El Foro español (Madrid. 1898) (1917-06-20 00:00:00), página 11

igual estado y se produjeran los mismos resultados; y si la Sala sentenciadora declara que los daños existentes en una casa del recurrente son originados por los humos excesivos del carbón mineral que los recurridos, propietarios de la casa contigua, emplean para el funcionamiento de los hornos de cocer pan instalados en ella, es indudable el deber en que se encuentran de indemnizar dichos daños, así como el de adoptar las disposiciones necesarias para evitar que continúen produciéndose, ya reformando los repetidos hornos o sus chimeneas, ya poniendo en práctica otras medidas conducentes al mismo fin; por lo que al ordenarlo así una sentencia no infringe los artículos 590, 1.902, 1.908 y 1909 del Código citado, ni la jurisprudencia establecida en sentencias de 23 de Junio de 1900, 7 de Marzo de 1902 y 4 de Diciembre de 1904:

Que si bien conforme a lo previsto en el art. 1.908 número 2.º del mencionado cuerpo legal, la acción para exigir la responsabilidad civil por las obligaciones derivadas de la culpa o negligencia prescribe por el transcurso de un año desde que lo supo el agraviado, si el fallo recurrido limita su condena a la indemnización de los daños producidos durante el año anterior a la interposición de la demanda y hasta que se lleve a efecto la sentencia, sin hacerla extensiva a los que pudieran haberse causado con anterioridad, es improcedente la aplicación de dicho precepto a un caso como el citado al aplicar dicho precepto, pues de prosperar el criterio contrario, todo aquel que por tolerancia o por cualquier otro motivo legítimo y hasta digno acaso de encomio, hubiera dejado pasar el referido plazo sin formular reclamación legal, tendría que resignarse a padece indefinidamente los males que la impericia, el abandono o la negligencia de un tercero tuvieran a bien inferirle, quedando éste facultado y libre para seguir de continuo obrando de una manera imprudente y perjudicial, cosas ambas que pugnarian abiertamente con los más elementales principios de justicia y equidad.

Obligaciones nacidas de los contratos.—Arrendamiento.—Sentencia de 24 de Junio. (Gaceta del 13 y 14 de Febrero de 1914).—Resuelve que si bien, con arreglo al art. 1.091 del Código civil, las obligaciones que nacen de los contratos tienen fuerza de ley para los otorgantes, y deben cumplirse a tenor de los mismos cuando sus palabras no son tan claras y precisas que puedan entenderse, lisa y llanamente ha de fijarse su verdadera inteligencia, atendiendo a la naturaleza del contrato mismo y a la relación entre sus distintas cláusulas, para determinar la intención y propósito de los contratantes, conforme a las reglas de interpretación establecidas en el capítulo 4.º, libro 4.º, título 2.º del mencionado Código, y a la jurisprudencia de este Tribunal Supremo sobre la materia;

Y que aplicada esta doctrina al caso en que por tratarse del arriendo de unas pertenencias mineras y por resultar del sentido de todas sus cláusulas del contrato que al arrendatario incumbía procurarse cuanto concierne a la mejor exploración y explotación de la cosa arrendada, no puede interpretarse como expresivo de una obligación impuesta al arrendador de adquirir en propiedad la superficie necesaria o conveniente, a juicio del arrendatario, para los trabajos, sino que debe entenderse como significativo de la prestación de aquellas facilidades debidamente justificadas, y consistentes en el ejercicio de las facultades que como concessionario de las mismas le concede la ley para la ocupación del terreno o superficie de sus pertenencias, acreditada que fuese la necesidad, y demostrado también por el arrendatario que no podía adquirir por sí mismo dichos terrenos, y había requerido en forma a los arrendadores a fin de que le presentasen el concurso necesario para adquirirlos.

Competencia.—Compraventa a plazos.—Acción personal.—Sentencia de 25 de Junio. (Gaceta de 14 de Febrero de 1914).—Declara que con sujeción al párrafo 1.º del art. 1.500 del Código civil el comprador está obligado a pagar el precio de la cosa vendida en el lugar fijado en el contrato; y que las facturas hacen prueba de dicha operación cuando tiene el carácter mercantil, y, por tanto, de las condiciones que en la misma aparezcan extendidas, bastando que resulte su aceptación por las partes de manera tácita;

Y que si unas facturas posteriores a los pedidos modifican las condiciones en que éstas se hicieron y además de sus condiciones impresas se deducen que fueron redactadas en el domicilio del vendedor, deduciéndose igualmente que es condición idéntica y común a todos los pedidos la de fijar el domicilio de la fábrica del vendedor como lugar del pago de la mercancía vendida al fiado, el Juzgado de este lugar es ante el que hay que reclamar el precio con arreglo a la regla primera del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil.

Saneamiento en caso de evicción.—Sentencia de 26 de Junio. (Gaceta de 14 de Febrero de 1914).—Consigna que el saneamiento, en caso de evicción, sólo procede y puede exigirse cuando se haya privado al comprador, por sentencia firme, de todo o parte de la cosa comprada, conforme a lo dispuesto en los artículos 1.475 y 1.480 del Código civil, preceptos de carácter general que condicionan la obligación de la entrega y saneamiento de la cosa, consignada en los 1.461, 1.474 y párrafo 2.º del 1.475;

Y que tampoco se puede prescindir del terminante precepto del art. 1.481 de dicho Código, que hace depender la obligación de sanear, del hecho de haberse notificado al vendedor la demanda de evicción, con el manifiesto propósito de que pueda oponerse a una injustificada solicitud, y de que sólo siendo oído y vencido pueda ser condenado.

Tutela.—Remoción del tutor.—Sentencia de 28 de Junio de 1914. (Gaceta del 17 de Febrero).—Declara que es precepto terminante del art. 201 del Código civil que la tutela se ejercitará por un solo tutor, bajo la vigilancia del tutor y del Consejo de familia, y en armonía con el mismo, establece el art. 240 que hasta ser firme el acuerdo de remoción de un tutor, tomado por el Consejo con las formalidades prescritas en el 239 del mismo Cuerpo legal, no se procederá a proveer la tutela vacante, evitando de esta suerte la duplicidad de representación de los que son incapaces de gobernarse por sí mismos, y que la determinación de las causas 2.ª y 3.ª del art. 238 del citado Código, que pueden motivar en su caso el acuerdo de la remoción de los tutores, presuponen la existencia de éstos, ejerciendo sus funciones sin haber cumplido determinados requisitos que se exigen para el desempeño legal de la función tutelar;

Y que al declararse en un fallo la nulidad de los acuerdos de un Consejo de familia al solo efecto de reponer las cosas al ser y estado que tenían a la fecha anterior al nombramiento de un tutor sin haberse procedido a la renovación del que venía ostentando el cargo, para que el Consejo de familia acuerde lo procedente sobre la tutela definitiva, por estimar que an-