El Foro español (Madrid. 1898) (1915-11-10 00:00:00), página 4

que pueda alegar derecho superior al del Estado, a nombre de fin alguno individual o social?

Pues que, no siendo a título de representar la supuesta voluntad del difunto, ¿qué fin individual envuelve la sucesión para los que se hallan en grados distantes de parentesco? ¿Y podrían jamás esos parientes lejanos alegar, para su pretendido derecho, un fin social frente al del Estado que reivindicaba la herencia para destinárla a cumplir su natural, nobilísima e indeclinable acción tutelar?

No he de negar que nuestro Código civil dió un paso importantísimo en tal senda; pero con él no basta y es evidente que se detuvo ante fronteras artificiales, porque la familia moderna, la verdadera célula social, no llega hoy al grado establecido por el art. 956 del Código, y es una presunción inaceptable la que éste admite, quizá, y sin quizá, rindiendo tributo a una tradición jurídica en completo desacuerdo con la realidad presente.

Lo procedente, a mi juicio, es limitar en dos grados el derecho de suceder los parientes en la línea colateral, que reconoce ese art. 955, entrando el Estado, desde luego, en posesión de la herencia en el momento en que falten parientes dentro del cuarto grado, y entrando sin esa limitación impuesta por el art. 956 sobre el cual gravita aún el espíritu individualista, que presenta una resistencia desesperada a toda tendencia social y hace que presida a los preceptos del Código, aun en esta materia, en la que el progreso es evidente, la consideración a la presunta voluntad del difunto, a sus afectos o a sus intereses; y convierte al Estado más que en propietario en fideicomisario, privándole de aquella plena libertad que necesita y que es, en este caso, facultad inherente suya para disponer como guste, con prudente arbitrio, de los bienes de la herencia, aplicándolos a satisfacer necesidades sociales o a vigorizar y hacer viables instituciones en las que encarnen el principio y la fuerza tutelares, como esencial y principalísima función de ese mismo Estado.

Y si ante los derechos indiscutibles de éste como representación jurídica de la sociedad entera, el problema de los abintestatos se halla resuelto doctrinalmente, ¿ocurre lo mismo en la herencia testada? Más claro: si podemos interpretar la voluntad del que murió sin expresarla y reducir la presunción de sus afectos y de sus deseos, a fin de que el Estado surja con mejor derecho que los colaterales separados del difunto en más de cuatro grados, ¿es posible a nombre de esa acción tutelar del Estado y de los derechos a ella inherentes, que éste limite, en alguna ocasión, la propia libertad del testador para disponer mortis causa, como le plazca de sus bienes?

Para mí es evidente, sin que deje de reconocer que es cuestión delicada y que esa afirmación más escandalizará, desde luego, a muchos espíritus que tienen la raíz de sus convicciones en tradiciones seculares y en un estado del derecho que pretende aparecer intangible.

Hay que ser lógicos, y una vez establecidos los principios arriba expuestos, las consecuencias son indeclinables. Hemos de atender a la familia hasta allí donde cualquier merma en sus derechos supone un quebranto real o amenaza para su existencia; ¡pero más allá, en virtud de qué consideración, con respecto a la familia, puede nadie oponerse a la acción y a los derechos que alegue el Estado para obligar al testador a ser admitido como un participe en calidad de here- dero necesario, en la distribución por última voluntad de sus bienes?

Si hemos afirmado que después del cuarto grado civil entre colaterales ha concluido, generalmente, la familia, que este es un hecho hoy certísimo y evidente, ¿por qué clase de respeto a la misma familia, como institución social, habíamos de detenernos y no reivindicar una legitimidad necesaria para el Estado, cuando el testador dispusiese de sus bienes en favor de extraños o de parientes en grado más lejano? ¿No responderíamos así a su fin eminentemente social?

Ya comprenderéis que no se me oculta el argumento capital que se opone en el acto a mi tesis. ¿Es posible, se me dirá, consentir tal atentado contra la libertad y contra el derecho del individuo? ¿Cómo podemos cohibir la voluntad soberana del testador? ¡Otra vez el individualismo arriñéndose en soberano y en supremo árbitro de la sociedad entera! ¡Otra vez pregonando tiranía a nombre de la libertad, como observaba ya el insigne dramaturgo inglés en su inmortal Cimbelina!

¿Es posible que podamos seguir considerando al individuo como átomo soberano, sin dependencia alguna, sin vida de relación social, sin participar de un fin común? ¿Y no es, por demás racionalmente necesario, en todo aquello no incompatible con un fin supremo e individual, sacrificar al bien común, al fin social, una parte del ejercicio de esa libertad, mejor aún diríamos: una ficción del derecho?

¿Pues qué, ese derecho de la propiedad, no a la propiedad—ya advertiréis la distinción—que supone el de testar, ha podido jamás ser tal derecho en oposición a los fines sociales? ¿Pues qué, no constituye hoy, para los hombres de ciencia, una vergüenza, y un baldón para la civilización de un pueblo, el concepto del derecho de propiedad entre los romanos? ¿Quién admitió hoy, en teoría a lo menos, el jus abutendi? ¿Y no existieron resistencias formidables oponiéndose a que desapareciese la legislación de los pueblos ese concepto, y sacudidas tremendas en la voluntad y en la conciencia de los propietarios?

¿Qué dificultad habría, pues, en regular también, conforme a los principios de la razón y a las conveniencias sociales, que no destruyen los derechos individuales sino los armonizan con éstos, el jus utendi? Y al amparo de ese derecho, que suprime el abutendi o que regula el utendi, no podría nacer e implantarse la legitimidad del Estado, en ciertas sucesiones testadas?

Si penetráramos con el escopelo en la oposición a estas innovaciones y a otras semejantes, veremos cómo aún se agita en el fondo de ella, como en el fondo de nuestra legislación, ese espíritu del jus abutendi, no