El Foro español (Madrid. 1898) (1915-02-20 00:00:00), página 5

salvo el caso de fuerza mayor, se han de realizar necesariamente actuaciones y diligencias; haya uno ó varios asuntos en el mismo estado; existan ó no otros en situación procesal diferente; puedan ó no interrumpirse trabajos de más preferencia; sea mayor ó menor la duración del acto comenzado ó por comenzar. Cuando no se cumple lo que la ley ordena, ella misma establece una sanción rigurosa que sin instancias ni pruebas se hace efectiva. De aquí que el funcionario á quien corresponde ejecutar lo acordado por un Juez ó Tribunal deba trabajar dentro ó fuera de las horas de audiencia; por medio de su concurso personal único ó rallándose de ayuda extraña, en la medida necesaria y á cualquier precio; con su inmediata dirección y garantía y bajo su exclusiva responsabilidad. ¿Puede exigirse todo eso á un funcionario retribuido con sueldo fijo? De ningún modo. El funcionario a sueldo tiene la obligación de trabajar más ó menos, pero horas determinadas; tiene derecho á que le quede tiempo para el descanso; no es posible exigirle que cuando su personal esfuerzo no baste para hacer dentro de aquellas horas todo lo que la ley manda, busque quien le auxilie y lo retribuya por su cuenta. Acreditando que trabajó el tiempo señalado por los reglamentos, ha cumplido y se halla libre de toda responsabilidad.

Si algún día se equiparasen las funciones auxiliares de la Administración de justicia á las de otros organismos o centros administrativos del Estado los pleitos durarian años, con perjuicios extraordinarios para los litigantes, que hoy no se comprenden porque no se perciben en toda su extensión. Ya se tocaron dichos inconvenientes en la práctica con los Secretarios del Tribunal Correccional á sueldo; su atraso en el despacho de los asuntos hizo necesario repartir éstos entre los Relatores de la Audiencia de Madrid, y también con el ensayo de los Actuarios á sueldo en los Juzgados de instrucción de Madrid y Barcelona, que hubo que dejar sin efecto.

Por los expresados motivos, sucintamente resenados, con otros omitidos de tanto ó más valor, en España y fuera de España, en casi todos los países, por las leyes antiguas y por las modernas, las funciones auxiliares de la Administración de justicia, dondequiera que se ejerzan, en los Tribunales civiles y eclesiásticos, en las Cancillerías como en los Consulados, se retribuyen por derechos. No es, pues, este punto disposición caprichosa, costumbre de otros tiempos, atraso de civilización, ni signo de pobreza en nuestro país. Naciones muy prósperas conservan las mismas disposiciones sobre la materia. Si tales consideraciones se violentan, con olvido del ideal y de la realidad, las leyes procesales tendrán que modificarse substancialmente ó habrá que prescindir, digan lo que digan, de sus rigores y garantías.

Además, si el Estado pusiese á sueldo á los Auxiliares de los Juzgados y Tribunales, tendría en algunos que duplicar y aun triplicar su número. La existencia de siete Secretarías indispensables en la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo, y sus gastos de personal y material en cada una, y el número de tres asignado á la Sala de lo civil, con exceso de recursos tramitados por ésta, es un dato que no exige explicaciones.

Por último, al contribuyente se le aumentarían los tributos para la nueva obligación en cantidad fabulosa, que habría de consignar para sueldos, oficinas y derechos pasivos, y tendría que satisfacerlos litigios ó no litigios. Los pleitos de mala fe serían muchos más, y el trabajo de Jueces y Tribunales enorme.

Consideración segunda.—Los Aranceles judiciales no tienen por única finalidad la retribución del trabajo de los Auxiliares. Más claro; lo que se cobra por los pleitos no es utilidad líquida que pueda estimarse remuneración. Con ello se satisfacen, en primer término, cuantiosos gastos indispensables para personal y material, que sorprenden á los que no los conocen, y se pretende compensar los derechos pasivos de que carecen dichos funcionarios. La más pequeña merma en los derechos del Arancel de 4 de Diciembre de 1883, que se trata de reformar, produciría inevitablemente paralización en lo civil y retraso en lo criminal, donde se invierten la mayor parte de los ingresos. Las ganancias extraordinarias de las Secretarías judiciales, cobrando por ese Arancel, son una leyenda que se utiliza para cubrir otras miras interesadas. La prueba más grande está precisamente en la lucha empeñada por los Escribanos para implantar el nuevo y sostenerlo, y las gestiones de otros Secretarios judiciales para modificar sobre sus mismas bases algunas de las partidas que aquél comprende. Aplicado estrictamente, ese Arancel no puede servir arriba ni abajo para hacer fortunas.

La denominación de Actuarios ó Escribanos, que ahora y luego se da á los Secretarios de los Juzgados de primera instancia, no se profiere con intención despectiva, desdenosa, ni de agravio á la clase, que merece gran respeto, sino por que la de Secretarios judiciales, que hoy tienen, es genérica, y al emplearla en cuanto se dice puede creerse que alcanza á todos los Secretarios, cualquiera que sea su especialidad. Es precepto, pues, distinguir de algún modo, afectando como afecta la reforma á todos, desde los de Juzgados municipales hasta los del Tribunal Supremo.

Consideración tercera.—El Arancel, para ser justo, legal, equitativo y modico, debe estar perfectamente acodado á las leyes de procedimientos; comprender todos sus trámites, actuaciones y diligencias, atendiendo á la especial importancia de cada una; distinguir entre las propias de una parte y las comunes; aquilatar el trabajo del funcionario y valorarlo, sin larguezas ni mezquindad, sin prevenciones, sin odios ni afetos de clase; garantizar ampliamente el derecho del litigante contra el abuso, en forma práctica y sin nuevos gastos, y fijar los medios de hacer efectivas las responsabilidades que la ley determina de modo rápido y ejemplar.

Consideración cuarta.—El Arancel de cuantía, como forma obligada de retribución, no como límite de ella, prescindiendo de las actuaciones, es un absurdo moral, legal y económico. Cuando se cobra sin atender al trabajo, la cantidad que por derechos se señala equivale á conocer una participación en cada negocio—la cuota litis que, aun sobre bases más racionales y favorables á las partes, condenaron siempre nuestras leyes antiguas y modernas—, y, si se cobra al empezar, constituye un perjuicio para el litigante, pues el funcionario pierde el estímulo del interés; el pleito, espléndidamente pagado al principio, llega á ser una carga por la falta de nuevos benefi-