El Foro español (Madrid. 1898) (1913-01-10 00:00:00), página 11

Partición de herencia.—Compra-venta a pacto de retro.—Nulidad de contrato.—Sentencia de 22 de Marzo (Gacetas de 29 y 30 Abril de 1912).—Se disuelve en el pleito de que procede el recurso la validez de la venta de varias fincas realizada con los antecedentes y condiciones siguientes. El vendedor en el contrato cuya nulidad se pretende, heredero á su vez del causante de quien procedían las fincas objeto de dicho contrato, vendió éstas antes de la participación y adjudicación de los bienes, sin la intervención del otro coheredero, á pacto de retro por seis años, transcurridos los cuales el comprador en esta escritura vendió las propias fincas á un tercero, en el que se vino á dar la circunstancia de ser también causahabiente del coheredero de aquel que realizó la primera venta, por haberle cedido los sucesores de dicho coheredero todos los derechos correspondientes en la herencia de su causante. Este tercero traspasó las fincas en cuestión al primitivo vendedor, ó sea á aquel que las enajenó antes de la partición y adjudicación, quien de nuevo las volvió á vender por el contrato cuya nulidad se pretende y que la sentencia recurrida desestima con la absolución de la demanda.

El Tribunal Supremo declara no haber lugar al recurso de casación interpuesto contra esta sentencia, declarando que ni el art. 1.068 del Código Civil, ni la doctrina establecida en las sentencias de 9 de Enero de 1865, 4 de Abril de 1905 y 26 de Enero de 1906, pueden tener aplicación al caso de que se trata, porque cuando la venta cuya nulidad se pretende se realizó, las fincas se hallaban ya fuera de la sucesión del causante del vendedor y éste pudo disponer de las mismas como dueño exclusivo de ellas, por haberlas adquirido en firme cuando ya no pesaba el gravamen resolutorio á consecuencia de la cesión realizada á favor del vendedor de los derechos sustentados por los sucesores del coheredero, únicos á los que competiría antes de la cesión la acción de nulidad de los contratos realizados á espaldas ó sin intervención de los mismos ó de su causante.

Competencia.—Comisión mercantil.—Acción personal.—Sentencia de 22 de Marzo. (Gaceta de 30 de Abril de 1912.)—Resuelve que dados los términos de los artículos 277 y 278 del Código de Comercio, en relación con los del 1.728 del Civil y la constante jurisprudencia del Tribunal Supremo, es manifiesto que el comitente ó mandante, en defecto de pacto en contrario, está obligado á abonar al comisionista ó mandatario en el lugar donde se requieren sus servicios el importe de los anticipos ó gastos que este último hubiere hecho para el desempeño de su cometido;

Y que conforme las partes en la existencia del encargo dado al actor para la compra de cierta mercancía en el lugar de su domicilio y reclamando el mismo en la demanda los gastos suplidos y los perjuicios ocasionados por la paralización del negocio, á tenor de la doctrina expuesta, resulta evidente que la obligación debe cumplirse en este último punto, sin que obsté la excepción que se indica al promover la inhibitoria, respecto á la forma irregular que se supone en el desempeño del cometido, porque constituirá, en su caso, la cuestión de fondo á debatir en el juicio.

Competencia.—Sumisión expresa.—Compra-venta.—Acción personal.—Sentencia de 22 de Marzo. (Gaceta de 30 de Abril de 1912.)—Resuelve que entre los efectos generales de un contrato no puede comprenderse la sumisión expresa para las cuestiones judiciales á que el mismo dé lugar, tal y como la define el art. 57 de la ley de Enjuiciamiento civil; pues exige éste, no sólo la renuncia clara y terminante al fuero propio, sino también la de designar con toda precisión el Juez á quien las partes se someten;

Y si la cláusula sobre cuyo alcance se discute, lejos de llenar estos dos requisitos, se limita á decir que los efectos de un contrato de compra-venta de carbones quedan domiciliados en cierta ciudad, sin otra determinación, y al contrario, otra cláusula anterior de la misma convención fija de manera indudable el precio de la mercancía á bordo en población distinta, es evidente que este pacto especial respecto al cumplimiento de la obligación en cuanto al precio significativo, según inteligencia constante de la jurisprudencia, de que la entrega de la mercancía había de verificarse en el último punto, no pudo ser modificado por el general de la primera cláusula, sin que así se consignara de manera expresa y terminante; y en su virtud, de conformidad al párrafo 2.º del art. 1.500 del Código Civil, en relación con la regla 1.ª del 62 de la citada ley, procede atribuir el conocimiento de la demanda sobre pago del referido precio al Juzgado del lugar en que, á tenor de la doctrina expuesta, el cumplimiento de la obligación debe verificarse.

Acción reivindicatoria.—Apreciación de prueba.—Principio de derecho.—Propiedad nacional.—Sentencia de 28 de Marzo. (Gacetas de 30 de Abril y 1.º de Mayo de 1912).—Declara que no exenta de vacilaciones la acción reivindicatoria, á pesar de la legislación sobre la materia y de la copiosa jurisprudencia confirmatoria del Tribunal Supremo, se hace necesario recordar que aquel que la ejercite tiene el deber de acreditar el dominio y la identificación de la cosa que intenta reivindicar, concretando, para demostrar que es la misma á que se refieren los documentos de la reclamación, no sólo el nombre y medida superficial, sino su situación y linderos, y que sobre esos hechos á los Tribunales que resuelven el litigio corresponde decidir si están ó no debidamente comprobados por el demandante, que es á quien incumbe la prueba:

Que de acuerdo con estos principios fundamentales, no es de estimar la infracción de los artículos 596 y 597 de la ley Procesal y 1.216 al 1.218 inclusive del Código Civil respecto de la sentencia que absuelve al demandado en un pleito en que se ejercita la acción reivindicatoria, fundándose en que el actor no ha justificado cumplidamente su dominio sobre la finca objeto de la acción, requisito sin el cual no es legalmente posible acceder al éxito de las acciones reales como la de que se trata:

Que al declararlo así no infringe tampoco dicha sentencia las disposiciones relativas al valor de las pruebas cuando sin desconocer el valor y eficacia de los documentos producidos con la demanda, armoniza este elemento de prueba con los demás aportados al debate, para formar juicio comparativo, y apreciándolos en su totalidad declara, en consecuencia, que de su resultado no se infiere el pretendido dominio;

Que si bien es principio de derecho reconocido por la jurisprudencia el de que «nadie es permitido válidamente ir contra sus propios actos», no debe interpretarse hasta el extremo de estimar que la creencia de un vendedor que considera suya la finca vendida, creencia vacilante hasta el extremo de no obligarse á la evicción y saneamiento, pueda ser nunca un funda-