El Foro español (Madrid. 1898) (1916-09-30 00:00:00), página 3

ley de Enjuiciamiento, que es el apropiado al caso y concede a los Letrados la garantía del dictamen de su propio Colegio y la atención de escucharlos, precediendo siempre impugnación de contrario y nunca cercenando de oficio lo que en conciencia cree que vale y en lo que tasó su trabajo.

No sabemos qué regla de criterio aplicará aquella sección de la Sala de lo civil para esas sus tasaciones espontáneas, pero entendemos que ni aun la cifra que en la ley de Tribunales industriales se cita de 500 pesetas, es un límite sino para la responsabilidad del patrono recurrente que perdió el recurso; pero de todos modos, hasta esa cifra nosotros consideraríamos procedente la minuta y no creeríamos que pudiera hacerse reducción sino previa impugnación expresa de la parte que ha de abonarla, y por los trámites marcados en la ley procesal a que antes hemos aludido; el no hacerlo así lo estimamos, dicho sea con toda clase de respetos, algo que no se aviene bien con la dignidad de la toga ni con los intereses de los Letrados.

El asunto es de los dignos de llamar la atención de la Junta de gobierno del Colegio de Abogados de Madrid y de los que justifican una gestión que no dudamos irá seguida de un completo éxito, dado el buen criterio de los señores que en totalidad forman aquella Sala de lo civil y aun de los mismos que constituyen la sección aludida, tan pronto como se parezca algo más en reflexionar acerca de las indicaciones que dejamos apuntadas.

Así lo esperamos en bien de todos.

La posesión y el artículo 41 de la ley Hipotecaria

(CONCLUSIÓN)

Tratemos brevemente el último punto de la cuestión. Si es conforme al derecho natural negar la protección posesoria frente al título, inscrito, concediéndosela a este mismo título, bien por su propia virtualidad, bien por la actualidad formalística, que significa una posesión judicial en la forma expuesta.

Para esto establezcamos, como base de doctrina, que el ocupante de una finca es el tenedor de la misma, y que su tenencia reviste carácter tangible y material, causa de su posesión conforme al sentido natural, y, en cambio, aquel que tiene a su favor el título inscrito, aunque tome posesión judicial y sea verdadero propietario, desde luego no es tenedor, y siendo la tenencia elemento esencial de la posesión, no puede considerarse tal poseedor, aunque pudiese suceder, y en la generalidad de los casos ocurre, que tenga el jus possidendi. Esto quiere decir que no es posible separar la posesión de la tenencia, prescindir de este elemento material, de la condición acto, quitando al concepto su elemento primordial en el orden de las ideas, a la palabra su significado gramatical, para hacer, por una ficción, un ente de razón que lógicamente no puede existir, y que en la realidad pugna con otro ente efectivo y tangible que hay que reconocer o negar abriendo o cerrando los ojos a la luz.

No cabe, por consiguiente, que la ley llame poseedor al que no posee, aunque sea por medio de una ficción o por una hipótesis, porque sobre lo que es tangible no hay discusión ni fundamentos en que apoyarse para negarlo, de tal modo que sólo posee el que verdaderamente posee, es decir, el que tiene, y es poseedor el tenedor, por ser el corpus circunstanciado sine qua non de la posesión.

Y sobre este concepto claro, universalmente reconocido, cuya lógica demostrábamos en el comienzo de este trabajo, vamos a entrar de lleno en el fondo de la cuestión, en el orden del puro derecho, ya que las demás cuestiones aparecen apuntadas algunas, y tratadas con detenimiento otras en párrafos anteriores.

No necesitamos, para justificar nuestra tesis, acudir a las doctrinas absolutas que defienden la protección posesoria como protección a la libertad o a la personalidad humana, ni como derecho actual, ni como único derecho real, ni tampoco tomaremos como base el que es la forma exterior de la propiedad, porque otra forma exterior sería la creada por la ley mediante la inscripción en el Registro, sino que la posesión material es uno de los elementos esenciales del derecho de propiedad, de tal modo que el que no posee materialmente, bien por sí, bien por otro en su nombre, por muy propietario que sea, carece de una de las facultades de la propiedad, siendo su situación análoga a la de aquel que tiene desmembrado el dominio por alguna circunstancia, un usufructo, una hipoteca u otro derecho real análogo, que ha de compartir con otros su propiedad, sus derechos dominicales, dándose verdaderos casos de comunidad, que no sólo se refieren a la cuantía o cantidad del derecho de propiedad, sino también a la calidad de los derechos dominicales, pues si existe comunidad cuando hay distintos dueños sobre una cosa, que tienen partes indivisas, también la hay cuando las facultades dominicales están desagregadas en poder de distintas personas, porque, tanto en uno como en otro caso, el dominio sobre la cosa es la suma de todos los derechos que aparecen desagregados a favor de distintas personas.

El más elemental de los derechos que integran la propiedad, o, si se quiere, el que a todos condiciona y sirve de base y apoyo, es el jus possidendi, o, aún mejor, el jus habendi, sin el que están interrumpidos los demás, de tal modo, que el propietario que no esté en posesión material de ese derecho de tener o de poseer, no tiene otra cosa que la mera posibilidad del ejercicio de un derecho, la acción para reivindicar, para convertir en acto lo que está en potencia, en efecto, la condición pendiente, lo mismo que el que tiene un derecho de uso, de usufructo, de servidumbre o algún otro derecho dominical, que, si no está en po-