El Foro español (Madrid. 1898) (1912-08-20 00:00:00), página 2

oho expedito de todos para reclamar los suyos, que, por alguna resolución—nunca injusta, acaso equivocada—de los Tribunales, pudiera creerse molesto ó perjudicado. No ha sido así, sin embargo, pues en el Real decreto de 20 de Junio último, cuyas disposiciones, como emanadas del Poder público, acatamos, se contienen algunas, á nuestro parecer, derivadas no sólo de las orientaciones generales que inspiran la publicación de aquél, si que también calcadas en algo que el digno ministro que regenta el departamento de Gracia y Justicia oreyese mercedor de enmienda como resultado de aquellas discusiones parlamen-
tarias.

Vamos á entrar muy serenamente y desprovistos, como siempre, de todo estímulo egoísta y de todo interés pasi-
nal, dentro, claro es, del terreno de la discusión científica por ser el propio de esta Revista y estarme vedado, por mi carácter de funcionario público, penetrar en otro, siempre, además, en desacuerdo con mi manera de pensar, en el es-
tudio aunque somero, razonado, de las más culminantes prescripciones de dicha Real disposición emanada del Po-
der Ejecutivo.

La más transcendental de aquéllas refiere al ascenso por antigüedad únicamente para la categoría de Presidente de Sala de Audiencia Territorial y sus similares. Grandes y entusiastas aplausos merece, ciertamente, este precepto, por el cual, y mientras su vigencia subsista, se despoja el Ministro de las facultades que las Leyes Orgánica y Adi-
cional le conferían para la provisión de dichas plazas. Empero, ¿á qué criterio puede obedecer la norma en dicho artículo adoptada para la adjudicación de las vacantes, dando de ellas sólo una á la antigüedad absoluta, ó sea las correspondientes al turno tercero, y nada menos que todas las tres restantes, ó sea las respectivas al primero, segundo y cuarto á la de categoría? Hemos dicho antes dando y debemos retirar la palabra como inadecuada al caso en su concepto gramatical, toda vez que á los de la antigüedad absoluta nada nos da el Decreto, pues ese turno tercero ya lo teníamos no por un Real decreto ó disposición ministerial, sino por una Ley, porque la de Presupuestos de 1895, elevó á tal el de 24 de Septiembre de 1889, en el que sabiamente estatuyó el Sr. Canalejas el tan repetido turno tercero; y, en cambio, á los del turno de categoría se les conceden ahora en el nuevo Decreto—que sigue las frases bueñas de la innovación sobre este punto marcada por el de 28 de Junio del año anterior,—no uno, como les atribuían las Leyes Orgánica y Adicional—y éste con las limitaciones de los arts. 44 y 45, párrafos terceros de la última,—ni dos, cual disponían los Decretos, siempre aplaudidísimos, de 22 de Diciembre de 1902 y 14 de Marzo de 1907 que esta-
blecieron el justo principio de lo vulgarmente llamado entre nosotros sistema de milat y milat, ó dos y dos, sino nada menos que tres, repetimos, de cada cuatro va-
cantas... Y, claro es, por ese procedimiento ni ahora ni nunca puede llegarase á la ansiada nivelación de ambas escalas, porque, según gráfica comparación de un discretí-
simo funcionario, si yendo dos personas, una á paso lige-
ro y otra al mesurado, al mismo sitio, la primera no de-
tiene el suyo, forzosamente llegará mucho antes, y no será nunca alcanzada por la segunda... No se nos alcanzan ni la razón filosófica ni el fundamento de justicia ni de equi-
dad en que semejante diferenciación pueda cimentarse ni apoyarse, y aún nos permitimos esperar que la sabiduría de las Cortes sancionen la plausible proposición de Ley presentada por el diputado Sr. Jorro Miranda, mediante cuya virtualidad se nos reintegraría en nuestros derechos, siempre preferidos y tan tenaz como constantemente olvi-
dados.

En general, y salvo algún que otro extremo ó detalle de sus disposiciones, deben tributarse aplausos á las conteni-
das en los otros artículos de dicho Real decreto, y sólo exi-
gen comentario especial los preceptos en el 14 contenidos. En él, el Poder Ejecutivo parece penetró en el terreno del Legislativo, estableciendo, como ya lo habían hecho algún otro Decreto, y una Real orden de 1889, Incompatibilida-
des no previstas ni marcadas en nuestras Leyes Orgánicas, cuales las de extender la de residencia durante ocho años á los cargos que se sirvan en la provincia y la del nacimiento en ella. Mas esto, que algún exagerado pudiera hasta esti-
mar como una especie de intromisión de un Poder en la esfera de otro, ni lo fué realmente, ni produce la finalidad de lesionar ningún derecho adquirido, ya que en los dos primeros incisos de ese artículo 14 que comentamos, se preceptúa ú ordena su vigencia para lo sucesivo al prohibir que, en adelante, se hagan nombramientos de funcio-
narios á quienes afecten esas nuevas modalidades de In-
compatibilidad.

Mas,—y he aquí lo grave del problema plantead por la disposición ministerial—, en el apartado 3.º del repetido artículo se ordena las traslaciones de cuantos llevaron más de ocho años de permanencia en una población, aun-
que fuese en diferentes destinos de las carreras judicial y fis-
cal. Y en este punto concreto,—no guiados, por el interés personal, por afectarnos, cual desde luego confesamos, la in-
novación inderectada,—sino basándonos únicamente en razo-
nes de lógica irrefutable, no podemos menos de consignar,
—dentro, repetimos, del terreno doctrinal—, nuestro ori-
terio, del todo opuesto al consignado en dicho Decreto. El art. 234 de la ley Orgánica de Tribunales, consta de cuatro números, que establecen distintas incompatibilidades, que dan lugar á la necesaria traslación de los Jueces y Magis-
trados, refiriéndose el primero de aquellos á cuando dichos funcionarios lleven ocho años de residencia en una misma población. En el título 20 del citado Cuerpo legal se esta-
tuyen y prefijan cuantas disposiciones afectan al Ministe-
rio Fiscal; y, dentro del capítulo 10, que trata, entre otras cosas, de la traslación de los funcionarios de ese Mi-
nisterio, existe un artículo, el 830, que declara aplicables á aquél las aludidas disposiciones de los números 2.º, 3.º y 4.º del 234, omitiendo, pues, únicamente el repetido nú-
mero 1.º, que al tiempo de residencia se refiere á Y, puede atribuirse á olvido del legislador y legislador tan sabio co-
mo el célebre autor de esa ley del 70, la no inclusión de ese número 1.º del 234 en la redacción del 830º... De nin-
guna manera. Y no se diga, para cohonestar el nuevo cri-
terio que ahora se adopta con el anteriormente seguido, que no precisaba tal mandato, dado el establecido en el precedente art. 829; pues, una cosa es la traslación forzosa ú obligatoria, al cumplirse tal período de tiempo, y otra muy distinta la necesaria facultad del Gobierno para tras-
ladar libremente á los que en dicho Cuerpo fiscal sirvieren,