El Foro español (Madrid. 1898) (1916-03-30 00:00:00), página 3

luego el derecho de formar parte de la Comisión; que los puntos que se sometan a discusión en la Asamblea sean los que comprende la instancia de 15 de Marzo de 1912 con la adición que respecto del segundo propondré en este informe y el proyecto de reforma de los Estatutos que redactó la ponencia en 1905; que los individuos de la Junta de gobierno de este Colegio formen parte de esta Asamblea en razón de los Colegiales inscritos en él, que exceden en un número considerable a los que integran los otros organismos y que se remita a cada uno de ellos, con un mes de antelación, al día acordado, para reunirse la Asamblea, el Reglamento de procedimiento y cuestionario de temas que han de ser objeto de examen en ella, a fin de que los estudien con tiempo y puedan traer los representantes opinión formada acerca de los mismos, y facultades para votarlos en un sentido o en otro, previa proposición de enmiendas o adiciones; y, por último, que para la ejecución de cuanto queda indicado, la Junta de gobierno acuerde designar de su seno una nueva ponencia, que se compondrá por lo menos de tres Diputados para que se ocupen de todo lo relativo a la celebración de la Asamblea, Reglamento y cuestionario de temas, convocatoria y demás detalles. Esta ponencia, en el plazo de una reunión de Junta de gobierno a otra, cumplirá su cometido a fin de que, disuelto y aprobado todo el plan, se proceba a ejecutarlo sin pérdida de momento.

Exposto lo que precede pasa el Diputado que suscribe a examinar una por una las peticiones que contiene la instancia elevada al Ministro de Gracia y Justicia por el Ilustre Colegio de Abogados de Lérida.

1.º INCOMPATIBILIDAD

Dícese en la instancia que, no obstante los honorísimos calificativos que así en los Códigos españoles como en los romanos se prodigan a la noble profesión del Foro, sin embargo de las preeminencias que en los Tribunales se conceden a los Decanos, en representación de los Colegios de Abogados, y a pesar de la consideración de Magistrados honorarios de Audiencia territorial que a dichos Decanos, aun accidentales, otorgan varias Reales órdenes, es lo cierto que, por lo que atañe a lo privativo del ejercicio de la abogacía, nuestras leyes se han preocupado bien poco de él, por parte de personas que, por las funciones públicas que desempeñan, debieran tener para el mismo absoluta incompatibilidad. Tales son los Notarios, los Registradores de la propiedad, los Abogados del Estado, los Abogados fiscales suplentes de las Audiencias, los Administradores y demás Jefes de Hacienda y los Secretarios de las Diputaciones y de los Ayuntamientos de las capitales de provincia.

Las razones morales y jurídicas de tal incompatibilidad son tan obvias, que no necesitan demostración. El Notario se sirve, o puede servirse, de sus protocolos—semillero de pleitos—; el Registrador, de las anotaciones e inscripciones; el Abogado del Estado, de su obligada intervención en determinados asuntos judiciales, y, todos los demás, en los documentos o datos de sus oficinas, pudiendo ser cada uno de ellos director manifiesto u oculto de una de las partes litigantes, y a la vez que acusador o defensor de alguna de ellas, acaso coautor o inspirador del fallo. Esto aparte de que se ven colocados sobre sus demás compañeros en condiciones tan ventajosas, que implican a las veces irritante desigualdad en los medios de defensa que unos y otros han de utilizar, siendo conocidos y poseídos por aquéllos de antemano, con ocasión de las funciones públicas que desempeñan. Por razones, pues, de alta moralidad y estricta justicia, entiende este Colegio que son, o deben ser, los índices cargos absolutamente incompatibles con el ejercicio de la abogacía, el cual ha de aparecer siempre digno apartado de toda función oficial y ajeno a sospecha, aun remota, de parcialidad o provejeración.

Desde luego, el Diputado que suscribe le parecen acertadas y aceptables, suscribiéndolas por su parte en principio, todas las consideraciones que el Colegio de Lérida aduce en la instancia respecto de la incompatibilidad que debe existir entre el ejercicio de la abogacía y el desempeño de determinados cargos, como los de Notarios, Registradores de la propiedad, Abogados del Estado, Abogados fiscales sustitutos, Administradores y demás Jefes de Hacienda y Secretarios de Ayuntamientos de capitales de provincia y de las Diputaciones.

No obstante, se permite llamar la atención de la Junta acerca de la necesidad de que esta regla general de incompatibilidad sea condicionada, para que no se incurra en el extremo contrario. Si es un hecho que donde existe Colegio de Abogados o donde ejerce la profesión más de un Letrado la concurrencia de los Notarios y Registradores trae aparejado para nuestros compañeros el perjuicio consiguiente, y pueden producirse esas razones de alta moralidad o estricta justicia que aconsejan la incompatibilidad del cargo y del ejercicio de la abogacía, no es menos cierto que hay Juzgados rurales en los que el Notario y el Registrador, por no existir más letreados, tienen que actuar necesariamente. Esta debe ser una excepción del precepto, si llega a implantarse, tan lógica y tan justa como la regla prohibitiva.

(Se continuará.)

Los Abogados de París durante la guerra

(Artículo escrito para «América Latina», por el eminente Abogado francés Maître Charles Chenu, antiguo jefe (Bâtonnier) de los Abogados de la capital de Francia.)

El año judicial de 1914 se había terminado malamente, entre la agitación, el tumulto y el escándalo. Un proceso criminal había encendido los ánimos. El Tribunal d'assises había estado a punto de convertirse en campo de batalla. A la hora del veredicto, los dos partidos contendientes se habían enfrentado. Las pa-