El Foro español (Madrid. 1898) (1914-04-20 00:00:00), página 14

cunstancias, la promesa de no emancipar al arrogado y la expresa aceptación de éste, el arrogado, en el caso de este pleito, y su señora, solicitaron como gracia real la facultad de arrogar al impúber, hijo de padres desconocidos, incoando al efecto ante uno de los Juzgados, en Cataluña, expediente, en el que fueron cumplidas las mencionadas prescripciones y se hizo constar la aceptación del menor, asistido de su curador, en cuya virtud, y previo el informe Fiscal, por Real orden se concedió al solicitante exclusivamente la arrogação pretendida, la cual, así como el resultado del expediente, fué transcrita en la escritura que dicho señor otorgó:

Que al apreciar la Sala sentenciadora tales hechos como bastantes y suficientes para estimar enteramente legal la arrogação del impúber hoy demandado y recurrido, no sólo no infringe las leyes que en Cataluña, en defecto de legislación especial, regulan estos actos ni las procesales aplicables, sino que se atempera á ellas, porque aun estimando adecuada la ley 92, título 18, partida 3.a, en relación con la 4.a, título 16, partida 4.a, en las cuales se preceptúa que se llenen determinados requisitos y se adopten maneras especiales para solemnizar el acto y otorgación de la carta real, no puede de ellas deducirse que deban verificarse necesariamente en dos distintos modelos y con un innecesario formalismo, con tal que de modo expresivo se acerden todos los extremos que las leyes romanas y las de las Partidas exigen, así como la concesión real y la expresión ante Notario de llevarse á efecto la arrogação, siendo de notar en el caso de autos que todas esas formalidades se cumplieron, y que por haberse hecho la concesión únicamente al causante de la herencia que se discute, sólo esto podía otorgar la escritura, como en efecto la otorgó, y que la aquiescencia del menor se expresó de modo bien ostensible en el expediente y se corroboró con el hecho de poseerse en el nuevo estado que con la arrogação se lo creó y que siguió disfrutando constantemente;

Y que al establecer la sentencia recurrida que el arrogado pudo heredar del arrogado todos los bienes que abintestato adquirió, no infringe la doctrina del Supremo Tribunal sobre el alcance de las donaciones hechas en capítulos matrimoniales conforme á la legislación catalana y sobre los derechos sucesorios de los donatarios en los bienes de los donantes; porque si bien es cierto que la sentencia de 30 de Enero de 1910, que el recurrente invoca, se consignó la teoría que con exactitud reproduce en uno de los motivos, es preciso tener en cuenta que con tal resolución, que debe apreciarse en relación con los hechos circunstanciales de aquel litigio, no pudo contradecirse, ni en realidad se contradijo, lo que venían siendo doctrinas constantes y reiteradas en varias sentencias repetidas, singularmente en las de 12 de Noviembre de 1898 y 30 de Mayo de 1905, de que «las donaciones ó heredamientos en los cuales se consigne la cláusula usual, de volver al donante los bienes donados al hijo si éste muriese sin descendientes que llegaran á la edad de testar, no constituyen una sustitución expresa ó tácita para el caso de que esto ocurra, sino una simple condición resolutoria que, lejos de excluir, afirma el derecho del hijo donatario á suceder á su padre abintestado, y la de que tales reservas no revuelan la voluntad del padre de que el hijo donatario quede excluido de su derecho en la sucesión intestada»; doctrinas verdaderamente prudentes y provechosas, no sólo porque procediendo de otro modo se contrariarían los naturales sentimientos familiares arrancando al hijo los bienes paternos para llevarlos en el caso de no tener hermanos—como en el de autos ocurre—á parientes colaterales quizá lejanos, sin ventajas, para la unidad del patrimonio familiar, sino porque quizá sería poner de hecho en manos de los padres una forma de desheredad muy diferente de las admitidas por la Ley y siempre de perniciosos resultados.

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Pago de pesetas.—Dolo.—Pagarés á la orden.—Sentencia de 26 de Junio. (Gaceta de 23 de Julio de 1913).—Resuelve que la existencia del dolo nunca se presume y debe ser materia preferente de prueba para que aparezca demostrada como cuestión de hecho;

Y que el art. 1.170 del Código Civil, que tiene por única finalidad facilitar con la entrega de pagarés una forma de pago de deudas preexistentes, no puede ser aplicable cuando el pagaré representa una nueva obligación directa, propia y peculiar del derecho común, compensatoria de un préstamo bajo la recompenza de una disminución del capital prestado, que es lo que sucede cuando un acreedor reduce la cuantía de su crédito contra el deudor, mediante la garantía de un pagaré que suscribe un tercero obligándose á pagar determinada cantidad, inferior á la debida por aquél y en compensación de ella.

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Prescripción.—Buena fe.—Sentencia de 26 de Junio. (Gacetas de 23, 24 y 25 de Julio de 1913).—Declara que la prescripción adquisitiva ordinaria del dominio, según los artículos 1.940, 1.941, 1.949 y 1.957 del Código Civil y el 35 de la Ley Hipotecaria, requiere como condiciones indispensables una posesión en concepto de dueño, pública, pacífica y no interrumpida, por tiempo determinado, entre los presentes, buena fe y justo título, debiendo ésta hallarse inscripto en el Registro de la propiedad para que pueda perjudicar á terceros y empezar á contarse dicho tiempo desde la fecha de la inscripción:

Que con sujeción al art. 1.950 del propio Código y los 1.951, 433 al 436, que sirven de complemento al primero, y la doctrina deducida de todos ellos, la buena fe consiste en la creencia plena e indudable de que la persona de quien el poseedor prescribiente recibe la cosa era el dueño de ella y podía transmitir su dominio, con desconocimiento de cualquier vicio que, en su caso, pudiera tener el título del causante, estableciéndose la presunción juris tantum respecto á la concurrencia de tan esencial requisito, ora en el momento de la adquisición de la posesión, ora con posterioridad, presunción que impone al que afirma la mala fe, la obligación de probarla;

Y que la existencia de la buena fe, cual condición necesaria para prescribir, es una cuestión de mero hecho que decide la Sala sentenciadora, apreciando el valor de la prueba suministrada, y á tal apreciación hay que circunscribirse en casación cuando al hacerla no comete infracción de ley ni de doctrina.

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Propiedad literaria.—Sentencia de 26 de Junio. (Gaceta de 26 de Julio de 1913).—Resuelve que si se reconoce y acepta en todos sus extremos una escritura pública, en la que de modo concreto, claro y preciso se consigna que la viuda é hijos del autor de una obra literaria vendieron, cedieron y traspasaron la propiedad de la misma que aquél escribió y publicó, para siempre jamás, con cuantos derechos y acciones concedían las leyes, declarando quedaban subrogado el comprador en el propio lugar de los vendedores, para que libremente pueda ejercitar con arreglo á