El Foro español (Madrid. 1898) (1915-08-20 00:00:00), página 6

Llegado el caso de declarar rebelde a un procesado, el Juez diota auto en tal sentido, mandando que se anote en el libro-registro correspondiente—art. 255—y lo comunica al Presidente y al Fiscal de la Audiencia. En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 2º de la Real orden de 5 de Diciembre de 1892, reorganizando el Registro de penados, procesados y rebeldes, se reclama certificación de la inscripción de nacimiento o partida de bautismo del procesado, y se piden informes a las Autoridades locales para hacer constar las circunstancias personales y las señas de aquél; y, obtenido todo esto, se declara terminado el sumario, sin ningún otro acuerdo, mandando que se remita a la Audiencia, y poniendo el auto en conocimiento del Ministerio fiscal, lo mismo que en los demás casos. No es necesario que se reclamen previamente los antecedentes penales y de moralidad, como hemos visto en alguna ocasión, porque a nada conducen, ya que no se va a juzgar al presente autor, y si llegare a ser habido, habrá que pedirlos de nuevo, máxime cuando podrá mediar muchísimo tiempo entre la fecha en que se aportasen tales antecedentes y la en que se celebrase el juicio oral. En cambio, debe llevarse a cabo el embargo de bienes, o acreditar en forma la insolencia.

Remitido, pues, el sumario a la Audiencia, ésta es la que acuerda la suspensión y archivo de los autos: reserva el ejercicio de la acción civil, para lo cual no se alzan los embargos ni cancelan las fianzas; provee respecto a los efectos y piezas de convicción, y, como aprueba o ratifica la rebeldía, manda que se remita la oportuna nota al Registro central.

Devuelto el sumario al Juzgado, éste, aunque la ley no lo diga, ni se consigne en la resolución del Tribunal, debe acordar que de tal resolución se entere a la parte ofendida por el delito, único medio para que le conste que puede ejercer la acción civil reservada. No comunicándosela, ignora que le asiste ese derecho.

He ahí nuestra pobre opinión. Nos parece que, dada la legislación actual, con el procedimiento indicado se respetan sus principios, y cada organismo desempeña únicamente, sin subvenciones ni dificultades, las funciones que le están encomendadas.

MANUEL SANMARTÍN.

Cuestiones prácticas.

De la prueba de testigos.—Las repreguntas.—Colisión entre dos Derechos.

La importancia que en el juicio tiene la declaración oral de terceros, la prueba en su forma más sencilla, con virtud para enervar la documental, según estableció el Tribunal Supremo en sentencia de 2 de Octubre de 1861, requiere que, con especial cuidado, se atienda en la práctica al dicho medio probatorio, ya consignando con exquisita fidelidad las manifestaciones de los testigos y la razón de ciencia de su dicho en cada uno de ellos, ya respetando la integridad de la eficacia de las garantías que la ley establece, al fin de contrastar la veracidad de los testimonios.

Entre las dichas garantías, es la más usada y eficaz la que aparece en el art. 641 de la ley de Enjuiciamiento civil, atribuyendo al litigante derecho de repreguntar a los testigos que su contrario presente. Las repreguntas dirigidas a acreditar que el testigo no conoce los hechos o las circunstancias a que se refiere su testimonio, o, en suma, que éste se separa de la verdad, han de permanecer en el secreto hasta el instante de la declaración, a fin de evitar confabulaciones y amaños que hagan del todo ineficaz la repregunta. Así lo establece el ya citado artículo 641.

Según lo prevenido en el art. 643, los testigos que rehusaren presentarse voluntariamente a declarar serán citados por cédula. Es visto, pues, que el litigante tiene derecho de presentar sus testigos por comparecencia voluntaria, y también tiene derecho de que se cite en forma a aquellos que no hayan comparecido.

En la relación entre los citados artículos 641 y 643, concordante este último con los 653 y siguiente de la misma ley, se origina el caso práctico que examino ahora:

Un litigante propone, entre los medios de prueba, el de declaración de testigos; acompaña el opportuno interrogatorio con sus copias (art. 658), y acompaña asimismo, entonces o en su día, la lista de los testigos de que intenta valerse (art. 640). El número de éstos no es limitado por la ley (art. 645), y se supone, a los fines del caso práctico propuesto, que los testigos son seis. Declaradas pertinentes las preguntas del interrogatorio (art. 639), y señalados día y hora en que haya de «darse principio» (así dice la ley) al examen de los seis testigos (art. 642), se llega a la actuación necesaria, y antes del examen de aquéllos, una de las partes en el juicio presenta interrogatorio de repreguntas, las cuales aprueba el Juzgado como pertinentes (art. 641).

Los testigos no fueron citados por cédula, ya porque el litigante que se vale de ellos al presentar la lista advirtió que comparecerían voluntariamente, ya porque, sin hacer tal advertencia, la cual en la práctica es frecuentísima, no pidió que se les citase.

Comienza el examen de testigos separadamente, llamándolos por el orden en que vinieren anotados en la lista (art. 646), y comparece el primero, el cual es examinado al tenor de los dos interrogatorios: el de preguntas y el de repreguntas (art. 649). Se llama al segundo testigo, quien no se ha presentado, así como tampoco los demás. En tal ocasión el litigante pide que los cinco testigos que faltan sean citados por cédula, para que se les examine el día que el Juzgado señale.

Esta petición se halla aparentemente ajustada a derecho, ya que no exige la ley un solo acto para el examen de los testigos de cada una de las partes, y ya también que autoriza la citación por cédula a los que rehusaren presentarse voluntariamente para declarar (artículos 643, 653 y 654); pero de acorder el Juzgado a la dicha petición, se hace ilusorio el derecho de repreguntar, porque desde que se examinó el primer testigo tuvieron publicidad las repreguntas, perdiendo de este modo su eficacia la garantía que el legislador estableció como imprescindible e la