El Foro español (Madrid. 1898) (1914-12-21 00:00:00), página 12

PRÁCTICAS PROCESALES
de la Sala segunda del Tribunal Supremo en los recursos de queja y de casación.

Apuntes por Karlesio Martínez Amich, Oficial de Secretaría.

(CONTINUACIÓN)

«Tal acontece con el artículo 881 que en su párrafo 1.º dispone: «Al dictar la providencia de que se habla en el artículo anterior, la Sala mandará nombrar Abogado y Procurador para la defensa del procesado condenado ó absuelto por la sentencia, cuando no fuese el recurrente ni hubiese comparecido.»

«La Sala, al acatarle, le rindió el debido tributo, cual era inexorable, dado lo preceptivo de sus términos, más obligados si cabe, en el caso de que se trata en que el recurso de casación estaba interpuesto por el Ministerio fiscal, circunstancia que hacía más temible su positivo resultado, dada la representación que ostentan los funcionarios del mismo y la justificación con que proceden.»

«Así, pues, si la Sala cumplió un mandato de la Ley, no cabe desconocer, ni menos olvidar, que el Letrado, al realizar los trabajos propios de la defensa del asunto, no hizo otra cosa que obedecer órdenes de la Sala, de las que tampoco hubiera podido excusarse á menos de concurrir la única causa señalada taxativamente para ello por el párrafo 2.º del invocado precepto, que no cambiaría los términos del problema, toda vez que la excepción de tal caso se desvanecería con el nombramiento de nuevo Letrado que el mismo impone.»

«Esto expuesto y habida consideración á que el recurrido no está declarado insolvente, ni mandado ayudar como pobre, es indudable la obligación en que está conforme á lo prevenido por los artículos 121 y 242 de la ley Ritiaria de pagar al Letrado Sr.... la minuta que se reclama, pues la consideración de que aquél ignorase la disposición legal antes comentada, no puede relevarse de su cumplimiento...».

«Tal es el dictamen que la Junta aprobó en todas sus partes. Lo que por acuerdo, etc.»

Otro punto que merece consignarse, por haber sido objeto de dudas que desvaneció la Sala, es el relativo á la inversión de cantidades para pago de costas, cuando no llegan á cubrir el importe total de la tasación.

El artículo 49 del Código penal, único texto que prevé el caso, establece el orden de prelación que debe observarse, del siguiente modo: «En el caso de que los bienes del penado no fueron bastantes á cubrir todas las responsabilidades pecuniarias, se satisfarán por el orden siguiente: 1.º La reparación del daño causado é indemnización de perjuicios. 2.º La indemnización al Estado por el importe del papel sellado y demás gastos que se hubieren hecho por su cuenta en la causa. 3.º Las costas del acusador privado. 4.º Las demás costas procesales, incluso las de la defensa del procesado, sin preferencia entre los interesados. 5.º La multa.—Cuando el delito hubiere sido de los que sólo pueden perseguirse á instancia de parte, se satisfarán las costas del acusador privado con preferencia á la indemnización del Estado».

Ni la reparación del daño é indemnizaciones que figuran en primer lugar, ni la multa que figura en último, pueden ser nunca partidas á incluir en la tasación de costas de un recurso. Lo son, sí, las que comprenden los números tercero y cuarto, y también el reintegro de papel mentado en el segundo.

En cuanto á «los demás gastos que se hubieren hecho por cuenta del Estado» puede surgir, alguna vez ha surgido, la duda de si, con referencia á un recurso de casación, deben considerarse como tales gastos las cantidades que el Arancel señala á los Secretarios de Gobierno y Sala, y Oficial de Sala, cuyos titulares perciben sueldos consignados en nómina que satisface el Estado. A primera vista puede parecer que sí, y hasta reforzaría esa creencia el hecho de invertirse en papel sellado los derechos á aquellos funcionarios correspondientes; mas si se relaciona el artículo transcrito con los dos de dicho Cuerpo legal que le preceden, se inferirá que, siendo el orden de prelación establecido el que debe observarse en la ejecución de los fallos, á cargo siempre del Tribunal inferior, esos «demás gastos» no son otros que los aludidos en el número cuarto del artículo 241 de la ley, ó sea las indemnizaciones de testigos y peritos y cuantos se ocasionen en la sustanciación de la causa hasta el momento de recaer en ella la sentencia definitiva.

Por otra parte, si cierto es que aquellos funcionarios perciben sueldos que, por proceder del Tesoro público, pueden considerarse como gastos del Estado, no es menos cierto que éstos no deben reintegrarse en un concepto distinto de aquel por que se ocasionan, ó sea por la equivalencia á los derechos que el Arancel señala al Secretario de Gobierno y Secretario y Oficial de Sala como interesados en las costas respectivas; carácter éste, el de interesados, del que no les excluye la forma en que perciben sus haberes, y que, por tanto, es causa determinante de que la Sala les considere comprendidos en el número 4.º, y no en el 2.º, del artículo 49 del Código penal, antes transcrito.

Sabido es que, aun cuando los Abogados del Estado ejercen de oficio con las mismas atribuciones y preeminencias que el Ministerio fiscal, todas las acciones y derechos conducentes á la defensa de los intereses de la Hacienda pública, están obligados por el Real decreto de 25 de Abril de 1893 y por el artículo 37 del Reglamento de 5 de Junio de 1900, á presentar, siempre que obtengan resoluciones judiciales favorables al Estado, las minutas de sus honorarios que el condenado en las costas debe hacer efectivas en el Tesoro público.

Tienen, pues, dentro de su esfera de acción, los aludidos Abogados, el Erario, mejor dicho, una dualidad de derechos ante los Tribunales de justicia: los que