El Foro español (Madrid. 1898) (1916-07-20 00:00:00), página 8

diota la experiencia para corregir deficiencias y abusos e incorporando a los citados Cuerpos legales los preceptos que demanda la incesante transformación de la vida social y jurídica.

Varios han sido los intentos para llevar a cabo las aludidas reformas, mereciendo entre todos especialísima menención los proyectos debidos a la iniciativa del insigne Sr. Montero Ríos, de grato e inolvidable recuerdo para todos, y muy especialmente para el Ministro que suscribe, que se complace en este momento en tributar homenaje de admiración al eminente juríscultor a quien tanto debe el progreso jurídico de nuestra Patria.

Apremios de la vida parlamentaria impidieron que aquellos proyectos fueran convertidos en leyes.

Reorganizada la Comisión general de Codificación en Diciembre de 1914, y creada para dar mayor eficacia a sus trabajos una Comisión permanente encargada de redactar las correspondientes ponencias, ha formulado dicha Comisión permanente, con inteligencia y laboriosidad superior a todo encomio, unas bases para la reforma de las expresadas leyes, teniendo muy especialmente en cuenta los proyectos antes referidos del Sr. Montero Ríos, que en gran parte están virtualmente contenidos en las bases redactadas por la Comisión.

Grandes modificaciones se proponen en ellos respecto a la organización judicial. Tales son, entre otras, la supresión de los Tribunales municipales, encomendando esta clase de justicia a los Juzgados municipales, cuya competencia se restringe tanto en el orden civil como en el penal; la modificación de la ley del Jurado, en lo concerniente a la formación de listas y a las recusaciones de los Jueces de hecho; la constitución de un superior organismo denominado Consejo judicial del que han de formar parte representaciones de los Centros jurídicos más respetables, al cual se le encomiendan funciones de vigilancia y selección del personal judicial; la separación de las carreras judicial y fiscal, desde cierto grado, restableciendo los Promotores fiscales que tan necesarios son en los Juzgados de partido; la organización del Secretariado judicial, que constituirá una carrera desde el grado inferior hasta el superior; y el ingreso único en las carreras judicial y fiscal, por las categorías inferiores y por oposición, salvo ciertas facultades, para que puedan formar parte del Tribunal Supremo personas de reconocida competencia, ajenas a dichas carreras.

No menos importantes son las modificaciones propuestas para la reforma de la ley de Enjuiciamiento civil, las cuales tienen como orientación general acelerar cuanto sea posible el procedimiento, omitiendo actuaciones superfluas y procurando sustituir la discusión y tramitación escrita por comparecencias y manifestaciones verbales que consten en acta.

Entre las principales reformas, hay que señalar las siguientes: se suprime el juicio arbitral, manteniendo el de amigables componedores; se modifican las recusaciones para que no entorpezcan el curso de los negocios; se corrigen los abusos en las declaraciones de pobreza, confiriéndose exclusivamente la defensa de los pobres al Ministerio fiscal; se amplían las facultades de los Magistrados ponentes, y se dispone que con las sentencias se publiquen los votos particulares de los Magistrados discordes; se reserva a las Audiencias territoriales la substanciación y resolución de las demandas ordinarias de mayor cuantía y las que versan sobre derechos, honores o estado civil de las personas; y los demás asuntos civiles serán resueltos en primera instancia por los Juzgados de partido, con apelación ante la Audiencia provincial, y, por último, se cambia radicalmente la tramitación de los juicios universales, que quedan reducidos实质ialmente a la celebración de dos juntas consecutivas: la primera para acordar la administración, inventario y demás medidas de prevención, según se trate de juicios sucesorios, concursos o quiebras, y la segunda para aprobar las operaciones particionales o el proyecto de liquidación o calificación.

Más sencilló y de menos transcendencia es cuanto se refiere al Enjuiciamiento criminal, en el que se da la debida importancia a las cuestiones prejudiciales, que tantas dudas suscitan hoy; se abrevian trámites y se simplifican el sumario y los demás procedimientos; se da amplitud al recurso de casación, facultando al Tribunal Supremo para apreciar cuantos motivos de forma y fondo puedan favorecer al procesado, y se incorporan las leyes de Condena condicional, la de 9 de Febrero de 1912 y la parte de la del Jurado que regula el procedimiento.

Tal es, en breve resumen, el contenido de las bases formuladas por la Comisión permanente de Codificación que han sido aprobadas por el Gobierno de Su Majestad, y que el Ministro que suscribe tiene el honor de someter a la deliberación del Parlamento en el siguiente

PROYECTO DE LEY

Artículo 1.º En el plazo máximo de un año, a contar desde la promulgación de esta ley, el Gobierno, oyendo a la Comisión general de Codificación, formulará y publicará en la Gaceta de Madrid una ley reformando las Orgánicas de Tribunales y las de Enjuiciamiento civil y criminal, con sujeción a las siguientes bases:

BASES PARA LA REFORMA DE LAS LEYES ORGÁNICAS

1.ª
De la Administración de justicia y de los organismos a quienes corresponde la función de juzgar

La potestad de aplicar las leyes en los juicios civiles y criminales de la jurisdicción ordinaria, o sea de la que no está atribuida al Senado ni a jurisdicciones especiales, corresponde a los Jueces y Tribunales regulados por esta ley con la garantía de la inamovilidad de sus funcionarios y bajo su responsabilidad, administrándose la justicia en nombre del Rey.

Los Jueces y Tribunales ejercerán únicamente las