El Foro español (Madrid. 1898) (1913-06-30 00:00:00), página 12

Junta directiva del Colegio de Abogados de Madrid, principalmente por tratarse de un Presidente que, como el señor Usera, en pocos meses ha tenido tres roces violentos con Letrados y ser general la opinión entre éstos de que no se les trata en dicha Sección con las atenciones que les son debidas.

Por nuestra parte, y para que nuestros lectores puedan formar juicio de si son justas las censuras que se dirigen al Sr. Usera ó las con que se ha acogido por algunos la actitud del Letrado Sr. Bergia, por estimar que el incidente fue provocado por una habilidad curiosísima del mismo y para que se vea si ésta estaba o no justificada por la necesidad de la defensa y los antecedentes del asunto, nos ha parecido bien recoger de los respecto á éstos, que sometemos á la consideración de nuestros abonados.

Trátase de una querella derivada de antiguo pleito sostenido con altas personalidades, que también en su día dio mucho ruido; y de nuestras informaciones parece resultar comprobado el siguiente relato, que tomamos de un diario madrileño:

«Los hijos de doña Elena Sanz debieron recibir 500.000 francos cuando llegaran á la mayor edad; pero la suma no les fue entregada por causas que se señalan en un folleto que se publicó, y las cuales estimo injuriosas y calumniosas para su persona el marqués de Borja, quien se querelló contra el autor del escrito, nombrando Abogado al señor Cobian (hijo).

Se instruyó el oportuno sumario, y por no aparecer el autor del folleto se procesó al regente de la imprenta, don Alfredo Verdugo; es decir, que se faltó á lo que dispone el artículo 14 del Código penal, que dice:

«Sin embargo de lo dispuesto en el artículo anterior, solamente se reputarán autores de los delitos mencionados en el art. 12 (los que realmente lo hayan sido del escrito ó estampa publicados). Si éstos no fueren conocidos, ó no estuvieren domiciliados en España, ó estuvieran exentos de responsabilidad criminal, con arreglo al art. 8.º de este Código, se reputarán autores los directores de la publicación que tampoco se hallen en ninguno de los tres casos mencionados. En defecto de éstos, se reputarán autores los editores, también conocidos y domiciliados en España y no exentos de responsabilidad criminal, según el artículo anteriormente citado, y, en defecto de éstos, los impresores.

Se entiende por impresores, para el efecto de este artículo, los directores ó jefes del establecimiento en que se haya impreso, grabado ó publicado por cualquier otro medio el escrito ó estampa criminal.»

Creemos que de la lectura del anterior artículo se desprende que se debió buscar al autor, y, al no aparecer, al director de la publicación; después al editor, y luego, como último recurso, al impresor, D. Alfredo Verdugo.

Una vez procesado el impresor y terminado el sumario, pasó el asunto á la Audiencia, y antes del trámite de calificación formuló un escrito el Sr. Lagasca, prototor que fué de los hijos de doña Elena Sanz, y en cuyo escrito hacía constar «que él era el autor del folleto que el marqués de Borja estimaba injurioso y calumnioso, y que se hallaba dispuesto á probar los hechos».

A este escrito la Sala se limitó á tenerlo por presentado, y continuó el procedimiento contra el impresor, como si el autor del folleto no fuera conocido.

Había, pues, aparecido el autor, y, por lo tanto, era precedente la aplicación del art. 321 de la ley de Enjuiciamiento criminal, y que dice así:

«Si durante el curso de la causa apareciese alguna persona que, por el orden establecido en el artículo respectivo del Código penal, deba responder criminalmente del delito antes que el procesado, se sobreseerá en la causa respecto á este, dirigiéndose el procedimiento contra aquél. ¿Acaso no se hizo aplicación de este artículo porque la Sala no podía hacerlo de oficio?

Nosotros creemos que sí; pero es indudable que se estaba en la tramitación de la causa, y que cuando el acusador privado no pedía esto, acaso sería porque no le convenía que apareciese el verdadero autor, puesto que éste solamente era quien podía probar las imputaciones que se suponen calumniosas, y le era más conveniente que se juzgase al impresor, quien no podía probar nada de cuanto en el folleto se dice.

Si esto hubiera sido la intención, que lo dudamos, era indiscutible que con el silencio se perjudica mucho más al imputado de calumnia.

Y en estas condiciones, después de haber aparecido el autor, va al banquillo D. Alfredo Verdugo, quien no tiene defensa alguna, pues como no es el autor, nada sabe ni puede probar de la calumnia que se cree imputado al marqués de Borja, y va indudablemente por una condena.

Pero su defensa, encarnada al Diputado á Cortes señor Nougués, que fué quien intervino en el juicio oral que se celebró en Abril del actual año, al comparecer como testigo el autor del folleto, Sr. Lagasca, pidió se abriese una información suplementaria, pues no era justo que el impresor estuviera en el banquillo y el autor paseándose.

El Sr. Cobian se opuso á esto—¿qué sería el motivo de esa oposición?—, y la Sala, de acuerdo con el Sr. Cobian, lo negó.

Como consecuencia de esta negación, y viendo el señor Nougués que se iba á condenar á un inocente, se retiró de la Sala, y no hubo ujieres ni guardias, que lo detuviesen, pues su investidura impidió hasta el intentarlo; todo ello fue causa para que Nougués se pusiera después enfermo á consecuencia de la impresión recibida, y se suspendió el juicio, renunciando el inteligente Letrado á la defensa del impresor D. Alfredo Verdugo. Se requirió á éste para que nombrase otro Abogado, y el impresor hizo el nombramiento á favor de nuestro compañero y amigo D. Pablo de Bergia.

Una vez que Bergia se instruyó de la causa que contra el impresor D. Alfredo Verdugo se sigue, pidió á la Sala se sobreseyese el procedimiento que se seguía contra el impresor y se dirigiese contra el Sr. Lagasca, puesto que él era el verdadero autor, y no era procedente que al haber aparecido éste continuase encasulado el impresor, y con ello se diera cumplimiento al art. 321, anteriormente citado.

La Sala denegó esta petición; contra esta denegación recurrió en súplica el Letrado, la cual también fué denegada, y en vista de ello, hubo de prepararse el recurso de casación por infracción de ley, cosa que también se le