El Foro español (Madrid. 1898) (1917-02-28 00:00:00), página 11

por la comisión; en su virtud, y dada la anterior doctrina, no puede menos de calificarse dicha ciudad como punto del cumplimiento de la obligación del pago de esta comisión, que si es o no debida, constituirá la cuestión de fondo, y ya que se reclama ante nuestra jurisdicción consular con atribuciones para conocer del juicio cual si se tratara de un Juez del territorio español, es, de consiguiente, aplicable, en defecto de sumisión y de pacto en contrario, la regla I.ª del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil.

Préstamo usurario.—Sentencia de 8 de Febrero. (Gaceta de 28 de Noviembre de 1913.)—Declaró que la restitución de un capital prestado para el desarrollo de una industria, y para cuya restitución se concedió al prestatario un término al efecto preestablecido en el contrato, siquiera se hubiese fijado en él como compensación de la cantidad prestada el interés de un 12 por 100, no puede menos de reputarse tal caso perfectamente lícito y exigible, pues de interpretarse de simple mutuo, se originaría en la vida social un verdadero trastorno frente a las colocaciones formales de capitales retribuidos:

Que el previo acuerdo entre mutuante y mutuario de establecer un préstamo con el intento de dar mayor impulso a una industria, produce, por su finalidad, una convención completamente distinta de aquellas otras que, con buen acuerdo, reúne la ley de Usura para castigar acciones provenientes de actos injustos y pactos inmorales empleados por prestamistas que, al acecho de una necesidad sentida y de inmediato remedio, reparan poco para burlar la pena represiva establecida en la misma, en fingir las más de las veces uno o varios títulos de aparente realidad legal, al efecto de obtener por esos procedimientos tortuosos mayor cantidad de la que realmente entregan al deudor;

Y por lo expuesto, que la Sala sentenciadora, al declarar que un contrato de préstamo de la índole expuesta no contiene vicio alguno que lo invalide y haga ineficaz, obra con acierto en su resolución, sin infringir disposición alguna legal ni cometer errores de hecho ni de derecho.

Arendamiento.—Desahucio.—Sentencia de 14 de Febrero. (Gacetas de 29 y 30 de Noviembre de 1913.)—Resuelve que, limitándose la cuestión a resolver si el actor en un juicio de desahucio es dueño de la finca objeto del mismo, y el desahuciado arrendatario o poseedor en precario, ambos extremos no pueden ofrecer duda al juzgador si aparecen evidenciados por la escritura pública de compraventa a favor del demandante, por otra de arrendamiento y por las anotaciones de altas y bajas en el amparamiento, producidas muchas de ellas por los mismos colonos y por el pago de las contribuciones;

Y que al decretar el desahucio en tales condiciones, no se infringe, por aplicación indebida, el artículo 1.564 de la ley Procesal en relación con los 430, 445, 410, 1.462, 440 y 436 del Código civil, ni se incurre en error de derecho en la apreciación de las pruebas.

Terceria de dominio.—Eficacia de los contratos.—Sentencia de 14 de Febrero. (Gaceta de 30 de Noviembre de 1913.)—Declaró que, según doctrina repetidamente establecida por el Tribunal Supremo, la prescripción del art. 1.279 del Código, no desvirtúa en nada la fuerza obligatoria de los pactos que las partes celebren, cualquiera que sea la forma en que lo hagan ni, por tanto, su plena eficacia, siempre que en ellos concurren las condiciones esenciales para su validez, conforme preceptúa el 1.278, y que el estado de derecho creado al amparo de estas disposiciones legales, necesariamente ha de respetarse por quienes no intervinieron en ellos, a menos que, a tenor de lo previsto en el art. 34 de la ley Hipotecaria, estos extraños no funden su acción en un contrato por título oneroso que constituya a su favor un derecho real sobre el mismo inmueble, y que haya sido inscrito en el Registro;

Y que la Sala sentenciadora, al desestimar una tercera de dominio en razón a que el contrato de compraventa de un inmueble realizado entre el tercerista y el ejecutado, al no haberse inscrito, ni siquiera consignado en escritura pública, no puede perjudicar al ejecutante, a cuya instancia se traba el embargo de aquél, infringe los anteriores preceptos, cuando a pesar de todo ella misma reconoce la existencia de tal contrato de compraventa sin negarle ninguno de los requisitos necesarios para su validez, máxime si el título del ejecutante, que tampoco fue inscrito, no constituye un derecho real sobre la finca embargada, sino que dimana de un crédito personal por completo ajeno a la misma, olvidando, además, que su anotación preventiva en el supuesto de que se haya tomado razón de ella, como dirigida únicamente a garantizar las consecuencias del juicio, no altera, por su carácter provisional y transitorio, la naturaleza de la obligación, cuyo cumplimiento reclama, ni obsta, por tanto, al dominio del inmueble previamente adquirido por el tercerista a virtud del citado contrato.

Daños y perjuicios.—Competencia.—Acción personal.—Sentencia de 21 de Febrero. (Gaceta de 30 de Noviembre de 1913.)—Consigna que ejercitándose en un juicio la acción personal para la indemnización de los daños y perjuicios que se suponen irrogados por una locomotora de cierta Compañía ferroviaria, aunque la obligación de repararlos se rija por los preceptos del capítulo II, título XVI del libro 4.º del Código civil, no se encuentra entre éstos disposición alguna referente al lugar en que esta clase de obligaciones extracontractuales debe cumplirse, y, por tanto, a tenor de la jurisprudencia reiterada del Tribunal Supremo ha de estar a la regla general comprendida en el párrafo 3.º del art. 1.171 de dicho Código, según el cual el pago, cuando no se tuviere designado al constituir la obligación, debe realizarse en el domicilio del presunto deudor.

Competencia.—Compraventa.—Acción personal.—Sentencia de 21 de Febrero. (Gacetas de 30 de Noviembre y 3 de Diciembre de 1913.)—Resuelve que negándose por el demandado la existencia de todo vínculo jurídico con el actor y hasta su estancia en la ciudad, donde se supone directamente entregadas las cosas, cuyo precio se le reclama, y no presentándose principio alguno de prueba preconstituida, es visto que se está en el caso del párrafo 3.º del art. 1.171 del Código civil, según el que, el pago reclamado habrá de verificarse, en su caso, en el domicilio del deudor;

Y en su consecuencia, que de conformidad a la regla 1.ª del art. 62 de la ley Procesal, debe conocer del actual juicio el Tribunal del fuero del demandado, puesto que no hubo sumisión ni aparece pacto en contrario, por ser aquél el del lugar en que la supuesta obligación debe cumplirse.