El Foro español (Madrid. 1898) (1917-07-15 00:00:00), página 6

Cháchara

La Gaceta de Madrid de 29 de Junio último inserta una Real orden del Ministerio de Gracia y Justicia, en la que se dispone que los funcionarios judiciales y fiscales y sus auxiliares, que deseen servir plaza distinta de la que se hallen desempeñando, lo soliciten directamente de dicho departamento ministerial, absteniéndose, en absoluto, de hacerse recomendar para el logro de su deseo, bajo apercibimiento de que, de lo contrario, no verán éste satisfecho, y de comprobarse que la recomendación se debía a gestión directa del interesado, se le consignaría tal proceder como nota desfavorable en su expediente personal.

Rindiendo culto a la verdad, como procuro hacerlo siempre, he de declarar que no entiendo la última parte de la mencionada resolución, pues aparte de que las gestiones para desempeñar plaza determinada parten siempre del interesado mismo, salvo casos verdaderamente excepcionales, entiendo que tan censurable (y según dicha Real orden, tan punible) es la conducta del que apela a la recomendación, haciéndola directamente a la persona de quien cree que puede influir en que sea complacido, como la del que lo solicita de ella por mediación de otro u otros, y aun veo más motivo de reproche en esta conducta que en aquélla, ya que, cuanto mayor sea el número de valedores intermediarios, más se difunde y propala el mal efecto de la indebida gestión.

El preámbulo de la disposición de que me ocupo señala los motivos que la sirven de fundamento; pone de manifiesto el excelente deseo de que los funcionarios judiciales estén rodeados de los mayores prestigios posibles de que está animado el Ministro de Gracia y Justicia, Sr. Burgos y Mazo, y es una nueva inequívoca prueba de lo rectilíneo de sus ideas y sus procedimientos; pero, a despecho de mis inveterados optimismos, hío poco en la eficacia de tal resolución, pues, como solamente en casos excepcionales sabemos los funcionarios judiciales y saben los funcionarios fiscales y los auxiliares de unos y otros cuáles son las plazas que están vacantes, siempre, salvos tales casos, será forzoso utilizar, siquiera como requisito previo para dar el debido cumplimiento a la saludable exigencia de dicha Real orden, la influencia o el favor para saber cuáles son o van a ser dichas plazas.

Por ello entiendo que tal disposición no logrará el remedio del mal que, con inmejorable buen deseo, se propone combatir mientras no se dicta otra resolución complementaria de aquélla, y por la que se ordene anunciar siempre cuáles sean las plazas vacantes o próximas a estarlo. Entonces se habrá hecho lo que yo solicitaba que se hiciera en la «Carta abierta» dirigida al Diputado a Cortes por Oviedo y Relator de la Audiencia de Madrid, D. Ramón Álvarez Valdés, publicada en el núm. 688 de esta Revista, correspondiente al 10 de Febrero próximo pasado, y en la instancia dirigida al excelentísimo señor Ministro de Gracia y Justicia, contenida en mi «Cháchara» inscrita en el núm. 702 de este mismo periódico, que salió a luz en 30 de Junio último; es decir, se habrá implantado para la provisión de las plazas vacantes de Magistrados, Jueces, Fiscales y Secretarios judiciales un sistema análogo al que, desde hace varios años, viene utilizándose con tan buenos resultados y tan a satisfacción de todos para la provisión de los Registros de la propiedad. Pero, mientras no se haga eso, esto es, mientras no se anuncien oportunamente las plazas vacantes o próximas a estarlo y, por el contrario, se siga haciendo los traslados a cenceros lapados, como suele decirse, nada o muy poco se habrá adelantado en tal orden de cosas.

Por tanto, una vez más uno mi voz a las de otros muchos compañeros para pedir que, con urgencia, se implante para cubrir las plazas vacantes de funcionarios judiciales y fiscales un sistema idéntico o, por lo menos, muy análogo al en vigor, para proveer las de Registradores de la propiedad.

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Las manifestaciones hechas recientemente por el excelentísimo señor Presidente del Consejo de Ministros, dan motivo para suponer que la reunión de las Cortes no será próxima.

Es más; no obstante la patriótica precaución del señor Dato, de no disolver las Cámaras de los anteriores Gobiernos liberales, es de esperar que, de no ocurrir algo muy grave—de lo que Dios quiera librarnos—a la nueva reunión del Parlamento, precederán unas elecciones generales.

Como consecuencia de todo esto, se deduce que los problemas cuya resolución ha de ser acordada por las Cortes, tardarán aún, no poco tiempo, en resolverse.

Pero es el caso que, entre ellos, hay algunos que, sólo con gran violencia y causando males gravísimos, admiten esa prolongada espera; y de tal clase es el referente al aumento de los sueldos de los funcionarios judiciales y fiscales.

El vorazoso encarecimiento que de día en día experimentan en todas las poblaciones de España casi todos los artículos alimenticios, el vestido, el calzado, la habitación, la luz, el carbón, la leña, los sueldos de los criados y, en general, cuantos elementos son indispensables para la vida, ha llegado a crear una situación muy difícil para todos los funcionarios públicos españoles que no se hallan en puestos eminentes de sus respectivas carreras o profesiones y verdaderamente improrrogables para los funcionarios de la Administración de justicia que no han alcanzado aún las altas categorías de la misma, ya que no pueden acudir al recurso salvador de aumentar su trabajo en cualquier orden de la humana actividad, como medio de aumentar también los elementos precisos para atender a la forzosa satisfacción de sus necesidades.

Por eso yo creo que el Gobierno, convencido, como necesariamente tiene que estarlo, de lo apremiante de la precisión de elevar los sueldos de los funcionarios judiciales y fiscales, debiera atender, desde luego, inmediatamente, a la satisfacción de la misma, utilizando las facultades que competen al Poder ejecutivo, para