El Foro español (Madrid. 1898) (1913-08-20 00:00:00), página 14

Propiedad minera.—Mancomunidad.—Prescripción.—Sentencia de 17 de Noviembre. (Gaceta de 1.º de Marzo de 1913.)—Declaro que según tiene establecido la jurisprudencia del Tribunal Supremo de acuerdo con el Código especial de la propiedad minera, una vez explotada la sustancia del mineral puro, las escombreras pertenecen á los concessionarios de las minas de donde aquellas procedan, sin género alguno de duda, y siendo esto así, consecuencia lógica y jurídica de estos principios, en los cuales se informa la legislación de casi todos los países, en que los residuos de una mina—subsistente la concepción—no pueden decirse abandonados y pertenecen á cuantos se hallen interesados en la misma:
Que esto sentado, la Compañía arrendataria y explotadora de una participación minera no debe disponer en concepto de propiedad, sin tener ese carácter, de las escombreras ni en participación ni en su totalidad: lo primero porque no es dable á las participaciones que han sido objeto de arrendamiento de una fracción de que no es dable privarlas, al menos legalmente; y tampoco lo segundo, porque dado el concepto que merece la institución de la propiedad minera y la mancomunidad en su disfrute la Compañía arrendataria, si puede hacer suyo el mineral en cuanto sea útil para transformaciones industriales, no las escombreras, que no pueden ceder en toda su integridad á un tercero aun cuando sea también socio de la mina, y al hacerlo, ejercita un acto sin derecho para ello;
Que en el caso de que tal cesión se realice y contra ella reclamo el poseedor y participe de la mina, ajeno al arrendamiento es improcedente alegar la prescripción adquisitiva como título supletorio para que el tercero pueda juzgarse como dueño de las escombreras, porque siendo el reclamante poseedor de una parte de dicha mina en igual proporción debe serlo de los residuos, materialmente indivisos con las participaciones de los demás concesiones, que es lo que impide otra adquisición que no sea para provecho y beneficio de la Sociedad concesionaria; de donde se sigue la necesidad de aceptar como principio axiomático, á no proscribirse la idea de la mancomunidad, y esto ni fué ni será posible el el desenvolvimiento del derecho, que toda proindivisión, lo mismo atemperándose á la antigua que á la vigente legislación, excluye el descuido, la tolerancia y el abandono en que ha de descansar ese modo supletorio de adquirir que, bien caracterizado, nace naturalmente de la tradición y es capaz de producir sus efectos legales, no cuando pertenece la cosa á todos y cada uno de los partícipes; principio elemental que se olvidaría al estimar tal prescripción, infringiendo los artículos 1.940, 1.941, 447 y 1.983, entre otros, del Código Civil, y la doctrina legal contenida en sentencias del Tribunal Supremo de 6 de Marzo de 1891, 21 de Mayo de 1896, 6 de Diciembre de 1898 y 31 de May de 1904.

Parafernales.—Sentencia de 18 de Noviembre. (Gacetas de 1.º y 2 de Marzo de 1913.)—Consigna que el art. 1.385 del Código Civil—inspirado como todos los que regulan el patrimonio parafernal en su marca da tendencia de mantenerle ajeno á la intervención marital cuanto permite la necesaria unidad en el régimen familiar—no se limita en el apartado primero á declarar que sus frutos forman parte del haber de la sociedad conyugal, sino que además señala de modo expreso su inversión y les sujeta exclusivamente al levantamiento de las cargas matrimoniales, lo que presupone su existencia y justificación, por lo que el Tribunal Supremo, coadyuvando á estos propósitos que á su vez confirma el art. 1.386 al prohibir que el marido aproveche tales rendimientos para sus obligaciones personales, á menos que se pruebe redujeron en provecho de la familia, tiene repetidamente declarado que cuando por las circunstancias especiales en que viven los cónyuges, ofrece duda la existencia de las cargas matrimoniales, no puede aquél obtener legalmente la administración de los frutos parafernales y distraerlos á fines distintos de los establecidos por la Ley;
Y que como consecuencia necesaria de lo expuesto, no desconoce ni infringe los artículos 1.401, párrafo 3.º, 1.412, 1.381, 1.406 y 1.417 del Código Civil, la sentencia que declara que los bienes parafernales aportados al matrimonio por la mujer corresponden á ésta no sólo en propiedad, sino también en plena administración el disfrute tratándose de un matrimonio que se encuentra, tanto de hecho como de derecho, por virtud del depósito de la mujer, constituido judicialmente, sin que existan cargas matrimoniales que el marido tenga que levantar.

Transporte terrestre.—Abandono de mercancía.—Daños y perjuicios.—Sentencia de 18 de Noviembre. (Gaceta de 2 de Marzo de 1913.)—Resuelve que si en vista de la equivocación sufrida por el porteador de una mercancía y retraso consiguiente en la entrega de parte de la misma, el consignatario, en vez de verificar el abandono de la misma en uso del derecho que le concede el art. 371 del Código de Comercio, opta por la indemnización de daños y perjuicios, que fija en cierta cantidad por día, es evidente que el cesionario del consignatario en cuestión no puede después agravar los términos de la reclamación originaria y hacer uso del derecho alternativo ya renunciado por el causante, y que en su consecuencia ha dejado de existir, á tenor del art. 1.136 del Código Civil.

Competencia.—Transporte terrestre.—Cobro de lo indebido.—Sentencia de 20 de Noviembre. (Gaceta de 4 de Marzo de 1913.)—Resuelve que es doctrina proclamada con repetición por el Tribunal Supremo, que promovida en tiempo hábil la cuestión de competencia por inhibitoria, debe esta tramitarse y decidirse, sin que tenga aplicación al caso el art. 76 de la ley de Enjuiciamiento Civil, aunque el Juez requerido hubiese recibido el oficio inhibitorio después de dictada sentencia firme, porque no deben perjudicar á la parte diligente las dilaciones propia de la tramitación de la inhibitoria;
Y que tratándose de la demanda entablada contra una Compañía ferroviaria por cobro de lo indebido ó demas por transportes, sin otro dato que atribuya conocimiento á determinado Tribunal, es evidente que en su caso el pago que se persigue deberá verificarse en el domicilio del deudor, según lo dispuesto en el párrafo 3.º del art. 1.171 del Código Civil, y en su virtud, de conformidad á la regla 1.ª del 62 de la ley Procesal, ha de conocer del juicio el Tribunal del lugar donde ha de cumplirse aquella obligación.

Dolo ó engaño.—Prescripción.—Incongruencia.—Sentencia de 22 de Noviembre. (Gaceta de 5 de Marzo de 1913.)—Consigna que si en un pleito se discute sobre la nulidad de un contrato, nulidad que la Sala sentenciadora declara por estimar la falsedad de la causa de dicho contrato, no habiendo sido objeto de debate en el referido pleito ni el dolo ni el