El Foro español (Madrid. 1898) (1917-05-20 00:00:00), página 6

para justificar lógicamente la apelación, tenemos que partir de la existencia de dos Jueces y Tribunales, el de a quo, con esas garantías, y el ad quem rodeado de todas, como término inapelable del litigio. Planteado así el tema, la solución es sencilla. Organícese un Tribunal o créese un Juez, en quienes o en quien concurren todas las garantías necesarias, y la apelación será inútil, triunfando, por consiguiente, el sistema de la única instancia.

Pongámonos aún en más íntimo contacto con la realidad para esclarecer este punto. ¿Cuáles son las garantías que al admitir la apelación se suponen en el Tribunal superior, de las que carece el inferior? No pueden referirse a las morales; éstas se reconocen implícitamente a todo funcionario judicial, ni a las intelectuales, porque del hecho de que un Juez ascienda a Magistrado no podemos inferir que ha acrecido su ciencia. Luego la única garantía está en el número. Se supone que uno puede equivocarse y que tres son infalibles. Semejante garantía me recuerda una cuarteta a propósito del sufragio universal que leí hace muchos años y que decía así:

El sufragio universal
se explica en pocos minutos,
valen más dos hombres brutos
que un talento colosal.

Véase por qué decía antes que la instancia única se resuelve en una cuestión de personas, de número de personas. Ahora bien; esta base es deslizable, primero teóricamente, porque reconociendo en los Magistrados de un Tribunal las mismas condiciones de moralidad y de competencia, basta con uno que resuelva, resultando la intervención de los demás un lujo caro, y, prácticamente, porque la experiencia nos enseña que uno solo, el ponente, es quien estudia la cuestión y la resuelve. No olvido las discordias, pero sé que son raras, y que al fin decide el número, la suma de votos.

Si el nombramiento de Magistrados se hiciera por selección tendría razón de ser la apelación. Se apelaría ante los mejores, y volveríamos a la desechara hipótesis de juzgadores de dos categorías.

Por consiguiente, lo racional es establecer la instancia única y ante el que hoy es Juez de primera instancia, ya que siendo madera de la que se hace el Magistrado, no puede ser reusado.

Solamente debiera quedar la apelación para las resoluciones definitivas de los Jueces municipales que no reunieran las condiciones de capacidad exigidas a los Letrados, porque en este caso sí que se dan mayores garantías en el Tribunal superior.

Ya en artículos anteriores se trató del fracaso de la ley de Justicia municipal que reorganizó el Sr. Maura. Siempre he sostenido que la única política beneficiosa de gobierno es aquella que tiene por objeto sanear las instituciones sociales y que la que se propone innovar por completo, reorganizar, como se dice, cualquier ramo de la Administración, sólo trae perturbaciones. Tal fue el motivo de fracaso de la Justicia municipal.

Presentado el proyecto de ley como obra de saneamiento, bien pronto vimos que era producto exclusivo de lucraciones individuales nacidas de cultura libreca. En nada se conocía haber tenido en cuenta los factores de lugar y tiempo y la tradición jurídica española.

Cuando se disentía había en el Congreso, investidos con la representación nacional, cinco Jueces municipales. Ninguno de ellos fue llamado a formar parte de la Comisión dictaminadora, entrando un Diputado especialista en materias militares. En cambio, alguno de los Jueces municipales entró a formar parte de la Comisión de los presupuestos de Guerra y Marina. No se quiso oír a los Secretarios judiciales y quedó sancionada la ley y empezó a funcionar el Tribunal municipal compuesto del Juez y de los adjuntos. ¡Qué obra de saneamiento la de los adjuntos! En un Juzgado municipal de Madrid, constituido el Tribunal, compareció un demandante reclamando el pago de unas letras de cambio aceptadas, vencidas y no satisfechas. El demandado reconoció la certeza de la deuda y la firma del acepto. Terminada la comparecencia y, al deliberar el Tribunal, uno de los adjuntos propuso que se absolviera de la demanda, porque le constaba que el demandante era prestamista de profesión. El Juez, temblando de que el otro adjunto opinase lo mismo y extrañado de que ambos discutieran el fallo, pues era el primer caso de discusión que veía después del mucho tiempo que llevaba rigiendo la ley, invitó al adjunto que se había permitido opinar a que razonara su voto por escrito. Tal estratagema, que la ley no autoriza, sacó al Juez del aprieto, pues el adjunto no acertó a razonarlo, y gracias a su poca destreza no prevaleció por mayoría la sentencia absolutoria.

Pasemos a otros puntos del proyecto. En la vigente ley se define con claridad qué es el incidente. La reforma debiera haberse reducido a restringir aún la admisión de los mismos y a condenar en las costas al Abogado y Procurador del que sin razón lo hubiere propuesto. Y no digo que las costas se impongan a la parte, porque el litigante no interviene ni debe intervenir en esta clase de cuestiones, que son exclusivamente técnicas, y, por tanto, de la responsabilidad estricta de los profesionales que las proponen. Con este sistema no habría más incidentes que los que fueran puramente legales.

La clara redacción de los que son incidentes, según la vigente ley, se instituye por un lenguaje confuso y ampliolo, que viene a decir lo mismo.

Los autores que se deciden por la oralidad del juicio, exceptúan del sistema la demanda y contestación, que por fijar la litis, opinan que deben redactarse por escrito y aplican también este criterio a los incidentes. La excepción es lógica. En el proyecto, la demanda del incidente es por escrito y la contestación es oral; claro que, como ya dijimos otras veces, el Secretario se verá precisado a consignarla en el acta, para suplir ese defecto, con gran pérdida de tiempo y de paciencia. Después, «cuando sobre el insistente, ora al pro-