El Foro español (Madrid. 1898) (1917-11-30 00:00:00), página 6

tillo, que con esfuerzos sucesivos queda convertido en arco triunfal. La obra entonces, por buena que fuese en su origen, ya no vale para nada. Hay que arruinarla hasta en los cimientos.

Hoy se dice, y hasta cierto punto es verdad, que está cerrada la puerta falsa en la carrera judicial. Y decimos que hasta cierto punto nada más, porque aún hay que respetar el cuarto turno establecido en los artículos 144 de la ley Orgánica y 50 de la Adicional (por virtud del art. 5º del Real decreto de 30 de Marzo de 1915), las prescripciones de la ley de 5 de Abril de 1904 (por la particular constitución de la Sala tercera del Tribunal Supremo), los derechos de los actuales Secretarios y Vicesecretarios de Audiencia provincial para ser nombrados Jueces con arreglo al art. 53 de la ley adicional (art. 3º, Decreto citado), y una nueva y flambante asimilación que hay que tener muy en cuenta como síntoma alarmante y de gravedad. Es historia pintoresca y ejemplar que he conocido recopilando datos dispersos.

En vista de instancia elevada al ministerio de Gracia y Justicia por D. Rafael Pajarón y D. Manuel Ciudad y Villalón, oficiales letrados del Real Consejo de las órdenes militares y Relatores del Tribunal metropolitano, solicitando ser incluidos en el escalafón de la carrera judicial, se dictó Real orden de 22 de Diciembre de 1916, por la que se accedió a lo solicitado disponiéndose que figurasen desde dicha fecha en el escalafón respectivo con la consideración de Secretarios de Audiencia provincial.

Contra esta Real orden, D. Juan González Ocampo y Escandón y otros nuevos interesados, todos ellos aspirantes a la Judicatura, interpusieron recurso contencioso, que fué resuelto por resolución de la Sala tercera del Tribunal Supremo de 25 de Junio último, en el sentido de declarar la incompetencia de la jurisdicción contencioso-administrativa para conocer de la demanda deducida en el pleito, fundándose entre otras en la siguiente consideración: «Que... la Real orden que incluye a Pajarón y Ciudad en el escalafón, no es la que pueda lesionar los derechos de los demandantes, ni tampoco, según explícita declaración de éstos, la que los nombre Secretarios de Audiencia provincial, sino únicamente la que después, utilizando la asimilación del art. 53, se presume recaerá nombrándoles Jueces de primera instancia; por lo que es notorio que hasta que ésta se dicte, no existe la resolución que pueda lesionar los derechos de los demandantes».

El malhadado y combatido Real decreto de 18 de Mayo último—derogado justamente al mes de su publicación—tuvo vida breve e infeliz, pero la suficiente para nombrar en 1º de Junio, Secretario de la Audiencia de Santander a uno de los dos favorecidos por la Real orden de 22 de Diciembre de 1916 (a D. Manuel Ciudad y Villalón), aplicando el art. 12, que decía: «Para las plazas de Secretario de Audiencia provincial podrán ser nombrados los que tengan esta categoría, aunque no desempeñen dichos cargos, siempre que figuren o hayan figurado en el escalafón de los de su clase, y en defecto de éstos los Vicesecretarios en propiedad, por orden de antigüedad en su destino, sin nota desfavorable en el expediente...»

Este resquicio legal hubo que taparlo en el Decreto de 18 de Junio último, y a este efecto se dispuso en su art. 3º: «Las Secretarias de Audiencia provincial sólo podrán ser provistas en Vicesecretarios que sirvan su cargo en propiedad y en defecto de éstos y con carácter interino, en aspirantes a la Judicatura por el mismo orden que establece el art. 2º del Real decreto de 30 de Marzo de 1915.»

He citado este reciente y elocuente ejemplo como práctica comprobación de mi criterio expuesto al tratar la anterior doctrina de alarifazgo legal, al propio tiempo que con fines apolíginicos—salta a la vista la deducción o consecuencia instructiva—y para permitirme hacer por ello una leve observación a las bases de reforma propuestas por el compañero Sr. Pérez Fontán.

Al tratar del sistema de ascensos en la carrera judicial (base 2.ª), otorgándolos a la antigüedad rigurosa en todas las categorías, se concede, sin embargo, que el Gobierno pueda «hacer libremente... los nombramientos de Presidentes de los Tribunales colegiados entre los funcionarios de la misma categoría o entre los que se hallen en el tercio superior de la escala inmediatamente inferior.

A mi juicio, y creo también que al de muchos compañeros, sobra lo subrayado. Creo más. Me parece que ese resquicio acabará, al correr de los años, con el saludable, austero, equitativo e insustituible principio de la antigüedad rigurosa. Y hay que revocar ese hueco aprisa si se quiere atajar el daño a tiempo.

La deficiente y viciosa organización judicial que padecemos tiene su raíz en la falta de independencia de sus funcionarios, atados al potro del favor y de la indigencia; en la posibilidad de medro para los poco escrupulosos, usando procedimientos reprobables, aunque no ilegales, en tanto que los austeros viven olvidados con el pesado y embarrasoso fardo de su hondura, sin otro estímulo que la satisfacción del deber cumplido ni otro premio que el reconocimiento, afecto y consideración de la media docena de personas que los tratan de cerca; en la consiguiente formación de castas de enumbreados y de postergados, con su dualidad e incompatibilidad de intereses y aspiraciones; en el desconcierto, la desunión, las intrigas, los rechazos, los odios. Hay que acabar con el favor, autor de todo y causa de estas desigualdades irritantes, procurando que la igualdad de funcionarios ante la ley sea en el orden judicial algo más que noble aspiración de Códigos sapientísimos. Porque no lo es, han hambre y sed de justicia. Bueno es que sepan esto los que más se preocupan de zaherir y denostar a los Jueces y Magistrados que en calar en las causas del mal y estudiar la manera de ponerle urgente y eficaz remedio.

Dígase lo que se quiera de la antigüedad absoluta; táchesele de criterio ciego e irracional, pero convenamos en que es el único sistema que, si no premia a