El Foro español (Madrid. 1898) (1914-11-20 00:00:00), página 11

Lo que se proveyó, una vez resuelto el incidente, fue el nombramiento de Abogado y Procurador de oficio para las diligencias sucesivas; pues la parte era insolvente.

Claro se ve que el alcance de estas determinaciones de la Sala es evitar que, á pretexto de las renuncias de los defensores, se difiera indebidamente la resolución del recurso. Y, saliendo al paso de la objeción que cabe formular, aduciendo que puede el propio interesado retirar á tiempo (á tiempo para él) el poder ó encargo que hubiere conferido á aquéllos, he aquí la providencia que, en su caso, se dicta: «Dado el estado de los autos, no ha lugar.»

Quede, pues, sentado, que no son eficaces, ya que no se tienen por hechas, las renuncias de Abogados ó Procuradores ni las sustituciones de éstos cuando impliquen la suspensión de una vista señalada.

VIII

Fallecimiento de recurrentes y recurridos.

Si durante la sustanciación de un recurso fallece el particular recurrente ó recurrido, debe el Procurador aportar á los autos la correspondiente certificación del Registro civil.

La Sala, en su vista, hace saber á los herederos y causahabientes del fallecido, por conducto del Tribunal sentenciador, que pueden personarse ante ella en el término de treinta días, para hacer uso de su derecho.

He aquí los textos legales aplicables al caso:

Artículo 132 del Código penal: «La responsabilidad penal se extingue: 1.º Por la muerte del reo, en cuanto á las penas personales, siempre; y respecto á las pecuniarias, sólo cuando á su fallecimiento no hubiere recaído sentencia firme....»

Artículo 276 de la ley de Enjuiciamiento: «Se tendrá también por abandonada la querella cuando, por muerte ó por haberse incapacitado el querellante para continuar la acción, no compareciere ninguno de sus herederos ó representantes legales á sostenerla dentro de los treinta días siguientes á la citación que al efecto se les hará dándoles conocimiento de la querella.»

Artículo 541. «Se cancelará la fianza:..... 4.º Por muerte del procesado, estando pendiente la causa.»

La cualidad de causahabientes y herederos ha de acreditarse documentalmente por los interesados que comparezcan ante la Sala. Si, tratándose de un recurrente fallecido, no comparecen éstos dentro del plazo concedido, ó comparecen para desistir de la prosecución de las diligencias, se pone término á éstas con el correspondiente auto de deserción ó desistimiento, en el que, en su caso, se ordena la entrega íntegra ó parcial del depósito, según que las partes hayan sido ó no citadas para la decisión del recurso.

Si se trata de parte acusadora recurrida, se entiende abandonado el derecho de quien ó quienes puedan ejercitarlo, si dejan transcurrir el plazo sin comparecer.

XI

Costas.

En lo que se refiere á honorarios y derechos de Abogados y Procuradores que de oficio se nombran á enjuiciando recurridos, ha variado la práctica que se venía observando.

Sólo cuando el acusador recurrente era condenado en las costas que había lugar á exigir por no estar declarada su insolvenza, se reconocía á aquéllos el derecho á la reclamación de las correspondientes cantidades que se incluían, como se siguen incluyendo, en las tasaciones respectivas.

Cuando las costas se declaraban de oficio y cuando la parte acusadora condenada á su pago era insolvente, se denegaba el indicado derecho, no sin las inspiraciones de muy aceptable lógica, pues exigir al recurrente el pago de cantidades que el artículo 241 califica de «costas» además de ilegal, envolvía una contradicción manifiesta con aquella declaración; y reclamar esas mismas cantidades al propio recurrido en cuya defensa y representación se devengaron, bien podía estimarse improcedente si se atendía sólo á que el Abogado y el Procurador de ese recurrido le fueron nombrados de oficio, por ministerio de la ley, y que tales honorarios y derechos no se devengaron á instancia suya, pues permaneció inactivo, sino por mandato de la misma ley y con ocasión de la actitud de la parte acusadora recurrente.

Pero el artículo 121 determina: «Todos los que sean parte en una causa, si no estuvieren declarados pobres, tendrán obligación de satisfacer los derechos de los Procuradores que les representen, los honorarios de los Abogados que les defendan...»

Y ciñéndose más al punto en cuestión, puesto que está redactado para «cuando las costas se declaren de oficio», el párrafo segundo del artículo 242 dice: «Los Procuradores y Abogados que hubieren representado y defendido á cualquiera de las partes, y los testigos y peritos que hubiesen declarado á su instancia, podrán exigir de aquél, si no hubiese obtenido el beneficio de pobreza, el abono de los derechos, honorarios, indemnizaciones...»

Adaptables, como son, estos dos artículos á las diligenencias de un recurso, y careciendo la ley de otros preceptos que los desvirtúen, en ellos ha venido á fundarse la admisión de las oportunas peticiones para reclamar de las partes recurridas, no declaradas pobres, el abono de los honorarios y derechos de quienes las defendieron y representaron ante la Sala. Acaso haya tenido ésta, además, en cuenta, para adoptar ese criterio que, si bien es cierto que el Abogado y el Procurador fueron de oficio designados, y que la cantidad por éstos devengada no fué á instancia de su patrocinado, sino por mandato de la ley, derivado de la actitud de la parte acusadora, no es menos cierto que tal actitud tiene su origen y antecedente determinante en el hecho inicial de las diligencias, del que no puede considerarse desligado al recurrido.