El Foro español (Madrid. 1898) (1914-06-20 00:00:00), página 4

de 18 de Febrero de 1906 y los artículos 15 á 20 del Real decreto de 28 de Junio de 1907.

Su art. 9.º no es una derogación, sino un complemento de los Reales decretos de 23 de Agosto y 28 de Junio de 1911 y 20 de Junio de 1912. El art. 10 es asimismo complementario de los Reglamentos de oposiciones de 28 de Julio y 30 de Julio de 1912 y 1913 respectivamente, en relación con los Reales decretos de 28 de Agosto de 1908, 28 de Junio de 1911 y 4 de Junio de 1913.

No es preciso seguir artículo por artículo este examen; lo dicho es bastante para comprender que la nueva disposición requiere para la determinación de lo vigente una labor comparativa, y de confrontación penosa y mortificante. Eso se habría remediado derogando todo y dictando de nuevo. Por lo menos al final se ha debido indicar lo derogado ó modificado, como se hizo en 1910 en el Real decreto que modificó la legislación de Escuelas industriales y como el Sr. Bssada hizo al dictar sus reformas de Fomento. Porque de seguir así ni los Magistrados van á poder fallar en justicia las cuestiones de régimen y organización notarial que á su conocimiento se sometan.

Este es el gran lunar, el defecto grave que observamos en la disposición novísima, cuando esperábamos que sería redentora del conflicto. Si no va á haber ley, debió huirse de esta nueva complicación; si ha de haberla, holgaba, en verdad la disposición. Éste es nuestro punto de vista y lo que de censurable tiene la disposición que comentamos. Es, pues, más de forma que de fondo el reparo. Porque en cuanto al fondo, el Real decreto es satisfacción á pretensiones y deseos expuestos reiteradamente por los Notarios que vienen trabajando para que los males de la competencia ilícita cesen, y para que no se dé el triste caso de que haya puntos en qué ni para las más perentorias necesidades de la vida rinda la Notaría. A ese fin tiende la disposición del Sr. Marqués de Vadillo, y con esa mira ha hecho el trabajo la Dirección. Así lo da á entender el preámbulo del Real decreto, exposición en la que bien manifiestamente se expresa el deseo de asegurar la decorosa subsistencia, para lo que se ha buscado «un contenido teórico protocolario». Aunque la implantación de estos preceptos no dé el resultado apetecido, la intención no puede ser más recta, más justa y digna de los; constituirá siempre un timbre glorioso para los Sres. Marqués de Vadillo y Jorro, inspirador el último de esta disposición, según nuestras noticias. Las sanciones al incumplimiento del abono del 50 y 75 por 100, hacen esperar que no se produzcan con tanta frecuencia como al presente, las resistencias á cumplir esa regla de buen compañerismo, corriápa la atracción ejercida para llevar así algunos, lo que á otros corresponde, variando el cauce para que el agua afuera á un solo puerto notarial. Otra medida, encaminada al mismo fin, es la de figurar entre las prohibiciones la de ser contador de particiones, que se deriven de disposiciones que el Notario autorice. Siempre nos pareció que esto envolvía algo que la buena moral profesional rechaza, y aunque no fué antes expresa la prohibición hasta en consultas evacuadas por nosotros, la estimamos implícita é indicamos la conveniencia de que se abstuviesen de aceptar tales cargos; porque al hacerlo, daba lugar á la sospecha de haber influido con miras interesadas para obtener el nombramiento, que si es de confianza, no deja de autorizar un devengo de derechos por los trabajos profesionales, como se ha reconocido por la doctrina del Tribunal Supremo. Los Tribunales de honor, en tesis general, no tienen nuestra simpatía, ni en el Notariado ni en Cuerpo alguno. Los estimamos expuestos aunque se dé la garantía de la recusación.

No creemos que nadie, salvo los superiores del acusado ó los Tribunales ordinarios, aquéllos en virtud de expediente y éstos en el procedimiento correspondiente, puedan con verdadera garantía de imparcialidad y con la que ofrece la severidad de un juicio, fallar sobre la conducta privada ó profesional de ningún ciudadano.

Pero no dejamos de estar ciertos de que cuantos más obstáculos se pongan para que los desaprensivos obren según sus más sanos impulsos, más fácil es que no se determinen á proceder conforme á ellos; porque el refrán de que «el miedo guarda la vía», es una gran realidad.

En los creados por este Real decreto, hay limitaciones que agrandan y salvan en parte los escollos que suelen presentar las instituciones de esa clase. Es una la circunscripción de su fallo, que no puede ir más allá del acuerdo de traslación, y otra que su cometido tiene un carácter marcadamente profesional, que nos placiere ver más definido, pues la generalidad del concepto que entraña el art. 24, atenuado por la regla primera del 25, les hace adolecer del defecto de someterles materiz que afecta al honor particular, cuya salvaguardia, repetimos, debe estar exclusivamente conferida á los Tribunales ordinarios, no á aquellos que son «cuna de la misma madera», en vez de estarlo á los que han por misión la justicia y deben entender y entender en cuestiones de honor, que nuestros Códigos han procurado rodear por su mucha importancia de todo género de garantías, sancionando los ataques que á la honorabilidad, buen nombre y fama se dirijan, y sujetándolos al procedimiento judicial con todas sus solemnidades, trámites, recursos y medios de prueba y defensa.

Las disposiciones sobre licencias, excedencias y pensiones, etc., desde el art. 28, no son tan interesantes ni nuevas ni responden ciertamente al propósito que se revela en el preámbulo; pero están dictadas con un recto espíritu de equidad y son favorables al Notariado, no así las referentes á permutas, aunque algo han abierto el estrecho árculo en que se encerraron por disposiciones anteriores.

Echamos de menos algo que facilitara las fianzas, y deseamos que esa traba, inútil en cuanto á positivos resultados y efectos, desaparezca en la reforma que se anuncia para no lejano plazo, como deseamos que el reparto que vuelve á corroborar el art. 39, aunque con la limitación que expresa, desaparezca por razones varias que tenemos expuestas en diversas ocasiones y que en este ligero apuntamiento del Real decreto novísimo, no tienen por su extensión lugar adecuado.

Los artículos 41 y 42 se inspiran en un propósito demasiado altruista y tutelar como la ley Azcárate, que por esos artículos se quiere sea bien respetada y temida; y de los reglamentos de Casas de préstamos. Creemos que tales medidas más perjudican que favorecen al necesitado, al que no halla lo que ha menester para remedio de sus apremios, sin que se logre resultado práctico porque los me-