El Foro español (Madrid. 1898) (1915-08-30 00:00:00), página 4

siquiera un momento para apuntar la idea de que, sin necesidad de recurrir a las entregas metálicas preceptuadas en ella, podría mejorarse la situación del Notariado en general, y en particular del rural y del de las localidades subalternas, sin lastimarse los intereses del público. No condena el infrascrito en absoluto las entregas de cantidades a los Notarios de las zonas a que se refiere el decreto, y mucho menos las considera anticonstitucionales, porque la idea que preside a su implantación, no es la de crear un nuevo impuesto, sino la de satisfacer una indemnización y evitar insanas competencias; pero preferiríamos que se prescindiera de dichas entregas metálicas, y como lo mejor es enemigo de lo bueno, creemos debe abandonarse tal procedimiento.

No aceptamos el sistema de las indemnizaciones, porque creemos que éstas sólo deben establecerse para casos extraordinarios, y tal como las regula el Real decreto de 17 de Abril, serían de continua aplicación, y conforme ya se ha expuesto por otros con claridad suficiente, se atribuiría a Notarios por trabajos que no han efectuado, lo cual tiene para éstos algo de depresivo y, con suma facilidad, podría ser causa de rozamientos entre compañeros, quienes deben estar siempre unidos por los lazos de la cordialidad.

No ha pasado tampoco inadvertido, que el Notario menos merecedor de la confianza del público, sería el que más tantos por cierto percibiría.

Si se considera, como es indudable, al Notario funcionario público y la fe pública función del Estado, estése con valentía y decisión a las consecuencias y resuelva el problema tal como su naturaleza demanda; y si además, como es evidente, participa el Notario del carácter de profesor de una carrera y de funcionario del Estado, conciliense ambos extremos que creemos perfectamente conciliables.

Es un hecho que se realiza con harta frecuencia, que las mayores capitales absorben en gran parte la actividad de las poblaciones subalternas poco distantes de aquéllas, con detrimento de las segundas, otorgándose con muchísima frecuencia o casi siempre en dichos grandes centros de población, los más importantes documentos notariales.

Ahora bien: como el Estado no puede condicionar el ejercicio de la fe pública en cuanto a la forma y lugar, y debe velar por el decoro de la clase notarial, es evidente que tiene en su mano la solución del problema, que tanto preocupa en los actuales momentos.

Para ello pueden dividirse los instrumentos públicos en dos clases: unos por su naturaleza exigen su inmediata inscripción en el Registro de la propiedad, y otros que no la exigen.

Respecto a los documentos sujetos a inscripción, opinamos que debería establecerse la territorialidad de los mismos, en virtud de la cual, los relativos a fincas o derechos inscribibles, deberían autorizarse por el Notario en cuya zona o circunscripción estuviese situada la finca objeto de la inscripción o a la que afectare el derecho real, en el caso de que prosperase el sistema de las zonas; y si no se señalan zonas, en cualquier Notaría del distrito o partido judicial en el que radicase dicha finca, dictándose las reglas que la equidad exigiese para el caso de que la escritura se refiriese a fincas o derechos cuya circunscripción correspondiese a diferentes Registros.

Respecto a los documentos de otra clase, podrían ser autorizados por cualquier Notario, salvo las excepciones contenidas en las disposiciones anteriores al Real decreto de 13 de Enero de 1902.

De no prosperar el plan de las zonas creadas por el Real decreto de 17 de Abril último, escaso sería el menoscabo que sufriría la libertad del público para la elección de Notario, pues mucho sería que entre los Notarios que cuente un distrito notarial, no existiese uno merecedor de la confianza del más exigente, y por otra parte, no es de crear tampoco que el Cuerpo de Notarios esté a tan bajo nivel que haga necesario el empleo de la linternita para buscar uno digno, no sólo por su honestidad personal, sino apto por estar dotado de los conocimientos jurídicos que la profesión exige.

Con la territorialidad se lograría, no sólo una transacción honrosa entre quietistas y reformistas, sino que todas las Notarias fuesen suficientemente congruas para el fedatario que las sirviese, y si bien la libertad que todavía se concede al interesado en el instrumento, podrá dar lugar a que algunas Notarias fuesen víctimas de anemia contractual, siempre se facilitarían las transacciones en el distrito y las Notarias del mismo contarían con una base de mayor solidez que la actual.

La territorialidad de las escrituras, además, no pugna con ninguno de los fundamentos cardinales sobre los que ha de descansar el ejercicio de la fe pública, y no envuelve ninguna injusticia, al contrario, lleva en sí el germe de la obra justa y reparadora de que contribuyan al sostenimiento de los Notarios las personas más llamadas a ello por obligación natural, y en definitiva con la territorialidad se echa mano de un sistema que se aplica en la mayor parte, por no decir en casi todos los servicios que presta el Estado.

No se diga que con la territorialidad se causarán perjuicios y extorsiones innecesarios al público, pues en primer lugar pueden darse facilidades para el otorgamiento de poderes, que siendo o debiendo ser especiales para cada otorgamiento determinado, el legislador podrá exigir el sello de la última clase para la matriz y copias, y señalar a los Notarios derechos móviles, absolutos y fijos; y podrá, además, para las entregas de cantidades, hacerse uso de los documentos de giro con intervención del fedatario del contrato principal, en cual caso no sería difícil tampoco exogitar medios para molestar en lo menos posible a los interesados en dicho contrato. Téngase en cuenta, ya que de perjuicios al público tratamos, que siempre resultará que las fincas o derechos reales de que se trate serán de cuantioso o de escaso valor, y que los contratantes residirán, uno o todos, en el punto o comarca donde radique la tal finca, o en punto distinto de la misma; en el primer caso, no se ofrece ninguna dificultad; en el segundo, a la persona que deba recibir el predio, préstamo o cualquiera otra prestación, ya le pagaría la pena el importe del viaje para ir personalmente a hacerse cargo de la cantidad, dado caso de que no contase con persona alguna de confianza para ello; pero si el capital a recibir fuere de poca cuantía, tampoco ofrecería grandes dificultades el