El Foro español (Madrid. 1898) (1916-11-30 00:00:00), página 2

AGRARIO INJUSTO

La Gaceta del domingo 19 del corriente publicó un Real decreto del Ministerio de Gracia y Justicia reformando los Aranceles de honorarios de los Secretarios de los Juzgados de primera instancia y de derechos de los Procuradores, en los mismos Juzgados.

Bien está la reforma, si la reforma está bien hecha. Deber del Ministro es corregir lo defectuoso, mejorar lo susceptible de ello y emplazar adecuadamente los funcionarios y las funciones que de él dependen, sin que acreza de las resoluciones que en este orden y dentro de su competencia adopte quepa otra cosa que la razonada crítica.

Si los Aranceles eran defectuosos por viciosa contextura, demasiada rigidez, excesivos tal vez en su muy rara, pero posible aplicación a algunos asuntos de gran cuantía, el Ministro ha cumplido su deber modificándolos, y los funcionarios a que afecta nada tendrán que objetar; él mismo reconoce que le han auxiliado en la reforma.

Pero el Real decreto tiene un preámbulo de tejido grueso empapado en vinagre, que es un agravio injusto al Cuerpo de Secretarios, a cuyo prestigio atenta con daño grave para las funciones que desempeñan.

Si yo fuera Secretario judicial con influencia entre mis compañeros, apenas conocido el preámbulo los habría convocado y propuesto elevar al Ministro una respetuosísima, pero muy sentida protesta por lo que en aquel preámbulo dice, con insistente repetición, en la que bien claro aparece el decidido empeño de agraviar.

En la protesta, a salvo los respetos con las fórmulas adecuadas, habría propuesto que se dijera:

«V. E., señor Ministro, ha sido mal informado. Los Secretarios de los Juzgados de primera instancia no tienen la presunción—aunque sí el deseo—de constituir una clase impecable, pero están seguros de no merecer el agravio que al amparo de la firma de V. E. se les ha inferido. El Arancel de 1883 que retribuía por diligencias fué reformado, a su instancia, después de una tenaz campaña suya, iniciada en 1890 con trabajos doctrinales, continuada con labor constante que cristalizó en diversos proyectos de arancel por conceptos, muy varios en sistema y cuantía, que se dieron a la publicidad en solicitud de crítica y de apoyo para la reforma, siempre—esto no se lo han dicho a V. E. seguramente—presentando este Arancel como sucedáneo del sueldo, es decir, para el caso de que el Gobierno no accediera a su petición de ser retribuidos por sueldo fijo, solución que por algunos se disiente, pero que en general puede decirse que los Secretarios han deseado y desean porque es la única manera de que muchos de ellos puedan vivir, siquiera con modestia, y porque todos desean librarse de injustas desconfianzas, que si bien el trato y conocimiento particular borra, son elementos a sostener, lo delicado de sus funciones, que les coloca a diario en el caso de cobrar sus honorarios a un litigante perdido cuyo mal humor se desata más fácilmente contra el funcionario sin poder que contra el que puede, y la forzosa desproporción que a veces existe entre el servicio prestado y los honorarios que se cobran; pues el litigante rico ha de pagar, él solo, toda la retribución calculada como necesaria para el mantenimiento del Secretario, que despacha asuntos de pobre, criminales y gubernativos, todo gratis, en proporción de más de seis u ocho de éstos por uno de aquéllos; es decir, que si al Secretario se le retribuyeran en igual forma todos los asuntos que despacha, el litigante rico habría de pagar una sexta u octava parte de lo que ahora paga. Y como esta reflexión no se la hace ni se lo podrá hacer nunca el litigante rico, es lógico que pague con disgusto, y aun que estime exacción odiosa lo que se le cobra y se halle en trance de juzgar con mala voluntad al Secretario.

Por esto, entre otras cosas, piden los Secretarios el sueldo, y en defecto de éste se implantó el Arancel por conceptos, ya que la retribución por diligencias, líneas y pliegos, daba ocasión que se les pudiera creer, juzgando en aquel estado de ánimo, interesados en multiplicarlos inútilmente. Pudo haber abusos, seguramente los hubo; pero, ¿en qué clase social, en qué Cuerpo del Estado no los hay? Aquella forma de retribución más que al abuso por parte del Secretario, daba margen a que la suspicacia viera abuso de éste en toda tramitación prolífa, farragosa; y cuantos de estas cosas entienden dirán a V. E., si lo informan lealmente, que esa tramitación es hija de rutinas forenses de las que el Secretario es mínimo factor; de preceptos legales de antiquada factura; de explícable temor en los Jueces o en los Secretarios a que la supresión de un trámite discrecional se atribuya a parcialidad o les traiga responsabilidades de cualquier orden, y a la precisión a veces de encontrar en el trámite una holgura de plazo para el estudio de la resolución. Si el Secretario nada perdió con ello, era demasiado exigirse que se originara fiscal del trámite; era humano sospechar, cuando menos, su tolerancia. Y así, de lo que es defecto de nuestro sistema procesal, de nuestros hábitos en todo, de lo que beneficia a muchos otros en incomparable mayor proporción, se le podía hacer a él sólo responsable.

Por eso pidieron los Secretarios la reforma de aquel sistema, y creían que esta actitud suya les daría derecho a esperar el olvido de lo que pudieran ellos mismos haber pecado; a que, derogado aquel Arancel a su instancia, y expresadas ya oficialmente entonces con justicia los motivos de la reforma, no se volviera sobre el mismo tema, sin otra finalidad visible que lanzar contra ellos un agravio.

El Arancel por conceptos se confeccionó, después de haberse publicado varios proyectos, por una Comisión en que estaban representados la Magistratura, los Abogados, los Procuradores, el Ministerio y los Secretarios, y un Ministro, antecesor de V. E., lo aprobó y puso en vigor. De sus defectos o excesos no es justo hacer culpable al Cuerpo de Secretarios, buscando en ello ocasión para deprimirle.

El sistema de ese Arancel ofrece hartas dificulta-