El Foro español (Madrid. 1898) (1914-12-10 00:00:00), página 8

S. M., en época reciente, que cae dentro del año forense que ahora expira, habré de ocuparme de la facultad que el artículo 100 de la ley de lo Contencioso otorga, con audiencia del Fiscal, á los Tribunales que conocen de esta materia para acordar la suspensión de las resoluciones reclamadas ante los mismos. Que la ejecución de éstas cause daños irreparables es la condición que establece la Ley para detener á la Administración activa impidiéndola que lleve á efecto sus resoluciones. Es, pues, preciso fijar el sentido de esta condición, y parece que no puede ser otro que el que el expresa con toda propiedad la locución «daño irreparable», que no quiere decir que baste para pedir y acordar la suspensión de la resolución reclamada, que se perjudique un interés con la ejecución, ni que este interés sufra un menoscabo reintegrable, sino que es necesario que el daño que se cause por su naturaleza no pueda ser reparable, con independencia de la reparación material que pueda ó no pueda obtenerse.

Generalmente es un perjuicio lo que se invoca para solicitar la suspensión, aunque disfrazándole con la denominación de daño, que tiene un sentido más alto y más noble; pero como el perjuicio es siempre estímable y reparable porque el Estado es siempre solvente, y será raroísimo el caso en que pueda invocarse con toda propiedad la condición de daño irreparable que se cause por la ejecución de la resolución de la Administración, invito al Ministerio fiscal á que examine con toda detención la índole de la que sea objeto del recurso y naturaleza de los efectos que pueda producir para no allanarse á la suspensión sino cuando se dé estrictamente la condición exigida por la Ley.

Es claro que esta prevención se refiere únicamente á cuando de la suspensión no se sigue perjuicio para el servicio público, pues en caso contrario, si lo hubiese, el Fiscal habrá de oponerse siempre á aquélla, oposición que remite á la autoridad provincial ó al Gobierno, según los casos, el acuerdo razonado que proceda, y aun el propio Tribunal puede estimar por sí mismo, si hay menoscabo para el servicio público, limitándose en uno y otro caso á dar curso á las pretensiones de suspensión, elevándolas con su informe al Ministerio ó Autoridad á quien incumba resolverlas.

No es de esperar que el Ministerio fiscal deje de ver quando puede seguirse perjuicio al interés público, ni aún sin su excitación que deje de percibirlo el Tribunal por sí mismo; pero sería censurable falta de celo dar lugar á este subrogación por quien tiene más estrecho deber de velar por ese interés cuya representación la Ley le confía.

VIII

Preocupado con el enaltecimiento del Ministerio fiscal que tantas muestras da de su celo é inteligencia, y persuadido de la importancia de sus funciones, no quiero concluir este modesto trabajo, que la Ley me impone, sin elevar á la consideración de V. E. una somera indicación, por si entre los proyectos de Ley, que ocupan la atención de V. E., estuviera el de la reforma de la ley Orgánica del poder judicial y de su adicional.

Creo que no necesito esforzarme en demostrar que, aun-

que algunas necesariamente idénticas, cuán distintas son otras de las diversas aptitudes que se requieren para el cumplido desempeño de la función judicial y de la fiscal, y como no se da á que se sumen con frecuencia en un mismo sujeto, cuando algunas veces se repelen, cultivar con esmero permanentemente y sin intermitencias, aquellas que más especialmente se deben á la naturaleza, parece que sea provechoso para el ejercicio de la función y para la reputación y legítima gloria del funcionario.

Por encargo expreso de un digno antecesor de V. E., la Subcomisión de la general de Códigos ha llegado en su persistente y meritoria labor á entregar concluido al Ministerio, que V. E. ilustra con su competencia, un proyecto de ley de Tribunales.

En él se consignan diferentes disposiciones encaminadas á separar la carrera fiscal de la judicial, si bien estableciendo una razonable transición á fin de realizar el cambio sin violencia.

Encomendada al Fiscal del Tribunal Supremo la obligación de exponer razonadamente, en este momento, las reformas que en su concepto convenga hacer para el mejor servicio, con profundo convencimiento de su bondad, llamo respetuosamente la atención de V. E. sobre el proyecto á que antes hago referencia, por si estimase, como yo, provechosa la reforma que queda indicada, no abandonándola por mi parte con ningún razonamiento, porque la calidad y altos merecimientos de las personas que la han redactado son bastante garantía y demostración de acierto.

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Expuestas las consideraciones generales que preceden, voy á hacerme cargo concreta y parcialmente de cuantas observaciones consignan en sus Memorias los Fiscales de las Audiencias, con el breve comentario que su examen me ha sugerido en cada caso, y que habré de tener presente para los acuerdos que sean procedentes, sin perjuicio de lo que V. E. con más amplitud de medios personales y legales pueda acordar en ejercicio de sus altas funciones de Gobierno.

IX

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA EN LO CRIMINAL

Delincuencia: sus géneros y remedios.—No es ciertamente desconsoladora la impresión que en general se desprende de los datos consignados en las Memorias de los Fiscales de las Audiencias, pues, con raras excepciones, la criminalidad ó permanece estacionada ó ha descendido de modo más ó menos visible, debiéndose el aumento en las demarcaciones de determinadas Audiencias á la exacerbación de las luchas políticas con motivo de las elecciones generales últimamente celebradas, más que á ningún otro factor, sobre todo de aquellos que pueden representar una verdadera perversidad inclinada á la infracción de las leyes.

En las Audiencias de Huelva y Lérida el aumento observado en la delincuencia es correlativo con el de la población obrera, tanto de España como del extranjero, atraída por el desarrollo de mayores fuentes de riqueza en