El Foro español (Madrid. 1898) (1914-11-20 00:00:00), página 5

Recursos en los juicios verbales civiles.

En la vida práctica del Derecho procesal se incurre, á veces, en los Tribunales, y singularmente en la mayoría de los municipales, en errores de interpretación; se erige en norma jurídica la corruptela judicial y se entroniza la trinqueta curialesca, por la malicia del litigante temerario contra el litigante legalista.

Uno de los medios que la ignorancia ó mala fe utilizan son los recursos de apelación y los de queja, desnaturalizando estos recursos y desvirtuando su finalidad legal, en perjuicio de un procedimiento abreviado y daño del litigante contrario; entorpeciendo, prolongando y encareciendo una justicia cuya administración debe ser pronta y barata, sino rápida y gratuita, en la ordenación de la economía social, á la mejor efectividad del Derecho positivo consuetudinario o legislado.

La interpretación fiel del espíritu de las leyes y la energía en el austero cumplimiento del deber por las autoridades judiciales habrá de ser el arma con que se hieran los que traten de asaltar el baluarte de la justicia, utilizando con malas artes recursos inoportunamente aplicados en las contiendas jurídicas.

El art. 408 de la ley de Enjuiciamiento civil es de aplicación en los Juzgados municipales. Se refiere á los términos improrrogables, y de este carácter son los plazos para interponer y mejorar recursos. Por tanto, transcurrido el término para entablar un recurso contra una resolución judicial, sin interponerle, queda ipso facto firme la resolución como consentida y pasada en autoridad de cosa juzgada por el mero transcurso del tiempo y por ministerio de la ley, esto es, de derecho, sin necesidad de declaración-expresa.

No es de aplicación en los Juzgados de primera instancia respecto de las apelaciones procedentes de los Juzgados municipales el art. 759 de la ley de Enjuiciamiento civil, y sí el 28 de la ley de Justicia municipal.

En los Juzgados municipales debe observarse el art. 21 de la mentada ley de Justicia municipal. Y los interesados que tengan que articular recursos, incluso de queja, pueden y deben iniciárselos en el momento en que se originen, á cuyo efecto tienen derecho á exponer los pedimentos y reclamar que en el acta se hagan constar, así como las negativas del Tribunal municipal y las subsiguientes protestas que los proponentes formulen, para luego ventilarse en el recurso definitivo y total de apelación y de queja ante el Juez de primera instancia con arreglo á lo preceptuado en el art. 28 de la mencionada ley de Justicia municipal.

Los preceptos legales vigentes no autorizan en la tramitación de los juicios verbales civiles la instrucción de incidentes, ni formación de artículos de previo y especial pronunciamiento, excepción hecha de las recusaciones y de las cuestiones de incompetencia del Tribunal por causa de la cuantía litigiosa ó por razón de la materia; recusaciones e incompetencias que tienen carácter previo. Todas las demás excepciones dilatorias, la declinatoria inclusive, deben ser articuladas y tramitadas con la cuestión de fondo, y el Tribunal debe resolverlas en la sentencia definitiva, pero no debe resolver respecto del fondo en el caso de que aprecie pertinente la excepción de incompetencia ó otra que no permita acordar en cuanto al fondo.

Fuera de los casos excepcionales, taxativamente puntualizados en las disposiciones legales vigentes éstas no consienten otro recurso que el de apelación de la sentencia definitiva.

A mayor abundamiento deben ser tenidos en cuenta los artículos 862, 496, 514, 523, 715 al 741 y 854 de la ley de Enjuiciamiento civil y sus concordantes, entre éstos el art. 1.796 de la ley mencionada que especifica los recursos de revisión y el correspondiente articulado de la ley de Justicia municipal.

En suma, interpretando con austero sentido jurídico el apartado 8.º del art. 21 de la ley de Justicia municipal y los 2.º, 3.º y 5.º del art. 28 de la misma ley, en relación con sus concordantes de la ley de Enjuiciamiento civil, no son admisibles, salvo excepciones legales, los recursos de queja no propuestos oportuna y conjuntamente al mantener los de apelación contra las sentencias del Tribunal municipal ante el Juez de primera instancia, y habiendo previamente formulado ante aquel Tribunal inferior el pedido correspondiente y subsecuentemente iniciado en tiempo el recurso respectivo contra el acuerdo de dicho Tribunal municipal antes de que tal acuerdo ganara firmeza.

Las cuestiones de competencia, recusaciones, ejecuciones de sentencias, desahucios, etc., tienen marcada una tramitación especial en la ley de Enjuiciamiento civil respecto de los Juzgados municipales, partiendo de la base del art. 270 de la ley Orgánica del Poder judicial y con las innovaciones de la ley de 5 de Agosto de 1907 reorganizando la Administración de justicia en los Juzgados municipales.

Propuesta una queja contra un Juzgado municipal ante un Juez de primera instancia, si tiene marcados caracteres de delito, debe formarse diligencias preventivas ó incoarse sumario, según proceda, por tratarse de autoridades ó auxiliares respectivamente. Si implica un recurso contra una resolución no definitiva de un Juzgado municipal, este es, si no se promueve contra sentencia ó un auto resolutivo de un expediente ó de un asunto, y salvo en los reducidos casos puntualizados taxativamente en las disposiciones vigentes, no debe tramitarse la queja, imponiéndose las costas al recurrente, sin perjuicio de que éste articule el recurso al propio tiempo que ejercite, por tal ó conjuntamente con otros motivos, y previa proposición en tiempo de aquél ó del de reposición, según proceda, el recurso de apelación contra la sentencia ó auto definitivo de la cuestión. Los recursos han de ser interpuestos en tiempo y forma ante la entidad judicial competente. Tomado un acuerdo ó omitido este en el momento oportuno por el Juzgado municipal si la parte se aquista ó no pide reposición en tiempo legal, el proceder del Juzgado municipal adquiere firmeza, y tales acuerdos ó omisión no pueden ser apreciados por el Juez de primera instancia al resolver el recurso de apelación contra la sentencia ó auto definitivos que si dicho recurso se apoya en el proceder firme del Juzgado municipal debe ser desestimado con imposición de todas las costas.