El Foro español (Madrid. 1898) (1914-07-10 00:00:00), página 5

prendida la prisión, la incluyó en aquél, agregándola á los primeras diligencias, pero absolutamente nada más.

Así, pues, el Juez incompetente del art. 499 de la ley de Enjuiciamiento criminal, debe practicar las primeras diligencias que especifican los artículos 324 de la ley Orgánica y 18 de la ley de Enjuiciar y puede decretar la prisión; pero no debe ni puede decretar el procesamiento, por que no le está atribuida esta facultad, de la incumbencia exclusiva del Juez competente, que es el único que puede incoar sumario y procesar.

En el tan repetido art. 499 no se incluye el procesamiento, ni se le menciona, ni se le alude. El procesamiento es la diligencia más importante y trascendental de todo el sumario; la que mayor perjuicio puede causar. Por tanto, no se puede considerar incluido lo más, que es el procesamiento, en lo menos, que es lo indicado en tal artículo, que no admite interpretación extensiva; y el Juez incompetente que acordara el procesamiento, cometería una extralimitación, una ilegalidad, porque la ley no le faculta para tomar tal acuerdo, fuera del sumario, y, por consecuencia, le prohibe decretar el procesamiento del acusado preso.

Además, el Juez incompetente puede acordar la libertad del detenido, aunque le considere responsable del delito, si entiende que éste no es de entidad que requiera el acuerdo de prisión; pero tampoco puede decretar el procesamiento; pues (aun en la hipótesis, que niego, de que, en el caso de que hubiera de acordar la prisión, pudiera decretar el procesamiento) una vez que no precisara acordar la prisión, sería indispensable, de todo punto, que la Ley en el ordenamiento concordado de un articulado le atribuyera expresamente la importantísima facultad de procesar; y no se lo otorga.

DOCTOR LUIS ZAPATERO.

El art. 12 del Código civil y las legislaciones forales, con especialidad la de Cataluña.

A raíz de la promulgación del Código civil escribí este trabajo, que no recibió entonces publicidad por el temor que siempre abrigó de que el fruto de mis reflexiones sobre otra materia que no sea la aplicación concreta de las leyes, tarea á la que vengo consagrado hace muchos años, ha de adolecer de falta de la necesaria competencia científica, que sólo se adquiere por los que disponen de más tiempo y están dotados de mayor inteligencia para cultivar el estudio del Derecho.

Me he decidido á publicarlo ahora, al tener noticia de que se han presentado recientemente en la práctica algunos casos que se relacionan con la extensión de las Legislaciones forales; y también (por qué no decirlo) á causa de no estar de todo en todo conforme con la autorizada opinión de un sabio autor y Catedrático, cuya obra consulto con frecuencia y á quien he llamado y continuo teniendo por maestro.

El antiguo Principado Catalán, en cuyo territorio puede decirse que impera, con más intensidad que en otro alguno, el derecho llamado foral, solicitó con preferencia mi atención desde que se promulgó el Código civil por las dudas que había de ofrecer y los litigios que podría motivar la inteligencia de su art. 12.

A juicio de los menos hostiles á la unificación del derecho patrio, el art. 12 significa, que regirá el Código como supletorio en defecto de precepto expreso de la Legislación civil vigente en Cataluña, cualquiera que sea el origen y naturaleza de las diferentes leyes que actualmente constituyen é integran su derecho. Los hay también que exageradamente encarnizados con sus privativas leyes, usos y costumbres, entienden que, por virtud de la disposición final del Código, todos los cuerpos legales que constituyen el derecho común, y entre ellos las leyes de carácter general posteriores al Decreto de Nueva Planta, quedaron en absoluto derogados; y, por consiguiente, que respecto de Cataluña, se esta en completa libertad de legislar acerca de las materias que eran objeto de las leyes derogadas, y que debe cuidarse de incluir los preceptos á ellas referentes en el apéndice mandado formar por la Ley de Bases, cuidando que estos preceptos se inspiren en los orígenes y sistema de su derecho foral.

Es, pues, necesaria una explicación razonada del contenido del artículo 12 del Código para evitar que las mencionadas y otras opiniones á ellas semejantes, favorecidas por el amor á lo tradicional á que se rinde ferviente culto en Cataluña cuando de su derecho privado se trata, crean resistencias que no sería prudente combatir, y que malograrian el noble propósito de que el nuevo Código prepare para lo futuro la unidad de la legislación patria, respetando y codificando mientras ese día llega, por medio de un apéndice las instituciones civiles privativas de este país que tengan fuerte, provechoso y reconocido arraigo en las costumbres.

Por las indicadas causas me prometo iniciar en este trabajo las controversias que ha motivado el referido artículo, dejando que otras inteligencias más ilustradas y despiertas y, en definitiva, el Tribunal Supremo, fijen su verdadera significación y alcance.

Empiezo por lamentarme de que permanentes atenciones, por demás penosas, no me hayan permitido un estudio continuado y tranquilo de esta importante cuestión, ni desarrollarla por completo, llevando la genuina interpretación del artículo á cada una de las instituciones sancionadas por el Código, á fin de deducir las consiguientes conclusiones. Esto exigiría mayor tiempo del buenamente compatible con mis deberes oficiales, y la urgenda que para mí tiene el que no se extravíe la opinión en perjuicio de los que recurren en demanda de justicia.

El art. 12 del Código consta de dos párrafos ó apartados, y el primero comprende dos preceptos. Ordena el uno que «las disposiciones del título preliminar, en cuanto determinan los efectos de las Leyes y de los Estatutos y las reglas generales para su aplicación, son obligatorias en todo el reino». Establece el otro que «también son obligatorias en todas las provincias del reino las disposiciones del título 4.º, libro I.º».

Después de la disquisición habida en los Cuerpos Colegiados, y que por virtud de la misma, la Comisión general de Codificación adicionó y enmendó el art. 15 del Código publicado en cumplimiento de la Ley de 26 de Mayo