El Foro español (Madrid. 1898) (1913-05-20 00:00:00), página 8

ú otras dependencias adecuadas de la Iglesia, que son por lo común, donde se celebran las ceremonias nupciales, parece robustecer el criterio del Código y la Instrucción citada de que, una vez desposados los cónyuges y antes de dar comienzo la misa, concluya la misión del representante del Estado.

Considerando que á los deberes por parte de los contrayentes de dar aviso al Juez municipal y de este de asistir á la hora convenida con este objeto al lugar designado, parece deber corresponder en los párrocos el de celebrar los matrimonios á la hora señalada, sin lo cual quedarían ineficaces los propósitos del legislador de que á los matrimonios concurre un representante del Estado,

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer:

1.º Que las partidas sacramentales de los matrimonios de D. Angel Cao con doña Encarnación Ogazón y de D. Nicanor Gallego con doña Felisa Albéniz, se transcriban con arreglo al art. 15 de la Instrucción de 26 de Abril de 1889, haciéndose constar en estas transcripciones que fué dado oportunamente el aviso, y que los matrimonios producirán sus efectos, por tanto, desde el día de su celebración, con arreglo á lo previsto en el art. 77 del Código civil.

2.º Que las actas matrimoniales que en cumplimiento de lo previsto en el art. 77 deben formalizar los Jueces municipales ó sus representantes, se extiendan por estos inmediatamente después de celebrado el matrimonio en los lugares señalados por la Real orden de 17 de Junio de 1889 y antes de que comience la misa, que suele subseguir á aquél.

3.º Que el Juez municipal ó su representante esté obligado á asistir al sitio puntualmente, el día y hora señalados en el aviso que prescribe el art. 77 del Código civil, y que si, concurrendo también los contrayentes, testigos, etc., á la hora señalada no hubiere comparecido el sacerdote que haya de celebrar el matrimonio ó no procediere inmediatamente á la celebración, puede el Juez municipal ó su representante retirarse, y

4.º Que en el caso de que el matrimonio fuese celebrado después sin la presencia del nombrado funcionario, se imponga por el Juez de primera instancia al párroco una multa que no deberá bajar de 20 pesetas, ni exceder de 100, además de transcribirse á su costa las partidas sacramentales de matrimonio, en la forma prevista y con los requisitos exigidos por el art. 15 de la Instrucción de 26 de Abril de 1889, sin perjuicio de que la nombrada autoridad judicial proceda á lo que haya lugar, por si la resistencia de los mencionados párrocos cayese bajo las prescripciones del art. 144 del Código penal vigente.

—Real orden de 7 de Mayo de 1913, disponiendo quedan redactados en la siguiente forma el párrafo 1.º del art. 11 y el 2.º del 12 del Reglamento para oposiciones entre Notarios, de 23 de Julio de 1912. (Gaceta del 8).

«Ilmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido dispone que el párrafo 1.º del art. 11 del Reglamento para oposiciones entre Notarios de fecha 23 de Julio de 1912, quede redactado en la forma siguiente:

«Compondrán el Tribunal el Director general de los Registros y del Notariado, que lo presidirá; el Subdirector del propio Centro, ó el que haga sus veces; el Decano del Colegio Notarial de Madrid, ó quien le sustituya legalmente; un Catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad Central; dos Notarios, que pertenezcan ó hayan pertenecido á la Junta directiva de su respectivo Colegio Notarial, uno de ellos necesariamente de Colegio donde subsista Derecho foral, y el Jefe del Negociado del Notariado de la D. rección general, que desempeñará las funciones de Secretario.»

Asimismo, que el párrafo 2.º del art. 12 del citado Reglamento quede modificado en los siguientes términos:

«El ejercicio teórico consistirá en el desarrollo oral de un tema que versará sobre Derecho civil, común y foral, legislación hipotecaria ó legislación notarial, en lo que podrá invertir el opositor hasta media hora, y sacado á la suerte de los contenidos en el Cuestionario que redactará el Tribunal y publicará, insertándolo en el Boletín Oficial del Ministerio de Gracia y Justicia ochenta días antes del señalado para el sorteo de los opositores.»

—SUBSECRETARIA.—Real orden de 5 de Mayo de 1913, participando que la Legación de los Países Bajos, en virtud de la facultad concedida por el art. 6.º del Convenio firmado el 4 de Mayo de 1910 para la represión de la trata de blancas, manifiesta que el Gobierno de aquella nación ha decidido que las Comisiones rogatorias relativas á los delitos indicados en dicho Convenio, deberán ser cursadas por la vía diplomática. (Gaceta de 10 de Mayo.)

FISCALÍA DEL TRIBUNAL SUPREMO.—Circular de 10 de Mayo de 1913, á los Fiscales de las Audiencias para que encarezcan á los municipales, no tan sólo el más estricto cumplimiento de las leyes, sino una scrupulosa inspección en los autos y en la tramitación de los juicios, y ordenando á los primeros pidan la ejecución de las sentencias, ejercitando todos los recursos legales para que se lleven á cabo, ó formulando las correspondientes denuncias en el caso de encontrar negligencia ó obstáculos para su ejecución, y que ordenen á los Fiscales municipales den cuenta trimestralmente del movimiento judicial, en lo criminal, de sus respectivos Juzgados. (Gaceta del 11):

«La justicia municipal es base sobre la cual descansa una perfecta organización social, y la reforma de la que existía en España hasta 1907, ha constituido materia de gran preocupación para el legislador.

Poco ó nada se ha conseguido con la modificación introducida, y ello, más que defecto de la ley, es el modo de aplicarla, pues h y adolecen las actuaciones en los Juzgados municipales de iguales vicios que tenían con anterioridad á la promulgación de la vigente ley, como si los encargados de adaptar sus preceptos á la práctica de la justicia hubieran procurado acoplar á la nueva legislación las antiguas y viciosas corruptelas.

Si es importante y de graves consecuencias para la sociedad la perturbación del derecho en cualquier orden, sin género de duda puede asegurarse que en su primer grado reviste mayor importancia. La falta, que es una infracción al parecer nimia, si no se castiga debidamente tiene muy graves consecuencias, porque una falta que no se corrige de modo adecuado, no sólo representa el mal que toda perturbación del orden social lleva consigo, sino otro segundo