El Foro español (Madrid. 1898) (1912-10-10 00:00:00), página 3

Muchos Códigos civiles subordinan la cuestión de administración y usufructo de los bienes dotales á la clase de régimen económico matrimonial que los esposos hayan adoptado al casarse; concediendo distintos derechos al marido y á la mujer sobre los bienes que hayan aportado al matrimonio, según que los esposos hubieran estipulado en sus capitulaciones matrimoniales la sociedad conyugal voluntaria y amplia ó se hubieran sometido á la sociedad legal de gananciales.

Este sistema, que supone en la mujer una capacidad igual á la del hombre, además de presentar á los conyuges bajo un conjunto de perfecta igualdad, lleva la libertad de contratación al último extremo; toda vez que consiente una doble administración conyugal de todas las propiedades y de todos los bienes, aportados al matrimonio.

Los redactores del Código civil español no aceptaron este criterio, que por cierto no está en relación con el Derecho histórico nacional, sino que siguiendo un procedimiento enteramente distinto, «consideraron á la mujer—como dice muy bien Falcón—no como un menor de edad, sino como un ser necesitado de protección especial por parte de la ley. Parten del supuesto de que el pacto de absoluta separación de bienes ha de ser muy poco frecuente en nuestras costumbres; consideran, por lo tanto, á la mujer asociada á su marido, sea por efecto de pactos que hayan formado, sea por ministerio de la ley; y ven en la dote de la mujer, no el capital de cualquier socio vulgar, expuesto á todas las consecuencias de las negociaciones, sino el patrimonio de un ser débil, necesitado por lo mismo de especial protección».

En efecto, bajo estos puntos de vista están dictados los preceptos de la sección que nos ocupa, determinantes de los derechos del marido y de la mujer en los bienes dota- les; en todos los cuales se observa la prevención con que el legislador acoge la intervención del marido en dichas propiedades, atentando muchas veces á su dignidad y estrechando de tal modo sus facultades, que más que un administrador y usufructuario de los bienes que constituyen la dote, parece un dependiente distinguido de la sociedad formada por el marido y la mujer.

Así se comprende que solamente le releye de la obligación de prestar la fianza de los usufructuarios comunes, ya que es inútil después de las garantías que supone la inscripción de los bienes ineximidos á nombre de la mujer, y que no menciona la ley la obligación de inventariar dichas propiedades dotales, toda vez que disponiendo la ley Hipotecaria que las dotes cuando consistan en bienes inmuebles ó derechos reales, se constituyan en solemne escritura pública, en este documento constan detallados suficientemente.

Dos facultades, de relativa importancia, concede al marido el legislador en el art. 1.359, cuando la dote que reciba, sea estimada ó inestimada, se halle constituida por efectos públicos, valores cotizables, ó bienes fungibles y no hubiese asegurado con hipoteca; consisten tales derechos: primero, en poder sustituir las indicadas propiedades con otras equivalentes, con consentimiento de la mujer, si fuese mayor, y con el de las personas que pueden y deben pedir la constitución de hipoteca, si fuese menor, y segundo, en poder también enajenarlas con permiso de la esposa, y en su caso de las personas antes enunciadas, á condición de invertir su importe en otros bienes, valores, ó derechos igualmente seguros.

En oposición á la doctrina del Derecho anterior, que establecía (ley 7.ª, título 11, Partida 4.ª) que el dominio de los bienes dotales corresponde al esposo «el marido debe poner á la mujer en posesión de lo que la doné, y ella á él en posesión de la dote; quedando señor de todo el marido mismo...»; y aceptando en cambio el sentido de la ley Hipotecaria, introducido para liberar á las mujeres casadas de los peligros que su propia debilidad podía ocasionarle; los redactores del Código civil reformaron la legislación antigua respecto de aquel extremo, atendiendo á que ésta «venía enyualta en oscuridades y contradicciones tales, que los intérpretes no conseguían salvar, ni aun con la útil distinción de los cominios in actu et in habitu, que tanto favor gozó durante algún tiempo en las escuelas»; sentando, al efecto, el principio de que la mujer conserve el dominio de los bienes que constituyen la dote inestimada, y que, por lo tanto, son también de ella el incremento ó deterioro que tuvieren, respondiendo sólo el marido de los perjuicios y menoscabos que por su culpa ó negligencia sufran dichos bienes; idea que no significa otra cosa que la confirmación expresa del procedimiento de protección á que anteriormente hemos aludido.

Dispone el art. 1.861 del Código civil, que la mujer puede enajenar, gravar ó hipotecar los bienes de la dote inestimada, si fuese mayor de edad, con licencia de su marido, y si fuese menor, con licencia judicial e intervención de su padre, madre, constituyente de la dote, tutor, prototór, Consejo de familia ó cualquiera de sus vocales; teniendo el marido obligación de constituir hipoteca, si se enajenan, del propio modo y con iguales condiciones que respecto á los bienes de la dote estimada.

Este principio, verdaderamente fundamental, merece aplauso decidido, ya que de tal suerte se modificó de modo radical la legislación anterior, que siguiendo un criterio insoportable dejaba fuera de la circulación la gran masa de bienes que correspondían á la clase de dotaless inestimados, haciendo tristísima la condición de la propiedad dotal, que no permitía venir en auxilio de las necesidades del propietario, que en medio de riquezas considerable podía muy bien encontrarse reducido á la indigencia.

Algunos escritores, encontrando demasiado amplio el expresado precepto legal, y sin resolver con ello nada esencial, consignan que pudiera señalarse un límite para las referidas enajenaciones, estableciendo que mientras éstas no llegasen á la mitad de los bienes y la mujer las hiciera en unión de su marido, ó cuando verificadas con su esposo tuviere ella intervención, debían sostenerse, y que en el caso contrario no.

Por lo demás la ley civil en este punto, únicamente reduce su prescripción á procurar que el acto de la enajenación, gravamen ó hipoteca de los bienes dotaless inestimados, revista las condiciones y formalidades que se exigen á los contratos que otorga la mujer, y á fin de no dejar indefensos los intereses de la esposa, requiere además que el marido constituya hipoteca para asegurar el precio de la venta.