El Foro español (Madrid. 1898) (1917-08-15 00:00:00), página 3

la conveniencia de tal implantación y rogándole, con vivo interés, que esta sea un hecho dentro de muy breve plazo.

FERNANDO PÉREZ FONTÁN
Juez de primera instancia e instrucción de Mondariz

3 de Agosto de 1917.

ANUARIO GENERAL DE ESPAÑA.--1917
(BAILLY-BAILLIÈRE-RIERA)
Contiene los nombres y apellidos de todos los comerciantes, industriales y elemento oficial de España, Agricultura, Ganadería, Hidrografía, Minería, Propiedad, Reseñas geográfica y estadística, Servicios públicos, Aranceles de Aduanas, etc., con datos de interés.
Con la edición presente se incluyen seis preciosos Mapas de otras tantas provincias, impresos en colores.
Dura el envío general.—Indispensable en toda oficina, almacén, establecimiento público, etc.
Precio de venta en toda España, 40 pesetas, franco de porte.
Publicado por la Sociedad anónima "ANUARIO BAILLY-BAILLIÈRE Y RIERA REUNIDOS". Consejo de Ciento, núm. 240, Barcelona.—Dirección telefónica: "Anuario", BARCELONA—Teléfono 3.563.

Comentando un decreto

LA JUSTICIA Y LA POLÍTICA

Verdades a granel

Dos épocas pueden señalarse en la historia de la administración de Justicia. La primera, hasta el Real decreto de 22 de Diciembre de 1902, refrendado por el Ministro de Gracia y Justicia, D. Eduardo Dato. La segunda, desde dicho Real decreto hasta el presente. En la primera época se dieron casos verdaderamente escandalosos. Los políticos tomaron la carrera judicial como un asilo, en el que ingresaban sus parientes, amigos y protegidos. Con la aplicación de los turnos de favor hicieron algunos rápidas y brillantísimas carreras. Hubo casos en que algunos señores que fueron suspendidos en el primer ejercicio de las oposiciones a la Judicatura, antes de que terminaran dichas oposiciones fueron nombrados por el cuarto turno Jueces de ascenso y de término, y cuando alguno de sus compañeros de oposición ingresó en la carrera como Juez de entrada, figuraban ya en el escalafón como Presidentes de Audiencia. Los funcionarios judiciales se dividían en dos clases de castas: la de los favorecidos (por regla general los menos aptos y débiles, pero maestros en el arte de intrigar) y la de los desheredados del favor (generalmente los más aptos y dignos). Hubo algunos de aquellos que en ocho o en diez años llegaron a Presidentes de Audiencia territorial. En cambio, entre los segundos, hubo también algunos que se pasaron veinte años en la categoría de Juez de entrada. Frecuentísimos fueron los casos en que algunos Jueces fueron ascendidos en circunstancias que pudo parecer el premio por dictar sentencias o resoluciones tenidas por injustas y en favor de los intereses de los casiques, y conforme a las pretensiones de algún Abogado, personaje político. Por dovere, estos turnos de favor fueron llamados turnos de méritos, consignándose como tales en los expedientes de algunos funcionarios, los siguientes: el haber sido escribiente de última clase en un Ministerio; el haber sido escribien- te de un Tribunal de oposiciones a aspirantes a Registros de la propiedad y haber hecho la lista general de puntuación de los opositores aprobados; el haber arreglado un archivo; el haber recopilado las disposiciones legales referentes a una materia; el haber publicado un escalafón de funcionarios, etc., etc.

Además, contaban los políticos con un heroico recurso para tener abarrojada la justicia. Este recurso era la traslación arbitraria de los funcionarios que no se sometían a sus exigencias. Hubo Jueces, verdaderos héroes, sin honra ni provecho, que por tal causa sufrieron dos y tres traslados seguidos de un extremo a otro de la Península.

Fueron ya tantos los abusos que se cometieron con aquel sistema anatomiizado en las Cortes y hasta en disposiciones ministeriales, que se creó un estado de opinión favorable a terminar aquel estado de cosas. El honrado político D. Eduardo Dato, siendo Ministro de Gracia y Justicia, dictó el Real decreto de 22 de Diciembre de 1902, que fué la redención de los funcionarios de la justicia y que mereció el aplauso de la opinión pública. En dicho Real decreto se estableció el ingreso en la carrera por oposición, se suprimieron los turnos de favor para los ascensos hasta la categoría de Presidente de Sala y se sancionó la inamovilidad de los funcionarios judiciales y su igualdad, desapareciendo las dos castas que antes existían. Sólo se reservaron para el favor las plazas de Presidentes de Audiencia territorial y las del Tribunal Supremo.

Dicho Real decreto fue confirmado por la mayoría de los Ministros que desde aquella fecha han desfilado por aquel departamento. Sin embargo, algunos de dichos Ministros y personajes de influencia en la política no se aventuraban con aquellas justísimas disposiciones que les impedía proteger a sus parientes y amigos, y hubo algunos que sin atreverse a derogar aquéllas, hicieron unos enanos nombramientos por el cuarto turno, y algunos favorecidos, entre otros dos Secretarios de Audiencia, hijos de dos altos personajes, se colocaron en la carrera de Jueces de término, saltando en el escalafón por encima de 437 funcionarios que habían ingresado antes.

Para procurar el mantenimiento de estas disposiciones ministeriales suprimiendo los turnos de favor, y a fin de que se elevara a ley el decreto de Dato, los funcionarios de las carreras judicial y fiscal constituyeron una Asociación al amparo del art. 13 de la Constitución y de la ley de 30 de Junio de 1887.

Dicha Asociación tenía además carácter benéfico, pues en caso de fallecimiento de los funcionarios asociados entregaba a sus viudas 2.000 pesetas como cuota de defunción. Tal Asociación llegó a adquirir un gran desarrollo, pues ingresaron en ella la mayoría de los funcionarios y venía a ser para éstos un gran lazo de compañerismo y de unión. A los Ministros y personajes que tenían el propósito de volver a restablecer los graciosos turnos para el ascenso, los disgustaba en gran manera el progreso de la Asociación, que podía ser un obstáculo para conseguir sus fines.