El Foro español (Madrid. 1898) (1916-11-10 00:00:00), página 7

puede asegurarse que excede de 1.000 pesetas anuales la cantidad que para cumplirla ha de gastar el Procurador, sosteniendo un personal modestísimo dedicado exclusivamente a ese servicio. Es, sin duda, el Procurador el único profesional que se encuentra en ese caso, sin que exista una razón que abone tal gravamen, toda vez que satisface como los demás profesionales la Contribución industrial que le corresponde.

Si, pues, el Estado recibe del Procurador la Contribución industrial correspondiente, si el Procurador presta gratuitamente al Estado un servicio que éste no remunera y que de hacerlo no sería en menor cantidad de la indicada, ¿no es claro que sobre las utilidades del Procurador pesan ya el tributo de la contribución y otro que mermá sus utilidades en una cantidad que supone el 10 por 100 de un ingreso líquido de 10.000 pesetas?

¿No es un ingreso para el Estado el de dejar de abonar un servicio que se le presta gratuitamente y que es de absoluta necesidad para la Administración de justicia, que es una de las características esenciales de su existencia? ¿No tributa, pues, el Procurador por las utilidades que obtiene?

Además, la Contribución industrial ha de computarse, según el Proyecto, como tanto por ciento de utilidades en la liquidación que se practique al efecto, y por tanto, representa en el Líquido imponible del Procurador por dicho concepto, otra cantidad de importancia.

¿Es que serán muchos los Procuradores que tengan una utilidad líquida superior a la cantidad que representaría el importe de la contribución y las mil pesetas que significan los gastos de la carga que el Estado le impone con el turno de oficio? Bien puede asegurarse que acaso no haya ninguno.

No debe olvidarse, además, la índole especial de la profesión de Procuradores, obligado por la ley a satisfacer con la garantía de su arcedía fianza, los honorarios de los Letrados y las minutas de todos los auxiliares de la Administración de justicia. Es tal esa obligación que el Procurador se sacrifica a ella, dejando para último término el cobro de sus derechos, hasta el punto de sentirse satisfecho con atender a aquella obligación aun a costa de cobrar rara vez la totalidad de sus devengos. Esto hace que sea muy difícil precisar la utilidad líquida obtenida en la profesión, ya que los asientos de los libros jamás reflejarán la verdad en perjuicio del Procurador, sin que sea dable prevenirse en todo caso contra ese resultado con la provisión de fondos, porque sería desconocer los imperativos de la realidad.

No solicitamos, pues, la exención del tributo a título de privilegio ni por sistemática oposición a medidas fiscales, sino porque creemos fielmente que satisfacemos el impuesto en toda su extensión, con anterioridad a todos los demás profesionales y en forma que no puede desconocerse, y resultaríamos de peor condición que los que sólo contribuyen con la industrial que les corresponde y que también nosotros satisfacemos.

Lejos de nuestro ánimo sustraernos capciosamente a levantar las cargas del Estado. Porque las levantamos en forma que equivale y acaso supera el tributo que se establece, pedimos la exención del mismo para nuestra clase, y protestamos, como al principio, de nuestro respeto a toda disposición legal y aplaudimos el acierto del Excmo. Sr. Ministro de Hacienda en el Proyecto de ley a que nos referimos.

Por ello, y creyendo que nos abonan la razón y la justicia, no pedimos en forma alternativa que parecería falta de convicción en lo que solicitamos, por lo cual Suplicamos a V. E., que teniendo en consideración las razones expuestas, que al emitir dictamen sobre la disposición primera del art. 2.º del Proyecto de ley a que se refiere esta solicitud, se sirva modificar dicha disposición en el sentido de exceptuar del pago del impuesto de utilidades a los Procuradores, en méritos de justicia.

Madrid, 19 de Octubre de 1916.—Excelentísimo señor Presidente de la Comisión que entiende en el proyecto de ley sobre contribución por utilidades de la riquezamobiliaria.

** Excmo. Sr.: Los Procuradores del Ilustre Colegio de esta Corte que suscriben, y que constituyen la Comisión ejecutiva nombrada por la Asamblea de Procuradores de España para defender los intereses de la clase, acuden a la información abierta para exponer en el «Proyecto de ley sobre modificación de varios tributos, letra G, Timbre del Estado», y respetuosamente manifiestan:

Que consideran de justicia la supresión de la disposición primera del art. 7.º del referido Proyecto de ley, que dice: «Se suprime el papel de oficio en los Tribunales».

El Excmo. Sr. Ministro de Hacienda, en su discurso pronunciado en el Congreso el día 30 de Septiembre último, dijo que suprimía el papel de oficio, porque era una prodigalidad más de la Administración, que se aplica a toda suerte de menesteres que no son precisamente aquellos para los que lo ha instituido la ley. Y en el preámbulo del referido proyecto dice que otras modificaciones que se establecen, atienden a necesidades de mucho tiempo advertidas, como la supresión del papel de oficio...

No desconocemos el abuso que se ha hecho del empleo del papel de oficio, pero no podemos aceptar que el Estado, en vez de salir al paso de ese abuso, corrigiéndolo, se desprenda de una obligación que es esencial y característica de su existencia, como es la Administración de justicia, que necesariamente ha de practicar sus actuaciones en papel, sea de la clase que quiera, para que aquella resulte gratuita a los que litigian de oficio.

No puede considerarse como una prodigalidad de la Administración lo que forzosamente ha de emplearse en los Tribunales, y en gran cantidad, como es el papel en que ha de actuar en los innumerables asuntos criminales y civiles de oficio. No puede llamarse propiamente modificación establecida en ese punto, la supresión de una atención indispensable.