El Foro español (Madrid. 1898) (1917-06-30 00:00:00), página 4

res de tal perjuicio, sino dándole un premio pecuniario, por ejemplo, aumentando su sueldo en un tanto por ciento del mismo durante un cierto tiempo o otorgándole una distinción puramente honorífica, ya de las existentes, ya de nueva creación, y que por ser destinada a funcionarios de la Administración de Justicia podía y debía llamarse «del Mérito judicial», y podría y debería ser usada por sus poseedores colocada sobre la toga y al lado de la placa de Magistrado, Juez o Fiscal, en todos los actos en que esta placa se usa.

Eso sería, a mi juicio, lo lógico y lo equitativo: premiar a un funcionario acreedor a ello sin perjudicar a otros que no han hecho cosa alguna merecedora de tal perjuicio; pero recompensar a aquél lesionando los intereses de éstos, fué, es y será siempre a mis ojos, injusto, y, por tanto, indóbito.

Todos los lectores de este periódico saben ya, seguramente, que el actual Gobierno ha acordado el reconocimiento expreso de la legitimidad de las Juntas de defensa del arma de infantería, juntas cuya disolución pretendió el Gabinete presidido por el Excmo. Sr. Marqués de Almuceñas, motivando con ello ciertas actitudes, al parecer, determinantes de la caída de dicho Gabinete.

Pues bien; se me ocurre preguntar: ¿Qué dirán ahora aquellos compañeros que entiendan o declaren entender, que toda asociación de funcionarios judiciales era ilegal? Porque no he hallado precepto alguno que tenga fuerza de obligar que, particularmente, prohíba asociarse a los funcionarios judiciales lo que ya me hacía perderme en porplejidades, cuando oía o veía escrita aquella afirmación; pero ahora, como he indicado, hay ya una declaración terminante de que la asociación de los elementos oficiales es perfectamente legal, siempre que con ella se persigan fines lícitos.

Yo agradecería muchísimo que se me dijera cuál es el precepto de ley que impide que para fines de tal índole se asocien los Magistrados, Jueces y Fiscales, porque honradamente declaro que lo desconozco, y también confieso que no me gusta permanecer en la ignorancia de cosas cuyo conocimiento, sobre serme conveniente, me es obligatorio.

Creo que la única disposición legal que señala los actos que están especialmente prohibidos a los Magistrados, Jueces y Tribunales, es el ya mencionado artículo séptimo de la ley Orgánica del Poder judicial, y en tal precepto, no encuentro tal prohibición que he buscado mucho, aún tratando de dar a aquél una interpretación muy expansiva, no obstante saber que no es este el criterio que debe aplicarse a las disposiciones legales de carácter prohibitivo las que deben interpretarse restrictivamente.

Pero, hay más; el Código fundamental de la Monarquía española, la vigente Constitución del Estado de 30 de Junio de 1876 (que, a mi entender, no puede ser modificada por la ley Orgánica de Corporación alguna, ya que estas leyes Orgánicas tienen carácter particular y aquel Código-base lo tiene general, y que, además, es posterior a la ley Orgánica del Poder judicial que, como es sabido, fué promulgada en 15 de Septiembre de 1870), reconoce, expresa y terminantemente, en su art. 13, a todos los españoles, sin distinción de clases, el derecho de asociarse para los fines de la vida humana.

¿De dónde nace, pues, la prohibición de que los Magistrados, Jueces y Fiscales de la Administración de justicia español nos asociemos para fines lícitos?

Y cuanto queda dicho respecto del derecho de asociación que compete a tales funcionarios, puede aplicarse al derecho de petición que, indudablemente, les asiste también y que, como aquél, trae su origen del mencionado art. 13 de la Constitución del Estado español.

Dicho precepto legal consagra el derecho de todos los españoles de dirigir peticiones, individual o colectivamente, al Rey, a las Cortes y a las Autoridades, si bien haciendo constar que no podrá ejercitarse por clase alguna de fuerza armada, y tampoco, ni aun individualmente, por los que formen parte de una fuerza armada, sino con arreglo a las leyes de su Instituto y en cuanto tenga relación con éste; excepción que confirma la regla general y mi criterio de que los funcionarios judiciales podemos ejercitar libremente tal derecho de petición individual o corporativamente, pues de lo contrario, lo mismo que si sólo nos correspondiera su ejercicio condicionado, lo diría el precepto legal de que me ocupo, como lo dice el respeto de los individuos del Ejército y de la Armada, y sabido es que ubi lex non distinguit, nec nos distingue re debemus.

Por esto y porque non face iuerto á otro quien usa de su derecho, no he acertado jamás a explicarme el por qué de que no nos asociemos los funcionarios judiciales para la consecución de los fines lícitos cuya obtención tan necesaria nos es y de que no solicitemos aquellas reformas de las que nos dice nuestra práctica que su implantación sería tan beneficiosa no solamente para nuestros intereses morales y materiales, sino también—y esto es lo más importante—para la Administración de Justicia.

Por los motivos expuestos y porque estimo suicida nuestra pasividad, y ya que mi solo esfuerzo no es suficiente para lograr la asociación de los Magistrados, Jueces y Fiscales, siempre previa autorización del Ministerio de Gracia y Justicia, y siquiera fuera exclusivamente para fines de socorros mutuos y como medio de poder interesar colectivamente de los Poderes públicos la instauración de aquellas reformas más beneficiosas para la Administración de Justicia; y no queriendo participar de la responsabilidad moral que, a mi entender, entraña tal pasividad, con todo respeto y con el mayor encarecimiento, suplico al excelentísimo señor Ministro de Gracia y Justicia que acuerde o proponga la implantación, a la mayor brevedad posible, de las reformas siguientes:

1.a Creación de Salas de lo civil en todas las Audiencias provinciales.

2.a Creación de plazas de Abogado fiscal en todas las Audiencias provinciales que carecen de ellas,