El Foro español (Madrid. 1898) (1913-01-20 00:00:00), página 4

do, las costas son verdadera pena, que no puede aplicarse sin previa y terminante declaración de la responsabilidad criminal, excepto cuando tal condena de costas tiene carácter correctivo y no penal para los efectos de la casación.

También en el Código penal, al hablar de las costas, se refiere á los derechos ocasionados en las actuaciones judiciales, comprendiendo bajo tal denominación de derechos toda clase de devengos, ya consisten en cantidades fijas ó inalterables por hallarse anticipadamente determinadas por las leyes, reglamentos ó Reales órdenes, ya no estén sujetas á arancel. De lo que se desprende que la ley sustantiva penal comprende bajo la palabra genérica derechos lo mismo los derechos propiamente dichos, que los devengos calificados especialmente de honorarios y generalmente no sujetos á arancel. En razón de lo que los derechos de arancel á que alude el núm. 2.º del art. 241 de la ley de Enjuiciamiento criminal, ley aditiva, subordinada á su ley sustantiva, son los derechos y honorarios á que se refiere el Código penal con carácter genérico. Pues cuando la ley quiere especificar lo hace; como lo verifica, excepcionando, en el núm. 3.º del mencionado art. 241 de la de Enjuiciamiento criminal que indica exclusivamente los honorarios devengados por los Abogados y peritos, y no se refiere á los Registradores, no obstante su calidad de Abogados, porque los Abogados á que alude son los acusadores especiales y defensores. Deduciéndose del espíritu y de la letra de los preceptos legales expuestos, esto es: de verdaderas leyes inmodificables por Reales órdenes, que los derechos-honorarios de los Registradores ocasionados en las actuaciones judiciales, consistentes en cantidades fijas e inalterables por hallarse anticipadamente determinadas en arancel, se hallan comprendidos en el repetido núm. 2.º del art. 241 de la ley de enjuiciar; como se hallan comprendidos, también, y por igual potestiva razón, los derechos de los Escrabinos, hoy honorarios de los Secretarios judiciales, pues si por titularse honorarios los derechos ó devengos de los Registradores no hubieran comprendido-se en el precitado núm. 2.º, por argumento igual no se deberá considerar incluidos en el mismo número los honorarios de los Secretarios judiciales. Siendo, á mayor abundamiento, de apreciar que los derechos-honorarios de los Registradores no pueden admitirse comprendidos en el núm. 4.º del predicho artículo de la disposición rutinaria entre «los demás gastos que se hubieren ocasionado en la instrucción de la causa» por las fundamentales razones precedentemente expuestas; y en la hipótesis de no apreciarse incluidos tales derechos-honorarios en tan repetido núm. 2.º, les hubiera comprendido y especificado la ley en el núm. 3.º, pero nunca en el núm. 4.º calificándolos meramente de «gastos», hablando en el núm. 3.º hasta de los honorarios de los peritos; porque si otro hubiera sido el pensamiento del legislador lo habría dicho. Siendo de tener en cuenta que la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia de 8 de Mayo de 1876 llama indistintamente derechos á los honorarios de los Registradores; así como también la resolución del Consejo de Estado de 20 de Enero de 1877, las Reales órdenes de 2 de Julio de 1866 y de 18 de Septiembre de 1867 y la Orden de 23 de Abril de 1874, entre otras.

Además el procedimiento señalado en los apartados 2.º y 3.º del art. 242 de la ley de Enjuiciamiento criminal no puede ser utilizado por los Registradores de la propiedad; por que en el apartado segundo mentado se específica quiénes tienen derecho á promover el procedimiento aludido, cuáles son los Procuradores, éstos como excepción de los aludidos en el número 2.º del art. 241, y Abogados que hubieren representado y defendido á cualquiera de las partes, y los peritos y testigos que hubiesen declarado á su instancia, y no se menciona ni se alude á los Registradores, sin duda, en razón á considerárseles comprendidos en dicho número 2.º de carácter genérico; como tampoco se menciona á otras entidades que, no obstante haber intervenido en la causa, y hallarse, á mayor abundamiento, comprendidos en el número 4.º del artículo predicho, carecen de derecho á utilizar procedimiento tan ejecutivo; y aun en la hipótesis de que los derechos-honorarios de los Registradores se consideraren comprendidos en prenotado número cuarto, los Registradores no tendrían derecho á utilizar el procedimiento de los apartados 2.º y 3.º del artículo 242 de carácter específico, porque el apartado 2.º ni les menciona, ni les alude.

Es preceptivo que no se pueden imponer nunca las costas á los procesados que fueren absueltos, ni á los procesados respecto de los que se sobresean libremente; y en consonancia con ésto el espíritu del Código penal y de su ley de enjuiciar, y la letra de esta última específicamente en el apartado 2.º del art. 242 mandan que cuando se declaren de oficio las costas no habrá lugar al pago de más cantidades, exclusivamente, sin excepción y en absoluto, que las correspondientes á los derechos de los Procuradores y honorarios de los Abogados que hubiesen representado y defendido á cualquiera de las partes, y á los honorarios ó derechos de los peritos ó indemnizaciones á los testigos que hubiesen declarado á instancia de las partes; en ninguno de cuyos casos pueden hallarse, ni deben hallarse, comprendidos los Registradores de la propiedad, respetables funcionarios públicos que no tienen, ni deben tener, ni pueden tener, en estos casos otros derechos que los no menos sagrados de los Jueces y Fiscales municipales, Secretarios judiciales, Médicos forenses y demás peritos, testigos, telégrafo, correos y todas cuantas entidades tienen el inexorable deber, por mandato de las disposiciones vigentes, de prestar servicios auxiliares á la administración de justicia, entre cuyas cargas de ciudadanía se hallan los servicios auxiliares que tienen el deber de prestar los Registradores de la propiedad.

Con arreglo á la jurisprudencia del Tribunal Supremo, el que no haya sido declarado responsable criminalmente de un delito ó falta, no puede ser condenado en las costas, porque no existiendo pena principal, no puede existir la accesoria. Es así que los derechos-honorarios del Registrador de la propiedad forman parte de las costas, luego no pueden ser exigidos á un procesado que no ha sido declarado procesado criminalmente.

La Real orden de 3 de Julio de 1883 se dictó como resolución de un expediente instruido en la Dirección general de los Registros civil y de la propiedad y del Notariado, con el objeto de determinar quién debía satisfacer los honorarios devengados por la inscripción en el Registro de la propiedad de una fianza hipotecaria, extendida apud acta