El Foro español (Madrid. 1898) (1913-11-20 00:00:00), página 5

provincia donde dentro de los sesenta días de hecha la petición ante el Escribano Real ó Autoridad judicial, había de enviarse para su inscripción el registro minero solicitado. Sentó también el criterio de que las minas no deben estar improductivas al obligar á los denunciantes á cavar hasta determinada profundidad en la tierra dentro de los seis meses después del registro y á seguir los trabajos bajo pena de perder la concesión y, por último, encomendó á la jurisdicción común los litigios ó asuntos contenciosos que con las minas se relacionasen.

En cuanto á las utilidades que percibía el explorador, estableció una escala gradual, correspondiendo á éste hasta 100.000 ducados de beneficio el tercio; desde esta suma hasta 200.000 la cuarta parte y si pasaba de 200.000 la quinta. Se halla inserta en la ley 3.a del título XVIII del libro IX de la Novísima Recopilación.

En 1563 Felipe II expidió una pragmática ordenando la forma en que debía realizarse el descubrimiento, labor y beneficio de las minas y en 22 de Agosto de 1584 promulgó en San Lorenzo del Escorial las célebres ordenanzas de minería para España y América que han estado vigentes como único fuente legislativa doscientos cuarenta y un años, siendo muy dignas de estudio y atención por inspirarse en principios sumamente liberales y progresivos dada la época en que se redactaron.

Estas ordenanzas insertas como ley 4.a del título XVIII, libro IX de la Novísima Recopilación, aplican con todo rigor el principio de regalía minera. Confirmando la ley de D. Juan I, conceden á cualquier persona nacional ó extranjera el derecho á la busca de minas en todo lugar público ó privado sin que nadie pueda oponerse á ello por el daño que se le cause, aun cuando el dueño de la superficie autoriza á percibir la indemnización debida al perjuicio sufrido.

Modifican las ordenanzas del canon para la corona, la mitad, la tercera, la cuarta parte y así sucesivamente en disminución hasta la décima, según la calidad de los minerales, la clase de minas y su metalización y aumentan la extensión de las pertenencias fijándolas en ciento sesenta varas de largo por ochenta de ancho en general y para los yacimientos de oro en ochenta de largo por cuarenta de ancho. Se establece la necesidad de señalar con una estaca el punto de partida y se concede á los mineros el aprovechamiento de los montes y de las tierras comunales, concejiles y baldíos próximos, leñas, fustes y copas de lo seo, y aún cortar árboles por el pie pagándolos en su justo valor; cazar y pescar en un radio de tres leguas de la mina, así como edificar toda clase de construcciones necesarias á la extracción, beneficio, fundición y afinación de minerales.

Contienen también las ordenanzas reglas precisas para prevenir y dirimir los conflictos que surgen cuando en los trabajos subterráneos un filón saliese de los límites marcados á la mina; obligando al saneamiento y desagüe con disposiciones de policía minera que pueden calificarse de notables dados los tiempos en que se dictaron.

Subsiste la necesidad de trabajar en los registros que se solicitan y de no interrumpir el laboreo, bajo pena de pérdida ó caducidad de la concesión, señalándose los casos excepcionales y los recursos que se concedían á los que perdían su propiedad por estas circunstancias. Podían recurrir ante las Justicias del lugar y en apelación al Administrador general de las minas, Jefe de los servicios administrativos que se crean, para el régimen gubernativo que estuvo á cargo de administradores de distrito ó partido en las localidades donde existían explotaciones mineras. La jurisdicción contenciosa se dejó á cargo de las justicias ordinarias en primera instancia, pero no del todo, porque delitos como el hurto se castigaban administrativamente. En apelación, el Administrador general de minas era el competente siempre para decidir en última instancia. Esta mezcla de jurisdicciones dio motivo á grandes contiendas de autoridades y ocasionó graves daños á la marcha de la minería.

Las Ordenanzas de Felipe II las modificó su sucesor D. Felipe III por Real Cédula de 18 de Agosto de 1607, dejando á cargo del Consejo de Hacienda y Contaduría mayor la ejecución de las disposiciones que contenía dicho Decreto, cosa que no pudo lograr esta entidad y por eso sin duda Felipe IV creó con fecha 16 de Enero de 1624 la Junta de Minas, dándole facultades omnímodas en el orden administrativo y la jurisdicción privativa en el Contencioso con inhibición del Consejo de Hacienda y demás Consejos y Tribunales del Reino. Sin que llegase á realizar labor fecunda la tal Junta, pues sólo supo dar dictámenes y formar expedientes voluminosos sin aplicación práctica de ninguna clase, fue sustituida á mediados del siglo xviii, por el Marqués de la Ensenada que organizó la llamada Junta de Comercio, Moneda y Minas, precursora del Ministerio de Fomento, creándose además el cargo de Director general de Minas, que se confirió á persona de excepcionales condiciones, á l. Francisco Angulo, uno de los españoles que más han contribuido al progreso de la minería y de la legislación especial del ramo.

En 26 de Diciembre de 1789 se promulgó una Real Cédula declarando que era propiedad de los dueños del terreno las minas carbóniferas, en abierta oposición con otra de 15 de Agosto de 1780 firmada por D. Carlos III, en la que, considerándose la hulla como materia de primera necesidad, se estimaba su investigación y laboreo dentro del régimen general, si bien limitando á veinte años el tiempo de explotación por cada registrador.

El error gravísimo cometido en 1789 por D. Carlos IV, pronto hubo de repararse, dando lugar á las Reales Cédulas de 15 de Septiembre de 1790 y 24 de Agosto de 1792 que restablecieron los principios en que se inspiró su padre al legislar sobre la materia. A este gran Monarca, atento y cuidadoso como ninguno del progreso en todos los órdenes de la nación que regía, cual la historia evidencia sin contradictorias opiniones ni reservas, cabe la gloria de ser el creador de la enseñanza de la minería en España, fundando por R.-al Cédula de 14 de Julio de 1777 la Escuela de Minas de Almadén, precursora de la que hoy existe en esta Corte y confiando su dirección á un ingeniero alemán D. Enrique Cristóbal Storr, para demostrar sin duda con maravillosa intuición que la ciencia no reconoce fronteras ni nacionalidades, un siglo antes de que universalmente se proclamase tal principio en toda su integridad.

Durante la invasión de los ejércitos napoleónicos y gue-