El Foro español (Madrid. 1898) (1917-05-20 00:00:00), página 5

Dos de cada tres vacantes de Secretarías de Juzgado de partido de entrada se proveerán por oposición entre quienes reúnan las condiciones de capacidad legal que esta ley exige para ser Juez o Magistrado y posean certificado de haber practicado durante un año por lo menos en una Secretaría judicial. La tercera vacante se otorgará a un Secretario de Juzgado municipal, de capital de provincia o población mayor de 30 000 almas, que haya ingresado en el cargo por oposición con arreglo a la ley vigente, que reúna la cualidad de Letrado y que haya desempeñado su plaza por espacio de cinco años, cuando menos, sin nota desfavorable. El Tribunal ante el cual haya de practicarse las oposiciones actuará en Madrid, bajo la presidencia del Presidente de la Audiencia, y lo formarán, además del Fiscal del mismo Tribunal, el Decano del Colegio de Abogados y dos Catedráticos de la Facultad de Derecho de la Universidad Central, designados por esta Facultad.

Para la provisión de las Secretarías de Juzgados de ascenso o de término se observarán dos turnos: el primero por concurso entre los de la categoría inferior inmediata, dándose preferencia al concursante más antiguo que no tenga nota desfavorable en su expediente, y el segundo por oposición, en la que podrán tomar parte los Secretarios de la categoría inferior inmediata que lleven dos años de servicio en tal categoría. La oposición se verificará ante dicho Tribunal.

Las Vicesecretarías de Audiencia provincial se proveerán siempre por oposición entre Letrados que reúnan las condiciones legales para ser aspirantes a la Judicatura.

(Continuará.)

Reformas en el procedimiento

Cualesquiera que sean los principios a que obedezcan los Códigos procesales, su finalidad consiste en encauzar, mediante ciertas reglas, las discusiones propuestas ante los Tribunales. El conjunto de estas reglas, aplicado a un grupo de acciones, da lugar a las diferentes clases de juicios. Si observamos el contenido esencial de esas reglas, vemos pronto que son idénticas, en el fondo, para todos los juicios.

Nuestra ley de Enjuiciamiento, para determinar las diferentes clases de juicios, toma por base la cuantía, y los clasifica en tres grupos, llamados de mayor cuantía, de menor cuantía y verbales. Pero inmediatamente de clasificar los juicios se aparta de la cuantía, para incluir en el grupo primero pleitos que provienen del ejercicio de acciones nacidas de derechos políticos y honoríficos, filiación, paternidad, y de cuanto se refiere al estado y condición de las personas, mas los de cuantía indeterminada y otros que no la tienen determinada ni indeterminada, por ejemplo, sobre servidumbres. A simple vista se percibe lo arbitrario de la clasificación.

Esta arbitrariedad enunciada lo es tan sólo en el campo especulativo. En la realidad tiene un sólido fundamento. Si en todas las ciudades, villas y aldeas, hubiera puestos Jueces letrados, esto es, con el suficiente conocimiento de nuestra legislación, y de cuyo conocimiento hicieran su profesión, según acontece con el personal de la carrera judicial, no tendrían razón de existencia la clasificación de los juicios.

Mas como semejante constitución de justicia es imposible por cara, en los pueblos de escaso vecindario, y por razones económicas del Estado en los de grande, se han establecido los Jueces municipales para conocer y fallar en asuntos de cuantías pequeñas.

Teniendo en consideración los factores de la realidad combinados con las exigencias de los principios filosóficos, la clasificación lógica de los juicios sería la que establecería tan sólo dos grupos: el primero, de la competencia de los Jueces municipales, abarcando aquellos cuya cuantía no excediera de X pesetas (doscientas cincuenta, pues ya se ha visto el fracaso en la extensión de la cuantía en los llamados juicios verbales), y otro grupo que comprendiera todos los demás pleitos que pudieran formularse.

Decíamos anteriormente que, examinadas en su conjunto la totalidad de las reglas que forman la tramitación de las diferentes clases de juicios, hallamos una identidad que se destaca, presentándonos como fundamental de toda tramitación tres únicos elementos, a saber: enunciación de la cuestión litigiosa, mediante los escritos de demanda y contestación; probanza de los hechos alegados por las partes, y la sentencia, que resuelve la cuestión planteadá. Esto admitido, distinguir dos clases de tramitación, una para el juicio de mayor cuantía y otra para el de menor, es irracional y absurdo. Si concedemos mayor simplicidad en los llamados juicios verbales, no es por razón de su índole, sino por deficiencias del erario público, que no puede dotar a esta justicia de todos sus requisitos.

Intimamente relacionada con el principio sentado, está la cuestión hoy sobre el tapete de la instancia única.

Mucho se ha escrito en pro y en contra de la única instancia. Los clásicos del Procedimiento la consideran perjudicial, los innovadores beneficiaosa. Los primeros buscan una mayor garantía que les presta la apelación; los segundos consideran innecesario volver sobre lo juzgado. No voy a consignar las razones de ambos partidarios, porque de todos son conocidas. A nuestro modo de pensar, y mirando el asunto desde el punto de vista práctico, creo que toda la cuestión de la instancia única o de la apelación es una cuestión de personas, esto es de número de personas.

Es la apelación un recurso concedido al litigante que se cree perjudicado por una resolución judicial, para que acuda ante el superior inmediato en solicitud de que la revoque o modifique. Para que la apelación tuviera fundamento racional, sería preciso que el Tribunal Superior ante quien se propone la alzada fuera un Tribunal de mayores garantías que el inferior de quien se recurre. De donde se deduce que,