El Foro español (Madrid. 1898) (1914-11-10 00:00:00), página 7

das en juicios seguidos en otro país y que afectan á personas ó intereses radicados aquí ó son exhortos destinados á practicar en Chile actuaciones decretales también en juicios que se tramitan en país extranjero.

»El diligenciamiento de los primeros está regido por las disposiciones del párrafo segundo, título 19, libro I del Código de Procedimiento civil. El artículo 244 de dicho párrafo determina que la resolución que se trata de ejecutar en Chile debe presentarse en copia legalizada á la Excelentísima Corte Suprema. En la tramitación para el cumplimiento de dichas resoluciones, la ley no da intervención al Ministerio de Relaciones exteriores, sino que ella es materia de instancia que deba hacer el interesado ante la Exenta. Corte Suprema.

»Respecto á los exhortos librados por Autoridades judiciales extranjeras, tanto en materia civil como en la criminal, para practicar actuaciones en Chile, deben recibirse en la Corte Suprema por conducto del Ministerio de Relaciones exteriores, conforme á lo prescrito en el artículo 79 del referido Código de Procedimiento civil. En la propia forma deben tramitarse las solicitudes de extradición, á virtud de lo previsto en el art. 692 del Código de Procedimiento penal.

»Además, según el mencionado art. 79, el exhorto debe contener la indicación del nombre de la persona ó personas á quienes la parte interesada apodere para practicar las diligencias solicitadas, e indicará que puede hacerle la persona que le presente ó cualquiera otra.

»Ahora bien, todo documento ó resolución contenidos en un exhorto deben presentarse debidamente legalizados para darle curso, porque no sólo los documentos acompañados al exhorto, sino que el auto ó resolución del Juez que ordena la diligencia ó el trámite que ha de cumplirse, son instrumentos públicos, según la definición del artículo 1.699 del Código civil, y el art. 334 del de Procedimiento del ramo preceptúa que en esa forma deberán presentarse los instrumentos públicos otorgados fuera de Chile, explicando detalladamente en qué consiste dicha legalización.

»El art. 17 del Código civil dice que la autenticidad de un instrumento público se refiere al hecho de haber sido realmente otorgado ó autorizado por las personas y de la manera que en los tales documentos se exprese, y este requisito, de capital importancia trasladándose de autos ó resoluciones judiciales emanados de un Tribunal extranjero y que deben ejecutarse en Chile, no puede estimarse debidamente acreditado sin que haya testimonio en el mismo expediente de haberse llenado las formalidades establecidas en el citado art. 334 del Código de Procedimiento civil.

»Todo documento y toda resolución judicial contenidos en un exhorto, aun cuando éste haya sido entregado al Ministerio de Relaciones exteriores por un Agente diplomático extranjero, deben llegar á la Excelentísima Corte Suprema legalizados en la forma ordenada por la aludida disposición legal.

»Lo que de Real orden traslado á V. E., para su conocimiento y el de los Presidentes de las Audiencias Territoriales y Provinciales, á fin de que éstos hagan saber á los Jueces de primera instancia é instrucción de sus respectivos territorios que las comisiones rogatorias que les sean dirigidas por las Autoridades judiciales de Chile, aun cuando sean tramitadas por la vía diplomática, deben llegar legalizadas. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid, 28 de Octubre de 1914.—Dato.—Señor Presidente del Tribunal Supremo.

QUEJAS Y COMENTARIOS

SOBRE UNA SENTENCIA

Inutilidad de la prueba pericial caligráfica.

Se ha dictado una sentencia por la Sala primera de lo Civil de esta Audiencia, que ha dado mucho que hablar en las esferas judiciales y de la que alguien habrá de ocuparse en otras esferas, y que es digna de análisis por muchos conceptos, porque constituye todo un síntoma respecto á la administración de justicia en España.

Bajo distintos aspectos puede estudiarse y seguramente se estudiará esa sentencia y cuanto el pleito encierra, relacionado con cosas y personas judiciales, y quizá bajo-fases en que no sabemos si se habrán fijado los dignos Magistrados que forman esa Sala señores Pampillón, Alós, Chaves, Muñoz y Souto; hoy sólo vamos á juzarnos en uno, que sobre hacer inútil en la práctica la ejecución de la prueba más indicada tratándose de falsificación de documentos, de prosperar la amplitud de teoría en este punto de aquella Sala, equivaldría al licenciamiento de una clase tan ilustrada y útil como la de peritos calígrafos, entre los que en Madrid contamos, y en este pleito han intervenido verdaderas y reconocidas eminencias.

Vamos al caso. En un pleito seguido ante el Juzgado de Illescas sobre liquidación de las cuentas de una testamentaria, se presenta por la parte demandada un documento privado de deber del causante al padre de dicha parte por valor de 15.000 pesetas que carga en cuenta al demandante; puesta en duda la legitimidad de la firma que le suscribe, se somete á prueba pericial, y el juez, no las partes, designa tres peritos calígrafos de Madrid, de los más conocidos dos de ellos, que son Archiveros Bibliotecarios y que constantemente están actuando con notable éxito en los Juzgados de esta Corte, y otro, amigo del Juez, que sólo es profesor calígrafo, empleado en otro concepto en el Ministerio de Fomento, y que esa fue la primera y única vez que actuó en los Juzgados como tal perito, y de éstos, los más peritos, por decirlo así, declaran franca y abiertamente falsa