El Foro español (Madrid. 1898) (1916-09-30 00:00:00), página 9

luntaria, con que subsista la amigable composición. La tramitación es mucho más breve y no porque en sus fallos prevalezcan, como determinante esencial, las inspiraciones de la buena fe, dejarán de ofrecer sus resoluciones las necesarias garantías de acierto para los interesados que a esta forma patriarcal de decisión sometan sus discordias.

Con poderoso estímulo requiere también la opinión pública una acertada regularización del beneficio de la defensa gratuita; beneficio legítimo, nacido al amparo de altos principios de equidad y de justicia, que, sin embargo—todos lo sabéis bien—, se ha convertido, por impurezas de la realidad, por faltas de previsión de los preceptos que lo regulan y por excesos de temeridad de litigantes desaprensivos, que han dibujado sobre el fondo de nuestro procedimiento una nueva forma de delito a la que pudiera llamarse chantage de la transacción, en algo verdaderamente caótico, que se caracteriza principalmente por el desorden y el abuso, y constituye un verdadero estado de anarquía judicial. Los incidentes de pobreza, más que para rendir culto a la verdad y amparar al débil en sus contiendas con el fuerte, sirven, con harta frecuencia, para que se multipliquen los pleitos emotivados con ocasión de agravios inferidos de todas maneras y con los más fútiles pretextos a la persona contra quien litiga el solicitante del beneficio legal o el ya asistido de semejante estado, llegándose al extremo de convertir el derecho efectivo en meramente ilusorio y, por la cuantía de las costas, que en esa situación de desigualdad se ve obligado a satisfacer un solo litigante, es notoriamente insostenible. Claro es que cabría igualar la situación del litigante pobre con el rico determinando la gratuitud para ambos del procedimiento; pero esta solución radicalísima ofrece también graves inconvenientes, que a vuestra experimentada comprensión no pueden ocultarse: por lo cual se ha entendido que lo único verdaderamente indispensable consiste por ahora en limitar la representación y defensa de los que se conceptúen pobres al Ministerio Fiscal, estableciéndolo, además, aquellas normas nuevas, capaces de corregir sin contemplación los abusos, corrupciones y habilidades nocivas que la experiencia ha evidenciado.

Con el primordial propósito también de acelerar la tramitación, aunque sin cercenar las facultades propias y peculiares de las Salas de Justicia, deben ampliarse las funciones de los Magistrados ponentes en las decisiones; y para dar cumplida satisfacción a los interesados en las contiendas judiciales y ofrecer además a la sociedad todas las garantías de ilustración sobre la justicia en los fallos, aspiración suprema del interés de todos, se impone la publicación de los votos particulares, conocidos hasta hoy por su carácter con el nombre de votos reservados. El sentir general así lo reclama con empeño, y es evidente que la reserva actual menoscaba más que la publicidad que se daba a esos votos el prestigio de que tanto necesitan los Tribunales para que sus resoluciones sean, a la vez que justas, apreciadas y respetadas como tales.

Quizás alarme un tanto, pero sin causa justificada, otra novedad del proyecto: la necesidad de aplazar o reservar, para que sea juzgada en definitiva, la admisión de los recursos de casación por infracción de ley o de doctrina legal, a no ser que su improcedencia aparezca tan manifiesta que convenga desestimarla de plano. Ante la economía de gastos y de tiempo, bien está que se examine escrupulosamente su procedencia y se formule declaración acerca de ella, como trámite previo, en el momento de resolver sobre el fondo si la infracción aparece clara y definida; nunca en aquellos casos bien frecuentes, según demuestra la experiencia, en que se interpone el recurso de casación para procurar satisfacciones a la osada y a la mala fe de un litigante temerario.

Hay que reconocer que la vigente ley de procedimientos civiles facilitó con ventaja sobre las anteriores la ejecución de las sentencias, pero sin conseguirlo en bastantes ocasiones por el defecto esencial de dar espacio a incidentes dilatorios, en extremo costosos y complicados en que se procede las más de las veces como si no se hubiese discutido el asunto principal, convirtiéndolos casi en juicios plenarios que no reconocen otra causa que el deseo de hacer difícil y trabajoso el curso regular de la tramitación, ni suelen responder a otro fin que al de burlar la irrevocabilidad de las resoluciones firmes, pues a tanto se aspira. Un mal de tamaña gravedad y transcendencia requiere un más severo ordenamiento de preceptos, si ha de ser efectiva y expedita la eficacia de lo definitivamente juzgado. Con las disposiciones de garantía que en el proyecto han de aquilatarse y con que los Jueces desestimen en principio toda cuestión incidental, ociosa o extraña a los fines de ejecución del fallo, se habrá puesto un dique al abuso de las demoras, haciendo imposible la inejecución de las sentencias y se habrá promovido una positiva mejora en el actual sistema, evitando los frecuentes conflictos que se suscitan con grave perjuicio de los intereses de las partes y con notorio escándalo de la conciencia pública.

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El progresivo espíritu de reforma en que tiene forzosamente que inspirarse, para ser acomodada a los tiempos presentes esta labor organizadora que examinamos, nos lleva al planteamiento de una innovación de importancia transcendental en nuestros modos procesales. Nos referimos a la instancia única y oralidad del juicio ante Tribunales colegiados, mejora que se introduce en el proyecto respondiendo a inspiraciones de la opinión pública y de la cual es lógico esperar resultados completamente lisonjeros. Consiste el nuevo procedimiento en la supresión de la segunda instancia, rueda dilatoria que no aumenta garantía alguna al acierto de resoluciones que pueden ser objeto de recurso, y que, en cambio, viene constituyendo en la realidad un obstáculo insuperable para el aceleramiento de las contiendas judiciales y para disminuir los excesivos gastos que originan ahora. El juicio or-