El Foro español (Madrid. 1898) (1916-10-10 00:00:00), página 8

defensa, ni a título de renuncia ni aun al de baja voluntaria en el ejercicio de la profesión, hasta que furen debidamente reemplazados; previniéndose además que, cuando por falta de número suficiente de Abogados en la población en donde se celebre el juicio por incompatibilidad de los que pudieran ser nombrados, o por otras causas de análoga transcendencia, no haya Letrado en ejercicio a quien encomendar la defensa del procesado, se encargará de ella un Aspirante a la Judicatura si lo hubiese en la localidad, y que, cuando no, el Presidente del Tribunal Supremo, de acuerdo con la Sala de gobierno, designará a un Abogado o funcionario Letrado para desempeñarla.

Las modificaciones anteriores, con otras de detalle, que requerirían, según antes hemos indicado, una catalogación difusa, impropia además de esta exposición esquemática, constituyen en cuanto toca al Enjuiciamiento criminal, con la incorporación a la nueva ley de aquella parte de la del Jurado que se refiere al procedimiento, de la de 9 de Febrero de 1912 (1) y de otra ley, la de 17 de Marzo de 1908 (2), y el Real decreto de 23 del propio mes y año (3), la orientación y síntesis de la reforma acometida, cuyo conjunto acaba de ofrecer a vuestra atención en grandes trazos, procurando no traspasar los límites de brevedad que me estaban impuestos para no fatigar excesivamente vuestra probada cortesía.

El no ser labor propia, personal, la analizada, me permite con holgura exenta de immodestia, tributar a la Comisión Ilustre de Códigos, representación de los mayores prestigios de la Justicia española en sus distintos sectores de actividad, los más entusiastas elogios. Pero con ser noble, acertado y merítísimo su esfuerzo, y aun suponiendo, como es razonable, en su obra un mejoramiento, producto de la labor de crítica positiva de las Cortes españolas, es la vuestra, ilustres Jueces que me escucháis, por ser la misión de traducir en la práctica esas enseñanzas de la Ciencia y de la realidad, que informan los proyectos de ley, aquélla que hará posible con un acierto diario que las reformas arriaguen y obtengan el asentimiento de la opinión pública, y con él aquel calor de vida indispensable en toda institución para permanecer y progresar. Y dignificado el procedimiento judicial, será en adelante imposible el equivoco mal aconsejado que a veces achaca, con error manifiesto, culpas que son de toda una organización, a los llamados a ser agentes con función dentro de la organización misma, reflejándose en vosotros, por tanto, de ahora en adelante, el respeto y la cariñosa consideración que habrán de merecer instituciones cuyo fin es el sagrado e indispensables en todo Estado constituido de administrar rectamente la Justicia.

Árida y poco grata la materia de esta disertación, no brinda grandes espacios a la galanura de la forma, ni podrá entrar en mi intención sacrificar a bellezas de lenguaje, no acomodadas a mi modesto estilo, la claridad y rigidez de los conceptos. Bastaba a mi propósito desligarme en esta exposición de la reforma proyectada de todo prejuicio y apasionamiento, y ofrendarla en el templo de la Justicia como prenda de mi voluntad.

He dicho.

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Datos estadísticos

Según los estados que acompañan al discurso de apertura, el Tribunal Supremo ha despachado en el año último 634 asuntos civiles, de los cuales en 34 recursos de infracción de ley, y en dos de quebrantamiento de forma, se casaron las sentencias. Fueron denegados 41 recursos, y se declaró no haber lugar a la casación en 195 por infracción de ley, y 18 por quebrantamiento de forma. Terminaron por desistimiento o desertión, 137.

Los asuntos criminales despachados, también por el Supremo, ascendieron a 867. En 69 recursos de ley y en tres de quebrantamiento de forma, hubo lugar a la casación.

No se admitieron 81, y se denegó la casación en 139 de ley y 22 de forma. Se casaron 18 sentencias de juicios de faltas.

Contencioso-administrativos despachó 535. En 119 hubo confirmación total de las resoluciones impugnadas, en 89 revocación total, en 19 confirmación o revocación parcial, en 22 se declaró la nulidad, y en 63 la incompetencia.

Con respecto a los recursos de apelación de autos y sentencias, dictados por Tribunales provinciales, se confirmaron 48, y se revocaron totalmente 14, y parcialmente cuatro. Caducaron y fueron tenidos por desistidos 153 recursos.

Según los cuadros estadísticos que aparecen al final de la Memoria del Fiscal, desde 1.º de Julio de 1915 hasta igual fecha de 1916, se han incoado en España 106.616 sumarios; 4.861 son por delitos contra el orden público, 2.816 por falsedades, 27.307 por delitos contra las personas, 2.284 por suicidios, 45.572 por delitos contra la propiedad, y 9.870 por accidentes.

De esas causas, 10.407 corresponden a la Audiencia de Madrid.

Ante el Tribunal de Derecho se han celebrado en España 12.224 juicios, de los cuales 3.104 terminaron con sentencia absolutoria, y 8.818 con condenatoria.

Ante el Jurado se vieron 3.193 causas, con 1.233 veredictos de inculpabilidad absoluta, y 1.081 de culpabilidad.

(1) Ley regulando el procedimiento contra senadores y diputados.
(2) Ley de Condena condicional.
(3) Disposiciones para ejecución de la ley de Condena condicional.