El Foro español (Madrid. 1898) (1915-07-30 00:00:00), página 2

jurídico, por haber sido Ministro de la Suprema Corte de Justicia, y él afirmó que la ley había de prestar un servicio eminentemente de utilidad notoria, porque si podía argüirse en contra que en la práctica podría entorpecerse la contratación por la dilatación de presentar el certificado, tal inconveniente cede el paso a las ventajas evidentes de la seguridad, de que la representación o mandato vive y puede surtir los debidos efectos, pues de lo contrario, procediendo sin que exista ese control como ocurría antes de la ley y ocurre en los países en que no se ha llegado a plantear el Registro, no se sabe si el mandato está o no vigente y los contratos que se hacen por mandatorio reposan solo en la garantía moral que se acuerda a la persona que invoca y ostenta la presentación. Esto puede dar lugar a muchos fraudes, perturbaciones y molestias, amén de perjuicios irreparables en ocasiones. Los sufrirán aquellos que resulten engañados, el mandante que revocó el poder que se exhibió luego para hacer el contrato; pero no se libra tampoco de molestias el Notario que autoriza.

Contra estas razones y contra la opinión del Doctor Maurice, surge la del distinguido escritor jurídico R. Estévez Cambre, quien al dar cuenta del proyecto aprobado en Foro y Notariado, de Bahía Blanca, invocando aquel famoso y práctico consejo de nuestro inolvidable Balmes en su obra maestra El criterio, no abrió el derecho de examinar las cosas por sí mismo, y estudiando el asunto no ha hallado la eficacia y ventajas del nuevo Registro. Parte en su impugnación, del sistema de Gobierno del país, para deducir que las provincias no pueden sancionar leyes que se opongan a lo estatuido en los Códigos, y que el Congreso Nacional es el que puede dictar los Códigos civil, penal, etc., y por tanto modificarlos. Que el Código civil debe prevalecer contra lo que acuerden las Cámaras provinciales, y ese imperio y esa razón explican al señor Estévez Cambre el silencio de la nueva ley de La Plata sobre la eficacia jurídica de la nueva ley. La impugnación del Sr. Estévez es más bien de forma que de esencia. No discute la utilidad de la institución, no impugna sus ventajas, no la ataca por que no responda a su fin o no llene una necesidad y dé las garantías apetecidas para impedir fraudes o maniobras fraudulentas, que es la entraña de la cuestión; ataca porque juzga la nueva ley inconstitucional y modificativa del Código civil argentino, y a ese respecto dice:

«Sean los jueces federales o los provinciales los llamados, según los casos, a resolver cuestiones en que juegue algún papel el Registro de Mandatos y Representaciones, será lo cierto y evidente que los jueces tendrán que sujetarse y atenerse a las disposiciones de los Códigos de la Nación, que son ley para todos, cualquiera que sea el pedazo de suelo argentino que habitemos.»

Por consiguiente, debemos recurrir al Código civil y ver cuando cesa el mandato y cuándo se acaba el mandato; cuándo hay buena fe y cuándo no la hay; cuándo se presume esa buena fe, o en qué casos se presume, y cuándo no hay tal presunción, o hay la contraria. Si a mi comprador, se me demuestra que conocida la revocación del mandato o su cesación o caducidad por algún motivo legal, de nada me servirá la certificación favorable del Registro. La ley tampoco puede regatearme la eficacia del contrato celebrado, si existe mi buena fe en la adquisición. En la ley provincial no hay más penas que para los funcionarios o empleados provinciales llamados a intervenir en actos o contratos para los cuales se requiera certificado, y para los que omitan el Registro de instrumentos comprendidos en la ley.

Estoy seguro de que no han de faltar letrados ilustrados que reputen inconstitucional esa ley, como los que reputan inconstitucionales las de los Registros de la propiedad dictadas por las provincias. Y esto no es una afirmación mía. «Cuando el doctor Vélez proyectó el Código—dice el magistrado e ilustrado jurisconsulto doctor Juan Agustín García,—pudo elegir entre tres sistemas para organizar la propiedad rata: el romano, de contrato y tradición; el registro público de los actos; el sistema mixto que hoy impera en una forma irregular y peligrosa. En España se había creado el registro en 1809.»

«No sólo optó el doctor Vélez por el sistema romano, sino que, extremando las cosas, condenó categóricamente el sistema de registro en su nota al art. 577.»

«Así, diez años después de sancionado el Código, se establecía el Registro de la propiedad para la capital; y a medida que se valorizaron los bienes, multiplicándose las transacciones, las provincias dictaron sus leyes de registro... Pero este derecho nuevo se ha creado subrepentina-mente, disimulando reformas trascendentales del Código en disposiciones que sólo en apariencia son de forma.»

«Todas esas leyes—sigue diciendo,—son de un valor legal discutido. Algunos jurisconsultos las consideran inconstitucionales: la jurisprudencia es contradictoria.»

De los preceptos del Código deduce el Sr. Estévez Cam- bra la ineficacia (en algunos casos) (en otros admite la eficacia) que el Dr. Maurice ha atribuido á la nueva ley, y respecto de ese extremo, que es científica y prácticamente el sustantivo y fundamental en la cuestión, dice:

«Muchas veces permitirá saber si un mandato o una representación está en vigor, y otras muchas resultará que, no obstante las constancias del Registro, el mandato o la representación ha caducado o ha cesado. Habrá, enon-ces, que atenerse más que nada a la buena fe del mandatario, y por encima de ella, a la buena fe del que contrate con el mandatario ó representante, que es lo primero que se debe tener en cuenta. Las resultancias del Registro no podrán tener otra eficacia, la mayor parte de las veces, que la de robustecer la suposición de buena fe en el que contrate con el mandatario o representante atenido a esas resultancias (1).

No puede extrañar a nadie que yo no reconozca mayor eficacia a la ley, desde que ella misma no estatuye ninguna.

Yo conozco la eficacia del Registro Público de Comer-cio, porque el Código me dice claramente cuál es ella, por ejemplo, en los artículos 41, 42, 294, 296 y otros. Conozco la eficacia del Registro de la propiedad de Suiza, porque me dice, por ejemplo, art. 978, que «el que adquiere la propiedad u otros derechos reales fundándose de

(1) Véanse artículos 1.964, 1.965, 1.966 y 1.967 del Código civil (Argen-tino).