El Foro español (Madrid. 1898) (1913-10-30 00:00:00), página 6

tener la suspensión del curso del proceso cuando lo deseen, aparte de que aquella presunción está destruida por la realidad, que á diario nos describe que la no modificación de parte no es conveniencia del litigante, sino de sus representantes, á quienes por reciprocidad interesa condescender con los patronos del adversario, con notorio perjuicio de los interesados.

La práctica se ha encargado de denunciar los abusos á que se prestaba el criterio de la no prosecución de los procesos sin la moción de las partes, pues se hacían interminables, con notorio daño para los justiciables y evidente desprestigio de la Administración de justicia. Se imponía, por tanto, corregir estos abusos, y la labor que para ello han venido realizando las legislaciones procesales de los pueblos cultos, ha hecho evolucionar, poco á poco, aquel criterio absoluto de los antiguos textos, preparando el terreno para el paso á un nuevo sistema, en extremo opuesto al primitivo, al que puede llegar, como hemos dicho, sin merma alguna de cuanto corresponde al carácter rogado de la jurisdicción en materia civil; ante por el contrario, fijando su verdadero sentido y alcance.

Cupo al Excmo. Sr. D. Trinitario Ruiz Capdepón la gloria de llevar, como Ministro de Gracia y Justicia, su proyecto de reformas, la prohibición de los apramios ó rebeldías, obligando al Secretario del Juzgado ó Tribunal á promover en cada caso, de oficio, el curso de los autos, dando cuenta al que conoceese de ellos, bajo corrección disciplinaria ó indemnización de perjuicios, á la autoridad judicial que dejara de dictar la resolución que procediera, estableciendo que el procedimiento sólo cesaría por desistimiento de la parte actora, si bien podrá suspenderse la tramitación á solicitud de todas las partes interesadas en el asunto; y así por último, han debido entenderlo legisladores recientes, por cuanto el Reglamento de 23 de Septiembre de 1904, para la aplicación de la ley de 5 de Abril del mismo año sobre responsabilidad civil de los funcionarios públicos, contiene un artículo, el 15, que literalmente dice así: «No será necesario que los litigantes insten el procedimiento para que los Tribunales observen y hagan observar en esta clase de juicios los términos señalados en la ley de Enjuiciamiento civil.»

Si este precepto se lleva ya á una ley de carácter civil que esté vigente, creyéndole progresivo en el orden procesal, ¿por qué no se ha de incorporar también á la ley de Enjuiciamiento civil, no sólo para un determinado juicio, según al presente ocurre, sino generalizándolo para el procedimiento de todos los juicios, como han hecho las legislaciones de México y Colombia, y acaso algunas otras que no hemos podido consultar? Sin esas instancias de parte se economizarían muchos escritos que, con las providencias y notificaciones á ellos recaídas, importan, á la postre un dinerale, y tendrían expedito el camino los Jueces y los Tribunales para tramitar los asuntos con brevedad y llevar á su terminación del mismo modo que se terminan los sumarios en materia penal. Tendría esto también la ventaja de hacer desaparecer la caducidad de la instancia, de que antes hemos hablado, puesto que, confiada al Juez ó Tribunal la tramitación de los asuntos, no cabría el abandono por las partes, que es el fundamento de la caducidad; institución ésta, por cierto, sobre la cual aún no se han puesto de acuerdo, ni el Derecho científico, ni el positivo de las legislaciones que la han admitido; y que, digase lo que se quiera, sobre no ser un modo de terminar los juicios, según hemos demostrado, viola, como también hemos dicho, el contrato ó quasi-contracto creado en cada litigio é instancias.

Una prestigiosa Comisión española, compuesta de los excelentísimos señores D. Eugenio Montero Ríos, D. Victor Cobian, D. Luciano Obaya y D. Avilino Montero Villegas, auxiliados por el digno Magistrado Ilmo. Sr. D. Edelmiro Trillo, se ocupa actualmente en la reforma del Enjuiciamiento civil, y parece decidida á consolidar el sistema por que abogamos de que, iniciado un procedimiento judicial en materia civil, se siga su sustanciación hasta terminarle, sin necesidad de petición de parte, á menos que se solicite expresamente la suspensión ó se deseite, por pago, transacción u otra causa de las que hacen innecesaria la prosecución del juicio. De este modo quedará fijado definitivamente el verdadero sentido y alcance jurídico que debe darse al carácter rogado de la jurisdicción civil, opuesto, como se ve, al que viene imperando todavía en muchas de las legislaciones por el peso de la tradición.

Vestúros, señores congregantes, que en aras del progreso os sacrificáis, abandonando vuestro hogar y vuestras ocupaciones, para contribuir con los destellos de vuestra inteligencia al perfeccionamiento de las instituciones jurídicas, que son la base reguladora de la civilización de los pueblos, pensad sobre la reforma á que se encamina mi deshilvanada tesis, y si merece el honor de vuestro asentimiento, trabajad por su difusión hasta conseguir llevarla á la legislación de vuestros respectivos países que no la tengan ya admitida.

La Administración de justicia es requerida para la efectivación del Derecho desconocido ó lesionado, y su misión no se cumple mientras el Derecho no queda restablecido. Todo litigio implica un estado anormal de Derecho, y lo normal, en todos los órdenes de la vida, debe desaparecer cuanto antes. Exigir moción de parte para cada paso que haya de darse en este sentido, es administrar justicia en pequeñas dosis, á paso de carreta y á fuerzas de empujones, incompatible de todo punto con los adelantos modernos.

Por consiguiente, la reforma ó sistema de que tratamos, en nada amengua las garantías del litigante, sino que, por el contrario, las afianza y aumenta, puesto que va dirigida á la más pronta efectividad del Derecho reclamado; dignifica las funciones de todos aquellos que directa ó indirectamente intervienen en la Administración de justicia. Es, en suma, la redención del Juez y del justiciable.

El divorcio.—Se discutió á continuación el tema «Jurisdicción en el divorcio», y leyó el informe del Comité M. J. Arthur Barrat, Abogado de Londres.

Enumeró M. Barrat las diferentes causas que deben ser materia de divorcio para unirse á las ya conocidas. Estas son: adulterio de cualquiera de los cónyuges, sevicia, abandono por un período mayor de tres años y locura ó imbecilidad por espacio mayor de cinco años consecutivos.

El Doctor Fortunato, Abogado de Nápoles, lee un trabajo sobre el mismo tema, y propone las siguientes conclusiones:

1.º Que se adopte el divorcio universal, como institución de Derecho humano y natural.