El Foro español (Madrid. 1898) (1915-08-20 00:00:00), página 8

Los absurdos de nuestra legislación.

Improbo trabajo que gravita sobre las Secretarías de gobierno de los Juzgados de primera instancia.

A los señores Ministros de Gracia y Justicia, Presidente del Tribunal Supremo de Justicia, y Presidente del Congreso de los Diputados, y Decanos del Colegio de Abogados de Madrid.

No es posible que nuestros Códigos, caducos, rutinarios y arcaicos, puedan resistir a la crítica más benévola que de los mismos pueda hacerse en España, y por las revistas de Derecho internacional en el extranjero.

Por lo que se refiere a nuestro Derecho civil o sustantivo, nuestro Código de igual nombre constituye una excepción en lo que se refiere a las disposiciones relativas a la declaración de ausencia, hecho de suyo excepcional, que no se da en la práctica, pues quien se ausenta, o bien enajena sus bienes, o provee a su administración dejando persona encargada de ellos, y lo que comúnmente acontece es que se ausentan los pobres de solemnidad, para quienes huelgan las previsiones, cuidado y celo del legislador, y a tal materia dedica el Código civil nada menos que 17 artículos.

En cambio, no dedica sino 20 artículos al contrato del trabajo de criados y trabajadores asalariados en sus diversos títulos, hoy que tanto se le enaltece al trabajo y se reconoce como elemento de progreso y felicidad de los pueblos.

Se dispone en tal compilación legal que además estatuye reglas de procedimiento, y en su art. 1.973, haciendo referencia a los artículos 1.977 y 1.978, que cada diez años se reformará dicho Código, teniendo a la vista los progresos realizados en otros países y la Jurisprudencia del Tribunal Supremo, lo cual todavía se encuentra sin hacer después de veintitrés años, puesto que el mencionado Código se publicó o comenzó a publicarse como ley del Reino en la Gaceta de 8 de Octubre de 1888, todo lo cual dice muy mal de la seriedad de nuestros Gobiernos y Tribunales.

Vamos ahora con nuestro Código penal, verdaderamente draconiano y duro, no sólo en cuanto a la duración de las penas, sino también en cuanto a los efectos civiles de la Pena de Interdicción civil, que equivale a la capitís diminutio maxima de los tiempos de Roma; ley igualmente excepcional, puesto que las estadísticas acusan que, a lo sumo, se registrará tan sólo una desde la implantación de los Registros modernos en lo que se refiere al distrito de Requena.

Bajo el suave nombre de Juzgados de primera instancia e instrucción se comprenden los Juzgados de distrito forestal o de monte, por las multas impuestas por los ingenieros del distrito de tal nombre y daños causados en los mismos; Juzgados militares, por las Comisiones auxiliarias que se piden por ellos, y Tribunales de dicho fuero, en los casos de hurto de efectos militares, deserción y una multitud de incidencias; función que podría meterse a las Comandancias de la Guardia civil, que podrían desempeñar mejor tal cometido; Juzgados de Hacienda, por las multas impuestas por los Delegados de tal nombre, desfalcos en cédulas, cobro de contribuciones, etc., de forma que, si de nombre desaparecieron los Juzgados especiales al implantarse la unificación de Fueros en 1889, todavía existen en esencia tales jurisdicciones, que resume la jurisdicción ordinaria, tal vez llamada así porque, a más de entenderse con delincuentes y pobres de solemnidad, se la rebaja al constituiría en servidora de todos los órdenes de la administración.

En orden al procedimiento, es monstruoso que, a quien le ocurre una desgracia, se le descuente como a un carnero, por rutina, y aumentando la adicción y el sentimiento de la familia, cuando es evidente la causa eficiente de la misma y constituye una profanación del interfecto, convirtiéndose en regla general lo que sólo en contados casos de sospecha de envenenamiento debiera practicarse.

En cuanto a costas, debieran proscibir las mismas en lo criminal en Audiencias y Juzgados, puesto que así lo proclamó desde el más elevado solio de la Justicia el Presidente del Tribunal Supremo.

En cuanto a los fiadores de los procesados, es inconcebible que se exija a éstos como requisito necesario la vecindad en el territorio del Juzgado, de suerte que un propietario o industrial que goza de crédito, por su reconocida solvencia, no pueda ser fiador, si es vecino de Valencia, de un procesado de Sueca, Liria o Chebba, por no ser vecino, lo cual es sencillamente burla y ridículo.

El procedimiento civil constituye algo así como un juego de ajedrez, en los que sacrificándose el fondo a la forma de las cosas obtiene la victoria, o el más astuto o más rastroso de los litigantes, y mucho más podríamos decir acerca de este particular, por lo que el insigne C. Sia afirmó en ocasiones que las gentes tenían más miedo a la Justicia que a los malhechores. Parece mentira no se corrijan tales absurdos, que en bien de la civilización y del buen nombre de España y en honor de los principios de Justicia deben de corregirse, mucho más cuando existe una Comisión de Códigos, de la que no se observan ni vestigios siquiera de su laboriosidad, y de la que no sabemos haya producido ley alguna beneficiosa todavía a nuestra Patria.

JOSÉ TAVERNER.

Testamento clógrafo.

Sentencia del Tribunal Supremo de 20 de Diciembre de 1913, publicada en la Gaceta de 20 de Junio de 1914, declarando no haber lugar al recurso interpuesto por infracción de ley.

Considerando que, reiteradamente, tiene declarado este Tribunal Supremo a tenor de lo preceptuado en el art. 687 del Código civil, que es nulo el testamento clógrafo otorgado sin los requisitos establecidos en el 688, y entre ellos antes de su reforma por la ley de 21 de Junio de 1904, los de extenderse en el papel sellado correspondiente al año de