El Foro español (Madrid. 1898) (1914-08-20 00:00:00), página 9

designará, oyendo antes á la Junta, un delegado de protección á la infancia que se encargue de la constante vigilancia del menor y de la persona ó Sociedad á cuya custodia ha sido confiado. Únicamente podrá decretar el ingreso del menor en un establecimiento del Estado, cuando aquél haya ejecutado el acto punible con discernimiento; pero para hacer esta declaración será preciso que el juez adquiera convencimiento pleno de la evidente perversidad del menor, demostrada por su reincidencia delictiva.

Quinta. Se promoverá, por medio del Consejo Superior y de las Juntas provinciales y municipales de protección á la infancia, á la creación de Sociedades tutelares.

Sexta. Se reformará el régimen actual de la Escuela de Reforma de Alcalá de Henares, organizando en el Ministerio de Gracia y Justicia una Sección especial para todo lo referente á los servicios de Tribunales para niños, Sociedades tutelares y establecimientos benéficos y del Estado.

Séptima. Quedan derogadas todas las disposiciones que se opongan á lo preceptuado en la presente ley.—Avelino Montero Villegas.

TEXTOS LEGALES DE APLICACIÓN POR LOS TRIBUNALES ESPAÑOLES EN MARRUECOS

Dahir fijando los derechos arancelarios que han de devengar las actuaciones judiciales en materia civil.

TÍTULO PRELIMINAR

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.º No podrá exigirse á persona alguna que intervenga como demandante ó demandado en cualquier actuación judicial, otros derechos que los fijados por este Dahir.

Art. 2.º La percepción de derechos queda limitada á las actuaciones de carácter civil.

La justicia se administra gratuitamente en materia criminal, y los condenados por razón de delito ó falta sólo están obligados á abonar, en concepto de costas procesales, los honorarios de su Abogado defensor, si lo tuvieren, y las indemnizaciones á los peritos y testigos que presentaren, salvo cuando se trate de causas por delitos que no se persiguen de oficio, pues en este caso habrán de satisfacer también los honorarios del acusador privado y las indemnizaciones de los peritos y testigos presentados por la parte actora.

Art. 3.º Los derechos fijados por este Dahir se perciben en beneficio exclusivo del Erario público, sin que los Secretarios judiciales, los oficiales de Secretaría, ni los subalternos de las diferentes jurisdicciones puedan percibir cantidad alguna de las partes por servicios prestados en el ejercicio de sus funciones.

En el caso de que dichos funcionarios tengan derecho á abono de gastos de locomoción ó dietas, les serán satisfechas las cantidades que les correspondan por el Erario público y no por ninguna de las partes litigantes.

Art. 4.º Los peritos, intérpretes y demás auxiliares de la Administración de justicia, que no formen parte de las Secretarías judiciales, cobrarán también directamente los honorarios que deban percibir, sin perjuicio de que en la liquidación de costas se exija á la parte correspondiente el reintegro de las cantidades abonadas por dicho concepto. En igual forma se procederá respecto á las indemnizaciones para los testigos.

Art. 5.º La parte que presente un escrito que dé lugar á la incoación de cualquier procedimiento, deberá consignar en poder del Secretario la cantidad que se determine y en los plazos que se fijen en los artículos siguientes de este Dahir.

Art. 6.º La cuenta así abierta subsistirá hasta la terminación del juicio, en que se practicará la liquidación definitiva, previa tasación de costas. Las costas comprenderán, además de los derechos arancelarios, el pago de honorarios e indemnizaciones á las personas de que se haga mención en el art. 4.º Estos honorarios e indemnizaciones se fijarán en la forma que determina el Código de Procedimiento civil.

Art. 7.º Serán gratuitos los documentos expedidos por los Secretarios cuando tengan que surtir efecto en expedientes relativos:

1.º Á sucesiones de militares españoles muertos en campaña ó en viaje.

2.º Á informaciones sobre opción de nacionalidad ó relacionadas con el servicio militar; y

3.º Á cualesquiera otros asuntos en que se conceda este beneficio por las disposiciones que los regulan.

Art. 8.º La justificación del pago de los derechos arancelarios se hará mediante pólizas, que quedarán adheridas á los autos. Estas pólizas serán fabricadas por la Fabrica Nacional del Timbre de España.

Art. 9.º Los derechos se satisfarán una sola vez y se abonarán por el actor, y si compareciese el demandado, entre éste y el demandante, por mitad. Si hubiere más de un demandado que litigue separadamente, abonará otro tanto igual al de su cotillegante, según el período en que se persone; y aunque fueren muchos los litigantes, se considerará como una sola parte á los que se defendan bajo una misma dirección y formulen sus pretensiones en un solo escrito.

Art. 10. Sea cualquiera el período del juicio ó procedimiento judicial en curso, en que comparezca un litigante que antes no hubiese sido parte, abonará la mitad de derechos correspondientes al período en que lo verifique.

Art. 11. El litigante que desista de su acción antes de que termine un período del juicio, sólo deberá abonar el 50 por 100 de los derechos correspondientes al mismo.

Art. 12. Cuando haya fundados motivos para suponer que en los expedientes sobre declaración de herederos ó en cualesquiera otros en que la percepción de derechos esté regulada por razón de la cuantía exista ocultación, el Juzgado, previa audiencia del interesado y la justificación que presente, resolverá sin más trámites y sin anterior recurso.

Art. 13. Las dudas que surjan en la aplicación de este Arancel, serán resueltas por el Juzgado que conozca del asunto en que se originen.