El Foro español (Madrid. 1898) (1915-09-20 00:00:00), página 11

tonomía al proclamarse la República mexicana en Julio de 1823. Las antiguas cinco intenciones se organizaron como Estados independientes bajo sus viejos nombres; pero pronto intentaron unirse bajo una constitución federal. El experimento tuvo vida efímera.

Una era más halagadora alumbró en 1906 cuando, bajo los auspicios de los Estados Unidos y México, el «Tratado de Marblehead» fue firmado a bordo de ese buque de guerra de los Estados Unidos, por los representantes de Guatemala, El Salvador y Honduras, en virtud del cual estas valerosas Repúblicas se obligaron a entrar en un tratado permanente de relaciones de Paz, Amistad y Comercio. Los tres Gobiernos se reunieron, por medio de sus plenipotenciarios, en la capital de Costa Rica, y el 25 de Septiembre de 1906 el tratado de San José fue firmado por los representantes de las cuatro Repúblicas citadas. Nicaragua negóse a concurrir. Este tratado prescribía, principalmente, el arbitraje de toda disputa entre cualquiera de las partes contratantes, confiado a los Presidentes de los Estados Unidos y México; contenía asimismo previsiones tendentes hacia el restablecimiento de la Unión Centroamericana. Las guerras y revoluciones, de nuevo surgidas, destruyeron este proyecto risueño y la paz de esta hermosa parte del mundo se vio amenazada a tal extremo, que los Estados Unidos y México se vieron forzados nuevamente a ofrecer su mediación amistosa. Esta oferta fue aceptada por los cinco Estados Centroamericanos, cuyos Ministros en Washington, el 17 de Septiembre de 1907, firmaron ante los representantes de los Estados Unidos y México, un protocolo para una Conferencia general de Paz de las cinco Repúblicas que había de verificarse en Washington, con el elevado fin, según lo expresaba, «de establecer una Paz permanente en aquellos países».

Esta Conferencia de Paz Centroamericana se reunió el 14 de Noviembre de 1907, en el hermoso Palacio de la Unión Americana en Washington, bajo la presidencia honoraria del Secretario de Estado, Root. Por cerca de seis semanas sus miembros laboraron con patriótico celo por la realización de sus elevadas miras, y el 20 de Diciembre todos los Plenipotenciarios firmaron una serie de siete Tratados, que son en el más alto grado interesantes e importantes, y todos los cuales fueron prontamente ratificados por los Congresos de las cinco Repúblicas.

El primero de la serie es el «Tratado General de Paz y Amistad», cuyo primer artículo expresa, en el lenguaje más convincente que jamás se haya usado en un Tratado: «Las Repúblicas de Centro América consideran el mantenimiento de la paz como el primordial de sus deberes; y se obligan a observar siempre la más completa armonía y a decidir toda dificultad o diferencia que pueda surgir entre ellas, sea de la naturaleza que fuere, por medio de la Corte Centroamericana de Justicia, creada por la Convención que ellas han concluido con este propósito en esta fecha.»

Haré una digresión, para añadir que un codicilo a este Tratado contiene esta notable declaración, que debiera ser más extensamente conocida: «Los Gobiernos de las altas partes contratantes no reconocerán Gobierno alguno que pueda llegar al Poder en alguna de las cinco Repúblicas como resultado de un golpe de Estado o de una revolución contra el Gobierno reconocido, hasta que los representantes del pueblo, libremente elegidos, hubieren reorganizado el país en forma constitucional.» Esta es la expresión de una doctrina puramente latinoamericana que data del Congreso de Panamá de 1827 y muchas veces reiterada en sus Tratados.

La Convención para el establecimiento de la Corte Centroamericana de Justicia anuncia en su preámbulo que los Gobiernos de las Repúblicas nombradas, «a fin de mantener inalterable paz y armonía en sus relaciones, sin que en ningún caso se vean obligadas a recurrir al empleo de la fuerza», firman una Convención para «la constitución de una Corte de Justicia encargada de realizar tan elevados fines». En su primer artículo, las partes contratantes convienen en constituir y mantener un Tribunal permanente, «ante el cual ellas se obligan a someter toda controversia o cuestión que pueda surgir, de cualesquiera naturaleza u origen que ellas puedan ser, en caso de que sus respectivas Cancillerías no hayan podido llegar a un acuerdo». No hay aquí reservas sobre «cuestiones de honor nacional o intereses vitales», como es la moda en tantos Tratados de Arbitraje; toda cuestión entre naciones honorables es sometida a la decisión judicial de una Corte de Justicia, de la misma manera que los ciudadanos respetuosos de la ley recurren a las Cortes, en vez del Código de duelos o a la lucha callejera, para dirimir sus cuestiones de honor personal o interés vital.

La jurisdicción de la Corte se define en los artículos 2.º a 4.º, en tales términos, que yo resumo, ligeramente, del texto español, como sigue: «Esta Corte tendrá asimismo jurisdicción sobre demandas que individuos de un país centroamericano puedan ejercitar contra cualquiera de los otros Gobiernos, debido a la violación de Tratados o Convenciones, y en otros casos de carácter internacional, ya sea que sus propios Gobiernos apoyen o no tales reclamaciones, y siempre que los recursos que las leyes del respectivo país ofrezcan contra tales violaciones hayan sido agotadas o se demuestre denegación de justicia. También sobre todos los casos que surjan entre cualquiera de dichos Gobiernos e individuos, ya sea que los Gobiernos contratantes por mutuo consentimiento convengan someterle, ya sea que ocurran entre dos o más de ellos o entre cualquiera de dichos Gobiernos y particulares. También sobre cuestiones internacionales que por acuerdo especial puedan someterse por cualquiera de los Gobiernos de Centro América y el de una nación extranjera; en los conflictos que puedan surgir entre los Poderes legislativo, ejecutivo y judicial, y cuando las decisiones judiciales o las resoluciones del Congreso Nacional no sean respetadas.»

La Corte ha de tener su sede en Cartago, Costa Rica, donde la munificencia de Mr. Carnegie levantó un hermoso Palacio de Justicia, el cual no ha mucho fue destruido por un terremoto. La Corte la integran cinco Magistrados, uno nombrado por cada República, «y elegidos de entre los jurisconsultos que poseen las aptitudes que las leyes de cada país prescriben para el ejercicio de la alta magistratura y que gocen de la más alta consideración, tanto por su carácter moral como por su habilidad profesional».