El Foro español (Madrid. 1898) (1917-05-30 00:00:00), página 3

encierra nada inmoral, porque es muy justo recompensar todo trabajo, y más aún si éste resulta penoso.

La multiplicidad de preceptos legales, síntoma evidente de nuestra decadencia, hace las más de las veces detenerse a los dignos funcionarios del Ministro de Hacienda en sus resoluciones y origina alguna que ellas sean torcidas, porque en realidad cualquier conciencia honrada ha de pararse antes de resolver definitivamente ciertos asuntos en los que el contribuyente aparece muy recargado en la penalidad que se le impone. Y por esto, sin duda, ha sido objeto de controversia el de si en los casos en que el fabricante recaudase de sus abonados cantidades no declaradas a la Hacienda pública debe o no ser estimado, como comprendido en el precepto del art. 17 del Reglamento (defraudadores), o más bien en el 18 del propio precepto legal, que los declara incursos en los preceptos de los artículos 409 y 410 del Código penal y, por consiguiente, sujetos a la acción de los Tribunales.

Para los que sostienen este último criterio, la cuestión estribaba en que no existe a su juicio en esos casos verdadera ocultación, sino comprobación y, por consiguiente, no puede instruirse expediente al amparo del art. 17 del Reglamento, y si, en armonía con lo dispuesto en el art. 18, sin comprender que, de aceptar esa tesis, habría sido menester borrar de una plumada el art. 17 del Reglamento, ya que la mayoría de los casos en que aparecen las ocultaciones de los fabricantes, el fraude consiste precisamente en no declarar el verdadero número de abonados que tienen.

Por esto, sin duda, la cuestión ha sido resuelta recientemente por Real orden de 5 de los corrientes en contra de esa tesis, estimando que no se trata del retraso de ingresos liquidados y debidos que en el plazo reglamentario no se efectuaron, sino de la ocultación cometida al no presentar las declaraciones juradas para que la Hacienda tuviera conocimiento de la base liquidable y de los derechos que le correspondían, hecho que constituye una perfecta y calificada ocultación penal con arreglo al art. 17 del Reglamento, tanto más significada cuanto que la Sociedad (que dio origen a la controversia) recaudaba el tributo a los abonados y no se ocupó de hacer las declaraciones para su pago ni de dar el conocimiento que debía a la Administración de la provincia, circunstancia reveladora de que no ignoraba la existencia del tributo, sino que, siéndole conocido, así como la obligación en que estaba de recaudarlo y proceder según el Reglamento dispone, faltó deliberadamente a sus prevenciones ocultando la producción de la fábrica.

Bien está que la cuestión se haya resuelto dentro de un espíritu de recta interpretación y de estricta justicia; pero para los que gustamos de esta clase de estudios, entiendo queda sin resolver el punto capital de la cuestión, a saber: ¿El fabricante que no da una declaración exacta del número de abonados y cobra de éstos el impuesto, solamente está incurso en el artículo 17 del Reglamento, o además lo está también en los preceptos de los artículos 409 y 410 del Código penal? Indudablemente el que recauda fondos del Estado y no los entrega, malversa y por ello además de ocultar el verdadero tipo de gravamen comete ese delito, extremo que ha debido aclararse en esa Real orden para evitar la promulgación de una nueva que venga a aumentar el caos de la legislación de Hacienda, porque la cuestión es obvia, clara y terminante, y así como malversa el fabricante por cantidades conocidas, declaradas y a que alude el art. 18, no cabe dudar que también lo efectúa cuando oculta la base de imposición, y además cobra a los abonados el importe de impuestos. A mi entender realiza dos actos: oculta y malversa, y, por lo tanto, además de las penalidades administrativas perfectamente definidas en esa Real orden, está incurso en los preceptos de los artículos 409 y 410 del Código penal; pero jamás en los preceptos del art. 18, que para nada habla de ocultación, sino de falta de ingreso de lo recaudado.

Para estar incurso en el art. 18, no hace falta ocultar, sino dejar de ingresar; mientras que al ocultar y cobrar se cometen dos actos distintos y ambos penables, en la forma expuesta.

A la Real orden ya citada le ha faltado, a mi modo de ver, aclarar este extremo, que precisamente fué el punto de arranque de la cuestión.

Mientras esa aclaración llega, mi enhorabuena a los funcionarios, que con esa disposición salvan sus legítimos derechos a participar de las multas, como única y justa recompensa a sus desvelos por los intereses del fisco y de las cuales injustamente se les ha querido privar mediante una interpretación equivocada de los preceptos legales invocados.

MATÍAS DEL NIDO Y TORRES
Abogado

Justa petición de recompensa

En uno de los más abruptos parajes que rodean la pintoresca villa de Avilés se ha perpetrado, hace días, el asesinato de un niño de corta edad, en circunstancias verdaderamente excepcionales.

Un sujeto de veintiún años de edad y que ha permanecido algún tiempo en la Isla de Cuba, padeciente de tuberculosis pulmonar, acudió a la consulta de un curandero negro, que tenía establecido su gabinete en Sagua la Grande, provincia de Santa Clara, el cual le ofreció, como remedio, la sanción de sangre de un niño, que le proporcionaría, mediante pago de 40 pesos, que no pudo hacer efectivos el enfermo, el que regresó de la Gran Antilla en el año 1914, convencido de que su enfermedad se agravaba con el clima cálido.

Ya en casa de sus padres, el enfermo continuó agravándose, y el 18 del pasado Abril se ha dirigido a Avilés, donde, valiéndose de engaños, consiguió que un niño de seis años le acompañara al monte de la Arabuya, y aplicándole cloroformo p imeramente para serle cómodo operar, le ha seccionado la yugular y la carótida, y al brotar sangre, acercó sus labios a la