El Foro español (Madrid. 1898) (1917-12-15 00:00:00), página 3

Nada más ajustado a las más elementales reglas que deben informar el buen gobierno de la República como el pretender que aquellos ciudadanos en cuyas manos está depositada la balanza de Themis, pesen en ella el tuyo y el mío, sin venalidad, sin prevaricación, sin pasión, sin aturdimiento y sin atropellos ruidosos; y que los que así no la manejen sean separados de su función augusta y desposeídos de los atributos de Juez que prostituyeron y mancharon.

Mi adhesión sincera a esta primera parte de la primera conclusión.

Empero no me negarán los Abogados votantes de aquella conclusión que, brillante y al unísono con la aspiración que ella implica, ha de caminar otra que, con igual intensidad, deben anhelar, así los miembros todos de la nación, como los Jueces y los propios Abogados. Esta no es otra sino que los Abogados ejerzan su noble cometido de defender al delincuente y de dirigir, ilustrando al litigante, ese conocimiento bastante del derecho, con respetos y consideraciones sinceras y no fingidas, a los Tribunales, emulados por el triunfo legítimo de su técnica profesional, cooperada por honesta retribución y no estimulados por la hábil zanoadilla, el obscuro si bien valeroso resquicio político caciquil o el indigno soborno coadyuvados por una sórdida ambición plutocrática.

Porque si fuera cierta, aquella afirmación que ha más de cinco años escuché de labios de D. Gabriel Maura Camazo en un discurso, de que el problema de España es un problema de ética, habrá que convenir en que es preciso intentar el imperio de ésta en todos los organismos, Cuerpos, Institutos y Corporaciones que integran el Estado; que de poco serviría tener un ejército dotado de todas las cualidades psíquicas apetecibles, si las maestranzas, pirotecnias y fundiciones no lo dotara de armamentos apropiados en su calidad y número a sus peculiares fines; poca sería la influencia de un clero celoso y lleno de virtud en medio de una sociedad sistemáticamente atea; asimismo poca sería la eficacia de un impecable organismo judicial, allí donde el pecado reine en todos los demás elementos coadyuvantes de la función de juzgar; que no hay prevaricador donde no se busca el triunfo por la intriga, ni sobornables donde no se da los sobornantes, ni vengativos donde faltan los agravios, ni ignorantes donde sólo se lucha y disute con las luces de la sabiduría, ni la negligencia nace donde sólo se simbora actividad, ni aun siquiera ineducadas formas se observan donde impera la corrección.

El primer paso para esta efectividad práctica de la responsabilidad judicial parece ser, a juzgar por la conclusión del Congreso que examinamos, la supresión del antejuicio y la obligatoriedad de la defensa del reclamante por un miembro de la Junta del Colegio cuando no haya un colegial que voluntariamente se encargue de ella.

En mi ya no corta práctica de Juez he admirado más de una vez la vidente previsión, reveladora de un perfecto conocimiento de la vida y de los hombres, que tuvo el legislador al establecer el antejuicio para poder proceder criminalmente contra Jueces y Magistrados por delitos que pudieran cometer en el ejercicio de sus funciones; porque el antejuicio es una ofensa de garantía contra la malquerencia pasional outemarraria de que deben estar resguardados los que ejercen uno de los Poderes del Estado, que al integrar la soberanía de éste no deben quedarse, mérito del embate de las pasiones ruines ni de las temeridades inconfesables, como de hecho lo están los simples ciudadanos, a quienes nosotros, los tan zaheridos Jueces, nos encargamos de defender y amparar; porque si el Poder moderador, que es la representación de la soberanía en su unidad, es inviolable, el ejecutivo cuenta con la garantía que les ofrecen los artículos 178, 179 y 180 del Código penal y el 45 de la Constitución, y el legislativo con la inviolabilidad y la inmunidad que les otorgan los artículos 46 y 47 de esta ley fundamental; no es mucho pedir ni gran cosa el otorgar este especial procedimiento del antejuicio para el judicial.

Y no es sólo garantía el antejuicio, es más aún: es necesario, es preciso, indispensable, si es que se quiere que la seriedad de la toga del juzgador, su honorabilidad, su dignidad y su respetabilidad no corrambos los días de boca en boca, sirviendo de escarnio en los Casinos, plazuelas y aun tabernas.

Dice Anatóle Franco: «Gobernar es disgustar». El Juez, por razón de su oficio, va dividiendo con la espada de la justicia, a la vez que sirve a ésta, en dos bandos a los que acuden a él: uno el de los satisfechos y otro el de los disgustados; siendo mayor este segundo, porque en él quedan reclutados no sólo los litigantes perdidos con su cohorte de Abogados, Procuradores y familiares, sino todo aquel que ha sido procesado; de donde resulta que al año o antes de ejercer sus funciones en una localidad tiene un sin número de enemigos que pudiéramos llamar naturales, y por ende, muchos de éstos dispuestos a denunciar al Juez por negligente, ignorante, concusorario, etc., etc.; y si hoy no se hace tan frecuentemente es debido, sin duda, al antejuicio; es decir, que si a la hora de ahora no llueven sobre los Tribunales competentes, contra Jueces y Magistrados denuncias falsas y sin fundamento, no es por falta de deseo en la mayoría de los que quedan disgustados por las resoluciones de los Jueces, por justas y sabias que éstas sean, sino por las dificultades que les ofrece el antejuicio y porque intervin en éste no se acuerde proceder contra el denunciado Juez o Magistrado, no se acuerda ni toma por la justicia ninguna medida vejatoria, humillante o perjudicial contra el acusador; pero desde el momento que baste una simple denuncia, teniendo el denunciante un defensor obligado para que se proceda criminalmente contra el denunciado Juez o Magistrado, y aquél vea la posibilidad de vejar, desconceptuar, humillar, despreciar, poner en la piota, en fin, al funcionario que no lleve su deseo con la resolución que acordará ¡ah, señores Abogados!, entonces llevarían las acusaciones, y la criminalidad supuesta, aunque no creada por los acusadores de Jueces y Magistrados, aumentaría escandalosamente.