El Foro español (Madrid. 1898) (1917-01-20 00:00:00), página 5

die que, siendo amante de la independencia judicial, no sea partidario de tal reforma.

SECRETARÍA DEL JUDICIAL

Siendo análogas las reformas propuestas, análogas son las razones en que se funda.

GABRIEL DE LA ESCOSURA,
Fiscal de Ciudad Real.
Alora, Julio 1915.

EN MÉRITOS DE JUSTICIA

La independencia del Poder judicial, elemento esencial y fundamental de la vida de la Justicia en la sociedad humana, requiere garantías y medios de defensa, de los que carecerán muchos funcionarios judiciales que no tengan carácter y energía para resistir y rechazar la presión de los caciques, mientras a éstos no se les prive absolutamente de toda intervención en los traslados y licencias de los funcionarios judiciales, pues la intervención de los caciques implica conexión respecto de los aludidos funcionarios públicos.

Decretada la inamovilidad de los funcionarios, aun resta al caciquismo un recurso que explotar en perjuicio de aquellos funcionarios, recurso que implica injusticia y concesión y consiste en la utilización del influjo político para llevar sus panaguados a las vacantes que más convengan a los intereses de protectores y protegidos, recomendantes y recomendados.

Surge la vacante de un Juzgado—de entrada, ascenso, término o de Madrid o Barcelona—de los en que se facilita subvención para casa o con motivo de residencia por cuenta del partido judicial o por la del Estado, y, no obstante lo que tal subvención significa, esto es, el aumento de sueldo con la consiguiente e importantísima trascendencia para el funciónario que no tiene otro medio de vida que su misérable sueldo, honrosamente ganado, para su sostenimiento y el de la familia que de él depende, no suele ser nombrado la inmensa mayoría de las veces, por culpa del caciquismo, el funcionario que más méritos justifique o el de más antigüedad en la carrera, sino aquel que cuente con más recomendaciones de personajes políticos.

Esto, en justicia, es injusto. ¡Tendrá toda la gracia que quiera, pero maldita la justicia! Es decir, que el funcionario que carece de influencias, de apoyos, de protector o de recomendaciones, se pasa la vida desterrado en las poblaciones peores por el número de habitantes, condiciones urbanas de la población, centros de enseñanza, medios de comunicación, salubridad, circunstancias climatológicas, etc., etc., mientras que los demás funcionarios que cuentan con algunos de los elementos aludidos, van a las poblaciones mejores. ¡Esta desigualdad es irritante!

Un Juez de ascenso es promovido y va, por ejemplo, a Soria, población culta y honorable, pero de las últimas capitales de España, en razón al reducido número de habitantes, exiguos medios de comunicación y durísimo clima. El Juez predicho desea salir de Soria por causa de las circunstancias apuntadas y porque no se le facilita subvención para casa. Quiere ir a otra población que le conviene más por el clima o por los mayores elementos de enseñanza o por los mejores medios de comunicación o por motivos de salud o por acercarse a su familia o a sus otros intereses o por más comodidad o por la subvención. Anela ser trasladado a Vigo o El Ferrol o Santander o San Sebastián o Valencia o Sevilla, etc., donde facilitan subvención. Lleva un año o más en Soria, esperando ser trasladado. Surge una de aquellas vacantes. La pide... y, efectivamente, se la da... a otro Juez que acaba de ascender. ¡El veterano, el pobre Juez de Soria, pobre en influencias, tiene que aguantarse en Soria, indebidamente postergado al novato que, quizá con menos méritos y que acaba de ser promovido, cuenta con más y más eficaces recomendaciones!

Y no disfruta de subvención, ni puede aprovecharse de las ventajas de las guarrías en las poblaciones donde hay más de un Juzgado, ni puede utilizar las demás ventajas que ofrecen otras poblaciones; mientras el otro, el panaguado goza de ellas, estableciéndose, injustamente, una diferencia entre los funcionarios, que los divide de dos castas completamente desiguales: los recomendados y favorecidos y los sin recomendación o sacrificados.

De esto no tienen la culpa los Ministros, que se limitan a ejecutar la ley, sino la deficiencia o injusticia de las disposiciones vigentes, que permiten a los políticos caciques actuar cerca de los Ministros y recabar de la facultad atributiva de éstos los nombramientos de personas que, la mayoría de las veces, no conocen los Ministros, por lo que aparece evidente la indudable conveniencia de que, en necesaria evitación de injusticia, se condicione severamente la traslación de los funcionarios—Jueces, Fiscales y Magistrados—fijando reglas precisas que determinen automáticamente la forma de acordarse las traslaciones por los Ministros, previos autorizados informes de los competentes y probos funcionarios técnicos del Ministerio, quienes, documental y moralmente, conocen lo bastante a los funcionarios de las carreras Judicial y Fiscal, para poder informar tan acertada e inteligentemente como lo verifican, cuando los señores Ministros se los reclaman, no obstante el asedio de los caciques políticos, siendo de considerar los importantes servicios que los ilustrados técnicos prestan a los demás funcionarios.

Se impone, pues, la necesidad de afianzar y garantizar la independencia de los funcionarios judiciales promulgando disposiciones que regulen taxativa y detalladamente la ineludible forma de proveer todas las vacantes. Así como también la manera de tramitar las licencias y prórrogas, pues se da el caso, extraordinariamente anómalo, de que los funcionarios judiciales, excepto los pocos que disfrutan vacaciones, no pueden usar oficialmente de licencia más que en caso de enfermedad, verdadera o simulada. ¡Como si tales funcionarios no tuvieran derecho al necesario descanso!