El Foro español (Madrid. 1898) (1915-09-10 00:00:00), página 8

cargarán de prevenir a las Asociaciones de esa clase que existan en su demarcación, el derecho que las concede el Real decreto de 9 de Junio último y las disposiciones aquí contenidas.

De Real orden tengo la honra de comunicarlo a V. E. para su conocimiento y efectos oportunos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid, 3 de Septiembre de 1915.

Burgos y Mazo.

—Real orden (fecha 20 de Julio de 1915) nombrando Inspector provincial de las Prisiones de la provincia de Granada al Director de la Central de dicha capital don Mariano Nieto Esteban, y disponiendo cese en el citado cargo D. José Tellería Urrutia, Magistrado de la Audiencia de la mencionada capital.

—Idem (de la misma fecha) idem de las Prisiones de la provincia de Cádiz al Director de la Central de San Fernando D. Álvaro Ríoperez de la Puente y disponiendo cese en el citado cargo D. Juan Herrero Morillas, Magistrado de la Audiencia de la referida capital.

—Idem (fecha 1º de Septiembre de 1915) nombrando Inspector provincial de las Prisiones de la provincia de Valencia a D. Gustavo Landrón Acosta, y disponiendo cese en dicho cargo el Magistrado D. Nicolás Company Márquez.

—Idem (de la misma fecha) idem id. de la provincia de Ciudad Real al Magistrado de la Audiencia de dicha capital D. Manuel García Martínez.

GRACIA Y JUSTICIA.—Real orden resolviendo el expediente instruido a virtud de consulta elevada por el Decano del Colegio Notarial de Barcelona, sobre fe de conocimiento en las actas de protesto de documentos de giro.

Ilmo. Sr.: Remitido a informe de la Sala de gobierno del Tribunal Supremo el expediente instruido a virtud de consulta elevada por el Decano del Colegio Notarial de Barcelona sobre fe de conocimiento en las actas de protesto de documentos de giro, dicha Sala devuelve el expediente mencionado, aceptando el dictamen emitido por el Fiscal del mismo en los términos siguientes:

«El Fiscal dice: Que con Real orden de 19 del pasado mes de Junio remite el excelentísimo señor Ministro de Gracia y Justicia a consulta de la Sala de gobierno de este Supremo Tribunal la que ha elevado a dicho Centro la Junta directiva del Colegio Notarial de Barcelona.

Resulta que dicha Junta directiva hace atinadas consideraciones que aceptan las de igual clase de Madrid, Valencia y Zaragoza, para sostener que, con sujeción a su ley Orgánica y Reglamento en las actas de protesto de letras, el Notario no viene obligado a dar fe del conocimiento de la persona con quien se entiende la diligencia.

Estas consideraciones se encuentran robustecidas por otros fundamentos legales que corroboran la opinión sustentada y se refieren al hecho que se quiere hacer constar en el protesto, su objeto y significación legal y a los requisitos que exige el Código de Comercio como necesarios para que sea eficaz.

El hecho que importa acreditar principalmente en el protesto, es el de que el tenedor de la letra la presentó a la aceptación o al pago en tiempo oportuno para conservar las acciones que le competen para las personas que resulten responsables de la misma.

Así lo dan a entender claramente los artículos 509, 516 y 525 del Código de Comercio, dando a la ley tanta importancia en este respecto al protesto, que ni aun lo dispensan por fallecimiento del librado (art. 502), en cuyo caso es imposible su requerimiento personal.

No quiere esto decir que el Notario no debe en primer término hacer el protesto con el sujeto a cuyo cargo esté girada la letra, si es habido en el domicilio legal, determinado en el art. 505, según se expresa en la condición tercera del art. 504, pero es de notar que a falta del girado puede entenderse el protesto con sus dependientes, si los tuviere, en defecto de éstos con su mujer, hijos o criados, y en último término, con un vecino con casa abierta, porque lo repetimos, la ley quiere sobre todo que no deje de acreditarse documentalmente que la letra se presentó oportunamente a la aceptación y pago. Por tal razón, los Códigos han facilitado esta diligencia desde las antiguas Ordenanzas de Bilbao, en que en caso de no estar domiciliado el librador exigían que se acudiera para sacar el protesto al Prior y Cónsules, y nuestro primer Código de Comercio al Alcalde; hasta la moderna ley de Cambio alemana, que confía el protesto a un empleado de Correos, ordena que se extienda en la misma letra, y estima bastante que en ausencia del pagador se haga constar que no se le encontró en su domicilio o que no pudo hallarse en éste o su establecimiento.

Con esta necesidad del protesto y facultades concedidas por todas las legislaciones, porque abiertamente el requisito que el Código por otra parte no exige de que el Notario que lo autoriza dé fe del conocimiento de la persona con quien se entiende, que ni será siempre el librado, sino otra cualquiera de las que en su defecto están sucesivamente llamadas a intervenir, ni es presumible que todas ellas sean conocidas del Notario ni éste podrá asegurarse en tiempo de su conocimiento, atendida la urgencia con que ha de levantar el protesto, toda vez que ha de hacerse en un día, antes de la puesta del sol, redactar todas las diligencias que haya necesidad de practicar en un solo documento y entregar copia del mismo al requerido.

Ultimadamente, el protesto por lo que hace a la persona con quien se entiende la diligencia es, en suma, un requerimiento de aceptación o pago de la letra, bajo la cominación, caso de no verificarlo, de ser los gastos y perjuicios a cargo de quien hubiera dado lugar a ellos (condiciones 5.ª y 7.ª del art. 504 del Código de Comercio), y en los requerimientos judiciales que deben tomarse como norma general de esta clase de actuaciones, sólo se exige para su validez que se hagan en el domicilio del requerido, y si no fuese hallado, por cédula al familiar o criado que se encuentre en la habitación, o el vecino más próximo, sin que el Secretario en estos casos tenga que dar fe del conocimiento de las indicadas personas, bastando que se haga constar su nombre, estado y ocupación en la actuación que acredite la entrega de la cédula (artículos 266, 268, 270 y 279 de la ley de Enjuiciamiento civil).

En su virtud, el Fiscal es de dictamen que puede resolverse la consulta de que se trata en los términos que resultan del presente dictamen.»