El Foro español (Madrid. 1898) (1917-03-20 00:00:00), página 6

Magistrados y no los Abogados los que lo pidan; y puesto que éstos ya lo han intentado y antecedentes de esta aspiración constan de antiguo en las actas de las juntas generales del Colegio de Madrid, y precisamente por iniciativa del hoy Juez de primera instancia y muy querido amigo D. Juan Echevarría, bien me parecería que lo volvieran a pedir éstos en unión de la Judicatura, pues el prestigio de ésta interesa también a aquéllos y sólo una suspicacia muy maliciosa, pero siempre menos perjudicial que la que lleva a las gentes a confiar aun las peores defensas a los Letrados-ex Ministros, podrá suponer que a los unos podía moverlos sólo el egoísmo y a los otros el miedo. Así, pues, entre suspicacia y suspicacia sería siempre preferible esta última, a la que daría lugar algo que concluiría con un mal positivo, que aquélla que detiene aún a quienes reconocen su existencia, aunque sea sólo en el grado de amenaza infructuosa en la realidad, pero que efectivamente carcome en el ánimo de quienes, aun en caso de justicia, creen encontrar en otros terrenos la causa pública de la resolución, y que hace hasta hoy permanecer inactivos a los que precisamente sufren más en su prestigio en el ánimo de las gentes.

Coincidimos, pues, en que la intención de coaccionar existe, en que la opinión recela de la eficacia de la coacción, en que el remedio, cuando menos en parte, surtirá sus efectos, y sólo diferimos en que sean unos u otros quienes lleven el peso de la campaña que hoy se detiene por el temor de que pueda parecerse hacer por egoísmo o por miedo. Pero hay otra cosa en la que también coincidimos: en que el fin de ese mal no en ese sólo punto, sino en toda su extensión, sólo se encontraría en recabar y alcanzar una absoluta independencia judicial, lo cual también viene siendo el objeto más importante de nuestra campaña de hace veinte años.

Esto prueba igualmente que la independencia no existe, puesto que es un anhelo general de los funcionarios judiciales, y como la perjudicial dependencia sólo lo es del Poder ejecutivo, de aquí que la coacción exista y a ella se tienda y lógicamente se crea en su eficacia, con grave injusticia para la fortaleza judicial, cuando se ve que quien adquiere influencia política ocupando elevadísimos puestos en el Poder ejecutivo, cuya aceptación no es obligatoria, se da de alta en seguida en la abogacía para defender ante el judicial.

No será esa la intención, pero se asemeja mucho la acción a la del que pide por favor cinco duros en despoblado, exhibiendo, aunque sin amenaza expresa, un revólver, aunque nos asegure después que estaba descargado y que no pensaba hacer uso de él.

Y dada esta falta de independencia y el temor del qué dirán, ¿no es presumible también que se crea que la resignación del Poder judicial con esa manera de abogar se debe del mismo modo al miedo de las represalias contra quién públicamente se atreviese a pedir la implantación de esta reforma?... Por eso yo proponía que la solicitud partiese de tan alto que, aun representando a toda la clase, la represalia no fuera ya posible. Claro es que los que tan elevados están, ya «pueden ser independientes» en todo, en eso como en el juzgar; pero deben volver los ojos atrás, recordar su pasado de sufrimiento y mirar por sus compañeros y por los fueros de la justicia, que en su último y más supremo grado representan.

Y dicho esto y sometiéndome en ello, como en todo, no a mi propio criterio, sino al que se me imponga como mandatario que soy de una representación tan honrosa como la de la Judicatura, que de día en día inmerecidamente, se me ratifica, doy estas opiniones porque no son exclusivamente mías, siquiera por algunas de las razones que dejo apuntadas, siempre que se hable en este sentido, no ha de ser más que mi firma la que responda de lo que se escriba; que también a mi manera tengo que velar por la independencia judicial.

L. BARRIO Y MORAYTA

Boletín de la decena
GRACIA Y JUSTICIA

REALES ÓRDENES CIRCULARES

Ilmo. Sr.: Siendo objeto de constante preocupación por parte del Gobierno el estudio y protección de las instituciones encargadas de velar por la infancia abandonada o delincuente, y deseando dar la más conveniente aplicación al crédito concedido para subvencionar los institutos expresados,

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer que se comunique a V. I., con objeto de que remita una relación de las Sociedades que persiguiendo tal finalidad existen en el territorio de esa Audiencia, con expresión de las necesidades que llenan, recursos con que cuentan y cantidad que a su juicio debiera serles entregada, en armonía con su importancia, siendo al propio tiempo la voluntad de S. M. que explore V. I. el ánimo de las Sociedades o instituciones referidas para saber si en determinadas condiciones se encargarían de recluir jóvenes delincuentes.

Ilmo. Sr.: Habiéndose creado por Real decreto de 23 Septiembre de 1916 la cartera de identidad para uso de emigrantes,

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer que V. I. se sirva ponerlo en conocimiento de los Jueces de primera instancia y municipales de ese territorio, con objeto de que reconozcan validez a dichos documentos, con arreglo al modelo aprobado por el Consejo Superior de Emigración. (Gaceta del 16.)

INSTRUCCIÓN PÚBLICA

Real decreto disponiendo lo siguiente:

Artículo 1.º Todas las enseñanzas que se estudian en los establecimientos de todo género dependientes del Ministerio de Instrucción pública y Bellas Artes, se considerarán definitivamente terminadas con la apro-