El Foro español (Madrid. 1898) (1917-09-15 00:00:00), página 8

de contemporización a última hora con los Abogados políticos, de cuya incompatibilidad se creyó se iba a tratar como de la mayor polilla que corre la clase y de lo que ni una palabra se dijo en el cuestionario definitivo.

Sirva, pues, lo que ahora se ha hecho como semilla y ejemplo, como primer impulso de un más seguro movimiento y tomemos los defectos anotados como incertidumbre natural de los primeros pasos que, con la fortaleza que sucesivamente adquiera el que los da, pueden convertirse en andar firme y seguro.

CÓDIGO PENAL DE 1870
conocido y comentado con todas las cuestiones y casos prácticos resuelto por el Tribunal Supremo en esta materia desde 1870 a 1903 inclusive, por el
EXCMO. SR. D. SALVADOR VIADA Y VILASECA
Presidente que fue de la Sala de lo Criminal del Tribunal Supremo.
Nueve tomos, en 4°, de 594, 700, 812, 570, 465, 638, 640, 670 y 656 páginas respectivamente, 108 pesetas. En las buenas librerías.
Los pedidos a D. SALVADOR VIADA Y RAUREZ, Alcalá de Henares, 14.—Madrid
Se venden también los tomos por separado a los precios, respectivamente, de 11, 13, 15, 11, 10, 12, 12, 12 y 12 pesetas.

Los Abogados-políticos triunfan

Triunfan, sí, de toda clase de obstáculos que pudiesen oponerse al florecimiento de su industria.

En el Colegio de Abogados de Madrid, en la época en que era Decano el difunto Sr. Gamazo, que últimamente era una especie de santo, que no se dignaba ni presidir las Juntas generales, se celebró una que presidió y que era precisamente la que por motivos de delicadeza no debía haber presidido, dada su calidad de político influyente, en la que se había anunciado una proposición sobre reforma de los Estatutos en el sentido de que no pudieran ejercer la profesión los ex Ministros de la Corona, y cuya proposición defendió valientemente su autor, el ilustrado Letrado D. Juan Echevarría, hoy Abogado-fiscal de la Coruña, y fue materialmente, gros ramente arrullado por el co. o de botafumeiros y adaptables de que siempre se rodean los oropelescos-abogados-políticos.

De entonces acá el mal ha aumentado, porque en aquella época los políticos eran malos como ahora, pero como Abogados valían la mayoría de ellos. Hoy, los Abogados-políticos no son lumbreras jurídicas, y algunos están conceptualizados como verdaderas nulidades y ayunos en absoluto de práctica profesional, toda vez que han tenido el descaro de no lanzarse de hecho al ejercicio de la profesión hasta disponer de la influencia que les prestan los cargos que ocuparon y que se espera han de volver a ocupar.

A pesar de esta agravación del mal nada se ha hecho colectiva ni oficialmente para remediarla, y casi sólo nuestra protesta constante es la que ha sonado y de algunos colaboradores, Abogados o Jueces, invocando para ello el propio prestigio de la toga y de los Tribunales, coaccionados éstos y manchada aquélla por quienes ayunos de Derecho sólo cuentan con su influencia política como reclamo de litigantes que engordan sus bufetes.

Al anunciar la reunión del actual Congreso de Abogados, se dijo que entre sus conclusiones se procuraría que una de ellas fuese la declaración de incompatibilidad del ejercicio de la profesión de Abogado con haber desempeñado ciertos cargos políticos, y que en la redacción de la conclusión expresada se observaba una amplitud hasta ahora no pretendida; que a ese fin exclusivo iría a San Sebastián el colegial de Madrid y ex Diputado de la Junta de gobierno de su Colegio D. Antonio Gabriel Rodríguez. El caso es que al redactarse el cuestionario definitivo ya no se habló ni una palabra de semejante cosa, ni se ha permitido tratar de cerca ni de lejos este respecto.

¿Qué ha ocurrido para que así suceda? ¿Es que se ha temido el fracaso del Congreso sin el amparo de los políticos-letrados, y por eso se ha claudicado en este punto hasta el extremo de que en la primera sesión se confirió la presidencia del Comité de funcionamiento a un Letrado, ex Presidente del Consejo de Ministros nada menos? No lo sabemos; lo que sí sabemos es que el efecto causado ha sido desfavorable, porque si ha de fracasar el Congreso en sus resultados políticos, fracasará aún después de haberse obligado en ese punto, porque de los Abogados-políticos de altura actuales nadie puede esperar la profesión, porque conocen sus males (casi todos han sido Decanos de Colegios o han ocupado cargos en sus Juntas de gobierno), han podido hacer mucho en su beneficio sin necesidad de exaltaciones de ningún Congreso y nada han hecho, ni siquiera han oído a los compañeros que de ellos necesitaron. Y en cambio se han frustrado muchas esperanzas que había cifradas en esa Asamblea, que por ese solo hecho se creía que venía a hacer revolución desde enmedio, ya que desde arriba es una utopía el expresarlo, y desde abajo nos parece demasiado vulgar para una clase tan distinguida.

Y ha sido lástima grande que esto haya sucedido, porque ha restado simpatías a ese Congreso, que tan bien recibido fue por los elementos activos de todos los Colegios. Habría sido preferible no haber tocado ese punto a haberle anunciado y retirado después.

Y tan en el ambiente estaba ese deseo, que el señor Casas, Abogado de Pontevedra, al discutirse una de las proposiciones en la sección primera acerca de la colegiación, intentó presentar una enmienda pidiendo que de la colegiación obligatoria por provincias "se excluya a los que desempeñan cargos relacionados con la administración de justicia y a los que hayan desempeñado cargos públicos. El Presidente de dicha sección, D. José de Elósegui, Abogado del Colegio de San Sebastián, se negó a admitir la enmienda, por entender que este tema de la incompatibilidad no figuraba en el Cuestionario; pero como el Sr. Ossorio, con un altruismo muy de alabar, puesto que ya es una figura política y está llamado a más altos destinos, interviniese para abogar por la admisión de la enmienda, entendiéndolo que hay una corriente de opinión opuesta a que ejerzan la profesión los Abogados que