El Foro español (Madrid. 1898) (1915-09-10 00:00:00), página 2

cer el ejercicio de semejante procedimiento, ya que vemos que ni aun la nulidad del título produce tal efecto.

Y como la ley tiene que ser equitativa para todos, no se comprende que la causa de establecer un privilegio que consiste en entrar desde luego en posesión y administración de la finca hipotecada y en el procedimiento de apremio, suprimiendo toda la primera parte del juicio ejecutivo, donde con suspensión de aquel procedimiento se oye al deudor, sea otra que la de presuponer el reconocimiento del absoluto derecho del acreedor por parte del deudor, que tan gravemente puede ser perjudicado, llegándose a desposeerle de sus bienes.

En este sentido, estimamos que el eje de este procedimiento estriba en el resultado del requerimiento notarial o judicial de pago que en el núm. 3.º de la regla 3.ª del citado art. 131 de la nueva ley Hipotecaria se exige, pues, o ese requerimiento no sirve para nada, en cuyo caso no se comprende su exigencia en la seriedad de que hay que suponer revestido al legislador, o de su resultado ha de depender el que se conceda o deniegue el uso de tal procedimiento.

Es indiscutible que puede darse el caso de que el crédito esté pagado o compensado, y si respecto a la totalidad del crédito hipotecario pudiera alegarse lo excepcional de que no se haya exigido el otorgamiento de la escritura de cancelación, no puede decirse lo mismo para en el caso en que se dé por vencida la hipoteca por falta del pago de algún plazo de intereses o de otro cualquier detalle de los muchos en que la usura suele hacer cifrar el dar por finada la obligación.

En su consecuencia, sólo en el caso en que en el acto de ese requerimiento o dentro de los diez días que la ley concede, o por lo menos en aquel momento no se haya alegado excepción alguna, es cuando creemos que puede autorizarse ese procedimiento sumarísimo contra el que no cabe casi acción ni trámite que le detenga hasta llegar a la pérdida absoluta de la propiedad, equivaliendo, por tanto, el tal requerimiento al que se hace para el reconocimiento ante la presencia judicial de los créditos consignados en documento privado como acto preparatorio de la acción ejecutiva; porque sólo así se comprende, cuando la deuda ha sido reconocida, que se llegue, en el deseo de garantizar el ejercicio de la acción hipotecaria y darla rapidez, hasta el extremo de comenzar por el trámite de apremio y por un sistema más rápido e intransigente que el señalado en la ley de Enjuiciamiento civil.

Claro es que en ningún lado dice la ley que si la deuda se niega más o menos rotundamente al hacerse tal requerimiento, el acreedor pierde ese derecho, pero hay que suponerlo en buena lógica por la inutilidad de dicho trámite, según ya hemos indicado, si su resultado no ha de influir para nada en la decisión judicial y sin que quede decir que su objeto pueda ser solamente el conceder para el pago un último plazo, porque esto es innecesario y hasta sarcástico para el deudor, que se eroga relevado ya, por unas u otras razones, de la obligación de pagar, y a quien además se le despoja de todo derecho a detener ese apresurado procedimiento que ha de conducirle positivamente a la pérdida de sus propiedades, no dejándole otro derecho o garantía que el de pedir una simple retención del todo o parte del precio obtenido en la venta de sus fincas, y eso con las trabas y afianzamientos que se exigen en el párrafo 9.º del art. 132 de la ley que comentamos.

Y que el Juez puede y debe denegar la apertura de tal rapidísimo procedimiento en el caso señalado, aunque no lo diga la ley de un modo terminante, cabe suponerlo desde el instante mismo en que en otro caso su misión se reduciría a juzgar sobre el cumplimiento de requisitos puramente de forma en cuestión tan importante como que puede significar despojo de la propiedad, quedando reducido al cumplimiento de una finalidad puramente mecánica impropiada de su misión de juzgar, y porque el mismo art. 131, de que nos ocupamos, dice, en su regla 2.ª, que el que intente valerse de él lo iniciará con un escrito en el que se enumeren los hechos y las razones jurídicas determinantes de la certeza, subsistencia y exigibilidad del crédito, quedando el acreedor sujeto a indemnizar los perjuicios que pueda irrogar por malicia en la exposición de tales hechos y de las demás circunstancias «que ha de apreciar el Juez—dice la ley—para autorizar el procedimiento», lo que indica no sólo que puede negarle a virtud de esa apreciación que la ley le reserva, sino que aun autorizado por error del juzgador o engaño del demandante, éste queda obligado al resarcimiento de daños y perjuicios, que habrá de reclamarse en el juicio ordinario correspondiente. ¿Y a virtud de qué elementos ha de hacer esa apreciación el Juez? Pues, indudablemente, de los que se acompañan al escrito, entre los que no existe otro que directamente se relacione con el deudor que el requerimiento de pago que, si no es notarial, ha de preceder judicialmente, según el párrafo 1.º de la regla 4.ª del mismo artículo.

Claro que si sólo se atiende al contexto literal de los párrafos 1.º ya citado y último de la expresada regla 4.ª, parece que el Juez debe, en todo caso, abrir el procedimiento que disuimos, sólo con que se hayan llenado los requisitos de forma enumerados en la regla anterior; pero si así fuera, ¿a qué obligar a hacer la «relación de hechos y razones jurídicas» determinantes de la certeza, subsistencia y exigibilidad del crédito? ¿Acaso son requisitos simplemente de forma esas razones jurídicas? ¿Y por ventura, la necesaria alegación de razonamientos jurídicos ante un funcionario judicial no determina en éste la precisión de formular juicio, en pro o en contra, no siempre y forzosamente en pro, acerca de la procedencia de tales razonamientos? ¿La apreciación de los hechos y hasta «de las demás circunstancias»—son las palabras mismas de la ley—no determinan forzosamente el formular un fallo?... ¿Qué falta hacía, pues, que se dijese