El Foro español (Madrid. 1898) (1917-05-20 00:00:00), página 12

sus hijos naturales solicitó en uno de los Juzgados de España, y obtuvo del mismo la declaración de único y universal heredero abintestato de su referido padre, con cuyo título enajenó a un tercero, de quien había recibido diferentes cantidades, y mediante escritura pública la casa de que antes se ha hecho mérito hipotecada por su padre por el documento otorgado en Londres. El acreedor de este último, poseedor de los dos documentos referidos otorgados en Inglaterra, promovió el plazo originar del recurso con la pretensión de que los dos hijos de su deudor fallecido, designados por el mismo en su testamento otorgado en Londres, son sus herederos testamentarios, quedando sin efecto el auto de declaración de herederos hecho en España a favor de uno de ellos; que cualquiera de los dos hijos del mismo están obligados a cumplir el contrato celebrado por su padre con el demandante otorgando los documentos precisos para que pase a propiedad de ésta la casa enajenada; y que la escritura de compraventa y adjudicación de la misma otorgada por el hijo declarado heredero abintestado, es nula de ningún valor ni efecto por haber obrado con dolo grave y sin capacidad suficiente el enajenante; y caso de no haber motivos bastantes para la nulidad se declare la rescisión por concurrir fraude de acreedor legítimo:

Contestada la demanda sólo por el comprador de la casa, siguió el juicio por sus trámites en dos instancias, absolviendo a aquél de la misma sin perjuicio de los derechos que a la parte actora pudieran asistir contra el heredero o herederos de su deudor como consecuencia de las obligaciones a que pudiera dar lugar el contrato con él celebrado en Londres, e interpuesto por la misma parte recurso de casación por infracción de ley, el Tribunal Supremo declara no haber lugar al mismo, estimando:

Que si bien el documento firmado ante dos testigos por el deudor fallecido, de naturaleza español, en la ciudad de Londres, tiene la cualidad de testamento que puede ejecutarse en Inglaterra si allí existieran bienes, y en tal concepto en cuanto afecta a su forma puede ser eficaz en España según lo dispuesto en el párrafo 1.º del art. 11 del vigente Código civil, como quiera que el actor y sólo en concepto de acreedor de aquél otorgante, pretende en primer término sostener el valor intrínseco de aquella disposición de última voluntad, que no consta fuera la prostrada que otorgara, como precedente necesario para conseguir la nulidad de la declaración de heredero abintestado obtenida en España por uno de los que aparecen instituidos en aquél, es visto que conforme a lo preceptuado en el párrafo 2.º del art. 10 del mismo Código, la legislación aplicable para este efecto es la nacional de la persona de cuya sucesión se trata en esta litis, la civil española, y como según ella y repetidamente tiene establecido como doctrina este Tribunal Supremo, el ejercicio de la acción referente a la validez y eficacia o nulidad de los testamentos, y en el caso de autos la declaración de herederos que en este particular es su equivalente, compete exclusivamente a los que por llamamiento de la ley ostentan el carácter de tales herederos a falta de disposición testamentaria, es evidente que carece de ella el acreedor recurrente, a quien, según preceptos legales, se reserva su derecho para asegurar y hacer efectivo su crédito de quien proceda; y al estimarlo así la Sala sentenciadora para fundar su fallo absolutorio, no infringe los artículos 658, 912 y 913 del repetido Código.

Partición de herencia.—Inventario, avalúo y liquidación de herencia.—Sentencia de 31 de Mayo. (Gaceta de 26 de Enero de 1914).—Consigna que el inventario, el avalúo y la liquidación del caudal hereditario no son operaciones aisladas e independientes, sino factores obligados que, relacionados entre sí, conducen a la partición y la integran y que en tanto hay que realizar ésta en cuanto se impone la necesidad de dividir la masa hereditaria por existir más de una persona participé en ella al efecto de determinar los derechos de cada uno e individualizar la propiedad de las cosas hasta entonces indivisa, siendo evidente que no precisa el practicarla cuando por no haber más que un heredero único, le sirve el testamento de título justificativo de su dominio en la herencia que se le transmitió desde la muerte del causante, conforme estatuyen los artículos 657 y 661 del Código civil.

Cosa juzgada.—Sentencia de 31 de Mayo. (Gacetas de 26 y 28 de Enero de 1914).—Resuelve que, según el último párrafo del art. 1.262 del Código civil, se entiende que la identidad de personas requerida para que prosperé la excepción de cosa juzgada, existe siempre que los litigantes del segundo pleito sean causahabientes de los que contendieron en el pleito anterior o estén unidos a ellos por vínculos de solidaridad, o por los que establece la indivisibilidad de las prestaciones entre los que tienen derecho a exigirlas u obligación a satisfacerlas.

Que conformes las partes en que en dos pleitos se trata en su esencia de reivindicar cierto trozo de terreno, y apareciendo que en el primero fué demandado el marido como detentador del mismo inmueble y no en concepto de representante de su mujer, y en el segundo esta última con el carácter de propietaria de dicho terreno, es visto que no puede darse la identidad de personas, ya que el marido gestionó en los dos pleitos con una representación totalmente distinta: la propia y exclusiva suya en el primitivo, y la de su mujer, única demandada en el segundo.

Y que para entenderse que el marido había representado de manera implícita a la mujer, era indispensable que hubiera podido ejercitar las acciones procedentes establecidas en favor de la misma, lo que impide el art. 1.833 del repetido Código, pues requiere la intervención o consentimiento de la mujer cuando se trata de bienes parafernales.

Junio

Arrendamiento.—Desahucio.—Aparcería.—Sentencia de 2 de Junio (Gaceta de 28 de Enero de 1914).—Resuelve que aun cuando conforme a lo dispuesto en el art. 1.579 del Código civil los arrendamientos de tierras por aparcería se rigen por las disposiciones de los contratos de sociedad, y según los artículos 1.667 y 1.683 deben constituirse en escritura pública, a la que ha de unirse el inventario de los bienes debidamente autorizado, esto no obstante, no puede considerarse comprendido en dicho art. 1.579 a los efectos de estar excluido del juicio de desahucio el contrato establecido por documento privado y sin inventario por el que se arrienda una finca rústica por precio fijado su parte de frutos.

Que es además doctrina sancionada por el Supremo Tribunal que en algunos casos la aparcería suele concertarse a manera de arrendamiento común y ordinario, y ocasionalmente, por consiguiente, el ejercicio de la acción del desahucio, pues no existe precepto legal prohibitivo que se oponga a la expresa voluntad de los contratantes; y que tal procedimiento breve y sumarísimo deja de ser aplicable y apropiado cuando se trata de ventilar a la vez cuestiones complejas produ-