El Foro español (Madrid. 1898) (1917-05-30 00:00:00), página 11

cidas por ambigüedad o poca precisión de las cláusulas del contrato, en relación a la merced convenida o respecto de cualquier otro de los pactos estipulados que requieran la discusión amplia del juicio civil ordinario;
Y que con arreglo a este criterio se estima, acertadamente materia propia del juicio de desahucio el arrendamiento de la finca de que se trata, cuando aunque llegara a calificarse el contrato privado como de aparcería por la circunstancia de hacer consistir el precio en una parte determinada de los cereales recoleídos, esta cláusula única, clara y terminante, no da lugar a dudas para su interpretación, que haga preciso aquilatarlas en el juicio plenario correspondiente.

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Competencia.—Compraventa.—Acción personal.—Sentencia de 6 de Junio (Gaceta de 28 de Enero de 1914).—Consigna que no constando que la factura presentada con la demanda fuera aceptada expresa o tácitamente por el comprador, no pueden constituir principio de prueba al efecto de determinar la competencia, y si el único dato cierto es que la mercancía fue recibida en la ciudad domicilio del comprador, do conformidad al párrafo 2.º del art. 1.500 del Código civil, en relación con la regla 1.ª del 62 de la ley de Enjuiciamiento, procede decidir la controversia en favor del fuero del presunto deudor.

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Competencia.—Pago de cantidad.—Sentencia de 7 de Junio (Gaceta de 29 de Enero de 1914).—Resuelve que no basta para perjudicar el fuero del demandado sobre pago de cantidad, conforme á los artículos 57 y 58 de la ley de Enjuiciamiento civil, la existencia de unas cartas en que se habla de la existencia de la duda sin hacer referencia al lugar del pago, ni personarse luego en el juicio antes de entablar la competencia, por lo que la competencia pertenece al Juzgado del domicilio del deudor conforme al párrafo 3.º del art. 1.171 del Código civil en relación con la regla 1.ª del 62 de la ley procesal.

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Arrendamiento.—Bienes de menores.—Daños y perjuicios.—Nulidad de contrato.—Sentencia de 9 de Junio. (Gaceta de 28 de Enero de 1914).—Declará que por más de que ordinaria y generalmente el contrato de arrendamiento es un acto de administración, según constantes declaraciones del Supremo Tribunal, hay, sin embargo, casos en que al señalarse un tiempo de duración mayor de seis años, que exige la inscripción en el Registro de la propiedad, según precepto del caso 5.º del art. 2.º de la ley Hipotecaria, semejante arriendo pierde aquel carácter de acto administrativo, viéndose a constituir un derecho real a favor del arrendatario, y de consiguiente una desmembración de dominio, que supera los límites de la administración, y así como en la comunidad de bienes los conduciones que representen la mayor suma de intereses no se hallan capacitados para dar en arrendamiento la cosa común por plazo que exceda de seis años, si la anuencia y conformidad de todos los participes, una vez que de no concurrir ésta, sus derechos dominicales en la ley reconocidos quedarían mermados, de igual manera una madre que administra bienes de un hijo menor tampoco puede verificarlo por sí sola con manifiesta contravención del terminante precepto del art. 1.548 del Código civil, porque el contrato de arrendamiento produce únicamente obligaciones personales, y sin consentimiento de todos los interesados no es dado extenderlo a estipular convenciones que alteran su naturaleza y lo transforman en una parcial enajenación del dominio, de todo lo cual se desprende que la referida madre, antes de concertar la promesa o el verdadero arrendamiento, precisa obtener la autorización judicial para contratar a nombre de su hijo menor, y que al no haberla solicitado ni obtenido, pactó sin capacidad perfecta, sin eficacia legal y el contrato carece de validez, conforme acertadamente declara la sentencia impugnada;
Y que originada la nulidad del contrato en un hecho único y exclusivamente imputable al demandado, cual es el de no haber completado su capacidad, pidiendo la autorización judicial para contratar a nombre de su hijo menor, es obvio que de esa omisión y negligencia en llenar aquel indispensable requisito, se desprende, conforme á lo estatuido en los artículos 1.101, 1.104, 1.303 y 1.304 del Código civil, la obligación de indemnizar los perjuicios ocasionados, que han de extenderse a todos los que se hayan originado, siempre que en la litis se haya demostrado la realidad de los mismos.

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Reconocimiento de hijo natural.—Sentencia de 10 de Junio. (Gaceta de 28 de Enero de 1914).—Declara que constituye elemento esencial de prueba, a tenor del núm. 1.º del art. 135 del Código civil, el que sea indubitado el escrito de padre en el que conste el reconocimiento expreso del hijo natural, y negada dicha condición a los documentos aportados al efecto y apreciando la Sala sentenciadora una prueba pericial, en uso de sus facultades, apreciación que le corresponde exclusivamente, es manifiesta la improcedencia del recurso, que en modo alguno podrá prosperar contra la sentencia que en tal caso declara no haber lugar al reconocimiento de hijo natural pretendido, aun apareciendo que era soltera en la época de la concepción y del parto la madre, porque este elemento de juicio está subordinado a los demás que exige el mencionado artículo.

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Accidente del trabajo.—Incapacidad parcial permanente.—Sentencia de 11 de Junio (Gaceta de 29 de Enero de 1914).—Resuelve que entre las incapacidades parciales producidas por los accidentes del trabajo a que se refiere el núm. 3.º del artículo 4.º de la ley, no sólo se comprenden las enumeradas en el art. 9.º del reglamento de 8 de Julio de 1903, sino conforme al 12 del mismo, todas las demás lesiones, si el patrono no aceptara a la víctima en la clase del trabajo que desempeñaba al producirse las, pues esta negar ya constituye, sin necesidad de otro elemento de prueba, un indicio manifiesto de que el accidente fue causa de daños y perjuicios que deben indemnizarse, salvo la concurrencia de una causa de excepción de las comprendidas en la legislación especial reguladora de esta materia;
Y que después de afirmarse en un veredicto la existencia del accidente del trabajo sobre que ha versado el juicio, si bien contestando a una de sus preguntas se dice que el defeso quedado al obrero en la mano izquierda, por virtud de aquél es sólo funcional de los dedos índice y medio, aparte de que tal accidente, por su naturaleza, es imposible calificarlo entre los leves que no producen interrupción para dedicarse al trabajo, si de las mismas manifestaciones del patrono resulta que al obrero a consecuencia del accidente no pudo ofrecerse colocación en la clase de trabajo que desempeñaba, sino en otro compatible con su estado, con sujeción a los preceptos mencionados, dicha lesión no puede menos de calificarse de incapacidad