El Foro español (Madrid. 1898) (1917-04-30 00:00:00), página 8

más de dos mil y mil doscientas pesetas en Audiencia provincial, y con más de tres mil y mil ochocientas en Audiencia territorial.

Regirá la misma incompatibilidad para los citados funcionarios cuando, tanto ellos como sus parientes, hasta los antedichos grados, posean acciones o cualquier otro género de participación en Empresas, Sociedades o Compañías que, en el territorio donde aquéllos ejerzan su jurisdicción, exploten servicios, construyan obras públicas o se dediquen a cualquier género de industria privada; y también cuando los parientes aludidos intervengan en la dirección, administración o gerencia de dichas Empresas, Sociedades o Compañías.

El cargo de Juez o Magistrado es absolutamente incompatible con otro cargo y con el ejercicio de otra profesión. Se exceptúan los Jueces municipales, para quienes no habrá más incompatibilidades que las que establece la vigente ley de Justicia municipal.

Tampoco podrán los Jueces o Magistrados servir sus cargos si, dentro del territorio a que alcance su jurisdicción, sea en las Diputaciones provinciales, sea en Ayuntamientos, sea en Sociedades mercantiles o industriales de la capital, sea en los Tribunales mismos donde aquéllos sirvan, estuvieren disfrutando empleo o colocación parientes suyos, consanguíneos o afines, en la línea recta o en la colateral, hasta el segundo grado.

La ley, al desenvolver estas Bases, ordenará el procedimiento para hacer guardar las antedichas incompatibilidades. Las que se establecen por razón de bienes o de empleos de parientes no serán aplicables a Madrid ni a Barcelona.

Los Jueces y Magistrados están obligados a cumplir los deberes, y podrán ejercitar los derechos electorales que les leyes otorgan a los españoles; pero fuera de ello les está absolutamente prohibido tomar parte en manifestaciones de cualquier índole, aun de las permitidas a los demás ciudadanos. También les está prohibido establecer Asociaciones que no se hallen expresamente autorizadas por el Ministerio de Gracia y Justicia, quien podrá disolverlas en cualquier tiempo.

El comportamiento que cause desprestigio de los Jueces y Magistrados, aun no siendo motivo de desdoro para los demás españoles, ocasionará corrección para estos funcionarios.

10.

Del Consejo judicial y de la inspección de Tribunales

El examen y depuración de las condiciones personales de todos los individuos de las carreras judicial y fiscal, y de sus auxiliares, estará encomendada a un superior organismo, que se denominará Consejo judicial.

Para investigar las deficiencias en el servicio de los cargos judiciales se ejercerá la inspección de Tribunales tal como ordena la vigente ley Orgánica. La inspección dejará a salvo en todo caso la jurisdicción de los Jueces y Magistrados.

Las visitas de inspección serán ordinarias o extraordinarias; determinará la ley los casos en que procedan unas u otras, y las decretarán los Presidentes de los respectivos Tribunales.

El Ministro de Gracia y Justicia podrá disponer que un Magistrado del Tribunal Supremo gire visita de inspección cuando lo considere necesario, y a tal efecto dirigirá la oportuna Real orden al Presidente para que éste la haga cumplir; los Presidentes que hayan decretado las visitas remitirán al Ministro de Gracia y Justicia una Memoria con el resultado que haya ofrecido la inspección y con las propuestas que el visitador formule. Este tendrá facultades para adoptar las medidas de carácter urgente que estime necesarias al cumplir su cometido. De la Memoria se dará conocimiento al Consejo judicial.

Constituirán el Consejo judicial el Presidente del Tribunal Supremo, que lo será de dicho organismo; el Fiscal y un Magistrado del mismo Tribunal designado por la Sala de gobierno; el Decano del Colegio de Abogados de Madrid, el de la Facultad de Derecho de la Universidad Central, el Presidente de la Real Academia de Jurisprudencia y el Vocal de más edad en la Comisión permanente de Codificación; será personalísima la función de los miembros del Consejo; de modo que ninguna de estas personas puede ser sustituida en las deliberaciones por quienes fuera les suplan en el cargo respectivo.

Es absolutamente incompatible con el ejercicio actual de la abogacía ante cualesquiera Tribunales la función de miembro del Consejo judicial. Por tanto, a falta de este requisito, serán en él reemplazados: el Decano del Colegio por el más antiguo ex Decano, y en defecto de éste, libre de incompatibilidad, el más antiguo y de mayor categoría que sea o haya sido individuo de la Junta de gobierno del Colegio y no ejerza la profesión ante los Tribunales; el Decano de la Facultad por el Catedrático de la misma más antiguo que no abogue; el Presidente por su antecesor más antiguo en la Academia, y cuando faltare, por el más antiguo ex Vicepresidente; y el Vocal de la Comisión por el siguiente dentro de ella por orden de edades, que no tenga el dicho impedimento.

El Secretario de este Consejo será nombrado y separado, en su caso, por el Gobierno, a propuesta del Consejo, entre funcionarios de la carrera judicial y fiscal, con categoría de Magistrado de Audiencia territorial, por lo menos, Jefes de Sección de la Subsecretaría del Ministerio de Gracia y Justicia y Secretarios de Sala y de gobierno del Tribunal Supremo.

El Consejo judicial ejercerá las funciones de Tribunal de honor respecto de todos los funcionarios de la carrera judicial y fiscal, y podrá acordar la separación de aquéllos respecto de quienes adquiera pleno convencimiento moral de que no son dignos de pertenecer a ella. Para que el acuerdo de separación sea válido se necesitarán cinco votos conformes, y una vez acordada se pondrá en conocimiento del Ministro de Gracia y Justicia para su ejecución y cumplimiento, que se hará por Real decreto.