El Foro español (Madrid. 1898) (1913-05-30 00:00:00), página 14

plimiento de aquella obligación, se pide la indemnización de los daños y perjuicios y las costas, aparte de que las obligaciones puras como la de que se trata son desde luego exigibles y ésta no llega á cumplirse hasta bastante tiempo después de formulada la demanda.

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Arrendamiento.—Subarriendo.—Sentencia de 8 de Julio. (Gaceta de 22 de Octubre de 1912.) Declara que las disposiciones de los artículos 1.550 y 1.551 del Código Civil por hallarse sabiamente inspiradas en el propósito de garantizar el buen uso y conservación de la cosa arrendada, extienden la ley del contrato al que por subarriendo realiza la explotación del inmueble arrendado y en tal concepto no puede alegar la condición de tercero.

Y que reconocido y declarado que el subarrendatario, en este mismo concepto, viene obligado á realizar la explotación en la forma pactada entre arrendador y arrendatario en el oportuno contrato á cuyos términos claros y precisos ha de estar, sin que le sea licito alterar su sentido literal con interpretaciones innecesarias.

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Daños y perjuicios.—Responsabilidad del Estado.—Imposición de costas.—Sentencia de 8 de Julio. (Gacetas de 22 y 23 de Octubre.) Declara que, según el párrafo 5.º del art. 1.903 del Código Civil y la doctrina establecida por sentencias del Tribunal Supremo, entre otras, la de 18 de Junio de 1904, en materia de daños y perjuicios, queda limitada la responsabilidad del Estado á los que contrae por mediación de un Agente especial á quien otorga mandato ó comisión concreta para un acto ó efecto determinado que motiva la reclamación, no cuando ésta se funda en hechos ó omisiones imputables al funcionario público encargado de un servicio administrativo ó técnico, á quien se puede exigir la reparación debida en la forma que establece la ley de responsabilidad civil.

Y que la facultad de una Sala sentenciadora para apreciar la buena ó mala fe de los litigantes e imponer las costas á quien lo mereciera, por su temeridad, no la capacita ni autoriza para modificar ni revocar una sentencia, en lo que fuere consentida por las partes, ni siquiera entender que está requerida para ello mientras no haya apelación ó se adhiera á la interpuesta quien pueda ejercitar ese derecho, canon á que debe subordinar el Tribunal á quo su fallo para no alterar el pronunciamiento consentido sobre las costas en primera instancia.

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Competencia.—Compraventa.—Sentencia de 8 de Julio. (Gaceta de 23 de Octubre de 1912.)—Resuelve que cuando en los contratos de compraventa mercantiles no consta pacto seguro respecto al lugar en que debe verificarse el pago del precio, y en cuanto á la entrega de la cosa vendida, sólo resulte que el género se ha recibido en el domicilio del comprador, sin que aparezca que la remesa se haya hecho por cuenta y riesgo del mismo, á los efectos del párrafo 2.º del art. 1.500 del Código Civil, ha de estimarse que la obligación de pago debe cumplirse donde la entrega material se realizara, según repetida jurisprudencia del Tribunal Supremo.

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Compraventa.—Acción personal.—Sentencia de 8 de Julio. (Gaceta de 23 de Octubre de 1912.) Declara que celebrado un contrato de compraventa mercantil por medio de correspondencia, en la que se conviene no sólo sobre la cosa y el precio, sino respecto á otros accidentes del contrato, entre los que se halla la condición de que el pago ha de hacerse en una letra, aceptada por el comprador, y por tanto en su domicilio, es evidente que, surgida competencia, hay que atenerse para resolverla á los términos especialmente pactados, y no á los generales que puedan contener las facturas ó cualquiera otro documentos ajenos á la convención, y no aceptados por una de las partes, siendo en su consecuencia de aplicación el párrafo 1.º del art. 1.500 del Código Civil, en relación con la regla primera del 62 de la ley Procesal, que fijan la competencia para conocer del pleito á favor del Juez del domicilio del demandado, por ser el del lugar en que la obligación ha de cumplirse.

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Compraventa.—Bienes de menores.—Eficacia de los contratos.—Sentencia de 10 de Julio. (Gacetas de 23 y 28 de Octubre de 1912.)—Declara que si se reconoce que el contrato de compraventa de determinado solar perteneciente á menores, ha quedado perfeccionado con la subasta celebrada mediante la observancia de cuantos requisitos y formalidades establece la ley para la venta de bienes de menores, á partir de esta premisa sobre la cual no cabe discusión, es indudable que si la escritura pública otorgada para formalizar dicho contrato carece de eficacia en cuanto á uno de los menores, por no haber intervenido éste en dicha escritura con licencia y autorización de su marido, como fuera de rigor, por haber cambiado de estado en el intermedio de ambos actos, asiste al comprador el derecho que le confiere el artículo 1.279 del Código Civil, de compelir al vendedor á llamar esa formalidad, otorgando nueva escritura, en la que se subsane el defecto cometido en la primera, y al no entenderse así se infringen dicho artículo y sus concomitantes los 1.278 y 1.280 del propio Código.

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Competencia.—Honorarios de Letrado.—Acción personal.—Sentencia de 12 de Julio. (Gacetas de 28 y 30 de Julio de 1913.)—Declara que los honorarios devengados por los Letrados en el ejercicio de su profesión, como cualesquiera otros servicios que necesariamente deban prestarse ó se hayan prestado en un lugar determinado, salvo pacto en contrario, en el mismo lugar debe cumplirse la obligación de pago, según reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo, por sobreentenderse así tácitamente convenido y proceder en su consecuencia la aplicación del párrafo 1.º del art. 1.171 del Código Civil.

Y que pretendiéndose por un Letrado el pago de cierta cantidad, importe de honorarios devengados en asuntos de determinada Sociedad, aunque ésta al promover la inhibitoria afirmé que los servicios de Letrado se han prestado en concepto de representante comercial de la casa, y por ello sólo debe percibir la comisión pactada, sea cualquiera la decisión que se adopte en el fondo sobre la forma de satisfacer dichos honorarios y su cuantía, es evidente que si se trata de gestiones realizadas por el actor ante los Tribunales de su domicilio, la obligación de pago debe cumplirse; en su caso, en este punto, cuyo Juez resulta, por tanto, competente para conocer de la reclamación á ese efecto encaminada, en virtud de la regla 1.ª del artículo 62 de la ley Procesal.