El Foro español (Madrid. 1898) (1914-05-20 00:00:00), página 5

Las Salas de Gobierno, únicamente pueden ejercitar respecto de los Secretarios judiciales, la jurisdicción disciplinaria; pero ésta, con sujeción á lo sancionado en el artículo 739 de la ley Orgánica, no se extenderá á los hechos ni á las omisiones que constituyen delito. Esto, implica la imposibilidad legal de aplicar la prescripción del Real decreto, tanto disciplinariamente, como en diligencias de antecipación, en un expediente improcedente.

En el núm. 7.º del art. 828 de la ley Orgánica se manda al Ministerio fiscal promover la formación de causas criminales por delitos cuando tengan conocimiento de su perpetración si no las hubiesen comenzado de oficio aquéllas á quienes corresponda. Es decir, que las causas deben comenzarse de oficio ó promoverse su formación así que se tenga conocimiento de la perpetración de los delitos, sin previa formación de expediente.

Los artículos 1.º y 4.º de la ley adicional á la Orgánica del Poder judicial, prescriben que el conocimiento en única instancia de las causas por delitos compete á las Salas y Audiencias de lo criminal, salvo lo dispuesto en mencionada ley ó en otras especiales, sin que se dé ninguna intervención á las Salas de gobierno respecto de los delitos imputables á los Secretarios. (Me refiero siempre á los de los Juzgados de primera instancia e instrucción.)

El precepto del art. 269 de la ley de Enjuiciamiento criminal no puede ser más claro y terminante: «Formalizada que sea la denuncia, se procederá o mandará proceder INMEDIATAMENTE por el Juez ó funcionario á quien se hiciese, á la comprobación del hecho denunciado.» Se procederá por el Juez á la comprobación ¿de qué modo? del único modo que un Juez puede verificarlo: instruyendo sumario; no expediente. ¿Cuándo? sin demora, inmediatamente. Sin dar intervención á la Sala de gobierno, y sí á la Audiencia de lo criminal á la que dará cuenta de la iniciación.

Con arreglo á lo indicado en el art. 278 de la ley de Enjuiciamiento criminal, cuando se trate de un delito infra ganti ó de los que no dejan señales permanentes de su perpetración, ó en que fuere de temer fundadamente la ocultación ó fuga del presunto culpable, el particular que intentare querellarse del delito podrá acudir desde luego al Juez de instrucción ó municipal que estuviere más próximo, ó á cualquier funcionario de policía, á fin de que se practiquen las primeras diligencias necesarias para hacer constar la verdad de los hechos y para detener al delincuente. En la absurda hipótesis de que tuviera aplicación el comentado inciso del Real decreto ¿se iba á dejar que el presunto culpable se ocultase ó fugase? ¿se le detentara? y en este último caso ¿habría de tenersele detenido, exclusivamente detenido, mientras se tramitaba el expediente? Nada de esto consisten las leyes. Siendo de aplicación la misma doctrina respecto de las diligencias realizadas por la policía judicial, y, desde luego, con relación á las que inician de oficio los Jueces instructores.

El art. 808 de la ley de Enjuiciamiento criminal ordena que inmediatamente que los Jueces de instrucción ó los municipales en su caso, tuviesen noticia de la perpetración de un delito, lo pondrán en conocimiento del Fiscal de la respectiva Audiencia, y los Jueces de instrucción darán además parte al Presidente de ésta de la formación del sumario. Y los Jueces municipales darán cuenta inmediatamente de la prevención de las diligencias al de instrucción á quien corresponde. En razón de cuantas disposiciones los Jueces de instrucción no pueden demorar la iniciación del sumario, bajo el pretexto de formar expedientes; pues no se iba á formar éste, dar conocimiento al Fiscal y no instruir sumario; por cuanto que el Juez de instrucción tiene el deber ineludible de dar parte al Presidente de la formación del sumario; así como los Jueces municipales el de prevenir las diligencias, porque no hay que perder de vista que los Secretarios judiciales no se hallan sometidos en virtud de disposición especial de la ley Orgánica á un Tribunal excepcional para que practicadas las primeras diligencias y antes de dirigir el procedimiento contra aquellos haya que esperar las órdenes del Tribunal competente.

La improcedente formación del expediente dificultaría la realización, dentro del mismo, de toda actuación referente á detención, elevación á prisión, entrada y registro en lugar cerrado, del de libros y papeles y de la detención y apertura de la correspondencia escrita y telegráfica, de las fianzas y embargos, de la responsabilidad civil de terceras personas, etc., etc., muchas de cuyas actuaciones no pueden acordarse dentro de un expediente; pues únicamente y exclusivamente pueden ser acordadas dentro de un sumario, y con estricta sujeción á lo ordenado en la ley de Enjuiciamiento criminal, en cuya ley se manda que cuando se trate de delito se proceda, según los casos, á la realización de las oportunas diligencias aludidas, las cuales requieren la esfera de acción del sumario, por no caber en el estrecho marco de un expediente y en razón á que la demora en la realización determinaría gravísimos perjuicios á la causa de la justicia.

El art. 5.º del Código civil preceptúa que las leyes sólo se derogan por otras leyes posteriores. El contradicho particular del Real decreto se opone á las prescripciones legales. Por tanto, lógica y legalmente el particular del Decreto no se puede cumplir y carece de toda eficacia. En su virtud: se guarda, pero no se cumple, porque implica equivocada interpretación de los preceptos constitucionales y de las demás leyes vigentes. Como sucede respecto de otros Reales decretos y Reales órdenes que, justamente, no cumplen los Tribunales, inspirándose en la doctrina consagrada por la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia.

No entro en el fundamento del particular del Decreto; estudio, sí, la ilegalidad de la parte formal; esto es, la imposibilidad legal de cumplirla por no admitirla las leyes. Claro es que si fuese ley se guardaría y se cumpliría. ¿Pueden pretender que sea elevado á ley? Tendrían que rectificarlo casi totalmente en cuanto al trámite. Pero mientras no fuera ley no se podíá cumplir. Ni quito ni pongo decreto, pero ayudo á mi señor el precepto legal. Como ayudarlo con entusiasmo, en la exigua medida de mis modestas fuerzas, á mis antiguos compañeros los honorables Secretarios judiciales, á la realización de un programa mínimo que podría ser, por ejemplo, la unificación del Secretariado, desde Secretario de entrada hasta Secretario del Tribunal Supremo; programa justo, práctico, que no grava el presupuesto y fácilmente realizable habiendo en las alturas hombres de buena voluntad que, sucesivamente,