El Foro español (Madrid. 1898) (1917-12-15 00:00:00), página 5

Examinemos la segunda conclusión. Esta conclusión o no quiere decir nada o dice mucho más de lo conveniente y aceptable. Que las Juntas de gobierno de los Colegios de Abogados puedan instar la formación de expedientes para el traslado de los funcionarios judiciales que a ello se hagan acreedores, es cosa que existe, que está establecida, que tiene vida real en las leyes; en efecto, ¿tiene el más modesto de ciudadanos la facultad de pedir, incluso al Rey? ¿Tiene el derecho de denunciar, incluso a los Presidentes de las Cortes y del Gobierno? Sí. ¿Tienen los Jueces y Magistrados superiores jerárquicos facultades para corregir a los inferiores? Sí. ¿Está prescrita la traslación forzosa en el art. 235 de la ley Orgánica, por causas que en el mismo se determinan? Sí. Luego si existe en las leyes el traslado forzoso como correctivo; tienen los Jueces y Magistrados superiores con facultades disciplinarias, y un simple ciudadano, usando del derecho de petición o de la facultad de denunciar, puede promover el expediente ad hoc, no está vedado el campo ni a las Juntas de gobierno de los Colegios de Abogados ni a éstos individualmente para instar la formación de expediente para el traslado. Si no más que esto es lo que envuelve la conclusión que analizamos, esta conclusión es cabalmente fuera.

Empero si el significado gramatical y la letra de la conclusión envuelven un sentido, pensamiento o aspiración que repugne con lo establecido por la ley Orgánica en su art. 237 acerca del particular, entonces la conclusión es inadmisible y protestable.

Si es que se ha querido y quiere (hablo en hipótesis) que sólo por instarlo una Junta de gobierno se forme expediente y se traslade al funcionario por acuerdo ministerial, sin las garantías del art. 237 de la ley Orgánica ya citado, la conclusión es rechazable, porque esto implicaría tanto como instituir a los Colegios de Abogados en árbitros de la inamovilidad judicial y dejar sometido el Poder judicial a la voluntad sana o insana, que de todo habría en la vena del Señor, de aquellas Juntas; dando con ello un golpe mortal a la tan necesaria independencia de aquel Poder, suprema aspiración de todo país culto que ansie tener una justicia lo más aproximada posible a la perfección.

Comentadas someramente quedan las dos conclusiones a que se alude en el primer párrafo de este artículo, y aunque corra el riesgo de ser tildado de egolatra, me resisto dar fin al mismo sin antes consignar aquí unos cuantos casos típicos de los que ofrece la experiencia cotidiana, y que vienen a ratificar y corroborar muchas de las asveraciones que se contienen en este modestísimo trabajo, pero que por lo mismo que son experimentales hacen referencia a mi yo, porque no tengo, en esta materia, más campo de experimentación ni otra clínica moral que mi mesa de trabajo.

No sé si por inclinación congénita, atávico determinismo o diatesis espiritual hereditaria, lo cierto es que desde que fui licenciado en leyes sentí una verdadera vocación por la carrera judicial, un gran amor por la justicia y un propósito rayano en voto religioso, de administrarla con toda la justificación, honradez y rectitud que el que más, a reserva de que no sea tan culta ni inteligente cual pueda ser la del que menos. No grava mi conciencia, hasta el momento de escribir estas líneas, ningún acto mío, como Juez, que contradiga aquellos propósitos e ideales.

Esto no obstante, veamos unos cuantos casos típicos.

Un día fallé un juicio verbal civil en grado de apelación naturalmente (aquí venía yo a ser una especie de Tribunal Supremo), y después de estudiado el caso con todo detenimiento y amor, hasta practicar un reconocimiento judicial para mi mayor ilustración, me convencí de la sinonimia del actor apelante, y con lujo de razonamientos legales, confirmé la sentencia apelada; este actor que perdió, no halló a mano otro medio más adecuado para lamentarse que el lanzar a los cuatro vientos que iba a formular contra mí el antejudio; ya supondrá el lector que esto del antejudio no era ciertamente porque yo hubiera sido justo y recto. Pues el que tal decía no era nada menos que un maestro público; es decir, un pedagogo oficial encargado de la educación de la niñez. Caso típico de la perseguibilidad del Supremo. De no existir el antejudio, me hubiera visto perseguido injusta y temerariamente.

Otro día, un señor Abogado que por injurias a particulares, como es lógico mediante querella, estaba procesado, fué citado a declarar como tal procesado; no compareció; conminado en forma por segunda vez, tampoco comparece; aún tuve la delicadeza de enviarle un atento recado con un Procurador, al cual contestó que no le daba la gana de venir, y entonces le hice comparecer detenido sólo y exclusivamente para declarar. Pues este señor no se conformó con proferir amenazas, sino que formuló el antejudio contra mí por detención arbitraria, antejudio que corrió todos sus trámites y que, naturalmente, no fué admitido. Caso típico de persecución vidriosa.

Dos casos más. Un Abogado obtuvo de mí, como Juez, un fallo favorable en un asunto importantísimo para él, no sólo como Letrado, sino también como interesado; es claro que lo obtuvo, porque entendí que así era de justicia; además, lo traté siempre con la atención y finura que yo entiendo debe guardarse a todo Abogado. Pues bien; este mismo señor perdió un interdicto que le fallé en contra, también porque lo entendí de justicia, y en el acto de la vista de la apelación, tuvo la consideración y el respeto para mí de pedir se me impusiera una corrección por haber puesto la sentencia un día después del término legal; dado lo difícil que es poner una fecha atrasada, ¡qué pecado tan horrendo cometí y qué intención más perversa la mía!, y qué razonamiento legal tan poderoso para ganar un asunto ante los Tribunales. Excusado es decir que mi sentencia fué confirmada con costas.

Otro señor Letrado, a quien entre otras pruebas de consideración le di la de sentarlo a mi mesa, perdió un pleito en el cual (no es ocasión de detallar) se mante-