El Foro español (Madrid. 1898) (1916-10-20 00:00:00), página 10

capitulación; pero España aún no ha podido, desde entonces, rescatar el suyo. La bandera inglesa flota desde aquel día dentro de nuestros dominios, como una afrenta a nuestra negligencia y un insulto a nuestra dignidad. Y, probablemente, para comprar esta deshonra, será preciso pagarla con otra.»

Tenía razón el historiador, y hasta parece que profetizó, porque por ahí andan algunos escritos y discursos que, como medio de rescatar esa plaza, pregonan, aparte de lo imposible, lo vergonzoso.

MATÍAS DEL NIDO Y TORRES
Abogado del Ilustre Colegio de Madrid

Apertura de Tribunales

Memoria del Fiscal del Tribunal Supremo, excelentísimo señor D. Avelino Montero Ríos y Villegas.

(CONCLUSIÓN)

Si fuera posible variar este concepto, si el eludirse para formar parte de este Tribunal no hubiera llegado a tenerse como usual entre las personas cultas, si de nuestras costumbres desapareciese la preponderancia de la pasión política, y si de la formación de las listas se apartasen procedimientos defectuosos, no habría que lamentar los inconvenientes que se señalan, a los cuales no son tampoco ajenos el modo de formular en algunos casos las preguntas, y la institución daría los resultados apetecidos con sólo ligeras modificaciones en la ley, entre las cuales, no por la importancia técnica de las mismas, sino por espíritu de humanidad, entiendo que es de urgencia la de hacer que no estén presentes los procesados a la lectura del veredicto, evitando de este modo tristes escenas que pueden producirse cuando éste es de culpabilidad, como ha ocurrido no hace muchos meses en la Audiencia de Madrid.

Civil

La reforma que en cuanto al procedimiento civil entiende esta Fiscalía que debe proponer como hija de la observación que ha podido realizar, consiste en algo muy sencillo y que a la vez implica una transformación radical en la marcha del procedimiento civil. Refiéreme a lo que se relaciona con el concepto de la rogación en procedimiento civil.

Un trabajo sobre la materia se presentó por un ilustre autor, gloria y verdadera honra del Secretariado judicial español, al Congreso de Derecho internacional celebrado en Madrid hace pocos años, y los ilustres jurisconsultos de las diversas naciones que concurren, otorgaron su sincera y unánime aprobación al trabajo a que aludo, del que era autor el Secretario de Madrid D. Francisco de Paula Rives y Martí. En él se proclamaba la conveniencia de avanzar en lo que entendemos procedimiento de oficio en la marcha de los pleitos, evitando que durante toda la tramitación de los mismos quede la buena marcha de los Juzgados a voluntad de litigantes, Procuradores y Abogados, que por mutua conveniencia y común acuerdo dan a los términos extensión extraordinaria y a los pleitos duración escandalosa.

En este criterio se inspiró la subcomisión de la Comisión de Códigos que estaba encargada de la reforma de la ley de Enjuiciamiento civil y tenía casi terminado su trabajo, cuando la última modificación introducida en la Comisión general de Codificación hizo que se disolviera en virtud de la disposición transitoria del Real decreto que la realizó, no sin haber tenido la suerte de que le hubiera cabido el honor de que uno de sus miembros llevara la indicada reforma al Código de Procedimientos, en la actualidad en vigor en la zona del protectorado de España en Marruecos, donde han podido comprobarse las grandes ventajas que para la rapidez en la tramitación y buena marcha en el orden de los trabajos ha producido la reforma mencionada.

Contencioso-administrativo y organización judicial

Con especial complacencia hago en este extremo mi cuento Memorias de años anteriores han puesto de manifiesto respecto a la conveniencia de algunas modificaciones de los Tribunales que en primera instancia ejercen esta jurisdicción.

Evidenciadas de modo palmario las ventajas de este procedimiento en cuanto es seguido ante la Sala tercera de este Supremo Tribunal, no son menos palpables los inconvenientes y defectos, hijos de su actual organización, con que tropiezan los Tribunales de primera instancia, y de desechar sería que se apartara de éstos todo lo que de influencia política puede haber, y sobre todo que se complejase la organización del Ministerio fiscal de lo contencioso-administrativo, por no ser conveniente que ejerza funciones de este Ministerio personas sobre las cuales la autoridad del Ministro de Gracia y Justicia y del Fiscal del Tribunal Supremo, más tiene de nominal que de real, a pesar de que en todo lo que con estos pleitos se relaciona, se les impone el reconocimiento como, superior jerárquico del Fiscal del Tribunal Supremo.

Otra reforma que por considerarla indispensable y urgente someto a V. E. con el mayor encarecimiento, se refiere a la elevación de categoría del Teniente y Abogados fiscales del Tribunal Supremo, por idéntica razón a la que hubo para que el Consejo de Estado, en su dictamen favorable, el Ministro de Gracia y Justicia y las Cortes al votar la ley de Presupuestos de 1911, elevasen la categoría de los Abogados fiscales de las Audiencias de Madrid y Barcelona.

Fundáronse aquellas Cortes para hacerlo, en que teniendo los Abogados fiscales de las Audiencias de Madrid y Barcelona el deber de inspeccionar las actuaciones de los Jueces de ambas capitales, resultaba una anomalía incompatible con una buena organización, el que funcionarios de inferior categoría ejerciesen la inspección de los actos de sus superiores jerárquicos.