El Foro español (Madrid. 1898) (1915-11-20 00:00:00), página 4

tículos y uno adicional. En su primero, establece un impuesto de 10 céntimos de peseta por cada obrero y día de trabajo con cargo al patrono. El obrero, con su salario, percibe su participación; con ella no puede ni por su cuantía ni por sus condiciones actuales asegurar la vida en su vejez, lo que por ser de estricta justicia lo es igualmente nace de la riqueza que produjo, y teniendo en cuenta además las dificultades naturales a la complejidad del problema, agravadas con la inclinación humana al preferir lo no indispensable en el presente, aun a costa de lo preciso para el porvenir; la propensión al abandono del trabajo en que no se percibe el estímulo. He aquí condensada la razón del primero de los artículos para el señor Castillo.

Dicho impuesto se ingresará por el patrono, el correspondiente a cada mes, durante la primera quincena siguiente, acompañando por duplicado relación nominal de obreros y días de trabajo. Se hará el referido ingreso en las cajas establecidas al efecto en el respectivo Ayuntamiento del domicilio del patrono, recogiendo éste como renguardo una de las dos relaciones que acompañan después de estampado en ella el sello de «pagado» de la caja receptora.

¿Quienes tienen derecho a percibir la pensión vitalicia de una peseta diaria? La contestación la da el señor Ruiz en su articulado del proyecto: 1.º Los obreros que habiendo cumplido sesenta años de edad, acrediten por medio de las respectivas cajas un mínimo de cinco mil días de trabajo, o que reuniendo menor número lo completen con la suma correspondiente a otro u otros obreros, hasta diez como máximo, que voluntariamente se les cedan con descuento para ellos, si el beneficiado acredita tener desde la publicación de esta ley un promedio mínimo anual de ciento cincuenta días de trabajo. 2.º El obrero que habiendo cumplido cincuenta años acredite de su trabajo ocho mil días.

Créese en todos los Ayuntamientos un organismo llamado «Caja del seguro de la vejez y socorro del obrero». El personal de esta Caja se compondrá de un cajero o de éste y el auxiliar o auxiliares que el respectivo Ayuntamiento determine con arreglo a la importancia y necesidades de la misma, mediante la gratificación y sueldos que acuerde al hacer los oportunos nombramientos.

Tal es a grandes rasgos el juicio que nos merece el proyecto del Sr. R. del Castillo, que denota grandes conocimientos en Ciencias sociales y legislación sobre el seguro.

JOSÉ G. LLANA,
juez de primera instancia.

LA INDEPENDENCIA JUDICIAL

Un recuerdo de Salmerón

La Prensa madrileña ha dado cuenta de la traslación de los restos mortales de Salmerón, desde la sepultura en que yantán al panteón que la familia del grande hombre ha hecho construir.

Salmerón puede ser estudiado y ensalzado bajo múltiples aspectos. De esa tarea quiero prescindir ahora, sobre todo en lo que toca a la política, para fijarme en una actuación suya verdaderamente excepcional, que no tuvo precedentes, ni ha tenido imitaciones en nuestra patria.

La democracia ha tendido siempre a hacer de la llamada administración de justicia un verdadero poder del Estado, a buscar en los Tribunales de justicia el supremo amparo de los derechos del hombre y del ciudadano, no ya contra los agravios y ataques de los particulares, sino contra los del mismo Poder ejecutivo, haciendo independiente de éste la función judicial.

Y el hombre que en España más ha tendido a realizar en lo posible ese ideal, quien más ha significado esa función, ha sido Salmerón.

El 11 de Febrero de 1873 fue nombrado Ministro de Gracia y Justicia por la Asamblea Nacional que recibió la abdicación de D. Amadeo de Saboya.

Nada más que dos días después, se dirigía a la Magistratura exponiéndole el criterio a que había de atemperarse en sus relaciones con el Poder judicial, del cual decía: «que por su naturaleza está levantado sobre la colisión de las opiniones y las vicisitudes de nuestros partidos».

El quería que el ministerio augustó de los Tribunales de justicia afirmase, con la confianza de los ciudadanos, el espíritu y sentido del derecho, vivo siempre en el fondo de la conciencia humana, aunque a trechos velado, cuando los depositarios del Poder judicial, olvidando en mal hora su obligada severa imparcialidad y débiles ante las sugestiones de los partidos y de los Gobiernos, miran tranquilos la perpetua ofensa de la ley cuando no la sancionan y aun cooperan a ella; con que, no sólo despiertan en los ánimos la inquietud y el terror, sino que alimentan, con la impunidad, la anarquía de la perversión y la indisciplina del egoísmo.

De su respeto a la Magistratura daba, además, prueba invocando su eficaz auxilio para poder acometer en la Legislación las grandes reformas exigidas por los tiempos. Asegurábale que cuantas observaciones dirigieran a su departamento los miembros del Poder judicial, sin distinción alguna de categoría, serían estimadas y tenidas para su día en cuenta. «Amparando—añadía—todos los intereses legítimos, sosteniendo con energía severidad la paz pública, cooperando de esta suerte a afianzar la seguridad de la Nación, servirán los depositarios del Poder judicial, no al interés de Gobierno, que jamás prostituirá su propia dignidad y la dignidad de la Magistratura, pretendiendo hacerla instrumento de perversos y egoístas fines, sino al de la patria y del Estado, a cuyo bien, con austera devoción, nos debemos.»

No eran estas afirmaciones vanas palabras al uso, hipócritas protestas al punto desmentidas en la práctica acaso con la misma pluma que las escribiera.

Eran ideas arraigadas, sentimientos hondos y sinceros, normas de conducta con desinteres trazadas y con verdadera devoción seguidas. Los sobrevivientes de aquella época que estuvieran en condiciones de apreciar estas cosas dirán, si quieren ser sinceros, que jamás se ha sentido la Magistratura más libre de imposiciones ministeriales, directas o indirectas. Salmerón, en eso, no claudicó ni vaciló nunca un momento, por nada ni por nadie. A una Audiencia que le consultó acerca de la concurrencia a ciertos