El Foro español (Madrid. 1898) (1916-09-30 00:00:00), página 6

rio de Alemania y el duque de Saboya, siendo su objeto poner límite a la tiranía y agresiones del monarca francés, y, sobre todo, impedir que pusiese en práctica su designio de apropiarse la sucesión de España (1), y que dió como resultado que Luis XIV, no sólo abandonase sus recientes conquistas, sino también una parte de los distritos que podía retener en virtud del tratado de Ratisbona, firmándose el tratado de 20 de Septiembre de 1697 entre Francia y España.

Perdido ya el aparente esplendor, presentóse ante nuestra vista la España dominada, siendo juguete de la ambición extranjera y su trono codiciado por dos casas rivales en Europa. Destruída, aniquilada y en manos de la intriga extranjera, así pasa España de la dominación de la casa de Austria a la no menos desdichada de los Borbones.

No habiendo tenido sucesión de ninguna de sus dos consortes el rey Carlos II, y yéndose consumiendo por instantes su vida, no era difícil prever las gravísimas dificultades que en un plazo más o menos cercano había de ofrecer una herencia tan codiciada, mediando, sobre todo, dos intereses opuestos sostenidos por poderosas fuerzas: de una parte, la casa de Austria; de otra, la Francia.

Había intentado el gabinete de Versalles ver si era dable entenderse de antemano con la corte de Viena, para evitar graves conflictos que pudieran tal vez acarrear una guerra general en Europa; mas habían sido vanos sus esfuerzos, aun cuando apareciesen revestidos de pacíficas apariencias. La casa de Austria se reputaba con derecho a recoger por completo la rica herencia de Carlos II, como quien entra en posesión de unos bienes patrimoniales, y difícilmente podía avenirse a compartirla con la Francia, su eterna rival y durante siglos enemiga, como ahora lo estamos presenciando.

A las pretensiones de esta última se oponía, como obstáculo legal y valedero, la renuncia que hizo la infanta Doña Ana al desposarse con Luis XIII, así como la que, en época más reciente y con mayor solemnidad, si cabe, había hecho la infanta Doña María Teresa al contraer matrimonio con Luis XIV.

Para dar a este acto toda la validez imaginable, se había ratificado por aquella princesa después de entrar en su nueva patria, con el fin de que apareciese más libre y espontáneo; y al celebrarse en Madrid, se había convertido en ley del reino, a petición expresa de las Cortes.

Aparece, sin embargo, por datos auténticos no entonces conocidos, que el hábil ministro que por parte de Francia dirigió aquellos tratos, no creía de gran valor aquel obstáculo, y cuidó, con sagacidad suma, de que la validez de la renuncia de la infanta quedase como pendiente de cumplirse por parte de España algunas condiciones, tal como el pago de la dote, para tener a mano un cabo suelto de que asirse si la ocasión se presentaba.

Alimentaba las esperanzas de la corte de Versalles el crear que tales renuncias habían tenido por objeto satisfacer el orgullo de los españoles e impedir que las coronas de ambos reinos se unieran en la misma cabeza, pero que una vez salvado este inconveniente, grave de suyo, no podían aquellos actos invalidar la ley de sucesión establecida por costumbre inmemorial en España, sancionada en sus Códigos y practicada constantemente por espacio de siglos, ley que admitía las hembras de mejor grado a falta de varones.

Mas, a pesar de todo, aparece que la renuncia de su esposa inquietaba a Luis XIV, que hizo no pequeños esfuerzos para que el Gobierno español se aviniese a reconocerla como nula, llegando a ofrecer en cambio, como remuneración de aquel sacrificio, no proteger la causa de Portugal, que tanto debía a sus auxilios, ya públicos, ya encubiertos, y la corte de Madrid sostuvo la validez de las renuncias, que habían de ser débiles barreras.

El monarca francés se esforzaba por ganar en la corte de Madrid partidarios de su causa, cosa no difícil de conseguir, dado el poco afecto que a Carlos II profesaba el pueblo y el descontento general, e insensiblemente fué cobrando fuerza el partido favorable a la Francia. Tampoco se oponía a los planes de Luis XIV el ánimo débil de Carlos II.

Consultó el rey a los Consejos de Estado y de Castilla, y para acallar su conciencia, no contentándose con el dictamen de juríscultos y teólogos dentro del reino, se dirigió una consulta al Papa. A tal extremo habían llegado las cosas de España, que olvidándose consultar a la nación, se iba a Roma, para que decidiera nuestra suerte. Y cómo dice el historiador Cose: ¿qué otro Tribunal, sino las Cortes, podía ser competente al asunto de que trataba? Debe además notarse que entre los documentos que Carlos dirigió al Papa Inocencio III cuando le consultó sobre este negocio, como propios por su naturaleza para ilustrarle, iban los decretos de las Cortes generales sobre la sucesión de la Corona. ¿Por qué, pues, este monarca se abstenia de convocar una Asamblea, a la cual reconocía el poder y el derecho de decidir este grave negocio? En vez de pedir dictamen a un soberano extranjero, ¿por qué no se dirigía más bien a la familia española, representada por las Cortes, sobre una materia que tan directamente le interesaba?

En vano las leyes fundamentales prescribían que en los asuntos graves consultase el rey a las Cortes; en vano había sido esta la costumbre observada en varios reinos de la Península por espacio de siglos; destruidos los fueros y libertades de Castilla y de Aragón en tiempo de Carlos I y de Felipe II, aquella venerada institución sólo servía para pedir subsidios. Los condes de Fuensalida y de Frigiliana (conocido después con el nombre de conde de Aguilar) fueron de dictamen de que se convocasen las Cortes de Castilla; pero no se tuvo en cuenta su opinión, y el informe del Consejo fué presentado al rey por Portocarrero.

Sometido el porvenir de España a las decisiones ex-