El Foro español (Madrid. 1898) (1914-05-10 00:00:00), página 6

cutible que las leyes no facultan á las Salas de gobierno para actuar en expedientes de antequicio respecto de los Secretarios, ni ordena á los Jueces instruir estos expedientes; pues, por lo contrario, ordenan terminantemente á los Jueces que, sin la menor demora, incoen sumario y procesen al responsable. Y el Juez que no lo llevará á cabo así, sería responsable personalmente de la infracción de ley que cometía, según lo prevenido en el art. 81 de la Constitución.

El art. 8.º de la ley provisional sobre organización del Poder judicial, prescribe que los Jueces y Tribunales no ejercerán más funciones que las expresadas en el art. 2.º de la misma ley, concordante con el art. 76 de la Constitución y las que la ley Orgánica u otras les señalan expresamente. Ni la ley Orgánica ni otras, señalan expresamente (ni indirectamente) que, con ocasión de la persecución de los delitos á que venga aludiendo, los Jueces de instrucción formen expedientes de antequicio, ni que las Salas de gobierno intervengan en el trámite de escolarización y comprobación de tales delitos. Y según la Real orden de 2 de Septiembre de 1898, no puede trasladarse con carácter preceptivo en los Tribunales una Real orden (y lo mismo un Real decreto) interpretando un Código, por ser función que corresponde á aquellos Tribunales. Por consecuencia, el apartado 2.º del núm. 4.º del art. 39 del Real decreto de 1.º de Junio de 1911, no puede trasladarse con carácter preceptivo en los Juzgados y Tribunales interpretando los Códigos, por ser función que corresponde exclusivamente á meritorios Juzgados y Tribunales de lo criminal, y no á las Salas de gobierno.

En el núm. 1.º del art. 7.º de la ley Orgánica se preceptúa que no podrán los Jueces, Magistrados y Tribunales aplicar las disposiciones de cualquier clase que sean, que estén en desacuerdo con las leyes. La disposición que comentó del Real decreto está en completo desacuerdo con las leyes, que no admiten el trámite y la intervención aludidos; de consiguiente, no se puede aplicar. Siendo de tener en cuenta que, con arreglo á lo prevenido en el artículo 8.º de la mentada ley Orgánica, los Jueces y Magistrados responderán civil y criminalmente de las infracciones de las leyes que cometan, en los casos y en la forma que las leyes prescriban. Y no le eximirá de estas responsabilidades alegar su obediencia á las disposiciones del Poder ejecutivo en lo que sean contrarias á las leyes. Así, pues, el Juez que para perseguir un delito cometido por un Secretario judicial, forma expediente en vez de incoar, desde luego, sumario, infringe las leyes, no eximiéndole de responsabilidad alegar su obediencia á la disposición del Real decreto, por ser contraria á las leyes. Dicho sea todo en el orden puramente especulativo de un estudio de Hermenéutica jurídica, interpretando la técnica del Derecho, y al efecto de procurar esclarecer los preceptos constituidos y positivos, y sin perjuicio de lo que disponga la Autoridad competente, cuyas órdenes en definitiva debe cumplir el Juez de instrucción, supeditado á sus superiores jerárquicos las Salas de gobierno y de lo criminal. Debiendo el Juez instruir, desde luego, sumario, mientras en cada asunto no se le ordene directamente otra cosa por la Superioridad.

Con sujeción á lo prevenido en el núm. 1.º del artículo 298 de la ley Orgánica para que los Jueces y Tribunales tengan competencia se requiere que el conocimiento de la causa ó de los actos en que intervengan, estén atribuidos á la autoridad, que ejerzan con arreglo á lo dispuesto en el título VI de la ley mentada. Es indiscutible que en el título mencionado no está atribuido á la autoridad que ejerce la Sala de gobierno el conocimiento previo de los delitos atribuidos á los Secretarios judiciales; en su virtud, la Sala de gobierno no tiene competencia para actuar en diligencias tales; y, á mayor abundamiento, teniendo en cuenta que con arreglo á lo preceptuado en el apartado 2.º del art. 299 de la ley Orgánica, la jurisdicción criminal es siempre improrrogable; en razón de lo que los Jueces de instrucción no pueden prorrogar el conocimiento de los asuntos á las Salas de gobierno. En el art. 325 de la misma ley Orgánica se prescribe que fuera de los casos reservados al Senado y aquéllos en que expresa y limitativamente atribuye dicha ley el conocimiento de determinadas causas al Tribunal Supremo, á las Audiencias y á las Jurisdicciones de Guerra y Marina, serán competentes para la instrucción de las causas y castigo de las faltas y de los delitos, los Jueces y Tribunales de la demarcación en que se hayan cometido según su respectiva competencia. La demarcación á que la ley se refiere es, respectivamente, la del partido judicial y la del Tribunal de lo criminal ó provincial, no á la Territorial. Los delitos cometidos por los Secretarios judiciales no son de los casos en que expresa y limitativamente atribuye la ley el conocimiento de determinadas causas á las Audiencias Territoriales; es decir, que la ley ha de atribuirlo de un modo expreso y con carácter limitativo, claro, terminante y concreto, sin que sea permitida la interpretación extensiva. En razón de lo que la Sala de gobierno no es competente para intervenir en los asuntos mentados; independientemente de la alta y ulterior inspección que la está atribuida en todos; y de su actuación en competencias entre Audiencias de lo criminal del mismo territorio.

DOCTOR LUIS ZAPATERO.

(Continuará).

Dos palabras sobre el Real decreto del 3 de Abril.

Hemos leído rápidamente dicha disposición, y á vuelta pluma indicaremos las observaciones que se nos ocurren. Estimámosle en conjunto perjudicial para la clase de Secretarios judiciales, aun cuando á los que, como el articulista, les afecte poco cosa, porque después de la amortización que acordó el de 1.º de Junio de 1911 es difícil lleguen á la meta.

En primer lugar, ya que se puso mano en éste, ha debido rectificarse en ese sentido, disminuyendo esa amortización que no pudo disponerse, sino pensando en la aplicación del art. 34, y en la unificación del Secretariado; se ha debido suavizar ese art. 34 haciéndolo viable, conforme al sentido que su autor le diera en el discurso que pronunció en el Senado contestando á los señores Marques de Figueroa y Alvarez Gutjarro, y aconsejar esa unificación dictando las reglas necesarias al efecto.