El Foro español (Madrid. 1898) (1916-12-30 00:00:00), página 2

trato social, el descrédito y el menoscabo; en el orden económico, la miseria; en el fisiológico, la enfermedad; en el orden de la naturaleza física, la reacción, que es análoga y contraria a la acción, y en el orden jurídico, la pena.

Así como el Estado tiene como función esencial sobre toda diferencia de organización, lugar y tiempo, la reparación del derecho violado, así también la víctima exige la que en justicia le corresponde, y el delincuente acepta en muchos casos la pena como justa.

¡Cuántas veces, como ahora, ha acontecido que el criminal se ha presentado voluntariamente a las autoridades para confesar su delito!

El suum cuique tribuere hace nacer en muchos delincuentes un estado psicológico, en parte, inconsciente, que les empuja a buscar el castigo, porque éste no es un hecho aislado, sino que es consecuencia jurídica del delito.

Así como éste se imputa a su autor, si goza de libertad moral, la pena subjetivamente considerada es retribución, reintegración del derecho perturbado.

El Estado debe a la sociedad y al delincuente la pena, y a ella tiene derecho el criminal, puesto que es el medio que el Estado le presta para acatar la ley y cumplirla.

¿Qué tiene de extraño que quien no es delincuente por instinto, por perversidad de su naturaleza, sino sólo por las circunstancias, luche terriblemente con el remordimiento, con el consiguiente deseo de publicar su acto delictivo, y hasta con el de sufrir la sanción a él correspondiente?

Platón dijo que la pena es remedio del alma. Esto no será cierto en muchos casos, pero lo es indudablemente en otros en que vemos que la pena constituye un lenitivo al pesar por el crimen realizado y purifica el espíritu conturbado del reo del mismo modo que la absolución del sacerdote devuelve el sosiego al pecador.

Dostoyevski sustenta en su obra maestra esa teoría del derecho y de la necesidad que el delincuente tiene de la pena, y esa teoría, muy discutida constantemente, y estimada por muchos como sofística, se nos presenta ahora en la realidad con caracteres de indudable certeza.

Las renuncias familiares, el temor a nuevos crímenes, los celos, una serie de causas unidas, podrán tal vez haber influido sobre el espíritu de Ramón Santos Marracci para denunciarse y denunciar a su compañera; pero el principal fundamento, el motivo determinante de su tremenda resolución ha sido, sin duda alguna, la necesidad de descargar la conciencia, agobiada por tamaño crimen, de buscar la expiación a toda costa, de purificar su alma por medio de la confesión y del consiguiente enjuiciamiento del delito, porque Marracci, como Macbeth, había también asesinado al sueño.

SANTIAGO ARIMÓN.

REFORMAS EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

(CONCLUSIÓN)

8.ª modificación. (Fijación en 4.000, 5.000 y 6.000 pesetas de los sueldos de los Secretarios judiciales de entrada, de ascenso y término, respectivamente, y, en cantidades proporcionales a ellos, de los sueldos de los funcionarios de las categorías superiores.)

Casi todo cuanto he dicho al ocuparme de la modificación anterior, esto es, de la señalada como 7.a, puede repartirse en justificación de la procedencia de la que ahora me ocupo.

El notorio encarecimiento de la vida en los últimos tiempos; la imposibilidad de que los Secretarios judiciales puedan, legalmente, aumentar decorosamente sus ingresos obtenidos por razón del desempeño de tales cargos, imposibilidad si no absoluta bien caída y nacida no solamente de lo muy difícil que es encontrar ocupaciones compatibles con el debido ejercicio de sus funciones como tales Secretarios, sino también de la dificultad, mayor aún, de poder restar de las horas precisas para llenar cumplidamente su cometido oficial, el tiempo indispensable para dedicarse a otro quehacer; y otras muchas razones que fuera prolijo enumerar, ya que este modesto trabajo está escrito para profesionales de la curia, y éstos conocen perfectamente cuáles puedan ser tales razones, patentizan la necesidad de dotar a los Secretarios judiciales de sueldos decentes, de sueldos que, por lo menos, les permitan dar satisfacción a las necesidades de la vida, propiamente tales.

Los Secretarios judiciales, auxiliares y compañeros a un mismo tiempo de Magistrados, Jueces y Fiscales; funcionarios a quienes se exigen los mismos conocimientos e iguales condiciones que a éstos para entrar a desempeñar sus cargos; custodios de los documentos judiciales todos, y, por todo ello, verdadera llave de registro de la organización judicial, y pieza importante de su mecanismo, constituyen actualmente—claro que con alguna excepción que confirma la regla—una clase meritísima a la que, para llegar a ser tenida como tal, para colocarse en el rango envidiable de dignificación profesional y social de que hoy disfruta por sus conocimientos su proceder y hasta su abnegación (que no poca se necesita para soportar sin protestar la más leve protesta ni la más humilde queja la incesante aglomeración de trabajos, no retribuidos en forma alguna, que las modernas leyes electoral, de emigración y tantas otras, han desencargado sobre sus hombros), ha sido preciso hacer desaparecer, a fuerza de fuerzas, o, más claramente, a fuerza de estudio, honradez, lealtad y perseverancia en todo ello, la