El Foro español (Madrid. 1898) (1917-05-20 00:00:00), página 7

moverlo, ora en el acto de la comparecencia, se hagan proposiciones de prueba y sean admitidas, si no pudieran practicarse durante la primera sesión, quedará interrumpida la comparecencia después de las alegaciones, de resolver sobre admisión y prácticas de las pruebas y de hecho la parte de éstas que se puede evacuar desde luego, señalando plazo para los demás y después de tal plazo, será reanudada la comparecencia hasta terminarla. Dicho plazo se reducirá a los días necesarios, dentro del máximo de treinta, excepto los casos legítimos de término extraordinario.

«Las pruebas practicadas, durante el dicho plazo, estarán de manifiesto hasta el día que se señalará, tan cercano como pueda ser, para terminar la comparecencia, oyendo a las partes acerca de su resultado.»

Los lectores habrán creído que el párrafo puesto entre comillas era algo así como el discurso del Quijote sobre las armas y las letras, pues no señor, es, según me dijo un Diputado que lo aprendió de memoria, un artículo del nuevo proyecto. Juro, que no habrá alumnó, si el proyecto llega a ley, que al estudiar Derecho procesal se meta en la cabeza, cual el Diputado, el artículo, que de memoria me dictó y que yo transcribo.

El autor del proyecto sin duda oyó que existen Códigos de procedimientos simplísimos, como el italiano con sus 950 artículos, el alemán con 872 y la ley ginobrina con solos 769, y pensó, sin suprimir ninguno de los 2.182 que nuestra ley de Enjuiciamiento contiene, rebajar este número, agrupándolos en interminables secciones, y así lo ha hecho con lo referente a embargos, intervenciones y demás aseguramientos judiciales.

Acaso el plan sea mejor, no lo discuto, pero la confusión es mayor y nadie se había quejado de la distribución de libros y títulos en la ley vigente. Llevando algunos de sus preceptos a la orgánica queda, a nuestro juicio, con perfecta unidad.

En ese galimatías hay algo bueno y digno de aplauso. Véase la muestra. «Las divergencias que ocurran con ocasión de un embargo, acerca de la pertenencia o la posesión del deudor sobre bienes que se designen para sujetarlos a la traba, serán decididas por el Juez, bajo cuyo mandato se proceda, siquiera sea cumplidor de comisión auxiliaria, cuyas resoluciones se cumplirán, a reserva de los derechos y acciones de los interesados; y aun antes de tales resoluciones los comisionados del Juez para un embargo (no es jurídico decir que el Alguacil es comisionado del Juez para el embargo, porque sólo aquí tiene facultades para hacerlo una vez acordado por resolución judicial) aseguran la ejecución del mismo, evitando que se sustri gan u oculten los bienes a que la deuda o desavenencia se refiera.» Salvo la forma de redacción, más propia de la obra de un expositor o comentador e impropio de la literatura legal que debe dar a todo artículo el sentido de precepto categórico, el fondo es laudable en extremo, pues tiende a evitar y dificultar tercerías maliciosas.

La manía de la oralidad inoportuna vuelve a aparecer al tratar el proyecto de las tercerías, estableciendo que para su sustanciación se convocará a comparecencia verbal. Con cuatro palabras quiere resolver sobre cuestiones intricadísimas o cantidades importantes sujetas a minuciosa comprobación y que pueden ser objeto de las tercerías. No cabe duda que el actual procedimiento en la tramitación de las tercerías se ajusta por completo a los dictados de la realidad y tiene en cuenta los distintos casos y complejidades que pueden presentarse.

No se me tachará de crítico apasionado. En donde veo una modificación, una aclaración o innovación útil, la saco a luz aplaudiéndola.

JUAN INFANTE
Secretario judicial de Madrid

El beneficiario en los seguros de vida (1)

El contrato de seguro de vida trae su origen, como nos dice el Código de Comercio en su exposición de motivos, del antiguo censo vitalicio, y aun cuando por regla general consiste en procurar, mediante la entrega de un premio o capital, algún alivio o socorro material a la familia del asegurado, que la compense, en parte, de la desgracia que ha de experimentar por el fallecimiento del que es tal vez su único sostén y apoyo, suele también celebrarse con otros fines análogos, cual es el de crear un capital que asegure el porvenir de las personas a quienes se quiere beneficiar, ofreciendo la singularidad de que no se precisa obtener el consentimiento de tal beneficiario, y de esta forma, sigue diciendo la exposición de motivos, pueden las personas dotadas de nobles sentimientos ejercer verdaderos actos de caridad en favor de familias modestas, pero honradas y laboriosas, sin lastimar en lo más mínimo la susceptibilidad o pendor de ninguno de sus individuos, dotándoles de un capital o renta para cuando deje de existir el que, con su trabajo, atiende a la subsistencia de todos.

Consecuente el Código, establece en el art. 426 que «las cantidades que el asegurador debe entregar a la persona asegurada, en cumplimiento del contrato, serán propiedad de ésta, aun contra las reclamaciones de los herederos legítimos y acreedores de cualquiera clase del que hubiere hecho el seguro a favor de aquélla».

De seguir al pie de la letra lo preceptuado en este artículo, es indudable que el beneficiario, ocurrida la muerte del asegurado, puede exigir del asegurador el pago de la indemnización, aun contra las reclamaciones que se formulen, y éstas se hagan mediante la autoridad judicial.

Como entendemos que no puede ser ese, según hemos visto, el espíritu del legislador, y como por otra parte el Código civil, promulgado con fecha posterior, establece un criterio completamente distinto, que entendemos es más conforme con la moral, consideramos el caso merecedor de estudio.

(1) De la Gaceta de Tribunales.