El Foro español (Madrid. 1898) (1917-04-10 00:00:00), página 8

sociedad conyugal y la pérdida de la administración de los de la mujer, si la tuviera el marido y si fuera quien hubiera dado causa al divorcio*. Y si tales son esos efectos, y si la sentencia de divorcio del matrimonio canónico se inscribe sin más que presentarla en el Registro civil, y si para su ejecución en la parte relativa a los efectos civiles, se presentara al Tribunal ordinario (art. 82), y ello basta para que deban decrearse y se decreten (art. 1.433), es obvio que el procedimiento indicado es el más a propósito, pues hasta resulta absurdo que para ejecutar esa sentencia deba emplearse otra ritualidad que no sea la que precisamente para la ejecución de sentencias preceptúa la ley; y sin que con ello quiera decirse (como suponen los impugnadores de esta doctrina) que los derechos se obtienen entonces en la práctica por la sola y propia virtualidad de su declaración en las leyes sustantivas; no; hay que darles, en efecto, la sanción de un Tribunal, que en este caso es, primero, en cuanto a lo fundamental de la suspensión del vínculo, el eclesiástico, y después, en lo que se refiere a sus efectos civiles, que van implícitamente declarados en la sentencia y lo están por modo explícito en la ley, el civil ordinario.

Es verdad que el art. 1.437 del Código civil contradice aparentemente el criterio que se viene sustentando al hablar de demanda y sentencia de separación; pero armonizándolo con los ya citados, en los cuales se habla, respecto a la misma materia, de decretos y providencias, resulta que, o bien emplea las palabras demanda y sentencia en el sentido de pedimento y de decisión judicial, o bien quiera referirse también al caso en que la demanda de divorcio de matrimonio civil, se pida que se declare al mismo tiempo que aquél, la separación de bienes y demás efectos civiles; en cuyo caso, tales demanda y sentencia, deberán respectivamente anotarse e inscribirse en los Registros de la propiedad que corresponda, si afectaren a bienes inmuebles.

Por último, no se trata de hacer una declaración de derechos, de determinar el estado civil de unas personas (caso éste en el que procedería el juicio ordinario), puesto que ya queda indestructiblemente determinado por la ejecutoria de divorcio, que por eso precisamente es inscribible sin más requisitos en el Registro civil, sino de decretar el cumplimiento de aquélla, en orden a sus efectos civiles.

En el caso que exponemos, la providencia impugnada se hizo firme, y ya sin oposición del cónyuge culpable, dictóse auto decretando la separación perpetua de las personas, la de los bienes y la libre administración de los parafernales por parte de la mujer; la disolución de la sociedad de gananciales, ordenándose la liquidación y adjudicación consiguiente, y que la sentencia de divorcio y el auto declaratorio de sus efectos civiles fueran inscritos en el Registro de la propiedad en lo relativo a bienes inmuebles.

Se ve, pues, que desechado en absoluto el juicio ordinario, quedaban como procedimientos a seguir, el de ejecución de sentencias y el de jurisdicción voluntaria, optándose por aquél, en el que existe la garantía de intervención del otro cónyuge, y aunque el art. 919 de la ley de Enjuiciamiento civil pareció oponerse a ello, no hay tal, tanto por la especialidad del caso en que se funda el Sr. Ortúzar, como porque terminantemente manda el Código civil que los efectos civiles de las sentencias de divorcio sólo se pueden obtener ante los Tribunales ordinarios, que son los ante quienes se han de presentar para solicitar su ejecución en la esfera civil: la palabra subrayada indica ya someramente el procedimiento, y esos artículos, de marcado carácter adjetivo, es evidente que derogan para el caso el 919 de la ley rituaria civil.

De ese modo, presentada la ejecutoria con el escrito correspondiente, puede el cónyuge culpable intervenir y alegar dentro de seis días lo que considere conveniente a su derecho en lo relativo a los efectos civiles de aquélla; podrá proponer prueba, aunque casi nunca será precisa, pues sólo el hecho de ser o no firme la sentencia o algún otro análogo, podía ser objeto de duda, puesto que nada ha de hacerse que contradiga la ejecutoria; se convocará después a las partes a una comparecencia, y a los tres días se dictará auto resolviendo el incidente, que será apelable en un solo efecto. ¿Cabe mayor sencillez procesal y dentro de ella mayores garantías para ambos contendientes? Existe hasta lo de que la ejecución del auto no se suspende por la interposición de cualquier recurso, pues eso sería un arma poderosa del culpable, sino que se lleva a efecto, y ya entonces entran en vigor los trámites que al efecto establecen los artículos 1.419 y siguientes del Código civil, y los con ellos relacionados y que menciona el 1.428.

El Tribunal Supremo ha basado, ello no obstante, su decisión en los artículos 82 y 1.433; ha visto en ellos un simple acto de jurisdicción voluntaria, pero no los ha relacionado con los 1.811 y siguientes de la ley de Enjuiciamiento civil; no ha tenido en cuenta que, por dar demasiadas facilidades, surge el tropiezo del artículo 1.817, y entonces ¡adiós economía rituaria, adiós las teorías de los juriconsultos, y adiós también el interés del que obtuvo una sentencia que sólo le sirve para promover otro pleito inacevable, con toda su secuela de recursos e incidentes verdaderamente abrumadora! Y no se diga que esos artículos del Código civil son una excepción del 1.817 de la ley de procedimientos, y que por la fuerza del 1.824 no rige aquél, porque a él se oponen los de la ley sustantiva; nada más lejos de la verdad: ésta no hace sino dar el esquema que la rituaria ha de desarrollar y desarrolla.

Pero es más: es que, aun no oponiéndose parte interesada antes de recaer resolución, ésta no se hace firme nunca contra tercero interesado, mientras no transcurra el tiempo que para la utilización de cualquier recurso le concede la ley, y como punto de partida, para ello se necesita el conocimiento legal del acuerdo judicial. Y así lo ha reconocido el Tribunal Supremo, al intervenir en diferentes actos de jurisdicción voluntaria: con relación a las informaciones ad perpetuam, dijo en su sentencia de 31 de Marzo