El Foro español (Madrid. 1898) (1915-09-20 00:00:00), página 7

Art. 5.º Las pensiones de retiro se constituirán a primas únicas y las de viudedad y orfandad a primas anuales temporales hasta los sesenta y cinco años, determinándose el importe de estas últimas por las edades de ambos cónyuges.

Art. 6.º Los pensiones de viudedad serán reversibles íntegramente a los huérfanos de padre y madre hasta que cumplan la edad de veinticinco años.

Art. 7.º Los afiliados a la Mutualidad, cuyo sueldo no exceda de 3.000 pesetas anuales, disfrutarán las bonificaciones del Estado que concede la ley del Instituto, y todos ellos de los derechos especiales que aquella ley otorga a los titulares de dicho organismo, o que puedan serle otorgados en adelante.

Disfrutarán también los afiliados a la Mutualidad de las subvenciones que el Estado pueda acordar especialmente para la misma, y de aquellos otros beneficios que puedan derivarse de los recursos especiales que la Mutualidad obtenga.

Art. 8.º Se aplicarán las tarifas en vigor del Instituto Nacional de Previsión, de las cuales se han deducido las especiales que se insertan a continuación.

El Instituto, de acuerdo con el Ministerio de Gracia y Justicia, redactará las bases y reglas para la Mutualidad y confeccionará tarifas adicionales especiales adaptadas a las condiciones de los funcionarios, haciéndolas llegar a conocimiento de los mismos.

Art. 9.º Se organizará en la Subsecretaría del Ministerio un Negociado especial en relación con el Instituto Nacional de Previsión dedicado a recibir las solicitudes de los que quieran asociarse y las reclamaciones que puedan entablar y resolver las consultas sobre dudas en la aplicación de tarifas y cualquier otro incidente que pueda surgir.

Art. 10. Los Montepíos constituidos actualmente por los funcionarios indicados en el art. 2.º que quieran incorporarse al régimen de esta Mutualidad podrán realizarlo acudiendo al Ministerio de Gracia y Justicia, que de acuerdo con el Instituto Nacional de Previsión y la representación legal de estas entidades, acordará la forma en que han de verificarlo.»

—Real orden fecha 10 del corriente aprobando los estados que se publican para organizar el servicio de la estadística del Registro civil en la forma prevista por el artículo 10 del Real decreto de 31 de Mayo del año actual.

Los Jueces de primera instancia.

Sencilla y eficaz reforma en el orden judicial.

Una reforma conveniente y prontamente realizable en la administración de justicia, dentro del presupuesto del ramo, que con los demás del Estado se discutirán en breve, si han de regir renovados el año venidero, es la elevación de categoría de los Juzgados de primera instancia y de instrucción de las capitales de Audiencia territorial y algunos pocos más correspondientes a ciudades de gran importancia, como son: Alicante, Almería, Badajoz, Bilbao, Cádiz, Cartagena, Córdoba, Huelva, Jaén y Málaga; excluyéndose otras como Jerez de la Frontera, Murcia y Santander, por tener dos Jueces cada una, con lo que se compensa su mayor importancia en relación con las restantes capitales de Juzgados de término; resultando en su virtud ascendidos de categoría veinticinco de estos Juzgados y asimilados sus treinta y tres Jueces a Magistrados de Audiencia provincial con 7.000 pesetas de sueldo, en vez de 5.750 que en la actualidad tienen, mediante un aumento de 41.250 pesetas en el presupuesto, que podría reducirse a 32.250, si al acordar el ascenso se suprimiese a los Jueces de Valencia y Savilla la subvención que gozan de 1.500 pesetas por gastos de representación; aumento exiguo en relación a las cifras del presupuesto, con el que se cumpliría tan importante mejora, no sólo para los funcionarios judiciales a quienes se dé medios de decorosa subsistencia en cuantía aproximada a la importancia de sus funciones y del sitio donde las desempeñan, y estímulo con un nuevo horizonte a los que comienzan el ejercicio de tan austera facultad, sino también en beneficio de la más ilustrada y recta administración de justicia; porque unificaría el escalafón de los juegadores del orden civil, enlazando la clase de Jueces de primera instancia con la de Magistrados de Audiencia territorial, a fin de que no tenga que interrumpir todo funcionario judicial durante un largo plazo en que ha de ser exclusivamente Magistrado o Fiscal de lo criminal, el conocimiento de asuntos civiles, y, por tanto, el estudio y observación constante de la vida y del derecho civil, haciendo imposible o dificultando la vocación de civilistas a los que en beneficio público deseen especializarse, siguiendo sin solución de continuidad el ejercicio de la jurisdicción civil.

Es verdad que los Jueces ascendidos que no sean de capitales de Audiencia territorial, vendrían a tener igual categoría que los Magistrados de las respectivas Audiencias provinciales; pero esto no es un obstáculo, porque la superioridad jerárquica de la Audiencia provincial está salvada, por ser una Corporación cuyo Presidente siempre es de superior categoría, y lo mismo puede decirse de los Fiscales de lo criminal, representados por su jefe en dichas Audiencias.

Nos permitimos llamar respetuosamente la atención del Exmo. Sr. Ministro de Gracia y Justicia, D. Manuel Burgos y Mazo, que desde tan elevado puesto demuestra preocuparse por el bien público con asiduo y competentísimo impulso en las esferas de su mando, para que se digné patrocinar la expresada reforma que, por práctica y hacadera, es una aspiración sentida en que se aúna el interés común y el de la clase favorecida.

CARLOS CARRASCO MALDONADO,
Juez de primera instancia de Hellín.

La Justicia, como la Verdad, pueden simbolizarse con un espejo; el más leve atento lo empaña; por eso, y aunque sea en grado menor, no sólo prevarica el Juez que por dinero vende la Justicia, sino también el que se rinde á las influencias de la política ó á los halagos de la amistad.