El Foro español (Madrid. 1898) (1912-10-30 00:00:00), página 3

la deuda, ni la prescripción excepcionada ahora, ni la circunstancia accesoria para los efectos de la obligación, de que se refiere á las costas y gastos, aunque éste sea el origen de la deuda; pues que la reclamación al deudor se apoya también, en virtud del compromiso especial contraído, en el documento público.

De la doctrina sentada por el Supremo Tribunal de Justicia, en su sentencia de 15 de Enero de 1902, se desprende que la expresión de la causa de la obligación, es una circunstancia accesoria en cuanto se relaciona con la existencia de una deuda declarada en un documento; deducíendose igualmente que no existiendo falsedad en la causa y consiguiente nulidad en la obligación, hay que atender esencialmente á las circunstancias en que la obligación se adquiere y declara en el documento; admitiendo en principio, comentada sentencia, la existencia de una causa comprendida en el número 1º del art. 1.967 del Código civil, otorgado el documento después del período para la prescripción respecto de los créditos del Escribano, revela en aquel documento, dados sus términos, la intención de responder de aludidas costas y gastos, sin haber excepcionado la prescripción, transformando la naturaleza de la obligación originaria. Por todo lo cual, y aplicando la doctrina sentada en citada sentencia al caso actual, siempre queda en pie la razón de deber por parte del apremiado, derivada exclusivamente del documento en que apoya sus manifestaciones el Escribano, á cuyo valor y eficacia no afecta la circunstancia accesoria para los efectos de la obligación de la causa originaria de deber; y al apremiado se le reclama la cantidad comprendida en el documento comprensivo del compromiso especial. A efectos del art. 1.249 del Código civil, existe la presunción de que el deudor renuncia á la prescripción aludida, por cuanto que otorga el documento mencionado, reconociendo la deuda y quedando obligado á pagar la cantidad expresada en la forma que se indica en la segunda estipulación de la escritura.

Los agravios á que se refiere el tercer apartado del artículo 8.º de la ley de Enjuiciamiento civil, son los que resulten de haberse excedido el reclamante en su cuenta; lo cual es independiente de la nulidad de actuaciones, sin cuya previa resolución es absolutamente imposible la continuación del procedimiento de apremio. Y á mayor abundamiento, el embargo, implica la efectividad del pago. Además, la equidad aconseja se tenga en consideración que la ley no prohíbe terminantemente antes de verificar el pago oposición y la admisión de reparos á las cuentas presentadas en evitación de errores ó exacciones indebidas, de cuyo pago, y más aún si es por la vía de apremio, pudieran deducirse perjuicios irreparables. Siendo de tener en consideración que cuando hubiere de abonarse costas, luego que surja la razón de pagar, se debe proceder á la exacción de las mismas por la vía de apremio si la parte obligada no las hubiere satisfecho antes de que los interesados soliciten dicha tasación; y en el caso actual surge la razón de pagar desde el abandono de la acción transigida.

Con arreglo á lo preceptuado en el art. 359 de los Aranceles judiciales, en relación con lo prevenido en el artículo octavo de la ley de Enjuiciamiento civil, igual derecho que los Escribanos tienen sus herederos respecto á los créditos de carácter judicial que aquéllos les dejaren, y, por tanto, lógico es que, si los herederos pueden ejercitar tal derecho, el propio Escribano, propietario inmediato de los créditos, pueda reclamarles por el procedimiento aludido mientras sea Escribano en ejercicio, aunque no se halle adscrito al Juzgado donde devengó tales créditos; pues el art. 359 del Arancel dice que el pago de los derechos devengados, con arreglo á mentada disposición, podrá exigirse en la forma que establece el art. 8.º de la ley de Enjuiciamiento civil; y en el citado artículo del Arancel habla de la forma ó procedimiento con carácter general, refiriéndose á los que devengan derechos con arreglo al Arancel, y aprovechando, en cuanto á la efectividad del pago, el procedimiento marcado en el artículo de la ley rituaría, donde se apunta el trámite para exaccionar los derechos del funcionario ó sus herederos; por consecuencia, el apartado 2.º del art. 8.º de la ley de enjuiciar, es, como su apartado 1.º, igualmente complementario del art. 359 del Arancel.

Luis Zapatero,
Juez de 1.ª instancia.

Anomalías judiciales.

Los excedentes voluntarios de la carrera judicial hasta que se publicó el Ral decreto de 5 de Febrero de 1906 obtenían el beneficio de que se les computaba el tiempo que permanecían en dicha situación como servicios prestados en la carrera y categoría respectiva, á imitación de lo que ocurre en otros Cuerpos como en los Ingenieros de Montes, y por lo tanto al llegar á ocupar el excedente el número primero de su categoría ascendía automáticamente sin designación de cargo.

Los Jueces municipales anteriores á la ley de Justicia municipal no obtenían el cargo mediante el amplio concurso que hoy determina dicha ley en sus arts. 3.º y 4.º para hacer dichos nombramientos, habiéndose aumentado las incompatibilidades y requisitos para obtenerlo por el último párrafo del citado tercer artículo y por el 8.º, quedando por tanto ampliado el 111 de la ley Orgánica con las nuevas causas de incompatibilidad con los cargos de senador y diputado (que antes eran únicamente motivos de excusa), con el ejercicio de la abogacía, agentes de negocios y funciones públicas, con los destinos de Empresas, Sociedades mercantiles privilegiadas ó subvencionadas y de Compañías arrendatarias de rentas.

Es innegable que la ampliación de incompatibilidades pone al Juez en mayor independencia, pero debe estar compensada con otras preeminencias ó beneficios, porque es ley natural en la vida social que cuando se exigen mayores cualidades personales deben corresponder mayores beneficios ó recompensas; mas al tratarse de estos funcionarios ha ocurrido todo lo contrario: lejos de compensar el aumento de incompatibilidades, se les priva hoy del derecho que les concedía á los anteriores, la ley Adicional á la Orgánica, de considerarse si ejercieran la profesión como si pagaran las primeras cuotas á fin de adquirir las condiciones que se necesitan para poder ser nombrados funcionarios de la carrera en la categoría que les correspondiera; igualmente han quedado privados del derecho que conse-