El Foro español (Madrid. 1898) (1917-11-30 00:00:00), página 9

superior en categoría, que puede serlo, un día no lejano, en jerarquía.

Esto podría evitarse muy sencillamente. ¿Cómo? Separando, en primer lugar, las carreras judicial y fiscal. Impidiendo que los Fiscales pidan más de una vez en cada causa la revocación del auto de conclusión del sumario. Reintegrando a los Jueces las facultades que se les mermaban para declarar pertinentes o imperitentes las diligencias que solicita el Fiscal ante la Audiencia; y en las apelaciones o recursos de queja contra sus resoluciones, darles derecho a razonar el por qué de ellas ante la superioridad.

El Juez hoy, en lo criminal, está cohibido; no puede obrar con libertad ni independencia, porque el Fiscal puede marearlo pidiendo a la Sala diligencias y más diligencias, que ésta acuerda desde luego y muchas veces ni pueden cumplirse.

Yo he visto pedir en una causa por lesiones inferidas a un Secretario al ejecutar una sentencia firme en un juicio civil, que se averiguase si era o no justa la reclamación objeto del juicio; en otra sobre homicidio, que se explicase por los médicos el mecanismo de la muerte; en otra sobre hurto, que se rectificase el auto de procesamiento porque el apellido del procesado se escribió sin h y en la partida de nacimiento figuraba con ella. ¡Y tantas otras!

¿No hay una disposición en que se ordena a los Jueces que traten a los forenses con toda clase de consideraciones? ¿Por qué no ha de haber otra que obligue a los Fiscales a considerar a los Jueces y a no pedir revocaciones de conclusiones de sumarios para diligencias que puedan practicarse en el juicio oral?

¡Cuánto papal de menos se gastaría y cuánto trabajo se ahorraría! Diganlo, si no, los Secretarios judiciales.

Pero de éstos no hablamos, porque ni aun los parlamentarios se acuerdan de los. Sólo se acuerda nuestro buen Ministro de Gracia y Justicia cuando va a dejar la poltrona ministerial y, claro, le falta tiempo para ocuparse de esos pobrecitos. Otra vez será.

Y si a mí no me falta tiempo y éste no cambia, seguiremos la serie de Fiscalescias. Cada cual hace lo que sabe y puede.

LICENCIADO CARRAÑA

25-X-917.

INCOMPATIBILIDADES

LA POLÍTICA Y EL BUFETE

Con este título leemos en el diario madrileño El Mundo lo siguiente:

«Mucho se ha hablado de la incompatibilidad del cargo de Ministro con el ejercicio de la profesión de Abogado. Se ha visto cómo los mejores bufetes se hicieron después de haber pasado por el Gobierno los Abogados hoy preferidos por los Litigantes. Y aun cuando por guardar las formas se abstienen de informar los Ministros, claramente se ha señalado el hecho de que los sustituyesen pasantes, con lo cual se ejercía la presión del cargo político sobre la administración de la Justicia.

Es ésto un aspecto que está reclamando determinaciones eficaces para salvar a la Justicia del descrédito en que hoy se encuentra, que mereció acerbas censuras a altas personalidades.

Precisamente ahora está siendo muy comentado el nombramiento del Sr. Ciudad Aurioles para la presidencia del Supremo. Sin que se le regateen méritos al elegido, se le señalan concomitancias políticas o afectivas con algún Ministro. Y como si esta justa alarma necesitase de nuevos estímulos, contribuye a acrecentarlos los probables nombramientos del Sr. Marín de la Bárzana, persona íntimamente ligada al mismo Ministro, para la presidencia de la Sala tercera del Supremo, y de un Magistrado provincial, afecto al Sr. García Prieto, para otra vacante de aquel Tribunal.

No discutimos el derecho que asista a esos Magistrados para ocupar los sendos puestos; lo que sí decimos es que en estrecha relación con el Ministro de la Guerra y el señor Marqués de Alhucemas, cuyos bufetes continúan abiertos, no es la mejor garantía de que la Justicia resplandezca en las doctrinas del Supremo. Porque en este orden ocurre lo mismo que con la mujer del César. Además de ser equitativa la Justicia, debe parecerlo.

Lo que sólo se logra procediendo como el Sr. Maura: no volviendo a vestir la toga desde que ejerció autoridad en la gobernación del país. Es lo menos que pueden hacer quienes, además de enaltecer sus virtudes, se jactan de compartirlas: seguir su ejemplo.

Conforme en un todo con el colega menos en lo de la «equanimidad» del Sr. Maura en este punto. El señor Maura podrá haber dejado de ejercer en los Tribunales a medida que han ido aumentando los bufetes de sus queridos sobrinos los Valentín Gamazos, suponemos que sencillamente a título de herencia; pero en lo extrajudicial y en lo más granadito de los bufetes, que es en las grandes testamentarias, en esta misma casa podemos dar fe personal de que sólo de una cobro sesenta y cinco mil pesetas, cuando ya se decía que no ejercía porque no se exhibía.—¿Está claro?

Y no sabemos si otro Abogado no político por cuyo despacho haya pasado algún otro negocijeo de esta clase podrá dar noticia de que luego fuese a parar al despacho del ecuánime.

Es más, aun en la lista oficial del Colegio de Abogados de Madrid del año actual, Aparece el Sr. Maura dado de alta en el ejercicio de la profesión, y aunque aparezca que se abstiene—(puede no abstenerse)—de intervenir en los asuntos judiciales; lo que después de todo es un reconocimiento de la verdad de la coacción que ejercen los ex Ministros en los Tribunales, lo mismo sucede en todos los centros administrativos y de cualquier otro orden, en donde la firma del Letrado-político constituye una amenaza, aparte de que la incompatibilidad también se pide en consideración a los compañeros que no pueden estimar como licita competencia alguna que no se funde en motivos de superior inteligencia.