El Foro español (Madrid. 1898) (1917-04-10 00:00:00), página 3

trados del Tribunal Supremo con tres años de ejercicio.

Su dotación será de 25.000 pesetas.

Dichas bases dieron pie al Sr. Álvarez Valdés para presentar al Congreso la siguiente enmienda:

«Al capítulo 3.º Los Diputados que suscriben tienen el honor de someter a la deliberación y al acuerdo de la Cámara la siguiente enmienda al dictamen de la Comisión de Presupuestos referente a la Sección 3.ª, «Ministerio de Gracia y Justicia», del general de gastos para el año 1917.

Los artículos 1.º al 4.º del capítulo 3.º quedarán redactados en esta forma:

    Pesetas

    Artículo 1.º—Tribunal Supremo
    1.132.000

    2.º—Audencias territoriales
    2.868.930

    3.º—Idem provinciales
    2.594.750

    4.º—Juzgados
    3.652.410

    10.248.090

Palacio del Congreso, 25 de Noviembre de 1916.—Ramón Álvarez Valdés—Melquiades Álvarez—Alejandro Lerroux.—Francisco Cambó.—Juan de la Cierva.—Manuel Senante.—Eduardo Dato.»

Para darse cuenta exacta del valor inmenso de esta enmienda, por el mero hecho de ir firmada por todos los que la suscriben, basta parar mientes en que son éstos todos los jefes de minoría parlamentaria del Congreso.

Pero el primer firmante de aquélla, o sea el Sr. Álvarez Valdés, quiso hacer aún algo más, y en la sesión celebrada por dicho Cuerpo colegislador el domingo 10 de Diciembre último la apoyó, pronunciando un discurso eloquentísimo, en el que patentizó, por así decirlo, la necesidad de aumentar los sueldos del personal de la Magistratura, la Judicatura y el Ministerio fiscal, y de hacerlo con toda urgencia; justificando hasta la saciedad, con datos irrecusables, que los sueldos asignados a los funcionarios judiciales en España son misérrimos y hasta irrisorios, no ya comparados con los que disfrutan sus colegas de Inglaterra, Austria, Prusia, Baviera, Holanda, Suiza y las demás naciones en que la labor judicial está debidamente dota da, sino también si se los pone en parangón con los que tienen señalados en aquellos países como Francia e Italia, en los que se considera mal dotados a tales funcionarios, hasta el punto de afirmarse en Francia que la retribución que allí tiene un Juez es un salario de hambre, y de lamentarse en Italia constantemente el pauperismo de su Magistratura; demostrando palpablemente que aun cuando actualmente los sueldos de los Magistrados son aparentemente los mismos que les asignaban los artículos 215 de la ley provisional sobre organización del Poder judicial de 15 de Septiembre de 1870 y 12 de la ley adicional de aquélla de 14 de Octubre de 1882, y los de los Jueces sólo fueron aumentados desde que aquella ley se promulgó en 250 pesetas anuales, el haber efectivo que perciben hoy unos y otros funcionarios es muy inferior al que percibían entonces, ya que en 1870 sólo existía el impuesto del 10 por 100 sobre los sueldos, y actualmente esos mismos sueldos están gravados por la contribución sobre utilidades en una proporción que oscila entre un 14 y un 20 por 100, y esto aparte de que, como es notorio, el coste de los artículos todos de primera necesidad, no ya en los tiempos presentes y como consecuencia de la anormalidad producida por la, al parecer, interminable conflagración europea, que más que europea puede ya llamarse semimundial, sino aún inmediatamente antes de estallar aquélla se había elevado en más de un 40 por 100; poniendo de relieve que este encarecimiento de la vida para ningún funcionario público es tan funesto como para el funcionario judicial, al que, no sólo se lo obliga a acomodar su vida privada a exigencias suntuarias de que, por otra parte, no puede prescindir, sino que además se le prohibe utilizar todas las demás legítimas manifestaciones de su actividad que pudiera enderezar a completar el haber indispensable para dar satisfacción a sus más apremiantes necesidades, pues se le impone, como con feliz frase hizo constar, la absoluta adscripción de sus energías todas al cumplimiento de la función judicial que le está encomendada, corrigiéndole disciplinariamente con severidad que llega hasta la privación del cargo si se procura de otro modo, por admisible, legítimo y honroso que éste sea, el mejoramiento de su situación económica; y diciendo, en fin, en apoyo de la enmienda transcrita, todo cuanto podía y debía decirse, hasta el punto de lograr el aplauso de todos los diputados de la Cámara, y lo que es más importante, la adhesión, bien claramente manifestada de todos ellos al criterio de dicha enmienda, y hasta la expresa declaración del señor Ministro de Gracia y Justicia de que suscribía todas las consideraciones del orador encaminadas a demostrar la necesidad y la urgencia de dotar mejor a la Magistratura española.

Parece que, inmediatamente después de esta jornada, que en el orden empírico bien puede calificarse de gloriosa, habría de ser un hecho la mejora de nuestra situación. ¿Verdad? Pues, no, señores; estamos como antes de presentarse tal enmienda y de apoyarse ésta tan brillantemente. ¿Causa?... La de siempre: dificultades de forma, inconvenientes burocráticos, la improcedencia que se vio en modificar la retribución de los funcionarios judiciales, sin implantar al mismo tiempo la reorganización de sus funciones. Lo que, traducido al lenguaje vulgar, quiere decir que, aun reconociéndose unanimemente que debe reorganizarse el servicio y que debe también mejorarse la situación del servidor, y aun conviniéndose por tirios y troyanos en que esta mejora de situación es inaplazable, se resolvió no procurarla, interin no se reorganicen los servicios. Y como la mejora de sueldos de los funcionarios judiciales es, indudablemente, una mejora del servicio de Administración de Justicia, hay que deducir de tal criterio—de no exponerse a tener unas palabras con la lógica—que, cuando se