El Foro español (Madrid. 1898) (1916-11-20 00:00:00), página 5

mente mayores garantías de justificación, de corrección y de acierto.

»Y en contra de lo que puedan inducir a creer las reglas 4.a, 5.a y 6.a del art. 5.o de dicha ley, no está en las facultades de los Jueces de primera instancia o instrucción evitar ni aminaror siquiera tal inconveniente, pues ni conocen ni pueden conocer a todos los individuos de su partido aptos legalmente para ser nombrados Jueces o Adjuntos (o Fiscales), ni es probable que conozcan a los bastantes para cubrir esta necesidad, dado lo escaso del tiempo de desempeño de tales cargos, y muy especialmente la limitación que establece la regla 1.a del art. 11 en cuanto al nombramiento de Adjuntos, que prohibe que sean nombrados para tal cargo aquellas personas que ya lo fueron o fueron Jueces o Fiscales en el propio término municipal dentro de los cuatro años anteriores (exigencia de la necesidad por falta material de quienes supieran leer y escribir fué ya necesario en algunos Ayuntamientos prescindir al hacer los nombramientos de Adjuntos que habían de funcionar durante el año 1909; es decir, el siguiente al de la implantación de la ley); ni es probable que, respecto de los que conocen, puedan penetrar, en la mayoría de los casos, en sus inclinaciones políticas, sus simpatías personales, la solicitud de los mismos por razón de parentesco o de dependencia económica, o de prestación de servicios anteriores, etc., etc., y esto obliga a dichos Jueces de primera instancia o instrucción a asesorarse de otras personas, de cuyo criterio, de cuya sinceridad, de cuya honorabilidad y de cuya independencia sólo en casos muy excepcionales podrán estar plenamente seguros; y esto aparte de que, aun cuando los designados para desempeñar los cargos de Jueces, Adjuntos y Fiscales fuesen la honradez misma, en la mayoría de los casos les faltaría casi totalmente el otro elemento necesario para el buen ejercicio de las funciones augustas que se les encuadernaban: el debido conocimiento de las leyes.»

El Juzgado municipal, transformado en la mayoría de los casos en Juzgado de comarca judicial, entendiéndose por «comarca judicial» la reunión de varios términos municipales, formando el territorio jurisdiccional de un solo Juez, debe ser el primer peldaño de las escalas formadas por las categorías de las carreteras judicial, fiscal y del Secretariado judicial, sustituyendo en tal orden de cosas a los actuales Juzgados de entrada que, conservando esta denominación, y con capitalidad en las poblaciones en que hoy la tienen y con menor territorio que actualmente, desempeñarían las funciones mismas que vienen desempeñando, con las variaciones de que luego me ocuparé; al paso que los Juzgados municipales o de comarca judicial serían los encargados de hacer lo que en el día hacen los Juzgados que hoy llevan la primera de estas denominaciones, si bien con su esfera de acción muy ensanchada, no solamente por razón de su mayor territorialidad, sino también en el orden civil por lo referente a la cuantía litigiosa y en el penal por deber ser considerados como faltas muchos de los hechos punibles que hoy tienen la consideración jurídica de delitos de los comprendidos en los títulos V, VI, X, XIII y XIV del libro 2.o del Código penal.

Los Jueces municipales o de «comarca judicial» serían, por tanto, funcionarios del Estado pertenecientes a la carrera de la Judicatura; del mismo modo que los Fiscales y los Secretarios de los organismos por aquéllos regidos pertenecerían a las carreras del Ministerio fiscal y del Secretariado judicial, respectivamente.

¿No es indudable que tal modificación reportaría los beneficios de acercar la justicia al justiciable y al litigante, simplificar y abreviar los procedimientos, hacer más permanente la función de los juzgadores y dar a las resoluciones de éstos, a los dictámenes e informes de los Fiscales y a la intervención de los Secretarios en la marcha de los asuntos más garantías de sabiduría, de rectitud y de imparcialidad?

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5.a modificación. (Supresión de las Audiencias territoriales y creación de Salas de lo civil en todas las Audiencias provinciales.)

Decía el gran Costa que las condiciones que la justicia debía reunir para hallarse al alcance de todos eran las de «ser convencida del litigante, proceder sumariamente y costar poco».

Pues bien; de todo cuanto podría hacerse para facilitar el logro de estos tres ideales, poco tan eficaz como suprimir las Audiencias territoriales y crear Salas de lo civil en todas las Audiencias provinciales.

Con ello, la duración de las apelaciones interrumpidas contra las resoluciones dictadas en lo civil por los Jueces de partido se abreviaría notablemente, pues, indudablemente, es mucho menor el número de las apelaciones que pueden hacer de los Juzgados de una provincia que el de las que pueden surgir de los Juzgados de todo el territorio de una Audiencia de las que, actualmente, conocen de tales recursos. La provincia de España que tiene más partidos judiciales es la de Barcelona, que cuenta veintidós, y hay Audiencia territorial (la de Granada) cuya circunscripción abarca cincuenta y dos Juzgados de primera instancia.

Tal modificación abarataría también los gastos que los pleitos suelen imponer, pues si un litigante, que tiene su domicilio en Viana del Bollo, villa situada muy cerca de la línea divisoria de las provincias de Orense y Zamora, tiene necesidad de facilitar, verbalmente, ciertos datos, el Abogado encargado de su defensa, en apelación inter,uesta contra sentencia civil de primera instancia, puede hacerlo mucho más económicamente si, para ello, le es suficiente ir a Orense que si lo es preciso ir a La Coruña.

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6.a modificación. (Supresión de los Juzgados de instrucción y su sustitución por Juzgados de primera instancia en lo criminal.)

Esta reforma quizás parezca atrevida, no fijándose