El Foro español (Madrid. 1898) (1916-05-20 00:00:00), página 7

Don Vicente José Sánchez Solá consignó en el juzgado la cantidad reclamada y otra prudencial para costas, solicitando a la vez reposición de la providencia que admitió la cuenta jurada y acordó el requerimiento, alegando en substancia que los honorarios habían sido devengados a instancia de parte pobre, y la obligación de obtener los honorarios al Letrado defensor de un asunto no podía imponerse al Procurador más que en el caso de que hubiese aceptado en concepto de rico, único en el que le correspondía el derecho de reclamar del cliente provisión de fondos, con arreglo al espíritu de los artículos 8.º y 11 de la ley Ritiaria, aplicables sólo a los pactos de rico, pues en los de pobre, en caso de triunfo, surgía la aplicación del 37 de la misma ley, doctrina sancionada en ambos conceptos por el Tribunal Supremo en sentencias de 29 de Octubre de 1892 y 19 de Mayo de 1890.

Sustanciado el recurso con oposición del Sr. Martínez Pajares, el Juzgado lo desestimó por auto, contra el cual interpuso D. Vicente José Sánchez Solá el recurso de casación por infracción de ley que el Tribunal Supremo admite, casando y anulando el auto recurrido, por los siguientes fundamentos:

Considerando que conforme preceptúa el art. 27 de la ley de Enjuiciamiento civil, se defenderá, desde luego, como pobre a todo el que solicite en forma la declaración de pobreza, nombrándosele de oficio si lo pidiera Abogado y Procurador, sin perjuicio de lo que se resuelva en definitiva; y constituyendo aquella forma en el caso de autos, la demanda que a nombre de su cliente formuló el Procurador recurrente, haciendo constar que aceptaba la representación en concepto de pobre, fórmula equivalente a la designación de oficio, ya que ella viene siendo suficiente a los Tribunales para admitir aquella representación sin necesidad de poder general ni especial para pleitos, en cuya demanda se pretenda la declaración de tal pobreza en sentido legal para el definitivo disfrute de los beneficios que aquella ley otorga para ejercitar en procedimiento adecuado las acciones de que se crean asistidos; como en esa demanda era indispensable, según se desprende de los términos y contenido del expresado art. 27 y de lo ordenado en el art. 1.º de la misma ley su autorización para que pudiera ser admitida con la firma de Letrado, quien en el noble ejercicio de su profesión era el llamado a radicarla con arreglo a derecho, es manifiesto que al consignar la suya en aquella demanda el Abogado recurrido ha de estimarse, mientras no se acredite pacto o estipulación en contrario con el litigante, que le designó en igual concepto de pobre y con las condiciones que la ley le impone, aceptó la defensa en juicio del que pretendía la pobreza con los beneficios consiguientes.

Considerando que es consecuencia de la premisa anteriormente establecida, la de que existiendo esa relación jurídica de estado de pobreza presunta entre el que la pretende con el Procurador su representante y el Abogado defensor por él designado, Procurador y Abogado que en ese concepto y con tal finalidad iniciaron el procedimiento, es visto que el Procurador no podía ejercitar el derecho que con relación al litigante rico autoriza el art. 7.º de la ley de trámites, para solicitar y obtener durante la sustanciación del pleito, en este caso del incidente de pobreza, habilitación de fondos necesarios para estimularlo; y siendo correlative ese derecho con la obligación que como mandatorio especial le impone el núm. 5.º del art. 5.º de la misma ley, de pagar, entre otros gastos, los honorarios del Abogado defensor, aunque haya sido designado por el podarante, no existiendo aquel derecho a la provisión de fondos, tampoco puede el Letrado ejercitar la acción privilegiada de jura de cuenta en procedimiento de apremio que le otorga contra el Procurador el art. 12 de la repetida ley ritiaria, como le está vedado hacerlo al Procurador para la efectividad de sus gastos y suplidos, entre ellos aquellos honorarios por el procedimiento establecido en el artículo 8.º de la misma, procedimientos especiales, consignados para cuando se trata de litigantes que lo hacen en concepto de rico, pero en modo alguno para el que inició las actuaciones como pobre, desde luego, por entrañarlo expresamente el art. 27 antes citado, y que sólo instó el incidente hasta que recayó sentencia denegatoria, pues revelaría una contradicción manifiesta el que a la persona que se dirige y defiende, desde luego, como pobre, y, por tanto, sin obligación de abonar los honorarios de su Letrado, conforme al número 2.º del art. 14 de la expresada ley, por presumir carece de recursos o medios para realizarlo, pudieran ser reclamados por acción especial y trámites rápidos en la persona de quien se subrogó en el lugar del presunto pobre y a quien esa presunción impide exigir de su representado provisión de fondos para atender a dicha reclamación:

Considerando que la exclusión de esos procedimientos privilegiados para hacer efectivos honorarios de Letrado y derechos y gastos del Procurador, cuando se trata de litigantes que lo han verificado en concepto de pobre y no han obtenido declaración favorable, se deduce lógica y claramente de los preceptos consignados en los artículos 31 y 32 de la ley de trámites, ya que siendo firme y estando condenado personalmente al pago de las costas, ha de practicarse su tasa, en la que se incluyen aquellos honorarios y derechos, según dispone el art. 423 de la misma, y ha declarado la jurisprudencia para hacerlos efectivos por la vía de apremio, dentro del cumplimiento de la ejecutoria; y aun en el caso de conseguir tal declaración de pobreza atendiendo a los preceptos de los artículos 36 y 37 de la propia ley, porque estableciendo el 36 que no se libre el litigante de la obligación de pagar las costas en que haya sido condenado si se le encuentran bienes en que hacerlas efectivas, y en el 37 que deberá pagar las causadas en su defensa, siempre que no excedan de la tercera parte de lo que en el pleito haya obtenido, es decir, en su responsabilidad personalísima y directa, sin que para nada se haga referencia a obligación impuesta al Procurador que le representara, pues éste, como ya queda razonado, hace relación tan sólo al litigante que lo veri-