El Foro español (Madrid. 1898) (1917-11-30 00:00:00), página 3

cargo y tengan cuatro, al menos, de carrera, hay que tener en cuenta que, conforme al art. 15 del Real decreto de 20 de Junio de 1912 y 3.º del de 30 de Marzo de 1915, este último refrendado por el mismo señor Burgos, «el Gobierno renuncia en lo sucesivo a la facultad que le confiere el párrafo segundo de dicho artículo.»

Queda, pues, a salvo únicamente la facultad para nombrar Jueces de entrada a los Secretarios y Vicesecretarios de Audiencia, conforme al párrafo primero del mencionado art. 53, en el segundo de los turnos establecidos en el art. 40 de la misma ley. Y es evidente que si, a pesar de lo dispuesto en el párrafo primero del artículo 2.º del Real decreto de 28 de Junio de 1911, que establece que sólo se computen en lo sucesivo como servicios en la carrera judicial, a los efectos de determinar la antigüedad en la misma, los prestados en los cargos de Jueces y Magistrados y sus similares del Ministerio fiscal, se abonan a los Secretarios los servicios prestados en el ejercicio de su cargo, se quita todo alcance y finalidad a las disposiciones en que el Gobierno renuncia a nombrar los Jueces de ascenso, puesto que colocándolos a la cabeza de los Jueces de entrada, quedan, de hecho, nombrados Jueces de ascenso.

Nada, por consiguiente, habría que temer en este punto si se cumpliesen las citadas disposiciones legales; pero el caso es que hay precedentes de lo contrario, y ya sabemos que España es el país de los precedentes. En prueba de ello, citaremos un solo caso, elegido entre muchos, por ser quizá el más reciente y uno de los más característicos, para que se vea que importa poco lo legislado cuando se trata de favorecer a una persona determinada.

Por Real orden de 1.º de Mayo de 1916 (publicada en el número 211 del Boletín Oficial del Ministerio, correspondiente al día 10 de Mayo de dicho año), se nombró Juez de primera instancia de Castro del Río a D. B. G. y C., «Juez de primera instancia que ha sido y en la actualidad Secretario de la Audiencia provincial de Córdoba, que ha solicitado volver a la carrera judicial».

Muy extraño es que en esa Real orden se afirmo que el Sr. G. y C. había sido Juez de primera instancia, y, sin embargo, no figurase en el escalafón como excedente ni cesante de cargo alguno judicial ni fiscal; pero es más raro aún que, sólo por el hecho de haber pertenecido a la carrera judicial, sin figurar, como queda dicho, en el escalafón, sin duda por haber renunciado a su destino, porque otra explicación no cabe, se le considerase con derecho a reingresar en la carrera tan pronto como lo solicitó.

Pero aún hay más: once días después, o sea por Real orden de 12 del mismo mes (publicada precisamente en el siguiente Boletín, lo que demuestra que no se perdió el tiempo), se le promueve en el turno tercero al Juzgado de primera instancia de Mula, por ocupar el núm. 1.º del escalafón de antigüedad de servicios en la categoría.

Esperábamos que al publicar la lista de méritos y servicios de este funcionario se aclararía el enigma; mas no fué así. En su hoja de servicios aparece lo siguiente: «Se le expidió el título de Licenciado en Derecho el 10 de Noviembre de 1904. En 20 de Marzo de 1905 fué nombrado con carácter interino Vicesecretario de la Audiencia de Málaga, de cuyo cargo se posesionó en 8 de Abril siguiente. En 17 de Abril de 1907 se le reconoció la propiedad en el cargo de Vicesecretario de Audiencia desde el 9 del propio mes. En 31 de Mayo de 1907, nombrado Secretario de la Audiencia de Jaén, y tomó posesión en 12 de Junio. En 30 de Mayo de 1908, nombrado Juez de primera instancia de Murias de Paredes, poseíndose. (Nótese que no se expresa la fecha de la posesión.) En 23 de Junio de 1908, nombrado Secretario de la Audiencia de Jaén; posesión en 6 de Agosto. En 18 de Junio de 1910, trasladado en igual cargo a la de Córdoba; posesión en 1.º de Agosto. En 1.º de Mayo de 1916, nombrado Juez de primera instancia de Castro del Río, de cuyo cargo se posesionó».

Como se ve, no consta la fecha de la posesión de ninguno de los cargos judiciales que se dice que había desempeñado, con lo que la duda, lejos de aclararse, se aumenta.

Pero tampoco para ahí la cosa. También en la categoría de ascenso se le contó, en el escalafón de antigüedad de servicios, el tiempo que había sido Secretario, y por eso figura en dicho escalafón con el número 41, mientras que en el escalafón general tiene el núm. 140. En consecuencia, dentro de pocos meses será promovido nuevamente, con perjuicio de los que llevaban ya varios años en esa categoría.

¡He aquí cómo se hace un Juez de término, en menos de dos años, a pesar de estar cerrados todos los turnos de favor para el ascenso, y cuando los que no han cometido otra falta que la de haber ingresado por oposición emplean diez o doce años, cuando menos, en llegar a ese puesto!

Hemos citado este caso, no por resucitar ahora hechos lamentables que ya han pasado a la historia, sino pura y simplemente para fundamentar el por qué de nuestro reclamo. Porque recordando aquel hecho nos preguntamos: ¿Aparecerá también dentro de pocos días la Real orden en que se promueva al Sr. Senent a Juez de ascenso?... ¿Seguirá también a este nombramiento el asentimiento tácito de todos aquellos a quienes perjudica?... ¿Continuarán indefinidamente estas intrusiones sin que nadie se atreva a terminar de una vez con ellas? ¿Por qué los Notarios y Registradores recurren en la vía contenciosa de toda postergación análoga y sus recursos prosperan, y en la Judicatura ni siquiera se intenta?...

Estas y otras preguntas se habrán hecho también muchos Jueces de entrada y algunos de ascenso ante el temor de ver algún día a ese nuevo compañero favorecido, en perjuicio de los demás, sin que ninguno proteste.

Mucho celebraríamos equivocarnos. Pero bueno sería, sin embargo, que los Sres. Delgado Curto, Zapatero y Pérez Fontán se fijasen en estos hechos y, en