El Foro español (Madrid. 1898) (1917-09-30 00:00:00), página 8

23. Que no se reserve nada al favoritismo.
24. Que se cumplan rigurosamente las leyes.
25. Abreviación de los trámites del procedimiento.
26. Que no se otorguen beneficios individuales a costa de los demás compañeros, sin perjuicio de premiar y recompensar los méritos excepcionales y los servicios extraordinarios con condecoraciones y sobresueldos.
27. Descentralización de la justicia territorial, aproximando la justicia a lo justiciable.
28. Que se corrija a los Procuradores, Letrados y funcionarios judiciales que en sus pedimentos o resoluciones resulten evidentemente temerarios.
29. Revisión de los Códigos civil, penal, procesal y orgánico, dándoles las orientaciones del nuevo Derecho social, sin olvidar las aspiraciones del feminismo y del obrerismo, en lo que tengan de legítimas; sistematizando en Códigos las legislaciones especiales, singularmente respecto de previsión y asistencia social.
30. Transformación de la democrática institución del Jurado, para que la sociedad no quede indefensa.
31. Organización de la acción social en las prisiones para la rehabilitación del delinquente, reforma tutelar, amparo a las familias de los presos y colocación de los libertos.
32. Desarrollo de la política penal reparadora y renovadora.
33. Que la Comisión de Códigos oiga a los funcionarios judiciales.
34. Revisión de todas las disposiciones de carácter orgánico, para defender a los funcionarios contra el favoritismo y el caciquismo.
35. Celebración en las actuales capitalidades de Audiencia territorial de anuales Asambleas para hacer estudios sobre legislación comparada, especializándose en Derecho social y en Derecho penitenciario.
36. Modificación del plan de estudios de la Facultad de Derecho exigiendo el doctorado, en el que se especializará el Derecho privado o el Derecho penal y la Medicina legal, como bases, respectivamente, para opositar a las plazas judiciales o fiscales, o seguir un sistema parecido al que actualmente se observa para proveer las Cátedras de las normales; y unificación y sistematización de los estudios de la Universidad, de la Escuela de criminología y demás centros académicos.
37. Que los funcionarios más distinguidos vayan pensionados al extranjero para que conozcan a los Congresos de carácter jurídico, a las Cátedras de Derecho, a los bufetes de los jurídicconsultos más eminentes, a los actos judiciales, a los Ateneos y a las Academias; y visiten los establecimientos tutelares, de reforma y penitenciarios.
38. Publicación en el Boletín Oficial del Ministerio de una sección de legislación extranjera, con sueltos extractos de los puntos diferenciales; otra de exposición bibliográfica internacional; otra de revista de Revistas nacionales y extranjeras, y otra en la que se recojan cuantos trabajos se realicen respecto del De- recho; comprendiendo la información cuanto constituya un progreso, tanto en nuestro país, como en las demás naciones.
39. Que el señor Ministro gestione cerca de los editores de Revistas y obras de Derecho que, con un importante descuento, las faciliten a los funcionarios judiciales. Y que se subvencione la publicación de obras de Derecho escritas por funcionarios judiciales.
40. Que, de no ser económicamente factible la separación de la Justicia civil de la penal, se procure que los funcionarios judiciales, al integrar los Tribunales colegiados, sirvan en la jurisdicción civil o penal que hayan especializado en sus estudios y en sus prácticas profesionales.
41. Fundación de un Colegio para huérfanos de funcionarios de la Administración de justicia.
42. Autorización para celebrar un Congreso de todos los que ostenten el título de Abogado español o, cuando menos, un Congreso judicial; y, desde luego, una Asamblea para constituir la Asociación de funcionarios judiciales.
43. Aceptación de las conclusiones del Congreso de Letrados de San Sebastián, en cuanto resulten compatibles con el progreso jurídico que nosotros defendamos. Y si allí prosperan las absurdas pretensiones de que las faltas cometidas por los Letrados ante los Tribunales no fuesen juzgadas por éstos y sí por las Juntas de gobierno elegidas por aquéllos, y que los funcionarios judiciales fuesen trasladados a petición de las Juntas de gobierno de los Colegios de Abogados, no pidamos nosotros reciprocidad; esto es, no exijamos que las faltas que los Letrados cometan infringiendo sus Estatutos no sean corregidas por sus Juntas y sí por nosotros, ni que a petición de nuestras Salas de gobierno se prohiba a los Abogados ejercer y residir en determinados territorios. Pero pidamos, como respecto de nosotros, facilitación de la responsabilidad de los Letrados y selección de los Letrados ineptos.
44. Concesión en los pleitos de responsabilidad judicial de la facultad de prescindir del Procurador, defendernos como el Abogado del Estado y el derecho de litigar gratis, desde luego, sin perjuicio de la ulterior condena de costas.
45. Facilitación del ingreso de los funcionarios judiciales en la Asociación de Socorros de los Colegios de Abogados.
46. Federación de todas las Corporaciones integradas por Abogados (Notarios, Registradores de la propiedad, Abogados del Estado, Administración Central del Ministerio de Gracia y Justicia, Claustros universitarios de Derecho, Colegios de Abogados en ejercicio, etc., etc.).
Algo se me ocurriría decir acerca del estudio de otros importantes extremos, como, por ejemplo, la sustitución provisional por la libertad vigilada, el pronunciamiento de la pena indeterminada en algunos asuntos penales, el trabajo obligatorio y la organización de cursillos de divulgación en las Prisiones, los Manicomios judiciales, la unificación de jurisdic-