El Foro español (Madrid. 1898) (1917-09-30 00:00:00), página 1

EL FORO ESPAÑOL
REVISTA JURÍDICO-ADMINISTRATIVA
A LA QUE, POR VOLUNTAD EXPRESA DE LA MAYORÍA DE LOS JUECES Y ACTUARIOS DE ESPAÑA, ESTÁ CONFIERA SU REPRESENTACIÓN Y DEFENSA
Vela igualmente por los intereses y prestigios de los Letrados y Procuradores y cuantos funcionarios mueren su actividad en la esfera propia de los Tribunales.
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SOLIDARIDAD JUDICIAL

Tres espíritus valientes que saben sentir el compañerismo y tienen ánimos para luchar si es preciso con la apatía ambiente en el Cuerpo judicial y con cuantos obstáculos pudieran oponerse, sin razón para ello, contra sus nobles iniciativas, que son aspiración general contenida solamente por esa inercia y un femenino temor inspirado en equivocadas y restrictivas interpretaciones de disposiciones oficiales, se disponen a trabajar con noble franqueza y a la luz del día por la definitiva constitución de una Asociación de funcionarios judiciales.

Don Antonio Delgado Curto, Juez de primera instancia de Valencia, publicó en nuestro número del 30 de Agosto último una «Carta abierta» dirigida a sus compañeros de Burgos y de Mondonado D. Luis Zapatero y González y D. Fernando Pérez Fontán que, como aquél, vienen trabajando particularmente y en El Foro Español, para el mejoramiento de la clase, en cuya carta—(que reproducimos para recuerdo de los que la layeron y conocimiento de los que aun no la hayan leído)—puede decirse que inicia el movimiento en favor del nuevo intento, y los señores Zapatero y Pérez Fontán recogen dicha iniciativa y procuran darla forma en los artículos que hoy publicamos, en los que además hacen un llamamiento a sus compañeros, que harían mal en desatender, pues para ello no encontrarían disonpa ni en decesiones anteriores con relación a quienes habiéndose presentado como redentores claudicaron en cuanto adquirieron un relieve que quizá contribuyó a un ascenso con el que coincidió o al que siguió el silencio, ni en un temor, que sería pura, a represalias oficiales, ya que, aunque estrechamente, pueden moverse en el terreno de la legalidad establecida, de la que tampoco se apartan los iniciadores, aceptando una disciplina, agobiante quizá hoy día, pero que, seguramente, y desde los primeros momentos, ha de ser aclarada en el sentido de una interpretación más amplia que demuestre que, por lo menos, los Gobiernos actuales no tratan de coartar a los funcionarios judiciales el derecho de asociación concedido a todos los ciudadanos por la Constitución del Estado que no puede modificarse, por lo mismo que es el Código fundamental, por otra ley o Código, y menos aún por una simple disposición ministerial, en su forma más sencilla, esperándose que el actual Ministro de Gracia y Justicia sabrá demostrar, no oponiendo resistencia al nuevo intento de los Jueces, que, en su sentir y en el del Gobierno de que forma parte, la Real orden de 20 de Mayo de 1915, que es la disposición a que venimos aludiendo, no puede tener otro significado sino el de reservar a ese Ministerio cierta facultad de inspección en el ejercicio del inalienable e inviolable derecho de asociación que a los funcionarios del orden judicial, como a todos los demás ciudadanos, les corresponde constitucionalmente.

A propósito de esto recordamos el comentario que en el Diccionario de Administración Española, del señor Martínez Alcubilla, y en el Apéndice correspondiente al año 1915, se pone a la referida Real orden, el que vamos a reproducir por la importancia de la publicación en que aparece, y que copiado a la letra es como sigue (1):

«Dice el señor Ministro en la parte expositiva de la

(1) Recordamos que la parte dispositiva de la Real orden dice así: «S. M. el Rey ha tenido a bien disponer que se recuerde a los funcionarios de las carreras judicial y fiscal los preceptos de la ley Orgánica antes mencionados (artículos 3.º, 4.º y 7.º), haciéndoles saber que en el espíritu de estos preceptos va implícitamente contenida la prohibición de que los expresados funcionarios puedan fundar entre sí Asociaciones de carácter temporal o permanente, ni aun con un fin exclusivamente benéfico, sin haber obtenido previamente la autorización de este Ministerio.» (Gaceta del 21 de Mayo de 1915.)