El Foro español (Madrid. 1898) (1916-09-30 00:00:00), página 8

menoscabo de sus sagrados principios, única manera de que la justicia al ser aplicada resulte igual para todos. El proyecto, no sólo especifica las condiciones que para ser jurados habrán de concurrir en los ciudadanos llamados a esa función, sea en concepto de capacidades o en el de cabeza de familia, determinando así las reglas de inclusión en las listas, sino que encomienda la formación de ellas a la Dirección del Instituto Geográfico y Estadístico, buscando para los fines de generalidad de la inclusión todas las posibles garantías de acierto. La designación de los jurados que hayan de actuar se hará luego con esas listas por las Salas o Juntas de gobierno de las Audiencias respectivas, con asistencia de los Diputados provinciales de los distintos partidos o demarcaciones, atemperándose para ello a procedimiento adecuado en el sentido de mejorar el personal que ha de juzgar los delitos encomendados a sus atribuciones. La competencia se determinará por la calificación más grave que sostengan las partes acusadoras, y en todo caso se estará a la que forme el Ministerio fiscal, sin perjuicio del recurso de casación.

Que la dilatada vigencia de nuestra ley de Enjuiciamiento civil afirma la legitimidad de un Código no cabe dudarlo; pero que en la aplicación de sus reglas de procedimiento somete a los litigantes a una abusiva, defectuosa y poco equilibrada administración de justicia es fuerza reconocerlo también. Su lentitud en la tramitación eterniza los debates judiciales con manifiesto menoscabo para los derechos e intereses que pueden ser objeto de controversia. Claro es que la constante crítica negativa de que viene siendo objeto nuestra ley de enjuiciar no es remedio adecuado a sus males; no basta ponderar éstos si de su estudio no se derivan soluciones que impliquen una reforma eficaz y la evitación, mediante el remedio oportuno y directo, de esos grandes males. Y aunque la labor de exocitar los medios y procedimientos adecuados para escapar a la paratardía de este estado de cosas pueda sugerir el temor de suscitar en algún punto contrarios pareceres, no se ha vacilado por ello en intentarla ni dejará de procurarse el conducirla a su acabado término; que en todas las épocas el interés general se ha conseguido prescindiendo, en aquello que con él no concuerden, de los criterios individuales, inspirados frecuentemente en las sugestiones del interés particular, contra el cual tiene que protestar, siempre que se manifieste, el espíritu de justicia, general patrimonio de todos.

Remedio que con absoluta uniformidad proclama la opinión pública es la necesidad de que la nueva ley se inspire en la economía del tiempo y de los gastos. Sin esta primordial enmienda no se avanzaría un solo paso en la reforma de la ley. Es una de las causas del mal que apuntamos, origen de dilaciones y dispensos, la de retrasar la notificación de las resoluciones judiciales y permitir actuaciones superfluas. Persuadidos estamos de lo difícil que es conseguir el remedio de este grave mal cuando se estudian y ponen en práctica subterfugios de toda índole para burlar en la realidad las disposiciones de las leyes de procedimiento; pero como los preceptos de la ley van acompañados de una justa sanción penal, cuya aplicación está encomendada a la facultad exclusiva de los juzgadores, mucho puede contribuir el prudente empleo de ese instrumento coercitivo para corregir los abusos y atajar corruptelas que se opongan al cumplimiento exacto de los deberes procesales.

No es menor el desorden de procedimiento que, tanto por malicia como por confabulación convencional de la representación de las partes contendientes, se observa durante la substanciación de los juicios, sobre todo cuando se trata de peticiones de prórrogas, de apremios u otras análogas. Por esto y por economizar gastos, conviene excusar escritos y sucesivas actuaciones inútiles, tan abundantes ahora, bastando que la petición se haga constar por diligencia «apud acta».

No se necesita, realmente, de otra formalidad para que los Tribunales defieran a la concesión de un plazo prorrogable cuando sea legalmente posible la ampliación del término, ya que no hay que olvidar que no todos los que las leyes establecen son de idéntica naturaleza. Y tampoco se desatienden las exigencias de la opinión, ansiosa de evitar dilaciones innecesarias en los debates, excusando asimismo tanto los despachos auxiliares que, con más celeridad i pueden muy bien efectuarse ante Notario público, como las notificaciones, citaciones, requerimientos y emplazamientos que haya necesidad de practicar en la substanciación de los negocios judiciales. Importa también en estas contiendas, sean principales o incidentales, no sólo suprimir los traslados escritos en los recursos contra providencias y autos, al mismo efecto de la prontitud mediante comparecencias verbales, sino regularizar las recusaciones para que no entorpezcan, como ahora, el curso de los asuntos en que se promuevan. No porque se tramiten separadamente dejarán de estimarse si son justas; novedad ésta que en el terreno de la conveniencia honrará la autoridad del juzgador, a la vez que ha de redundar en provecho de los litigantes y del interés público.

Sin discutir la institución del arbitraje en los juicios ni poner reparos a su eficacia sustancial, ya que su remota antigüedad le otorga en nuestro derecho cierta respetable sustantividad, creemos, no obstante, que por lo que afecta al orden del procedimiento basta con que en el nuevo proyecto de ley figure sólo el juicio de amigables componedores, en el cual, sin sujeción a formas legales y sólo con arreglo a su leal saber y entender puedan los Jueces de buena fe, como lo hacía el Pretor romano, entender y fallar fuera del derecho estricto, atemperándose a los dictados de la razón y de la equidad. Sin ese carácter el arbitraje, puede asegurarse de él que en el desarrollo de su actuación no hay asomo de economía en los gastos, porque viene a constituir un verdadero juicio, casi el mismo que, con todas las garantías, decide el Tribunal competente, en cuya autoridad se sustituyen los árbitros. Para evitar los litigios basta, como producto de la convención vo-