El Foro español (Madrid. 1898) (1917-09-30 00:00:00), página 6

Manuel de Burgos y Mazo en su Real orden de 20 de Mayo de 1915, al decir que los funcionarios de las carreras judicial y fiscal no podrán fundar entre sí Asociaciones de carácter temporal o permanente, sin haber obtenido previamente la autorización de aquel Ministerio. Es decir, que según dicha Real orden, si se obtiene previamente la autorización del Ministerio, se podrán fundar tales Asociaciones; luego la ley Orgánica ni ninguna otra prohibe fundarlas, porque de lo contrario el Ministerio no podrá autorizarlas. ¿Declara que puede autorizarlas? Pues reconoce que pueden fundarse.

El hecho clarísimo y de toda evidencia es que la Real orden de 20 de Mayo de 1915 no prohíbe fundar Asociaciones. Lo único que hace es condicionar su fundación, exigiendo única, sola y exclusivamente que se obtenga previamente la autorización. De todo lo que se deduce que lo que el señor Ministro quiere es no perder la alta inspección; pues facilitémosela de buen grado, por espíritu de respetuosa disciplina; tomemos su venia, consultémonos el propósito, el programa y las bases; pidámosle la previa autorización a que alude y ofrecámosle la Presidencia honoraria o una Vicepresidencia honoraria con la Presidencia honoraria de S. M. el Rey, sin perjuicio de elevarlo oportunamente, para su censura, el Reglamento orgánico definitivo. Más aún: ofrezcamos remitir al Ministerio copia certificada de las actas de las Juntas generales, y, en defecto de estas Juntas, de los acuerdos plebiscitarios; y, si se quiere, hasta de los resúmenes antiguos de los actos de la Asociación.

Todos los funcionarios judiciales están obligados a defender sus derechos con la ley en la mano. En su virtud, fundándonos en el art. 13 de la Constitución vigente, y en la misma tan discutida Real orden de 20 de Mayo de 1915, acudamos, disciplinadamente y respetuosamente, al señor Ministro de Gracia y Justicia, pidiéndole su aprobación para reunirnos o, en su defecto, para constituir una Asociación que tendrá por únicos y exclusivos objetos estudiar y proponer reformas en la Administración de justicia y procurar el mutuo auxilio moral y material de los funcionarios judiciales y sus familias o, cuando menos, esto último.

Tal es mi modesto parecer, es decir, mi voz y mi voto acerca de lo que puede y debe hacerse. Y con lo paladinamente manifestado contesto al Sr. Dolgado Curío, expongo mi humilde opinión al Sr. Pérez Fontán y, al propio tiempo, saludo afectuosamente y respondo a los otros numerosos y no menos dignos compañeros que me dispensan el honor de dirigirse a mí.

Trabajemos sin descanso, compañeros, por el progreso judicial. Nadie mejor que nosotros puede, diariamente, apreciar los defectos, por acción u omisión, de las leyes. Tenemos ansia de renovación y mejora y de que las leyes sean cumplidas o se hagan cumplir. Esto es, que en el orden social las leyes sean títulos ejecutivos y al portador.

Por amor a la carrera, a la Justicia y a la Patria, se impone el espíritu de solidaridad entre todos los funcionarios judiciales, con inclusión y bajo la fiscalización y la jefatura directriz y oficial y la Presidencia oficiosa y, si se quiere, oficial, del señor Ministro de Gracia y Justicia.

Yo os propondría que, en definitiva, el señor Ministro convocase y presidiese el Congreso, la Asamblea o la reunión de funcionarios judiciales y fiscales, o que formulase las bases de la Asociación; y que el fuese el primer socio y el Presidente efectivo.

Funcionarios judiciales, unidos bajo la protección, dirección y Presidencia de nuestro Jefe el señor Ministro de Gracia y Justicia!

Consciente de mis derechos y deberes, propongo y defiendo, dentro de la más austera disciplina y con criterio ultralegalista, un programa radical de reformas judiciales.

No hay que ser impresionables ni precipitados. Hay que tener en cuenta la importancia que nuestra solicitud encierra, la autoridad social de los funcionarios que han de suscribirla y la transcendencia de la reunión o entidad de la Asociación. Hay que procurar, a todo trance, evitar el fracaso y el ridículo, por nuestro prestigio personal y el buen nombre corporativo de la entidad judiciaria. Hay que tener pensado y preparado lo que ha de hacerse luego respecto de la convocatoria y la organización de la Asamblea de la Asociación. Una Asamblea o una Asociación de funcionarios judiciales obliga a mucho.

El señor Presidente del Consejo de Ministros ha expresado que el pensamiento del Gobierno se encamina a la finalidad de realizar una obra intensa de reforma, dando solución a aquellos de los problemas vitales que sea posible, mediante decretos, sin aguardar a que el Parlamento funcione, dadas las circunstancias por que se atraviesa en estos momentos.

Pues bien: la Administración de justicia se halla necesitada de intensa reforma. Es uno de los problemas vitales a que hay que dar urgente solución. Y los funcionarios judiciales esperan que el Gobierno, según tiene ofrecido, realice, por medio de decretos, aquellas reformas que el país anhela, a cuya labor ha de atender en el orden jurídico, verificándolo dentro de la ley y por virtud de las autorizaciones votadas por las Cortes, reservándose preparar después los proyectos de ley que habrá de someter a la deliberación y voto del Parlamento.

Queda sucintamente expuesto mi parecer acerca del ejercicio de los derechos de petición, reunión y asociación y respecto de lo que debemos pedir. Y en cuanto a la forma de solicitarlo, lo procedente será formular, en un pliego de papel de peseta, una breve instancia dirigida al señor Ministro de Gracia y Justicia, firmada por ustedes, compañeros Dolgado y Fontán, y por mí. En cuya instancia se puede decir: que, iniciada la convención de estrechar los lazos del compañerismo entre los funcionarios judiciales, y de estudiar las mejoras de que se halla necesitada nuestra carrera, al efecto de poder contribuir, en la