El Foro español (Madrid. 1898) (1920-10-31 00:00:00), página 7

el personal de Promotores fiscales de entrada, al que se otorgó la preferencia para desempeñarse, se acude a los internos, cuyos servicios, en verdad meritorios, hubieron de recompensarse determinando sus derechos a pertenecer a la carrera por el art. 26 de la ley de Presupuestos para 1891-92.

Dada la honorabilidad de los Ministros que ejercieron estas amplias facultades, quedaba alejada toda idea de que la elección del personal para la carrera prescin- diendo de la oposición se hiciera a la ligera y en beneficio exclusivo del Abogado político; así que, salvo las facilidades que hubieran de darse en los primeros años de vigencia de la ley Adicional, se introdujeron limitaciones al arbitrio ministerial, y el Real decreto de 6 de Febrero de 1888, más que crear, reorganiza aquella Junta calificadora del Poder judicial de 1870, y se la encomienda, entre otras funciones, la de informar al Ministro de Gracia y Justicia acerca de las condiciones de aptitud legal, científica y moral de cuantos individuos ingresen en la carrera judicial y en la fiscal, o vuelvan a ellas.

La posibilidad de conseguir buenos informes de los Jueces y Tribunales inferiores por esa tendencia a la benevolencia que nos es innata, base del juicio que había de formar la luna sobre la existencia de dichas condi- ciones, hizo que la actuación de la misma no impidiera en varios casos el ingreso del personal político y aun de dudosa moralidad; el hecho es que las solicitudes de los Abogados para ingresar por el tercero y cuarto turno, respectivamente, se recibieron a cientos en la re- pendida Junta, y, con escasísimas excepciones, todas eran favorablemente informadas; el mismo fenómeno se da en el Tribunal de oposiciones a la Judicatura y Ministerio Fiscal, por lo que tampoco este medio de ingreso ha respondido en absoluto a las exigencias del le- gislador en cuanto a estas y otras condiciones personales indispensables en el que ha de administrar justicia.

(Continuará.)

NOTICIAS

Aranceles judiciales.

Se ha dictado Real orden disponiendo que la Comisión creada por la de 27 de abril del corriente año para la reforma de los Aranceles judiciales en la jurisdicción Civil y Criminal, amplíe su cometido al estudio de las modificaciones que deban introducirse, en materia de honorarios, en cuanto hace referencia al Registro civil.

Los asuntos contencioso-administrativos.

Por Real orden del Ministro de Gracia y Justicia, y a propuesta de la Sala del Tribunal Supremo, se dispone que la distribución de los asuntos entre la nueva Sala de lo contencioso-administrativo y la ya existente, se haga por Ministerios, formando de los mismos, a ese efecto, dos grupos, constituido el uno por los asuntos relativos a la Presidencia del Consejo de ministros y Ministerios de Estado, Gracia y Justicia, Hacienda, Guerra y Marina, y el otro por los de Gobernación, Fomento, Instrucción pública y Trabajo, y asignando a la Sala que venga funcionando el primero de dichos grupos y el segundo a la de nueva creación, debiendo seguirse el mismo criterio respecto de las apelaciones.

Colegio de Huérfanos para la Magistratura.

Por el Ministerio de Gracia y Justicia se ha dictado la siguiente disposición:

Elmo. Sr.: La Real orden de 28 de septiembre de 1917, con el fin de llevar a la práctica la aspiración laudable de fundar Colegios que atendieran a la necesidad de procurar la instrucción y educación de los huérfanos de la Magistratura, Secretariado de los Tribunales y personal técnico del Ministerio de Gracia y Justicia, y, en su caso, de los Registradores de la Propiedad y de los Notarios, creó una Comisión encargada de estudiar la forma de realizar la mencionada Fundación.

Por causas accidentales, no imputables ciertamente a los dignos funcionarios que la integraban, la citada Comisión no pudo comenzar sus tareas; y ante la ur- gencia de estudiar el proyecto y en la imposibilidad de que muchos de los individuos que la constituyen puedan tomar hoy parte en sus trabajos, llegado es el caso de reconstituirla, ampliando el mismo tiempo sus faculta- des, a fin de que su labor se extienda a la realización de otra idea igualmente beneficiosa: la del estableci- miento de un fondo de socorros mutuos entre los fun- cionarios antes mencionados, con el que puedan satis- facecerse obligaciones que de otro modo habrían de quedar desatendidas o supondrán grave quebranto para los intereses de los mismos. En su virtud,

Su Majestad el Rey (q. d. g.) ha tenido a bien dis- poner:

1.º La creación de una junta encargada de formar un proyecto completo que abarque todos los extremos necesarios, y entre ellos la forma de arbitrar, con inde- pendencia de los que puedan consignarse en los presu- puestos generales del Estado, los medios económicos indispensables y suficientes para la fundación y soste- nimiento de Colegios para huérfanos de ambos sexos de los funcionarios de las carreras Judicial y Fiscal del Secretariado de Tribunales, del personal técnico del Ministerio de Gracia y Justicia y, en su caso, de los Re- gistradores de la Propiedad y de los Notarios; y de otro proyecto para el establecimiento de una Asocia- ción de socorros mutuos entre los expresados funcio- narios.

2.º Que la mencionada Junta la formen los señor- res D. Antonio María de Mena, Magistrado del Tri- bunal Supremo, como Presidente; D. Gabriel Espino- sa, Secretario de Sala del mismo Tribunal; D. An- tonio Delgado Curto y D. Domingo Cortón Pretiánas, Magistrados de Audiencia provincial; D. Juan García Romero de Tejada y García, Teniente fiscal de Audien- cia provincial, y D. Pedro Sabau y Romero, Jefe de Admi- nistración del Cuerpo técnico de Letrados de esta Subsecretaría; y

3.º Que dicha Junta realizará sus trabajos, eleván- dolos a este Ministerio dentro del término de tres me- ses, a partir de la fecha de su constitución.

De Real orden lo digo a V. I. a los efectos oportu- nos. Dios guarde a V. I. muchos años. Madrid, 23 de octubre de 1920.—Ordoñez.—Señor Subsecretario de este Ministerio.

Personal de la Magistratura.

Se han dictado los siguientes decretos:

Nombrando para la plaza de Abogado Fiscal de la Audiencia territorial de Barcelona a D. Vicente Pascual Calabria y Botella, Fiscal de la provincial de Salamanca.