El Foro español (Madrid. 1898) (1912-06-10 00:00:00), página 5

desconfiando algo, porque la experiencia y los desengaños así lo imponen, no debe cejar en su empeño, antes bien, continuar sin desmayos, hijas de la ajena indiferencia, la campaña hasta ablandar los espíritus rebeldes y fríos, y cuando por efecto de tanto insistir, sin desmayos ni contemplaciones, se hayan agotado los recursos empleados con el celo y actividad necesarios, satisfecho de haber cumplido el deber, exclamation parodiando al poeta:
Y pues lo paga, es justo dejarle hacer para darle gusto.
MIGUEL SAÍZ GÓMEZ,
Magistrado.

BOLETÍN DE LA SEMANA

LEGISLACIÓN

GUERRA.—Real orden de 30 de Mayo de 1912, prorrogando hasta el día 31 de Julio próximo, el plazo para que puedan efectuar el ingreso del importe de la primera quota militar correspondiente á la reducción de tiempo de servicio en filas los mozos del reemplazo del corriente año, acogidos á los beneficios que concedió la Real orden de 8 de Febrero último (Gaceta del 31).

Los Registradores.

Instancia notable.

Lo es la que el Presidente de la Junta central, nuestro estimado amigo D. Miguel Poole, ha dirigido al Excelentísimo Señor Ministro de Hacienda, de la cual ha enviado copias impresas á sus compañeros y que reproducimos á continuación:

Excmo. Sr.:

Don Miguel Poole y Cordero, mayor de edad, con cédula personal clase 5.a, núm. 1.284, que exhibe y recoge, Presidente de la Junta Central de Registradores de la Propiedad, á V. E. acude con el debido respeto pidiendo la derogación del Real decreto de 24 de Agosto de 1910 en la parte referente al pago de los honorarios devengados por dichos funcionarios por las operaciones realizadas á instancia de los agentes ejecutivos en los expedientes de apremio contra deudores á la Hacienda, habida consideración, y dicho todo ello en términos de defensa, de que el expresado Real decreto en dicha parte es no sólo completamente ilegal, sino que aun prescindiendo de este carácter puramente jurídico, es opuesto á los severos principios de la equidad y de la justicia, no sirve para remediar los males que con su publicación se quiso corregir, y aun dentro del espíritu mismo que lo informara es incompleto, no dictando las reglas necesarias para asegurar el cobro de esas cantidades á sus legítimos acreedores, por lo que en definitiva después de condicionar y limitar su derecho á hacerlas efectivas, al privarles de los medios de poderlo realizar, viene á dejar la seguridad del crédito únicas y exclusivamente á la buena ó mala fe del deudor.

Es ilegal porque con él se infringe lo dispuesto en el título XII de la ley Hipotecaria, especialmente en los artículos 334, 335, 336 y 349 de la misma.

Disponen en síntesis estos preceptos que los Registradores cobrarán por las operaciones que realicen las cantidades consignadas en los respectivos títulos del Arancel, atendido el valor de las fincas ó derechos impuestos sobre ellas; que no podrán detener ni negar la práctica de las operaciones solicitadas por falta de pago de los honorarios, que deberá realizarse por aquél ó aquéllos á cuyo favor se inscriba ó anote el derecho; y que siendo varios los que tuvieren dicha obligación, el Registrador podrá exigir el pago de cualquiera de ellos, y si no se le abona podrá proceder á su exacción por la vía de apremio. Es decir, que del texto claro y evidente de dichos artículos, resulta que ni los Registradores pueden detener la práctica de las operaciones hasta que se les pague, ni las personas ó entidades obligadas al pago pueden demorar éste, una vez que los honorarios hayan sido legítimamente devengados, y siendo esto así es evidente que la resolución ministerial por la que la Hacienda, entidad deudora, se declara así-misma ó á los Agentes ejecutivos, sus participes en el beneficio obtenido por las operaciones realizadas en el Registro, libre de satisfacer ese pago, á no ser que medien ciertas condiciones que para nada tuvo en cuenta la ley, ni en la ley se establecieron, infringe lo dispuesto, pues no puede admitirse en sanos principios de derecho constitucional que una ley pueda modificarse, ni acertada ni desacertadamente por un Real decreto. La única excepción que la ley misma sienta al principio general obligatorio del inmediato pago de los honorarios de los Registradores de la Propiedad es la contenida en el art. 340 al establecer que los honorarios devengados por los asientos ó certificaciones que los Jueces o Tribunales manden extender ó librar á consecuencia de los juicios de que conozcan, se calificarán para su exacción y cobro como las demás costas del mismo juicio, por cuya causa quizás en el Real decreto, cuya derogación solicitamos, á fin de poder aplazar el cobro de esos honorarios legítimamente devengados, la primera modificación que se hizo en este punto fué la del art. 102 de la Instrucción de 26 de Abril de 1900, disponiéndose que se comprendieran en las costas los honorarios de los Registradores. Pero donde la ley no distingue, nadie puede distinguir, según principio constante de nuestro derecho, ni las excepciones consignadas en la ley pueden extenderse á casos distintos de los especiales á que las mismas se refieran, y no alcanzando esta excepción legal de considerar como costas para su exacción y cobro los honorarios de los Registradores, sino á los devengados á virtud de mandamientos de los Jueces ó Tribunales á consecuencia de los juicios de que conozcan, es evidente que ni el Ministro de Hacienda por sí solo, ni el Consejo de Ministros tienen autoridad suficiente por mucho que sea la que personalmente pueda reconocerseles para modificar sin el concurso de las Cortes las disposiciones de una ley, ampliándolas ó restringiéndolas á casos distintos de los consignados expresamente en la misma ley, ni mucho menos á negar como en este caso se ha hecho á unos funcionarios el derecho á cobrar inmediatamente ó á exigir por la vía de apremio el pago de los honorarios devengados, autorizando