El Foro español (Madrid. 1898) (1913-02-28 00:00:00), página 7

D. A. M. y A., acreedor aquél y este último deudor, por los siguientes fundamentos:

«Considerando que si bien es distinta en cuanto a sus efectos la nulidad de los préstamos con interés comprendidos en el art. 3.º y en el 4.º de la Ley de 23 de Julio de 1908, puesto que mientras el primero se refiere a contratos que desde su origen adolecen del vicio esencial que los hace nulos, los segundos vienen a ser anulados por una prescripción legal posterior a su celebración; esto no obstante, las causas que motivan la ineficacia o invalidación de los unos y de los otros son, sin duda alguna, las mismas, una vez que todas ellas se hallan comprendidas en el art. 1.º de la expresada ley, y la declaración de esa nulidad ha de ser supuesto necesario para que puedan aplicarse sus disposiciones:

»Considerando, en su consecuencia, que el fallo recurrido, al declarar la nulidad de los contratos otorgados en la escritura de 2 de Diciembre de 1892 y juicios verbales celebrados ante el Juzgado del distrito de Palacio, no ha infringido las disposiciones legales que se citan en el motivo primero del recurso, porque en estos convenios se hace originariamente constar el préstamo que, como usuario, se impugna y que fué objeto de procedimientos judiciales, cualquiera que sea, por otra parte, el valor que se atribuya a las posteriores liquidaciones privadas entre prestamista y prestatario, pues ni se fundaron en las prescripciones de la ley de represión de la usura, ni su desconocimiento por la Sala sentenciadora se combate debidamente en el recurso:

»Considerando que tampoco ha cometido el juzgador la infracción que se le atribuye en el segundo motivo del recurso, porque el anulamiento del demandado a liquidar el total de lo percibido en pago del capital prestado e intereses vendidos, si bien presupone su asentimiento a la declaración de nulidad de los contratos, puesto que de ésta es efecto aquella liquidación, no se atiene expresamente á la segunda petición de la demanda otorgando al actor la oportunidad carta de pago, ni presente tampoco la cuenta demonstrativa de que la cantidad perjudicada era menor que el capital prestado y el interés normal, fundamento especial de la oposición, y por eso el Tribunal sentenciador declaró que la deuda é intereses estaban salutados, ya que para que se entendiera cumplido el precepto del art. 4.º de la ley de 28 de Julio de 1908 no basta que el prestamista aporte la declaración de nulidad respecto de los contratos usufructuosos y ofrezca proceder á su liquidación, sino que es además necesario, dado el mandato terminante de la ley, que, en efecto, los liquide y, por lo tanto, sólo puede excusarse de la obligación de entregar la carta de pago total al prestatario cuando la cantidad perjudicada sea menor que el capital prestado e interés normal, tanto que si al dar ocasión á un juicio sobre esta liquidación resultase acreditado que el prestamista estaba suficientemente pagado, deben imponerse las correcciones que establece la ley encaminadas á que no queden sin sanción resistencias que el Tribunal no declare justificadas:

»Considerando, por último, que tampoco infringe la sentencia recurrida el art. 8.º de la referida ley y jurisprudencia que fija su verdadero sentido, porque en el presente juicio no se han articulado y sostenido por el demandante, además de la declaración de nulidad, otras pretensiones que haya desestimado el fallo, que es el caso en que no procede la rigurosa aplicación del precepto legal citado.»

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Por otra de 4 de Octubre de 1911, de la que fue Ponente el Sr. Ouarnero, y cuyas declaraciones doctrinales sobre la misma cuestión denegando el recurso de la prestataria, son dignas de ser dadas á conocer, se dice lo que sigue:

»Considerando que es improcedente el primero de los motivos en que se funda este recurso, porque la Sala sentenciadora no padece el error que se le imputa, antes bien interpretó acertadamente el art. 1.º de la Ley de 24 de Julio de 1908, al estimar que no basta para declarar nulo un contrato de préstamo, que se estipule en él un interés notablemente superior al normal del dinero y manifestamente desproporcionado, sino además, según las circunstancias del caso, y en tales condiciones que resulte leonino y hacerlo aceptado el prestatario a causa de su situación angustiosa, de su inexperiencia ó de lo limitado de sus facultades mentales; esto es, por llevarse á efecto en términos que implican, según el legislador, una falta real y positiva de consentimiento, un vicio en el fondo que determina, dada la relación del orden jurídico con el orden ético, la necesidad que obliga al primero á imponer una sanción á las infracciones del segundo:

»Considerando que tampoco es procedente el segundo motivo de casación de este recurso, por el cual se imputa á la Sala sentenciadora error de hecho, cometido al no haber apreciado en todo su valor la escritura del contrato cuya nulidad se pretende, pues aparte de que el juzgador no desconoció la existencia en autos de ese documento, ni contradijo ninguno de los hechos en él consignados, el art. 2.º de la ley citada faculta á los Tribunales para que resuelvan en cada caso, formando libremente su convicción en vista de las alegaciones de las partes.>

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Aplicación de la Ley de Usura.

La libre convicción de los Tribunales, yes una facultad que lejos de detenerse ante la Sala sentenciadora en la Audiencia, tratándose de esta ley especial, alcanza y se extiende al Tribunal Supremo, sin que el recurso de casación contra la apreciación de la prueba, necesite fundarse en el núm. 7.º del art. 1.692 del Enjuiciamiento civil? Así parece desprenderse de la doctrina que hoy damos á conocer.

En esta Revista publicamos el pasado año—núm. 7.º de 17 de Febrero—la sentencia pronunciada por la Sala primera de esta Audiencia territorial, en una apelación en que informaron los Letrados Sres. Fernández Victorio y Heraez, en nombre, respectivamente, de apelante y apelado, siendo Ponente el Magistrado D. Antonio Cubillo, y revocándose la sentencia apelada del Juzgado de Buenavista, que había calificado un préstamo de usurario al apreciar en conciencia las alegaciones de las partes. El fallo de la Audiencia, de fecha 9 de Febrero de 1912, fué atacado en casación por el deudor, defendido por el mismo patrono que le dirigió en dicho Tribunal y en el Juzgado.