El Foro español (Madrid. 1898) (1915-02-20 00:00:00), página 4

son aplicables á los penados que sufran privación de libertad por delitos privados perseguidos á instancia de parte agravada.

Art. 2.º Las penas impuestas á un penado por diferentes delitos, ya como principales, ya como accesorias, ya con otro carácter, no son acumulables para los efectos de la ley de Libertad condicional de 28 de Julio de 1914, así en lo que atañe á la concesión de dicha libertad, como en lo que concierne á la declaración de libertos.

Las Comisiones de libertad condicional harán el cómputo del tiempo que falte por cumplir á todo recluso sentenciado á más de una condena, y formularán las correspondientes propuestas con arreglo á las disposiciones vigentes, ateniéndose exclusivamente á la condena principal ó más grave y prescindiendo de las demás, respecto á las cuales podrán hacer en su día igual cómputo y las consiguientes propuestas con estricta sujeción al art. 29 del Reglamento de 28 de Octubre de 1914, dictado para la aplicación de la referida ley.

Las Juntas de disciplina de las Prisiones harán lo mismo en cuanto se refiera á las propuestas de libertos, siguiéndose iguales reglas para el cómputo gradual del tiempo que á los propuestos falte por cumplir de las condenas que extingan, considerando á cada una de éstas separada e independientemente de las demás.

Art. 3.º La ley de Libertad condicional no es aplicable á los sentenciados á destierro, confinamiento, extrañamiento ni á relegación, por ser estas penas restrictivas de la libertad y por referirse aquella Ley á las penas privativas de dicha libertad, que se sufren intramuros de las Prisiones.

Art. 4.º Las penas pecuniarias, las indemnizaciones y demás sanciones de carácter económico, cuando por falta de pago de la cantidad á que asienten se conviertan en penas privativas de libertad, se considerarán con sustantividad propia, separadas de las demás á que pueda estar sujeto el penado, y si éste mereciese ser propuesto para concesión de libertad ó para declaración de libre, se hará la propuesta cuando corresponda, con la separación expresada, y en conformidad á las reglas y preceptos de que trata el art. 2.º del presente decreto, y á lo establecido en el Código respecto de esta clase de penas.

Art. 5.º La declaración de libertos en favor de los penados procedentes de Ceuta que allí gozaron de libre circulación por la Plaza, sólo podrán proponerla las Juntas de disciplina de las Prisiones, cuando los interesados justifiquen, mediante documentos fehacientes, que allí obtuvieron dicha libertad, que les falten como máximo seis años por cumplir y que reúnan las demás condiciones que la Ley exige.

A los penados de dicha procedencia á quienes falte más de seis años por extinguir, pero que hayan cumplido las tres cuartas partes de sus condenas, se les aplicará el principio general de la Ley respecto á la condición de tiempo, y podrán ser propuestos para libertad condicional por las Comisiones creadas por la Ley para este efecto si reúnen las condiciones de intachable conducta y demás que la referida Ley requiere para obtener el beneficio.

Art. 6.º Los penados á quienes se declare liberados ó libertos, que por razón de familia ó por contar con medios líquidos de subsistencia en Ceuta, designen dicha Plaza para residir, podrán vivir en ella, salvo el caso en que el Comandante general juzgue inconveniente la permanencia de cualquier liberto en aquella población.

Art. 7.º Quedan derogadas todas las disposiciones que se opongan á lo estatuido en el presente Decreto.

Sobre reforma de Aranceles.

El mismo ilustrado Relator de la Audiencia de Madrid, D. Augusto Caro, de quien hemos publicado una notable exposición, redactó también la siguiente, de la que envió ejemplares impresos, pero sin indicar la procedencia, para evitar que se firmase por compromisos de amistad, á todos los compañeros de Madrid y provincias, los cuales, en gran número, así como bastantes Decanos de Colegios de Abogados y Notarios, los han suscrito y enviado á la Comisión de reforma:

Excmo. Sr. Presidente de la Comisión encargada de redactar un proyecto general de reforma de los Aranceles judiciales para los negocios civiles.

EXCMO. Sr.:

El merecido prestigio de que goza V. E. en la Magistratura, por su reconocido celo, inteligencia y rectitud, y la imparcialidad que estamos seguros de encontrar, sin prejuicios ni malquerencias, en su ánimo bien dispuesto, nos ha decidido á hacer uso del derecho que concede la Real orden de 21 de Noviembre último, exteriorizando ideas que tenemos respecto á los Aranceles judiciales; exponiendo brevemente, con toda alteza de miras, hechos y juicios, inclinaciones y propósitos; llamando su ilustrada atención sobre los seguros riesgos de una labor precipitada ó tendenciosa, y esperando después que, apreciadas por su claro entendimiento y aquilatadas en su escrupulosa conciencia las verdades que nosotros creamos, produzcan saludables efectos para el interés público, sin daño del interés privado.

Ya nuestro trabajo en forma de consideraciones y conclusiones ordenadas, correctas, para no herir susceptibilidades, y todas muy ceñidas á su objeto y finalidad. No en vano sabemos lo que apuran el farrago y las digresiones. Sólo la primera consideración llevará un razonamiento, que es preciso por si parece atrevida la afirmación que contiene.

Consideración primera.—Los Auxiliares de la Administración de justicia, para que ésta no pierda sus esenciales atributos, deben estar retribuidos por derechos consignados en Arancel. Conviene así al Estado, no grava al contribuyente y favorece al litigante.

Los fundamentos de la anterior consideración son clarísimos. Tienen las funciones judiciales carácter propio, distinto de las demás del Estado. Una de sus notas singulares es la prontitud. En las leyes de procedimiento y aun en las substantivas, para todo aquello que significa el ejercicio de un derecho, cualquiera que sea su clase, pero especialmente si es de trámite, existen términos brevísimos y fatales dentro de los cuales, sin excusa ni pretexto alguno,