El Foro español (Madrid. 1898) (1917-10-30 00:00:00), página 5

el georgismo. «A medida que la civilización progres—dice Enrique George—, es mayor el divorcio de ricos y pobres, mayor la distancia que los separa. Mientras la renta de la tierra se eleva, el interés del capital disminuye y el salario del obrero desciende al mínimo estrictamente indispensable para las necesidades de la existencia. Y así vemos en todos los países crecer simultáneamente, como las ramas de un mismo tronco, la suma pobreza al lado de la suma riqueza.» «La causa única de estos males es la renta de la tierra. El hombre no puede trabajar sin el concurso de la tierra, y como la tierra está monopolizada, sus propietarios exigen por el arrendamiento, por el permiso para trabajar, la mayor parte de los beneficios; con el progreso de la población y de los procedimientos de trabajo aumenta incesantemente la renta, pero sólo a favor de los propietarios. El mejor modo de suprimir la renta es confiscarla por medio del impuesto único sobre el valor de la tierra.»

G.

CÓDIGO PENAL DE 1870
concordado y comentado con todas las cuestiones y casos prácticos resueltos por el Tribunal Supremo en esta materia desde 1870 a 1903 inclusive, por el EXCMO. SR. D. SALVADOR VIADA Y VILASECA
Presidente que fue de la Sala de lo Criminal del Tribunal Supremo.
Nueve tomos, en 4.º, de 594, 700, 812, 370, 468, 628, 640, 675 y 656 páginas respectivamente, 108 pesetas. En las mejores librerías.
Los pedidos a D. SALVADOR VIADA Y VILASECA, Abogado, Españolet, 14.—Madrid
Se venden también los tomos por separado a los precios, respectivamente, de 11, 13, 18, 11, 10, 12, 12, 12 y 12 pesetas.

De las Juntas de defensa

Es tradicional entre nosotros la reunión de Juntas, que representan todo movimiento revolucionario, y no es novedad el verlas constituidas a semejanza de éstas de defensa que, frente a frente con los poderes constituidos, implican una protesta y una exigencia, que los Gobiernos tienen el deber de escuchar, examinar y encerrarse de la legitimidad de sus pretensiones, y si son justas incorporarlas inmediatamente a su obra gubernamental para evitar fatales alteraciones del orden público y quizá un cambio de régimen.

Las vemos aparecer en nuestra patria, ante la conmoción general de Castilla, cuando sus procuradores, de vuelta de Santiago y la Coruña, divulgaban lo allí ocurrido con Carlos I, y es Toledo la que, no queriendo aparecer como causa de aquel levantamiento de las Comunidades de Castilla, se dirige a las demás ciudades invitándolas a reunirse en Junta. Y en el mensaje que las dirige les advierte de que no pongan «excusa diciendo que en los reinos de España las semejantes Congregaciones y Juntas son por los fueros reprobadas, porque en aquella Santa Junta no se ha de tratar sino el servicio de Dios. Lo primero, la fidelidad del rey nuestro señor. Lo segundo, la paz del reino. Lo tercero, el remedio del patrimonio real. Lo cuarto, los agravios hechos a los naturales. Lo quinto, los desafueros que han hecho los extranjeros. Lo sexto, las tiranías que han inventado algunos de los nuestros. Lo séptimo, las imposiciones y cargas intolerables que han padecido estos reinos. De manera que para destruir estos siete pecados en España se inventasen siete remedios en aquella Santa Junta; paréceños, señores (decían) y creemos que lo mismo os parecerá, pues sois cuerdos».

Ese movimiento revolucionario, de protesta contra los desmanes extranjeros y la conducta del Emperador, terminó en Villalar con la derrota de las Comunidades, y desde ese momento la desnaturalización de la política española es un hecho real y evidente. Aquel movimiento fue la revolución castellana, y es incuestionable que las Juntas trataron de salvar nuestras instituciones patrias y libertades que percibieron en manos de Carlos V, y, por lo tanto, toda persona amante de las glorias nacionales no puede ver con repugnancia aquella verdadera protesta contra su supresión.

Y si aquellas Juntas fueron la expresión de un movimiento nacional contra la intrusión y preponderancia del poder real y de los extranjeros en el gobierno de la nación, lo mismo representaron las Juntas provinciales, constituidas para levantar el país contra Napoleón y echar de la Península a los franceses. Entonces fue cuando, huérfana la nación de todo gobierno, se constituyó en Juntas, alcanzando este movimiento, no sólo a España, sino también a Portugal, y seguramente que de no haber destruido aquella inteligencia entre unos y otros, como la destruyeron nuestros aliados los ingleses, la unión ibérica sería un hecho consumado, del que no habría porqué hablar, a no ser para referir su historia.

También representaron las Juntas de entonces un movimiento revolucionario y llevaron a cabo lo que históricamente se conoce con el levantamiento, guerra y revolución de España, de tan prodigiosas consecuencias, que aún podemos decir que estamos continuando la obra iniciada por aquellos hombres promulgadores, más tarde, de la Constitución de 1812.

Después, cuando al despotismo bárbaro de Calomarde reemplazó el despotismo ilustrado de Cea Bermúdez y al Ministerio de Martínez de la Rosa le reemplazó el Conde de Toreno, en todas las principales ciudades del Reino se formaron Juntas de defensa, que no obedecían al Gobierno, que fueron otros tantos poderes autónomos y que impulsaron la revolución de 1840, que costó a doña María Cristina la Regencia del Reino, que pasó a manos de D. Baldomero Espartero. He aquí otra prueba inequívoca de lo que son, representan y del peligro de las Juntas de defensa.

Las Juntas aceleraron el destronamiento de Isabel II y la revolución de Septiembre de 1868 y siempre su constitución ha representado una crisis intensa para los poderes constituidos y para el país.

Con estos antecedentes, negar importancia al resurgimiento de esas Juntas en los días que corremos, es cerrar los ojos a la evidencia. La creación de las Juntas ha coincidido siempre con movimientos de intensa