El Foro español (Madrid. 1898) (1915-07-10 00:00:00), página 7

imperio de los jueces para ejecutar lo juzgado, pero con autoridad de justicia. Las cartas han fuerza de ley y deben juzgarse así como lo Ley (L-y 28, tít. 18, P. III.)

U n a y otra aplican la ley al caso, con el acuerdo, o sin la conformidad de las partes, pero viéndose las dificultades de amoldar el derecho a la vida. R-quiren igualdad para la función de interpretación, y el mismo arte para declarar ligada la voluntad a la ley. Resuelven el mismo problema: examinar y decir si los actos generan derechos, su extensión e intensidad. Un diagnóstico jurídico costeano o posterior a los hechos, que distingue lo justo de lo injusto.

Si quiere ver entre ellas la semejanza de una comparecencia de las partes en juicio, para ser por su propio consentimiento juzgadas y condenadas a mantener y ejecutar lo convenido.

«La asimilación al juicio del acto público, dirigido con ciertas formalidades por un funcionario que no es el juez, pero declara la voluntad de las partes, como los jueces declaran el derecho en caso de litigio, parece una idea relativamente nueva y esencialmente francesa.» (Pradines.)

En las costumbres se confundía el derecho con el acto que lo demostraba, y, por consiguiente, las formalidades constituyen un elemento sustancial (1). Los tribunales llenaban las solemnidades.

Carlomagno en dos capitulares (da 803 y 805) reconociendo leyes inútiles, crea Jueces carteriales para estudiar o conocer las leyes y observarlas en los contratos; y dispone que deben valer las cartas escritas con arreglo a los preceptos de la ley, y firmadas por los testigos y redactor de ellas. Pero esta organización desapareció.

Por largo tiempo los actos se celebraron ante los tribunales, que ejercían indistintamente la jurisdicción voluntaria y contenciosa.

Multiplicáronse los actos y creció el trabajo de los tribunales, que se hallaban encargados de asegurar su conversión y ejecución.

Para aliviarlos, Luis IX (San Luis), en 1270, nombró 60 Notarios para recibir los contratos de los particulares en una Sala del tribunal de Chatelet, usando el sello del mismo; los reúne en corporación y no dependen del Presidente. Son distintos de los Secretarios que escribían bajo la dirección de los Jueces.

«En nombre del rey conferían a los actos la misma autenticidad y ejecución que los dirigidos por el Juez, sin la intervención de éste. La jurisdicción voluntaria separase de la contenciosa.» (Delamarre.)

Felipe el Hermoso, en 1291, se reserva el nombramiento de Notarios reales, los establece en todo el reino y prohibe a los jueces ejercer con sus Secretarios la jurisdicción voluntaria. Apremiado por los señores feudales, en 1302, les reconoció el derecho de nombrarlos dentro de sus territorios. En 1304, publica una ordenanza que se considera el primer Código del Notariado: preceptúa el registro o protocolo, continuación del que llevaban bajo la dirección del juez.

Francisco I, por edicto de 1542, prohibe a los Jueces y Secretarios recibir ningún contrato celebrado voluntariamente por las partes, cual lo venían verificando, pues corresponde a los Notarios.

Eso no obstante, el Notario se consideraba emanación del poder judicial, los actos notariales producían el efecto de lo juzgado, y la fórmula ejecutoria de que iban revestidos, se encabezaba en nombre del Juez. De aquí proviene la incompatibilidad entre los cargos de Notario y Juez.

Víctor Lavandera.
(Continuado.)

Boletín de la semana.

LEGISLACIÓN

GRACIA Y JUSTICIA.—Real decreto relativo a la inscripción en el Registro civil de los nacimientos y defunciones de los titulares del Reino y de sus descendientes.

De acuerdo con Mi Consejo de Ministros, a propuesta del de Gracia y Justicia,

Vengo en decretar lo siguiente:

Artículo 1.º En las inscripciones que se hagan en el Registro civil referentes a personas que ostenten títulos nobiliarios, se hará constar la denominación del título o títulos que correspondan al interesado. En las inscripciones de nacimiento de descendientes de personas que ostenten dichos títulos, se harán constar los de los padres.

Art. 2.º Cuando ocurra el fallecimiento de toda persona en que concurren las circunstancias expresadas en el artículo anterior, después de hecha la inscripción de la defunción en el Registro civil, los Jueces municipales comunicarán inmediatamente el fallecimiento al Presidente de la Audiencia territorial respectiva, quien dará de ello cuenta al Ministro de Gracia y Justicia a los efectos que procedan.

Dichos Presidentes tendrán facultad de exigir el cumplimiento de esta disposición a los Jueces municipales morosos en su diligenciamento, sin perjuicio de las responsabilidades en que éstos incurran.

Art. 3.º Cuando en la tramitación de los asuntos que se ventilen ante los Tribunales de justicia deba entenderse cualquier diligencia con personas que ostenten títulos nobiliarios o tratamiento, serán en todo caso designados a tenor de dicha cualidad.

También se hará constar al lado del nombre de la persona el título que ostente en cualquier censo, hjas de emparentamiento y demás documentos análogos.

Art. 4.º Al ocurrir el fallecimiento de un Grande de España o título de Castilla, sus inmediatos sucesores tendrá obligación de ponerlo inmediatamente en conocimiento del Ministro de Gracia y Justicia para el anuncio de la vacante y los efectos legales a que ésta da lugar.

Dado en Palacio a veintiuno de Junio de mil novecientos quince.—ALFONSO.—El Ministro de Gracia y Justicia, Manuel de Burgos y Mazo.

(1) Henri Beanne, Droit contumier. Les Contrats, página 47.