El Foro español (Madrid. 1898) (1916-08-10 00:00:00), página 10

dez impugnada de un matrimonio, o al estado civil, contradicho, de una o más personas, se deferirán siempre a la jurisdicción que deba conocer de ellas por razón de la materia.

La decisión del Juez o Tribunal que conozca de la cuestión prejudicial deferida, constituirá afirmación de hecho obligatoria para la jurisdicción penal.

Las cuestiones prejudiciales que deban decidirse por otra jurisdicción distinta de la penal, sólo podrán plantearse ante las Audiencias como artículos de previo pronunciamiento.

2.º En la materia de competencia, en la de inspección de los sumarios y en cuantas tenga intervención el Ministerio fiscal, se harán las modificaciones consiguientes al restablecimiento de los promotores fiscales.

En todas las contiendas de jurisdicción los Juzgados y Tribunales necesitarán oír al Ministerio fiscal. Ni los Jueces municipales ni los de partido podrán inhibir a la jurisdicción ordinaria sin la previa aprobación del superior inmediato.

3.º Se armonizarán las prescripciones que regulen la recusación de Jueces y Magistrados en lo criminal, con las análogas del Enjuiciamiento civil, cuanto su respectiva naturaleza lo permita. Cuando la recusación se funde en haber sido anteriormente denunciado o acusado, el funcionario a quien se recuse exigirá, para tramitar el incidente, que, por virtud de la querella o denuncia, haya recaído auto de procesamiento si aquellas versaren sobre delito, y si sobre falta, que se hubiere impuesto condena.

4.º La ley declarará que la acción penal es pública ó privada, según que tenga por objeto los delitos que se persiguen de oficio, o los que sólo pueden perseguirse a instancia del agraviado. La primera podrán ejercitárla todos los ciudadanos españoles con sujeción a las reglas por la ley establecidas y salvo las excepciones que la misma determine. La segunda únicamente podrán deducirla el ofendido por el delito, su causahabiente ó representante legal.

En los casos en que la ley exija que la acción privada se deduzca por medio de querella como requisito previo para incoar la causa, una vez cumplida esta formalidad, podrá optar el querellante entre instar por sí las actuaciones ó pedir que se encargue de instruirlas el Ministerio fiscal. Cuando solicite esto último, habrá de facilitar datos y comunicar las oportunas instrucciones al Fiscal, quien, en su vista, ejercerá en esos procesos las funciones que le están encomendadas en los demás; pero su intervención cesará si el interesado compareciese de nuevo a gestionar como actor, así como también si éste, en uso de su derecho, desiste o perdona.

5.º A los perjudicados por los delitos que se persiguen de oficio, se les hará saber al recibirse la primera declaración su derecho a mostrarse parte en la causa, ejercitando la acción penal y la civil, o solamente una de ellas si lo verificaren antes del trámite de calificación provisional, pero no se les exigirá que expresen sus propósitos acerca del particular.

Esto no obstante, si lo hicieren, la renuncia de la acción penal que en aquel acto consignaren no limitará su derecho a intervenir como parte actora si lo solicitaren en el periodo anteriormente indicado. La renuncia de la acción civil, en cualquier momento en que se haga, será irrevocable.

6.º Los Abogados y Procuradores que hubieren aceptado el nombramiento hecho a su favor por los procesados, no podrán excusar ninguna de las obligaciones de la defensa, ni aun a título de renuncia, ni de baja voluntaria en el ejercicio de la profesión, hasta que fueren debidamente reemplazados. Cuando por cualquier causa hubieren de cesar, el Juez o Tribunal que conozca del asunto, requerirá al procesado o procesados para que hagan nueva designación. Si no la hicieren, o si los designados no aceptaren, se nombrará de oficio Abogado ó Procurador.

Salvo excusa legítima, que los Jueces y Tribunales apreciarán prudencialmente, los Abogados y Procuradores nombrados de oficio estarán obligados al desempeño de su encargo bajo su responsabilidad.

7.º Cuando la instrucción del sumario se prolongue más de un mes, a contar desde que se decrete algún procesamiento, los procesados podrán pretender que se les dé vista de lo actuado, a fin de instar la más pronta terminación y de proponer diligencias útiles, a lo que se deberá acceder en cuanto no se considere dañoso a los fines de las investigaciones sumariales.

Con esta misma salvedad deberá darse desde luego conocimiento al procesado de las diligencias que se practiquen a propuesta del acusador particular.

Si al mes de presentada una querella no se hubiera acordado procesamiento, podrá el inculpado pedir vista, a fin de activar la tramitación y proponer lo más conducente al objeto del sumario.

8.º Las Salas de gobierno de las Audiencias y del Tribunal Supremo que, dentro de la esfera de sus atribuciones, nombre Juez especial para la formación de uno o más sumarios, estarán facultadas para dejar sin efecto el nombramiento, para remover al nombrado que estuviese ya desempeñando el cargo y para sustituirle por otro Juez especial o por el ordinario, según lo exijan las necesidades del mejor servicio.

El Fiscal del Tribunal Supremo podrá nombrar libremente a uno de sus subordinados, cualquiera que sean su categoría y el punto donde desempeñe su cargo, para que ejerza las funciones fiscales que le encomiende en determinado Juzgado ó Audiencia.

9.º La formación del sumario se acomodará a las reglas que actualmente rigen, pero se simplificará y abreviará aplicando en lo posible el procedimiento sumarial establecido en la vigente ley para los delitos flagrantes.

10. Los preceptos que se refieren a la ocupación y retención del cuerpo y efectos del delito y de las piezas de convicción cuando aquéllos y éstas tengan ó representen un valor material y sean de lícito comercio, se aclararán y adicionarán en el sentido de que,