El Foro español (Madrid. 1898) (1917-01-30 00:00:00), página 11

tiones jurídicas que resolver en la operación realizada; al desestimar en su fallo la pretensión formulada por el albacea en aquel sentido y absolver de la demanda, no infringe las disposiciones legales citadas.

Competencia.—Daños y perjuicios.—Acción personal—Pobreza.—Sumisión tácita.—Sentencia de 14 de Enero.—(Gaceta de 10 de Noviembre de 1913.)—Resuelve que las demandas, por indemnización de daños y perjuicios, según jurisprudencia de este Tribunal Supremo, han de interponerse en el domicilio del demandado si no consta el lugar determinado en que se causaron, y, por tanto, el en qué deban pagarse;

Y que si en una redacción se ejercita la acción personal correspondiente para obtener del demandado cierta cantidad o la que se fije por daños y perjuicios que se suponen ocasionados a la actora con motivo del desistimiento de aquél del proyecto matrimonio que debía celebrarse en cierta ciudad con una hija de la expresada; pero consistiendo los que se invocan principalmente en actos realizados en ciudad distinta, de donde las dos partes eran vecinos y sigue siendo aun el demandado, es visto que el efecto de decidir la contienda surgida no puede admitirse la hipótesis de que repetidos daños se ocasionaran en la primera de dichas ciudades, así como tampoco el incidente de pobreza seguido en la misma puede estimarse como sumisión tácita del demandado, por todo lo cual, de conformidad a lo prescrito en el párrafo 3.º art. 1.171 del Código civil, en relación con la regla 1.º del 62 de la ley de trámites, procede atribuir el conocimiento de la demanda al Juzgado del lugar donde aquél tiene su domicilio.

Extravío de efectos públicos.—Sentencia definitiva.—Sentencia de 18 de Enero. (Gaceta de 14 de Noviembre de 1913.)—Versa el pleito objeto de este recurso sobre declaración de nulidad de unos efectos públicos extravíados y emisión de los correspondientes duplicados, pretensión que ya había sido objeto de otro pleito anterior promovido por el mismo actor y que fue denegada por estimarse en la oportunidad sentencia que no se había acreditado la propiedad de los títulos ni su extravío o sustracción, y en no haberse hecho la publicación de la demanda en la forma que previene el art. 550 del Código de Comercio:

Seguido el pleito que motiva el recurso por todos sus trámites con intervención del Abogado del Estado, que se opuso a la demanda alegando la excepción de cosa juzgada, recayó sentencia confirmatoria en segunda instancia, de conformidad con las pretensiones formuladas en aquélla, y habiendo interpuesto contra ella el Abogado del Estado, recurso de casación por infracción de ley, el Tribunal Supremo la desestima declarando que para que una sentencia merezca el carácter de ejecutoria y adquiera la fuerza indestructible de cosa juzgada, es preciso, a tenor de lo prescripto en los artículos 1.251 y 1.252 del Código civil, en armonía con lo ya establecido por las leyes 13 y 19, título XXII, de la partida 3.ª, y constante jurisprudencia de esta Sala, que recaiga en juicio contencioso en el que se absuelva o condene definitiva e irrevocablemente a una de las partes contendientes;

Y que la resolución—se refiere a la sentencia recaída en el primero de los pleitos de que se ha hecho mérito—en que funda el recurrente la excepción de cosa juzgada carece de semejante carácter, toda vez que las diligencias ordenadas en la sección 2.ª, título 12, libro 2.º del Código de Comercio, que fueron las que la originaron, como encaminadas y dirigidas a impedir que a persona distinta del propietario se pague el capital, intereses o dividendos de los documentos de crédito a que dicha sección se refiere, o se le transfiera la propiedad de los títulos, son, por su naturaleza, alcance y finalidad, de índole preventiva y provisional, subordinándose siempre lo en ellas acordado a lo que en caso de oposición pueda resolverse en definitiva.

Testamento.—Nulidad de testamento.—Capacidad del testador.—Unidad de acto en los testamentos.—Valoración que vicia el consentimiento.—Sentencia de 22 de Enero. (Gaceta de 14 de Noviembre de 1913.)—Declara que así del texto de los artículos 665 y 685 del Código civil, como de la doctrina reiteradamente establecida por el Tribunal Supremo, se deduce que, salvo el caso definido en la primera de aquellas disposiciones, corresponde en todos los demás al Notario, y a los testigos asegurarse de la capacidad del testador, y al primero hacer constar si, a su juicio, concurre tan esencial circunstancia, de donde lógicamente se infiere que, no estando judicialmente declarada la incapacidad de una persona, la aservación hecha por el Notario de que, a su juicio, se hallaba en la integridad de sus facultades mentales, sólo puede destruirse por una prueba evidente y completa en contrario, sin que a la fuerza y eficacia de aquella declaración pueda obstar el hecho de que innecesariamente requiriese el Notario el dictamen de dos facultativos, como medio complementario de asegurarse en su propio juicio acerca de la capacidad del testador, que, una vez afirmada por dicho funcionario, sólo puede negarse mediante la comprobación real y positiva que ha de suministrar quien alegue la incapacidad o perturbación mental del causante en el acto de otorgar el testamento, tanto más cuanto que son principios fundamentales reguladores de la testamentificación, derivados de los expresados preceptos legales que ni la enfermedad ni la denuncia obstan al libre ejercicio de la facultad de testar cuando el enfermo mantiene o recobra la integridad de sus facultades intelectuales, o el demente tiene un momento lucido; que nada obsta para que un Notario, en el primer caso, con objeto de afirmar su convencimiento, pueda recabar la intervención de facultativos cuando el estado de un enfermo así lo aconseje, y que la manifestación de los Notarios, como la de aquéllos en tales casos, constituye una presunción de verdad que sólo por prueba en contrario puede desvirtuarse;

Que esto establecido y siendo un hecho notorio y reconocido en el pleito que cierto testador no estaba judicialmente declarado incapaz al otorgar su testamento, la presunción o supuesto de su integridad mental no puede estimarse contradicha por las manifestaciones que en el propio instrumento notarial se consignen por dos doctores en Medicina, que al dictaminar por primera vez algunas horas antes al acto del otorgamiento del testamento y a cuyo final se inserta aquel dictamen, opinan que la paciente no se encontraba en aquel momento con la capacidad mental suficiente para poder testar, si bien hacían constar la posibilidad de que la recuperase, y cuando el testamento fué otorgado, no sólo asisten y lo autorizan con su presencia y con su firma los mencionados facultativos, sino que hacen constar «han comprobado una mejoría notable, tanto en los fenómenos locales, como en las facultades intelectuales, habiendo prestado la enferma una atención profunda durante la lectura, y haciendo algunas observaciones, estampando finalmente su firma con pulso firme...»; observaciones que