El Foro español (Madrid. 1898) (1917-11-15 00:00:00), página 4

tada. En su lugar, lo procedente sería que la Sala de gobierno del Tribunal Supremo fuera la entidad encargada del ingreso, traslación, ascenso, licencias, excedencia, postergación, expulsión y recompenso de los funcionarios.

Respecto de la provisión de vacantes, la oposición directa para cada plaza es un procedimiento ultrarradical que, hace tiempo, indiqué yo a varios distinguidos compañeros; pero, aunque no rechazo tal procedimiento, no le he propuesto porque se me hicieron observaciones muy atendibles, siendo la de menos importancia la que yo mismo apuntaba: o sea la de que «en España hay un arte, que es el de saber hacer oposiciones», que no es lo mismo que saber ciencia.

La oposición es un buen procedimiento (no digo que el mejor, pero sí el de los mejores) para ingresar en la carrera con el cargo inferior. Ahora bien, no suele de lo mismo con relación a las demás categorías, en las que se requiere una más dilatada práctica, y no es cosa de cerrar el paso de acceso al escalón del ascenso a los que no han tenido ocasión de opositar o no son profesionales de la temeroteca opositorista. Se puede adoptar un procedimiento mixto.

En mi proposición de reformas trazó el croquis de un camino rectilíneo. ¡Nada de beneficios a costa de los demás compañeros!

El ingreso debe ser por oposición. El ascenso por rigurosa antigüedad hasta la Fiscalía o la Presidencia del Tribunal Supremo, o hasta la Tenencia fiscal o la Presidencia de la Sala primera, si los dos cargos, respectivamente superiores, han de ser elegidos plebiscitariamente. Y las traslaciones deben llevarse a cabo en concurso de antigüedad rigurosa entre los funcionarios de la misma categoría.

Mientras esto no se haga; mientras los individuos del Ministerio fiscal y los Presidentes de los Tribunales sean amovibles y éstos y otros funcionarios sean libremente ascendidos por el Poder ejecutivo, el Poder judicial carecerá de la necesaria independencia y, en muchas ocasiones, aun sin culpa directa del Poder ejecutivo, estará sojuzgado por la política y el caciquismo, o el funcionario judicial habrá de tener vocación de héroe y de mártir, dispuesto al sacrificio de su tranquilidad y de su prosperidad materiales para poder tener tranquila su conciencia, que es lo que más vale en este miserable mundo.

El anterior Ministro de Gracia y Justicia, Sr. Burgos y Mazo, al referirse a las conclusiones formuladas por los parlamentarios, dijo a los periodistas que «hay algo en esas conclusiones que no puede admitir en sus reformas, como la dependencia directa de los funcionarios del orden judicial y de la Magistratura al Tribunal Supremo; que de ello se hizo un ensayo en tiempos del Sr. Salmerón y no dio buen resultado, y que tampoco cree que lo diera hoy, porque si hay defectos y presiones en el sistema actual, le parece que se agravarían estos males».

Hago misas las elocuentes y justas palabras del señor Ministro: «Hay defectos y presiones en el sistema actual». Y yo agregué: que deben ser evitados a todo trance. Por el procedimiento que indico, aunque al Sr. Burgos y Mazo le pareció que se agravarian estos males. Pero a mí me parece que no, salvando todos los respetos al ilustre político, pues peor sistema que el actual no hay ninguno, en razón a los grandísimos defectos que tiene y a las muchísimas presiones a que se presta. El otro sistema podrá no ser inmejorable; pero, siquiera, es menos malo que el actual. Y... ¡de los males, el menor!

¿Hay defectos y presiones en el sistema actual? Autorizadísimos labios lo reconocen y lo afirman paladinamente.

Pues hay un sencillísimo medio de evitarlos.

Basta que la potestad reglada del Poder ejecutivo renuncie a la elección en las traslaciones y en los ascensos, y que deje al escalafón que funcione automáticamente, sin perjuicio de premiar de otro modo los servicios extraordinarios y excepcionales.

El Poder judicial necesita independencia para poder cumplir su importante misión. Es absolutamente preciso defender al funcionario judicial de la presión caciquil. Es necesario que para la provisión de vacantes y ascensos se aplique, mecánica y automáticamente, el régimen de la antigüedad hasta los cargos de Presidente de Sala del Tribunal Supremo. Es indispensable que se suprima el favoritismo para los trasladados y las promociones desde Presidente de Sala de territorial hasta Presidente de Sala del Supremo. Es ineludible que se dé realidad práctica a la independencia del Poder judicial, apartándole y defendiéndole de la coacción que representa la intervención de la política y el caciquismo, enormados o amparados, algunas veces, en el Poder ejecutivo. Trabajemos, dentro de la ley y la disciplina, para restar a este Poder las facultades referentes al ingreso en las carreras del orden judicial, traslaciones, ascensos, correcciones y licencias, y que esas facultades se atribuyan a la Sala de gobierno del Tribunal Supremo, con sujeción a las prescripciones que dicte el Poder legislativo al rectificar debidamente la potestad reglada del Poder ejecutivo.

Con tales propósitos de trabajo, asociémonos para auxiliarnos y estudiar bases de reformas.

Hace unos días, mis dignísimos y beneméritos compañeros los Sres. Delgado Curto, Pérez Fontán y yo, hemos firmado y remitido al señor ministro de Gracia y Justicia una instancia pidiéndole autorización para constituir la Asociación de funcionarios judiciales y estudiar bases de reformas que proponer a los Poderes legislativo y ejecutivo. Creo que, legalmente, no necesitamos tal autorización; pero por consideración y respeto a nuestro Jefe, solicitamos su venia. Ahora bien, si el señor Ministro interpreta los preceptos constitucionales de otro modo, nosotros, conscientes de nuestros derechos como de nuestros sinónimos deberes, y aunque sintiéndolo muchísimo, habremos de ejercitar el recurso contencioso, en justa y necesaria defensa de lo que consideramos nuestro derecho, y sin,