El Foro español (Madrid. 1898) (1913-12-10 00:00:00), página 6

sin trabajar las minas, no pudiendo abandonarse éstas sin dar parte á la autoridad.

Se estimuló la formación de compañías con la concesión de ciertas gracias, auxilios y mercedes que no fueran contrarias al interés público ni al Erario. Se creó un Banco llamado de avíos de minas, sostenido por dos tercios de real por marco de toda la plata que entrara en la Casa de Moneda. Era misión de este Banco, después de pagar los gastos del Real Tribunal de Minería y Colegio de jóvenes mineros, invertir el sobrante en avíos y gastos del laboreo de las minas de Nueva España. Se estableció un Real Seminario de Minería donde se podía recibir la enseñanza facultativa y preparación para hacerse peritos facultativos y peritos beneficiadores, según que tuviesen por misión las mediciones y deslinde á trabajos de laboratorio, son hornos y máquinas para mover y lavar los metales, fundientes, balanzas de precisión, pesas, etc.

Se otorgaron algunos privilegios á los mineros para estimular la afición á esta industria y en materia de jurisdicción establecen las Ordenanzas la gubernativa y judicial á cargo de Tribunal Superior en última instancia y de Diputaciones territoriales en la primera, con intervención de la justicia ordinaria en casos y asuntos especificados en ellas.

El Tribunal Superior se llamaba «Real Tribunal General del Importante Cuerpo de la Minería de Nueva España» y se componía de un Presidente Administrador General, de un Director General y de dos ó tres Diputados generales. Dividido el virreinato en territorios llamados Reales ó Asientos de minas, cada uno tenía su Diputación que elegía uno ó dos Diputados de minería y cada tres años reunidos todos éstos en México designaban por elección los individuos del Real Tribunal. Las Ordenanzas especifican los votos que tenían las villas, los lugares y las ciudades y la duración de estos cargos electivos así como la forma de nombramiento respecto de los diputados mineros que se elegían cada año por las diputaciones locales.

Tarea imposible sería detallar los procedimientos que para las causas y agravios marcan las Ordenanzas. Quien tenga curiosidad de hacerlo se quedará maravillado al ver en ellas preceptos de derecho procesal que pasan por ser la última palabra de la ciencia moderna.

El decreto de 1825 y las leyes de minas de 1849 y 1850 reformada en 1868, no pudieron ser aplicados á más países americanos que Cuba y Puerto Rico, á causa de que las otras Colonias se hicieron independientes antes de la primera de las indicadas fechas.

LEGISLACIÓN VIGENTE.

Por razón de método y claridad de exposición la legislación vigente en España puede agruparse en secciones: legislación general, legislación tributaria, legislación obrera, policía minera, cuadros facultativos y enseñanza.

LEGISLACIÓN GENERAL.

La legislación general la constituyen la ley de 6 de Julio de 1859 reformada por la de 4 de Marzo de 1868 y el Decreto-Ley de Bases de 29 de Diciembre de 1868, rigiendo aquéllas en todo lo que no han sido modificado por éste Decreto-Ley. Tales disposiciones legislativas se encuentran desarrolladas y completadas por el Reglamento general de minería de 16 de Junio de 1905 modificado en cuanto al art. 157 por Reales decretos de 11 de Julio de 1909 y 10 de Marzo de 1912.

Las Bases de 29 de Diciembre de 1868, el Poder ejecutivo se les brindó al legislativo para que las desarrollase en una ley especial. Aunque sea sensible confesarlo, todavía no se ha efectuado; así es que en realidad vivimos bajo un régimen de interinidad que la práctica ha hecho arraigar más que otros definitivos acaso por las tres orientaciones nuevas que el Decreto influyó en nuestro derecho; facilidad para la concesión, seguridad de lo que se concede ó posee y deslinde claro y preciso entre el suelo y el subsuelo.

Estos principios se desenvuelven en el Decreto-Ley por 33 artículos agrupados en cuatro apartados y cuatro disposiciones generales. En el primer apartado con nueve artículos se clasifican las sustancias minerales, cualquiera que sea su origen y forma de yacimiento, en el interior ó superficie de la tierra, en tres secciones perfectamente detalladas en los artículos 2º, 3º y 4º declarándose de aprovechamiento común las comprendidas en la primera sección; si se hallan en terrenos de dominio público, y del dueño de la superficie, cuando así no suceda, pero sin limitar este derecho del propietario más que por la inspección administrativa para la seguridad de las labores.

Las sustancias comprendidas en la segunda sección son de aprovechamiento común en terrenos públicos ó del dueño del terreno privado si las explota por sí; pero cuando esto no pase, declarado de utilidad pública su laboreo, el Estado se reserva el derecho de cederlas á quien solicite su explotación, previa indemnización al propietario por la superficie expropiada y daños causados y el pago anual de un canon por hectáreas. Los minerales de la tercera sección no pueden explotarse más que por concesión administrativa con sujeción al Decreto-Ley.

La primera sección la forman las producciones minerales de naturaleza terrosa y materiales de construcción cuyo conjunto forma las canteras. La segunda las placas, arenas ó aluviones metalíferos, esporiales y terrenos de aquella índole proce lentes de beneficios anteriores, esmeril, ores, almagras, turberas, fosfatos cálcicos, baritina, etc. Y la tercera los criaderos de sustancias metalíferas, antracita, hulla, lignito, asfalto y betunes, petróleo y aceites minerales, grafito, sustancias salinas, etc., caparroas, azufre y piedras preciosas.

ALFONSO CABELLO Y GUILLEN DE TOLEDO,
Miembro del Colegio de Abogados de Madrid.

Boletín de la semana.

LEGISLACIÓN

GRACIA Y JUSTICIA.—Real decreto de 15 de Noviembre de 1913, relativo al reparto entre los Notarios de los instrumentos públicos determinados en los apartados b y c de la regla 1.ª del art. 4.º del Real decreto de 28 de Febrero de 1908. (Gaceta del 19.)—Parte dispositiva: