El Foro español (Madrid. 1898) (1917-08-30 00:00:00), página 6

A esta plaza a D. José Muñoz Bocanegra, Presidente de la Provincial de Huelva.

Nombrando-Presidente de la Audiencia territorial de Palma a D. Mariano Izquierdo González, Magistrado de la de Barcelona.

A esta vacante a D. Isidro Lloso y Puyuelo, Fiscal de Cáceres.

Para esta plaza a D. José Joaquín Marquina y Sierra, Presidente de la Territorial de Palma.

Oposiciones

Cumpliendo lo dispuesto en el art. 10 del Real decreto de 1.º de Junio de 1911, modificado por el de 3 de Abril de 1914, se convoca oposición a 20 plazas del Cuerpo de aspirantes a Secretarías judiciales, para proveer las resultas de las vacantes de traslado que a los mismos correspondan.

Los aspirantes presentarán sus instancias acompañadas de los documentos exigidos por la regla 2.ª del art. 11 del mencionado Real decreto de 1.º de Junio de 1911, y en la forma señalada en la misma regla y la 3.ª, debiendo empezar los ejercicios el día 30 de Noviembre próximo, verificándose éstos con arreglo a lo prevenido en el citado Real decreto.

Madrid, 31 de Julio de 1917.—El Subsecretario, El Marqués de Grijalba.

Nombramiento

Ha sido nombrado D. Augusto González Besada Presidente de la Sección primera de la Comisión general de Codificación, en la vacante producida por fallecimiento de D. José de Aldecoa.

La Abogacía y los individuos de tropa

Con motivo de ciertas dudas suscitadas acerca del ejercicio de la Abogacía por los individuos de tropa que ostentan ese título, se ha declarado:

1.º Que las clases e individuos de tropa del Ejército, como los oficiales, pueden ejercer la Abogacía siempre que con ello no desatiendan sus preferentes obligaciones militares.

2.º Que para ejercer dichas funciones profesionales ante los Tribunales ordinarios, podrán vestir el traje de toga que preceptivamente designa el art. 830 de la ley orgánica del Poder judicial, cambiando al efecto el uniforme militar para el solo acto de la vista en el local que para ello esté designado en los expresados Tribunales.

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Discursos y conferencias

Sobre la represión de la blasfemia

(Continuación)

Dos ideas bien distintas, pero enlazadas entre sí, puesto que, mientras se consigue lo primero, es necesario llevar a la práctica lo hoy estatuido, como medio necesario, para evitar desmanes de los descreídos y de los que, aun no siéndolo, enteramente lo parecen por su modo de hablar, si es que calificarse así puede, a los que tan mal uso hacen de la hermosa lengua castellana.

Que el Código penal necesita reformarse por muchos conceptos, y en particular por el religioso, ninguna duda cabe de ello, ni nadie lo ha negado hasta hace poco, ni aun entre los sectarios mismos, aunque hayan procurado impedir la reforma.

Tod s recordarán que los políticos de los partidos monárquicos que en el Poder turnan, han anunciado repetidas veces, lo mismo en las Cortes, que en aperturas de Tribunales y en las Academias, su propósito de reformar el Código penal de 1870, presentando esto como parte de su programa de gobierno, declarando que ese Código no responde a los principios políticos que hoy rigen en España, que está en contradicción con la Constitución de 1876 y que deja desamparadas instituciones políticas y sociales muy respetables, como la Religión y la Monarquía. En el Proyecto de Código penal, firmado por el Sr. Silvela, e impreso en Madrid en 1835, se habla (página 21) del proyecto de reforma de 1881, y también los hubo en 1830 y 1832. Pero ni las promesas se han cumplido, ni los proyectos se han realizado o aprobado.

Apenas se promulgó la Constitución de 1833, cuyo artículo 21 establecía la libertad de cultos, contra la voluntad de casi todos los españoles, se dieron prisa los gobernantes en reformar el Código penal vigente a la sazón, para poner en armonía sus disposiciones con la nueva Constitución, y al año siguiente ya se mandó publicar el Código reformado, como ley provisional (30 de Agosto de 1870). Pero se promulgó después (30 de Junio de 1876) la Constitución actual, que declara en su art. 11 ser la religión católica la religión del Estado, y se han dejado pasar treinta y cinco años manteniendo el absurdo jurídico de considerar y urdir como vigente la ley provisional y secundaria del Código penal, en oposición a la ley fundamental primaria de la Monarquía. Es verdad que la ley de Imprenta de 1879, dada por los conservadores, consideró como delito el ataque directo a los dogmas de la religión católica, aunque se verificase sin befa ni escarnio, exigirse lose esta circunstancia para calificar como delito el ataque de los dogmas de otros cultos que tengan proselitos en España; más aún, esta pequeña o imperfecta manifestación de respeto a la religión del Estado se hizo desaparecer al poco tiempo por la ley de Imprenta de los fusionistas (como se llamaban en aquel entonces a los liberales),