El Foro español (Madrid. 1898) (1915-07-30 00:00:00), página 4

todo cese, revocación, renuncia, suspensión, substitución o modificación que sufran las representaciones anotadas en el Registro.

Art. 8.º Para la celebración de todo acto o contrato en que intervengan personas que representen intereses ajenos, debe solicitarse certificado del Registro, que deberá expedirse dentro de las veinticuatro horas, y valdrá por diez días para la capital y veinte para la campaña.

Art. 9.º El certificado podrá solicitarlo el mismo interesado o el funcionario que intervenga en el acto, y será agregado al instrumento para cuyo otorgamiento se requiera, además de citar en su texto la fecha y número de su expedición, así como sus resultados.

Art. 10. La persona que se presente en asunto judicial o administrativo, por un derecho ajeno, sin acreditar la toma de razón del instrumento que acompañe o invoque, para ejercer personería deberá comprobar dentro del término improrrogable de diez días que dicha formalidad se ha cumplido, bajo pena de ser rechazada como parte y anularse los procedimientos llevados a cabo. Los actuarios y empleados que omitan la observancia de esta prescripción serán corregidos con suspensión de un mes a un año y separación de su puesto en caso de reincidencia. Igual corrección se aplicará a los Escribanos de Registro que falten a lo prescripto en el art. 2.º

Art. 11. Salvo el caso previsto en el artículo anterior, todo funcionario o empleado que admita mandatos o representaciones sin la constancia de su toma de razón, será suspendido en el ejercicio de sus funciones por un mes a un año, y separado de su puesto en caso de reincidencia.

Art. 12. El Registro de la propiedad no inscribirá los documentos en que hayan intervenido mandatarios o representantes, si no consta en los mismos, o por medio de certificados, que los instrumentos con que acreditaron su personería estén anotados en la nueva sección creada.

Art. 13. Las solicitudes de toma de razón de los actos a que se refieren los artículos 1.º y 7.º, y los certificados que prescribe el art. 8.º y las ampliaciones, se formularán y expedirán en sellado de un peso moneda nacional.

Art. 14. Autorízase al Poder ejecutivo para gastar de rentas generales hasta la cantidad de diez mil pesos moneda nacional, en la instalación de la sección de Mandatos y Representaciones, provisión de libros, impresiones útiles y personal extraordinario. Este gasto se declarará de urgencia.

Art. 15. Las correcciones disciplinarias que esta ley establece serán aplicadas por los Tribunales de Justicia o el Poder ejecutivo en su caso.

Art. 16. Los poderes especiales agregados a los expedientes judiciales a la fecha de la promulgación de esta ley, no necesitarán ser inscritos.

Art. 17. El Poder ejecutivo reglamentará la presente ley y adoptará en todo tiempo las medidas que sean conducentes a su cumplimiento.

Art. 18. Esta ley empezará a regir treinta días después de su promulgación.

Art. 19. Comuniqué,

Un nuevo argumento contra el divorcio. (1)

(CONCLUSIÓN)

¿Pero es verdad que compete al Tribunal eclesiástico la disolución del matrimonio? Hay que responder con distinción. Si se trata de un matrimonio entre cristianos (matrimonio sacramento) y ha sido consumado por los cónyuges, ningún Tribunal en el mundo, ni el Vaticano de Jesucristo en la tierra, lo puede disolver por causa ninguna, aun de adulterio: es doctrina de fe católica definida en el Concilio de Trento (ses. 24, cánones 5 y 7) (2). Si le hubiera sido posible, ¿no habría el Papa Clemente VII, v. gr., declarado nulo el legítimo matrimonio de Enrique VIII con Catalina de Aragón, a fin de evitar el horrible esisma de Inglaterra? Si el matrimonio fuere rato y no consumado, el Papa, no por autoridad puramente humana, sino por facultad especial (divina delegada), recibida de Jesucristo, y por causa grave del bien de las almas y de la recta gobernación de la Iglesia, lo puede disolver; y así lo han hecho y hacen los Suntos Pontífices, siempre con causa grave. El mismo matrimonio rato y no consumado queda asimismo disuelto por la profesión religiosa (de votos solemnes), de uno de los cónyuges en religión aprobada, como lo ha definido el Santo Concilio de Trento contra los protestantes, que por odio a las Órdenes religiosas lo negaron, aun admitiendo el divorcio por causa de adulterio (3). En cuanto al matrimonio de los no bautizados, puede disolverse por dispensación divina en favor de la fe, según vimos indicado en el capítulo Gaudemus, cuando convertido a la fe de Jesucristo y bautizado uno de los cónyuges, no quiere el otro vivir pacíficamente con él o no sin continuación del Criador. Si se hubiera contraído con dispensa el matrimonio entre un sujeto fiel y otro infiel, no gozaría de este privilegio paulino, y el fiel no podría contraer nuevas nupcias mientras viviese el infiel que no quisiera cohabitar sin injuria del Criador. Así lo declaró Clemente XIII por la Sagrada Congregación del Santo Oficio el 5 de Agosto de 1759 (4).

Hicieron, pues, muy mal, objetivamente hablando, los Tribunales de Alemania disolviendo el matrimonio contra la ley divina.

(1) Véase el número anterior.
(2) «Si alguno dijere que se puede disolver el matrimonio por causa de herejía, o de cohabitación molesta, o de ausencia excesiva de uno de los cónyuges, sea excomulgado.»
«Si alguno dijere que erra la Iglesia cuando enseñó y enseña, según la doctrina del Evangelio y de los Apóstoles, no poder ser disuelto el vínculo del matrimonio por adulterio de uno de los cónyuges; que ninguno de los dos, aun el inocente que no dio motivo para el adulterio, pueden contraer otro matrimonio, mientras viva el otro cónyuge; y que comete adulterio el que dejando a la adultera, se casase con otra, y la que, dejando al adultero, se casase con otro, sea excomulgado.»
(3) Véase sess. 24, can. 6: «Si alguno dijere que el matrimonio rato no consumado no se derme por la profesión solemne religiosa de uno de los cónyuges, sea excomulgado.»
(4) Vide Gasparri, De matrimonio, núm. 1.092, citado por Mendive, De matrimonio, pág. 273.