El Foro español (Madrid. 1898) (1914-05-20 00:00:00), página 4

mite como simples auxiliares del mismo y dignos en ese terreno de toda clase de respetos y prosperidades.

Una simple relación de esas disposiciones nos darán á conocer el descenso que para el Secretariado judicial significa el que sus dignísimos dependientes puedan llegar á ser señores:

El Real decreto de 13 de Abril de 1844.—Dispónia que se estableciesen en las capitales de las Audiencias territoriales, cátedras para la enseñanza de los que se dedicase á las carreras de Escribanos y Notarios, en las que se cursaran dos años escolásticos, uno de toda la parte de derecho civil español que tiene relación con el oficio de Escribano y otro de práctica forense y sustanciación civil y criminal y otorgamiento de documentos públicos.

Programa para la carrera del Notariado aprobado por Real decreto de 30 de Septiembre de 1858.—Exigía á más del título de bachiller, el estudio del derecho civil, mercantil y penal, y de la teoría y práctica de las actuaciones judiciales durante dos cursos por lo menos de lección diaria. Estos estudios fueron confirmados por Real decreto de 14 de Agosto de 1884.

Ley provisional sobre organización del Poder judicial. (Artículos 500 al 509).—Prescribe que los que aspiren á ingresar en el Secretariado han de tener las mismas condiciones que establece el art. 109 de la misma ley para ser Juez ó Magistrado, esto en términos generales, y más concretamente exige: 1.º, el título de licenciado en Derecho ó haber sido recibido como Abogado ó haber obtenido la habilitación necesaria para hacer oposiciones en virtud de los estudios y del examen previo que señalen los reglamentos; 2.º, la oposición como requisito indispensable rodeándola de todas aquellas garantías necesarias en cuanto á la formación del Tribunal, modo de hacer la propuesta, etc., etc., para que resulte más eficaz este medio de selección.

Reglamento de 10 de Abril de 1871.—Se da en él el necesario desarrollo á los preceptos citados de la ley Orgánica. En los artículos 25 y 26, dispone que los estudios necesarios para obtener la habilitación los que no tengan título de licenciado en Derecho, ni hayan sido recibidos como Abogados son: Instituciones de Derecho romano, Derecho político y civil, mercantil y penal de España, Derecho canónico y la Teoría y práctica de procedimientos judiciales en materia civil y criminal.

Además, en el Capítulo III de la Sección 2.ª se establece la forma de las oposiciones.

Real decreto de 20 de Mayo de 1891.—(Ar índices 4.º y 7.º) Reorganizando la carrera de Escribanos de actuaciones, se regula el ingreso en forma idéntica á la que queda expuesta, pues sobre este extremo se remite al Reglamento de 1871 de que ha hecho mención.

Real orden de 16 de Octubre de 1896.—Suspendió la aplicación de las disposiciones de la Sección 2.ª del Reglamento citado, y se dictaron reglas para los exámenes de ingreso, que no variaban sustancialmente los anteriores y ofrecían tantas garantías como éstas.

Real decreto de 5 de Febrero de 1903.—(Artículos 10 y 31) Se reconoce el derecho á ocupar Escribanías á los Oficiales de éstas con tres años de servicios en Escribanías de término, examen de aptitud, veinticinco años cumplidos y buena conducta moral. Este es el primero y célebre decreto que en este punto empezó á infringir la ley Orgánica.

Real decreto de 1.º de Junio de 1911.—Era el vigente en la materia en armonía con las disposiciones de la ley Orgánica, Reglamento del 71 y Real decreto orgánico de 20 de Mayo de 1891; no sólo establece la oposición como único medio de ingreso entre los que posean el Título de Doctor ó Licenciado en Derecho y reúnan las condiciones exigidas para ser Jueces y Magistrados, sino que será necesario haber practicado un año y saber taquigrafía. Además, para las Oposiciones regirá el mismo Programa que el de las de la Judicatura (artículos 8.º y 9.º).

Este decreto es el que ha sido derogado por la última disposición del Ministerio, abriendo un cuarto turno para los Oficiales de Escribanías.

¿Es posible, es legal, lo que se ha hecho? Evidentemente no, y los Secretarios judiciales harían bien en parar mientes en esto y poner remedio legal á ello.

Ese decreto como el de 1903 es contrario en ese punto á la ley, y no puede, no debe al menos prevalecer.

Quizá prevalezca por la apatía de la mayoría de los llamados Secretarios rurales y porque los grandes Secretarios, en general—hay muchas excepciones honrosas—están muy agradecidos á sus oficiales que tanto los descansan, pero con ello padece el prestigio de la clase y ya habrá de notarlo en lo sucesivo cuando de mejorar su clase se trate y más aún en el porvenir donde al tratar de alguna conquista de importancia habrán de tropezar con el pesado lastre de las distintas procedencias.

Apostillas á un Decreto(1)

(CONCLUSIÓN)

Examinadas las facultades que por el art. 616 de la ley Orgánica se confieren á las Salas de gobierno, se aprecia que, entre ellas, no se halla comprendida la de entender en el expediente á que el Real decreto se refiere; que se ordena que las Salas de gobierno ejercerán las atribuciones que la mencionada ley u otras especiales les confieran; que despacharán los negocios que las estén atribuidos; que se constituirán en Tribunal de justicia en los casos en que la ley Orgánica u otras lo ordenaren; y que desempeñarán los demás cargos que la mencionada u otras especiales les confieran. Ni la ley Orgánica ni otras especiales les confieren la atribución de despachar el negocio referido; ni en tal caso las ordenen constituirse en Tribunal de justicia; ni las confieren el desempeño del cargo de actuar en expediente de antejuicio para perseguir un delito cometido por un Secretario. Y el art. 622 de la propia ley Orgánica manda que en los negocios en que entiendan las Salas de gobierno, convirtiéndose en Tribunales de justicia, se arreglen á lo que prescriben las leyes de procedimiento. Y estas leyes no prescriben el trámite que el Real decreto indica; ni que las Salas de gobierno puedan entender en tales negocios.

(1) Véase el número anterior.