El Foro español (Madrid. 1898) (1917-10-30 00:00:00), página 8

tienen siempre su base en el secreto, y que tan buenos resultados les proporciona para sus siniestros fines.

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La ponencia del Catedrático de Derecho penal de la Universidad Central (hace poco fallecido), D. José María Valdés y Rubio, presentada al tantas veces mencionado Congreso eucarístico, es tan extensa como bien fundamentada, y en ella propone, como todos los anteriormente mencionados señores que redactaron las Memorias, la reforma del Código penal.

He de hacer de la expresada Ponencia un extracto lo más breve posible para no cansar vuestra atención, aunque aquel trabajo sea digno de que se publique íntegro; pero como el tiempo apremia y ya os he fatigado bastante, tengo precisión de terminar cuanto antes.

Las conclusiones que propone el Sr. Valdés son:
-Cooperación social de todos los católicos cumpliendo la obligación ineludible que nos impone el art. 259 de la ley de Enjuiciamiento criminal vigente de poner inmediatamente en conocimiento del Juez de instrucción, municipal o funcionario fiscal más próximo al sitio en que se halle la persona que presencie la comisión de cualquier delito público, como lo son todas las perturbaciones del culto externo, las blasfemias, etcétera, etc.
-Los Gobernadores civiles en las capitales de provincia, y los Alcaldes en las restantes poblaciones, impondrán, con arreglo a las leyes Provincial y Municipal, respectivamente, correcciones, represión privada, multa o arresto gubernativo a los infractores de sus bandos prohibitivos de palabras o acciones ofensivas a la Religión y a la Moral.
-Se propone a los señores curas párrocos que, si quedaren impunes en su feligresía los delitos contra el Augusto Sacramento por negligencia de las personas encargadas por la ley de denunciarlos, perseguirlos y castigarlos, constituyan Ligas o Juntas, que en Madrid podrían servir de base la constituida para la Defensa del Clero, siendo también la misión de dichas Juntas la de exhortar el celo de las autoridades municipales, gubernativas y judiciales, y las auxiliarán para perseguir las blasfemias y demás ofensas contra el Santísimo Sacramento del Altar.
-Todas las Juntas parroquiales, urbanas y rurales, constituirán una Federación Eucarística Española, que estará en relación con las Instituciones extranjeras análogas por conducto del Primado de Toledo, Presidente de la Junta Central que residirá en Madrid, y tratarán con los Ministros de la Gobernación y Gracia y Justicia de la redacción y circulares y Reales órdenes, en las que se recuerde con la necesaria frecuencia la imposición de las sanciones penales en que incurren cuantos blasfeman.
-Se trabajará para la imposición de una pena de prisión correcional, con la que se penará todas las perturbaciones del culto público, como blasfemias, sacrilegios personales y contra todo lo que ofenda a la Moral cristiana, como, por ejemplo, la omisión en descubrirse y retirarse al paso del Viático o de una procesión después de haber sido requerido el contravenor, debiendo quedar redactado en esta forma el artículo 240 del vigente Código penal, siendo el mínimo de la pena la de seis meses y un día, para que el delincuente primario pueda gozar de la gracia de la suspensión o perdón condicional del castigo, y el máximo el de seis años, para que al delinquente consumado se le repriman y se evite la habitualidad de estos delitos en una serie de caídas que causan al reo mismo y a la sociedad males incalculables.
-Condensadas en el proyecto del art. 240 del Código penal las disposiciones de dicho artículo y del 241, éste debería ser nuevo y estar redactado en los términos siguientes, para que la tolerancia de cultos establecida en la vigente Constitución no sea convertida abusivamente en total indiferencia.
-La celebración de actos públicos de un culto que no sea de la religión católica apostólica romana, será castigada con la pena de confinamiento. Los cultos disidentes únicamente podrán celebrar sus ceremonias en tanto que no se opongan a la Moral, dentro de los recintos dedicados a ello, pero sin darles publicidad alguna.
-Por último, y para terminar, que los electores de los Diputados a Cortes y mitad electiva del Senado exijan a los candidatos, como condición indispensable para votarlos, que apoyen las proposiciones convenientes para que sean modificados los Códigos vigentes, pensándose en ellos, con justicia y eficacia, a la vez que con discreta prudencia, los delitos de blasfemia y cuantos produzcan perturbaciones del culto público.>

Esta es, muy sintetizada, la ponencia del Sr. Valdés, la que siento no poder transcribir íntegra.

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Concretando, y para terminar, que bastante he abusado de vuestra paciencia y amabilidad:
1.º Que la blasfemia se castigaba como delito en el Código penal de 1850 con penas bastante severas.
2.º Que, como es natural, en Derecho canónico siguen establecidas penas para el blasfemo, según el prudente arbitrio del Juez eclesiástico, la calidad del delito y las circunstancias personales del delincuente.
3.º Que nuestro vigente Código penal estima como falta la blasfemia y la castiga con arresto de uno a diez días y multa de 5 á 50 pesetas como máximo.
4.º Que la Autoridad gubernativa puede imponer quincenas a los blasfemos, con los inconvenientes que consigo traen los vaivenes de la política y el continuo trasiego de estos funcionarios.
5.º Que se ha trabajado para reformar el Código penal, como acabo de demostrar con las Memorias y ponencias transcritas, y se debe de insistir para llevarlo a la práctica, pues con paciencia todo se alcanza, procurando que en el nuevo Código penal se restaure el capítulo de «Delitos contra la religión», si no-