El Foro español (Madrid. 1898) (1916-11-20 00:00:00), página 6

en que su implantación habría de ser posterior a la innovación, de que ya me ocupé, consistente en dotar de Promotor fiscal a todos los Juzgados, o simultánea de ella, y deberá ir precedida de una resolución que hiciere obligatorio el nombramiento, de oficio, de Abogado defensor y de Procurador representante de los procesados, desde el momento en que transcurriera el plazo, siempre muy breve, que se les concediera para la designación de aquéllos.

Establecida dicha reforma, en tales condiciones, ¿qué argumentos pueden, racionalmente, emplearse para combatirla?

El sistema actual, que divide el procedimiento penal, por razón de delito, en dos períodos, uno instru- tivo, encomendado a los Jueces, y otro resolutivo, en- comendado a las Audiencias provinciales adolece del defecto gravísimo de exigir el transcurso de un largo lapso de tiempo entre el momento de la comisión del delito y el instante de decidir la cuestión penal, naci- da de tal comisión; y es inuestionable que la reforma aludida haría desaparecer dicho inconveniente, abre- viando notablemente la sustanciación de los procesos, lo que permitiría a los testigos presenciales de los he- chos que los motivaban y a los testigos aportados para la comprobación de otros hechos relacionados con aquéllos recordar mejor los detalles y las circuns- tancias del particular que habrán de acreditar, y ha- ría más difícil la labor, tan nefanda—y, desdichada- mente, tan frecuente también—de procurar que, unos y otros, faltaran a la verdad o la desfiguren en be- neficio o en perjuicio de los reos, ya por falta de tiem- po para realizar tal labor, ya porque es más fácil que ésta sea eficaz y fructífera cuando la acción del tiem- po ha esfumado y desdibujado la escena: a delito que cuando la impresión que su vista ha producido está todavía viva y palpitante en la memoria.

La reforma de que se trata tiene, además, la indis- cutible ventaja de aumentar los elementos de criterio, pues, como ya en otra ocasión indiqué, por muy es- crupuloso que sea el Juez en la redacción de las de- claraciones de los testigos, y aun siendo éstos quienes las redactan, no es posible reflejar en ellas ciertos de- talles, siempre importantes y, en pocos casos, verda- deramente de interés capital, porque, ¿cómo llevar a los folios de un sumario la turbación y las vacilacio- nes de un testigo, muchas veces no nacidas de la im- presión que le produzca su falta de costumbre de com- parecer ante un Juez en una severa Sala de Audien- cia, para daponer acerca de un asunto grave, sino hijas de los compromisos contraídos antes de entrar en ella, o consecuencia del temor de no interpretar o no exponer bien las instrucciones recibidas o del disus- to de haberlas olvidado, o, por el contrario, la rotun- didad y la seguridad de sus contestaciones, la armonía o el desacuerdo entre la palabra y el gesto, y tantos otros detalles, siempre valiosos para el llamado a for- mar juicio?

FERNANDO PÉREZ FONTÁN,
juez de primera instancia e instrucción de Mondouelo.

Octubre de 1916. (Se continuará).

Boletín de la decena

LEY DE SUBSISTENCIAS

MINISTERIO DE HACIENDA

LEY

Don Alfonso XIII, por la gracia de Dios y la Constitución, Rey de España:

A todos los que la presente vieran y entendieren, sabed: Que las Cortes han decretado y Nós sanciona- do, lo siguiente:

Artículo 1.º Se faculta al Gobierno para reducir o suprimir temporalmente los derechos arancelarios de importación de las sustancias alimenticias de primera necesidad y primeras materias cuando circunstan- cias extraordinarias y transitorias lo requieran para el abastecimiento del consumo, el funcionamiento de las industrias o la explotación agrícola.

Se considerarán, a los efectos de esta ley, primeras materias los productos que, aun elaborados por una industria, tengan aquel carácter para otra que, a jui- cio del Gobierno, sea de absoluta necesidad.

Antes de hacer uso de esta facultad se oirá el infor- me de la Junta de Aranceles y Valoraciones, salvo caso de verdadera urgencia.

Art. 2.º Queda autorizado el Gobierno para señalar a las Compañías ferroviarias y a las de navegación subvencionadas la rebaja de las tarifas de transporte que considere conveniente a los fines de esta ley, y si con arreglo a las disposiciones vigentes no pudiera obligarlas a que aceptasen la rebaja, o si de la aplica- ción de ésta resultase evidente lesión para los intere- ses de dichas Compañías, el Gobierno podrá concertar con ellas las indemnizaciones que estime justas, a con- dición de que no afecten el plazo de concesión de sus respectivas líneas, y de ellas se dará cuenta a las Cor- tes, sin perjuicio de que surta, desde luego, su efecto la resolución del Consejo de Ministros.

Para señalar las indemnizaciones, que siempre serán pecuniarias, se tendrá necesariamente en cuenta el beneficio que para las Compañías represente el aumento de transportes derivado del abaratamiento de las tarifas.

Las Sociedades o Empresas que tengan material de ferrocarril podrán utilizarlo pasando por las líneas generales para transportar los productos propios del mercado a la fábrica, y al mismo tiempo se utilizará de retorno en el transporte de otras mercancías, co- brando una parte de lo que perciba la Compañía por el derecho de peaje.

El Gobierno podrá auxiliar con anticipos reintegra- bles o con garantía de interés al capital invertido, a las Sociedades o Empresas españolas que aporten al tráfico nacional material ferroviario con destino a los servicios de peaje para transportar las sustancias alimenticias de primera necesidad y primeras ma-