El Foro español (Madrid. 1898) (1917-04-10 00:00:00), página 7

Efectos civiles de las sentencias de divorcio

CUESTIÓN PROCESAL

La interesante sentencia del Tribunal Supremo de 21 de Noviembre último, habíame sugerido la idea de dedicarle algunos modestos comentarios, y aprestábase a la tarea, cuando leí el notable artículo que, relativamente al mismo asunto, publicó en el número 50 de Revista de los Tribunales el meridísimo escritor D. José Ortuno, la mayor parte de cuyas manifestaciones suscribo gustoso.

Precisamente, en el ejercicio profesional presentése no ha mucho a mi estudio y resolución un escrito en que se solicitaba la ejecución en el orden civil de una sentencia de divorcio perpetuo, dictada por el Tribunal eclesiástico competente; a tal pedido recaía providencia en la que se acordaba: "...Visto lo dispuesto en los artículos 1.432, 1.433 y siguientes, 80 al 82 y 68 del Código civil, y por analogía de aplicación el 935 y siguientes de la ley de Enjuiciamiento civil, se concede traslado al marido, para que dentro del término de seis días exponga lo que crea conveniente a su derecho respecto a la ejecución de la sentencia de divorcio obtenida por su esposa..."

Convencidísimo estaba de que tal era el procedimiento adecuado; pero habiendo algún distinguido Letrado disentido de tal parecer, sosteniendo la procedencia de un nuevo juicio ordinario, quise robustecer mi arraigada opinión con la de la Revista indicada y formulé la consulta a que se refiere el señor Ortuno, en la cual entendía «que es absurdo por completo obligar al cónyuge que ante Tribunal competente, y en largo y dispendioso litigio obtuvo sentencia firme de divorcio, a que siga un juicio de mayor cuantía con todas sus consecuencias, tratándose de una contienda en la que nada hay que dilucidar ni resolver, que no sea consecuencia ineludible de la ejecutoria obtenida; esto, aparte de que el art. 1.433 del mismo Código (el civil), dice que para que se decrete la separación bastará presentar la sentencia firme recaída contra el culpable, por lo cual, y hablando de providencia judicial el art. 1.432 de dicho Código, debe interpretarse el 1.437 en el sentido de que donde dice demanda se refiera en general a pedimento, y donde escribe sentencia, quiere decir resolución judicial. Estimo, pues (y así opinan también Manresa y Sánchez Román), que bastaría la presentación de la ejecutoria de divorcio, para que pudiera decretarse la separación de bienes y demás efectos civiles; pero por equidad pueden aplicarse los trámites del art. 935 y siguientes de la ley de Enjuiciamiento civil, para dar audiencia al marido."

Esta opinión mía, que tuve el gusto de ver plenamente aceptada por la ilustrada Redacción de la Revista consultada, tenía su natural desarrollo en los siguientes argumentos en que fundamenté la resolución del recurso de que el proveído antes dicho fué objeto.

Del estudio detenido y armónico de los artículos 67, 73, 80, 81, 82 y 1.432 y siguientes del Código civil, surge la evidencia de que para obtener los efectos civiles de las sentencias de divorcio de matrimonios canónicos, es de todo punto inadecuado, improcedente y hasta ilegal, seguir un mismo juicio ordinario de mayor cuantía, después del que por las mismas largas y dispendiosas ritualidades es preciso tramitar para conseguir aquella ejecutoria; porque, en efecto, si una sentencia firme de divorcio dictada por Tribunal eclesiástico competente y soberano en sus decisiones, no tuviera otro alcance en el orden civil, que el de un título de pedir en que fundar una demanda de separación de bienes (como de contrario se sostiene), caería por su base toda la organización jurídica concordada entre las Supremas Potestades civil y eclesiástica, en orden a la celebración de los matrimonios, su nulidad y el divorcio de los contrayentes: el espíritu de transacción en que se inspiraron aquéllos, se tradujo en los artículos citados del Código civil, en el 76 y en otros; se reconoció a la Iglesia exclusiva facultad para anular los matrimonios y declarar el divorcio de los que lo contrajeron bajo su amparo (art. 80), reservándose el Estado, por medio de los Tribunales ordinarios, la parte relativa a los efectos civiles (artículos 67, 68, 81 y 82), y todo ello mediante un procedimiento breve, expedito que, marcado fundamentalmente en el art. 1.433 del Código civil, no cabe decir en puridad de verdad que no existe para que tenga aplicación lo dispuesto en el art. 481 de la ley de Enjuiciamiento civil, toda vez que, con arreglo al precepto indicado, puede solicitar la separación de bienes el cónyuge que hubiere conseguido a su favor una sentencia firme de divorcio, y para que se decrete aquélla, bastará presentar ésta ante los Tribunales ordinarios (art. 67 del Código), quienes a tenor de las preceptivas frases del párrafo primero del prenotado art. 1.433, deberán decretarlo; no tendrán otro remedio que hacerlo así.

Pero es más: aunque la sentencia canónica de divorcio no hace, porque no puede hacer, declaración alguna relativa a efectos civiles, éstos se producen ipso jure por la misma virtualidad de la ejecutoria, sin que por lo tanto haya materia para nueva discusión de lo que es indiscutible, siquiera haya de pasar por el exequatur de los Tribunales ordinarios, en reconocimiento o de la soberanía del Poder civil, pero no mediante un juicio declarativo, totalmente innecesario, sino en el procedimiento breve y sencillo que estatuyó el Código en síntesis y que por analogía y para dar intervención al cónyuge que dio causa al divorcio, se desarrolla en los artículos 935 y siguientes de la ley de Enjuiciamiento civil, perfectamente adaptables al caso.

Y si es evidente que el procedimiento para la ejecución de sentencias preceptuado por la ley de Enjuiciamiento civil, supone uno en que aquello que haya de ejecutarse esté previamente declarado, no puede darse en este caso, de que la ley declara rotundamente (art. 73 del Código civil): «La sentencia de divorcio producirá los siguientes efectos: 1.º La separación de los cónyuges ... 4.º La separación de los bienes de la