El Foro español (Madrid. 1898) (1912-12-31 00:00:00), página 5

en las de otros tiempos—si abundan los preceptos encaminados á coartar los vuelos de los juristas, tendiendo á convertirlos en sacrificadores de las leyes vigentes, más bien que en sacerdotes del derecho (anterior y superior á las leyes que lo encarnan, como á cada paso se lee y se oye decir á los técnicos), no faltan tampoco otros muchos que llevan precisamente los opuestos propósitos. Si la ocasión fuera propicia para ello, fácil sería, espigando en códigos y leyes de diferentes países, y hasta en los de uno mismo, encontrar aquí y allá abundantes testimonios de lo que se dice. Hasta ahora, sin embargo, la expresión más visible y clara de la tendencia de la escuela del derecho libre, es la disposición contenida en el art. 10 del reciente Código civil suizo, según la cual, cuando los jueces, al ejercer su oficio de tales, no encuentran precepto concreto aplicable al caso controvertido (puede añadirse también la hipótesis, equivalente á la anterior y muy frecuente, de dudas derivadas de la obscuridad y otras imperfecciones legales), procederán como si, siendo legisladores, tuvieran que dictar ellos mismos, «ex novo», la regla general en la que quedara incluido el caso en cuestión.

Innecesario parece encarecer la importancia de semejante artículo, que muy pronto, es de esperar, será trasladado, en la misma ó en diversa forma, á otros códigos y leyes del mismo país ó de países distintos, empezando acaso por los más próximos á Suiza, no sólo en vecindad geográfica, sino también lingüísticamente y por el lado de la semejanza de leyes, costumbres e ideales... Con ese artículo en la mano, se puede y se debe decir que la interpretación ó inteligencia previa á que es preciso someter las leyes para aplicarlas con la debida justicia—que es equidad y apreciación de las circunstancias especiales de cada caso justiciable,—no han de consistir necesariamente en la inquisición del pensamiento ó intención del individuo ó individuos que en su día pusieron á la ley el sello de la promulgación, sino más bien en averiguar las finalidades á que debe responder la ley y, por consiguiente, su fundamento, la «ratio ó «mens legis». O para decirlo de otra manera: la interpretación habrá de hacerse averiguando, no la voluntad, intención ó propósito que el autor ó autores de la ley infiltren en ésta cuando lo formula-ron, sino los que la infiltarian hoy (á cada momento), si fuera hoy (al hacer aplicación de ella) cuando tuvieran que formularla. Con lo que, claro está, la voluntad legislativa queda reemplazada por la voluntad (razón, convicción, sentimiento de justicia) del juzgador.

Así queda, me parece á mi, suficientemente determinada la misión del jurista. Puesto que la vida social, una vez llegada á cierto punto de su desarrollo, requiere la presencia inexorable de leyes que la regulen, manteniendo dentro de ella la cohesión y la cooperación de sus distintos componentes, y como, de otro lado, las leyes, principio eficacísimo de organización, tienden á asegurar y á perpetuar intangible la organización por ellas establecida, persiguiendo y peinando á quienes, de cualquier modo y con cualesquiera propósitos, atenten contra el orden actualmente vigente, la posición de los juristas tiene que ser una posición intermedia, compendiando y fundiendo la virtu- lidad de dos fuerzas contrarias. El jurista, hombre de ley, no ha de luchar contra la ley, para desautorizarla y pro- scribirla radicalmente, ni siquiera tampoco para debilitar su poder, pues ello sería insensato. Debe combatir por la ley y por su imperio; mas no por una ley rígida que, simplemente por el hecho de estar promulgada y ofrecer señas externas de precepto legal, haya de ser irremisiblemente cumplida, sino por una ley flexible que se vaya plegan- do á las diferentes circunstancias y situaciones de la vida, según el contenido de justicia y equidad de las mismas lo imponga razonablemente. El jurista habrá de sacrificar á la justicia y al derecho sustanciales, de quienes se tiene que reconocer esclavo, aunque para ello «more praetorio», se vea obligado á soslayar (con fisionones, actos aparentes, etcétera) ciertas reglas del derecho formal (legislado), ó más bien, aunque para ello tenga que buscar la manera de subordinar la forma al fondo, á fin de que el fondo no quede postergado por la forma.

Por este respecto corresponde desempeñar á los Aboga- dos, sacerdotes del derecho, un papel importantísimo y nobilísimo. Son los llamados á desenvolver la técnica jurídica y á impedir que los engranajes de las institucio- nes sociales se anquilosen y enmuezcan. Con la cultura esperifónica, «ad hoc», que oportunamente adquieren en las aulas y en los libros, constantemente renovada y constan- temente también ayudada y refrescada por la observación directa de la realidad viviente y por el conocimiento del saber popular (refranes, sentencias...), donde cristaliza buena parte de los resultados de aquella observación, los juristas están llamados á ser, desde el punto de vista téc- nico, y aun desde el práctico, los factores primordiales de la tutela social en sus varias direcciones de gobierno, admini- stración, justicia, etc. Si no son ellos mismos los le- gisladores, como á menudo ocurre, son, sí, los consejeros y guías del legislador, de quien nunca conviene se constituyan en esclavos y defensores á todo trance, según pasaba con los golillas de siglos anteriores y según de ello pueden también hallarse ejemplos en otras mil épocas y situacio- nes. El jurista competente en su oficio, es decir, el juris- consulto (sociólogo y filósofo), no el leguleyo ni el rábula, —los cuales no merecen propiamente la denominación de juristas,—es quien la da ya elaborada y preparada al le- gislador la materia á que después otorga éste su sanción ó visto bueno, convirtiéndola en ley; es, como alguien ha di- chlo, quien hilvana las prendas que luego el legislador se limita á coser.

A más de esto, de juristas, incluso titulados y profesio- nales, se compone en su mayoría el cuerpo de funcionarios del Estado, con la misión de hacer que se cumplan las leyes, ora por la vía meramente administrativa y eje- cutiva, ora por la jurisdiccional. Y también aquí debe ser su acción eficacísima, hasta más tangible y constantemen- te eficaz que en el caso anterior. Pues no se debe olvidar que si legislar es una operación que, por su generalidad misma, aunque afecta á todos en abstracto, á nadie en concreto se refiere, en cambio la aplicación de la ley, sea administrativa, sea judicialmente, es una operación que por fuerza toca á los bienes, intereses ó derechos de alguien, y de la cual resulta siempre la justicia palpitante, ó servi- da, ó deservida. Ahora, ¿quién no comprende que, estan- do la operación de referencia confiada precisamente á los