El Foro español (Madrid. 1898) (1917-06-20 00:00:00), página 2

bien exceptuando de él los nombramientos de Magistrados del Tribunal Supremo y los de Presidentes de Audiencias territoriales, pues en ambos casos debe tener la libertad de elección el Gobierno, a quien puede exigirse la más estricta responsabilidad por el uso que haga de ella.

Coincidiendo con la opinión expuesta, esto es, la de considerar que el criterio de absoluta antigüedad para los ascensos no es el más equitativo, el digno Ministro antecesor del que suscribe, propuso a V. E. el Decreto de 18 de Mayo último, en el cual modificaba el sistema de ascensos vigente y establecía turnos de elección, si bien condicionados a la propuesta que para estos turnos había de hacer un superior organismo, creado por dicho Real decreto y denominado Consejo judicial.

Tiene este organismo sus precedentes en el proyecto de ley sobre organización de los Tribunales que hoy pende de la aprobación del Congreso de los Diputados, pero si bien semejantes el proyecto de ley y el Real decreto en la constitución del Consejo y en parte de las atribuciones que se le asignan, difieren, como es natural, en el alcance de su actuación, mucho más amplia en el primer caso que en el segundo, pues éste, como obra exclusiva del Poder ejecutivo, no pudo otorgar al citado Consejo, por no estar comprendidas en las actuales leyes orgánicas y requerir su modificación, las más importantes funciones que deben constituir su fin principal, y dentro de ellas, como la más esencial, la de velar por el decoro de los funcionarios judiciales y fiscales, teniendo facultad para eliminar de ambas carreras a aquéllos acerca de los cuales adquiriesen la convicción moral de que no eran dignos de seguir perteneciendo a ellas.

Reducidas las atribuciones del Consejo judicial a los estrechos límites establecidos por el Real decreto de 18 de Mayo, es de temer que el propósito recto y plausible que perseguía su autor, se esterilice y no dé los resultados apetecidos, con lo cual se restaría el prestigio y la autoridad que pueda tener el Consejo judicial el día en que el Poder legislativo, al reformar las leyes orgánicas de los Tribunales, dé vida al repetido organismo, no en forma fragmentaria, como ahora, sino dentro de un orden sistemático y con la plenitud de las facultades a que antes se hacía referencia.

En tanto llega este momento, entiende el Ministro que suscribe que procede volver a lo que estatuyó el Real decreto de 30 de Marzo de 1915, que durante el tiempo de su vigencia no suscitó dificultad de ninguna clase y contaba con la aprobación del mayor número de los funcionarios de las carreras judicial y fiscal. Únicamente deben quedar vigentes los preceptos relativos al Secretariado de las Audiencias que fueron recogidos en el Real decreto de 18 de Mayo, tomando en consideración lo dictaminado en esta materia por el Consejo de Estado en pleno.

Atendiendo a los motivos expuestos, el Ministro que suscribe tiene el honor de someter a la aprobación de V. M. el adjunto proyecto de Decreto.

Madrid, 18 de Junio de 1917.—Señor: A. L. R. P. de V. M., Manuel de Burgos y Mazo.

REAL DECRETO

A propuesta del Ministro de Gracia Justicia y de acuerdo con el parecer de Mi Consejo de Ministros, Vengo en decretar lo siguiente:

Artículo 1.º Se deroga el Real decreto de 18 de Mayo último, restableciéndose en toda su integridad el de 30 de Marzo de 1915.

Art. 2.º No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, la provisión de las Secretarias de Sala de las Audiencias territoriales, seguirá ajustándose a lo dispuesto en el art. 13 del Real decreto de 18 de Mayo anterior.

Art. 3.º Las Secretarías de Audiencias provinciales sólo podrán ser provistas en Vicesecretarios que sirvan su cargo en propiedad, y en defecto de éstos, y con carácter interino, en Aspirantes a la Judicatura por el mismo orden que establece el art. 11 del Real decreto de 30 de Marzo de 1915.

Dado en Palacio a diez y ocho de Junio de mil novecientos diez y siete.—ALFONSO.—El Ministro de Gracia y Justicia, Manuel de Burgos y Mazo.

Coacciones judiciales

Hace poco tiempo publicamos un artículo con este título en El FORO ESPAÑOL, en el que sosteníamos la conveniencia para la independencia y el prestigio judicial de que se recabase, y principalmente por los funcionarios de este orden, la reforma de la ley en el sentido de que no se permitiese el ejercicio de la profesión de Abogado, por lo menos en un número determinado de años, a los que hayan llegado a ocupar cargos de importancia e influencia notoria en la política o estén en condiciones de volverlos a ocupar por continuar en la política activa. Algunos dignísimos funcionarios judiciales, poco castigados por el caciquismo reinante o con masa de héroes, no fueron de nuestro parecer, y nosotros respetamos el suyo dando a conocer su opinión y explicando la nuestra. No hemos de insistir en los distintos puntos de mira en que entonces nos colocamos, pero sí apuntar un hecho lamentabilísimo que acaba de suceder en Madrid y que viene a dar, sino se quiere la razón en absoluto por lo menos un argumento más a los funcionarios que con nosotros opinan que aquella reforma se impone, y conste que al comentar el hecho no queremos atribuir intenciones coactivas a ninguno de los personajes que tiene la obra, pero sí reconocemos el dato de que empe- zando por el Letrado contrario y político de altura también, hasta el más modesto espectador, pudieron suponer algo que redunda en desprecio de la independencia judicial, siquiera el Presidente de la Sala, el dignísimo Magistrado y muy querido amigo nuestro, D. Mariano Avellón, tratando de atenuar el efecto que no podía pasarsele desaercibido dijese con gran energía que él jamás había solicitado ningún ascenso ni traslado del Poder judicial. Nos referimos al formidable escándalo dado con motivo de un incidente sur-