El Foro español (Madrid. 1898) (1914-04-30 00:00:00), página 13

Derecho todas las acciones transmitidas por los segundos á los primeros, sin más restricción que la de terminar la edición económica que por entonces tenían comenzada á publicar los cedentes; no ofrece duda alguna, que habiéndose otorgado dicha escritura bajo el régimen y vigencia de la ley de Propiedad literaria de 10 de Junio de 1847, á sus dictados tenía que ajustarse y quedó sometido el aludido contrato, dado que, á tenor de los artículos 5.º y 7.º de indicada ley, pudieron pactar los cedentes, y conforme al art. 23 entró el cesionario en el pleno goce y disfrute de la exclusiva propiedad de la obra referida, con los mismos derechos y facultades que, mientras vivió, correspondieron á su autor, que al fallecer pasarán á sus herederos los aquí vendedores, y éstos han enajenado;

Y que el derecho no existente en la ley antes citada, y creado como nuevo por el art. 32 de la de Propiedad intelectual, fecha 10 de Enero de 1879, hoy vigente, de poder publicar en colección las obras de autor ó traductor, aunque las hubiere enajenado, no cabe invocarlo en el caso citado, pues ya porque esta última ley no concede á ninguno de sus preceptos efecto retroactivo, y por tanto, ni los contratantes en la escritura, ni menos ninguna otra persona, pueden alegar un derecho que no les asiste, ni de consiguiente ha podido tampoco ser transmitido á nadie por aquéllos, porque ese nuevo derecho instituido en el expresado artículo 32, es patente con sólo tener en cuenta que el artículo 52 de la vigente ley hace la explícita reserva de los derechos adquiridos bajo la acción de las leyes anteriores, y la rúbrica y corrobora el art. 20 del Reglamento, fecha 3 de Septiembre de 1880, determinando que el repetido derecho creado por el art. 32 de la ley, ha de entenderse salvo pacto en contrario, de todo lo cual viene á derivarse, que adquirida legal y legítimamente durante el plazo en la ley establecido, la propiedad absoluta de la obra literaria en cuestión, nadie puede perturbar al comprador en aquélla, ni está facultado para publicar esta en colección ó separadamente, y que al declararlo así la sentencia recurrida, lejos de incurrir en la interpretación aplican rectamente los preceptos legales.

Pagos de servicios.—Acción personal.—Sentencia de 27 de Junio. (Gaceta de 26 de Julio de 1913.)—Consigna que si bien por regla general el pago de servicios que han sido objeto de un contrato debe realizarse en el punto donde necesariamente se prestaron, conforme á la jurisprudencia del Tribunal Supremo, también es cierto que aun cuando conste la indudable existencia de aquéllos y no así que fueron pactados entre el mandante y la persona que afirma haberlos llevado á efecto, sino con otra distinta, sin que haya principio de prueba revelador de que la última gestionara con el carácter de dependiente ó representante de aquélla, es visto que se está en el caso de una reclamación no contractual, á la que debe aplicarse el principio general que sienta el parágrafo 3.º del artículo 1.171 del Código Civil, á tenor del que ha de entenderse lugar de pago el del domicilio del supuesto deudor.

Nulidad de contrato—Rescisión de venta.—Insolvencia fraudulenta.—Prescripción de acciones.—Sentencia de 28 de Junio. (Gaceta de 26 de Julio de 1913.)—Resolve que en el caso de un individuo que después de firmar un pagaré á favor de otro otorga una escritura pública de venta de todos sus bienes á favor de un tercero, la sentencia que declara rescindido y sin ningún valor ni eficacia legal dicho contrato de compraventa como hecho en perjuicio de acreedores no infringe los artículos I, III, caso 3.º del 1.291 y 1.294 del Código Civil, ni la doctrina establecida en las sentencias de 9 de Mayo de 1896 y 9 de Noviembre de 1901, cuya infracción se funda en el supuesto de no haber alegado ni probado al acreedor la insolvencia en que quedara el deudor y la imposibilidad por parte del primero de poder hacer efectivo el crédito sobre otros bienes que los comprendidos en la venta cuya rescisión pretende:

Que no resulta infringido el art. 1.111 del Código Civil, en un caso como el citado, porque su finalidad, como expresa su texto, es la de conceder al acreedor la facultad de ejercitar en sustitución de su deudor todos los derechos y acciones que á éste correspondan para realizar cuanto se le deba, y la condición debe haberse perseguido antes los bienes de que esté en posesión, es muy diferente de la necesidad que se supone de probar la total insolvencia, pues de otra suerte resultaría irrisoria aquella facultad incompatible con la absoluta carencia de bienes, y por esto, el propio artículo expresa puede el acreedor impugnar los actos ejecutados por su deudor en fraude de su derecho, actos que tienen que referirse forzosamente á bienes en los que había perdido la posesión por haber transmitido su dominio:

Que tanto el estado de insolvencia como la imposibilidad de que el acreedor obre por otro medio que el de la rescisión de los contratos realizados en fraude, son puntos de hecho de la exclusiva apreciación de la Sala sentenciadora, y no alegándose en el recurso error de hecho ni citándose documento auténtico que lo demuestre y contrarrestando aquella apreciación formada como elemento interno del fallo por el estudio de la prueba en conjunto, que no pudo llevarse á efecto, y estimada en su virtud por el Tribunal á que la concurrencia del fraude, no existen términos hábiles para casar la resolución recurrida, fundándose en la implicación del número 3.º del art. 1.291 del citado Código:

Que el precepto del art. 1.294 es inaplicable á un caso como el de que se trata máxime habiéndose negado la deuda, porque la prohibición de ejercitar la acción rescisoria cuando el perjudicado tenga otro recurso legal para obtener la reparación del perjuicio, presupone el reconocimiento de éste, y negada la existencia de la deuda, es visto no podrá llegar á la discusión de la necesidad de rescindir determinados contratos, por ser éste el único medio de cobrar un crédito tachado de falso civilmente, aparte de que atendido el precepto imperativo de dicho artículo constituye una excepción producto de una falta de acción que debe oponerse por el deudor para impossibilitar la rescisión demostrando cuenta con otros bienes para pagar sin tener que acudirse al extremo de la rescisión, por cuyas consideraciones faltan los elementos indispensables para apreciar la infracción de dicho artículo y la de la doctrina legal invocada;

Y que la prescripción de acciones es extensiva de la obligación cuando procede es incumbe alegarla y probarla al que la oponga con el fin de liberarse de la que se reclama, con sujeción al art. 1.214 del Código citado, y si no se invoca en el litigio, no cabe discutir ni resolver en casación acerca del motivo fundado en el precepto legal declarativo de una prescripción de acciones no excepcionada.

Competencia.—Obligaciones procedentes de los contratos.—Sumisión tácita.—Acción personal.—Sentencia de 28 de Junio. (Gaceta de 26 de Julio de 1913.)—Establece que cuan-