El Foro español (Madrid. 1898) (1914-05-20 00:00:00), página 6

procurasen ampliar el programa al sueldo y a los derechos pasivos de los fedatarios judiciales.

En el Decreto se establece un excepcional privilegio: la actuación de dos Tribunales distintos, la Sala de gobierno y la Sala de lo criminal. Se daría la anomalía de que por un mismo hecho se siguiesen dos procedimientos sumariales completamente diferentes y contradictorios en todo: el Juez de primera instancia tramitaría improcedentemente por un delito, un expediente gubernativo que no resolvería y que elevaría á la Sala de gobierno para posterior resolución, y el Juez de instrucción tramitaría legalmente un sumario que tampoco solucionaría y que elevaría á la Sala de lo criminal para sobreseimiento ó sentencia. ¡El Juez de primera instancia convertido en Juez instructor de un expediente gubernativo que no resolvía en instancia primeral! Pero en el Decreto se dice que una vez terminado (el expediente) se remitirá á la Audiencia Territorial para su resolución. ¿En qué quedamos: dónde se ha de terminar? Porque un expediente gubernativo no se debe considerar terminado mientras no sea resuelto.

No aplaudo nada que no se inspire en la severa lógica y en la austera equidad. No soy partidario de lo que no se apoye en la justicia estricta, y abomino de todo privilegio. Pero defendí el racional fundamento de ciertos procedimientos determinados por la necesidad de defensa social del principio de autoridad que requiere garantías ante los vengativos ataques de los debidamente condenados ó castigados por la Justicia. Del mismo modo que soy decidido partidario de que se haga efectiva la más rigurosa responsabilidad judicial.

En suma: como Abogado legalista interpreto el derecho vigente opinando que el comentado particular del Real decreto no se puede cumplir por ser contrario á las leyes. De la ilustración y rectitud de las Salas de gobierno y de lo criminal, secundadas debidamente por los Jueces de instrucción, es de esperar la austera interpretación de la legislación vigente. Si la competencia y sabiduría de las Salas no lo interpreta como dejo expuesto, los Jueces de instrucción habrán realizado su misión inocando siempre, desde luego, no expedientes y sí sumarios, dando partes á los Presidentes y Fiscales de las Audiencias provinciales de lo criminal y ejecutando, en cada caso, las órdenes de sus superiores jerárquicos, las Salas de gobierno y de lo criminal, y todos habrán cumplido su deber con arreglo á su respectivo sentido jurídico en una cuestión de criterio judicarial ó interpretación legal, aunque, dicho sea en honor del digno Cuerpo de Secretarios, son rarísimos los casos en que las Autoridades judiciales han tenido que actuar por los hechos delictivos á que alude el Real decreto comentado.

DOCTOR LUIS ZAPATERO.

DE VENTA
Un Diccionario de Administración Española, de Alcubilla, completo, hasta 1913, incluso los tomos agotados. Se da razón en la Administración de EL FORO ESPAÑOL. Muy económico.

REFORMAS EN EL NOTARIADO

Real decreto de 29 de Abril de 1914.

«Artículo 1.º El número de Notarias y puntos de residencia de los Notarios serán los que determine la demarcación notarial, que se publicará dentro de los seis meses siguientes á este Decreto.

En lo sucesivo, toda modificación en la demarcación notarial podrá tener cualquiera de los siguientes objetos:
1.º Supresión ó creación de Notarias.
2.º Modificación de la zona correspondiente á las mismas.

Art. 2.º En ningún caso podrá variarse la zona de una Notaría ni disminuirse o aumentarse el número de las de una población hasta cinco años después de haber sido objeto de demarcación, y siempre en virtud de nueva demarcación general.

Art. 3.º La demarcación de Notarias se llevará á efecto por el Ministro de Gracia y Justicia, con sujeción á las siguientes reglas:
1.º El promedio anual de instrumentos públicos autorizados durante el último quinquenio en todas las Notarias de una población, se dividirá, respectivamente, por los números 700, 600 y 400, según fuese capital de Colegio, de provincia, ó no perteneciera á ninguna de estas categorías, y el cociente constituirá el número de Notarias demarcables en la localidad.

La fracción decimal del cociente producirá Notarias si excede ésta aquélla de la mitad del número de documentos asignables según la categoría de la población.
2.º A los efectos del cálculo anterior cada dos actas notariales se conceptuarán como un solo instrumento público.
3.º Todas las Notarias únicas inferiores á 75 instrumentos anuales, según el promedio expresado, se considerarán incongruas y serán suprimidas. Podrán serlo también las inferiores á 125 instrumentos, cuando á juicio del Ministro de Gracia y Justicia la acumulación de la Notaría suprimida á sus colindantes, dentro del mismo distrito no afecte á la normalidad del servicio á tenor del art. 8.º de la Ley.

Cuando la supresión de una Notaría incongrua de las expresadas en el párrafo primero, dificulte el servicio notarial por deficiencias de comunicación entre los pueblos correspondientes á la Notaría de cuya supresión se trate, el Gobierno, previo informe del Colegio Notarial respectivo, del Consejo de Estado y mediante acuerdo del Consejo de Ministros, podrá acordar que se subvencione dicha Notaría con una cantidad que no baje de 750 pesetas, ni exceda de 1.000, cuya subvención será satisfecha por el Colegio Notarial á que la Notaría pertenezca.

Para que el Colegio Notarial subvencione más de cinco Notarias incongruas, será condición precisa su conformidad previa, por acuerdo de la Junta general.

Cuando dos ó más de las Notarias incongruas fueren colindantes dentro del mismo distrito, quedarán subsistentes las que con la acumulación de las zonas de las su-