El Foro español (Madrid. 1898) (1915-08-30 00:00:00), página 2

tos se corre el riesgo de perjudicar aun al mismo a quien la ley considera digno de protección.

La misma ley Hipotecaria, a pesar de sus afirmaciones rotundas en esta materia, no ha tenido más remedio que ocuparse de estas excepciones y en su art. 132 prevé el caso de tener que suspender el juicio sumarísimo establecido en el artículo anterior y además reconocer el derecho en el deudor de poder plantear en el juicio ordinario las excepciones que tenga contra el acreedor.

Llevados los legisladores por las dos preocupaciones anteriores de la rapidez y la baratura, no dudaron en establecer un procedimiento judicial sumarísimo para hacer efectivos los créditos garantidos con fianza hipotecaria, si bien impusieron a las partes la sujeción estricta al procedimiento en la ley establecido, caso que optasen por él.

La práctica ha venido a demostrar que el procedimiento, a pesar de ser considerado como sumarísimo, resulta mucho más largo que siguiendo los trámites marcados para los demás juicios ejecutivos en la ley de Enjuiciamiento civil, y por ello el público, conocedor de sus intereses, se deja de privilegios que salen caros y largos y sigue el régimen general, que es más beneficioso.

Los autores de la ley Hipotecaria han partido siempre de un supuesto, que si bien responde en la generalidad de los casos, no es infalible: nos referimos a la creencia de que siempre y en todo caso, la hipoteca, o mejor los bienes hipotecados a la seguridad de un préstamo, cubre con exceso el importe del mismo, y con este supuesto el art. 131 de la ley Hipotecaria se ha olvidado de un caso que no es producto de nuestra imaginación, sino tomado de la realidad, o sea de que, seguido el procedimiento y subastados los bienes, no cubran el crédito del demandante; entonces surge la cuestión: ¿qué procedimiento cabe seguir para cobrar sobre otros bienes de toda clase pertenecientes al deudor?

La ley de Enjuiciamiento civil ha previsto el caso de que los bienes especialmente hipotecados sean notoriamente insuficientes, y en el art. 1447 admite que por el acreedor se embarguen, además de los bienes especialmente hipotecados, todos los demás pertenecientes al deudor y que sean suficientes a responder de principal, intereses y costas.

Además, permite de igual modo que si en el curso del juicio se estimase que puede dudarse de la suficiencia de los bienes embargados, el que el acreedor pueda pedir la mejora del embargo realizado, y el Juez deberá decretarla.

¿Cabe el hacer esto dentro del juicio sumarísimo establecido por la ley Hipotecaria, una vez vendidos los bienes o antes, si se ve claramente que son insuficientes para cubrir el crédito del demandante?

Entendemos que no. Para que proceda el embargo es requisito necesario que le preceda un auto, mandando despachar la ejecución, y para esto hay que demostrar que el título reúne los requisitos que precisa la ley Procesal para que se decrete cosa que puede no ser precisa en el juicio sumarísimo que determina lo que ha de hacerse cuando no se presente el título del que nace la acción ejecutiva.

Pero además, aunque pudiera pedirse la mejora de em-
bargo, ¿iba a seguirse para la venta de los bienes nuevamente embargados el juicio sumarísimo? De ninguna manera; en primer lugar, para que pueda tener lugar ese procedimiento, exige la ley Hipotecaria como requisito esencial y como indispensable, son sus palabras, que en la escritura conste un precio para la subasta y un domicilio para el requerimiento al pago, y ese precio, claro es, que no iba a ser posible ponerlo de común acuerdo los interesados, y como si esto no fuera obstáculo pequeño para que se pudiera aplicar los preceptos de la ley de Enjuiciamiento civil, era preciso que después del embargo se citara al deudor de remate y se siguieran todos los demás trámites hasta obtener sentencia firme de remate para entrar en la vía de apremio, pues para la persecución de bienes no especialmente hipotecados, caben las excepciones y nulidades de que se ocupa la ley Procesal, y de las cuales no puede impedirse haga uso el deudor.

Esto es de una evidencia tal, que entendemos sobran argumentos que no harían más que obscurecer la cuestión, y por eso entendemos que no cabe la mejora de embargo, ni antes ni en el curso del juicio sumarísimo.

Pero se dirá: ¿Y por el resto que dejó de cobrar el acreedor no se podrá incoar un nuevo juicio ejecutivo, sirviendo como documento para despachar la ejecución un testimonio suficiente de los autos para demostrar la insuficiencia de la hipoteca?

Ateniéndonos a lo dispuesto en el art. 1.435 para que el ánimo se incline por la afirmativa, puesto que se trata de perseguir cantidad líquida de plazo vencido, y mayor de 500 pesetas; pero nos sale al paso el art. 1.429 de la ley que nos dice: «la acción ejecutiva deberá fundarse en un título que lleve aparejada ejecución»; y como si esto no fuera suficiente, agrega: «sólo tendrán aparejada ejecución los títulos siguientes», y entre los que enumera, no se encuentra el testimonio de que venimos ocupándonos.

Tampoco puede entrarse desde luego en el procedimiento de apremio como ejecución de sentencia firme, porque en el juicio sumario no existe sentencia ninguna ni ampliación ni traba de litis, ni oír siquiera al deudor.

Véase a lo que conduce el afán de abreviar la tramitación y especializar las normas de procedimiento, sin comprender que nuestra ley de Enjuiciamiento es un todo orgánico admirado y hasta copiado por los países extranjeros exentos de los prejuicios que al nuestro preocupan.

(De la Gaceta de Tribunales.)

COLEGIO DE ABOGADOS DE MADRID

EL DECANATO

La muerte del Sr. Díaz Cobeña, amigo querido de todos y jurisconsulto de todos venerado y considerado como maestro, plantea prematuramente la cuestión de elección de Decano del Colegio de Abogados de Madrid, que el ilustre finado deja vacante, y conviene que sobre este particular se piense