El Foro español (Madrid. 1898) (1918-11-02 00:00:00), página 11

afición que les induce a resolver sin razonar diciendo simplemente «no ha lugar» a las pretensiones de las partes y forzando a éstas a ejercitar recursos para resolver la adivinanza.

La hipótesis de todo debate forense es que se desenvuelve entre seres racionales y con las armas de la razón. Decir sí o no, hurtando los términos del discurso, es dar satisfacción al capricho más que rendir tributo a la justicia. Esto aparte de que la buena educación —de la que no releva el ejercicio de la autoridad— prohibe responder airadamente a la solicitud que respetuosamente se formula.

Frente a los desmanes del que pide, tienen los Tribunales una jurisdicción disciplinaria. Frente a la obtusa grosería del Juez no tiene la parte amparo alguno.

Para acabar de una vez y firmemente con ese abuso que perturba el trámite y desacredita a quienes amparan en él su comodidad o su impericia, convendría adicionar a la Base 2.a, encaminada a simplificar el procedimiento, un párrafo que dijese:

«Todas las providencias que resuelvan, afirmativa o negativamente, alguna pretensión de una parte, serán razonadas. Los jueces y tribunales expondrán concisamente el motivo de su determinación. Si no lo hicieren, serán corregidos disciplinariamente.»

BASE 3.a DE LA LEY DE ENJUICIAMIENTO CIVIL

Es excelente el principio de que todo recurso, incidente o petición ajena al fondo del negocio se ventile en una Audiencia en que las partes sean oídas verbalmente. Ganan con ello la rapidez del trámite y la eficacia de la argumentación. Pero exagerada la aplicación del mecanismo, surtirá efectos contraproducentes.

Alude al recurso de reposición y al de súplica. En la actualidad, a la pretensión del recurrente contesta dentro del plazo de tres días en un escrito breve el adversario y en seguida, resuelve el Tribunal. Por el nuevo sistema, formulada la pretensión, habrá que convocar a comparecencia, cosa que nunca podrá ser tan rápida como aquel traslado, por las ocupaciones del Tribunal, especialmente de las Audiencias territoriales, cuyo trabajo ahora se recargará considerablemente. La comparecencia, a su vez, será más costosa que el escrito de impugnación, ya que implica para el Abogado trabajo, molestia y pérdida de tiempo mayores. El recurrente, por su parte, habrá de pagar los honorarios del escrito y de la comparecencia. El Secretario —subsistiendo el indefendible sistema arancelario— cobrará por la asistencia a la comparecencia y extensión del acta. Unas pesetas se llevarán también por aquella solemnidad, los porteros y alguaciles. Total, que lo que hoy es problema de cinco o seis días será entonces de un mes, y lo que hoy cuesta uno costará mañana cinco.

Por tales motivos, el Diputado que suscribe, propone que de la prudente y plausible medida a que se refiere la Base 3.a queden expresamente exceptuados los recursos de reforma y súplica que, además, deberían recibir una sola denominación.

BASE 4.a DE LA LEY DE ENJUICIAMIENTO CIVIL

No hay razón científica ni práctica para suprimir el juicio de arbitrios. Ciertamente que casi nadie le utiliza, porque es preferible el de amigables compenedores. Mas aquel otro responde a un principio distinto —la aplicación estricta de las leyes por un poder no emanado del Estado— y es lógico y justo que siga figurando en el Código procesal, ya que con ello, sin dañar a nadie, se mantiene una fuente muy respetable de jurisdicción, dejando a la sociedad en libertad para utilizarla o desearla.

La única innovación que cabría introducir, por motivos de congruencia, sería la de permitir que las actuaciones se cursaran ante la fe de Notario público, pues si la ley permite buscar jueces fuera del Tribunal, no es consecuente con su orientación al exigir que el Secretario salga del Tribunal mismo.

El Diputado que suscribe se permite interesar la modificación de la Base 4.a en el sentido que queda expuesto.

BASE 6.a DE LA LEY DE ENJUICIAMIENTO CIVIL

Las razones que han movido al Gobierno y al Senado a poner un freno rigurosísimo al abuso de los pleitos seguidos en concepto de pobre, son tan notorias que nadie de buena fe podrá desconocerlas. El abuso de las pobrezas ha llegado a ser, efectivamente, motivo de positiva alarma para todo el que tuviese algún interés de guardar. No es, por desdicha, menos cierto que pareja a la inmoralidad del litigante suele ir la profesional de su defensor, sin la cual no encontraría aquélla medio eficaz de prevalecer.

Pero de todos modos no se puede desconocer que si el beneficio de pobreza es utilizado frecuentemente con malicia punible y para perturbar a intereses legítimos y a personas pacíficas, hay una mayoría de casos en que se aprovecha por quienes realmente tienen derecho a él y para fines perfectamente lícitos, que frecuentemente logran prosperar ante los Tribunales. Siendo esta la realidad, constituye un enorme vejamen contra los menesterosos el imponerles en todo caso ser defendidos por el Ministerio Fiscal.

Nadie podrá sostener serenamente que ese Ministerio, integrado por funcionarios públicos, sometido a una disciplina oficial, amovible en todos sus grados y jerarquías y agobiado por los múltiples quehaceres que la defensa de la Ley impone, sea órgano capacitado para amparar en justicia a quienes no pueden sufragar los gastos de un litigio.

No puede excusarse elerro tomado en cuenta la