El Foro español (Madrid. 1898) (1912-09-20 00:00:00), página 5

nes totalmente gravada, aunque por aquellas razones, que en principio solamente pueden justificarse y explicarse, la mayoría de los autores consideran indispensible y necesaria la expresada prevención.

«Caballente—expone Alonso Martínez—la principal ventaja del régimen dotal consiste en que es una especie de seguro en favor de la mujer casada y de sus hijos contra las pasiones ó mala ventura de su marido. Un padre al casar á su hija y dotarla, exigiendo la constitución de una hipoteca especial que asegure el reintegro de la dote, sabe que ni las prodigalidades de su futuro yerno, si por desgracia se entrega á los placeres del lujo y la disipación, ni sus especulaciones imprudentes si está dominado de la ambición y arriesga su capital con manifiesta temeridad, ni siquiera la desgracia, que á veces compromete y arruina á los más laboriosos y prudentes, podrán privar á su hija querida y á sus nietos del patrimonio que él les cede y con el cual estarán en todo caso exentos de la miseria.»

Toda esta teoría, galantemente expuesta, no es capaz de evitar que alguna vez marido y mujer se confabulen para burlar los derechos de sus acreedores, amparándose en los privilegios de la dote; siquiera se expongan á incurrir en tal supuesto, en las severas sanciones del Código penal.

Por lo demás, el Código sienta con gran justicia, que si el marido que haya recibido la dote estimada se oponga perjudicado por su valuación, pueda pedir que se deshaga el error ó agravio, y que el esposo sólo quede obligado á restituir el valor porque recibió la dote estimada, siendo de su cuenta el incremento ó deterioro que la misma sufra durante el desarrollo del matrimonio como es natural.

Y en cuanto á la hipoteca constituida por el marido en favor de la mujer, el art. 1.351 del Código civil, transcripción del 175 de la repetida ley Hipotecaria, salvo ligeros detalles, establece que garantizará la restitución de los bienes, ó su estimación en los casos en que debe verificar- se conforme á las leyes, dejando de surtir efecto y pudiendo cancelarse siempre que por cualquier causa legítima quede dispensado el marido de la obligación de restituir. Mayor gravedad supone, por lo delicada que es la cuestión, el determinar las personas á quienes debe otorgarse el derecho de exigir que preste el marido la hipoteca legal establecida á favor de la mujer; porque como decía muy bien D. Manuel Cortina, en ello se interesan, además de las consideraciones generales, las de orden y buena armónica en el matrimonio.

Cuando el matrimonio ha sido ya contraído, y la mujer es mayor de edad, la ley civil ha reputado peligroso que cualquiera persona, por allegada que sea, venga á interponerse entre ella y el marido: «ha temido por la felicidad doméstica de los cónyuges, y ha preferido que padezcan los intereses á que se perturbe la paz de la familia». En su consecuencia ha declarado, que únicamente ella puede exigir por sí misma la constitución de la referida hipoteca y la inscripción de los bienes constitutivos de la dote estimada; porque así la mujer calla, teniendo capacidad para reclamar y franca la puerta para hacerlo, debe repetirse su silencio; la intervención de otras personas será generalmente más fecunda en males que en beneficios».

Mas cuando aún no ha contraído matrimonio la mujer, ó habiéndolo contraído fuese menor, cesan los aludidos temores, «no pudiendo la ley—según se consigna en la Exposición de motivos de la ley Hipotecaria de 1860, cuyas doctrinas siguen paso á paso en este punto los redactores del Código civil—disminuir la vigilancia especial y la protección que dispensa siempre á los que no considera con la aptitud y medios bastantes para protegerse á sí mismos».

«Por eso, no sólo se permita (párrafo segundo del artículo 1.352 de la ley civil), sino que se excita á las personas que más naturalmente se interesan por la mujer á ejercitar el derecho de exigir la hipoteca y calificar su suficiencia. Entre ellas no podrá dudarse que el padre, la madre y el que dio la dote deben ser los primeros autorizados para reclamar la seguridad de los bienes de la mujer; el amor que á unos inspira la naturaleza, el deseo que debe tener el donante de que no se malogre el sacrificio que hace, y que no perezca su donativo á manos de un marido disipador, son una prenda de que la hipoteca se exigirá y quedará constituida.»

A falta de estas personas, y siendo menor la mujer, esté ó no casada, el párrafo tercero del art. 1.352 del Código civil declara qué deberán pedir que se hagan efectivos los mismos derechos el tutor, el prototutor, el consejo de familia ó cualquiera de sus vocales. «Si el tutor, el prototutor ó el consejo de familia—añádese en el art. 1.353 de la propia ley civil—no pidieran la constitución de la hipoteca, el Fiscal solicitará de oficio, ó á instancia de cualquiera persona, que se compela al marido al otorgamiento de la misma, teniendo también obligación los Jueces municipales de excitar el celo del Ministerio fiscal á fin de que cumpla lo preceptuado anteriormente.»

De esta forma queda asegurado el otorgamiento de la hipoteca dentro de las mayores probabilidades, siendo de advertir que la facultad de pedir la constitución de aquella garantía no pasa de una á otra de las personas enumeradas, sino que no exigiéndolo el padre, no podrá la madre hacer uso de ese derecho, y que toda la doctrina de la hipoteca legal por razón de la dote estimada se entiende para el supuesto de que el marido tenga bienes suficientes y propios con que constituir la garantía; pues en el caso de que no disponga de ellos, la ley civil únicamente le obliga á constituir á sobre los primeros inmuebles ó derechos reales que adquiera; con lo que los intereses de la mujer quedan á merced de su esposo durante ese intervalo de tiempo, que puede prolongarse indefinidamente á voluntad del mismo interesado.

Una novedad introduce el legislador con la disposición del art. 1.355, que no tiene precedentes ni en la legislación hipotecaria ni en el derecho histórico nacional. Por él se previene que se depositen á nombre de la mujer en un establecimiento público de los destinados al efecto, los títulos, documentos e inscripciones representativos de la dote estimada de la mujer, siempre que el todo ó una parte de ésta consista en efectos públicos ó valores cotizables, y mientras su importe no se halle garantizado por la hipoteca que el marido está obligado á prestar. Con ello se evita la posibilidad, por lo menos respecto de estas propiedades, de que un marido disipador ó imprudente disponga y liquide la dote de la mujer antes de que pueda exigir-