El Foro español (Madrid. 1898) (1914-04-10 00:00:00), página 14

que se entabla contra el arrendador por un tercero, una demanda ejecutiva, es indudable que á dicho arrendatario pertenecen los frutos del referido huerto, y que si éstos se embargan por consecuencia de aquella demanda ejecutiva, resultará procedente la demanda de tercería de dominio, que en reivindicación de esos frutos interponga el arrendatario en cuestión;
Y que la circunstancia de que el arrendatario tenga convenida la venta de dicho fruto y recibido parte del precio con anterioridad al embargo y aun al auto en que se despachó la ejecución, no le priva del derecho para ejercitar con toda eficacia legal la acción que, en defensa del referido fruto, entable con la demanda de tercería; pues si bien dicho convenio es por sí sólo bastante para determinar la perfección del contrato y desde su fecha quedan los contratantes recíprocamente obligados, el uno á entregar la cosa vendida y el otro la totalidad del precio convenido, habiéndose hecho el de que se trata mediante documento privado, cuando los frutos estaban aún pendientes de los árboles, en cuyo estado continuaban al deducirse dicha demanda, tienen, por tanto, el carácter de bienes inmuebles, conforme á lo establecido en el art. 334 del citado Cuerpo legal, y es indudable con arreglo á lo dispuesto en el 1.462 en relación con el 1.095, que no han sido entregados al comprador, toda vez que no han sido puestos en forma legal alguna en su poder y posesión, acto necesario para la consumación del contrato, de donde se deduce que no puede ser aplicable á este caso la doctrina sentada en el 1.463 que se refiere á cosas muebles, ni la proclamada en las sentencias del Tribunal Supremo de 10 de Julio y 30 de Agosto de 1889, 30 de Mayo y 26 de Septiembre de 1890, 27 de Junio y 9 de Noviembre de 1894, 13 de Marzo y 23 de Abril de 1899 y 26 de Febrero y 30 de Mayo de 1889.

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Competencia.—Acción ejecutiva.—Sentencia de 15 de Junio. (Gaceta de 18 de Julio de 1913.)—Declará que es doctrina legal constante sentada por el Tribunal Supremo, que se estima competente para conocer de la acción ejecutiva que, conforme al artículo 521 del Código de Comercio, nace de la letra de cambio, el Juez del lugar designado por el mismo librador, mediante la aceptación de aquélla, ó sea el del domicilio del pagador;
Y que no altera la anterior regla de competencia la circunstancia de que el contrato originario haya sido el de compraventa de generos u otro cualquiera en que se fijaran condiciones mediante las que la obligación debiera cumplirse en determinada ciudad, porque la acción ejecutada para obtener el importe del giro, gastos del protesto, etc., no es la procedente de dicho contrato, sino del de cambio.

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Evicción y saneamiento.—Citación de evicción.—Providencias judiciales.—Sentencia del 15 de Junio. (Gaceta de 18 de Julio de 1913.)—Declará que el deber del vendedor impuesto en el vigente Código Civil, en armonía con el anterior derecho de tomar la cosa vendida, siempre que á instancia del comprador se le haya notificado la demanda reivindicatoria dentro del término señalado en la ley de Enjuiciamiento civil para contestarla, y en igual forma que la establecida para emplazar al demandado, si bien le faculta para defenderse por sí mismo la venta en el juicio, no le obliga á entrar en él como parte demandada, como se desprende con claridad del último apartado del art. 1.482 del citado Cuerpo legal al disponer que si el citado de evicción no compareciese en tiempo y forma continuará respecto del comprador el término para contestar á la demanda:
Que con arreglo á lo ordenado en el art. 526 de la ley de Enjuiciamiento civil, el citado de evicción no es parte en el juicio, porque contra él no se propone la demanda, y, por consiguiente, ni puede acusársele la rebeldía ni declarársele rebelde, á tenor de lo prescrito en los artículos 528 y 529 de la misma ley, por lo que al atribuirle semejante carácter y colocarle en tal situación y acordar el embargo de sus bienes como consecuencia procesal del mismo estado, se infringen los artículos citados juntamente con el 527 y 772 de la nueva ley Procesal y los 1.475, 1.478 y 1.482 del Código Civil;
Que las providencias judiciales no obligan ni pueden entenderse consentidas por los que no son parte legítima en el juicio, y si en otro concepto han comparecido con poder bastante, tampoco les obligan las dictadas anteriormente mientras no les sean expresamente notificadas ó las consentan, entendiéndose esto último cuando después de haber comparecido y entendiéndose de los autos practiquen alguna gestión ó hagan alguna petición que no sea la de pedir la nulidad de tales actuaciones;
Y que tratándose de los herederos de un comprador á quienes se ha citado de evicción sin designación de nombres, por medio de edictos, y por no comparecer son declarados en rebeldía, decretándose por consecuencia de ella la retención y embargo de bienes de su pertenencia, después de lo cual comparecen en los autos tomando el conocimiento necesario de ellos para venir cinco meses más tarde solicitando la nulidad de las actuaciones relativas á la declaración de rebeldía y al embargo y retención de bienes, no pueda decirse que por haber mediado ese lapso de tiempo desde que se personaron en el juicio hasta que ejercitaron la acción de nulidad referida, hayan consentido las actuaciones practicadas, pues este consentimiento tácito no puede admitirse respecto de providencias que no han sido expresamente notificadas, sino que es preciso una gestión ó petición posterior, que es lo que implícitamente determina el consentimiento, como ocurre en las competencias, en las cuales, conforme á lo prescrito en el art. 58, no se entiende hecha por el demandado la sumisión tácita, sino cuando después de personado hace cualquier gestión que no sea la de proponer en forma la declinatoria, y como la primera gestión hecha por los herederos en cuestión es la de proponer en forma la nulidad, no cabe declararla impropediente.

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Prescripción.—Sentencia de 17 de Junio. (Gaceta de 18 de Julio de 1913.)—Resolvió que es regla de Derecho que el tiempo señalado para la prescripción de acciones transcurrido desde la publicación del Código, da lugar á aquélla, aun cuando estuviere comenzado con anterioridad al mismo.

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Concurso de acreedores.—In capacidad del concursado para administrar sus bienes.—Síndicos del concurso. Sentencia de 19 de Junio. (Gacetas de 18 y 19 de Julio de 1913.)—Declaró que con arreglo al art. 1.914 del Código Civil, en relación con el 1.161 de la ley rutinaria y constante jurisprudencia del Supremo, desde el momento que se accede á la declaración del concurso de acreedores, queda el deudor incapacitado en absoluto y sin limitación alguna para la administración de sus bienes, careciendo por tanto de facultad para ejercitar toda gestión correspondiente á la misma, y menos la de