El Foro español (Madrid. 1898) (1917-09-30 00:00:00), página 2

Real orden que los citados preceptos—(se refiere a los artículos 3.º, 4.º y 7.º de la ley Orgánica del provisiónal del Poder judicial) se dictaron con el fin de que los funcionarios encargados de la Administración de justicia estén alejados de todos los demás aspectos de la vida pública, cuestiones y problemas que en la gobernación y administración del Estado pudieran plantearse; que no obstante el casuismo del art. 7.º de la ley Orgánica del Poder judicial, no están incluidos en éstos actos y determinaciones que los funcionarios judiciales pudieran realizar para llenar necesidades de carácter social a que el transcurso del tiempo ha dado origen; como son, entre otras, las de prevenir la situación creada por inutilidad física, jubilación, viudez u orfandad, y que la fundación de instituciones o Asociaciones con tales fines u otros análogos pugna con el espíritu que informa la ley Orgánica, contrario en absoluto a todo lo que sean demostraciones colectivas de los Jueces y Magistrados, por el riesgo de que se perjudique y quebrante la disciplina. Aparte de que tales materias, en orden a los funcionarios, constituyen función del Gobierno, el que al presente se ocupa—(eso se decía)—de subsanar las deficiencias que con relación al personal de la Magistratura y Judicatura ofrece la actual legislación de Clases Pasivas.

Aunque la tendencia en que se inspira la Real orden arriba inserta es loable, entendemos que la prohibición que contiene no puede apoyarse en el espíritu en que se informan los preceptos contenidos en el artículo 7.º de la ley Orgánica del año 1870, porque no cabe suponer indisciplina ni presumir el posible quebrantamiento de la que es necesaria por la previsión de contingencias futuras adoptadas por los funcionarios judiciales, creando u organizando como particulares Sociedades benéficas de mutualidad o socorro, fines individuales cuyo cumplimiento, según los principios proclamados por la ciencia económica y el derecho político, son propios de la iniciativa particular, que el Estado debe fomentar y no restringir, supliéndola con las suyas cuando aquélla no se revele o falte.

En todo caso nos parece que las limitaciones o restricciones—(como lo es la pedir autorización al Ministro, que por la Real orden se establece)—de un derecho tan grave como el consignado en la Constitución, que reconoce el de asociarse para los fines de la vida humana, no puede quedar mermado válidamente por acuerdo del Poder ejecutivo.» (Páginas 195 y 196 del aludido Apéndice.)

Este es también nuestro sentir, y por eso con sumo placer hemos aceptado los trabajos de los Sres. Delgado Curto, Zapatero y Pérez Fontán, y puesto a su disposición las columnas de EL FORO ESPAÑOL, que lleva veinte años ahogando en pro de los prestigios morales y materiales de la Judicatura, haciendo nuestra su campaña.

No creamos que oficialmente encuentren obstáculo en su noble labor; no la han encontrado los elementos armados, no ya para organizar verdaderas asociaciones con carácter especialmente benéfico y de estudio para el progreso científico, siquiera éste naturalmente pueda beneficiarles en orden a sus intereses y prestigios profesionales que es de lo que los Jueces tratan, sino para constituir las llamadas Juntas de defensa, cuyo simple título, por cuanto la defensa gramaticalmente presupone ataque, pudiera hacer recelar a espíritus estrechos y temerosos que se trataba de algo de violencia; esas Juntas, decimos, han prevalecido aún tratándose del Ejército, institución sometida a la más rigurosa de las disciplinas, y sobre el cual pesan prohibiciones más enérgicas y claramente determinadas que aquellas que, relacionadas con los funcionarios judiciales, pudieran haber servido de inspiración para dictar la Real orden de 20 de Mayo de 1915.

¿Habría, pues, de interpretarse ahora ésta inquisitorialmente para prohibir en los Jueces lo que en otro aspecto aún más enérgico se consintió a los militares? Ni lo creemos, ni lo esperamos. La espada de Themis, aunque simbólica, es por lo menos igualmente respetable que la de Marte, a pesar de que en la realidad de la vida ésta aparezca más materializada.

Y porque lo esperamos y porque creemos que los Sres. Delgado Curto, Pérez Fontán y D. Luis Zapatero, no hacen ni proponen nada que esté fuera de la más estricta legalidad, por estrecha que ésta sea, y aún vemos que la acatan en toda su estrechez, y porque nos consta que este es el sentir general de la Judicatura es por lo que no hemos rehusado el honor de ser los portadores de sus generosas voces

A sus compañeros toca ahora el no abandonarlos, el dar con su voto fuerza a su campaña, tomando ejemplo, para practicarlo, de su valor ávido y su amor a los compañeros, dando una prueba decisiva de solidaridad judicial; y decimos decisiva, porque si ahora que en esta tierra de apáticos en que deseadose por todos una cosa se carece de ella durante años y años por no haber uno que rompa el hielo moviéndose para conseguirlo, ha habido tres que se han revelado resueltos a echar sobre sus hombros todo el trabajo y los sinsabores que esto supone, entonces pueden considerarse definitivamente irredentos y no tendrán derecho a quejarse, ni de su humillante más que humilde condición económica impropia no ya de la ostentación decorosa sino de la decencia de que deben aparecer rodeadas las funciones judiciales, ni del desprestigio en que éstas puedan caer por llegar a considerarse a los Jueces poco más que a los indigentes y a su misión poco menos que un instrumento de caciquismo, o a lo sumo de Gobierno.

La hora ha sonado; veremos quienes, sacudiendo el letargo, saben acudir al llamamiento de la dignidad profesional.

Pueden, pues, dirigirse también a EL FORO ESPAÑOL, que estará en constante comunicación con los iniciadores, cuantos por lo menos con su adhesión (pública o privada, según deseen), quieran sumarse al movimiento iniciado.