El Foro español (Madrid. 1898) (1916-10-20 00:00:00), página 3

de 1915 dijo, en la exposición del decreto de esa fecha, que en todas las disposiciones legales sobre ingreso y ascenso de los funcionarios encargados de la administración de justicia, se había establecido el ingreso en la carrera por oposición y el principio riguroso de antigüedad para el ascenso, que debe admitirse, si no por mejor, en evitación de los males a que ha dado lugar la absoluta libertad de elección..., pudiendo ser uno de ellos —agrega el articulista— el del ingreso, primero en el Secretariado de Audiencia y después en la carrera judicial, de personas que no reunían las condiciones exigidas por la ley para la obtención de los referidos cargos. (Exposición del proyecto de ley de 1.º de Noviembre de 1915.)

No fué el Ministro consciente con el principio de absoluta antigüedad, toda vez que si lo respetó en los ascensos hasta Presidente de Sala de Audiencia territorial de fuera de Madrid y Barcelona, lo hizo con ciertas salvedades y reservas (art. 4.º), tal vez para que el principio aceptado no resultase un criterio ciego y, por tanto, irracional—según se anuncia en el prólogo—y suprimió el turno de antigüedad para las vacantes del Supremo.

Al cabo de los años mil, el turno de elección, que parecía definitivamente condenado, se exhuma en la base 13 del proyecto de reforma de la ley Orgánica.

Discutir su conveniencia y su necesidad es pueril. Hay pensamientos, palabras y obras de tan claro significado e inteligencia, que al intentarlas esclarecer se corre el riesgo de obscurecerlas.

La elección es buena en principio, si de esta facultad se hiciera moderado y prudente uso. La triste experiencia de una porción de años ha demostrado, que sólo sirvió para encumbrar a los parientes y amigos, desde el momento en que se premiaron como méritos con un ascenso el haber sido Oficial de cuarta clase de Administración civil y escribiente de Ministerios, forzando a la conclusión de que para administrar recta, cumplida e imparcial justicia, es necesario poseer buena letría. Por esta posible confusión entre la caligrafía y la constante y perpetua voluntad de dar a cada uno lo suyo, es forzoso condenar el sistema por injusto y volver a la antigüedad absoluta. que si no premia a los mejores sus merecimientos, tampoco posterga a los íntegros, como hidalga recompensa a su recto proceder.

En todas las carreras, la libre selección sería muy provechosa. La libre elección en la judicial es sinónimo de postergación sistemática de los Jueces que no acudan al favor. Si es una dolorosa realidad que no puede obtenerse un traslado ni aun una licencia con causa justificada, si no se apoya la pretensión, ¿Cómo habrá de ascender con este funestísimo sistema el Juez que, fiel a la causa, que juró defender, permanecerá apartado de ajenos influjos! O se quiere prescindir de las miserias de la condición humana, o se intenta ridículamente convertir a Jueces y Magistrados en espíritus seráficos libres de las flaquezas de la carne.

Para exigir severas responsabilidades, debe comenzarse por dotar a los funcionarios de reales y efectivas garantías de absoluta independencia. Y la infima aspiración de un Juez debe ser que sólo por el transcurso de los años llegue a las escalas superiores, en premio a su laboriosidad y como recompensa de sus esfuerzos. Y no puede prevalecer el ardor de que todos no sirven. Al incapaz debe eliminársele del escalafón, cuando su falta de capacidad esté suficientemente probada.

Así debió entenderlo también años ha D. José Canalejas, cuando en 23 de Marzo de 1889, siendo Ministro de Gracia y Justicia, dictó una Real orden que fundaba en las consideraciones que trascribo, como comprobación de la doctrina expuesta:

«El más somero examen de los escalafones demuestra la facilidad con que se han improvisado carreras, alcanzando rápidamente unos tras otros varios ascensos y en cambio sorprende la jubilación a Jueces y Magistrados sin tacha en el ejercicio de cargos modestos, no obstante sus dilatados servicios. La columna del escalafón destinada a señalar la antigüedad en la carrera, ofrece diferencias de quince y aun de veinte años de servicios entre funcionarios de una misma categoría. Tales hechos desalientan a la Magistratura, retraen del ingreso por oposición a una juventud brillante y hacen más frecuentados de lo que fuera apreciable los caminos del favor en busca de mejoras y provechos que sólo deben atribuirse a los servicios reconocidos y los acrisolados méritos.»

«Cierto que el criterio inflexible de la antigüedad absoluta es inaplicable a un personal tan numeroso y de procedencias tan diversas; mas si la latitud que concede la ley Orgánica resulta provocosa utilizándola para que lleguen a la cima verdaderas y reconocidas notabilidades jurídicas, no autoriza a que se postergue, bajo la presión de nocivas influencias políticas, antiguos funcionarios, a quienes si se conserva en sus puestos ha de ser por juzgar que son dignos de ocuparlos, y si no lo fueran, procedería apartar del ejercicio de sus funciones para que se les considere ineptos.»

Esta eloquentísima exposición resulta en 1916, ante la amenaza del decreto de reforma, de una gran oportunidad.

X
Juez de 1.ª instancia

La supresión del papel de oficio

El Ministro de Hacienda, Sr. Alba, proyecta, como medida económica, la supresión del papel de oficio en los Tribunales. Es la economía del chocolate del loro del célebre cuento; pero sin examinar la cuestión desde ese aspecto hemos de protestar contra tal medida, que viene a crear un impuesto indirecto sobre Relatores, Secretarios y Procuradores, que habrán de gastar en papel simple lo mismo