El Foro español (Madrid. 1898) (1916-08-30 00:00:00), página 4

alguno por donde pudieran eludir la responsabilidad en que incurrirían los propietarios de heredades de caza por los daños que ésta causara en las fincas contiguas, dando entrada por primera vez en nuestro derecho positivo lo preceptuado en el art. 1.906, que no tiene precedente en el derecho histórico, como se observa examinando la ley Aquilia de los romanos, trasladada a las del título XV de la partida 7.a que constituyen nuestra legislación en esta materia, referente a obligaciones provenientes de culpa o negligencia, ni las que regulaban el ejercicio del derecho de caza: Ley 16 del título IV, libro III, del Fuero Real; leyes 17 y siguientes, título XXVIII, y ley 18, título XXX, de la partida 3.a, y título XXX, del libro VII, de la Novísima Recopilación; Ordenanzas generales de 3 de Mayo de 1834, y ley de 10 de Enero de 1879.

El predicho art. 1.906 del Código civil, dice textualmente:

«El propietario de una heredad de caza responderá del daño causado por ésta en las fincas vecinas, cuando no haya hecho lo necesario para impedir su multiplicación ó cuando haya dificultado la acción de los dueños de dichas fincas para perseguirla.»

De manera que, si el dueño o arrendatario de la heredad acotada puso en práctica los medios de que se dispone para impedir el aumento de la caza y conseguir desestanciarla, aun cuando no lo haya logrado, concediendo además permiso a los propietarios de las fincas colindantes para perseguirla, entonces indudablemente hay que eximirle de responsabilidad por los daños que la caza existente en su finca hubiera causado en los predios limítrofes, porque no podrá imputársele acción alguna ni omisión que fuera constitutiva de culpa o negligencia.

Pero si, por el contrario, ese propietario de la heredad de caza acotada, no sólo no ha hecho nada en tal sentido, sino que ha cuidado de su multiplicación, en este caso nadie puede sostener jurídicamente que no sea responsable de la indemnización por los daños que esa caza ocasiona en los predios colindantes precisamente por la doctrina expuesta, porque por su parte se han omitido y se han realizado actos constitutivos de negligencia y culpa, de que se debe responder.

¿Es que se puede objetar fundadamente que esa doctrina del Código civil está derogada o en oposición con las disposiciones de la vigente ley de Caza?

¿Es que sólo deben reponer de esos daños los propietarios de terrenos declarados vedado de caza y nunca los de los acotados?

Indudablemente no. Sucede todo lo contrario; los preceptos de la ley de Caza se conservan en vigencia y marchan de perfecto acuerdo y guardan rigurosa consonancia con los del Código civil, haciendo responsables unos y otros de esos daños, lo mismo a los propietarios de heredades declaradas vedado de caza, que a las simplemente acotadas.

Ahí está, por ejemplo, la ley y reglamento de Caza, en los que no existe un solo artículo que derogue la doctrina del Código civil que se deja expuesta. Lo único que deroga la disposición 5.a de las generales de dicha ley, son las anteriores, reguladoras del ejercicio del derecho de caza, cosa distinta a la sanción que marca aquel Código por los daños que la caza ocasione en los predios contiguos.

Tenemos también el mismo Código civil, que sale al paso y contradice tal objeción al disponer en el artículo 611 que el derecho de caza se regirá por sus leyes especiales, con lo cual da prueba evidente de que ninguno de sus preceptos invaden esferas de aquellas leyes.

Y hasta el mismo art. 9.º de la ley de Caza, en donde se quiere ver la contradicción, viene en apoyo de cuanto afirmamos.

Dice así el mencionado artículo en su último párrafo: «Todo propietario podrá vedar legalmente sus fincas, pero será responsable directamente con sus bienes, con arreglo al Código civil, de los daños que la caza que se críe en su propiedad cause en los predios colindantes.

Ahora se pregunta: ¿Cuándo se entiende que está vedada legalmente una finca?

Pues, sencillamente, cuando en ella no se puedaazar sin permiso escrito de su dueño.

¿Y cuándo se necesita ese permiso de su dueño? En cuatro casos. Cuando la finca esté: 1.º, visiblemente cerrada; 2.º, acotada; 3.º declarada vedado de caza, y 4.º, sin levantar las cosechas. Así lo disponen los artículos 9.º y 15 de la pronombraida ley de Caza.

Luego a todos estos cuatro casos se refiere la disposición del último párrafo de dicho art. 9.º que comentamos, y las fincas que se encuentren en alguno de ellos están vedadas legalmente, y prohibido, por tanto, el libre ejercicio de la caza en ellas, y sometidos sus propietarios al Código civil por lo que hace a la responsabilidad por los daños que la caza que se críe en las mismas cause en los predios colindantes.

La confusión de los que sostienen la doctrina adversa de que sólo están sujetos a esa responsabilidad los propietarios de las heredades declaradas vedado de caza, nace de la interpretación errónea que le dan a las frases de dicho párrafo vedar legalmente, creyendo que con ellas se refiere la ley tan sólo á aquellos torreños declarados vedado de caza.

Y no es así, por ser vocábulos de alcance diferente, comprendidos éstos en aquéllos y extensivos aquéllos a otros casos que no abarcan éstos.

Es decir, que es «vedar legalmente» la finca, cuando se ha solicitado del Gobernador civil de la provincia y se ha obtenido la declaración de «vedado de caza»; pero no tan sólo con esta declaración de «vedado de caza» se puede vedar legalmente la finca prohibiendo que se eche libremente en ella, sino que también se puede hacer «cerrándola, acotándola y cultivándola». En este último caso, mientras estén sin levantar las cosechas.

He aquí, pues, cómo hay que interpretar dicho apartado del repetido art. 9.º de la ley de Caza, toda vez que otra hermenéutica diferente sería conducirnos al