El Foro español (Madrid. 1898) (1921-10-31 00:00:00), página 5

tema espiritualista, que, repetimos, domina en las obligaciones contractuales, autoriza la admisión como medio de prueba de las declaraciones de testigos, que en otras legislaciones extranjeras está prohibida respecto de los contratos, para cuya validez se exige que sean escritos, esta admisión no quiere significar, ni a ella hay que darle el alcance, de que la simple coincidencia de algunos testimonios pueda en todo caso dejar sin efecto obligaciones que constan en escrituras, porque precisamente se las ha revestido de este requisito de forma, como prueba que pudíramos calificar de preconstituida. Ello no empece que estas escrituras puedan ser redactadas de falsas, en cuyo caso, contra todas, así las otorgadas ad probationem tantum, como contra aquellas que constituyen requisito esencial (ad solennitatem) del acto o contrato en las mismas contenidos, entre otras las de testamento, se admitiría la prueba testifical y las demás que reconoce el derecho procesal, aunque limitadas al extremo de la falsedad, y serían unas y otras libremente apreciadas por el Tribunal sentenciador. Esto último sólo se ofrece por excepción. Mas en los casos corrientes, y por las consideraciones ya expresadas, no debe legalmente sobreponerse el resultado de la prueba testifical al de las escrituras, cuando contienen los mismos que las han autorizado o sus causahabientes. La estimación de la prueba en conjunto ofrece el censurado peligro a los Tribunales, si del conjunto son una parte integrante documentos públicos y fehacientes, que per se hacen prueba; y de otro lado existen declaraciones de testigos, dictámenes de peritos, reconocimientos y presunciones judiciales, que los Tribunales pueden apreciar conforme a las reglas de la sana crítica, que no están fijadas en parte alguna, y que por lo mismo su infracción no es motivo de recurso.

Será en vano que, contra los hechos declarados probados por la apreciación en conjunto de la prueba, se aleguen los errores a que se refiere el número 7.º del art. 1.692, porque respecto de los de derecho no es probable que el Tribunal a quo haya desconocido en absoluto el valor que la ley otorga a los documentos públicos, sino que su eficacia y contenido se habrá enervado combinándolos con los restantes elementos del pleito. Será casi siempre imposible demostrar el error de hecho, porque aun siendo cierta la equivocación del juzgador, no es presumible que en sus términos se encuentre en patente oposición al texto claro y concluyente de estos mismos documentos.

Estaria más ajustada a la fe que merece todo instrumento público, que en vez de esa evidencia que pide la ley se patentice por virtud de documentos para estimar el error de hecho, se exigiera, por el contrario, que todo hecho declarado probado por el resultado de las demás pruebas sometidas a la apreciación del Juez, fuese tan claro como la luz del mediodía, cuando el hecho estuviera en oposición al texto de escrituras o actos auténticos, si afectaba de algún modo a la sustancia, interpretación o modificación de derechos y obligaciones estipulados en estos documentos. Una disposición procesal en este sentido sería lógica deducción del precepto del artículo 1.248 del Código civil, respecto del valor de la prueba testifical.

La ley suiza de 22 de marzo de 1893 sobre organización de la justicia federal, en su art. 81, para combatir en casación la apreciación de puro hecho, solamente demanda que se encuentre en contradicción con los demás documentos del pleito. Esperamos confiadamente que al reformar nuestra ley de Enjuiciamiento civil, se otorgue esta misma preferencia en España a la prueba de documentos públicos.

Hechos.—Su calificación jurídica.—Las limitaciones antes expresadas, en vez de desconocer, confirman más y más la facultad privativa del Tribunal sentenciador de examinar las cuestiones de hecho discutidas en el pleito, y su competencia única para resolver acerca de la existencia y accidentes de estos mismos hechos, y declarar en definitiva cuáles estima probados. Mas en estas cuestiones, hay que separar la apreciación material de los hechos, y hasta, si queréis, la que pudíramos llamar moral, que se refiere a la intención de los que los ejecutaron, de la apreciación propiamente legal, que puede ser opuesta a las primeras, porque la existencia y caracteres de los mismos hechos debe ser reconocida por virtud de disposiciones previamente establecidas en la ley, como sucede respecto de los testamentos, que han de estar revestidos de las formas prescritas para su otorgamiento bajo pena de nulidad, por ejemplo, la de la lectura en alta voz después de redactado.

De donde resulta que la calificación jurídica de los hechos y sus consecuencias legales independientemente de su existencia, es ya cuestión de derecho; y si la decisión del Tribunal a quo es impugnada por medio del oportuno recurso, de ella puede conocer el Tribunal Supremo. A este propósito, por lo preciso de sus palabras, he creído oportuno traducir a la letra las del párrafo 3.º del art. 56 de la ley suiza antes citada: La apreciación judiciaria errónea de un punto de hecho es assimilada a la violación de la ley. (L'appréciation juridique erronée d'un point de fait est assimilée à la violation de la loi).

El Tribunal Supremo, por consiguiente, no sólo es juez en las cuestiones de derecho, sino de la apreciación jurídica y de la calificación de los hechos. Así lo entendía el Sr. Ortiz de Zúñiga en su citada obra: «La calificación de si el hecho ya declarado pertenece a determinada especie, está en buenos principios reconocida al Tribunal Supremo. En una palabra, las Audiencias lo niegan o reconocen, y el Supremo lo define.» Pero flotando algunas veces esta apreciación y calificación entre el hecho y el derecho, por lo difícil que es en ciertos casos su separación, debe seguirse la doctrina que con relación a la costumbre establece el insigne profesor D. Felipe Clemente de Diego en su discurso antes relacionado: «Si en la resolución o nuda constatación de