El Foro español (Madrid. 1898) (1916-10-10 00:00:00), página 7

novedades de importancia y representa en todo lo demás y particularmente en el desarrollo aclaratorios de preceptos, aunque estatuidos, susceptibles de dudas en la práctica, un avance considerable a mi juicio en el camino de esa evolución beneficiosa.

Sin desconocer el progreso indudable de nuestro sistema de enjuiciar en relación con el procedimiento criminal, afirmamos desde luego que son necesarias en él modificaciones esenciales, si se ha de conseguir que el pensamiento del legislador, contenido en las afirmaciones de nuestro derecho sustantivo, sea mejor interpretado que lo fué hasta ahora, por falta de correspondencia unas veces entre esos preceptos y los adjetivos, y otras por originar éstos frecuentes dudas de comprensión e interpretación, que hay necesidad de que desaparezcan.

La primera reforma que requiere cuidado especial es la que tiene por objeto, siguiendo los propósitos encarnados, ampliar los preceptos relativos a las cuestiones prejudiciales que, por lo mismo que entran en excepciones de jurisdicción, envuelven una gravedad que transciende a las atribuciones de los Jueces y Tribunales del orden criminal, cuya autoridad, cuando no aparece limitada o suspendida, se subordina en absoluto, sin motivo justificado, a otras jurisdicciones. Este es un grave mal, sobre todo cuando se trata de los preceptos relativos a la validez impugnada de un matrimonio o al estado civil contradicho, que siempre deben referirse al Tribunal que ha de conocer de una y otro por razón de la materia. No se nos oculta la dificultad de establecer principios claros y precisos para conseguir que desaparezcan los inconvenientes que dificultan la marcha ordenada de la administración de justicia ante la confusión que producen, o las exigencias en las solicitudes a hacerse dueños de fueros extraños, o la apatía e indiferencia de quienes están en el caso de representarlos mejor, para que no se dé origen a conflictos inesperados que contribuyen, más que a mejorar el sistema, a provocar contiendas jurisdiccionales, ya que incluso la jurisprudencia está lejala sobre esta materia aparece contradictoria.

La segunda y también esencial reforma se relaciona con la creación de los Promotores fiscales. Muchas son las atribuciones que corresponden a este cargo. La ley adicional a la orgánica del Poder judicial consideró innecesaria la continuación de esa clase de funcionarios, suponiendo que el Juez podía por sí mismo instruir los procedimientos sumariales y hacer las veces de aquél; pero la experiencia desde entonces adquirida ha venido a demostrar que la celeridad de las causas no es igual a la que se imprimía a éstas con el concurso de los Promotores, y mucho menos en determinados asuntos, lo mismo contenciosos que de jurisdicción voluntaria, en que su intervención directa era una garantía, de suyo eficaz, para los intereses de personas inhabiles o incapacitadas sólo hoy confiados, cuando no a los Fiscales municipales, a los representantes del Ministerio público, simples Abogados que elige en su art. 51 la ley adicional, por cierto sin fe, sin entusiasmo, sin la diligencia que es necesaria para desempeñar su misión, porque la única esperanza que pudiera impulsarles al mejor deseo, aunque sigue escrita de hecho, suprimido como está el llamado cuarto turno, ninguna garantía les ofrece.

Aun suponiendo que los anteriores razonamientos no constituyeran motivos bastantes para ir derecho- mente a la modificación del sistema actual, todavía la necesidad de crear de nuevo los Promotores fiscales estaría demostrada con sólo recordar, pues así lo enseña la práctica, que estos funcionarios, encargados de sostener la jurisdicción real ordinaria, cum- daron siempre mucho de este importantísimo servicio en todos aquellos casos en que la veían inválida, singularmente por lo que hace a los Juzgados de partido judicial donde se ve casi olvidada, por no poder, no saber o no querer hacerlo quienes, como se ha dicho, vienen sustituyéndolos internamente. Ni siquiera el mantenimiento de la supresión proporciona mayores economías que la justifiquen; sumáense las cantidades invertidas que con motivo de las inspec- ciones de sumarios, harto frecuentes, se acuerdan en todas las Audiencias, obligando a salir de la respectiva capital a funcionarios del orden fiscal titulares, y una demostración numérica hará patente nuestra afirmación. Por algo el Gobierno, que se vio compelido a la supresión, cuidó de consignar al plan- tearla como fundamental excusa para lo porvenir, que en lo tocante a ella no tenía que hacer más que seguir el camino que entonces le habían trazado las bases de la Comisión de codificación y las discusiones de las Cortes.

Las demás variantes que habrá de contener la re- forma en la nueva ley que se proyecta, y que aun revistiendo importancia requieren más para su examen el desarrollo del articulado, armonizándose mal su exposición prolífica con la solemnidad de este momen- to, versan unas sobre la simplificación y brevedad del procedimiento, dando a ese efecto determinada interven- ión en el sumario a los inculpados y mayor eficacia al deber que la ley vigente impone al Ministerio fiscal; senden otras a la necesidad de establecer que el Juez instructor declare terminado el sumario des- de que se hayan reunido los elementos necesarios para acordar el sobreseimiento o hacer la calificación del delito, y a la de entrar desde luego en el juicio oral suprimiendo en la Audiencia trámites señalados en la práctica como embrujosos e inútiles y siguien- do esa misma tendencia, se simplifica con esas va- riantes la sustanciación de los recursos de casación, singularmente en lo tocante al período de admisión, que habrá de acodomarse a lo que establezca la ley de Enjuiciamiento civil en cuanto sea posible; se deter- mina que la ocupación y retención del cuerpo y efectos del delito y de las piezas de convicción, cuan- do aquéllos y éstas representen valor material y sean de lícito comercio, no causen al ofendido perjuicios innecesarios; y se establece, con relación a los Aboga- dos y Procuradores, que los que hubiesen aceptado el nombramiento hecho a su favor por los procesados, no podrán excusar ninguna de las obligaciones de la