El Foro español (Madrid. 1898) (1915-02-27 00:00:00), página 7

para exponer su opinión franca y decidida en pro del sistema en que está basado el que hoy rige para el Cuerpo de Secretarios judiciales y para los Procuradores, que debe hacerse extensivo á los Juzgados municipales y Secretarios de Sala de las Audiencias territoriales y Tribunal Supremo, por responder á principios económicos anteriormente aceptados y desarrollados en Aranceles ó tarifas para otras profesiones, como las de Notarios, Registradores de la propiedad, Cuerpo consular, Agentes de cambio y Bolsa, Arquitectos y otras.

La ley universal del progreso, á la que no pueden sustraerse, ni aun instituciones tan inmovibles como la Administración de justicia, arrastra en pos de sí todo lo que tiene vida para transformarlo, y á su formidable empuje únicamente se resiste lo caduco, aquello que necesariamente ha de morir.

Paralelamente á esa ley venía levantándose en nuestro país un estado de opinión muy extendido, reclamando con toda preferencia la dignificación del personal auxiliar de los Tribunales y Juzgados, separándolo de la atmósfera asfixiante en que le envuelven preocupaciones sociales, por el vulgo mantenidas, sobre el casi exclusivo soporte de la forma arcaica e inadecuada de retribución por diligencias, para los importantes servicios que al Estado presta el Secretario, en sus distintas categorías; funcionario esencial de imprescindible sostenimiento, porque es en suma piedra fundamental que poderosamente contribuye á la estabilidad y elevación del edificio en donde nace y desde donde se ha de exteriorizar el fallo del juzgado.

Atenta siempre la Junta directiva del Colegio de Escribanos de Madrid, hoy Secretarios judiciales, á las palpitaciones de la opinión pública, tanto como á las necesidades de la clase, y con la vista fija en el interés del país, cuya garantía representa el cargo, y en la marcha progresiva de los tiempos, estimando que es un deber de todo Gobierno estable preocuparse solícitamente de aquella necesidad para atenderla, y una obligación de ciudadanía contribuir á tan altos fines, confeccionó, después de meditado estudio y consulta de personas peritísimas, un proyecto de Arancel por conceptos, fundado en el tanto por ciento de la cuantía litigiosa, cuando ésta se puede determinar; tipo fijo para los de cuantía indeterminada, con arreglo á su naturaleza y la retribución de servicios, ajenos á la esencia de la tramitación, siempre que sean exigidos por la ley.

Este proyecto de Arancel fué presentado al excelentísimo señor Ministro de Gracia y Justicia, y sus principios tuvieron tal acogida, que ya el Real decreto de 1.º de Junio de 1911, orgánico del Cuerpo de Secretarios judiciales, se ocupa de ellos en la exposición de motivos, como forma de retribución, para después estatuir en el art. 43 lo siguiente: «Mientras las necesidades del Tesoro no permitan consignar en los presupuestos del Estado las cantidades necesarias para los sueldos asignados en este decreto á los Secretarios judiciales, el Ministro de Gracia y Justicia formará un Arancel por conceptos, fundado en el tanto por ciento de la cuantía litigiosa, cuando ésta pueda determinarse y tipo fijo para los de cuantía indeterminada con arreglo á su naturaleza.»

No puede ser más claro el deseo; mientras no se estabilice el sueldo, el Arancel por conceptos será la forma de retribución de honorarios que regirá para los Secretarios judiciales, respondiendo este precepto al art. 16 de la proposición de Ley leída en el Congreso de los Diputados en la sesión del día 11 de Mayo de 1908, y tomada en consideración.

Para dar cumplimiento al artículo transrito, el Gobierno nombró una prestigiosa Comisión que formuló el Arancel, que se aprobó por el Real decreto de 15 de Julio de 1911, refrendado por el Excmo. Sr. Presidente del Consejo y Ministro de Gracia y Justicia, el malogrado D. José Canalejas, quien estampó en el preámbulo este importán- tísimo párrafo:

«Los Secretarios judiciales no obtendrán los rendimientos que en otros tiempos alcanzaron, pero si una remuneración de su trabajo más dignificadora que evite las susceptibilidades, los recelos y los abusos. Para ello los mismos Secretarios judiciales formularon, como una de sus más apremiantes aspiraciones, la de la reforma por su cooperación estudiada.»

Estas frases, debidas á la pluma de aquel eminente juristaconsulto, desparecido para desgracia de la Patria, cuyo talento unánimemente se reconoce, son la condenación más palmaria del Arancel detallista de diligencias que ha dado lugar á tantas monstruosidades, y relajan por consiguiente todo el alcance y transcendencia del Arancel por conceptos, cuyos principios no hemos visto seriamente combatidos hasta ahora, ni pueden serlo sino con prejuicio, porque están basados en lo que es más racional; que cada cual pague con arreglo á lo que litigue ó herede, en contraposición con lo que acontecía don el arcaico y desacreditado Arancel por diligencias.

La retribución del Secretario judicial hoy, respondiendo al fin capitalísimo de dignificación del funcionario, siempre compatible con el interés del Estado y de los justiciables ó litigantes, está en armonía con el carácter técnico que estenta para bien de la administración de justicia, y en relación á la cuantía de la reclamación que se ventila; ha de subvenir á las necesidades de la vida moderna y atendida la realidad práctica, ha de ser fácilmente calculable, para que el público pueda precisar de antemano lo que le costará el proceso ó asunto judicial.

Dentro de los honorarios del vigente Arancel, el litigante obtiene para la discusión de su derecho toda clase de facilidades, el verdadero lujo de tramitación consignado en la ley; pero el que promueve incidencias y complica el pleito, paga como es natural el exceso de trabajo, que por sus pretensiones quizás superfluas ocasiona.

Como el Arancel por conceptos descansa en principios generales, ningún inconveniente puede haber en hacerle extensivo para retribuir á todos los funcionarios que de ese modo perciben actualmente derechos; la cuestión quedará limitada á la determinación de los tipos de percepción y periodos ó momento en que deben hacerse efectivos, dada la diversa tramitación que los asuntos tienen en los Juzgados municipales, Audiencias territoriales y Tribunal Supremo, con relación á los Juzgados de primera instancia, y ese resuelto está para Marruecos.

Sabe perfectamente la Comisión, á quien esta Junta directiva tiene el honor de dirigirse, que para el estudio