El Foro español (Madrid. 1898) (1915-12-30 00:00:00), página 9

Cuando este sorteo se efectúa debe ser obligatoria, y no potestativa, como lo es hoy, con arreglo al art. 44 de la ley del Jurado, la asistencia al acto del Fiscal, y de los defensores de las partes, y allí puede y debe hacerse la recusación con causa; pero el segundo sorteo, en el que han de designarse los catorce Jurados que han de constituir el Tribunal, no es el momento más a propósito para la alegación de causa, sino que las recusaciones entonces deben admitirse sin ella, pero limitando mucho el número de las que puedan hacerse. Hoy autoriza la ley en este trámite todas las que se hagan, hasta que queden catorce Jurados para constituir el Tribunal; pero admitiéndose las recusaciones con toda amplitud en el primer sorteo, basta que ahora se consenta hacer alguna, para subsanar un error o un olvido, y de este modo respetar el derecho de las partes, sin quebranto del principio que la ley quiso establecer, de que los Jueces populares fueran designados por la suerte.

Hay una reforma urgente, que reclama la humanidad en cuanto a los preceptos de la ley del Jurado. El art. 66 de ella dispone que, terminados los informes, el Presidente preguntará al procesado si tiene algo que manifestar por sí mismo al Tribunal, consintiéndole decir lo que, dentro de ciertos límites, estime conveniente para su defensa. Aquí debiera terminar la presencia del procesado; porque tenerle presente mientras el Jurado delibera, y cuando se da lectura al veredicto, es, sobre inútil, cruel. Nada requiere entonces la presencia del procesado en la Sala, y la experiencia enseña que con frecuencia la lectura de un veredicto severo produce en el reo un sufrimiento tal, que a veces determina graves crisis nerviosas, si es que, por alguna predisposición especial, el accidente no tiene mayores consecuencias.

JUSTICIA MUNICIPAL

Respecto a la Justicia municipal, casi todos los Fiscales en sus Memorias reconocen que su organización dista mucho de ser perfecta. Es este un problema erizado de dificultades, porque encontrar en cada Municipio personas independientes y de culturía bastante para desempeñar los cargos de Juez, Juez suplente, de Fiscal, de Fiscal suplente y de Adjuntos, es tarea verdaderamente difícil, si no imposible, de llevar. Pero si a esto se añade que en la elección de Jueces y de Fiscales y en la designación de Adjuntos se mezcla siempre el interés político, quedará demostrado que no sólo es difícil, sino que resulta imposible organizar, en condiciones aceptables, la Justicia municipal, sin introducir en ella trascendentales modificaciones. El mal es evidente, pero el remedio es muy difícil; y ya que de pronto no sea posible alcanzarlo totalmente, al menos es necesario hacer algo para conseguirlo.

La institución de los Adjuntos no ha producido ciertamente el resultado que se esperaba, pues la práctica enseña que, a pesar de ellos, lo que impera y prevalece siempre es la voluntad del Juez. Suprímanse los Adjuntos, y así, no siendo tantas las personas de quienes haya que valerse, podrá encontrarse con menos dificultad quien desempeñe las funciones judiciales y fiscales.

Un Tribunal por cada Municipio, resulta a veces demasiado, porque en los de muy escaso vecindario no se encuentran personas aptas para desempeñar estos cargos, y pudiera, para atenuar el mal que se lamenta, autorizarse que cuando se trate de Municipios de escasa población y cercanos entre sí, pueda constituirse un solo Tribunal para dos o más Municipios. De esta manera las dificultades de encontrar personas serían menores, y para alejar la influencia política de la constitución de estos Tribunales, sería conveniente establecer para la elección un sistema semejante, con las modificaciones necesarias, al que establece en sus artículos 33 y siguientes la ley Electoral de 1907 para constitución de las Mesas electorales.

TRIBUNALES INDUSTRIALES

El Fiscal de la Audiencia de Barcelona, que es la provincia donde el Tribunal industrial tiene más importancia, se ocupa detenidamente en su Memoria de esta institución, y se queja de que haya sido necesario no admitir más del 50 por 100 de las demandas referentes a reclamaciones de salarios, por no venir acompañadas de la cédula personal del demandante; y como este documento, cuando se trata de gente pobre y que cobra jornales exiguos suele no ser posible presentarlo, unas veces porque los interesados no la tienen y otras porque la han perdido, dice el Fiscal de Barcelona que sería conveniente meditar una solución que eximió a los obreros que disfrutan un jornal inferior a 2,50 pesetas diarias, de la necesidad de acompañar la cédula con la demanda, ya que sin ella no puede ni debe admitirse, porque no son pobres de solemnidad.

La observación del mencionado Fiscal la estimo atinada, pues cuando se ve que en una proporción tan grande tienen que abandonar sus derechos, precisamente los más necesitados, hay que pensar en suprimir un documento fiscal, que después de todo no otra cosa es la cédula, que pone tales dificultades para el ejercicio de derechos sagrados.

En el examen de otro punto de importancia se ocupa también el Fiscal de Barcelona, a propósito de los Tribunales industriales. Dice, que se ha notado que «algunas Compañías de Seguros, con el afán de burlar las obligaciones que la ley las impone, y saltando por lo dispuesto en el art. 19 de la ley de Tribunales industriales, en el caso en que el obrero acude a ellas a reclamar la indemnización por accidente, le ofrecen una cantidad inferiorísima, algunas veces más mezquina que la que le pudiera corresponder, y haciéndose la demanda por las mismas Compañías, la presentan al Tribunal, y al día siguiente viene el obrero diciendo que ha cobrado y que desiste del juicio, entregándosele acto seguido la cantidad convenida. Como el