El Foro español (Madrid. 1898) (1912-06-30 00:00:00), página 4

vía publicación de edictos se declare su dominio, sin necesidad de más prueba, porque acompañando un documento fehaciente ninguna otra puede darle más valor. Se termina el expediente sin oposición, y llega el caso de tener que dictar el Juez providencia (que para que todo sea anómalo basta una providencia para declarar el dominio de un inmueble), y no tiene más que dos soluciones: aprobarlo ó rechazarlo; y digo dos soluciones, porque el Juez, según la formalidad tercera de dicho artículo 400, ha de calificar la prueba por la crítica racional, y puede muy bien decir en este expediente se ha probado la adquisición, pero no el dominio, lo cual no es igual, y en España para acreditar la propiedad es necesario:

1.º Que se esté en posesión de la cosa, porque si esta no se posee se tendrá derecho ad rem, pero no un derecho in re, lo que no se ha probado.

2.º Que la cosa esté en el comercio, y como aún no hace treinta años que se ha promulgado el Código civil, que el inmueble no haya sido del Estado, de la Provincia ó del Municipio; que tampoco haya sido de la Iglesia, de menores ó incapacitados, etc., etc., lo cual tampoco se ha acreditado.

3.º Que el solicitante ó sus causahabientes hayan poseído por más de veinte años con buena fe, justo título y posesión continuada, lo cual tampoco consta.

Y en su virtud declara que no está acreditado el dominio. Aceptada esta teoría no podrá menos de reconocerse que el expediente de dominio ha muerto.

Sigamos la segunda hipótesis: que el Juez ateniéndose á la letra del art. 400 declara justificado el dominio y que éste se inscriba. Consecuencias:

Si es verdad el expediente, ninguna; pero si éste es falso, es decir, que si el vendedor no ha sido dueño ni siquiera poseedor, es natural que una vez inscrito quiera aprovechar la inscripción y que pida con arreglo al art. 41 la posesión del inmueble, y obtenida ésta será cuando el verdadero dueño verá los efectos por lo que entablara la demanda, y durante el juicio (porque el Juez no puede rechazarla de plano) acreditará con títulos no inscritos su trato desde el año 65, con certificado que desde dicha fecha paga la contribución como dueño, y que desde aquel año hasta que judicialmente ha sido despojado ha poseído la finca, cultivándola, recogiendo los frutos, etc., etc. Llegado el pleito al trámite de sentencia también el Juez podrá optar por estas dos soluciones ó condenar al demandado, en cuyo caso para nada le ha servido el expediente de dominio contra títulos no inscritos, ó absolvérle de la demanda confirmando el despojo.

Poniéndonos en este último caso veamos por qué una misma escritura ha sido antes suspendida y luego inscrita, y sólo encontramos como diferencia unos edictos, y digo sólo esta diferencia porque no se ha presentado más prueba que dicha escritura; porque la citación del causante no tiene valor ya que no es posible que niegue lo que ha otorgado ante el Notario y porque la Audiencia del Ministerio fiscal no aumentó valor á lo tratado.

Y ahora comparemos el resultado del expediente de dominio con la inscripción lisa y llana de esa misma escritura, pero sólo con el carácter de posesión, y veremos que si la transmisión es verdadera y justa no habrá perjuicios para nadie, en todo caso quien los tendrá será el adquirente por haber inscrito la posesión en vez del dominio, y si la venta es amañada y ni vendedor, ni comprador tienen ni siquiera la posesión, como no es admisible pensando humana y razonablemente, que tanto uno como otro interesado otorguen una escritura sin objeto de lucro, es natural que recurran al citado art. 41 y obtengan la posesión material, ocasionando en este momento verdadero perjuicio al legítimo propietario.

El despojado acudirá al Juzgado y como quien le ha despojado sólo es poseedor, su demanda si es justa prosperará, lo que no ha sucedido contra el expediente de dominio. Además, en vez de los seis meses de los edictos, de los cuales no se ha enterado, tendrá cuando menos diez años para conseguir recuperar el derecho de que ha sido privado.

Así, que, resulta en puridad, que después de tanto cen­surar á Calígula, necesitamos en España, no una escalera y un microscopio para saber lo que nos interesa, sino un gasto diario de dos pesetas y dos horas de tiempo perdidas para dedicarlas á la lectura de los periódicos oficiales, si no queremos que se nos despoje sin saberlo.

Ahora puesta la mano sobre el corazón y pensando en la ilustración é idiocinseria de los españoles, digase qué preferirán éstos; si la inscripción de la escritura con efectos posesorios ó el expediente de dominio.

2.º Con el expediente posesorio.

Prescindiendo de lo que son en la práctica y fijándonos sólo en el derecho, vemos que el requisito esencial de este documento es la declaración de los testigos, pero como éstos sólo se contraen en sus declaraciones á la afirmación de poseer en nombre propio, resulta que no hay responsabilidad exigible, en cuanto al solicitante, porque la afirmación de su escrito no constituye delito, y en cuanto á los testigos, porque siendo verdad el hecho exterior de la posesión, del cual deducen el elemento interno, á nombre propio, tampoco les cabe responsabilidad penal, de modo que sin ser posible hacer á nadie responsable criminalmente hemos burlado los sagrados derechos de propiedad, utilizando una serie de trámites que nada significan y que en su fondo tampoco valen.

Como la inscripción de la escritura posterior á 1909 sólo ha de tener el carácter de posesoria, la verdadera comparación la debemos hacer con los títulos de esta clase, y vemos que en ambos documentos existe igualdad en cuanto al título, es decir, en cuanto á la razón de poseer, pues ni al uno ni al otro se les exige que acrediten el por qué se es propietario ó poseedor. No hay, pues, razón para darle al uno preferencia sobre el otro.

Hay, sin embargo, una diferencia y es el hecho material de la posesión que en el expediente se prueba y en la escritura queda á la buena fe del otorgante, pudiendo en muchos casos ser un hecho falso. Pero en cambio existe en la escritura una responsabilidad criminal, y es la del artículo 550 del Código penal, clara y patente, y con ella queda compensada.

Parecerá crudo y lo es (¿por qué no se ha de decir la verdad?) que sólo la escritura sea bastante para producir una inscripción, porque alargando el principio concluiremos por pedir que una simple instancia ó una manifestación