El Foro español (Madrid. 1898) (1916-04-10 00:00:00), página 3

rio de Gracia y Justicia existen varias instancias, alguna reciente, firmadas por multitud de Secretarios, que también tienen el derecho de opinar aunque sea en contra de lo que opine la Gaceta de Tribunales, que podrá representar la entidad de algunos Colegios pero no la opinión incluso de todos los Secretarios que forman cada uno de esos Colegios. Nosotros no vamos a discutir con ese colega si era o no perfecto del todo el proyecto del Sr. Burgos; pero sí hemos de afirmar que causó excelente impresión entre la inmensa mayoría de los Secretarios judiciales el anuncio del establecimiento del sueldo, y en la opinión pública el que por fin parecía que iba a ser posible litigar sin costar al litigante un capital, siempre incierto, y de ese modo con evidente mayor utilidad para el Estado, porque el número de litigios aumentaría enormemente ante su palmaria baratura y la falta de ocasiones de las muchas que para otras cosas hoy se presentan.

Conviene recomendar al Sr. Barroso, para que no crea que la opinión es contraria al sueldo ni aun a las patentes en esa o en otra forma o cuantía, que pida antecedentes en el Ministerio y repase la colección del colega y la nuestra, y verá que cuando ha visto su impopularidad entre sus compañeros ha llegado hasta a mostrarse partidaria del sueldo; pero en cuanto advierte un solo síntoma de que el sueldo pueda implantarse, entonces, sin poder disimularlo, muestra su enemiga, queriendo aparentar que expresa el común sentir entre los Actuarios, y de aquí el que en ocasiones en que parecía que volvía al sueldo y la requerimos para que si lo que en alguna ocasión decía era sincero lo dijera claramente y de una vez para siempre, uniendo su esfuerzo al nuestro, nos haya dado siempre la callada por respuesta, a pesar de la indudable cortesía y buena amistad de cuantas personas inspiran al querido colega.

Libre dejamos a éste para que siga sus campañas, sin oponernos a su marcha ni aun intentar discutirlas; pero no queremos ni debemos dejar pasar en silencio lo que indudablemente se escribe en momentos determinados con el exclusivo fin de que el Ministerio se crea que al implantar ciertas reformas se va a encontrar con un estado de opinión adverso que le detenga, quizá, en ese camino.

Sepa, pues, el Sr. Barroso que la opinión general no es esa, y en su propio departamento ministerial encontrará la prueba escrita y repetida de ello y hasta en su mano tiene el pulsarlo dirigiéndose a todos y cada uno de los Secretarios judiciales individualmente; pero aunque esa no fuese la opinión de los Actuarios, es indudable que la opinión pública, que en la gobernación del Estado debe representar más que la de una clase determinada, demanda también la reforma, por la necesaria economía que en los litigios se debe encontrar y para que no sucedan algunas cosas que desgraciadamente ocurren con los aranceles, que si son malos de por sí, en ocasiones suelen ser peores por la manera de interpretarlos.

Y nada más por hoy, sino que medite el señor Ministro sobre la conveniencia de las reformas que en este punto pensaba implantar su predecesor, y las haga suyas, ya que no se trata de reformas políticas, sino administrativas y que afectan al fin principal del Estado, que es la Justicia, bien maltrecha en nuestra Patria por defectos de organización y por otros defectos y hasta excesos.

Colegio de Abogados de Madrid

REFORMAS ABORTADAS

Historia de una gestión (CONCLUSIÓN)

Los Abogados del Estado, por las leyes, están privados ya de ejercer en el orden administrativo y contencioso-administrativo, y en todos aquellos asuntos en que defendiendo al Estado para la substanciación de las pobrezas y en las causas por delito de contrabando y defraudación, la incompatibilidad es bien manifiesta. Claro que disfrutando de un sueldo fijo, su concurrencia en los demás asuntos civiles y criminales, con los compañeros que ninguno perciben, es perjudicial a todas luces; pero yo me pregunto: ¿Es bastante motivo esto para privarles en absoluto del ejercicio profesional? Aunque yo vea con simpatía que así suceda, para deslindar de campos y en evitación de probables inmoralidades profesionales, hallo vacilante mi espíritu para dar opinión concreta, porque no se me oculta que hay asuntos de índole privada en que para nada guardan relación con los intereses públicos y el ejercicio de sus funciones, y en esto los motivos de alta moralidad invocados, no tienen la justificación y realidad que en los otros casos.

Estimo por ello que la Asamblea, en su día, después de oír y contrastar todos los pareceres y todas las opiniones, es llamada a decidir este punto con pleno conocimiento de causa.

En igualdad de condiciones encuentro el caso de los Abogados fiscales sustitutos, incompatible por la ley para ciertos asuntos los de índole criminal en el término de la Audiencia donde desempeñan sus funciones. Los Administradores y jefes de Hacienda y Secretarios de Diputaciones y Ayuntamientos de capitales de provincia están asimismo, e mi sentir, en análogas circunstancias; y, por tanto, a todos ellos aplico el propio criterio que he desenvuelto respecto a los Abogados del Estado. Para las cuestiones administrativas y contencioso-administrativas es lógica, justa e inegable la incompatibilidad, que ya las leyes también consagran; pero en cuanto a los demás asuntos, el proble-