El Foro español (Madrid. 1898) (1914-05-10 00:00:00), página 8

que no estaban escritos, habíamos menester ordenar sus aplicaciones que no estaban ordenadas ni hechas. El carro de la destrucción y de la reforma debía pesar sobre el edificio ruinoso, por que no había en él apenas un arco, apenas una columna que pudiera ni debiera conservarse. Esto lo demuestra también el Decreto del 55. Pero así como en la materia penal, mirando al porvenir era posible adoptar los radicalismos del Sr. Pacheco, en la hipotecaria había otros problemas que resolver; había, en primer lugar, ese fantasma de todos los legisladores que se llama «derechos adquiridos»; y había después que elegir un sistema en que se inspirara la legislación, teniendo en cuenta las circunstancias de lugar y tiempo, si no se quería adoptar íntegramente uno de los tres conocidos: el francés, el germano ó el del Acta Torrens.

En las disposiciones de la ley Hipotecaria palpita ese temor: el respeto á los derechos adquiridos: el establecimiento de un sistema que, en lo posible, destruyese lo existente que se estimaba malo: facilitar la creación de Bancos de crédito territorial, dar certidumbre al dominio y á los demás derechos en la cosa, poner límites á la mala fe, y libertar al propietario del yugo de usureros despilfardados, que dijo el preambulo del Decreto del 55. En una palabra, era necesario dar vida á un sistema que se debía avanzar más que el francés, no podía llegar —ó no se quería que llegase— á los límites del germano, pero que, dentro de ese eclecticismo ó de ese sistema intermedio, borrase en su esencia el anterior, legando otro inspirado en los atributos de la publicidad y especialidad. Así nació aquella ley, casi nuevo Decálogo, hablando de la cual dijo un notable escritor «que si de su aplicación no se han obtenido ni con mucho las maravillas que se esperaban, entre el sistema hipotecario que destruía y el que creaba, existe un abismo seguramente más hondo que el que pueda abrirse desde el estado actual al que el progreso de los tiempos y de las ideas nos conduzcan».

Ya se puede ir conociendo. Uno de los problemas más difíciles para la Comisión, era el que le ofrecían las palabras copiadas de la Real orden de 10 de Agosto de 1855: el respeto á los intereses de las mujeres casadas, de los menores y de los incapacitados. Muchas vacilaciones se observan para abordar de frente la cuestión. Varios pasajes de la exposición de motivos dan idea clara de ello. La Comisión—dice uno—que, lejos de querer debilitar los lazos de la familia ha procurado estrecharlos, no trata de introducir elementos de perturbación en los sentimientos de cariño, confianza y obediencia de la mujer y del hijo. La ley—se dice en otro lado,—no puede desentenderse de que existen personas á intereses que necesitan una tutela inmediata, una vigilancia continua; las mujeres casadas, los menores, los incapacitados, los hijos de familia constituidos en potestad, son los que en primer término necesitan que la ley venga en su auxilio, que los defienda, ya de su propia debilidad e inexperiencia, ya de los peligros que, cuando nada pueden por sí mismos y tienen que sujetar al arbitrio ajeno su conducta, pueden sobrevivirle por parte de aquellos á quienes la ley confía su defensa. No es necesario ir más allá. Descrito está, á nuestro juicio, el velo que ocultaba la razón de aquellas palabras con que termina el art. 164 del Código civil.

La influencia de la ley sobre el Código es evidente (por eso nos hemos detenido en el análisis de los elementos que precedieron á su formación). Unos mismos jurisconsultos aplicaron su inteligencia á los proyectos de una y otro. La diferencia de fechas se salva con el puente tendido, principalmente por el art. 131 del proyecto de 1882.

Los deseos de proteger los intereses de los menores é incapacitados, aun contra los más problemáticos peligros, se ofrecen de igual manera para los autores de la ley y del Código; unos y otros respiran el mismo ambiente, y como en éste flotaba, consignárase ó no en los textos legales, la idea de la antigua restitución in integrum, manifestación suya ha sido y es la reserva que se consignó al final del art. 184 del Código civil. No le hallamos, al menos, otra explicación.

Y vamos ya á la última parte de nuestro desaliñado trabajo.

Estampado quedó en el Código que la enajenación de bienes de menores se entendía salvando las disposiciones que en cuanto á los efectos de la transmisión, establecía la ley Hipotecaria. Y esta salvedad, antes de la publicación de la actual edición de la ley, nos hizo meditar sobre su trascendencia y finalidad.

Parecía elemental que en la referida ley existiese algún precepto especial, que estuviese en armonía con lo que el Código estableció, y, sin embargo, no ocurría así. ¿Cuáles, por tanto, eran los efectos de la transmisión de bienes de menores é incapacitados? Mucius Scævola, en sus notabilísimos comentarios al Código civil dice, que no conteniendo la ley Hipotecaria ningunos efectos especiales, tenía que hacer relación á los generales sobre cualquier acto ó contrato, á los efectos en cuanto á tercero, ó sean los contenidos en sus artículos 23 al 38. La lógica obliga á sentar esta afirmación. Ante el silencio de la ley Hipotecaria, y teniendo forzosamente que armonizar los preceptos de los dos cuerpos legales, ó se estimaba que las palabras del artículo 164 del Código carecían en absoluto de valor y sentido, ó que aludían á los efectos que M. Scævola expresa. Y á este comentarista, que en su exégesis del Código investiga y analiza tan brillantemente infinidad de puntos dudosos que áquéll ofrece, no le pareció oportuno buscar la explicación á esa reserva tan ambigua como innecesaria, si no había de tener más efectos que los generales de la ley Hipotecaria.

Porque ¿qué razón había entonces para consignarla? ¿Es que el silencio del Código podía interpretarse en el sentido de que los actos referentes á bienes de los menores é incapacitados, que siempre gozaron de especial protección del Estado, iban á ser de peor condición que los de los individuos que contrataban con plenitud de capacidad jurídica? Evidente es que no. Por consiguiente, esas palabras constituirían una redundancia que inaudiblemente habría de prestarse á dudas y confusiones, siempre lamentables.

Una hipótesis cabe establecer para explicar esa cita del Código. Acaso en alguno de los primitivos proyectos de la ley Hipotecaria se hubiese consignado algún artículo que regulase los efectos de la transmisión de bienes de menores é incapacitados (si se entendía que debían ser diferentes de los de los mismos actos realizados por personas le-