El Foro español (Madrid. 1898) (1914-01-30 00:00:00), página 13

ni lesionan los derechos previamente adquiridos sobre la finca embargada;

Y como corolario de lo expuesto, que el hecho de haberse promovido juicio ejecutivo á causa de un crédito personal, y el del embargo en su virtud decreta-do en dicho juicio sobre determinada finca que en la misma fecha del embargo se vendió á un tercero por escritura pública con autenticidad reconocida por las partes, pero cuya anotación no se realizó hasta dos meses después, no pueden impedir, aunque el comprador la inscribiera con posterioridad á la misma que su derecho de dominio sea preferido al del embargante que no tenía el carácter de real en su origen, ni le adquirió después por la anotación, y al entenderlo así se aplican acertadamente los artículos 1.923 del Código Civil y 42, 44 y 71 de la ley Hipotecaria.

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Validez y cumplimiento de los contratos.—Obligación condicional.—Sentencia de 27 de Febrero. (Gaceta de 7 de Mayo de 1913.)—Declara que en el caso de un individuo que al enajenar por escritura pública determinada finca se reserva el derecho de retraerla y por otra escritura posterior contrae con un tercero la obligación de retraer dicha finca y á venderla al mismo una vez retraída, si bien asistiéndole la facultad de ejercitar aquella acción cuando lo estima oportuno, ó sea en el momento que entienda más conveniente á sus intereses, claro es que esto ha de entenderse siempre dentro del plazo señalado en la primera de las citadas escrituras para llevar á efecto el retraer, ya que de otra suerte resultaría ineficaz y baldo el otorgamiento de la posterior en que se obliga á retraer que ninguna obligación exigible había de garantizar;

Y que al admitirse un criterio contrario se infringen los artículos 1.256 y 1.115 del Código Civil: el primero, porque de tal criterio se desprendería quedaba al arbitrio exclusivo del que al vender la finca se reservó el derecho de retraerla, haciendo las obligaciones por él contraídas ilusorias e inexiguibles con el solo hecho de no querer satisfacerlas; y el segundo, porque constaría estipulado, en dicho supuesto, un deber dependiente de la aquisición del obligado á cumplirla, lo cual en materia de interpretación de contratos bilaterales es en absoluto imposible, á efectos distintos de la nulidad de los mismos.

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Patentes de invención.—Nulidad de patente.—Sentencia de 27 de Febrero. (Gaceta de 7 de Mayo de 1913.)—Consigna que para que una patente de invención sea válida en España y produzca todos los efectos, especialmente el de atribuir la propiedad indus-trial en favor del concedionario, es condición indis-pensable, con arreglo al art. 12 de la ley de 16 de Mayo de 1902, que se trate de un nuevo invento, ó sea no conocido ni practicado en España ni en el extranjero, según el 14, y que el 103 de la propia ley declara, en su número 1.º, nula la patente cuando se justifique que no son ciertas, respecto al objeto de la misma, las cir-cunstancias de propia invención y novedad alegadas al solicitarla;

Y que estimándose en una sentencia que muchos años antes de la concesión de determinada patente se vendía y fabricaba el artículo objeto de la misma, siendo por tanto éste conocido en España y en el ex-tranjero, por lo que le faltan los requisitos de previa invención y novedad, para cuya estimación se basa en el conjunto de todas las pruebas practicadas en el pleito, entre las que se encuentran la testifical, muy calificada, y la resultante del examen comparativo de varios productos de la misma industria, los dos de la exclusiva apreciación del Tribunal a quo, y de cuya pertinencia no puede dudarse por referirse á hechos pasados ó de simple inspección, y que no exige análisis ni conocimientos técnicos de ninguna clase, es evi-dente que al decretar por ello dicha sentencia, la nulidad de la repetida patente no infringe las disposiciones legales al principio citadas.

Marzo.

Prescripción adquisitiva.—Derecho foral mallorquín.—Sentencia de 2 de Marzo. (Gacetas de 8 y 9 de Mayo de 1913.)—Declara que el Principado de Mallorca en materia de prescripción, no sólo tiene leyes propias que aplicar, sino qué en lo no previsto es ya indisoluble que desde los siglos xvii, xviii y xix no se conoce ál otro derecho supletorio que el des-envolto por Justiniano en sus Novelas, al cual auxilia previamente nuestro vigente Código Civil:

Que la prescripción adquisitiva, tanto ordinaria como extraordinaria, acaso en pugna en determinadas circunstancias con el ideal de la Justicia, es al fin una institución jurídico-social establecida por los legis-laadores de todos los pueblos y tiempos, que enlazándose con el origen y fundamento de la propiedad, constituye título legítimo, para que el poseedor de una cosa que su verdadero dueño abandona la haga áquel suya, si este último, durante el lapso de tiempo que las leyes estatuyen, deja de recuperarla; pues si así no fuese, ni habría consagración de la fortuna, ni se evitarían las contiendas á que la inestabilidad del dominio pudiera dar lugar:

Que tratándose de una reivindicación de bienes en Mallorca y aplicable por lo expuesto el régimen jurídico de ese territorio, como comprendido en la excepción que para casos análogos prevé el Código Civil en su art. 12, es inconcesu que según la Ordenatio nova y sumari dels privilegis consuetudo i bons usos, así como las denominadas allí sentencias reales, la franqueza dada en 1251 por D. Jaime I, y el título XXVI, De prescriptio inbus, de las Decretales, disposiciones todas que en su espíritu han recogido lo mismo nuestra antigua que nuestras modernas legislaciones, no sólo procede la prescripción adquisitiva ordinaria de bienes inmue-bles cuando un poseedor ostenta justo título, buena fe y posesión pacífica durante el transcurso no interrum-pido de diez años entre presentes, sino también por la prescripción extraordinaria, que sin necesidad de aquellas garantías está exclusivamente garantizada por otro lapso de tiempo superior á treinta años, de donde se sigue como consecuencia precisa de estos principios de ley y de doctrina, que habiendo sido un individuo poseedor de determinados bienes, contra el que se ejercita la acción reivindicatoria, como sus causantes por espacio de más de treinta años, la pro-piedad de aquellos quedó á su favor prescrita:

Que la acción reivindicatoria es en todo caso impro-cedente, como declara la jurisprudencia, mientras en amplia discusión y resolución previa no se obtiene la nulidad de los actos jurídicos y documentos legítimos en que el poseedor de los bienes demandado funda su derecho, y al actor incumbe, en procedimiento sepa-rado, pedir antes que la entrega, con sus frutos, de los bienes discontados, la declaración de la ineficacia de esos documentos, y he ahí por qué entretanto deben reputarse títulos capaces de transmisiones, demostra-tivos de la buena fe con que se viene ejercitando la posesión pública, pacífica y no interrumpida desde un plazo por sí solo bastante para la prescripción adqui-