El Foro español (Madrid. 1898) (1914-08-20 00:00:00), página 13

cable; á tenor de lo ordenado en el art. 15 antes citado del Código Civil, en relación con los 10 y 14 y demás concordantes del mismo Cuerpo legal.

** Derecho foral catalán.—Legítima foral. Sentencia de 6 de Diciembre. (Gaceta de 16 de Octubre de 1913.)—Consigna que por leyes romanas de aplicación en Cataluña y por la segunda, título 5.º, libro 6.º, de sus Constituciones, la legítima foral para los hijos está limitada á la cuarta parte de los bienes de la herencia al tiempo de la muerte del causante, que ha de dividirse por iguales partes, con sus frutos, á contar de aquella fecha, y con acción para reclamarlos de quien los posea; y que por las Constituciones del título 9.º, libro 8.º, de aquel territorio, pueden los padres hacer donación de todos sus bienes á favor de sus hijos; pero no obsta para que los no favorecidos soliciten á la muerte de su causante la renovación hasta el cómputo de su porción legitimatoria;
Y que si conforme con estos preceptos una madre que tiene varios hijos hace donación de sus bienes á favor de uno de ellos reservando á los demás la legítima que por derecho les corresponde en esos bienes para disponer de ella á su libre voluntad, la sentencia que les reconoce ese derecho no infringe los repetidos preceptos.

*** Indemnización de daños y perjuicios por difamación.—Sentencia de 6 de Diciembre. (Gacetas de 16 y 18 de Octubre de 1913.)—El pleito originó de este recurso tuvo por base la noticia publicada en uno de los periódicos de gran circulación publicados por una Sociedad editorial constituida por escritura pública, en cuya noticia se decía que un fraile había fuga do del convento donde residía, llevándose consigo una bella señorita, de quien ya había tenido escandalosa sucesión tres meses antes, noticia falsa que después fue ratificada, incluso por el periódico de gran circulación que la publicó, tomándola, por cierto, de otro, pero sin expresar su origen:
El padre de la señorita á que se refería la noticia de referencia entabló la demanda origin del recurso contra el Director del periódico de gran circulación y subsidiariamente contra la Sociedad editorial de que forma parte, con la pretensión de que se declarara que venían obligados á indemnizar á dicha señorita por la noticia falsa de que se ha hecho mérito, que afectaba á la buena fama y honor de aquélla, indemnización que debía consistir en el abono de la cantidad de 150.000 pesetas, dada la condición social de la perjudicada y el daño producido, publicándose la sentencia ejecutoria que recayera en el citado periódico y en otros de mayor circulación de la Corte y de la ciudad capital de provincia á que correspondía el pueblo residencia del actor y de su hija. Los demandados se personaron en autos oponiéndose á la demanda, y seguido el juicio en ambas instancias recayó sentencia en la segunda de ellas de conformidad con los pronunciamientos solicitados por el actor, y revocando la pronunciada en la primera, por cuanto por ella se absolvía de la demanda á la Sociedad editorial:
Contra dicha sentencia interpuso la aludida Sociedad recurso de casación por infracción de ley, fundada en los números 1.º, 2.º, 3.º y 7.º del art. 1.692 de la ley Enjuiciamiento civil, cuyo recurso desestima el Tribunal Supremo declarando que la honra, el honor y la fama de la mujer, constituyen los bienes sociales de su mayor estima y su menoscabo la pérdida de mayor consideración que puede padecer en una sociedad civilizada, incapacitándola para ostentar en ella el carácter de depositaria y custodia de los sagrados fines del hogar doméstico, base y piedra angular de la sociedad pública, debiendo, por lo tanto, ser apreciados estos daños como uno de los más graves que obliga tenerlos en cuenta, al legislador para legislar, y á los Tribunales encargados por la ley de aplicar y realizar la justicia, con el propósito de remediarlos, para procurar se fije una norma reguladora, estableciendo una responsabilidad civil, armonizada con los principios jurídicos que informan nuestro derecho común si no se quiere fomentar en la Sociedad una negligencia suicida, cual sería el abandono de un elemento social de primer orden como la mujer, al capricho de la pública maledicencia:
Que tomados en cuenta estos fundamentos sociales de toda legislación y de toda organización de justicia, no cabe desconocer que el hecho controvertido en autos constituye una total y absoluta expoliación de la dignidad personal, familiar y social de la joven ofendida, violentamente despojada de todos sus títulos de pudor y honestidad que la hacían acreedora á la estimación pública por presentarla de modo evidente y escandaloso, culpable de fuga del lugar patronal y de amancebamiento sacrilegio consumado, con todas sus consecuencias naturales e inhabilitando por efecto de la pública exposición del hecho calumnioso en periódicos de gran circulación, que hacen la rectificación imposible, tanto por la imborrable impresión que causa en el ánimo de sus lectores, cuanto porque la reproducción de todo suelo injusto, hecha en la prensa, no altera, según reiterada jurisprudencia, la responsabilidad del que la reproduce, puesto que lo que castiga la ley es la propagación de la injuria; y por todo esto es por lo que el Tribunal sentenciador al someter el daño moral causado á compensación pecuniaria, no confunde las atribuciones del Poder judicial con las del Poder legislativo, pues para ello sería preciso se declarase en disposición abstracta ó de carácter general algún derecho nuevo, cosa que no ocurre aquí, porque el juzgador, valiéndose de las reglas de equidad que son máximos elementales de justicia universal, se limita, como intérprete de la ley, á explicar mejor principios jurídicos más ó menos clara y distintamente expuestos, pero ya «preexistentes», que definen el daño en sus diversas manifestaciones, para justificar, toda vez que es indiferente pedirla para acción civil ó penal, una indemnización pecuniaria, que sí nunca es bastante como resarcimiento absoluto de ofensas tan graves, al fin es la que se aproxima más á la estimación de los daños morales directamente causados, y que llevan consigo, como consecuencias naturales y lógicas, otros daños, esto es, los materiales y los sociales, conforme al criterio tan sabiamente manifestado en la ley 21, título IX de la partida séptima, cuando al disponer «que cualquier que reciba tuerto, ó desonra, que pueda demandar enmienda de ella en una destas dos maneras, qual mas quisiere. La primera, que paga el que lo desonra, enmienda de pecho de dineros. La otra es en manera de acusación, pidiendo que el que le hizo el tuerto, que sea escarmen- tado por ello... E la una destas maneras se tuelle por la otra; por que de un yerro no debe ome recibir dos penas por ende. E desque quiere escojido la una, non la puede dexar, á pedir la otra...» ley cuya aplicación ha sido tradicional en España:
Que la doctrina establecida en la sentencia de 6 de Diciembre de 1882, dictada en asunto puramente criminal, parte de un supuesto completamente distinto porque se refiere al simple honor en sí mismo, la recta razón en consonancia con el concepto general del derecho positivo, y las enseñanzas de Tribunales de otros países respetables por su competencia, no consiente, de acuerdo con el Código tradicional transcri-