El Foro español (Madrid. 1898) (1913-04-30 00:00:00), página 14

ción de que el pago deberá hacerse en el domicilio del vendedor:

Y que no negando en absoluto el demandado que la compraventa se celebrara, y antes bien, deducidoándose lo contrario de uno de los fundamentos de la inhibición, ó sea que la cosa vendida se halla en el pueblo del domicilio de aquél, ha de reputarse dicho documento como un principio de la prueba suficiente á estos efectos, y en su consecuencia, que la obligación reclamada debe cumplirse en el territorio del Tribunal municipal donde radica el domicilio del actor, por ser el lugar que para el cumplimiento de aquélla se fijó en el contrato, todo ello según la regla 1.ª del artículo 62 de la ley de Enjuiciamiento civil.

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Contrato de obras.—Arrendamiento de obras y servicios—Interpretación de los contratos—Novación.—Consentimiento.—Resolución de los contratos—Derecho de opción.—Sentencia de 22 de Junio. (Gacetas de 20 y 22 de Julio de 1912.) Declará que el art. 1.594 del Código Civil, que faculta al dueño de una obra á desistir por su sola voluntad de la construcción de la misma, aunque se haya empezado, no puede tener aplicación á un contrato de explotación de una mina en el que se estipule el arranque y calificación de mineral durante determinado tiempo, porque, sea cualquiera la calificación que esta convención merezca, y aun partiendo de la base, más admisible, de que constituya un arrendamiento de obras y servicios, aquel artículo, por su tenor literal y por la relación que guarda con el que le precede inmediatamente, se refiere á la construcción de un edificio ú obra por ajuste alzado y con arreglo á plano convenido, caso muy distinto del que es objeto de dicho contrato, y al que, por lo tanto, no puede regir aquel precepto, ya que por contener una excepción al principio de Derecho común sancionado en el art. 1.256, según el que no pueda dejarse al arbitrio de una de las partes el incumplimiento de los contratos, es de interpretación estricta, y consiguientemente no cabe darle otro alcance que el que consienta el tenor literal de su texto:

Que la novación, que consiste en la sustitución de deudores, requiere, lo mismo por el art. 1.205 del Código Civil que por la ley 1.º, título II, libro XLVI del Digesto y por el párrafo 3.º, título XXX, libro III de la Instituta, el consentimiento del acreedor, consentimiento que ha de constar por modo cierto y positivo, y que se prestará con el deliberado propósito de exonerar de sus obligaciones al deudor primitivo, para hacerlas recaer en toda su extensión sobre el deudor nuevo, porque solamente así se justifica que la insolvencia de éste no haga revivir por regla general el acreedor contra su primer deudor, como se establece en el art. 1.206 del mismo Código; y si bien es cierto que la ley exige mayores garantías para esta novación que para el caso de la que se realiza por la sustitución ó cambio de acreedores, y que en los contratos bilaterales las partes son recíprocamente deudores y acreedores, tales circunstancias no pueden ser óbice para que se aplique la doctrina anteriormente expuesta sin distingos ni atenuaciones á un contrato de esa naturaleza, á cuyos efectos el consentimiento á la sustitución ha de exteriorizarse por elementos de juicio concluyentes y no basta deducirse de actos realizados susceptibles de interpretaciones varias.

Y que el derecho de opción, otorgado por el artículo 1.124 del repetido Código, al contratante perjudicado en las obligaciones reciprocas de escoger entre el cumplimiento ó la resolución de lo convenido, cesa, por regla general, una vez hecha la elección que se hace en la vía judicial ó fuera de ella si llegara á términos de obligada concordia, pues en otro caso no habría razón para privar al contratante, fiel cumplidor de sus obligaciones, que es á quien favorece la ley, de un derecho que la misma le concede inspirada en principios de equidad.

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Prueba de presunciones.—Dominio y posesión.—Competencia de jurisdicción.—Poseedor de buena fe.—Sentencia de 23 de Junio. (Gaceta de 22 de Julio de 1912.)—Declará que se ajusta á los dictados del art. 455, en relación con el 1.258, ambos del Código Civil, y en su consecuencia no los infringe la Sala sentenciadora que hace descansar su resolución, no ya sólo en presunciones que acepta para elemento de prueba, sino que tomándolas todas en cuenta, combinándolas en conjunto y ejercitando la facultad soberana que á ese efecto la competente, forma juicio y convencimiento y declara probado que el Estado poseyó de buena fe determinados bienes por espacio de veinticinco años y hasta que por haber recibido una sentencia definitiva declarando que de los referidos bienes era otra entidad única y legítima dueña, quedó interrumpida la posesión de buena fe y vino por lo mismo el Estado obligado á abonar el importe de los frutos correspondientes al tiempo que mediara desde la fecha de la citada sentencia definitiva hasta la en que se diera posesión á la entidad, cuyo derecho reconoció aquella resolución firme, para cuya fijación, por falta de base conocida y concreta, debe acudirse al aprecio judicial en ejecución de sentencia.

Que en un caso como el citado no existe tampoco infracción del art. 4.º en relación con los 2.º y 3.º de la ley Orgánica del Poder judicial, toda vez que se trata de aplicar leyes de carácter exclusivamente civil relativas al dominio y posesión de un inmueble y de decidir respecto al ejercicio de una acción derivada de la propiedad de aquél, y tan sólo los Tribunales de la jurisdicción ordinaria son los que tienen potestad para aplicar dichas leyes, para juzgar y hacer ejecutar lo juzgado máxime si á mayor abundamiento se ha suscitado durante el curso del pleito incidente de competencia, resuelto reconociendo y proclamando que correspondía por entero al Juzgado de primera instancia ante el que se subordinaba.

Y que tampoco puede admitirse en el propio caso la existencia de error por indebida aplicación de los artículos 451 y 455 del tan repetido Código, si los bienes materia de litigio figuraron en los Catálogos de los del Estado no como pertenecientes á los propios de los pueblos en cuyos términos radican, sino como posidos directamente por el Estado de buena fe, durante el tiempo de que queda hecha mención, siendo, por tanto, aplicables los expresados artículos para establecer tanto que correspondieron al Estado en concepto de poseedor de buena fe, durante determinado tiempo, los frutos producidos, cuanto para declarar que tiene la obligación de abonar los percibidos desde la fecha en que la posesión quedó interrumpida.

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Retracto.—Prescripción de la acción.—Sentencia de 24 de Junio. (Gaceta de 22 de Julio de 1912.)—Declará que con arreglo á la legislación anterior al Código Civil, el término para el ejercicio de la acción de retracto cuando hubiere sido establecido por tiempo indeterminado, ó no se señale éste, era el de la duración de la acción, teniendo en cuenta la calificación que á la misma correspondiera, plazo que el art. 1.508 del Código ha fijado en cuatro años y en