El Foro español (Madrid. 1898) (1914-05-10 00:00:00), página 4

contrario lo hubieran ordenado, como lo han hecho respecto de otros funcionarios. Además, la Sala de gobierno de la Audiencia territorial no tiene atribuida por el Código y las leyes especiales competencia jurisdiccional para definir, perseguir y castigar los delitos á que se hace referencia, ni siquiera para formar diligencias preventivas, y si exclusivamente tiene el deber ineludible de denunciar los hechos delictivos al Juez de instrucción competente, especial ó no, pasándole el tanto de culpa en el momento que la Sala mencionada tenga conocimiento de los hechos por delación inicial ó con ocasión de hallarse conociendo de un expediente de carácter gubernativo.

Las leyes vigentes no admiten el trámite consignado en el Real decreto de 1º de Junio de 1911. De consiguiente, la ejecución improcedente del trámite relacionado constituirá una interpretación errónea del Código y demás leyes que regulan el procedimiento, más que un mero quebrantamiento de forma, implicando, por parte del Juez, una transgresión de las disposiciones vigentes adjetivas, al promover expediente gubernativo en vez de incoar, desde luego, sin la menor demora, sumario; y no diré que por parte de la Sala de gobierno una inoportuna intervención en asuntos de la exclusiva competencia de un Juez instructor, pero sí, cuando menos, un error evidentísimo.

El Real decreto se halla en manifiesta e innegable contradicción de las leyes vigentes. Aquí indico un procedimiento contra ley, pues el trámite aludido prescribe una indebida suspensión del Código de Enjuiciamiento criminal, que manda la indomable incisión de un sumario no comprendido entre las excepciones legales. En razón de lo cual, no habrá disculpa para el Juez que deja inútil cumplido su deber instruyendo un expediente improcedente en lugar de apresurarse á tramitar procedimiento criminal, cuyo sumario debe incoar en el acto sin dar intervención á la Sala de gobierno ni siquiera participárselo. Claro es que sin perjuicio de las facultades atributivas de la Sala de Gobierno para nombrar un Juez especial y del derecho del Ministerio fiscal á designar un Delegado que intervenga el proceso. Así como también sin perjuicio de los derechos del procesado á reusar al Juez y á defenderse dentro del mismo sumario. Elementos todos de garantía más que bastante para el acusado formulando prueba e interponiendo recursos, y hasta para la misma Sala de gobierno designando el Juez especial á mayor abundamiento coadyuvado por el Delegado de la Fiscalía.

Si se diera eficacia al Real decreto, pasaría por virtud de éste la competencia legal de las Salas de lo criminal de las Audiencias provinciales á las Salas de gobierno de las territoriales, lo cual sería contrario á las leyes. Y el expediente sería un sumario sin prisión, ni detención, ni embargo, ni procesamiento, sin intervención, ni siquiera conocimiento, de la Audiencia de lo criminal, ni aun participación al Ministerio fiscal. Pudiendo implicar un procedimiento inquisitivo antiquado y anormal, en el que el encartado no podría, contra el espíritu de la legislación, defenderse cumplidamente ni interponer recursos, ó constituyendo, en otro caso, unas diligencias de antequicio con carácter irregularmente privilegiado, cuyas actuaciones no están autorizadas ni consentidas por las leyes vigentes respecto de los Secretarios judiciales, no siendo tampoco pertinente ni procedente, en derecho constituido ni en derecho constituyente procesal, someter las actuaciones de antequicio á otra sanción, aunque emane de superiores jerárquicos. Además, y en el caso de que actuaciones tales se considerasen y tramitasen como diligencias previas, siempre resultarían un trabajo incompleto y, por tanto, deficiente, en contra de lo prevenido en las leyes. Y en expediente no estarían suficientemente amparados los sagrados derechos del perjudicado presunto, que no podrá mostrarse parte en el diligenciado ni se asegurarán la persona del acusado, ni tampoco las responsabilidades civiles del mismo, diéndose lugar á la fuga é insolencia del responsable, ni se practicarían otras diligencias en evidente perjuicio de la causa de la justicia social y directamente de la persona agraviada por el hecho delictivo, pues ni la vindicta pública sería satisfecha ni el damnificado indemnizado, quedando sin eficacia los postulados del derecho restaurador y reparador, los predicados de las leyes regeneradoras, los mandamientos de la ética y las ordenanzas constitucionales.

El expediente á que se alude tiene el carácter de diligencias previas ó de actuaciones de antequicio. Las diligencias previas tramitadas por un Juzgado de instrucción han de ser sometidas á la Audiencia provincial respectiva y no á la Sala de gobierno de la Territorial. Las actuaciones de antequicio se tramitan en la Audiencia provincial correspondiente y no en un Juzgado de instrucción, ni en la Sala de gobierno de la Territorial. En suma: la competencia jurisdiccional es de la Sala de justicia de lo criminal, y no de la Sala de gobierno de la Territorial. Pero por virtud del Real decreto habría anomalamente dos Tribunales de jurisdicción y competencia diferentes, la Sala de lo criminal y la Sala de gobierno, que entenderían en el mismo asunto de competencia única, actuando improcedentemente primero la Sala de gobierno, á pesar de tratarse de un hecho criminoso ajeno á su competencia, demorándose inopportunamente la necesaria e ineludible intervención del único Tribunal exclusivamente competente, ó sea de la Sala de lo criminal.

Por los delitos aludidos no se pueden incoar y tramitar expedientes gubernativos, y si única y exclusivamente sumarios, pues el derecho constituyente y las leyes positivas no preceptúan ni autorizan ni consenten otra cosa, y menos aunque anormalmente se sigan dos procedimientos: uno previo por un Tribunal incompetente, y otro posterior por el Tribunal competente, implicando el expediente premonitorio un prejuicio para el sumario y la utilización de la causa criminal.

¿Qué tramitación se iba á dar por el Juez á unas diligencias llamadas expediente, que dicho Juez no habría de resolver, puesto que tendría que conocerse á ser un mero instructor? El Real decreto no prevé absolutamente nada, no obstante la novedad de la institución, que no tiene equivalente en nuestro ritualista derecho positivo. ¿Qué intervención podrían tener el perjudicado y el acusado? ¿Y si el perjudicado denuncia á medio de querella? ¿Habría de suspenderse la tramitación de esta y demorarse y aplazarse su urgente é indomable prosecución hasta ultimarse el expediente previo, con evidente perjuicio del damnificado y de la causa social? ¿Habría términos hábi-