El Foro español (Madrid. 1898) (1915-06-10 00:00:00), página 6

jando en muchas ocasiones perder su derecho, ante la amenaza de los insoportables dispensados que supone el pleito.

Es decir, que por culpa de los aranceles judiciales viene a resultar un mito el restablecimiento del derecho perturbado.

El actual Ministro de Gracia y Justicia, D. Manuel de Burgos y Mazo, que ha estimado urgente el cambio de semejante sistema, desde el primer día que ocupó la cartera se dedicó a estudiar ese y otros asuntos de vitalísimo interés para los ciudadanos, formando el propósito de redactar los oportunos proyectos de ley.

Pretende el Sr. Burgos que la supresión de los aranceles judiciales sea absoluta; es decir, que cuantos funcionarios de la administración de justicia, dependientes del Estado, tengan al presente fijados derechos de Arancel, cesen de percibirlos tan pronto como su proyecto sea ley, sustituyendo dichos emolumentos por un sueldo, o por un aumento de sueldo, según el funcionario de que se trate.

Los únicos que cobrarán derechos serán los Procuradores; pero también respecto a éstos contendrá alguna disposición la futura ley.

Todo ciudadano tendrá perfecto derecho y absoluta libertad para comparecer personalmente ante los Tribunales; pero, si necesita intermediario, éste ha de ser necesariamente un Procurador. Es decir, que no será obligatoria la presencia del Procurador, pero su función no podrá ser sustituida por ningún otro profesional.

La intención del Sr. Burgos y Mazo era llegar al ideal de la justicia gratuita, y a ello se hubiera lanzado si la situación económica de la Hacienda pública lo hubiese consentido.

En las actuales circunstancias, es evidente que todo proyecto de aumento considerable en los presupuestos del Estado fracasará inevitablemente.

La supresión de los aranceles judiciales implica, supone un gasto para el Estado, de cuatro millones de pesetas próximamente.

Para compensar este aumento de gastos propone el señor Burgos la creación de unas patentes de litigio.

Estas patentes de litigio serán obligatorias para todos los litigantes e inexcusables para demandante y demandado, constituyendo una especie de impuesto progresional. Es decir, que serán de varias clases, según la cuantía del pleito, pero sólo representarán unos céntimos por cada cien pesetas de la cantidad litigiosa, cuando ésta sea pequeña, aumentando progresivamente su precio, a tenor del aumento de la cuantía del pleito.

Claro está que puede ocurrir que un pleito sea transigido, y el Sr. Burgos prevé el caso de transacción disponiendo que la patente pueda pagarse en plazos durante la tramitación del expediente judicial.

El actual Ministro de Gracia y Justicia ha ordenado la formación de unas estadísticas para conocer las cantidades litigadas en toda España durante el año.

Este improbo trabajo ha venido a demostrar que, por término medio, asciende a 160 millones de pesetas la suma de las cantidades objeto de todos los pleitos incoados anualmente en toda España.

No puede dudarse que este proyecto de ley es trascendental para la vida de los ciudadanos españoles, en cuanto al derecho se refiere. ¿Quién se atreve hoy a reclamar pequeñas cantidades o derechos, si ante la testarudez de un litigante y con los mil y un accidentes que se promueven, los gastos ascienden a mucho más que la cantidad en litigio o a la representada por el derecho reclamado?

Este proyecto del Sr. Burgos es de los comprendidos en la frase de Maura: «La revolución desde arriba.» Porque nadie me negará que el proyecto es verdaderamente revolucionario.

El proyecto es digno de elogio, y es preciso animar al Ministro, ayudarle desde la Prensa, porque tiende a favorecer a los pobres, que hoy se ven de hecho privados de reclamar un pequeño derecho, ante el veto puesto por los aranceles.

Claro está que el proyecto vendrá a herir a determinados—pocos—intereses particulares que podrán estar, que estarán seguramente interesados en el fracaso de esa hermosa ley; pero otros muchos intereses, particulares también, resultarán favorecidos, y desde luego lo serán en cantidad enorme los intereses del público en general, respetabilísimos sobre toda ponderación.

Para los Abogados, el proyecto es sencillamente salvador, porque los aranceles, sobre todo los reformados por Canalejas en Junio de 1911, han constituido y constituyen un obstáculo casi insuperable para el ejercicio profesional, en cuanto a los asuntos civiles hace referencia, porque éstos huyen de los Juzgados.

El Sr. Burgos se propone llevar las segundas instancias de lo civil a las Audiencias provinciales, lo cual supone la creación de cuarenta y nueve Salas de lo civil; pero son indiscutibles las ventajas que esa decisión reportaría a muchos litigantes residentes lejos de la Audiencia territorial.

Pero este asunto está ligado con el proyecto de reforma de la ley Orgánica del Poder judicial, y de dicho proyecto he de ocuparme en el próximo artículo.

ENRIQUE JARDIEL.

(Continuará).

Boletín de la semana.

LEGISLACIÓN

GRACIA Y JUSTICIA.—Real orden reorganizando los servicios de Estadística de este Ministerio:
A propuesta del Ministro de Gracia y Justicia, y de acuerdo con mi Consejo de Ministros,
Vengo en decreto lo siguiente:
Artículo 1.º Se reorganizarán los servicios de Estadística del Ministerio de Gracia y Justicia, centralizándolos en una Sección dependiente de la Subsecretaría de dicho Ministerio.
Art. 2.º Además del Oficial Jefe de Sección y del personal dependiente del mencionado Ministerio, que el Ministro designe, podrá ser destinada a dicha Sección una