El Foro español (Madrid. 1898) (1916-08-30 00:00:00), página 3

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Sobre indemnización de daños causados por la caza que se cría en terrenos acotados

Se viene observando desde hace algunos años en nuestra Patria la desmesurada afición despertada al sport cinegético, advirtiéndose el aumento considerable de Sociedades venatorias constituidas, de heredades dedicadas a la cría de la caza, de licencias expedidas para su ejercicio y hasta de sumarios y juicios iniciados y celebrados en los Juzgados de instrucción y municipales por infracción de la vigente ley de Caza.

Esta inclinación al ejercicio de la caza ha beneficiado sin duda a los propietarios de heredades en donde se cría, que han visto acrecentar sus ingresos sin ninguna clase de molestias ni dispendios; antes al contrario, favorecidos por la vigente ley, que les permite, con medidas facilísimas, aprovechar por sí solos la caza que en ellas exista, prohibiendo en absoluto cazar en las mismas sin su permiso o autorización.

Para ello no les es necesario que hagan los dispendios que supondría el cerrar o cercar materialmente las fincas, sobre todo si son de gran extensión superficial.

Tampoco precisán recurrir a la declaración de vedado de caza, con su correspondiente escuela de incoación, sustanciación y resolución del expediente gubernativo, con los gastos que ello acarrea y los anuales que hay que satisfacer por la tributación á que están sujetos.

Les basta sencillamente la colocación de hitos y mojones en puntos visibles á todos los vientos y en todos sus linderos, y ya están bajo el amparo de dicha ley, mereciendo la conceptualización jurídica de acotados y ya entran en el pleno disfrute de los derechos que la misma otorga, siendo el principal de ellos el del aprovechamiento exclusivo de la caza, como se deja dicho.

Claro es que para que tales terrenos puedan gozar de esa condición de acotados y de los beneficios que le son inherentes, se exige también (art. 7.º del Reglamento) que la heredad esté bajo una sola línea, esto es, que no tenga enclavados terrenos pertenecientes á distintos propietarios, y que, además, sea secundaria la explotación de la caza, requisitos ambos que concurren en la mayor parte de sotos, dehesas y fincas destinadas a la caza, y no suponen ni trabajo ni dispendio alguno para sus propietarios.

Pues bien; a pesar de conferírselas legalmente a los dueños o arrendatarios de terrenos acotados ese derecho tan beneficioso de aprovechamiento exclusivo de la caza sin ninguna clase de gastos ni trabas quebrantando con ello la tendencia constante de nuestra antigua legislación, vislumbrada también en la vigente, de amparar el dominio del propietario del suelo, procurando al propio tiempo conciliar con este derecho el ejercicio de los que al cazador se recorren, a pesar de ello, repito, hay glosadores de la ley y reglamentos vigentes de Caza, que sostienen que están exentos de responsabilidad esos dueños o arrendatarios de montes acotados por los daños que la caza existente en ellos cause á los predios colindantes.

Y con esto llegamos al planteamiento de la cuestión que me he propuesto desarrollar y que ha dado motivo a trazar estas mal hilvanadas letras.

Se dice por quienes tal tesis sostienen, que el artículo 9.º de la ley, en su último párrafo, taxativamente manifiesta que, tan sólo en las propiedades declaradas vedado de caza, se hace responsable a sus propietarios o arrendatarios de los daños que la caza que en ellas se cría cause en los predios colindantes, y que, por tanto, no disponiendo ni preceptuando nada respecto a los acotados, es buena prueba de que el legislador ha exceptuado de esa responsabilidad a los dueños o arrendatarios de estos últimos terrenos.

Con el respeto que siempre me merecen opiniones y juicios ajenos, sobre todo en los arduos problemas jurídicos, me voy a permitir aducir algunos argumentos en contraposición á los alegados por los que tal doctrina sostienen.

Ante todo, hay que consignar que por las legislaciones de todos los países se ha reconocido y sancionado, como una de las fuentes de las obligaciones, las provenientes de culpa o negligencia, constitutiva aquélla (culpa) de la realización de un acto que causa daño o perjuicio á una persona, e integrada ésta (negligencia) por la omisión o dejación de hacer algo que produce idéntico efecto.

Esta doctrina la recoge nuestro Código civil en el título XVI, capítulo II del libro IV, y con sólo el principio general que sienta el art. 1.902, sin necesidad de ampliarlo y desarrollarlo como lo hace, era en sí suficiente y de perfecta aplicación á la cuestión planteadá.

En efecto; si el dueño de la heredad acotó la finca para impedir que nadie cazase en ella, realizando para ello los actos de colocación de hitos o mojones (acción), y si por virtud de tal acotamiento la caza se multiplicó, no tomando medida alguna ni haciendo nada (omisión) para evitar que causara daño en los predios colindantes, cuando ese daño se justifique no se negará que le coge de lleno la responsabilidad á que alude el principio general de referencia, sentado por el precepto aludido de nuestra ley sustantiva.

Pero nuestros legisladores, al desarrollar el repetido principio relativo á obligaciones que nacen de la culpa o negligencia, no quisieron quedara resquicio