El Foro español (Madrid. 1898) (1914-09-30 00:00:00), página 4

picación de la persona á quien ahora nos dirigimos no requiere mayores explicaciones.

Es la primera, la creación de un libro en todos los Juzgados de primera instancia y Audiencias (donde hubiera más de un Juzgado bastaría con un solo libro para todos que se podrá llevar en el Decanato) y donde cuantos intervienen en la Administración de Justicia, incluso los litigantes, pudieran hacer constar en términos breves las deficiencias observadas en la aplicación de las leyes, de las que se haría un extracto anual para poderlo tener en cuenta en la reforma de las mismas. Esto sería mil veces más práctico, que los informes que en su caso se piden, que por lo general se emiten demasiado empíricamente y olvidando infinidad de casos que en la práctica se dieron.

Otra reforma es la creación de un registro público de poderes vigentes donde al contratar por medio de apoderado pueda todo el mundo cerciorarse ó acreditar por medio del oportuno certificado que en el momento de contratar no se halla aquél revocado.

Y finalmente, que al extenderse las diligencias judiciales así como á la conclusión de todo escrito se haga constar, á semejanza de lo que se hace en las escrituras, el número y clase de los pliegos y hojas en que están extendidos, con lo cual queda imposibilitada toda posible suplantación y se acabaría con la perniciosa costumbre de firmar en blanco, que prueba la buenísima fe de la curia por regla general, pero que no es de la que deben quedar pendientes los litigantes sino más bien de las garantías que dé la Ley.

Y nada más. ¿Para qué añadir argumentos en apoyo de lo que por su simple enunciación queda defendido? El Sr. Dato se percatará de momento de que no es ninguna tontería lo que pedimos, y confiamos en que hará algo más que reconocerlo y cruzarse de brazos: esto lo hicieron ya sus predecesores. Nosotros insistimos, y esperamos que dedique media hora á redactar tres decretos; no se necesita más tiempo ni más trabajo, y sin embargo ni tuvieron aquél ni se tomaron éste los Ministros que, reconociendo la gran utilidad de lo pedido, dejaron el hacerlo para mañana. Que el mañana ese sea hoy, es lo que á muy poca costa puede hacer el Sr. Dato. ¿Lo hará? Creemos que sí, pensando en la persona de D. Eduardo; fijándonos en lo que de político tiene, no lo sabemos. ¡Es tan de político español el no hacer nada!

No obstante, porque confiamos repetimos el ruego y hasta casi nos permitimos esperar que esta vez será atendido.

¿No es verdad, Sr. Dato?
Así sea,

DERECHO ORGANICO
(CONTINUACIÓN)

Aprobado este primer ejercicio, los opositores deberían completar la parte teórica con otro en que con preparación conveniente y auxiliados de los libros que estimasen oportuno, disertasen como máximo media hora sobre una cuestión de Derecho civil, mercantil ó procesal, que la suerte le designase, cuyo cuestionario figuraría oportunamente en el programa. No hay para qué insistir en que ese esencial ejercicio teórico evidenciaría la altura de conocimientos del opositor; ejercitando, finalmente, en el práctico en la forma prevista por el actual reglamento.

Oponer apremios de tiempo obstativos á que las oposiciones sean algo más que un examen de prueba de curso y no un torneo donde resulte vencedor el mejor entre los mejores, garantizando así la cultura de los Jueces, parecemos un argumento por todo extremo pueril y deslizable, pues con sólo combinar que los ejercicios empiecen en el mes de Octubre y admitida sin discusión la merítima actividad del Tribunal calificador, sobraría tiempo hábil para terminarlos antes de las vacaciones de verano, sin contar con que ante la más difícil estructura de los ejercicios y la periodicidad no interrumpida de las convocatorias, decrecería considerablemente el número de opositores á los concursos anuales ó bianuales.

Mas como ya se ha indicado, la comprobación de la aptitud científica de los llamados al ministerio de la Justicia, ha de ir asistida de pruebas suficientes sobre la práctica de los asuntos judiciales y de un concepto de probidad y de costumbres morales en la persona del Juez, que impongan el respeto y consideración rendido á la cultura y á la honradez por esa masa anónima de los hombres de bien, que según el feliz concepto de Macaulay, constituye la llamada opinión pública. Y á fines tan trascendentales responde la organización subsiguiente á la oposición de un Cuerpo de aspirantes debidamente inspeccionado, plantel de Jueces dignos de constituir una Magistratura merecedora de profundo acatamiento por el conjunto de sus condiciones de intelectualidad y de virtudes sociales.

En el período de más de cuarenta años transcurrido desde la publicación del Reglamento de 8 de Octubre de 1870, constituyendo el Cuerpo de aspirantes á la Judicatura y Ministerio fiscal, Reglamento que era el desenvolvimiento reglado de las disposiciones contenidas en el título II, capítulo I de la ley Orgánica del Poder judicial, no puede afirmarse que aquel organismo haya sido constituido tal y como dicha ley prevé, atenta al fin laudable de que ingresando en él los opositores aprobados, no sólo completaran con las enseñanzas de la práctica su cultura jurídica, sino —y éste era un punto de mira de la mayor trascendencia— que se aquilatase su conducta moral y aquel conjunto de condiciones de orden ético, que de no concurrir en el aspirante, aun demostrada su intelectualidad, pudieran aconsejar su postergación en el ingreso en la carrera, si la posterior omisión permitía la fructuosa corrección, ó el ser definitivamente expulsado del Cuerpo, si así lo requería la gravedad de la falta.

Verdad es que el Real decreto de 8 de Octubre de 1883,