El Foro español (Madrid. 1898) (1915-12-30 00:00:00), página 3

que inceo procedimiento alguno sino en virtud de que- rella del cónyuge agravado.

Los que nos hemos extasiado con aquellas crea- ciones sublimes del teatro de nuestra edad de oro, los que hemos admirado aquellas instituciones hermosísi- mas y nobilísimas que, meciadas al calor del respeto a la dama, del concepto más elevado y más puro que ésta gozó jamás, del homenaje que debe rendirse todo pecho hidalgo, rodearon a la mujer y al hogar de un limbo luminoso en el cual la menor mancha u opaci- dad, sobre todo si era producida por la mano de la violencia o del engaño, causaban hondo sentimiento de amargura, de indignación y de venganza, y cons- tituyeron como un recinto sagrado en el que los cabal- leros rendían culto fervoroso al honor y a los más puros ideales con que sueña el alma humana cuando se desprende un poco de las miserias del cuerpo; los que aun sentimos hervir en las venas nuestra propia sangre al conjuro del honor y creemos que él es vir- tud cívica incomparable, base de todo sacrificio, fun- damento y sostén y origen de la grandeza de los pue- blos y de la virilidad de las razas; los que aun protesta- mos contra esa degeneración de sentimientos y de espíritus que supedita el honor al interés o lo suprime ante el vil consentimiento, que la corrupción triunfan- te impone para que se le estime como objeto de museo histórico o testigo elocuente de los desvaríos huma- nos; los que así pensamos y sentimos, forz so es con- fesarlo, experimentamos una repugnancia casi inven- cible para extinguir esos vestigios de las exaltaciones del honor, aun creyéndonos extravagós de éste; porque son como los últimos ecos de la campana que se des- vanece en el vasto invitando a la oración a un pue- blo indiferente; porque son así como un estímulo que perdemos en la obra de regeneración de los pueblos, como un testigo que desaparece y que mientras subsista está exhibiendo a nuestros ojos títulos de gran- deza y de prosperidad de otras edades, y son apósto- les elementísimos que labran constantemente en el alma de los ciudadanos y de los pueblos con ideas y sentimientos, en los cuales existe un tesoro inmenso de verdad, de bondad y de belleza.

De aquí mi repugnancia a condenar esas disposi- ciones del Código relativas al adulterio; pero a la luz del derecho y de la ciencia se nos presentan inadmisi- bles, porque en todo caso representarían, no la esencia, sino los extravíos del honor, y desde luego subvertirían los principios fundamentales de la sociología, que fijan el orden social y las relaciones jurídicas que de- ben presidir a la sociedad humana.

El adulterio es un delito, denunciado o no lo denun- cie el cónyuge burlado; y es, además, un delito essen- cialmente social, porque agrava y tiende a destruir una célula social, la más fundamental e importante de todas ellas, la familia; y no hay razón alguna para conferir a los cónyuges la calificación del delito, el procedimiento y, a veces, la aplicación de la pena, sin subvertir todo el orden jurídico que debe presidir en la sociedad, por el cual el Estado, en representación de ésta y en virtud de sus propias funciones, también es el único llamado a castigar el delito y a conferir a los Tribunales de justicia, pero no a individuo alguno como tal individuo ciudadano el derecho de perse- guirlo, de instruir el proceso y de imponer la pena, sin que deba escaparse a su jurisdicción ninguna cla- sificación de delitos; y el adulterio lo es, porque el acto en sí es delictivo, no por la declaración del cónyuge agra- vado. ¿Quién podrá, con fundamento, sostener lo contrario? ¿Cómo, pues, ante el conocimiento del delito, sea quienquiera el que lleve la denuncia a la representación del Estado, puede este permanecer in- activo? ¿No apreciamos el error de esos preceptos del Código, error que tuvo su origen en ideas nobles y simpáticas, pero sometidas a extravíos y exagera- ciones que no deben prevalecer ante la razón serena que rige las concepciones científicas?

Alguien podrá, tal vez, pensar que ponía en apuro mi lógica preguntándome si había de extender tal doc- trina a los preceptos del Código sobre la injuria y la calumnia, puesto que sería temerario negar el influjo en esa materia del principio de la vindicta, y rayano en lo locura quizá parezca a muchos, el combatir y desacreditar los principios dominantes, en este punto, en nuestra legislación.

¿No constituiría una especie de excentricidad o antojo condonable de notoriedad, por la extravagan- cia de las opiniones y los atrevimientos en la doctrina, ir contra el común sentir y pensar de los jurisconsultos, contra aquellas enseñanzas que ostentan en su favor la ejecutoria de cien generaciones y de casi todos los Códigos de los pueblos civilizados?

Prefiero que me llameís excentérico a que me til- dés de arrogante o de osado; pero en realidad sólo seré consciente no cometiendo traición alguna con- tra esa lógica que alguien pudiese invocar para acu- sararme de error o de flaqueza en el raciocinio y en la voluntad.

También creo que esos preceptos del Código ado- loren del virus de la vindicta. ¿Y por qué me he de asustar ante una consecuencia indeclinable de los principios que acabé de anotar, y que considero her- mosa, y eslabón nobilísimo del progreso jurídico?

¿Por ventura no advertimos la inconsecuencia de nuestra legislación al deducir grave responsabilidad contra quien, concebidor de un delito, no lo denuncia a los Tribunales, y ese otro precepto por el cual un ciudadano calumniado contempla la inercia del Juez que aguarda su querella para perseguir un delito, y mientras tanto no se ejerce la acción privada perma- nece dormida la pública y oficial?

Si no olvidamos la definición que da el Código de la calumnia, ¿podemos explicar satisfactoriamente ni conocer siquiera tal inconsecuencia? O el hecho que se imputa a una persona cualquiera es cierto o es fal- so; en el primer caso, tratándose de un delito que debe ser perseguido de oficio, ¿por qué no lo hace el Juez, y espera que el calumniado lo invite oficialmen- te a hacerlo y cesa en la investigación en el momento mismo en que éste se da por satisfecho o desiste de la querella? ¿Es cosa tan baladí para el Estado la exis- tencia de un delito, que no lo importa averiguarla en todo caso? ¿Debe, en buenos principios de derecho, paralizar la justicia su acción, porque un individuo a quien afecta la responsabilidad, prestando oídos de mercader a la acusación, o dándose por satisfecho de cualquier explicación del que le acusa, pretenda bo- rrar con una esponja la denuncia que adquirió estado legal y jurídico?

Y en ca- o de ser falsa la imputación, ¿cómo puede adquirir el Estado el convencimiento de la falsedad sin el procedimiento judicial para investigarla? Y, demostrada la calumnia, ¿no surge un nuevo delito afecto a la responsabilidad del que inventó la especie del calumniador? ¿Y deberá el poder público dejar de exigirla completa y absoluta, con independencia de la voluntad del individuo, ya que afecta a una rela- ción jurídico-social llamada a ser sancionada y regula- lada por el Estado?

De la misma suerte hemos de considerar el delito de injuria; la do trina es, por entero, idéntica. Ver- dad que es más difícil apreciar la injuria, porque la calumnia siempre tiene como base la imputación de un delito definito y castigado en el Código, en tanto que la injuria es susceptible de tan grande elasticidad, que a veces los dados más águdos del agravio se em- botan en la coraza de algunos; y, en cambio, la ner-