El Foro español (Madrid. 1898) (1917-04-10 00:00:00), página 4

advierten varias deficiencias en un ramo cualquiera de la organización del Estado y se conviene en la forma de corregir alguna de tales deficiencias, por urgente que sea esta corrección, no debe hacerse mientras no pueda hacerse la de todos los demás defectos observados.

¡Vaya por Dios, vuelvo a decir!
Y sigo haciendo historia.
Pero el Sr. Álvarez Valdés no se desanimó ante el obstáculo apuntado, ni aun contra otro obstáculo que vino a actuar de coadyuvante de aquél, en forma de suspensión de las tareas parlamentarias, y convencido de la bondad y de la procedencia de su propósito, apenas en 29 de Enero último se reanudaron dichas tareas, buscó ocasión de volver de nuevo a la carga y, hallándola propicia en la presentación del proyecto de ley sobre aumento de dotación del Clero rural, propuso una enmienda que, según referencias, era del tenor siguiente:

«Al Congreso:
Los Diputados que suscriben tienen el honor de someter a la deliberación y acuerdo de la Cámara el siguiente enmienda al dictamen de la Comisión del proyecto de ley presentado por el señor Ministro de Gracia y Justicia, sobre aumento de dotación de los curas párrocos rurales:
A continuación del art. 5.º del proyecto, se adicionará el siguiente:
Art. 6.º Se autoriza igualmente al Gobierno para aumentar, desde luego, los sueldos de los funcionarios de las carreras judicial, fiscal y del Secretariado judicial, retribuido en esa forma, con arreglo a las cifras señaladas en las bases 13, 17 y 18 del dictamen de la Comisión, fecha 6 del corriente, sobre el proyecto de reforma de las leyes orgánica del Poder judicial, y las de Enjuiciamiento civil y criminal, hasta que ese proyecto adquiera fuerza de ley.
Con tal fin, se considerará ampliado, en la cantidad necesaria, el crédito asignado en el capítulo III, Sección 3.a del presupuesto de gastos de los departamentos ministeriales, al cual habrán de afectar, en el sentido de reducción, las bajas ocasionadas por la amortización de plazas que prescribe el art. 19 del dictamen de la Comisión general de presupuestos del Congreso, sobre el articulado de la ley de Presupuestos para 1917, puesto en vigor por el art. 4.º del proyecto de ley de autorizaciones, aprobado por el Congreso.
Palacio del Congreso... de Febrero de 1917.—Ramón Álvarez Valdés.—Melquiades Álvarez.—Ángel Ossorio. E. Indalecio Corugedo.—Augusto Barcia.»
Según las mismas autorizadas referencias antes aludidas, habían de firmar también dicha enmienda (que al decir de aquéllas, estaba como queda transcripta, es decir, tan sólo a falta de cubrir la fecha del día) los Diputados ministeriales D. Gerardo Doval y D. Andrés Aragón, pues ambos habían manifestado deseos de hacerlo así; pero el proyecto de ley a que la misma se refiere, aun cuando obtuvo dictamen favorable en las Comisiones, no llegó siquiera a figurar en la orden del día, y como las Cortes se han cerrado de nuevo y, al parecer, este cierre va a ser más duradero que el anterior, no nos queda más recurso que tomar una fuerte dosis de «Aguantaina», específico muy indicado para sobrellevar el fastidio y esperar otra etapa parlamentaria.
Con que, ya lo saben mis queridos compañeros, «Aguantaina» a todo pasto... y esperar.
FERNANDO PÉREZ FONTÁN
Juez de primera instancia e instrucción
2 de Marzo de 1917.

Por la Judicatura

Del discurso pronunciado por el Relator de la Audiencia de Madrid y Diputado a Cortes, D. Ramón Álvarez Valdés, en el Congreso de los Diputados el día 10 de Diciembre de 1916:

«No he de incurrir en el error de hacer largas disquisiciones para demostrar lo que significa la administración de justicia en toda sociedad política bien organizada; sería una ofensa a la cultura de la Cámara entrar por este camino. Tampoco he de decir cuál es el importante papel que en el organismo político y social tienen asignado los encargados de administrar justicia. Pero no debo omitir, porque esto se relaciona directamente con la argumentación que he de utilizar, que al funcionario judicial no sólo se le exige la posesión de aquellas condiciones relevantísimas de idoneidad probada, de honorabilidad indiscutida, sino que también se le demanda que en su vida privada conserve aquellas exterioridades de decoro que son indispensables en los que ejercen tan elevado ministerio, y claro es que si el funcionario judicial tiene este deber y esta obligación ha de existir por parte del Estado el deber correlativo de rodearle de aquellos medios económicos indispensables para que ese decoro no falte en ningún momento, para que por esta causa no padezca su prestigio, y claro está también que al llamar esta necesidad debe hacerlo con mayor amplitud que cuando se trata de retribuir a otros funcionarios públicos.
Hay para ello una consideración que no puede echarse en olvido. Los demás funcionarios públicos, salvo contadas excepciones, no están obligados a acomodar su vida privada a aquellas exigencias suntuarias de que no puede prescindir el funcionario judicial, y además gozan, con rarísimas excepciones, de la más amplia libertad para procurarse, por legítimas manifestaciones de su actividad, los medios necesarios para completar lo que es indispensable en la satisfacción de sus más apremiantes necesidades, que no alcanzan a cubrir, en la mayoría de los casos, con el mezquino haber que el Estado les asigna por el desempeño de sus respectivos cargos. Pero el funcionario judicial, ahorrojado por multitud de incompatibilidades, bien fundadas y establecidas, pero que se ex-