El Foro español (Madrid. 1898) (1918-02-15 00:00:00), página 5

Hacia la regeneración de la Justicia

El movimiento de regeneración nacional, de verdadera renovación y transformación en todos los órdenes de la vida española, se extiende cada día más y a pasos agigantados se acerca y se manifiesta en todas partes, con marcada dulzura en unas, con inusitada violencia en otras, según las simpatías que encuentra o los obstáculos que tiene que vencer.

Ese movimiento renovador ha llegado también, como es natural, a la esfera judicial, y Abogados y Jueces se han decidido a salir de su anormal situación a fin de colocarse en terreno más firme y desde luego relacionado con el ambiente que se respira en la actualidad.

Los dos movimientos últimamente conocidos, la Federación de Abogados de España y la Asociación de funcionarios judiciales, aunque han nacido en sitios diversos y se llevan por derroteros distintos, han coincidido en pedir, cada uno dentro de la esfera de acción que le corresponde, el saneamiento de la Administración de justicia.

Este principio, que durante muchos años viene siendo tema de discusión de todos los Congresos y Asambleas de profesionales, lo considera fundamental la Federación de Abogados de España, al lado de determinadas incompatibilidades, cuyo solo anuncio ha producido en todas las clases sociales entusiasmo tal que, decididamente, se aprestan a defender con noble empeño aquella tendencia de dignificar la profesión y la Justicia al propio tiempo.

Por su parte, los Jueces y Magistrados se han dirigido respetuosamente a los Poderes públicos, pidiendo autorización para asociarse al amparo de la Constitución y de las leyes vigentes, con el objeto de defender sus intereses y de llevar a las disposiciones legislativas las reformas que consideran necesarias para separar a los funcionarios judiciales de la política y del Poder ejecutivo, y lograr que la Justicia se mueva con absoluta independencia de los Gobiernos y de los partidos.

Apenas iniciada esta idea, la mayoría de los Jueces la han acogido con extraordinaria simpatía; pero, en cambio, en el Ministerio de Gracia y Justicia no ha producido tan buen efecto, y la segunda instancia presentada por tres dignísimos funcionarios de la carrera judicial al fin indicado, ha recibido un segundo carpazo. El desengaño que a estas horas habrán sufrido los Sres. Zapatero, Delgado Curto y Pérez Fontán, les hará ya comprender que su iniciativa, siquiera tienda a dignificar la clase de Jueces y Magistrados por la cual debía velar en primer término el Ministerio del ramo, tropezará con toda clase de dificultades, y a la misma se le pondrán toda suerte de obstáculos en el terreno oficial para que no se lleve a efecto o para que caiga en el vacío.

Estando en el ánimo de la gran mayoría de los funcionarios judiciales la previsión de separar el Poder judicial del ejecutivo; siendo un ansia nacional la aspiración de la Justicia libre, independiente y barata; habiéndose pedido en la Asamblea de parlamentarios la mejora del sueldo de aquellos funcionarios; deseando todos llevar a la práctica una verdadera responsabilidad judicial; solicitándose desde diversos sectores de la opinión la declaración de incompatibilidad de los cargos judiciales con los de Diputado a Cortes y Senador, sea por derecho propio, vitalicio o por elección de capacidades, para discutir estas cuestiones y formularlas en debida forma, no consideramos que sea preciso autorización de nadie ni hay para qué requerir permisos innecesarios.

Los Jueces y Magistrados tienen un perfecto derecho, un perfectísimo derecho de intervenir directamente en las reformas de índole judicial, y si hasta ahora se han hecho las cosas de otro modo, habrá sido porque aquéllos olvidaron sus deberes en lo que tan de cerca les llega, o porque la vida nacional y política caminaba por senderos torcidos, de los cuales parece dibujarse en el ambiente una tendencia a separarse definitivamente de ellos.

Bueno fuera que en el Congreso de Abogados de San Sebastián, en la Asamblea de parlamentarios, en la Federación de Abogados, en todas partes, se hablara y discutiera la exigencia de reformar la Justicia, y en cambio los principales interesados en el asunto tuvieran que oír sólo lo que los demás propusieran y aceptar, sin más afirmaciones, lo que con excelente deseo, pero sin conocimiento cabal del sentir de la clase, se llevara a las leyes.

Esto, seguramente, no lo querrán los funcionarios judiciales.

LICENCIADO A. SECA

Contra el secuestro de la Justicia

Hemos clamado con los que claman contra el escandaloso ejercicio de la profesión por parte de los ex Ministros y aun en los despachos de los que los son por sus conocidos y acostumbrados pasantes y familiares. La opinión respecto al particular está formada, pero hay que no cejar en la campaña para que dado nuestro carácter impresionista no se esfume y para que se traduzca la protesta callada en algo exteriormente práctico, a la par que libre al poder judicial de la presión que sobre él se quiere ejercer o por lo menos se piensa que se ejerce por quienes, aun para asuntos sencillísimos, buscan al Abogado-político y desdenan al Abogado jurídico, no preguntándose si tal o cual Abogado es un eminente jurisconsulto, sino si es más o menos influyente que tal otro también del gremio de ex Ministros ministrales. Este es otro estado de opinión que resulta en mengua del prestigio judicial, que tendrá que hacer verdaderas heroicidades de independencia para quitarse el sombrerito que con su industrialismo forense-político ejerce una pandilla de Letrados encumbrados por la influencia más que por su saber, del que las gentes nada se cuidan al encomendárseles los pleitos dentro de los cuales entra