El Foro español (Madrid. 1898) (1917-07-15 00:00:00), página 4

mertos y con arreglo a la prelación que el Consejo establezca.

La precedente nota fue enviada en los momentos de coincidente agudización de la llamada cuestión militar, cuando se creía que nos amenazaba la revolución, se temía que el orden fuera subvertido y se esperaba una dictadura militar que realizará la revolución mansa desde arriba; pero se impuso el buen sentido, y, con él, la supremacía civil, el orden y la patriótica fraternidad de todos los españoles, paisanos y militares, sin exclusivistas egoismos. (Si así no es, así debiera ser y así tendrá que ser).

El Sr. Ruiz y Valarino no tuvo tiempo de ocuparse de la formidable oposición que la opinión pública hacía a su Decreto, resucitando el bien muerto turno de favor, ni de resolver acerca de mi petición.

Hoy, el ruego séptimo de mi nota debe ser sustituido por la solicitud de que el no menos autorizado e ilustrado Ministro actual, traduzca en otro u otros Decretos cuantas disposiciones de los proyectos de reforma ha formulado la Comisión de Códigos y sean compatibles con las leyes vigentes, puesto que éstas no pueden ser derogadas ni rectificadas más que por las Cortes.

Esto no quiere decir que yo no esté conforme con el sumum cuique mediante el premio a los servicios especiales, extraordinarios o excepcionales. Soy resuelto partidario de tal recompensa. Debe implantarse, pero por otros procedimientos. Nunca, jamás por los que se prestan al favor, a la injusticia, al nepotismo, a la postergación y desprecio del verdadero mérito, al pordiosero, desmoralización, deshonor y desprestigio de los funcionarios. Debe cerrarse la puerta al cacique y al político. Debe garantizarse la independencia del funcionario. En suma; debe hacerse justicia estricta.

¿Cómo? Aplicándose el hoy vigente Real decreto de 30 de Marzo de 1915. Pero solamente mientras se estudia, legisla y promulga una disposición en la que, sin perjuicio de los verdaderos derechos adquiridos en la antigüedad de servicios, se recompense el mérito real y positivamente excepcional y extraordinario, aunque nunca a costa de los demás funcionarios que también cumplen su deber.

Estoy conforme con el principio de premio al mérito. Mas no podía estarlo con el equivocado desarrollo que a tal principio se había procurado dar en el articulado del Real decreto derogado.

Según el articulado, figuraba redactado el tal Decreto; podía darse el caso estupendo de que el funcionario que poseyera más y mayores méritos no fuera ascendido en el turno de elección, y, en cambio, lo fuese un funcionario que hubiera tenido varias notas desfavorables.

Los funcionarios judiciales, ¿qué deben hacer?

Nosotros no disponemos de la espada de Breno. Nosotros no representamos el derecho de la fuerza. Nuestra representación es la de la fuerza del Derecho, y esgrimimos la espada de la justicia. Nosotros no debemos ni podemos revolucionarnos. Nuestra misión no es realizar hechos de fuerza. No tenemos derecho a concular el Derecho, del que somos sus más genuinos representantes y defensores. La espada de la justicia que ostenta nuestra ejecutoria, nos la ha entregado la Nación en depósito. El depósito es sagrado. El arma no es nuestra únicamente. No podemos volverla contra la Patria, que nos ha hecho el honor de confiar tan preciado tesoro. Con la espada de la justicia, prosigamos siendo los caballeros andantes de la ley. Y pidamos, respetuosamente, al señor Ministro de Gracia y Justicia la gracia de que resuelva en justicia respecto de los demás extremos apuntados. Pero pidámoslo, y yo, desde luego, así lo hago, con toda la consideración que el Ministro debe merecernos, no como insubordinados, ni cual planíderos jeremiados, sino ejercitando el constitucional derecho de petición, amparados, apoyados y defendidos por los Poderes legislativo y ejecutivo, que comparten con nosotros la soberanía oficial delegada por el Estado.

Si los turnos de elección hubieran subsistido convertidos en turnos de favor, se habría estatuido la orden judicial de los mendiantes (quitamotas serviles, prevaricadores y estómagos agradecidos), y hubiera llegado un momento en que no sería honroso llamarle funcionario judicial, porque sólo medrarían los audaces y sinvergüenzas, que subirían arrastrados a los faldaones de los caciques, quienes no habrían podido soñar mejor soborno y más practicable puerta falsa que el caprichoso turno de favor.

Todo lo que en compatibilidad con la antigüedad de servicios no sea un concurso de verdaderos méritos y la subsiguiente determinación automática de los nombramientos, resultaría injusto y desmoralizador.

Confiamos en la justificación y rectitud del señor Ministro de Gracia y Justicia, que nos han de servir de modelo para administrar las que por ministerio de la ley moral y positiva nos corresponden, a nombre del Poder moderador, en cuya representación administramos justicia.

El turno de elección, sin prelación de verdaderos méritos, hubiera sido un turno de favor, una merienda de negros, y el entronización del odioso caciquismo en el escalafón judicial y fiscal.

La opinión dominante respecto de los turnos de elección ha sido opuesta, en absoluto, a tal sistema. Yo, opinando que los méritos excepcionales o extraordinarios deben ser premiados, creo que, por ahora, el mejor procedimiento para recompensar tales méritos es el de crear condecoraciones adecuadas, estatuir otras distinciones honoríficas, y mejor aún, por más práctico, útil y provechoso, la concesión de sobresuelos. Esto es: premiar a los que lo merezcan, sin perjuicio de los demás compañeros. Con dicho objeto, debe pedirse al señor Ministro que instaure los ascensos, por rigurosa antigüedad de servicios en la carrera. Esta petición debe ir acompañada de las demás apuntadas en la solicitación que dirigi al Ministro señor Ruiz y Valarino (excepción hecha, claro es, de la séptima). Y completarlas con la de que sean implantadas, desde luego, cuantas justas y beneficiosas reformas tengan propuestas la Comisión de Códigos, y las demás