El Foro español (Madrid. 1898) (1914-04-20 00:00:00), página 13

disponer de ellos, y de admitirse el supuesto contrario, se desconocería el carácter patrimonial de las obligaciones de los deudores constituidos en aquel estado consignadas en el art. 1.911 de dicho Código, y por ello una vez nombrados los Síndicos en el juicio universal expresado debe hacerseles entrega de cuantos bienes presentes y futuros constituyan la masa, para su administración y demás fines legales.

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Cláusulas penales de los contratos.—Préstamo usurario.—Sentencia de 19 de Junio. (Gacetas de 18 y 20 de Julio de 1913.)—Consigna que por ser inmegalable la facultad que todos tienen de convenir cláusulas penales contractuales si éstas no son imposibles de cumplir ó contrarias á las buenas costumbres, no es permitido confundirlas, en su aplicación, con las prescripciones represivas de la usura, en que, para el mejor orden social y privado, se inspiró la ley de 28 de Julio de 1908, por cuanto las primeras afectan al incumplimiento voluntario de una obligación principal contraída con el verdadero y conocido propósito de compensar la falta de pago de determinada deuda exigible, según lo contratado, después de transcurrido el plazo marcado; mientras las disposiciones de aquella ley tienden ya en principio, haya ó no convención escrita, á reparar las consecuencias que, repugnantes y opuestas á la moral, soporta un deudor cediendo á circunstancias excepcionales por que atraviesa, de las cuales el prestamista usurero es inconsiderado suele, con bastante frecuencia todavía, aprovecharse sin reparos para obtener, durante está privado del capital prestado, una remuneración por lo anormal harto excesiva, si es que no se da trazas á la vez de reunir los intereses que vayan venciendo, á la cantidad principal, con el propósito de formar un nuevo capital más y más productivo aún.

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Competencia.—Compraventa.—Acción personal.—Sentencia de 20 de Junio. (Gaceta de 20 de Julio de 1913.)—Resuelve que dada la negativa del demandado respecto á la existencia del contrato de compraventa de géneros de comercio, y hasta del recibo de la cosa cuyo precio se reclama, la ausencia de un principio de prueba corroborante de aquéllas impone la aplicación del último párrafo del art. 1.171 del Código Civil, y de conformidad al mismo y á la regla 1.º del 62 de la ley de Enjuiciamiento, ha de decidirse la contienda en favor del fuero del demandado y presunto deudor, por ser el en que procederá en su caso el cumplimiento de la obligación.

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Competencia.—Compraventa.—Acción personal.—Sentencia de 20 de Junio. (Gaceta de 20 de Julio de 1913.)—Resuelve que para decidir las cuestiones de competencia, que por el ejercicio de acciones personales surjan entre los Jueces y Tribunales, ha de atenderse á las condiciones consignadas en los contratos que las partes hayan celebrado entre sí, y no á las que aleguen los que resulten extraños á los mismos, siquiera contribuyeran de cualquier manera á su cumplimiento;

Y que si el comprador de la mercancía, cuyo pago se reclama, la adquirió de un tercero, sin que conste que éste obrara con el carácter de comisionista del actor, ni las condiciones con que la compraventa se verificara, y ateniéndose al único dato existente de que el género fue entregado al demandado en su domicilio, de conformidad á lo dispuesto en el párrafo 2.º del art. 1.500 del Código Civil, en relación con la regla 1.ª del 62 de la ley de Enjuiciamiento, procede decidir la contienda en favor del fuero del presente deudor.

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Otra de igual fecha inserta en la Gaceta del mismo día, sienta idéntica doctrina.

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Derecho foral.—Arrogación en Cataluña.—Donación hecha en escritura de capitulaciones matrimoniales.—Sentencia de 24 de Junio. (Gacetas de 20, 21 y 22 de Julio.)—Sirven de antecedentes del recurso los siguientes:

Con motivo del matrimonio de un individuo, los padres de éste otorgaron á su favor la oportuna escritura de donación y heredamiento universal, con la condición, entre otras, de que si muriese sin hijos legítimos y naturales ó con tales, que ninguno de ellos llegue á la edad de testar, únicamente podrá disponer á su libre voluntad y como en pago de su legítima de una parte limitada de los bienes donados:

El donatario y su consorte solicitaron años más tarde la instrucción de un expediente de arrogación de un impúber, hijo de padres desconocidos, cuya instancia informada en forma motivó la consiguiente real autorización para efectuar la arrogación solicitada, ordenando el otorgamiento de la correspondiente escritura pública, que en efecto se otorgó al donatario sin intervención de su esposa ni del arrogado, no constando que de ella se tomara anotación en el Registro civil:

Fallecido el donatario sin testar y sin dejar sucesión, el arrogado solicitó y obtuvo á su favor la declaración de heredero abintestato de aquél, y esta declaración es la que se impugna en el pleito que motivó el presente recurso por un pariente del donatario, sosteniendo que la arrogación no es válida por no haber intervenido en el otorgamiento de la escritura ni la supuesta arrogante ni el arrogado ó persona á quien le compitiése prestar el consentimiento mediante la limitada capacidad de aquél por razón de edad; y que tampoco podía el arrogado poseer los bienes del arrogador que adquirió de sus padres por donación y heredamiento universal, por quedar pendientes de la condición resolutoria de fallecer con hijos legítimos y naturales que llegasen á la edad de testar, para en tal caso poder transmitir el libre y pleno dominio de los bienes donados, y que de no concurrir este caso, sólo le correspondía la parte de los bienes donados limitada y destinada á pago de su legítima y demás derechos hereditarios; pues aunque los arrogados se equiparan á los hijos legítimos y en tal concepto, aun dando la arrogación por buena y aun cuando por ella deba equipararse el arrogado al hijo legítimo, no por ello podía decirse que había quedado cumplida aquélla condición, puesto que, según ella, los hijos habían de ser legítimos ó naturales, cualidad esta última que no admite sustituciones, puesto que deriva del nacimiento.

Seguido el juicio por sus trámites en ambas instancias, se declaró improcedente la demanda, é interpuso por el actor recurso de casación por infracción de ley, el Tribunal Supremo lo desestima declarando que, en armonía con las prescripciones del Derecho romano, aplicable en Cataluña, que señala como condiciones precisas para la arrogación del impúber por rescripto imperial la práctica de una investigación sobre la razón que para ello se invoque, así como de la conveniencia para el pupilo, el otorgamiento de caución para la restitución de bienes en determinadas cir-