El Foro español (Madrid. 1898) (1916-11-10 00:00:00), página 2

Contra el abuso de las pobrezas

Coincidiendo con un notable artículo del ilustre Letrado Sr. Fernández Cancela, publicado en El Imparcial, apareció otro en EL FORO ESPAÑOL, y después otros en la Revista de los Tribunales y en Revista Jurídica, abogando porque, en la medida de lo posible, se corte el abuso de las pobrezas, al amparo de las cuales se acorrala al litigante que no puede ponerse en condiciones de disfrutar ese beneficio o realmente no se encuentra en ellas.

En efecto; si el pretendido pobre era demandado, porque la pobreza es coetánea con el pleito, y si es demandante porque apenas puesto en marcha el asunto se viene con la pobreza, con lo que la marcha de aquél ya no se interrumpe, lo cierto es que las pobrezas se interponían para dar tiempo a que el pleito terminase, y luego, aunque la pobreza se perdiese, con una diligencia de insolvencia se dejaba todo terminado y consumado el sacrificio del litigante rico, que, al hacerlo con un pobre, aun ganando pierde siempre.

Pues bien; la Sala de lo civil del Tribunal Supremo, que preside el dignísimo y muy competente Magistrado D. Eduardo Ruiz y García de Hita, ha dictado dos resoluciones que contribuirán bastante a que el tal abuso cese, cuando menos en llegando a ese Tribunal, y por las que se declara que mientras no se haya obtenido sentencia definitiva en las pobrezas, no está excusado el supuesto pobre de hacer el depósito que la ley marca para que el recurso de casación pueda ser admitido.

Claro está que puede suceder, como algunos han dicho, que al que realmente venga a estado de pobreza, por ejemplo, estando el asunto en la Audiencia, no le dé tiempo a sustanciar ésta antes de tener necesidad de interponer aquel recurso, con lo que se privará de la más importante de las instancias a algunos que en realidad sean litigantes de buena fe. No desconocemos la importancia del argumento, y merece pensarse en él, pues de todos modos era de tal necesidad el hacer algo contra el tremendo abuso de las pobrezas, y tal número es el de las que falsamente se entablan y maliciosamente se detienen, que la resolución de aquella Sala está justificadísima y máxime que esa era la práctica hasta el año 1888, y de necesidad e higiene judicial ha sido el resucitarla.

Plácemes merece, pues, este primer movimiento hacia la curación de un mal que constituye una verdadera gangrena y que hay que pensar seriamente en la manera de acabar con él.

Los dos autos recaídos con fecha 27 del pasado Octubre sobre esta importante materia declaran la inadmisión de los recursos por no haberse constituido los depósitos previos por los que venían defendiéndose como pobres, sin estar amparados por una sentencia que les reconociera el derecho a este beneficio, y dicen así en su parte fundamental:

Recurso de casación por infracción de ley. Madrid. Secretaría de Martínez Ruiz. Núm. 335. D. Calixto Montero Velasco, en autos con D. Leonceo Martínez Martínez, sobre pago de pesetas. Ponencia del ilustre Presidente de la Sala primera, Sr. Ruiz García de Hita:
«Considerando que la ley de Enjuiciamiento civil, como precepto cardinal, en su art. 3.º, que es el primero de la Sección segunda del título primero, libro primero, que trata de la «Defensa por pobre», exige para que los Tribunales y Juzgados administren gratuitamente justicia a los pobres, que éstos sean declarados con derecho al goce de tal beneficio; y al efecto de que la necesidad de la declaración previa de pobreza no demore por mucho tiempo, con perjuicio de las acciones que se propongán utilizar los litigantes, la substanciación del juicio principal, que entretanto debe permanecer en suspensión, la propia ley en su artículo 30 ordena que las demandas de pobreza se substancien por los trámites de los incidentes, de más rápida resolución que los juicios declarativos:
»Considerando que, si bien es cierto que el art. 3.º de la citada ley autoriza a todo el que solicite en forma la declaración de pobreza para defenderse desde luego como pobre, sin perjuicio de lo que se resuelva en definitiva, es indispensable para fijar la verdadera extensión de este precepto, consultar los de los artículos anteriores, 23 y siguientes, de los que el 27 es lógica consecuencia, para establecer, con vista de todos ellos, la conclusión de que el precepto del 27 se refiere únicamente a los demandados que solicitan la defensa por pobre en el acto de la contestación y a todos los que son parte en el juicio, que actúan en concepto de ricos y que por haber venido a pobre fortuna con posterioridad, demandan, fundándose en esta causa, durante la primera y segunda instancia, la declaración de pobreza a fin de poder seguir el procedimiento; pero en los demás casos el que aspire a litigar como pobre para entablar una demanda, cualquiera que sea la forma de la petición, debe esperar a que en el incidente de pobreza haya recaído ejecutoria, concediéndole este beneficio con arreglo a lo dispuesto en el párrafo primero del art. 22 de la repetida ley:
»Considerando que las únicas excepciones al principio establecido en los artículos 13 y párrafo primero del 22 de la ley de Enjuiciamiento civil son las comprendidas en el párrafo segundo de este último y en el art. 26 de la propia ley, que se refieren: el primero a las actuaciones de cuyo aplazamiento a juicio prudente de los Jueces y Tribunales puedan seguirse por juicios irreparables, los cuales accederán éstos a que se practiquen sin exacción de derechos, y el segundo a los litigantes que, no habiéndose defendido como po-