El Foro español (Madrid. 1898) (1922-03-15 00:00:00), página 6

pleando simultáneamente distintos medios; y éste es el criterio que sigue la Real orden del Sr. Cambó de 3 de septiembre pasado, Real orden que he de juzgar con dureza; por lo mismo que considero a su señoría uno de los primeros cerebros de España; he de decir que es una disposición impropia de la cultura jurídica de S. S.

Esa Real orden, en síntesis, establece lo siguiente: que cuando el registrador de la propiedad sea a la vez liquidador del impuesto de Derechos reales y se trate de fincas enclavadas en la jurisdicción de su distrito, examinará el valor comprobado que aparezca en la última inscripción y le aceptará como base de liquidación si fuera mayor que el declarado por el interesado o el que resulte de los otros medios de comprobación. Esto, que dicho así parece que no tiene importancia, conduce a una gran enormidad, porque S. S. en esa Real orden invoca para la formación de ese valor, que llama comprobado, el artículo 470 del reglamento hipotecario, sin tener en cuenta que esa disposición ha sido derogada por la regla 12 del Real decreto de 5 de julio de 1920, que establece un sistema absurdo de capitalización para la formación de esos valores comprobados. Dará lugar la Real orden de S. S. a que la pequeña propiedad, en sus transmisiones, pague el 20 por 100 en vez del 4 por 100 que establece la tarifa de la ley. Y como la acusación es grave, considero un deber, en atención a S. S. y a la Cámara, razonarla cumplidamente.

Ya el preámbulo de la Real orden de S. S. es verdaderamente extraordinario: Dice S. S. en que el art. 74 del reglamento establece, como medio de comprobación, en el impuesto de Derechos reales, el precio en que los bienes fueron enajenados en su última transmisión u otros de naturaleza similar o circunstancias análogas que radiquen en la misma zona o distrito; que los liquidadores del impuesto sólo por excepción recurren a este medio, conformándose en general con el líquido imponible; y como los registradores, que son a la vez liquidadores del impuesto en los partidos judiciales, al inscribir hacen uso del art. 470 del reglamento hipotecario, considerando que el valor declarado por los interesados no es el real y efectivo, aceptan como valor para regular los honorarios el que resulta de última transmisión o inscripción en el registro; resulta que esta dualidad de criterio envuelve una presunción de fraude para el Estado, que ampara un funcionario que tiene que examinar el documento cumpliendo la doble misión que le está encomendada. Esas afirmaciones en que se funda el preámbulo de la Real orden son gratuitas y notoriamente injustas, porque no responden a la realidad.

En efecto: el Registrador, al liquidar, desempeña una función distinta de la que lleva a cabo al inscribir; ambas funciones no se relacionan entre sí, porque para liquidar un documento el Registrador no tiene ni necesidad de saber si el documento es inscribible. Pero, aun cuando así fuera, el Registrador, al liquidar el documento, al aceptar como medio de comprobación el líquido imponible, en contra de lo que dice S. S., no haría sino cumplir el art. 74 del reglamento, que preceptúa es libre para elegir el medio de comprobación; y sólo da preferencia al líquido imponible. Lo que jamás hubiera podido hacer el Registrador antes de la Real orden de S. S., es lo que indica en su preámbulo, porque el art. 74 establece como medio de comprobación «el precio» en que fueron enajenadas las fincas en su última transmisión; a él podrá recurrir; pero jamás al medio propuesto por S. S., al valor comprobado de la última inscripción, que no existía en el reglamento, porque ¿qué tiene que ver ese valor con el precio de la última enajenación? Esto lo dice el significado de las palabras: el precio de la cantidad entregada por el comprador al vendedor; el valor comprobado con arreglo al artículo 470 del reglamento es el resultado de capitalizar el líquido imponible para que el Registrador regule sus honorarios. En cambio el Registrador, al inscribir y percibir sus honorarios con arreglo al valor llamado comprobado (no discutimos si el derecho es bueno o malo), ejercitaba un derecho conforme al artículo 470 del reglamento hipotecario y al Real decreto de 5 de julio de 1920.

Lo que sucedió es que S. S. se encontró con que el art. 470 del reglamento primero, y luego esa disposición de 5 de julio de 1920, dio a los Registradores de la propiedad unas facultades tan absurdas para regular sus honorarios, capitalizando el líquido imponible, que contrastaba con las precedentes de nuestra legislación, con la capitalización al 5 por 100, y su señoría se dijo a sí mismo: puesto que mediante ese procedimiento de capitalizar los valores para que los Registradores regulen sus honorarios, se obtienen grandes rendimientos, recurramos a él en lo que se refiere a las transmisiones de la propiedad. Y yo digo que, porque un día un ministro de Gracia y Justicia, excesivamente bondadoso, o en un momento de buen humor, otorgara a los Registradores de la propiedad un Arancel sin precedentes; S. S., defendiendo el interés público, no debió tomar fundamento en ese Arancel para recargar de este modo la contratación, que significa el que la propiedad rústica, las poblaciones rurales, van a tributar, de hoy en adelante, en múltiples ocasiones, «el 20 por 100».

El criterio de la Real orden conduce a establecer una dualidad verdaderamente irritante para la contratación, según se ventile en una cabeza de partido judicial o cuando se desarrolle en una capital de provincia, porque, con arreglo a la Real orden de S. S., si se trata de un contrato sobre finca rústica que tiene lugar en una cabeza de partido judicial, el Registrador, cumpliéndola, tendrá necesariamente que adoptar como medio de comprobación el valor comprobado que resulte de la última inscripción, además del líquido imponible o el declarado por los interesados; en cambio si ese contrato no tiene lugar en la cabeza de partido judicial o en población rural, sino en capital de provincia, donde la liquidación no se realiza por los Registradores, sino por los Abogados del Estado, en ese caso, según dice la Real orden de su se-