El Foro español (Madrid. 1898) (1917-05-20 00:00:00), página 11

Contrato de servicios.—Banco de España (Estatutos del).—Empleados del Banco de España.—Sentencia de 17 de Marzo. (Gaceta de 22 de Enero de 1914.)—Resuelve que la facultad que por el art. 25 de los Estatutos de 1875 y 180 y 181 del Reglamento del mismo año, por que se rige el Banco de España, cuyos preceptos regulan el contrato de servicios celebrado entre este y sus empleados, se reservó dicho Banco el separar a los empleados que por su conducta o por cualquiera otra circunstancia hayan dejado de inspirar una completa confianza o puedan menoscabar la que al público deben merecer en todas las operaciones del Establecimiento, es por su índole y naturaleza discrecional e ilimitada de dicho Banco, según tiene ya declarado la Sala en sentencias de 12 de Febrero de 1897 y 18 de Julio de 1898, sin que los fallos dictados por los Tribunales competentes absolvándoles de las faltas atribuidas, le obligue a recibirlas nuevamente, sea cual fuere la fecha de su despéndida o separación:
Que si bien las referidas disposiciones estatutarias y reglamentarias encomiendan al Gobernador del mencionado Establecimiento el nombramiento y separación de los empleados del mismo, semejante atribución queda siempre dependiente y subordinada a la superior facultad del Consejo de Administración, con cuyos acuerdos relativos a dichos extremos tiene necesariamente que contar aquél, sin que en ningún caso pueda oponerse a ellos ni contradecirlos:
Qué el fallo que desestima la demanda de reintegro en el Banco de España entablada por un empleado que después de haber sido procesado por esta resultó absuelto, circunstancias que motivaron, primero, la suspensión de empleo y sueldo, y después, la separación de dicho empleado acordada por el Consejo de Administración, no obstante haber estampado el Gobernador en el expediente administrativo formado su conformidad con los dictámenes de la Secretaría y Asesoría favorables a la reposición, interpreta con rectitud y acierto las disposiciones de los referidos Estatutos y Reglamentos al declarar que semejante conformidad no obstaba a la validez y eficacia de lo resuelto posteriormente por el Consejo, precisamente con la asistencia y voto de tantas veces reprobado funcionario;
Y que la referida sentencia no infrinja ni los preceptos citados, ni los artículos 1.089 y 1.091 del Código penal, ni la jurisprudencia sentada de materia contractual.

Obligaciones nacidas de delito o falta.—Apreciación de prueba.—Error de Derecho.—Recurso de casación.—Indemnización de daños y perjuicios.—Sentencia de 17 de Mayo. (Gacetas de 22 y 23 de Enero de 1914.)—Declara que, aun en el supuesto de que el último párrafo del artículo 1.903 del Código civil sea aplicable al caso de responsabilidad directa comprendido en el 1.902, y no a la subsidiaria, determina su infracción no haber practicado prueba alguna la persona a la que se imputa la responsabilidad, y cuando la que aportó fue estimada y sirve de base al fallo, no puede prosperar su casación sino establecida en la forma que previene el número 7.º del art. 1.692 de la ley aditiva civil, siendo ineficaz discutir aquella prueba valiéndose de razonamientos, con los que se pretende dar a los elementos probatorios otro alcance y significado que el que apreció la Sala sentenciadora;
Y que si una sentencia absuelve a determinada entidad social explotadora de fluido eléctrico de la demanda de indemnización entablada por la viuda de un individuo muerto por el desprendimiento de uno de los cables instalados por la referida entidad social, el error de Derecho, fundado en haber desconocido dicha sentencia el precepto de los artículos 1.240 y 1.258 del repetido Código, es a todas luces improcedente, máxime no guardando el hecho demostrado del accidente el debido enlace con el de haber sido originado por culpa o negligencia, pues tiene declarado el Supremo Tribunal en 12 de Noviembre de 1904 que ese enlace ha de consistir en la conexión y congruencia entre ambos hechos, de suerte que la realidad del uno conduzca al conocimiento del otro, por ser la relación entre ellos concordante y no poder aplicarse a varias circunstancias, sin que puedan establecerse con el nombre de enlace deducciones que la ley no permita, ni dar a los hechos significación que éstas carecen, y no se puede decir que concurre esa condición por el solo hecho del desprendimiento de un cable eléctrico por que esté aislado, es insuficiente para demostrar la culpa o negligencia, ya que pudo ocasionarse aquel desprendimiento por otras diferentes causas, y sólo cuando se aprecia alguna concreta que prueba el descuido, procede la responsabilidad consiguiente.

Pobreza.—Apreciación de prueba.—Presunciones.—Auto de 26 de Mayo. (Gaceta de 28 de Enero de 1914.)—Resuelve que de conformidad con lo dispuesto en el núm. 9.º del art. 1.729 de la ley de Enjuiciamiento civil debe declararse inadmisible el recurso contra la sentencia que deniega el beneficio de la defensa por pobre, fundándose para ello en la apreciación que hace en conjunto de las pruebas practicadas, cuya apreciación, aunque se invoque el núm. 7.º del art. 1.692 de aquella ley, no se impugna en totalidad y al atribuirse errores de Derecho en la misma, se citan como preceentes legales infringidos el art. 15, núm. 5.º de la precitada ley, que no es de los que regulan el valor y la eficacia en los medios probatorios, y el 1.253 del Código civil, referente a las presunciones, que son de la exclusiva apreciación del Tribunal a quo.

Testamento.—Nullidad de escrituras.—Sentencia de 27 de Mayo. (Gacetas de 23 y 26 de Enero de 1914.)—Como antecedentes del pleito y del recurso conviene consignar que un individuo, de nacionalidad español, otorgó en Londres, ante testigos, testamento por el cual creó y traspasó a dos hijos suyos naturales todas sus propiedades y efectos, respecto de cuyo testamento certificaron dos Procuradores del Tribunal Supremo de Justicia de Inglaterra, estar en un todo otorgado de acuerdo con la ley inglesa, pudiendo ejecutarse en dicha nación si hubiere bienes en ella:
Posteriormente, entre el mismo individuo, y el que después aparece como demandante en el pleito, subdito inglés, se otorgó en Londres un contrato en el cual se consignó que el segundo había prestado al primero ciertas cantidades con garantía de una casa sita en España, obligándose por fin, después de otras entregas de dinero, a firmar los documentos necesarios para que la propiedad de la casa quedase legalmente transferida al acreedor, sus herederos o cesionarios, respecto de cuyo contrato certifican también dos Procuradores de la Corte Suprema de Inglaterra ser válido y legítimas las firmas que lo autorizan, que se había otorgado conforme a la ley inglesa y podía ejecutarse en esta Nación, siendo el concepto que tal documento debe merecer al Tribunal a quo el de un documento privado suscrito en Inglaterra, que no ha sido incorporado a oficio público alguno, por lo que su validez no puede afectar a tercero:
Fallecido en Italia el individuo de nacionalidad española, otorgante de los anteriores documentos, uno de