El Foro español (Madrid. 1898) (1913-12-10 00:00:00), página 5

En 11 de Abril de 1849 se promulgó una ley de minería que por su conocimiento y por limitarse sólo a sentar los principios fundamentales de este régimen industrial, no es descartado el calificarla de ley de bases. Consta de treinta y nueve artículos, empeñando por definir las sustancias inorgánicas que son objeto de la minería; triplica la extensión de cada pertenencia y distingue como medio de adquirir la propiedad minera la investigación del registro y en este el denuncio del que así propiamente denomina, según que hubiese sido ya explotado el terreno ó estuviese virgen; señala el modo de conservarse y perderse las concesiones mineras y deslinda las atribuciones administrativa-contenciosa facultativa y tributaria, dentro del poder público, abarcando las reglas más precisas para que la acción del Estado (cuyo derecho eminente sobre la minería reconoce y proclama sin mera de la propiedad territorial) proteja y ampare el esfuerzo individual.

Dada su estructura, esta ley precisó de un Reglamento. Este se publicó el 31 de Julio de 1849, pero no correspondió ni con mucho á la claridad y orientaciones que la ley marcaba, incurriendo en tan notoria confusión en sus preceptos y en tales contradicciones; fué tan redundante en muchos puntos y escaso y poco previsor en otros que hizo ineficaz por completo la reforma en los diez años de vida á que alcanzó su vigencia.

La característica de la ley de 1849 es la transformación que sufre el principio tradicional de la regalía minera á fin de hacerlo compatible con el sistema constitucional, proclamando que la propiedad de las minas pertenece al Estado por razón del dominio eminente que le corresponde dentro de este régimen político sobre todas las cosas existentes en el territorio.

En 6 de Julio de 1859 y en 5 de Octubre del mismo año se promulgó una nueva ley de minas con el Reglamento para su aplicación, reformados en 4 de Marzo y 24 de Junio de 1868 por otra ley y otro Reglamento á fin de dar cabida á ciertos principios que se estimaron como descentralizadores, porque en vez de otorgar las concesiones mineras al Gobierno, como preceptuaba la ley de 1849, las otorgarian en adelante los Gobernadores, que á la fin y á la postre son sus mandatarios en las provincias y obran por su delegación. Si la facultad de concederlas se hubiera reconocido á los municipios ó entidades provinciales en representación del Estado, no cabe duda que tal medida podría calificarse con justicia de descentralizadora. El propio año 1868, muy pocos meses después de promulgarse esta legislación, fué sustituida por la hoy vigente, no mercediendo examen especial, porque salvo detalles de escaso interés en sus orientaciones y fundamentales principios fué conservadora de las tradiciones jurídicas del derecho patrio como último eslabón de la cadena de restricciones en el orden legal que á la minería opuso el modo de ser de las edades pasadas, hasta que la revolución de Septiembre de 1868, transformó de golpe la marcha pública social y administrativa de España al cincel de nuevos derechos y de principios esculpidos en amplia y á veces desmedida libertad.

Los hombres de la revolución, á raíz de su triunfo, desbordados en ansias liberales, como si presintiesen una rápida y vergonzosa derrota, no quisieron aguardar á la acción legislativa, promulgando por decreto-ley, Bases para una nueva legislación minera, sin pensar que con ello quedaba vigente como obligada consecuencia á cuanto las citadas bases inadvertida ó deliberadamente no se hallaban, las leyes de 1859 y 1868 y sus respectivos Reglamentos.

Incompleta quedaría la reseña histórica si prescindiéramos de una alusión justa y debida, á la labor de nuestros legisladores en los dominios americanos, el más preciado y rico florón de la monarquía hispana en aquellas dilatadas regiones. Debido á gran desarrollo que las explotaciones de ricos metales adquirieron á raíz de la conquista en el nuevo Continente, se sintió la necesidad de legislar de acuerdo con las exigencias que los aprovechamientos mineros de dichos países aconsejaron. En 7 de Agosto de 1541 se promulgaron en Talavera unas Ordenanzas de Minas del Perú aplicables á dicho territorio conocido por provincia de Nueva Castilla y Toledo. Por segunda vez se promulgaron en Cuzco en 13 de Abril de 1543. Estaban destinadas á regular el aprovechamiento de los yacimientos auríferos, estatuyendo sabios preceptos para la concesión, laboreo, trabajo de los indios y negros y entrega del metal precioso en la Caja real para fundirlo y marcarlo; señalaron las dimensiones de las bateas para el lavado del oro y las dimensiones de los terrenos otorgados en las márgenes de los ríos principales ó en los costados, distinguíndose aquellos de los arroyos según que tuvieran tres ó seis pasos de agua. El 31 de Mayo de 1548 se hicieron extensivas á las minas de plata, variándose sólo el ancho y largo de las pertenencias.

En 1584 Felipe II aplicó á los dominios de América las Ordenanzas que promulgó en dicha fecha, tanto en el virreinato de Nueva España como en el del Perú, donde rigieron hasta su separación de la metrópoli.

El monumento más notable de la legislación española en América está constituido por las Ordenanzas de México promulgadas, según antes se dijo, en 22 de Mayo de 1783. Forman un Código completo de minería compuesto de más de 300 artículos y todavía están vigentes y son aplicados en algunos Estados americanos. Herón de Villefosse, ocupándose de ellas, afirma que son un homenaje rendido por las explotaciones más ricas del mundo á las minas mejor administradas.

Las Ordenanzas mexicanas se fundan en los principios de la legislación minera de Alemania, afirmando el principio de regalía al declarar que las minas eran propiedad de la Corona, quien las concedía bajo las condiciones, restricciones y requisitos que en ellas se establecen; determinaban las pertenencias y demasías, según la dirección ó rumbo de la veta metalífera, dejando á la autoridad especial en minería que las fijase á su arbitrio en los plazos, rebosadores y cualesquiera otros yacimientos irregulares de plata y oro; estatuyeron sabias reglas de policía, haciendo obligatoria la inspección constante de las labores por un perito llamado guarda-minas y el previo examen por agentes facultativos de los capataces, carpinteros, y albañiles, allí llamados ademadores, para la entabillación y seguridad de los trabajos; los desagües debían hacerse dentro de lo posible por socavón; se perdía la propiedad si se dejaba cuatro meses continuos y ocho discontinuos.