El Foro español (Madrid. 1898) (1914-10-10 00:00:00), página 8

ni aun disposición concreta que niegue el derecho á la jura de cuentas que tienen todos los Letrados de libre designación, sino que en la ley de Enjuiciamiento criminal encontramos el párrafo último del art. 121 de gran analogía al caso, por el que se dice que "los que hubieren sido declarados pobres podrán valerse de Abogado de su elección, pero en este caso estarán obligados á abonarles sus honorarios, como se dispone respecto de los que no estén declarados pobres", y como esta ley es de 1884 y la civil de 1882, es indudable que aclara o puede servir para aclarar bastante el sentido de esta última.

No obstante, nosotros creemos que esta ley civil está clara en su art. 40, ya que éste consta de dos párrafos separados que dicen, el primero: "El que haya sido declarado pobre podrá valerse de Abogado y Procurador de su elección, si aceptan el cargo". Y luego, completamente por separado, dice: "No aceptándolo, se le nombrará de oficio, pero con sujeción á lo que se prescribe en los números siguientes". Lo que indica que ese pero no alcanza á los de libre elección, respecto á los cuales no se hace excepción alguna, y menos en materia de honorarios, respecto á lo cual en lo criminal ya podemos ver lo clara que está la ley, y no hay razón para que no suceda lo mismo en lo civil.

Es más, entendemos que, venido á mejor fortuna el pobre, vendría á ser de mejor condición el Abogado designado de oficio que el de libre elección, lo que sería un contrasentido.

¿Se ha enterado de esto que sucede la Junta de gobierno del Ilustre Colegio de Madrid? ¿Sí? Pues entonces nos parece que el asunto tiene bastante importancia para que á instancia suya se dicte una Real orden aclaratoria del citado art. 40 de la ley Procesal civil en armonía con el 121 de la criminal, en el sentido de que no sufran menoscabo los derechos de los Abogados libremente elegidos por los pobres en los asuntos civiles, ni en su esencia, ni en el procedimiento para exigirlos.

Y también brindamos el asunto á la Junta del Colegio de Procuradores por lo que á la misma afecta; y no decimos que la cosa se arregle en familia con la Sala de lo Civil del Supremo, porque aparte la mayor eficacia de una disposición legal que evite las contingencias de futuras interpretaciones, conocemos las dificultades que en las alturas se encuentran para variar de postura, á pesar de su reconocida buena voluntad, aunque la postura resulte incómoda... para los demás.

DERECHO ORGANICO

(CONCLUSIÓN)

Restablece también tan importante Real decreto las olvidadas prevenciones de las leyes Orgánicas sobre constitución, régimen y vigilancia del Cuerpo de Aspirantes, que no obstante la diversidad de disposiciones reglamentarias dictadas en 1870, 1883, 1890, 1904 y 1905, no ha llegado á constituirse debidamente, adoptándose ahora para lograr esa finalidad la debida ordenación en las convocatorias, fijando con acierto el número de plazas á proveer, al objeto de que haya intervalo de tiempo entre la organización del Cuerpo de cada año, logrando con ello el no pasar los aspirantes desde el Tribunal de oposiciones á los Juzgados, ó que, desprovistos éstos de titulares, se haga preciso proveerlos de un modo irregular y opuesto á lo previsto por la Ley Orgánica, que es fundamental en la materia.

Restablecida ésta en su esencialidad, y previniéndose que los que resulten aprobados como aspirantes en las sucesivas convocatorias deberán verificar durante dos años prácticas ante los Juzgados y Tribunales, es de orner que un definitivo Reglamento recoja en sus preceptos lo prevenido por la Ley y organice bajo la inspección de los Presidentes de las Audiencias las pruebas de aptitud científica y conducta moral de los aspirantes adscritos á su jurisdicción, y los casos en que éstos queden sometidos á corrección extensiva hasta la expulsión del Cuerpo, encomendando á la Junta calificadora, creada por Real decreto de 6 de Febrero de 1888, la suprema Inspección de los Cuerpos y la facultad de proponer al Ministro lo que estime procedente al buen servicio.

Muy acertadamente escribía á este respecto M. Ortolán, que la organización de Tribunales significaba en cada país el estado de adelanto en las costumbres jurídicas y la posesión de un conjunto de leyes acomodadas al progreso de la ciencia, por lo cual, concluía afirmando que el Derecho procesal orgánico, era una derivación inmediata del Derecho constitucional, toda vez que sin una Magistratura á la altura de su misión augusta, sufrirían inevitable retroceso los progresos legislativos, por deficiencia de los Tribunales en su cooperación irremplazable para dar á la ley sabor de realidad y vida.

"Llamad, decía, con oportunidad innegable, en una ocasión solemne el Presidente del Consejo de Ministros, y distinguido juríscusulto Sr. Canalejas —Discurso de apertura de Tribunales en 1889— Á la Magistratura Poder á Orden judicial, y sobre todo denominada como diga el texto de la Constitución, porque sobre las sutilezas doctrinales acerca de la absoluta independencia de los poderes constitucionales, al fin prevalece y triunfa de tantas utopías y dislocaciones, el concepto orgánico del Estado, tutor supremo del Derecho, cuya salud pide el normal desarrollo de todos sus aparatos y el acomodado ejercicio de la totalidad de sus funciones vitales. Bien definida en el texto de la Constitución la potestad exclusiva en los Tribunales de aplicar las leyes, pero no de modificarlas, es misión suya desenvolver y vigilar su contenido, mediante la doctrina de jurisprudencia, que no integra ma-