El Foro español (Madrid. 1898) (1917-08-30 00:00:00), página 8

o escarnio y se hiciéren públicamente, son verdaderos delitos, castigados en el art. 240.—«Inocurrirán en las penas de prisión correccional, en sus grados medio y máximo, y multa de 250 a 2.500 pesetas, núm. 3.º—El que escarnece públicamente alguno de los dogmas o creencias de cualquiera religión que tenga prosélitos en España.»

Hay tres sentencias del Tribunal Supremo, fechas 13 y 19 de Abril de 1885 y 21 de Septiembre de 1888, que confirman el citado artículo.

Faltando las condiciones de publicidad y escarnio o befa, la blasfemia sólo será falla penada en el art. 533, número 2.º, que castiga, como ya se ha dicho antes, con arresto de uno a cinco días y multa de 5 a 50 pesetas a «los que con la exhibición de estampas o grabados, con otra clase de actos, ofendieren la moral y las buenas costumbres, sin cometer delito.»

Como falta se considera el no quererse descubrir al paso del Santísimo Sacramento en repetidas sentencias del Tribunal Supremo, fechas 23 de Octubre y 23 de Noviembre de 1885, 2 de Junio y 17 de Julio de 1886, 17 de Junio, 2 de Julio y 14 de Diciembre de 1887 y 27 de Enero de 1891; el comulgar en estado de embriaguez, sentencia de 21 de Diciembre de 1890 y el extraer de la boca la Sagrada Forma (31 de Diciembre de 1896), y notése que si la irreverencia o desacato al Santísimo se ejecutase en lugar religioso, como la Iglesia o el cementerio y con escándalo, de simple falta, pasaría a ser delito, a tenor de lo dispuesto en el art. 241, que copiado a la letra, dice así: «El que en un lugar religioso ejecute con escándalo actos que sin estar comprendidos en ninguno de los artículos anteriores (236 al 240 de la sección 3.º) ofendieren el sentimiento religioso de los concurrentes, incurrirá en la pena de arresto mayor en sus grados mínimo y medio».

Las tropas, según las ordenanzas del Ejército (artículo 3.º, título I, citado por el señor Obispo de Jaca), se arrodillarán y descubrirán.

El castigo de los delitos del Código penal corresponde a los Tribunales de justicia y deben denunciárselos las autoridades administrativas encargadas de la seguridad pública y, en general, todos los funcionarios que constituyen la policía judicial, conforme al artículo 283 de la ley de Enjuiciamiento criminal, o «están obligados, según el art. 282, a averiguar los delitos públicos y a practicar las diligencias preventivas para la comprobación de los mismos y de los privados, si fueron requeridos por los interesados (La ley de Dios citada, página 18).

Acerca de las faltas no consta claramente que los artículos mencionados impongan igual obligación a todos esos funcionarios, si bien algunos, como los de Policía y Guardia civil, la tienen por sus Reglamentos especiales (v. gr., de 2 de Agosto de 1832 y 18 de Octubre de 1837).

Mas todos ellos, lo mismo que cualquier ciudadano español, puede denunciarlas a los Jueces municipales, quienes deberán castigarlas luego de tener noticia de haberse cometido (Artículos 932, 933, 101 y 101 de la ley de Enjuiciamiento criminal).

Gubernativamente, y con mayor facilidad y prontitud, podrían y deberían castigarse con oportunos correctivos muchas faltas, aunque no estén consignadas en el Código penal. El Gobernador, según el art. 22 de la ley Provincial de 1882, «deberá reprimir los actos contrarios a la moral y a la decencia pública». ¿Cuántos dignísimos Gobernadores han reprimido de este modo la blasfemia, imponiendo las multas a que les autoriza la ley, inferiores a 500 pesetas sin estar autorizados por leyes especiales! Los Alcaldes y Ayuntamientos tienen expeditas por el art. 625 del mismo Código penal las facultades que les competen por la ley Municipal u otras para dictar bandos de policía y corregir gubernativamente las faltas, no imponiendo, conforme al art. 77 de la ley Municipal, sino multas que no lleguen a 50 pesetas en las capitales de provincia, 25 en las de partido y pueblos de más de 4.000 habitantes y a 15 en los demás. «Pueden, por consiguiente (concluye el opúsculo citado La ley de Dios), los Ayuntamientos dictar Ordenanzas municipales o resoluciones generales sobre Policía urbana», y los Alcaldes, encargados, según el núm. 5.º del art. 114 de la misma ley, de regir todo lo relativo a este ramo, dictando los bandos y disposiciones convenientes, conforme a dichas Ordenanzas o resoluciones, «pueden imponer multas a las blasfemias u otros desórdenes contrarios a la ley de Dios que se cometan en las poblaciones respectivas». Con estas penas, y aun menores, se lograría desterrar o disminuir notablemente el vicio intolerable de la blasfemia.

Las conclusiones propuestas en el Congreso Eucarístico a que antes me refiero por el Académico Profesor de la Real de Jurisprudencia y Legislación de Barcelona, el Dr. D. José M. Marín Blázquez y Roig, son las siguientes:

CONCLUSIONES

1.ª Los desacatos al Angustio Sacramento tienen por causa la ignorancia o la malicia; para desterrar la primera se requiere el sistema preventivo de una educación sólidamente cristiana; para combatir la segunda se impone la necesidad de la represión adecuada de los delitos que se cometen.

2.ª Es de desechar que los católicos en general, y particularmente los que pertenezcan a Congregaciones Eucarísticas, se esfuercen en procurar sin demora, por todos los medios legales, el respeto singular que es debido al Santísimo Sacramento; para conseguirlo será conveniente: que en todas las Parroquias se constituyan Comisiones o Juntas de Letrados y Procuradores, que generosamente se encarguen de aconsejar, dirigir o representar a quienes traten de defender los derechos de Dios y de su Iglesia; que se establezcan turnos de feligreses para acompañar y custodiar a Jesús Sacramentado siempre que salga del templo, y que se divulguen de palabra y por escritos laecónicos de fácil comprensión los conocimientos indispensables, para que toda persona celosa pueda salir a la defensa legal de la Majestad divina.

3.ª La legislación y la jurisprudencia españolas,