El Foro español (Madrid. 1898) (1914-07-30 00:00:00), página 14

batirse el valor y eficacia de elementos aislados de la prueba, cuando todos y cada uno de ellos, reunidos y combinados, han sido tomados en cuenta por la Sala sentenciadora, derivando de la totalidad de los mismos su juicio y resolución, habiendo en este caso de concretarse el Tribunal de casación á compulsar la realidad y certeza de las pruebas aportadas para persuadirse de si han sido ó no apreciadas en conjunto;
Que á tenor de lo expuesto no se infringen los artículos 1 225, 1 228 y 1.09 del Código Civil al reconocer á unos documentos privados el valor que en conjunción con las demás pruebas aportadas á los autos deba atribuirseles aun cuando lleven consigo la modificación en parte de lo contratado anteriormente en razón á que es inconceso que en todo contrato puedan sus otorgantes alterar cualquiera de las obligaciones concretamente establecidas y á que la jurisprudencia tiene declarado, no se infringe la ley de un contrato cuando se interpreta su contexto, combinándolo con el resultado ofrecido por las demás pruebas practicadas, si de éstas se desprende la intención, propósito y acuerdo de los contratantes, como también ha sancionado que no pueda invocarse la infracción del repetido art. 1.225 respecto del fallo que se funda en el conjunto de las pruebas.

** Arrendamiento.—Desahucio.—Litis-pendencia.—Sentencia de 16 de Noviembre. (Gaceta de 9 de Octubre de 1913.)—Re-suelve que es doctrina del Supremo Tribunal la de que dada la naturaleza y finalidad del juicio de desahucio no cabe admitir ni puede tener eficacia en el mismo la excepción de litispendencia por el mero hecho de haber acudido el demandado á otro juicio para ejercitar una acción sobre la misma cosa después de requerido para desalojar la finca;
Y que la parte demandante, al ejercitar la acción de desahucio contra la demandada en concepto ésta de precaria, y después de haberlo hecho anteriormente en el de arrendataria, no ha incurrido en infracción del principio de que nadie puede ir contra sus propios actos, porque usó de su derecho, y á ello fué llevado en acatamiento del fallo antes recaído que no dió lugar al primeramente instado.

** Posesión.—Interdictos.—Sentencia de 20 de Noviembre. (Gaceta de 10 de Octubre de 1913.)—De-clara que basta leer el art. 446 y sus consecuentes del Código Civil para convencirse de la vigencia de la ley de trámite y sostener con ella que en los interdictos, si no han de perder su propia naturaleza al punto de hacer inútil el juicio plenario, sólo puede disentirse el hecho de la posesión para proteger la de toda perturbación momentánea, nunca sobre el derecho efectivo de la misma que ha de consistir en el por qué y cómo se posee.

** Prescripción adquisitiva.—Sentencia de 23 de Noviembre. (Gacetas de 10 y 11 de Octubre de 1913.)—Resuelve que si bien es cierto que en tiempos pasados el capital de un censo se consideraba en toda España imprescriptible, no lo es menos que el Supremo Tribunal de casación, inspirándose en un espíritu amplio, fijó para siempre el alcance jurídico del usatio Omnes causa, declarando que, cualquiera que fuere el origen de esa clase de gravámenes, no había razón para sustraerlos á la prescripción, con tal que hubiesen transcurrido los treinta años que la disposición legal prevé.

Consejo de familia.—Recurso contra las decisiones del consejo de familia.—Ejercicio de la tutela.—Sentencia de 26 de Noviembre. (Gaceta de 13 de Octubre de 1913.)—Resuelve que estableciéndose por el art. 310 del Código Civil el recurso de reforma contra las decisiones del Consejo de familia, cuya sustanciación se acomoda á la de los incidentes, según declara el Tribunal Supremo en sentencias de 4 de Enero de 1912 y 5 de Diciembre de 1904, no hay que audir única y exclusivamente al juicio ordinario correspondiente para obtener la revocación de tales decisiones:
Que la Autoridad judicial tiene facultades, al resolver los expresados recursos contra todos los acuerdos del Consejo de familia, para ordenar en pro del menor cuanto hubiera dejado de hacer éste por error, incuria ó malaicia, según doctrina del Tribunal Supremo en sentencia de 7 de Diciembre de 1907:
Que no cabe sostener que aquellos acuerdos tengan fuerza obligatoria y absoluta, siendo como son derogables, si se demuestra su improcedencia en el recurso de alzada de que queda hecho mérito, y máxime si se trata de un acuerdo provisional y transitorio, como es el del que el menor continúa en compañía de la abuela paterna para su mejor educación, estando conferida la tutela al abuelo materno, al revocar cuyo acuerdo no puede decirse que se negue al Consejo de familia el legítimo ejercicio de una de sus principales atribuciones con infracción del art. 264 del Código Civil;
Y que el art. 261 del Código Civil, refiriéndose al ejercicio de la tutela, por encontrarse redactado en términos generales es imperativos, y por no existir precepto alguno que prohiba la simultaneidad de la toma de posesión por el tutor, y la entrega al mismo de la persona y bienes del menor, es debidamente aplicado e interpretado en la resolución que así lo ordena, sin exigir previamente el cumplimiento de los requisitos y formalidades establecidas en los artículos 203, 281 y 252, este último en su caso, que no significan una dilatoria ó condición suspensiva, que impide la mencionada simultaneidad, ni el hecho de preceder en el articulado los citados preceptos y la prohibición que contienen demuestran han de llenarse los requisitos que establecen, previamente á la toma de posesión, pues cumplidas las condiciones y requisitos que la ley exige, nada se opone ni á la toma de posesión por el tutor, ni á la simultaneidad de que se ha hecho mérito.

** Acción reivindicatoria.—Títulos al portador.—Error de he-ho.—Sentencia de 27 de Noviembre. (Gacetas de 13 y 14 de Octubre de 1913.)—Resuelve que para la eficacia de la acción reivindicatoria no basta adquirir el derecho en virtud del cual se adquirió la cosa reclamada, sino que es necesario, conforme á repetida jurisprudencia del Tribunal Supremo, justificar su dominio actual, esto es, el momento en que aquélla se ejercita, y además determinarla con toda precisión para que, perfectamente identificada, no pueda confundirse con otra;
Y que si se trata de documentos cuya validez está admitida en autos, pero que sólo demuestran que de un número determinado de acciones que constituyen el capital de una sociedad, determinada persona adquirió para sí la propiedad de la mitad de dichas acciones, y pro indiviso y solidariamente la otra mitad, en unión de otras personas, como se trata de títulos al portador que únicamente puede distinguirse entre sí por su numeración correlativa, conforme al art. 163 del Código de Comercio, es evidente que sin constar más datos no bastan tales documentos para acreditar la cantidad de acciones y número de ellas que pudie-