El Foro español (Madrid. 1898) (1916-05-20 00:00:00), página 3

que, como se consigna en uno de los razonamientos de la expresada sentencia del Tribunal Supremo de 7 de Marzo de 1913, la recta inteligencia de los preceptos legales de que se trata, no es susceptible de suscitar dudas ni ambigüedades:

"Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos la impugnación a la tasación de costas formulada por el apelante, en cuanto a la inclusión de los honorarios del Letrado de la parte adversa, por indebidos, condenando al D. José Fernández en las costas del incidente. Luego que esta sentencia sea firme, dése cuenta para acordar lo que proceda sobre la que también se hace por excesivos en el referido escrito. Así definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.—Joaquín María de Alós, Alejandro Bustamante, Ernesto Jiménez, Pedro Armenteros de Ovando, Edelmuro Trillo."

Contra la sentencia inserta, interpuso recurso de súplica el apelante, dictando la Sala otra en 25 de Mayo de 1915, por la que dando por reproducidos los Resultados y Considerandos de la anterior, y considerando que en el recurso de súplica, ni se aduce razonamiento legal alguno más o menos fundado para impugnar la procedencia de aquélla, ni aun siquiera se formula en rigor procesal pretensión concreta acerca de la misma, limitándose a solicitar que la Sala se sirva dictar la resolución que estimé en justicia, debiendo declararse en su virtud no haber lugar a suplir ni enmendar la referida sentencia con expresa imposición de las costas al recurrente D. José Fernández, por su temeridad y mala fe notorias, se declaró no haber lugar a suplir ni enmendar la sentencia que dictó esta Sala con fecha 26 de Abril último, y se mandó estar a lo en ella acordado, con imposición de las costas del recurso de súplica al recurrente.

Sentencia de la Sala 1.a del Supremo de 11 de Abril de Icorriente año, denegando la casación que de las anteriores se solicitó por el impugnante y recurrente.

"Considerando que la sentencia recurrida no infringe el art. 10 de la ley de Enjuiciamiento civil, que en su párrafo primero establece con carácter general el precepto de que los litigantes serán dirigidos por Letrados habilitados para ejercer la profesión en el Juzgado o Tribunal que conozca de los autos, sin otras excepciones dentro de la propia ley que las enumeradas en los párrafos siguientes, entre los cuales no comprende el juicio declarativo de menor cuantía, y, en su consecuencia, fuera de los casos señalados en el art. 11, si hubiere condena de costas a favor de la parte que se haya valido de Letrado, como sucede en el pleito a que se contrae el presente recurso, debe incluirse en la tasación los honorarios del Abogado:

"Considerando que tampoco el fallo recurrido ha infringido el art. 710 de la citada ley, que se refiere a la celebración de la vista en segunda instancia en los nombrados juicios, porque si bien con arreglo al mismo es postergativo en las partes informar por si en aquel acto ante el Tribunal o valerse de Procuradores o Abogados, de igual manera que en el de la comparecencia en primera instancia ante el Juzgado, esta facultad que la ley otorga a los litigantes en este y otros procedimientos para facilitarles el derecho de defensa no puede traducirse en su daño cuando son dirigidos por Letrados, privando a las partes que han obtenido la condena de costas del reintegro de los honorarios por aquéllos devengados; y de otra parte la actuación de los Abogados en este caso, oral o escrita, ni es inútil ni superflua, y además está autorizada por la ley, por cuyas razones no debe estimarse comprendida en el art. 424 de la ley de Enjuiciamiento civil, que también se cita como intrínseco en el recurso.

No ha lugar, etc...".

Fué Ponente D. Luciano Obaya, y firman la sentencia con él los Sres. Ruiz Garcia Hita, Presidente; Ortiz, Gullón, Conde de Lerena, Valle y Luján.

La doctrina que se sienta es perfectamente legal y justa, y debiera servir igualmente en los juicios sumarios de la ley Hipotecaria para Abogados y Procuradores, y para éstos en los pleitos de menor cuantía; pues se ha dado el caso de que teniendo su domicilio un apelado fuera de Madrid y nombrando para representarle en esta Audiencia a un Procurador en juicio de menor cuantía en segunda instancia, se impugnaran los derechos de éste y la Sala acordará la exclusión de la cuenta que figuraba en la tasación de costas por haberla incluido el Relator Secretario.

Es decir, que aun viviendo fuera de Madrid el litigante, se consideró superfluo el Procurador que lo representase, lo cual equivalía a declarar que el litigante venía obligado a trasladar su residencia aquí durante toda la substanciación de la apelación, abandonando su casa y sus quehaceres habituales!"

Suponemos que esta resolución será recibida con agrado por todos los Abogados, a excepción de D. Luis Fernández Polanco que se prestó a autorizar con su firma el primer escrito que en este sentido fué presentado por el recurrente y al que no se quiso proveer mientras no llevara firma de Letrado, y luego sostuvo ante la Audiencia y después en el Supremo la teoría opuesta a los intereses de sus compañeros, sin duda alguna porque así se lo aconsejaba el valor de sus propias, aunque erradas, convicciones, sinceramente sentidas.

Del servicio militar en Castilla

En estos momentos, en los que la lucha europea está pregonando la necesidad de que cada ciudadano sea un soldado, es conveniente recordar la organización de la milicia castellana en la Edad Media, para que no se asusten los timoratos, de la necesidad de un servicio obligatorio verdad, y para que tomen ejemplo de aquellas instituciones, de las que, en este como en tantos otros órdenes, hay mucho que aprender y no poco que meditar.

La obligación impuesta en el art. 8.º de la Cons-