El Foro español (Madrid. 1898) (1913-06-10 00:00:00), página 3

EL FORO ESPAÑOL
REVISTA JURÍDICA-ADMINISTRATIVA
Á LA QUE, POR VOLUNTAD EXPRESA DE LA MAYORÍA DE LOS JUECES Y ACTUARIOS DE ESPAÑA, ESTÁ CONFIAR SU REPRESENTACIÓN Y DEFENSA

Vela igualmente por los intereses y prestigios de los Letrados y Procuradores y cuantos funcionarios mueven su actividad en la esfera propia de los Tribunales.

Y, sobre todo, aboga por la moralidad y rectitud en la administración de Justicia.

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ULTRAMAR Y EXTRANJERO, año 30 . 10

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los días 10, 20 y 30 de cada mes.

REDACCIÓN Y ADMINISTRACIÓN
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DIRECTOR
Lorenzo Barrio y Morayta
ABOGADO
de los Ilustres Colegios de Madrid, Granada, Bilbao, Jaén, Alcalá, Segovia y otros.

ADMINISTRADOR
ANTONIO DÍAZ MUÑOZ

SUMARIO
I. Nulidad de actuaciones en el procedimiento criminal, por Francisco Peniche.—II. Influencia de los pensadores cristianos en la formación de la Sociología, por E. Martínez Paz.—III. Colegio de Abogados de Madrid. Las elecciones. Hablando francamente.—IV. Boletín de la semana.—V. Los Abogados y la carrera judicial.—VI. Nota jurídica de la semana. El secreto del sumario ante las jurisdicciones civil y militar.—VII. Noticias.—VIII. Quejas y comentarios. Los tranvías en los Juzgados. Lo del niño degollado no tuvo nada de particular.—IX. Jurisprudencia civil de 1911.

Nulidad de actuaciones en el procedimiento criminal.

Materia es ésta sumamente debatida, y muy diferentemente estimada. Hay quien considera que, aun cuando la ley de Enjuiciamiento criminal nada dice sobre ella, los incidentes de nulidad, de previo y especial pronunciamiento, se imponen con el imperativo categórico de la realidad y la necesidad de su existencia; y que, dado el silencio de dicha ley, es necesario, es prescisa la aplicación de la de Enjuiciamiento civil como supletoria. Que el art. 4.º del Código civil es de inmediata aplicación al asunto, y que la ley no ha podido menos de conceder derechos á las partes, para emender las impurezas del procedimiento.

Hay, por el contrario, quien estima que ese silencio de la ley rituaría, es la prueba más fehaciente de la no existencia de tales artículos en materia exclusivamente criminal, pues que lo inestable, lo provisional y lo inseguro de toda resolución que á tal procedimiento se refiere, á no ser la definitiva y que pone término al juicio, es la mejor demostración de lo innecesario de tales incidentes, con la dilación relativa de la tramitación establecida en el título III, libro II de la ley de Enjuiciamiento civil.

Para decidirse por una u otra de estas opiniones, que aparentemente revisten iguales, ó á lo menos parecidos fundamentos de racionalidad, hay que remontarse á la naturaleza misma de las respectivas leyes, á la enseñanza y espíritu que las distingue.

Al procedimiento civil y al criminal les separan y singularizan profundas y heterogéneas diferencias. En tanto que en uno todo son formalidades y ritualismos, en el otro, sólo afecta este carácter, el acto propiamente dicho del juicio. En uno, todo es definitivo y fatal; en el otro, todo provisional y reformable. En tanto que en el primero el último de los resultados de la sentencia definitiva deberá contener la declaración de haberse observado ó no las formalidades legales en el procedimiento, de conformidad con lo establecido en el art. 372 de dicha ley, especie de toque de atención que envuelve la santidad y pureza de las actuaciones realizadas; en el segundo se ha dicho en su «Exposición de base», que el sumario es sólo la preparación del juicio; que este, propiamente no comienza hasta la apertura del mismo, y que la calificación jurídica provisional del hecho juiciable y de la persona del delincuente, hecha por el acusador y el acusado, una vez concluido el sumario, es en el procedimiento criminal lo que en el civil la demanda y su contestación, la acción y sus excepciones. Que al formularlas es cuando realmente empieza la contienda jurídica, y que, por tanto, sería irracional, sería ilógico dar á las diligencias del sumario esa consistencia de gránito que tienen las actuaciones civiles, y una importancia de la que carecen y que haría recaer al procedimiento dentro de los principios que informan al sistema inquisitivo, desechado hoy, por su naturaleza inquisitorial e injusta, de la práctica de todos los pueblos cultos.

Por eso la ley rituaría en su art. 666, al ocuparse de los de previo y especial pronunciamiento, establece que serán tan sólo objeto de esos incidentes, las cuestiones ó ex-