El Foro español (Madrid. 1898) (1912-06-20 00:00:00), página 5

de íctiva. El desconocimiento moral del hombre no es seguramente el guía mejor de la voluntad, y la intencionalidad delictiva está en razón directa de la intensidad criminosa.

La corriente que pudiéramos llamar represiva, y que tanto domina en la opinión, está desprovista de toda lógica. Y el clamoroso levantado por la repetición de unos mismos hechos, tiene la inconsciencia de las peticiones mis- dosas. Sería preciso recordar á este propósito la conocida frase de Mendizábal: «La responsabilidad de las acciones humanas está basada en considerar al hombre como causa eficiente y libre de ellas.»

E. DE MACHO-QUEVEDO.

Reinoso, 1912.

BOLETÍN DE LA SEMANA

LEGISLACIÓN

Fiscalía del Tribunal Supremo.—Circular de 10 de Ju- nio de 1912, dispone que en todos los negocios en que la ley exige la intervención del Ministerio fiscal no con- sienta éste que de ellos conozcan otros Jueces ó Tribu- nales que aquellos á quienes por expreso precepto legal co- rresponda. (Gaceta del 11)

«La inobservancia advertida en algunas ocasiones de las reglas establecidas en el art. 63 de la ley de Enjuiciamiento civil para fijar la competencia de los Juzgados de pri- mera instancia en orden al conocimiento y substancia- ción de determinados asuntos, especialmente de los relati- vos á declaración de herederos, aprobación de operaciones participacionales y actos de jurisdicción voluntaria, en que sin plantearse una verdadera contención entre partes se soli- cita ó es precisa la intervención judicial, me obliga á llamar la atención del Cuerpo fiscal á fin de que, mante- niendo un criterio fijo y uniforme, utilice cuantos recur- sos autoriza la ley para que desaparezca toda corruptela en la materia.

Cuestión de tanta trascendencia por lo que afecta al buen orden, régimen y prestigio de los Tribunales, fué ob- jeto de consulta resuelta por esta Fiscalía en 15 de No- viembre de 1910, resolución inserta en la página 41 de la Memoria que en 15 de Septiembre último tuve el honor de elevar al Gobierno de S. M.

Con posterioridad se han repetido los casos en que los interesados, en vez de acudir al Juzgado á que la ley atribuye la competencia para conocer de los referidos procedi- mientos, lo han hecho á los de otros partidos sin causa que justifique su proceder, lo que autoriza la sospecha de que obedezca á móviles que no se armonizan con el respeto que á todos debe merecer la Administración de justicia y el estricto cumplimiento de la ley, siquiera se invoque en apo- yo de tal conducta, con manifiesto error en su aplicación, á juicio de esta Fiscalía, el principio de sumisión recono- cido como primera regla para determinar la competencia por el art. 56 de la vigente ley de Enjuiciamiento civil.

El texto de este precepto dice literalmente que «será Juez competente para conocer de los pleitos á que dé origen el ejercicio de las acciones de toda clase, aquél á quien los li- tigantes se hubieren sometido expressa ó tacitamente», términos que ponen de manifiesto que se refiere exclusi- vamente á pleitos y litigantes, á los casos en que se ejer- citen acciones en que exista contienda ó litigio judicial.

Así, pues, para que dicha regla sea de aplicación y se entienda prorrogada la jurisdicción por la sumisión, es absolutamente preciso que haya contendientes que en ella convengan de modo parecido á como pudieran someter sus diferencias á los árbitros ó amigables componedores.

Cuando no existan contendientes, cuando la gestión ju- dicial sea unipersonal ó de una sola parte, como ocurre al promoverse un acto de jurisdicción voluntaria ó una de- claración de herederos abintestato, etc., si la sumisión por sí sola determinara la competencia, resultarían siempre inaplicables cuantos preceptos para fijarla en estos casos establece la ley Procesal, puesto que los interesados únicos sin el consenso de nadie podían escoger el Juzgado o Tri- bunal que les pareciera más conveniente para sus fines.

La ley de Enjuiciamiento civil de 1855, en su art. 1.208, al señalar las reglas á que habían de ajustarse los actos de jurisdicción voluntaria, se limitó á prevenir que las actuaciones se practicaran en los Juzgados de primera instancia, sin determinación especial para cada caso, permitiendo así á los interesados acudir al que libremente eligieran. Mas la vigente ley Procesal, al reproducir las prescripcio- nes de la provisional sobre Organización del Poder judi- cial, que establecía reglas especiales para fijar la compen- tencia en cada caso, demuestra claramente el propósito de cambiar el sistema anteriormente adoptado; y de prevale- cer el de la sumisión hecha á discreción por los interesados que promoviesen las actuaciones, se volvería al de la ley de 1855, resultando in-fecaz la reforma y frustrados los manifiestos propósitos del legislador.

Cierta es que el art. 63 de la ley Procesal deja á salvo el principio de la sumisión, pero los términos en que lo ve- rifica al decir «fuera de los casos expresados en los artícu- los anteriores», excluyen su aplicación á los procedimien- tos de que se trata, ya que entre esos artículos anteriores á que se refiere figura el 56, que, como queda expuesto, sólo puede ser de aplicación á los pleitos y á los litigantes, y no á los asuntos en que, sin ser propiamente contenciosos, ni por su naturaleza de la privativa esfera de la Adminis- tración de justicia, á la que no se atribuyen en otras na- ciones, están llamados nuestros Jueces y Tribunales á interponer su autoridad por expreso precepto de la ley Procesal.

Aun prescindiendo de todas las consideraciones expues- tas, es preciso tener en cuenta que en esas actuaciones, como en cuantas afectan á los intereses públicos ó se refie- ren á personas ó cosas cuya protección ó defensa corres- ponda á la Autoridad, es parte el Fiscal por ministerio de la ley y está facultado para consentir ó no la resolución judicial, lo que viene á resolver la cuestión en los propios términos indicados, pues aun admitida en hipótesis una amplia interpretación del precepto contenido en el art. 56 de la ley de Enjuiciamiento, no bastaría nunca la simple sumisión de una de las partes para fijar la competencia, puesto que exige la de todas, y en este concepto la del Mi