El Foro español (Madrid. 1898) (1914-03-10 00:00:00), página 9

ros en totalidad ó por grupos el derecho de asociarse y realizar contratos colectivos con el patrono, y fija para este caso los derechos y deberes que de dichos convenios se deriven, que los asume íntegros la Asociación así constituida; se transcriben y amplían los preceptos que sobre prohibición de cantinas, tiendas y almacenes, etc., contiene la disposición del Gobierno del año 1907 á que se alude en otro lugar. Se crea un cuerpo especial de Delegados obreros que visite periódicamente, tanto los trabajos subterráneos de las minas y canteras, como las labores á cielo abierto y fábricas metalúrgicas, á fin de velar porque el trabajo de los mineros se efectúe en condiciones de seguridad e higiene; se establece el número de estos inspectores, sus obligaciones y derechos, siendo elegidos por los obreros de las minas y fábricas del distrito, mayores de edad, que sepan leer y escribir y que lleven, por lo menos, dos años de trabajo consecutivo. Se obliga á los patronos y empresas que ocupen más de cien obreros y que obtengan beneficios, á contribuir al mejoramiento de aquéllos con Cajas ó Asociaciones de Socorros Mutuos, Escuelas y Retiro por vejez ó invalidez, y se autoriza á éstas últimas para fundar ó patrocinar Sociedades Cooperativas de Consumo en las condiciones que el Código establece.

Se deben hacer visibles en las explotaciones y fábricas con letra y términos claros, los Reglamentos en donde constan las condiciones del contrato del trabajo, abarcando los extremos que en el Código se detallan y teniendo á disposición del personal operario un ejemplar del mismo para que pueda examinarlo, siempre que quiera.

Al obrero se le especifican sus derechos, deberes y obligaciones, detallándose las causas generales de la rescisión del contrato del trabajo minero ó metalúrgico y las especiales que por culpa del obrero relevan al patrono de ciertos deberes ó relevan al obrero de otros respecto del patrono.

La responsabilidad profesional, su extensión, personas comprendidas en ella y modo de castigar las infracciones del Código y de los Reglamentos del trabajo, son tratados con detenimiento por el referido Cuerpo legal. La inspección superior del trabajo minero se confiere en esta ley, de un lado al Cuerpo Nacional de Ingenieros de Minas bajo la autoridad del Ministerio de Fomento y de otro al Instituto de Reformas Sociales en lo que afecta al cumplimiento de las leyes de ese carácter, con excepción de la vigilancia subterránea, higiene y seguridad.

El capítulo II del título III desarrolla toda la materia propia de las minas reservadas al Estado, según los principios que se dejan enunciados anteriormente.

Y el capítulo III se ocupa de la iluminación de aguas hecha directamente por el Estado ó con auxilio del mismo, confiándola en cuanto á estudio y preparación de trabajos al Instituto Geológico de España y en cuanto á su realización y en su caso concesión de auxilios, al Ministerio de Fomento.

El título IV del libro II: «Derechos por superficie e impuestos mineros», ocupa de la tributación minera declarando fijo e inmutable el canon que anualmente satisfagan las concesiones mineras y ordenando desde cuando debe de cobrarse.

Conserva el proyecto de Código la denominación de «Canon de superficie» y es lástima que siga perdurando esta confusión en nuestras leyes. «Canon de pertenencia» expresaría mejor su objeto ó finalidad, ya que se refieren, más que á la superficie, al subsuelo y al vínculo que se crea entre el particular y el Estado, por el cual mientras subsiste se abona la cantidad. El propio Código estatuye que por cada hectárea (hoy en minería equivale á pertenencia) se pagará un tanto y no por la superficie total donde se encuentra el mineral que cede el Estado al registrador.

Se fija un impuesto único proporcional al producto bruto ó á las utilidades líquidas conforme determinen las leyes económicas, sin que pueda exigirse ningún otro tributo general ni local fuera de los que el Código establece, quedando exentos los industriales mineros de toda otra contribución, matrícula ó patente por usos mecánicos ó de transporte para la explotación de sus minas. Los minerales que se exporten al extranjero sin beneficiar, pagarán el impuesto arancelario y las fábricas de beneficio el de utilidades.

El título V se ocupa de los Cuerpos facultativos, Ingenieros de minas y subalternos, y detalla sus atribuciones, servicios y funciones; y el título VI define y regula la autoridad y jurisdicción en Minería, que es puramente gubernativa en lo que atañe á lo consignado en el proyecto, y está atribuida al Ministro de Fomento y á los Gobernadores de provincia, auxiliados por el Consejo de Minería, el Instituto Geológico y los Ingenieros agrupados en Jefaturas por distritos, señalándose los procedimientos para el funcionamiento de la jurisdicción.

Por la disposición final del Código se deroga toda la legislación que contrarie lo estatuido en el proyecto y solo se deja subsistente en el Reglamento de Policía minera y las prescripciones que regulan los organismos mineros cuya existencia se reconoce en el Código. Contiene cinco disposiciones adicionales encaminadas á facilitar la transición del antiguo al nuevo régimen, que es de desear se implemente sin demora si se ha de concluir de una vez con el estado transitorio bajo el que vivimos hace muy cerca de medio siglo, no ciertamente por incuria de los juríconsultos ni de los profesionales, sino por otras concepciones hondamente arraigadas en las costumbres políticas de nuestro país.

A pesar de todo, la legislación minera en España, nutrida de sabios precedentes históricos que ennoblecen su alcurnia en el derecho mundial, madre fecunda de las leyes de un continente rico y poderoso, y faro luminoso que en las oscuras edades medias guió por los senderos del progreso la ciencia jurídica del mundo entonces conocido, ostenta sobrados títulos dentro del orden internacional para ser citada con encomio donde quiera que se abogue por la unificación del derecho minero de las naciones.

ALFONSO CABELLO Y GUILLÉN DE TOLEDO,
Miembro del Colegio de Abogados de Madrid.

Madrid, 12 de Agosto de 1913.