El Foro español (Madrid. 1898) (1914-06-30 00:00:00), página 9

con esta omisión se les ocasionaría perjuicios en su carrera, por la postergación que implica el servicio al Estado inabonable para su jubilación.

Viniendo gestionando desde entonces el logro de sus aspiraciones legítimas, hasta que en 10 de Julio del año próximo pasado el digno señor Presidente del Tribunal Supremo remitió al Ministerio de Gracia y Justicia la propuesta de ellos á los efectos indicados. Pero es de notar, sin embargo, que según las impresiones recibidas, parece ser que en la Sección correspondiente de dicho Ministerio se entorpeció el cumplimiento de tal requisito, sin duda por la discrepancia de criterio del Jefe de la misma, tanto más extraña, cuanto que todas estas formalidades se han llevado á cabo sin dificultad alguna, y con la mayor exactitud desde el año 1879 hasta la última propuesta colectiva hecha por el Presidente de la Audiencia de Madrid respecto de su personal en Octubre de 1910.

Después se han confirmado otros dos nombramientos en el Tribunal Supremo, cuyos interesados debieron obtener el apoyo de personas influyentes que al defender sus derechos lograron para sus patrocinados el reconocimiento de lo que los compañeros á éstos gestionan ahora.

Pero no es esto lo más curioso, sino que el ilustrado Jefe de Sección aludido, hizo entender á los interesados que dichas disposiciones oficiales efectivamente están en vigor, pero no se puede acceder á esta pretensión por carecer de derecho á lo que solicitan, y que si bien se ha venido practicando hasta la fecha tal requisito, lo ha sido indebidamente, lo cual no es una razón para que se continúen concediendo esta clase de confirmaciones, notoriamente perjudiciales á los intereses del Estado.

Está bien; pero ahora se nos ocurre preguntar: ¿Existe una legislación especial para estos funcionarios?

Pues sí existe, y no cabría existir, ¿por qué no se derogaron las disposiciones oficiales á raíz de su publicación? Sobrados motivos tiene el Estado dentro de la legislación administrativa para hacerlo.

No se hizo así; pues ya han causado estado y tienen fuerza legal obligatoria, á tenor de lo preceptuado en la Ley Contencioso-administrativa.

¿Se quieren derogar hoy? Pues hágase en buena hora, bien entendido que su efecto sería para lo futuro, pues á estos funcionarios no se les puede legalmente negar un derecho reconocido al amparo de la legislación vigente, porque de lo contrario habría también que anular todas las confirmaciones hechas al personal de los referidos Centros oficiales desde el año 1879 hasta la fecha, á lo cual también se opone la misma Ley de lo Contencioso y la jurisprudencia sentada en esta materia.

Para terminar; nosotros esperamos que, penetrados todos de la justicia que asiste á estos modestos empleados y en obsequio al decoro y prestigio de la Administración Pública, se dictará una resolución favorable ó negativa debidamente fundada, con la cual queda zanjado asunto tan engorroso.

No dudamos que el señor Presidente del Tribunal Supremo sabrá defender el derecho que asiste á sus subordinados, logrando recabar del buen criterio del Ministro del ramo, que se conviertan en realidades las esperanzas, á nuestro juicio legítimas, de estos funcionarios.

Hasta aquí lo que escribíamos en 1912 y ahora veremos si el Gobierno del Sr. Dato quiere hacer algo en el sentido indicado.

Sería justo.

NOTICIAS

El incidente de la Sección primera.

La Junta de Gobierno del Colegio de Abogados se ha ocupado en su última reunión del incidente ocurrido en la Sección primera entre el Presidente accidental de la misma, Sr. Cedrún, y el Secretario de dicha Corporación, Sr. Castillejo, adoptándose el acuerdo de dirigir un oficio al Presidente de la Audiencia, dándole cuenta de lo sucedido.

En dicho oficio se relatan los hechos y se hace constar que, deseando la Junta de Gobierno poseer conocimiento imparcial y exacto de los incidentes que pudieran ocurrir con los Letrados que informan en las Salas de Justicia, acordó hace algún tiempo que el Secretario de esta Corporación se avisara con los Presidentes de dichas Salas en cuanto tuviese noticia de alguno de aquellos incidentes, y habiendo tenido que intervenir recientemente en dos casos, ha sido siempre acogido con la más exquisita cortesía, facilitándole el cumplimiento de su misión y resultando luego de ello haber encontrado esta Junta motivo bastante para amonestar á los Letrados que los promovieron.

Lamentase á continuación el que el Secretario del Colegio de Abogados no fuese recibido ni atendido de igual modo por el Sr. Cedrún, quien no sólo se negó rotundamente á dar ningún informe, sino que además ordenó al Relator hiciese constar en acta que el Sr. Castillejo había pretendido coaccionar á la Sala.

Póuese de resalto que el Secretario agradó á que se suspendiera el juicio y desalojase el público el local, y no penetró en la Sala hasta que obtuvo la autorización del Presidente.

Termina el oficio, que va firmado por el Decano, manifestando el sentimiento con que la Junta de Gobierno ha visto la injustificada actitud para el Colegio del referido Magistrado, y significando al Presidente de la Audiencia el deseo de que por las Salas de Justicia de esta Audiencia se tenga en cuenta la necesidad en que se encuentra la Junta de Gobierno de cumplir los deberes que le impone el artículo 37 de sus Estatutos, á fin de que puedan los Abogados encontrar las facilidades precisas para el cumplimiento de su misión.

Personal de la Magistratura.

Ha sido jubilado, á su instancia, D. Alejandro Rodríguez Silva, Magistrado de la Audiencia territorial de Granada.

Han sido trasladados: á la plaza de Fiscal de la Audiencia territorial de la Coruña, D. Juan Francisco Fornies, que sirve igual cargo en la de Las Palmas; á esta plaza, don Segundo Isaac de las Pozas, electo de la de la Coruña; á la de Magistrado de la Territorial de Granada, D. José Tellería, que lo es de la de Las Palmas, electo.