El Foro español (Madrid. 1898) (1916-12-20 00:00:00), página 2

Promotores fiscales de ascenso, 5.500 pesetas.
Promotores fiscales de término, 6.500 pesetas.
Abogados fiscales de Audiencia provincial, 7.500 pesetas.
Tenientes fiscales de Audiencia provincial y sus categorías asimiladas de Abogados fiscales de Audiencia territorial y de Promotores fiscales de Madrid y de Barcelona, 9.000 pesetas.
Fiscales de Audiencia provincial y sus categorías asimiladas de Tenientes fiscales de Audiencia territorial y de Abogados fiscales de Madrid y de Barcelona, 10.000 pesetas.
Fiscales de Audiencia territorial y su categoría asimilada de Tenientes fiscales de Madrid y de Barcelona, 12.000 pesetas.
Fiscales de Madrid y de Barcelona y su categoría asimilada de Abogados fiscales del Tribunal Supremo, 15.000 pesetas.
Tenientes fiscales del Tribunal Supremo, 18.000 pesetas.
Fiscal del Tribunal Supremo (de libre elección, según el proyecto, entre los Letrados que sean o hayan sido Ministros de la Corona, Senadores o Diputados con veinte años de representación parlamentaria o Magistrados del Tribunal Supremo, con tres años de ejercicio), 25.000 pesetas.

No quiero, ni debo comentar siquiera, el proyecto de ley de que me ocupo, y, por lo tanto, no habré de hacerlo; pero sí he de exponer la extrañeza inmensa que me causa ver que en él se hace de distinta condición a funcionarios que tienen idénticos derechos.

Según tal proyecto, el sueldo de los Jueces es superior al de los Promotores fiscales del Juzgado correspondiente, en 1.500 pesetas; y esta diferencia va creciendo a medida que se va avanzando hacia las categorías superiores, hasta llegar a ser de 8.000 pesetas entre los sueldos de los Presidentes y los de los Fiscales de las Audiencias territoriales, ya sean éstas de las llamadas de término, es decir, las de Madrid y Barcelona, ya de las demás de categoría de Audiencias territoriales de entrada, según la denominación de dicho proyecto.

¿Por qué esas diferencias? ¿Por qué teniendo hoy igual categoría e igual sueldo el Presidente y el Fiscal de todas las Audiencias se rompe esa igualdad? ¿No se comprende, desde luego, que tal modificación es impracticable? Porque, ¿qué será el que, en los tiempos actuales, teniendo derecho a cierto sueldo y pudiendo disfrutarlo se conforme con el percibo de otro mucho más pequeño?

Y si se tiene en cuenta que la casi totalidad de los partidos judiciales tiene casa, que se facilita gratuitamente al Juez, y que no se dió jamás casa a los funcionarios del Ministerio fiscal (con las solas excepciones del Fiscal de la Audiencia de Barcelona, que disfruta de un magnífico domicilio en el Palacio de Justicia, recientemente construido, y del Fiscal de la Audiencia de Cádiz, que tiene casa gratuita fuera del edificio en que tal Tribunal está instalado), la diferencia en el orden económico entre los funcionarios de la Judicatura y los del Ministerio fiscal sube de punto.

De esto se desprende que ningún funcionario judicial se dispondrá a servir voluntariamente cargos del Ministerio fiscal; y ¿con qué derecho se puede obligar a servirlos a los actuales funcionarios, que tienen repetido, idénticos derechos, si la selección para ello precisa implica un evidente y grave perjuicio para los seleccionados?

FERNANDO PÉREZ FONTÁN,
Juez de primera instancia en instrucción de Mondoñedo.
Mondoñedo, Octubre de 1916.

(Se continuará.)

Los nuevos Aranceles

La Gaceta del 19 de Noviembre publica el Arancel de honorarios en asuntos civiles para los Secretarios judiciales en primera instancia.

Ya se podían haber suprimido estas tres palabras, puesto que son para los asuntos civiles en que entienden los Secretarios judiciales, y los artículos 24, 25 y 26 no pueden aplicarse en primera instancia.

Enemigo acérrimo de toda clase de Aranceles para los Secretarios judiciales, no me ocuparía de ellos si no me preocuparan algunas de sus disposiciones. Los aplicaría, cumpliendo el Real decreto que los aprueba, cuando hubiere ocasión, y nada más.

Pero hay algo que merece fijar en ello la atención, y "no estaría de más que" se fijara "quién puede corregirlo, para enmendarlo antes de que se toquen las consecuencias que puede traer en perjuicio de los Secretarios y que ha debido pasar desapercibido a nuestra numerosa y brillante representación (según el prólogo del decreto) en la Comisión de reformas de Aranceles.

Tal vez sea aprensión mía; por eso de la simpatía que siento hacia el Arancel; pero veámoslo:

Art. 13. Dícese así: En los interdictos la percepción se recomendará a la siguiente distribución: En el de adquirir se percibirá el 50 por 100 de los fijados, dividiéndose en dos mitades iguales (postrer matemática); una desde que se admita a trámite el asunto hasta que se acuerde la posesión, y la otra mitad, etc.

El 50 por 100 de los fijados quiere decir la mitad del tipo que señala el art. 5.? Si es así, ¿por qué se señaló ese tipo? ¿Para luego partirlo por gata en dos?

Concluye el art. 13, párrafo 4.: "En los interdictos de retener, etc., los honorarios se percibirán: el 50 por 100 desde que este se celebre hasta sentencia, y el 25 por 100 restante hasta la notificación de la sentencia y remisión de los autos a la Superioridad, si se apelase.

Este párrafo tiene defecto físico, sin duda esta cojo, pues el 25 por 100 que falta para que resulte el total del tipo asignado, se devengará tal vez desde que se admita la demanda hasta la celebración del juicio; y viene bien lo del 50 por 100 desde que ésto se celebre, etc. Pero la Gaceta no lo dice, y mientras no lo diga, el Secretario no puede cobrarlo.