El Foro español (Madrid. 1898) (1917-09-15 00:00:00), página 3

harán a propuesta de las Juntas de gobierno de los Colegios respectivos y siempre a favor de Abogados que no ejerzan la profesión.

11. Debe restablecerse un turno de ingreso en la carrera judicial, exclusivo para los Abogados que reúnan determinadas condiciones. Los aspirantes constituirán un solo escalafón, y el Gobierno habrá de nombrarlos por orden riguroso sin disponer de ninguna facultad discrecional. (Conviene indicar que aun restringido de tal modo el favoritismo, no prevaleció esta propuesta sino por una minoría exigua, pues fueron casi tantos los Abogados que resistieron esta iniciativa, como los que la aprobaron.)

Si bien se mira, una buena parte de estas conclusiones que he incluido entre las útiles para nosotros, podrían clasificarse lo mismo en el otro grupo, ya que están inspiradas en el propósito de seguir con mayor eficacia el interés público.

Y esto es todo lo que los Abogados han hecho, pensando en sí mismos. Para simbolizar su desprendimiento basta tomar en cuenta el principio aceptado por ellos de que el litigante puede defendirse por sí mismo, siempre que quiera. A tal punto se ha llevado el olvido del personal interés de los congregados, que algunos preguntaban si aquello era un Congreso de Abogados, o un Congreso contra los Abogados.

El trabajo de la sección 2.a (Derecho civil), puede compendiarlo en estos términos:

Debe llevarse a cabo sin demora la revisión del Código civil.

Hay que ampliar las facultades de la mujer casada, para igualarla en lo posible al marido en el régimen económico del matrimonio.

Conviene redactar con más claridad el art. 695 del Código, de acuerdo con la Jurisprudencia, para hacer más factible la unidad de acto en el otorgamiento de los testamentos.

El plazo de prescripción para la reclamación de honorarios de Abogados y Procuradores, merece ser ampliado, por lo menos a cinco años.

La rogación en materia civil debe entenderse en el sentido de que se estime instado el procedimiento, mientras las partes no pidan su paralización, evitándose así pedimentos y diligencias excusables.

Conviene tramitar en juicio verbal las demandas hasta 1,500 pesetas; como de menor cuantía, las de 1,500 a 5,000, y como de mayor cuantía, las que excedan de esta última cifra.

Las diligencias para mejor proveer han de practicarse con citación e intervención de las partes.

En los juicios ejecutivos, el Administrador deberá rendir cuenta de las rentas y frutos en los mismos plazos que los perciba, y de los saldos correspondientes abonará al propietario una cantidad equivalente a la que declaran inembargable los artículos 1.449 y 1.451 de la ley procesal.

Los recursos gubernativos contra las resoluciones de los Registradores de la propiedad, se sustanciarán en instancia única y gratuita ante la Dirección general.

La justicia municipal ha de reorganizarse estableciendo circunscripciones de varios Municipios, en las cuales actuará un Juez letrado e inamovible, designado mediante oposición.

Las conclusiones de la sección 3.a (Derecho mercantil), son más difíciles de extraer. He de limitarme, pues, a decir que se refieren a que en la suspensión de pagos y en la quiebra, el comerciante venga obligado a probar la verdad del balance; a poner en orden más riguroso la mecánica de la suspensión de pagos; a sostener la necesidad de crear jurados mercantiles que funcionen de modo análogo a como lo hacen hoy los Tribunales industriales; a solicitar del Gobierno un procedimiento especial para el caso de que los miembros de una sociedad no estén conformes con la gestión de los liquidadores, o éstos no cumplan su obligación; a aclarar alguna ambigüedad en la denominación de las razones sociales, y a facilitar el protesto de las letras de cambio en el caso de que el requerido al pago no se encuentre en su domicilio.

Sección 4.a (Derecho público interno. Ciencias político-administrativas, penales y procesal criminal).

Pronuncióse resueltamente el Congreso en favor de la autonomía municipal, dejando la garantía de la misma al cuidado del Poder judicial. Frente a los acuerdos de Diputaciones y Ayuntamientos, debe cesar la intervención del Gobierno, sin que quede más recurso que el contencioso-administrativo.

Para el mejor funcionamiento de esta jurisdicción debe divirse en dos la Sala tercera del Tribunal Supremo y suprimirse la intervención de los Diputados en el Tribunal provincial, que quedará constituido por el Presidente de la Audiencia y dos Magistrados especialmente asignados a ese servicio. El Ministerio fiscal estará encomendado exclusivamente a los Abogados del Estado, tanto en los Tribunales provinciales como en el Supremo.

En el orden penal, las principales reformas que se proponen son éstas:

La indemnización de perjuicios debe comprender no sólo los materiales, sino también los morales, dando al art. 124 del Código su verdadera significación. La pieza de responsabilidad civil habrá de sustanciarse con especial intervención de la parte perjudicada.

El delito de injurias ha de ser penado con multa en vez del actual destierro, y prisión subsidiaria en caso de insolencia.

La apreciación de la defensa legítima del honor ha de ser hecha con mayor amplitud de criterio que el que hoy preside en su aplicación.

Se entenderá que hay reincidencia cuando el culpable hubiere sido condenado ejecutoriamente antes de cometer el delito de que se trate, por otro de la misma índole.

El perseguido, procesado o condenado injustamente,