El Foro español (Madrid. 1898) (1915-12-30 00:00:00), página 4

viosidad o la delicadeza de otros resultan tan extremadas, que una palabra sin malicia y sin hiel penetra en lo más íntimo del alma y lastima las fibras del honor.

Pero, ¿por qué no ha de dar el legislador una regla, una norma, si se quiere un catálogo de injurias, para determinar cuáles son aquéllas que constituyen delitos? Y si existe, como sucede en realidad, esa norma, ¿puede con razón permanecer el Estado cruzado de brazos, dejando a la acción particular o privada la iniciativa y la duración del procedimiento contra un delito que, por el solo hecho de serlo, perturba el orden social y jurídico cuya custodia pertenece al Estado, y lesiona los derechos del individuo, no como pura abstracción o como átomo aislado, sino como persona social?

Tan extraordinaria fuerza conserva en este delito la vindicta y el individualismo, que enervan y frustran una de las más hermosas y más nobles prerrogativas regias, la del indulto; pues ni éste ni la amnistía, por los cuales el Rey, perdonando, no sólo representa lo más grande y más admirable de la acción tutelar social, sino que, en cierta manera, ostenta facultad divina y virtud creadora, pueden extenderse a los reos de tales delitos, si antes no obtienen el perdón de la parte agravada; y cuando el homicida y el rebelde a la autoridad legítima, y hasta el traidor a la patria y el sacrilegio, bajo la egida santa del perdón Real, vuelven de nuevo al seno de la sociedad, confortados con el consuelo de la libertad, que por su crimen perdieron, todavía gemirán bajo el peso de su condena el que llamó merezríz a una meretriz o venal a un público, si el corazón de los querellantes no se mueve por sentimientos de piedad y perdura en él aquel espíritu de venganza, con el cual los seres inferiores pueden igualarse un momento a los dioses que en esta cifran su placer más exquisito.

Decidme; ¿no es verdad que expuesta, en toda su desnudez esa teoría, acarreada a nuestro Código por una tradición nefasta y consolidada en él, resulta de una fealdad excesiva y de una rigidez antihumana, que claman por el brazo bienhechor que la borre del libro de la vida jurídica en un país civilizado?

Por mi parte, he hecho en este sentido cuanto ha estado en mis facultades. Para la aplicación de la ley de libertad condicional surgieron también dudas en este punto, y el espíritu de la vindicta me gritó que los condenados por los delitos de calumnia no me pertenecían; que para ellos no se habían dictado los preceptos de la ley; que los beneficios que ésta otorga al recluso de intachable conducta, que demuestra su arrepentimiento y su deseo de redención, no le correspondían; que ellos se hallaban de tal suerte adscritos a la voluntad del querellante, que a nadie le era lícito quebrantar esos lazos de servidumbre caprichosa que el delito creó; pero, afortunadamente, la ley se hallaba informada por espíritu más noble y cristiano, y la voz de la razón redujo a silencio el grito de la venganza, y fue proclamado solemnemente el derecho del Estado a conocer, en igualdad de circunstancias, a esos infelices, el bien anhelado con la libertad condicional.

Expuesto el principio capital que palpita en toda nuestra legislación penal, y señalados, por vía de muestra, algunos preceptos en los que ese principio adopta formas y ropaje diversos y se manifiesta en su múltiple variedad; después de hacer resaltar los errores y las deformidades de la doctrina, parecería que un estudio más detallado y concreto de las disposiciones del Código, no sólo produciría monotonía, cansancio y enojo, sino que empequeñecería el asunto, que es grande y trascendental de suyo, sin más enemigo de su grandeza en estos instantes que la insignificancia del que lo trata, y sin que tal estudio sea ya preciso para aeroditar la impertiosa necesidad de una transformación desde el tronco hasta las últimas ramas de nuestro derecho penal, al que falta el oxígeno vivificador que sólo puede prestarle la ciencia penitenciaria.

Alguien se extrañaría si hiciéramos aquí mención, siquiera, del Jurado, entendiéndose presentarnos con él una institución en la que se refleja, con vivos destellos, el carácter social del derecho, y que por esto representa avance notabilísimo en el proceso jurídico de nuestra patria, conforme a la tesis que venimos sosteniendo.

Mención, sí la haremos; pero sólo mención, porque si entráramos a profundizar en el estudio del Jurado y de los defectos y de los vicios que en él advertimos en su actuación presente, acometeríamos empresa tal que resultarían estrechos los moldes de un discurso para ella sola.

¿Se me presenta como una dificultad? ¿Se espera una palabra que exprese mis ideas para someterlas a la crítica? Si esto es, ¿qué temor puede impedirme pronunciarla, si después de todo, rindiéndome, como hombre de gobierno, al estado de hipótesis social, cualquiera que fuese mi opinión sobre la doctrina en abstracto, había de confesar que la institución hoy, en su esencia, es intangible?

Pero no he de llegar a escudarme tras esa distinción entre la tesis y la hipótesis, porque mi sentir escueto, claro, diáfano, se halla contenido en esta fórmula: el Jurado, en lo que tiene de individualista, es un error; en lo que entraña de social, es un acierto y una institución admirable.

Porque no es el Jurado, no, como pretenden algunos presentárnoslo, una institución esencialmente social por su propia naturaleza, sino que en muchos casos, y para la mayoría de los autores y de las legislaciones modernas que no han podido aún desprenderse de la sustancia individualista, es fruto sazonado de los principios fundamentales del individualismo más radical y pernicioso; y de aquí proviene, si bien se estudia, la inmensa mayoría de los vicios y de los males de que adolece actualmente la institución.

Roger Collard, calmando su teoría del Jurado sobre este individualismo, ha escrito: «Un pueblo que no interviene en los juicios podrá vivir tranquilo, podrá estar bien gobernado y hasta podrá ser feliz; pero no se pertenece a sí mismo, no es libre.»

Y uno de los panegíristas más distinguido de esa institución, condensando la doctrina de todos los que lo dan como base los principios individualistas, se expresa de esta suerte: «Quien dice juzgar dice mandar en el hombre; dice más; dice representar a Dios en el derecho menos transferible de su omnipotencia y de su omnisciencia...

«Por eso, los hombres de los dioses mayores, los hombres que se sintieron tales; por eso los pueblos vírgiles no quisieron nunca, ni podían querer jamás que otro hombre, en quien las partes no hubieran convenido, fuera juez de su honra, pero ni de sus intereses.»

Para los que así piensan no hay más libertad que la representada por el individuo, haciendo todo cuanto quiera en virtud de una soberanía eminentemente que no permite que nadie ostente poder alguno moral sobre otro, sino por el consentimiento de éste y hasta allí en donde se levante el hito colocado por la voluntad que se somete. Libertad y soberanía residen en el átomo, y mientras el átomo pueda actuar por sí solo, a nadie que no sea él le es lícito juzgar ni ostentar ningún derecho soberano, quedando la sociedad y el Estado como dos grandes receptáculos en donde se unen las fuerzas moleculares para dar mayor impulso a la operación individual, sin otro alcance ni otra representa-