El Foro español (Madrid. 1898) (1914-04-20 00:00:00), página 10

fuese mayor de catorce y doce años, según que sea varón ó hembra; lo que se necesita estudiar es si, como dice el segundo párrafo del art. 2.015, es indispensable dar audiencia en el expediente de jurisdicción voluntaria á las personas designadas en el art. 205—hoy 204—de la ley Hipotecaria, que son: 1.º Aquéllas de quienes proceden los bienes; 2.º los herederos ó albaceas de las mismas, y 3.º los ascendientes del menor.

Antes de la ley de Enjuiciamiento civil, la Real orden de 28 de Agosto de 1876, ya exigía que se diese conocimiento á dichas personas. Después, ni el Código ni la ley Hipotecaria se ocuparon de tal formalidad; y á este silencio pueden darse una doble interpretación: ú obedeció á que ambos cuerpos legales la estimaron innecesaria ó á que quisieron respetar la esfera de acción de la ley de Procedimientos.

En la práctica nos parece que no existe un criterio uniforme, aunque en general se preconice de tal audiencia. Y respecto á los comentaristas de la ley, el Sr. Manresa dice: «El artículo que estamos examinando añade que se oiga también á las personas designadas en el art. 205 de la ley Hipotecaria antes mencionada, y como esto pertenece al procedimiento, creemos que habrá de observarse también, á pesar de no exigirlo el Código.»

La opinión del ilustre jurisconsulto es tan respetable, que al querer establecer la contraria nuestra pluma vacila. Y, sin embargo, tenemos que hacerlo por hallarnos firmemente persuadidos de que tal requisito es hoy de todo punto innecesario, como que no tiene la más pequeña finalidad.

Quizás cuando el Sr. Manresa escribía su obra no pudiese decirse otra cosa. Estaba el Código en sus albores, y nadie desconoce que, publicado éste para regular las materias de derecho civil sustantivo, se estimaba que todo lo que al procedimiento afectase caía bajo el imperio de la ley adjectiva, máxime cuando ésta suponía un gran adelanto con respecto á la legislación anterior. Que esto es así, lo demuestran las mismas palabras del Sr. Manresa. Como pertenece al procedimiento—dice—habrá de observarse también, á pesar de no exigirlo el Código. Es decir, juzgaba sencilla la cuestión, porque en su superior criterio no concebía que pudiesen borrarse ó desaparecer los jalones que separaban ambas ramas del derecho. Por eso alega como única, como suprema razón, que tal exigencia pertenecía al procedimiento, y no considera precisa otra demostración.

Las razones en que fundamos nuestra humilde opinión, son de índole diversa: unas, deducidas de los textos legales; dictadas otras por la lógica; y otras, en fin, de orden puramente práctico. Por no exponerlas todas, apuntaremos algunas, á saber:

Primera: Nace del texto de los artículos 164 del Código y 205 de la ley Hipotecaria. Ambos exigen, para enajenar ó gravar los bienes de que se trata, la autorización del Juez del domicilio, con audiencia del Ministerio fiscal, previa justificación de la necesidad ó utilidad. Ahí están, pues, consignados los requisitos indispensables. La justificación que se exige, debe hacerse con arreglo á la ley de Enjuiciamiento civil—artículos 2.012 á 2.014;—la audiencia ha de ser únicamente del Fiscal; la apreciación de las causas alegadas incumbe al Juez. En nuestro sentir, los autores del Código y de la ley Hipotecaria, con suficiente meditación, prescindieron de la audiencia que se concedía á las personas que cita el art. 205 de ésta, porque, de no ser así, evidente es que, con las mismas ó análogas palabras, hubiesen consignado el precepto del 2.015 de la ley Procesal. Si aún el Código y la Hipotecaria no hablasesen de conceder audiencia á nadie, cabía la duda; pero se exige (no obstante estarlo ya con carácter general) la del Ministerio fiscal, y al hacerlo, de querer que fuesen oídas otras personas, claramente lo hubiesen dicho. Suponer otra cosa, implicaría una grave ofensa al legislador, que aquí acreme no merece. A la disposición anterior, sustituyó, por tanto, la posterior.

Segunda: ¿Qué razón sería poda alegarse para que, en los casos en que intervienen los padres del menor, el Ministerio fiscal y el Juez, y en que se exige la tramitación de un expediente, con determinadas formalidades, sea prescindida la audiencia de terceras personas, y en cambio se prescindea de ella cuando la venta ó gravamen se verifiquen por acuerdo del Consejo de familia, sin otros requisitos que la manifestación del tutor, en caso de enajenación, y la de oír el dictamen de paritós, en el de gravamen como determinan los artículos 270 y 271 del Código? ¿O es que á los miembros del Consejo de familia, se les reconoce mayor afecto hacia el menor que á los padres, y mayor y mejor criterio que al Juez y al Fiscal, para apreciar las causas de necesidad ó utilidad alegadas? Absurda sería la contestación afirmativa.

Tercera: Sentemos la hipótesis de que el Código y la ley Hipotecaria, respetando el mandato de la de enjuiciar, estimaron necesaria la audiencia de las personas de que se viene hablando. Y bien: ¿qué fin práctico se conseguiría con ello? Creemos que ninguno. Olguamos, si se quiere, en el expediente, á las personas de quienes proceden los bienes (que, generalmente, no podrá ser, porque no existirán, salvo que la transmisión se verifique por acto interinos, caso poco frecuente); á los herederos ó albaceas de las mismas; y á los ascendientes del menor (de los cuales puede decirse lo propio que de los primeros): ¿sabéis lo que contestarán? Fácil es, averiguando antes el estado de relaciones con el solicitante; en la seguridad de que, si estas son buenas, opinará que es conveniente la enajenación ó gravamen, y lo contrario, si no lo son. De los intereses al menor, en uno y otro caso, como elemento secundario, habrán de prescindir. No digo que la regla sea absoluta, pero general, sí, lo es, y las excepciones, de fijo, muy escasas.

Sin otros razonamientos—que no faltan—parece demostrada la perfecta inutilidad de ese requisito de la ley de Enjuiciamiento civil, y, por consiguiente, cesante legis ratione, cessat ejus dispositio; si á nada conduce tal requisito, como no sea, en algunos casos, á entorpecer la marcha del procedimiento, bien está que se prescinda de él, cual acertadamente lo han hecho el Código civil y la ley Hipotecaria. Mi opinión, en suma, tan firme como desautorizada, es que hoy no se precisa, para enajenar ó gravar bienes de menores ó incapacitados, que estén bajo la patria potestad, oír en el expediente á las personas á que se refiere el actual art. 204 de la ley Hipotecaria.