El Foro español (Madrid. 1898) (1917-05-20 00:00:00), página 2

Las plazas de Magistrado del Tribunal Supremo se proveerán por libre elección del Gobierno, entre los que reúnan algunas de las condiciones siguientes:

1.º Presidentes y Presidentes de Sala de las Audiencias de Madrid y Barcelona que lleven dos años en el ejercicio del cargo.

2.º Fiscales de dichas Audiencias y Tenientes fiscales del Tribunal Supremo con igual tiempo de ejercicio.

3.º Funcionarios de las carreras judicial y fiscal de la categoría inferior inmediata a las anteriores, que contando treinta años de servicios efectivos en dichas carreras, lleven cuatro, cuando menos, en dicha categoría, o tres en presidencia de Audiencia territorial de entrada.

4.º Secretarios de Sala o de Gobierno del Tribunal Supremo, que con treinta años de servicio en las carreras judicial o fiscal, o en el Secretariado judicial, lleven diez por lo menos en su cargo.

5.º Abogados que hayan ejercido su profesión con reputación notoria ante Audiencias territoriales durante treinta años, por lo menos, pagando en los diez últimos la primera cuota de contribución.

6.º Catedráticos de la Facultad de Derecho que hayan desempeñado cátedra de la misma, en propiedad, durante treinta años, y de éstos diez, cuando menos, en la categoría de término.

7.º Consejeros togados del Supremo de Guerra y Marina, que con treinta de carrera lleven ocho, cuando menos, en el desempeño de su cargo.

8.º El Subdirector de los Registros y del Notariado con treinta años de servicios en la Dirección y ocho, por lo menos, en el cargo.

Para los cargos de Magistrados de la Sala de lo contencioso-administrativo, procedentes de la carrera administrativa, serán nombrados:

1.º Los Ministros del Tribunal de Cuentas del Reino, Letrados, con treinta años de carrera administrativa, diez en el ejercicio de aquel cargo.

2.º Los Jefes superiores de Administración, Letrados, con treinta años de servicios a la Administración del Estado, que hayan dirigido con aquella categoría durante diez, algún servicio del Estado.

3.º El Secretario general del Consejo de Estado que cuente igual número de años de servicios y haya desempeñado su cargo durante ocho, por lo menos.

Cuando no haya funcionarios de estas tres categorías con aptitud legal, se proveerán dichas plazas con sujeción a las reglas que anteceden.

Dos de cada cuatro plazas de Magistrados del Tribunal Supremo serán necesariamente provistas por turno en funcionarios de las categorías primera, segunda o tercera.

Siempre será indispensable el informe del Consejo judicial respecto de estos nombramientos.

Podrán ser nombrados Presidentes de Sala del Tribunal Supremo los Magistrados del mismo que lleven tres años de servicios en el cargo.

El cargo del Presidente del Tribunal Supremo recaerá en quienes sean o hayan sido Presidentes del Consejo de Ministros o Presidentes del Senado, del Congreso de los Diputados o del Consejo de Estado o Ministros de Gracia y Justicia, siempre que hayan sido Magistrados del expresado Tribunal durante un año por lo menos.

También podrán ser nombrados los Presidentes de Sala del Tribunal que lo hayan sido por lo menos un año.

De la inamovilidad judicial y de la responsabilidad de los funcionarios judiciales

La inamovilidad alcanza a todos los Jueces y Magistrados, y consiste en no poder ser trasladados, suspendidos ni destituidos sino por las causas y en la forma que determine la ley, las cuales no podrán ser otras que las derivadas de la potestad gubernativa o de la responsabilidad de los funcionarios. Esta puede ser disciplinaria, penal y civil.

La potestad gubernativa es función exclusiva del Ministro de Gracia y Justicia, y sólo alcanza a trasladar a los Jueces y Magistrados que incurrieran en casos de incompatibilidad, o bien por razones que puedan afectar a su prestigio en determinadas localidades. En este caso se requerirá la propuesta de la Sala de Gobierno de la Audiencia respectiva, aceptada por el Consejo judicial.

Los Presidentes de Audiencias territoriales pueden ser trasladados libremente por conveniencia del servicio.

A).—De la responsabilidad disciplinaria

Los Jueces y Magistrados incurrirán en responsabilidad disciplinaria por negligencia, por desobediencia y por comportamiento censurable con sus superiores, iguales e inferiores, sin que sus actos u omisiones revistan caracteres de delito; y también a causa de su conducta pública o privada que les desprecie.

Las correcciones disciplinarias consistirán en apercibimiento, reprensión con multa, postergación para el ascenso, suspensión de empleo y privación de sueldo.

El ejercicio de la jurisdicción disciplinaria corresponde a los organismos superiores en grado, respecto de los funcionarios que deban ser corregidos. La jurisdicción disciplinaria se ejercerá en las Audiencias por las Salas o Juntas de gobierno, y es independiente de la que corresponda a las Salas de justicia, a tenor de lo dispuesto en las leyes procesales.

El Tribunal Supremo, por órgano de la Sala de gobierno, conocerá de las correcciones que procede imponer a los Magistrados de las Audiencias provinciales y territoriales; y el pleno de dicho Tribunal, formando parte de él, en tales casos, el Consejo judicial, conocerá de los hechos merecedores de corrección que puedan cometer los Magistrados del Tribunal Supremo.

Los expedientes se incoarán previo acuerdo del Ministro de Gracia y Justicia o de los Presidentes de los respectivos Tribunales. También a instancia del Mi-