El Foro español (Madrid. 1898) (1915-12-10 00:00:00), página 4

Art. 11. Para todos aquellos asuntos judiciales que versen sobre reclamación de derechos o cuya cuantía sea indeterminada, el valor de las patentes se ajustará a las reglas contenidas en el Arancel actual, procurando rebajar los derechos, y se establecerán en virtud de Real decreto, del cual se dará cuenta a las Cortes.

Madrid, 29 de Noviembre de 1915.—El Ministro de Gracia y Justicia, Manuel de Burgos y Mazo.

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REFORMAS DEL NOTARIADO

REAL DECRETO

De acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en autorizar al de Gracia y Justicia para que presente a las Cortes un proyecto de ley sobre Organización y régimen del Notariado.

Dado en Palacio a veintinueve de Noviembre de mil novecientos quince.—ALFONSO.—El Ministro de Gracia y Justicia, Manuel de Burgos y Mazo.

A LAS CORTES

La ley del Notariado, promulgada en 28 de Mayo de 1862, que representó en su época un avance considerable y un señalado acierto en la organización y el ejercicio de la fe pública extrajudicial, adolece en los presentes días de omisiones y lagunas que suplidas en parte por disposiciones reglamentarias, exigen, no obstante, de reformas legislativas que den a lo reglamentado la debida eficacia, y que respondan además a la necesidad de que el Notariado en su ejercicio cumpla los fines de su institución y a que sus funcionarios logren por razón de su competencia y del aseguramiento de su decoroso vivir, aquellas condiciones que son indispensables al prestigio de la clase y al normal ejercicio del cargo.

Bien meditadas las reformas que la experiencia aconseja, no se ha inclinado la iniciativa del Ministro que suscribe ni el mantenimiento absoluto del statu quo, cuyas deficiencias han sido advertidas por la práctica y por la crítica, ni a la adopción de sistemas que si un tiempo fueron objeto de defensa calurosa, de controversia y aun de división doctrinal en el seno del Notariado, la realidad se ha encargado de advertir que no respondían al propósito generoso que las dió vida; y por eso en la modificación legal que se propone, inspirándose en distinta orientación, pero con análoga finalidad, se extiende la esfera de la competencia del Notariado y se llevan al protocolo asuntos y procedimientos que hoy son materia de la llamada jurisdicción voluntaria, sometida a la competencia de los Tribunales de justicia.

La falta de preceptos básicos en punto a la clasificación de Notarías, ha dado margen a la vigencia de sucesivos decretos con disposiciones encontradas sobre el particular, originándose con ello la consecuencia inevitable de que los cambios de clasificación, afectando a la categoría personal dentro de la Carrera, produjese oscilaciones contradictorias en el movimiento del escalafón, sin aquella permanencia que incluso afecta a la interior satisfacción del Cuerpo, siendo por lo mismo de conveniencia indudable que segregándose tales disposiciones a la iniciativa ministerial, queden establecidas perenne y fijamente por preceptos de ley en condiciones de estabilidad a todas luces necesaria.

Otro punto que se somete a la resolución de las Cortes es el relativo á la fijación de los turnos para la provisión de las vacantes, atendiendo no tan sólo al caso normal y ordinario de su provisión, sino además al circunstancial de las amortizaciones que se deriven de las demarcaciones notariales que se hagan en lo sucesivo, respondiendo así al justo propósito de que aquellos Notarios cuyas Notarías se supriman por su evidente indotación o por el exceso donde haya varias, puedan lograr rápidamente compensación adecuada mediante el pase en virtud del turno de excedentes de demarcación, a Notarías de más normal y acreditado rendimiento.

Se propone la supresión de los protocolos reservados, respondiendo así al unánime sentir fundado en la experiencia del Cuerpo notarial.

La ley vigente del Notariado, en su art. 44, dispone que los Notarios no podrán ser suspensiones ni privados de oficio gubernativamente, limitada la suspensión al caso de que dentro del plazo en la propia ley señalado no hayan constituido la fianza necesaria para ejercer su cargo. Han sido muy reducidas las ocasiones en que por causa de delitos se haya privado de su oficio al Notario, y como no es sólo la delincuencia la razón determinante de tal privación, en el proyecto se atiende a la necesidad de vigorizar los estímulos de disciplina y las exigencias de moralidad que son timbre y gloria de la clase notarial, haciendo posible la pérdida de la carrera para quienes, mediante expediente gubernativo o a propuesta del Tribunal de honor sean indignos de continuar en un Cuerpo tan prestigioso e ilustre, siempre con las necesarias garantías de defensa para el inculpado.

Por otra parte, la edad es un factor determinante de la capacidad en todas las funciones. No existe la jubilación forzosa por razón de edad en la legislación vigente, que responde a un criterio que está en pugna con las circunstancias actuales de la vida pública y social, y el Ministro que suscribe entiende que es necesario la cesación en el ejercicio de su cargo de aquellos Notarios que por su avanzada edad no puedan tener las condiciones de actividad indispensables, facilitando así además el movimiento y los ascensos de quienes ocupan grados inferiores en el escalafón.

Prescindiendo de otros detalles y menores cuyo comentario se deriva de la propia lectura de los artículos del adjunto proyecto de ley, y respondiendo a la creciente preocupación del Poder público y de los Notarios la necesidad de dotar a tales funcionarios de aquella congrua que, sin recargas para el Estado ni los particulares, sirva de base económica al decoroso ejercicio de la profesión y a la independencia necesaria en quienes son, no tan sólo depositarios de la fe pública, sino consejeros eficaces de los ciudadanos y de la familia en la ordenación de la vida privada para evitar los ulteriores cambios de criterio que producen oscilaciones y aun dejen sin efecto las disposiciones vigentes sobre congrua notarial, se da fuerza de ley en lo fundamen-