El Foro español (Madrid. 1898) (1914-07-10 00:00:00), página 4

de la justicia han de buscarse en la responsabilidad judicial, que no existe ni en la realidad ni en la ley.

La responsabilidad judicial es además un derecho fundamental del ciudadano, tan mal formulado en la constitución, como mal desarrollado en la ley Orgánica y en la Procesal.

Parece que se ha tomado como norma de aquella responsabilidad, la disciplina jerárquica dentro del organismo judicial, y el perjuicio definitivo del justiciable, en vez de hacerla recaer sobre el error o la negligencia, inexcusables siempre ante el derecho lesionado, traducirse ó no la lesión en algo valioso.

La responsabilidad real y legal hoy, es solamente la que se obtiene por el escándalo, y la que produce el escándalo, no la responsabilidad ineficible de la falta en el cumplimiento del deber que se haga efectiva como pronunciamiento necesario al conocer el superior en el asunto, por razón de recurso ó de simple petición del lesionado.

Traté de esto en mi obra La función judicial, y no me parece que fui muy severo al indicar las correcciones, porque éstas pueden ser muy leves si son ciertas.

Y ahora, al observar que el vicio mayor de la codificación proviene del temor al arbitrio de los Jueces, porque pueda ser absurdo ó arbitrario, digo que la libertad se ha equivocado, porque el Derecho no se garantiza reduciendo la esfera de acción del juzgador, con mengua de la evolución jurídica, sino haciendo efectiva su responsabilidad de modo necesario, y otorgando las más amplias facultades al que quiera exigirla.

Así serán compatibles la doctrina legal, en sentido de doctrina jurídica, y las facultades judiciales en la investigación científica del derecho, convirtiéndose los códigos en meras normas de esa investigación.

CARLOS L. DE HARO.

Un auto de prisión sin procesamiento.

El Juez á que alude el apartado 2.º del art. 499 de la ley de Enjuiciamiento criminal, ¿puede dictar auto de procesamiento?

En el artículo mencionado se dice que el Juez practicará las primeras diligencias. Estas primeras diligencias no implican formación de sumario, porque un Juez legalmente incompetente no debe incoar sumario Y, según lo previsto en el art. 834 de la misma ley, para dictar auto de procesamiento es preciso que resulte del sumario algún indicio racional de criminalidad, esto es, que el sumario haya sido incoado. A mayor abundamiento, en la circunstancia 8.ª del art. 503 de predicha ley se condiciona el decreto de prisión provisional en la causa; y en el art. 499 se habla exclusivamente de prisión en las primeras diligencias, cuya prisión no se califica por tratarse solamente de asegurar dentro de las setenta y dos horas constitucionales la persona del reo y remitirla con las diligencias al Juez competente, pues de no ser así, de no interpretarse así el art. 499, no podrá ser cumplido por resultar anticonstitucional, en razón á que el art. 5.º de la Constitución vigente preceptúa que ningún español podrá ser preso sino en virtud de mandamiento de Juez competente, y el Juez del apartado 2.º del art. 499 de la ley de Enjuiciamiento criminal no es Juez competente. Siendo de tener en cuenta que la jurisdicción criminal es siempre improporcional.

En suma: únicamente puede incoar sumario el Juez legalmente competente. Solamente dentro del sumario puede dictarse el auto de procesamiento. Es así que el Juez á que se alude en la pregunta tiene atribuciones exclusivamente para practicar las primeras diligencias, que después formarán parte del sumario, pero no tiene facultades para incoar éste; luego no puede dictar auto de procesamiento por ser la actuación alma del sumario, que, con arreglo á la letra y el espíritu de la legislación vigente, solamente puede decretar el Juez competente para incoar, proseguir y ultimar el proceso.

El art. 499 de la ley de Enjuiciamiento criminal dice textualmente que el Juez de instrucción á quien se entregue el detenido, practicará las primeras diligencias y elevará la detención á prisión, ó decretará la libertad del detenido, según proceda. Hecho esto, cuando el no fuere competente, remitirá á quien lo sea las diligencias y la persona del preso, si lo hubiere. ¿En el concepto «primeras diligencias» puede considerarse comprendido el auto de procesamiento? No, porque, según no se ha comprendido en tal frase la prisión, puesto que se especifica, se aparta y se diferencia, no hay términos hábiles de considerar incomprendida la diligencia más importante del sumario, que es el acuerdo de procesamiento, el que, en todo caso, tampoco puede ser decretado antes de incoarse el sumario por el único Juez competente. Y es indiscutible que el Juez competente no puede incoar el sumario, y que solamente dentro del sumario puede dictarse el auto de procesamiento por el Juez genuinamente competente in potentia et in actu.

Si el legislador hubiera querido atribuir al Juez incompetente esa facultad de procesar, lo hubiera dicho clara y terminantemente, por tratarse de lo que sería una excepción, más ó menos justa, de la regla general y de la actuación más importante y trascendente del sumario, así como dijo lo de la prisión atribuyendo al Juez incompetente esta facultad de decretar la prisión, pero no el procesamiento. Ubi lex voluit, dicit; ubi noluit, tacuit. Donde la Ley quiere, hable; donde no quiere calla.

No es cuestión de interpretación; no es tema opinable; pues las leyes penales deben ser entendidas en sentido restrictivo; literalmente. Es así que el art. 499 no habla del procesamiento; luego éste no se puede considerar comprendido en aquél. Ni siquiera aludido; porque el art. 824 de la ley Orgánica y el 12 de la ley de Enjuiciamiento criminal definen y puntualizan las diligencias que deben considerarse como primeras; y son las de dar protección á los perjudicados, consignar las pruebas del delito que puedan desaparecer, recoger y poner en custodia cuanto conduzca á su comprobación y á la identificación del delinquiente, y detener, en su caso, á los reos presuntos. En cuantas diligencias no se habla del procesamiento ni se alude á él.

El legislador, al dictar el art. 499 de la ley de Enjuiciamiento criminal, tuvo en cuenta lo ordenado en el art. 824 de la ley Orgánica, y como en éste no se considera com-