El Foro español (Madrid. 1898) (1917-04-10 00:00:00), página 9

de 1890 que «como acto de jurisdicción voluntaria no puede perjudicar a la persona o entidad que, teniendo interés en el asunto, no fué citada ni intervino en él». Ahora bien: el marido contra quien se dictó sentencia de divorcio, ¿tiene o no tiene interés en que el Tribunal civil decrete la separación de personas y bienes del matrimonio y la disolución de la sociedad de ganancias? La afirmativa se impone, y, por tanto, ese decreto, ese acto de jurisdicción voluntaria no puede perjudicarle; para él como si no existiera.

En 8 de Febrero de 1905, y en una sentencia que venía a resolver un caso de posesión judicial, estableció que «si la parte a quien perjudica dicha resolución, al notificársele la diligencia de posesión acudió al Juzgado para que se dejase sin efecto el auto posesorio y se declarase contencioso el expediente, el Tribunal que deniega tal pretensión, por el supuesto fundamento de su extemporaneidad, infringe los artículos 377, 1.817, 1.821 y 1.824 de la ley procesal, pues aquella doctrina sólo sería aplicable si se tratara de un opositor que hubiera sido parte en el juicio, respecto al que podrá tener el carácter de definitiva la resolución recaída cuando se le negara derecho a oponerse, pero no cuando se trata de quien teniendo interés reconocido en la posesión acordada no ha sido oído ni notificado sino después de dada la posesión, y mucho menos habiendo recurrido contra ella en tiempo hábil desde que tuvo conocimiento de la misma».

Y no se diga que el caso es distinto, pues en él se establece una doctrina de general observancia: donde la sentencia dice posesión, digase «declaración de efectos civiles de una sentencia de divorcio», y la aplicación de lo resuelto por el Tribunal Supremo a esta cuestión es evidente, tanto más cuanto que es principio de derecho que «las resoluciones judiciales no pueden perjudicar los derechos de quienes no han sido parte en las actuaciones en que recayeron». De todo lo cual se infiere que, a tenor de las dos sentencias dictadas, aun cuando haya sido dictado un auto de jurisdicción voluntaria y se haya hecho firme para quien lo solicitó, si resulta un tercero perjudicado por él, puede impugnarse en término legal, a contar desde que lo conoció oficialmente.

Sin embargo, en la sentencia que ha dado origen a estos renglones se sostiene lo contrario y se da carácter de firmeza e irrevocabilidad a un acto dictado en vía de jurisdicción voluntaria, declarando nada menos que los efectos civiles de una sentencia de divorcio, en los cuales tantos interesantes puntos han de resolverse. Esto pugna con la naturaleza de esta clase de jurisdicción, aparte de que, como dice muy bien el Sr. Ortuno, ¿cómo es posible que un pleito contencioso se execute, se resuelva mediante un acto de jurisdicción voluntaria?. Indudablemente, el Tribunal Supremo, en la disyuntiva de declarar procedente el juicio ordinario o la jurisdicción voluntaria, se decidió por esta última, fundándose en la economía de procedimiento, que no siempre, sin embargo, se alcanzará así, como dicho queda, por la facultad de convertir el expediente en contencioso. A buen seguro que si hubiera de haberse decidido entre la tramitación de ejecución de sentencia y la de los artículos 1.811 y siguientes de la ley de Enjuiciamiento civil, hubiera triunfado aquélla mediante la que la cuestión queda ya definitivamente resuelta y liquidada y sin temores de futuras oposiciones y recursos.

EDUARDO F. PITA,
Juez de primera instancia

Los Abogados ingleses y la guerra (1)

Sabido es de todo el mundo la proverbial rigidez y distinción del Foro de Inglaterra. El Abogado inglés se considera un ser superior a los demás ciudadanos británicos. Pertenece casi siempre a familia de noble linaje, el Abogado goza de infinitos privilegios ante las leyes y de elevadas consideraciones sociales. La profesión legal de Abogado en ejercicio se halla dividida en dos ramas: barristers y solicitors; los primeros son los que únicamente tienen derecho de audiencia en los Tribunales, y los segundos son los que en contacto con los clientes clasifican y preparan la labor jurídica personándose en estrados a nombre del litigante, pero siempre con la intervención de un barrister, es decir, que vienen a ser como nuestros Procuradores de Tribunales.

Ahora, con motivo de la terrible guerra europea, han dado, una vez más, pruebas los Abogados ingleses de su acendrado patriotismo y de sus altas virtudes cívicas. Abandonando sus bufetes, han corrido a inscribirse como soldados en las oficinas de reclutamiento: más de tres mil solicitors y un millar de barristers que ya están peleando a estas fechas en las trincheras del Iser, como simples soldados.

De antiguo ha mostrado el Foro inglés su generosidad por la Patria y sus aficiones militares, contándose entre sus colegiados, algunos caudillos eminentes. Sir Frain Drake, sir Walter Raleigh, sir Philip Lynden, fueron, antes que generales, muy notables barristers.

El año 1554, los Abogados ingleses organizaron una Asociación para proteger a la Reina Isabel. En 1633, formaron una guardia de corps para el rey Carlos I, y otra en 1745 para el Rey Jorge II.

Cuando las guerras napoleónicas, se formó por los barristers un regimiento para defender el País de Gales, que había sido amenazado por Napoleón, y al pasar revista a dicho Cuerpo el Rey Jorge III, exclamó: «¡Cómo! ¡Todos Abogados! Pues que se llame a éste el regimiento del Diablo» (The Devil's Own), y con este sobrenombre se le distinguió hasta su disolución en 1815, y este mismo remoquete han llevado los que le sucedieron.

Nuevos temores de invasión dieron origen el año 1859 a otro regimiento de barristers (The Inns of Court Rifle Volunteers). Los cuatro inns of court que lo for-

(1) De Mundo Gráfico.