El Foro español (Madrid. 1898) (1914-07-20 00:00:00), página 5

era sólo instrumento de sport, ha venido sucediendo sin que nadie tratara de poner remedio, pues si bien es cierto que el Sr. Dato, con su reforma de 1903, con el reparto obligatorio entre todos los Notarios, impedía que uno solo pudiera autorizar hasta setenta y uno protestos en un solo día, desde la salida á la puesta del sol, también es cierto que tal medida subsistió poco tiempo (hasta la Real orden de 15 de Enero de 1904), por los abusos de otro género á que había dado lugar, según se hacía constar en las instancias elevadas por las Cámaras de Comercio que motivaron el que volvieran los protestos al ser y estado que antes tenían, es decir, al modo tan gráfico como nos lo pintaba Costa.

En el último Real decreto de 26 de Abril de 1914, se establece por su art. 40, que no autorizará ningún Notario diariamente más de quince protestos, salvo los días primeros hábiles de las dos quincenas naturales de cada mes, en que podrán por exigencias del servicio, autorizar un máximo de veinticinco.

La lógica no la vemos resplandecer en esta disposición pues lo que hay que tener en cuenta es el tiempo mínimo que razonablemente debe invertirse en cada diligencia de protesto, y como la puesta del sol no tiene lugar á la misma hora en Junio que en Diciembre, ni tampoco son más largos los dos primeros días hábiles de cada quincena, de cada mes, las exigencias del servicio no pueden nunca permitir que se cometan falsedades.

Pero dejando á un lado esa materia, no escasa de importancia capital, y viéndolo á otro aspecto de la cuestión, que claro es que guarda relación con esa celeridad, resulta que son muy poco los protestos que se acomodan á las formalidades taxativamente marca las por el art. 504 del Código de Comercio para que, como dice dicha disposición, sea eficaz esa diligencia notarial.

El vicio más frecuentemente notado es el de no entenderse el protesto con el sujeto á cuyo cargo esté girada la letra, y en caso de no encontrarle con los dependientes, si los tuviere, ó en defecto de éstos con su mujer, hijos ó criados, ó con el vecino de que habla el art. 505, sino que el Notario, sin seguir este orden que para algo se establece se entiende con el primero que tropieza en el domicilio que la letra indica, y no hace constar que en él no se encontraban ninguna de las personas con quien en otro caso debía de haberse efectuado la diligencia en cuestión.

Mas no es eso solo, sino que algunos, en su afán de obviar inconvenientes que puedan dificultar la celeridad del acto, estampan en el acta conceptos que, desnaturalizando los hechos ocurridos, no dan lugar á la intervención de otras personas. Nos referimos á las frases que los Notarios emplean, de que la persona requerida no considera necesario firmar el acta, lo cual no significa otra cosa sino que se negó á firmar, y por tanto, que á tenor del caso 3.º del artículo 504, se precisa la firma de dos testigos presenciales.

Otras veces, cuando el Notario encuentra dificultades por conocer la persona requerida los derechos que le asisten, se acude al protesto ante un vecino de casa abierta, y la práctica nos enseña que una letra que ha debido ser protestada en la calle de los Estudios por ejemplo, domicilio del aceptante, se protesta en la Plaza de Chamber,

por ser sin duda el primer vecino con casa abierta que el Notario ha encontrado en todo Madrid, cosa contraria al espíritu y á la letra del precepto y extraña á la realidad.

Otras veces, y no hablamos de memoria, el Notario se encuentra con que la letra no está reintegrada en debida forma, y lejos de cumplir con la obligación que bien terminantemente le impone el art. 150 de la ley del Timbre de abstenerse de hacer los protestos cuando las letras no estén reintegradas en debida forma, es decir, no sólo con el timbre correspondiente, sino cuando necesite pólizas suplementarias, inutilizadas éstas en la forma prevista por el art. 9.º de la propia ley, resuelve por sí y ante sí y las reintegra, e inutiliza la póliza, pasando seguidamente á realizar el protesto, prescindiendo del valor y alcance jurídico que el legislador ha querido dar á la falta de aquel requisito fiscal.

Como todos estos hechos se van generalizando, los Jueces de Madrid se han creído en el caso de contribuir dentro de sus atribuciones á corregir tales abusos, y se está dando el caso muy frecuente de que se denieguen ejecuciones, cuyo título son letras de cambio, por no reunir el acta del protesto todos y cada uno de los requisitos del artículo 504, y no siendo eficaz el protesto como el mismo artículo dispone, no estando la letra protestada en forma, claro es que no resulta documento que lleve aparejada ejecución, por exigencia terminante de la ley.

Los perjuicios que con ello se causan á los particulares no tenemos para qué enumerarlos, con exponer el hecho es suficiente, pero es necesario que el público se aperciba de esta norma que está ajustada á derecho y no entreguen letras á Notarios que no les merezcan garantías de reconocida competencia, ó que en otro caso les exijan la correspondiente indemnización por la responsabilidad que contraerán.

Al mismo tiempo, puesto que las medidas que propone mos no son incompatibles, precisa que el Ministerio de Gracia y Justicia se aperciba de lo que ocurre, y como el mal viene de antiguo, y por tanto, tiene gran arraigo, vea si no es llegado el caso de imitar lo que particularmente ha hecho el Banco Hipotecario, quien no encomienda ya requerimientos previos de pago á los Notarios, sino que todos los hacen los Secretarios judiciales, resultándole más económicas y mejor hechos que cuando se los encomendaba á los Notarios.

Los Notarios, por las comodidades profesionales de que han sabido rodearse, miran los protestos siempre como cosa enojosa, á no ser que se dediquen á ellos con especialidad, y entonces surgen los abusos apuntados. Además, el requerimiento al pago, es un acto preliminar de una contención probable, que sale de las normas notariales, es decir, que los comparecientes no acuden á él voluntariamente: resulta, pues, una función que encaja más dentro de la esfera judicial, y á ella pertenece. El Secretario, antes de proceder al embargo requiere de pago, sabe, pues, lo que es esta diligencia, y la forma en que debe practicarse para que resulte válida.

Y tengase en cuenta, que estos requerimientos hechos judicialmente, pocas veces se han anulado; y eso que siempre hay Abogado defensor del requerido, que ha de inspeccionar con sumo cuidado la diligencia, para con-