El Foro español (Madrid. 1898) (1914-02-28 00:00:00), página 8

célebre corte de los antiguos califas. Rudos é impetuosos se disponen á tomar por asalto la ciudad; abiertos tenían ya seis portillos en las murallas, y los pendones de Mahoma se vieron clavados en los alminares de donde lo había arrojado el Santo Rey Fernando. Corren desmayados sin aliento los de la ciudad sitiada, cuando se vió á las damas y doncellas cordobesas salir por las calles con las lágrimas en los ojos y las cabelleras esparcidas, rogando á sus padres, hijos y esposos que no las dejaran abandonadas al furor de los infieles. Los llantos, los lamentos, las súplicas de aquellas desconsoladas mujeres, de tal modo reanimaron á los defensores de Córdoba, que volviendo vigorosamente á las murallas, arrollaron á los enemigos mientras en el campo contrario ondeaba la desesperación.

Sólo Toledo continuá derramando su sangre por don Pedro, y cuando éste se resuelve á socorrer á los sitiados que carecían absolutamente de viandas, partió D. Enrique, trabajándose pelea entre las huestes de los dos hermanos, al romper el alba á la vista de Montiel, no sin sorpresa de D. Pedro al encontrarse frente á las banderas de D. Enrique, de D. Sancho y de Duguesclin. El cronista Ayala pinta como sumamente rápido y fácil el triunfo de D. Enrique. El francés Froissart afirma haberse peleado en ella dura y maravillosamente, y añade que D. Pedro combatía con valor, manejando una hacha con la cual daba tan terribles golpes, que nadie era osado á acercarsele. Concluye la tragedia precedida de un acto de perfidia y felonía, que se desenlaza con el asesinato de D. Pedro á manos de don Enrique, el cual degolló á su hermano con su daga y le cortó la cabeza.

Tal fué el miserable y trágico fin de D. Pedro, llamado por Matteo Villani, gran historiador italiano: «Rey cruel y bestial... Rey loco... perverso, tirano de España, indigno de llamarse rey».

JOSÉ G. LLANA,
Juez de 1.ª instancia.

Se necesita oficial de Secretaría con título para la del Juzgado de primera instancia de Burgo de Osma.

Diríjanse las pretensiones á

D. B. FRANCISCO GARDETA
en dicha localidad.

Leyes de Minas en los países españoles.

(CONTINUACIÓN)

Otra novedad de trascendencia para el futuro régimen de la minería española es la orientación que á nacionalizar las minas tiende el proyecto de Código minero; es decir, que si es ley este proyecto, verdaderos derechos mineros por títulos definitivos de concesión ó por transmisión de ésta, sólo podrán obtenerlos los españoles y las Sociedades españolas, á las que no se impide el acceso de extranjeros y aún el que éstos las constituyan, siempre que tales entidades tengan su domicilio en España y se rijan exclusivamente por las leyes españolas en todas las manifestaciones de su actividad.

Dicese que este intento de nacionalizar la propiedad minera, además del precedente que tiene en la ley Noruega de 12 de Junio de 1906, en los Estados Unidos por la ley federal de 1898 y en la del Japón de 1907, arranca de la mínima esencia de dicha propiedad, dado el carácter de censo enfitéutico que ostenta, al dividirse el dominio por el Estado, que se reserva el directo y que no debe otorgar el útil más que á sus propios súbditos.

Si los propósitos de este trabajo fuesen polémicos, no faltarían razones jurídicas de peso para rebatir esta argumentación.

Se va camino de reducir á un máximo de hectáreas o pertenencias las que se pueden otorgar como límite de excesivas codicias, ya que el mínimo de cuatro viene determinado por nuestra legislación tradicional, y en cuanto á la inscripción de la propiedad minera, se busca el medio de suplir omisiones en la antigua y novísima legislación hipotecaria, que aun cuando citada como modelo en países muy adelantados, se halla bastante necesitada de concordar sus preceptos con los intereses de la minería.

Vuelvase con cariño en el proyectado Código á nuestro antiguo pueblo que vemos implantado en la ley de Doña Juana y en las Ordenanzas de Felipe II. Es racional que esta orientación se vaya abriendo paso en todas las legislaciones, ya que resulta inmoral en alto grado que se otorgue derecho á una cosa con el fin primordial de que si se beneficia el concesionario se favorezca el interés general y luego resulte que ni lo uno ni lo otro llega á ser prácticamente un hecho, por culpa exclusiva del propietario del registro concedido. Es, pues, muy defendible la tesis de que como obligación correlative e inseparable del derecho otorgado por el poder público, nazca el deber en el concesionario de trabajar la mina concedida bajo pena de caducidad si no lo verifica pasado cierto lapso de tiempo prudencial, cuya medida debe estudiarse y definirse con gran cuidado y no escasos conocimientos de la realidad y de la práctica de la minería.

Del conflicto entre las dos propiedades, la superficial y la del subuelo, que sea cualesquiera el sistema de concesión adoptado por las leyes, se produce siempre que surge el pugilato entre ellas, por la necesidad de destruir ó de ocupar labores agrícolas, caminos, edificaciones ó arboledas. Hasta la fecha se resuelve en España por la ley general de expropiación forzosa de 10 de Enero de 1879, aplicable y aplicada á la minería.

El respeto al sagrado derecho de la propiedad territorial, uno de los pilares más firmes de la vida social jurídica y razonadamente entendido y hasta el presente sancionado por todas las legislaciones del mundo, como un derecho natural innato á la esencia humana, debe mantenerse con firmeza; y si en beneficio de la colectividad hay que desposeer á uno de lo que le pertenece, debe abonársele su valor é indemnizarle del daño sufrido, so pena de caer en la afirmación contraria, base de ciertas escuelas filosófico-jurídicas, cuyo concepto de la propiedad difiere sustancialmente del legítimo y verdadero.

Mientras el respeto se mantenga dentro de sus límites naturales y no se desvíe por causas artificiosas, toda legislación que así encamine sus derroteros científico-jurídi-