El Foro español (Madrid. 1898) (1916-01-10 00:00:00), página 9

ral; y también a servicios de otro orden dentro de los de Hacienda pública, por acuerdo del Ministro.

Art. 4.º La Jefatura de las Abogacías del Estado en las respectivas provincias, deberá estar encomendada a los Abogados del Estado que tengan la categoría de Jefes de Negociado de primera o de segunda clase por lo menos.

Art. 5.º La nueva distribución del personal se irá ajustando a los términos fijados en este Real decreto, según lo permitan las necesidades del servicio, conforme vayan ocurriendo las respectivas vacantes y proveyéndose los cargos.

DISTRIBUCIÓN DEL PERSONAL DEL CUERPO DE ABOGADOS DEL ESTADO.—Administración central.—Dirección de lo Contencioso: Subdirectores, 2; Funcionarios para las secciones, 21; Dirección de la Deuda, 3; Dirección del Tesoro: Caja, 1; Tribunal Supremo, 2; Asesoría de Gobernación, 2; Dirección general de Correos, 1; Asesoría de Fomento, 3; Idem de Instrucción pública, 3.

Administración provincial.—Alava, 1; Albacete, 2; Alicante, 2; Algeciras, 1; Almería, 2; Ávila, 2; Badajoz, 2; Baleares, 3; Barcelona, 10; Burgos, 3; Cáceres, 2; Cádiz, 2; Canarias (Tenerife), 2; Idem (Las Palmas), 2; Castellón, 2; Ciudad Real, 2; Córdoba, 2; Coruña, 4; Cuenca, 2; Gerona, 2; Granada, 4; Guadalajara, 2; Guipúzcoa, 1; Huelva, 2; Huesca, 2; Jaén, 2; León, 2; Lérida, 2; Logroño, 2; Lugo, 2; Madrid (Audencia), 4; Idem (Delegación de Hacienda), 8; Málaga, 2; Murcia, 2; Navarra, 1; Orense, 2; Oviedo, 3; Palencia, 2; Pontevedra, 2; Salamanca, 3; Santander, 2; Segovia, 2; Sevilla, 5; Soria, 2; Tarragona, 2; Teruel, 2; Toledo, 2; Valencia, 4; Valladolid, 4; Vizcaya, 1; Zamora, 2; Zaragoza, 3; Tetuán (Marruecos), 1.

MINISTERIO DE HACIENDA.—Real orden fecha 27 de Diciembre disponiendo se publique nuevamente la lista de opositores al Cuerpo de Abogados del Estado, cuya documentación adolece de algún defecto subsanable, concediéndoles un nuevo plazo de veinte días para subsanarlos o reclamar, y disponiendo igualmente que los ejercicios de oposición den comienzo el día 15 de Febrero próximo.

Fiscalía del Tribunal Supremo.

Circular dictando reglas sobre aplicación del art. 8.º del Código Penal, y disponiendo que los establecimientos benéficos de protección a la infancia se acojan a la ley de 4 de Enero de 1883 para poderse convertir en Escuelas de Reforma de menores delincuentes.

Al ocupar el elevado cargo de Fiscal del Tribunal Supremo, han de dirigirse mis primeras palabras a expresar la gratitud de que me encuentro poseído hacia S. M. el Rey (q. D. G.) y hacia su Gobierno por habérme investido con la Jefatura del Ministerio fiscal, y la desproporción que pueda haber entre tan alta honra y mis propios méritos, se mitiga ante la consideración de que cualesquiera que éstos fuesen, jamás serían suficientes para asumir representación tan alta como la que, por su gloriosa historia y por la importancia social de sus funciones, corresponde al Ministerio fiscal.

Con gusto también ratifico el saludo que por telégrafo dirigí a V. S. y a los Fiscales de las demás Audiencias en el momento de mi toma de posesión, y al hacerlo tengo la seguridad de contar con la inteligentísima colaboración de V. S. en el desempeño del difícil cargo que me ha sido confiado.

Vengo a suceder en él a ilustres jurisconsultos, quienes en repetidas circulares, evacuando consultas y al elevar al Gobierno las Memorias anuales que previene el artículo 15 de la ley adicional a la Organización del Poder judicial, han comunicado instrucciones, atinadísimas siempre, al Ministerio fiscal, y han fijado la recta interpretación de muchos puntos obscuros, tanto del derecho sustantivo como del adjetivo, y por ello no necesito dar en este momento nuevas instrucciones, pasando a estudiar un punto de Derecho penal que, según mi peculiar modo de pensar, es el más interesante de todos los problemas del orden jurídico penal moderno, que ha constituido además mi constante preocupación, siendo la inclinación preferente a que se han dirigido mis estudios.

Ciento que en nuestra Patria no es tan alarmante como en otros países el problema de la delincuencia infantil, porque según los datos que he podido recoger, no ha pasado en España del 5 por 100 del total de la criminalidad, mientras que en Francia ha llegado al 22, y aun en algunos años al 26 por 100; pero aunque no sea motivo de alarma, debe ser, sin duda, objeto de la mayor atención del Ministerio fiscal, no sólo porque en todo caso es más práctico y provechoso prevenir que remediar, sino porque el apartar del camino de presidio a los jóvenes que, no por culpa suya, sino por abandono de los demás, le han emprendido, es labor que por todos conceptos preferentemente se impone.

Desde muy antiguo existen legislaciones protectoras de la infancia; pero nada hasta ahora en el orden legislativo se ha hecho en nuestra Patria referente a la creación de organismos especiales que tengan por misión, más que la de juzgar, la de educar a menores delincuentes, moral o físicamente abandonados.

Iniciada la legislación protectora de la infancia en el título XXIII, libro IV del Fuero Real, toma mayor desarrollo en las leyes de Partida, si bien con un criterio diametralmente opuesto al seguido hoy, porque allí querían encontrar el remedio a la vagancia y a la criminalidad infantiles en reglas y penalidades de extraordinaria gravedad, tratando a la juventud delinquente con verdadera crueldad, legislación que no viene a dulcificarle hasta la época de Carlos III, en que ya se manifiesta con el carácter digno de un pueblo culto y progresivo, sustituyendo al criterio de las duras penalidades y de los barbares castigos, los procedimientos tutelares y educativos, que iniciaban ya una orientación completamente moderna, encontrando como primera prueba de ello la ley X, título XXXI del libro XII de la Novísima Recopilación, en el que se transcribe la Cédula del Consejo de 12 de Julio de 1771, en la que se disponía que cuando los niños fueran huérfanos atomen los Magistrados políticos las veces de los padres, y supliendo su negligencia o desidia, reci-