El Foro español (Madrid. 1898) (1912-07-20 00:00:00), página 5

habían de producir efecto inmediato, dejar las puertas abiertas á la combinación de fraudes, puesto que cualquiera, con sólo averiguar si una finca no estaba inscrita, podía obtener, por el simple otorgamiento de una escritura falsa, un título inscribible, ó el de que si las inscripciones no producían su efecto hasta pasados treinta años, no se habría conseguido sino traer en apariencia esas fincas al Registro, pero no disfrutarían sus dueños de los beneficios y de las garantías ofrecidos por la legislación hipotecaria. Ya el Sr. Aragonés en su luminoso trabajo se ocupa de rebatir estos argumentos, aludiendo, en lo que se refiere al primero, á la sanción penal en que incurrirían los que así obrasen, y respecto al segundo, en que lo mismo pasa con todas las inscripciones de posesión, y, sin embargo, las fincas así inscritas se trasmiten y se gravan, puesto que son muy pocos los acreedores hipotecarios que no las admiten en garantía. Por lo tanto, yo no he de detenerme en esto. Pero me refiero á esos argumentos para demostrar que no pueden oponerse á la tesis que defiendo, porque siendo imposible dudar de que un documento ha sido extendido antes de 1.º de Enero de 1909, si en él se halla estampada una nota puesta con anterioridad á esa fecha por el liquidador del impuesto de Derechos reales, con referencia á los asientos de los libros correspondientes, sin avanzar muy atrevidamente en el camino de las conjuraciones maliciosas no puede sospecharse, con fundamento, que antes de 1.º de Enero de 1909 hubiera quien, en previsión de que ello le pudiera servir en adelante, otorgase un documento privado de esa naturaleza que fuera falso, y aun suponiendo que á ello pudiera alcanzar el pensamiento dañado, más lógico hubiera sido para la realización de esos perversos fines el otorgar un documento público, puesto que los Notarios dan fe de lo que las partes dicen, pero no de que sean ciertas las manifestaciones de las mismas.

Siendo esta mi manera de pensar; considerando yo que ella se ajusta estrictamente á la letra y al espíritu de la ley Hipotecaria, y siendo de la exclusiva competencia de los Registradores de la Propiedad la calificación de los títulos que se presenten á inscripción, podrá decirseme que porqué no lo hago como lo pienso, y porqué no lo hacen así también los demás Registradores que piensen como yo.

No lo hacemos porque del número 3.º de la R. orden de 80 de Diciembre de 1909 parece inferirse que, no ya los documentos traslativos del dominio público que hayan de inscribirse, sino también los que justifiquen la adquisición anterior deben reunir los requisitos exigidos para que los títulos tengan el carácter de inscribibles, y aunque esto no esté tampoco muy claro, basta que lo parezca para que los Registradores de la Propiedad, respetuosos y subordinados con las decisiones del Centro directivo, antepongan á su propio criterio el que parece inspirar dicha R. orden.

Pero si á través de la tosca urdimbre de estas cuartillas puede verse la claridad, la lógica y la conveniencia de adoptar ese criterio como norma de conducta y la Dirección da las reglas necesarias para que se siga, redondeando de todo género de garantías, ¿qué duda cabe de que el problema se habrá resuelto, trayendo el Registro toda esa propiedad, hoy alejada de él, con grandes ventajas para el público en general y para los Notarios y Registradores titulares de oficinas de escasos rendimientos y sin necesidad de incurrir en la sanción de los sabios autores de la primitiva ley Hipotecaria, que en su luminosa Exposición de motivos hablaban de ese sello de respeto, impreso en las prescripciones del Poder legislativo, que hace que se mire como una profanación el cambiarlas sin que esté sobradamente justificada la reforma?

Y de que el criterio sentado en este modesto trabajo fué el que inspiró á los legisladores de 1909, son buena prueba las manifestaciones hechas por el Ministro en la Exposición del proyecto de reforma, al decir, cuando hablaba de las facilidades que en éste se daban para inscribir la propiedad no inscrita hasta entonces: «Y mitigando además, respecto de la misma, el rigor de la ley de que conste en documento público, con el fin todo ello de excitar á los propietarios á que voluntariamente registren el dominio de los inmuebles y Derechos reales», y las contenidas después en el dictamen de la Comisión del Senado, de que «los derechos puedan inscribirse en el Registro..., aunque la titulación carezca de algunos requisitos formales».

La manera de llevar á la práctica podría consistir en dictar una Real orden en la que se dispusiera que se consideraran como documentos fehacientes para acreditar la adquisición de fincas hecha antes de 1.º de Enero de 1909 por los que después las transmitieran por documentos públicos y solemnes y al efecto de poder inscribir estos últimos, además de los que ya se habían declarado como tales por la Dirección general de los Registros, los documentos privados traslativos del dominio de dichas fincas que contuvieran la nota extendida con anterioridad á dicha fecha por el liquidador del impuesto de Derechos reales, y añadir, para que nunca pudiera dudarse de la realidad de esta justificación, que dichos documentos quedaran unidos á las matrículas de las escrituras que se otorgaren por los que en ellos fundaran su derecho y se testimoniaran literalmente en las copias, acrediándose también en aquéllas, en debida forma, que las fincas de que se trataba no estaban inscritas en el Registro de la Propiedad á nombre de ninguna persona.

Madrid, 21 de Mayo de 1912.
MIGUEL POOLE

El cuarto turno de la Judicatura.

Excmos. Sres. Presidente del Consejo y Ministro de Gracia y Justicia.

Los que suscriben, por sí y en nombre de otros compañeros, Abogados calificados, con expediente concluso anterior al año 1907, en que se decretó la suspensión de los que estuviesen en trámite para ingreso en la carrera judicial por el cuarto turno, respectivamente exponen: Q se ven obligados á manifestar á VV. EE. la sorpresa y la honda pena sentidos al leer el decreto de 20 del actual disponiendo que el ingreso en la carrera judicial sea precisamente por oposición, sin otra reserva de derechos que á favor de los vicesecretarios de las Audiencias provinciales. Y en su vista, solicitamos se haga extensiva también á los