El Foro español (Madrid. 1898) (1914-02-28 00:00:00), página 9

gos, tendrá indiscutible autoridad. Nuestra ley de 1879 ha sacrificado verdaderos principios de justicia y equidad en materia de expropiaciones al culto verdaderamente fanático de la propiedad individual; y esto, que bien entendido pudo ser manantial fecundo de bienandanzas, falseado por propietarios desaprensivos y leguleyos, ha originado en la práctica enormísimas sin cuento, impidiendo las explotaciones mineras á veces años y años, por absurdas exigencias en parcelas superficiales, cuyo valor era escaso, y por las que sus dueños reclamaban cien ó doscientas veces el precio de estimación.

Se impone la cesación de tales escándalos, ¿cómo? Estableciendo para la minería disposiciones peculiares dentro de preceptos especiales que la libren para siempre de abusos hasta la fecha incógnita, por medio de un procedimiento sencillo y abreviado para obtener la expropiación y con reglas precisas y bien pensadas para hallar en todos los casos el verdadero valor de lo que se expropia.

Pugnaba con la raíz y fundamento del derecho minero el que se tuviese que declarar una mina de utilidad pública, si se había de expropiar su superficie; primer requisito ó período de la ley de 1879. Toda concesión de esta índole por esencia es de utilidad general. El Estado no debe ni puede segregar parte de la riqueza de todos en favor de uno solo, sino á título de beneficio que puede resultar á la economía pública que se exploten y lancen al mercado sustancias, que de otro modo no tendrían cotización monetaria ó valoración comercial. Pública utilidad reporta desde luego toda mina en el mero hecho de existir y de explotarse, y ello sólo justifica que fuera absurdo enner que declararlo así, como interminable antiespasa para lograr la expropiación.

Estos principios, cuya lógica es notoria, deben, no obstante, restringirse cuando sobre la superficie de la mina existan explotaciones agrícolas, fabriles ó industriales que representen mayor suma de utilidades que las que por cálculo racional pueda producir el subsuelo. En este caso la presunción jurídica en favor de la utilidad pública de la mina, hay que contrastarla con las garantías necesarias para que en definitiva no sufra agravio ningún interés legítimo y predomine la propiedad que mayor beneficio reporte á la economía nacional.

El verdadero valor de lo que se expropie debe tener como base el que los propietarios del terreno hayan declarado ante el Fisco ó tengan admitido en sus relaciones con el Estado. Y como tampoco sería justo que á quien se le priva de lo suyo contra su voluntad, se le indemnice sólo del valor material de lo expropiado, prescindiendo de la afición y de otro género de consideraciones morales que han de cotizarse en numerario, el proyectado Código señala como fórmula para los casos de expropiación total de un predio, el triple del valor declarado, y en caso de expropiación parcial el quintuplo. Con este sistema es verdad que se evita la peritación, siempre larga y costosa; pero acaso se acercará más á lo justo mientras no se verifique el catastreaje de todo el territorio, adoptar una solución mixta que podría consistir en fijar como tipo, en vez del valor amillarado, el término medio entre lo declarado por el dueño y la tasación pericial por el Estado, si ésta no resultara igual que aquél.

Las más de las veces, los propietarios aparecerían quizá algo beneficiados, por ser tendencia general, imposible de evitar aún con las operaciones del catastro, la de disminuir la riqueza poseída, pero alguna que otra se beneficiaría también el registrador, si alguien, con miras egoístas, declarase mayor valor del que en realidad correspondía á sus fincas, sabiendo que el subsuelo estaba ya conocido por el Estado.

Merced al desarrollo que la legislación obrera ha logrado en los últimos quince años, se impone la especialización y adaptación de la misma al régimen de la minería. Algo se ha hecho en España á este respecto en lo que hace referencia al contrato del trabajo en las minas con la ley reguladora de la jornada diaria para los obreros, dictada en el año 1910; pero todavía queda mucho que hacer, encontrándose señaladas en el proyecto de Código minero, orientaciones amplísimas en lo que concierne á dicho contrato, á la capacidad de las personas individuales y Asociaciones para contratarlo y para rescindirlo y regulándose el derecho reconocido á la huelga, el «lookout» y el trabajo á destajo, con gran ventaja para el obrero, que al tener fijado un jornal mínimo por ley, no puede temer la concurrencia y naturales quebrantos que bajo este sistema, en otro caso, podrían ocasionarse.

Adoptado francamente por el proyecto de Código minero el sistema de especialización que deben tener las leyes mineras, como reconoce y consagra el art. 427 del Código civil, la legislación obrera aplicada á la minería no queda completa, si no se pudieran hacer efectivos por autoridades y procedimientos peculiares, los preceptos de la misma. A esta finalidad responde con gran acierto la creación de un organismo especial denominado Inspección obrera del trabajo minero, que seguramente producirá resultados excelentes en la práctica si llega á funcionar con personal inteligente y en adecuadas condiciones.

La organización y régimen de las minas que el Estado explota, se orienta también por el Código en sentido de modificar profundamente su régimen burocrático, asemejándolo en todo lo posible á la industria privada, bajo la dirección e inspección del Ministerio de Fomento. Así desaparece de una vez la tradicional rutina de que sea la Hacienda pública la encargada de un ramo de producción, que si tal carácter ostenta, es en tanto se explotan y benefician minerales. El Ministerio de Fomento, á cuya jurisdicción someten nuestras leyes el desarrollo y fomento de esta rama de la riqueza nacional, tiene la indudable autoridad y la debida competencia, y no el de Hacienda, para dirigir e inspeccionar estas explotaciones, que no porque las realice el Estado obrando como persona jurídica, han de resultar privilegiadas en este punto y no quedar sometidas al régimen común.

Final del tema y de la exposición histórico-jurídica, que es su desarrollo y complemento, será la de hacer brevísima referencia del proyecto de Código minero, que el Parlamento español estudia en la actualidad, y acaso convierta en ley que en lo sucesivo regule en nuestro país tan importante industria.

ALFONSO CABELLO Y GUILLÉN DE TOLEDO,
Miembro del Colegio de Abogados de Madrid.