El Foro español (Madrid. 1898) (1916-05-10 00:00:00), página 5

Si el acusado ofreciese aportar pruebas en justificación de la inexactitud de los hechos que se le imputan, se accederá a dicha petición, dando por terminada aquel día la comparecencia; de todo lo actuado se levantará la oportuna acta extendida por el Secretario y firmada por todos los concurrentes, señalándose al efecto el plazo que se concede para las justificaciones o pruebas solicitadas. Ese plazo no podrá exceder de quince días, durante el que se procederá a la proposición y práctica de la prueba ofrecida por el denunciado.

Art. 25. En los primeros cinco días del plazo señalado en el artículo anterior propondrá el acusado por escrito, que en sobre cerrado y lacrado dirigirá al Presidente del Tribunal, las pruebas de que intente valerse, siendo admisibles todas las que el derecho esté a ello.

El Tribunal se reunirá en el día inmediatamente siguiente a la propuesta de prueba y admitirá toda la que crea pertinente al caso, pudiendo rechazar las demás sin ulterior recurso en uno y otro caso. En esa misma reunión se harán los señalamientos para las comparecencias que sean necearias y se designarán los dos Vocales que, en unión del Secretario del Tribunal, formen la Comisión ante la que se practiquen las pruebas que haya necesidad de realizar fuera del local donde las reuniones se celebren.

Del resultado de cada una de las pruebas que se practiquen se levantará la oportuna acta, que suscribirán todos los que asistan a ellas, y a la que se unirán, en su caso, los documentos que se presenten o que sean aportados en virtud de las mismas.

Art. 26. Practicada toda la prueba o terminada la comparecencia de que trata el art. 24 en el caso de no haberse propuesto, y oído el acusado o su defensor, si lo pidieren, el último día de los señalados para la práctica de pruebas, o al final de la comparecencia, si aquéllas no se propusieren, el Presidente del Tribunal declarará concluso el juicio; y en el plazo de tres días se dictará el fallo que corresponda, resolviéndose si están o no probados los hechos o actos a que se refiera la actuación, y si, por consiguiente, el acusado es o no es digno de continuar perteneciendo al Colegio y de seguir ejerciendo la profesión, fundamentándose o razonándose cualquiera de estas decisiones en el acta en que se tome el acuerdo definitivo, y en la que además se con ignarán cuantas manifestaciones se hagan por los Jueces del Tribunal de honor.

Después de la deliberación se votará por boas blancas y negras. Estas últimas afirmarán la culpabilidad y a éstas la inculpabilidad, y el fallo será o no firme y ejecutorio, según el resultado que ofrezca dicha votación y conforme se establece en los artículos siguientes.

Art. 27. Para que el Tribunal pueda fallar favorablemente al acusado, bastará mayoría de boas blancas; y no habiendo absoluta unanimidad en este fallo, ni haciéndose declaración alguna acerca de la falsedad de la denuncia, se devolverá la instancia a los denunciantes, expresándose al pie la resolución recaída sustentadamente y el resultado de la votación. Al interesado, si lo pidiere, se le entregará copia de todo lo actuado, la cual se sacará a su costa.

En un archivo reservado, y cuya clave custodiará el Secretario del Colegio de Abogados, se guardarán las actuaciones y fallos de los Tribunales de honor que no se eleve al Tribunal Supremo o al Ministerio de Gracia y Justicia.

Art. 28. Si el fallo favorable al acusado le fuera por unanimidad y el Tribunal declarase la denuncia calumnia; los Abogados que la formularon serán, por solo este hecho, sometidos al Tribunal de honor sin previo antecedente, procediéndose en este caso, en cuanto a la tramitación del juicio, del modo previsto en los artículos precedentes.

La copia de estas actuaciones y del fallo, que puede significar en este caso un título de honor para el interesado, se le entregará, si la pidiera, y se le librará a su costa como en el artículo anterior se especifica.

Art. 29. El fallo condenatorio habrá de resolver los siguientes extremos:

1.º Si el Abogado de que se trata, sin determinar cuáles, ha cometido actos o realizado hechos graves que le hacen desmerecer en el concepto público y social como tal Abogado, y, por tanto, procede acordar y se acuerda su expulsión del Colegio y la inhabilitación perpeta para el ejercicio de la profesión dentro del territorio español, comprendiendo la Península, islas adyacentes, Canarias y territorios de África, sujetos a la legislación peninsular.

Y 2.º Si en su caso, por no ser la falta o el motivo suficientemente grave para adoptar esa resolución, ha lugar solamente a la imposición de una corrección disciplinaria, bien de baja temporal en el ejercicio de la profesión, o multa de 100 a 1.000 pesetas.

En este último caso, el Decano del Colegio de Abogados, dando cuenta del citado acuerdo a la primera Junta de Gobierno que se celebre, y con arreglo a los Estatutos, acordará la corrección que se le imponga al declarado culpable y la cuantía de la multa.

Art. 30. Tratándose de funcionarios del orden judicial, la pena que se podrá imponer al encartado será necesariamente la de que trata el número primero del artículo anterior, si el fallo es condenatorio, porque de no declararse la falta grave, la resolución se reputará siempre favorable, cualquiera que sea el concepto que de los hechos forme el Tribunal de honor.

Art. 31. El fallo condenatorio, según queda indicado en el art. 29, se adoptará por los Jueces mediante votación con bolas negras y blancas, entendiéndose que el vocal que vote con bola negra, vota por la condena. Para que tal acuerdo sea ejecutivo es preciso la unanimidad más absoluta de los votos del Tribunal. Si de la votación resultase por lo menos una bola blanca, esto es, que un voto discrepaba de los demás, quedará en suspensión la resolución, y el Tribunal volverá a reunirse el día que se señale al efecto para repetir la votación, debiendo en esta segunda y definitiva sesión dictarse necesariamente el fallo; para ello será bastante mayoría absoluta de votos de entre los asistentes;