El Foro español (Madrid. 1898) (1914-01-30 00:00:00), página 14

sativa ordinaria, como suficiente también, enlazando ese plazo con el disfrute anterior, al efecto de que prospere la extraordinaria, ya que el privilegio dado en Mallorca el 8 de..., la Cal... de Julio de 1343, muy en armonía con cuantos Códigos tuvieron y tienen hoy estado viviente, dispone que para hacer ese cómputo legal el poseedor actual debe unir su tiempo al de su causante;

Y que aun en la hipótesis de que los bienes merecieran el concepto de vinculados, declaración esta última que, por su trascendencia, excluye de sí elementos de prueba comunes, solo inducidos de nuevas presunciones, conjeturas o coincidencias, es indudable de todas suertes que si han quedado sujetos al derecho común la mitad serían por ministerio de la ley y doctrina del Tribunal Supremo indudablemente prescriptibles.

Competencia.—Pobreza.—Comisión mercantil.—Acción personal.—Sentencia de 2 de Marzo. (Gaceta de 9 de Mayo de 1913.)—Resuelve que en cumplimiento de la regla de competencia que establece el art. 21 de la ley de Enjuiciamiento civil, de que la declaración de pobreza se solicitará siempre en el Juzgado o Tribunal que sea competente para conocer del ploto ó negocio en que se trate de utilizar dicho beneficio, al solicitar éste deben acompañarse los documentos necesarios, á fin de que, promovida en su caso la contienda de jurisdicción pueda desde luego resolverse por los datos existentes en este momento procesal, y únicos sobre que versa el debate, sin que sean admisibles á estos efectos los posteriores aducidos extemporáneamente al contestar al requerimiento inhibitorio, ni puedan por tanto tenerse en cuenta, conforme á la jurisprudencia del Tribunal Supremo:

Que si presentada en un Juzgado la demanda de pobreza en que ha surgido la cuestión de competencia para reclamar cierta cantidad procedente de premios de una comisión mercantil, la Sociedad demandada al promover la inhibitoria niega en absoluto la existencia de tal contrato, y los documentos acompañados al contestar al requerimiento no pueden ser reconocidos por la parte á quien perjudica, por lo que no constituyen principio de prueba al objeto, son de aplicación al caso el párrafo último del art. 1.71 del Código civil, y regla 1.º del 62 de la ley de Enjuiciamiento, con sujeción á los que debe conocer del incidente, y en su caso del pleito, el Juez del fuero del demandado y presunto deudor.

Mandato.—Pago de gastos judiciales.—Cuenta jurada.—Sentencia de 5 de Marzo. (Gacetas de 9 y 10 de Mayo de 1913.)—El punto á resolver en el recurso consiste en determinar si un Procurador, habilitado por el Juzgado para representar á determinada sociedad en un pleito, está obligado á pagar personalmente á un perito los honorarios que ha devengado por trabajos profesionales hechos en vía de prueba y cuya portación interesó, practicó e impugnó el Procurador que precedió á aquél en el cargo, y antes, por consiguiente, de que diera principio á su representación. El Juzgado y la Audiencia se resolvieron por la afirmativa; pero habiendo interpuesto dicho Procurador habilitado recurso de casación por infracción de ley, el Tribunal Supremo declara haber lugar á él y casa y anula la resolución recurrida, declarando al efecto que nombrado el recurrente como tal habilitado, no por la parte, ni en atención á su carácter de Procurador, sino por ministerio de la ley al amparo de la Real orden de 31 de Agosto de 1876, que no exige esa cualidad, y libre de toda responsabilidad para el pago de los gastos causados y que se causaren en el pleito á instancia de su representado por la expresa subrogación que con ella se atribuyó al último, basta ría este nombramiento por su especial naturaleza y así condicionado, á eximirle de la reclamación contra él producida, si no le relevara también el núm. 5.º del artículo 5.º de la ley procesal, que sólo le impone el pago de los gastos judiciales causados á su instancia, lo que imponía la previa aceptación del mandato como nexo de la obligación, y más cuando el art. 1.723 del Código Civil impide le sean imputables los contraídos por su antecesor en el cargo, al preceptuar que la responsabilidad de dos ó más mandatarios, aun en el caso de haber sido nombrados simultáneamente, no es solidaria si no se ha expresado así;

Y que es ya jurisprudencia establecida por la Sala que el procedimiento especial de apremio señalado por los artículos 8.º y 12 de la ley de Enjuiciamiento civil, no alcanza á la reclamación de los peritos, porque éstos fijan discrecionalmente sus honorarios con relación á la importancia en que estiman sus servicios, y el art. 359 de los Aranceles sólo autoriza aquel procedimiento para el pago de los suplementos hechos, honorarios de Letrados y derechos devengados con arreglo á sus disposiciones.

Casación por infracción de ley.—Obligaciones manc-munadas y solidarias.—Sentencia de 7 de Marzo. (Gaceta de 10 de Mayo de 1913.)—Resuelve que cuando no existe relación directa entre el recurso y la cuestión planteadas en el pleito, aquél es improcedente, como sucede en el caso de que tal recurso se haga descansar en la tesis de que la obligación reclamada en la demanda es mancomunada y no solidaria, y bajo este supuesto supone interpretados con error é indebidamente aplicados por la Sala sentenciadora los artículos 1.137, 1.138 y 1.974 del Código Civil, cuando de lo que se trata es por su naturaleza impersonal é indivisible como derivado de la reclamación de un préstamo hecho por el causahabiente de los actores del demandado y cuyo préstamo, por razón del testamento del primero, pasó á ser propiedad colectiva de sus herederos, con acción en todos y cada uno de ellos por los vínculos de solidaridad que establece la herencia común para llevar la representación de su causante y pedir la totalidad ó parte de ella hasta individualizarse por la correspondiente partición.

Reivindicación de bienes.—Título de dominio.—Inscripciones en el Registro de la propiedad.—Sentencia de 8 de Marzo. (Gacetas de 10 y 12 de Mayo de 1913.)—Resuelve que declarándose por una sentencia en uno de sus fundamentos que aun cuando pretenda la parte actora en la demanda sean declarados sus derechos de propiedad sobre determinada finca, no se entiende haya utilizado en forma precisa y concreta la acción reivindicatoria, establece un supuesto equivocado si se consigna en aquélla que, «dentro de la indicada finca y formando parte de la misma están los terrenos que se reivindican de varios demandados, de los cuales tienen éstos la posesión», pues bien manifiesto aparece que acción era la deducida, porque muy reiterada jurisprudencia y práctica constante en los Tribunales, vienen sancionando que no es requisito indispensable determinar nominalmente la acción, bastando que se d-duzca de la relación de hechos y fundamentos de derecho, como