El Foro español (Madrid. 1898) (1914-07-10 00:00:00), página 14

el citado convenio y acordar la restitución al actor del pleno é integro usufructo de los bienes que por aquél había cedido y renunciado, no sólo tuvo en cuenta lo convenido por las partes, sino que aplicó rectamente aquel precepto y doctrina, sin incurrir, por tanto, en la errónea interpretación legal del mismo:

Que si bien lo preceptuado en el art. 1.282 del Código Civil es de tener en cuenta cuando exista duda acerca de la intención de los contratantes, y para ello nada mejor que los actos cotidianos y posteriores de los mismos, en modo alguno es de aplicación cuando son tan claros los términos del convenio que no dejan lugar á duda en cuanto á la intención de aquéllos, en cuyo caso hay que estar y atenerse al sentido literal de sus cláusulas, de conformidad á lo dispuesto en el artículo 1.281 del mismo Cuerpo legal.

Que basta tener en cuenta los elementos que constituyen el contrato aleatorio de renta vitalicia, según lo define el art. 1.802, para poder asegurar que el convenio de que aquí se trata no tiene ese carácter, sino el de cesión de un usufructo por precio de renta que se le ha reconocido, y, por tanto, que el art. 1.806 del propio Código es evidentemente inaplicable;

Y que del propio modo resulta inaplicable el artículo 1.294 del repetido Código porque se oponen á la estimación de carácter principal que en ese caso tiene la acción rescisoria, según el razonamiento del primero de estos fundamentos.

Daños y perjuicios.—Sentencia de 15 de Octubre. (Gacetas de 30 de Septiembre y 2 de Octubre de 1913.)—Declara que las cuestiones relativas á la indemnización de daños y perjuicios lo son de hechos y se resuelven por la prueba de su existencia y concepto de los inferidos, cuya apreciación corresponde exclusivamente al Tribunal á quo, y por ello es notorio que al declararse en una sentencia que procede aquélla, no se infringen los preceptos legales de carácter general consignados en los artículos 1.083, 1.089, 1.101, 1.103, 1.106, 1.109, 1.254, 1.256, 1.258 y 1.564, una vez reconocida la obligación de indemnizar que los mismos imponen.

Competencia.—Compraventa al fiado.—Principio de prueba.—Acción personal.—Sentencia de 16 de Octubre. (Gaceta de 2 de Octubre de 1913.)—Resuelve que el ejemplar de una factura en blanco, acompañado con la demanda en que se reclame el precio de ciertos géneros de comercio vendidos al fiado, no constituye por sí solo principio de prueba, respecto á las condiciones del contrato en la misma contenidas, si falta todo indicio de que realmente se pactó con sujeción á ellas, ó al menos de aceptación expresa ó tácita por parte del comprador;

Y que demostrada la existencia del contrato de compraventa al fiado, pero no así el que mercancía se remitiere del punto de origen al de destino por cuenta, cargo y riesgo del comprador, y tratándose por tanto del ejercicio de una acción personal en reclamación del precio de una cosa cuya entrega material se ha verificado en el domicilio del comprador, de conformidad á lo prescrito en el párrafo segundo del artículo 1.500 del Código Civil, en relación con la regla primera del 62 de la ley de Enjuiciar, debe conocer de la demanda el Tribunal de dicho domicilio, por estimarse el del lugar en que la obligación ha de cumplirse.

Resolución de bienes.—Posesión.—Entrega de la cosa vendida.—Sentencia de 18 de Octubre. (Gaceta de 2 de Octubre de 1913.)—Se discute en el pleito origen de este recurso la propiedad de una finca urbana que después de dos trasmisiones, una por legado y otra por herencia abintestato del legatario, todas inscritas en el Registro de la propiedad, fué adquirida por el actor en este pleito mediante escritura pública, también debidamente inscrita, pero cuya finca fué embargada con otras varias que no hacen al caso, á virtud de autos ejecutivos seguidos por el aquí demandado contra los herederos del que la legó á aquél de quien trae causa el demandante en los presentes autos, embargo de que se tomó anotación preventiva antes que fuera inscrita á nombre del legatario, y siguiendo el juicio ejecutivo por todos sus trámites, ya en la vía de apremio se adjudicó la finca en cuestión al ejecutante, mediante subasta judicial á su favor celebrada, no sin resultar á beneficio suyo un saldo de pesetas como diferencia entre lo acreditado por principal, intereses y costas y el precio de adjudicación.

En estas condiciones el ejecutante vendió la finca á una Sociedad, formada para el ensanche de la población, venta que se formalizó en documento privado, y habiendo procedido dicha Sociedad á la demolición del inmueble, el actor entabló el pleito reivindicatorio origen del recurso contra la Sociedad referida que citó de evicción al ejecutante de quien la hubo, con oposición del cual se ha seguido el pleito en sus dos instancias recayendo sentencia por la que se declara que el demandante alcanza las responsabilidades del juicio ejecutivo de que se ha hecho mérito en cuanto se relaciona con la finca en cuestión y está obligado á subsanar el defecto que impide la inscripción de dicha finca en el Registro á nombre del ejecutante demandado y á otorgar á favor de éste la correspondiente escritura, bajo apercibimiento que de no hacerlo se otorgará de oficio, á su costa, y se absuelve de la demanda á dicho ejecutante como eviccionante y á la Sociedad contra quien se interpuso aquélla y que citó de evicción:

Contra esta sentencia interpuso recurso de casación por infracción de ley el demandante, cuyo recurso estima el Tribunal Supremo declarando que en el fallo reclamado se infringen los artículos del Código Civil: 348, que reconoce en el propietario acción contra el tenedor y poseedor de la cosa para reivindicarla, el 447, que declara que sólo la posesión disfrutada en concepto de dueño puede servir de título para adquirir el dominio, y el 1.462, que preceptúa, para cuando se venda mediante escritura pública, que el otorgamiento de ésta equivale á la entrega de la cosa, sin que obstre que haya sido vendida á diferentes compradores, pues si es inmueble, como en este caso, el Tribunal Supremo, al interpretar las disposiciones contenidas en el art. 1.473 del citado Cuerpo legal, tiene dicho con repetición que la propiedad pertenece al adquirente que la inscribió antes en el Registro;

Y que la doctrina expresada en el anterior considerando no obsta para declarar que la propiedad reconocida en favor del adquirente, que la inscribió antes en el Registro, no está exenta de las cargas que pasaron sobre la cosa vendida ni de las responsabilidades de carácter preventivo que contra ella se hubiesen deducido, siempre que la oportuna anotación legal subsistiera en la fecha de la inscripción, y, por tanto, el comprador que adquiere la cosa para sí habrá de responder con ella á las afecciones que con anterioridad la embargaban.