El Foro español (Madrid. 1898) (1916-04-20 00:00:00), página 5

Bien claramente aparece este requisito esencial en el texto de nuestra ley, cuando exige para toda concesión «que los penados se encuentren en el cuarto período de su condena y que hayan extinguido las tres cuartas partes de ella» dando «pruebas evidentes de intachable conducta». Y racionalmente se deduce también que el tiempo de condena remitido por indulto, durante el que ni el penado estuvo sujeto a régimen ni pudo dar pruebas de conducta en ningún sentido, no debe incluirse en el cómputo de las tres cuartas partes de la pena aprovechable para ganar el beneficio de la liberación.

Seguir una práctica distinta, acumulando a la gracia de indulto el beneficio de la libertad condicional, haciendo el tiempo de la condena dispensado por el indulto, base para el logro de la libertad condicional, sobre desvirtuar la ley, desfigurando la condición esencial de tiempo extinguido, podrá llevar al encarnio de la Autoridad de las sentencias judiciales y a constituir un cierto estado de indefensión social.

El indulto concedido a consecuencia de la propuesta del Tribunal sentenciador, que autoriza el art. 2.º del Código penal, es, en esencia, más que una gracia un acto de justicia, por arrancar del reconocimiento por parte del propio Tribunal sentenciador, de que es notablemente excesiva la pena, atendidos el grado de malicia y el daño causado por el delito.

Ello aconseja la excepción que se establece en el artículo 2.º del Decreto que se acompaña.

Fundado en las anteriores consideraciones, el Ministro que suscribe, de acuerdo con el Consejo de Ministros, tiene la honra de someter a la aprobación de V. M. el adjunto proyecto de Decreto.

Madrid, 10 de Abril de 1916.—Señor: A L. R. P. de V. M., Antonio Barroso y Castillo.

REAL DECRETO

Conformándome con lo propuesto por el Ministro de Gracia y Justicia, de acuerdo con Mi Consejo de Ministros,

Vengo en decretar lo siguiente:

Artículo 1.º Para la aplicación de la ley de Libertad condicional de 23 de Julio de 1914, las tres cuartas partes de condena extinguidas, que requiere su artículo 1.º, deberán haberse cumplido por el penado bajo un régimen disciplinario apto para comprobar diariamente su conducta, encaminándole hacia su reforma moral y preparándole para su liberación.

Art. 2.º El tiempo dispensado de extinguirse dentro del régimen que señala el artículo anterior, a virtud de indulto, no se computará a ningún penado para formar las tres cuartas partes de condena cumplida, a los efectos de la obtención de libertad condicional. Se exceptúan de esta regla los indultos otorgados a propuesta del Tribunal sentenciador, conforme al artículo 2.º del Código penal.

Art. 3.º Las Comisiones provinciales de libertad condicional se ajustarán rigurosamente a los anteriores preceptos en el examen de los expedientes histórico-penales de los reclusos que se hallen en el cuarto período penitenciario.

Dado en Palacio a diez de Abril de mil novecientos diez y seis.—Alfonso.—El Ministro de Gracia y Justicia, Antonio Barroso y Castillo.

En el Juzgado de la Universidad de Madrid

RESOLUCIÓN EJEMPLAR

Es muy de elogiar lo que acaba de suceder en este Juzgado, regentado por el ilustrado funcionario don José María Puebla y Aguirre.

Sabido es el sistema que se perpetúa, por lo eficaz, de burlar los embargos poniendo los deudores su domicilio a nombre de otra persona, que ni habita en la casa, ni en ella está empadronada, ni figura la luz ni ningún otro servicio a su nombre, ni éste en otro sitio que en el contrato de inquilinato que un casero complaciente tuvo a bien extender en esa forma, sin duda alguna, para que el inquilino, teniendo a su mano medios de no pagar a los demás, si su buena fe flaquea, no deje a él de pagarle los alquileres con prettexto de sus muchas obligaciones.

Pues bien; éste ha sido el caso a que aludimos en una ejecución de una letra de cambio contra un aristócrata, que logró detener la diligencia de embargo por ese viejo sistema. Pero el ejecutante insistió, y el Juez, Sr. Puebla, haciéndose cargo de los argumentos aducidos, decretó el embargo, a pesar del susodicho contrato, y ello produjo el efecto mágico apetecido de que el importe de la letra con las costas, salvo una consideración que el acreedor aun tuvo a su deudor, se pagó sin dar lugar a la nueva diligencia de embargo.

Los embargos preventivos que están consignados en la ley son, sobre todo en Madrid, casi letra muerta en la práctica, porque los acreedores, especialmente los usurarios, abusaron tanto, que los Jueces se han creado moralmente obligados a anular sus efectos legales. Bien está; pero no lo está tanto que, vuelta la usura por pasiva la utilicen los deudores, usando de esos y de otros medios para no pagar sus legítimas deudas y que los Jueces se detengan ante ninguna argucia.

Además, para conseguir que se decrete el embargo con un documento privado, se exige que previamente y ante la presencia judicial lo reconozca el deudor, y luego a éste, para detener el embargo decretado, le basta con exhibir otro documento privado, como suelen ser los contratos de inquilinato, suscrito por un individuo que casi nunca está presente para reconocerlos, no ya ante el Juez, sino ni ante la comisión del Juzgado que va a embargar. Y lo mismo sucede aunque la ejecución sea a virtud de una escritura pública. ¿Es esto lógico, legal y equitativo?

Pues bien; el Juez Sr. Puebla, sobreponiéndose a la rutina ambiente, ha roto el antiguo molde, y al solo anuncio de su resolución, la justicia se hizo.

Que su ejemplo sea imitado es lo que se precisa para que los Juzgados sean los amparadores de aquellos a quienes en realidad corresponde el derecho.