El Foro español (Madrid. 1898) (1915-09-10 00:00:00), página 4

sin embargo, sobre todo esto, exige aquélla que se haga relación de hechos, que se razeone jurídicamente y que todo lo aprecie el Juez para dictar su fallo. Y aparte de esto, ¿es que hasta aquí, en la ejecución de créditos hipotecarios, con su inscripción subsistente, no son excepciones admisibles el pago, la novación, la compensación y tantas otras que pueden determinar su extinción en todo o en parte, y que precisamente por mala fe del acreedor no habían dado lugar a la cancelación? Tan rudimentario es esto, que basta consignarlo sin que, como hemos dicho, merezca siquiera los honores de la discusión.

Más serio es el fundamento de los que, a todo lo que llevamos dicho, contestan con el texto terminante del párrafo 6.º del art. 132, que nos parece una enormidad en relación a la falta de expresión del artículo anterior, y en el cual radica la verdadera raíz de la discusión que nos ocupa, puesto que en él se dice textualmente que todas las reclamaciones que pueda formular, así el deudor como los terceros poseedores y los demás interesados, incluso los que versar en sobre nulidad del título o de las actuaciones, certeza, extinción o cuantía de la deuda, se ventilarán en el juicio declarativo que corresponda, sin producir nunca el efecto de suspender ni entorpecer el procedimiento que nos ocupa.

¿Cómo coordinar este terminante precepto con la necesidad y la razón de exigir el «hacer una relación de hechos», «razonar jurídicamente la certeza, subsistencia y exigibilidad del crédito», de todo lo cual, así como «de las demás circunstancias», «el Juez ha de apreciar para autorizar el procedimiento», según textualmente también leemos en la regla 2.ª del art. 131?

¿Cómo librar al legislador de esa nota de injusticia que claramente se desprende de los razonamientos expuestos? ¿Cómo dejar libre esa facultad de apreciación con las trabas que puede suponer el párrafo copiado del art. 132, que parece, en efecto, que ahora roja en todo caso al deudor hipotecario y convierte en mecánico aquel procedimiento por el que un acreedor de mala fe puede despojarle de sus bienes que no recuperará, y si los recupera, será después de verse envuelto en una maraña de pleitos, durante los cuales la garantía del acreedor puede desaparecer y la retención de lo que produzcan sus propios bienes no puede conseguirla sin los afianzamientos de que habla el párrafo 9.º del art. 132, que de cierto casos, en noventa y nueve, al que debe o no tiene para consignar, en evitación del tal procedimiento, le será imposible para poder asegurar la efectividad del resultado del juicio ordinario? Pues no hay más que una manera de armonizar una disposición con otra y ambas con la justicia, y es concediendo al Juez esa facultad de apreciación en ese momento, y en vista de los documentos y alegaciones hechas por el propio acreedor y por el deudor en el acto del requerimiento, contra cuya apreciación no tiene el deudor recurso alguno, quedando confiado a la justificación del juzgador, que por lo mismo debe tener muy en cuenta los descargos hechos por éste en el repetido acto del requerimiento, único momento en que el deudor puede ser oído.

Lo que hay es que el legislador ha querido crear un procedimiento rápido, exento de toda litis, para los acreedores cuyo derecho aparece claro, en cuyo procedimiento no tenga el deudor otro momento de ser oído que el del requerimiento, no aprovechado el cual o no estimando el Juez dignas de ser apreciadas las alegaciones que en ese acto haya hecho, no queda a aquél otro medio que promover el juicio ordinario, el que no detendrá este especialísimo procedimiento más que en la forma y con las condiciones que la ley determina.

Si la ley no hubiera querido que el Juez viera más que si se habían o no cumplido tales o cuales requisitos, hubiera dicho: «presentados estos o los otros documentos, hará esto o lo otro»; pero no que apreciará, es decir, formulará juicio sobre los hechos, los razonamientos jurídicos y las demás circunstancias de cuyo juicio son elementos no sólo las alegaciones del acreedor, sino también la resultancia de los documentos exigidos, entre los que está un requerimiento notarial o judicial al deudor, en el que no se prohibe a éste haga las alegaciones que tenga por conveniente, y que de hacerlas deben ser también objeto de esa apreciación judicial, de la que no se excluye expresamente y en la que no está de más el cumplir el aforismo de «no fallar sin oír a las dos partes».

Aun así y todo, nos parece la ley bastante dura con los deudores hipotecarios; pero si así no fuera, entonces nos creeríamos que estábamos en el caso de procurar la inmediata reforma de lo que podría estarse como una verdadera monstruosidad, al amparo de la cual y de su interpretación restrictiva ya se están haciendo horrores, tales como los de poner como causa de vencimiento de los créditos hipotecarios hasta ¡la muerte del deudor!, con lo que, sobre todo, los pequeños propietarios, y precisamente en esos tristes momentos de confusión, se ven por sorpresa despojados de sus bienes por un procedimiento en que ni son oídos, y cuando aún no han tenido tiempo ni de enterarse siquiera del estado de relaciones entre el finado y su acreedor, que así, como buitre que se ceba en carne muerta, se aprovecha de tan desgraciadas circunstancias para consumar el despojo que anhelaba con insana y usuraria avaricia.

Aparte de este caso extremo, nosotros podríamos presentar otros en que, confiando a sus deudores algunos acreedores hipotecarios, sobre todo en el pago de intereses, han cometido verdaderas estafas, o al menos actos de una usura tan tremenda como no pudo soñarlo el eximio Azcárate al idear la ley de 1908, ya que con la misma espada de otra ley mezquínamente interpretada se valen para herir a sus deudores, tanto más mortalmente cuanto son más desvalidos.

Nosotros no aseguramos de una manera rotunda que nuestra interpretación de las disposiciones legales citadas coincida en un todo con el espíritu de la ley, ya que la letra da materia de opinión para todos los gustos; pero lo que sí afirmamos es que tal interpretación es la más conforme con la moral y con la equidad; que si la letra se presta a que sea eludida o la