El Foro español (Madrid. 1898) (1917-08-15 00:00:00), página 4

Y dicho y hecho. Pensaron en disolver tal Asociación. Primeramente, un Ministro de Gracia y Justicia del partido liberal trató a tal fin de atemorizar al Presidente de dicha Asociación, sometiéndole a un expediente gubernativo por el solo hecho de ostentar aquel carácter, y más tarde otro Ministro del mismo ramo del partido conservador, cometiendo un verdadero delito de coacción, llamó a su despacho oficial a dicho Presidente, y a presencia de los señores Presidente y Fiscal del Tribunal Supremo, todos ellos jefes de aquél, le exigieron la disolución de la Asociación, que, naturalmente, quedó disuelta en el mismo despacho del Ministro.

Para evitar que pudiera constituirse otra Asociación de funcionarios de la carrera, el mismo Ministro dictó la Real orden de 20 de Mayo de 1915, prohibiendo a los funcionarios judiciales fundar Asociaciones de carácter temporal o permanente, ni aun con un fin exclusivamente benéfico, si bien en la parte expositiva de la Real orden se consigna que la ley Orgánica del Poder judicial no establece tal prohibición. Esta disposición arbitraria, absurda y anticonstitucional, toda vez que echa abajo el art. 13 de la ley fundamental del Estado, que sanciona el derecho de todos los ciudadanos de asociarse para todos los fines de la vida humana, fué acatada por los funcionarios judiciales con la reconocida sumisión que siempre han tenido, y ni aun pensaron en entablar contra la misma un recurso contencioso que, sin duda alguna, hubiera prevalecido. Y a pesar que desde aquella fecha se han reunido las Cortes varias veces, no se ha levantado ninguna voz en el Congreso ni en el Senado para condenar aquel manifiesto ataque a la Constitución.

Aun con todo esto, los funcionarios judiciales estábamos relativamente tranquilos, pues aplicándonos como se venía aplicando el Real decreto de Dato, a pesar de la mequindad de nuestros sueldos gozábamos de un relativo bienestar, pues estábamos garantizados para la independencia y dignidad de nuestras funciones con las dos condiciones esenciales: la inamovilidad y el ascenso por rigurosa antigüedad hasta la categoría de Presidente de Sala. Jamás pensamos que pudiera volver a instaurarse aquel detestable sistema de los turnos de favor. Por eso el Real decreto de 18 de Mayo último, publicado por el anterior Ministro de Gracia y Justicia Sr. Ruiz Valarino, restableciendo tales turnos, ha producido en la mayoría de los funcionarios judiciales una impresión muy dolorosa.

Y sin que se considere una rebeldía y una protesta contra dicha disposición, como legítima defensa de los prestigios y de la independencia de las funciones que ejercemos y que deseamos conservar a todo trance, hemos de manifestar muy alto, como un clamor de la clase, que no podamos avenirnos con dicho Real decreto, que volvería a introducir la inmoralidad y la anarquía en la administración de Justicia, haciendo dos castas de funcionarios e impulsándoles a que se entreguen a los políticos y caciques.

Y ya que no podamos lanzar nuestras quejas colectivamente, por habérsenos prohibido el derecho de asociarnos, siempre nos quedará el recurso de ejercitar otro derecho que sanciona el art. 13 de la Constitución, de dirigirnos una Comisión a S. M. el Rey don Alfonso XIII para expresarle con el mayor respeto los males que tratan de volver a introducir en nuestra carrera. Y estamos seguros que nuestro inteligente Monarca nos recibirá y oirá con sumo agrado y pondrá por su parte los medios oportunos para conseguir que los funcionarios que administramos la justicia en su nombre goce mos de la interior satisfacción y nos hallemos rodeados de aquellas condiciones esenciales para que podamos cumplir tan augusta misión con rectitud e independencia.

A no ser que alguno de nuestros Ministros, antes de que podamos celebrar la entrevista con el Monarca, diere otra disposición derogando el derecho que sanciona la Constitución de dirigirnos al Jefe del Estado, en cuyo caso no nos quedaría otro recurso, como decía un distinguido compañero, que tomar una fuerte dosis de aguantaina, específico muy indicado para soportar los mayores fastidios y vejaciones. Aguantaina a todo pasto y... a esperar otros Ministros (afortunadamente, de paso muy fugaz por los Ministerios) que no tengan parientes ni amigos protegibles y que nos traten con alguna consideración y caridad.

UN FUNCIONARIO JUDICIAL DE LOS DESHEREDADOS DEL FAVOR

CÓDIGO PENAL DE 1870
concordado y comentado con todas las cuestiones y casos prácticos resueltos por el Tribunal Supremo en esta materia desde 1870 a 1903 inclusive, por el EXOMO. SR. D. SALVADOR VIADA Y VILASECA
Presidente que fue de la Sala de lo Criminal del Tribunal Supremo.
Nueve tomos, en 4.º, de 394, 700, 812, 570, 468, 638, 640, 676 y 656 páginas respectivamente, 108 pesetas. En las buenas librerías.
Los pedidos a D. SALVADOR VIADA Y VILASECA, Abogado, Español, 14.—Madrid
Se venden también los tomos por separado a los precios, respectivamente, de 11, 13, 15, 11, 10, 12, 12, 12 y 12 pesetas.

El Congreso de Abogados y los Jueces

No era eso, pero bien está

El Sr. Zuaznávar, organizador del futuro Congreso de Abogados y Decano del Colegio de San Sebastián, que tantos plácemes merece por su noble iniciativa, aunque haya algunos que, como un articulista de Revista de Tribunales, todo lo sacrificuen ante la creencia de que han hecho un chiste, ha dado respuesta al sensato artículo de El Foro Español en que se reflejaba el disgusto producido en los Jueces por la forma en que aparecía redactado el tema A, de los referentes a la Magistratura, y cuyo texto literal era el siguiente:

«Su traslación, a petición de las Juntas de gobierno de los Colegios. Facilitación de los recursos de responsabilidad. Selección del personal inepito.»

El Sr. Zuaznávar se fija principalmente en los dos extremos últimos, y omite el primero que es el realmente molesto para la Judicatura. Huelga, pues, cuanto dice respecto al por qué habíamos de tener inconveniente en cuanto sea depuración de la clase y al