El Foro español (Madrid. 1898) (1913-11-10 00:00:00), página 5

la de actividad o de conocimientos, son elegidos por igual á fin de aportar su grano de arena á obra mundial de tanta trascendencia. Por esta razón suprema cuando el momento llega ni se puede ni se debe rechazar el puesto de honor, aunque se perezca en la demanda.

Siendo este año los miembros del Congreso huéspedes ilustres del suelo hispano, ningún tema más sugestivo ni más interesante para ellos que el elegido en este trabajo. Datos oficiales de no lejana fecha hacen patente que la industria minera en España emplea muy cerca de 150.000 obreros, utiliza fuerzas mecánicas que pasan de 40.000 caballos de vapor, representa en boca mina una riqueza que asciende á más de 500 millones de pesetas, y lanza al mercado productos minero-metalúrgicos en tal cantidad que nuestro país respecto de algunos de éstos, es el árbitro de la cotización mundial.

Riqueza tan intensa y productiva, no de ahora sino de reconocido abolengo histórico, ha motivado el que España ocupe siempre un lugar muy preeminente en el mundo de la minería y que el estudio de lo legislado por ella para la protección y desarrollo de esta rama de la industria humana haya fijado de antiguo la atención de los juristas, consultores y economistas propios y extranjeros; tan es así, que del detenido análisis de la legislación hispana se deducen enseñanzas de indiscutible interés y provecho bajo el punto de vista del orden internacional, orientadas al logro del ideal supremo en esta rama del Derecho, portátil estándar de la unificación de las normas ó reglas jurídicas sustantivas y adjetivas de aplicación á la vida y desarrollo de la actividad humana, dondequiera que ésta se manifieste.

El tema «Leyes mineras en los países españoles» ha sido elegido desde este punto de vista especulativo; y aunque con solo enunciarlo se comprende que el total desarrollo del mismo exigirá años y años de ásida labor científica y volúmenes enteros donde condensar el fruto de tales estudios para ilustración y enseñanza de ésta y de las sucesivas generaciones, nosotros sólo aspiramos modestísima- mente á tratar en bosquejo materia tan compleja y extensa, sintetizando en tres apartados, historia, legislación vigente y orientaciones modernas del Derecho patrio, cuanto de más relieve se ofrecía al jurisconsulto dentro de la legislación de minas de los países españoles.

HISTORIA.

Los minerales se han buscado y explotado desde que el mundo es mundo. Al fin y al cabo se trata de materias las más de las veces necesarias, otras indispensables y siempre útiles y convenientes para la agricultura, las artes y el comercio. Por ello, desde los tiempos remotos de la prehistoria hay referencias del laboreo minero, siendo de esta elocuente prueba las semibutilosas riquezas de Ninive, Babilonia ó Menfis, los templos maravillosos de Dario y Jerjes y de los Faraones del antiguo Egipto; monumentos todos que evidencian la utilización de ricos metales y por ende la existencia de trabajos y explotaciones para lograrlos. Diódoro de Sicilia, ciento veinticinco años antes de la era Cristiana, hace mención de yacimientos auríferos explotados por los monarcas egipcios.

Esta norma general de las civilizaciones antiguas ha tenido en la Península Ibérica una efectividad notoria desde remotas edades. Las colonias fenicias y griegas, la dominación cartaginesa, las guerras púnicas y el predominio del mundo romano sobre las ruinas de aquellos pueblos colonizadores, permiten sustentar la opinión sin incurrir en exageraciones ó inexactitudes, que fueron debidas principalmente á la codicia por la posesión de las riquezas mineras que atesoraba nuestro suelo pregonada por la fama de los primeros aventureros. Los fenicios y cartagineses extendieron sólo su actividad minera por el litoral del Mediterráneo; pero los romanos que ya dominaron cinco siglos, una vez hecha la paz en el reinado de Augusto, dieron un impulso colosal á las explotaciones metaúrgicas de que hoy en día son elocuente testimonio los pozos, socavones, zapreros y escoriales antiguos que se tropiezan en Andalucía y Badajoz, Cartagena y Mazarrón, en las montañas de Asturias y León, en Vizcaya, en Ciudad Real y Cáceres y en los yacimientos de Almadén y Riotinto y más particularmente en las gigantescas explotaciones onubenses.

Iberia la estimaron y consideraron los romanos como la provincia más rica de aquel vasto imperio y la proveedora casi exclusiva de los metales que Roma consumía, hasta el punto de que en sus escritos, Plinio, Heródoto, Diódoro Sículo y otros escritores hablan con admiración de la Sierra de Cazorla donde nace el Batán, llamándola «Argentarius Mons», de los cerros de los «Contestanos», ricos en jaspes, ágatas y granates, del Duero, del Sil, del Tajo y del Darro, cuyas arenas arrastran el oro y las piedras preciosas.

El gran geógrafo Estrabón, que merece completo crédito por haber recorrido la casi totalidad del mundo entonces conocido, ha dicho que en ningún otro país encontró el oro, la plata, el plomo y el hierro en tan gran cantidad ni en calidad semejante.

De los fenicios, griegos y cartagineses no tenemos ninguna referencia en cuanto á legislación minera. La costumbre debió ser la norma jurídica por la que se regulaban las transacciones entre los naturales de la Península y los invasores. Los romanos en la época de su conquista dejaron á los indígenas el cuidado de beneficiar las minas. Está demostrado que en tiempos de la República se varió el sistema y reconocieron su propiedad al dueño de la superficie, derecho que si acaso se conservó después fué sólo en favor de los patrios ricos, porque los emperadores desde luego se reservaron para sí la explotación de algunas minas y dieron el resto en arriendo á Compañías de publicanos por cinco años y bajo condiciones insertas en planchas de bronce.

Los principios de acceso que acabamos de enumerar en época de la República, aunque fueron confirmados en el Digesto por el emperador Justiniano y en el libro De Thesaurus donde se prohiben las investigaciones del terreno ajeno, en la práctica la legislación minera de los romanos se inspiró fundamentalmente en el criterio de la regalía hasta el punto de que las minas más ó menos se consideraron siempre patrimonio del Erario público que percibió la décima parte de sus rendimientos en todo tiempo. Para algunas provincias se fijó además el pago de