El Foro español (Madrid. 1898) (1916-02-10 00:00:00), página 3

que, por tanto, le ampara el art. 483 del Código de Comercio.

Llevado el asunto a los Tribunales, es absuelto el endosante, fundándose el fallo en que la mención «sin gastos» no tiene validez alguna, porque la ley mercantil no se ocupa de ella.

El banquero justifica además en el acto del juicio que entre las condiciones de negociación de efectos sobre puntos que no sean capitales de provincia existe la de que no se obliga a protestar las letras, y que, a pesar de ello, sus clientes estarán obligados al reembolso, y, según el Tribunal sentenciador, este pacto tampoco tiene eficacia alguna.

El Economista dice que la fórmula o mención «sin gastos» significa o representa la existencia de un pacto entre la persona que pone esa frase y el que tiene el efecto, o sea que la persona que pone «sin gastos» no responde de los que originaría el protesto por falta de pago, y, por tanto, el tomador del efecto no está obligado a realizar el protesto, de cuyos gastos no podría resarcirse, sin que por ello pierda el derecho a que el endosante que tal fórmula estampe le reintegre el importe de la letra, caso de no poder cobrarla.

Se sostiene por nuestro distinguido colega que, precisamente por no ocuparse nuestro Código de Comercio de ese pacto, parece de aplicación el art. 2.º del mismo al decir que, en defecto de sus disposiciones, se regirán los actos de comercio por los usos observados generalmente en cada plaza, y, por tanto, de aplicación la fórmula «sin gastos».

Pero, además, si esto no era suficiente, se deberán aplicar, según ese artículo y el 50, las reglas de derecho común, y según el art. 1.091, las obligaciones que nacen de los contratos tienen fuerza de ley entre las partes contratantes y deben cumplirse a tenor de los mismos, y que en virtud del 1.255 los contratantes pueden establecer los pactos, cláusulas y condiciones que tengan por conveniente, siempre que no sean contrarias a las leyes, a la moral ni al orden público, y no puede decirse que lo sea la renuncia que hace el endosante de exigir el protesto, puesto que esa renuncia sólo a él puede afectarle o perjudicarle.

«Y por el interés que esto reviste para la Banca, concluye El Economista, creemos y nos permitimos indicar debiera estudiarse la cuestión e incluso agruparse los interesados para que, llevada una cuestión de esta índole ante el más alto Tribunal de Justicia de la nación, se obtuviera jurisprudencia que marcase la norma a seguir en punto de tanta trascendencia para la vida bancaria.»

Nosotros, hace cerca de tres años (31 Agosto de 1912), hubimos de tratar de esta cuestión, y, después de examinada, decíamos que, presentada esta cuestión ante los Tribunales, entendíamos que éstos no podían dar validez a esa forma de «sin gastos», precisamente por ser ilícita.

Y lo es porque precisamente esa fórmula lo que significa es que no se saque el protesto por falta de pago, y sin embargo, que después los Tribunales apliquen todo el procedimiento especial y privilegiado que el mismo Código y las leyes procesales preceptúan basadas precisamente en la existencia y legalidad del protesto.

Este, dada la forma en que por la generalidad de los Notarios se viene realizando, es cierto que a los ojos del comercio y de la banca no puede aparecer más que como un trámite ocioso, y, por tanto, caro, y trata de evitarlo, sobre todo en las letras de pequeño valor.

Pero la mala práctica de la ley no supone el que de ella se prescinda por los particulares, estableciendo convenciones que a ello tiendan, pues precisamente los Tribunales, especialmente los de Madrid, ponen especial cuidado en examinar el protesto, y si no está hecho con todos y cada uno de los requisitos exigidos por el art. 504 del Código de Comercio, deniegan, y con justicia, el despacho de ejecución.

El protesto, según la ley, es el acto solemne en el cual se hace constar la falta de aceptación o la falta de pago de una letra en un momento determinado, sin que el responsable de aquel acto tenga nada en contrario que oponer.

Hecho constar ese acto, la ley parte ya de la presunción de que el no pago no obedece a causa legítima, y, por tanto, le coloca entre aquellos documentos que llevan apajagada la ejecución.

Si una letra de cambio no ha sido presentada a su aceptación o a su pago, y estos hechos no se han hecho constar, la letra queda perjudicada; es decir, como un documento privado sin naturaleza mercantil.

El pacto de «sin gastos» es facultar sencillamente al banquero para que con la letra haga lo que le venga en gana; es decir, presentarla o no, y presentarla cuando le parezca, y esto es dejar a la voluntad de una sola de las partes el cumplimiento o no de una obligación, y ese pacto no es válido en ninguna legislación, por grande que sea la libertad de contratar.

Se dirá: en interés del banquero está el presentarla; pero a ello nos sale al paso lo que a diario acontece con las letras giradas a tantos días vista, que desde que se entregan al banquero hasta que éste las presenta al librado para empezar a contar el plazo se pasa el tiempo, y el librador está sin saber si su cliente abonará o no el importe, y mientras el banquero sin satisfacerlo hasta recibir noticias concretas de su correspondente.

El banquero, pues, viene obligado, con fórmula o sin fórmula, moralmente y legalmente, a justificar a su cliente que presentó la letra en el día señalado al cobro, y esto lo tiene que hacer constar de alguna manera, y ¿cómo?

El Código de Comercio, en su art. 509, nos sale al paso y nos dice: «que ningún acto ni documento podrá suplir la omisión y falta del protesto para la conservación de las acciones que competen al portador contra las personas responsables a las resultas de la letra».

El Código no puede emplear otra fórmula más absoluta: no permite ningún acto ni documento más que el protesto; si el tenedor de la letra no le saca, no puede conservar las acciones que el mismo Código establece para las letras protestadas; querer derogar este precepto, que es prohibitivo, por un pacto, que, como antes vimos, va contra la moral, es sencillamente absurdo, y los usos comerciales se aplican cuando no hay ley que regule las relaciones comerciales, pero los usos mercantiles no pueden ir contra la ley, pues las leyes, según el art. 5.º del Código civil, sólo se derogan por