El Foro español (Madrid. 1898) (1922-04-15 00:00:00), página 6

esperanza, la seguridad de que, llegado al alto cargo a que sus grandes merecimientos le hacen acreedor, y para el que la opinión pública, certeramente, le señala, el Sr. Azpeitia, cumpliendo la palabra solemne dada a la Asamblea, realizará inmediatamente la gran obra notarial y patriótica, tan social como jurídica, de organizar la pequeña propiedad, que es la vida de la agricultura española.

J. A. M.

AL SENADO

Los senadores que suscriben tienen la honra de someter a la deliberación y aprobación del Senado la siguiente

PROPOSICIÓN DE LEY

Es un hecho indudable, de realidad cada vez más acentuada, que la pequeña propiedad en España carece de las necesarias garantías jurídicas, cual si para ello no existiera régimen hipotecario de ninguna clase; triste realidad, impuesta por la índole del actual sistema jurídico-económico, que si es adaptable para la gran propiedad, en cambio aniquila la pequeña propiedad, que en su escasa potencialidad económica no lo puede soportar.

La ley Hipotecaria de 8 de febrero de 1861, reconociendo que la falta de títulos hacía desmerecer a la propiedad, como sospechosa e insegura, procuró para la titulación perdida, o nunca formada, un procedimiento, el de las informaciones posesorias, «que si bien—decía—no podrá inspirar desde luego tanta confianza ni tener tanta eficacia como los verdaderos títulos de propiedad, acreditará la posesión, y con el transcurso del tiempo, y con llegar a ser más antigua que la prescripción más larga, será tan buena y tan segura como la titulación más completa.» Y de acuerdo con estas palabras de la exposición de motivos, reguló el procedimiento y solemnidades de las informaciones de posesión, consintiendo la inscripción por este medio supletorio, aun existiendo asientos contradictorios de dominio, si el juez, cumplidos los trámites que establecía, confirmaba el auto de aprobación.

A su vez, la ley Hipotecaria de 21 de diciembre de 1869 dejó subsistente el procedimiento de la anterior, autorizando que mediante estas informaciones pudiera inscribirse la posesión contraria a otros asientos de dominio vigentes en el Registro, y hasta condicionó un procedimiento todavía más sencillo para inscribir dicha posesión, mediante certificaciones expedidas por los Ayuntamientos, sistema que fue derogado por la ley de 17 de junio de 1877.

Estas informaciones posesorias, que rigieron tal como fueron condicionadas por los artículos 398, 399 y 402 de la ley Hipotecaria de 1869, hasta la reforma de 21 de abril de 1909, si bien resultaban, con relación a la pequeña propiedad, molestas por sus trámites y hasta relativamente caras, como en ellas no se establecía el trato sucesivo que normalmente exige nuestro sistema inmobiliario, y además tributaban, con relación al impuesto de derechos reales, con tipos relativamente beneficiosos, desde luego inferiores a los de la sucesión hereditaria entre colaterales, resultaron vehículo adecuado para conducir la pequeña propiedad al Registro, si bien la circunstancia de estar encomendadas a funcionarios distintos del orden notarial dio como consecuencia que la fe pública, encargada de investir y condicionar títulos supletorios para inscribir en el Registro, por un interés, si no legítimo, explicable, tergiversó la verdadera naturaleza jurídica de los derechos, inscribiendo en posesión lo que pudo ser inscrito notarialmente en otra forma, interrumpiendo el trato sucesivo que la ley exige, cosa que no hubiera sucedido jamás si el funcionario competente hubiera sido el mismo en uno u otro caso.

Tal sistema trajo, como consecuencia energéticas reclamaciones del Cuerpo notarial, secundadas en gran parte por el de Registradores de la Propiedad, y a ellas respondió la ley de 21 de abril de 1909, que, sin atreverse a resolver la cuestión de competencia, estableció, en cambio, el precepto terminante del artículo 395, impidiendo la inscripción de la posesión contradictoria, con algún asiento de dominio o de posesión extendido en libros del Registro, y además complicó enormemente las informaciones posesorias con nuevos trámites, inadaptables para el valor de la pequeña propiedad.

Y como hay algo que manda, o que está por encima de todas las orientaciones, por muy científicas que sean, la realidad, por el tradicional criterio legislativo de España de orillar o soslayar los problemas, en vez de abordarlos o resolverlos francamente, hemos llegado a la situación actual, en que la propiedad de algún valor, que puede resistir los trámites, solemnidades y gastos de las actuales informaciones posesorias, para burlar los rigores de la ley, aparece desligurada en la descripción de las fincas, dando lugar a que en el Registro existan con vigencia simultánea varios asientos de dominio o posesión, que aparentemente son diferentes y que se refieren a una sola finca, y, lo que es peor, ocasionalmente que la pequeña propiedad, la de escaso valor, la que constituye el patrimonio de nuestros modestos labradores, la que encuentra su título de adquisición en el ahorro y en el trabajo personal, ya no pueda ser hoy amparada ni siquiera por las antiguas informaciones posesorias y tenga que vivir en documentos privados, sin más garantía jurídica que la que pueda prestarle la buena fe ciudadana.

A ello ha contribuido la acción equivocada del Ministerio de Hacienda, que creyó encontrar recursos fomentando la fácil liquidación del documento privado, siendo así que éste los aminoraba notablemente, porque al no reproducir las transmisiones sucesivas—que deben contener los documentos públicos inscritibles—motiva el que con ellos se liquide, por ejemplo, una compraventa y se oculte una transmisión hereditaria a favor del transmitente, aparte de la infracción manifiesta que el Estado comete con su propia obra, norma fundamental del derecho sustantivo en España, esto es, con el Código civil, que en su art. 1.280 determina los actos, y contratos que, para surtir efecto con relación a terceros o para crear derechos reales, deben constar en documento público.

He aquí por qué el permitir que los amillamientos de la riqueza puedan rectificarse mediante documentos privados liquidados en la oficina del impuesto da lugar a que en los pueblos no exista otro Registro de la Propiedad que el amillamiento, a que la función notarial desaparezca y a que el Estado pierda cantidades enormes por el impuesto que intenta defender.

Todos estos procedimientos se resuelven en la presente proposición; en ella se condiciona un procedimiento sencillo, rápido, económico, no desprovisto de garantías, en armonía con la naturaleza y la potencialidad económica de la pequeña propiedad. Este procedimiento consiste en un acta de notoriedad, similar a la de otros países, medio adecuado por acreditar el hecho jurídico de la posesión, que en realidad sólo con el tiempo se convierta en un derecho encauz contra tercero. Limita la competencia del Notario autorizante, circunscribiéndola al del lugar, término o distrito donde radica la finca, quien, en consideración a la territorialidad de la posesión que se intenta inscribir, incluso por razón de su residencia, puede acreditar más cumplidamente