El Foro español (Madrid. 1898) (1914-08-10 00:00:00), página 4

que fije la interpretación ó verdadero significado de este mismo precepto, es indudable que el derecho foral debe observarse no sólo en cuanto á la Constitución, canon ó Ley que sanciona el principal mandato, sino también respecto de las demás disposiciones, sean ó no de derecho supletorio que tal vez fueron su antecedente indispensable, y que seguramente habrán de ser su mejor explicación porque constituyen todo un sistema. Cuando por el contrario no sea posible invocar costumbre general del país ó Constitución escrita sobre la materia, y en el caso también de que hubiera sido derogado por las leyes posteriores al Decreto de Nueva Planta, así el derecho comprendido en determinados Usatges, como en Decretales de las Colecciones canónicas, ó leyes de Códigos romanos, entonces deben regir los preceptos del nuevo Código, cuya aplicación como derecho supletorio ordena el art. 12. Si las leyes especiales posteriores al Decreto de Nueva Planta no pueden invocarse porque han sido derogadas, tampoco ha recibido expresa y nueva sanción el derecho foral opuesto á las mismas, muy estímable, sin duda alguna, desde el punto de vista de la historia del Derecho catalán.

EDUARDO RUIZ GARCÍA DE HITA.

Ley de 23 de Julio de 1914, estableciendo la libertad condicional.

Artículo 1.º Se establece la libertad condicional para los penados sentenciados á más de un año de privación de libertad, que se encuentren en el cuarto período de condena y que hayan extinguido las tres cuartas partes de ésta, que sean acreedores á dicho beneficio por pruebas evidentes de intachable conducta y ofrezcan garantías de hacer vida honrada en libertad como ciudadanos pacíficos y obreros laboriosos.

Art. 2.º Para la práctica aplicación de la libertad condicional se crea en cada capital de provincia una Comisión denominada «Comisión de libertad condicional». Formarán esta Comisión: el Presidente de la respectiva Junta de patronato, el Presidente de la Diputación Provincial, el Alcalde del Ayuntamiento, el Director de mayor categoría de las prisiones comprendidas dentro de la respectiva provincia, un Curá párroco de la capital correspondiente y dos vecinos de la misma capital, que habrán de ser de las personalidades más salientes por su ciencia, por su filantropía, por su representación social ó por su posición económica.

En las capitales en que se hallan constituidas legalmente ó que se constituyan en lo sucesivo Asociaciones debidas á la iniciativa privada, que tengan por objeto el patrocinio y rehabilitación del delinquente, uno de los vecinos habrá de ser el respectivo Presidente, Mayordomo ó Director de la Asociación, y en caso de que existan varias, el de la más antigua.

Las poblaciones, cabezas de partido judicial en que radican prisiones sostenidas con fondos del Estado, destinadas á la extinción de condenas de presidio correccional y aflictivas, estarán representadas en la Comisión correspondiente por un vecino de la localidad respectiva.

Art. 3.º Las Comisiones á que se refiere el artículo anterior harán todos los trimestres de cada año las correspondientes propuestas de libertad condicional que procedan en favor de los penados recluidos en las prisiones de la respectiva provincia que se hallen en las condiciones y reunan las circunstancias expresadas en el artículo 1.º

Para formular las propuestas de los penados que se encuentren en prisiones fuera de la capital, las Comisiones pedirán á los Directores ó Jefes de dichas prisiones los datos y documentos que juzguen convenientes.

Los Directores ó Jefes á su vez pedirán informes sobre el caso ó casos de que se trate, al Maestro, Capellán y Médico, y con el suyo lo remitirán á la Comisión reclamante á la brevedad posible.

Las Comisiones quedan facultadas para visitar los establecimientos, siempre que lo estimen oportuno, á fin de inspeccionar la forma en que se ejecutan las penas y el tratamiento que los reclusos reciben.

Art. 4.º Las referidas propuestas se elevarán al Ministerio de Gracia y Justicia, para que una Comisión asesora las estudie, seleccione los expedientes en que aparezcan más méritos y proponga al Ministro los penados más acreedores á disfrutar de la libertad condicional. Esta Comisión la constituirán el Subsecretario del Ministerio de Gracia y Justicia, Presidente; el Director general de Prisiones, el Director general de Seguridad, el Oficial mayor, Inspector general de Prisiones, y como Auxiliares el Jefe del Negociado de indultos de la citada Subsecretaría y el de Instrucción y Trabajo de la Dirección general de Prisiones.

La Comisión asesora podrá dirigirse á las Comisiones locales y reclamar los documentos y antecedentes que juzgue necesarios para el mejor desempeño de su cometido.

Los Presidentes y Vocales de las Comisiones serán natos, á excepción de los Parrocos y vecinos, que serán amovibles. Los nombramientos se harán por el Ministro de Gracia y Justicia directamente, los de los Presidentes y Vocales natos, y á propuesta de la respectiva Comisión, los amovibles.

Art. 5.º La libertad condicional se concederá como medio de prueba de que el liberado se encuentra corregido, otorgándose mediante Real decreto; en él podrán incluirse parte ó todos los individuos debidamente propuestos por la Comisión asesora.

Art. 6.º El período de libertad condicional durará todo el tiempo que al liberado le falte por cumplir de su condena. Si en dicho período reincide ó observa mala conducta, se revocará la libertad concedida y el penado volverá á su situación anterior, reintegrándose en la Prisión en que la obtuvo y en el período penitenciario que corresponda, según las circunstancias.

La reincidencia ó reiteración en el delito llevarán aparejada la pérdida del tiempo pasado en libertad condicional.

Art. 7.º El liberado en esta forma seguirá dependiendo del Establecimiento en que reciba el beneficio, ya para su reingreso, si fuera necesario, ya para buscar ayuda y consejo en caso de desgracia.