El Foro español (Madrid. 1898) (1917-02-10 00:00:00), página 12

Arrendamiento de servicios.—Sentencia de 30 de Enero. (Gaceta de 26 de Noviembre de 1913.)
Resuelve que si entre un individuo y determinada Compañía ferroviaria se celebró un verdadero contrato consensual de arrendamiento de servicios, que se hace constar, según costumbre, en una hoja de aceptación de empleo, la que firmada por el interesado y reconocida su autenticidad en autos tiene entre los contratantes la fuerza de escritura pública, según el precepto del art. 1.225 del Código civil, y no habiéndose probado que en su otorgamiento interviniere ninguno de los vicios que determina el 1.225 para invalidar el consentimiento, es evidente que aquel contrato es ley fundamental a que hay que atenerse si por los términos claros y precisos en que se halla redactado y condiciones pactadas, se ajusta a las disposiciones de los artículos 1.081, 1.278, 1.255 y 1.281 del citado cuerpo legal.
Que si en el expresado contrato el individuo en cuestión aceptaba el cargo que se le confería y los que en lo sucesivo le otorgasen, mediante un sueldo, y sometiéndose a las disposiciones reglamentarias existentes y las sucesivas para la prestación de sus servicios, se estipuló la condición de quedar la Compañía en su libre derecho de dejar de utilizar los servicios de aquél cuando lo tuviera por conveniente, facultad y derecho perfectamente lícita en contratos de esta naturaleza, y que, además, reconoce el art. 169 del Reglamento de 8 de Septiembre de 1878, en relación con el 15 de la ley sobre Policía de los ferrocarriles, es claro que si de tal facultad hace uso el Consejo de administración de la Compañía, y por motivos que son de su libre apreciación acuerda la separación del empleado, «por no convenir a la Compañía continuar utilizando sus servicios», concediéndole los sueldos y gratificaciones a que tenía derecho con arreglo á instrucciones reglamentarias, dejando á salvo su honradez y probidad, al dictarse más tarde sentencia absolutiva de la demanda de daños y perjuicios formulada con motivo del expresado acuerdo, por estimar que la Compañía recurrida había obrado en el uso legítimo del derecho reservado, y no arbitrariamente, y sin que mediase ninguna de las causas que producen la obligación de otorgar aquella indemnización, es visto que no incida dicha sentencia en la infracción de los artículos 1.256 y 1.101 del Código civil.

Accidente del trabajo.—Obreros agrícolas.—Sentencia de 30 de Enero. (Gaceta de 26 de Noviembre de 1913.)—Consigna que, dado el contexto íntegro del número 7.º del art. 3.º de la ley especial sobre Accidentes del trabajo, se deduce con toda claridad que para la aplicación de los beneficios de dicha ley a los obreros agrícolas, se requiere que el accidente sobrevenga mediante el empleo de máquinas movidas por motores inanimados y no de las que lo sean por el hombre, por más que se halle auxiliado de la fuerza animal, y en este espíritu se inspiran los proyectos de reforma de la repetida ley, sin perjuicio de que mientras el legislador encuentre la fórmula que permita extenderla en general a una clase de operarios tan digna de toda protección, cuando ocurran hechos de aquella índole, sólo mediante culpa o negligencia del patrono, procederá ejercitar la acción que el derecho común otorga, artículos 1.902 y 1.905 del Código civil.

Competencia.—Pago de servicios.—Acción personal.—Sentencia de 3 de Febrero. (Gaceta de 27 de Noviembre de 1913.)—Resuelve que aun cuando por regla general los servicios deben remunerarse en el lugar donde necesariamente se prestaron siendo aplicable por analogía la doctrina legal establecida por el Tribunal Supremo en relación al artículo 1.728 del Código civil, es requisito indispensable que haya algún indicio confirmatorio de la existencia de la obligación sin que basten para determinar la competencia las alegaciones destituidas de fundamento que en ese sentido se hagan en la demanda, según repetidas declaraciones del Tribunal Supremo;
Y que surgiendo la controversia con motivo de ejercitarse la acción personal por el actor alegando la prestación de ciertos servicios profesionales como Abogado por encargo del representante de la Sociedad demandada, si ésta niega en absoluto tal encargo y con la demanda no se ha adecuado principio alguno de prueba que desvirtúe tal negativa, se está en el caso ordinario de la reclamación de una supuesta deuda, siendo aplicable el párrafo 3.º del art. 1.171 del Código civil; y en su consecuencia, con sujeción a la regla 1.ª del 62 de dicha ley, debe atribuirse el conocimiento de este juicio al Juez del fuero del demandado y presunto deudor.

Competencia.—Compraventa.—Acción personal.—Sentencia de 7 de Febrero. (Gaceta de 27 de Noviembre de 1913.)—Consigna que en el contrato de compraventa de géneros de comercio al fiado, con sujeción al párrafo 2.º del art. 1.500 del Código civil, salvo pacto en contrario, el pago del precio debe verificarse en el lugar en que se haga la entrega de la cosa vendida, y se reputa tal el domicilio del vendedor cuando allí los puso a disposición del comprador por cuenta y riesgo del cual se hizo la remesa;
Y que si en una factura presentada en tiempo, se consigna que la mercancía se remitió porte debido y por cuenta y riesgo del demandado, no puede menos de calificarse aquélla por ahora de principio de prueba, si el comprador nada objetó á las mencionadas condiciones en las cartas dirigidas al vendedor con motivo de dicho contrato, resultando por ello evidente que en aplicación de la doctrina expuesta y de la regla 1.ª del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil, corresponde continuar conociendo del juicio al Tribunal del domicilio del vendedor, por estimarse el del punto en que la obligación debe cumplirse.

Competencia.—Comisión mercantil.—Acción personal.—Sentencia de 7 de Febrero. (Gacetas de 27 y 28 de Noviembre de 1913.)—Establece que las acciones nacidas del contrato de comisión mercantil, forma especial del mandato, que es el elemento jurídico que en la misma predomina, deben ejercitarse en el lugar en que el comisionista haya de cumplir su encargo, conforme á la constante jurisprudencia del Tribunal Supremo al interpretar los artículos 277 y 278 del Código de Comercio en relación con el 1.728 del Código civil;
Y que existiendo una carta que constituye un principio de prueba de que la casa demandada encomendó al actor la venta en cierta ciudad extranjera de determinada mercancía, con fijación de los precios á que había de verificarse y del tanto por ciento abonable