El Foro español (Madrid. 1898) (1915-10-10 00:00:00), página 11

manejos, su desequilibrio no nace de ella misma, y, por lo tanto, el poder público se encuentra en el inexcusable y urgente deber de fortalecerla, de sanearla, de corregir los vicios que la desacreditan, cuando no la deshonran, con la secuela de tantos daños para la moralidad y para el orden público. Todo menos declarar ante el mundo nuestra incapacidad para el arraigo de una institución que en tantas otras naciones funciona con el aplauso y asentimiento general, que tal cual hecho aislado, inherente a la imperfección o debilidad humana, no basta a quebrantar. Ciertamente, que, como dice un ilustre profesor y tratadista extranjero de Derecho, que ha dejado enviable reputación: «Para que esta institución pueda arraigar, necesita el suelo de un país políticamente independiente y abierto desde mucho tiempo a las ideas políticas; conocedor de sus derechos, decidido a sostenerlos y fortificarlos, capaz de hacer frente al Poder con osadía, pronto siempre a descomponer de toda institución que pueda facilitar los ataques contra la libertad de los ciudadanos; necesita de un pueblo que se interese vivamente por los negocios públicos, que sepa comprender el valor de la independencia en los Jueces, y cuya educación está bastante adelantada, para que en cualquier estado de la causa pueda encontrarse en su seno número suficiente de Jueces imparciales.»

Doloroso es reconocer y confesar que algo de esto falta en nuestra Patria, sobre todo el vivo interés por los negocios públicos; pero, ¿habremos por esto de renunciar a tantas otras instituciones del derecho moderno, que reclaman, como la del Jurado, en la fundamental forma que hoy vive, el cumplimiento de deberes de ciudadanía, algunos de los que tiene en la ley que la rige sanción penal, sin virtualidad, ciertamente, en muchos casos, pero por la sola razón de que no se hace efectiva? Luchar con tenacidad para alcanzar derechos políticos que logrados se abandonan, es tarea insensata; pero no se puede retroceder y la función educadora del Estado debe fortalecer estos desmayos de la voluntad individual con procedimientos adecuados, porque el progreso realizado no se puede declarar en quiebra.

En la tarea de sanear el Jurado, mucho podría hacer por la necesaria intervención que en el mismo tiene la profesión de la Abogacía, por la acción popular, por la querella del agraviado y más especial y frecuentemente por la defensa del acusado que se le encienden; pero examinar y poner al descubierto si la austeridad acompaña siempre a tan honrosa profesión, sería tarea delicada que voluntariamente abandono, aunque su examen y juicio crítico no decae fuera de los deberes de mi cargo en el momento en que debo dar cuenta del estado de la Administración de justicia, de la que el Letrado, en ejercicio, es noble, eficaz y necesario auxiliar.

El Ilustre Colegio de Abogados de Madrid ha adoptado el acuerdo de repartir, entre todos los que se hallan en ejercicio, la defensa de los asuntos de pobres, que por muchos años se ha encomendado por su Junta de Gobierno a un número limitado de Letrados, a quienes, por esta carga se les exime del pago de la contribución industrial. Cualquiera que hayan sido los motivos de esta resolución, sin duda, todos por levantados estímulos, constituye el acuerdo un gran beneficio para los individuos de la clase menesterosa, a quien los desgraciados accidentes de la vida o la necesidad de la defensa de sus derechos los somete ineludiblemente a la acción de los Tribunales, o a ellos acuden en reparación de agravios o de justas vindicaciones, porque sin dudar del celo con que en todo tiempo hayan sido defendidos, ahora, en muchos casos, la suerte les depara jurisconsultos eminentes y distinguidos Letrados, que seguramente ponen a su servicio el propio empeño con que acogen y sostienen la obligación retribuida.

Esta intervención obligada de todos los colegiados no es exclusiva del Colegio de esta Corte, y aun llega el ilustre de Sevilla—después de establecer en el artículo 1.º de su Reglamento que «Considerada como una carga la defensa gratuita de las causas de pobres, se impone por igual la obligación de levantársela a todos los colegiados que ejerzan la profesión,—a estimar, sin embargo, que es justo motivo para eximir la defensa de una causa de oficio llevar el Letrado, a quien se le haya repetido una causa criminal, menos de diez años en el ejercicio de la profesión, cuando la pena que solicite el Fiscal en sus conclusiones provisionales, sea una de las siguientes: cadena y reclusión temporales en grado máximo, cadena y reclusión perpetua y muerte;» previsión delicada que sin herir ninguna susceptibilidad, deja al arbitrio y rectitud del colegiado, la facultad de examinar y resolver si el hábito y experiencia de menos de diez años del ejercicio de la profesión, le permite hacerse cargo de la defensa de un reo sobre el que pesa la acusación de un delito que lleve consigo una de las penas más graves en la escala de las afflictivas.

Aun siendo legítima, justa y honrada la retribución material que el ejercicio de la abogacía produce, que no excluye la noble emulación por el triunfo de la razón y del derecho, no se puede dejar de reconocer que la voz autorizada de un Letrado, a quien no guía más interés que el triunfo de la justicia, a cuyo servicio pone, con el concurso de sus dotes naturales, el propio tiempo que su reputación de integridad, su experiencia y su habilidad, habrán de prevenir favorablemente al Jurado, constituido en distinta forma, en que, por los vicios apuntados, se constituye generalmente ahora, dejando de ser entonces instrumento útil, cierto género de oratoria con que fácilmente se sugestiona a los que no llevan, cuando les acompaña, poco más que el rudimento de instrucción necesario para suscribir el acta, o se utiliza su contacto, en apartadas conferencias, para otros procedimientos y medios que no son los de la limpia y severa discusión de los estrados.

(Continuará).