El Foro español (Madrid. 1898) (1915-03-30 00:00:00), página 5

za de grandes sacrificios. Es más; si con mi voto hubieran de proveerse las vacantes, lo daría inmediatamente —y con ello cumpliría un deber de conciencia y saldaria una deuda de justicia— a favor de algunos compañeros de Madrid que se han encanegido en el trabajo dentro de las Escrivanías. Y de entre estos, lo daría en primer término a favor de D. Bienvenido Pérez Rojas, que además de sus muchos años de servicio, de su probidad y de su aptitud, tiene el mérito de haber trabajado como el que más en defensa de los Oficiales.

Mientras él no sea Secretario, no debe serlo ninguno. Yo, al menos, no lo seré.

Y ahora, para terminar, allá va un remedio. Ya sé que no se atenderá, pero no quiero quedarme sin proponerlo.

¿No cree la dignísima Junta del Colegio de Secretarios de Madrid que sería muy acertado exigir á todos los Oficiales con derecho á ocupar Secretarías de entrada un nuevo examen ante un solo Tribunal que pudiera calificar, por el debido orden, la suficiencia y aptitud de todos? ¿No sería un medio más justo, más racional y menos engorroso de obtener las Secretarías por orden de calificación?

Estoy seguro de que semejante medida habrían de aplaudirla los Secretarios y los Oficiales que tengan absoluta seguridad de que lo son.

Como estoy seguro de que el solo anuncio de un nuevo examen mermaría el número de aspirantes á Secretarías en... ¡un 50 por 100!

¡S-gurísimo!

JUAN ALMUDÍ,
Oficial del Juzgado de primera instancia de Estella (Navarra).

Boletín de la semana.

LEGISLACIÓN

GRACIA Y JUSTICIA.—Circular de la Dirección general de los Registros, fecha 10 del actual, dictando reglas para evitar dudas y deficiencias en la presentación de documentos, solicitando tomar parte en las oposiciones á ingreso en el Cuerpo de Aspirantes á Registros de la propiedad.

—Real orden sobre el carácter de los curas párrocos en la celebración de los matrimonios con relación al documento de licencia ó consejo para contraerle.

Ilmo. Sr.: La Real orden de 8 de Febrero de 1913, interpretando, en parte con acierto, en parte con error, el art. 48 del Código civil, ha provocado multitud de reclamaciones y aun de expedientes, muchos de los cuales se han ido acumulando en este Ministerio esperando una resolución que exige ó la aplicación estricta de la Real orden ó de un criterio más en armonía con el principio que inspira el artículo citado del Código.

Es indudable que éste obliga á que sean acreditados la licencia y el consejo para la celebración del matrimonio por medio de un documento y no por la simple manifestación verbal, que con innegable abuso venía surtiendo efectos legales; y en este punto, la Real orden de 8 de Febrero de 1913 era expresión fiel del mandato de la ley.

Pero el error de la Real orden estriba principalmente en negar que puedan autorizar ese documento los Párrocos, al igual de los Notarios civiles ó eclesiásticos y de los Jueces municipales, según reza el mencionado artículo 48, porque en el instante mismo en que el Código civil reconoce la validez del matrimonio religioso y la aplicación á él de los principios y preceptos del Derecho canónico y habla expresamente de los Notarios eclesiásticos que pueden intervenir, tanto en la celebración del matrimonio como en los actos preliminares ó subsiguientes del mismo, ha de prestar también su asentimiento, admitiendo como Notarios eclesiásticos á aquellos á quienes el Derecho canónico capacita como tales; y es evidente de toda evidencia que tanto el Concilio de Trento, ley del Reino, como todas las disposiciones canónicas posteriores hasta el moderno decreto de S. S. Pío X, Ne temere, dan al Párroco ese carácter notarial para todos los actos relacionados con el matrimonio, con exclusión de todo otro que no sea el Párroco, hasta el punto de que la actuación de un Notario de curia ó diocesano ó de cualquier otra denominación ó índole eclesiástica no daría fe y el matrimonio intervenido por el solamente sería nulo, como nulo es aquél que no presencia y autoriza el Párroco, el cual, en realidad, concurre principalmente en calidad de tal Notario, puesto que los ministros del Sacramento de matrimonio son los contrayentes, y la intervención del Párroco no podía influir en la eficacia del Sacramento, sino en la del contrato que él tiene que conocer y que garantizar bajo su fe notarial.

Esta doctrina es tan evidente y son tantos los testimonios que la acreditan, que ni es necesario explicarla con más detenimiento ni los límites estrechos de una Real orden lo consentirían.

No es posible suponer que los autores de nuestro Código civil ignorasen principios y disposiciones tan claras y conocidas del Derecho canónico, y que al hablar, pues, de Notarios eclesiásticos para encomendarles la autorización de documentos relacionados con actos inherentes al matrimonio pudiesen dejar de aludir á los Párrocos; y que esta era la verdadera interpretación del Código, lo prueba una constante y no interrumpida jurisprudencia seguida en todos los lugares de España desde la publicación de este Cuerpo legal hasta el año 1911, en que se resolvió un caso particular con distinto criterio y dió lugar á la errónea interpretación mantenida en la referida Real orden.

Por todo lo expuesto,

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer que la Real orden de 8 de Febrero de 1918 quede subsistente en lo relativo á la necesidad de acreditar para la celebración del matrimonio por documento escrito la licencia ó consejo favorable, siendo sólo derogada en lo que afecta á la