El Foro español (Madrid. 1898) (1917-07-15 00:00:00), página 3

de Sala y los Fiscales deberán tener indispensablen- te la plaza y el Presidente; los Presidentes de Sala y el Teniente fiscal del Tribunal Supremo ten- drán así mismo la banda del Mérito judicial.

Por consecuencia, el Gobierno nombrará libremente entre los condecorados: para Presidente y Fiscal de Audiencias provinciales, a un Magistrado de ascenso; para Presidente y Fiscal de Audiencias territoriales, a un Magistrado de término; para Presidente y Fiscal de las Audiencias de Madrid y Barcelona, a un Magis- trado del Supremo y, en fin, para Presidente, Presi- dientes de Sala y Teniente fiscal del Supremo, a Magis- trados del mismo Tribunal que sean caballeros de la Banda; por último, los Presidentes de Sala de las Audiencias se nombrarán entre los condecorados de igual categoría que los demás de la Sala.

Los Jueces serán jubilados a los sesenta años de edad; los Magistrados de Audiencia a los sesenta y cinco, los Magistrados del Supremo a los setenta y su Presidente a los setenta y cinco. Aparte de las ju- bilaciones por imposibilidad física que la ley esta- blezca.

En las dichas condiciones el abuso sería muy difi- cil, quedando la dignidad e independencia judicial aseguradas pues a ello también contribuiría, en opuesto sentido, una justa y efectiva responsabilidad, aplicándose las debidas correcciones gubernativas y, en su caso, las más graves del Código penal.

CARLOS CARRASCO MALDONADO,
Juez de primera instancia
Tortosa, 19 de Junio de 1917.

Ejercitando el derecho de petición

Publicado el Real decreto de 18 de Mayo último, estí- mé que encerraba extremada gravedad, por la trans- cendentes consecuencias que su ejecución implicaba para los funcionarios judiciales, y consideré conve- niente realizar, por mi cuenta y riesgo, y con la pre- cisa urgencia, una gestión, con el objeto de procurar atenuar, en lo posible, los efectos de la aplicación del decreto.

Fuí a Madrid, me presenté al entonces Ministro de Gracia y Justicia Sr. Ruiz Valarino, refrendante del decreto, y, claro es que con todos los respetos que mi situación impónia, y previa su venia, le rogué se dignara indicarme si las acertadísimas y oportunís- mas palabras de la Exposición de motivos: «encauzar dentro de estrechos límites las facultades ministeria- les relativas a nombramientos y ascensos», habrían de ser consideradas como preceptivas, «al alegir for- zosamente el Gobierno para los turnos de elección entre los funcionarios comprendidos en las listas»; y, por consecuencia, serían preferidos los méritos supe- riores, calificados, en orden de importancia, por el Consejo judicial, y si éste hará de hacer la propues- ta en tal forma de justa prelación.

A estas objeciones, que implicaban una reclama- ción, expresadas cautelosamente en forma de pre- gunta, me contestó el Ministro: Que en la exposición de motivos no se encontraba más que una fuente de interpretación o de aclaración de los preceptos conte- nidos en la ley o en el derecho a que la misma aludía; que el decreto estaba suficientemente claro y no ha- bría lugar a dudas, y que la potestad ministerial se hallaba ya suficientemente limitada por las listas que formara el Consejo judicial.

¿Cómo interprete la auténtica interpretación del de- creto? Pues como si el Sr. Ruiz y Valarino hubiera exteriorizado léxicamente su ministerial pensamiento con las siguientes palabras: «El Consejo judicial podrá formar la lista que quiera. Y yo elegiré a quien me plazca». La cortesía del ilustrado señor Ministro le impidió expresarse, literalmente, así; pero, yo, así lo deduje.

En su virtud, y sin yo pretender, por razón de lugar y de momento, formular una revisión de valores, hacéndome cargo de la situación y circunstancias, pensé sacar el mejor partido posible de los hechos consumados y ver de aprovechar la ocasión para ini- ciar gestiones en pro de justos y necesarios mejora- mientos de orden orgánico, y ejercitando respetuosamente el innegable e indiscutible derecho de petición, recibí del señor Ministro la venia para remitirle di- rectamente una sucinta relación de solicitudes de carácter orgánico; y el señor Ministro, atentamente, me autorizó a tal efecto. En su consecuencia, el día 6 de los corrientes le elevé la nota que, textualmente, decía:

«Se ruega al excelentísimo señor Ministro de Gracia y Justicia:
1.º - Restablezca la vigencia del Real decreto del señor García Prieto de 5 de Febrero de 1906, sobre provisión de vacantes, en abreviado y riguroso con- curso de antigüedad entre los peticionarios de la mis- ma categoría de las vacantes, y, sucesivamente, se hagan las promociones a las resultas, con arreglo al derecho vigente.
2.º Regule la concesión de licencias y sus prórro- gas, sin exigirse la previa formación de expediente acreditativo de enfermedad, y bastando que la solici- tación se haga en papel de oficio.
3.º Recabe de las Compañías ferroviarias la facili- tación del carnet, en condiciones similares al del ele- mento militar.
4.º Aclare el art. 839 de la ley Orgánica del Poder judicial, en el sentido de que los Fiscales se repartan un trabajo igual al de los Tenientes y Abogados fis- cales, tomando por base la circular de la Fiscalía del Tribunal Supremo de 31 de Diciembre de 1882.
5.º Rectifique la disposición que niega a los funcio- narios judiciales el constitucional derecho de asocia- ción para fines cooperativos.
6.º Suprima, para lo sucesivo, la concesión del beneficio de mejora de antigüedad a los funcionarios que sirvan en África, Baleares y Canarias.
7.º Ascienda en los turnos de elección a los funcio- narios que el Consejo judicial proponga por orden de