El Foro español (Madrid. 1898) (1912-12-10 00:00:00), página 10

explicable en un funcionario del orden judicial, conocedor pertinaz del Derecho, ni tiene el menor fundamento, ni es oportuno después de su silencio ante el Real decreto de 7 de Octubre de 1910. Hubiéramos alarmado entonces y nadie hubiese extrañado su actitud, pues realmente, en tan inesperada disposición, se abrió la puerta del favor para unos cuantos caballeros por el solo hecho de tener ultimados sus expedientes, para dar el carrojazo, dejando fuera a los demás, de igual o mejor derecho por haber prestado servicios no retribuidos en el Poder judicial, en cuyo caso se encuentran los Fiscales sustitutos y los Fiscales municipales letrados; pero alarmarse ahora porque los Fiscales sustitutos reclamen un derecho que les corresponde por ministerio de la ley, nos produce, más que indignación, verdadera hilaridad.

Ahora bien; si dichos auxiliares de la Administración de justicia—como les titula el digno comunicante—exageran sus pretensiones hasta el punto que con error supone, innudablemente que habrá necesidad de moderar esas exageradas pretensiones reduciéndolas á sus racionales y legales límites; pero confía su petición á las disposiciones de la Adicional á la Orgánica del Poder judicial, ni da margen á protesta por parte de nadie, ni, de atenderla, resultaría la monstruosa injusticia que se supone, ni menos lesionaría derechos de ninguno de los funcionarios del Orden judicial, pues que en él entraron, con ó sin oposición, ya lo hicieron á sabiendas de que la ley Orgánica reconoce y reservaba derechos en favor de los letrados; y que si algunos ministros, dejándose llevar de cierta corriente, y en su afán de ser ó aparentar ser justos, atentaron periódicamente contra tan respetable derecho, haciendo tabla rasa de la Orgánica y de la ley fundamental del Estado, que rechaza la reforma ó derogación de la ley por Real decreto, también es cierto que esa puerta se ha tenido que abrir con harta frecuencia; no diariamente para prestar servicios gratuitos, sino para complacer á los políticos y caciques.

«Arrojar la cara importa, que el espejo no hay por qué.»

Combatá si quiere el comunicante el derecho constituido; trine, si bien le place, contra la ley Orgánica, que tal derecho estatuye; pero no se revuelva contra los Abogados-fiscales sustitutos que en forma legal reclaman su derecho y nada más que su derecho, pues su voz será, yo que clamo en el desierto, pues nadie que sienta la justicia presta rá oído á sus quejas y gemidazas. Y es en vano pretenda que el Gobierno remunere en otra forma los servicios prestados por tan dignos funcionarios Fiscales, pues existen sobre esto precedentes.

Es sabido, y él seguramente conoce las disposiciones del artículo 58 y la VIII disposición transitoria de la Adicional á la Orgánica del Poder judicial, que al llevarse á efecto la reforma, que produjo la supresión de los promotores, conforme á la ley, los Fiscales municipales letrados asumieron la representación del Ministerio fiscal en todos aquellos negocios civiles en que debe éste ser oído con arreglo á las leyes; y que la precitada (disposición transitoria) autorizó á los señores Fiscales de las Audiencias para designar los Fiscales municipales que habían de hacer sus veces en los asuntos en que los Promotores tenían intervención. Como se ve, el trabajo que durante algunos años gravitó sobre los Fiscales municipales era de gran consideración y la retribución nula, por lo que varios, de distintos territorios, y entre ellos los de esa villa y Corte, reclamaron del Gobierno al menos la mitad del sueldo que tenían asignado los Promotores suprimidos; pero en vano, pues por diversas Reales órdenes, entre las que recuerdo la de 8 de Mayo de 1833, inserta en la Gaceta del 23 del mismo, les fue denegada tal petición, fundándose en que aquella concesión había sido transferida á otro capítulo del presupuesto, y en que, además, en remuneración ó premio de tan relevantes servicios, ya la ley les reconocía y reservaba su derecho al ingreso en el Poder judicial; y esa misma doctrina sustentó el entonces Fiscal del Tribunal Supremo, Sr. Ruiz Capdepón, en su exposición reglamentaria al Gobierno de S. M., en 15 de Septiembre de dicho año. Esto sentado, es ocioso, y hasta contraproducente, que nuestro digno compañero geste sus energías intelectuales en defensa de causa tan perdida, pues con ello no ha conseguido otra cosa que despertar los legítimos apetitos de los Fiscales municipales, por lo menos aquellos que en el período de transición de uno á otro procedimiento desempeñaron además las funciones de los Promotores suprimidos, pues es de notar que éstos no solamente gozaban del igual, sino de preferente derecho sobre los Abogados-fiscales sustitutos, pues si hay quien sostiene que el turno de que se trata está abolido, ese teles es insostenible al tratarse de los Fiscales municipales, que cargaron con lo que quedó en tramitación del antiguo procedimiento penal y con las funciones de los suprimidos Promotores en lo civil, pues su derecho les está ratificado por diversas disposiciones soberanas como la ya citada; y el desconocimiento de su derecho no prosperará en el caso de un recurso en la vía contencioso-administrativa. Lo cual no puede darse en ningún otro caso, como pretende el comunicante, por las siguientes razones: Porque lo que se ha dado en llamar derecho al ingreso en la Judicatura por los Abogados que no prestaron servicios gratuitos al Estado en la Administración de justicia, no es tal derecho, sino una mera facultad discrecional de que puede usar ó no el Gobierno ó el Ministro en bien de aquéllo ó para premiar servicios no retribuidos, prestados en el Orden judicial; y por consiguiente, ni los Abogados por el mero hecho de ejercer determinado número de años, ni los que desempeñaron cargos retribuidos en la Administración de Justicia, pueden invocar ni pretender un derecho que no les concede la ley. Los únicos que pueden con seguridad de éxito reclamar, por derecho propio y no como gracia, el ingreso, son los Fiscales municipales letrados de capital de Audiencia territorial que durante el período de transición del antiguo al vigente procedimiento desempeñaron las funciones que cumplían los suprimidos Promotores, pues si, como dejo indicado, puede discutirse el pretendido derecho de los que, lejos de prestar servicios gratuitos, disfrutaron verdaderas prebendas, como los Jueces municipales, tratándose de los antes aludidos Fiscales, que, sobre sus funciones propias, cargaron con las de las Promotorías sin retribución alguna, es á nuestro juicio, inquestionable su derecho, no sólo porque el trabajo de los Promotores les fué imposto por la reforma, como queda indicado, sino porque lo tenían reiteradamente reconocido en las soberanas disposiciones antes aludidas. Es en lo único que coincidimos con el comunicante. De conceder el ingreso en la carrera Judicial á los Abogados fiscales sustitutos, habría que concederlo también á los Fiscales municipales, con y preferencia á los antes aludidos, que reemplazaron á los suspendidos Promotores, pues constituirá un verdadero expolio privarles de su derecho después de habérseles ratificado en pago de su trabajo y responsabilidad.

Y, por último, también estaríamos de acuerdo en lo de que el público certamen fuera el medio casi único para el ingreso en el Poder judicial, pero dado el actual sistema de opositor en que la inteligencia más despierta y aquilatada en la práctica, resulta muchas veces venida por la memoria de inexpertos muchachos recién salidos de las Aulas y, por consiguiente, desconocedores de la realidad, no podemos coincidir, pues la mayoría, al encargarse de un Juzgado, ó tienen que entregarse á los Secretarios o... Dios nos coja confesados.

UN ABOGADO EN EJERCICIO

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