El Foro español (Madrid. 1898) (1914-05-20 00:00:00), página 14

anterior comprador tomándose sólo anotación de posesión, que á virtud de acuerdo del Administrador de Hacienda se convirtió después en inscripción, sin perjuicio de terceros con mejor derecho á la propiedad:
Que tales condiciones, cuya resultancia aparecía del Registro de la Propiedad al no ser apreciadas en la sentencia recurrida como contradictorias y obstativas de la supuesta posesión del Estado sobre la finca en litigio, demuestran los errores de hecho y de Derecho alegados en el recurso, resultantes de documentos tan auténticos como las escrituras y certificaciones del Registro de la Propiedad referidas, que en el mismo se citan y del valor probatorio que les asignan el artículo 1.218 del Código Civil y sus concordantes de la ley de Enjuiciamiento;
Que esto establecido, al desestimar la Sala sentenciadora la demanda del actor hoy recurrente ha cometido la infracción de los artículos 444, 606 y 1.460 del Código Civil y 2.º, 27, 218, 402, 408 y 582 de la ley Hipotecaria porque no perteneciendo al deudor contra el cual se dirigió el apremio la casa de que se incautó el Estado, y no apareciendo del Registro de la Propiedad limitación alguna del derecho de los que la vendieron al recurrente, ni causa que pudiera invalidar aquel contrato, es notorio que contra el legítimo título inscrito de aquél no puede prevalecer el del demandado y recurrido, pues no resultando con anterioridad inscritos los derechos del Estado, ni siendo éstos de verdadera propiedad, sino, todo lo más, de mera incautación que no pueden oponerse al de quienes aparecen como legítimos dueños de la casa, carece de valor y eficacia la transmisión que el Estado realizó y no puede reconocerse la preferencia de derecho opuesto á la acción ejercitada por el propietario de la finca reivindicada, ya porque de la misma inscripción meramente posesoria del Estado se derivaba la posibilidad de que el verdadero dueño reclamase contra el hecho de una mera incautación mal acordada, ya porque es jurisprudencia conforme con los preceptos de la ley Hipotecaria, que una inscripción de carácter posesorio no puede prevalecer contra la de un título de dominio.

Herencia.—Legislación foral aragonesa.—Sucesión troncal.—Sentencia de 5 de Julio. (Gaceta de 16 de Septiembre de 1913.)—Declara que según el recto y natural sentido de los fueros de Rebus vinculatis primers Successoris abintestato y observancia séptima de testamentos, al establecer estas disposiciones que en los bienes adquiridos por una persona por herencia de sus parientes le sucederán los más próximos por aquella parte de donde proceden aquéllos, tal expresión denota por modo que no autoriza dudas de ninguna especie, que ni puede investigarse la procedencia ó origen de los bienes anterior al pariente de quien los recibió la persona de cuya sucesión se trate, ni cabe establecer otra relación de parentesco más que la inmediata y más próxima en la persona de quien el difunto lo hubo directa e indirectamente;
Y que aplicando esta doctrina, ya anteriormente establecida por el Tribunal Supremo, el caso de un individuo que al fallecer deja bienes que heredó directamente de otros dos hermanos, es notorio que el derecho á la sucesión en esos bienes ha de establecerse por el grado de parentesco más próximo á los hermanos de quienes aquél los hubo, sin que sea licito investigar la procedencia de ellos al recibirlos el causante como heredero de sus repetidos hermanos.

Sucesión en los Títulos y Grandezas de Castilla.—Sentencia de 5 de Julio. (Gacetas de 16 y 17 de Septiembre de 1913.)—Consigna que según tiene declarado con reiteración el Tribunal Supremo, es innegable que el Real decreto de 28 de Diciembre de 1846, es ley del Reino por haberse expedido en virtud de la autorización que las Cortes otorgaron al Poder ejecutivo en la ley de Presupuestos del Estado del año 1845, para regular el impuesto especial sobre las sucesiones en los Títulos y Grandezas de Castilla, y que como tal ley tiene eficacia y virtualidad propia para modificar y derogar las anteriores, en cuanto resulten disconformes con lo preceptuado en aquél, los derechos perfectos que por las mismas se reconocían:
Que en el ejercicio de la función antes expresada, tiene también declarado el Tribunal Supremo, que si bien la renuncia á que hace referencia el art. 9.º de dicho Real decreto, implica y significa pérdida del derecho al Título ó Grandeza, establecida por el legislador como sanción de la morosidad ó negligencia en el pago del impuesto especial que ha de satisfacerse para obtener la confirmación de aquellos honores; como quiera que compete al Rey, y en su representación al Poder ejecutivo, la concesión de toda clase de mercedes y honores, con sujeción á las leyes, es evidente que si ese Poder, usando de su facultad, hace los segundos llamamientos sin declarar previamente la caducidad ó renuncia expresa ó tácita del derecho del inmediato sucesor que no acude en el término del primero, declaración que por la índole y naturaleza fiscal de aquél Real decreto, constituiría verdadero acto ó resolución administrativa que surtiera el debido efecto, es visto que al no hacerla y otorgar en esas condiciones la concesión del título á cualquiera de los representantes de las segundas sucesiones, dentro ó fuera de los breves términos señalados, ha de entenderse hecha con carácter precario, provisional y sólo á los efectos de la subsistencia del Título ó Grandeza, mientras no se presente tercero con mejor derecho, conciliándose así con esta interpretación racional y lógica los intereses del Fisco, con la rigurosa y estricta sanción del art. 9.º, ya expresado;
Y que siguiendo el orden del razonamiento expuesto, se ha declarado como indiscutible por el Supremo Tribunal, que esa interpretación es la aplicable cuando se hace la concesión del Título á cualquiera de las segundas sucesiones, con la cláusula de «sin perjuicio de terceros de mejor derecho», y que sería poco equitativo y hasta violento entender que no pudiera serlo, porque la mera omisión de esa cláusula se estimase como equivalente á una declaración ó acto por parte del Poder ejecutivo de aplicación de la severa sanción de dicho art. 9.º, al moroso en acudir al primer llamamiento, pues esa omisión es contraria á la istra y espíritu que informa el Real decreto de 14 de Noviembre de 1885 sobre rehabilitación de Títulos y Grandezas caducadas, al disponer que se hagan siempre con aquella cláusula, y á que en este concepto deben entenderse siempre y con más motivo, cuando en el expediente gubernativo no ha sido parte, ni por tanto, ha podido formular oposición el perjudicado con la concesión de la gracia otorgada, debiendo atribuirse esa omisión á un olvido involuntario cuando nada en contrario se dice en aquélla; siendo indispensable por el razonamiento ya expuesto, que la resolución que haya adoptado el Poder ejecutivo por sus términos y carácter revele y signifique el propósito de privar definitivamente de su derecho al que, teniéndole preferente, dejó de acudir á los llamamientos.