El Foro español (Madrid. 1898) (1915-09-10 00:00:00), página 3

claramente que así debía de ser? Bien se desprende que así es; y que dentro de esas circunstancias de que debe juzgar están las que pueda haber expuesto el deudor en el acto del requerimiento, único momento en que se le oye.

Y es de importancia fijar-e en esto último, porque es aterradoramente injusto que al deudor hipotecario que a satisfacción de su acreedor tiene asegurado el crédito, se le haga de peor condición que a cualquier otro acreedor contra el que podrá despacharse mandamiento de ejecución y hasta embargo preventivo sin oírle, pero no se entra en el procedimiento de apremio, ni se le llega a despojar de sus bienes sin que haya podido contestar antes a la demanda y alegar cualquiera de las excepciones a que se refiere el artículo 1.464 de la ley de Enjuiciamiento civil, y aun peor todavía que al simple deudor personal que incluso con poner en duda la deuda, puede verse libre de los rigores del procedimiento ejecutivo.

Y al decir esto, viene a solaciar el argumento magno de los partidarios de convertir al Juez en estos casos en una especie de músico mecánico, que ha de moverse a gusto del acreedor hipotecario con sólo que éste le dé cuerda en forma; o sea, que una garantía tan grande como la hipoteca no puede quedar a merced de la mala fe del deudor; pero, aparte de que igual podría decirse respecto a los créditos personales y que en todo en la vida hay imperfecciones necesarias a que se llama males menores, objetaremos que tampoco puede todo dejarse a la mala fe de los acreedores, ya que la hombra de bien no es cosa exclusiva de éstos, los cuales, después de todo, no se perjudican en un derecho que tienen asegurado; lo que no sucede con los créditos personales, y la ley es taxativa en sentido favorable al deudor, sin duda porque también en lo civil, y en cierta manera, se estima prudente el aforismo jurídico de que «vale más absolver cien culpables que condenar a un inocente»; y máxime debe ser esto así, cuando aquí no sucede ni con mucho lo que con los créditos personales, que puede no conseguirse el embargo preventivo, para el que no basta la sola presentación de un documento de crédito, y puede hasta verse despojado el acreedor de la acción ejecutiva y tener que ir a la ordinaria con todas sus dilaciones, gastos e inconvenientes, sino que en el caso que disentimos, con su crédito asegurado en la escritura y su embargo, anotado en el Registro de la propiedad, lo único que se hace es cambiar ese procedimiento que va directamente a la venta, por el rápido procedimiento ejecutivo en el que, aunque en forma sumaria, se oye al deudor antes de condenarlo en definitiva a perder los bienes que honradamente afectó en hipoteca.

Y no se diga tampoco nada respecto del carácter voluntario que el caso pueda tener, puesto que, aun al convencirlo así, siempre sería para el caso claro, evidente, indiscutible e inmogable de falta de pago, no cuando ésta no exista, o aun existiendo, concurren algunas de esas circunstancias de que habla la ley y de que en nuestra opinión se ha de juzgar—apreciándolos.

dice la ley misma—, y que en su concepto pueden enervar la acción sumarísima que se ejercita.

Y a tal punto ese requerimiento entendemos que tiene ese carácter de reconocimiento o no de la situación legal en que el acreedor está de hacer uso de ese derecho que la ley ordena se haga judicialmente cuando se haya omitido el hacerlo en forma notarial, lo que, repetimos, estimamos equivalente a la citación que para reconocimiento de un crédito privado es precisa antes de despachar la ejecución y aun añadiendo la ventaja de que aun reconocido el crédito se tienen diez días para satisfacerse antes de iniciarse el procedimiento sumarísimo, así como luego, aun dada la administración al acreedor, éste tiene que esperar treinta días más, según la regla 7.ª, antes de procederse a la subasta de la finca. Y si esto se determina así aun para el caso indudable en que la deuda se reconozca, ¿cómo se va a creer que si se pone en duda, el legislador que tal hizo quiera que ni se le oiga siquiera y se le despoje del derecho de alegar las excepciones del artículo 1.464 de la ley Procesal, haciéndole, como hemos dicho, de peor condición que cualquier deudor de los que no han dado de antemano a su acreedor la garantía de sus bienes? ¿Y qué es lo que en este caso, al cambiar el procedimiento sumarísimo por el ejecutivo, pierde el acreedor hipotecario en comparación con lo que pueda perder su deudor ante un procedimiento que sumarísimamente le despoja de sus bienes, sin que tal procedimiento pueda ni detenerse siquiera por un juicio en el que se vaya a discutir la nulidad del título? ¿Sería esto justo, ni equitativo siquiera? ¿Acaso no sería éste uno de esos casos equivalentes a que se refiere la ley de represión de la usura de 23 de Julio de 1908? ¿Es que el espíritu que a esta ley, eminentemente moral, preside, se va a matar en casos como el expuesto, para dar gusto a la prisa de un acreedor impaciente? No, y mil veces no; aunque la ley no sea lo suficientemente expresiva y terminante para evitar las dudas que han surgido, la razón debe imponerse para interpretar el léxico gramatical, en nuestro concepto lo suficientemente claro para quienes no lean con ojos de intransigencia.

Y no nos paremos, porque no merece refutación seria, a otra cosa que a consignar la irrisoria y anti-jurídica opinión de quienes dicen que la subsistencia de la inscripción constituye la prueba plena de la subsistencia de la deuda, ni más ni menos que si las inscripciones del Registro constituyesen una presunción juris vel de jure y no juris tantum; y que la persistencia de esa inserción denota cuando menos una apatía por parte del deudor que los partidarios cerrados del sistema creen justo castigar con las funestas consecuencias de la consumación de ese procedimiento, queriendo que con la simple certificación del Registrador, aunque alegue lo que alegue el deudor en el requerimiento, quede demostrada la subsistencia del crédito, y sin ver que en ese caso, y por la misma razón quedaba probado juris vel de jure también «la certeza, la exigibilidad y demás circunstancias, etc.», de que había la ley, con la sola presentación de la escritura, y