El Foro español (Madrid. 1898) (1914-07-30 00:00:00), página 13

Noviembre.

Arrendamiento.—Desahucio.—Cassación en el fondo.—Sentencia de 7 de Noviembre. (Gaceta de 6 Octubre de 1913.)—Resuelve que interpuso recurso contra el auto de la Audiencia que declaró sin efecto la apelación formulada y admitida á un demandado en juicio de desahucio contra sentencia recaída en dicho juicio, por estimar que, de conformidad con lo dispuesto en el art. 1.566 de la ley de Enjuiciamiento civil, estaba obligado á consignar la totalidad de las rentas, sin que de ello pudiera eximirle la circunstancia de ser únicamente arrendatario de una parte aliquota y hallarse arrendadas las otras dos partes de la finca en cuestión á otra persona, también demandada en el mismo juicio, que consintió la sentencia del desahucio, es notorio que la resolución impugnada, por referirse exclusivamente á una cuestión de carácter procesal, no puede ser objeto de casación en el fondo, según reiteradamente ha declarado el Tribunal Supremo;

Y esto establecido, que refiriéndose á tal extremo concreto el auto recurrido, no cabe entrar en el examen de las cuestiones que pudieran derivarse del contrato ni estimar infringidos los artículos 1.091, 1.254, 1.257, 1.283, 1.543 y 1.555 del Código Civil en orden á la aplicación de un precepto de los que regulan el procedimiento, cual es el citado art. 1.566 de la ley de Enjuiciamiento civil que en ningún caso puede servir para fundar un recurso de casación por infracción de ley.

Derecho de reserva.—Derechos del reservatario.—Sentencia de 7 de Noviembre. (Gaceta de 8 de Octubre de 1913.)—Declara que la repetida y constante jurisprudencia del Tribunal Supremo, interpretando el art. 811 del Código Civil, tiene expresamente declarado: que es caso excepcional de restricción y minoración imputada á la legítima del ascendiente la reserva especial en favor de otras personas; que no debe confundirse con el derecho de troncalidad; que ha de interpretarse en sentido restrictivo, porque modifica el derecho sucesorio moderno; que el reservatario sólo adquiere su derecho al tiempo de la muerte del reservista, y que comprende solamente los bienes, sean ó no específicos, que éste hubiera adquirido por ministerio de la ley como heredero forzoso;

Que haciendo aplicación de esta doctrina y dándose el caso de que en una sentencia se declare que los actores en el juicio en que aquélla se dicta y que ostentan en el mismo el carácter de reservatarios son parientes en tercer grado de la persona de quien proceden los bienes sujetos á reserva, otorgándoles en su consecuencia la cualidad de tales reservatarios de dichos bienes, es manifiesto que dicha sentencia en vez de hacer á favor de aquéllos la reserva de derechos para ser ejercitado en otro juicio debe proveer en orden á lo procedente sobre las peticiones de la demanda, y en su caso, decretar la determinación concreta y adjudicación de los bienes reservables que en ella se reclaman al período de ejecución de sentencia;

Que según también la jurisprudencia establecida, los reservatarios, como acreedores á los bienes objeto de la reserva, tienen derecho, no sólo á intervenir en las operaciones del inventario, avalúo, división y adjudicación del caudal relictio por la persona obligada á reservar, sino también á promover el juicio universal que proceda, con sujeción á lo dispuesto en el número 4.º del art. 1.098 de la ley de Enjuiciamiento civil, pero carecen de facultad para intervenir en las operaciones de testamentaría de la persona de quien proceden los bienes reservables, causante de la persona obligada á reservar, ya que entonces sólo tienen una esperanza á obtenerlos, sin perjuicio por supuesto de las medidas de garantía que pueden reclamar en tiempo del reservista, á fin de que esta esperanza no resultara ilusoria;

Y que el art. 811 del Código no distingue para declarar la obligación de reservar la naturaleza de los bienes ni limita tal deber á que sean específicamente los mismos heredados, pues se refiere á toda clase de bienes, incluso, por tanto, á valores y metálico.

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Hipoteca.—Obligaciones á plazo.—Obligación condicional.—Sentencia de 15 de Noviembre. (Gaceta de 8 de Octubre de 1913.)—Declara que la hipoteca es un derecho limitativo en la forma que establece el art. 1.876 del Código Civil, sujetando directa e inmediatamente los bienes sobre que se impone; pero no es una enajenación parcial de éstos, ya que de manera alguna el hipotecante se desprende del dominio. Que esto sentado, y tratándose de una persona que en documento de transacción se obliga á pagar á otra una cantidad fija, tan pronto como enajena determinada finca, la sentencia que absuelve á la primera de dichas personas de la reclamación entablada por la segunda para que la fije un plazo, dentro del cual haya de pagar dicha cantidad con los intereses, fundándose para ello en haber constituido la demandada una hipoteca sobre la finca en cuestión, que podría servir de medio para burlar los derechos en la parte demandante, no infringe ni el precepto citado en el anterior fundamento ni los artículos 1.858, 1.713 y 1.256 del propio Código Civil, juntamente con la ley del contrato, ya que lo convenido en éste es que la parte actora percibirá la cantidad convenida cuando la demandada enajene en su totalidad ó en parte la finca, acto que no depende de su exclusiva voluntad, razón por la cual tampoco infringe la aludida sentencia el art. 1.128 del repetido Código, que no puede tener aplicación á un caso como el citado.

Que el art. 1.115 del mismo Cuerpo legal estatuye la nulidad de la obligación condicional cuando el cumplimiento de ella depende de la exclusiva voluntad del deudor, y como antes queda consignado, no es esto lo que ocurre en el caso de autos, razón por la cual tampoco existe la infracción de aquel precepto;

Y que es también intundida la supuesta infracción del art. 1.108 del repetido Código, porque no existe deudor que haya incurrido en mora.

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Apreciación de prueba.—Documentos privados.—Ley del contrato.—Sentencia de 15 de Noviembre. (Gacetas de 8 y 9 de Octubre de 1913.)—Resuelve que es reiterada y uniforme la jurisprudencia determinando corresponde al Tribunal juzgador apreciar las pruebas, cuya apreciación hay que aceptar mientras no se demuestre que haya incurrido, ya en error de Derecho, infringiendo preceptos legales relativos á la prueba, no estimando algún documento como bastante á justificar lo alegado por cualquiera de las partes como fundamento de sus pretensiones ó no concediendo á los hechos que acepte el sentido y alcance que el litigante les atribuya, ya de hecho, nacido de afirmar como existente uno ó más de los constitutivos de la prueba que sirva de base principal de la sentencia, el cual, por algún documento ó acto auténtico obrantes en autos, se acredite ha sido apreciado con evidente equivocación; y es asíimismo doctrina constantemente proclamada, la de que no puede com-