El Foro español (Madrid. 1898) (1918-01-15 00:00:00), página 3

-No vean en estas líneas deseos de oponer obstáculos a su labor, que admiro, y a la que estoy adherido mientras no atente; como espero no atentará, a la más severa disciplina; que los ejemplos a seguir tienen harto de pernicioso al salirse de sus propios cauces; no, son, como verán, ligeras observaciones que en nada alteran la esencia del programa; queremos sustraer al favor los destinos; la cuestión es dar con el medio más justo y adecuado para ello.

De ustedes siempre muy afectísimo amigo y compañero s. s., q.e. ss mm.,

[AZETA],
Juez de ascenso

29-XII-1917.

MANUAL DE LOS FUNCIONARIOS JUDICIALES
NOTAS INDISPENSABLES PARA LOS JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN Y LOS MUNICIPALES, Y DE GRAN UTILIDAD PARA AUDIENCIAS TERRITORIALES Y PROVINCIALES, ABOGADOS, NOTARIOS, REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD, PROCURADORES, EMPLEADOS DEL CUERPO DE PRISIONES, ETC.
RECOGIDAS POR
FERNANDO PÉREZ FONTÁN
juez de primera instancia e instrucción de Mondotoledo
Índice cronológico de las leyes y resoluciones vigentes de más frecuente aplicación en los Tribunales.—Obligaciones gubernativas y servicios estatales que deben prestar y forma de lucro los Juzgados.—Categorías salariales de las carreras judiciales y fiscal, municipales y de otros empleos.—Clasificación de los Tribunales.
Precio de la obra: Cuatro pesos y se remite duplicada a todos los partidos de España, a las agencias postales, y se paga el cargo de circulación de peseta sobre dicho precio.
Los pedidos a D. Fernando Pérez Fontán, juez de primera instancia e instrucción de Mondotoledo, se pagan adelantados, en sobre moneda o billetes de cualquier clase, y los céntimos en sellos de correos.

Chachara

Como saben perfectamente mis compañeros y lectores, en el número de la Gaceta de Madrid, correspondiente al día 8 de Agosto último, se insertó un Real decreto, por el que se establece la plantilla de los alguaciles de los Juzgados.

Consta dicha soberana disposición de cuatro artículos. En el primero de ellos, se fija el número de los alguaciles de los Tribunales industriales de Madrid y Barcelona; de los Juzgados de término; de los de ascenso y de los de entrada, fijando tal número en 54, 111, 138 y 285, respectivamente. En el segundo, se asigna a cada Juzgado de los diez de Madrid, tres alguaciles; a cada uno de los diez de Barcelona, dos; a cada Tribunal industrial de Madrid y Barcelona, otros dos; a cada Juzgado de los de Alicante, Almería, Cádiz, Cartagena, Córdoba, Coruña, Granada, Guadix, Huelva, Jaén, Linares, Málaga, Orense, Pamplona, San Roque, Sevilla, Valencia, Valmaseda, Valladolid y Zaragoza, otros dos; y a cada uno de los restantes Juzgados, uno. En el tercero, se expresa la inversión que ha de darse al importe de las amortizaciones que se hagan durante cada año en el territorio de cada Audiencia, haciendo constar que tal importe se destinará a mejorar el sueldo de los restantes alguaciles del territorio, dando comienzo tal mejora por los alguaciles más antiguos; y en el cuarto y último, se dice que por el Ministerio de Gracia y Justicia se dictarán las disposiciones oportunas para el mejor cumplimiento de tal resolución.

Soy de los que ya no se pasman, ni se asombran por acción u omisión alguna, confirmatoria de la pasividad, en muchos casos inexplicable; en bastantes, absurda, y en algunos, bochornosa y suicida de los funcionarios judiciales, y a pesar de esta total y absoluta curación de espanto, no puedo por menos que llamar poderosamente mi atención la circunstancia de que, no obstante haber transcurrido bastante más de tres meses desde que tal Real decreto fué promulgado, no haya clamado contra él voz alguna; lo que no hizo la mía, ya en el momento mismo de acabar de enterarme de dicha resolución, ni antes de hoy, por falta material de tiempo, a causa de estar muy atareado en los otros asuntos, también referentes a cosas y personas judiciales de que suelo ocuparme y acostumbro a hablarles desde las columnas de esta Revista, y en el desempeño de mis deberes oficiales, y hasta con el ánimo muy conturbado y entristecido por una irreparable desgracia de familia.

Tal absoluta falta de lamentación del daño que dicho Real decreto entraña, me obliga a preguntarme: ¿será posible que no se haya caído en la cuenta de tal daño, del mal inmenso que dicha disposición acarrea, aun a aquellos mismos a quienes aparentemente quiere favorecer?

No creo en tal posibilidad, y por ello tengo que atribuir dicho silencio a indiferencia indisculpable, y por ende viturable; pero a pesar de tal criterio firmísimo, voy a demostrar brevemente la existencia de dichos males.

Por mi desdicha yo he sido, si no la primera, sí una de las primeras víctimas del flamante Real decreto.

El 29 de Septiembre último falleció uno de los dos alguaciles que venían prestando servicio en el Juzgado de primera instancia e instrucción de mi cargo, hombre de cerca de noventa años, que por ello reducía sus funciones, como tal subalterno, a estar sentado junto a la puerta de la Sala de Audiencia en las horas de despacho en la misma; llevar a la Administración de Correos y traer de ella la caja del apartado, y hacer algunos recaudos oficiales (cumplimiento de cédulas de citación, entrega de oficios a partidos, etcétera, etc.) por el interior de la población, pues la bondad de su compañero—muchísimo más joven que aquél—, accediendo a indicaciones mías, se avino a encargarse de todos los demás servicios propios del cargo, de carácter más molesto, o cuyo cumplimiento hubiera de tener lugar fuera de esta localidad, debiendo advertirse que este partido judicial, no obstante no estar integrado sino por ocho términos municipales, es—como casi todos los de Galicia—muy extenso, y que por esto y por no haber otro medio de locomoción apropiado para ir a la mayor parte de los grupos de población que lo forman, que la caballería, no es posible cumplimentar, en muchos casos, en un solo día, un servicio por breve que sea éste.

Pues bien; voy a referir lo que sucede en el Juzgado de que estoy encargado, siempre que, como ocurre en