El Foro español (Madrid. 1898) (1914-03-10 00:00:00), página 8

de todo el piso tercero izquierda de la casa núm. 52 de la calle de Alcalá, en el que no hay instalado taller, tienda ni almacén, sino un despacho de Abogado, es indudable que puede ser utilizado simultáneamente como vivienda, sin que, por otra parte, haya hecho prueba alguna el actor para acreditar que el local se halla exclusivamente destinado al ejercicio de la profesión de Abogado, y que todas sus diferentes piezas no pueden racionalmente ser ocupadas como habitación.

»Considerando que por todo lo expuesto procede confirmar la citada resolución, absolviento á la Administración de la demanda deducida por D. Antonio Gabriel Rodríguez Villalonga, sin que haya méritos para estimar temeridad en el actor á los efectos de la imposición de costas.

»Fellamos que debemos absolver y absolvemos á la Administración de la demanda interpuesta por D. Antonio Gabriel Rodríguez Villalonga, contra el acuerdo del Sr. Delegado de Hacienda de esta provincia de 8 de Abril de 1913, que deniega la exención del impuesto de inquilinato á favor del piso tercero izquierda de la casa núm. 52 moderno de la calle de Alcalá de esta Corte, destinado al ejercicio de la Abogacía, cuyo acuerdo confir- mamos sin hacer express imposición de costas causadas en el presente recurso.—Así por esta nuestra sentencia lo pronunciamos, mandamos y firmamos.—Toledo.—Ernesto Jiménez.—Alfredo Souto.—J. Aguilar López.—Gabriel López Oías.»

Estos respetables señores son: el Presidente de esta Audiencia territorial, dos Magistrados de la Sala de lo civil de la misma y dos Diputados provinciales Letrados (artículo 15 de la Ley de la Jurisdicción contencioso-administrativa).

DE VENTA
Un Diccionario de Administración Española, de Alembilla, completo, hasta 1913, incluso los tomos agotados. Se da razón en la Administración de EL FORO ESPAÑOL. Muy económico.

Leyes de Minas en los países españoles.

(CONCLUSIÓN)

Responde el proyecto á lo que de toda codificación científica ha dicho «Thibaut», el más entusiasta campesín de la escuela codificadora. Es reunión en un cuerpo legal con unidad de tiempo y de criterio, de todas las disposiciones referentes á la rama del derecho minero, bajo un conjunto orgánico en que con orden y acierto en dos libros, varios títulos y capítulos y 317 artículos recopila y legisla acerca de todas las cuestiones que cabe señalar dentro de la previsión humana.

El libro I trata del dominio, clasificación y aprovechamiento de las sustancias minerales, que divide en cuatro secciones: Piedras, menas, combustibles y aguas, no cerrando la puerta para incluir ó cambiar nuevas sustancias en esta clasificación si se descubren ó comercialmen- te se aprovechan por vez primera ó se modifica su utilización.

Consagra el título II, con seis capítulos, á la exposición de todo lo relativo al aprovechamiento de las sustancias minerales, distinguiendo entre las investigaciones y concesiones mineras y dictando reglas apropiadas para cada una, así como sobre demarcaciones, deslinde y rectificaciones, esoriales y terreros, aguas subterráneas y establecimientos de preparación y beneficio de minerales.

El título III, en tres capítulos, legisla sobre las formalidades que garantizan la existencia de las concesiones mineras, de los permisos de investigación y de la extinción de las unas ó de los otros. Especifica la forma, requisitos y entrega de los títulos de concesión, imponiendo como obligación la de inscribirlos en el Registro de la propiedad, principio contradictorio con el de la legislación general hipotecaria, aplicable por la índole de este dominio y por las consecuencias jurídicas que el legislador establece en el Código para los casos de cancelación y caducidad. Las reglas para la primera inscripción de las concesiones mineras son muy completas, y es digno de todo elogio el precepto de que no podrán tramitarse en los Juzgados ni inscribirse expedientes posesorios de concesiones mineras. La cancelación de expedientes de tales concesiones y la caducidad de permisos de investigación es materia bien desarrollada por el Código y hasta donde es factible se han previsto todos los casos que pueden ocurrir en la práctica.

El libro II: «Derechos mineros e intervención del Estado en la explotación», en el título I: «Disposiciones generales» y en otros tres capítulos, desenvuelve el principio obligatorio de laborear las concesiones mineras á partir de un período improrrogable llamado de estudio y preparación del criadero, que es mayor ó menor según los minerales á explotar. Este principio se completa con la obligación absoluta de no suspender el laboreo una vez comenzada la explotación, hasta el extremo de que las suspensiones prolongadas se consideran como abandono ó renuncia de la concesión y las temporales se castigan con multas gubernativas. Se autoriza la formación de cotos mineros ó sea la agrupación de varias concesiones de una misma zona pertenecientes á un solo propietario y se puntualizan los derechos y deberes de los mineros en todos los órdenes que afectan á su protección y á sus relaciones con el Estado, con los particulares y con los obreros.

El título II del libro II contiene sabias disposiciones sobre expropiación forzosa, caladas en la orientación jurídica que con anterioridad se ha expuesto y agrupadas en cuatro capítulos: declaración de utilidad pública para los casos especiales señalados; necesidad de la ocupación del inmueble á expropiar; justiprecio; pago del precio y forma y condiciones de la transmisión. Conoce también por el capítulo VI derecho á las ocupaciones temporales bajo las reglas que estatuye y señala en el séptimo los casos de ocupaciones de labores mineras por causa de interés general y la manera y forma de lograrlas y de indemnizarlas.

El título III del libro II lo dedica á la intervención del Estado en la explotación minera, y en el capítulo I regula todo lo relativo al contrato del trabajo en las minas bajo todos sus aspectos y condiciones; reconoce á los obre-