El Foro español (Madrid. 1898) (1913-10-30 00:00:00), página 4

De aquí la teoría sustentada por la Dirección general de los Registros y del Notariado. Parte de la clasificación de los contratos en nulos y anulables; entendiéndose que el último grupo pertenece los que celebra la mujer casada, sin licencia marital. Mas debe advertirse, que la Dirección, como es natural, sólo atiende á uno de los aspectos jurídicos de la cuestión, al hipotecario. Ahora bien; el Tribunal Supremo, en sentencia de 29 de Mayo de 1907, reproduce la doctrina del art. 65, consignando que la nulidad de que se trata, solamente puede reclamarse por el marido y sus herederos.

La antinomia resulta evidente. Se traza un sistema, que luego se falsoea, en perjuicio de la unidad y armonía, que deben ser la característica de las disposiciones legales. Si, en primer lugar, esos contratos no pueden celebrarse; si, aún celebrados, son nulos, ¿cómo llegan á adquirir validez? Y notése que esta depende de que el marido no haga, de que permanezca impasible ante una infracción legal. Y partiendo de la hipótesis de que el contrato se realice sin su consentimiento, se explica menos la teoría del Código. Otra cosa sería si nuestro Derecho, á imitación de lo que, si no estamos equivocados, ocurre en el alemán, tuviese establecido el Registro de los actos jurídicos de los cónyuges, y, por analogía, en beneficio del marido y sus herederos, que impusiera á la mujer que contratase en tales condiciones la obligación de inscribir el acto.

Pero hay más todavía. El art. 1.261 establece que no hay contrato, si no concurren los requisitos de consentimiento, objeto y causa; y el primero no pueden prestarlo las mujeres casadas, en los casos expresados por la ley, como previene el art. 1.263. Luego, si no hay contrato, ¿cómo es posible que se le reconozca eficacia?

Y no se diga que el ejercicio de la acción de nulidad implica la confirmación. No. Con arreglo al art. 1.310, solo son confirmables—expresa ó tácitamente, art. 1.311—los contratos que reúnan los requisitos expresados en el 1.261, entre los cuales, según hemos dicho, está el consentimiento, quizás el más esencial. Y si en el contrato que celebra la mujer casada falta ese requisito, ¿hay términos hábiles para confirmarlo? ¿Cómo confirmar una cosa que no existe, por precepto expreso del mismo Código?

Avalora este parecer la doctrina sentada por el Tribunal Supremo en sentencia de 4 de Abril de 1911. Se consigna en ella que «en los contratos celebrados, subsistente la sociedad conyugal, por mujer casada, es tan esencial e indispensable el consentimiento y la intervención del marido, como que de esa solemnidad contractual depende la validez de los mismos.» Con el apoyo firmísimo de esta sentencia, no puede considerarse exento de razón cuanto venimos sosteniendo. Por eso, con el Código civil en la mano, nos atrevemos á formular estas conclusiones:

1.a La mujer no puede, sin licencia ó poder de su marido, adquirir por título oneroso ni lucrativo, enajenar sus bienes ni obligarse, sino en los casos y con las limitaciones establecidas en la ley.

2.a Si, aun faltando á este precepto, llevarse á cabo algún acto de los prohibidos, no puede reconocérsele eficacia, porque la ley declara expresamente su nulidad.

Ante estas disposiciones, terminantemente consignadas en el Código, esa condicionalidad, esa vida precaria que quiere reconocerle el art. 65, se esfuma, desaparece en absoluto, arrastrada por el avasallador poder de aquella prohibición y consecuente declaración de nulidad.

Y es de trazar á colación, por su semejanza, lo que dice Giorgi refutando las teorías de varios autores respecto á las obligaciones naturales, que, según ellos, adquieren vida por el pago. Dice Giorgi: «el pago extingue y no crea la obligación. ¿Qué ser jurídico tan extraño es el vuestro que adquiere vida al convertirse en cadáver; no adquiere eficacia, sino que pierde su existencia?»

Lo que hacía falta en nuestro Código, en sustitución del artículo 65, era un precepto como el del párrafo 2.º del artículo 132, prohibiendo que se autorizasen actos de los comprendidos en el 61; y, á mayor abundamiento, una disposición como la que contiene el art. 43, prohibiendo también la admisión de demandas en que se pretenda el cumplimiento de tales actos. Digo que hacen falta, en la situación actual; por lo demás, los artículos 61 y 62 bastan y sobran para el caso.

Consigné al principio que estudiaba la cuestión desde el punto de vista del Derecho constituido. La lógica, ó deja de serlo, ó no admite tergiversaciones ni acomodaticios cambios de postura. Sus reglas son inflexibles; y sentadas las premisas, se impone la conclusión que de ellas sea consecuencia.

Mas quiero esto decir que el sistema seguido por el Código sea el mejor? Eso no lo hemos discutido. Para mí la mujer—y he de hacer todas las salvedades—es, dentro del orden familiar, algo más que una mera figura decorativa; si se le imponen obligaciones, tiene, recíprocamente, derechos.

Ya no está in manu moriili; ya aquellas restricciones del Derecho antiguo han desaparecido. Elemento tan esencial como el varón en la sociedad, no podía excluirse de ella, ó se salaba, no por encima del Derecho natural, sino de las mismas leyes de la Naturaleza. Pues qué ¡no significa nada, no es trascendentalísima la misión que la mujer, con leyes y sin ellas, desempeña dentro y fuera del hogar? Desde luego que sí. Y el Derecho, reconociéndolo en sus imperiosas evoluciones, hubo de proscribir aquellas teorías antiguas, consagrando, como no podía menos, la personalidad de la mujer, su condición de ser, como el varón, sujeto de derechos y obligaciones.

Sabido es que nuestro Código, en la materia que nos ocupa, no difiere gran cosa de muchos de los extranjeros. Pero han transcurrido veinticuatro años desde su promulgación y en ese lapso de tiempo cambiaron las ideas. Tiéndese á que los derechos del marido y de la mujer sean iguales y á ello parecen encaminarse las legislaciones.

De suponer es que en España se siga idéntico camino, y á este efecto debemos recordar el discurso de apertura de Tribunales leído el día 15 de Septiembre de 1910 por el Ministro de Gracia y Justicia Sr. Ruiz Valarino. En él se trató de este asunto, anunciándose la reforma del Código y diciendo textualmente... «Hay que estimar que los preceptos que se refieren á la eficacia civil de los actos de la mujer casada son muy deficientes, pues obedeciendo á esos mismos dictados de igualdad y de justicia, á la mujer debe