El Foro español (Madrid. 1898) (1917-04-30 00:00:00), página 11

el art. 335 del Código civil, y esto sentado, es evidente que habiendo un individuo ideado y aplicado a marcar sus envases el distintivo de su fabricación con un nombre determinado como marca, siendo el único industrial que venía poseyéndola y utilizándola, hasta que seis años después solicitó y obtuvo igual marca otra persona, tenía sobre ella la propiedad adquirida como autor y poseedor de dicho medio material de señalar sus mercancías;

Y que tanto por la misma naturaleza de esta singular propiedad, como por las necesidades cada vez más apremiantes de la concurrencia, se regularon en la ley de 16 de Mayo de 1902 aquellos medios encaminados a amparar y proteger el crédito industrial mediante la inscripción de las marcas de fábrica en el Registro especial creado al efecto; pero por la razón misma a que obedece la ley no podía privilegiar, por el mero hecho de registrarla, un distintivo que anteriormente fuese empleado y conocido en los mercados como propio de otro productor, y a ello obedece lo dispuesto en el art. 30, según el cual no es la propiedad de la marca lo que se crea por el hecho de su incorporación al Registro, sino los privilegios que mediante el mismo se otorgan a aquélla, quedando subordinada la adquisición del dominio a la posesión no interrumpida con buena fe y justo título, durante tres años, limitación que revela y evidencia el propósito del legislador de dejar a salvo los derechos de terceros que dentro del trienio acudiese a reelevar su prioridad en el legítimo uso de tales signos de crédito y demostrar su posesión o dominio.

Competencia.—Compraventa.—Acción personal.—Sentencia de 19 de Abril. (Gaceta de 9 de Enero de 1914.)—Resuelve que representando el importe de una letra de cambio, base de juicio promovido, el precio de ciertos géneros de comercio, y no existiendo principio alguno de prueba estímable para apreciar que aquéllos fuesen remitidos al comprador por su cuenta y riesgo ni la concurrencia de otra circunstancia determinante de que el pago debiera verificarse en el domicilio del vendedor con sujeción a lo prescrito en el párrafo 3.º del art. 1.71 del Código civil en relación con la regla 1.ª del 02 de la ley de Trámite, ha de decidirse la competencia en favor del fuero del presunto deudor y demandado.

Préstamo usurario.—Sentencia de 19 de Abril. (Gaceta de 9 de Enero de 1914.)—Consigna que tratándose de la aplicación de la ley especial de 23 de Julio de 1908, a un contrato de préstamo hecho constar en escritura pública anterior a dicha ley, el solo hecho de que en esa escritura se estipulase un interés notablemente superior al normal del dinero, como lo es el del 3 por 100 mensual de la cantidad objeto de la operación y de otras que expresa, si no concurren algunas de las demás circunstancias especiales que consigna el párrafo 1.º del art. 1.º de la citada ley, que sirve para poder determinar el carácter usurario del préstamo, no puede ser motivo suficiente para que se declare la nulidad de dicho contrato a los efectos de esa ley, máxime cuando como sucede en el presente, tanto al acudir al acto conciliatorio instado por el prestatario, cuanto en el escrito de contestación a su demanda se allanó el prestamista desde luego, y para cumplir el precepto de la expresada ley en el último inciso de su art. 4.º, a reducir aquel interés pactado, al del 8 por 100 anual, que es el declarado normal del dinero, aplicable tan sólo a la cantidad entregada en préstamo.

Competencia. Compraventa.—Acción personal.—Sentencia de 19 de Abril (Gaceta de 9 de Enero de 1914)—Estáctese que la obligación de pago del precio en los contratos de compraventa de géneros de comercio debe verificarse, en primer término, en el lugar fijado en el contrato, con sujeción al artículo 1.500 del Código civil, bastando al solo efecto de decidir la competencia que haya un principio de prueba preconstituida determinante de dicha condición.

Competencia.—Compraventa.—Letra de cambio.—Sentencia de 19 de Abril. (Gaceta de 9 de Enero de 1914.)—Resuelve que, sea cualquiera el origen de la supuesta duda, cuyo pago se reclama en un juicio ejecutivo, y, por tanto, las condiciones con que se dice pactada la compraventa de mercaderías a que se refiere la demanda, tratándose de acción ejercitada por el acreedor contra el deudor aceptante de una letra de cambio girada por aquél, que figura como único título de este procedimiento privilegiado y que hubiera debido pagarse en el domicilio del segundo, a tenor de las prescripciones del Código de Comercio relativas al particular y la del art. 521, que de carácter ejecutivo a las acciones derivadas del contrato de cambio, es evidente que la competencia se determina por dichas disposiciones en favor del fuero del demandado.

Accidente del trabajo.—Fuerza extraña a los efectos del accidente del trabajo.—Sentencia de 25 de Abril. (Gaceta de 10 de Enero de 1914.)—Resuelve que si bien el art. 2.º de la ley de 30 de Enero de 1900 exceptúa el caso de accidente producido por fuerza mayor extraña al trabajo o sólo imputable a la persona que sufrió el daño, es doctrina establecida por este Tribunal Supremo al interpretar aquella disposición, que sólo debe entenderse como fuerza extraña la que por su naturaleza no puede tener relación ni conexión con el ejercicio de la industria u oficio de que se trate, criterio según el cual los riesgos que el mar ofrece, por ser propios e inherentes a la profesión del navegante, han de considerarse comprendidos en el concepto de accidentes del trabajo, a los efectos de la indemnización establecidos en la mencionada ley.

Y esto establecido, que el naufragio de una barca pesquera, producido por el temporal que sorprendió a sus tripulantes cuando se hallaban dedicados al ejercicio de su industria, constituye un accidente debido, no a fuerza extraña de los riesgos del mar, sino a causa propia y peculiar de los mismos, por su naturaleza siempre prevista, aunque muchas veces inevitable.

Propiedad industrial.—Marcas industriales.—Competencia ilícita.—Sentencia de 26 de Abril. (Gaceta de 10 de Enero de 1914.)—Declara que la ley de Propiedad industrial, en sus artículos 21, 22 y 74, fija las condiciones que han de reunir las marcas industriales, enumerando por vía enunciativa y no limitativa, los signos o medios materiales que han de constituirse, sin incluir entre ellos el tamaño ni los colores, y exigiendo, en cambio, que a la solicitud de inscripción se acompañe un grabado o cliché tipográfico para que el diseño pueda estamparse en negro en el boletín; y, por consiguiente, al afirmarse en un fallo que cada una de dos marcas está integrada por signos o medios materiales primitivamente típicos que la caracterizan y distinguen de todas las demás, se ajustó a tales preceptos;