El Foro español (Madrid. 1898) (1914-07-10 00:00:00), página 12

ción recurrida en el juicio ó causa de que se trate, según respectivamente previenen los artículos 25 y 26 de la ley de Enjuiciamiento civil y el párrafo segundo del 136 de la de Enjuiciamiento criminal, supone haberse alegado por aquél en el escrito de formalización de la demanda, que se constituyó en tal estado con posterioridad á las circunstancias de referencia, pues omitido ese requisito, el procedimiento no iría enderezado á demostrar la tesis propuesta, sino á patentizar el estado de pobreza con abstracción del tiempo en que pueda haber sobrevenido». Y no se opone á estas consideraciones el contexto del artículo 28 de la ley de Enjuiciamiento civil, en relación con el párrafo primero del 29 de la misma, ya que, equiparadas en el párrafo segundo del 136 de la de Enjuiciamiento criminal las situaciones de quien solicita por primera vez ante el Supremo la declaración de pobreza, y la de quien deduce esa misma solicitud ante el propio Tribunal después de haberle sido negada durante la causa, forzoso es aplicar al primero el párrafo segundo del artículo 34 de la ley de Enjuiciamiento civil, á tenor del cual no se dará curso á una nueva demanda de pobreza si no se funda en haber venido el solicitante á dicho estado por causas posteriores á la resolución que le negó anteriormente aquel beneficio.

Y circunscribiéndose más á los juicios de faltas, puede añadirse que no cabe alegar que, por no haberse visto obligado el recurrente á hacer gasto alguno hasta el momento de recurrir en casación, no ha tenido la necesidad de justificar su pobreza; ni tampoco la perentoriedad de los plazos en que aquéllos se desencuentren, toda vez que es notorio que la petición de que se trata no constituye en el procedimiento criminal un incidente de previo y especial pronunciamiento que obste al obligado desenvolvimiento del asunto principal.

Y por último, si, por analogía, hubiera de aplicarse á los juicios de faltas algún precepto de la ley de Enjuiciamiento civil, no podrá ser otro que el párrafo segundo del antes citado artículo 26, según el cual el recurrente en casación estará obligado á constituir depósito, si no solicitó la defensa por pobre antes de la citación para sentencia en la segunda instancia.

III

Acusadores particulares.

Publicada ya más de la mitad de estos apuntes en EL FORO ESPAÑOL, y concluida también la tirada de los respectivos pliegos donde simultáneamente se han ido imprimiendo aquéllos en forma encuadernable, surge una cuestión, de la que se trata aquí para poner de algún modo remedio á la explicable omisión que de ella se hace en las páginas dedicadas á la comparecencia de particulares acusadores, recurrentes ante la Sala.

Esa cuestión, recientemente suscitada y resuelta por la propia iniciativa del Tribunal de casación, versa sobre si debe ó no tener por personadas ante él, en concepto de pobres, á las indicadas partes que no obtuvieron del Tribunal inferior una declaración firme de serlo, siquiera exista un informe de que deben ser así consideradas, á juzgar por los signos externos y demás á que hace referencia el artículo 858 en su párrafo tercero.

¿Cuáles son los fundamentos por los que aquella Sala se ha creído obligada á resolver este punto en sentido negativo? No es posible exponerlos sin temores de incidir en error; pero acaso no estén muy discordes con los siguientes:

La experiencia (y aun sin necesidad de ella puede llegarse á la misma conclusión) ha venido á demostrar que los precitados signos externos no deben estimarse como decisivos para conceptuar pobres á las partes acusadoras ó acusadas. Tratándose de estas últimas —excepción hecha de los juicios de faltas—el concepto que pueda formarse en vista de tales signos tiene siempre la garantía de una comprobación en el ramo separado de responsabilidades civiles; pero, no sucediendo lo propio respecto de aquéllas, y existiendo, como existen en la ley, preceptos al amparo de los cuales han podido instar la declaración de pobreza á su favor, si á ella se creían con derecho, ha de estimarse necesario, como base para considerar realmente pobres á las partes acusadoras, la referencia hecha por el Tribunal sentenciador, de que así fueron declaradas mediante auto fundado que pusiera término, bien al incidente de pobreza, bien al que se sustituya haciendo uso del artículo 130 que preceptúa: «No obstante lo dispuesto en el artículo anterior» (refiérase éste á la sustanciación de aquel incidente) «podrá obtener la habilitación de pobreza, sin necesidad de previa justificación, el que estuviere de notoriedad comprendido en alguno de los casos mencionados en el artículo 123, si á ello no se opusieren el Ministerio fiscal ó el que deba ser parte en el incidente, á cuyo efecto se les notificará el auto en que la habilitación se hubiese concedido...»

Aparte esto, es de notar que tanto por el artículo 857, como por el 858, al decir el primero «estuviere declarada insolvente.... ó pobre», y el segundo «está declarada insolvente.... ó, en su caso, si ha obtenido declaración firme de ser pobre», puede lógicamente inferirse que quedan excluidos de los beneficios de pobreza los recurrentes que, al tiempo de preparar el recurso, no hubieren obtenido ya una declaración firme concediéndoselo; y que el segundo supuesto con que termina el tercer párrafo del mentado artículo 858, no puede entenderse referido más que al particular que, «por el contrario», ó sea no habiendo obtenido ninguna de aquellas declaraciones, y «atendida su fortuna» (se supone que la posee) «los signos externos.... y la manera cómo se haya defendido ó gestionado en el juicio» (es decir, sin haber solicitado ni obtenido la declaración de pobre ó insolvente) «se encuentra en la clase de rico».

(Se continuará.)