El Foro español (Madrid. 1898) (1914-08-20 00:00:00), página 14

to, que, cual si se tratara de un derecho ideal sin práctica realidad queda exento de responsabilidad civil el causador injusto con sus calumnias o injurias de daños morales que traen en pos de sí daños materiales, y que á no prevérselos ó corregirlos, privarán siempre al ofendido de bienes de orden temporal.

Que por lo que toca á la honra y á la consideración pública y privada doblada á cada ciudadano, no infringe a Sala los artículos 1.085, 1.106 y 1.902, en relación con el 1.214, 1.283 y 1.106, del Código Civil, ni el principio «actore non probrante reus est absolvendus», al que sirve de fundamento el de «affirmant non negant incriminat probatio» con la jurisprudencia que lo confirma y menos todavía los artículos 1.092 y 1.908 del tan repetido Código Civil en lo que tienen relación con los 121, 123 y 124 del Penal, por lo que á la cuantía de la indemnización decretada se refiere, porque el valor de tales perjuicios no descansa siempre en la prueba que haya de practicarse en la litis, sino en el reconocimiento prudente prestado á la reclamación en los escritos fundamentales de la discusión, y no sólo por esto, sino porque siendo indudable que la honra y el decoro personal son cosas que están por encima del comercio humano y que sólo quien las pierde puede apreciar en todo su valor, á nadie más que al Tribunal sentenciador corresponde, dada la naturaleza del juicio, fijar su importe prudencial, atendiendo á las circunstancias de la ofendida, su edad y su posición social, apreciación ésta tampoco infringida en forma que, sobre la manera de indemnizar en dinero, confirma la ley tradicional al decir que... «debe entonces preguntar el juzgador al querellado, por cuanto no querría aner recibido aquella desonra; é des que la ouiere estimado, el deue mirar qual fue el hecho de la desonra, é el lugar en que fue fecha, é igual es aquel que la recibió, é el que la hizo. E catadas todas estas cosas, si entenderá que la estimó derechamente, deue mandar que leure; que por tanto, quanto estimó la desonra, que la no querría auer recibido, é des que lo ouiere jurado, deuela juzgar é mandar al otro que la peche la estimación. E si el juzgador entenderá que la apreció además deuela templar según su aluedo...»:

Que la apreciación de los daños causados como consecuencia de los morales, en el orden material, no puede diferirse hasta que el tiempo manifieste cuántos y cuáles se hayan producido, porque sucedería que algunos se realizasen, quedando ilusoria la indemnización después que el escaso plazo legal establecido para el ejercicio del derecho hubiere transcurrido, siendo por otra parte justo y equitativo que una vez causado el daño se exija cuanto antes su reparación, ya que no puede hacerse con la debida equivalencia si no precede estima prudencial de los daños materiales que de él se han de derivar;

Y que á descomponer la solidaridad de la Sociedad Editorial de España, evidente por sus Estatutos, por lo mismo que ella corre con la dirección de administración superior de sus diarios, de nada sirve el argumento empleado para demostrar que el Director del periódico editado por aquélla merece un concepto superior al de dependiente, porque si bien dentro de la escala social de esa dependencia lleva la dirección de las convicciones de determinadas ideas políticas, no por ello deja de estar subordinado á la autoridad de aquélla, que se habrá cuidado de tener en cuenta sus condiciones de pericia para conferirle el nombramiento de Director y obtener los socios con su cooperación las mayores ventajas posibles en el negocio industrial, pero que no excusan las pérdidas ó perjuicios resultantes del descuido ó de la negligencia de los empleados, por lo que la Compañía es directamente responsable del daño moral y material que, sin impugnación formal, aprecia el Tribunal sentenciador de acuerdo con el párrafo final del art. 1.903 del Código Civil, que, con otros concordados, se suponen vulnerados.

Juicio de árbitros.—Compromiso.—Sentencia de 10 de Diciembre (Gaceta de 19 de Octubre de 1913).—Declara que los términos literales de los artículos 1.820 y 1.821 del Código Civil no autorizan el supuesto doctrinal de que los interesados no puedan poner válidamente en sus contratos pacto alguno en virtud del que se asegure y facilite el cumplimiento de lo convenido mediante la intervención en aquéllos de terceras personas que diriman puntos ó extremos acerca de los que disienten los contratantes, ya que por ser éste un procedimiento ajustado á las leyes de la moral que constituyen el principal fundamento de todos los contratos, ya por ser perfectamente compatibles con aquellos compromisos que el Código Civil y la ley Procesal regulan como juicios especialísimos con aspecto y finalidad distinta de tales pactos, ya porque sería violento, dado este diferente alcance de unos y otros convenios, estimar e reunirlos los compromisos que pueden celebrar las partes á lo regulado por las disposiciones legales ante iotas:

Que sobre la base de esta doctrina no es de estimar la infracción de los preceptos legales reguladores del contrato de compromiso por la sentencia que condena á un demandado al cumplimiento de una sentencia arbitral pronunciada en virtud de lo estipulado en cierto contrato en una de cuyas cláusulas se estatuyó que las cuestiones á que el mismo diere lugar se llevarían ante un Tribunal arbitral que las resolvería de todos modos, toda vez que no teniendo dicha cláusula el verdadero carácter de compromiso, su validez y eficacia depende exclusivamente del pacto que entraña, que no es en este supuesto contrario á ley alguna, máxime impugnándose ese pacto como contrario á la moral y á las buenas costumbres, sino por el supuesto de haber sido erróneamente interpretado, y por que no cabe estimar si dada la validez del pacto contenido en la referida cláusula, su acertada interpretación y el hecho cierto de haberse dictado el bando, son estos los verdaderos fundamentos de la sentencia recurrida que en ellos se apoya para imponer la obligación de cumplimiento.

Competencia.—Pago de servicios.—Acción personal.—Sentencia de 13 de Diciembre. (Gaceta de 19 de Octubre de 1913.)—Resuelve que sí bien, conforme á la doctrina del Tribunal Supremo, el pago de los servicios debe realizarse, por regla general, en el punto que se prestaron, para que esto tenga aplicación es indispensable que haya, al menos, algún principio de prueba respecto á la existencia de la obligación cuyo cumplimiento se reclama, pues, de lo contrario, rige el precepto del párrafo 3.º del art. 1.171 del Código Civil, que concede la preferencia al domicilio del presunto deudor;

Y que aun cuando la demanda inicial del juicio parte del hecho de haber prestado el demandante ciertos servicios, que se concretan, por encargo del demandado, negada por éste en absoluto toda obligación, en defecto de principio de prueba (la testifical adecuada contra la prohibición del art. 89 de la ley de Enjuiciar carece de toda eficacia á estos efectos) y á tenor de la regla 1.ª del art. 62 de dicha Ley, corresponde el conocimiento del juicio al Tribunal del fuero del demandado y presunto deudor.