El Foro español (Madrid. 1898) (1916-10-20 00:00:00), página 11

Pues bien; en la Fiscalía del Tribunal Supremo se da exactamente el mismo caso que se daba en las Audiencias de Madrid y Barcelona, y al que aquellas Cortes pusieron tan prudente remedio. Hoy los Abogados fiscales del Tribunal Supremo tienen inferior categoría que los Fiscales de las Audiencias de Madrid y Barcelona, y, sin embargo, por obligación, revisan, inspeccionan y aun censuran los actos de estos superiores suyos, y esta irregularidad puede llegar a mayores términos de agravación, cuando se dé la circunstancia, que no deja de ser frecuente, de que por enfermedad, ausencia o vacante del Teniente y del Fiscal, asuma uno de los Abogados fiscales la jefatura del Ministerio público, pasando entonces a ejercer jurisdicción disciplinaria sobre sus superiores jerárquicos los Fiscales de Madrid y Barcelona, a los cuales puede llegar a imponer el debido apercibimiento, todo lo cual resulta tan anómalo y perjudicial, que no he de seguir mi argumentación, convencido de que V. E. en su elevado criterio, ha de hacer que inmediatamente cese, en interés del servicio público y de la buena organización del Ministerio fiscal, semejante anomalía, otorgando a los Abogados fiscales del Tribunal Supremo la categoría, por lo menos, de Fiscales de la Audiencia de Madrid y Barcelona, y la de Magistrado del Tribunal Supremo al Teniente fiscal del mismo.

Por entender que he cumplido con el deber impuesto por la ley, que no exige al Fiscal del Tribunal Supremo el estudio y desarrollo en esta Memoria de arduos problemas jurídicos, que, por otra parte, mi incompetencia no me autorizaría a tratar, voy a poner fin a este trabajo, en el que sin brillantez, pero con sinceridad, expongo cuál es, a mi entender, el estado de la administración de justicia, las reformas más convenientes para su mejor servicio y las instrucciones más importantes dadas a los Fiscales; pero no he de terminar sin hacer patente mi profundo reconocimiento por la singular bondad de S. M. el Rey, acogiéndolo benévolamente la propuesta que de mi nombramiento le hizo su Gobierno, a quien debo honor tan inmerecido.

La jefatura del Ministerio fiscal es para mí la más alta investidura con que pudiera honrarme; pero por ello supone la constante preocupación de mi espíritu, considerando la distancia que separa a lo que ella representa de la modestia de mis condiciones personales.

No son la de promover la acción de la justicia en cuanto concierne al interés público, ni la representación del Gobierno en sus relaciones con el poder judicial, las actuaciones encomendadas por la ley al Ministerio fiscal, que más preocupan al que tiene el honor de suscribir esta Memoria; para él, es la misión esencial que como Jefe del Ministerio público le incumbe, la de velar por la observancia de la ley provisional y las demás que se refieren a la organización judicial, pues si en todos los órdenes es la confusión de poderes el peligro que más constantemente amenaza a cualquier clase de organización, es, en lo judicial, de absoluta necesidad impedir toda intrusión de cualquier otro poder, y cuando se puede acusar la existencia de acuerdos ministeriales que, ya de un modo directo, o a título de aclarar disposiciones legales, de hecho modifican, o por lo menos rozan, terminantes preceptos de las leyes orgánicas de los Tribunales, faltaría a mi deber si, con todas las salvedades de respeto, no llamase sobre ello la elevada atención de V. E.

Por lo recientes y por la gravedad que encierran, me he de permitir referirme especialmente a dos de esta clase de disposiciones. Es una, aquella en virtud de la cual se pretende mermar a los Fiscales de las Audiencias atribuciones a ellos conferidas por la ley, y es la otra una que, a juicio del que suscribe, es de mayor gravedad que poda dictarse, atentar directamente a lo que constituye el nervio de la condición más necesaria para la independencia del Poder judicial. Me refiero a aquella última disposición ministerial por la que se establecían nuevas incompatibilidades para los funcionarios judiciales. Cuando se presentó en las Cortes el proyecto de la ley provisional sobre organización judicial, puede decirse que casi el único tema sobre que versó la discusión, fue el de la inamovilidad, precisamente por entenderse entonces, como se entiende ahora, y siempre se ha entendido, que era ésta la condición sine qua non para que los Jueces y Magistrados pudieran ejercer la augusta misión a ellos encomendada, y consecuente con este criterio de todos, la vigente Constitución de la Monarquía dispone en su art. 80: "... que los Magistrados y Jueces serán inamovibles y no podrán ser depuestos, suspendidos ni trasladados, sino en los casos y en la forma que prescribe la ley Orgánica de los Tribunales..."; es decir, que a aquellos sabios legisladores no les bastaba que cualquiera otra ley fijara causas nuevas de traslación, sino que tomando las garantías que su prudente recelo les aconsejaba, esas causas habían de ser para ellos fijadas exclusivamente por la ley Orgánica de Tribunales. Basta lo dicho para considerar la gravedad que encierra la disposición a que me vengo refiriendo, pues no ya por una ley, sino por decreto, se establece lo que con tanto cuidado se quería evitar.

Para poner término a esta irregular legislación en materia tan delicada, remedio único y radical sería una disposición de carácter general, derogando todas aquellas otras que no siendo legislativas modificasen las leyes orgánicas del Poder judicial y sucesional.

Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid, 15 de Septiembre de 1916.—Excmo. Sr.: Avelino Montero Ríos y Villegas.—Excelentísimo señor Ministro de Gracia y Justicia.

El Juez debe ser recto sin rigidez; severo sin afectación; cumplidor de la Ley sin escrupulosidad de legalcyo, buscando el espíritu de ella que se acomode a la equidad, y despreciando el rigortismo de la letra que pudiera ser contrario á la justicia.