El Foro español (Madrid. 1898) (1913-12-20 00:00:00), página 6

dad y expansión hasta entonces desconocido en la legislación anterior, son los principios en que se fundamenta, sin dejar por eso de reconocer que la concesión en ciertos casos es base de propiedad para ciertas sustancias del reino mineral.

Por Real decreto de 16 de Junio de 1905 se publicó el Reglamento general de la Minería, para desarrollar y completar los principios de las leyes vigentes. Se divide en 10 capítulos y 158 artículos con una disposición final derogatoria del Reglamento anterior. Los capítulos tratan de la clasificación y dominio de las sustancias minerales; investigaciones mineras; modo de conceder esta propiedad; derechos y deberes de los mineros; cancelación de expedientes y caducidad de concesiones; superposición, deslinde y restitución de concesiones mineras; autoridad y jurisdicción en minería; establecimientos de preparación mecánica y beneficio de minerales; minas reservadas al Estado y disposiciones generales.

Poco años lleva de estar en vigor este Reglamento y ya se ha notado en la práctica que contiene preceptos, entre otros, en los artículos 27, 86, 93, 104, 96 y 106, inaplicables ó inútiles ó necesitados de modificación para salvar conflictos, evitar dudas y desterrar litigios, que han surgido y surgen á diario á causa del pensamiento capital en sus confesionadores, de amalgamar principios tan opuestos como los de las dos legislaciones antagónicas de que se obligada consecuencia con evidente falta de criterio fijo en su conjunto.

Con carácter de generalidad se aplica también á la minería la ley de Expropiación forzosa de 10 de Enero de 1879 y Reglamento para su ejecución de 13 de Junio del propio año; con la modificación de su art. 29 por la ley de 30 de Junio de 1904; y la ley general de aguas públicas de 13 de Junio de 1879, mientras no se dicte la ley especial que regule los aprovechamientos para la explotación y beneficios mineros á que alude el decreto de 1868.

El Código civil español que empezó á regir el 1.º de Mayo de 1889, en el capítulo II, título IV, del libro II, artículo 426, transcribe exactamente el precepto del art. 10 del Decreto-Ley en cuanto á calificaciones e investigaciones se refiere, y en el 427 deja á la Ley especial de minería que defina y regule todo lo relativo á la concesión y aprovechamiento de las sustancias minerales.

LEGISLACIÓN TRIBUTARIA.

La ley de 29 de Diciembre de 1910 y el Reglamento provisional para su aplicación de 23 de Mayo de 1911 constituyen la vigente legislación tributaria con que la industria minera contribuye directa y especialmente á levantar las cargas del Estado nacional.

Dos conceptos de tributación se señalan en ella. El canon por hectáreas, mal llamado canon de superficie y el impuesto que grava el producto bruto de la riqueza minera.

Admitido el criterio de que el Estado es dueño del subsuelo por razón del dominio eminente sobre el territorio, el canon resulta obligada consecuencia como forma jurídica de enajenación por la que el Estado, señor del dominio directo, cede la utilidad de la cosa perpetuamente al señor del dominio útil, quien en señal de que acata el vasallaje dominical, le paga una pensión ó canon anual. La ley de 1910 lo fija en 15 pesetas por hectárea en las minas de piedras preciosas y criaderos de sustancias metalíferas, excepto el hierro que paga 6 pesetas y 4 la hulla, el lignito y la antracita, haciéndose efectivo de una sola vez dentro del año por ingreso directo en el Tesoro público, bajo pena de caducidad por ministerio de la Ley, de las concesiones que no lo hubiesen satisfecho desde 1.º de Enero al 31 de Diciembre de cada año.

Esta novedad, que ha modificado radicalmente el sistema de percepción por trimestres que las leyes anteriores estatutían, al ser implantada originó un clamoroso formidable entre los mineros á causa del precepto del párrafo 2.º del art. 4.º de la ley que declaró en estado de caducidad todas las minas que en 30 de Junio de 1911 no se hallasen al corriente de los descubiertos por el susodicho canon minero. Repercusión hasta en el Parlamento, y se ha resuelto por un Real decreto acordado en Consejo de Ministros que se publicó el 10 de Septiembre de 1911 ordenando la revisión de los expedientes de caducidad que se encuentren en determinadas condiciones y señalando para lo sucesivo como requisito previo á la caducidad que la notificación del descubrimiento se haga á los dueños de las minas durante el mes de Noviembre de cada año, en su domicilio si está registrado ó en los periódicos oficiales, á fin de que en Diciembre puedan abonarlo. La disposición gubernativa no estatuya otra alguna para el caso en que se entregue el título de propiedad de una mina pasado el 30 de Noviembre y se amparará entonces el propietario en la falta de aquel requisito previo para impugnar la caducidad, si ésta se produce por no pagar á tiempo el canon? En pugna el Real decreto y la ley de 1910, ésta debe prevalecer, pero fuera mejor que tal olvido no lo hubiesen padecido sus autores.

El producto bruto de la riqueza minera está gravado con el 3 por 100, sin perjuicio de los demás impuestos de utilidades, derechos reales, transportes etc., que alcanzan á la industria minera por igual que á las demás.

LEGISLACIÓN OBRERA.

La ley de 30 de Enero de 1900 y el Reglamento de 28 de Julio siguiente sobre accidentes del trabajo autorizando, entre otras cosas, el funcionamiento de las Sociedades de seguros por accidentes; la ley de 13 de Marzo de 1900 que regula las condiciones del trabajo de mujeres y niños; la ley del descanso dominical de 1.º de Marzo de 1904; la ley de 11 de Julio de 1912 prohibiendo el trabajo industrial nocturno de las mujeres en los talleres y fábricas; la ley de huelgas de 27 de Abril de 1909 y el Reglamento de 1.º de Marzo de 1906 para el servicio de Inspección del Trabajo aplicable á todas las leyes anteriores, constituyen el conjunto de disposiciones sociales de carácter general que más ó menos relación guardan ó hacen guardar con los obreros mineros en España. Están obligados los patronos á cumplirlas y la clase proletaria á desenvolver dentro de sus preceptos la actividad y el trabajo en la esfera industrial minera.

ALFONSO CABELLO Y GUILLÉN DE TOLEDO,
Miembro del Colegio de Abogados de Madrid.