El Foro español (Madrid. 1898) (1917-03-20 00:00:00), página 4

ción de acusado exige, y al contestar al interrogatorio hubo necesidad de avisarle para que no alterara el gallo. Se practicaron las pruebas con gran profusión de detalles, y al final de ellas el Ministerio fiscal, solemne y convencido, retiró la acusación por estimar que se habían desvanecido los cargos que ofrecieron motivos suficientes para formular el escrito de conclusiones provisionales. Y el flamante monterilla se retiró del sitio que tanto le amargó unos instantes altanero y vencedor como Trajano o poco menos. Los comentaristas—fueron muchos—hubieron de creer que también en asuntos de justicia hay bulas para difuntos.

Muchas cosas y casos de este juez pudieran citarse, pero no es necesario. Todos sabemos a qué atenernos y estamos en autos.

Las posibles deficiencias en la aplicación de las leyes son consecuencia de la falta de completa percepción de sus preceptos y el poco cuidadoso esmero en poner la atención toda de que vongo hablando con excesiva insistencia.

Por fortuna, contra la sistemática e infundada opinión de los pesimistas, la función judicial disfruta merecidamente de grandes prestigios y la honorabilidad de los funcionarios garantiza la justicia. Pero no puede negarse que el órgano acaso desafíe en alguna ocasión, no por una voluntad pervertida, más bien por desquidos y ese sazón de energías para asimilarse con toda precisión el deseo del precepto legal y el contenido de la materia sobre que ha de recaer el juicio y que es objeto del proceso. Un filósofo alemán ha dicho que las ideas pierden algo de su valor cuando se traducen en la realidad. A pesar de ello, el Juez necesita alzar la realidad al nivel de la idea, que es el precepto legal, para que se manifieste en su pureza y con las debidas energías.

MIGUEL SÁEZ GÓMEZ,
Presidente de la Audiencia de Ávila

(Se continuará.)

LOS EX MINISTROS ABOGADOS

Pido la palabra

Al distinguido Sr. D. Lorenzo Barrio y Morayta.

Nosotros, los que pertenecemos a la carrera judicial, no podemos pedir se prohiba el ejercicio de la profesión a los Abogados que sean ex Ministros; vosotros, los Abogados en ejercicio, no debéis pedirlo. Esta es mi opinión. Razonémosla.

El ejercicio de la Abogacía es completamente libre, sin más limitaciones que aquellas que imponen las leyes fundamentales del Estado; de modo que, todos aquellos que reúnen los requisitos que exige el artículo 873 de la ley Orgánica del Poder judicial, no hallándose en ningún caso de los del 874 y, en donde lo hubiese, estén incorporados al Colegio de Abogados, pagando su contribución, pueden, si quieren, ejercer esta profesión, sin que nadie tenga derecho a impedírselo.

La facultad que las leyes conceden a todo ciudadano Licenciado en Derecho no puede coartársele al ex Ministro que ostente aquel título, porque el ex Ministro, por ser tal, no deja de ser ciudadano, y porque la poltrona ministerial no es la vara mágica que convierte al que una vez la ha ocupado, de pobre en opulento, ni transforma su potencialidad técnica adquisitiva de medios de vivir, de manera que entre en el Ministerio Licenciado en Derecho y salga metamorfoseado en Ingeniero, Médico o Farmacéutico. Así es que, en mi humilde opinión, nadie tiene derecho a pedir, ni el Poder legislativo a dictar una ley que, revocando las fundamentales del Estado a que más arriba aludíamos, prohíba a los ex Ministros ejercer la Abogacía sin antes dictar otra, por virtud de la cual se le asegure y garantice, no sólo el indispensable vivir, si que también un ilimitado campo donde su actividad pueda desarrollarse a compás de sus necesidades corporales, espirituales y sociales, y al unísono con sus ambiciones o aspiraciones legítimas imaginativas. Lo contrario sería atentatorio a la libertad individual, un incentivo para que los Ministros que fueran Licenciados en Derecho dejaran de ser en su gestión ministerial honrados, como lo son, en la mayoría de los casos y para honra nacional, los españoles, y un obstáculo para que los Abogados eminentes escalaren los puestos de gobernante, haciéndolos, en suma, de peor condición que el resto de los españoles que ostenten títulos académicos o profesionales distintos al que capacita para el ejercicio de la Abogacía.

Pero es que el ilustrado Sr. Barrio y Morayta apoya su parecer en un fenómeno social que dice tiene lugar en España, y que atinadamente califica de «Coacciones judiciales». A virtud de este fenómeno, los Abogados ex Ministros ejercen coacción (en romance vulgar coacción se llama miedo) sobre los Tribunales de Justicia al defender a sus clientes, y éstos, al buscar a los ex Ministros para que les dirijan sus litigios no paran mientras en la capacidad y competencia de sus elegidos, sino que buscan tan sólo la seguridad de su triunfo en el pleito que plantean, gracias a aquella coacción que han de realizar sus Directores jurídicos.

Este fenómeno, que afirma el Sr. Barrio existe en la vida social española, es causa de que en las resoluciones de los Tribunales de Justicia no resplandezca ésta, cuando una de las partes está defendida por un ex Ministro; y este efecto verdaderamente pernicioso y bochornoso (yo, como español y Juez, me ruborizo sólo con leerlo) es el que el Sr. Barrio quiere desaparecer, inspirando su deseo en un sentido elevadísimo de moral pública y de decencia profesional.

Es axiomático que, desaparecida la causa, desaparecen los efectos; con la medida que propone el señor Barrio, ¿desaparece la causa? Indudablemente, sí, en cuanto a los ex Ministros se refiere; pero aparte lo anticonstitucional que la medida me parece, ¿cree el