El Foro español (Madrid. 1898) (1912-05-20 00:00:00), página 2

jar de lo asignado por residencia 500 pesetas á todos los Jueces y Magistrados que gozan de este emolumento y 750 á los del Supremo.

Ya resulta, aun aceptando esa economía como necesaria, injustificable que á los Jueces que tienen menos sueldo se les rebaje la misma cantidad que á los Magistrados de lo asignado por residencia; pero es el caso que sumando lo que por ese concepto puede economizarse el Estado, no llega á 48.000 pesetas, y esa cifra tan exigua con relación al total presupuesto de gastos generales que equivale á lo que en economía doméstica llamaríamos suprimir el chocolate del toro, por lo que ya la economía en sí resulta irrisoria, es absolutamente necesaria por lo que á cada funcionario corresponde y á los que verdaderamente se sacrifiquen sin que nadie pueda creer que porque á solteta y tantos individuos se les prive de la ridícula cifra—(hablamos en comparación á los gastos y necesidades del Erario público).—de ocho á doce duros al mes, pueda salvarse la situación financiera del país, y no obstante, para ese escaso número de funcionarios constituye seguramente un sacrificio enorme en proporción á sus no exuberantes haberes. No hay que perder de vista que cuando se les concedió ese emolumento, al que con toda propiedad se calificó de gastos de residencia porque no era una gratificación sino una compensación, se procuraría que esta fuera justa y no excesiva, y así lo entendió todo el mundo, pues con ello sólo se procuró compensarles de la mayor carestía que la vida en estas poblaciones tiene con objeto de que el sueldo, ya exiguo en relación á su categoría y á su trabajo, no se les mermease por aquella circunstancia en forma que resultase una desventaja en vez de un beneficio el ascenso á esos cargos, como venía sucediendo, y siendo esto así, es de suponer que al establecerse esta sobre dotación no se excedería el Ministro que tuvo el acierto de proponerla, y todos los que conocen lo que es la vida en estas poblaciones, sabemos que más bien se quedó corto. De aquí se deduce, pues, que cualquier merma que en ello se introduzca necesariamente habrá de resultar en grave daño de aquellos dignos funcionarios y su desprestigio del cargo que desempeñan ya que esa cantidad mensual que habrá de descontarseles, exija para los amplios fines de una economía del Estado, no lo es ni mucho menos para aquellos á quienes se les descuenten, para muchos de los cuales significará seguramente un descenso de categoría, social sensible, al extremo que necesariamente habrá de trascender al exterior con grave menuga del decoro del cargo mismo que vienen desempeñando.

¿Y es esto absolutamente necesario? Ya hemos visto, pues con su simple enunciación basta, que la cifra de rendimiento económico que se obtiene no es de las que pueden acreditar ni siquiera sacar de apuros á ningún ministro de Hacienda, pero es que además, según indicamos al principio de estas líneas, creemos que existen muchos más sitios de donde puedan obtenerse mayores economías. Así, por ejemplo, y sin que al fijarnos en esto nos lleve á ello animosidad alguna, sino el azar que nos ha hecho tropezar con ello antes que con ninguna otra cosa de las muchas que podríamos señalar si no nos lo vedase la índole de la brevedad propia de un trabajo periodístico, véase lo que acude con el Instituto Nacional de Previsión. A este título, que por varios conductos recibe auxilios del Estado, sólo por Gobernación vemos que se le asignan:

    Pesetas.

    Para la iniciación de auxilios en forma de pensiones á los empleados manuales dependientes de este Instituto.
    50.000

    Quinta parte del capital de producción
    100.000

    Gastos de Administración
    260.000

    Bonificación general de pensiones
    75.000

    Especial para Invalúdios del trabajo y Mutualidades para escolares
    50.000

    535.000

Ahora bien, y sin fijarnos en si son ó no excesivas otras partidas, sólo diremos que es regla general, por todos sabida, que en buen orden de administración para gastos de esta clase suele presupuestarse en toda clase de entidades un 10 por 100 del capital social, y, sin embargo, vemos que sólo de Gobernación cobra dicho Instituto para gastos de administración 260.000 pesetas, siendo así que cuenta como capital 688.750,50 pesetas, es decir, que se le concede casi un 40 ó 100 próximamente de su capital para gastos de una administración que, por añadidura, en su mayoría consiste en cobrar cómodamente el cupón.

Véase, pues, cómo sin ir más lejos sólo aquí habría de donde obtener la economía que lamentamos, sin agarrar á aquel Instituto los perjuicios que individualmente significa para aquellos funcionarios la merma de una cantidad que les es absolutamente necesaria.

Algo mayor es el ahorro que en los Presupuestos que disueltos se busca con la supresión de la Inspección de Tribunales, pero tampoco es de las que podríamos considerar como de mayor cuantía, y realmente la Inspección de Tribunales es cosa necesaria, sin que quiera alegar en contra su relativa pasividad, cosa que si es de lamentar, no constituye, sin embargo, motivo de supresión, pues por ese sistema de discurrir debieran suprimirse algunos cargos de Ministro de la Corona, amén de otros muchos, y especialmente algunas personas debieran estar inhabilitadas de volver á serlo porque ya lo fueron en varias ocasiones sin haber dejado muestras de su inteligencia ni de sus arrebatos.

Además parece ser que se trata de llevar á cabo cierta reducción de los plazas de Magistrados precisamente cuando era general la creencia de que hacía falta algún aumento de personal para que la justicia pudiera ser administrada tan pronto y cumplidamente como debe de hacerse y como la ley requiere, lo que traerá como consecuencia obligada la paralización de las escalas por una porción de tiempo con grave daño de los intereses de toda la Judicatura, que, falta ya de estímulos, no la falta más que eso para que los encargados de administrar la justicia sean aquellos que menos la disfrutan, por lo que con los mismos se relaciona: mucha resignación es la de quienes nos llaman la atención sobre el particular y nos dicen que ya que no se les mejore de condición, cuando menos pidamos que se dejen las cosas todo lo mal que están, que no se haga á estos funcionarios de peor condición que á los de los demás Ministerios y que si fuese, que no lo es, imprescindible la reducción de plazas, no se haga por el desacreditado y perjudicial sistema, hasta para el Erario público, de las excedencias forzosas, sino amortizando una