El Foro español (Madrid. 1898) (1914-05-30 00:00:00), página 6

a conocer la opinión que, respecto á su situación y derechos, tiene lo más notable de los jurisconsultos españoles, y si es posible, la de los Ilustres Colegios de Abogados. Al efecto, concretando, se permitan preguntar:

Primero.—Atendida nuestra legislación vigente y reconocido en ella y disposiciones administrativas posteriores, que el espíritu de las leyes orgánicas, y, en su consecuencia, la letra, determinó como esencial sistema para el ingreso en la Judicatura las dos puertas de la oposición y la experiencia, ¿debe entenderse que el Poder ejecutivo no debió nunca cerrar definitivamente el cuarto turno y que la facultad discrecional concedida al Ministro era sólo para hacer ó no uso accidentalmente del sistema, pero no para suprimirlo, hasta que una nueva ley no derogase lo estatuido?

Segundo.—Visto el Real decreto de 7 de Octubre de 1910, ¿será de justicia que en la actualidad se dicte otro, haciendo el mismo reconocimiento de derechos adquiridos para los que tenemos conclusos nuestros expedientes?

Tercero.—¿Será de razón poder que las Cortes intervengan en el asunto y será pertinente y factible para ellas exigir del Ministro la redacción de la disposición que abarque los siguientes extremos: a) reconocer los derechos adquiridos; b) formar un escalafón entre los que tenemos ultimado el expediente; c) conceder un plazo prudencial para solicitar la inclusión, transcurrido el cual se pierda el derecho, y d) prevenir para que no se convoque á nuevas oposiciones hasta que no se haya colocado el último de los que por oposición ó por dicho escalafón estén en la actualidad en expectativa de destino?

Dictamen.

Primero.—Es indiscutible que la Ley adicional á la Orgánica en sus artículos 40 y siguientes inspiró sus preceptos en el pensamiento de que el personal de la Judicatura y Magistratura no procediera solamente de la oposición sino que también lo formaran Letrados que hubiesen acreditado reunir las condiciones que se establecen en la misma Ley; condiciones que se refieren, en primer término, al ejercicio de la profesión durante cierto número de años para que una experiencia probadísima en la defensa de asuntos civiles y criminales, sea demostración y prueba eloquente de madurez en el juicio, pericia en la interpretación de leyes y jurisprudencia, práctica en el manejo de actuaciones de toda índole y conocimiento exacto y profundo del derecho sustantivo y adyacente, así como también de dominio de la palabra hablada y escrita, para expresar con la sinceridad que ofrece el convencimiento propio las doctrinas legales en que pueda fundarse un determinado derecho.

Y si bien es cierto que se halla prescrito como obligatorio el turno de la oposición para ingreso en la carrera, y como discrecional el turno de Letrado con expediente concluso, no puede negarse que el precepto de la Ley tendrá su eficacia mientras en ella subsista una modificación autorizada; y en tal concepto debe ser obra de las Cortes, no suprima la posibilidad del empleo de esa forma de ingreso en la Judicatura. El Gobierno podrá ó no hacer uso de la facultad que se le concede para nombrar Jueces á los Abogados que reúnan condiciones legales, pero es evidente que no se halla dentro del círculo de sus atribuciones, estatuir de modo definitivo, que sólo se ingresará por oposición, porque esa medida supone la ineficacia de la Ley, significa la derogación efectiva de uno de sus preceptos y encubre un verdadero ataque á derechos legítimos y respetables.

Por otra parte, es un contrasentido que al incoarse los expedientes por Letrados que justifiquen sus condiciones legales, se ordene el pase de dichos expedientes á la Junta calificadora; se examinarán por ésta y se declarará la aptitud de los interesados para después relegar al archivo toda esa documentación y decir á esos Abogados que la suficiencia reconocida y la calificación favorable, es un título inútil, es una esperanza ilusoria que no llegará jamás á traducirse en una lisonjera y ansiad realidad.

Segundo.—El precedente que estableció el Real decreto de 7 de Octubre de 1910, dejando á salvo los derechos adquiridos por los Abogados que tenían su expediente calificado con anterioridad á la fecha en que se suspendió la tramitación de todos los que aún no estuviesen conclusos, respondió sin duda alguna al principio de justicia, que ordena el respeto á la situación creada á la sombra de la Ley, y es evidente que, si el Gobierno tuviese el criterio de que sólo se ingresara en la Judicatura por medio de la oposición, antes de establecer esa forma única, antes de cerrar la puerta á cualquier otra aspiración, debiera liquidar con el pasado y saldar esa deuda que contrajo con ciudadanos, á quienes otorgó aptitudes legales, cuya eficacia no puede desconocerse y cuya fuerza moral habrá de pesar en el ánimo del gobernante.

Tercero.—Como consecuencia de todo lo expuesto, es de razón innegable que termine de una vez para siempre la incertidumbre en que se hallan colocadas las aspiraciones de los Letrados que tienen calificado su expediente para ingreso en la carrera judicial. Mientras no se gestione y consiga una disposición de carácter general, que á la luz del día, con la entereza que se realizan las reivindicaciones justas, afronte el problema y lo solucione sin distingos ni vaguedades, no se habrá hecho nada. Y para ello es preciso reglamentar debidamente la acción del Poder ejecutivo en lo futuro. Si el Ministro, por iniciativa personal y propia, se dispusiera á llevarlo á cabo, parecerían de seguro las medidas que adoptara el resultado de estímulos é influencias de orden privado, levantarían acaso protestas de esa opinión errónea que siente repugnancia no razonada por lo que ha dado en llamarse cuarto turno, y es muy posible que no tuviera el valor que hace falta para desafiar la tormenta y andar todo el camino con valentía y decisión inquebrantable.

El asunto convendrá abordarlo en las Cortes, no para que éstas resuelvan de momento, sino para que