El Foro español (Madrid. 1898) (1912-02-20 00:00:00), página 12

inestimados y parafernales, pero, al efecto de que el cuadro que presentamos sea en lo posible completo, trataremos ahora de la capacidad jurídica de la mujer casada, en relación á lo que es el epígrafe de este capítulo.

¿Cómo actúa la capacidad jurídica de la mujer casada, en relación con los bienes dotales estimados? Seremos muy parcos en la contestación. Estos bienes, de acuerdo con lo dispuesto por el art. 1.346, pasan en pleno dominio al marido, y es él, por sí solo, el que contrata sobre los mismos. La capacidad jurídica de la mujer, esto es, su intervención legal con relación á los mismos, se limita á lo siguiente:

1.º Si es mayor de edad, á exigir, á no exigir ó renunciar la hipoteca legal (art. 182 de la ley Hipotecaria).

2.º En el caso de posposición de ésta, con su consentimiento, por supuesto, á recabar la subrogación de la hipoteca en otros bienes del marido (artículo 190 de la citada ley).

Tratándose de los bienes de la sociedad conyugal, la mujer—salvo pacto en contrario, consignado en capitalización matrimonial (art. 59 del Código civil)—no podrá obligar los bienes de la sociedad de gananciales sin consentimiento del marido. Difícil es precisar lo que el Código ha querido decir con la palabra obligar. ¿Será esta tan amplia que signifique enajenar? No lo creemos, dada la situación en que el marido y la mujer se hallan colocados por el Código; haciendo éste á aquél el representante de la sociedad conyugal, parece ser que los actos de enajenación y gravamen deben ser privativos de él. En todo caso, la cuestión pierde su importancia, porque, una de dos: ó el marido comparece en el acto ó contrato, en cuyo caso será él quien le realice, ó da la licencia á la mujer por separado para que le execute, en cuyo caso también parece lo más natural que tal licencia, no obstante la forma de consentimiento tan sólo, sino más bien la de mandato, en cuyo caso la mujer realizará tales actos como apoderada del marido más bien que por su propio derecho.

Por lo demás, su esfera de acción en este punto es restringidísima, pues, por regla general, no interviene para nada en los contratos relativos á estos bienes, que puede realizar el marido por sí solo, cuando se trata de enajenaciones á título oneroso y aun lucrativo, en los casos de exención consignados en el art. 1.413 del Código, desapareciendo de tal modo su personalidad que el legislador no exige ni siquiera su nombre; basta con hacer constar el estado del marido en el contrato (R. de 12 de Marzo de 1889).

Ahora, una vez disuelto el matrimonio, la situación de la mujer es idéntica á la que puede ostentar el marido: un y otro tienen la misma capacidad, limitada á la libre disposición de su mitad de gananciales, practicada la liquidación de la sociedad conyugal. (R. de 30 de Abril de 1907)

Mateo Azpeltia.

(Se continuará)

Los juegadores no deben olvidarse nunca de que lo son en el ejercicio de sus funciones, como en su vida privada; deben, como el sacerdote, dar ejemplo de virtud para hacerse respetables; pero de la autoridad que la Ley les concede, no deben alardear fuera de su cargo, ni cuando la necesidad del mismo no lo requiera. Es decir, que siempre deben vivir como jueces; pero no siempre vivir en juez.

La ley de Tribunales industriales

Es muy lindable la reforma de esta ley que se proyecta, cuya sola iniciativa demuestra que las deficiencias de la anterior no se debían á Juzgados ni á Secretarios, sino á que no respondía, cosa que no ocurrirá en adelante, á un criterio verdaderamente científico por la extensión del Jurado á las cuestiones relacionadas con el trabajo, quedando al Juez lo que es propio de su misión de juzgar.

Bien nos parece que se deje de considerar al Secretario como burro de carga, obligado á trabajar gratis, y por la misma razón también aplaudimos que puesto que era potestativo valerse ó no de procurador, se obligase á éstos á representar gratis también á los pobres, y si, como indica muy atinadamente un colega, esto puede dar lugar á que aumente el número de mercachifles curialescos que alucinan á los obreros, misión de los Secretarios es el ahuyentarlos, recibiéndolos con cara de perro, y de los Jueces, haciendo uso de la facultad que le concede el art. 6.º, de designar á los obreros Abogado de oficio, siempre que se huelan la intervención del pica-pleitos.

En el nuevo proyecto, á la vez que se amplían los casos de casación, se suprime la apelación, y se reduce á cuatro y dos suplentes el número de jurados, para evitar las complicaciones á que daba lugar el número de éste, llegando hasta tal extremo en este punto, que dispone en su art. 27 que si á la segunda cita no comparecen los Jurados y ninguna de las partes solicita una tercera, se seguirá el juicio solamente ante el Juez de primera instancia.

Tal vez falgue algo la reforma en cuanto á la manera de constituirse el Jurado por sorteo, tal como se establece, que puede dar lugar á que sean poco ó nada competentes en la materia de que se trate, siquiera al Juez quede reservada la aplicación del derecho.

Tampoco nos parece conveniente para la independencia del fallo, y dado lo que á veces coaciona un mal entendido espíritu de solidaridad de clase, el que la votación no sea secreta.

Se establece una preferencia, no muy justificada, de las vistas de los recursos de casación procedentes de estos asuntos.

Y por último, de desear sería que la derogación que se contiene en el artículo final fuese absoluta y no con la fórmula de «en cuanto no se oponga», que siempre puede dar origen á interpretaciones.

En general, pues, nos parece buena la obra del Instituto de Reformas Sociales, y en su día daremos el texto íntegro de la ley; hasta por hoy lo que dejamos dicho por vía de anticipo.