El Foro español (Madrid. 1898) (1912-03-11 00:00:00), página 6

se da más importancia á burocratizar el cargo que á formar el ojo clínico—dígamoslo así—no obstante hallarse plenamente demostrado que la opinión pública no se enamora de las categorías, de los elocuentes ni de los filósofos por mucha cultura que tengan, sino de los que puedan resolver con acierto, prontitud, facilidad y cariño los problemas del Derecho privado: la falta de vocación y de orientación peculiares para un cargo en que se requieren sacrificios de comodidades y tiempo, temperamentos de cordialidad, amor á la institución, constancia en el trabajo, paciencia y templanza, que le dan el aspecto de un sacerdocio, ha hecho seguramente algunas víctimas entre los que con el triunfo de la oposición creían haber conquistado un tesoro y un derecho—de pare lucrando—sin condición de merecer; y esta fase hay que estudiarla como caso de psicología social, pues para servir en el Notariado lo importante, sobre todo, es tener condiciones para Notario lo mismo objetiva que subjetivamente, y si es un mal que está pidiendo remedio la libre competencia que puede confundirse muchas veces con la insana, contra ella tiene un buen Notario elementos de combate para hacerse lugar en la estimación social; por eso no han hecho camino las teorías de algún ilustre iluso, que queriendo echar tres llaves al sepulcro del Cid, dejó suelo al Quijote y abrió las esclusas de la maledicencia contra el Cuerpo en que servía, porque no quiso hacer de Sancha en malaventurada campaña que quiere resucitarse invocando al coloso.

Es otro aspecto social de la cuestión que los partidos parlamentarios llevan en su programa en más ó menos el principio de la descentralización; y el centralizar unas oposiciones que están descentralizadas por la ley, respetada durante medio siglo, con éxitos positivos, ha sido calificado de medida burocrática, no impuesta por la necesidad, y en beneficio exclusivo de Madrid, ya por razón de las dietas que se exigen á los opositores—y antes no había—ya para atraer afición de aspirantes á la urbe central, con perjuicio de las otras donde residen las demás Audiencias territoriales, que son también españolas, y teniendo menoscabelementos de vida muchas de ellas necesitan más protección. Basta esa creencia para que fuera impropia la medida por más que no haya en ella nada de lo que se le atribuya.

Se dice como defensa que todas las oposiciones se centralizaron en Madrid como medida conveniente, y aparte de que no está demostrado que con ello haya ganado el país, puede objetarse con fortuna que no es cierta la especie, porque sólo se centralizaron aquellas que por precepto legislativo no debían celebrarse fuera. Todavía se celebran en las Audiencias las oposiciones á Secretarios de los mismos Tribunales, con arreglo á su ley orgánica, y esos funcionarios tienen derecho á ingresar en la Magistratura, y en las modernas carreras que no están organizadas por leyes como las de médicos de partido, agentes de policía y demás se han hecho indistintamente en Madrid y provincias, y así se celebran las de Escribanos, hoy Secretarios judiciales, los exámenes de Procuradores y otros actos análogos.

RAMÓN NOVOA SEOANE.

(Continuará)

BOLETÍN DE LA SEMANA

LEGISLACIÓN

GRACIA Y JUSTICIA.—R. el orden de 15 de Febrero de 1912 disponiendo, con carácter general, que en las comisiones que desempeñan los funcionarios del orden judicial y fiscal á que se refiere el art. 11 de la ley de presupuestos de 30 de Junio de 1896 les sirva de justificación bastante para acreditar en sus cuentas el tiempo de permanencia de los mismos en la localidad en que desempeñen sus funciones, á los efectos de lo prescripto en la citada disposición legal y en el art. 69 del Reglamento de la ordenación de pagos de 24 de Mayo de 1891, la certificación que expedirá la Secretaría de gobierno de la Audiencia ó Fiscalía respectiva, ó el Secretario de gobierno del Juzgado de primera instancia ó instrucción, cuando la comisión haya actuado en localidad en que existan estos organismos judiciales, y en los demás pueblos la expedirá el Alcalde municipal, á petición del Secretario de dicha comisión ó del Funcionario que la desempeñe (B. O. del 20).

GOBERNACIÓN.—R. O. circular de 26 de Febrero de 1912, declarando hallarse vigente la ley de 10 de Mayo de 1908, sobre Tribunales industriales. (Gaceta del 28).

JUNTA CENTRAL DEL CENSO ELECTORAL.—Circular de 24 de Febrero de 1912, dictando reglas sobre señalamiento de plazos improrrogables para entablar y resolver reclamaciones contra la designación de Presidentes y suplentes de mesa. (Gaceta del 28).

«Con motivo de varios recursos que se habían entablado ante la Junta Central del Censo, contra la designación de presidentes de Mesas electorales y sus suplentes, se consideró la misma en el deber de adoptar, con fecha 14 de Abril de 1909, algunos acuerdos de carácter general, supletorios del silencio de la ley, reconociendo, en armonía con el sentido y espíritu de ésta, la facultad de reclamar en favor de aquellos que se considerasen agraviados en su derecho, tanto en lo referente á la composición de las Juntas provinciales y municipales, como en lo relativo á la formación de las tres listas que menciona el art. 33 de la ley, y á la designación bienal, con arreglo á ellas, de los presidentes y suplentes de Mesas.

En los expresados acuerdos se determina que, de conformidad con el texto expreso de los arts. 34 y 35, sólo pueden formular esas reclamaciones los propios interesados que se consideren agraviados en su derecho, no debiendo entenderse que las Juntas provinciales del Censo abusen de sus facultades al desestimar aquellas que no estén entabladas por los agraviados, y que las mismas Juntas, en el ejercicio de las atribuciones que les concede el artículo 16, en relación con el núm. 4º del 15, pueden y deben resolver las quejas de los electores interesados en la designación de los presidentes y suplentes de las Mesas, aparte el deber que tienen de ejercitar también la jurisdicción disciplinaria por las infracciones que respecto á tales extremos hayan podido cometer las Juntas municipales.

En el supuesto de que las Juntas del Censo también pueden y deben reponer sus propios acuerdos cuando fueron