El Foro español (Madrid. 1898) (1914-07-20 00:00:00), página 13

Servidumbres.—Sentencia de 19 de Octubre. (Gaceta de 2 de Octubre de 1913.)—Declara que es reiterada y uniforme jurisprudencia del Supremo Tribunal la de que incumbe probar la acción negatoria de servidumbre al que la ejercita, y que para alcanzar eficacia esta acción, es indispensable que por título legal pertenezca la finca que se pretende no debe la servidumbre al que deduce la enunciada acción;

Y que la sentencia que desestima una demanda en la que se pretende la declaración de que cierto patio ó terreno no está afecto á una servidumbre de usos, cuya desestimación se funda en no haber justificado el demandante la acción que ejercita ni que le pertenezca íntegramente el terreno en cuestión, aplica acertadamente la jurisprudencia de que se ha hecho mérito y no infringe los artículos 1.251, párrafo 2.º, 1.216 y 1.218 del Código Civil inaplicables al caso, puesto que como queda dicho la sentencia asienta su capital fundamento en no haber justificado el actor pertenecerle el terreno mencionado, careciendo, por tanto, de acción para su demanda.

Competencia.—Compraventa al fiado.—Acción personal.—Sentencia de 21 de Octubre. (Gaceta de 2 de Octubre de 1913.)—Resuelve que en el contrato de compraventa al fiado de géneros de comercio, cuando no se ha pactado el lugar en que ha de verificarse el pago del precio, se entiende por tal el en que resulte hecha la entrega de la cosa vendida, con sujeción á lo prescrito en el, el párrafo 2.º del artículo 1.500 del Código Civil;

Y que conformes las partes en cuanto á la existencia del contrato de compraventa al fiado, pero no en cuanto al hecho de que los géneros se remitieran de una población á otra, de cuenta, cargo y riesgo del comprador, á falta de todo principio de prueba hay que atenerse forzosamente al hecho de la entrega material y apareciendo hecha en el domicilio del comprador, al Juez del mismo corresponde conocer del juicio á tenor de la regla 1.ª del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil.

Vía gubernativa.—Prescripción.—Sentencia de 22 de Octubre. (Gacetas de 2 y 3 de Octubre de 1913.)—Resuelve que el acto previo de agotar la vía gubernativa es exclusivamente para cuando la Hacienda pública sea demandada, no cuando lo sea la entidad Ayuntamiento, representante popular del gobierno de los intereses municipales, y por tanto, con facultad propia para defenderlos e impugnar actos que sean objeto de controversia con relación á ellos:

Que suponiéndose originado el acto interruptor de la prescripción de acciones por la mera presentación de una demanda defectuosa en sus condiciones formales, que no llegó siquiera á ser examinada ni declarada admisible por Tribunal competente, único modo éste determinante del ejercicio del derecho á discutir, más que interrupción legal capaz de conocer la causa razonable y justa en que debe informarse, constituye un pretexto mal entendido e insignificante para producir en los debates un efecto trascendental que interesa al litigante;

Que esta doctrina es con tanto mayor motivo aplicable desde el momento en que la demanda presenta da casi á la sazón de vencer el plazo de la prescripción que se está ganando de contrario no llega siquiera á repartimiento ni se da cuenta de ella al Juzgado y esto sólo porque á excitación del propio demandan- te se suspende su curso, lo cual supone el no uso de la acción, y en cuyo estado de pasividad voluntaria, á él sólo imputable, continúa el asunto tres años después, de donde resulta abusivo atribuir al hecho simplemente formulario del escrito de demanda presentado, un criterio á la vez que exagerado, superficial, al considerarlo con fuerza interruptora capaz de estorbar la prescripción.

Préstamo usurario.—Pago de intereses.—Costas.—Sentencia de 26 de Octubre. (Gaceta de 3 de Octubre de 1913.)—Consigna que de estimarse por la Sala sentenciadora que es un contrato de préstamo usurario el que aparece como de compraventa á Carta de gracia no inurre en error de hecho ni de derecho el declararlo así ni infringe los artículos 398, 596 y 598 de la ley Procesal y 4.º, 1.218 y 1.255 del Código Civil, ni el 9.º en relación con el 1.º de la ley de 23 de Junio de 1908, sino que hace uso acertadamente de las facultades que le otorga el art. 2.º de la citada ley que autoriza á los Tribunales para resolver en cada caso, formando libremente su convicción en vista de las alegaciones de las partes, libertad absoluta de juicio, que el legislador consideró como intervención necesaria de la conciencia colectiva en la conciencia judicial para investir á la Administración de justicia de un poder supremo que en todo momento alcance á impedir é impida que el artificio ó la astucia burlen la acción social contra la usura:

Que la penalidad impuesta en el art. 3.º de la repetida ley de Julio de 1908 es inexcusable aun cuando los intereses estén satisfechos, en cuyo caso han de devolverse al prestatario, según ordena ese precepto;

Y que dados los términos concluyentes del art. 8.º de aquella ley, las costas han de imponerse siempre que en una sentencia se declare nulo un contrato de préstamo.

Competencia.—Cargas piadosas.—Acción personal.—Sentencia de 29 de Octubre. (Gaceta de 3 de Octubre de 1913.)—Resuelve que como el incidente sobre declaración de pobreza cuando precede á la demanda principal, ha de entablarse en el Juzgado ó Tribunal competente para conocer de esta última, según el art. 21 de la ley de Enjuiciamiento civil, al solicitar dicho beneficio deben acompañarse los documentos y hacerse las manifestaciones necesarias, á fin de que promovida en su caso la cuestión de competencia, pueda desde luego resolverse por los datos de este período del procedimiento existentes, y únicos que pueden ser objeto de estimación por el Tribunal Supremo;

Y que aun cuando la demanda incidental en que surja la contienda, indique que se trata de obtener de los demandados el cumplimiento de ciertas cargas piadosas en determinada ciudad y que en esta misma se pagaban las pensiones que también se reclaman, no habiéndose acompañado principio alguno de prueba corroborante de esas circunstancias ó de otras que pudieran influir en la decisión, hay que atenerse al principio general proclamado por el párrafo 3.º del artículo 1.171 del Código Civil, con arreglo al cual y á la regla 1.ª del art. 62 de la ley Procesal ha de atribuirse el conocimiento del incidente al Juez del fuero del demandado.

Responsabilidad de funcionarios públicos del orden gubernativo ó administrativo.—Sentencia de 29 de Octubre. (Gacetas de 3 y 4 de Octubre de 1913.)—Declara que la acción que con-