondrá gran ceguera no advertirlo desde ahora. Ni el Juez podrá excusar la necesidad de llamar la atención sobre sí mismo, ni el Ministro tendrá otros medios para determinar su preferencia, que su gusto o el gusto de sus amigos. Y no se crea que el informe del Consejo judicial puede ser saludable cortapisa, porque o se establece el criterio de la antigüedad rigurosa dentro de la primera mitad, o hay que reconocer que tan merito río es el primero como el último de sus miembros, y cualquiera que sea el elegido del Ministro, contará con el beneplácito del Consejo judicial, que previamente se le tiene otorgado al definir la aptitud. La alternativa es, pues, inexcusable: o el funcionario tiene acceso a la benevolencia ministerial o su aptitud no le servirá para nada.

El riesgo indicado se acrecienta en las categorías superiores (presidentes de Sala de territorial, magistrados de Madrid y Barcelona, y presidentes de Sala de estas dos últimas audiencias) ya que en ellas son dos los turnos que se entregan a la elección y uno solo el que se fía a la antigüedad. Elevando al cuadrado los razonamientos que apuntados quedan, puede darse por hecha la crítica de este párrafo del proyecto.

Subsiste en el mismo la libérrima facultad del Ministro para nombrar presidentes de audiencias territoriales. Aquí ya no hay siquiera limitación de la primera mitad de la escala, informe del Consejo judicial, ni garantía de ningún género. El Ministro puede dar esa comisión (pues de simple comisión está calificada en el proyecto, con un sobresuelo de 3.000 pesetas) a cualquiera de los presidentes de Sala o de los magistrados de Madrid o Barcelona.

Quienes alguna vez hayan sufrido persecución del Gobierno en elecciones, sabrán lo que puede y hasta dónde llega el Presidente de una Audiencia. La legislación entera y hasta la propia constitución de la Monarquía, ceden ante su imperio por la sencilla razón de que no hay Juez de instrucción que resista a su enojo ni desobedezca su mandato; y teniendo a los jueces de instrucción, se tiene la impunidad de los delitos más evidentes, y la invención de los más imaginarios.

Además el Presidente de la Audiencia, preside el nombramiento de los Jueces municipales, preside la Junta del Censo, y tiene por estos caminos inevitables contactos con la política. Todavía cabría fiar en su independencia, si no pudiese esperar del Ministro más que el odio y la venganza; pero con arreglo al proyecto actual, ha de esperar también el premio, ya que dos terceras partes de los ascensos han de quedar fijados a su arbitraria potestad.

Se dirá que el Presidente de una Audiencia colabora, en ciertos momentos, legítimamente, a árduas funciones de Gobierno, y es lógico que disfrute la confianza del S. M. El argumento no tiene gran peso, a mi entender; primero, porque la corriente de estos tiempos huye de ese concepto de la confianza personal y se fija en la capacidad específica, incluso para funciones tan adscritas a una política, como las de Director general, y después, porque si eso fuera una necesidad inclúdible, se mantendría el concepto para todas las Audiencias y no solamente para las territoriales. Es, en efecto, inconcebible preocuparse de los problemas de Gobierno, en Burgos y no en Bilbao, en Albacete y no en Murcia, en Cáceres y no en Cádiz, en Sevilla y no en Huelva.

En cuanto a los nombramientos de magistrados del Tribunal Supremo, el proyecto señala muy acertadamente las fuentes y proporcionalidades para su provisión; pero insiste en el yerro de fiar la provisión al Gobierno, aunque con la necesidad de un informe del Consejo judicial.

En este momento en que España parece disponerse a hacer una rectificación de sus yerros tradicionales, y una desinfección de sus instituciones, debe afrontarse resueltamente el problema de separar la justicia y la política. Para ello cabría adoptar tres sistemas: el de la antigüedad absoluta y total; el de las sucesivas oposiciones entre funcionarios de la carrera misma, y el de entregar el turno de elección a un organismo ajeno enteramente al Ministerio.

Primer sistema. La antigüedad, como único manantial de ascensos, tiene inconvenientes tan grandes o mayores que sus ventajas. En la discusión senatorial quedaron muy de relieve y no hay para qué perder el tiempo en controvertirlas nuevamente.

Segundo sistema. La oposición. Entiendo que este procedimiento es beneficioso para ascender en aquellas categorías judiciales que suelen disfrutarse cuando todavía no ha pasado la edad del ardimiento para el estudio y de la fogosidad para conquistar el porvenir; es decir, hasta las plazas de Magistrado