El Foro español (Madrid. 1898) (1913-07-30 00:00:00), página 14

una demanda en reclamación del pago de cierta mercancía y conforme la parte actora en que con la misma nada contrató el demandado, sino con otra persona distinta, que no consta celebrara la venta de la cosa cuyo precio se pide con el carácter de representante de aquélla, es evidente que si la primera aduce una factura representativa de la supuesta deuda, al contestar al requerimiento inhibitorio, no puede tal factura estimarse como principio de prueba demostrativo de la sumisión aun cuando así se consigne en la última condición impresa al dorso del expresado documento; Y que esto admitido, se está en el caso general del párrafo 3.º del art. 1.171 del Código Civil, y por tanto a tenor de lo prescrito en la regla 1.ª del 62 de la ley Procesal, corresponde el conocimiento del juicio al Tribunal del fuero del demandado y presunto deudor.

Competencia.—Cosa juzgada.—Sentencia de 28 de Octubre—(Gaceta de 21 de Febrero de 1913.)—Declaro que sobre un mismo asunto, ni simultáneamente, ni sucesivamente, cabe promover y sostener una cuestión de competencia después de terminada la primera por auto que tiene el carácter de cosa juzgada, y en virtud del cual continuó conociendo con plena competencia determinado Juez, y así se deduce del conjunto de los preceptos procesales reguladores de esta materia, y especialmente del art. 77 de la ley de Enjuiciamiento civil y del principio de Derecho non bis in idem;
Y en su vista que si se propone la inhibitoria en un Juzgado declarándose en éste por auto firme no haber lugar á ella, es evidente que no pueda duplicarse la cuestión de competencia suscitándola en otro Juzgado, fundado ni en el cambio de domicilio, ni en ningún otro motivo, tanto más cuanto que el haber consentido dicho auto implica un reconocimiento tácito de la competencia del Juez que lo dictó.

Noviembre.

Cosa juzgada.—Transacción.—Sentencia de 3 de Noviembre (Gacetas de 21 y 22 de Febrero de 1913.)—Declaro que la naturaleza de la cosa juzgada exige que se lleve á cumplimiento íntegramente, sin que se entorpezca el curso del procedimiento para ello destinado por incidentes en términos que, de conformidad con este propósito, el art. 1.685 de la ley de Enjuiciamiento civil, en armonía con el 949 de la misma, deniega por regla general el recurso de casación contra los autos que dicten las Audiencias en los procedimientos para la ejecución de las sentencias, excluyendo por excepción aquellos en que se resuelvan puntos sustanciales no controvertidos en el pleito, ni decididos en la sentencia, ó se probara en contradicción de lo ejecutoriado, es decir, las resoluciones que afecten á la integridad de lo sentenciado; sin que ello obste á que se utilicen por las partes las pretensiones que estimen convenientes, que podrán ventilarse en litigio distinto, pero no detener el curso del procedimiento para la ejecución de sentencia, ni variar en el mismo la cosa juzgada por medio de incidentes sobre nulidad de actuaciones cuando en realidad no se trate de éstas:
Que esto supuesto, es indudable que no puede prosperar ningún recurso cuyos motivos tiendan á sustituir una sentencia ejecutoria por una supuesta transacción posterior establecida en documento privado, lo cual no cabe que se realice, teniendo en cuenta la doctrina expuesta, si la expresada transacción se re-
fiere á puntos que no son los controvertidos en el pleito, y que si ha de producir algún efecto, ha de ser en virtud de reclamación que se haga en otro litigio, y mucho menos si la misma cuestión ha sido planteadas con anterioridad en un recurso ordinario de reposición y rechazada en el mismo, quedando firme la resolución que puso término á dicho recurso:
Que no adolecen de vicio de nulidad las actuaciones practicadas en la ejecución de una sentencia en las condiciones expuestas si las faltas que al proceso dimiento se imputan en un recurso no afectan al mismo, sino á la esencia de lo ejecutoriado;
Y que, aparte de lo expuesto, la transacción consignada en un documento privado que no tiene el concepto de judicial, no puede llevarse á cumplimiento sin que se haya declarado su eficacia en el juicio correspondiente, no en un incidente, en ejecución de otra sentencia, y al estimarlo así y desestimar el de nulidad de actuaciones que por ello se promueva, no se infringe el art. 1.816 del Código Civil, ni el 1.809, que define la transacción.

Competencia.—Compraventa.—Sumisión.—Acción procesal.—Sentencia de 3 de Noviembre (Gaceta de 22 de Febrero de 1913.)—Resuelve que si la sumisión á la jurisdicción de un Juzgado que pueda deducirse de la cláusula del contrato invocado por la parte actora, se limita al nombramiento de árbitros y demás diligencias necesarias al objeto, y en el juicio incoado que motiva la contienda de jurisdicción no se trata de ese extremo del contrato, sino que se pretende el cumplimiento en lo principal de dicho contrato y la indemnización de daños y perjuicios, no puede entenderse aquella sumisión al mismo, por lo que, y como se ejerzeta una acción personal, en defecto de sumisión y de pacto en contrario para la decisión de la contienda hay que atenerse al lugar donde se estima debe cumplirse la obligación, según la regla 1.ª del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil;
Y que calificado el contrato de compraventa y fijado el precio franco á bordo en determinada población y á mayor abundamiento, que el pago debe hacerse por mediación del Banco Español de Crédito de la misma es evidente que, tanto las obligaciones impuestas al comprador como las del vendedor, especialmente la del art. 1.461 del Código Civil, única sobre que se discute, debe verificarse en dicha población, cuyo Juez resulta, por tanto, el competente para conocer de la demanda interpuesta.

Arrendamiento—Desahucio de minas.—Sentencia de 3 de Noviembre. (Gaceta de 22 de Febrero de 1913.)—Consigna que es doctrina sancionada por el Tribunal Supremo la de que las minas son susceptibles de arrendamiento, porque la forma de explotarlas no es más que un aprovechamiento de sus naturales productos que no afecta sustancialmente á la materia de la cosa;
Que si el contrato base del pleito, y del recurso, consiste en la explotación de una terrera que el actor concedió al demandado por término de ocho años, con la obligación de pagarle la suma convenida por plazos mensuales durante el término del arriendo, excepto el tiempo que no se trabajara en ella, esto es, la cesión del goce de una cosa conforme á su especial naturaleza por precio cierto y tiempo determinado, que es lo que constituye la esencia del contrato de arrendamiento, y además sus otorgantes, no sólo le califican de tal, sino que así continúan reconociéndolo en la litis, primero el arrendatario al realizar la consignación de las mensualidades,