El Foro español (Madrid. 1898) (1913-07-10 00:00:00), página 14

Insolvencia.—Deudores insolventes.—Derecho de los acreedores respecto de las actas que competirán a un deudor insolvente.—Herencia.—Deudas hereditarias.—Fraude de acreedor.—Sentencia de 13 de Octubre.—(Gacetas de 8 y 10 de Enero de 1913.)—Declara que el derecho otorgado en el art. 1.111 del Código Civil á los acreedores para ejercitar todas las acciones de su deudor insolvente y para impugnar los actos que éste haya realizado en fraude de aquéllos, tiene como fin, según el mismo artículo textualmente expresa, realizar cuanto á los primeros se les debe; y, por consiguiente, es indispensable para que este derecho pueda prosperar, que se demuestre por los acreedores en el juicio, que el resultado de dichas acciones conocidamente code en beneficio del patrimonio del deudor por ingresar en el mismo otros bienes ó por volver á la propiedad de éste los que fraudulentamente fueron segregados, y en uno y otro caso con el exclusivo objeto de hacer pago con ellos del todo ó parte de los créditos reclamados, porque sin este resultado no puede sostenerse que la negligencia del deudor á pedir lo que le corresponde, ó que el acto ó actos cuya revocación se solicita como fraudulentos, han determinado ó aumentado las insolvencias del deudor, y por ende perjudicado á los acreedores, necesario supuesto para que éstos puedan atribuirse el derecho reconocido en el citado artículo.

Y que el derecho que otorga el art. 1.083 del Código Civil, se limita á que los acreedores intervengan en las particiones, ya tengan éstas carácter judicial, ya extrajudicial, para que teniendo perfecto conocimiento de la forma en que se practican, eviten contabulaciones entre los interesados, que hagan imposible el pago de sus créditos; pero sin que esta intervención pueda llevarse al extremo de que en juicio se reconozca como partes á otros acreedores que los que lo sean del propio testador, ni tampoco los del heredero pueden oponerse á que se lleve á efecto la partición extrajudicial, aunque no se les pague ó afiance el importe de sus créditos, mas siempre les queda á salvo su derecho para pedir la retención ó embargo de los bienes que resulten á favor de su deudor, ejercitar á nombre del mismo la acción de rescisión, solicitar que se adicione la partición con alguno de los bienes ó valores omitidos e impugnar los demás actos que se hayan ejercitado en fraude suyo.

Mandato.—Representación legal de la mujer casada.—Poder general para pleitos.—Sentencia de 13 de Octubre. (Gacetas de 10 de Enero y 8 de Febrero de 1913.)—Declara que el poder general para pleitos con la calidad de bastante otorgado por el marido á favor de un Procurador judicial, es suficiente para que éste pueda representar en juicios á la mujer de aquél, sin necesidad de que en dicho mandato se exprese que el marido le otorga en concepto de representante legal de su consorte, porque este carácter lo tiene por ministerio de la ley, conforme á lo previsto en el art. 60 del Código Civil, y el poder general comprende todos los negocios, según el art. 1.712 del mismo Código, entre los cuales es lógico incluir aquellos que al marido corresponden de derecho por su estado de casado, sin necesidad de amplificaciones impropias de un documento público cuando con claridad consta el sentido y alcance del mismo.

Competencia.—Pago de pesetas.—Acción personal.—Sentencia de 14 de Octubre.—(Gaceta de 11 de Febrero de 1913.)—Resuelve que si se ejercita en la demanda una acción personal reclamando cierta cantidad que se supone debida, en virtud de un convenio cuya existencia se niega en absoluto por el demandado, no habiéndose aportado á los autos principal alguno de prueba escrita en apoyo de tal convenio, sin que lo constituya para estos efectos el testimonio de dos declaraciones testificales presentadas al contestar al requerimiento inhibitorio, es evidente que conforme al párrafo 3.º del art. 1.171 del Código Civil, en relación con la regla 1.ª del 62 de la ley de Enjuiciamiento civil, debe decidirse la competencia á favor del Juez del domicilio del demandado y presunto deudor.

Apreciación de prueba.—Interpretación de los contratos.—Recurso de casación.—Auto de 17 de Octubre.—(Gaceta de 11 de Febrero de 1913.)—Consigna que cuando la Sala sentenciadora funda su fallo en la total apreciación de la prueba, para declarar que en determinado convenio no existe vicio que lo invalide y en el recurso, en el único motivo alegado, se hace supuesto de la cuestión, fijando como infringidos artículos del Código Civil sobre interpretación de contratos, é invocando el número 7.º del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil para hacer afirmaciones contrarias, sin acreditar la evidente equivocación del juzgador por errores de hecho ó de derecho demostrados, lo que no es lícito en casación, procede aplicar la disposición del número 9.º del artículo 1.729 de la ley Procesal.

Culpa ó negligencia.—Obligaciones que nacen de culpa ó negligencia.—Sentencia de 17 de Octubre.—(Gacetas de 11 y 14 de Febrero de 1913.) Declara que es doctrina sancionada por el Tribunal Supremo que las responsabilidades derivadas, conforme al art. 1.902 del Código Civil, de aquellas obligaciones dimanantes, no de causas pendeles, sino de actos ú omisiones en que interviene culpa ó negligencia, precisan para ser exigibles en la vía civil, primero, la existencia de tales actos ú omisiones, y además, la prueba de que la culpa ó negligencia provienen de la persona á quien se imputa;

Que si se trata de una entidad bancaria que formula una denuncia criminal por el fraude de que ha sido víctima mediante la falsificación de un cheque, cuya entidad personada en el proceso coadyuva con el Ministerio Fiscal para mantener el procesamiento, que al fin se revoca en apelación, á todo lo cual y á la declaración que como complemento de la denuncia presenta en el sumario uno de los empleados de la repetida entidad, es á lo que se concreta la intervención de ésta en el sumario en cuestión, es evidente que tal intervención no implica culpa ó negligencia de las no penadas por la ley, que puede dar origen á demanda sobre indemnización de daños y perjuicios en favor del denunciado, porque está circunscrita á ejercitar un derecho como p r i v a d o y por el carácter del acusador privado, cumpliendo á la vez el deber de aportar al proceso los datos conducentes al desembolcamiento del delito sin propósito de ocasionar daño ó lesionar derechos de un tercero y porque ninguno de esos actos, ni aun la declaración del empleado son causa de procesamiento, pues no son tales actos los que necesariamente producen resoluciones de esa clase, sino el Juez que la decreta con la plenitud de facultades que la ley Procesal le concede para apreciar ó no la existencia de indicios racionales contra determinada persona previa la debida comprobación á que obliga el art. 269, recono-