El Foro español (Madrid. 1898) (1915-10-10 00:00:00), página 3

muestra el muy expedito despacho de la Justicia en este Tribunal modelo. A la presentación de una demanda se corre traslado al demandado, a quien se «previene», para que conteste dentro del término de treinta días, si fuere el Gobierno del país donde tiene su asiento la Corte, o dentro de sesenta días si fuere uno de los otros Gobiernos. Solamente durante la primera mitad del plazo concedido para contestar la demanda, se admitirán excepciones dilatorias por parte del demandado, las cuales deberán resolverse en la segunda mitad; y tales excepciones, presentadas fuera del tiempo citado, se reservarán para la sentencia final. Si la excepción dilatoria es admitida, la irregularidad o defecto en que se fundó podrá ser enmendada por revocatoria o de otra manera, y el proceso seguirá su curso. Si la demanda no fuere contestada dentro del primer período, podrá hacerse una segunda notificación para que sea contestada dentro del término de veinte días, y, en su defecto, la Corte procederá a dictar sentencia en rebeldía dentro de los siguientes treinta días. Se dictará un auto fijando día para la vista dentro de los diez primeros del término para la sentencia, y las partes pueden alegar de palabra o por escrito. La votación de la sentencia será de acuerdo con un Cuestionario, el cual contará todos los puntos de hecho y de derecho en litigio, según como aparezca en el expediente; dicho Cuestionario será formulado por el Magistrado Presidente y sometido al Tribunal para el voto de los Magistrados.

El 25 de Mayo de 1908 tuvo lugar la inauguración formal de la Corte en medio de gran ceremonial apropiado a tan notable ocasión. Apenas instalada, la Corte conoció de una primera demanda; y por primera vez también, en la historia del mundo, se presentó el solemne espectáculo de una Corte de justicia reunida para juzgar entre naciones como partes litigantes ante ella. Este primer caso es más que notable en varios aspectos, comenzando con el hecho singular de que la Corte misma, por telégrafo, el día 8 de Julio, invitó a las partes a invocar su jurisdicción, en vez de provocar una guerra que pudiera estallar entre varias de las Repúblicas que se habían obligado a mantener inalterable paz y amistad. Otra faza notable es la que, en respuesta a la invitación telegráfica, se interpusieron prontamente formales querellas ante la Corte por el Gobierno de la República de Honduras en contra de los de El Salvador y Guatemala; estas querellas, junto con los autos y mandamientos de la Corte, fueron transmitidos por telégrafo, verdadera innovación en los procedimientos de una Corte arbitral. El expediente de esta célebre causa tiene 187 páginas, inclusive la sentencia del Tribunal, la cual contiene extensamente los alegatos, pruebas documentadas, pruebas verbales y los considerandos y resultandos de la Corte. Haremos un breve extracto de los alegatos y de la sentencia final:

En el escrito de demanda, Honduras imputaba a los Gobiernos de El Salvador y Guatemala haber «protegido y fomentado el movimiento revolucionario que actualmente se agita contra las autoridades constituidas de la República de Honduras» y de haber «violado la neutralidad que debieron observar de acuerdo con el art. 2.º del Tratado de Washington», y hacía cargos contra «los Gobiernos de las Repúblicas de El Salvador y Guatemala, por los perjuicios a vidas y a haciendas, ocasionados con el actual conflicto armado»; por el injustificado escándalo que causará ante las otras naciones el quebrantamiento de la fe pública; anunciaba «suficientes pruebas para demostrar la culpabilidad de los Gobiernos que acusa» y finalmente pedía que la Corte «determine inmediatamente el statu en que los Gobiernos de El Salvador y Guatemala han de permanecer a fin de prevenir mayores daños, hasta que la Corte pronuncie sentencia condenando a estos Gobiernos, como es debido».

La Corte, desde luego, dictó el 13 de Julio de 1908 un auto interlocutorio en forma de mandamiento, en el cual, «a fin de determinar el statu en que las altas partes interesadas han de permanecer, pendiente la decisión final de la demanda», ordena y manda las siguientes importantes prevenciones:

«Los Gobiernos de El Salvador y Guatemala deberán:
a) abstenerse de cualquier movimiento o medida militar, naval o terrestre, que pudiera directa o indirectamente implicar intervención en la República de Honduras;
b) concentrar a todos los emigrados que se sospeche estén interesados en la revolución hondureña o que sean hostiles al Gobierno de Honduras; c) evitar que se hagan preparativos o cualquiera especie de movimiento destinado a ayudar o fomentar el conflicto dentro de sus propios territorios; d) procesar rigurosamente a cualquiera persona que fomente la lucha, en una u otra forma; e) desarmar y concentrar en un lugar, cualquiera fuerza revolucionaria que penetre en su territorio; f) dar de baja a todo emigrado centroamericano que tenga empleado a su servicio, y compelirlos a residir en sus respectivas capitales, sujetos a estricta vigilancia; g) reducir sus fuerzas militares a la proporción necesaria para su servicio ordinario, más los destacamentos necesarios en puntos adecuados a lo largo de sus fronteras, con el fin de evitar que lleguen auxilios a los revolucionarios, en hombres, municiones de guerra o vituallas. Por su parte el Gobierno hondureño se abstendrá de toda acto hostil contra las Repúblicas antes citadas.

¡Mirabilis dictum! El simple decreto de la Corte puso fin a la guerra. Los Gobiernos demandados se sometieron al fallo judicial, y la revolución de Honduras se detuvo. La ley había triunfado sobre las armas, y la decisión de una Corte sobre una revuelta.

Las partes contendientes se inclinaron ante la sentencia judicial. Un casus beli convirtióse así en res judicata. Mi amigo, el Dr. James Brown Scott, Presidente de la Sociedad Americana de Derecho Internacional, y editor de un periódico trimestral, comentando el caso, dice muy atinadamente: «la decisión marca un gran progreso hacia el arreglo judicial de disputas internacionales y demuestra la completa analogía entre el Derecho público y el Derecho privado».

Corto tiempo después del notable éxito de este primer caso, un movimiento sismo destruyó el templo de la Justicia que daba albergue a esta Corte; pero felizmente será reconstruido y el Tribunal ha continuado sin interrupción las labores pacíficas para que fue creada. El más reciente caso de que conoció el Tribunal, o sea el de D. Alejandro Bermúdez contra el Gobierno de la República