El Foro español (Madrid. 1898) (1914-04-30 00:00:00), página 6

triera por dos fuentes esencialmente distintas: una la oposición, dando así cabida á la teoría, á la ciencia del derecho que supuso personificada en los opositores; y otra, que bien pudiéramos comparar con el concurso, para que ocuparan las vacantes aquellas personas que, reuniendo determinadas condiciones, proporcionaran á la Administración de justicia los sanos frutos de la experiencia. Reléase el texto de la Ley y se verá palpablemente que no se quería, en ningún momento, prescindir de uno ni de otro de los dos sistemas, considerados como complemento recíproco, estableciendo, al efecto, en los Juzgados de entrada, un turno para opositores y otro para Abogados.

Pero la Ley nunca desciende á detalles y así vemos que no regula el cómo y el cuándo de las oposiciones; y al ocuparse del ingreso referente á los que como Abogados, como Secretarios, como Catedráticos, como individuos de méritos, en fin, han de entrar en la carrera previa solicitud espontánea, tropiezase con la posibilidad de que faltan solicitantes y por eso esta fuente abarca todos esos grupos, y por eso en este sistema concede una facultad algo discrecional al Poder ejecutivo y prevé el caso en que el Ministro no haga uso de tal facultad. Pero un ligero examen del texto basta para comprender que este caso no se ha de dar de modo definitivo, es una excepción y ningún indicio nos acusa la intención de que por capricho, por libre opinión, un Ministro pudiera cerrar ninguna de las dos puertas establecidas; no se concede facultades al Poder ejecutivo para que, arrogándose las del Legislativo, se entrometa no á dejar, accidentalmente y por excepción, de hacer uso de un sistema en provisión de vacantes, sino á prevenir para lo sucesivo, á contrariar de modo definitivo la voluntad del legislador.

En mi humilde sentir, estos asertos son de una claridad meridiana y un magnífico punto de partida para definir, para concretar un derecho indiscutible, reafirmado, garantizado después, por las consideraciones, hechos y textos que han de seguir.

Ahora bien, ¿cómo se ha turgiversado este principio? ¿cómo se han cumplido los preceptos de la Ley para llegar á la situación actual en que sólo hablar del cuarto turno, de la entrada en la judicatura por los Abogados, constituye una herejía popular, una cosa odiada, una inmoralidad? Aquí es donde conviene hacer un poco de historia.

Comenzaré por indicar someramente algo referente á las disposiciones que para cumplimiento (9) de la Ley se han ido dictando por parte de los Gobiernos durante los años de 1882 hasta hoy. Claro está que después de haber hecho el estudio, muy somero, muy superficial del enorme farrago de disposiciones, de ese continuo tejer y destejer característico á la Administración del Estado español, sólo entreseac lo más saliente, lo que puede tener alguna importancia para nuestro asunto, no respondiendo tampoco de que ello sea todo lo esencial, pero sí un botón para muestra.

La Real orden de 8 de Mayo del 83 y la del 2 de Junio del mismo año, así como los Reales decretos de 3 de Abril del 84 y 8 de Abril del 86, repiten, recalcan con diferentes motivos los dos turnos, las dos entradas de la judicatura y hasta marcan de modo concreto el derecho de ciertos Abogados á reclamar lo que en la ley Adicional se les concede.

Por dos Reales decretos de 8 de Octubre del 83 se anuncian las primeras oposiciones que se celebran después en los años 84 y 85 y queda dictado el Reglamento para las mismas, en el cual nada vemos que no sea respeto para la entrada simultánea de opositores y Abogados.

Por Real decreto de 9 de Mayo del 89, anúncanse nuevas oposiciones; pero ya antes, en una Real orden del 12 de Marzo del mismo año, se comete el primer abuso, se usurpa al legislador una prerrogativa y á espaldas de la Ley, contra la Ley descaradamente, se modifica el criterio sentado para el ingreso en la judicatura, diciéndose «que todas las vacantes de juzgados de entrada que en lo sucesivo ocurran se provean... en los aspirantes á la Judicatura..., etc., y una vez agotado éste..., en Secretarios y Vicesecretarios... etcétera», y que «las cuartas vacantes que ocurran en los escalafones de Jueces de ascenso y de término se proveerán en los Secretarios, etc.», excluyendo ya de modo completo á los Abogados llamados del cuarto turno.

Y ya que tratando estoy de disposiciones, y ésta para la historia de nuestro calvario es sumamente interesante, no quiero pasar la ocasión sin copiar literalmente el preámbulo del Real decreto y sin indicar, como detalle de curiosidad, que quien lo redactó y firmó fue el insigne hombre D. José Canalejas y Méndez.

Dice así el referido texto: «Ilmo. Sr.: Al atribuir la legislación vigente al Gobierno de S. M. la facultad de proveer las cuartas vacantes de Juzgados de primera instancia en Letrados que reunan ciertas condiciones justificativas de su aptitud y experiencia en el foro, se reconoció un principio indiscutible, cuya combinación con la cultura científica contrastada en públicos certámenes, constituye la fórmula más perfecta para el ingreso en la Judicatura.

Fuerza es reconocer qué si bien dicho principio en casos excepcionales y homrosísimos produjo resultados excelentes, ha sido muchas veces mero pretexto á las expansiones del favor.

Las Cortes del Reino, en su alta sabiduría, están llamadas á resolver definitivamente el arduo problema del reclutamiento de dicho personal, tomando en cuenta los frutos de la experiencia, y sobre todo la necesidad de que ciertas funciones de sustitución dignamente ejercidas, puedan obtener la debida recom- pensa; pero mientras el Parlamento pronuncia su fallo, y, sobre todo, mientras existan aspirantes y funcionarios que en la noble lidi de la oposición han acre- ditado su aptitud, deben atribuirseles las vacantes que ocurran, sin otra excepción ni preferencia que la del orden riguroso de su antigüedad».

Parece que con tal Real decreto quedó definitiva- mente cerrado el cuarto turno, y en la requisita de documentos (pongo siempre por delante el error que yo