El Foro español (Madrid. 1898) (1914-04-30 00:00:00), página 9

pestes del cuarto turno sin saber de lo que hablan, consiguieron que en 22 de Julio de 1912 se cerrase la puerta que aún no se ha abierto.

Entonces, reunidos algunos que tenían ultimado su expediente, algunos compañeros que se habían quedado casi con los nombramientos extendidos y sin firmar, comenzaron á gestionar el reconocimiento de su derecho. Y visitaron al Sr. García Prieto, y suplicaron después al Sr. Conde de Romanones, y hablaron con el Sr. Rodríguez de la Borbolla y con el Sr. Barroso en las etapas que ocuparon ambos la cartera de Gracia y Justicia; y posteriormente han conferenciado repetidas veces con el Sr. Marqués del Vadillo y con el actual Presidente del Consejo de Ministros, sin lograr con todo ello algo de positivos resultados. En las columnas de este mismo periódico quedan grabados y á instancia del público repetidas veces, los frutos de aquellos trabajos, frutos magníficos en estudio, en elocuencia, en oportunidad; pero ¡álstima! absolutamente estériles, quizás por el tono de humildad y de súplica en que se condensaron.

Aquéllos abnegados compañeros, cuyo camino aunque me parezca equivocado no he de censurar, pues seguramente yo entre ellos hubiera hecho lo mismo, pasaron un verdadero calvario, una verdadera odisea. Con ellos, algunos que residen fuera de Madrid, tuvieron la resolución de venir poniendo de su parte grandes esfuerzos, poderosas influencias, con sacrificios sin cuenta por la noble causa que el humilde procedimiento empleado esterilizaba; y todo para nada.

Pero de aquellas visitas y de otras en los actuales momentos se ha sacado una enseñanza concreta. Hemos podido ver que la mayor parte de los Abogados eminentes, de los hombres públicos, confiesan sotto voce que los mejores resultados estadísticos en los Jueces los han dado los del cuarto turno, que lo que sale de las oposiciones no es tan competente como suele creerse, salvo siempre honrosas excepciones, y en una palabra, que debe abrirse el cuarto turno, que deben reconocerse nuestros derechos; pero que hoy no se puede hablar de eso.

Ahora bien, compañeros, ¿no creéis que el camino moderno y propio de nosotros es distinto del hasta aquí seguido? ¿No está ya suficientemente probado el fracaso de toda negociación por bajo mano, por influencia, por recomendación? Es hora ya de que salgamos á la palestra y esperemos á pecho descubierto las controversias, para, en buena lid, demostrar dónde se encuentra la razón. Es llegado el momento en que, unidos todos, pero absolutamente todos, los que nos encontramos con los expedientes aprobados, los que una Junta calificadora ha definido y concretado nuestros derechos, nos organicemos para que se cumpla aquello que el Sr. Canalejas dijo en el célebre preámbulo. «Las Cortes del Reino están llamadas á resolver el arduo problema, tomando en cuenta los frutos de la experiencia y, sobre todo, la necesidad de que ciertas funciones de sustitución dignamente ejercidas puedan obtener la debida recompensa.»

En dos Reales órdenes del 83, citadas antes, se dice á dos Abogados que reclamaban emolumentos por sus servicios que lo que podían hacer era reclamar los derechos que les concede la ley adicional, y digo yo ahora: Esta reclamación no puede ser objeto de una acción civil ni criminal ante los tribunales ordinarios; el carácter discrecional de las disposiciones ministeriales de esta índole no nos concede el recurso contencioso administrativo. Pues ¿dónde encontraremos, sino en las Cortes, el amparo de nuestros reconocidos derechos? ¿Adónde, si no es á las Cámaras, podremos presentar las reclamaciones de que hablan las citas de las Reales órdenes? Vibran llenas de vida otra vez las palabras del tan repetido preámbulo cuando en el último párrafo dice que mientras el Parlamento pronuncie su fallo...

Sí, compañeros, no os quepa duda; si las Cortes quieren, si nuestros representantes por sufragio llegan á darse cuenta de lo que ocurre, si logramos que caiga la venda que pone en sus ojos esos trozos de literatura teatral en que á título de protección para esos pobres jóvenes estudiosos no sólo se busca como dobleira el derecho suyo indiscutible y perfectamente compatible con el de los demás, sino la exclusividad, la postergación de nosotros, podremos estar seguros de que constitucionalmente tienen medios para exigir del Poder ejecutivo la inmediata redacción de las disposiciones que rectifiquen errores pasados, que reconozcan los derechos adquiridos y al mismo tiempo, de llevar á la discusión cumplida la ley derogada que se impone, en la que se pueda pesar el pro y el contra de los sistemas para la provisión de las vacantes y en donde se derogue en buena hora, si la doctrina se modifica, los sabios preceptos de la ley adicional, pero en donde se concrete lo que como axioma hemos aprendido en las aulas desde los primeros momentos, la no retroactividad de las leyes, el respeto á los derechos adquiridos al amparo de una ley hecha en Cortes y no derogada todavía.

Y queda suelto un cabo con exposición de supuestos sofismas; parece que en el transcurso de este trabajo vengo hablando de derechos adquiridos, de facultades reclamables, de situaciones jurídicas definidas, y todo ello, aunque tiene su base en los principios de la lógica, en la deducción de todos los preceptos dictados, algún malicioso pudiera decir (como á mis oídos llegó de un compañero) no está concreto eso, no está tan claro. Pero para que desaparezca la más ligera duda, para que en lo sucesivo no pueda discutirse este extremo que sirve como el mejor de los puntos de partida, he reservado intencionadamente el comentario de un Real decreto, el de 7 de Octubre de 1910 que cual anillo al dedo define y concreta.

Dictando reglas para la provisión de vacantes en la carrera judicial y renunciando de paso el Gobierno á la facultad discrecional que le concede el art. 40 de la ley adicional, todo ello en su art. 1.º, dice en el 2.º: «Sin embargo de lo dispuesto en el artículo anterior, quedan á salvo los derechos que á los Secretarios y Vice-secretarios concede el art. 53 de la misma ley y los derechos adquiridos por los Abogados que antes del 14