El Foro español (Madrid. 1898) (1915-08-10 00:00:00), página 2

familia, que a la tercera generación se vería en la mayoría de los casos absorbido su reducido haber por el Estado.

Tanto es así, que existen comarcas enteras en Aragón y campo de Carifens, donde con dificultad se encontrará una familia que tenga titulación legal de sus fincas, y más decimos: se desconoce la existencia del a ley del Timbre y la del Impuesto de Derechos reales por la mayoría de sus habitantes, tanto, que en un período de diez y ocho meses han residido dos Notarios que abandonaron o renunciaron su cargo por no poder subsistir de los rendimientos de la Notaría. El documento privado, como menos sujeto a solemnidades y requisitos, ha sustituido hace muchos años a la escritura pública, a la que atribuye relativa eficacia el art. 1.225 del Código civil, y como algunos testamentos los autoriza el párroco, conforme a los fueros de que g-za este reino, el Notario resulta un funcionario exótico en esta región, y sin vida por la falta de costumbres legales, por el excesivo coste de éstas.

Bien dijo Valera que, «en punto a estar mal, éramos una potencia de primer orden»; poseemos una ley de Enjuiciamiento civil, que tiene tantos errores como pocos aciertos, pues se remonta al año 1881 del siglo pasado, cuando eran colonias nuestras Cuba, Puerto-Rico y Filipinas, con preceptos inaplicables hoy a lo que desgraciadamente no es ya nuestro.

En lo relativo a citaciones y diligencias análogas han de practicarse durante las horas en que los labradores se encuentran en sus faenas en el campo, cuando debía de ser todo lo contrario. Se pierde un tiempo precioso con la ratificación de los interesados, y se practica el vicioso principio de suprimir la iniciativa del Juez, a virtud de una falsa distinción entre las cuestiones civiles y las de índole criminal, por cuyo motivo se dilatan y prolongan los pleitos con la escala de tres instancias.

Por si los errores que a la ligera exponemos fueran pocos y de grueso calibre, únese la atrocidad de ligar la suerte del Secretario a la índole de rico o de pobre del cliente, y salta a la vista que el interés del Secretario judicial estriba en que el litigio se prolongue o dilate, y su propia conservación ha de inspirarle a llenar de todo género de atenciones y consideraciones al litigante rico, con preferencia al pobre, pues aquél es el que le paga la cuenta, y esto es lo que sucede por regla general.

Aún son mayores los errores que, cubiertos con ropaje legal, abundan como bendición en el Enjuiciamiento criminal y el Código penal, este último completamente ajeno a los progresos de la ciencia en sus cuarenta y cinco años de existencia, y dada la naturaleza de las cárceles y establecimientos penitenciarios, preferimos la reducción de los delitos que sanciona el Código actual, y hasta si se quiere preferimos la impunidad, que realzar a un ciudadano en un establecimiento penal, del que ha de salir convertido en incorregible, pues sabido que sólo se atiende, o se atiende muy deficientemente, a la reforma interior o moral del culpable o penado.

Aunque parezca lo contrario, toda pena se convierte en perpetua en sus efectos morales, desde el momento en que se registra en el Juzgado que conoció de la causa, en el municipal y en el Registro central de penados, con lo que se consiguen dos cosas: primera, hacer perder al culpable su propia estimación, y degradarle, haciéndole poco apto para su rehabilitación, y segunda, aumentar el ya pomposísimo trabajo en los Juzgados, sometidos a una multitud de Reales decretos y Reales órdenes, tantas o más como leyes existentes. Creemos que el registro de condenas debiera reservarse para los delitos de carácter leve por su íntima conexión con el fin asignado a la pena, puesto que, si en el nuevo Código cuya necesidad es urgente, cristalizan los progresos de la Antropología, o sean las leyes de la herencia fisiológica, las circunstancias de extrema miseria del agente, la educación recibida y otras más, que suponen la infracción del deber de existencia social por parte del Estado, de la Provincia y del Municipio, habrá necesidad de reformar y modificar la penalidad actual, ya que el Estado y las demás personas jurídico-sociales, por su falta de previsión y celo, coadyuvaron con su pasividad a la penetración de ciertos y determinados delitos, pues ya es hora de que carezca de razón de ser el pensamiento de Diógenes Laercio, «Las leyes son como las telarañas: cogen lo débil y de poco peso, y dejan pasar lo gordo y grave. En materia de fianzas exige la ley que el fiador de los procesados esté acreditado en el territorio del Juzgado que conoce del sumario, y no concede tal facultad a cualquier ciudadano de la Península», aunque sea millonario. El inventario y el embargo parecen la consecuencia necesaria y precisa de todo acto judicial, por sencillo que parezca, con lo que la función resulta unas veces enojosa, y otras, por lo menos, desagradable a la sociedad.

Se formalizan procesos por hechos puramente fatales, como el del que muere por un rayo en una tormenta, cuando es sabida la causa de tal desgracia, y así se procede en muchos casos más.

Lo de la responsabilidad civil es un resabio de la Roma de los prefejos, y con respecto a un pueblo que odiaba el trabajo y que reconocía el origen de la propiedad en la conquista y la esclavitud, y debía exigirse sólo en el caso de ser notoria la responsabilidad del culpable o de pedirlo el perjudicado, y no hacer general la medida, exigiendo responsabilidades a hombres insolventes de antemano, para no conseguir resultado alguno práctico, lo dejamos a la consideración de nuestros lectores, en un pueblo que no tiene, por desgracia, el número de propietarios que tenía Roma.

Si la legislación de una nación es el barómetro por el que puede medirse su cultura, no podemos ufanarnos de presentar la nuestra como modelo que imitar a los demás pueblos de Europa y de América, como en siglos pasados pudimos presentar el Código de las Partidas, debido al sabio e infelizmente monarca Alfonso X y a Jaume el de las Leyes, y contrariamente el ánimo pensar que nuestra Comisión de Códigos nada ha hecho en quince o veinte años que lleva de existencia, cuando el Código de las Partidas a pesar de su magnitud, tan sólo costó a sus autores siete años.

Cuando la Comisión de Códigos publique su labor, ésta no tendrá aplicación, será antiquada y anacrónica, puesto que si alguna verifican los que la componen, si bien son políticos de renombre, no gozan, en el campo de la