El Foro español (Madrid. 1898) (1912-07-20 00:00:00), página 7

Illescas, si bien circunstancias de corrección personal nos obligan á prescindir de todo comentario que por otra parte no estimamos preciso, dado que escrito este periódico para profesionales, no necesitan que nadie les instruya acerca de las consecuencias que en el orden legal puedan derivarse de los hechos que fidelísimamente vamos á relatar de modo esqueto y con relación á los funcionarios judiciales que en ellos han intervenido por razón de su cargo ó en calidad de testigos. Sólo si queremos que el Sr. Ministro tenga todo esto muy presente al hacer las próximas combinaciones de personal, si es que son ciertas las noticias que los mismos interesados se afanan en propalar de próximos ascensos, pues entendemos, que, ciertamente, lo aquí sucedido no podrían nunca alegarlo en un expediente de méritos.

Y vamos á los hechos.

Desde hace año y medio se viene tramitando en el Juzgado de Illescas, regentado por D. Vicente Blanco y Juste, un juicio ordinario de mayor cuantía seguido á instancia de doña D. R. de I. y D. R. F. de M. por éy como representante legal de su esposa, doña C. M. R., contra doña E. M. como viuda de D. E. M. y en representación de los hijos de ambos, menores de edad, y en cuyo pleito se reclamaba la nulidad de un documento privado, fechado en 27 de Febrero de 1910, en el que se consignó como resultado de una liquidación de las herencias de D. E. M. y del padre de éste, que aquél en vida no liquidó, D. J. M. y M., un saldo de 19.000 pesetas á favor de los demandantes, consignándose además que la doña D. donaba por igual á sus hijos todos sus bienes, y que doña E. había de abonarla mensualmente una pensión irrisoria de 45 pesetas mientras viviese, y es de advertir que la doña D. es octogenaria.

Pues bien; se pedía la nulidad de este documento y de su liquidación, advirtiendo que ni ese saldo reconocido de 19.000 pesetas ni la pensión alimenticia se había entregado, y á cuyas pretensiones se opusieron los demandados.

No hemos de seguir paso á paso la resultancia de ese juicio ni á discutir lo insolito de una sentencia sobre la cual esperamos hará justicia cumplida la Audiencia de Madrid. Solo si queremos apuntar el hecho de que á pesar del encano con que las partes litigantes han llevado este asunto, por dos veces se han tenido que reunir para pedir juntas, en un solo escrito, reforma de providencias de índole procesal, habiendo sido la última una dictada de oficio para que en el término que se señalaba y bajo apercibimiento de amparo abonase las partes los honorarios, que llegaban á muy cerca de mil pesetas, de tres peritos calígrafos nombrados por el juez y cuyos honorarios anotaron al pie de las firmas, pero que no habían llegado á pedirlos ni particular ni judicialmente y cuya providencia hizo el propio Sr. Blanco la justicia de reformar.

Así, pues, nada hemos de apuntar siquiera en este particular, y la Audiencia en su día verá si D. Vicente Blanco y Juste cumple el apercibimiento que, según se nos dice, se le hizo ya en sentencia de 6 de Junio de 1908, recaída en pleito seguido entre D. Rupert Gutiérrez y doña Teresa de Prado, de que cuidase en lo sucesivo de observar las prescripciones de la ley respecto al orden y forma de los procedimientos judiciales.

Pero de lo que forzosamente hemos de ocuparnos por la gravedad que encierra, es de lo ocurrido con motivo de un célebre documento privado presentado por la demandada á tal parecer suscrito por D. J. M. y M., de cuya testamentaría se trataba, esposo y padre respectivamente de las demandantes, y en el que aparecía debiendo al padre de la demandada, D. J. M. de V., la cantidad de 15.000 pesetas de que ésta hacía cargo á aquéllas.

Este documento fué objeto de dictamen por parte de dos peritos calígrafos de Madrid, tan acreditados como D. Darío Cordero y D. Francisco Lupiani, del Cuerpo de Archiveros Bibliotecarios y Arqueólogos y del profesor de caligrafía D. Joaquín Gutiérrez; este señor dio un informe incoloro, pero en el de aquellos otros dos señores más conocidos por su práctica constante y su proverbial pericia, declaróse rotundamente que la firma estaba falsificada, sin que se expresase, porque tampoco era esto lo que se les pedía, quién fuera el autor ni cuál la fecha de la falsificación. Es muy de notar que estos peritos no fueron designados por las partes sino por el Juez en vista de la desavenencia de aquéllas respecto al particular.

Ante la gravedad de la sospecha de una falsedad, los demandantes se procuraron otro informe particular de otros dos peritos de Madrid también, y pertenecientes al mismo Cuerpo de Archiveros Bibliotecarios e igual y justamente afamados, D. Luis Cuéllar y de Fuentes y D. Enrique Sánchez Terrones, y éstos declararon, del mismo modo rotundamente, que la firma del D. J. M. y M. que aparecía en el citado documento no era legítima.

El procurador de las demandantes, pasado el período de conclusiones, solicitó que para mejor proveer se uniese este último informe á los autos, y el Juez, Sr. Blanco, dictó providencia de no haber lugar á lo pretendido; pero como quiera que posteriormente el propio Juez de oficio acordase un nuevo informe pericial respecto al particular, las demandantes insistieron en que á esos mismos fines, y valiera por lo que valiese, se uniera el informe que antes se rechazó y se volvía á presentar, pero sin perjuicio al acordarlo así de que se realizase la nueva prueba pericial que su señoría tenía acordada para mejor proveer, ni que en manera alguna se entendiése que se trataba de sustituir una cosa por otra, sino sólo á mayor abundamiento; se contestó con otro no ha lugar, se insistió en la petición alegando que sólo la parte contraria podrá tener interés en que no quedase en los autos un nuevo informe negativo, y con la esperanza de que los nuevos peritos no fuesen de la misma opinión, pero se volvió á rechazar aquel dictamen de una manera definitiva.

En la diligencia para designación de los nuevos peritos dejaron las partes, por entender que esto era lo procedente en el caso para mejor proveer, en libertad al Juez para designarlos, y éste volvió á nombrar ahora peritos, como antes también los había nombrado, y designó á los señores D. Fernando Blanco, D. Carlos Lozano y D. José Pereira, igualmente del Cuerpo de Archiveros Bibliotecarios, los cuales, haciendo también gala de sus muchos conocimientos caligráficos declararon, como sus compañeros, y con perfecta, absoluta unanimidad, que la firma del Sr. M. y M. era apócrifa.

Y aquí entra lo más grave de lo ocurrido en este plei-