El Foro español (Madrid. 1898) (1912-02-20 00:00:00), página 8

nado á una pena que lleve consigo la interdicción civil, ó hubiera sido declarado ausente, ó hubiera dado causa al divorcio; y acordada la separación de bienes, quedará disuelta la sociedad de gananciales, y se hará su liquidación conforme á lo establecido en el Código (artículos 1.483 y 1.484). Pues bien; si la separación se hubiera acordado á instancia de la mujer por interdicción civil del marido, se transferirá á la misma la administración de todos los bienes del matrimonio y el derecho á todos los gananciales ulteriores, con exclusión del marido. Si la separación se acordase por haber sido éste declarado ausente ó por haber dado motivo para el divorcio, la mujer entrará en la administración de su dote y de los demás bienes que por resultado de la liquidación le hayan correspondido.

Transfervencia de la administración á la mujer. Pero además hay otros casos en que la administración de los bienes del matrimonio se transfiere á la mujer, y éstos son, según el art. 1.441, cuando pida la declaración de ausencia de su marido y cuando éste estuviere profugo ó declarado rebelde en causa criminal, ó, si hallándose absolutamente impedido para la administración, no hubiere provido sobre ella.

Contravención á lo dispuesto en el art. 45. Determina éste que está prohibido el matrimonio al menor que no haya obtenido la licencia y al mayor que no haya solicitado el consejo de las personas á quienes corresponde otorgar una y otro en los casos determinados por la ley. Y el artículo 50 establece que, si bien el matrimonio celebrado contra esa prohibición será válido, se entenderá contraído con absoluta separación de bienes, reteniéndose cada cónyuge el dominio y administración de los que le pertenezcan, y que si uno de los cónyuges fuere menor o emancipado, no recibirá la administración de sus bienes hasta que llegue á la mayor edad.

Y dicho esto, que constituye la doctrina general en la materia, vamos ya á ocuparnos de la diferente capacidad del marido según diga esta relación á sus bienes propios ó á los de la mujer.

Respecto á sus bienes propios. Poco hay que decir en cuanto á ellos. Si el marido es mayor de edad y no están sus facultades limitadas por alguna de las restricciones que indica el art. 32, es perfectamente capaz para verificar toda clase de actos y contratos sin la menor limitación, siempre, claro está, que las leyes lo consentan. Si es menor de edad sigue rigiendo el precepto del art. 59, es decir, que si no ha cumplido diez y ocho años no puede administrar sin consentimiento del padre, madre ó tutor, y si ha cumplido ya esa edad pero es menor de veintitrés años, está facultado para todo sin necesidad de requisito alguno complementario, á excepción de tomar dinero á préstamo, gravar y enajenar bienes raíces, para lo cual deberá obtener el consentimiento de las personas mencionadas.

Ann. los bienes que tenga hipotecados á favor de su mujer á la seguridad de la dote podrá enajenarlos ó gravarlos, puesto que al fin y al cabo bienes suyos son. Lo que tiene es que según quede ó no subsistente la hipoteca, queda ó no libre el marido de nueva obligación.

Las enajenaciones ó gravámenes que varifique ó imponga sobre sus bienes propios ya hipotecados á la seguridad de la dote, dejando subsistente esa hipoteca en toda su extensión, son actos que no están sometidos á limitación alguna. El tercero que contrata adquiere los bienes con la carga de la hipoteca legal, ó recibe los derechos suspedidos á dicha carga, y los efectos de la enajenación ó gravamen no difieren en lo más mínimo de los que producen en general esa clase de actos, continuando garantizados los derechos de la mujer mediante la subsistencia de la hipoteca.

Pero si la enajenación ó gravamen de los bienes se realiza extinguiendo ó limitando de algún modo la repetida hipoteca (lo cual, dicho se está que no puede llevarse á cabo sino mediante el consentimiento de la mujer, á cuyo favor está aquélla constituida), entonces queda obligado el marido, como es muy justo, á subrogar la hipoteca legal en otros bienes de su propiedad, pudiendo la mujer exigir dicha subrogación en cualquier tiempo, desde que haya consentido por escrito en la enajenación ó el gravamen, ó exigirla también como condición previa para prestar ese consentimiento (1).

Se explica perfectamente que así suceda. La mujer ha sufrido ó va á sufrir una merma en su garantía accediendo á que desaparezca del inmueble afecto la hipoteca que sobre él pesaba, á fin de que la finca pase á otra persona libre de la carga, ó que el gravamen que nuevamente se imponga no se halle sujeto á la presidión de otro anterior. ¿Qué menos que conceder á la mujer en tales casos el derecho de exigir la subrogación de la hipoteca en otros bienes!

Respecto á los bienes de la mujer. De tres distintas clases pueden ser los bienes propios de la mujer casada: dotales estimados, dotales inestimados y parafernales. Veamos, pues, cuál sea la capacidad jurídica del marido en cuanto á cada uno de ellos.

A) Dotales estimados. Su dominio corresponde al marido. Esto basta para determinar fija y precisamente su capacidad. Es dueño de tales bienes, y sólo responde á la mujer de su estimación, de su valor, de su conversión á metálico. Para garantizar esa responsabilidad constituye, ó debe constituir, la hipoteca legal correspondiente. Mas la relación jurídica creada entre él y esos bienes es la de propiedad plena, normal y corriente. Ningún límite, pues, aparte de los generales á que está sometido todo propietario, tiene la capacidad jurídica del marido respecto á los bienes dotales estimados. Únicamente en el caso de que todo ó una parte de los bienes que constituyen la dote estimada consista en efectos públicos ó valores cotizables, y mientras su importe no se halle garantizado por la hipoteca que el marido está obligado á prestar, los títulos, inscripciones ó documentos que le representen se depositarán á nombre de la mujer, con conocimiento del marido, en un establecimiento público de los destinados al efecto, pudiendo, sin embargo (y lo mismo si se trata de bienes fungibles cuyo importe no esté asegurado con hipoteca) sustituirlos con otros equivalentes, con consentimiento de la mujer ó, en su caso, de las personas que el Código señala, y aun enajenarlos, con dicho consentimiento, á condición de invertir su importe en otros bienes, valores ó derechos igualmente seguros (2).

(1) Véase el art. 190 de la ley Hipotecaria.
(2) Artículos 1.355 y 1.359 del Código Civil.