El Foro español (Madrid. 1898) (1914-02-20 00:00:00), página 14

Que si bien el mandato acaba por la muerte del mandante, acreditando que un mandatario ha percibido en concepto de tal determinadas cantidades, no sólo mientras viviera aquél, sino después de su muerte, y lejos de entregárselas á dicho mandante ó á los causahabientes de éste, se las apropió, falta á los deberes de tal mandatario, y es evidente el derecho de los últimos á exigir la devolución, sin que quede atribuir á la entrega de cantidades hecha después de la muerte del mandante el carácter de pago de lo indebido, ya que no habiéndose renunciado el mandato, el mandatario las recibe indebidamente;

Que en un caso como el citado procede aplicar los preceptos del art. 1.724 del Código Civil, según el cual, entre las obligaciones del mandatario se encuentra la de abonar al mandante los intereses de las cantidades percibidas por consecuencia del mandato, si en vez de entregárselas á su debido tiempo las hubiera aplicado á usos propios entendiéndose dicha obligación desde la fecha en que así lo hizo;

Que si se reconoce expresamente que los causahabientes del mandatario son poseedores de buena fe de lo que adquirió con dolo, conforme al art. 451 del Código Civil hacen suyos los frutos percibidos mientras no se interrumpida legalmente esa posesión, y equiparándose en un caso como el citado los intereses á los frutos, no pueden dichos causahabientes ser condenados á entregar más que los correspondientes á las cantidades percibidas desde la citación y emplazamiento de la demanda, en cuyo momento cambia el carácter de buena en mala fe, pero no aquellos otros procedentes de las sumas que por igual concepto adquirieran desde la muerte de su causante hasta el acto de ser citados y emplazados, tanto más cuanto que dicha declaración impide el que pueda perjudicarles el vicio de quien traen causas, haciéndoles de igual condición que el deudor de mala fe, á tenor del art. 1.107 de dicho Cuerpo legal;

Y que recibiendo los frutos dichos causahabientes en concepto de dueños, en virtud del título de sucesores universales de su causante el mandatario y no en este concepto, resultan inaplicables á los mismos las disposiciones de los artículos 1.718, 1.724 y 1.726 del repetido Código, y al entenderlo contrario y condenarlos al pago de intereses de las cantidades percibidas desde el fallecimiento de su repetido causante se infringen dichos preceptos.

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Contratos inscritos en el Registro de la propiedad.—Sentencia de 8 de Abril. (Gaceta de 28 de Mayo de 1913.)—Declara que conforme á lo ordenado en el art. 34 de la ley Hipotecaria y á la doctrina reiterada y constante del Tribunal Supremo, los actos ó contratos que se ejecuten ó otorguen por persona que en el Registro aparezca con derecho para ello, no se invalidarán en cuanto á tercero, aunque después se anule ó resuelva el derecho del otorgante por causas que no resulten claramente del mismo Registro, á no ser que dicho tercero haya obrado con conocimiento de ellas, en cuyo caso, ni puede alegar tal carácter, ni ampararse en una disposición legal para impugnar aquello que aceptó sin protesta ó que expresa ó tácitamente consintió;

Y que apreciándose como hechos plenamente probados, sin que contra esa apreciación se haya alegado la comisión de error alguno, que en un Registro de la propiedad figuraban fincas hipotecadas para garantizar cierto contrato de préstamo, como de absoluta y perfecta propiedad del prestatario sin el menor dato ó antecedente que revelara la existencia de condición limitativa de sus facultades dominicales, y además que el prestamista ignoraba, al otorgar el préstamo, la existencia de tal condición limitativa después alegada para pedir la nulidad de la hipoteca, esindudable que aun en la doble hipótesis de que de dichas causas pudiera derivarse la referida nulidad, y de que al prestatario asista derecho y acción para alegarlas, al aplicarse al caso la doctrina antes sentada, no se infringen los artículos 1.115, 1.118 y 1.800 del Código Civil.

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Nulidad de contrato.—Error en los contratos.—Dolo.—Causa en los contratos.—Sentencia de 11 de Abril. (Gaceta de 29 de Mayo de 1913.)—Declara que, conforme á la reiterada y constante doctrina del Tribunal Supremo, la declaración de si en un contrato tiene ó no causa, error ó dolo es por su naturaleza de mero hecho, por lo que está atribuida á la exclusiva facultad de la Sala sentenciadora, y depende de la apreciación que ésta haga de las pruebas aportadas al juicio, sin que pueda ser impugnada en casación en otra forma que en la prevista en el número 7.º del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento Civil:

Que á tenor de lo prescrito en el art. 1.376 del Código Civil, es nulo el contrato en que se exprese una causa falsa si no se pruebe que estaba fundado en otra verdadera y lícita, y si en una sentencia se estima por el resultado de las pruebas apreciadas en conjunto, y señaladamente por el valor y eficacia que merecen determinadas escrituras, que en un contrato de compraventa hubo expresión de una causa falsa, consistente en manifestar, contra lo que se había venido haciendo en todas las anteriores, que se vendían aguas manantiales, no existiendo éstas, y tal estimación no ha sido impugnada en forma alguna, es indudable que dicha sentencia no infringe el aludido precepto por aplicación indebida;

Y que el error que recae sobre la sustancia de la cosa objeto del contrato ó sobre las condiciones de la misma que principalmente hubieren dado motivo á celebrarlo invalida y anula el consentimiento, conforme á lo ordenado en los artículos 1.285 y 1.286 del citado Cuerpo legal, y otro tanto ocurre según lo dispuesto en los 1.269 y 1.270, cuando existe dolo grave no empleado por las dos partes contratantes; de suerte que declarándose un caso como el citado, que el comprador realizó la adquisición únicamente inducido por la equivocada creencia que valléndose de medios engañosos lograron infundirle, de que en la finca adquirida existían grandes manantiales de agua potable, siendo así que no había ninguna;

Y si además resulta también acreditado el hecho de haberse fijado precio más de cien veces mayor que el que se diera algunos meses antes por la misma finca, siendo éste, poco más ó menos, el obtenido en anteriores transmisiones, es evidente la existencia del dolo grave determinante del error sustancial en el consentimiento prestado por el comprador.

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Nulidad de contrato.—Error en el consentimiento.—Sentencia de 11 de Abril. (Gacetas de 29 y 30 de Mayo de 1913.)—Consigna que si se trata de la compra de ciertos efectos públicos que el comprador adquiere por una cantidad respetable para hacerlos suyos, para disponer libremente de ellos y utilizar la renta mientras los conservaran en su poder, y luego se ve privado de aquel capital y del lucro que del mismo, invertido en los valores citados se prometía, de los que se le ha desposeído por una resolución judicial que produjo la existencia de un delito y los man-