El Foro español (Madrid. 1898) (1915-10-30 00:00:00), página 2

mismos y los únicos en defender abiertamente el sueldo por prestigio de la Justicia y bien de la clase, animamos desde aquí a los Sres. Burgos y Dato para que impriman la mayor actividad a la implantación de la reforma, que siempre estaría justificada aunque no fuese más que en la necesidad de poder vivir que tienen la inmensa mayoría de los Secretarios judiciales, a los que despectivamente llaman rurales las pocas docenas que viven más que muy bien en tres o cuatro capitales de primer orden, y por que cese la anomalía de que éstos cobren por su trabajo de auxiliares cinco o seis o más veces más que lo que por sueldo perciben sus jefes, los Jueces.

Amén de que acaben los usos y abusos del Arancel, que, hágase confeccionado como se quiera, siempre ha habido demasiados casos en que resultó como de goma elástica.

Estimamos, pues, que los momentos actuales son los más a propósito para que los partidarios del sueldo reanuden sus gestiones para contrarrestar los trabajos de zapa de los cuatro privilegiados que, gozando también de influencia, han conseguido ya en otras ocasiones a última hora malograrse los propósitos que en esta materia mostraron otros Ministros.

Al actual le excitamos a que no se deje sugestionar, y que, atendiendo a la verdadera necesidad del Cuerpo de Secretarios judiciales y al interés de la justicia, ya que no también al de la Hacienda en este caso, según se dice, persevere hasta el fin.

APERTURA DE TRIBUNALES

Discurso del señor Ministro.

(CONTINUACIÓN)

Era esa época en la que florecieron en nuestra Patria hasta cuarenta Universidades con vida próspera, y un activo intercambio intelectual y científico se verificaba entre España y las naciones civilizadas de Europa; y los nombres de Alcalá y de Salamanca resonaban por todos los ámbitos del mundo como la expresión más pura y más acabada del progreso pedagógico y de la sabiduría, y una pléyade de españoles ilustres dejaba oír su voz, adoctrinando a las juventudes extranjeras en las aulas de sus propias Universidades, y eran pasmo y admiración de propios y de extraños en Bolonia, en la Sorbona y en Roma.

¿Qué se hizo de aquella autonomía, aire vivificador para la enseñanza? ¿Qué de aquellos derechos esenciales que garantizaban la función social y eran expresión concreta e indisponible de la personalidad jurídica de las Universidades? ¿Reconocen hoy nuestras leyes esa personalidad? ¿Y no hemos de ver en tal omisión una falta de ese carácter social que debe tener, en nuestro sentir, el derecho?

Y si pasamos a examinar la persona física en su aspecto netamente jurídico, ¿es posible que dejemos de percibir la enorme deficiencia de ese espíritu social que podemos notar por doquier en todo el cuerpo de nuestra legislación?

Hay para mí un principio genérico evidente, una fuerza que reside en forma virtual y eminente en la plena sociedad humana; esa fuerza es la tutelar, es aquel poder moral y jurídico en virtud del cual la sociedad tiene un derecho indiscutible a normalizar la vida social, no abandonando al desvalido y al débil, procurando facilitar al individuo aquellos medios necesarios para cumplir sus fines, tanto los que se relacionan con las exigencias del espíritu como con las necesidades de la materia, restableciendo el equilibrio roto, en las relaciones sociales, por las desviaciones de la voluntad humana y preparando constantemente la operación individual al bien común.

Esta fuerza tutelar, este poder virtual y eminente, se conoce en multitud de instituciones jurídicas y en determinadas expresiones o modos del derecho; y en el padre respecto a sus hijos se llama patria potestad; y tutela, propiamente dicha, cuando, faltando esa patria potestad, se crea una protección que la suple en favor del menor o del incapacitado.

Para mi son idénticos, en sustancia, la patria potestad, la tutela, el magisterio, el patronato, la acción protectora en sus diferentes y múltiples formas, puesto que todas esas instituciones o entes sociales y jurídicos hallan su origen y su razón de ser en esa virtud o poder tutelar que es noxo indispensable para la vida social y que integra la naturaleza misma de la sociedad humana, constituyendo uno de los fundamentos esenciales del orden en ella.

Claro es, cómo podría yo negarlo o ponerlo en tela de juicio?, que la patria potestad es virtud, o poder, o derecho que corresponde natural y directamente a la familia sin que proceda de una fuerza ó una virtud social anterior, como causa eficiente; pero aparte de que yo he hablado de la sociedad plena, y la familia, como primera célula social, es, una parte integrante del todo, ¿qué inconveniente puede existir en que la patria potestad, aun correspondiendo a funciones y a la naturaleza especial de un ente, participe de la misma sustancia de ese poder tutelar que reside en la sociedad entera como medio para lograr un fin que es común también a la familia, y que, por lo tanto, proclama la identidad de naturaleza, en el fondo, y un orden del que son elementos constitutivos la familia y las demás instituciones sociales?

Sin esa identidad de fin y de esencia, ¿cómo podrá ser suplida la patria potestad por la acción tutelar y una transferida, realmente, a personas distintas del padre de familia, ni realizado el objeto a que se encamina?

Y es evidente, a nuestro juicio, que ese poder tutelar que reside en la sociedad entera y, por lo tanto, en el Estado llamado a regular las relaciones sociales