El Foro español (Madrid. 1898) (1916-10-30 00:00:00), página 6

lartas, y también se vienen protocolando por acta, porque la jurisprudencia hipotecaria las concebía revestidas de todas las solemnidades legales y autorizadas por funcionario competente. Nosotros hemos manifestado el juicio que técnica y jurídicamente nos merecen tales actos al tratar de las protocolaciones en la obra, el progreso del instrumento público, que conocen nuestros compañeros; pero en la práctica hay que seguir protocolándolos, mientras no se disponga otra cosa. ¿Cómo? Es indudable que en aquellos casos en que la aprobación judicial sólo sea requerida por el interés que afecte a menores, no debe excusarse la escritura de aprobación en cuanto a los mayores y a las obligaciones que por unos y otros se contrálgan, pero cuando la aprobación haya sido concedida en trámites de juicio universal o fuera de juicio, aunque indebidamente, cuando existieren interesados ausentes, no pueden protocolizarse por escritura, sino por acta, si aquéllos no tienen representación. Viéndolo pues, al devengo arancelario, ¿por qué número se han de tasar estas protocolaciones, si el número 2 se refiere sólo a escrituras, el número 1.º sigue a las actas y el número 10 excluye las protocolaciones sobre cosa valuables? Indudablemente que el arancel no ha querido dejar sin retribución este servicio, porque sería absurdo; pero este punto obscuro será seguramente causa de serias dificultades en la práctica, y creemos que las Juntas directivas deberían de consultarlo ahora en caliente para orientar al Cuerpo notarial. Cierto es que los secretarios judiciales cobran por la cuantía la mera tramitación de las aprobaciones judiciales, porque así se lo regula su arancel; pero tal vez entre nosotros se sigan dos procedimientos distintos, porque a ello se presta la obscuridad de la reforma en este punto, bien considerando la protocolización como parte integrante del acta y tasándola por hojas, según el número 1.º, o aplicando el número 2. El primer criterio tiene su abono en los similares aranceles para los cónsules, de 1.º de Septiembre de 1906, y el segundo en el arancel de los secretarios judiciales. ¿Cuál será el acertado para resolver la duda?

Para la reforma del número 6 no se ha tenido en cuenta que en muchos casos el testamento cerrado se redacta y extiende por el mismo notario por encargo del testador que la ley autoriza; y que a veces, casi siempre, tales testamentos contienen muchas ordenaciones y son voluminosos; tal vez no estuviera demás que se hubiera establecido que en caso de ser redactado el testamento por el Notario, además de los derechos de autorización pudiera percibir los de su trabajo, porque no pueden comprenderse como consultas, por ser para un caso de oforgamiento; pero tal vez se ha considerado prudente dejar al arbitrio del Notario la remuneración de este servicio particular, si se le encomienda, por no ser la regla general. Al mismo arbitrio del Notario ha dejado el fijar las salidas de noche del estudio y de la residencia, cuando fuera requerido, cosa frecuente en los pueblos rurales, pues no regulan estos servicios los números 20 y 21, toda vez que no es lo mismo prestarlos de día que de noche, ni por la falta de número aplicable del arancel deben, cuando sea posible, de exusarse.

En el núm. 17 no se comprenden de una manera precisa los derechos de notas que el art. 34 del Real decreto de 17 de Abril de 1914 mandó poner en los documentos que se presenten al Notario para la redacción del instrumento, pues se refiere siempre a las matrices; pero creemos que virtualmente lo están por su misma naturalaleza.

En resumen: el nuevo arancel notarial es una obra pensada y en general aceptable, pues las modificaciones introducidas sin gravar al público, antes bien beneficiándolo en muchos casos, procuran la decorosa subsistencia del Notario y satisfacen una necesidad sentida.

Lástima que las nuevas normas de retribución notarial no hayan recogido en una u otra forma las reglas moralizadoras del Real decreto de 13 de Enero de 1903, pues desde la publicación del otro Real decreto de 9 de Julio de 1915 se nota la influencia que ejercían.

RAMÓN NOVOA SECANE.

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO

Momento en que puede ser plantead una cuestión de competencia

En el número 40 de la Revista de Tribunales, página 626, se dio cuenta por el que suscribe de la nueva jurisprudencia del Tribunal Supremo, cuya Sala de vacaciones, al declarar no haber lugar a un recurso de casación, afirmaba la teoría de que el único momento procesal para alegar cuestión de competencia en el caso de que se tratara, fué ante el Tribunal industrial, anulando y revocando en tal declaración la constante jurisprudencia de que por ser de orden público la cuestión de competencia, podía ser plantead y decidida en cualquier momento procesal y aun de oficio, conforme a la doctrina deducida de preceptos de la Ley de Enjuiciamiento civil.

Mucho nos sorprendió tan extraña teoría establecida por la Sala de vacaciones del Tribunal Supremo en su sentencia de 9 de Septiembre último, que en el trabajo profesional antes aludido pusimos en parangón con otra sentencia de 28 de Febrero anterior, en la que resolviendo caso análogo al que se contraía la sentencia de 9 de Septiembre, establecía, en nuestro sentir, verdadera teoría jurídica sobre declaración del momento procesal en que puede suscitarse la cuestión de competencia.

Si grande fué nuestra sorpresa al conocer la sentencia de 9 de Septiembre, mayor ha sido la que nos ha causado, y seguramente causará a los lectores, otra sentencia dictada en 19 de Septiembre próximo pasado, dictada por la Sala de lo civil del Tribunal Supremo (Sala ordinaria, no de vacaciones), en la que al resolver un recurso de casación interpuesto por la So-