El Foro español (Madrid. 1898) (1914-10-20 00:00:00), página 10

vió á solucionar, no obstante los múltiples elementos de información, ensayos, reclamaciones y clamores que han venido sucediéndose desde el siglo xviii hasta los momentos actuales por la dificultad de conciliar intereses encontrados complicados con la existencia de los subforos, pues si de una parte se alegan derechos originarios; de los primitivos señores y dueños directos de los terrenos, de otra se invocan los creados en el transcurso de los siglos por la actividad, por el trabajo, por la laboriosidad de los llevadores de las fincas sobre las que fueron constituidos, oposición que sólo puede resolverse dentro del ambiente formado por las ideas modernas en cuanto al actual concepto de la propiedad.

Lo dije antes, y no me parece ocioso recordarlo ahora; no estimo el derecho positivo representación exacta de ideas eternas e incomprometibles, sino mera expresión de normas derivadas de las relaciones establecidas entre los hombres en determinados estados sociales, sujetas consignadamente á evolución y progresos, y cuantos conceptos se refieren á aquel, lo mismo los de la propiedad que los personales; los hallo sujetos á iguales mudanzas progresivas, siendo de este modo explicable el sentido de todos aquellos variados fundamentos sociales que registra la Historia, pues ni la igualdad del individuo dentro del Estado ha sido siempre reconocida, ni aun la del sexo mismo, ni mucho menos la del extranjero, habiendo sido necesarios siglos de preparación para que, merced á la transformación inmensa que por el Cristianismo experimentó la sociedad, después de los que han transcurrido hasta su definitivo establecimiento en el mundo, hayamos llegado á connaturalizarnos con ideas que al presente nos parecen sencillas y eternas, cual si no hubiesen surgido en el tiempo á través de religiones, sistemas filosóficos y estados sociales diferentes. Siendo este el juicio que me merece el derecho positivo, cómo no he de extrañar que los contendientes en la cuestión de los foros, especialmente los defensores de los dueños directos, apenas aduzcan otros argumentos y consideraciones que los que se hacen consistir en principios tales cuales son los admitidos en la Legislación positiva sobre la base y concepto que de la propiedad se tenía desde los tiempos del Derecho romano? No; no es este criterio estrecho el que puede servir de fundamento para la solución del problema planteado, aunque sea el que tengan que aplicar los Tribunales, porque para éstos la Justicia y el Derecho es lo que en fórmulas escritas autorizadas por el Legislador se halla consignado en los respectivos Códigos, ó en su caso viene sancionándose por la costumbre; pero cuando estas fórmulas y estas costumbres no son congruentes con ideas más adelantadas ó con determinado estado social, otras normas de derecho sustituyen á las anteriores, y sólo quedan de aquéllas intereses creados á su sombra que deben ser atendidos en la medida posible, con el criterio y sobre la base de un derecho renovado por el influjo de nuevos ó reformados conceptos.

La sociedad, dentro de la que el hombre vive, ha exigido siempre para su funcionamiento sacrificios individuales, aun en épocas y pueblos donde el sentimiento individualista se hallaba más proclamado y reconocido; pero en los momentos presentes importa ahondar en la raíz y origen de este individualismo para no atribuir á los derechos que le caracterizan una extensión y alcance exagerados ó equivocados. Dice, por ejemplo, nuestro Código civil que el contrato existe desde que una ó varias personas consienten en obligarse, y que los contratantes pueden establecer los pactos, cláusulas y condiciones que tengan por conveniente, siempre que no sean contrarios á las Leyes, á la Moral ni al orden público (artículos 1.254 y 1.255); ¿pero significa esto, puede así significar que las consecuencias de las obligaciones así contraídas liguen de tal suerte no ya á los contratantes, sino al Estado mismo que no pueda alterarlas cuando trasciendan al interés general? No es posible llevar á semejante exageración las consecuencias del individualismo, porque ante todo y sobre todo está el interés social. Pudiera discutirse con algún fundamento si es obligado respetar siempre y en todos casos las obligaciones contraídas libremente por los interesados, mientras que en algún momento no trasciendan al orden público, aun cuando sus consecuencias resulten onerosísimas para cualquiera de ellos, estimando más atendible y principal el respeto debido á la voluntad libre y espontánea, ejercitada en las relaciones de los asociados que las derivaciones de los actos en estas condiciones realizados, no siempre conformes con el sentido de la estricta moral; pero en el instante en que el interés social se impone, nada hay que pueda oponerse á la legítima intervención del Estado, ya que el derecho en que se basa el principio de la libre contratación no es por su esencia de tal índole que aparezca intangible e incompromisible cual si fuera precepto emanado expresamente de la Divinidad ó impreso en el alma humana, constituyendo parte esencial de la naturaleza del hombre, ni algo distinto del carácter que revisten los actos sancionados por las Legislaciones positivas ó por las costumbres, originados todos en las necesidades de la vida y relaciones que para su satisfacción establecen los hombres y los organismos que las dirigen. No en vano preceptúa el artículo 3.º del Código que las Leyes (las civiles) no tendrán efecto retroactivo si no dispusieron lo contrario, previendo el caso de que pueda dársele este efecto en beneficio del interés social, aun con daño del particular, lo cual no podrá hacerse moralmente sin violación de altísimos principios de la Justicia, si el derecho positivo se asentara firmemente en éstos, y no, como es la realidad, en la resultante de intereses y conveniencias mutuas sujetas al vaivén de los tiempos, á la creación de nuevas necesidades y al progreso mismo de las ideas, consistiendo, como consiste la nota de la Justicia relativa y distributiva, en la igualdad de aplicación de las fórmulas y normas jurídicas que rigen en determinados momentos.

(Continuará).

OFICIAL DE SECRETARIA JUDICIAL desea colocación dentro de la Península.
Dirigirse á D. Emilio Beleret.
Calle Antonio Pérez.—Zaragoza.