El Foro español (Madrid. 1898) (1917-06-10 00:00:00), página 11

se trata de un verdadero fideicomiso a favor de la sobrina que en la cláusula se cita, y que muertos los hermanos del testador sin descendientes, a ella deben ir a parar todos los bienes, interpretación que admite la sentencia recurrida.

Interpuesto recurso de casación por infracción de ley contra la aludida sentencia, el Tribunal Supremo lo desestima declarando:

Que en la cláusula antes transcrita, aparecen establecidas dos sustituciones, una vulgar entre los hermanos del testador, que no llegó a producir efectos jurídicos por haber premuerto éste a aquéllos, y otra fideicomisaria que constituye una sustitución compendiosa, o sea vulgar infideicomisio, cual por lo general se denomina en Cataluña:

Que esa misma cláusula contiene todos los elementos de la sustitución fideicomisaria, a saber: la designación de herederos fiduciarios, que los fueron los hermanos del testador; la de herederos fideicomisarios, que lo habían de ser los descendientes legítimos de éstos, y de no dejarlos, su sobrina; y la obligación también de reservar para los mismos los bienes inmuebles de la herencia, puesto que al fallecimiento de los fiduciarios había de pasar a su descendencia legítima si la dejaban, y si no a su citada sobrina:

Que si se hubiera tratado de una sustitución puramente vulgar, holgaría disponer que, no teniendo descendencia los hermanos, acrecería su parte a los demás herederos, dado que, preseidiendo de la doctrina de que en las sustituciones la parte vacante ha de repartirse entre los instituidos proporcionalmente a su haber, siempre resultaría que estando unidos aquéllos por conjunción verbal les hubiera correspondido con su sobrina, por ministerio de la ley, el expresado derecho de acrecer sin necesidad de mandato del testador:

Que el derecho de acrecer no existe cuando por los herederos o legatarios instituidos se hubiere adido la herencia o el legado de una manera absoluta; y siendo así el establecido en la cláusula controvertida, no hubiera podido ordenarse por el testador si la sustitución no tuviera el carácter de fideicomisaria, es decir, disponiendo que los bienes de la herencia se poseyeran por los herederos, sus hermanos, con el carácter de fiduciarios, o sea con la obligación de restituirlos:

Que la ley no prohibe, ni mucho menos, que el testador pueda establecer el derecho de acrecer entre sus herederos hasta tanto no hubiesen llegado éstos a obtener su posesión de una manera absoluta, y, por consiguiente, pudo establecerlo para sus hermanos los herederos fiduciarios y no para su sobrina, que no tenía este carácter, resolviendo de este modo la dificultad de la distinta situación de ésta en la sucesión, que la permitía adquirir sin gravamen de restitución;

Y que de todo lo expuesto se deduce que el testador, en el caso de que se trate, estableció un fideicomiso familiar y una disposición también fideicomisaria de sus bienes para el caso de que los herederos fiduciarios fallecieran sin descendientes legítimos.

Competencia.—Depósito de mujer casada.—Sentencia de 17 de Junio. (Gaceta de 9 de Febrero de 1914.)—Resuelve que es Juez competente para conocer del depósito de personas el del domicilio de la que deba ser depositada, con sujeción al párrafo 2.º de la regla 20 del art. 63 de la ley de Enjuiciamiento civil, calificándose de tal domicilio, según el art. 40 del Código, el lugar de la residencia habitual;

Y que siendo una mujer casada la que solicita dicha medida procesal, y teniendo su domicilio en determinada ciudad, sin oposición de su marido, resultando también ser dicha ciudad el domicilio de éste, y el conyugal, por tanto, porque, como capitán de la Marina mercante, manda un barco matriculado en la misma, tales circunstancias imponen conceder la preferencia para conocer de la pretensión al Juez de la residencia de hecho de la interesada.

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Contrato de transporte.—Tarifas (reducción de).—Reales órdenes (su eficacia). Sentencia de 18 de Junio. (Gaceta de 10 de Febrero de 1914.)—Establece que según constante jurisprudencia del Tribunal Supremo, las Reales órdenes publicadas en España bajo el imperio del régimen constitucional, no pueden derogar los preceptos consignados en las leyes, ni, por consiguiente, tienen fuerza de tales, conforme al art. 5.º del Código civil, y en su virtud, carecen de toda eficacia, especialmente en cuanto afectan al derecho privado, y los actos ejecutados contra las mismas no pueden calificarse de nulos, a tenor de lo dispuesto en el art. 4.º del mencionado Código:

Que tanto el art. 50 de la ley de 22 de Noviembre de 1877, como el 133 del Reglamento de 8 de Septiembre de 1878, preceptos no modificados por el Código de Comercio, dejan en libertad a las Compañías ferroviarias de pactar cuantas reducciones de las tarifas aprobadas crean convenientes, sin otro requisito que dar cuenta al Gobierno, a tenor de la Real orden de 7 de Octubre de 1902, sin que la omisión produzca efecto alguno en cuanto a la rebaja concedida, y salvo la corrección gubernativa que imponga la Administración:

Que el art. 3.º de la Real orden de 1.º de Febrero de 1887, obedeciendo al principio de igualdad de las tarifas, y con desconocimiento del de libertad de contratación que informa tanto la legislación común como la especial de ferrocarriles, prohíbe en lo sucesivo los contratos particulares entre las Empresa y determinados remitentes para transportes a precio reducido; pero a parte de que esa prohibición se limita a las mercancías, según otra Real orden de 1.º de Julio de 1890, únicas respecto a las que podrían establecerse con la rebaja, monopolios o privilegios, que aquélla trata de impedir en absoluto, y cuyo concepto no puede aplicarse a las sustancias minerales, siempre resultará que, sea cualquiera la fuerza obligatoria que tenga la repetida disposición respecto a las Compañías porteadoras en sus relaciones con el Estado, en nada pudo disminuir su capacidad jurídica para contratar con los particulares a tenor del citado art. 50 de la ley;

Y que siendo válido el contrato no obsta a su cumplimiento la circunstancia de no haberse fijado plazo para los transportes por la tarifa reducida pactada, y en su virtud, el porteador no pudo ponerle fin, pretextando la existencia de una nueva tarifa aprobada por el Gobierno, pues estas disposiciones ya se ha visto no influyen en los contratos particulares, procediendo, en cuanto a este extremo, hacer uso, en su caso, de la facultad que concede el art. 1.128 del Código civil en cuanto a la duración del plazo.

Competencia.—Compraventa de géneros al fiado.—Sentencia de 19 de Junio. (Gaceta del 12 de Febrero.)—Declara una vez más que con sujeción a lo prescrito en el párrafo 2.º del art. 1.500 del Código civil, cuando no se haya fijado lugar para el precio de la cosa vendida deberá verificarse donde se