El Foro español (Madrid. 1898) (1915-01-30 00:00:00), página 7

lencia antijurídica y á poco damos con respuesta revestida de significadas atenuaciones.

La contribución de guerra es también medio lícito de la lucha; sus efectos disminuyen las energías del vencido, y á esto precisamente se encaminan los esfuerzos del vencedor; poco importa á éste los sinsabores y duelos que exija el percibo de las sumas que reclame y las tristes gestiones de las Autoridades locales responsables del pago, exprimiendo la bolsa de sus más humildes administrados; mas aun desatendiendo toda ley de derecho y moral que quiebran en las campañas militares, ha de obedecer á otras que sujetan aun á los hombres más disolutos y soberbios, las de la armonía y de la realidad.

Imponer á una ciudad ó á una aldea entregas en numeraio, en víveres ó en otra representación de su riqueza en cantidades inconsideradas y, desde luego, incompatibles con su capacidad económica, representa temeridad inexorable; y si á la exigencia acompaña la aprehensión de rehenes ó la amenaza de destrucción de vidas ó haciendas, se convierte en crueldad odiosa.

Ejemplos también de esta conducta que conocemos tan sólo por haberla leído en crónicas medievales de contiendas armadas, en las cuales quien venía a adueñarse de los bienes del derrotado y esclavizaba su persona, vamos observando en los días presentes. El horror sólo puede engendrar horrores, y las negaciones de cuanto creáramos sería de escándalo á la dignidad y á la prosperidad de nuestra especie, se suelen unas á otras con voces salidas de todos los puntos del horizonte.

Días más sosegados vendrán, es posible; en ellos, juríscosultos y diplomáticos disuadirán á guisa de torneo intelectual los mejores acuerdos para alejar los motivos de nuevas guerras para ennobecerlas si fueran inevitables; mas en tanto llega su aurora, podemos afirmar que la austeridad de la Moná y la autoridad del Derecho se derrumban ante el triunfo de los instintos malévolos de los hombres.

M. C.

(De la Revista de los Tribunales.)

TRIBUNALES

Sentencia intercante.—Prescripción de los créditos de Positos.

La Sala tercera del Supremo acabó de fallar un interesante recurso Contencioso-administrativo acerca de la prescripción de los créditos o Positos.

La cuestión ha sido planteada por dos deudores del Pósito de Arcos de laF ronda, cuyos débitos databan de 1869 y 1882.

En 20 de Abril de 1910 tuvo uno de los interesados una instancia á la Delegación Regia de Positos, solicitando que se declarara prescrita la acción á favor del Pósito.

Nada resolvió por el momento la Delegación Regia acerca de este particular, y en Agosto del mismo año de 1910, el agente ejecutivo, en diligencias de apremio de segundo grado, exigió el pago á los deudores de los créditos, más el 20 por 100 (art. 135 de la Instrucción), cuyo importe fué consignado, suspendiéndose la subasta en 30 de Junio de 1911 y señalando la Delegación el plazo de quince días para reclamar.

En 4 de Diciembre de 1911 recayó acuerdo á la instancia de 20 de Abril, declarando la Delegación Regia imprescriptibles las deudas del Pósito y confirmándose por resolución de 12 de Enero de 1912 la aprobación del apremio hecha por el jefe de la sección del Pósito, fundado en no haberse formulado reclamación alguna en el plazo indicado de los quince días.

Contra estos acuerdos interpusieron los interesados los correspondientes recursos contencioso-administrativos, que fueron acumulados.

El Fiscal, al contestar la demanda, alegó como perentoria la excepción de incompetencia, que fué desestimada por la Sala en sentencia, por la cual se revocan los acuerdos recurridos, declarándose prescriptos los créditos y ordenando la devolución de las cantidades ingresadas.

Los considerandos de la sentencia dicen así:

«Considerando: Que la excepción de incompetencia propuesta como perentoria por el Ministerio Fiscal se funda en que los demandantes ó algunos de ellos dejaron consumada la cobranza de los créditos por no haber planteado dentro de los 15 días siguientes á la consignación de su importe la reclamación exigida por la Real orden de 18 de Marzo de 1904; pero este razonamiento no puede prevalecer, pues aun en la hipótesis de que la disposición en que se apoya pudiera regir para casos análogos al presente, sería de todo punto inaplicable al actual, porque el expresado término señalado para deducir instancia contra los actos económicos de gestión fué concedido á los autores por la providencia de la Delegación Regia de Positos de 30 de Junio de 1911, en la que se prescindió al fijarlo de que la reclamación á que se refería se hallaba ya presentada, tenía la fecha de 20 de Abril anterior y estaba pendiente de acuerdo, que fué adoptado en 4 de Diciembre del mismo año y constituye el primero de los impugnados ante esta Sala;

Considerando, en cuanto al fondo del pleito, que los créditos á favor de Positos han venido exigíéndose siempre por el procedimiento administrativo de apremio, del cual es una mera incidencia la excepción de prescripción que como subordinada á la promoción, substanciación y resolución del expediente principal debe ser apreciada y acogida ó rechazada por las autoridades, funcionarios ó organismos del mismo orden, y en su momento por los Tribunales de esta jurisdicción, según se deduce de varias decisiones de competencia proferidas por el Poder moderador, que mediante ellas ha neutralizado algunas contradicciones de la doctrina;

Considerando: Que asistidas las Corporaciones municipales de la facultad de hacer efectivos esos créditos por el procedimiento recordatorio ordenado en favor de la Hacienda pública, ha podido entenderse con fundamento que los derechos de Positos disfrutaban la condición privilegiada de los constituidos á favor del Estado, los cuales no quedaron sujetos á la prescripción extintiva hasta que se promulgó la ley de 31 de Diciembre de 1881, adicional á la contabilidad de 1870;

Considerando: Que á partir de aquella ley es forzoso estimar, en buenas reglas de interpretación, que la prescripción extingue los créditos de Positos cuando han pasado quince años desde que pudieron y debieron ser exigidos y no aparece interrumpido el cómputo del plazo, cuyo recurso no ha quedado en suspensión ni un solo instante por la ley de 23 de Enero de 1906, limitada en el particular á reconocer explícitamente que desde entonces