El Foro español (Madrid. 1898) (1914-11-30 00:00:00), página 10

para hacer efectiva la responsabilidad, si desgraciadamente ocurriera algún caso determinante de ella.

-Pueden equivocarse los funcionarios de la administración de justicia como hombres, porque en este respecto nadie tiene el don de la infalibilidad, y menos seguramente los críticos, cuando les estimula su propio interés, del que aquéllos se encuentran exentos; pero siendo lícito y hasta conveniente, aun dentro de estas condiciones, el ejercicio de la crítica, lo que no lo es por precepto de ley ni puede serlo sin conmover hondamente el orden público, en una de sus bases más esenciales, es que con ocasión de ella, y á veces sin este pretexto siquiera, se maltrate, ofenda e injurie á los Jueces y Magistrados, como procedimiento para desprestigiar la Institución que representan.

Estimo, por tanto, deber mío exaltar el celo del Ministerio fiscal para que con la debida discreción, á fin de no confundir el verdadero derecho de crítica, aun cuando no fuese justificado, con el procedimiento de injuria y des- crédito para la administración de justicia, que ejerciten la acción propia de su Ministerio, siempre que por la índole, términos y finalidad de una publicación cualquiera, consideren perpetrado el abuso, tanto por ser ésta su obligación, como por los daños que á la sociedad pueden sobrevenir, si hubiese laxitud en su cumplimiento.

VI

La materia contencioso-administrativa, en sí misma, la necesidad de algunas reformas en la ley vigente que la regula y el reglamento dictado para su ejecución, han sido objeto de acertadas consideraciones por mis ilustres antecesores en el cargo que tengo la honra de desempeñar, y creo, por lo tanto, innecesario volver sobre puntos ya examinados con notoria competencia, que no puedo emular, ni intentar siquiera, dar á aquéllos novedad alguna. Bastará consignar aquí mi conformidad, en general, con los temas doctrinales examinados que pueden ser base de convenientes reformas, y con la necesidad de enmendar erróneas interpretaciones en el procedimiento que violan el sentido que lo informa. Algo hay, sin embargo, que aunque ya tratado, se impone la necesidad de volver sobre ello, pues no se advierte que haya sido debidamente recogido ni por los representantes de la Administración ante los Tribunales provinciales, ni por éstos, no obstante haberles señalado cuán diferente era en la materia la práctica seguida por la Sala tercera de este alto Tribunal, por tantos motivos digna de ser imitada. Será, pues, necesario repetir, por vulgar que sea el concepto, que lo que singularmente caracteriza la función contencioso-administrativa, es la de ser meramente revisora de las resoluciones de la Administración comprendidas dentro del art. 1.º de su ley, carácter gráficamente expresado por un hombre eminente en la política y en la administración, maestro en la materia de que ahora trato, que definía aquella función, diciendo que consistía en examinar sentado lo que la Administración había resuelto de pie. Olvidando esta condición esencial de lo contencioso-administrativo, los Tribunales provinciales y los representantes de la Administración ante los mismos, no sólo no niegan jamás el recibimiento á prueba, sino que otorgan con larga mano cuanta se les propone. Dos daños se causan con esto: alterar sustancialmente la función revisoria y alargar innecesariamente el procedimiento que resulta voluminoso, perdiendo con ello uno de los aspectos más atractivos de los que caracterizan esta jurisdicción, que es su breve sencillez, tanto más necesaria en aquéllos, cuanto que la importancia de los asuntos que ante los mismos se ventila, es en general de escasa monta, y su cuantía, cuando es estímable, limitada.

Hoy, antes de la ley de Bases de 19 de Octubre de 1889, que dictó reglas para que por los respectivos Ministerios se formasen reglamentos de procedimiento administrativo, tenía alguna explicación la admisión de prueba por los distintos organismos encargados de dirimir las contiendas contencioso-administrativas, pero habiéndose prescrito en aquélla que «Instruidos y preparados los expedientes para su resolución se comunicarán á los interesados para que dentro del plazo que se señale y sin que pueda bajar éste de diez días ni exceder de treinta, aleguen y presenten los documentos ó justificaciones que considere conducentes á sus pretensiones, y prescribiendo asimismo, que podrán utilizar los interesados en cualquier estado del expediente el recurso de queja si no se diera curso á sus reclamaciones ó se tramitasen con infracción de los reglamentos, y habiéndose desarrollado en éstos las bases que quedan trasmitidas, tienen hoy los particulares ampliamente garantida ante la misma Administración la facultad de probar cuanto á su derecho convenga, y cuando ésta ha resuelto, con los elementos de juicio que se han aportado, no es lícito reservar otros para combatir su decisión, cuando se abandona la oportunidad de presentarlos, á no ser que habiéndolo intentado, la Administración, injustamente, los hubiere rechazado. La Sala tercera del Tribunal Supremo que tanta amplitud concede á los debates que ante ella se mantienen, no obstante la prescripción del párrafo 2.º del art. 60 de la ley de lo Contencioso, que sin traspasar los límites de su jurisdicción, toda duda sobre su competencia, la resuelve examinando el fondo; que anula toda resolución administrativa dictada en expediente en que se haya prescindido del trámite previsto de Audiencia, y que ha llegado en la amplitud de su criterio á conocer de recursos entablados por infracciones esenciales de trámites de procedimiento, expresamente consignados en reglamentos administrativos, por estimar que concurren los tres requisitos del art. 1.º de la ley de lo Contencioso, para entrar dentro de su competencia, aun estando excluida de la misma la materia de fondo ó parte sustantiva; no obstante todo esto, que revela el extenso sentido jurídico en que se informa, deniega toda pretensión de prueba en la que no concurren las condiciones que quedan someramente indicadas, sin perjuicio de utilizar, siempre que lo crea necesario, la facultad que le otorga el art. 57 de la ley de lo Contencioso. Parece natural y hasta obligado que á esta conducta arreglen los Tribunales provinciales la suya en la materia de que se trata; pero de todas suertes los representantes de la Administración, ante los mismos, se habrán de atener al criterio que queda expresado.

(Se continuará.)