El Foro español (Madrid. 1898) (1917-05-10 00:00:00), página 11

a uno de ellos con indemnización a la otra parte, procedía la total enajenación, repartiéndose el precio entre ambos partícipes o condueños, solicitó se declarase en su día, de conformidad con lo expuesto que se proceda a la enajenación del salto de agua en pública subasta y condenando a los demandados a estar y pasar por los pronunciamientos que en tal sentido se hagan.

Seguido el juicio por sus trámites de ambas instancias con emplazamiento del concesionario del salto de agua, que fué socio del actor, y de los dos compradores por virtud de las escrituras públicas que hemos reseñado, recayó sentencia declarando el derecho del actor a salir de la indivisión y acordando la enajenación en pública subasta por el mismo pretendida, contra cuya sentencia interpuso recurso de casación, por infracción de ley, el primero de los compradores demandados, alegando, entre otros motivos, la enajenación indebida o errónea en concordancia con los artículos 2º, 3º, 27, 41, 77 y 79 de la ley Hipotecaria, y 1º, 1.251, 1.473 y 1.257, del Código civil, cuyo recurso estima el Tribunal Supremo declarando:

Que no puede ostentar la cualidad de tercero, a los efectos de la ley Hipotecaria, aquél que inscriba en el Registro de la propiedad, o tiene inscrito a su nombre, determinada finca, siquiera el derecho real inscrito reconozca por causa una concesión administrativa o una sentencia en que la cosa se le adjudique o se le reconozca, por cuya razón no cabe invocar, equivocando el concepto, la acción comuni dividendi, dirigida contra persona que ha combatido ese condominio y no fué vencida en el juicio en que éste se declaró, el resultado de una primera inscripción, por atribuirse tal cualidad, por cuanto el acto inscrito que aquí se pretende hacer valer no está otorgado por quien en el mismo Registro aparece con derecho para ello; y al no entenderlo así la Sala sentenciadora, infringe los preceptos de la legislación hipotecaria y del Código civil citados.

Que los artículos 23, 24 y 25 de la expresada ley, tienen su explicación y complemento, entre otras disposiciones, en el párrafo 1º del art. 31, para que pueda decirse el concesionario dueño del derecho a derivar las aguas, desde el momento en que lo transmitió al primer comprador, tanto más cuanto que mucho antes que el actor en ese pleito promoviese el primero contra aquél, consiguió dicho comprador anotar la propiedad exclusiva de la concesión en el Registro especial de aprovechamiento de aguas, por lo que no estando el salto inscrito, en todo ni en parte, a nombre del primer vendedor, el referido actor, por su posterior adjudicación y toma de posesión, no podía privar al comprador en cuestión del expresado salto.

Que el art. 1.473 del Código civil no es aplicable al pleito actual, entre otros motivos porque la cosa que se supone doblemente vendida, no es precisamente la misma, si teniendo el concesionario vendedor sólo la concesión, el salto lo formó más tarde el primer comprador, y, por lo tanto, la sentencia del pleito anterior, en el cual no intervino, no puede obligarle por modo indirecto:

Que si bien, conforme a lo dispuesto en el art. 41 de la vigente ley Hipotecaria, la inscripción equivale a la posesión, y ésta, según el art. 448 del Código civil, supone la existencia de título injusto, en tanto, tales derechos son de aceptar, en cuanto a ellos no se oponga otro más legítimo y eficaz;

Y no siendo el comprador de la concesión causahabiente a título universal u otro que establezca identidad jurídica entre el mismo y la parte que en el pleito anterior discutió con el aquí demandante, el fallo del Tribunal sentenciador que se funda en el supuesto de la existencia de la «cosa común», y manda que cese su indivisión, infringe los artículos 393, 609, 1.091 y 1.257 del Código civil y la doctrina establecida en sentencias de 17 de Octubre de 1887, 22 de Diciembre de 1910, 22 de Enero de 1905, 7 de Abril de 1893, 9 de Abril de 1900, 5 de Febrero de 1901, 15 de Octubre de 1897, 18 de Abril de 1901 y 13 de Febrero de 1904, una vez que entre el vendedor y el comprador no existe otro vínculo legal que el nacido del contrato por el cual transmitió el primero al segundo la concesión para el aprovechamiento de las aguas, en absoluto extraña a los contratos celebrados entre el vendedor concesionario y el aquí demandante, sobre la cosa vendida, «no inscrita hasta entonces», razón por la cual no puede hacerse solidariamente responsable con el primero del incumplimiento de las obligaciones contraídas por aquéllos, cual si los pactos entre éstos otorgados y los efectos de la cosa juzgada alcanzasen personalmente a otros que a quienes como litigantes dieron ocasión a su inobservancia.

Mayo

Competencia.—Compraventa.—Acción personal.—Sentencia de 5 de Mayo. (Gaceta de 13 de Enero de 1914.)—Resuelve que según el art. 1.500 del Código civil, el comprador está obligado a pagar el precio de la cosa vendida en el lugar fijado en el contrato, y si se da el caso de que el comprador pregunta al vendedor el precio de la mercancía para remitírselo, tal circunstancia no puede menos de estimarse cuál un principio de prueba de la existencia del pacto de que el repetido precio debía satisfacerse en el domicilio de dicho vendedor, por lo que de conformidad con lo prescrito en la regla 1.º del art. 62 de la ley de Enjuiciar, ha de decidirse la cuestión de competencia en favor del Tribunal de dicho domicilio, por ser el punto en que la obligación reclamada debe cumplirse.

** Competencia.—Pago de pe-etas.—Acción personal.—Sentencia de 6 de Mayo. (Gaceta de 13 de Enero de 1914.)—Resuelve que no existiendo dato alguno determinante de la competencia, por no poder estimarse tales las manifestaciones de la parte actora y u a liquidación presentadas, unas y otras sin comprobante que proceda de la demanda, es visto que conforme a lo prescrito en el párrafo 3º del art. 1.171 del Código civil, en relación con la regla 1.ª del 62 de la ley Procesal, ha de atribuirse el conocimiento del juicio al Tribunal del fuero del demandado y presunto deudor.

** Cumplimiento de contrato.—Contrato honoroso.—Sentencia de 8 de Mayo. (Gacetas de 15 y 16 de Enero de 1914.)—Resuelve que en el caso de una entidad social mercantil que traspasa la industria y sucursales que tiene establecidas en el extranjero para el negocio mercantil de venta de frutos, se trata de una cesión no sólo de la materialidad de almacenes y enseres, por la referida entidad establecidos para tal industria, sino también de las utilidades y provechos que en su crédito y clientela habían venido proporcionándole; pues de entenderse que por dicho contrato no quedó obligada la casa cedente en los términos expuestos ni que por su incumplimiento en la última parte quedaba obligada a indemnizar daños y perjuicios carecería de finalidad el contrato para uno de los contratantes, ya que resultarían ilusorias las ventajas que a cambio de sus prestaciones pecuniarias se proponía y tenía derecho a obtener.

Que estipulándose en una de las cláusulas del contrato en cuestión que los socios seguirán enviando al