El Foro español (Madrid. 1898) (1915-10-10 00:00:00), página 9

No sería tampoco completamente ajeno, como ya he indicado, a la Memoria en que debo dar cuenta al Gobierno de S. M. del estado de la Administración de justicia en España y de las reformas que conviene hacer para el mejor servicio, hablar del inmenso daño que al interés público y al interés particular ha causado, y causará en el porvenir, el trágico suceso del incendio de que me ocupo; pero me faltan elementos, y creo que faltarán por mucho tiempo, para emitir opinión concienzudamente razonada, y, por lo tanto, más que fundada previsión, mi presentimiento me dice que toda la plausible y justificada diligencia que se ha puesto y se sigue poniendo en inventariar y señalar los estragos producido en los asuntos que estaban a aquella hora en tramitación, será impotente, no ya para reponer, que esto es imposible, ni siquiera para subsanar los estragos que el incendio ha producido en la documentación archivada.

V. E., con el celo que le distingue, dispuso por Real orden de 5 de Mayo que se constituyese una Comisión, presidida por un Magistrado del Tribunal Supremo, para averiguar, inventariar y comunicar al Ministerio del digno cargo de V. E. lo más detalladamente posible, los documentos que hayan podido desaparecer de los asuntos de la competencia de dicho Alto Tribunal, facultándola para adoptar de momento las disposiciones que fueron urgentes y proponer las que estimare procedentes. El Fiscal que suscribe estima, y lo somete a la más alta competencia de V. E., que acaso sería conveniente designar otra Comisión, con las facultades que la previsión de V. E. crea convenientes y necesarias, constituida, en parte, con algún elemento técnico del Cuerpo de Archiveros y Bibliotecarios, por si, no obstante las muchas dificultades que habrán de ofrecérsele, pueden proponer a V. E. algún parcial remedio, que acaso otra cosa no sea posible, para reparar y subsanar, en alguna parte, el estrago causado en la documentación de que vengo ocupándome.

Con la viveza y clarísima intuición que caracteriza a S. M. el Rey, que asistió al trágico suceso que destruyó el edificio que conservó siempre el nombre más vulgar de «Salasas», indicó, desde luego, la necesidad de un nuevo Palacio de Justicia. Todas cuantas tentativas se iniciaron con el plausible propósito, en primer término, de acomodar con urgencia, mediante pareciales reparaciones, los servicios de la Administración de justicia en el edificio incendiado, y, en segundo término, por plausibles inspiraciones de economía, fracasaron, y persuadido V. E. de que el intento era vano, secundando con rapidez aquella alta y certera inspiración de que antes me ocupo, no más tarde que veintitrés días después del incendio, previos los informes que se estimaron indispensables, publicaba la Gaceta la Real orden suscrita por V. E., de acuerdo con el Consejo de Ministros, anunciando a concurso la formación de proyectos para la ejecución de las obras de reconstrucción del Palacio de Justicia.

Próximo el término para la presentación de proyectos, y brevísimo el plazo concedido al Jurado para su informe sobre los mismos, de su competencia y del acierto en la elección, que es de esperar de la ilustración de V. E. o del Consejo de Ministros, en su caso, depende que la función de la Administración de la justicia tenga en la capital de España residencia digna de su alto y augusta ministerio.

I

Entrando ya y circunscribiéndome estrictamente al cumplimiento del precepto que me impone el deber de elevar al Gobierno de S. M. esta Memoria, sobre el estado de la Administración de justicia y de las reformas convenientes para el mejor servicio, lo primero de que necesariamente tengo que ocuparme, como lo hice en la del año anterior, recogiendo lo más saliente de las Memorias elevadas a esta Fiscalía por los Jefes del Ministerio fiscal de las respectivas Audiencias, es de la institución del Jurado en su funcionamiento. De cuanto dije en mi anterior Memoria respecto a reformas pareciales que, sin afectar a la esencia de la institución, estimé entonces y sigo estimando convenientes para su mejor y más provechoso funcionamiento, no me ocuparé de nuevo; pero habiendo de reflejar apreciaciones del Ministerio fiscal que su experiencia diaria le sugiere, quiero, antes de pasar adelante, emitir una opinión para apartar de cuanto diga la sospecha de prejuicio respecto al Jurado como institución jurídica.

Hallándome honrado con representación parlamentaria a la hora que fué presentado el proyecto de ley que le dio vida, en la modestia de mis medios lo discutí. Han transcurrido desde entonces veintisiete años, y, en más o menos grado, muchas de aquellas previsiones pesimistas en que fundaron su vigorosa impugnación cuantos lo combatieron, por desgracia, la experiencia las ha comprobado y a la vista están, pero esto no me lleva a la conclusión, aunque parezca contradictorio, de que el Jurado debe ser abolido, ni siquiera esencialmente modificado. Algunas pareciales reformas que no afecten a sus fundamentos, que seguramente lo sanearán, deben adoptarse con urgencia, y es seguro que sus más fervorosos partidarios, lejos de oponerse, tendrán en su mejoramiento natural empeño; pero dentro de ellas la que hay que acometer, llegando hasta la concepción legal que más eficaz se estime, en aquella prudente y proporcional medida que a su objeto baste, es la que por modo inexorable obligue a cumplir con ese deber de ciudadanía a aquellos que, en el orden moral, tienen más estrecha obligación, que eluden por toda suerte de censurables artificios. Con su apartamiento del ejercicio de la función de que hablo, a más del daño social, que más o menos directamente habrá de alcanzarles, aunque no lo lamenten ni se preocupen del remedio, sino cuando el hecho criminal les hiere, es, para los menos obligados, ejemplo disolvente que por iguales medios procuran seguir, quedando, por estas censurables excursiones, aquella función, tan noble y tan alta, en los menos preparados para desempeñarla, cuando no se hace