El Foro español (Madrid. 1898) (1913-01-10 00:00:00), página 14

Y que al estimarlo así no se incurre en error de derecho con infracción de los artículos 1.214, 1.215 y 1.219 del Código Civil y de la doctrina establecida en la sentencia de 29 de Enero de 1897.

Lesión enorme.—Legislación catalana.—Sentencia de 3 de Abril. (Gaceta de 24 de Mayo de 1912.)—Consigna que si bien según la legislación vigente en Cataluña, son resolubles por lesión las ventas en que los contratantes hubieren sido perjudicados en más de la mitad del justo precio, es también indispensable, para que la acción deducida pueda en su caso prosperar, que el demandante á quien incumba la justificación del exceso lo acredite con relación al tiempo en que la cosa fuere enajenada; pues de no hacerlo así, quedando ese extremo improbado, faltan los elementos necesarios para dar lugar á ella.

Préstamo.—Préstamo contraído por mujer casada.—Licencia marital. Consentimiento.—Sentencia de 4 de Abril. (Gacetas de 24 y 28 de Mayo de 1912.)—Declara que tratándose del préstamo contraído por una mujer casada cuyo pago se reclama, incumbe al actor acreditar que el marido autorizó de alguna manera á la mujer para realizar aquél, ó demostrar que el contrato, nulo en principio sin ese requisito, aparece después convalidado por actos de trascendencia jurídica reveladores de la conformidad del marido con la obligación que sin su anuencia contrajera la mujer, y no comprobados esos hechos, de importancia suma para el derecho del actor, se llega inexusadamente á la conclusión de que no debe declararse legítimo el préstamo ni responsable, por lo tanto, de su cumplimiento al marido, pues es axiomático que en los contratos celebrados, subsistente la sociedad conyugal, por mujer casada, es tan esencial e indispensable el consentimiento y la intervención del marido, como que de esa solennidad contractual depende la validez de los mismos:
Que demandados simultáneamente marido y mujer en un caso como el de que se trata, y alegando la mujer la solución de la deuda, sólo á ella pudieran serle imputados los efectos de la excepción de pago no justificada y nunca al marido que, desconocedor de todo, se dedica en el curso del pleito á impugnar de nulidad la existencia de la obligación:
Que la omisión en este caso de los artículos 62 y 65 del Código Civil, corroborantes del 61, no es motivo á la vez que serio suficiente para dar vida jurídica á un acto que, por vicio radical en que se informa procede tenerle como no sucedido, y es inútil también añadir en el mismo caso si la declaración de nulidad debe ó no solicitarse previamente, máxime en el supuesto de que este extremo no se planteé oportunamente ni sea objeto del debate;
Y que así examinado el punto litigioso en sus distintos aspectos, examen obligado por su trascendencia legal, es fuerza reconocer que la sentencia que condena al marido y á la mujer demandados al pago del préstamo en cuestión infringe los artículos 61, 62, 1.214, 1.216, 1.257, 1.261 y 1.263 del Código Civil y la doctrina sentada en las sentencias de 4 de Abril de 1900, 5 de Octubre de 1901 y 26 de Noviembre de 1903.

Presentación de documentos en la Oficina liquidadora para los efectos del impuesto de Derechos reales.—Sentencia de 6 de Abril. (Gacetas de 29 y 30 de Mayo de 1912.)—Resuelve que es doctrina repetidamente proclamada por el Tribunal Supremo, que la falta de presentación de documentos en la oficina liquidadora para los efectos del impuesto de Derechos reales, no enerva su validez en el orden de las relaciones civiles, ni puede autorizar otra cosa que la adopción de medidas fiscales y correcciones administrativas que establece la ley, y siendo esto así, es manifiesto que la Sala sentenciadora que desestime una demanda, por el fundamento único de no haberse presentado en aquella Oficina los documentos de crédito que sirvieron de base á la acción ejercitada, interpreta con error el art. 19 de la ley de 2 de Abril de 1890 y el 152 del Reglamento de 10 del mismo mes y año, así como la doctrina establecida en sentencias de 20 de Junio de 1883 y 4 de Abril de 1905, y especialmente en la de 19 de Octubre de 1896.

Transacción.—Interpretación de los contratos.—Novación.—Prueba de presunciones.—Sentencia de 6 de Abril. (Gaceta de 30 y 31 de Mayo de 1912.)—Resuelve que en el caso del contratista de una obra y del dueño de la misma que para solucionar las diferencias entre ambos surgidas con motivo de la ejecución de aquélla otorgan una escritura para resolver en aras de la paz y la concordia las cuestiones pendientes, para lo cual confían á un arquitecto la misión de emitir dictamen sobre las de carácter técnico relacionadas con la profesión del designado de común acuerdo, conviniendo en que sean resuelta por letrados las demás diferencias y cuestiones surgidas con motivo del contrato de construcción que por su carácter jurídico no pudieran ser sometidas al arbitraje del arquitecto, no cabe dudar, dados los términos especiales en que dicha escritura aparece redactada de que se formaliza un contrato de transacción entre las partes contratantes para resolver en aras de la paz y de la concordia sus diferencias en cuanto á la obra contratada por medio del arbitraje del arquitecto, apreciación que corrobora la misma excepción limitada á las cuestiones de carácter jurídico, que confirma la regla, y al entenderlo de este modo se aplican acertadamente los artículos 1.281, 1.282 y 1.283 del Código Civil;
Y que esto sentado y teniendo en cuenta que por el contrato de transacción se pone término á las diferencias suscitadas entre las partes que lo otorgan, y que cabe comprender en aquélla, además de los objetos determinados en la misma, los que por inducción necesaria de sus palabras deben repartirse comprendidos en ella, no puede menos de estimarse que en la celebrada en la referida escritura, por el tenor literal de las palabras empleadas y por la excepción de que queda hecha mención, claramente se fija el sentido y alcance de los derechos y obligaciones que emanaban del contrato de obras, quedando novada la obligación contraída y que da lugar al dictamen del arquitecto, la cual es sustituida por la formalizada en dicha escritura, pues si se hubiera de cumplir la primera no era necesario haber contraído la segunda, por lo que es manifiesto que al entenderlo así no se cometen errores de hecho, ni se infringir el art. 1.204 del Código Civil, ni tampoco el 1.253, porque aun en el supuesto de que para aquella deducción se utilizará la prueba de presunciones sería acertada la formulada en el presente caso, ya que entre los hechos demostrados y la deducción establecida, existe el enlace preciso y directo que exigen las reglas del criterio humano, que no son otras que las de la lógica.