El Foro español (Madrid. 1898) (1915-02-27 00:00:00), página 8

de la organización de Tribunales de justicia en la zona de influencia de España en Marruecos y de los textos legales de observancia en la misma, aplicables á razas distintas, pertenecientes á soberanías diversas, al desaparecer el régimen de capitulaciones; el Ministerio de Estado nombró una Comisión de personas tan competenteímas como el Excmo. Sr. D. Pablo Martínez Pardo, Ministro del Tribunal de Cuentas y ex Director general de los Registros; D. Edelmiro Trillo, Magistrado de la Audiencia de esta Corte; el Sr. Marqués de Cerveraies, Jefe de Sección del Ministerio de Gracia y Justicia; D. Francisco Serrat, Jefe de Sección de Marruecos en el Ministerio de Estado; don Adolfo Vallespinosa, Auditor de brigada y Abogado Fiscal del Tribunal Supremo de Guerra y Marina, y D. Juan Potos, Cónsul general y actual representante del Ministerio Fiscal en la Audiencia de Tetuán, los cuales, á excepción del último, constituyen hoy la Junta permanente de asuntos judiciales en Marruecos, creada por Real decreto de 14 del corriente, la cual aceptó por aquellos Tribunales el Arancel por conceptos de los Secretarios judiciales, que forma parte de la legislación que rige en la Zona del Protectorado desde 15 de Julio del actual año, y conforme á él, el Estado hace suyos esos honorarios; y si para reintegrarse de los gastos que allí tiene que hacer por razón de personal y material es bueno el Arancel, la consecuencia lógica que se deduce es que también lo debe ser para que en España con sujeción á él los Secretarios judiciales sean retribuidos, no ya sólo los de los Juzgados de primera instancia, sino los del Tribunal Supremo, las Audiencias territoriales y Juzgados municipales, para evitar, como decía el insigne Canalejas, «las susceptibilidades, los celos y los abusos», y hacer la justicia accesible como más económica á todos los ciudadanos, porque es notorio que hoy se hace difícil por lo costoso, en los Tribunales superiores, no respondiendo como no responde la percepción de derechos que en ellos se devengan á los principios informadores del Arancel por conceptos, y dándose el caso de haberse cobrado, como recientemente ha sucedido, según nuestros informes, sólo por la cuarta parte de un apuntamiento, 9.000 y pico de pesetas, por ser las otras partes litigantes pobres; por otro, en asunto de declaración de prodigalidad, 3.200 y pico de pesetas, y en otros muchos, cantidades de importancia, lo cual no quiere decir que no deban cobrar los Secretarios de Sala lo que sea equitativo, pero con sujeción al tanto por ciento de la cuantía litigiosa, que es lo científico ó tipo fijo en los que sean indeterminados, adoptándose el mismo criterio seguido para Marruecos, que muy bien puede aquí aplicarse, pues el Gobierno tiene el ineludible deber de que todos los Auxiliares de la Administración de justicia, sin distinción de categorías, obtengan una remuneración en armonía con las exigencias de los modernos tiempos, para atender con decoro á las necesidades de la vida, y subvenir al mismo tiempo á los cuantiosos gastos que origina el servicio gratuito del criminal, que nada cuesta al Estado y á lo civil de pobre, material, dependencia, contribución y mil gabelas que sería prolijo enumerar. Y que el Gobierno estima de su deber el atender esas necesidades, lo evidencia que no ha muchos años aumentó los sueldos á los Jueces de entrada, ascenso y término y más recientemente ha fijado cantidades para gastos de representación de los funcionarios de las carreras judicial y fiscal del Tribunal Supremo, Audiencias territoriales de Madrid y Barcelona, Jueces de primera instancia de las mismas poblaciones, Secretarios de Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo y de la Sala de lo criminal, Secretarios de Gobierno de los mismos Tribunales, Presidentes de todas las Audiencias territoriales y Jueces de Sevilla y Valencia, retribuciones que esta Junta entiende justísimas, porque las necesidades de hoy no son iguales ni mucho menos á las de hace cuarenta años, pero esto mismo ocurre á los Secretarios judiciales, que no son de peor condición por concepto alguno, y sin olvidar que éstos, al contrario de todos aquellos funcionarios, al inutilizarse no tienen derechos pasivos ni ellos ni sus viudas ó hijos y que el patrimonio para el mañana lo han de formar con el pequeño ahorro que de los honorarios que perciban en lo civil puedan procurarse, cosa que no debe olvidar la Comisión al determinar los tipos arancelarios, como tampoco creemos ha de ir contra el pensamiento informador de las distintas decisiones del Gobierno que hemos mencionado.

El actual Arancel ha respondido á los fines de que nos habló el ilustre Canalejas en su preámbulo, y esperaba el Cuerpo de Secretarios judiciales; ha purificado el procedimiento admirablemente de las malas prácticas, aunque no tanto como fuera de deseas por perder arraigadas algunas corruptelas; mas es indudable que ha dignificado á Secretarios y Procuradores. Ya los escritos se presentan extendidos en la clase de papel correspondiente, han desaparecido todos aquéllos con los cuales se acompañaban reintegros y copias, los en que se pedían la devolución de poderes, prórrogas de término ó acuses de rebeldía y otros innecesarios; los pleitos son ahora lo que deben ser y al remitirse á la Audiencia no llevan más que lo útil, con lo cual el litigante obtiene una positiva ventaja en papel y en los gastos de reconocimiento y apuntamiento, y tendrán mayor beneficio en economía de tiempo y dinero el día que se modifique la ley de Enjuiciamiento civil en España, fijando el verdadero alcance de la rogación, como ya se ha hecho en el Código de Procedimiento civil de Marruecos y se traigan aquí otras reformas importantísimas que éste contiene.

Con el Arancel por conceptos desaparece esa leyenda injustificada de que el Secretario es el culpable de alargar y encarecer los litigios; en la actualidad, el litigante sabe perfectísimamente lo que le cuesta la normal tramitación de los asuntos, lo mismo que las inoportunidades que promueva, y no es fácil que forme juicios erróneos.

Con el vigente sistema arancelario, se procuró favorecer al pequeño litigante, que tan perjudicado salía con el anterior; ese fué otro de los fines que se persiguieron; la consecuencia de ello es que los pleitos de más elevada cuantía tengan que compensar la pérdida que se sufre en aquéllos, pues no hay que ver sólo Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia, sino los partidos judiciales de entrada, ascenso y muchos de término; por eso no es posible rebajar los tipos que rigen las escaletas, como tampoco los rebajó la Comisión para Marruecos, y para demostrar la ventaja que obtiene el pequeño litigante, vamos á presen-