El Foro español (Madrid. 1898) (1914-05-10 00:00:00), página 5

les de decretar la prisión del delinquente presunto? ¿Y si el delinquente era sorprendido infraganti? ¿Y si se fugarba? ¿Habría forma legal de asegurar siquiera la indemnización del perjudicado? ¿Y si el acusado ocultaba, vendía o malbarataba sus bienes? Únicamente podrá el Juez de- tener y decretar desde luego y ratificar en el expediente previo la prisión en los casos de flagrante delito, si el hecho delictuoso fuere de los que dan motivo á la prisión preventiva, y hasta no tener conclusa la total instrucción del expediente no elevar éste, con la pieza separada de prisión, á la Sala de gobierno.

En la hipótesis de que fuera legal el apartado 2º del num. 1º del art. 39 del Real decreto de 1º de Junio de 1911, podría ocurrir que, incoado un sumario y hallándose éste en tramitación, surgiera entonces la impugnabilidad del hecho criminoso á un Secretario judicial; habrá de suspenderse la urgente tramitación sin aproba- ción ó autorización del único Tribunal competente, que lo es la Audiencia provincial? No. El sumario sería elevado en consulta á la Audiencia de lo criminal para que este Tribunal aprobara ó autorizara ó no la suspensión.

En todo caso, lo más oportuno sería que el Juez instruc- tor no suspendiera la conveniente tramitación del suma- rio incoado y procediera legalmente con todas sus conse- cuencias contra el Secretario hasta culminar el sumario, ó que la Sala de lo criminal con jurisdicción propia no aprobara ni autorizara la suspensión y el aplazamiento por improcedentes, habida consideración á que una vez incoado un sumario no se debe suspender ó demorar in- oportunamente para tramitar un expediente anormal lle- vando la competencia de una Sala competente á otra que no lo es por razón de ley. Además, ¿y si antes ó después de incoado oficialmente el sumario resultara respectiva- mente en la querella ó en la denuncia ó en los autos que, además del Secretario, aparecían responsables otras per- sonas? ¿Se iba á sumarizar á éstas, ó al Secretario no, mientras se le formaba expediente? ¿Se había de prose- guir el sumario respecto de las otras personas, pero sin encartar al Secretario, mientras se instruía expediente? ¿Se había de suspender la incoación, ó en su caso la pro- secución del sumario, tanto respecto del uno como de los otros? ¿Y si se tratará de la responsabilidad de hechos co- nexos perseguidos en distintos sumarios acumulables? Y en el caso de que incoado un sumario se decretara el procesamiento y prisión de alguno ó algunos sujetos, con los embargos procedentes, y surgiera la codelincuencia de un Secretario judicial, ¿se suspendería la continuación y ulti- mación del sumario, mientras se seguía expediente? En caso afirmativo, ¿los otros responsables habían de conti- nuar, entre tanto, procesados, presos y con sus bienes em- bargados? De todos modos, ¿y si la Sala de gobierno sob- reseya en el expediente? La Sala de Gobierno no es el Juez competente de quien habla el art. 1º de la ley de Enjuici- damiento criminal. Por tanto, aun en el caso de que la Sala de Gobierno no apreciara la existencia de un delito ó sobreseyera en el expediente á que alude el Real decreto, el Juez de instrucción, si entendía que el Secretario había cometido un delito, tendría que incoar ó proseguir suma- rio contra el Secretario, en ineludible cumplimiento del Código de enjuiciar.

El art. 16 de la Constitución de la Monarquía española preceptúa que ningún español puede ser procesado ni sen- tenciado, sino por el Juez ó Tribunal competente en virtud de leyes anteriores al delito y en la forma que éstas prescriban. Es así que la forma indicada en el Real decreto que comentamos no aparece prescrita en ninguna ley; luego, no puede practicarse. Además de que la Sala de gobierno no es Tribunal competente para actuar en la persecución del delito á que se alude, aunque sea en forma de diligencias de antejuicio. Las leyes á que se refiere el art. 14 de la Constitución, dictan las reglas oportunas para asegurar á los españoles en el respeto recíproco de los derechos que la Constitución les reconoce, sin menoscabo de los derechos de la Nación ni de los atributos esenciales del Poder púb- lico, especificados, además, en la ley provisional sobre organización del Poder judicial, en la de Enjuiciamiento criminal y en las demás leyes complementarias, ninguna de las que admite el trámite que señala el Real decreto. Cuyo Decreto, con sujeción al núm. 1º del art. 54 de la Constitución, no pudo ser dictado más que para ejecución de las leyes concordantes; es así, que en ninguna ley se sanciona el trámite aludido, luego este particular del De- creto no puede ser cumplido porque carece de base eficien- te ó determinante, y resulta evidentemente contrario á las leyes que clara y terminantemente sancionan otro proce- dimiento. Y como las leyes procesales son de orden públi- co, no admiten interpretación extensiva. En razón de lo que, cuando los legisladores que ya conocían el procedi- miento del antejuicio quisieran aplicarlo, lo hicieron cons- tar en las leyes; por tanto, ¿es una verdad inconclusa que en las leyes no se señala el antejuicio para perseguir los delitos que se atribuyen al Secretario judicial en el ejerci- cio del cargo? ¡Sí! pues no hay medio hábil de tramitar el expediente porque sería improcedente.

El art. 76 de la Constitución dice que á los Tribunales y Juzgados pertenece exclusivamente la potestad de aplicar las leyes en los juicios criminales sin que puedan ejercer otras funciones que las de juzgar y hacer que se ejecute lo juzgado. La Sala de gobierno no puede juzgar en la mate- ria criminal aludida, y no puede ejercer otras funciones como son las de actuar un expediente de antejuicio, que las leyes no la atribuyen.

Por lo alegado no fuera bastante, que si lo es, el ar- tículo 77 de la Constitución dice que una ley especial determinará los casos en que haya de exigirse autorización previa para procesar ante los Tribunales ordinarios, á las Autoridades y sus agentes. Los Secretarios judiciales son agentes de la Autoridad; ninguna ley determina que haya de exigirse autorización previa para procesar ante los Tri- bunales ordinarios á los Secretarios; y según circular de la Fiscalía del Tribunal Supremo de Justicia de 5 de Marzo de 1881, mientras no se dicte tal ley no se requiere autori- zación previa para procesar á los agentes de la Autoridad, y puede el Ministerio público denunciar y perseguir á los agentes de la Autoridad que delinquan en el ejercicio de su cargo, y los Jueces de instrucción procesar á los Secreta- rios sin necesidad de autorización previa. A mayor abunda- miento, en el art. 78 de la Constitución se preceptúa que las leyes determinarán las facultades de los Tribunales y Juzgados, y el modo de ejercerlas; y es absolutamente indis-