El Foro español (Madrid. 1898) (1915-11-10 00:00:00), página 6

téril, jamás podrá hacerla suya según el art. 1.949 de nuestro Código civil, si allá en los folios de nuestros registros de la propiedad hay una inscripción que acredita que un día tuvo dueño; y aunque esto no ocurra, si no ha encontrado un vecino fácil que, comprobando una falsedad se preste a otorgarle un documento privado de venta para que el poseedor pueda alegar justo título, o si no ha pasado entre ausentes un plazo nada menos que de veinte años.

¿Cómo he de negar que la prescripción requiere un lapso prudente de tiempo, si no queremos provocar una perturbación jurídica y social inmensa? ¿Cómo no reconocer que hay casos, tratándose del menor, por ejemplo, en los que la falta de asistencia y de cuidado por parte de los propietarios, no obedecen al abandono o a culpas propias y de las cuales no debe ser el legítimo dueño responsable, y que sería en extremo pernicioso e injusto premiar la usurpación y el despojo de un osado o de un aventurero sin conciencia?

No; semejantes casos ni se me ocultan ni dejan de presentárseme con toda su trascendencia y gravedad; ni tiene derecho nadie a suponer en mí una defensa de monstruosidades y dislates jurídicos; pero, ¿por qué no ha de tener nuestra legislación en cuenta esos otros casos que cite y que también constituyen monstruosidades y dislates jurídicos? ¿Por qué no hemos de hacer más elástica, según corresponde, la teoría de la prescripción y amoldarla a los fines sociales de la propiedad, castigando con la pérdida de sus derechos el abandono desidioso o culpable de los dueños y recompensando con la cesión de esos derechos a los que, supliendo o aprovechando la culpa ajena, consuman sus energías y su capital en el cultivo de los predios yermos y abandonados, aumentando la riqueza de los pueblos y coadyuvando al progreso y al bien de la sociedad humana?

Pues esto es lo que yo pretendería para nuestro derecho de prescripción: una clasificación prudente y sabia; una prevención algo más casuística y elástica, para no premiar la rapina, la astucia delincuente, el fraude y la fuerza, pero sí para castigar el abandono culpable del individuo, para no detener el progreso económico de los pueblos, para armonizar, en una palabra, las exigencias del fin individual con las del fin social, rompiendo esos moldes estrechos y férricos de nuestra legislación, que, sobre todo en materia de propiedad, parece que no ve otra cosa en la tierra sino individuos o, a lo sumo, personas jurídicas.

Procuraremos no detenernos en la obra social ya emprendida; llevemos el espíritu, que la ha informado, a todos nuestros códigos; pensemos en que si las aspiraciones de las clases desheredadas no se encuanzan y en cambio se agravan todos los días los derechos de los débiles y necesitados; si no despojamos nuestras leyes de la herramienta de antiguas injusticias y no nos adelantamos a reconocer y a garantizar la justicia de muchas reclamaciones, llegará un día en que el absurdo de las modernas utopías choque, con ímpetu arrollador, contra todo lo existente y no baste un tardío arrepentimiento para evitar su ruina y su muerte a la sociedad, que no supo o no quiso remediar a tiempo sus yerros y oir la voz de los que clamaban por las reformas salvadoras.

(Continuará).

Quejas y comentarios.

En el Juzgado de la Universidad de Barcelona.

A la hora de cerrar este número recibe telefónicamente el Sr. Ronald, de cuyos asuntos nos ocupamos en esta misma sección del número último, la noticia de que en el proceso que se tramita en el Juzgado de primera instancia del distrito de la Universidad de Barcelona ha ocurrido algo todavía más extraño de lo sucedido en el del distrito de la Audiencia, y que apenas si concebimos en la notoria ilustración del Sr. D. Segundo Fernández Argüelles, que lo regenta.

Como estas resoluciones judiciales coinciden, o mejor dicho, prosiguen a ciertos desplantes de los interesados en contra del Sr. Ronald y sus protectores, que se empeñan, al parecer, en hacer cuestión regional lo que solo es de justicia, creemos llegado el caso, con más intensidad que lo creíamos antes, de que el señor Ministro de Gracia y Justicia llame la atención del señor Presidente y Fiscal de aquella Audiencia, para que vean y estudien lo que hay en estos asuntos y procuren por el cuique tribuere, en que el Derecho consiste.

Y bueno es que se vayan enterando los que de ello han menester, que la ley de Propiedad industrial se ha hecho para garantizar el derecho de los que legalmente lo tienen registrado, aunque no sean catalanes, y máxime si se trata precisamente de aquellos a quienes se les negó por estar concedido antes a su contrincante, y que, no obstante haberse querido apropiar la marca o nombre de que se trata, tienen ahora la valentía de promover en un proceso cuestiones prejudiciales sobre que tal nombre no es apropiable y anunciar nulidades en demanda civil, con cuyo simple anuncio se pretende paralizar el procedimiento penal; y se hace esto después de pasados los tres años que la ley marca para que la concesión se quede irrevocable, por lo que no comprendemos la posibilidad de que haya sido admitida tal incidencia, ya que esa disposición legal no puede ignorarla ni el más profano, por ir impresa al dorso del título mismo de la concesión.

Repetimos que estos asuntos nos parecen tan extraordinarios que merecen se fije en ellos con especial cuidado el señor Ministro.

Nosotros sólo pedimos justicia, y más que por lo que a una de las partes pueda interesar, aun estimando que tiene toda la razón, por que el prestigio judicial no se comprometa ni quede a merced de nadie.