El Foro español (Madrid. 1898) (1917-04-10 00:00:00), página 6

Creo que su argumentación, si es que la enderezas por este camino, tendrá por objeto demostrar que no hay urgencia, que no está patente la necesidad de exigir que, anticipando lo propuesto en un proyecto de ley, se consigne en las cifras del presupuesto la cantidad necesaria para cubrir estas atenciones. Creo que en este punto, si tal es su tesis, inciden en un verdadero error. Si es justa la petición formulada en la enmienda, es aún más patente la necesidad de que tenga inmediata aplicación. Nadie ignora que el haber asignado en España a los funcionarios judiciales no ha tenido apenas variante alguna (sólo alguna de detalle que ya mencionaré) desde la fecha en que se aprobó la ley provisional orgánica del Poder judicial de 1870. El haber que disfrutan los Magistrados de las Audiencias territoriales, o por mejor decir, todo el personal de estos Tribunales, es exactamente el mismo que le asignaba el art. 215 de la ley provisional orgánica del Poder judicial, y respecto de los Jueces de instrucción, dentro del tecnicismo especial de aquella ley, traducido como debe traducirse a lo que existe en la realidad, sólo se advierte en sus asignaciones un aumento de 250 pesetas en el haber anual de cada uno de estos funcionarios. Pero si el haber nominal es el mismo hoy que era el año 1870, el haber efectivo que perciben estos funcionarios es bastante inferior, porque en 1870 sólo existía el impuesto de 10 por 100 sobre los sueldos; así lo establecía la ley de Presupuestos de 1870, y en la actualidad esos mismos sueldos están gravados por la contribución sobre utilidades en una proporción que oscila de 14 a 20 por 100. Por lo tanto, el haber efectivo que hoy perciben estos funcionarios es bastante inferior al que percibían en 1870. No voy a incurrir en la torpeza de hacer un examen comparativo entre el coste de la vida en 1870 y el coste de la vida, no ya en la actualidad, ya que esta mos, como diré luego, en circunstancias excepcionales, sino en los tiempos normales anteriores a la iniciación del conflicto europeo. Ya en 1914 era verdaderamente digna de conmiseración la situación por que atravesaban los funcionarios judiciales.

¿Cómo será en los momentos actuales, en que todos sabemos que los artículos de primera necesidad, como hacía constar con relación a Madrid el digno individuo de la minoría de conjunción republicano-socialista, Sr. Morayta, se han elevado en la proporción de 40 a 50 por 100, proporción que es quizás aun más exagerada en algunas provincias de España por circunstancias especiales! ¿Cuál será, pues, la situación actual de los funcionarios judiciales? Yo pudiera hacerla patente a la Cámara con la exhibición de cartas en que dignísimos y probos funcionarios se lamentan de que desde hace algunos meses saldan sus presupuestos con un déficit de cientos de pesetas. Y cabe preguntar: ¿Es posible mantener un minuto más esta situación? ¿Es posible que el Estado no advierta esta necesidad urgente en los encargados de administrar justicia? ¿Es que se ignora, por ventura, cuál es la situación legal de estos funcionarios? ¿No acabo de decir que están constreñidos por incompatibilidades que les impiden en absoluto manifestar su actividad en otros órdenes que aquel a que están consagrados por razón de su cargo? ¿No sabemos todos que si faltaren a esta prohibición se verían comprendidos en el caso de renuncia del cargo a que hace referencia el art. 120 de la ley orgánica del Poder judicial, si no se les exigía responsabilidad criminal con sujeción a la letra y al espíritu del art. 415 del Código penal?

Y no hay que pensar en que acudiendo al auxilio que en estos casos puede prestar la amistad para salir de una situación excepcional y extraordinaria, utilicen este medio para completar aquellas mequinas asignaciones que el Estado pone a su disposición como retribución del cargo que desempeñan, porque el contraer deudas constituye, si llega a fundarse en su existencia una reclamación judicial, caso de corrección disciplinaria, cuando no de destitución por estar comprendido en el núm. 2.º del art. 224 de la misma ley orgánica. Esta es la situación legal de los funcionarios judiciales, y yo quisiera que me dijera el señor Ministro de Gracia y Justicia qué solución van a tener, cómo han de remediar este estado verdaderamente insostenible en que las circunstancias les han colocado. ¿Habrá quien pueda dudar, señor Ministro y señores de la Comisión, que es un deber de conciencia remediar la situación de estos funcionarios, que no se puede cerrar los ojos a la evidencia y utilizar expedientes dilatorios para aplazar un día más esta reforma que el Gobierno reconoce que es necesaria y que las oposiciones dicen que es aceptable? Sólo un argumento podrá utilizarse por los señores de la Comisión para indicar la imposibilidad en que se encuentran de aceptar esa enmienda. Ese argumento será la índole especialísima del presupuesto ordinario en que aparecen esas asignaciones. Aquí hemos oído al señor Ministro de Hacienda calificar ese presupuesto de presupuesto de reconocimiento, de presupuesto de austeridad, y, por lo tanto, que, por su naturaleza, es de todo punto incompatible con el aumento de las asignaciones del personal de los distintos Ministerios; pero no hay que olvidar que ese argumento pudiera tener alguna fuerza si el presupuesto ordinario se hubiera presentado aislado, y con el propósito de establecer un régimen de economía en todos los órdenes de la vida nacional.

Pero es que al lado de ese presupuesto ordinario se presenta el adicional, o el proyecto de ley de Gastos de reconstitución nacional, en que se consignan cerca de 300 millones para atender a estas apremiantes necesidades. Y yo pregunto al señor ministro de Hacienda, como pregunto al señor Presidente del Consejo de Ministros: ¿Es posible pensar en la reconstitución del país? ¿Es posible emprender el camino de regeneración del país, dejando que subsista la situación afectiva en que se encuentran los encargados de administrar justicia? No cabe duda de que el señor Ministro de Hacienda, si sus múltiples ocupaciones le permitieran dedicar un momento de atención a este asunto, habría de reconocer que no podrá producirse en la Cámara demanda más justa que la que ampara la enmienda a que estoy refiriéndome.