El Foro español (Madrid. 1898) (1921-12-31 00:00:00), página 6

co de la misma, dice que el impuesto recae sobre el verdadero valor de los bienes en el momento en que tuvo lugar el acto o contrato que motiva la liquidación y con deducción de las cargas o gravámenes que aminoren realmente su valor. Con arreglo a este artículo de la ley, nadie puede dudar que en un censo o en una hipoteca es una carga o gravamen que aminora el valor económico de los bienes, porque al que tiene una finca hipotecada, en realidad del valor total del inmueble no le queda más que la diferencia que existe entre lo que vale y representa lo hipoteca y el valor total de la finca. Y sin embargo, el Reglamento, para obtener un mayor rendimiento, turgiversa e infringe este principio fundamental de la ley; definiendo, en primer término, lo que se entiende por carga, dice: «que se entiende por carga, para los efectos del impuesto de Derechos reales, las pensiones, los céntimos y demás cargas similares de naturaleza perpetua, pero de ningún modo las hipotecas y las fianzas». Es decir, que para los efectos del impuesto y en contra del precepto terminante del art. 6º de la ley, una hipoteca no es una carga, y esto ocasiona en la práctica el que, transmitida una finca hipotecada, en lugar de exigirse el impuesto con arreglo al art. 6º de la ley sobre el valor líquido, se sume al precio el valor o capital de la hipoteca. Y si esto acontece en los contratos, en las herencias el daño de infracción del precepto legal se aumenta enormemente, porque el art. 93 del reglamento establece lo siguiente: «No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, en las sucesiones hereditarias las deudas y gravámenes se deducirán a los efectos del impuesto sucesorio, siempre que consten en documento público o privado de indudable autenticidad, con arreglo al art. 1.29 de la ley de Enjuiciamiento civil». Si aquí terminase este artículo, nada tendríamos que decir sino que la ley estaba en perfecta armonía con el reglamento; pero a continuación agrega: «Mas en este caso se girará una liquidación contra los herederos, como adjudicatarios para el pago de deudas»; y la adjudicación para pago de deudas, tratándose de inmuebles, en la tarifa de la ley tiene establecido el tipo del 4 por 100. Y esto, que parece tan sencillo, tan natural, motiva en la práctica verdaderas enormidades, lleva a consecuencias verdaderamente antinormales, poco éticas y que van hasta contra los principios de humanidad, pues por infringir el reglamento el precepto de la ley, los hijos, cuando suceden a los padres y adquieren fortunas gravadas, en una palabra, cuando reciben verdaderas miserias, ruinas familiares, tienen que tributar mucho más, por razón del impuesto, que cuando obtienen fortunas libres. Hay algo más elocuente que mis pobres palabras para demostrarlo; recurriremos a los números y pondré de relieve ante la Cámara un caso liquidado en las oficinas de Madrid que demuestra cuán grande es la enormidad que se comete en este punto por el reglamento, sin que ello implique censura para los liquidadores del impuesto, para los dignísimos abogados del listado, que no hicieron otra cosa que cumplir estrictamente las disposiciones reglamentarias.

Se trataba de una sucesión entre padres e hijos, con liquidación de la sociedad conyugal; importaba el caudal inventariado 700.000 pesetas, todo él en bienes inmuebles; ascendían los gravámenes hipotecarios a la suma de 650.000 pesetas; valor líquido de la herencia, 50.000 pesetas; por tratarse de fincas adquiridas todas ellas durante el matrimonio, el caudal se dividió en la siguiente forma: a la viuda, la mitad de los bienes en pago de sus gananciales, con la mitad de las cargas, y la otra mitad a la viuda y a los hijos por sus derechos hereditarios; si esa herencia hubiera sido libre, el tipo que se la hubiera aplicado habría sido el siguiente: en cuanto a los bienes adjudicados a la viuda, por sus gananciales, el 0,40 por 100; en cuanto a la viuda y los hijos, por sus derechos hereditarios, según la tarifa entonces vigente, el 2 por 100; total, en cifras redondas, pesetas 8.000; pero como esa familia no adquirió una fortuna de 700.000 pesetas, sino que aquélla era sólo de 50.000 pesetas por absorberla el valor de las hipotecas, el tipo que se aplicó fue el que acabé de decir; de 0,40 de 2 por 100 exclusivamente con relación a las 50.000 pesetas, y en cuanto al resto, como adjudicación para pagar las deudas, el tipo fue el 4 por 100; total, 28.000 pesetas; es decir, que la viuda y los hijos que adquirieron por muerte del padre una fortuna libre en fincas rústicas por valor de 700.000 pesetas, pagan 8.000; y la familia que adquiere una verdadera ruina, o que, en definitiva, percibe solamente 50.000 pesetas, tiene que pagar por razón del impuesto 28.000 pesetas. En cambio, este sistema, en contra del principio de que la ley debe defender en primer término ante el impuesto a los hijos, a los padres y a los cónyuges, favorece enormemente a los colaterales y a los extraños, porque estos que tributan con tipos que exceden del 20 por 100 de la bonificación del tributo por razón de gravámenes del 4 por 100, resultan beneficiados, y aun cuando yo bien sé que, tratándose de estos parientes, si se aplicase otro tipo mayor resultarían infinidad de casos en que no podrían aceptar las herencias, este principio demuestra hasta donde llega este absurdo sistema, con sólo decir que el principio del reglamento perjudica a los hijos cuando adquieren fortunas gravadas, y favorece a los extraños cuando se encuentran en la misma situación; el argumento que se pudiera esgrimir en contra de la tesis desarrollada se esumaría por sí solo ante la realidad de los hechos.

(Continuará)

EL CODIGO PENAL DE 1870
concordado y comentado por D. Alejandro Grotzard y Gómez de la Serna, ex Presidente del Senado y del Consejo de Estado, ex Ministro de Gracia y Justicia, de Estado y Fomento, Presidente de la Academia de Ciencias Jurídicas, Literatura y Bellas Artes, ex Presidente de la Academia de Jurisprudencia y del Consejo de Estado. - Segunda edición de este Código, actualizado en sí y en comparación con los extranjeros. Siete tomos. Tomo I. Principios generales y en casa del autor, Comis de Aranda, 18-24, Madrid.