El Foro español (Madrid. 1898) (1915-01-30 00:00:00), página 6

sobre todas ellas un principio: el de que un ejército combate contra otro ejército, y de que el ciudadano indefenso queda libre por su indefensión misma, de los efectos de las hostilidades. Olvidar este principio equivaldría á dar un salto hacia la barbarie de las guerras orientales de la Edad Media, ó hacia los procedimientos bélicos de las tribus más salvajes del centro africano.

En el reglamento sobre las leyes y costumbres de la guerra terrestre, anejo á los Tratados que se estipularon como consecuencia de la primera Conferencia de la Paz (artículo 28), se dice que el jefe de las tropas assailantes, antes de empezar un bombardeo, debe hacer cuanto de él dependa para advertirlo á las Autoridades de la plaza sitiada. En el Convenio haciendo extensivas á la guerra naval las condiciones establecidas para la terrestre, adoptado en la segunda Conferencia (artículo 6.), y éste si fué ratificado por las potencias representadas, se imponen iguales obligaciones á los jefes de las fuerzas marítimas.

Interpretación y desarrollo de estas prevenciones, ha sido la costumbre de advertirse por los sitiadores el día y hora en que han de comenzar el bombardeo, precisamente para facilitar á las personas indefensas de la localidad sitiada, los medios de alejarse del peligro: en todos los ataques de plazas fuertes por las tropas germanas, y á crear las noticias, siempre confusas y sospechosamente verídicas, que la Prensa nos suministra, estas instrucciones han sido observadas.

Asombra por ello mismo se haya quebrado la lógica al cambiar los procedimientos de ataque; el que venga de tierra ó del mar, se ajusta á la idea de que sólo debe dañarse al combatiente; en cambio el que se desarrolle en el aire, no importa que aniquile al indefenso. A este trágico abuso condice la extraña estructura del derecho de gentes profeso por los Estados modernos.

Absurdo es este, sin embargo, cuya transcendencia ha debido detener á cuantos buscan en él explicación de su proceder: á la carencia de estipulaciones escritas, ha debido sustituir la imposición moral, y dentro de ésta es insoportable la lícitud de la ofensa cuando toma por objetivo lo desconocido en detalle, pero lo seguro en conjunto, y entre lo seguro se encuentra la debilidad, el desvalimiento, la inocencia, la indefensión, enemigos harto insignificantes ante los héroes del aire cuyas hazañas se truecan en agresiones alevosas.

El lanzamiento de explosivos y proyectiles desde aparatos que surcan el aire, tiene que ser forzosamente rechazado por los juristas, aun por aquellos poco escrupulosos en admitir los aparatos de destrucción más refinada: hemos pasado años enteros abominando de los atentados anarquistas, y señaladamente de los que escogían sus víctimas al azar, y esta poderosa esfuerzo mental establecer caracteres que los distingan de estas nuevas operaciones militares desposeídas de la atracción que producen el arrojo y la gallardía.

Entre la bombacalidad un taube, que deja perpetuamente inválida á la niña obrera Dionisia Cartier, en una calle de París, y la arrojada por un scenario desde el parapeto del teatro del Liceo, que arranca la vida á unos cuantos pacíficos barceloneses, no existen grandes diferencias, por mucho que elevemos nuestro pensamiento á las causas que impulsan á las naciones para buscar en recíprocas luchas la razón de su existencia histórica.

**

La propiedad privada de los beligerantes no responde de los gastos de la guerra que sólo afectan á su fortuna pública.

En estos ó aparecidos términos se establece un axioma por todos los tratadistas del Derecho de gentes.

Aceptable es la doctrina: los gastos de una guerra y las indemnizaciones pagadas por el vencido al vencedor, han de ser sufragados por el Estado, no por particulares, si quiera éstos sean los que en último término aporten sus caudales extraídos por la difusión de impuestos y contribuciones. Lo que es inadmisible es el hecho de que un particular se vea despojado de sus bienes para pago de tales gastos, por el solo motivo de ser subdito de una potencia y poseerlos en territorio de su contrario.

Excelente es el fundamento moral de principios tan presisos, mas no alcanza su extensión á todos los casos y momentos, y tan pronto nos detenemos á examinar el carácter de la propiedad privada en tierra y en mar, ya encontramos explícitas derogaciones. Un inmueble, un depósito en un Banco, inscritos á nombre de un extranjero merecen respeto; un barco mercante, elemento notoriamente inofensivo, es susceptible de confiscación y presa: sólo atendiendo al anhelo laudable de conquistar parcialmente ventajas que dulcifiquen el rigor de las hostilidades, son aceptables tan artificiosas distinciones: buscar para explicarlas razones lógicas, es inútil en absoluto.

La consideración de inmune de la propiedad del subdito habrá pasado á los dominios del recuerdo, de darse como buenas las prácticas con que nos ha sorprendido alguno de los Estados contendientes, que erigiendo nuevos principios de Derecho—de alguna forma han de ser definidos—se ha incoutado de todas las propiedades muebles é inmuebles enclavadas ó existentes en sus territorios y de dominio real ó aparente de subditos de los adversarios, rasgando resulteualmente pactos contractuales que garantizaban ciertas modalidades de la propiedad.

Riñen, por cierto, estos procedimientos con el espíritu en que ingeniosamente creíamos inspiradas las relaciones políticas de los pueblos modernos; repugna á este sentido que admitamos el despojo de los bienes y derechos que tranquilmente aumentaron hombres pacíficos confiando su seguridad al amparo de banderas de naciones civilizadas, hombres ajenos á las polémicas de Prensa, á las combinaciones de negocios, á las rivalidades de estadistas y á los odios dinásticos, materiales inflamables que han encendido las hogueras donde se consumen poderosas tradiciones de cultura y de trabajo.

Abominando de la transcendental transformación regresiva que indudablemente al cesar la guerra ha de contenerse en fórmulas que aislen á los hombres dentro de sus patrias y les impongan actitudes defensivas de sus hogares y de sus patrimonios, reputando por malhechoras á todos sus semejantes de nacionalidad distinta, cabe, sin embargo, dirigirnos la pregunta de si esas confiscaciones en masa no responden á otras acciones de semejante vi-