El Foro español (Madrid. 1898) (1914-09-30 00:00:00), página 9

banal Supremo de 5 de Julio de 1904; sienta la doctrina de que «para estimar que se ha interrumpido el plazo de prescripción de una acción determinada, es indispensable que se haya ejercido dicha acción, no otra que con ella tenga mayor o menor analogía, porque así lo previene el art. 1.978 del Código civil al disponer concreta y literalmente que la prescripción de las acciones se interrumpe por su ejercicio en los Tribunales, indicando con claridad el possessivo usado por la ley que la acción antes ejercitada y la que después se usé ha de ser siempre la misma».

Y hasta tal punto no basta cualquier acto que sea por lo menos de conocimiento de que la acción se posee, que es lo que parece indicar la sentencia recurrida, sino que es absolutamente necesario su ejercicio ante los Tribunales, que otra sentencia del Supremo, la de 9 de Octubre de 1906, declara que «en esta prescripción extintiva, lo mismo que en la adquisición del dominio y demás derechos reales, el acto de conciliación —preparatorio del ejercicio de la acción—interrumpe la prescripción, pero siempre que se ejerzite la acción oportuna dentro de los dos meses de su celebración, porque la misma razón de la ley existe para el caso del art. 1.947 del Código civil, que para el del 1.978, no pudiendo ni debiéndose dar en todo caso á los actos de conciliación otra eficacia que la que determina el art. 479 de la ley de Enjuiciamiento civil, puesto que no existe en el Código precepto alguno que lo contradiga».

Y si esto sucede aún tratándose de un acto por el que al ser citado el deudor ha de enterarse este forzosamente del propósito del que ostenta el derecho de hacerlo efectivo, ¿cuánto más no habrá de ocurrir, lo mismo tratándose de un acto como la inscripción de una hijuela, que es un documento en el que ninguna intervención, ni aun conocimiento del mismo tuvo el deudor? ¿Habrá de tener ese hecho más valor á estos efectos que el de llegar á citar á aquél en un acto conciliatorio, que al fin y al cabo, como ya hemos indicado, es preparatorio del ejercicio de la acción é indica el propósito de ejercitarla? En último resultado, ¿no podría decirse muy á lo sumo que aquella inscripción en el Registro, que denota conocimiento solamente del derecho no propuesto de hacerlo efectivo, sólo interrumpió la prescripción por espacio de dos meses y transcurridos los cuales sin el ejercicio de la acción se borraron sus efectos, como sucede con el acto de conciliación que á este fin es y significa mucho más que aquella inscripción?

Nosotros entendemos que esta inscripción perjudica más que favorece á quien la hizo, que después de hacerla no impuede alegar ignorancia acerca del hecho de poseer un derecho, una acción que su causante venía sin ejercitar y que continuó él sin hacerlo, completando el tiempo que para ella la prescripción tiene marcada la Ley; derechos que aún hoy en este juicio, al que no han acudido á pesar de haber sido citados en forma, han dejado en abandono.

Y por si todo esto no fuese bastante, ahí está la sentencia del mismo y ya citado Tribunal Supremo de 21 de Marzo de 1911, que nos da resuelta la cuestión, ya que textualmente declara «que la expresión en los documentos públicos de las cargas reales á que vienen afectos los bienes inmuebles que son objeto de transmisión y el hecho mismo de constar estos gravámenes relacionados en las inscripciones del Registro de la Propiedad, no implican un reconocimiento de su existencia por parte del adquirente de los inmuebles gravados que pueda motivar la interrupción de la prescripción, pues son circunstancias que independientemente del abandono en que tengan sus derechos las personas á quienes favorecen, están obligados á consignar los Notarios y Registradores en las escrituras y asientos del Registro con arreglo á la Instrucción sobre la manera de redactar estos documentos y disposiciones de la ley Hipotecaria, en tanto que las indicadas cargas reales no se encuentran formalmente canceladas; y esto supuesto, no se infringen los artículos 27 y 77 de la ley Hipotecaria ni la doctrina establecida en las sentencias de 4 de Junio de 1890 y de 24 de Diciembre de 1894, al no estimar que interrumpe la prescripción el conocimiento que tiene el comprador de una finca de hallarse inscrita la misma en el Registro con cierto gravamen, porque de aceptar la teoría contraria, toda transmisión de dominio de las fincas gravadas haría cesar el tiempo transcurrido para prescribir, y se atribuiría al adquirente un reconocimiento que no estuvo en su voluntad hacer, porque muy otro fué el objeto del contrato á que prestó su consentimiento».

Por las razones expuestas, estimamos revocable la sentencia sobre que se nos consulta.

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Hasta aquí la refutación de la sentencia del Juzgado á la que sólo añade la Audiencia estos dos «considerandos»:

«Considerando, además, que la inscripción de un censo á instancia del censualista en el Registro de la Propiedad, en el que también se halla inscrito el dominio de la finca gravada á favor del censatario por lo que es conocida para éste y que no puede tener otro fin que obtener el cobro de sus pensiones al constituir una manifestación claramente expresada de su firme voluntad de no abandonar sus derechos, es inquestionablemente un acto que interrumpe la prescripción de dicho censo, comprendido en el artículo 1.973 del Código civil por equivaler ó tener la fuerza de una verdadera reclamación extrajudicial», y «Considerando que esta doctrina, siempre inquestionable, lo es aún más en el presente caso, en que ausente del litigio el demandado, que fué citado por editos por asegurar el actor que ignora su paradero, no ha tenido ocasión de contrarrestar la prueba puramente negativa de su contraíente; ni contraría la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que sólo estima ineficaz para interrumpir la prescripción, la mera relación de cargas que aparece en el Registro en un asiento ajeno á ellas, pero no la inscripción, concreta y determinada de un censo á favor del propio censualista.»

Creemos que después de todo lo dicho basta con ello para comprender el grave error en que incurre la Sala sentenciadora en asunto para nosotros tan claro. ¿Cómo ya á equivaler á una reclamación extrajudicial de un censo el que éste quede inscrito á