El Foro español (Madrid. 1898) (1916-08-20 00:00:00), página 4

El Estado, después de haberse aprovechado de su actividad y de su tiempo, cuando ya no le sirven de nada, los echa inhumanamente al arroyo, tira desdenosamente el limón después de haberlo estrujado, no los despacha como los espartanos, ni les da el golpe de gracia como ciertas tribus salvajes, pero los somete a la muerte lenta del martirio horrendo de una miseria negra.

Y ved las agravantes de esa conducta.

El Estado tiene el deber de buscar garantías para el derecho a la vida de todos los ciudadanos. Como la condición de ese derecho es el trabajo, el que se aprovecha de éste es el que tiene inmediatamente la carga moral de hacer efectivo aquél. Esa carga pesa sobre el Estado mediata y subsidiariamente.

Y el Estado español da el ejemplo escandaloso de rehuirla, no obstante pesar sobre él, por dos conceptos: directa e inmediatamente, como patrono de sus funcionarios; mediata y subsidiariamente, como Estado.

Respecto a los 3.331 funcionarios civiles cuyo sueldo es inferior a 1.500 pesetas, el desamparo en que los deja es más injusto y más chocante.

Si fueran empleados de una Empresa particular, los eximiría del impuesto de utilidades; a ellos, empleados del Estado, los somete a un descuento del 10 por 100. ¿Por qué?

Habría una razón poderosa al destinar ese 10 por 100 a constituir sus derechos pasivos. En rigor, el descuento de los funcionarios del Estado no tiene otro fundamento razonable; es contribución de ciudadano y es retención de una parte del sueldo para devolvérselo en forma de pensión de vejez o a su familia en forma de pensión de viudedad o de orfandad. Pero como ciudadanos están exentos de esa contribución porque el Estado no ha querido gravar los sueldos inferiores a 1.500 pesetas, por entender que no podía imponer un impuesto sobre ingresos que son absolutamente necesarios para la vida. El descuento del 10 por 100 a que se somete a estos modestos funcionarios, no tiene, por tanto, otra justificación razonable que el de retención para devolvérselo cuando más lo ha de necesitar, cuando sea jubilado, cuando la vejez haya secado la fuente de su trabajo y de su vida.

Se lo retiene para devolvérselo en forma de pensión y luego le jecamotea, le niega esa pensión!

Cuando los Estados modernos de Europa organizan el seguro social contra el riesgo de la vejez, razonan así:

Todos los años se despenan en la miseria millares y millares de familias, porque los que las sostienen se incapacitan para trabajar, y era ese trabajo su sustén. La vejez tiene abierto sobre la sociedad un grifo permanente de miseria, y, por tanto, de sufrimiento, de degradación y de malestar, que pone en fiebre y desazón a todo el cuerpo social. El Estado tiene que taponar ese grifo, porque debe velar por la salud y por la paz de la sociedad, porque debe atender solícito al bien común, y no hay posible bien común mientras la miseria caiga así, en cascada, sobre el cuerpo social.

Y para taponar ese grifo, para dar alguna solución al problema social suscitado por la vejez nacional desamparada, organiza el seguro de pensión de vejez, o subsidiando la libertad, como en Bélgica, Italia y España, o imponiéndolo obligatoriamente, como en Alemania y Francia.

Pero los Estados no se preocupan de los rentistas ni de los que tienen ingresos considerables. «Esos—dien—pueden retener de sus ingresos presentes para las necesidades futuras.» Se preocupan de los más humildes, de los que tienen que vivir al día, de los que no tienen más fuente de ingreso que su trabajo. Esos son los que pueden diluir un día sobre la sociedad una ola de miseria, de rebeldía y malestar; esos son los que le pueden plantear un desagradable problema social.

Ese criterio ético, de sabia y previsora gobernanza, el Estado español no lo conoce, o, por lo menos, no lo practica. A sus funcionarios más humildes, a los que no pueden ahorrar para la vejez, a los que han de perturbar después la sociedad con su miseria generalizada e irremediable, a esos precisamente es a los que abandona a su muerte.

Y ese es el estado actual del derecho de jubilación entre los funcionarios civiles de Gracia y Justicia. Cuando el Estado adquiera una más clara conciencia de sus deberes, rectificará, porque hay en todo ello un problema de injusticia y de improvisión gubernamental que no puede prevalecer.

III

El otro, llamado Derecho pasivo, es la pensión de viudedad y de orfandad.

Hasta este año sólo podían reclamarlo los 1.865 funcionarios que tenían derecho de jubilación; el 78 por 100, no.

Pero una ley de Bugallal de 23 de Diciembre de 1915, lo ha hecho extensivo a los funcionarios del Cuerpo de Prisiones, a los Registradores de la propiedad y al personal administrativo del Ministerio.

No dejan, por tanto, pensión de viudedad y de orfandad a su mujer y a sus hijos, los Notarios, los Secretarios, Oficiales de Sala, Relatores y Escribanos, los Secretarios judiciales, los Médicos del Registro civil, los excedentes, cesantes y el personal administrativo y auxiliar del Tribunal Supremo, de las Audiencias y Juzgados. Si mis cálculos no son inexactos, no llegan hoy a la mitad los funcionarios civiles de Gracia y Justicia que dejan sin pensión a sus viudas y huérfanos. Como no hay ninguna razón para que el Estado reconozca ese derecho al portero del Ministerio o de una cárcel y se lo niegue al portero de una Audiencia o de un Juzgado, a un Registrador y no a un Notario, es de presumir que poco a poco irán conquistando ese derecho pasivo todos los que hoy se ven privados de él.

Pero, ¿cuál es la cuantía de ese derecho?

La viudedad y la orfandad continúan regulándose hoy por la Instrucción de 26 de Diciembre de 1831. Los que la redactaron vivían sumergidos en el pan-