El Foro español (Madrid. 1898) (1912-11-11 00:00:00), página 9

minos en que constan, y que después de leído lo ratificó con su asentimiento, y al estimarlo así no se infringen los arts. 687, 695 y 996 del Código Civil ni la doctrina establecida en la sentencia de 25 de Noviembre de 1902, toda vez que los arts. 687 y 695 del Código Civil no pueden interpretarse en el sentido de que ha de hacerse mención especial en el testamento que el otorgante, antes de la redacción y lectura de éste hizo expresión de su voluntad al Notario y testigos instrumentales.

Y que la cláusula en que un otorgante prohíbe la intervención judicial, desheredando al que la promueva, sobre referirse al interesado que solicite la incoación del juicio de testamentaria, no puede alcanzar si que pide la nulidad del testamento, y, consiguientemente á ella, el depósito de efectos que, por su cualidad de bienes muebles, pudieran desaparecer, porque en tal caso dicha prohibición es contraria á Derecho, ó lo es toda modalidad que contribuya á que prevalezca un acto nulo, y así expresamente lo dispone el párrafo 2.º del art. 675 del repetido Código, en donde se establece que el testador no puede prohibir que se impugne el testamento en los casos en que haya nulidad declarada por la ley, precepto que tiene aplicación sea cualquiera el resultado del litigio, con tal que la impugnación descance en causa legal de nulidad.

Competencia.—Prioridad de inscripción. Retracto administrativo.—Sentencia de 17 de Febrero. (Gaceta de 25 de Diciembre de 1911).—Resuel- ve que los acuerdos de una Delegación de Hacienda anulando un retracto administrativo concedido á determinada persona por medio de otro retracto de la misma índole otorgado con posterioridad á favor de persona distinta, en virtud de las facultades conferidas por el art. 25 de la ley de Presupuestos de 31 de Julio de 1876, no pueden caer bajo la censura de los Tribunales ordinarios sin rebañar la esfera de su potestad jurisdiccional. Y que habiendo inscrito su derecho el que obtuvo el segundo retracto y no habiéndolo realizado el que obtuvo el primero, queda reduci- do el caso á la doble posesión de que trata el art. 1.473 del Código Civil, y con arreglo al mismo y al principio establecido en el art. 23 de la ley Hipotecaria es for- zoso reconocer que el título aducido por el que obtuvo el primer retracto no puede invalidar ni perjudicar al que alcanzó el segundo á inscribirlo á su favor.

Competencia—Compraventa.—Daños y perjuicios. Sumisión expresa.—Acción personal.—Sentencia de 17 de Febrero. (Gaceta de 25 de Diciembre de 1911).—Establece que demostrán- dose por carta factura que presenta el mismo demanda- do al proponer la inhibitoria que la venta de géne- ros, como consecuencia de la que se reclama cierta indemnización, se ha verificado con la cláusula de que se hacía sobre vagón y viaje por ferrocarril por cuenta del comitente, y que todo comprador quedaba sub- jeto á la jurisdicción legal del vendedor, es evidente que tanto nor existir la sumisión expresa, conforme al artículo 55 de la ley de Enjuiciamiento civil, como porque el cumplimiento de la obligación debe tener lugar en el mismo domicilio del demandante, á tenor de la regla 1.ª del 62 de la citada ley en relación con el párrafo 2.º del 1.500 del Código, procede atribuir la competencia al Tribunal del lugar donde aquel domi- cilio radica.

Competencia.—Nullidad de contratos.—Obligación mancomunada.—Obligación in solidum.—Sentencia de 17 de Febrero. (Gaceta de 25 de Diciembre de 1911).—Declara que tratándose de la nulidad de ciertas escrituras y de los autos ejecutivos á que diera lugar una de ellas y consistiendo la cuestión objeto del debate en cuanto á la decisión de la contienda se refiere, en determinar si los demanda- dos, que traen causa de uno de los otorgantes de aqué- llas escrituras, en concepto de herederos del mismo, deben ó no estimarse en concepto de obligados manco- munada ó solidariamente, pues de resolverse la afirmativa procede apreciar el párrafo 2.º, regla 1.ª del art. 62 de ley de Enjuiciamiento civil, pudiendo en su conse- cuencia la parte entera ejercitar el derecho de opción que el mismo concede, ó al contrario, el párrafo 1.º de dicha regla á tenor del que tiene preferencia el fuero del demandante que lo reclame y deducíendose de los datos aportados á los autos que en los actos y contratos determinantes de la reclamación, además de la madre del demandante intervinio aquel de quien traen causa los demandados, que no niegan tal ca- racter, sin que aparezca que aceptaran la herencia á beneficio de inventario, es aplicable el principio de- ducido del art. 1.084 del Código Civil con sujeción al que la responsabilidad que pueda caber á los expres- dos herederos caso de prosperar la nulidad pretendi- da, es solidaria, ya que tiene la calidad de poder pe- dirse in solidum á cualquiera de ellos.

Daños producidos por la caza.—Obliga- ciones nacidas de culpa ó negligencia — Vedado de caza.—Sentencia de 21 de Febrero.—(Gacetas de 30 de Diciembre de 1911 y 7 de Enero de 1912).—Declara que en el caso de demanda formulada contra el dueño de una propiedad sobre daños causados por los conejos de la misma en otros predios colindantes, la sentencia que á estos efectos estima que la finca del demandado debe ser tenida como heredad de caza, no puede decirse que infrinja el art. 9.º de la ley especial de este nombre de 6 de Mayo de 1902 ex- plicado por el 10 del Reglamento de 3 de Julio del año siguiente, porque al sentar tal conclusión no haya el Tribunal sometido su criterio á la circunstancia de que el propietario de la finca en cuestión haya pre- viamente solicitado y obtenido aquella declaración administrativamente en la forma prevista en las ci- tadas disposiciones y colocado carteles que digan «ve- dado de caza»; si por otra parte, de las demás pruebas practicadas en el juicio aparece demostrado que real- mente la caza constituye la principal explotación del inmueble, toda vez que la declaración de vedado y su publicidad vienen establecidas para impedir el de- recho á cazar en los predios rústicos de propiedad particular á otras personas que no sean los dueños ó á aquellas á quienes los mismos autoricen por escrito, mientras que la estimación hecha por el Tribunal á quo tiene por exclusivo objeto, en un caso como el citado y dada la índole de la reclamación, determinar la responsabilidad del dueño en las heredades de caza por los daños causados en las fincas vecinas, caso pre- visto en el art. 1.906 del Código Civil.

Que en un caso como el de que se trata se aplica acertadamente dicho art. 1.906 del Código por no venir subordinado al precepto del párrafo 4.º del art. 9.º de la ley de Caza ya citado, sino antes, por el contrario, éste se refiere y remite á aquél al establecer la responsabi- lidad por daños de la caza.

Y que no siendo necesaria la previa declaración go- bernativa de vedado de caza, ó en otro caso, que las fincas en que se cría se encuentren materialmente cor-