El Foro español (Madrid. 1898) (1914-08-20 00:00:00), página 8

al Ministro de Gracia y Justicia la resolución que, á su juicio, proceda en cada uno.

Art. 6.º La declaración de libertos se hará mediante Real decreto, á propuesta del Ministro de Gracia y Justicia y con acuerdo del Consejo de Ministros.

Art. 7.º Los libertos seguirán dependiendo del establecimiento en que se hallen al pasar á esta situación y estarán bajo la vigilancia de las Autoridades de la localidad en que residan, especialmente de las comisiones de libertad condicional.

El liberto tendrá la obligación inexorable de dar cuenta cada mes por escrito, y si no supiera escribir por persona á su ruego, al Director de la prisión, como Presidente de la Junta de disciplina que haya propuesto á cada uno, del sitio en que reside, de la ocupación á que se dedique y de los medios con que cuenta para vivir honradamente, cuyos escritos habrán de ser visados por el Juez de instrucción donde existe, y en caso de haber más de uno, por el Decano ó por el Municipal donde no hubiere Juez de instrucción.

Art. 8.º El liberto que fuere de nuevo procesado será reintegrado al establecimiento de donde proceda, en calidad de penado ordinario, y si la sentencia fuere condenatoria, perderá el tiempo pasado como tal liberto, no ocurriéndosele en la extinción de la primera pena. El que infrinja las reglas que en el presente decreto se establecen ó observe mala conducta, podrá ser reintegrado también al establecimiento correspondiente como penado ordinario, pero el tiempo pasado como liberto se le computará en la liquidación de condena.

La detención o prisión en estos casos se decretará por las Autoridades judiciales ó gubernativas, según proceda, y las transferencias de los penados á las prisiones de reingreso se llevarán á cabo por la Dirección General del ramo.

Art. 9.º Cuando por delito ó mala conducta de un liberto proceda revocar el beneficio, la Junta de disciplina de que dependa el liberto hará la correspondiente propuesta á la Dirección General, y ésta propondrá á su vez al Ministro lo que proceda en justicia. Para ello el Juez de instrucción, ó el municipal en su caso, oficiará al Director, Presidente de la Junta de disciplina, notificándole los hechos en que ha de fundarse la propuesta de revocación.

La revocación del beneficio se hará mediante Real orden expedida por el Ministro de Gracia y Justicia.

Art. 10. El Ministro de Gracia y Justicia dictará las disposiciones que sean necesarias para la exacta aplicación del presente decreto.

—Real orden de 8 de Agosto de 1914 disponiendo que los funcionarios que habiendo ocupado cargos judiciales ó fiscales en fecha anterior á 28 de Junio de 1911, se consideren con derecho al abono de servicios prestados en plazas distintas de las de Jueces y Magistrados y sus similares en el Ministerio fiscal, puedan solicitar su reconocimiento en el término de treinta días, á contar desde la fecha, debiendo ser resueltas las solicitudes que al efecto se formulen en otro plazo igual al indicado y entendiéndose la no concurrencia al llamamiento que en la presente Real orden se hace como renuncia y desistimiento de todo ulterior recurso ó reclamación sobre la materia referida.

PROPOSICIÓN DE LEY

Tribunales para niños.

En la Asamblea Nacional de Protección á la Infancia celebrada en Madrid últimamente, haciendo justicia á los conocimientos y estudios realizados sobre el interesante tema de los Tribunales para delincuentes menores de edad, se confirió por unanimidad el encargo de dar forma legislativa á la ponencia que ante dicha Asamblea presentó el Diputado á Cortes D. Avelino Montero Villegas. Cumpliendo tan hermoso encargo, el Sr. Montero Villegas ha presentado al Congreso una proposición de ley de bases sobre organización y atribuciones de los Tribunales para niños, en la que ha condensado los principios fundamentales de tan humanitaria reforma.

La proposición de ley dice así:

«Se autoriza al Gobierno para publicar una ley sobre organización y atribuciones de los Tribunales para niños, con arreglo á las siguientes bases:

Primera. En cada capital de partido judicial se organizará un Tribunal especial para niños, compuesto del juez de primera instancia y del secretario judicial. Será juez competente para conocer de los delitos y faltas cometidos por los menores de quince años, el que lo sea de primera instancia.

En las poblaciones donde haya más de un juez de los de esta clase, uno solo de ellos será el encargado de esta jurisdicción, y en las localidades donde por el número de menores delincuentes se hiciese necesario, se designará un juez especial que ejerza esta jurisdicción, exclusivamente, la cual se organizará de tal manera que sea fácil una evolución en el porvenir hacia la forma de consejos de tutela.

Segunda. La competencia de estos jueces se extenderá á conocer de los delitos y faltas cometidos por los menores de quince años, á los delitos sancionados por los artículos 454 y 459 del Código penal (si la víctima es menor de doce años) 500, 501 y 602 del mismo Cuerpo, y de las faltas comprendidas en los números 5, 6, 7, 8, 9 y 10 del artículo 603 del mismo; de los delitos y faltas á que se refieren las leyes de 26 de Julio de 1878, 13 de Marzo de 1900 y 23 de Julio de 1903; de la declaración de la privación ó suspensión de la patria potestad, en los casos establecidos en el art. 1.º, número 4.º, parrafo segundo de la ley de 26 de Enero de 1878; en el art. 171 del Código civil y en el art. 4.º de la ley de 23 de Julio de 1903.

Tercera. En el procedimiento para enjuiciar á los delincuentes menores de quince años, el juez no se someterá á ninguna regla de carácter procesal y tendrá muy en cuenta las condiciones morales del menor, de sus padres ó familiares y del ambiente en que uno y otro han vivido; y las sesiones se celebrarán en local aparte ó á horas distintas en que se celebren actos judiciales, procurando que carezcan de toda solemnidad.

Cuarta. El juez podrá acordar dejar al menor al cuidado de su familia, ó entregarlo á otra persona, ó á una Sociedad tutelar, ó ingresarlo por tiempo determinado en un establecimiento benéfico de carácter particular ó del Estado. En todos estos casos, excepto en el último, el juez