El Foro español (Madrid. 1898) (1915-06-30 00:00:00), página 6

pecta, no sabemos si en lo civil dará tanto gusto al respetable (empleamos el argot teatral porque, como ya en otra ocasión dijimos, encontramos mejor situado en ese sitio al Sr. Domínguez como autor que en los Juzgados como juzgador), como, por lo visto, ya vemos cómo lo da en lo criminal, pues recordamos que una vez, regentando el de primera instancia y en una ejecución de unas letras de cambio, precisamente contra un compañero de letras, no recordamos si colaborador en alguna obra de teatro, negó la ejecución porque en las letras decía «valor recibido», y en su concepto eso significaba que el importe de la letra le había cobrado ya el tenedor de la misma (!!!).

De todos modos nosotros entendemos que no puede privarse de prueba al que comparece a un juicio de faltas, y que un simple guardia de Seguridad no goza de tal infalibilidad que sus dichos no hayan de contrastarse con los de los demás conocidanos, que pueden muy bien estar en contraposición, porque no hay que perder de vista la gravedad que encierra el meter en la carcel a un honrado industrial, cuando por virtud de esa facultad discrecional que los Jueces tienen en cuanto a graduar la pena, pudo muy bien el Sr. Domínguez haber impuesto cinco en vez de seis días de arresto, que podía haber cumplido en su casa y pagar las costas, cosa que aun así y todo, si lo sucedido es como se dice, tampoco nos hubiera parecido justo.

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Un auto comentado.

Lo ha sido el de la Sección segunda de la Audiencia de esta Corte en el famoso proceso llamado de los «Maestros desdoblados», revocando otro de procesamiento dictado por el Juez especial D. Enrique Gutarredona y Marco, que tantas pruebas de ilustración, laboriosidad e integridad irreducibles tiene dadas en su ya larga carrera y con motivo de este proceso. Nosotros nada hemos de decir por nuestra cuenta respecto a este enojoso asunto, limitándonos a copiar las consideraciones que estimamos añadidas, hechas por un importante diario de la noche que escribe lo siguiente:

«Según los señores Magistrados, no hay en todo este escandaloso asunto de los maestros nada que pueda calificarse de tentativa de estafa. El pedir a los interesados el pago del 50 por 100 de las cantidades que, conforme a una sentencia del Tribunal Supremo y a un acuerdo firme del Municipio, consignado en los presupuestos de este año, tenían indefectiblemente que cobrar, con o sin la gestión de los intermediarios, no constituye figura de delito. Únicamente, si estos intermediarios se hubiesen entendido con los Concejales o con los funcionarios municipales que, por su cargo, tenían que intervenir en el pago de los débitos, habría un delito que perseguir: el de cohecho.

Perfectamente; pero nos asalta una duda. Los intermediarios tenían que gestionar cerca de alguien, con alguien, el cobro que en representación de los maestros perseguían, y este alguien, forzosamente también, habría de ser persona que, por su representación o por su misión dentro del Ayuntamiento, pudiera acelerar o retrasar el pago. De otra suerte no se explican, racionalmente, las gestiones. Por ir a contaduría a enterarse de la fecha en que puede satisfacerse una obligación, ni por meter prigas y rogar el pronto pago, da nadie el 50 por 100 de lo que tiene solemnemente reconocido y consignado en el presupuesto de una corporación solvente. ¿Se ha demostrado suficientemente, absolutamente, que los intermediarios no contaron para sus gestiones con ningún Concejal ni con ningún funcionario? Entonces habrá que saber si los maestros fueron víctimas de un engaño por parte de sus representantes, que les pedían el 50 p r 100 de los créditos, encomiando la importancia de trabajos que no hacían o que no ofrecían la menor dificultad, y diciéndoles que era indispensable desprenderse de aquella comisión para poder cobrar, cuando de todos modos y sin necesidad alguna de ella se tenían forzosamente que satisfacer por el Ayuntamiento estas obligaciones dentro del actual ejercicio. Es decir, que si no hubo cohecho, pudo haber intento de estafa. ¿Que tampoco lo hubo, y que por esto el pagador debe ser apartado del proceso? Pues se acabó el proceso. Si al pagador, a quien le ha sido probado que solicitó el 50 por 100 de los cobros a algunos maestros, no le alcanza responsabilidad alguna, ¿cuál puede ser la de los demás procesados, contra los que no aparecen cargos concretos de ninguna clase?

Lo hecho con este funcionario habrá que hacerlo con el habituado y con los Presidentes de la Asociación de Maestros; y entonces, ¿qué queda?

Queda en la cárcel el Jefe del Negociado de Primera enseñanza, al que también hay que poner en la oscuridad, puesto que la Audiencia asegura que no hubo cohecho. ¿Por qué está detenido el Sr. Novoa? Si es por lo de los «Maestros desdoblados», o se ha equivocado el Juez especial o la Audiencia ha incurrido en un error evidente. Si es por otro asunto de administración municipal, pero ajeno a la denuncia de Basteiro, el Sr. Gutarredona ha debido sacar pi-za separada del proceso, para iniciar otro nuevo por aquellas irregularidades.

En resumen; que la resolución de la Sala segunda de nuestra Audiencia, al prejuzgar los hechos delictivos ha sobrescrito de hecho la causa, pues no hay juez en el mundo que pueda perseguir un delito que la superioridad declara no existe. Si no hay estaña ni cohecho, ¿para qué va a perder el tiempo el Juzgado especial en indagaciones que fatalmente han de estrellarse en la inanidad de una causa absurda?

Ahora bien; a lo dicho y copiado por el colega aludido, solo hemos de añadir que nos parece lamentable que, cuando tantos autos de procesamiento se dictan al cabo del año, sin lograrse la revocación (hasta el punto de que es verdaderamente asombroso el número de sobrescimientos a que con ello se da lugar, y cuyo hecho se disculpa en la forma de redacción y hasta, según se quiere hacer ver cuando así conviene, en el espíritu que informa el art. 884 de la ley de Enjuiciamiento criminal, según el cual basta la simple existencia de ALGÚN INDICIO racional de criminalidad contra determinada persona para que el Juez deba dictar contra la misma auto de procesamiento), en procesos de la resonancia del que ahora se trata, en los que la maledicencia puede crear comprometidas a determinadas personalidades, de cuyos manejos e influencias pueda sos