El Foro español (Madrid. 1898) (1916-11-20 00:00:00), página 2

Por los campos de Montiel

Divagaciones inspiradas en el art. 318 de la ley de Enjuiciamiento criminal

No hace falta ser lince ni comentarista cominero y descontentadizo—de los que persiguen las comas de los textos legales con el ahínco que el cazador ojea las matas y zarzales—para reparar en que los legisladores, las más de las veces, abstractos en su noble empresa de buscar la paz entre los hombres de buena voluntad, imitaron al ruiseñor: al gorjear leyes, decretos y reales órdenes, no miraron a la tierra.

Todas las estudiantes de Derecho administrativo nos hemos conocido con la lectura de las máximas de la cartilla que comenzó a reglamentar la Guardia civil: «El guardia, por su compostura, aseo, buenos modales y reconocida honradez, debe ser un dechado de moralidad... Debe ser prudente sin dobilidad, político sin baja, firme sin violencia... No debe ser temible sino a los malhechores, ni temido sino de los enemigos del orden...» Y todo ello por diez reales diarios, limpios de polvo y paja, como concluía comentando este pasaje poético, con justificada sonrisa satisfecha, el catádratico numerario de la referida asignatura en cierta Universidad, de cuyo nombre no quiero acordarme.

Pues la misma exaltación febril que hizo perseguir este rayo de luna a los fundadores del benemérito Instituto, soñando encontrar por tan exigua retribución ángeles custodios de los ciudadanos pacíficos, contagió a los legisladores judiciales, cuando, al crear a estos funcionarios, los abrumaron con el pesado fardo de los honores, y para dotarlos creyeron basta ba para dar lustre a la prosapia retribuirlos con un haber infinitísimo, resultando la paradoja sentimental de que el Juez en los partidos, por los fueros de su cargo, es la figura de mayor relieve y sea al propio tiempo la que sufra mayores privaciones por los fueros de la necesidad. Estos infanzones sin infanzonazgos, ganando la mitad que el funcionario que menos cobre (Notario, Registrador, con frecuencia el Secretario judicial), pagan doble cédula personal que el que la pague más elevada, la cuota máxima de consumos, la primera cuota de todas las suscripciones. Y todo ello ha de salir de un sueldo tan mezquino, que con los descuentos no alcanza de ordinario al del empleado por retribuido de su circunscripción. En el aserto no hay, desgraciadamente, hipérbole.

** Cuando el Juez de instrucción tiene noticia de algún delito que revista carácter de gravedad o cuya comprobación fuera difícil por circunstancias especiales o que hubiese causado alarma, debe trasladarse inmediatamente al lugar del suceso y formará el sumario, haciéndose cargo de las actuaciones que hubiere practicado el Juez municipal y recibiendo las averiguacio nes y datos que le suministren los funcionarios de la policía judicial, permaneciendo en dicho lugar el tiempo necesario para practicar todas las diligencias cuya dilación pudiera ofrecer inconvenientes. Así lo ordena la ley implacable.

¿Quién abona estos gastos?

El precepto calla, mansa y suavemente. Disposiciones complementarias tratan la cuestión por parábolas, ordenando que las autoridades judiciales, no teniendo derecho a transporte gratuito por las vías férreas, deben satisfacer el precio de los asientos que ocupen y el de asiento de tercera cuando viajen en los trenes y furgones de mercancías, por tratarse de asuntos urgentes. No hay que hablar, ni por el pensamiento, de dietas, si no se sale del partido. Conclusión: que ha de satisfacerlas de su caudal el pobrecito Juez.

En las carreras que exigen en los funcionarios cierta movilidad, estos dispendios se les abonan expresamente, bien en el concepto de dietas, bien en el de aumento de derechos: el ingeniero, el Notario, el Procurador, el Secretario judicial. Todos, menos el Juez de instrucción—funcionario del género de saurios, familia de los camaleónidos—con el que se comete la injusticia no sólo de no retribuirle con algo más las fatigas y el mayor trabajo, sino de obligarle a que satisfaga de su sueldo el importe de estas salidas, a veces frecuentes, siempre costosísimas. Si con ellas el Juez en un mes no puede comer por haber gastado su paga en estas necesidades, el Estado permanece indiferente ante la catástrofe económico familiar y sus consiguientes dolorosas tragedias.

Podría creerse exagerada la afirmación de que las salidas judiciales son siempre dispendiosas. Procuraremos desvanecer este error.

Una gran mayoría de Juzgados de entrada y algunos de ascenso, exigen para desempeñarlos Jueces de caballería. Es otra injusticia del Estado no dotarlos con plazas montadas. Ni tienen comunicación con ferrocarril, ni le cruzan carreteras (o si las hay están intransitables durante seis meses en el año), ni se disponen de otro medio de locomoción que la caballería. Además, gran parte de ellos tienen una extensísima demarcación, por su escasa densidad de habitantes. Hay muchos Juzgados que contienen en el partido treinta y más distritos municipales.

Como las comunicaciones son difíciles y las distancias largas, por poco que haga el Juez tenga, tarda dos o tres días en instruir las diligencias, los cuales ha de vivir o rodar por fondas o posadas, costear o alquilar de las cabalgaduras y luchar abiertamente contra la codicia de los posaderos y sus explotaciones, que ven en el augusta función judicial víctima para sus granjerías.

En problema tan paveroso, y contando con que el Estado no da un céntimo para satisfacer estos gastos, se le ofrecen al Juez tres soluciones, a saber: abonarlos de su sueldo, consentir que los satisfaga el Secretario, y, como solución ecléctica, tratar de resarcirse de ellos—ya que estas salidas, como los seguros mutuos, en buena teoría, no son modos de ganar, sino de