El Foro español (Madrid. 1898) (1915-12-20 00:00:00), página 8

yores instituciones del individualismo? ¿No es el trabajo del obrero? ¿Cómo, pues, el producto de este trabajo beneficia al propietario de la cosa y no del esfuerzo humano? ¿Por ventura el beneficio es común? Si hay razón para que no vaya íntegro al que realiza el trabajo, ¿cuál es la medida que debe existir para fijar la proporción? ¿Basta un jornal misérable, que apenas provee a las necesidades más apremiantes del obrero? ¿No es evidente que para justificar esas doctrinas del Código se necesita que el producto del trabajo vaya al sujeto de éste, en forma tal que compense el esfuerzo? ¿Y cómo puede traducirse y cifrarse esa compensación sino adoptando una fórmula que represente el valor del esfuerzo, más la renta o el interés que ese valor debiera producir si se hallase convertido en capital?

¿No se ve claramente la necesidad, bien de conceder al trabajo una participación en los beneficios del capital, bien, si no se adopta este sistema, de establecer el jornal familiar o aquel que represente la porción debida al trabajo en su cooperación con el capital, para dar valor a las cosas y hacerlas producir y progresar aumentando la riqueza del propietario? ¿Y se ve algo de esto en nuestra legislación? ¿Acaso el precepto de ese artículo de nuestro Código civil no establece, con toda claridad, una doctrina total y absolutamente opuesta a ésta que acabamos de exponer o, si se quiere, y sea esta concesión que vaya contra la verdad, con olvido completo de esos principios que el derecho social proclama, con toda justicia, a nuestro entender?

Antes de concluir las líneas que dedicamos a esta materia de la propiedad, hemos de tratar un punto que juzgamos de gran importancia y sobre el cual no hay ni barruntos en nuestra legislación.

Existe una especie de accesión a la que modernamente se le ha dado el nombre de plus valía, y que consiste en aquel aumento de valor que reciben gratuitamente los predios, sin el esfuerzo ni el trabajo de sus dueños y sin que obedezca al desarrollo natural de las cosas, sino a circunstancias puramente accidentales y extrañas, debidas al progreso general de los pueblos, a la acción del poder público, al aumento de la riqueza que surge en determinada comarca o población, gracias a la obra exclusiva del Estado.

Es un hecho que observamos, con notoria frecuencia, el de que multitud de predios, ora por la construcción de canales o pantanos que los convierten en terrenos de regadío, ora porque los atraviesen vías de comunicación que facilitan la exportación de sus productos, bien por la apertura de nuevas calles o la construcción de otros edificios o el cambio de los centros de vida y de movimiento económico en las ciudades, o por el progreso general cuyo influjo bienhechor experimentan, multiplican su valor en el mercado, de manera extraordinaria, sin que el propietario haya tenido otra participación que, a lo sumo, la suerte de poseer en aquel sitio o el acierto del cálculo en comprar allí.

Si los efectos dependen de sus causas, si es natural que el producto del esfuerzo siga a éste, puesto que no es más que el desenvolvimiento de una virtud en cierta manera creadora que reside en el agente, y si hemos de considerar como propio de éste lo que es consecuencia lógica de sus actos, ¿qué ley, justicia o razón puede sancionar para el propietario del predio ese modo de adquirir íntegro el aumento del valor, sin conceder al Estado lo que es efecto de la acción de éste, sin dejarle participar, a lo menos en la proporción debida, de las ventajas alcanzadas por el esfuerzo directo suyo o por el de la sociedad a la que él presenta?

¿No nos grita la conciencia, que ese modo de adquirir del propietario de las fincas, constituye una injusticia y envuelve un verdadero despojo de los derechos de la sociedad y del Estado? ¿Con cuánta razón no se defendía Lloyd George, cuando al rechazar las agras inventivas de que era objeto en su famosa disensión con el duque de Bedford, retorciendo los argumentos de éste a la manera del que vuelve la punta de la flecha contra el pecho del que se la dispara, le acusaba de ser él quien retenía lo que no era suyo, y señalando lo que debía pertenecer al Estado por representar un aumento enorme de riqueza en la propiedad del primero, gracias, no al trabajo del propietario, sino a la acción bienhechora, progresiva y fecunda del segundo?

Y no era, ciertamente, Lloyd George el que había inventado la doctrina ni el que gozase de las primicias de pretender llevarla a la legislación para corregir la injusticia de la accesión absoluta por la plus valía, puesto que ya los legisladores de Alemania habían estudiado el problema e incorporado al derecho positivo preceptos que daban al Estado una participación, a veces hasta del treinta por ciento, en el aumento de valor que en la forma indicada alcanzan los predios de los particulares.

¿Existe algo semejante en nuestras leyes? ¿Nos hemos plantead, siquiera, el problema? ¿Cuántos de nuestros juríscultores han procurado estudiarlo y resolverlo? ¿Y no hemos de reconocer que es materia digna de que le dediquemos nuestra atención y nuestros desvelos, para hacer algo que responda a lo que reclaman, a mi juicio, el derecho y la conveniencia general? ¿No advertimos, por último, cómo en la permanencia de ese estado de cosas, hoy existente, triunfa el espíritu individualista sobre las justas reivindicaciones del fin social a que debe tender el derecho?

Claro es que en este asunto no hago otra cosa que apuntar una idea, exhibir una cuestión que debe preocuparnos, pues no son estos los momentos oportunos para adelantar soluciones ni para exponer el modo y la proporción en que el Estado puede participar de ese aumento de riqueza, e intervenir para hacerla suya y dedicarla a los fines generales que está llamada a realizar o a los especiales de su acción tutelar.

Ligerísimamente—la extensión que va alcanzando este discurso no nos permite otra cosa—hemos de referirnos a las obligaciones.