El Foro español (Madrid. 1898) (1918-01-15 00:00:00), página 9

José López Soro, Secretario de la Audiencia de Jaén.
A Juez de primera instancia de Frechilla, a D. Federico Collado Arce, aspirante núm. 146.
A Juez de primera instancia de Arzúa, a D. Buenaventura Guillén Ibáñez, aspirante núm. 147.

A cerrar ese portillo, señor Ministro

Para el Excmo. Sr. D. Joaquín Fernández Prida.

Con el fin de colar en la carrera judicial de una manera cómoda, rápida y graciosamente a D. Manuel Ciudad Villalón, hijo del entonces Presidente de Sala del Tribunal Supremo, hoy Presidente del mismo, D. José Ciudad Auriolos, el Presidente del Consejo de Ministros, señor Conde de Romanones, nombró al D. Manuel Oficial del Tribunal Metropolitano de las Ordenes Militares, y a continuación dictó un Real decreto con fecha 22 de Mayo de 1916, en el que bajo el pretexto de determinar las funciones de dicho Tribunal, dejó deslizar en el art. 7.º estas palabras: «Los Oficiales del Tribunal Metropolitano, si fueren Letrados, tendrán la consideración de Secretarios de Audiencia provincial».

Al amparo de esta donosísima asimilación, el señor Ciudad Villalón fue incluido en el escalafón de Secretarios de Audiencia provincial, y con fecha 1.º de Junio del corriente año fué nombrado por el Ministro Sr. Ruiz Valarino, Secretario efectivo de la Audiencia de Santander, y ya se está gestionando que dicho señor sea nombrado Juez de primera instancia.

En previsión de ello, dado nuestro quijotesco espíritu de amor a las leyes y a la moralidad, y aprovechando la circunstancia de hallarnos en una época de austeridad y de justicia, nos permitimos llamar la atención del Sr. Fernández Prida, que goza en la opinión pública fama de recto, a fin de que no preste su colaboración a las martingalas que se están poniendo en juego para sortear reiteradas disposiciones legales en que se prohiben terminantemente los nombramientos por los turnos de favor en la carrera judicial, y si llega el caso de que le pongan a la firma el nombramiento de Juez de primera instancia a favor del señor Villalón, se niegue a autorizarlo teniendo presente aquel elemental principio de Derecho de que: «lo que es nulo en su origen no puede convalecer con el tiempo».

Consulte el Sr. Prida los Reales decretos de 22 de Diciembre de 1902, 30 de Julio de 1904, 28 de Marzo de 1904, 18 de Mayo de 1905, 5 de Febrero de 1906, 14 de Marzo de 1907, 15 de Noviembre de 1909, 7 de Octubre de 1910, 20 de Junio de 1912, 30 de Marzo de 1915 y las Reales órdenes de 24 de Enero de 1905 y 22 de Julio de 1912.

El Ministro de Gracia y Justicia, D. Eduardo Dato, en la Exposición del Real decreto redactor de la clase judicial de 22 de Diciembre de 1902 dice:
«Dejan las leyes amplio campo a la libertad ministerial en los diferentes turnos establecidos para el ingreso y ascenso en la carrera judicial, y aunque el móvil de todas ellas ha sido sin duda recompensar los méritos, otros han sido los efectos. El uso de los turnos de libre elección, dando origen a rápidas carreras, ha ocasionado injustificadas posteraciones, acostumbrando a funcionarios cuya constante norma de vida debe ser el Derecho, a esperar del favor adelantos en la carrera, que sólo debieran emanar de los servicios. Urgé modificar semejante estado de cosas, separando de la Administración de justicia las influencias de la política y robusteciendo la independencia de los Jueces y Tribunales. A tal fin se suprimen los turnos de elección, sustituyéndolos por la aplicación constante del principio de antigüedad, y se suprime también el cuarto turno de ingreso en la carrera judicial, de cuyo uso excesivo da idea el hecho de quedar todavía sin colocar 18 aspirantes a la Judicatura de las oposiciones de 1890 y 80 funcionarios procedentes de los Tribunales de Ultramar.»

El Ministro de Gracia y Justicia, Sr. Sánchez de Toca, en la Exposición del Real decreto de 30 de Julio de 1904, sobre asimilaciones, dice:
«La ley Orgánica del Poder judicial, en la décima de sus disposiciones transitorias, reitera con explícita insistencia la prohibición contenida en el art. 6.º y establece que los empleos del Ministerio de Gracia y Justicia no darán opción ni derecho para ingresar ni ascender en la carrera judicial. Este principio se ratificó por la ley Adicional de 14 de Octubre de 1882. El art. 14 de la ley de 19 de Agosto de 1885 prescribió también que los funcionarios que desempeñan cargos en el Ministerio de Gracia y Justicia no puedan aspirar a ser incluidos en las carreras judicial y fiscal si no procedían de ellas. Inspirado en este mismo espíritu, el Real decreto de 16 de Julio de 1892, en su art. 11, ordenó que no se reconocerían desde entonces, por medidas de carácter general ni por declaraciones en casos particulares, asimilaciones a las categorías y clases de la Judicatura y Ministerio fiscal que no se hallen concedidas taxativamente por una ley expresa. Por último, la base 9.ª del art. 17 de la ley de 21 de Marzo de 1900 declaró que quedaba suprimida y sin efecto toda asimilación de los cargos administrativos, de cualquiera clase que sean, con los cargos de la jerarquía judicial. A pesar de la expresiva claridad y terminante rigor prohibitivo de tales preceptos legales, cuya vigencia es indudable, ya que no han sido derogados por otra ley posterior, se han dictado en contradicción con ellos multitud de disposiciones gubernativas otorgando asimilaciones a cargos de las carreras judicial y fiscal, ya con carácter de generalidad en beneficio de una clase, ya como concesión de privilegios particulares y hasta individuales. En estricta legalidad, estas situaciones antílegales se solucionaban aplicando la regla jurídica de que las resoluciones gubernativas o reglamentarias dictadas contra los preceptos legales son ineficaces para derogar las leyes, según la constante jurisprudencia del Tribunal Supremo y el texto