El Foro español (Madrid. 1898) (1914-08-20 00:00:00), página 4

sustantividad del deber de alta política social encomendada á los Gobiernos, á fin de que la justicia sea rectamente administrada sin peligro de claudicaciones por obra de los encargados de su administración, al derivar de ese principio lo que pudieramos llamar la realidad efectiva, por medio de verdaderas ordenaciones orgánicas para la elección, promoción y destitución de los Jueces y Magistrados, surgen serias dificultades. Quizá ellas son originales, como en alguna ocasión recordaba el Sr. Canalejas, por falta de energías en los gobernantes para resistir algo que es secundario en los accidentes de la política y que hace mixtificar el buen propósito por afectos de reconocimiento y lealtad, de que los Gobiernos, que al fin son constituidos por hombre, les es difícil sustituirse.

No podemos, á este respecto, olvidar aquellos sublimes conceptos de Royer-Collard atinentes á las relaciones entre el Poder ejecutivo que nombra y separa á los Jueces y Magistrados y el Poder judicial que no ha de deber á aquel sus nombramientos ni concebir la esperanza de recibir, por vía de merced, rápidos ascensos y positivas mejoras en la carrera. El ciudadano, escribía el ilustre tratadista, á quien el Gobierno difiere las augustas funciones del Magistrado, reconoce su propia debilidad ante la lucha á que pudiera ser conducido y en la que acuñaría si el Estado no la protegiese contra posibles violencias, librándole de todo temor y desposeyéndole de toda esperanza; recabando para ello del Poder ejecutivo la promesa de que ningún Juez descenderá del Tribunal si no resulta convencido de haber fallado á sus deberes. El Poder, concluye Royer-Collard, vacila, que es condición de él costarle mucho renunciar á las exigencias de su voluntad; pero ilustrado sobre sus deberes, como tutor de los altos intereses sociales, y subyugado por la fuerza incontenible de la justicia, garantiza la independencia de los Jueces, los declara inamovibles y llama al Ministerio augusto de la justicia, al ciudadano digno de su ejercicio, sobreponiéndose á lo secundario de la recomendación y del afecto.

Es de toda evidencia, sin embargo, que la inamovilidad judicial pudiera ser leiva á la recta dispensación de la justicia, si los funcionarios que han de administrarla no han sido bien elegidos y en su elección no se apartan los Gobiernos de una directa y absorbente intervención. La ponencia del Sr. Cortina—Apéndice III á la Memoria de la Comisión Codificadora de 1863—afirma que la inamovilidad sería un mal de consecuencias irreparables, «si la elección no resultase acertada, y aquél la pudiera ser un obstáculo para que descendiesen de sus puestos quienes les hubieran debido quizá al favor y á la intriga, ó tal vez á servicios indignos de ser recompensados con la investidura judicial, perpetuando con ello el mal en vez de corregirlo».

Los tratadistas del Derecho procesal y orgánico, conformes en apartar del Estado la exclusiva intervención en el nombramiento para el ingreso en la carrera judicial, han ideado diversos procedimientos, desde el ya desacreditado de «elección por los mismos ciudadanos, del hombre que en consideración á sus excepcionales virtudes, debiera administrar la justicia—procedimiento patriarcal y regresivo que colocaría á la Magistratura al servicio de los partidos políticos—hasta el de la oposición rigurosa, más racional y científico, porque alejando á los inicios del concurso, contrariada su aptitud académica y sometida á pruebas duros su moralidad, ofrece mayores garantías de acierto en los Poderes públicos, á quienes el Juez nunca ha de deber por vía de merced y derivaciones ulteriores de gratitud, su alta investidura.

El insigne Magistrado italiano F. Manduca conviene en su notable libro Procedura criminal, párrifo XXXI, en la necesidad de que la Magistratura sea elevada, tanto sobre su actual nivel intelectual como en la mequena retribución de su laboración por el bienestar social, retribución que debe representar algo más que una miserable limosna que humilla, sin que de otra suerte pueda el Estado contar con Magistrados que se hallen á la altura de su misión. «El verdadero mérito, continúa diciendo dicho notable escritor, difícilmente aspirará á una carrera, honrosa sí, pero llena de tribulaciones, que recluye en la preciada juventud al Juez en lugares destinados más á expiación de un destino que al decoroso ejercicio de las funciones judiciales y que agota su fortuna en numerosos traslados durante tan accidentada carrera.»

Y esa Magistratura, que acepta sin remuneración adecuada el cargo judicial que lleva vida activísima, existencia nómada que destruye afieles y riquezas propias, no puede de modo general reclutarse en la juventud brillante, porque ésta puede encontrar en otras especulaciones honor y un vivir desahogado, sin adversidades y escrachadas por la miseria suya y de su familia; en consecuencia de lo cual, los Gobiernos no podrán pretender instituir un organismo adecuado á la trascendente misión del Poder judicial, sin la elevación de su valor intelectual, factor inseparable de la elevación económica en las dotaciones de la Magistratura en todos sus grados y jerarquías.

Hemos transcritto casi á la letra las amargas verdades que el culto Magistrado expone sobre el actual estado de la Magistratura italiana, nutrida en sus orígenes de Letrados que fracasaron en otras actividades del Foro, solicitando por ello el cargo de Pretor, pero onza inicial incultura hace resaltar Manduca afirmando que, reflejada en los fallos que mas tarde han de dictar como Magistrados de apelación, sus decisiones no son menos deplorables que ciertos veredictos del Jurado.

No resultan, digámoslo en merecido tributo de justicia, aplicables á nuestra íntegra Magistratura los desconocedores conceptos que se acaban de exponer, invocando la autoridad del esclarecido Magistrado italiano. Aquellas sentidas manifestaciones que la Memoria de nuestra Comisión de Codificación levaba al Gobierno en 1863 sobre la omisión en las que aspiraban á la Judicatura de garantías positivas de moralidad y competencia, han sido atendidas; y desde la publicación, por feliz iniciativa del señor Montero Ríos, de la Ley orgánica de 1879, los Ministros vienen encomendando esa labor á los Tribunales de oposición, y atribuyendo al respetabilísimo órgano de la Junta calificadora, en los nombramientos de libre selección, la comprobación de tales inexcusables condiciones, que han remediado quel estado realmente inorgánico que presidió durante muchos años los nombramientos de Jueces y Magistrados, estado que, no obstante, no llegó á lastimar el inquebrantable prestigio de una Magistratura