El Foro español (Madrid. 1898) (1916-10-20 00:00:00), página 8

Si esto es cierto, si no se prueba por el pobre que se encuentra en alguno de los casos del art. 16, los Juzgados no podrán hacer la declaración; y, por tanto, no nos explicamos por qué razón ha de tener vigencia este artículo, y en cambio caen en lamentable desuso los artículos que se ocupan de la representación y defensa de ese presunto pobre.

Entre los beneficios de que gozan los declarados pobres está el que se les nombre Abogado y Procurador sin obligación de pagarles honorarios ni derechos; por tanto, el pobre es evidente que puede renunciar a ese beneficio nombrando Abogado y Procurador de su elección, y con lo que puede celebrar los pactos oportunos respecto al abono de sus respectivas retribuciones; por eso el art. 40 reconoce ese derecho y faculta al que haya sido declarado pobre el valerse de Abogado y Procurador.

Pero como esos beneficios no se conceden sino al declarado pobre, mientras no lo sea tiene que sujetarse a lo que la ley dispone, y ésta ordena en el art. 27 que á todo el que solicite en forma la pobreza se le deberá desde luego como pobre, nombrándole de oficio Abogado y Procurador si lo pidiese, sin perjuicio de lo que se resuelva en definitiva.

También se nombrará Abogado y Procurador de oficio al que lo solicite con objeto de entablar la demanda de pobreza.

En este caso, pues, no cabe, en términos procesales, la libre elección de Abogado y Procurador: deben ser nombrados de oficio, y se comprende la diferencia, pues en la reclamación que ha de ser objeto del pleito cabe el que la representación y defensa sean de la confianza del litigante, que ha de seguir sus consejos y estar a merced de su dirección técnica; en el incidente de pobreza, como es sobre su cualidad y tiene carácter de orden público, puesto que viene a solicitar privilegios o beneficios que son en menoscabo de los legítimos derechos que en otro caso tendría el Estado y los auxiliares de la Administración de justicia, ya no puede concederse lo que en otro lugar puede otorgarse, pues una vez declarado pobre o ser reconocidos los beneficios a su favor cabe renunciarlos; pero antes no, porque no se sabe si los tendrá; además, en cuanto a la representación es evidente que, no siendo obligatoria para el incidente si no le merece confianza el nombramiento de oficio, puede representarse por sí mismo.

La cuestión, aunque parezca baladí, tiene, sin embargo, en la práctica una importancia grande, pues la realidad nos demuestra que las pobrezas iniciadas con Abogado y Procurador de oficio tienen un porcentaje grande, que no prosiguen con la demanda por haber comprendido el Abogado que no podía prosperar la acción pretendida por el cliente, y no se dará el caso de Procuradores a quienes no se conoce otro medio de vivir que los asuntos de pobres.

Pero tanto en unos como en otros casos, ya sean nombrados de oficio, ya procedan de la elección del pobre, basta el nombramiento para que el Procurador pueda libremente ejercer su cargo?

Entendemos que no. En nuestra ley procesal se entiende aceptado el nombramiento por hacer uso del poder; luego se precisa un poder, es decir, un contrato de mandato celebrado entre mandatario y mandante, y ese contrato de mandato, cuando no es expreso y es general, sólo comprende los actos de administración (art. 1.713 del Código civil), entre los cuales no pueden comprenderse las diligencias procesales.

En ningún artículo del Código civil ni de la ley de Enjuiciamiento se encuentra disposición alguna que hable del poder tácito, sino antes, por el contrario, en todos se exige la formalización del mandato en términos concretos, y existen diligencias y recursos que no pueden interponerse por el Procurador si no tiene por su poder facultad especial para ello; el apoderamiento denominado apud acta que hoy se tolera es una corrupción que precisa corregir.

No cabe argüir que al pobre no se le puede exigir el que gaste en el otorgamiento de una escritura de mandato, pues estando el Procurador nombrado de oficio el Juzgado puede ordenar al Notario que en concepto de pobre se extienda la escritura y se libre la primera copia; si el nombramiento no es de oficio, entonces la renuncia de ese beneficio lleva la carga de los gastos de la escritura.

Conocidas en el poder las facultades conferidas por el mandante, se podrá discretar con claridad la personalidad del podordante y la de su Procurador, que constituyen excepciones legales, de las que hoy se priva por esa corruptela al litigante que contiene con un pobre, y el mismo Procurador sabrá si puede o no interponer recursos, si puede desistir, y en una palabra, hasta dónde llega su responsabilidad, que hoy está a merced de como quiera interpretarse la frase de lo que haría un buen padre de familia (art. 1.719 del Código civil).

APUNTES HISTÓRICOS

Ni germanófilos, ni francófilos

De la pérdida de Gibraltar

En los hechos históricos, expuestos en capítulos anteriores, habrá visto el lector confirmado cuán desastrosa fue para España la dinastía austriaca, cómo con ella se desvió nuestra política, perdiendo las libertades de Castilla y Aragón, y creándose en sustitución de aquel sabio régimen un poder teocrático que, con la Inquisición a la cabeza, dejó la monarquía reducida al triste cuadro que nos pintan autores de tan reconocida autoridad en la materia, como lo son cuantos se citan en esos trabajos.

No hay cosa que más impida los progresos del reino que insistir en yerros antiguos, en especies mal averiguadas o en vulgaridades no dignas de adoptarse. La crítica y el discernimiento que resulta del examen de las cosas sin preocupación, es el único norte que nos puede libertar de tales inconvenientes (1). Y como

(1) Séneca, Ubi provim.