El Foro español (Madrid. 1898) (1917-05-10 00:00:00), página 12

concesionario los frutos en las mismas condiciones, siempre que no se consideren perjudicados en sus intereses por malas C/., dados los términos en que aparece redactada dicha cláusula, es evidente que al declararse en una sentencia que los socios de la indicada Sociedad quedaron desligados a remitir sus frutos al concesionario y condenar a aquélla por no haberlo hecho, a la correspondiente indemnización, no infringe los artículos 1.291 y 1.281 del Código civil:

Que debiendo atenerse a los términos de dicha cláusula para su recta interpretación con arreglo a lo dispuesto en los artículos 57 del Código de Comercio y 1.281 del civil, resulta evidente dicha obligación e ineludible su cumplimiento, sin que a la frase «siempre que no se consideren perjudicados en sus intereses por mala cuenta de venta» pueda darsele un sentido absoluto, pues eso equivaldría a hacer depender de la limitada y arbitraria voluntad de una de las partes el cumplimiento de las obligaciones contraídas a cambio de las otorgadas por la otra, lo cual es contrario a todo principio de Derecho, tanto positivo como natural:

Que tratándose de un contrato oneroso, si alguna duda ofreciera, deberá interpretarse, a tenor de lo ordenado en el art. 1.289 del mencionado Código civil, en favor de la mayor reciprocidad de intereses;

Y que la referida Sala no desconoce ni contraría la doctrina derivada de los artículos del Código de Comercio relativa a las facultades de los socios colectivos y gestores y obligaciones de los comanditarios en las Sociedades de esta clase, si del examen de las diferentes pruebas aportadas al juicio sobre este punto ha llegado a la apreciación racional y lógica, no combatida, de que los socios autorizaron al Gerente para obligarles en el contrato celebrado, máxime cuando algunos de ellos, al confesionarle, discutieron y convinieron todo lo relativo a su sentido, extensión y alcance y, una vez otorgado, lo prestaron todos su aprobación, admitiendo y lucrándose con el precio exigido por la cesión.

Declaración de quiebra.—Documento de crédito.—Sentencia de 8 de Mayo. (Gaceta de 16 de Enero de 1914.)—Declara que tratándose de documentos justificativos de crédito, reconocidos sin disolución por el quebrado como representativos de una deuda, esto basta para estimar cumplido el primero de los requisitos del párrafo 2.º del artículo 876 del Código reformado, que no exige sino que el título justifique una deuda y no que sea ejecutivo, según doctrina de la sentencia de 9 de Junio de 1897; siendo inaplicable al caso así planteadlo lo establecido en el 1.325 de la ley de Enjuiciamiento civil, que aparte de referirse al 1.025 del antiguo Código, hoy no vigente, se encuentra sustituido y completado por el mencionado 876, que distingue entre el documento fehaciente o sea con fuerza ejecutiva, del que se ocupa en su primer párrafo, y el acreeditativo de una deuda suficiente para obtener la declaración de la quiebra, al que se refiere su segundo; y que dentro de su proceso puede ser reconocido y graduado según los números 5.º y 6.º del artículo 913 del moderno Código; fundamento que exculsa discurrir acerca de la necesidad del protesto, puesto que este requisito extrínseco, si concede determinados privilegios, no dispensa al librador de la obligación de satisfacer el importe de la letra, según el art. 483 del Código citado, y los gastos con arreglo al 458, siendo suficiente, como expresa el 460, se haya presentado el cobro para que exista dicha obligación.

Reivindicación de bienes.—Sentencia de 10 de Mayo. (Gaceta de 17 de Enero de 1914.)—Resuelve que es deber ineludible de todo el que acciona como reivindicante acreditar cumplidamente que es dueño de la cosa objeto de la reivindicación, pues si así no fuera se conciliaría el principio jurídico consagrado por la jurisprudencia, de que nadie puede atribuirse más derechos que aquellos que legítimamente hubiera adquirido.

Competencia.—Compraventa.—Acción personal.—Sentencia de 12 de Mayo (Gaceta de 17 de Enero de 1914.)—Consigna que si los documentos presentados con la demanda proceden de la parte actora y vendedor de los géneros de comercio cuyo pago se reclama, sin que conste prestarla aquiescencia expresa o tácita a los mismos el comprador y demandado, ni que se remitiera a éste por su cuenta y riesgo, ni pueda deducirse por dato alguno cuál fuera el lugar de la entrega, es de aplicación al caso el párrafo tercero del art. 1.171 del Código civil, en relación con la regla 1.ª del 62 de la ley de Enjuiciamiento, conforme a lo que procede decidir la controversia en favor del fuero del presunto deudor.

Cuarta marital.—Derecho de sucesión. Documentos privados.—Sentencia de 13 de Mayo. (Gacetas de 17, 19 y 21 de Enero de 1914.)—Declara que si una sentencia reconoce el principio derivado de la legislación romana, que atribuye a favor de la viuda pobre e indotada la cuarta marital o la porción viril consistente en el derecho a percibir de la masa hereditaria del marido una parte igual a la que corresponde a cada uno de los hijos cuando éstos son más de tres, la impugnación de tal reconocimiento por el supuesto de no ser pobre dicha viuda no es admisible en casación cuando tal impugnación se refiere a apreciaciones de prueba hechas por el Tribunal sentenciador, contra las cuales no se invocan de manera eficaz los errores determinados en el número 7.º del art. 1.692 de la ley Procesal:

Que es axioma jurídico que los derechos a la sucesión de una persona se transmiten desde el momento de su muerte, y con arreglo a esa norma es inadmisible que al fallecer el padre y después la madre de dos litigantes, los frutos de los bienes de aquéllos deban sumarse a las respectivas testamentarias o herencias para ser luego objeto de división, en unión de los demás bienes, razón fundamental que, tratándose de títulos hereditarios para la posesión de lo que de la herencia proceda, excluye la aplicación de preceptos legales y de doctrina relacionados con títulos posesorios de distintos carácter y naturaleza, como las leyes 22 del Código de rescindenda vindicione, 25, párrafos 11 y 40, párrafo 1.º, título 3.º, libro 3.º del Digesto de hereditatis petitione, y la doctrina desarrollada en sentencias de 15 de Octubre de 1885, 20 de Marzo de 1887, 11 de Junio de 1889, 12 de Octubre de 1897 y otras;

Y que las reglas que el art. 1.225 del Código civil establece exigen a los documentos privados el requisito de reconocimiento, y no teniéndolo los asientos de un libro a los que se niega fuerza probatoria, no pueden reputarse tales asientos como eficaces en juicio, sin que tampoco permita el art. 1.228 del propio Código que hagan prueba, aun siendo auténticas, contra otras personas que las que los suscribieron.