El Foro español (Madrid. 1898) (1915-08-10 00:00:00), página 5

de justicia, obedece a esa absurda división, proporcionándoles para su retribución derechos bajo la contingencia de que sean o no realizables.

El trabajo es de suyo cosa sacrosanta para abandonoarle a tal ventura, y requiere otro imperio más acedido que el de la probabilidad, para que esos humildes funcionarios puedan resolver, como todos, el problema complejo de vivir.

Por hoy nada más, pero necesario es el que machaquemos.

ÁNGEL A. MORÁN,
Oficial de Sala de la territorial de Oviedo.
22 Junio, 1915.

Autoridad de justicia del Notario. (1)

(CONCLUSIÓN)

La ley de 16 de Marzo de 1806, separó definitivamente la fe judicial y extrajudicial, haciendo incompatibles las funciones de Notario con la de Juez y Secretario (art. 7.º). La reunión en una persona de la fe notarial y judicial, como sucedía en las jurisdicciones subalternas, dificultó y retardó la emancipación del Notariado y mantuvo la confusión de atribuciones por largo tiempo (2).

IV. No exponemos antecedentes por gusto de historiarios, sino para encontrar los principios a que responden.

En nombre del Rey, fuente de toda jurisdicción en lo antiguo, se instituyeron los Magistrados que juzgan (Jueces) y declaran el derecho (Notarios). Ya se conocía al Juez la facultad de certificar, ya se invistió al Secretario con autoridad de justicia, surge el Notario participando de la naturaleza del Juez para la ejecución de los actos, y de la del Secretario para autentizarlos.

El carácter ejecutorio es obra de justicia, porque sólo se puede ejecutar el derecho ya declarado y cierto en su existencia y extensión.

«Tanto importa que por una supervivencia de la confesión en juicio autoricen los tribunales los contratos.» (Planiol.) «O que conceda la ley al Notario autoridad judicial para dirigir los convenios, hacerles auténticos y ejecutivos, con la misma fuerza que antes tenían.» (Damarte.) Equiparación de confesión en ejecución (in jure), y la judicial (in judicium), en las demás igual valor y se aplica la regla confessus pro judicato habetur. Si las partes se hallan juzgadas, no hay que discutir, denotar y resolver, debe ejecutarse lo juzgado. Ya pronunciaron por sí mismas la sentencia.

El procedimiento con sus trámites y diligencias ha de consistir en una comparecencia de las partes ante el funcionario con autoridad para recibirlas confesión, lograr conformidad y declararla en el documento. Ellas resuel-

ven y terminan sus diferencias hasta llegar al acuerdo con auxilio del funcionario.

Lo que se dice de la transacción es aplicable a todos los convenios, porque se perfeccionan con la completa coincidencia de las voluntades en los menores detalles. Dudas, violaciones y discrepancias que había en el período de preparación, se disiparon con el consentimiento. No son posibles la desavenencia y controversia. Resultan ciertos los derechos en su existencia y extensión y la litis innecesaria para declararlos. Resplandece la verdad seguramente, íntegramente, sin las perplejidades de lo fallado. La sentencia es verdad legalmente por una presunción, y puede no serlo realmente: Res judicata pro veritate habetur. Muchas veces sale del juicio la baza del barbero convertida en yelmo de Mambrino. «En la transacción pronuncian las mismas partes su sentencia», dice Guyena.

La transacción tiene la autoridad de cosa juzgada. Desde un rescripto de Diocleciano y Maximiliano: Non minorem autoritatem transactionum quam rerum judicatarum esse, recta ratione placuit. Porque impide o termina un proceso. Produce la excepción de lo juzgado: respetarla como verdad. Pero alguno advierte que es la misma excepción de todo contrato (1). Tampoco se permite ir contra los propios actos, e impugnar lo pactado, pues hay que cumplirlo: pacta sunt servanda. Los convenios impiden el litigio, concierto y fijan los derechos, no dejan vaguedades e incertidumbres, concluyen las discordias, transigen y resuelven las diferencias que se oponen al mutuo acuerdo. Iguales efectos de concordia, e instrumentos de paz. Parecidas concesiones, hechas recíprocamente para hallar la equivalencia de las prestaciones. Declaraciones análogas para reconocer derechos y obligaciones.

La transacción no es título, sino confesión del mismo. Por eso, la judicial confesión con juramento se equipara a una transacción: jus jurandum especiem transactionis continet. Entranán reconocimiento del derecho de otro, como el fallo.

No deben entrañarnos semejantes coincidencias, tratándose de manifestaciones de la voluntad en una u otra forma. Nace siempre el derecho por obra soberana de la voluntad, que al someterse a la ley, ésta la reconoce y garantiza con los efectos apetecidos, sujetándola a su imperio de poder y fuerza. Lo importante está en la declaración de voluntad. Clara y explícita en la confesión y convenios, no presenta ambigüedades.

Se muestra oscura, hay que buscarla y hallar sus determinaciones. Se consigue por la litis, contrato judicial en que las partes, al someterse, dejan su voluntad en el juez, para que este supla la del obligado en el reconocimiento debido, y proclame los derechos entre ellas cual manifestación expresa o presunta de su misma voluntad.

El procedimiento voluntario o contencioso tiende a la demostración de la voluntad, y la función de la autoridad se reduce después de averiguarla a su confirmación y sanción. Le imprime el sello de la ley para acreditar su

(1) Véase el número 631.
(2) Véase el apéndice sobre el Notariado, por Bandry, La cantinerie. Des Obligations, tomo XIV, pág. 464.

(1) Bandry, La cantinerie et Vhal, Des contrats, tomo XXIV, pág. 692.