El Foro español (Madrid. 1898) (1914-10-10 00:00:00), página 9

teria legislativa ni aun meramente reglamentaria, y la independencia judicial [resultará afirmada precisamente en esa ancha y legítima] esfera de acción. Sólo algunas añejas doctrinas enamoradas de la emanación de los Tribunales, de los otros Poderes del Estado, intentarán proclamar una inorgánica independencia, asignando, concluía diciendo el Sr. Canalejas, como esenciales caracteres de ella, la elección popular de los Magistrados y el ejercicio limitado del mandato judicial.

Lo que importa, á nuestro juicio, para que la administración de la justicia sea órgano del Derecho, es que la Ley, antes que la facultad discrecional de los Ministros, establezca reglas inflexibles reguladoras del ingreso y promoción en la carrera; que la milicia togada no sienta la intraquilla y continua preocupación por el ascenso que se opone á la propia é interesante satisfacción; y de contrario, que el sacrificio y la abnegación en el individual cumplimiento del deber, constituya el culto ferviente del alma de los Jueces y Magistrados, seguros, por el otorgamiento de la inamovilidad, de toda intromisión en el ejercicio de su función social de hacer justicia por actos á ella opuestos de los Poderes legislativo y ejecutivo.

La relación armónica, per tanto, entre el Estado y el organismo á quien la Constitución encomienda la exclusiva potestad de aplicar las leyes, no presupone antinomias resultantes de la equivocada concepción acerca de la teoría sobre la división de los expresados Poderes, á los cuales como diríamente de posibles conflictos jurisdiccionales, se ha agregado con posterioridad el llamado Poder moderador. Por el contrario, si todo Poder recibe la esencialidad de sus funciones de la soberanía del Estado, su desarticulación justificaría el aserto de un distinguido publicista, que afirma ser sólo evitable la tendencia de todo Poder á ercerse absoluto, condicionando el desenvolvimiento de sus actividades al imperio de las normas jurídicas, superiores y anteriores á los Poderes legislativo, ejecutivo y judicial.

El Estado, que es centro de la vida orgánica en la colectividad social, no órgano atrofiado e inerte, cumple su misión de realizar el derecho tutelando el funcionamiento de los Poderes públicos, que al fin no son más que ejecutores de aquellas normas jurídicas, aseguradoras en los coassociados del positivo reinado de la justicia; por lo cual las relaciones entre la potestad judicial y el Estado quedan claramente delimitadas, garantizando los Gobiernos por medio de leyes justas, que los Jueces deban la investidura honrosa, no á la discreción de los Ministros, sino al mandato de la Ley, y asegurando á su vez al cuerpo social, que así como el Magistrado en el ejercicio de sus funciones no habrá de doblegarse ante el temor, ni abrir su corazón á la esperanza de mejoras por actos del oficio la privatización aun por simple negligencia, ó la incoherencia en el proceder, llevarán aparejada la exacción inmediata de la responsabilidad civil ó criminal ó la desstitución por la vía disciplinaria de la efectividad de su cargo.

Elevación cultural de la Magistratura y mejoramiento económico de su situación precaria, que dificulta acaso el acceso á la función augusta de jurisconsultos dignos de ese nombre; inhibición prudente de los Gobiernos en la elección directa del personal, sometiendo su potestad discrecional á la potestad reglada de las leyes orgánicas, y, finalmente, adopción de una política encaminada á excitar las actividades del Cuerpo judicial, para que por sí mismo coadyuve á la obra de la dignificación de los Jueces y Magistrados, recibiendo así el acatamiento y profundo respeto á sus virtudes sociales: he aquí los sólidos fundamentos conducentes á que los pueblos posean aquellos Jueces, que al decir de Platón, hacen buenas las leyes deficientes, inspirando en las masas honradas, por obra de la jurisprudencia, el verdadero sentido jurídico, que es signo de civilización y de progreso en toda colectividad regida por los inmutables principios del Derecho, contenido de la Ley y expresión legítima de la justicia.

PRIMITIVO GONZÁLEZ DEL ALBA.

NOTICIAS

Personal de la Judicatura.

Han sido nombrados: Teniente fiscal de la Audiencia de Soria, D. Luis Folache, Juez de Lorca, electo; para este cargo, D. Eduardo Martos, que desempeña aquél; Juez de Becerril, D. Antonio Taboada, electo de Piedrahita; para este Juzgado, D. Juan García Romero de Tejada, electo de Saldana; para este Juzgado, D. Luis Sanz, electo de Ginzo de Limia; para este Juzgado, D. Mariano Luján, electo de Torrecilla de Cameros; para este Juzgado, D. José Antonio Romea, electo del de Ordenes; de Cañete, D. Alfonso Barrio, Aspirante núm. 11.

Licencias de treinta días por enfermedad con sueldo entero.

D. Julio Díaz Sala, Magistrado de la Audiencia de Málaga (18 Septiembre); D. Enrique Rodríguez Lacin, idem de la de Las Palmas (19 Septiembre); D. Jesús Rodríguez Marquina, Juez de primera instancia de Betanzos (21 Septiembre); D. Antonio Baileín Lozano, idem id., de Mancha Real (21 Septiembre); D. Mariano Quintana Bonifaz, idem id., de Almazán (23 Septiembre); D. José de Castanedo y Polanco, idem id., de Sepúlveda (24 Septiembre); D. Enrique Ruiz Martín, idem id., de Montalbán (25 Septiembre); D. Eusebio Manteola y Suárez, idem id., de Algeciras (25 Septiembre); D. Eduardo Delgado Golmayo, idem id., de Herrera del Duque (28 Septiembre).

Prórroga de licencia por enfermedad con medio sueldo.

D. Angel Ricardo Ibarra y García, Juez de primera instancia de Villafranca del Bierzo, 15 días (21 Septiembre.)

Rehabilitación.

D. Teófilo de la Cuesta y Castañeda, Magistrado de la Audiencia de Orense, 30 días (24 Septiembre.)

Secretarios judiciales.

En virtud de permuta han sido nombrados Secretarios: del distrito de Serranos, de Valenola, D. Mariano Frías, y de Teruel, D. Segundo Coll.