El Foro español (Madrid. 1898) (1913-04-10 00:00:00), página 4

y pregunto: Si el acreedor no puede valerse de Letrado y Procurador, ¿de quién han de cobrar los honorarios y derechos estos funcionarios? Si sólo es potestativo valerse de Letrado, ¿tiene obligación el Procurador de redactar el escrito de demanda y de representar al acreedor en todo el procedimiento por las 90 pesetas que le pertenezcan? Si no tiene obligación y lo redacta, ¿pueden comprenderse en la tasación de costas, además de las 90 pesetas, los honorarios para dicho escrito? Habiendo consignada cantidad para gastos y costas, ¿pueden pagarase los honorarios del Letrado y derechos del Procurador de aquella cantidad?

Contestación.—La consulta que precede se contrae realmente á inquirir si son o no incluibles los honorarios de Letrado y derechos de Procurador, en la tasación de costas del procedimiento judicial sumario de la ley Hipotecaria.

Dada la doctrina que el Tribunal Supremo ha establecido en los casos análogos, y las prescripciones de la moderna ley Hipotecaria, que dejan á la voluntad de los litigantes el valerse ó no de Letrado y Procurador en el mencionado procedimiento, entendemos que no es dable incluir los honorarios y derechos de los mismos al practicar la tasación de costas del aludido juicio.

Las sentencias más recientes del Tribunal Supremo, en las que nos inspiramos para pensar así, son las de 11 de Marzo de 1911, que consideró «que según la doctrina repetidamente proclamada por la jurisprudencia, en los juicios en que no es necesaria la intervención de Abogado y Procurador, como ocurre en los de menor cuantía, conforme á lo dispuesto en el art. 4º de la ley de Enjuiciamiento civil, la parte condenada en las costas no está obligada á satisfacer los derechos y honorarios de los que la contraria se valiera por su propia conveniencia;» y la de 3 de Mayo último, que contiene los dos considerandos siguientes: «que en todos los casos en que con arreglo á lo dispuesto en los artículos 4º y 10 de la ley de Enjuiciamiento civil, es potestativo en las partes el valerse ó no de Letrado y Procurador, si estos funcionarios intervienen, los honorarios y derechos que devenguen deben repartirse como inecesarios y excluirse de la tasación de costas que está obligado á satisfacer el litigante condenado á su pago, porque habiendo tenido en cuenta dicha ley para establecer esa excepción la sencillez y escasa importancia de los actos, juicios y diligencias á que se refiere y proponiéndose con ello evitar á las partes gastos y exacciones que trasparen los límites de lo indispensable y preciso, el resolver lo contrario equiparando y haciendo de igual condición lo que es exigido como obligatorio y tenido como necesario, á lo que se concebía superfluo y dependiente tan sólo de la voluntad y conveniencia, sería sentar un criterio que á la vez que con la razón y con la lógica pugnaría abiertamente con el espíritu que informa esos preceptos legales y con lo prescripto de un modo claro y terminante en el art. 425 de la misma;» y «que la intervención de los Procuradores y Abogados en los actos de conciliación y juicios verbales que autoriza el art. 11 de dicha ley, no se verifica con el carácter de tales, sino con el de simples apoderados ó hombres buenos y auxiliares de los interesados, y por consiguiente, la circunstancia de prohibirse expresamente en él que se incluyan en la tasación de costas sus derechos y honorarios, no contradicen la anterior doctrina, ni se opone á la interpretación que aquellos preceptos merecen y queda consignada.»

De ahí que, aun sin estar nosotros conformes con la doctrina de las citadas sentencias del Tribunal Supremo, no tengamos más remedio que fijar en ellas nuestra atención al estudiar el caso consultado.

No es bastante para cambiar nuestro juicio la circunstancia de haberse consignado en la escritura que todos los gastos y costas serían de cuenta del deudor, puesto que no especificándose en tal estipulación los honorarios de Letrado y de Procurador del acreedor, siempre se considerará la intervención de los mismos como superflua, y que los gastos y costas que se comprometía á pagar el deudor fueran los necesarios y precisos, no sirviendo aquí la ley del contrato para hacer ineffecto la jurisprudencia del Tribunal Supremo en casos análogos al consultado.

Si el Letrado carece de tal derecho, mal puede á él aspirar el Procurador por haber redactado el escrito de demanda.—La Redacción.

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Opinión de La Revista de los Tribunales:

Contestación.—El procedimiento especial judicial sumario establecido por el art. 131 de la vigente ley Hipotecaria, no exige la intervención de Procurador y Abogado, pudiendo el acreedor valerse de ellos cuando lo estime conveniente, á lo cual hemos visto que responde la anterior consulta y las consideraciones expuestas por El Procurador Español, basándose en esa intervención potestativa del representante y Letrado director de la parte que inicia las actuaciones sumarias.

Recordemos, con el art. 131 de la nueva ley á la vista, que se exige la iniciación del procedimiento por un escrito que enumere los hechos y las razones jurídicas y determinantes de la certeza, subsistencia y exigibilidad del crédito y de la competencia del Juzgado; así como es oportuno no echar en olvido que el no gestionar por sí mismo el acreedor puede originarse no ya en su conveniencia, sino en su necesidad, por residir fuera del lugar del juicio, por enfermedad, ocupaciones y otras especiales circunstancias que impongan hacer uso del mandato á favor de Procurador.

Tengamos igualmente presente que si la ley establece ese procedimiento especial sumario, como un progreso y una ventaja, á la vez que coloca al acreedor en el duro dilema de seguir por sí mismo ese juicio y sin dirección profesional, ó de pagar al Procurador y Abogado, de su bolsillo, por no ser incluibles entre las costas que en su día se tasen los derechos y honorarios de uno y otro; ni habrá tal ventaja ni semejante progreso, ni nadie será tan tonto que se acosa á la dáfina novedad enjuiciaria y seguirá el antiguo camino, el de juicio ejecutivo, que le ofrece el abono de Procurador y Letrado á costa del deudor, ya que esa original manera de ejercitar la acción hipotecaria es igualmente facultativa ó potestativa en el acreedor.

La cuestión, como se ve, es de verdadera importancia, y tenemos que hacer la justicia á El Procurador Español de reconocer que la ha tratado á conciencia, ajustando su criterio á la de la doctrina en boga en el Tribunal Supremo con relación á casos de alguna analogía, aunque salvando