El Foro español (Madrid. 1898) (1915-03-10 00:00:00), página 7

juicio oral, por lo que se refiere á ellas, quedando sólo para éste la determinación de la pena correspondiente en el caso de existir delincuencia, ó la absolución en el contrario.

E. ROMERO MARTÍNEZ,
Abogado.

Territorialidad del instrumento público.

(Conclusión)

Tampoco debe olvidarse, y es de grandísima importancia tenerlo en cuenta, que casi siempre los que prestan dinero ó compran, lo hacen sobre ó de fincas sitas en la comarca en que residen, ó en la que ya tienen otras propiedades; y, por otra parte, los que á título de venta, préstamo ó otro cualquiera reciben cantidades, no residen por regla general á grandes distancias de sus fincas ó propiedades.

Si á pesar de lo que acabamos de indicar, todavía se alojase en el corazón del observador sentimientos de conmiseración para el pobre público, no varíarnos en pedir, como de limosna, que se mirase con ojos de caridad á quienes, consagrados al ejercicio de una de las más altas funciones públicas, se hallan oprimidos constantemente bajo el peso de la fatalidad producida por la poca consideración que para con ellos guardan los que sin grandes esfuerzos podrían otorgar el documento en el lugar ó comarca donde está situada la finca; y podría, asimismo, ablandarse el corazón de los que tanto se interesan por el bienestar público, haciéndoles comprender que el pobre ciudadano raras veces se ve durante su vida en el duro trance de tener que acudir al estudio del Notario, y en cambio éste, cuando no reside en grandes capitales, siempre y á cada momento, como acabamos de indicar, está sintiendo las consecuencias del actual estado de cosas, consecuencias que exacerban en sumo grado cuando los fedatarios sirven Notarias no lejanas de dichos centros de población, conforme hemos notado antes.

Además, tanto los partidarios de la Notaría única, como sus adversarios y, en general, cuantos se preocupan por el prestigio del Notariado, están de perfecto acuerdo en abominar de los perjuicios que á la clase reportan el zurupetismo ó intervención de personas que siendo ajenas á nuestra profesión reportan los beneficios de la misma, por contar con uno ó más Notarios que por necesidad económica ó otras circunstancias les prestan su apoyo, ó, hablando sin ambages, les arriendan su firma; y si bien la territorialidad de las escrituras no haría desaparecer por sí sola la plaga del zurupetismo, á lo menos disminuiría sus funestos efectos y perdería, por lo tanto, mucha de su influencia. Para desaparecer en absoluto el zurupetismo sería preciso que se acudiese á la Notaría única, lo que creemos que ahora bastante difícil por las razones que contra la misma existen, y porque en defecto de argumentos racionales siempre se opondrían á ella los acoparadores de escrituras, grandes en número.

Nosotros somos partidarios de la territorialidad, no por considerarla panacea segura, sino por constituir un programa mínimo de reformas para la dignificación de la carrera, y dejésemos pasar este mínimo ya que nos llamamos bajo la constelación de los mismos. Lo consideramos tan sólo programa mínimo, porque para el que suscribe el verdadero ideal consistiría en dividir los instrumentos públicos en tres clases: 1.º, instrumentos sujetos á inmediata inscripción en el Registro de la propiedad, para los cuales establecería la territorialidad dentro de la respectiva zona, con libertad para la elección de Notario en la zona que estuviese demarcada más de una Notaria; 2.º, actas notariales y poderes á pleitos, y 3.º, todos los demás instrumentos. Las actas notariales y los poderes judiciales les sometería á reparto forzoso y los documentos de la última clase podrían otorgarse libremente ante cualquier Notario.

Para terminar, debemos consignar que el Estado podrá hacer efectiva la territorialidad de las escrituras prohibiendo su inscripción cuando fuesen autorizadas por Notario incompetente, y someter á éste á una pena pecuniaria.

MANUEL GATELL,
Notario de Granollers.

(De Gaceta de Registradores y Notarios.)

NOTICIAS

Personal de la Magistratura.

Ha sido promovido en el turno 2.º, á la plaza de Fiscal de la Audiencia provincial de Soria, D. Victor González de Echávarri, Magistrado de la de Gerona.

Rehabilitación.

D. José Luis Apalategui y Ojejo, Juez de primera instancia de Banče, 30 días (24 Febrero).

Licencias de treinta días por enfermedad con sueldo entero.

D. José María de la Llave y Corral, Juez de primera instancia de Chinchilla (19 Febrero); D. Emilio Gómez Fernández, idem id. de La Vecilla (26 Febrero).

Registradores de la Propiedad.

Ha sido jubilado el Registrador de la Propiedad de Murcia, D. Enrique Jiménez.

Han sido nombrados Registradores: de Huesca, D. Ricardo Novillo, que sirve el de Las Palmas; del distrito del Mediodía, de Sevilla, D. Fernando Gil Moreno, que lo es de Arévalo; de Aoz, D. Manuel Losada, que desempeña el de Dolores; de San Clemente, D. Benito Prieto, que sirve el de Cervera de Río Pisuerga; de Solsona, D. Enrique Ferrán, electo de Tremp; de Valoria la Buena, D. Leopoldo Aquilino Iglesia, que lo es de Villelpano; de Cervera, don Ildefonso Callejo, que desempeña el de Gerona; de Llerena, D. Rafael Ramos, electo de Linares.