El Foro español (Madrid. 1898) (1914-04-20 00:00:00), página 9

ese organismo llamado Consejo de familia, tenga facultades más amplias que las que corresponde á los padres y á la autoridad judicial; que él, por sí solo, pueda autorizar algo que á aquéllos y á ésta, aisladamente, y de consenso, les está vedado, sin preceder determinadas formalidades, con muchas facultades; es mucho poder jurisdiccional, tanto, cuan escasas se nos antojan las garantías que con ello se ofrecen á los tutelados.

Y volvamos á lo que es objeto de este artículo.

La materia aparece regulada nada menos que por tres cuerpos legales: la ley de Enjuiciamiento civil, artículos 2.011 y siguientes; el Código civil, art. 164 y la ley Hipotecaria, art. 205, este último completamente nuevo en la ley, como que ha sido incorporado á la edición autorizada por el Real decreto de 16 de Diciembre de 1909.

Establece la ley procesal, que será necesaria licencia judicial para enajenar ó gravar los bienes de menores, ó incapacitados que correspondan á las clases que enumera; y después de consignar otros requisitos, preceptúa—art. 2.015, párrafo 2.º—que las rentas chechas por el padre ó la madre podrán realizarse después de haber obtenido la autorización judicial con audiencia del Promotor fiscal y de las personas designadas en el art. 205 (ahora 204) de la ley Hipotecaria.

El Código civil, á su vez, dice que «el padre ó la madre en su caso, no podrán enajenar los bienes inmuebles del hijo en que les corresponda el usufructo ó la administración, ni gravarlos, sino por causas justificadas de utilidad ó necesidad, y previa autorización del Juez del domicilio, con audiencia del Ministerio fiscal, salvas las disposiciones que, en cuanto á los efectos de la transmisión, establece la ley Hipotecaria.»

Y esta ley reproduce el texto del Código, con la excepción de las palabras subrayadas, que suprime.

No se tildará de improvisor al legislador. Tres cuerpos legales establecen normas respecto á la misma materia. Esperemos la publicación del Reglamento de la ley Hipotecaria, que, á manera de aplicación de aquel precepto, todavía puede decirnos algo. Pero, por de pronto, ya se sabe: la mecánica jurídica cierra con triple llave el monumento que contiene las facultades de los padres con respecto á los bienes de los hijos; coloca en él hasta tres válvulas de seguridad, procurando alejar aún la probabilidad remota de irregular funcionamiento del mecanismo; y para conseguirlo más y mejor lo pone á cargo de la autoridad judicial, con la intervención del Ministerio fiscal. No es censura, sino, en cierto modo, aplauso al legislador. Será raro el caso del padre dilapidador, que olvide los deberes de la sangre, y precisa que la ley se los recuerde. Hay que proclamarlo así; más, ante el temor de que ese caso se presente, siquiera una vez, bien está la previsión del legislador, y que por encima de la autarquía familiar, digámoslo así, se manifieste la soberanía del Poder social, sin que pueda tachársele de exagerado intervencionista, máxime habiendo desaparecido de nuestra legislación el precepto de la ley 24, título XIII, partida 5.ª, que al prohibir á los padres la enajenación de los bienes de los hijos añadía: «E si aventura los enajenase, fincarían por ende obligados é empeñados al fijo los bienes del padre, después de su muerte, fasta que recibiese entrega dellos, de aquello que el padre le ouiese enajenado ó malmetido.»

Para otra ocasión queda, como ya hemos dicho, el estudiar la antinomia que se echa de vez entre las disposiciones que rigen con respecto á los padres y al organismo tutelar, y que debieran ser iguales por lo menos.

Lo que sí ocurre es preguntar cuál habrá sido la razón para que en la ley Hipotecaria se intercalase ese nuevo artículo 205, cuando ya teníamos el 164 del Código civil. La ley Hipotecaria es ley de garantía y para terceros, dado el sistema que la inspira. Colocado, pues, aquel artículo bajo el epígrafe «De la hipoteca—legal—por los bienes de los que están bajo la patria potestad», á simple vista parece una invasión de la esfera jurisdiccional del Código civil, invasión que, por cierto, se inicia en la primera parte del art. 200 de la misma ley, en cuanto estatuye que el padre ó, en su defecto, la madre, son los administradores legales de los bienes de los hijos que están bajo su potestad, cuyo precepto contenía ya el art. 159 del Código, y que era suficiente para, con su base, establecer la obligación que aquél consigna en su segunda parte y desarrolla el siguiente art. 201. Y si bien es verdad que la prohibición del 205 es una garantía en favor de los hijos, la estimamos como ajena al orden hipotecario, pues de pertenecer á él (fuera de esa razón de velar por los intereses de los menores), tendríamos que incorporarle también innumerables artículos del Código y que, sin embargo, no se han llevado á la ley Hipotecaria.

Pero no es esta la cuestión que vamos á tratar, y de la cual inadvertidamente nos separamos, porque, existiendo en el orden jurídico—como en todos los demás—absoluta trabazón entre las materias que se encaminan á un mismo fin, la imaginación, al desarrollarlas, las une y asocia de igual manera que antes y después; de exteriorizarlas asocia las ideas homogéneas para presentarlas siempre en íntima conexión.

Declaramos al principio que la materia objeto de este artículo está regulada por las leyes de Enjuiciamiento civil e Hipotecaria y por el Código civil. Y dan lugar á nuestras dudas las palabras subrayadas de los artículos 2.015 de la primera y 164 del último.

Por este orden hemos de estudiarlas, ya que así aparecen en el Código, y, además, por exigirlo la lógica y la sucesión de los hechos: primero, formalidades ó requisitos para que se autorice la enajenación; después, efectos jurídicos de ésta. Es decir, los dos aspectos que anteriormente señalábamos en la cuestión.

I

FORMALIDADES PARA LA ENAJENACIÓN Ó GRAVAMEN

Sencillísima esta materia, en general, cual ya se manifestó, y dejando consignado que, según el común sentir, la autorización exigida para enajenar ó gravar bienes de menores, no se limita á los inmuebles como determina el Código (que no derogó el art. 2.011 de la ley Ritiaria), sino á todos los que en este propio artículo se comprenden; y que en el párrafo 1.º del art. 2.012 se advierte un error material cuando se dice que si el hijo no emancipado fuese mayor de doce y catorce años, respectivamente, según su sexo, firmará también la petición, debiendo entenderse si el hijo