El Foro español (Madrid. 1898) (1917-10-10 00:00:00), página 2

«Inspirada en esta idea—en la de la preferente antigüedad para proveer las vacantes—, con el deseo de que desaparezca toda desigualdad de criterio en asunto tan relacionado con el bienestar de los jefes y oficiales, la presente disposición se orienta en el sentido de que las ventajas y las penalidades se distribuyan equitativamente y que el natural movimiento de las escalas produzca, al ir dejando vacantes sucesivamente todos los destinos..., la seguridad de que más o menos pronto llegarán a ocupar aquel... en que pusiéron sus miras. Con este procedimiento desaparecerá, a no dudar, de modo radical, la perniciosa influencia de la recomendación, tan arraigada en nuestra vida social, por cuanto será inútil en lo sucesivo emplearla... y se evitará... el desdoro de tener que valerse de recomendaciones tantas veces reprobadas y que constituyen para quien, tácita o explícitamente las consiente o pone en juego, la mejor prueba de que no se considera con suficientes méritos personales para obtener lo que solicita.»

¿Sabéis quien tan eloquentemente abomina del sistema vicioso del favor y da garantías para exterminarlo? Un Ministro de la Guerra. Lo transcrito son fragmentos del preámbulo del decreto de 30 de Mayo último, referente a la regularización del sistema de proveer los destinos de jefes y oficiales en el Ejército.

Todavía el Cuerpo judicial no pudo conseguir cosa análoga. Su disciplina es más áspera y dura y no consiente otorgar garantías a la comunidad.

Volviendo a nuestro tema.

La Real orden de 28 de Junio ¿puede acabar con el vicioso sistema condenado en el preámbulo copiado? ¿Hay garantías para que así suceda?

En esta disposición no se establece ninguna base con arreglo a la cual hayan de proveerse los destinos. Incidentalmente se habla de que la antigüedad es el sistema que más restringe el arbitrio ministerial. Pero de ello a decir que «los destinos... se adjudicarán al Jefe u Oficial más antiguo entre los de la correspondiente categoría...» (artículo 1.º Decreto citado), media un abismo insalvable: el que separa a la presunción de la certeza. Presumir, es sospechar o conjeturar por indicios o señales. Certeza, es el conocimiento cierto y seguro de alguna cosa.

El funcionario que tiene seguridad de ser trasladado por derecho propio, no se humilla en bajezas mendigando lo que le corresponde. Y si hubiese alguno que lo intentara—que loco de atar tendrá que ser—, por dignidad del Cuerpo merecería ser degradado de su honrosísima investidura.

Y continuando en el análisis de la Real orden citada, en el terreno de la hipótesis y suponiendo que el criterio de antigüedad no se acepte o no se aplique, el desdichado Juez que tuvo la desventura de ser nombrado para un lugar de castigo y quiera reparar su infortunio, se encontrará en un dilema parecido al que inspiró a Benavente su boceto de comedia ¡A ver qué hace un hombre! Si solicita, nada consigue; si acude al favor en apoyo de su pretensión, se toma de ello nota desfavorable en su expediente personal.

¿Qué hacer? Para estos estados morbosos cuenta con muy pocos remedios la terapéutica espiritual. Mansa resignación. Paciencia en la adversidad. Sufriente en la desgracia... y la profilaxis adecuada para evitar una hepatitis.

Y si el paciente paciente resiste incúlme la postergación por sus compañeros más modernos, y no se marcha a otra carrera—como se observa en la judicial con la deserción continua de los mejores y más justos y más prudentes, hartos de luchar y sufrir—, le alentará la esperanza de que algún día, por fuerza de la necesidad común, será un hecho la aspiración general de que las vacantes se provean en un concurso.

** En un concurso, sí. Que será en los días felices en que con algo más estable y firme que un decreto se asegure a los funcionarios judiciales la tranquilidad de que ascenderán por rigurosa antigüedad de la primera a la última categoría en su carrera y se evite la amenaza de la elección—libre o condicionada—, que parece mental, aún está suspendida sobre sus cabezas, como la espada del conocido cortesano adulador de Dionisio el Tirano de Siracusa. Dízalo si no el decreto de 18 de Mayo último, unánimemente condenado por propios y extraños y hasta por personas tan ajenas a las funciones judiciales como D. Miguel de Unamuno, que muy graciosamente lo calificó en un artículo publicado no ha mucho tiempo en El Dia.

Para establecer el sistema de concursos basta con implantar lo que sobre la materia rige con aplauso general en el Cuerpo de Registradores de la propiedad, a mi juicio el más perfecto, por ser el que más se opone a clandestinidades. A esta reforma, que no lesionan derechos de nadie ni intereses creados, tampoco puede oponerse la razón de la penuria nacional ni la peste endémica de las exhaustas arcas del Erario. Se trata de un rudimentario y vulgarísimo caso de justicia distributiva.

Pero aun si no se quisiera hacer nada nuevo, basta y sobra con restablecer el art. 4.º del decreto de 5 de Febrero de 1906 y aplicarlo. Que en este punto opino como Don Quijote, cuando advertía a su escudero-gobernador: «No hagas muchas pragmáticas; y si las hicieses, procura que sean buenas, y, sobre todo, que se guarden y cumplan; que las pragmáticas que no se guardan, lo mismo es que si no lo fuesen; antes dan a entender que el principio que tuvo discreción y autoridad para hacerlas, no tuvo valor para hacer que se guardasen; y las leyes que atemorizan y no se ejecutan, vienen a ser como la viga, rey de las ranas: que al principio las espantó y con el tiempo la menospreciaron y se subieron sobre ella.»