El Foro español (Madrid. 1898) (1914-12-21 00:00:00), página 5

devengan en los expedientes de deslinde y amojonamiento dentro del término municipal de la cabeza del partido. ¿Y cuando sea en otro término? Quizá se quiera decir que en este caso se aplicará la disposición general 1.a. ¿Pero es que no puede y debe aplicarse cuando el deslinde se haga á una distancia de varios kilómetros de la población cabeza de partido, dentro de su término municipal?

Y lo mismo sucede con los expedientes sobre posesión judicial.

La disposición general 1.a, á mi juicio, debe estar mal redactada. Dice que los honorarios se abonarán por mitad entre el actor y el demandado si compareciere éste. ¿Y si no compareciere? Hay que suponer en este caso que el actor adelantará los honorarios que correspondan al asunto con derecho á reintegrarse de la mitad si no hay especial condena de costas. Dice además la disposición que nos ocupa, que si hubiere más de un demandado que litigue separadamente, abonará otro tanto igual al de su coili- gante, según el periodo en que se persone. Supongamos que se persona al contestar á la demanda y sigue litigando separadamente: si un demandado sólo tiene que pagar la mitad de los honorarios del asunto, ¿cada uno de los otros que litiguen por separado tendrá que pagar otra cantidad igual á esa mitad? En este caso debe reformarse el art. 1.a, añadiendo: Los tipos señalados aumentarán en un 50 por 100 por cada demandado que litigue separadamente del otro. Que no es esto lo que quiere decir la expresada disposición 1.a, sino que la mitad de honorarios correspondientes á la parte denunciada la satisfarán por partes iguales entre todos los demandados, aunque litiguen separadamente; pues lo que diga claro y no dé lugar á distintas interpretaciones que siempre han de ser desfavorables al Secretario.

Disposición 6.a Por todo testimonio, mandamiento ó exhorto, cuya extensión sea mayor de cinco pliegos, se devengará por el exceso una peseta, etc. Perfectamente, si los documentos de que se trata se expiden durante la tramitación del asunto. Pero si pide un testimonio de documentos ó resoluciones que aparecen en un asunto que lleva archivado más de dos años; ¿qué artículo aplicaremos para la percepción de honorarios en las diligencias para acordar que se expida el testimonio y en la expedición del mismo? No lo encuentro en los Aranceles.

Otros y otros defectos podrían señalarse, pero basta con lo dicho para poder deducir que los Aranceles por conceptos no remuneran el trabajo, siendo una especie de impuesto al capital que se litiga ó al beneficio que se va á obtener con el asunto que se interpone. Que para establecer los tipos de percepción de honorarios en los diferentes asuntos, tienen que ser sumamente complicados, y por tanto, expuestos á equivocaciones, que serán tales mientras sean en perjuicio del Secretario, pues de lo contrario nadie creerá en la equivocación. Que esa especie de impuesto creado por el Arancel, sólo favorece á determinados funcionarios, y por semejarse á impuesto es, como todos ellos, odioso para el que tiene que pagarlo. Que como los antiguos Aranceles por diligencias se desecharon por sus muchos defectos, y los llamados por conceptos tienen tantos ó más que aquéllos, deben desecharse también.

¡Enhorabuena que ese impuesto se establezca por el Estado como un ingreso más (si es que no se quiere llegar aún á la justicia gratuita) previas las reformas convenientes; pero como medio de retribución á funcionarios, es injusto y cada vez más impropio y anticuado.

El Estado debe tener solamente los funcionarios que sean precisos y exigir que cada cual cumpla las obligaciones de su cargo; pero no debe consentir que esos funcionarios precisos vivan á expensas de nadie, ni menos que no puedan vivir por falta de medios. Si el Estado los necesita, éste debe pagarlos; y la paga debe estar en relación con la importancia de la función á los mismos encomendada y al esfuerzo que el desempeñarla represente.

Hoy el Secretario judicial desempeña una misión importante para el Estado, teniendo á su cargo infinidad de servicios, en su mayoría gratuitos. Se impone, pues, la remuneración de todos ellos, con igualdad entre los de cada categoría y la debida proporción entre las respectivas categorías y que aquélla sea suficiente para dar al cargo la independencia y la dignidad correspondientes.

Veán los encargados de reformar el Arancel si encuentran una fórmula adecuada para llegar con él á satisfacer con la igualdad y proporcionalidad convenientes las justas aspiraciones del Secretariado judicial, sin hacerlo enojoso á esa clase necesitada de sus servicios que representa una buena parte de la sociedad. ¿Y de lo contrario, confiesen con franqueza que el Arancel no sirve para lo qué fué ideado y propongan al Gobierno que acceda á los deseos de la opinión en general y á los de la mayoría de los Secretarios judiciales, poniendo en vigor en todas sus partes el Real decreto de 1.a de Junio de 1911, consignando en los presupuestos que se están confeccionando la cantidad suficiente para los sueldos que en el mismo se les asigna, por ser la única manera decorosa y justa de remunerar los servicios de tales funcionarios.

E. FRANCISCO GARDETA,
Secretario judicial.
Burgo de Osma, 11 de Diciembre de 1914.

Boletín de la semana.

LEGISLACIÓN

GRACIA Y JUSTICIA.—Real orden de 2 de Diciembre de 1914 creando una Comisión permanente, constituida por juríscosconsultos que formen parte de la general de codificación. Parte dispositiva:

«Artículo 1.o La Comisión general de Codificación continuará organizada en la forma que establece el art. 3.o del Real decreto de 17 de Abril de 1899; pero cada una de las cuatro Secciones en que, con arreglo al citado artículo se divide la Comisión general, se compondrá únicamente de un Presidente y siete Vocales nombrados para la misma, quedando suprimida la agregación de otros tres Vocales originarios de las Secciones restantes, que determina el párrafo primero del art. 7.o del mencionado Real decreto.

Art. 2.o El cargo de Presidente de la Comisión gene-