El Foro español (Madrid. 1898) (1917-08-30 00:00:00), página 7

en 23 de Julio de 1883, que, derogando en su art. 21 las leyes anteriores de Imprenta, devolvió su eficacia legal al art. 240 del Código penal, en el que sólo es castigado (número 3.º) «el que escarneciese públicamente algunos de los dogmas o ceremonias de cualquiera religión que tenga prosélitos en España».

Y esta es, aunque increíble parezca y mentira se estime, la legalidad penal vigente en España.

Sea, pues, la primera reforma del Código actual el establecimiento de los delitos de religión consignados en el Código penal anterior, o sea el de 1850. Castiguese la manifestación pública, la propaganda por lo menos de ideas anticatólicas subversivas de la religión del Estado y de todo orden social. En el discurso de apertura de los Tribunales (15 de Septiembre de 1910), decía el Ministro actual de Gracia y Justicia, que en aquel entonces regentaba el mismo departamento ministerial, D. Trinitario Ruiz Valarino, hablando de las reformas del Código penal:

• Los ataques a la integridad de la Patria, el ultraje a su bandera y a los atributos de su soberanía, tendrán la sanción que merecen.

Con este timbre de crímenes no puede haber transacción, así como tampoco puede haberla con la propaganda de tales ideas o hechos.

Conformes de toda conformidad con las anteriores y eloquentes palabras del Ministro de Gracia y Justicia; pero perdóneme el Sr. Ruiz Valarino, que ya sabe lo mucho que lo estimo, que tan perjudicial como los ataques a la integridad de la Patria es la propaganda de ideas irreligiosas y anticatólicas, especialmente en España. De los otros delitos de religión expresados en el tantas veces citado Código de 1850, urge sobremano castigar severamente el de la blasfemia.

La expresión contumeliosa a Dios, ya afecto inmediatamente a la Divinidad, ya mediante las injurias proferidas contra sus santos o las cosas sagradas, que es como se define la blasfemia, debe considerarse tal hecho, sobre todo en la católica España y toda sociedad bien ordenada, como verdadero delito en sí, puesto que lo conviene su definición racional: es un acto exterior libre que viola el orden jurídico y social, injuriando al autor reconocido de la sociedad. Es, por consiguiente, punible, y sólo le falta para ser delito en el Derecho constituido, que en éste se le señale pena proporcionada. Y esto es lo que se debe pedir con urgencia, para desterrar de España un viejo abominable, que produce perturbación social, escándalo angustioso de los mejores ciudadanos y justo temor de que vengue Dios sus ofensas, castigando a la sociedad que las deja impunes y que rebaja a la patria y la llena de ignominia ante las demás naciones. ¿Dónde se oyen blasfemias tan soeces y tan repetidas como todos habéis tenido que oír en España? ¿Dónde se ve la procacidad y el refinamiento de malicia que muestra la blasfemia, desgraciadamente tan común, lanzada contra la Hostia consagrada?

Dada la gravedad y frecuencia de tal blasfemia, sería de desear que tuviera sanción especial más grave que la ordinaria.

Las leyes antiguas promovían de un modo especial la reverencia y el respeto debido al más augusta de los Sacramentos: la Sagrada Eucaristía. Véase la ley de Don Juan I., inserta en la Novísima Recopilación, que es del tenor siguiente: «Porque a Nuestro Señor son aceptos los corazones contritos y humildes e el conocimiento de las criaturas a su Creador; mandamos y ordenamos que cuando acaceseise que Nos o el Príncipe heredero o Infantes nuestros hijos, o otros cualesquiera cristianos vierieren que viene por la calle el Santo Sacramento del Cuerpo de Nuestro Señor, que todos sean temidos de lo acompañar hasta la Iglesia donde salió, y fincar los hinojos (hincarse de rodillas) para le hacer reverencia y estar así hasta que sea pasado, y que Nos no podemos excusar de lo así hacer por lodo, ni por polvo, ni por otra cosa alguna; e cualquiera que así no lo hiciere, que pague 600 maravedís de multa.» (Ley 2, t. tulo 1.º de la Novísima Recopilación.)

Así determina jurídicamente el respeto que, a juicio de un legislador católico, se debe tributar en una nación católica al Augusto Sacramento de nuestros altares.

Respecto al segundo punto del tema 16 del P. Villa- da, o sea el relativo al modo práctico de hacer efectivas las responsabilidades penales señaladas en nuestro Código vigente contra los desacatos al Augusto Sacramento, mientras no se modifiquen en sentido más favorable a la religión las leyes actuales, la fórmula que propone el P. Villada en su Memoria, es bien sencilla y concreta: para las Autoridades, la ejecución de las disposiciones del Código penal en la materia, exigiendo su exacto cumplimiento, mediante la imposición de penas a los infractores; y para los particulares, y especialmente para la policía, la denuncia diligente de las infracciones, expresando el hecho concret que viola tal artículo del Código penal o tales disposiciones legales.

Si esto se practicara, continuá, con el celo del bien de la religión y de la patria, remediarían graves desórdenes—la misma experiencia en algunos casos lo atestigua—y no tendríamos que lamentar tantos y tan perniciosos escándalos que a cada paso provocan la indignación de los buenos ciudadanos y han de provocar la justa ira de Dios Nuestro Señor.

Imperfectas son nuestras leyes actuales; pero bien cumplidas, mejorarian notablemente las costumbres, y por lo que hace al caso, impedirían muchos agravios a la Religión, muchos desacatos al Augusto Sacramento, de que en particular habla el tema. Conviene, pues, recordar esas leyes o disposiciones legales para fundamentar la denuncia y hacer su éxito más seguro. Éstas recogidas en varias obras, verbigracia, en La ley de Dios y las leyes positivas, y en la posterior del señor Obispo de Jaén: El Derecho español en sus relaciones con la Iglesia.

Aunque el Código penal no castiga la blasfemia como tal, sino únicamente por ser contra la moral o herir los sentimientos religiosos de los españoles, debe invocarse para impedir o castigar las blasfemias contra el Augusto Sacramento. Si éstas implicaren burla