El Foro español (Madrid. 1898) (1914-02-20 00:00:00), página 8

tiene explicación científica y racional dentro del derecho moderno. El jus eminens ó dominio eminentí, más que sobre las sustancias inorgánicas del subsuelo y sobre la manera con que se ofrecen en la naturaleza, recae sobre el modo de utilizarse, aplicación que tienen á las artes, al comercio ó á la industria nacional; es decir, que oriaderos riquísimos de minerales de gran valor, mientras no se descubren y se hace práctica y comercialmente posible su extracción y aprovechamiento, el dominio del Estado no actúa sobre ellos en forma alguna y de nada le aprovechan para la realización de sus fines sociales y nacionales. Precisa que se conviertan en medios adecuados para la realización de tales fines, ora buscándose yacimientos por sí y explotándolos de su cuenta, ora concediéndolos al dueño del terreno ó ora donándolos á un extraño para que éste lo efectúe en condiciones que coadyuven al acrecentamiento y progreso de la riqueza pública y á la satisfacción de las cargas del Erario nacional.

Dedúcese de estas sencillas reflexiones, que como verdades científicas nada tienen de profundas ni de abstrusas, ser obligación de todo buen legislador el enumerar y clasificar las sustancias inorgánicas que existen en la naturaleza bajo un punto de vista más conforme con el anterior criterio. La primera sección deberá sólo extenderse á los productos que se aprovechan ó benefician mediante la industria agrícola; la segunda sección á los que más ó menos superficialmente se explotan para utilizarlos en las artes ó en la industria general; y la tercera á todos los cuerpos inorgánicos, materia prima de la industria minero-metalúrgica.

De esta clasificación sale deslindada y bien definida la propiedad territorial, puesto que todo lo que para la industria exija un laboreo distinto del que emplea el labrador en las faenas agrícolas pertenece á la minería, cerrándose la puerta de este modo á discusiones o disputas nacidas al calor de la ideológica distinción del suelo y subsuelo, petrocinada por los legisladores de la revolución.

Por el principio de accesión que falta y necesariamente tiene que ir del brazo de la regalia minera en todas las legislaciones que estimen que el subsuelo pertenece al Estado por razón del dominio eminentí que se le asigna sobre todas las cosas del territorio, hay que reconocer al dueño del suelo cierta preferencia para el disfrute ó aprovechamiento de las sustancias de la segunda sección, pero en otro aspecto muy diferente del que se desprende del Decreto de 1868. El propietario, si opta voluntariamente por laborar las riquezas del subsuelo ó del suelo que no sean agrícolas, debe concluir su misión como labriego transformándose en minero, con obligación de cumplir todo lo que sea anejo por ley á esta nueva condición.

Sobre extremo tan fundamental las orientaciones del derecho español, hoy por hoy, son las de mantener el principio tradicional de la regalia y de la accesión, influidos ó accionadas cada vez con más relieve por el de la libertad minera hasta donde sea compatible con los otros. La tradición de muchos siglos no se desarruga tan fácilmente de la conciencia colectiva de las naciones, que en ese espíritu es donde encarnan su modo de ser característico. Sin duda por esta ley histórica, el sistema de «res nullius», el más racional y científico de los que informan las leyes de la minería, no se halla implantado en España ni por ahora piensan nuestros legisladores estatuirlo. Día llegará en que así suceda, vivificada el alma española al calor de nuevos ideales conforme vayan difuminándose en el seno de la cultura patria los sedimentos de las edades pasadas.

En los países americanos que fueron españoles, ninguno rige su derecho minero por el principio de la accesión, puro y simple, como ocurre en Inglaterra, Rusia y Rumanía. El sistema de ocupación que sigue la ley federal de 26 de Julio de 1860 y el Reglamento de 18 de Diciembre de 1903 en los Estados Unidos del Norte, tampoco ha sido aceptado por la América del Sur. El sistema de la regalia minera, además de Austria, Suiza, China, Suecia, Noruega y Dinamarca ha sido aceptado por la República Argentina en su Código minero de 26 de Noviembre de 1886; en Chile por la ley de 20 de Noviembre 1888, Decreto de 5 de Julio de 1895 y art. 591 del Código civil; en el Brasil con distintas disposiciones en los Estados Confederados y sin ninguna Codificación federal hasta 1908 en que se tienen estos datos á la vista; en Bolivia por la ley de 13 de Octubre de 1880 reformada en 22 de Agosto de 1893; en Paraguay según la ley de 22 de Agosto de 1878; en Ecuador por la ley de 15 de Agosto de 1892; en Honduras por el Código de Minería de 5 de Septiembre de 1898 y en Costa Rica por el Código de 80 de Julio de 1841. El sistema de libertad de minas del Japón y del Imperio alemán, vertido en la ley prusiana de 24 de Junio de 1865 y aceptado por la mayoría de los Estados federados, ha sido copiado en el Perú por su ley de 6 de Junio de 1900 publicada en 1.º de Enero de 1901; por Mejico, cuya ley de 4 de Junio de 1882 declara que las minas son propiedad de la Nación y no constituyen bienes privativos del Estado; por Uruguay en la ley de 23 de Diciembre de 1884. El sistema de «res nullius» seguido en Francia desde 1810, en Portugal desde el Decreto-Ley de 30 de Septiembre de 1892, en Bélgica desde 1837, en Holanda desde 27 de Abril de 1904, en Turquía desde 26 de Marzo de 1906, en Grecia desde 18 de Mayo de 1896 y en Italia sólo ha sido aceptado por la legislación de Venezuela, que en su ley de 3 de Agosto de 1905 se orienta hacia el tipo que hace de la mina libre y gratuitamente constituida una propiedad de derecho común.

Otra de las orientaciones de nuestro derecho es la de evitar que el Estado otorgue concesiones donde no existe mineral aprovechable, y esto que es lógico, justo y racional, se logra facilitando desde luego el medio de obtener el usufructo de los oriaderos por el procedimiento de investigaciones donde no haya minerales á la vista y otorgando la concesión sólo cuando se haya descubierto «minas» beneficiables.

De igual manera la tendencia no menos lógica, justa y racional, de no conceder pertenencias arbitrariamente colocadas, que deje espacios irregulares llamados «demásias», es científica y evitará dificultades y tropiezos en la práctica; pero esto no debe conducir tampoco al absurdo de entender que las minas han de situarse procurando que alcancen siempre á límites marcados por la topografía. En España de ningún modo sería esto factible, habiéndose establecido por su legislación en todas las épocas,