El Foro español (Madrid. 1898) (1916-07-30 00:00:00), página 8

De la inamovilidad judicial y de la responsabilidad de los funcionarios judiciales.

La inamovilidad alcanza a todos los Jueces y Magistrados, y consiste en no poder ser trasladados, suspendidos ni destituidos sino por las causas y en la forma determinadas por la ley, que no pueden ser otras que las que se deriven de la potestad gubernativa o de la responsabilidad de los funcionarios. Esta puede ser disciplinaria, penal y civil.

La potestad gubernativa es función exclusiva del Ministro de Gracia y Justicia y sólo alcanza a la facultad de trasladar a los Jueces y Magistrados que incurran en casos de incompatibilidad o por razones que puedan afectar a su prestigio en determinadas localidades. En este caso será preciso la propuesta de la Sala de gobierno de la Audiencia respectiva, aceptada por el Consejo judicial.

Los Presidentes de Audiencias territoriales pueden ser trasladados libremente por conveniencia del servicio.

A) — De la responsabilidad disciplinaria

Los Jueces y Magistrados incurrirán en responsabilidad disciplinaria por negligencia, por desobediencias y por comportamientos consurables con sus superiores, iguales e inferiores, que no revistan caracteres de delito, y también por conducta pública o privada que les desprestigie.

Las correcciones disciplinarias consistirán en apercibimiento, reprensión con multa, postergación para el ascenso, suspensión de empleo y privación de sueldo.

El ejercicio de la jurisdicción disciplinaria corresponde a los organismos superiores en grado de los funcionarios que deban ser corregidos. La jurisdicción disciplinaria se ejercerá en las Audiencias por las Salas o Juntas de gobierno, y es independiente de la que corresponda a las Salas de Justicia, a tenor de lo dispuesto en las leyes procesales.

El Tribunal Supremo, por el organismo de la Sala de gobierno, conocerá de las correcciones que proceda imponer a los Magistrados de las Audiencias provinciales y territoriales, y el pleno de dicho Tribunal, formando parte de él en estos casos el Consejo judicial, de los hechos dignos de corrección que puedan cometer los Magistrados del Tribunal Supremo.

Los expedientes se iniciarán previo acuerdo del Ministro de Gracia y Justicia ó de los Presidentes de los respectivos Tribunales, o a instancia del Ministerio fiscal, por su propia iniciativa o a petición de parte.

Las Salas o Juntas de gobierno ejercerán la jurisdicción disciplinaria respecto de los Secretarios, Vicesecretarios y Oficiales de Sala del Tribunal, y los Presidentes respecto de los demás Auxiliares y subalternos.

Cuando el Ministro de Gracia y Justicia entiendiese que por el número y calidad de correcciones impuestas a un funcionario merece éste ser postergado, podrá acordarlo a propuesta del Consejo judicial. Esta postergación podrá ser levantada por los mismos trámites, cuando, pasado algún tiempo, el interesado se hiciese acreedor a este beneficio por su conducta y méritos especiales.

B) — De la responsabilidad penal

Todos los Jueces y Magistrados, desde el Presidente del Tribunal Supremo, son responsables criminalmente por los delitos, previstos en el Código penal, que cometieren, y regirá para ellos el mismo fuero, ya se trate de delitos comunes, ya de delitos cometidos con ocasión del ejercicio de sus funciones. Los individuos del Consejo judicial se considerarán para estos efectos como Magistrados del Tribunal Supremo.

Serán competentes para conocer de los respectivos juicios:

1.º Las Audiencias provinciales cuando se trate de Jueces municipales; pero si se trata de delitos extraños al ejercicio de su cargo, será el fuero común y ordinario.

2.º Las Salas de lo criminal de las Audiencias territoriales, cuando se trate de Jueces de partido o de Secretarios o Vicesecretarios de cualquier Audiencia.

3.º La Sala de lo criminal del Tribunal Supremo, cuando se trate de un Magistrado de cualquier Audiencia o de un Secretario del mencionado Tribunal.

4.º El Tribunal Supremo en pleno, si la causa se dirige contra una o varias Salas de justicia de cualquier Audiencia o contra dos o más de sus Magistrados, contra Magistrados del Tribunal Supremo o cualquiera de sus Presidentes o alguna de sus Salas.

5.º El Senado, constituido en Tribunal de justicia, cuando la responsabilidad pretenda exigirse contra el Presidente del Tribunal Supremo o contra el pleno o mayoría del pleno del mismo.

Cuando el Tribunal Supremo funcione en pleno como Tribunal de justicia contra Magistrados del mismo, formarán parte de aquél los individuos del Consejo judicial.

Las causas podrán promoverse por querella de parte ofendida o del Ministerio fiscal o por iniciativa de los respectivos Presidentes o por Real orden emanada del Ministerio de Gracia y Justicia, sin que sea admisible en ellas el ejercicio de la acción popular, aunque sí las denuncias ante quienes puedan promover las causas.

Cuando se trate de delitos cometidos por Jueces y Magistrados con ocasión del ejercicio de sus funciones, el Ministro de Gracia y Justicia podrá acordar la separación temporal de los funcionarios sometidos a un proceso, proveyendo la vacante en quien corresponda.

Mientras dure el proceso, el funcionario a él sometido percibirá la mitad del sueldo asignado al cargo