El Foro español (Madrid. 1898) (1915-07-30 00:00:00), página 3

buena fe en una inscripción del Registro de la propiedad, es mantenido en su adquisición. Conozco igualmente la eficacia de la ley española sobre Registro de la Propiedad e Hipotecas, porque claramente asegura la inmunidad del que contrata al amparo del registro (1). Pero en la ley Provincial que me ocupa no veo nada de esto y no puedo alcanzar la eficacia que se le atribuye con larguezza. ¿Qué, la tiene? ¿Que estoy en error?

Me felicitaría sinceramente de ello. A los que así lo crean les invito complacido a que lo demuestren. Tengo el espíritu abierto para recibir la luz de la verdad de donde quiera que venga, y no he de sonrojarme, sino complacerme, cuando se me demuestre que estoy en un error.

Por lo que respecta a los actos de comercio, celebrados por mandatario, pienso, a primera vista, que la ley es perjudicial. Si para firmar una letra, un pagaré, un vale, o cualquier otra obligación, es necesario el certificado y no se pide, se crea contra el acreedor de buena fe una situación ambigua por lo menos. La ley parece comprender esos actos, puesto que en el art. 8.º nos habla de todo acto o contrato, sin hacer distinciones. Si realmente los comprende, se han de ver cosas curiosas en la banca y el comercio.

Eso defectos puestos de manifiesto por el Sr. Estévez, no amenguan la utilidad del Registro, que el indicado señor tampoco niega en absoluto. A lo más, prueba que esa ley, la votada, no ha sabido dar eficacia bastante a la institución que cree, y que se ha hecho sin tener en cuenta preceptos de la ley sustantiva civil, que ella, por razón a su origen, por no ser nacional, sino de una de las provincias federadas, no puede modificar.

En cuanto a la sustancia de la institución a sus verdaderas ventajas, al fin a que responde, el ataque es débil, porque la necesidad de que se sepa si un poder rige o no, si una representación está o no viva, es innegable, y esa necesidad, y lo que la experiencia y la práctica han demostrado, no es fácil, por grande que sea el talento y el saber de quien impugna esa clase de Registros, que quede indemostrada y anulada y oculta y como desaparecida. Siempre, sobre toda argumentación en contra, sobresaldrán y emergerán con brillo, señalando como el remedio al mal de posibles engaños, la implantación de esos Registros. En la forma podrá errarse; en la sustancia entendemos que no, por la bondad misma de la institución y sus efectos, apetecidos por muchos engañados. Su implantación es una medida de prevención razonable y necesaria, que la experiencia demanda.

Cuanto dijimos sobre el Registro de poderes, lo damos por reproducido ahora. Por estimar interesante la nueva ley de La Plata, porque puede servir de precedente algún día, y para que sobre materia que juzgamos de importancia, formen a su vez juicio nuestros lectores, a continuación transcribimos el texto de la referida ley.

ANGEL DÍAZ BENITO.

(1) Pueden consultarse los Apéndices anuales de Alcubilla, años 1905, página 851; 1909, pág. 260, núm. 33; 1911, pág. 846, núm. 20.

TEXTO DE LA LEY

creando en la Plata (Argentina) el Registro de mandatos y representaciones, aprobada en 19 de Diciembre de 1914.

Artículo 1.º Anexa a la oficina central del Registro de la propiedad, créase el Registro de Mandatos y Representaciones, en el cual se tomará razón de los siguientes actos:

1.º De los poderes generales y especiales.
2.º De las curatelas y tutelas.
3.º De las venias maritales.
4.º De las administraciones de bienes sucesorios o en litigio.
5.º De las representaciones de Sociedades comerciales o civiles.
6.º De todo acto que atribuya a una o varias personas la representación de otras o la administración de bienes o intereses ajenos.
7.º De las autorizaciones judiciales.
8.º De las convenciones matrimoniales.
9.º De toda revocación, renuncia, suspensión, substitución o modificación de los mandatos, representaciones o administraciones a que se refieren los incisos anteriores.
10. De las sentencias de divorcio o separación de bienes, y de las que prive el ejercicio de la patria potestad o de la administración de los bienes.
11. De los testamentos, revocatorias y sentencias que los anulen.
12. De las sentencias que declaren la presunción del fallecimiento, y de las que acuerden la posesión previsora y la definitiva a los herederos.

Art. 2.º La toma de razón será obligatoria, y deberá solicitarse dentro de los quince días de otorgado el acto o de consentida la sentencia, por el Escribano de registro autorizante o por el Secretario actuario, a menos que se trate de instrumento otorgado fuera de la provincia, en cuyo caso la inscripción será pedida por el interesado o por un Escribano con registro en la provincia.

La inscripción no se hará, si resultara que el acto a que se refiera no estuviera en vigor.

Art. 3.º Los mandatos o representaciones en vigor a la promulgación de la ley, deben anotarse dentro del término de sesenta días.

Art. 4.º La toma de razón de las representaciones de Sociedades comerciales o civiles y de los cambios que en ella se operen, será solicitada por el Presidente o Vice, o el Gerente, acompañando copia de la parte pertinente de la respectiva acta, visada por el Inspector de Sociedades, dependiente del Ministerio de Gobierno.

Art. 5.º Si la Sociedad funciona fuera del territorio de la provincia, los documentos que acrediten representación serán anotados, siempre que se presenten debidamente legalizados.

Art. 6.º El que solicite la toma de razón presentará un testimonio del instrumento a inscribirse, el que será devuelto por el Registro con la nota de haberse tomado razón.

7.º Con las mismas formalidades se tomará razón de