El Foro español (Madrid. 1898) (1915-03-30 00:00:00), página 6

prohibición que establece de que los Párrocos autoricen dichos documentos, ya que no puede negárselos para estos efectos el carácter de Notarios eclesiásticos que exige el artículo 48 del Código civil vigente.

De Real orden lo comunico á V. I., para su conocimiento y efectos consiguientes. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid, 11 de Marzo de 1915.—Burgos y Mazo.—Llmo. Sr. Director general de los Registros y del Notariado.

—Real orden resolviendo una consulta relativa á la aplicación de condición condicional.

«Llmo. Sr.: En el expediente formado para resolver la consulta elevada á este Ministerio en 16 de Enero de 1915 por V. I., respecto á la competencia de las Salas de gobierno ó las de justicia para conocer de la aprobación de licenciamiento de penados, la Sala de gobierno del Tribunal Supremo ha emitido el siguiente informe:

«Excmo. Sr.: En el expediente instruido en virtud de Real orden del Ministerio del digno cargo de V. E., fecha 6 de Febrero último, con la que se acompaña exposición en que se consulta la duda que ha surgido de si es ella la competente ó lo es la Sala de gobierno para conocer de la aprobación de licenciamiento de penados, el Fiscal de este Tribunal Supremo ha emitido el siguiente dictamen:

«El Fiscal dice: Que ha examinado el suplicatorio que la Audiencia provincial de Valladolid eleva al excelentísimo señor Ministro de Gracia y Justicia, y que por Real orden de 6 de los corrientes se remite informe de esta Sala de gobierno.

«La cuestión planteada por la Audiencia provincial de Valladolid se refiere á si la competencia para resolver en cuanto á las consultas de licenciamiento que las Direcciones de los Penales hacen respecto á cada reo, está reservada á las Salas de justicia que conocieren de las causas ó las Salas de gobierno. Hasta ahora, sin duda ni vacilación alguna, han venido conocido de estos asuntos las Salas de gobierno de las Audiencias territoriales y las Juntas de gobierno de las provinciales.

«No hay en nuestra legislación precepto alguno de ley que de una manera clara lo establezca; pero la Real orden de 18 de Febrero de 1875, teniendo en cuenta el art. 616 de la ley Orgánica del Poder judicial, que establecía las atribuciones de las Salas de gobierno de las Audiencias, dispuso, de conformidad con lo informado por este Tribunal Supremo en pleno y por la Sección de Estado y Gracia y Justicia del Consejo de Estado, que dichas Salas de gobierno son las competentes para resolver las consultas que sobre licenciamiento de penados eleven á los Tribunales los Comandantes y Directores de los presidios y demás establecimientos penitenciarios.

«Esta es, pues, hoy por hoy, la legislación vigente; y la Sala de gobierno de la Audiencia de Valladolid al acordar que la Audiencia de lo criminal resolviese sobre los licenciamientos, no se atuvo á lo que como disposiciones sobre la materia rigen.

«Para dictar su acuerdo la Sala de gobierno de la Audiencia de Valladolid, dió al R-gramiento para la aplicación de la ley de Libertad condicional de 28 de Octubre próximo paseado y el art. 288 del decreto orgánico del Cuerpo de Prisiones, un alcance que no pueden tener; pues ni en tales disposiciones reglamentarias se puede modificar la competencia de los Tribunales, ni aun ateniéndose á la letra de las disposiciones á que la Sala de gobierno hace mención, puede deducirse de ellas lo que la Audiencia ha deducido. Se dice en las disposiciones citadas que los Directores de los presidios consultan las propuestas de licenciamiento con los Tribunales sentenciadores; pero por Tribunal sentenciador no puede entenderse exclusivamente la Sala de justicia que dictó la sentencia, sino que Tribunal sentenciador es la Audiencia de que dicha Sala forme parte, y dentro de la Audiencia cada uno de los organismos que la integran tienen sus facultades y atribuciones propias; y atribución y facultad de las Salas de gobierno de las Juntas de gobierno, es con arreglo á la legislación vigente resolver sobre estas consultas.

«No hay, pues, modificación alguna respecto á lo establecido en la Real orden de 18 de Febrero de 1875, cuya vigencia continúa, y por ello el Fiscal es de dictamen que puede evacuarse la consulta que á esta Sala de gobierno se ha servido hacer el Excmo. Sr. Ministro de Gracia y Justicia, en el sentido de que, no obstante los preceptos que cita la Sala de gobierno de la Audiencia de Valladolid, sigue esta Sala siendo competente para resolver las consultas que sobre licenciamiento eleven los Directores de los Penales, y que sería conveniente declararlo así, con carácter general, por si en alguna otra Audiencia surgiera duda análoga á la que motiva el presente expediente.

«La Sala, no obstante, acordará, como siempre, lo más acertado.»

Y la Sala de gobierno, en sesión celebrada el día 6 de los corrientes, acordó: «Con el señor Fiscal».

Y conformándose S. M. el Rey (q. D. g.) con el preinserto dictamen, ha tenido á bien resolver como en el mismo se expresa, disponiendo que tenga tal resolución carácter general y se aplique en todos los casos semejantes que ocurran en los territorios de las distintas Audiencias.

De Real orden lo digo á V. I., para su conocimiento y efectos consiguientes. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid, 18 de Marzo de 1915.—Burgos y Mazo.—Señor Presidente de la Audiencia de Valladolid.»

LO DEL MONTEPIO

Como al publicar la lista de los votantes no tuvimos ni remotamente la intención que nos atribuye la Revista de los Tribunales—¡siempre la manía persecutoria!—sino que lo hicimos para complacer á quienes así nos lo pidieron, no tenemos inconveniente alguno en acceder á su ruego de reproducir el siguiente suelo íntegramente, aún en lo que tiene de molesto para nosotros ¿Quiere más?

Dice así:

«Lo del Montepío del Colegio de Abogados.—Es muy de agradecer la intención con que el periódico del señor