El Foro español (Madrid. 1898) (1914-04-20 00:00:00), página 8

Podrán promover este expediente:
El Ministro de Gracia y Justicia.
Los Fiscales de las Audiencias Territoriales y Provinciales á que corresponda el Juzgado en que sirva el Secretario.
El Juez de quien fuese auxiliar y los superiores jerárquicos del mismo.
La Junta directiva del Colegio de Secretarios.
El expediente lo iniciará el Juez respectivo cuando no sea él quien lo promueva; en este caso lo tramitará el que lo sustituya legalmente, con audiencia siempre del interesado, del Ministerio Fiscal, y previo el informe de la Junta directiva del Colegio de Secretarios lo elevará á la Sala de gobierno del Tribunal Supremo, y ésta á su vez con su informe lo remitirá al Ministerio de Gracia y Justicia para la resolución que corresponda.
Contra la separación podrá recurrir el interesado ante la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo.
Art. 46. Cada Juzgado, aunque haya más de uno en la población, tendrá su archivo en el local que habiliten los Ayuntamientos del partido, organizándose en la forma que establece el Real decreto de 29 de Mayo de 1911, en el que se conservarán:
1.º Los asuntos ultimados en la Secretaría del Juzgado con diez años de antelación, y todos aquellos que por caducidad de la instancia se hayan mandado archivar, en armonía con lo dispuesto en el art. 441 de la ley de Enjuiciamiento Civil.
2.º Las causas criminales cuyas sentencias estuviesen completamente ejecutariadas, las de profesados rebeldes que llevaron veinte años pendiente por no haber sido habidos y las sobreseídas.
3.º Los demás asuntos indeterminados que se hallen concluidos ó que lleven diez años paralizados.
Las funciones de Archivero serán desempeñadas por el Secretario de gobierno, quien no tendrá otras facultades que las de busca de los asuntos cuando el Juez lo acuerde, exhibición para cotejos, desglose de documentos, expedición de testimonios, percibiendo por estos servicios los honorarios que el Arancel establezca. En todos los demás casos intervendrá el Secretario de quien proceda ó el que lo hubiere sustituido legalmente.
Art. 54. Las plazas de Oficiales de Secretaría de ascenso y de término, se proveerán en los mismos turnos de traslación y antigüedad establecidos para los Secretarios judiciales.
Art. 55. Los exámenes de ingreso para Oficiales de Secretaría, así como las oposiciones para abrir las plazas de superior categoría, se verificarán en esta Corte en el mes de Abril, todos los años, ante un Tribunal compuesto de un Magistrado de la Audiencia Territorial, que será Presidente, y de un Abogado Fiscal de la misma, nombrados por Gobierno; de un Abogado designado por la Junta directiva de su Colegio, y del Decano y Secretario del Colegio de Madrid, ejerciendo este último las funciones de Secretario del Tribunal.
Art. 57. Los Oficiales de Secretaría ingresados en el Cuerpo con arreglo á los Reales decretos de 5 de Febrero de 1908 y 1.º de Junio de 1911, ó los que ingresen en lo sucesivo conforme á las disposiciones del presente, tendrán asignado en su día los siguientes sueldos: 1.000 pesetas á los de los Juzgados de entrada; 1.500 pesetas los de Juzgados de ascenso; 2.000 pesetas los de Juzgados de término, formándose por el Ministerio entonces el correspondiente escalafón.
Los de Madrid, Barcelona, Sevilla y Valencia gozarán de un sobresuelo de 1.000.
Art. 58. Mientras las necesidades del Tesoro no permitan asignar á los Oficiales los sueldos expresados en el artículo anterior, los Secretarios judiciales tendrán la facultad de auxiliarse de uno ó dos Oficiales que ostenten el certificado de aptitud y tengan buena conducta moral, los que después de prestar juramento ante el Juez respectivo quedarán autorizados por delegación de su Jefe para la práctica de las diligencias que determina el art. 56 del Real decreto de 1.º de Junio de 1911. Dichos Oficiales serán retirados por el Secretario que les nombre, y su remoción como la propuesta será facultad exclusiva de este funcionario, quien comunicará necesariamente á la Junta directiva del Colegio la posesión y cese, así como la conducta que haya observado durante el desempeño del cargo, quedando sometidos á la disciplina del Colegio.
También estarán sometidos á la misma disciplina los Secretarios de los Juzgados municipales mientras desempeñen el cargo en el de primera instancia, y vendrán obligados á pagar las quotas del Colegio.
Art. 2.º Se suprimirán, según vayan vacando, las plazas de Repartidores de negocios civiles en las poblaciones donde actualmente existen. Mientras tanto el Repartidor ejercerá todas las funciones que á su cargo corresponden en el repartimiento y en las incidencias del mismo.

Enajenación de bienes de menores é incapacitados.

La materia que comprende el título precedente, aunque en apariencia muy clara, ofrece diversidad de aspectos jurídicos. Su primera manifestación es, sencillamente, trivial: la enajenación de bienes de menores é incapacitados, bien estén bajo la patria potestad, bien sometidos á tutela, no puede llevarse á cabo sino mediante autorización judicial, ó del Consejo de familia, según los casos.
Consignado esto, con carácter general, y, por consiguiente, sin necesidad de hacer estudio de sus aplicaciones, en atención á las diversas clases de bienes de cuya enajenación pudiera tratarse; al desarrollar y dar vida á ese concepto fundamental, dentro del mismo derecho civil sustantivo, y al extraerlo de este molde, para llevarlo al del adjetivo ó procesal, surgen como corolarios, otros aspectos del problema, que, por ahora, reduciremos á dos: uno, que se relaciona con las formalidades requeridas para autorizar la venta; y otro, que alude á los efectos de la transmisión de los bienes, teniendo ambos origen en las citas que la ley de Enjuiciamiento y el Código civil hacen á la ley Hipotecaria.
De ellos, pues, voy á ocuparme, siquiera concretándome hoy á la enajenación que se pretenda ó solicite por el padre ó por la madre. La de bienes de menores é incapacitados sometidos á tutela, merece capítulo aparte, y me propongo dedicárselo. Y lo haré, porque, á mi juicio, que