El Foro español (Madrid. 1898) (1917-04-30 00:00:00), página 4

Y así es, en verdad. Si aun en tiempos de esplendor y engrandecimiento del alma nacional, cuando el saber y la hidalguía, la magnanimidad, la vida austera, el sacrificio y la honradez eran algo respetable y respetado, pudo decirse con razón: «Pero pues da calidad al noble y al pordiosero, ¡poderoso caballero! os don Dinero», ¿qué no se dirá de este galán, quebrado de color y de todo aquello que el sentido positivista de nuestra vida de hoy llama idealismos y visiones y a los que mirando por los cristales de la utilidad, al verlos pobres, abatidos y humillados les hacen sonreír de lástima, no encontrando palabra bastante para menoscabárlos?

Un Juez indigente—y hoy lo son todos los que, además de su sueldo, no cuenten con un patrimonio—podrá inspirar afecto de compasión para los buenos, burla y risa para los malvados; respeto, jamás.

Ello aparte del desconsuelo—causa de dejadez, pereza y abandono—que abate al funcionario al ver recompensados sus trabajos, afanes, celo e integridad con remuneración tan mezquina, y reparar en que sus compañeros con funciones fáciles, irresponsables, de trabajo puramente mecánico de amanuense, viven con holgura, sonríen felices y cada día sienten más vivo su reconocimiento hacia la carrera que, exigiéndoles tan poco, les recompensa con largueza de dilapidador.

Bien sé que no todos hemos de ser unos. Pero me parece también que a la justicia distributiva debe repugnar un poco tamañas desigualdades.

No basta, sin embargo, para que el Juez goce de la necesaria independencia, con retribuirle de manera que pueda vivir sin ahogos y estrecheces.

Su autoridad se habrá centuplicado; su consideración social será mayor y más sólida y más real, y a pesar de todo le hace falta algo más para ser completa: necesita prescindir del concurso y valimiento de los políticos en su carrera. La independencia económica crearía funcionarios. La independencia de la carrera como organismo sería su renacimiento.

Es cosa averiguada, y lo acredita la experiencia que, aún los funcionarios más modestos, sirven sus destinos en la región, provincia o Municipio que les place. (Para que no se me formulen cargos por colocar al profesor de instrucción pública como término de la comparación paupérrima, lo sustituiré por otro funcionario de análoga retribución.) Desde el privilegiado Registrador de la propiedad al modesto individuo de la Guardia civil.

No sería empresa fácil contarlas a todos. Por ello, para vencer las dificultades que pudieran presentarse, se pensó como procedimiento más equitativo en anunciar las vacantes en un concurso y proverlas en corto plazo entre los solicitantes, por riguroso orden de antigüedad.

Este sistema, que satisface a todos por jugarlos con absoluta igualdad, no ha tenido fácil adaptación en la carrera judicial. Como no sabemos con certeza la causa a que obedezca, conviene dejar la presunción en cierta vaguedad poética. Pero aunque no muchos, algunos precedentes hay y conviene apuntarlos, para que no pueda alegarse su falta como ardid para no implantar la reforma.

Fué por los años de la Arcadia feliz. El de gracia de 1884, siendo Ministro de Gracia y Justicia D. Francisco Silvela, dictó un decreto con fecha 3 de Abril, declarando terminada la aplicación de todas las disposiciones transitorias de ley adicional a la orgánica del Poder judicial, en el que se prescribía—art. 7.—que «todas las vacantes del orden judicial se anunciarán para su provisión en la Gaceta de Madrid tan pronto como se comuniquen oficialmente al Ministerio, y los que aspiren a ocuparlas dirigirán solicitudes documentadas, justificando su aptitud legal en término de veinte días, a contar desde la publicación del anuncio».

La clandestinidad en materia tan interesante sufrió un golpe rudísimo. Estaban de enhorabuena los Jueces y Magistrados.

Tan próspera fortuna fué, sin embargo, «breve bien, fácil viento, leve espuma».

D. Manuel Alonso Martínez, desempeñando dos años después la cartera de Gracia y Justicia, creyó prudente volver al anterior estado de derecho, y con fecha 8 de Abril destruyó la atalaya, disponiendo en el art. 1.º de su decreto—derogatorio del art. 7.º del 3 de Abril del 84—que «las vacantes de las carreras judicial y fiscal serán provistas por el Gobierno sin anuncio previo en la Gaceta, con arreglo a las disposiciones de la ley adicional a la del Poder judicial de 14 de Octubre de 1882 y demás prescripciones del expresado Real decreto» bienhechor.

Así las cosas, siendo Ministro de Gracia y Justicia D. Manuel García Prieto, dictó en 5 de Febrero de 1906 un decreto sobre nombramientos de la carrera judicial, licencias, traslaciones, permutas, posesiones, excedencias e incompatibilidades, cuyo art. 4.º ordenaba: «Los funcionarios de las carreras judicial y fiscal, poseedores que sean de sus cargos, sólo por una vez en el transcurso de un año, podrán solicitar voluntariamente el traslado a otro destino de categoría análoga. Cuando las peticiones de traslado a un mismo destino fueren más de una, tendrá derecho preferente el funcionario que cuente más años de servicios en la carrera, siempre que oficialmente merezca buen concepto en la misma.» El artículo trasitorio fué derogado por el decreto de 1.º de Agosto de 1908, que suscribió D. Juan Armada, cuyo artículo único preceptuó: «No será aplicable a las traslaciones de los funcionarios de la carrera judicial y fiscal lo dispuesto por el art. 4.º del Real decreto de 5 de Febrero de 1906.

Fuera quedarse a media miel, saber que estos decretos se abolieron e ignorar las causas a que obedeció la derogación. Y como no hay comentarista de ingenio agudo y perspicaz que pueda interpretar la obra ajena como su propio autor—por lo que la interpretación auténtica es el mejor comentario de las leyes trascribiremos las exposiciones que preceden a los decretos derogatorios, explicando sus motivos.

«..., el sistema de concursos para la provisión de