El Foro español (Madrid. 1898) (1914-03-10 00:00:00), página 6

El recurrente, al formalizar su demanda, citó como fundamentos de derecho los considerandos de la resolución recurrida, salvo el último; el párrafo 2.º del art. 11 de la ley de 12 de Junio de 1911, el 18 de la Constitución, el 5.º del Código civil y las sentencias del Tribunal Supremo de 29 de Septiembre y de 5 de Octubre de 1878, y las del Tribunal de lo contencioso de 18 y 20 de Noviembre de 1889.

En la sentencia del Tribunal provincial que se inserta en su parte fundamental más adelante se sostiene que el Reglamento es obligatorio para las autoridades de todos los órdenes, y que no modifica, restringe ni contradice los artículos de la ley á que hace relación, sino que para explicar cuándo se ha de entender que el local se halla exclusivamente destinado al ejercicio de una industria, determina como condición precisa que haya en él instalados talleres, almacenes ó tiendas, con lo demás que en el Considerando correspondiente se expresa.

Esto es, á nuestro entender, una restricción manifiesta de la ley, puesto que la misma, en su art. 11, apartado B), no distingue entre industrias de esta ó de la otra clase cuando dispone que «los locales destinados exclusivamente al ejercicio de la industria ó del comercio estarán SIEMPRE (lo que equivale á decir, en todo caso), exentos del arbitrio de inquilinato».

El Reglamento provisional, aprobado sin oír al Consejo de Estado, en ese su art. 84, letra a), párrafo último, distingue entre industrias ó comercios instalados en talleres, almacenes ó tiendas que «racionalmente excluyan la posibilidad de ocupación del local como habitación», y profesiones, artes ó industrias comprendidos en las tarifas de contribución industrial y de comercio, pero que se ejerzan en locales que «puedan ser utilizados simultáneamente como viviendas».

La rectificación está á la vista y sobre todo el artificio absurdo de confundir la posibilidad y la racional exclusión de ella, con la ocupación ó utilización real y efectiva. Aquí el Reglamento, no cabe duda, legisla, crea una categoría de industrias y comercios separada de las otras industrias por una posibilidad racional, que quiere tanto como decir por una sospecha ó un temor de futuro fraude, para cuyo descubrimiento se considera impotente ó le parece más cómodo no tener que dedicarse á perseguir y vigilar.

Así lo ha comprendido la misma Administración general del Estado, el Tribunal gubernativo de Hacienda, la Dirección general de Propiedades e Impuestos y la de lo Contencioso—para estas inteligencias del Reglamento menos papistas que el Tribunal provincial de lo Contencioso-administrativo—, por su Real orden de 28 de Agosto de 1913, resolviendo un recurso de alzada del Alcalde Presidente del Ayuntamiento de esta Corte contra el fallo de la Delegación de Hacienda de esta provincia en el expediente promovido por la Compañía «E. Sáinz é Hijos» respecto de la quota que se le asignó como arbitrio de inquilinato por el local que ocupa en un piso entresuelo de la calle de Alcalá, pero que no destina á vivienda sino al ejercicio de una industria: la de casa de bancos.

La Dirección general de Propiedades, en su informe, llegó á declarar que el tributo afecta á las viviendas, pero no á los locales en su amplio sentido, destinados á la industria ó al comercio, «en cuyo concepto está comprendido el de referencia según la Academia española».

Todo eso de la racionalidad y de la posibilidad es una invención diabólica y logomáquica, que sólo tiende á involucrar, para, á través de la milieta que levanta, proceder á la exacción de un arbitrio contra quienes no ha querido la ley que lo satisfagan.

Vivienda puede ser una tienda con puerta de calle, y hay muchas alquiladas por familias que las utilizan en vez de cuartos bajos, y puede ocuparse también para vivir y habitar un taller ó un almacén, y de hecho existen multitud de comercios en pisos entresuelos y principales, como antes en Madrid estaban las Notarias y Escribanías en tiendas, y en provincias existen aún esas instalaciones en planta baja, incluso oficinas de Registros de la propiedad y bufetes de Abogados, despachos de Procuradores, etc.

¿Dónde está la característica, la divisoria externa, entre viviendas y locales de industrias, sino en el capricho de quien redactara ese precepto reglamentario ensanchando la superficie de la red y haciendo la malla más estrecha?

Pero demos á conocer lo declarado por el Tribunal gubernativo del Ministerio de Hacienda en el expediente de los Sres. Sáinz é Hijos en los siguientes fundamentos:

«Considerando que en cuanto al fondo de la cuestión es evidente que el local destinado á oficinas por la casa de banca «E. Sáinz é Hijos», no tiene aplicación ni se habita por nadie, punto concreto que no niega el Ayuntamiento de Madrid, puesto que basa su argumentación en el concepto que las oficinas tengan á los efectos tributarios.

»Considerando que el art. 11 de la ley citada (12 de Junio de 1911), no ofrece lugar á dudas en cuanto á la materia ó objeto del impuesto, pues son los edificios destinados á la vivienda como consecuencia del carácter de aquel que sustituye el de consumos y afecta á las personas que, en su caso, lo satisfacen.

»Considerando que dicho precepto excluye los locales destinados exclusivamente al ejercicio de la industria ó al comercio, disposición que se reproduce en el núm. 2.º, artículo 84 del Reglamento de 29 de Junio de 1911 que cita como tales los talleres, almacenes ó tiendas, pero sin que pretenda, dados sus términos, excluir á los que no tengan alguno de los tres dichos caracteres, ya que al expresarlos no define sino que cita algunos de los que son objeto de la exención general.

»Considerando que, de no entenderse así la exención, no tendría el alcance que se propuso darla el legislador, y su voluntad de favorecer la industria y el comercio chocaría en muchos casos con el nombre ó carácter del local, por no corresponder exactamente á una de dichas tres denominaciones, criterio estrecho que se opone á la idea amplia de protección del trabajo industrial y comercial en beneficio del bienestar y riqueza de los residentes en el Municipio.

»Considerando que la posibilidad que indica el Ayuntamiento de que alguien habite ó pueda habitar en dichas oficinas, no debe erigirse en norma de conducta, debiendo el que resuelve atenerse á los hechos ciertos y comprobados sin adoptar su resolución, que daña económicamente