El Foro español (Madrid. 1898) (1915-10-10 00:00:00), página 4

ca de Costa Rica, es muy interesante y tiene su importancia especial. En Septiembre de 1912 desembarcaron marinos americanos en Nicaragua a fin de restablecer el orden; Bermúdez era un emigrado político nicaragüense, residente en Costa Rica; él y otros refugiados organizaron una expedición en Costa Rica dirigida contra el Gobierno de la República de Nicaragua, la cual fracasó. Bermúdez pretendió gozar de nuevo asilo en Costa Rica, pero una orden del Presidente de aquel país le negó la entrada; con este motivo instauró demanda contra el Gobierno de la República de Costa Rica ante la Corte Centroamericana de Justicia, alegando su derecho para regresar al país, de acuerdo con las previsiones del Tratado de Washington. El expediente de este proceso iniciado en Diciembre de 1913, está repleto de cuestiones legales del mayor interés, las cuales se tratan con marcada habilidad en los escritos de la defensa y en la opinión de la Corte. El 7 de Abril de 1914, la Corte, por tres votos contra dos, resolvió que la orden del Presidente de Costa Rica negando la entrada al quejoso al país, era legal y que el Tratado de Washington no establecía la completa igualdad o identidad política de los ciudadanos de un país centroamericano en cada una de las otras Repúblicas, como lo alega el quejellante. Esta sentencia, dictada cuatro meses después de presentada la demanda, es otro ejemplo de notable rapidez en la administración de justicia, que debiera avergonzar a las Cortes de los Estados Unidos, donde las demoras de la ley son notorias.

Antes de concluir este estudio sobre el verdaderamente notable Tribunal Centroamericano no puedo menos que añadir una súplica para que su utilidad sea mayor, haciendo que su jurisdicción se extienda con la adhesión a ella de las otras Repúblicas de América, transformándola así en un verdadero Tribunal Pan-Americano para el juzgamiento de toda cuestión o controversia que surja entre las naciones del nuevo mundo. Un grande y notable templo construido en Colón o en Panamá en la línea que el Presidente Wilson llama tan felizmente «el nuevo centro de gravedad del mundo» y que acerque más las tres Américas hacia un centro común de interés material y unidad espiritual, debiera ser el más noble monumento á la colossal obra mecánica de América. El Canal de Panamá, abierto al tráfico pacífico del mundo y la Corte Pan-Americana dedicada á la paz de América, por medio de la justicia, sería la más noble inspiración para las futuras generaciones y la contribución perdurable de América al bienestar del mundo y á la gloria de Dios. Sobre el portal de ese templo debieran escupirse las palabras de oro del ex-Secretario Bryan, dirigidas á las naciones unidas de América: «Dios nos ha hecho vecinos; que la Justicia nos haga amigos.»

JOSEPH WHELESS.

El Juez debe ser recto sin rigidez; severo sin afectación; cumplidor de la Ley sin escrupulosidad de leguleyo, buscando el espíritu de ella que se acomode á la equidad, y despreciando el rigorismo de la letra que pudiera ser contrario á la justicia.

APERTURA DE TRIBUNALES

Discurso del señor Ministro.

(Continuación)

¿Quién no ha de reconocer ese individualismo radical y extremo al estudiar las instituciones políticas de esos pueblos? Gobernados por reyes, eran, sin embargo, considerados éstos como los primeros entre los iguales. Los padres de familia de cada aldea, de cada población, deciden en asamblea las cuestiones que afectan á su localidad, de cualquier orden que sean, sin consentir la ingenericia de ninguna otra autoridad o poder.

Sólo enajena el germano, en realidad, ante la subordinación necesaria, aquella parte de libertad de la que á él le place desprenderse.

Dictadas las leyes en las asambleas públicas de los jefes de familia, éstos no quedaban obligados á observar sino aquellas á las que hubiesen prestado su asentimiento, no á las que fueran promulgadas contra su voluntad.

Montesquieu asegura que en muchos de aquellos pueblos escogían los ciudadanos la ley por la que habían de ser gobernados, constituyendo esto una extensión de la ley personal; y aunque hay quien sostiene que la afirmación del autor del Espíritu de las Leyes no se halla comprobada, es lo cierto que existe una disposición de Luitprando para los lombardos, por la cual se exige á los contratantes que declaren por qué ley desean regirse. Además, ¿no coinciden los historiadores en lo que antes hemos expuesto de que sólo quedaban sujetos los jefes de familia á las leyes á que prestasen su asentimiento? Pues, ¿qué diferencia substancial hay entre esto y lo afirmado por Montesquieu?

¿No es también rigurosamente exacto que, muy entrados ya los siglos de la invasión, subsistía aún el derecho de los señores y vasallos de desligarse de la obediencia política con sólo declararlo previamente, pudiendo lícitamente, en virtud de ese derecho, combatir á su misma patria y á los príncipes y magistrados á los cuales habían prestado antes pleito homenaje? ¿Y no envolvía ese derecho, expresión la más oruda y desearnada del individualismo, una consecuencia indeclinable de éste, la desaparición del concepto de patria, consecuencia que palpamos continuamente en la Edad Media, hasta que, al surgir la institución de la caballería, se percibe, con toda claridad, cómo el espíritu cristiano va encauzando y enfrentando los extravíos del individualismo de los bárbaros?

Es imposible concebir un conjunto como el derecho de aquellos pueblos, en que apareciese tan clara la admirable influencia de una idea presidiendo y ordenando las partes y encaminándolo todo al enaltecimiento y al predominio del individualismo, haciendo