El Foro español (Madrid. 1898) (1916-06-20 00:00:00), página 2

lo mejor. Supongamos que A. vende a B. una finca rústica, y sin hacerlo constar en la escritura, conviene privatamente en que A. siga ocupándola hasta determinado tiempo, por ej.: hasta levantarse las cosechas del año. Descansando en este convenio sigue A. ocupando la finca vendida, y B., por cualquier circunstancia o usando arbitrariamente de una facultad, toma posesión judicial de la finca, y utilizando el interdicto posesorio, lanza a A. del predio que legítimamente retiene.

Conforme a nuestro Derecho, B., no obstante la tradición que consta por el hecho del otorgamiento de la escritura, hubiere acudido contra A. pidiéndole la posesión material que le negaba, y si A. probaba el contrato privado, continuaría en el disfrute del predio hasta que venciera el tiempo de su derecho de retención, y si era lanzado violentamente por B., tendría a su favor el interdicto, y en el procedimiento nuevo el interdicto se daría a favor de B., colocando a A. en situación de demandante, para hacer valer su contrato privado.

Vemos aquí lesionado el derecho de un primero por una ley hecha para uso de terceros, y lo mismo podríamos hablar de un segundo, si este segundo fuese arrendatario a quien se hubiera convenido respetar su contrato hasta cierto tiempo en forma que no pudiese constar en el Registro.

Se nos dirá que un caso tan claro no puede darse ante los Tribunales de justicia, sin que lluvieran anatemas en forma de costas contra el litigante temerario que tal hiciese, y a esto podemos contestar que es un caso muy posible y que hasta podía darse el de que por interpretación del art. 1.124 del Código civil ó algún otro por el estilo, tratándose de obligaciones recíprocas fuese muy discutible el derecho, y que A. no tuviese razón verdadera por alguna circunstancia, pero por de pronto estaría expuesto como yunque a los golpes de B., que al amparo de su posesión aneja a la propiedad destruiría la legítima tenencia de A. en muchos casos, ilegítima quizá en algunos. ¡Y no es tan dulce litigar para que todos se decidan a defender hasta los últimos baluartes un derecho, sobre todo si es de poca cuantía, o el que defiende se encuentra en peores condiciones que el que cite!

Visto que en este caso la ley Hipotecaria puede invadir un campo que no es el suyo, ya que en la posesión judicial nadie es oído y en el interdicto no se admiten más que cuestiones de hecho, vamos a ver lo que hay en el Registro, para deducir lo que éste vale. Dejemos en sus sillones al Registrador y sus oficiales y en sus estantes los libros, pues no es esto lo que vamos buscando, y diremos que en tal oficina hay inscripciones de firmas que, numeradas correlativamente, traen su historia a partir de los asientos del antiguo Registro de hipotecas hasta el presente; en el caso más favorable y por desdicha también, el menos frecuente. Estas firmas han sido tomadas de contratos y actos generalmente registrados en otros libros a cargo de los Notarios, y las inscripciones que corresponden a esos fenómenos de la vida jurídica, son un resumen de las escrituras presentadas, una fotografía, una copia repetida tantas veces cuantas son las fincas que en el documento se traman, de tal modo que, además de Registro de la propiedad, es también otro nuevo Registro de actos y contratos en otra parte registrados, un complemento de éstos, concretado a la entidad inmueble, como el protocolo lo está a la entidad acto.

En estas inscripciones se describen pródigamente las fincas, se señalan sus cargas y se designan los nombres de sus propietarios, de tal modo, que en apariencia no hay nada que desechar.

Sin embargo, en realidad poco queda de Registro de la propiedad, muy especialmente para la propiedad pequeña y aun la mediana, y en ocasiones hasta la grande, y algunas veces hasta en la urbana, que es por sí más fácilmente determinable y la oficina se convierte en Registro de actos y contratos, interrumpiéndose la historia de las fincas muchas veces, y reanudándose con inscripciones de posesión, luego interrumpidas también.

Sabido es que por el estado en que se encontraba la propiedad en la época de la promulgación de la ley Hipotecaria, se hubo de dar facilidades para que pudiese entrar en el Registro la posesión, considerándola como hecho, fuente legítima de derechos relativos en un principio, absolutos el día que la prescripción impidiese el ejercicio de toda acción reivindicatoria por parte del legítimo propietario, y como esta posesión, referida indudablemente por la ley á la anterior a 1863, no quedó con la inmovilidad de una esfinge en los libros, sino que sirvió de título para la transmisión de las fincas objeto de la misma, de tal modo, que al reconocer expresamente el art. 2.º de la actual ley Hipotecaria, la transmisibilidad de la posesión no ha hecho más que sancionar lo que el sentido común y la jurisprudencia habían sancionado con anterioridad ante el silencio de las disposiciones legales.

Consideremos por un momento la dificultad que aun en el Derecho romano existía para el ejercicio de la acción reivindicatoria, la práctica mayor de la acción publiciana y de todas las de ella derivadas y veremos cómo en último término, teniendo que afirmar con Gayo y no por las mismas razones que Gayo, que dominium populi romani est vel Caesaris, nos autem possessionem tantum et usufructum habere videbimus, al dar paso franco la ley á la posesión no hizo más que acodarse á la naturaleza de las cosas, de cualquier manera que ésta se acreditase en sus múltiples medios, o por el expediente judicial prevenido para este caso como medio único en sus variadas reformas, sin contar con los medios privilegiados á favor del Estado y Corporaciones.

Los autores del proyecto, no obstante el sistema mixto empleado en el desarrollo de los preceptos hipotecarios, no dudaron que al presentar á los propietarios un sistema de inscripción, en conformidad con las leyes de la edad de oro de nuestra patria, habían de acudir al Registro; pero el mismo estado de la propiedad, la confusión y trastornos en el último siglo,