El Foro español (Madrid. 1898) (1917-05-30 00:00:00), página 12

parcial permanente, y al no entenderlo así la sentencia se infringe el núm. 3.º del art. 4.º de la ley de 30 de Enero de 1900 y los artículos 9.º y 12 del Reglamento citado.

Accidentes del trabajo.—Defecto funcional.—Incapacidad parcial permanente.—Sentencia de 11 de Junio. (Gaceta de 29 de Enero de 1914.)—Consigna que con sujeción a lo prescrito en los números 1.º y 4.º de la ley de 30 de Enero de 1900, constituye accidente del trabajo susceptible de indemnización toda lesión corporal que el obrero sufra con ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecuta por cuenta ajena y productor de cualquiera incapacidad para el mismo;

Y que dados los términos absolutos de la ley, sea cualquiera la deficiencia de los Reglamentos, han de comprenderse dentro de la misma las lesiones que ocasionan a la víctima un defecto funcional en el dedo pulgar de la mano izquierda, cuando supuesta la clase de trabajo a que aquélla se dedica, ha de producir necesariamente la incapacidad fijada en el núm. 3.º de dicho art. 4.º en relación al 12 del reglamento de 8 de Julio de 1903, supuesto de hecho deducido de las declaraciones del Jurado y que no ha contradicho el patrono demandado, por todo lo que al no estimarla así se infringen las disposiciones citadas.

Préstamo usurario.—Acto de conciliación.—Costas.—Sentencia de 13 de Junio. (Gaceta de 5 de Febrero de 1914.)—Consigna que la ley de 28 de Julio de 1903, única figura jurídica que, respondiendo a las exigencias de la justicia, excluye de sí y reprime, a fuer de razonable, el préstamo usurario, aplica sus preceptos para decidir el debate con amplitud tal de criterio que sólo necesita informar su juicio aquilatando las alegaciones y datos aportados como demostración de las respectivas pretensiones interesadas por las partes durante la discusión:

Que aun en la hipótesis de que las manifestaciones consignadas en el acto conciliatorio constituyesen—que no es así—un convenio formal, si el prestamista, en vez de exigir su cumplimiento, trató de eludir la pretensión del demandante, encaminada a la nulidad del préstamo y a obtener carta de pago, con la fórmula vaga y general de que otorgaría dicha carta de pago con arreglo a la ley, cual si dentro del derecho escrito no fuera todo discutible, y continúa el pleito agotando para contestar la demanda el término concedido y su prórroga, revelando su vacilante propósito de otorgar la carta de pago y cancelación del préstamo, es evidente que al menoscabar con prolongaciones indebidas los derechos del demandante se hace responsable de las costas causadas, no por el concepto en que se informa el art. 8.º de la ley represiva, sino por notoria temeridad, siendo como es elemental qué en casación no se puede tratar, cuando existe aquella condena, de la calificación de temeridad únicamente propia y exclusiva de la apreciación del Tribunal sentenciador.

Bienes parafernales.—Licencia marital. Habilitación judicial.—Sentencia de 12 de Junio. (Gaceta de 5 de Febrero de 1914.)—Declara que la mujer casada, mayor de edad, que no estuviese autorizada por la ley o por el marido para enajenar, gravar o hipotecar sus bienes parafernales, necesita a ese efecto obtener previamente la correspondiente habilitación judicial:

Que desde el momento en que una mujer casada, a pesar de haber pedido a su marido licencia marital para enajenar sus bienes parafernales, no la obtiene, viéndose precisada a solicitar para ello la habilitación judicial, que le fué concedida en expediente de jurisdicción voluntaria, la sentencia que declara válida aquella venta aplica acertadamente el art. 1.387 del Código civil; pues este precepto, cuando se cumplen los requisitos especiales exigidos, es el único que atribuye a la mujer casada capacidad necesaria para celebrar tales actos y contratos.

Competencia.—Comisión mercantil.—Operaciones en Bolsa.—Acción personal. Sentencia de 14 de Junio. (Gaceta de 7 de Febrero de 1914.)—Resuelve que en el caso de un individuo que en varios rapportos ordena al representante de un Corredor de Bolsa que por cuenta y orden de dicho individuo compre unas veces y venda otras el referido Corredor, en la ciudad de su domicilio, diferentes valores, dándose aquél por enterado de que el lugar del cumplimiento de las obligaciones dimanantes de tales obligaciones habría de ser aquella ciudad en el despacho del repetido Corredor, es evidente que dada la naturaleza de los citados documentos en que fué conferida la comisión, y la circunstancia de aparecer en los mismos la firma del comitente, siquiera sea redarguida de falsa al solo efecto de la resolución de la competencia suscitada en el juicio donde se reclama el importe de la liquidación resultante de las operaciones encomendadas, no puede menos de calificarse por ahora de un principio de prueba, conforme al que las operaciones de Bolsa que menciona, debían verificarse en la misma ciudad y despacho del Corredor, donde habían de cumplirse las obligaciones dimanantes de las mismas, que es el objeto perseguido en la demanda, por lo que de conformidad a lo prescrito en el artículo 1.171 del Código civil, en relación con la regla 1.ª del 62 de la ley de Enjuiciar, procede atribuir el conocimiento del juicio al Juez de la referida ciudad.

Testamento.—Institución vulgar.—Fideicomiso.—Sentencia de 16 de Junio. (Gacetas de 7 y 9 de Febrero de 1914.)—La cuestión a resolver en el recurso tiene por objeto fijar la recta interpretación en la cláusula contenida en un testamento, y que literalmente dice: «Instituyo y nombre por heredera universal de toda clase de bienes, muebles, ropas, efectos, valores, créditos, y en una palabra, de todo lo que no sean bienes raíces, a mi esposa doña C. de M., de libre disposición, y en cuanto a los bienes raíces los usufructuará mientras viva, sin necesidad de dar fianza alguna, y muerta la misma pasarán los bienes raíces a mis hermanos D. A., D. I. y dona T., y a mi sobrina doña D., haciéndose cuatro partes iguales, y si alguno de mis hermanos falleciese, heredarán su parte sus legítimos descendientes, y no teniéndolos acreecerá su parte a los demás herederos.»

Esta cláusula, en cuanto a los bienes raíces se refiere, la interpreta el litigante actor en el sentido de que se trata sencillamente de una sustitución vulgar, de suerte que el testador, previendo el caso de que alguno de sus hermanos falleciese antes que él y para entonces únicamente, estableció la sustitución a favor de los descendientes de aquellos, y a falta de esos descendientes, el acrecimiento a los demás herederos, y así, habiendo premuerto el testador a dichos herederos, éstos adquirieron los bienes en concepto de libres, y muerto alguno de ellos sin descendientes, no debe ir su parte a acrecer la de los demás herederos. El litigante demandado sostiene, por el contrario, que