El Foro español (Madrid. 1898) (1916-05-10 00:00:00), página 3

ños. Supresión del trabajo de estos últimos en fábricas, como hoy se realiza. Armonización de la educación con la producción material.

Enfrente a estas demasías de individualistas y socialistas (pero condolidos de la situación de las clases proletarias) reaccionan justamente los Gobiernos intervencionistas de los pueblos cultos en sentido favorable a los intereses del trabajo, mejoramiento de la situación de las clases obreras y una distribución más justa de los bienes de este mundo. Rebaten los razonamientos del economista Ricardo, el que llegó a sostener que, por interés del propio obrero, era ilegítima la tutela del Estado. Antes ya había dicho Adams Smith que siempre que la ley intentó reglamentar los salarios de los obreros, ha sido para bajarlos más que para aumentarlos.

De aquí nació la controversia entre el capital y el trabajo, solutionándola en sentido de la más amplia libertad a favor de patronos y obreros para discutir el precio del trabajo. El Estado no debía intervenir para nada en los contratos que celebraran patronos y obreros, excusándose toda legislación protectora porque, legislando sobre estas materias, no se obtendría otro resultado que forzar y falsear el libre juego de las leyes económicas naturales. Con motivo del éxito alcanzado por Spencer en su Individuo contra el Estado, se desarrolló la teoría del organismo social y se consideró que la función del Estado era análoga a la del cerebro en el organismo humano. Luego se modificó este criterio estrecho ante las huelgas y conflictos; se estudió el contrato del trabajo, se vigilaron fábricas y se inspeccionaron talleres; se establecieron los jalones de una legislación obrera, que abarcó, entre otras cosas: fijación de un mínimo de salario, atribución a los patronos de la responsabilidad en casi todos los accidentes, la obligación para los empresarios y jefes de las industrias de asegurar a sus obreros.

III

El intervencionismo de Estado presenta diversas tendencias. Discurremos sobre las mismas a grandes rasgos. Una de ellas se llama reforma social. Consiste en investir al Estado de protector del obrero, a fin de mejorarle en su precaria condición. ¿Por qué medios?

1.º Interdicción legal para los patronos que hagan trabajar más de seis días por semana a los obreros.
2.º Reducción a ocho horas de la jornada de trabajo para los adultos.
3.º Prohibición de admitir a los niños en los talleres antes de los catorce años y de retenerlos más de seis horas en el trabajo entre los catorce y los diez y ocho años.
4.º Fijación de un salario mínimo, determinado cada año por una Comisión de estadística obrera, atendiendo al precio que en la localidad tengan los géneros de consumo.
5.º Igualdad de salarios para ambos sexos en el mismo trabajo.
6.º Que la sociedad se encargue de proporcionar socorros a los ancianos y a los inválidos del trabajo.

Otra tendencia encarna en el catolicismo social. En 1890 hubo en Lieja un Congreso internacional de católicos sociales. Ante el mismo se expuso el problema de la intervención del Estado en materia de accidentes y contrato del trabajo y del mínimo legal del salario. Los congresistas se dividieron en dos bandos; la discusión fué acalorada; no pudieron llegar a entenderse, y para no prolongar indefinidamente la controversia y acentuar la escisión, se acordó dejar aparte el asunto. Esto no impidió que a propósito de materias conexas, la mayoría de los congresistas mostrase claramente lo que era favorable a cierta intervención por parte del Estado. Dos matices se dibujaron a partir de este Congreso: uno que no concede otra misión al Estado que proteger los derechos respectivos de los patronos y de los obreros y dar el ejemplo de una sabia reglamentación del trabajo en las manufacturas que de él dependan; otro, reducir la intervención a casos extremos, por el peligro que siempre envuelve la acción de un partido político en el campo del trabajo y de la industria; con el derecho a la huelga y con la libertad de sindicarse le bastan y le sobran al obrero. Tal es el criterio de la llamada escuela de Angers. Otra tendencia que se desprende del catolicismo social, consiste en considerar al Estado como el asegurador del bienestar de la sociedad; y como quiera que esta última está formada en su mayoría por la clase obrera, debe velar por la misma, tomar la defensa de sus intereses e intervenir en los problemas relativos al trabajo, siempre que el bien del proletariado lo exija, ejercitando una vigilancia e inspección que evite abusos y se dicte una legislación obrera para regular equitativamente las relaciones entre el capital y el trabajo. Se propone reunir a patronos y obreros mediante el agrupamiento profesional, llamado en su día a sustituir la tutela del Estado. Responden a esta finalidad las doctrinas de la escuela de Lieja, cuyo lema es: «La justicia y el interés público legitiman la intervención del Estado para prevenir casos sensibles.»

No queremos dar por terminadas estas vulgares observaciones sin dedicar un recuerdo a los demócratas cristianos que desean organizar la clase obrera que permita bastarse a sí misma para defender sus intereses sin ninguna influencia extraña. En espera de ese ideal reconoce a los Poderes públicos el derecho y aun el deber de instituir una legislación obrera que comprenda la jornada máxima para los obreros de la gran industria, la fijación del salario mínimo, el seguro obligatorio establecido y administrado por iniciativa individual o corporativa, el trabajo de las mujeres y de los niños, la organización de las asociaciones profesionales, el descanso dominical y la reglamentación de las sociedades anónimas.