El Foro español (Madrid. 1898) (1912-12-20 00:00:00), página 9

se suponen vulnerados en los motivos séptimo y octavo del recurso; y

Considerando, en fin, que la sentencia recurrida no puede calificarse de incongruente, como se afirma en el motivo sexto, porque en los fundamentos de hecho y de derecho que puedan consignarse con más ó menos acierto, nunca susceptibles de casación, aduzca razones para afirmar y hacer ver mejor la justicia de conceder todo aquello que se pedia en la demanda, y que, en efecto, concede,

Fallamos: Que debemos declarar, y declaramos, no haber lugar á los recursos de casación, por infracción de ley, interpuestos por la «Sociedad Editorial de España» y por D. Alfredo Vicenti Rey Fernández, como director del periódico El Liberal á los que condenamos al pago de las costas, y al último, además, á la pérdida del depósito que ha constituido, que se distribuirá con arreglo á la ley.

Buenaventura Muñoz, presidente; V. Cobian; M. Encisc; R. Berméjo, ponente; A. Gullón, M. Pérez Veillido y J. de la Cruz Cisneros.

Comentando la sentencia.

Por lo mismo que estoy al frente de una Revista que desde antiguo viene representando á la Judicatura en la Prensa y por voluntad expresa de los funcionarios que la componen, lamento tener que disentir de los dignísimos Magistrados que suscriben la ya famosa sentencia recalcada en el pleito llamado de El Liberal, y con la que lealmente creo no añadirá nuestra Magistratura un prestigio más á los muchos que en buena lid tiene ganados y por los que es general y justificada opinión la de que en este desgraciado país en que casi todo ha fracasado es aquella noble institución una de las pocas que se conservan sanas y se van salvando de esto que pudiéramos llamar naufragio general.

Dejando aparte fases de la cuestión que se salen fuera de la esfera de acción exclusiva del jurista y mirada sólo en su aspecto legal, no es mucho lo que de nuevo puede decirse después de la crítica, de día en día generalizada, que de dicha sentencia se está haciendo pública y privadamente por tan eminentes jurisconsultos, que tal vez resulte ya hasta inmodesta el dar opinión en este punto. Sin embargo, yo que no cuento otro mérito que el afán del estudio de que por mi ignorancia tanto necesito, podrá decir que este deseo único me movió á extractar y reunir extractadas en dos tomos todas las sentencias que en casación y en materia de Derecho sustantivo civil y mercantil dictó el Supremo Tribunal desde la respectiva promulgación de ambos Códigos, y por eso he podido observar con verdadero conocimiento de causa que no existe en los anales de la jurisprudencia precedente alguno que justifique el criterio ahora ostentado por el Tribunal Supremo, y lo que es más, que este criterio señala una orientación completamente contraria á la sentada por ese alto Tribunal hasta el día en materia de indemnización de daños y perjuicios; por lo cual, y sin meternos á discutir como lo hacen los defensores de la sentencia acerca de si la nueva orientación es ó no conveniente (quizá en esto no estamos del todo disconformes), es lo cierto que si la jurisprudencia ha de constituir un cuerpo legal de interpretación del derecho constituido, esta interpretación ha de ser uniforme, sin que pueda encontrarse dentro de buenos términos jurídicos discutible el que subsistiendo los mismos principios legales se la interprete en cada caso de modo distinto, pues si las circunstancias aconsejasen otra cosa se debe recabar del Poder legislativo, y medios legales tiene para ello el judicial, la reforma de la ley, que no es propio de ningún Tribunal, por alto que sea, hacer que vaya evolucionando á fuerza de inclinar su interpretación en determinado sentido, y máxime si, como hemos indicado, esto es contrario al ya determinado por la nutrida jurisprudencia del mismo Tribunal, según la cual y hasta el momento presente era preciso demostrar, para que la indemnización procediera, no solamente el hecho de que se quería hacer arrancar, sino que el daño se había realmente originado y en la cuantía reclamada (sentencias, entre otras muchas, de 8 de Noviembre de 1895, 7 de Junio de 1900, 20 de Mayo y 7 de Junio de 1905), debiéndose además de mostrar si algún daño se ha sufrido, que éste procede sólo y exclusivamente como consecuencia necesaria del acto ó omisión á que se atribuye, según doctrina de la sentencia de 16 de Junio del citado año 1905. Y á tal límite se ha exigido hasta aquí la prueba plena del perjuicio sufrido, prueba que, según tenemos entendido ni se ha intentado siquiera en el pleito de que ahora se trata, que existe una sentencia del propio Tribunal Supremo, la de 12 de Febrero de 1902, en pleito seguido contra la Compañía de Tranvías de Madrid, sobre indemnización de 7,000 pesetas (no era mucho), solicitada por un hijo por atropello y muerte de su madre, sentencia en la que en el punto en que discutimos se sentó una doctrina tan extremada (digámoslo así por no violentar la frase), como que después de condenada la poderosa Compañía en el Juzgado y en la Audiencia, se casó la sentencia de ésta por el Supremo, fundado, no sólo en que no se había demostrado ni intentado demostrar en el pleito que la muerte de aquella señora hubiera causado perjuicio material al hijo, sino que éste había manifestado, que lejos de ser ella la que le ayudaba, era él el que tenía que atender á su manutención (!).....

Por cierto que en esta sentencia, que confieso leí con asombro, se encuentran otras consideraciones legales que tampoco me parecen muy conformes con las que últimamente se sientan en la sentencia que respetuosamente comentamos, entre ellas la de consignarse que la cifra de la indemnización no cabe que el demandante la fije caprichosamente.

Por otra parte, y mirada la cuestión bajo otro aspecto, algo entendemos que podía haber pasado en el ánimo del Tribunal, no solamente el tiempo transcurrido hasta que la acción se entabló, sino también el hecho de que de los tres periódicos que dieron la noticia origen del pleito sólo se haya perseguido al más solvente, y nada se haya hecho ni en el orden penal contra los otros dos, lo que parece indicar que se ha perseguido más el supuesto perjuicio material que no el moral, siquiera á última hora se haya querido quitar efecto en este punto con esa anunciada imposible y antijurídica donación de que se ha hablado.

Por último, he de lamentar que en ese extracto de más de cuatro mil sentencias, que tanto para el periódico que di-