El Foro español (Madrid. 1898) (1913-03-30 00:00:00), página 13

pleito, en que se declare es dueña de un terreno y en que sea condenado el demandado á entregar esta finca con los frutos percibidos y debidos percibir; así como á indemnizar daños y perjuicios; al absolver la sentencia de la aludida demanda, por no haber justificada su acción el demandante ni por ello podrásele reconocer el derecho á reivindicar, bien lejos de incurrir en la transgresión del art. 348 del propio Código, se ajusta fielmente á sus dictados, en cuanto que ampara en su propiedad al demandado, y le reconoce y declara el derecho de gozar y disponer libremente como dueño de la finca en cuestión;
Y que contra la sentencia que presta observancia á las disposiciones de los artículos 1.215, 1.216 y 1.248 del Código, no cabe objetar que incurre en error de derecho en la apreciación de las pruebas, si atendido á tales preceptos reguladores de las pruebas y del valor que ha de concedérselas, en la totalidad de sus elementos apoya su criterio y fundamentos el fallo pronunciado.

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Quebra de Sociedades colectivas.—Inhabilitación del quebrado.—Sentencia de 3 de Julio. (Gaceta de 4 de Julio de 1912).—Resuelve que la quiebra de las Sociedades colectivas lleva consigo la de sus socios, y concurriendo este carácter en un individuo queda como quebrado inhabilitado para administrar sus bienes; pues el precepto del art. 923 del Código de Comercio, entre otros, tiene por fundamento, con referencia á este caso, la obligación personal y solidaria en que vienen constituidos los socios colectivos de responder con todos sus bienes á las resultas de las operaciones hechas á compra y por cuenta de la Compañía de que forman parte;
Que siendo esto así y por la extensión de tal responsabilidad no pueden los socios colectivos ostentar á la vez con relación á la masa el doble carácter de acreedores y de quebrados, aun en el supuesto de que el que de ellos lo pretenda haya sido citado como acreedor por cantidad procedente de la dote de su mujer, para la celebración de la primera junta; pues en todo caso su inhabilitación le incapacita en absoluto para intervenir en el juicio universal por sí ó en otros conceptos, cuando la ley por razones especiales no le otorgue expresamente este derecho, sin que al efecto de su comparecencia pueda invocar con éxito el precepto del art. 35, núm. 2.º del Código Civil y la distinción entre la personalidad jurídica de la entidad Sociedad y la individual de cada uno de sus socios, porque á aquella entidad moral y á estos socios se declaran por igual quebrados los artículos 878 y 923 del Código de Comercio.
Que la separación que el último de dichos artículos manda mantener entre las liquidaciones de la Sociedad y de cada uno de los socios no arguye cosa alguna en favor del derecho del socio comprendido en el caso de que se trata para accionar en la liquidación que le es privativa, porque esta separación responde á la forma en que deben ser pagados los acreedores de la Sociedad y los que solamente sean acreedores de los socios.
Que la inhabilitación del quebrado le priva del derecho que el art. 60 del Código Civil otorga al marido para representar á la mujer como acreedora dentro del juicio de quiebra, conforme á la limitación establecida en el art. 66 del mismo Cuerpo legal:
Que el art. 228 del propio Código no puede interpretarse en el sentido de que con la resolución que niega al socio de que se trata la intervención en la quiebra se otorga á la referida inhabilitación los efectos jurídicos de una verdadera interdicción, porque con ella no se desconoce la autoridad que dentro del matrimonio tiene el marido ni le impide el ejercicio de derecho alguno de carácter familiar, y se limita á negarle la representación de su mujer en las reclamaciones patrimoniales que ésta pueda ó deba promover contra los bienes de la masa de la Sociedad quebrada, aparte de que en semejante trámite no cabe resolver incidentalmente si el marido quebrado conserva la administración legal de los bienes de la mujer y si ésta se encuentra facultada para defendirse por sí misma ó necesita también de la debida autorización.

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Legítima en Cataluña.—Derechos del legitimario.—Sentencia de 6 de Junio. (Gacetas de 4 y 5 de Julio de 1912.)—Declara que la legítima en Cataluña se adquiere por el legitimario, no por voluntad y liberalidad del testador, sino por ministerio de la ley, y por ello desde la muerte del causante pasa con todos sus derechos á aquél, entre ellos el de percibir sus frutos, y si se asigna en metálico, bien por el testador, bien por el heredero, con el interés legal que equivale á aquéllos, salvo el caso frecuente en aquella región de que el heredero suministre alimentos al referido legitimario, porque entonces, conforme á la doctrina sanctionada por la jurisprudencia, los frutos ó intereses se entienden compensados con los alimentos;
Que las disposiciones de las leyes romanas que se refieren al abono de intereses de los legados de cantidad que determinan que aquellos sólo son exigibles desde la contestación á la demanda, no son aplicables á la porción legitimaria aunque á ésta se dé la denominación de legado, siempre que no exceda de la cuantía señalada por la ley ó sea de la cuarta parte de la herencia repartida entre los descendientes del testador, cuando de aquéllos se trate;
Que de conformidad con la doctrina expuesta, que ha sido sanctionada por el Tribunal Supremo, especialmente en su sentencia de 16 de Enero de 1897, es indudable que tratándose de un legitimario á quien el heredero suministró alimentos durante cierta época y que recibió posteriormente determinada cantidad á cuenta de su herencia, tiene derecho á reclamar intereses legales de su porción legitimaria paterna y materna, desde el fallecimiento de sus padres, desconociendo el tiempo en que el heredero le suministró los alimentos hasta que cesó de percibirlos y recibió la cantidad á rebajar de los legítimos, y al no estimarlo así se infringe la Constitución única, título XVIII, volumen I de Cataluña, y la Novela 18, capítulo III, que se basa en el principio de que al legitimario se le deben los productos de su legítima no satisfecha por el heredero desde la muerte del causante; no siendo de aplicación, por lo que se refiere al recibo de la referida cantidad á cuenta de las legítimas lo dispuesto en el artículo 1.110 del Código Civil, porque el expresado precepto se refiere al recibo del capital completo y no á parte del mismo;
Y que por el hecho de consignar años después el sucesor del heredero deudor á disposición del Juzgado la cantidad adecuada al legitimario por sus legítimas paterna y materna, no por ello puede entenderse que dicho legitimario quede pagado íntegramente y extinguido el derecho para reclamar los intereses vencidos, conforme al art. 1.110 del Código Civil, si es entonces deudor el heredero de los intereses vencidos, en cuyo caso al pago de éstos debe aplicarse, en primer término, la cantidad expresada conforme á lo dispuesto en el art. 1.173 del citado Código, que tiene su precedente en el Derecho Romano.