El Foro español (Madrid. 1898) (1914-07-30 00:00:00), página 6

dará irremisiblemente sin vida; pues suspendido el movimiento que debe tener todo cuerpo social y verás que se convierte en una masa inerte, sin vida, sin esperanza.

Es también necesario hacerse el cargo que una remuneración tan mezquina como la que señala el mencionado Real decreto para los Secretarios judiciales, no corresponde con la importancia del cargo y las necesidades de la vida; no compensan en modo alguno las exigencias que con nosotros se tienen, y por consiguiente, no son proporcionados á la cualidad de profesionales con función propia que ostentamos. Las necesidades del Tesoro no permiten, por ahora, dotarnos de ese ni de otro sueldo, aunque podría hacerse sin gravar en nada el Presupuesto general, si hubiera quien quisiera hacer unos cuantos números; pero esto es tarea pesada y no hay que pensar que ciertos personajes descindan hasta el extremo de molestarse demasiado para resolver una cosa justa.

Dando aparte esto, y sólo teniendo en cuenta que con el sueldo se podrían perjudicar muchos que ya tienen adquiridos derechos que, en medio de todo, deben ser respetados, podrá resolverse en la forma que vamos á proponer.

En primer lugar sería necesario que en los Presupuestos del Estado se consigne determinada cantidad para jubilaciones de los Secretarios judiciales que excedan de sesenta y cinco ó setenta años de edad en relación con el irrisorio sueldo asignado en el mencionado Real decreto.

Creemos que esto es justo y debe ser forzoso por la limitación de la edad que el Gobierno señale entre la que antes decimos; y este remedio se impone para compensar el perjuicio que el Estado nos ha causado con la implantación de los nuevos Aranceles y la supresión de la cantidad que se nos prometió como subvención de los trabajos que realizamos en lo criminal, y así compensará también las amarguras que sufrimos, con la esperanza de saber que nuestros hijos y esposas queden también resguardados de la miseria, porque al fin el otorgamiento de los derechos á la jubilación no es más que un premio obligado, y no creemos que el Gobierno nos ha de seguir considerando de peor condición que los demás funcionarios del Estado.

En su consecuencia, debe concederse la jubilación forzosa á todos los Secretarios judiciales que al publicarse la reforma, ó en 31 de Diciembre próximo hayan cumplido ó cumplan la edad que se señale y á los que después vayan llegando á ella, y además todos los que voluntariamente la soliciten, en armonía con los años de servicio y la escala gradual del importe de la cantidad asignada, que se regirán por las mismas disposiciones que los demás funcionarios del orden judicial.

Si aun así no se atrevieran á acordarlo por cualquier motivo, queda otro medio por el cual podría llevarse á efecto, sin que se gravara en lo más mínimo el Tesoro; sin que hubiera necesidad de dar motivo á quejas ó discusiones de ninguna especie; con dinero nuestro, que el Estado percibiría, se puede atender con creces el pago del importe de todas las jubilaciones que hasta el 31 de Diciembre próximo pudiera haber, y que según nuestros cálculos podrían ascender aproximadamente á unas 300,000 pesetas escasas. Con el tres por ciento de los honorarios que percibieran todos y cada uno de los Secretarios judiciales, habría con exceso para esa atención y podría ingresarse mensualmente en las Oficinas de Hacienda, ó invirtiendo dicho tanto por ciento en papel de pagos al Estado, ó bien, por último, creando un sello, que podría ser de cinco pesetas ó más por cada asunto de rico que se tramitare, pagado; como es consiguiente, del importe de los honorarios que habría de percibir el Secretario, formándose una escala progresiva de precios de este sello en armonía con el valor del asunto que se tramitará.

El Cuerpo de Secretarios judiciales debe comprender desde las Secretarías de Juzgados de primera instancia é instrucción, hasta las del Tribunal Supremo, al efecto de que los Secretarios de Sala tengan perfecto conocimiento de las prácticas judiciales, por consecuencia de la que adquirieran en los Tribunales inferiores, y sus categorías iguales á la de los Tribunales respectivos en la forma siguiente:

7.ª categoría: Secretarios de Juzgado de primera instancia de categoría de entrada, y Vicesecretarios de Audiencia provincial.

6.ª categoría: Secretarios de Juzgado de primera instancia de categoría de ascenso, y Secretarios de Audiencia provincial.

5.ª categoría: Secretarios de Juzgado de primera instancia de categoría de término de población donde no resida Audiencia territorial.

4.ª categoría: Secretarios de Juzgado de primera instancia de categoría de término de capital donde resida Audiencia territorial (exceptuando Madrid, Barcelona, Sevilla y Valencia) y Secretarios de Gobierno y de Sala de Audiencias territoriales.

3.ª categoría: Secretarios de los Juzgados de primera instancia de Madrid, Barcelona, Sevilla y Valencia, y Secretarios de Gobierno y Sala de las mismas Audiencias.

2.ª categoría: Secretarios de Sala del Tribunal Supremo.

1.ª categoría: Secretarios de Gobierno de dicho Superior Tribunal.

El ingreso debe ser siempre por oposición y Secretaría de Juzgado de primera instancia de entrada ó Vicesecretarías de Audiencia provincial, y el ascenso á las demás únicamente por riguroso turno de antigüedad entre los de la categoría inferior inmediata, sin que para ascender se concedan nuevas oposiciones, porque ya está suficientemente demostrada esta cualidad al obtener el título y las oposiciones practicadas para su ingreso.

Es muy importante también y de verdadera necesidad que se modifique el modo, forma y tiempo de anunciarse las vacantes que ocurran y que consideramos de muchísima importancia para evitar que las Secretarías se hallen sin proveer seis meses ó un año sin causa justificada, oca- sionando con este motivo—como está corriendo ahora—graves perjuicios al público y á los Secretarios que aspiran á aquellas vacantes, además de que el trabajo del Juzgado necesariamente se ha de retrasar considerablemente, según hemos tenido ocasión de apreciar.

Para evitar todo esto se hace indispensable que, ocurri- da una vacante, se anuncie por el Ministerio de Gracia y Justicia en el término de ocho días al en que tenga lugar