El Foro español (Madrid. 1898) (1916-09-30 00:00:00), página 10

dinario en que habrá de desarrollarse la única instancia se sustanciará ante las Audiencias, si la cuantía de las demandas excede de 5.000 pesetas o si es indeterminada, con arreglo a las normas que fijará la ley, la cuantía litigiosa, y asimismo estará encomendado a las Audiencias el conocimiento de las demandas que versen sobre derechos personales u honoríficos o se refieran al estado civil de las personas. Consecuencia de este profundo cambio en la organización procesal, habrá de ser la reducción del debate escrito a la demanda y a la contestación, sin que sean admisibles otras excepciones que las de incompetencia de jurisdicción, falta de reclamación previa en la vía gubernativa, cuando la acción se dirija contra el Estado, y la de litis pendentia, cuyas excepciones, sin embargo, no podrán alegarse en los escritos de contestación, sino que se aducirán en artículos de previo pronunciamiento para evitar, ya que es este uno de los fines principalísimos de la reforma, los cuantiosos dispéndios judiciales, superiores en muchos casos al interés obtenido, merced a corruptelas capaces de defraudar, si de una vez no se les pone término, la efectividad de todo legítimo derecho. Y como el objeto primario de la única instancia no se conseguiría si hubieran de subsistir en idéntica forma los mismos medios de justificar la verdad controvertida establecidos por la vigente ley de Enjuiciamiento, ni responderían esas modalidades de la prueba a la naturaleza e índole especial del nuevo juicio que se instituye, quitando espacio a su inherente oralidad, se ha creído de inexcusable precisión para el logro de los propósitos que venimos exponiendo y razonando someramente, que las diligencias probatorias se practiquen en Audiencia pública ante el Magistrado ponente y en el lugar del juicio; y que cuando ello no sea posible, se efectúen esas diligencias de prueba por medio de órdenes y comisiones auxiliatorias dirigidas á los respectivos Jueces. Como reflejo de la publicidad probatoria, una vez formado el apuntamiento por el Secretario, podrán las partes instruirse, utilizando el término común que se les señale, y el juicio quedará así concluso y pendiente de señalamiento para vista. Esta vista, en pleitos sobre cuentas, liquidaciones o asuntos muy complejos, podrá, a instancia de parte, ser sustituida por alegaciones impresas.

No alcanza la innovación que nos ocupa al conocimiento y tramitación de otros asuntos a que no se refiere especialmente y que se resolverán en juicio declarativo de menor cuantía ante los Jueces de partido, con apelación ante la Audiencia provincial, pero limita el recurso de casación a los casos de quebrantamiento de las formas esenciales del juicio y mantiene una reducción de la mitad del tiempo en la casi totalidad de los trámites, comparativamente con el juicio ordinario, todo ello obedeciendo al esencial propósito de armonizar la realidad efectiva de las garantías del procedimiento con el noble ideal de procurar una administración de justicia pronta y poco costosa.

Pecaría, además, de incoherencia, por no decir de contradicción, en el desarrollo de la reforma, si dejara ésta de responder a la justificada alarma a que da frecuentemente margen la prolongada y confusa tramitación actual en orden al juicio de abintestato, liquidación y división de sucesiones universales, convocatoria y celebración de juntas de interesados, para acordar sobre la custodia y administración del caudal, formación de inventario con intervención de algunos de aquéllos, forma de designarse los Contadores cuando no lo hubiese hecho el testador, presentación en un plazo del proyecto de las operaciones participacionales, deliberación de acreedores sobre quita o espera, declaraciones del estado de concurso que, con apelación a la Audiencia provincial, corresponderán al Juzgado de partido y actuaciones esenciales del juicio universal hasta llegar a la aprobación, enmienda o desaprobación del convenio. Toda esta materia exige en la articulación de la reforma la adopción de criterios terminantes y estrictos, traducidos en preceptos escuetos que no den margen a confusión ni interpretaciones, si se han de remediar los vicios de procedimiento derivados de una constante práctica de corruptelas, que en ningún título de la ley culminan como en éste, y si han de subsanarse omisiones preventivas de importancia, imposibilitando el ejercicio de ese cúmulo de habilidades inventadas para amortizar diligencias costosísimas que difieren además casi siempre para un tiempo muy difícil de predecir la terminación de los juicios.

En punto a la suspensión de pagos de los comerciantes y sus efectos, materia de bastante transcendencia, el proyecto desenvolverá el procedimiento adecuado para cuando el comerciante, aunque posea bienes bastantes con que satisfacer sus obligaciones, estime que le ha de ser difícil, si no imposible, verificarlo. Su tramitación se acogerá a las disposiciones de la ley de 20 de Diciembre de 1914, en todos los casos en que se trate de suspensiones de pagos de las Compañías o Empresas de ferrocarriles y demás obras de servicio público general, provincial o municipal, definidas por el art. 930 del Código de Comercio. En cuanto a los comerciantes, en la acepción genérica de esta palabra, y a las demás Sociedades mercantiles, no hay razón que justifique la modificación de los preceptos que regulan el procedimiento en su esencia; pero contribuirá la reforma, en particulares de detalle, a corregir prácticas abusivas, ofreciendo así a los litigantes una suprema garantía de la buena fe y del régimen de verdad y orden en que debe informarse el crédito comercial o mercantil. Otra novedad ofrece el proyecto, y es que las cuestiones suscitadas sobre validez, duración o caducidad del convenio entre deudor y acreedores, serán juzgadas en pleito civil ordinario por la Audiencia territorial. De las demás conocerá el Juzgado de partido con apelación ante la Audiencia provincial.

Viniendo ahora al examen de esa otra situación en que los deudores por desgracias inevitables, originadas en las fluctuaciones del comercio unas veces y otras por mala fe, con el propósito punible de defrau-