El Foro español (Madrid. 1898) (1915-08-30 00:00:00), página 5

giro del mismo, ni la constituiría tampoco insuperable el que se hiciese constar dicha operación en el instrumento.

Tampoco debe olvidarse y es de grandísima importancia tenerlo en cuenta, que casi siempre los que prestan dinero o compran, lo hacen sobre o de fincas sitas en la comarca en que residen; o en la que ya tienen otras propiedades; y, por otra parte, los que a título de venta, préstamo u otro cualquiera reciben cantidades, no residen, por regla general, a grandes distancias de sus fincas o propiedades.

Si, a pesar de lo que acabamos de indicar, todavía se alojasen en el corazón del observador sentimientos de consideración para el pobre público, no vacilaríamos en pedir, como de limosna, que se mirase con ojos de caridad a quienes consagrados al ejercicio de una de las más altas funciones públicas se hallan oprimidos constantemente bajo el peso de la fatalidad producida por la poca consideración que para con ellos guardan los que, sin grandes esfuerzos, podrían otorgar el documento en el lugar o comarca donde está situada la finca; y podrá, asimismo, ablandarse el corazón de los que tanto se interesan por el bienestar público, haciéndoles comprender que el pobre ayuda-dano raras veces se ve, durante su vida, en el duro trance de tener que acudir al estudio del Notario, y, en cambio, éste, cuando no reside en grandes capitales, siempre y a cada momento, como acabamos de indicar, esta sintiendo las consecuencias del actual estado de cosas, consecuencias que exacerban en sumo grado cuando los fedatarios sirven Notarias no lejanas de dichos centros de población, conforme hemos notado antes.

Además, tanto los partidarios de la Notaría única, como sus adversarios y, en general, cuantos se preocupan por el prestigio del Notariado, están de perfecto acuerdo en abominar de los perjuicios que a la clase reportan el zurupetismo o intervención de personas que, siendo ajenas a nuestra profesión, reportan los beneficios de la misma, por contar con uno o más Notarios que, por necesidad económica u otras circunstancias, les presten su apoyo, o hablando sin ambages les arrienden su firma; y si bien la territorialidad de las escrituras no haría desaparecer por sí sola la plaga del zurupetismo, a lo menos disminuiría sus funestos efectos y perdería, por lo tanto, mucha de su influencia. Para desaparecer en absoluto el zurupetismo, sería preciso que se acudiese a la Notaría única, lo que creemos por ahora bastante difícil por las razones que contra la misma existen, y porque en defecto de argumentos racionales siempre se opondrían a ella los acaparadores de escrituras, grandes en número.

Nosotros somos partidarios de la territorialidad, no por considerarla panacea segura, sino por constituir un programa mínimo de reformas para la dignificación de la carrera, y déjeseme pasar este minimismo, ya que nos llamamos bajo la constelación de los mismos. Lo consideramos tan sólo programa mínimo, porque para el que escribe, el verdadero ideal consistiría en dividir los instrumentos públicos en tres clases: 1.º, instrumentos sujetos a inmediata inscripción en el Registro de la propiedad, para los cuales establecería la territorialidad dentro de la respectiva zona con libertad para la elección del Notario en la zona que estuviese demarcada más de una Notaria; 2.º, actas notariales y poderes a pleitos, y 3.º, todos los demás instrumentos. Las actas notariales y los poderes judiciales los sometería a reparto forzoso y los documentos de la última clase podrían otorgarse libremente ante cualquier Notario.

Para terminar, debemos consignar que el Estado podría hacer efectiva la territorialidad de las escrituras, prohibiendo su inscripción cuando fuesen autorizadas por Notario incompetente, y someter a éste a una pena pecuniaria.

MANUEL GATELL,
Notario de Granollers.

(De Gaceta de Registradores y Notarios.)

Nuevas Incompatibilidades.

Las hechas y las por hacer.

Se han declarado incompatibles a los funcionarios judiciales dentro del territorio que habrá de ser de su jurisdicción, en el que parientes suyos dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad que estén sujetos a su cuidado o formando familia, disfruten empleo o colocación en las Diputaciones provinciales, Ayuntamientos, Sociedades mercantiles, establecimientos de comercio o en oficinas del Estado, en plazas extrañas a las diversas carreras de la Administración.

Nos parece bien la disposición en cuanto significa un puritanismo quizá exagerado por la pureza en la recta y desinteresada administración de justicia, siquiera se nos alcance a todos la facilidad de la trampa con que la flamante disposición podrá burlarse aun sin contar con la vista gorda de los futuros ministros y máxime si alguno fuese, respecto a este punto, más graciosos que justiciero.

Tal vez sea demasiado lo que ahora se dispone, y en ese sentido pudiera resultar innecesariamente molesto para algunos funcionarios judiciales; pero siendo misión de éstos como nuestra, aunque en distintas esferas, velar por la pureza en la justicia, sellamos nuestros labios y juntamos nuestras manos para aplaudir al Sr. Burgos, pero permitamos que llamemos su ilustrada atención sobre un pequeño detalle que se le ha escapado en materia de incompatibilidades, y que en nuestro concepto esta había sido la ocasión de no levantar mano del asunto sin poner eficaz remedio.

En Madrid mismo, en la lista de su Colegio de Abogados y los tres seguiditos, han venido figurando D. Antonio María de Mena y Calvo Rubio, Teniente Fiscal que fué muchos años de esta Audiencia, hoy Abogado Fiscal del Tribunal Supremo, sin ejercicio, naturalmente, en la abogacía; D. Antonio María de Mena y San Millán, ejerciendo