El Foro español (Madrid. 1898) (1914-03-10 00:00:00), página 5

puesto de inquilinato por esas habitaciones al Ayuntamiento, le fue denegada, y contra esa resolución recurrió en primera instancia ante la Delegación de Hacienda pidiendo su revocación y la devolución de las cantidades satisfechas en concepto de tal impuesto.

En 8 de Abril del pasado año, la Delegación confirmó el fallo apelado, pero lo hizo en unos términos que conviene conocer, pues realmente daba en los Considerandos notas de imparcialidad y rectitud dignas de elogio.

La cuestión plantead en el expediente—decía—está reducida á determinar si los locales de referencia se hallan exentos del impuesto de inquilinato, debiéndolo hacer previamente de sí á los efectos de lo dispuesto en los párrafos 2.º y 3.º del art. 11 de la ley de 12 de Junio de 1911, los Abogados en ejercicio y matriculados para el pago de la contribución industrial son ó no tales industriales, carácter que, á juicio de esta Administración, no se les puede negar por el hecho de estar confundidos con los epígrafes de las tarifas de dicha contribución.

«Considerando que si son tales industriales los Abogados en ejercicio y para ello necesitan locales adecuados y decorosos que no utilizarían ó necesitarían sin dicho ejercicio de industria, es indudable, asimismo, que se encuentran taxativamente comprendidos en el citado artículo 11, y por lo tanto, exentos los locales ocupados materialmente por sus oficinas ó bufetes.

Considerando que á pesar de lo manifestado, el art. 84 del Reglamento de 29 del citado Junio determina que «se entenderán como locales destinados al ejercicio de la industria y del comercio, aquellos ó parte de los mismos en que existan instalados talleres, almacenes ó tiendas que racionalmente excluyan la posibilidad de ocupación del local como habitación, pero no aquellos que, aun sirviendo al ejercicio de la profesión, arte ó industria comprendidos en las tarifas de la contribución industrial ó de comercio, pueden ser utilizados simultáneamente como «vivienda», con cuyo principio reglamentario se modifica ó restringe un precepto legal, claro y terminante, cual es el del repetido art. 11.

Considerando que aunque en casos como el presente, el Tribunal contencioso ha sido dado jurisprudencia repetidas veces en el sentido de prescindir y tener por nulo el precepto reglamentario, que de aplicarse, puede modificar en cualquier sentido al de la ley para cuya aplicación fue dictado; esta Delegación entiende que las oficinas económico-provinciales carecen de facultades para en ningún caso prescindir de la aplicación de las disposiciones reglamentarias, ni aun en los que, como en el presente, existe manifiesta contradicción entre la ley y el Reglamento.

Considerando, en su consecuencia, que en los locales como para los que se solicita la exención, ó sea los ocupados por el bufete del Abogado en ejercicio, aunque se ejerce indudablemente industria que se encuentra sujeta al pago de una cuota de contribución y no se utiliza como vivienda, no existen instalados talleres, almacenes ni tiendas, y por lo tanto, no pueden eximirse del arbitrio de inquilinato, según determina el art. 84 del mencionado Reglamento.

La Delegación de Hacienda, como se ve, no podía ser más expresiva en el reconocimiento del derecho de exención solicitada por el recurrente; no cabe que dijera más, si bien se consideraba obligada á aplicar el Reglamento contradictorio de la ley, por tratarse de una dependencia económico-provincial de la Administración del Estado que había dictado semejantes preceptos reglamentarios anticonstitucionales.

La Delegación se reduce, en su difícil é ingrato papel, á confesar que se ha justificado el derecho á la exención del impuesto, que esta exención, aplicando la ley, es indudable, pero que un reglamento dado por el Poder ejecutivo vulnera la ley, la desconoce, dice otra cosa distinta de lo que la ley quiere y manda se haga, y que en su consecuencia procedería declarar sin fuerza de obligar á ese precepto reglamentario, si el que resuelve no fuese un organismo dependiente del propio poder que ha cometido la extralimitación de facultades.

Así se reglamenta aquí, en esta tierra de Abogados y le- gistas; así se vive y así se nos exigen las contribuciones y se castiga la resistencia al pago como el más nefando crimen, embargando y atropellando cuanto hay de privado en el hogar.

Y cuando así se reglamenta, no se exige ninguna responsabilidad y se deja pasar años sin que se cumpla con el trámite de oír al Consejo de Estado, única garantía que se concede en casos tales á los ciudadanos.

Y por ese medio se han obtenido miles y miles de pesetas, que el perceptor no devolverá jamás y que está dis- puesto á seguir sacando á los miserables contribuyentes, en clases tan huérfanas de valimiento y tan extrañas al funcionamiento del Estado, la provincia y el Municipio, y sus respectivos y orondos Fiscos, como los pobres Aboga- dos—entre los que apenas hay algún ex Ministro, ex Subsecretario, ex Director general, ex Diputado, ex Senador, ex Gobernador, etc.—, los Procuradores, Notarios, Agentes de negocios y cuantos tienen necesidad de un taller, un alma- cén ó una tienda para recibir á sus clientes, hablar con ellos y trabajar en sus oficios ó artes, aunque esos talleres, tiendas y almacenes no estén en Madrid ni generalmente en las capitales, en planta baja, sino en pisos altos con ventanas y balcones á la calle.

El Sr. Rodríguez interpuso contra esta resolución, lleno de legítimas esperanzas, el recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal provincial; y digo con legítimas esperanzas, porque este Tribunal no era ya una dependen- cia u oficina de Hacienda, y le era factible hacer y declarar cosa tan obvia como la ilegalidad de un Reglamento provisional, contradictor de la ley, ampliador de conceptos nada menos que en materia de establecimiento de impues- tos, que exige á todos los funcionarios del Estado la mayor circunspección y respeto á lo legislado por las Cortes y el Rey.

Debemos decir, para que no quede ningún punto oscur- recido, que en la vía gubernativa habían informado, claro es que en contra del recurrente, varias dependencias, á saber: la Administración de Propiedades, alegando las mismas razones que han servido de base á la resolución dicta- da por la Delegación, y la sección Fiscal de la Intervención, que se limitó á repetir lo establecido por el art. 84 del Reglamento en cuestión.