El Foro español (Madrid. 1898) (1914-02-10 00:00:00), página 14

Que rigurosamente aplicable la legislación antes expuesta, siempre que se trate de esa forma privilegiada de hacer testar, una mujer no puede legalmente atestiguar sobre el propósito terminante del testador en un testamento otorgado en Barcelona, y mucho menos si se tiene en cuenta que por ser la testigo esposa de otro que con ella concurre al acto, está indicado valerse de personas más idóneas que suplan la incapacidad, porque es fácil hallarlas en una localidad como la del otorgamiento, máxime si la vida del testador permite poner en práctica esa gestión;

Y que vigente en Cataluña con carácter supletorio el Derecho romano, la mujer, fundada aquí la familia más que sobre la naturaleza sobre la idea del poder del marido, carecía entonces de las cualidades que constituyen la personalidad humana, y hoy, como consecuencia de la capacidad necesaria para poder ser testigo en actos de suyo trascendentales, como el de que se trata, demostración ésta que por sí sola hace estériles, no ya las interpretaciones gramaticales acerca de la palabra «testigo», a que en términos de defensa pueda acudirse, sino las opiniones, siempre respetables, de los comentaristas, pero al fin difíciles de hermanar con la legislación familiar de Justiniano, que, aunque menos dura que la de épocas anteriores, fué todavía sobrado imperfecta en orden al punto disoutido.

Consejo de familia.—Tutela.—Nombramiento de tutor.—Incapacidad del tutor.—Sentencia de 16 de Marzo. (Gaceta de 16 de Mayo de 1913.)—Declará que cometido por el art. 809 del Código Civil al Consejo de familia los deberes y funciones de intervenir en los negocios que le señala y siendo aquél uno de los que designa el art. 204, como llamado á deferir la tutela, si aparece que el nombramiento de tutor hecho por el Consejo de familia de un incapacitado se atempera á lo estatuido en el art. 220, en armonía con otros preceptos del mismo Código, no ofrece duda que obra dentro de sus legales atribuciones:

Que si reconstituido un Consejo de familia sin protesta ni reclamación de ninguno de los designados para formarlo, y habiéndose reunido cuatro de sus Vocales, entre ellos el Presidente para dictar, en cumplimiento del art. 301 del Código Civil, todas las medidas necesarias al efecto de atender á la persona y bienes de la incapacitada, y constituir la tutela, es innegable que, á tenor del art. 350 del repetido Código, los cuatro Vocales congregados constituirán número más que suficiente para adoptar acuerdos; de suerte que, si éstos resulta se tomaron por mayoría, su legitimidad y eficacia son incontenibles:

Que aun dada la certeza del supuesto de que en la votación habida para el nombramiento de tutor, que recoge en un hermano del propio, emitiera aquel el voto en su propio favor, tal circunstancia no basta para invalidar ni anular el acuerdo, porque no existe precepto en el Código que prohíba la emisión del voto, según la realizó el referido Vocal, porque los tres Vocales restantes, que ya queda visto son suficientes para poder acordar, tomaron parte en la votación, y hay, por tanto, mayoría:

Que con razón idéntica ha de estimarse revista legitimidad y eficacia, el cuarto adoptado por unanimidad con el voto favorable del nombrado tutor, en orden á que la tutela, se entienda frutos por alimentos, pues si lo más procedente y armónico con la delicada y exquisita interpretación de los legales preceptos, es y debe ser que en el momento de recaer acuerdo nombrando á dicho tutor deje este ipso facto de continuar presente á la sesión, cesando en su calidad de Vocal del Consejo, una vez que no puede ya seguir formando parte de éste, conforme ordena el art. 299 del Código, aunque haya de prescindirse del voto emitido por él mismo, siempre tendrá dicho acuerdo legitimidad habiéndolo adoptado tres Vocales:

Que la declaración de incapacidad, que previa cita- ción y audiencia del tutor y de que trata el art. 239 del referido Cuerpo legal, ha de hacer el Consejo de familia, se contrae al tutor, que hallándose en el ejercicio de su cargo, deba ser removido por alguna de las causas previstas en el art. 238, pero no al que sin haber sido todavía nombrado, precisamente deja de serlo por comprenderle uno de los motivos de inhabilitación señalados en el art. 237;

Que no debe tampoco atribuirse virtualidad alguna al argumento alegado en el recurso, de que el caso 10 del repetido art. 237, hace relación tan sólo á los menores y no á los incapacitados, puesto que á unos y otros hacen referencia los generales términos de aquel precepto, sin diferencia ninguna.

** Arrendamiento.—Perturbación de mero hecho causada por tercero.—Sentencia de 18 de Marzo. (Gaceta de 17 de Mayo de 1913.)—Declara que la obligación consignada en el núm. 3.º del art. 1.554 del Código Civil se encuentra subordinada á lo convenido en el contrato de arriendo, de suerte que aun cuando exista la perturbación originada por tercero á que alude el párrafo primero del art. 1.560 del propio Código, procede tener por renunciado el derecho consiguiente á la expresada obligación del arrendador si en el contrato de arriendo se ha stipulado que queda hecho sin perjuicio de tercero de mejor derecho en la parte que al arrendador corresponda, y que el arrendatario garantiza la absoluta irresponsabilidad de aquél en cuestiones que puedan suscitarse con motivo del aprovechamiento, respondiendo de cuantas reclamaciones puedan hacerse al arrendador;

Y que de todas suertes la perturbación no existe cuando la suspensión del aprovechamiento se produce por consecuencia del derecho de un tercero, según declara el párrafo segundo del citado art. 1.560 del Código Civil.

** Arrendamiento.—Derecho del arrendatario cuando se vende la finca arrendada.—Sentencia de 21 de Marzo (Gaceta de 17 de Mayo de 1913).—Resuelve que el derecho que el art. 1.571 del Código Civil concede al arrendatario para ser indemnizado por el vendedor de la finca arrendada, requiere como condición previa que el comprador haya utilizado el suyo ó que termine el arriendo vigente al verificar- se la venta, y además la demostración de los daños y perjuicios que por tal motivo se le hayan causado.

** Bienes reservables.—Sentencia de 21 de Marzo. (Gacetas de 17, 19 y 20 de Mayo de 1913.)—Declara que es doctrina del Tribunal Supremo que la reserva establecida en el art. 811 del Código Civil, si bien nace en el momento mismo en que un ascendiente hereda de su descendiente bienes que éste hubiese adquirido por título luocrativo de otro ascendiente ó de un hermano, hasta la muerte del reservista, no puede afirmarse que asista al reservatorio más que una esperanza ó expectación de derecho, sin que, por tanto, pueda atribuirse la cualidad de heredero en los bienes objeto de la reserva, ni facultársele para ejercitar otras acciones que aquéllas encaminadas á asegurar los bienes de la futura sucesión;