El Foro español (Madrid. 1898) (1912-01-30 00:00:00), página 4

zados por notario, que resulta después de meditada, un absurdo jurídico.

Porque lo es, y de calibre, mirada la cuestión desde otro punto de vista, después que la filosofía sobre el testimonio humano ha venido á concluir que un solo testigo nada prueba, suponer que puede eludirse aquel sabio principio de ponderación de la credibilidad porque el testigo único se llame notario, suponiendo que el Estado le haya podido atribuir una fe absoluta, en pugna contra todas las leyes extraídas de la filosofía de la prueba testifical.

Si hemos de considerar al Notario como testigo, no podemos sustituirle á las leyes á que reconocidamente se halla sujeto el testimonio humano, pues por poderoso que sea el Estado no alcanza su poder á variar los postulados de la lógica ni de la ciencia, ni puede considerarse que al reves- tir á un ciudadano con el título de Notario le imprima al mismo tiempo el don de la verdad incontestable, á la manera que la imposición de manos del obispo imprime el sagrado carácter sacerdotal. No: el Estado no atribuye no puede atribuir al Notario otra fe que la que otorga á todos los demás funcionarios que tienen facultad de certifi- car con relación á sus actos ó á los datos de los expedien- tes ó archivos que custodian, bajo la garantía de una responsabilidad civil ó penal que con el cargo contrae para con la sociedad. No hay nada más que puras fantasías en ese sonado testimonio, abonado, excepcional que se supone al notario. Su testimonio en juicio equivale al de cualquier otro ciudadano, y siendo sólo, nada probaría, como nada prueba un solo testigo; únicamente en lo que dice relación á la materia de su función gozan del privilegio de ser creados, mientras no se les prueba falsedad, como cualquier otro funcionario que certifica.

Fundados en todas estas razones es por lo que hemos creído afirmar antes que los testigos asistentes al acto son los que prueban el contrato; prueba cuya concurrencia certifica el Notario, sin apreciarla, que no es esa su misión, por lo cual, las mismas leyes prescriben las condiciones que han de reunir y las incompatibilidades y tachas que pueden afectarles. Al apoyo de los anteriores argumentos es por lo que no hemos titulado en considerar aberración jurídica la pretensión de que pueda elevarse á instrumento público por un funcionario del Estado un contrato en que no han concurrido testigos, esto es, sin prueba legal de su existencia; ó la de que el Notario puede ser testigo abona- do del contrato y al mismo tiempo imprimir al instru- mento en que se autentique, el sello, la fuerza y la garan- tía de la pública autoridad, viéndolo á conducir que la intervención del Notario en los instrumentos públicos en- vuelve una misión más alta y trascendental que la de la prueba del convenio que en ellos se consigna, misión que hemos tratado de dejar determinada.

Pero se dirá: en las actas no se necesitan testigos, y, no obstante, en ellas se atestigua un hecho por el Notario que al mismo tiempo reviste al instrumento en que se hace constar de autoridad pública.

A esto contestaremos que la ley no exige en las actas la presencia de testigos, lo que no quiere decir que no se necesiten con arreglo á los principios de la filosofía, porque hay que advertir que al desconocimiento de la naturaleza de la función notarial no es ajena la misma ley constituti- va del organismo.

Para nosotros, y según los principios que dejamos esta- blecidos, así se requieren testigos en las escrituras como en las actas, por razón de filosofía aunque en unas le exija la ley y en otras no. Antiguamente, las actas de hechos se corroboraban siempre con la presencia de testigos; hoy es, y á pesar del precepto de la ley no dejaríamos de en- contrar en los protocolos muchos de ellos en que figuran testigos, sobre todo en los de los Notarios antiguos, que habían bebido la escasa, pero sólida filosofía notarial en el monumento legal en que se inició por primera vez, y del cual la tomaron los restantes, á saber, la Constitución del Emperador Maximiliano de 1512, en la cual se dice tex- tualmente que: «tocante á los sentidos del olfato y el gusto, no debe certificar el Notario de los suyos propios, sino de lo que ante él mismo dijeran haber gustado y olfateado los testigos, aunque si el mismo gustase olfataese hace mucha fe», precepto que no puede atribuirse más que á las notas por ser hecho el olor y el gusto, y que por analo- gia debe aplicarse á toda clase de hechos y de actos, para que en ello caiga uno, y especialmente el Notario, jugara su propio papel.

Y notése cómo la indefinición, la vaguedad, la falta de precisión acerca de la naturaleza de la función notarial que parte de la misma ley, tan descantada, constitutiva del or- ganismo, como hemos tenido ocasión de demostrar en otros trabajos, lleva consigo, no sólo esa discrepancia de opiniones que después de estudiadas resultan baladíes y absurdas, como la presente, sino que hacen imposible la unión tan aspirada del Notariado, porque teniendo cada Notario no- ción distinta de su misión verdadera, cada cual intenta amoldar el instituto á los troqueles de su particular crite- rio, y de ahí esa serie de sistemas antagónicos, entre cuyos pedregales marcha la institución á su inevitable calvario.

No cesaremos de aconsejar que, dejando de lado las dis- cusiones bizantinas, se apliquen los intelectuales del Nota- riado á determinar científicamente y procurar que se ejele- gantemente la naturaleza de la función notarial.

ANTONIO DE MONASTERIO
Tortosa, Enero 1912.
(De Revista Jurídica).

Los Abogados fiscales sustitutos.

Con el título de «Anomalías jurídicas» hemos leído en el número de El Liberal correspondiente al día 2 del corriente mes un artículo de D. Santiago Arimón, en el que glosando, al parecer, una exposición elevada al señor Canalejas por D. Francisco Rodríguez Villamil, pide tan distinguido periodista que á los Abogados fiscales sustitu- tos, nada más que por el hecho de serlo, se les dé ingreso en el escalafón de Jueces.

Tal petición es totalmente inadmisible. Y para convence- rse de la notoria injusticia que entrañaría acceder á di- cha solicitud, basta observar simplemente que lo que se pretende es formar parte de la Magistratura por un senci- llo nombramiento, es decir, sin ingresar en ella por nin-