El Foro español (Madrid. 1898) (1914-04-20 00:00:00), página 11

Es lástima, eso sí, que la fórmula derogatoria que ordinariamente emplean nuestras leyes no sea más concreta y precisa. Ni el art. 1.976 del Código, ni la 5.a disposición transitoria de la ley, nos permiten formar exacto juicio de lo que se deroga y de lo que se entiende subsistente. Pero, en cambio, «el Tribunal que rehúse fallar á prettexto de silencio, oscuridad ó insuficiencia de las leyes, incurrirá en responsabilidad.—art. 6.º de dicho Código.—Y para hacerla efectiva, están las leyes Orgánica del Poder judicial, las Procesales civil y criminal y el Código penal. Con lo cual resultará que los Jueces y Tribunales pagarán algunas veces culpas propias, mas otras sufrirán las consecuencias de las ajenas. Y váyase lo uno por lo otro.

II

EFECTOS JURÍDICOS DE LA TRANSMISIÓN

El art. 164 del Código civil, que antes hemos copiado, la consignar las formalidades requeridas para que el padre ó la madre puedan enajenar los inmuebles del hijo en que les corresponda el usufructo ó la administración, termina de esta manera: salvas las disposiciones que, en cuanto á los efectos de la transmisión, establece la ley Hipotecaria. Como hemos visto también, esta ley reproduce en el 205 dicho artículo del Código, omitiendo únicamente las palabras subrayadas. Es decir, que la segunda cuestión objeto de nuestro estudio tiene, en parte, análogo origen al de la primera: la omisión en un enero legal de determinadas palabras que un precepto igual de otro contiene, y, como consecuencia de ello, nace la duda para quienes, por voluntad ó por obligación, tengan que aplicar á un caso concreto las disposiciones de referencia.

Que las leyes deben ser claras y precisas para «que muestren é enseñen el bien que el hombre debe hacer é usar», y para «que todo hombre las pueda entender y que ninguno por ellas reciba engaño», como ya dijeron nuestro inmortal Código de las Partidas y la Novísima Recopilación, es cosa de todos sabida; y que eso, desgraciadamente, no ocurre, es más sabido todavía.

Los autores del Código civil estimaron conveniente consignar en el art. 164 la salvedad indicada; los de la ley Hipotecaria entendieron las cosas de otro modo. ¿Cuál habrá sido la razón? Pudo pensarse que bastaba aquella manifestación para que los derechos que se querían respetar quedaran á salvo; y cabe en lo posible que al reproducir el artículo, omitiendo sólo las últimas palabras, se tuviese en cuenta que eran innecesarias, y por consiguiente que la verdadera voluntad del legislador aparecía consignada en el precepto más moderno. De ahí que haya que averiguar cuál pudo ser la razón para estampar en el Código aquellas palabras, y estudiar después si eran necesarias, si tenían alguna finalidad.

Lo malo es que los elementos directos para formar juicio no ofrecen luz alguna. Nos referimos á la ley de bases del Código, á la de 21 de Abril de 1909, reformando la Hipotecaria, y al Real Decreto de 16 de Diciembre siguiente que autorizó la publicación de la edición actual.

Presumamos, en su virtud, recurrir al método inductivo, y ver si por él logramos llegar á conocer aquellos que nos niegan los textos legales.

Retrotraigámonos, pues, á una época relativamente remota. Nadie desconoce que desde los comienzos del pasado siglo se trató de sustituir en nuestra patria la legislación entonces vigente por otra más acomodada á los tiempos que corrían.

Por lo que se refiere al Código civil, desde la Constitución de 1812 se fueron nombrando Comisiones, hasta que la de 1846 presentó el famoso proyecto de 1851, que no llegó á tener vida legal; nuevos proyectos, más ó menos completos, uno de ellos el de 1882, y por fin, en 1888, el que, desde el año siguiente, es nuestro Código civil.

MANUEL SAN MARTÍN.
(Continuará.)

DE VENTA
Un Diccionario de Administración Española, de Alcubilla, completo, hasta 1913, incluso los tomos agotados. Se da razón en la Administración de EL FORO ESPAÑOL. Muy económico.

PRÁCTICAS PROCESALES
de la Sala segunda del Tribunal Supremo
en los recursos de casación.
Apuntes por Karelso Martínez Amich, Oficial de Secretaría.

(CONTINUACIÓN)

II. Que se recurra en queja por no admitir el recurso de casación por quebrantamiento de forma y quede preparado el de por infracción de ley.—Se deja en suspensión la tramitación de este último recurso, y en espera de lo que en aquélla se resuelva; pues lo contrario, además de que equivaldría á prejuzgar la sirurazón de la queja, resultaría en pugna con el lógico mandato de la ley, ya que, según ésta, el procedimiento encaminado á decidir si hubo ó no infracción en el fondo, debe ser posterior y estar subordinado al que se dirija á resolver si se quebrantó la forma, ó, á lo sumo, podrán ser simultáneos, si se trata de delitos comprendidos en alguna de las leyes de 10 de Julio de 1894 y 23 de Marzo de 1906. Y aun puede agregarse otro razonamiento: la eventualidad de que, admitida la queja, decidido el quebrantamiento de forma como pretendiera el recurrente y devuelta la causa á la Audiencia, ésta pronunciará un fallo distinto que no fuera objeto de recurso.

III. Que se admita el recurso de casación por quebrantamiento de forma y se recurra en queja por denegación del testimonio para interponer el de por infracción de ley.—También es obligado preterir la tramitación de uno de estos dos recursos, el de queja; y las razones que en apoyo de tal práctica concurren no hay para qué exponerlas; se infieren claramente de las adecuadas en el supuesto anterior.