El Foro español (Madrid. 1898) (1912-01-30 00:00:00), página 3

ciendo la autoridad que al testimonio de éste quiere atribuir la ley, pues si se le llama depositario de la fe, es un bochornoso bocablanche hacerle acompañar de dos testigos que por sí solos ya hacen prueba, aparte de que se hace posible la confabulación de los mismos para contradecir la afirmación del notario, estableciendo un conflicto de credibilidad, y poniendo en peligro de ser discutida su veracidad y honestidad, llegando algunos á conceder tan sólo que se acuda á testigos cuando las partes no saben firmar, para suplir esa solemnidad, pues cuando saben hacerlo su firma es bastante contraprueta de la afirmación y fe del notario. Tampoco creemos que por los de este ban- do se hayan presentado argumentos más decisivos y convincentes que los extracitados.

Y este, si no nos engañamos, es el estado actual de la cuestión, que dista mucho de estar resuelta; y como cree- mos, sin embargo, que tiene una solución clara, sendilla, lógica y contundente, vamos á tratar de establecerla y razonarla, consignando las siguientes, que parecerán á muchos heréticas afirmaciones:

1.a Los testigos intervienen en las escrituras públicas para prueba del contrato que en ellas se consigna.

2.a Sería una aberración jurídica tratar de elevar á es- critura pública un contrato sin testigos.

3.a El notario interviene en los instrumentos públicos con misión distinta y más alta que la de la prueba de lo en ellos consignado.

La hojedad de los argumentos de los partidarios de la intervención de testigos en los instrumentos públicos, que no convencen, y la sinrazón de los de aquellos que se deciden por su supresión, que repugna instintivamente, todo depende de una sola causa: de que ni unos ni otros tienen una noción clara, precisa y definida de la función notarial. Parten todos del principio, á nuestro entender erróneo, de que lo que imprime carácter á la función notarial es la fe; de que sus ministros son testigos sin excepción; de que la nota más típica y elevada de su ministerio es la credibili- dad impuesta á sus afirmaciones; y ante tal concepto es natural que la intervención de testigos en los actos que autoriza el notario les sea á unos un estorbo difícil de ex- plicar y á otros una redundancia inexplicable.

Fijada la verdadera naturaleza de la función notarial, determinado con precisión el papel del notario al autorizar el instrumento público, considerando los efectos jurídicos que su intervención produce, se aclararán las nebulosida- des, desaparecerán las antinomias y se consolilará la para- doja que al parecer resulta entre su concurrencia y la de los testigos.

El fin primordial de la función del notario es dar auton- tividad á los actos, revestirlos de autoridad pública, atribuirles el carácter de ejecutorios. Autenticar no es sinóni- mo de dar fe, ni de revestir de credibilidad un acto, ni su- ministrar su prueba; es mucho más que eso: es convertirle de privado en público, certificar que está probado legalmente y procurarle fuerza ejecutiva. De modo que los efec- tos de la intervención del notario respecto á la prueba del acto, se reducen á evitar su controlación, ó, hablando en castellano, su comprobación, pero no á suprimirla.

¿Se comprende eso? Véamelo sino. Consideremos el con- trato más simple, el de préstamo, sin y con intervención de notario, aunque siempre consignado por escrito. En el primer caso se ha extendido un documento de crédito por el cual N. reconoce deber á A., cien, ante dos testigos. Para que este documento tenga la misma fuerza que una escri- tura del mismo acto ante notario, se requerirá que N. reco- nozca su firma ante un juez, que los testigos concurrentes declaren ante la misma autoridad su intervención y reconozcan también su firma si las pusieron; que aquella misma autoridad declare válido el acto y capaces de obligarse á los que lo contrajeron. Corroborado con todos estos requi- sitos, el documento quirúrgico supuesto tendrá la mis- ma fuerza que una escritura pública. Porque todavía podrá entonces el deudor alegar el pago de la deuda, la fuerza, violencia ó medio al suscribirla, la compensación, etcétera. ¿Qué efectos produce, pues, la intervención del notario en aquel mismo acto? Suprimir la comprobación de que todos aquellos requisitos necesarios han concurrido; hacer- le, como sería después de comprobado, ejecutivo.

¿Pero debe ser poderosa á suprimir ninguno de aquellos requisitos? No; no puede suprimir la presencia del deudor ni su suscripción, ni la presencia de los testigos, ni que suscriban el documento tampoco si supieren, ni la capaci- dad de los obrantes, ni la finalidad del acto.

Para que pueda autenticarse y convertirse en público un contrato, es necesario que reúna todos los requisitos necesa- rios para su exigibilidad legal; la autoridad pública no puede prestarle su apoyo mientras no pueda probarse su realidad, porque sin dicha prueba no sería exigible; la auten- ticidad es una cosa distinta de la existencia del contrato y de su prueba: por eso ha de tener, antes de recibirla, exis- tencia real y completa; no ha de faltarle nada, ni siquiera el medio de acreditarlo; ha de ser desde luego exigible legalmente para que el poder público le imprima el sello de su autoridad. Un convenio que no puede probarse, ¿tiene existencia jurídica aunque la tenga real? No; pues ¿cómo ha de prestarse la garantía del poder público á un acto que carece de existencia jurídica?

Quisiéramos remachar esos argumentos, aunque sea á truque de repetirnos, porque son tan sustanciales que en ellos se encierra la clave y la solución irrefutable del pro- blema propuesto. Cuando el poder público garantiza con el sello de su autoridad un acto, no puede tener en él otra in- tervención de distinta índole. Tal sería que del contrato que autoriza el notario, representando al poder público debiera ser al mismo tiempo testigo probatorio. ¿Qué se di- ría de un Juez que siendo testigo de un contrato fallara la cuestión jurídica, que sobre el mismo se promoviera? ¿Qué se diría de un Escribano (para poner un simil más análogo, pues también gozan de fe en lo judicial), que fuera testigo de la posesión que se acredita en el expediente que bajo su actuación se instruye? El notario, representante del poder público en la autorización de los contratos, ha de mante- ner en todo caso su indiferente imparcialidad y si le que- remos suponer testigo de mayor excepción del convenio, en el caso de posible discusión sobre su existencia, estaría en favor de la parte que la afirma y en contra de la que la niega; sería, en cierto sentido, juez y parte.

Parece mentira que cosas tan obvias no se hayan ocurri- do desde luego, haciendo imposible toda discusión acerca de la supresión de los testigos en los instrumentos autori-