El Foro español (Madrid. 1898) (1916-01-10 00:00:00), página 10

ban en sí tales cuidados de colocar con amos o maestros a los niños y niñas, mancomunando en esta obligación no sólo la justicia, sino también a los Regidores, Jurados, Diputados y Síndicos del Común**, haciendo ver con esto la misión tutelar que al Estado correspondía, a la cual incorporaban la acción de instituciones privadas, particularmente protectoras de la infancia que existían ya en Sevilla y Salamanca.

Limitándose a hacer su sencilla mención, procurará V. S. que sean cuidadosamente observadas las leyes y disposiciones siguientes: la ley de 28 de Enero, 6 de Febrero de 1822, base y fundamento de la Beneficencia en nuestra patria; la Ordenanza de Presidios, aprobada por Real decreto de 6 de Abril de 1834, en que se establecía la separación de los jóvenes delincuentes, proporcionándoles Escuelas y enseñanzas necesarias para su reforma y educación; la ley de 26 de Julio de 1878, imponiendo pena a los que dedicásen a los menores de diez y seis años a ejercicios de equilibrio, acrobáticos o de fuerzas; la de 4 de Enero de 1888, sobre la formación de Asilos o Instituciones de protección correcional; la de 18 de Marzo de 1900, reguladora del trabajo de las mujeres y de los niños; la Real orden de 12 de Marzo de 1891, determinando las casas o establecimientos en que los menores no emancipados han de cumplir las correcciones que les impongan sus padres; el Real decreto de 3 de Junio de 1901, aplicando el sistema progresivo irlandés en las prisiones; el Real decreto de 17 de Junio de 1901, estableciendo la Escuela de Reforma y Corrección de Alcalá de Henares; el Real decreto de 11 de Julio de 1902, creando el Patronato de la trata de blancas; el Real decreto de 18 de Febrero de 1903, referente a las Escuelas Asilos de Madrid; la ley de 23 de Julio de 1903, para impedir la explotación de la infancia contra el fin ilícito de la caridad pública; el Real decreto de 28 de Marzo de 1907, destinando al Reformatorio de Alcalá de Henares a los delincuentes menores de veinte años; el Real decreto de 10 de Mayo de 1907, creando en la finca de Vista Alegre un establecimiento de carácter benéfico destinado a la Escuela de Reforma y Corrección paternal; la ley de 17 de Marzo de 1908, sobre Condena condicional, y la de 81 de Diciembre de 1908, sobre prisión preventiva de los menores de diez y ocho años; la Real orden de 20 de Septiembre de 1912, relativa al arreglo internacional sobre represión de ofertas publicaciones, y la de 8 de Noviembre del mismo año, sobre secuestro o recluta para el extranjero de menores de catorce años.

Especialmente he de llamar la atención de V. S. sobre lo preceptuado en el art. 8.º del Código penal de 1870, porque adelantándose muchos años a su época, inspiró los preceptos establecidos en dicho artículo en doctrina que hoy, como moderna teoría, se aplica en casi todas las naciones, y legisaciones sobre esta materia en el extranjero, aplicando el único remedio hasta hoy conocido, si bien hay que declarar que por defectos de organización, que es la nota característica de nuestro modo de ser, no se obtuvieron en nuestra Patria los resultados que debían esperarse, pues al establecer nuestro Código que cuando los menores a que se refiere fueran declarados irresponsables, serían entregados a su familia, y a falta de ésta a un Establecimiento de beneficencia, lo hacía sin duda contando con que la organización de estas benéficas casas habrían de tener una protección y una intervención oficiales mucho mayor de las que en realidad han tenido, razón por la que el sabio precepto del Código queda en muchos casos in cumplido, no por falta de Establecimientos apropiados, sino por carencia de una organización y clasificación oficial al efecto.

Mucho hacen en estos últimos años el Consejo Superior y las Juntas provinciales de Protección a la Infancia para remediar el mal, y coadyuvando a su obra procurará V. S., para el exacto cumplimiento de lo establecido en el referido art. 8.º del Código penal, lograr que, cual ya han hecho, entre otros, la Casa Asilo de San José, de Tarragona, y el Patronato de Niños Desamparados de Valladolid, los Establecimientos adecuados que existan en el territorio de esa Audiencia se acojan a las disposiciones vigentes y en especial a la ley de 4 de Enero de 1883 para ser convertidos en Escuelas de Reforma para menores delincuentes.

Tanto en este punto como en todos los demás a que se extiende la acción de nuestro Ministerio, estoy seguro que he de encontrar en el reconocido e inteligente celo de V. S. un auxilio poderosísimo para el cumplimiento de los altos deberes que mi nuevo cargo me imponen.

Del recibo de la presente se servirá darme aviso.

Dios guarde a V. S. muchos años. Madrid, 25 de Diciembre de 1915.—Avelino Montero Villegas.—Señor Fiscal de la Audiencia de...

***

Otra ordenando el cumplimiento de las Reales órdenes de 4 de Mayo de 1903 y de 7 de Septiembre de 1906, en cuanto a la práctica de diligencias judiciales en lo criminal y secuestro de periódicos.

La representación social, que como función propia incumbe a nuestro Ministerio, le impone múltiples y gravísimos deberes y no es únicamente el menos importante de ellos el de procurar que la Administración de justicia sea mirada por todos, no ya sólo con el respeto debido, sino con la consideración y cariño que corresponde a tan alta institución.

Sólo pusiérase negar un hecho que todos conocemos y cuyas consecuencias no pueden ser más graves. Las gentes, no sólo las de escasa cultura y condición social más humilde, sino aquellas otras de mayor ilustración y posición más elevada, se resisten a coadyuvar a la acción de la justicia. Si se les cita como testigos, lo consideran como una verdadera desdicha; si han de ser jurados, lo rehuyen todo lo posible, a no ser que por otras consideraciones, dignas de todo vituperio y generadoras de gravísimos males, lo busquen y lo pretendan, y en fin, en cualquier orden de cosas que hayan de relacionarse con los Tribunales de Justicia, lo hacen siempre como quien cumple un penoso deber.

Siguese de esto en muchas ocasiones dificultades grandes para la investigación, y en todo un estado de cosas al que debe remediarse cuanto antes, siendo deber del Ministerio fiscal poner para ello cuantos medios estén a su alcance.