El Foro español (Madrid. 1898) (1916-09-20 00:00:00), página 11

de apreciación de proceder sobre aspectos concretos, base de posibles intervenciones.

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Conviene, como principio admitido en toda organización de Tribunales, que el ingreso en las carreras judicial y fiscal tenga lugar previos exámenes teórico-prácticos ante Comisión competente que aprecie, reconozca y clasifique la capacidad y suficiencia demostrada por los aspirantes en los ejercicios reglamentarios a que se les someta. Este es el procedimiento que se sigue en España; pero hay que confesar que los medios empleados al efecto han demostrado en su aplicación que no responden al objeto ni llenan los fines que el legislador se propuso. Si la obtención del título de Licenciado en Derecho no es suficiente garantía para que el Estado destine al que lo posea a desempeñar funciones judiciales, esa cualidad no puede servir por sí sola de norma en los actuales momentos. La Universidad enseña, adoctrina, y confiere títulos: tal es su misión; pero es también atribución del poder ejecutivo determinar exámenes especiales para aquilatar los conocimientos universitarios obtenidos y poder seleccionar de entre todos los opositores a aquellos que resulten más aptos, a los que hayan dado pruebas de mayor capacidad y suficiencia en las materias que sean objeto del examen. Y como es evidente la imposibilidad de obtener una buena preparación especializada en el plazo de uno o dos meses, según se pretende en la actualidad, se publicarán los programas con la anticipación necesaria, de seis meses a un año, ya que no existe razón alguna ni fundamento serio que obste o se oponga a esta prudente norma. No es menester, ni aun siquiera nos parece útil, buscar sorpresas ni improvisaciones, sino conocimientos sólidos, adquiridos en el estudio reposado, puesto al servicio de una bien ordenada voluntad y de la vocación por la carrera. Deberá, pues, obligarse al aspirante a sufrir dos exámenes en épocas distintas: uno, escrito y oral, y otro, oral y práctico, con el intervalo de un año, para que en el tiempo de ese noviciado se consoliden y afirmen su amor al estudio, su competencia y su decidido propósito de ingreso en la carrera.

La confección de un nuevo Reglamento que evite con medidas prudentes la usurpación de puestos, haciendo imposible que éstos sean obtenidos de una manera injusta contribuirá a que no decalga el entusiasmo de la juventud estudiante, tanto más cuanto que, para en lo sucesivo, quedará definitivamente suprimida la ampliación y el ingreso por el llamado 4.º turno. Con esta reglamentación es innegable la posibilidad inmediata, dentro del espacio de tiempo requerido, de llegar a constituir un Cuerpo de aspirantes tan numeroso y competente como la conciencia y la previsión aconsejen.

A la mayor perfección de la ley Orgánica, cuya reforma se plantea, conviene contar con una representación fiscal constituida con funcionarios aptos, versados en la especialidad y con las condiciones físicas necesarias para el mejor desempeño de la difícil misión que les está encomendada. Sólo así se evitará que por efecto de la fusión de dos carreras continúen, según hoy acontece, ocupando cargos del Ministerio público personas que siempre sirvieron puestos judiciales y que para las funciones del orden fiscal carecen de vocación, o no tienen la práctica necesaria, o adolecen de falta de aptitud y de las dotes de especialidad indispensables en los llamados a informar constantemente y siempre con prestigio ante los Tribunales de justicia. Se establece, pues, una separación completa entre las carreras judicial y fiscal desde la categoría de Abogado fiscal de Audiencia provincial hasta la de Abogado fiscal del Tribunal Supremo, Teniente fiscal de las Audiencias de Madrid y Barcelona y Fiscales de Audiencia territorial. El Gobierno, por tratarse de tan elevados cargos, se reservará, dentro de ciertos límites, el ascenso por elección, ante la necesidad de que sean llamados al desempeño de tales puestos preeminentes, que envuelven una superior responsabilidad, aquellos que por sus condiciones de competencia y por sus méritos sean los más dignos de tales jerarquías.

La misma necesidad de que los funcionarios del orden fiscal posean en toda ocasión las dotes y condiciones precisas en el buen desempeño de su ministerio, justifica que se establezcan en el proyecto facilidades adecuadas para que aquellos que de alguna manera pierdan su idoneidad, sin dejar por eso de ser capaces de prestar excelentes servicios en labor menos ruda y agitada, puedan volver a la carrera judicial o tener entrada en ella previa la información médica y gubernativa correspondiente. Con la mira de que el Ministerio Fiscal responda mejor a su cometido, se introducen en el proyecto algunas novedades, tales como la de restablecer los Promotores fiscales, delimitar claramente las obligaciones de los Fiscales de Audiencia y los inferiores, prevenir la forma en que ha de procurarse la relación con las autoridades militares para intervenir en los procesos contra individuos que no pertenezcan al Ejército, preceptuar un especial cuidado en investigar las detenciones arbitrarias y los agravios en los derechos constitucionales del ciudadano, instituir la jefatura inmediata sobre la Policía judicial y admitir y regular la reasunción de los funcionarios Fiscales, modificando en este punto las leyes Orgánica y de Enjuiciamiento criminal. El sistema de ascensos que se adopta en las categorías separadas de la carrera judicial es el mismo que hoy se aplica y que tuvo su origen en el decreto de 22 de Diciembre de 1902 relativo a esta materia; sistema que tan excelentes resultados produjo hasta ahora y que ha llevado al ánimo de los funcionarios judiciales la satisfacción interior tan apetecible en quienes están llamados a desempeñar la augusta función de administrar justicia. Y, por último, la traslación, hoy libre, de los funcionarios del orden fiscal, se limita a los casos en que concurren determinadas causas. Las mismas garantías que ofrece un personal seleccionado como el que va a constituir esta carrera aleja la