El Foro español (Madrid. 1898) (1914-04-10 00:00:00), página 13

mento indubitable del padre en que expresamente reconozca la filiación, es inaplicable dicho precepto.

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Competencia.—Compraventa al fiado.—Pago de pesetas.—Acción personal.—Sentencia de 4 de Junio. (Gaceta de 16 de Julio de 1913.)—Declaró que para la aplicación del art. 1.500 del Código Civil como determinante de la competencia en las demandas que versen sobre pago del precio en los contratos de compraventa de géneros de comercio ó de otra clase hechos al fiado, es requisito indispensable la existencia de algún principio de prueba del que se deduza la fijación del lugar en que ha de realizarse, ó en su defecto, el en que se haga la entrega de la cosa vendida, reputándose esto verificado en el domicilio del vendedor, cuando se remite al del comprador de cuenta y riesgo del mismo;

Y que dada la negativa del demandado y el silencio que sobre dichos particulares guardan los documentos presentados en el juicio, y además en la demanda se comprende el porte de la mercancía vendida como satisfecho, con los gastos de almacenaje, por el vendedor, no habiendo conformidad ni aún respecto al punto en que real y efectivamente debiera haberse entregado la cosa, es evidente que se está en uno de los casos ordinarios de reclamación de cantidades por distintos conceptos á que se refiere el párrafo 3.º del art. 1.171 de dicho Código, y que, en su consecuencia, procede el cumplimiento de la supuesta obligación en el domicilio del demandado y presunto deudor; y por tanto, en virtud de lo dispuesto en la regla 1.ª del artículo 62 de la ley de Enjuiciamiento, debe decidirse la contienda en favor del Tribunal de dicho domicilio.

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Prescripción de acciones en Cataluña.—Sentencia de 5 de Junio (Gaceta de 16 de Julio de 1913).—Declaró que si bien en Cataluña conforme á lo preceptuado en el Ustus Omnes causa, título 2.º, libro 7.º, volumen 1.º de sus Constituciones, prescriben á los treinta años todas las acciones, estableciendo un medio de prescripción extintiva y liberatoria en favor del poseedor que la puede ejercitar por vía de excepción, no es menos cierto que, según reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo, ese espacio de tiempo debe contarse desde que las acciones puedan ser ejercitadas, desapareciendo el obstáculo que lo impidiera, porque tratándose de la pérdida de un derecho por la prescripción extintiva, ó sea el abandono de su ejercicio, es indispensable que tal derecho haya comenzado á tener realidad y no se haya estado impedido para ejercitarlo;

Y que tratándose de unos terrenos de que se incumplió el Estado para emplazar en ellos murallas y nuevas defensas de una ciudad, y que después de derruidas esas murallas venda á un tercero, es evidente que el Estado no puede invocar con éxito la excepción dicha de prescripción en contra del que trata de reivindicar los terrenos en cuestión y de sus causantes, en los que llega á reconocerse el dominio constante, y por tanto, la posesión civil desde la primitiva compra, antes de la ocupación por el Estado y aún durante el tiempo de esa ocupación por efecto de las fortificaciones, en cuyo caso es evidente que por razón del servicio público á que aquéllas estaban destinadas y la necesidad que las motivó y el poderío del que ocupó los terrenos sin satisfacer su precio, estuvieron el actor y sus causantes impedidos para poder ejercitar sus acciones, porque constituyendo esa defensa un obstáculo material insuperable, ni podía empezar á adquirir el ocupa-

pante, ni podía tampoco el verdadero dueño reclamar mientras aquel obstáculo no desapareciese; al tenor de lo preceptuado en las leyes 23 y 59, título 6.º, volumen 1.º del Digesto, y por ello es visto que el término de los treinta años no pudo empezar á contarse, como ya en otro pleito enteramente análogo hubo de determinarlo el Tribunal en su sentencia de 14 de Febrero de 1874, sino desde el año en que tuvo lugar la demolición de las murallas que constituían aquel obstáculo, pasando entonces los terrenos que eran su base á considerarse de la propiedad particular del Estado.

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Daños y perjuicios provenientes de culpa ó negligencia.—Sentencia de 7 de Junio (Gaceta de 17 de Julio de 1913).—Resuelve que no resultando probado á juicio d. la Sala sentenciadora, apreciando en conjunto las diversas pruebas practicadas, la existencia de un acto de omisión determinante de daño ó perjuicio proveniente de culpa ó negligencia por parte del encargado de la dirección de los trabajos de una explotación minera en la que se ocasiona la muerte de un obrero, elementos esenciales para que pueda otorgarse en su caso la indemnización, conforme á los artículos 1.902 y 1.903, párrafo 4.º del Código Civil, no se infringen estos preceptos al (absolver de la demanda en que esa indemnización se reclama.

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Capitulaciones matrimoniales.—Sentencia de 10 de Junio. (Gaceta de 17 de Julio de 1913.)—Resuelve que las capitulaciones matrimoniales revisten tal importancia que para que sean válidas es inexcesible como excepción del principio general del artículo 1.273 del Código Civil el otorgamiento de escritura pública antes de celebrarse el matrimonio, única forma especial requerida por el 1.321, en relación con el 128 (debe ser el 1.280), en su número 3.º, establecida como garantía de otros derechos afectos á terceras personas no menos sagrados y trascendentales en la vida privada social y jurídica.

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Prenda (contrato de).—Sentencia de 11 de Junio. (Gaceta de 18 de Julio de 1913.)—Declaró que son esencia del contrato de prenda la garantía que se constituye sobre una cosa mueble para asegurar el cumplimiento de una obligación principal, y además la entrega de la misma, pues precisamente la garantía descanse en la posesión material que el acreedor obtiene en la prenda, por lo que, no sólo la exige de un modo expreso nuestro Código en sus artículos 1.863 y 1.922, sino que igualmente la consideró requisito indispensable la legislación romana para que estuviera perfeccionado el contrato, como lo demuestran el principio establecido en la ley 238, párrafo 2.º, título 16, libro 50 del Digesto, de que las cosas que se den en prenda se entreguen con la mano, y la obligación que impone al acreedor el párrafo 14, título 14, libro 3.º de las Instituciones, de devolver á su tiempo la cosa pignorada.

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Tercería de dominio.—Frutos pendientes.—Sentencia de 11 de Junio. (Gaceta de 18 de Julio de 1913.)—Resuelve que á tenor de lo prescrito en el artículo 1.543 del Código Civil, el arrendatario de una cosa adquiere su uso y disfrute, y, por tanto, siendo un hecho probado que un individuo tiene arrendados determinados huertos por escritura pública al tiempo en