El Foro español (Madrid. 1898) (1916-03-20 00:00:00), página 4

mos los empleos, y que no los pudieran renunciar en otros, y si por justas causas los renunciaren, que hicieran la renuncia en manos del Concejo, para que éste, después de admitirla y aceptarla, nombrara sucesor o sucesores conforme a las leyes.

Los reyes no podían aumentar el número de regidores y de otros oficios perpetuos de Concejo; los oficios de regidores, jurados y otros cualesquiera de Concejo, se proveían por elección de los mismos Ayuntamientos, confirmándola después el monarca, sin que fueran conocidos en aquellos tiempos los alcaldes de real nombramiento, porque en los pueblos donde el rey conservaba la regalia de nombrar regidores debía hacerlo, recayendo precisamente el nombramiento en uno de los tres elegidos y propuestos por su respectivo Ayuntamiento. Ni los reyes, ni los Ayuntamientos, podían proveer oficio alguno de regimiento en extranjeros, sino en personas naturales del Concejo, o por lo menos en las que hubiesen morado y tenido allí vecindad por espacio de diez años.

Tampoco podían los reyes otorgar cartas de monedas, de expectativas de oficios de alcaldías, regimientos ni otros ministerios públicos, llamando las Cortes más de una vez contra las concesiones hechas antes de verificarse las vacantes, por ilegales, y contra la constitución de los Comunes, y para que los regidores, alcaldes y jurados procediesen con libertad en todos los actos de buen gobierno, en la administración de justicia y en las elecciones de oficios de Concejo, estaba prevenido por las Ordenanzas municipales y se estableció repetidas veces en Cortes, que no se permitiese jamás a ninguna persona poderosa, caballero o escudero, entrar en Ayuntamiento, ni mezclarse en asuntos de gobierno. Las leyes del reino, de tal manera depositaron la autoridad pública en los Concejos, que no permiten reconocer otros Cuerpos políticos, legítimos y constitucionales, sino aquéllos y los supremos Tribunales de la Corte del rey.

Los Concejos fueron en todos los tiempos celosísimos de estos derechos y prerrogativas, que sostuvieron con gran entereza, rechazando cualquier ingenercia caciquil. Allí no se conocía el caciquismo, y lo prueba lo ocurrido en el Concejo y Ayuntamiento de Murcia. Don Juan Sánchez Manuel, conde de Carrilón y Adelantado mayor del reino de Murcia, abusando de las facultades de su alto ministerio y de la confianza del rey Don Enrique II, trataba de oprimir y de avasallar al Ayuntamiento y a sus respectivos miembros. No pudiendo la ciudad sufrir por más tiempo tantos agravios, dirigieron al Trono una vigorosa representación por medio de sus mensajeros, con el encargo de explicar al monarca fuese servido privar al conde del oficio de Adelantado. El rey condescendió a la instancia. «Sed bien ciertos e seguros—decía el monarca en respuesta a la ciudad—que nunca se le volveremos ni entrará en esa ciudad, aunque la reina o el infante nin otros cualesquiera nos lo pidiesen por merced; como, quiera que es cierto que cuando ellos sepan vuestra voluntad cual es en este fecho, e cuanto cumple a nuestro servicio lo que sobre esta nación ficiémos, que non nos apretarán mucho sobre ello; e por mucho quellos fieiesen en ninguna manera nos le tornaremos el oficio» (1).

El pueblo fue llamado al Gobierno y a tener gran parte en la representación nacional en Castilla, antes que en los demás Gobiernos de Europa. Así vemos que en Inglaterra no lo logra hasta el Gobierno de Enrique III y año de 1225. En Alemania no se verifica hasta el de 1293, y en Francia, en la decantada cuna de la revolución, hasta el de 1303, mientras que en los reinos de León y Castilla desde el siglo duodécimo gozaron de voz y voto en corte todas las ciudades y villas cabezas de partido, o todos los Comunes de los pueblos en virtud de las cartas y pactos de su institución.

Tal es, a grandes rasgos, el origen y fundamento de las libertades patrias, coroneadas en Villalar por una dinastía extranjera, olvidadas por todos los españoles y no restauradas todavía.

Matías del Nido y Torres
Abogado

DEL "ABOGADISMO"

(CONCLUSIÓN)

Por la carrera de Derecho muestra la juventud una predilección especial, que si en parte la explica cuanto va dicho, no la justifica en absoluto, pues no es de creer que tantos y tantos como la cursan y todos los que reciben la investidura de Licenciado o Doctor en la Facultad, vayan a ella impulsados por las ilusiones, ambiciones, etc., a que nos hemos referido y movidos por el ejemplo de los que brillan en el Foro y en la política.

Esa predilección es sospechosa, y la sospecha nos lleva a la observación y ésta nos da la clave. Es la de Abogado profesión dificilísima, pero el estudio de la carrera es harto fácil y el título obtenido llave que abre muchas puertas, condiciona y facilita la colocación. La cualidad de profesional, que capacita según la ley para la obtención de empleos de 3.000 pesetas, y sin la cual (sobre todo antes, cuando la entrada en la Administración pública era más de la facultad ministerial que al presente, que se exigen oposiciones para el ingreso en la mayor parte de los ramos de la Administración), no se podía lograr más que destinos modestísimos de escaso sueldo, ha venido determinando una afición de personal a los estudios de la Facultad verdaderamente notable.

Claro que cualquier título de facultad era y es suficiente al efecto; pero aparte de que el de médico, farmacéutico, licenciado en Ciencias o Letras no dan conocimientos tan propios para la Administración, la

(1) Cascales, Historia de Murcia. Discurso VII, cap. X.