El Foro español (Madrid. 1898) (1917-07-15 00:00:00), página 10

han tenido lugar... y, finalmente, al pensar en un Presidente de la misma, con el que me unían vínculos de tan cercano parentesco, y al que una mano criminal privó de la vida cuando más falta hacía a su Patria, con la que tan pródigo había sido en proporcionarla días de gloria y bienestar.

Confiado únicamente en vuestra bidalguía y corrección y en que sabréis disimular las muchas faltas que he de cometer, y en que tendréis solamente en cuenta la importancia de la misión que me he impuesto, prescindiendo del sujeto que a cabo la lleva, he de dar principio a mi trabajo sometiéndome nuevamente a vuestra benevolencia, ya que, si siempre muy atrevida fué la ignorancia, en el presente caso lo es mucho más al arriesgarme a tratar de un tema muy superior a mis débiles fuerzas.

He de tratar de la Blasfemia en su aspecto jurídico legal, de ese viejo social tan arraigado por desgracia en nuestro país, en el que enteramente parece ha tomado carta de naturaleza, sin duda por la lenidad con que el vigente Código penal la castiga, si es que llamarse puede castigo la imposición de una multa de muy poca cuantía con que se pretende reparar el mal inferido a la sociedad herida en sus sentimientos religiosos, y con lo que se hace la ilusión el legislador que se puede corregir al más grosero y soez de los injuriadores, al que públicamente blasfema de su Dios.

Hoy día la blasfemia no es un delito castigado en el Código penal vigente, como lo era en el año 1850, en el cual las penas por los delitos contra la religión fluctuaban entre las de prisión correccional y multas cuya cuantía oscilaba entre 75 pesetas y 750, con la escala gradual de penas de que luego me ocuparé.

Nada de esto existe hoy en nuestro vigente Código penal, en el cual la blasfemia se considera como falla y se pena como tal, con arreglo a lo dispuesto en el número 2.º del art. 586, con el arresto de uno a diez días y multa de 5 a 50 pesetas.

Es necesario tener muy en cuenta el salón en que nos encontramos para no calificar como se merece la blandura del legislador; nuestro Diccionario tan rico—cual ninguno otro—en palabras para cada caso concreto, resultaría muy pobre si fuéramos a aplicar todas ellas para censurar en la forma que debíramos la falta de represión contra la blasfemia; la mayor de las injurias que cualquier ciudadano puede proferir, la más grande de las groserías que públicamente se dicen, sin tener en cuenta las personas ni el sexo de quienes las escuchan, y la más extraordinaria de las faltas de educación de que puede hacer gala el hombre, cualesquiera que sean sus creencias religiosas, puesto que esos mismos individuos que delante de damas y de niños no tienen inconveniente en manchar sus labios con palabras tan mal sonantes con mal olientes, dirigidas a la Divinidad de Cristo directamente unas veces, otras contra la más hermosa y sublime de sus transformaciones en su consagración Eucarística, y finalmente contra la Virgen, tienen siempre buen cuidado de no proferir esas frases de tan bajo sentido gramatical y muy propias de personas de no muy alta condición social, cuando de cosas y personas humanas se ocupan; en una palabra, cuando en el trato usual y corriente se comunican con sus semejantes.

Que existen precedentes en nuestra legislación en los que se castigaba al blasfemo como éste se merecía, no cabe duda.

Desde las antiguas «Ordenanzas», que imponían al que blasfemaba la pena de taladramiento de la lengua, hasta nuestros días en que se impone un castigo al que injuria a Dios, de multa de 50 pesetas como máximo, como si se tratara de cualquier infracción de las Ordenanzas municipales, se han dictado innumerables disposiciones, revocatorias unas de las otras, para quedar reducida la reprensión a una pena irrisoria, si es que causar ruido puede la falta de protección oficial.

El Código penal de 1850 en su art. 139 dice:

El que con palabras o hechos escarneciere públicamente la religión, si lo hiciere en el templo o en cualquier acto del culto, será castigado con una multa de 20 a 200 duros y el arresto mayor.

Los artículos 134, 136 y 136 imponían penas de prisión mayor, prisión correccional y extramamiento perpetuo a los que de cualquier modo atentaren contra el ejercicio del culto por medio de maltrato de obra a un sacerdote, valiéndose de violencia, desorden o escándalo o apostasía pública de la Religión Católica Apostólica Romana, respectivamente, y por último en el artículo 137 decía:

A todos los que cometieren los delitos de que se trata en los artículos anteriores, se impondrá además de las penas en ellos señaladas, la de inhabilitación perpetua para toda profesión o cargo de enseñanza.

Como se ve, el legislador en 1850 quiso castigar con mano dura al que de cualquier modo y manera atentara contra la Religión Católica Apostólica Romana, imponiéndole penas de importancia, y además se privaba al autor de esos delitos de toda profesión o cargo de enseñanza.

Estimaban, por consiguiente, los hombres de ley de hace medio siglo que el que de cualquier forma y medio atenta contra la religión del Estado y blasfema en público, además de hacerse acreedor a las penas señaladas por el Código, se le debía de aplicar y se le aplicaba la pena civil (llámemosla así), de no poder a perpetuidad dedicarse a la enseñanza porque no era digno de recibir ayuda del Estado el que con sus actos y palabras procuraba difundir teorías, prácticas y enseñanzas contrarias, en absoluto, a las que el Estado está obligado a sostener por ser la religión oficial del mismo.

Como se ve, igualmente el legislador actual no sólo no castiga como debiera al que públicamente blasfema en la calle, sino que tampoco lo hace con el que abusando de su autoridad como Catedrático blasfema en el libro y en las explicaciones que en clase da a sus alumnos, difundiendo teorías y prácticas contrarias, en absoluto, a la Religión Católica Apostólica Romana que es la del Estado.

Como se ve, repito, actualmente no se impone tam-