El Foro español (Madrid. 1898) (1915-05-20 00:00:00), página 4

Colegio y el programa que se trae y hasta quiénes, además de sus dos compañeros de candidatura, le presentan, y en fin, por qué arte de encantamiento ha brotado su nombre—que no conocíamos—para un cargo de la Directiva. Con ello podríamos contestar a los muchos que nos preguntan: ¿Y quién es el señor Sarabia?... Porque ir sin historia a la Directiva, es corriente, pero cuando menos ha sido gente conocida, de cuyas cualidades personales se esperaba algo, y el Sr. Sarabia las tendrá y muy excelentes, pero no las conocemos todavía y no creemos que, cediendo a halagos de una vanidad infantil, se haya prestado sencillamente a llenar un hueco en esa candidatura para que no quedase obscurecido quien, al parecer, pretende absorberla.

Porque, francamente, vonirse sin historia, sin ser conocido de la casi totalidad de los compañeros y sin una persona que le presente, nos parece demasiado.

No obstante, quizá aquí esté el secreto. Ya ven ustedes, nuestro retratamiento electoral (que las intemperancias del Sr. Soto nos hacen romper, por lo perjudicial que creemos será su gestión si triunfa) se debe a haber propuesto la candidatura Canalejas-Ruiz Jiménez-Martínez Fresneda, que ni podía traer más positín ni pudo ser más funesta. Estábamos casi por votar al Sr. Sarabia. ¿Quiere más?

Y dicho esto, prometemos a nuestros lectores, especialmente a los que nos tenían escrito en este sentido, que no desconsideremos más al terreno a que quiere llevarnos el Sr. Soto, y que por lo menos en serio no habremos de volver a tomar en consideración estas menudencias.

Posesión judicial en jurisdicción voluntaria.

Al crearse el Registro de la propiedad, lucharon dos tendencias: la germánica, para que el estado real de la propiedad estuviese de acuerdo con su titulación inscrita, y la latina, que permitía el desacuerdo.

Prevaleció en teoría el criterio germánico, y en realidad el latino, quedándose reducida la inscripción a un título más, cuyo valor y efectos habrían de resolverse en juicio.

En tales circunstancias, todas las reformas de la L. H. se han inspirado en el propósito de integrar al Registro, dando a sus asientos eficacia legal inmediata, fuerza ejecutiva, sin estrépito de litigio y sin perjuicio de las acciones y derechos que la efectividad del asiento pudiera lesionar.

Ese fue el pensamiento del art. 15 de la reforma de 21 de Abril de 1909, redacto así: «Quien tenga inscrito a su nombre el dominio de inmuebles o derechos reales, se presume, a los efectos del Código civil, que tiene la posesión de los mismos, y por tanto, gozará de todos los derechos consignados en el libro II del referido Código, a favor del propietario y del poseedor de buena fe, y será mantenido en ellos por los Tribunales con arreglo a los términos de la inscripción, y reintegrado en su caso judicialmente por medio del procedimiento establecido en el título XIV de la ley de Enjuiciamiento civil».

Cuando yo informé al Senado sobre esa reforma, ocupándome del particular explicaba como la inmediata y necesaria consecuencia de la inscripción era la de atribuir a quien en el Registro fuese titular de una cosa o derecho la situación de hecho correspondiente, pudiendo hacerse efectiva sin juicio contradictorio, realizarse esa situación en jurisdicción voluntaria.

En el art. 15 transcrito, aunque con una redacción defectuosa, se aceptó el pensamiento de mi informe y se concedió a la inscripción de dominio la virtualidad de la posesión de hecho, de manera que quien lo tuviese inscrito pudiese, en jurisdicción voluntaria, entrar en posesión de la cosa, y ser mantenido y reintegrado en ella «con arreglo a los términos de la inscripción».

Eso es lo que ordenó el art. 15, citando expresamente el título XIV de la ley procesal, aunque omitiendo por olvido añadir que era del libro III de la misma.

Según ese art. 15, en relación al 2.056 de la ley ritimaria, debía darse posesión en acto de jurisdicción voluntaria y conforme a los términos de la inscripción, a titular del Registro, y aunque otro se hallase de hecho en posesión de la cosa, porque si no hubiera tenido la reforma ese alcance, el artículo 15 no hubiera citado el título XIV de la ley Procesal, que trata de la posesión judicial de jurisdicción voluntaria.

Pero al adaptar la reforma a la ley se varió la redacción del artículo dicho, dándole la siguiente: «Quien tenga inscrito a su nombre el dominio de inmuebles o derechos reales, se presume, a los efectos del Código civil, que tiene la posesión de los mismos, y por tanto, gozará de todos los derechos consignados en el libro II del referido Código a favor del propietario y del poseedor de buena fe, y será mantenido en ellos por los Tribunales con arreglo a los términos de la inscripción, y reintegrado, en su caso judicialmente por medio del procedimiento establecido en la ley de Enjuiciamiento civil»—art. 41 de la L. H. reformada.

Como se ve, la diferencia es que en la ley de reforma se determina que el procedimiento es el del título XIV, que expresamente cita, y en la adaptación se refiere al «procedimiento establecido en la ley de Enjuiciamiento civil».

Sin otro análisis, ese procedimiento es el de la vía interdictal, y parece ser que el aceptado por la ley de reforma, el de jurisdicción voluntaria, no es ya aplicable; pero entones el art. 41, aparte ser contradictorio con el correspondiente de la reforma, con el 15 de la ley de 21 de Abril de 1909, es absurdo en sí mismo, porque en los interdictos no se mantiene ni reintegra «con arreglo a los términos de la inscripción», sino con arreglo al estado posesorio de hecho—artículos 1.652 y 1.658 de la ley de Enjuiciamiento civil.

Deducirse, pues, que el mismo art. 41, incompatible con la vía interdictal, tiene que referirse a la posesión judicial en acto de jurisdicción voluntaria.

Y esa conclusión es evidente al leer el segundo párrafo del artículo: «La posesión inscrita producirá mientras