El Foro español (Madrid. 1898) (1917-01-30 00:00:00), página 12

en su más recto y natural sentido no pueden significar otra cosa, sino que, a juicio de los citados facultativos, había recuperado el paciente su integridad mental, y con ella procedió a otorgar y suscribir el testamento; de todo lo cual es forzoso deducir que la Sala sentenciadora incurre en evidente error de hecho al apreciar las manifestaciones de los médicos consignadas en el testamento como elementos de juicio suficientes para establecer la inducción o conjuración de que, tanto al comunicar al testador sus instrucciones al Notario, como en el acto del otorgamiento, debía presumirse su falta de capacidad, error tanto más notorio si el Tribunal a quo prescinde de los restantes medios de prueba ofrecidos y practicados en el pleito, todos los cuales tienen una realidad positiva en el sentido de corroborar el verdadero significado y alcance de las manifestaciones de los facultativos, complementarias del propio juicio del Notario y los testigos instrumentales, a los que la ley atribuye la apreciación de la capacidad del testador, no contradicha en este caso por otros medios que el que que la analiza- do, no obstante la obligación de comprobar la incapacidad del testador alegada como uno de los esenciales fundamentos de la nulidad del testamento en cuestión.

Que, según constante jurisprudencia, existe la unidad de acto y se observan las solemnidades requeri- das para la validez del testamento, con arreglo a los artículos 695 y 699 del Código civil, cuando redacta- do, según previas instrucciones del otorgante, el No- tario da lectura del instrumento en voz clara e intel- ligible a presencia del testador y los testigos, sin que el acto del otorgamiento sea interrumpido por un solo momento, expresando el primero su conformidad y aun haciendo observaciones y rectificaciones de dato- lla, que por demostrar la minuciosa atención del otor- gante excluyen la sospecha de su inconsciencia y co- rroboran la formalidad del acto, concurrendo estas circunstancias en el caso aquí tratado, por no apare- cer en el testamento nada que permita la sospecha y menos aún la afirmación de no haberse guardado las solemnidades legales y sin que la circunstancia de haberse anunciado para una hora y haberse retrasado su otorgamiento, arguya la interrupción del acto que ha de referirse precisamente al momento en que reuní- dos el testador, el Notario y los testigos, se procede a su lectura y termina expresando el primero su conformidad, circunstancias que, acreditadas bajo la fe del Notario autorizante, no han sido desvirtuadas porque se uniese el final del testamento el dictamen previa- mente redactado por los facultativos; pues aparte de constituir una formalidad innecesaria, según antes se ha razonado, consiste del mismo instrumento, que todo ello se hizo en el mismo acto y sin interrupción, fir- mando seguidamente cuantos en el mismo interven- ron.

Y que si bien la violencia que vio el consentimiento, como cuestión de hecho, es de la apreciación de la Sala sentenciadora, ha de fundarse y establecerse en el verdadero concepto que de tal circunstancia establece el art. 1.267 del Código civil, y no cabe apre- ciar la coacción moral o material cuando no existen ni se aducen hechos y pruebas que acrediten la obje- tiva realidad de los actos que la produzcan, y aun me- nos puede resolverse sobre tan grave extremo cuando en el mismo no se ha fundado la acción de nulidad ejercitada contra el mismo.

***

Partición de herencia.—Albaceas testamentarios, contadores partidores del caudal.—Sentencia de 22 de Enero. (Gaceta de 14 de Noviembre de 1913.)—Consigna que reconocida al tes- tador de un modo absoluto, tenga o no herederos for- zosos, la facultad de hacer por sí o de encomendar a otras personas la partición de su herencia, es inces- tacionable que la practicada por los albaceas contado- res y partidores designados al efecto con arreglo al artículo 1.057 del Código civil, es siempre un acto vál- ido, por el que están obligados a pasar los herederos, en cuanto no perjudique la legítima de los forzosos, cuyo derecho a promover el juicio de testamentaría, a tenor del art. 1.038 de la ley de Enjuiciamiento civil, o a impugnar las particiones en legal forma, no se opone en ningún caso a la eficacia y cumplimiento de las reglas que, para la administración del caudal relativo y partición de sus bienes, hubiese establecido el causante de la herencia;

Y que con arreglo a esta doctrina constantemente mantenida por la jurisprudencia, practicadas las ope- raciones particionales por los comisarios nombrados en un testamento, y cumplida su misión por dichos contadores, con anterioridad a la fecha en que uno de los herederos presentó su solicitud de prevención del juicio de testamentaría, es notorio que al declararlo prevenido y disponer se tenga por terminados en el ejercicio de todas sus funciones a los albaceas conta- dores nombrados en el testamento, se infringen las ya citadas disposiciones del Código, y además las conte- nidadas en los artículos 675, 892, 901, 902 y 910 del pro- pio Código, 1.046, 1.049, 1.080, 1.077 y 1.096 de la ley Procesal, y la jurisprudencia establecida en sentencias, entre otras, las de 11 de Julio de 1885, 20 de Enero de 1888, 1.º de Diciembre de 1881, 6 de Dic- iembre de 1895, 28 de Diciembre de 1896 y 7 de Mayo de 1910.

***

Pobreza.—Derechos propios.—Beneficio de inventario.—Sentencia de 23 de Enero. (Gaceta de 14 de Noviembre de 1913.)—Resuelve que es terminante y absoluto el precepto consignado en el párrafo 1.º del art. 20 de la ley de Enjuiciamiento civil, determinando que el beneficio de la defensa por pobre sólo se concede para litigar derechos pro-pios:

Que teniendo en cuenta que un litigante pretende verificarlo en ese concepto con determinado Banco, al efecto de conseguir la entrega de unos valores en aquél depositados, que aparecen ser al presente de la pertenencia de un tercero, a virtud de haberlos hereda- do de su madre, valores que el mismo tercero se- naló como de la propiedad de su referida madre para que fueran embargados, como en efecto lo fueron en ejecución seguida por el solicitante del beneficio de pobreza, y toda vez que el hecho del embargo no pri- va ni desposee al causahabiente de la deudora de su actual carácter de dueño de los repetidos valores, y que la circunstancia de haber aceptado a beneficio de inventario la herencia de su madre tampoco le sus- trae de la cualidad de heredero ni de sus obligaciones en tal condición, ya que los efectos de semejante be- neficio determinadamente los señala el art. 1.023 del Código civil, es visto que el solicitante del beneficio de pobreza, en este caso, no ostenta, ni, por tanto, puede ejercitar derechos propios respecto de los indi- cados valores a título de dueño ni de cesionario, y al estimarlo así la Sala sentenciadora, y desestim- mar su demanda, no infringe los preceptos legales citados;

Y que tampoco infringe el art. 1.111 del Código ci- vil, en el que se concede a los acreedores la facultad de ejercitar, para la realización de cuanto se les deba, todos los derechos y acciones del deudor sobre los bienes que éste posea, porque a tales derechos no les da efectividad dicho precepto legal hasta después que