El Foro español (Madrid. 1898) (1916-05-30 00:00:00), página 2

mismo expediente, que por el solo hecho de la contradicción se hace contencioso, y otro el del título XX del libro II de la misma ley, o sea los interdictos de retener y recobrar la posesión, únicos medios serios y eficaces de mantenimiento y reintegración del poseedor, que dentro de sus trámites concluyen por sentencia la cuestión de posesión, como hecho sin perjuicio del derecho a mejor posesión, que ha de ventilarse en el juicio de propiedad correspondiente.

La hipótesis establecida, que parece ser el supuesto legal, es la del siguiente caso práctico: A. adquiere por título legal inscrito la finca B., que posee materialmente G. hace más de un año, a título de dueño, arrendatario o por cualquier otra causa de tenencia legal; inscribe A. su título en el Registro y solicita la posesión judicial de la finca; el Magistrado, después de examinado el título del reclamante, interpone su autoridad y dicta el auto acordando la posesión judicial, que ya no será sin perjuicio de tercero de mejor derecho, sino absoluta, por lo dispuesto en el art. 41 de la ley Hipotecaria; A., acompañado de un Secretario y de un alguacil, va a la finca (supongamos sea rústica), y se verifica la ceremonia de posesión con toda solemnidad, la recorre en varias direcciones, arranca hierbas, etc., etc., y se notifica al tenedor G. esta toma de posesión; y si G. no sale voluntariamente del fundo, ya tiene A. expedido el juicio de hecho de la posesión, el interdicto, y considerado como poseedor, parte del supuesto de que G. le ha interrumpido violentamente en la posesión, y obtiene por sentencia interdictal que ya no tendrá el carácter de provisional el mantenimiento de la posesión tomada o la reintegración, caso de que G., insensible a las ceremonias verificadas, hubiese lanzado a A. del fundo judicialmente ocupado.

He aquí, por obra y gracia de la ley Hipotecaria, cambiado el concepto histórico de la posesión y de la protección posesoria; la posesión, ceremonia judicial que, comprendida en el libro III de la ley Ritiaria, no era más que un acto de jurisdicción voluntaria, ni significaba otra cosa que una solemne notificación a inquilinos, colonos o administradores y, en general, ocupantes de las fincas, de la existencia de un título en apariencia bueno, y el complemento y exteriorización de la tradición verificada al otorgamiento del documento que la sirve de base (en la generalidad de los casos), se sustituye a la posesión material de aquel que ocupa el fundo, quizá con intención de hacerle suyo; el concepto de agresión cambia; según el derecho histórico, sería el agresor el dueño del título inscrito si después de la posesión judicial realizará actos de violencia contra el tenedor entonces poseedor, y según el derecho actual, sería el agresor el tenedor que no se hubiese conformado con la pérdida de su posesión por un expediente en el que no ha sido oído; en el juicio interdictal sería, según nuestras leyes antiguas y aun en el Código civil, demandante el poseedor G., y caso de que A. hubiese realizado violencia, habría de ser reintegrado aquél en la posesión por el hecho tan sólo de la tenencia; según el derecho actual, sería demandado el mismo G. por no desalojar el predio merece a la protección posesoria del título inscrito; según nuestro derecho histórico, en el juicio de propiedad o mejor posesión, entablándose una acción reivindicatoria, sería el demandado G., y A. tendría que acreditar su mejor derecho sirviéndose de buena base en título inscrito en el derecho actual, resuelto por la ley que el título de A. es la expresión de un derecho absoluto, y la posesión judicial, la posesión real y efectiva, reuniéndose los caracteres de propietario y poseedor en una misma persona, no habría lugar a ninguna clase de juicio, y el interdictal a la consideración de juicio definitivo, y en último término G. tomaría el papel de demandante, pidiendo, conforme a lo dispuesto en el art. 24 de la ley Hipotecaria, la nulidad de la inscripción verificada, con todas las dificultades que la misma ley pone para cumplirla, entre ellas las del art. 23 de la misma, y, por fin, el inter ca dico del Pretor romano, que hasta el presente, a través de larga cadena de siglos, ha venido rigiendo, se convertiría, cambiado de nombre, en un procedimiento ejecutivo de reintegración o mantenimiento al servicio de una posesión que no tiene en sí el elemento primordial del corpus o tenencia, que hasta el derecho moderno y en nuestras leyes vigentes se considera como necesario para que la posesión pueda considerarse tal, todo en beneficio de una institución sin garantías reales y efectivas, no obstante las reformas estimables últimamente verificadas, siendo el resultado la derogación tácita del art. 430 del Código civil, impidiendo una posesión sin tenencia o una simple posesión que descanse sobre la base de una fórmula regulada por una ley adjetiva.

Y ahora que por la Dirección general de los Registros se exige a los Registradores una Memoria estudiando el art. 41 que examinamos, creemos de oportunidad dar nuestro humilde parecer sobre la cuestión planteadas, tratando los diferentes puntos que abarca separadamente, para juzgar en conjunto la obra de la ley, ya que la interpretación que de ella hemos hecho, nos parece ajustada a su letra y a su espíritu y en conformidad con las corrientes hipotecarias modernas sobre el valor que se quiere dar a la inscripción.

Hemos de tratar, separadamente, los puntos siguientes:

1.º Si conforme a la naturaleza de las cosas puede darse una posesión sin tenencia material y si esta tenencia puede ser suplida por una toma de posesión formal, mediante expediente en que no ha sido oído el poseedor.

2.º Si la institución Registro de la propiedad prescinde garantías suficientes para considerar verdadero propietario con carácter quasi absoluto al que tiene inscrita una finca.

3.º Si, aunque dichas condiciones se reuniesen, puede variarse de este modo nuestro derecho, sin caer en la anarquía al no derogarse el art. 430 y además muchos de los subsecuentes del Código civil o faltar a la justicia y a la naturaleza, atropellando un derecho natural.