El Foro español (Madrid. 1898) (1917-08-30 00:00:00), página 11

su transcendencia jurídica, requiera si ha de prosperar no sólo el justo título y la buena fe, sino la posesión no interrumpida durante el tiempo tasado en la ley;

Que no concurren estos requisitos en el hecho de que, al cesar el contratista constructor de una casa en la ejecución de la obra por diferencias surgidas con el dueño de la misma, deje en dicha obra el andamiaje, artefacto que el dueño de la finca vende, después de utilizarlo, antes del tiempo de la prescripción adquisitiva, porque la mera tolerancia del dueño de la casa en construcción, que voluntariamente constituyó permaneciese en ella el andamiaje discutido, no puede merecer ese concepto jurídico de justo título, capaz de trasladar el dominio porque tampoco concurre la buena fe en que se informa el derecho y la razón, toda vez que, si bien presumible, difícil es encontrar esa presunción en el hecho de haber dejado el contratista en la obra el expresado artefacto con destino a uno de los trabajos de construcción; y menos concurre la posesión no interrumpida, por cuanto realizada la venta antes de los tres años, elemento esencial para la prescripción de bienes muebles, ese contrato caracteriza un título singular que transmitió la propiedad del vendedor al comprador, y, por lo tanto, solo a este y no al primero le sería dable, si fuese litigante, juntar a su posesión la de su antecesor para completar el lapso de tiempo en que se inspira el art. 1.960 del Código civil.

Accidente del trabajo.—Obligaciones recíprocas entre obrero y patrono.—Rescisión de los contratos.—Sentencia de 25 de Octubre. (Gaceta de 20 de Mayo de 1914.)—Resuelve que siendo perfectamente compatibles por su naturaleza, las obligaciones de ayuda y asistencia que al patrono impone la ley de Accidentes del trabajo, con los deberes recíprocos que por la misma el obrero tiene que cumplir por la relación jurídica que entre los mismos se establece para que éste pueda hacer efectivos los derechos que la misma le reconoce, no podía autorizar esa ley que el obrero por su exclusiva voluntad y conveniencia pudiera faltar a esos deberes, como si se hallase desligado de su patrono, y por ello, en el momento en que lo verifica de una manera arbitraria, quiebra esos deberes legales, y queda restituida y extinguida aquella relación jurídica, y, por tanto, extinguidas las obligaciones impuestas al patrono, sin que del mismo pueda aquél exigir la aplicación de esa ley, conforme a los preceptos generales que regulan la rescisión de los contratos, tanto de los establecidos por la ley, cuanto por la exclusiva voluntad de las partes, pues el no estimarlo así, sería subordinar la eficacia jurídica de un contrato bilateral a la voluntad de una parte, lo que pugna con los principios que integran el concepto de las obligaciones recíprocas, doctrina reiterada en la jurisprudencia de este Supremo Tribunal;

Y que siendo hechos declarados probados por la estimación que de las pruebas hace la Sala sentenciadora, y no impugnados en casación en la forma que la ley rituaría establece, los de que la lesión que sufrió un obrero por accidente en su servicio, se califica de incapacidad parcial permanente; que durante la curación, el patrono le prestó toda la asistencia y retribución que la ley le impone, y que habiendo vuelto aquél a prestar su servicio en las mismas condiciones que antes de ocurrir el accidente, hubo de abandonar ese servicio por su exclusiva voluntad y conveniencia para dedicarse a otro trabajo con mayor retribución, es visto que al aplicar a estos hechos la doctrina legal que queda consignada para fundar la Sala su sentencia absolutoria, por estimar que el obrero carecía de acción y derecho para solicitar la indemnización que en otro caso autoriza la citada ley de Accidentes, no infringe el art. 4.º de la misma en su sección 2.ª, ni aplica indebidamente los 8.º y 13 del Reglamento de 8 de Junio de 1903.

Accidente del trabajo.—Incapacidad parcial permanente.—Sentencia de 25 de Octubre. (Gaceta de 20 de Mayo de 1914)—Resuelve que la disposición 3.ª del art. 4.º de la ley de 30 de Enero de 1900 determina de un modo absoluto que si el accidente hubiese producido una incapacidad parcial, aunque permanente, para la profesión o clase de trabajo a que se hallaba dedicada la víctima, el patrono quedará obligado a destinar al obrero con igual remuneración a otro trabajo compatible con su estado o a satisfacer una indemnización equivalente a un año de salario, a elección del patrono, sin que establezca disminución alguna, sea cualquiera el grado en que dicha incapacidad haya podido producirse;

Y que si la incapacidad que sufre un obrero, si bien de carácter permanente para trabajar en su oficio, no le imposibilita el efecto de practicar algunas operaciones del mismo que requieran menor esfuerzo, el caso no puede comprenderse en la disposición legal 2.ª del mencionado art. 4.º

Competencia.—Compraventa.—Permuta.—Acción personal.—Sentencia de 25 de Octubre. (Gaceta de 20 de Mayo de 1914.)—Resuelve que faltando en absoluto todo principio de prueba preconstituido, determinante de las condiciones con que se celebró un contrato, ya sea de compraventa, ya de permuta, en defecto de sumisión, a tenor de lo prescrito en el párrafo 3.º del art. 1.171 del Código civil, en relación con la regla 1.ª del 62 de la ley de Enjuiciamiento también civil debe atribuirse el conocimiento de la demanda, en reclamación de cantidad al Tribunal del fuero del demandado y presunto deudor.

Competencia.—Pago de pesetas.—Subrogación.—Acción personal.—Sentencia de 27 de Octubre. (Gacetas de 20 y 21 de Octubre de 1914.) Consigna que si en una demanda se reclama el importe del pago de dos anualidades atrasadas de contribución territorial, que supone verificado el comprador de una finca en nombre del vendedor, lo que constituye en rigor una subrogación, conforme al num. 3.º del artículo 1.310 del Código civil, la entidad acreedora tiene, indudablemente, derecho a exigir el pago en el punto en que el citado inmueble radica, y en su virtud, en defecto de sumisión y de pacto en contrario, a tenor de lo prescrito en la regla 1.ª del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento, procede atribuir el conocimiento del juicio al Tribunal de dicho punto, porque allí, necesariamente, debía cumplirse la obligación expresada.

Obligaciones (prueba de las).—Sentencia de 28 de Octubre. (Gaceta de 21 de Mayo de 1914.)—Declara que es principio general de Derecho consignado en el art. 1.214 del Código civil, que aquél que reclama el cumplimiento de una obligación tiene el deber de probar su existencia, y por ello si la Sala sentenciadora, apreciando, en uso de su exclusiva facultad, las pruebas aportadas al pleito, declara en su fallo que el actor y recurrente no ha acreditado la realidad de aquélla en que funda su demanda y que hace derivar de un contrato de préstamo que supone celebrado entre