El Foro español (Madrid. 1898) (1913-05-30 00:00:00), página 13

constitutivos de la fianza en cuestión é interpretos recurso de casación por infracción de ley, fundado en que la cláusula del contrato transrito debía interpretarse en el sentido de tratarse, no de una obligación a término, sino de una obligación condicional dependiente de que transcurridos cuarenta meses desde la cesación del tasador, hubiere cubierto éste todas las responsabilidades pendientes, la cual determinaba el derecho del Monte de Piedad á retener la fianza mientras alguna operación en que el tasador hubiera intervenido quedara sin liquidar, y en tal concepto la sentencia recurrida infringía las leyes reguladoras de la interpretación de los contratos, en atención á no estar liquidadas aún todas las operaciones de préstamo en que el tasador demandante interviniera.

El Tribunal Supremo desestimó el recurso declarando que la cláusula controvertida no puede tener aquella interpretación, sino la de que pasados cuarenta meses el tasador sólo responde con la fianza de las operaciones liquidadas antes ó dentro de ese plazo, pero no de las que no se haya liquidado por causas que no le sean imputables y que sólo entran responsabilidades problemáticas, ya que hasta después de la subasta de los efectos pignorados no nace la responsabilidad del tasador, á quien de otra suerte se ocasionarían grandes perjuicios por el demérito posible de aquellos efectos por el transcurso indefinido de tiempo, con el que no hubo de contar al obligarse, en razón al en que las operaciones del Monte deben efectuarse y liquidarse con arreglo á los Estatutos del mismo.

Y que aun en el supuesto de que la cláusula en cuestión fuera dudosa ó susceptible de diversos sentidos, debe estarse por el más adecuado para que produzca efecto, con arreglo á un principio elemental de interpretación de los contratos, por donde es indudable que aceptando el que en el recurso se le atribuyó esa cláusula, resultaría vacía ó superflua y el plazo de los cuarenta meses carecería de significación, y por ello, fuerza es concluir que ese plazo se estableció para algo, para que produjera algún efecto, ó sea para que fondeado, quedara libre la fianza, á no ser que continuaran sin abonarse responsabilidades positivas, que, sólo podían resultar de las operaciones de préstamo liquidadas, dentro del mismo ó con anterioridad, y no de las que permanezcan sin liquidar, de las que no pueden originarse responsabilidades de orden alguno, por depender del precio que se obtenga en la subasta de las cosas empeñadas.

Compraventa.—Resolución del contrato de compraventa.—Pago del precio.—Novación.—Sentencia de 7 de Julio. (Gacetas de 20 y 21 de Octubre de 1912.)—Declara que el art. 1.504 del Código Civil establece en forma especial para la resolución del contrato de venta cuando se haya pactado aquéllo por falta de pago del precio en el tiempo convenido, demorando este plazo hasta que el vendedor haya manifestado su voluntad de resolver el contrato poniendo su propósito en conocimiento del comprador por requerimiento judicial ó por acta notarial, de donde claramente se deduce que el vendedor puede dejar transcurrir el plazo para que se lo abone el precio y recibir cantidades á cuenta del mismo, transcurrido dicho término, ya que éste, mientras no se abone todo el precio, viene á quedar en suspenso á su voluntad.

Que esto supuesto es indudable que por dejar pasar el término de un año señalado para la resolución de la venta de una finca, convenida en documento privado y haber recibido el vendedor determinada cantidad á cuenta, no se nega el referido contrato de compraventa, máxime si á parte de no expresarse claramente como exige el art. 1204 del Código Civil, que mantiene la doctrina tradicional de que la novación no se presume, en cuyo caso el contrato de compraventa continúa en vigor y viva la facultad del vendedor para resolverlo mientras no se le abone la totalidad del precio, sin necesidad de guardar otro requisito que el de hacer el requerimiento, que se refiere á la manifestación del propósito del vendedor para resolver el contrato de venta, ya que si tuviera por objeto reclamar el precio, no se opondría á la resolución del contrato, sino al cumplimiento del mismo.

Y que no puede menos de considerarse cumplido dicho requisito con la citación para el acto de conciliación.

Comunidad de bienes.—Administración y disfrute de los bienes poseídos en común.—Sentencia de 7 de Julio.—(Gaceta de 21 de Octubre de 1912.)—Resuelve que en el caso de los dueños de una finca compuesta de monte y tierras de regadío y secano, uno de cuyos condueños posee en la misma cinco sextas partes, y el otro la sexta parte restante, como según el art. 398 del Código Civil, para la administración y disfrute de la cosa en común, debe prevalecer el acuerdo de la mayoría, formada ésta por la mayor representación en cantidad, es evidente que la cesión hecha por el primero de dichos condueños del aprovechamiento de la finca, por término de dos años y limitada, sólo á la corta y extracción de una determinada clase de leñas con exclusión de las demás, constituye un acto de administración de la finca, porque no se extiende á todos los productos forestales y por tiempo indefinido.

Que sea cual fuere el derecho del condueño en la sexta parte de la finca para percibir lo que del aprovechamiento le corresponda, tal derecho no puede ejercitarse contra el que concierta con el otro condueño la cesión del aprovechamiento de la finca en los términos expresados, amparado como está por el artículo citado del Código, con arreglo á los dictados del cual pudo el condueño de mayor participación contratar con él el aprovechamiento temporal y limitado de la finca.

Y que la sentencia que así lo declara no infringe los artículos 397, 398, 1.261 y 1.445 del Código Civil, si sobre hacer acertada explicación del art. 398 citado no niega al participante de la cosa en común su derecho á las utilidades en la proporción que le corresponda, ni declara como hecho probado que con el aprovechamiento realizado en la forma dicha, se hayan alterado las condiciones económicas de la finca.

Obligaciones puras.—Incongruencia.—Sentencia de 7 de Julio. (Gacetas de 21 y 22 de Octubre de 1912.)—Consigna que no incurre en incongruencia ni en error de hecho en la apreciación de las pruebas documentales, con infracción de los artículos 1.091 y 1.113 del Código Civil, la sentencia que condena á un individuo á que cumpla con la obligación que tiene contraída por escritura pública de cancelar un embargo á su instancia, practicado sobre determinada finca, y cuyo embargo canceló en efecto antes de sentencia, pero un año después de promovido el pleito, justificándolo con un testimonio de los autos ejecutivos en que se tratabó el embargo, que presentó con el escrito de conclusiones.

Y que en un caso como el citado, atendiendo á lo tiempo y forma en que se presenta el testimonio acreditativo de la cancelación pretendida, no puede obstar á la continuación del juicio, si en él, además del cum-