El Foro español (Madrid. 1898) (1916-11-10 00:00:00), página 6

particularmente en el asunto de que se trata. (Debo hacer constar que en la mayoría de los Juzgados de primera instancia la representación del Ministerio fiscal está personificada en Abogados en ejercicio afectos a aquellos.)

No creo necesario añadir cosa alguna a lo que dije en la ocasión mencionada, y queda transcrita para justificar cumplidamente la necesidad de dotar de Promotores fiscales a los Juzgados todos.

3.a Modificación: (Creación de plazas de Abogado fiscal en todas las Audiencias que carecen de ellas).

Al ocuparme de este extremo, debo empezar por hacer constar que en España hay nada menos que diez y nueve Audiencias provinciales en las que no existe Abogado fiscal en propiedad. Son éstas las de Ávila, Castellón, Ciudad Real, Gerona, Guadalajara, Huesca, León, Lérida, Logroño, Lugo, Palencia, Santander, San Sebastián, Segovia, Soria, Tarragona, Teruel, Vitoria y Zamora.

Cóntame de modo inequívoco que el atraso que en el despacho de los asuntos existe en casi todas las Audiencias dimana de las Fiscalías de las mismas y que tal atraso obedece a que es imposible, con imposibilidad material e invencible, que el escasísimo personal asignado a tales dependencias pueda cumplir los múltiples deberes que se le imponen. Y si esto sucede porque no puede por menos que suceder en aquellas Fiscalías que tienen Abogado fiscal o Abogados fiscales, ¿qué no sucederá, en el mismo orden de cosas, en aquellas otras en las que todo el personal de plantilla se reduce al Fiscal jefe y el Teniente fiscal?

¿Y cómo se verá de agobiado de trabajo cualquiera de éstos cuando, como es muy frecuente, el otro es designado para desempeñar, fuera de la localidad en que la Audiencia está domiciliada, una comisión del servicio cuya duración es en ocasiones de varios meses?

El actual señor Fiscal del Tribunal Supremo, en su notable trabajo antes eludido, se queja de esta misma escasez de personal en las Fiscalías de las Audiencias, atribuyéndola las dificultades con que se tropieza para practicar la debida inspección de los sumarios y la necesidad de que con habituadlidad inconveniente, según hace constar, actúen funcionarios suplentes, cuya existencia en las Fiscalías, como ya expuse en otra ocasión, «no puede ser de modo alguno justificada, ni aun disculpada, pues en su abono no podrá adueñarse otra razón que la que se funde en la miserable economía que su conservación representa, economía que es precio harto elevado del mal efecto que produce ver interviniendo en un juicio, llevando la voz del Ministerio fiscal, al que momentos antes peroraba en defensa de un procesado, acusado del mismo delito, que sentó en el banquillo a aquél para quien, en nombre de la ley, pide ahora ejemplar castigo».

FERNANDO PÉREZ FONTÁN,
Juez de primera instancia e instrucción
de Mondóñedo.
Octubre de 1916.
(Se continuará.)

El impuesto de utilidades y la supresión del papel de oficio

Los señores Decano, Secretario y Contador del Ilustre Colegio de Procuradores de Madrid, como representantes de la Comisión ejecutiva de la Asamblea de Procuradores de España, cumpliendo su deber de velar por los intereses de la clase, ha emitido dictamen acerca de los proyectos sobre el impuesto de utilidades y supresión del papel de oficio, redactando al efecto las exposiciones que a continuación copiamos:

«Exemo Sr.: Los Procuradores del ilustre Colegio de esta Corte que suscriben, y que constituyen la Comisión ejecutiva nombrada por la Asamblea de Procuradores de España, para defender los intereses de la clase, acuden a la información abierta para exponer en el «Proyecto de ley sobre modificación de varios tributos, letra B, Contribución sobre las utilidades de la riqueza mobiliaria», y respetuosamente manifiestan:

Que no pueden dejar de reconocer la justicia que informa la disposición primera del art. 2.º del referido proyecto de ley, gravando con un tanto por ciento las utilidades de las profesiones de la tarifa 4.ª de la Contribución industrial y de comercio, entre las que está comprendida la de Procurador de los Tribunales.

Nos honraríamos suscribiendo cuanto con respecto a este proyecto de ley ha dicho el excelentísimo señor Ministro de Hacienda en su discurso del Congreso el día 30 de Septiembre último, y en el prólogo de dicho proyecto; pero por lo mismo que nos anima tal espíritu de justicia, hemos de ser consecuentes con él y de solicitar en aras de esa misma justicia la exención absoluta del impuesto de utilidades para los Procuradores, convencidos de la razón que nos asiste y seguros de llevar al ánimo de la Comisión, a la que tenemos el honor de dirigirnos, la firmeza de nuestra propia convicción.

Las razones que abonan nuestra solicitud son muy sencillas, y están tan a la vista, que no se necesita gran esfuerzo para exponerlas, comprenderlas y atenderlas.

Propónese el proyecto a que nos referimos que tributen con un tanto por ciento por razón de utilidades las profesiones que menciona; y si nosotros demostramos que tributamos con ese tanto por ciento, y acaso con otro mayor del que exige el proyecto, y que ese tributo viene en una ú otra forma a levantar las cargas del Estado, que es la finalidad de todo tributo, la exención que solicitamos estará justificada, porque no puede ni debe exigirse al contribuyente que pague dos veces sobre la misma base tributaria.

No desconocemos la Comisión, a la que nos dirigimos, que los Procuradores levantamos una carga que nos impone el Estado, que venimos obligados a la representación gratuita y de oficio ante los Tribunales de justicia en innumerables asuntos civiles y criminales, sin que por ello se nos otorgue compensación alguna.

Con todo cariño atendemos a esa obligación; pero