El Foro español (Madrid. 1898) (1912-03-30 00:00:00), página 11

sirvió de base para regular la naturaleza del juicio, no ajustándose á lo prevenido en el art. 347, párrafo 4.º de los mencionados Aranceles, y el Tribunal Supremo resuelve que por tratarse de una cuestión puramente de derecho referente á la aplicación de las disposiciones del Arancel y no de una exacción arbitraria y abusiva que implique malaicia por parte del Escribano y del Procurador, que requiera sanción correctiva, es manifiesto que no es de aplicación al caso el mencionado art. 361 de los Aranceles, en relación con el 8.º de la ley de Enjuiciamiento civil, ya que este al ordenar el abono del duplo de lo indebidamente cobrado, establece una penalidad que no es, por lo dicho, aplicable al caso de percepción indebida de derechos, que puede dar lugar al incidente á que se refiere el art. 429 de la citada ley de Procedimientos, según tiene declarado la jurisprudencia.

** *

Testamentaria.—Rendición de cuentas de testamentaria.—Posesión del cargo de administrador judicial.—Sentencia de 28 de Octubre.—(Gaceta de 25 de Mayo de 1911.)—Resuelve que en el caso de haber convenido los interesados en una testamentaria el conferir la administración judicial para determinados bienes á uno de los herederos, proveyéndole el oportuno testimonio con la condición de quedar sujeto á lo que las leyes ordenan respecto á los administradores judiciales, en cuanto no aparezca establecido en el convenio, el hecho cierto de que entre aquellos bienes se encuentren determinadas fincas urbanas, comprobado por la primera instancia del convenio y el propio asentimiento del administrador nombrado, obligan á reconocer que la Sala da declarar que dicho administrador no tenía que incluir en sus cuentas de administración las rentas de las mencionadas fincas, por no habérsele dado posesión judicial de ellas, infringe la ley del contrato, no habiéndose pactado en éste que para el ejercicio del cargo había de preceder tal acto, sino que, por el contrario, se someten en el á lo que las leyes ordenan, en cuanto otra cosa no estableciera el convenio, e infringe así mismo los arts. 1.007, 1.018, 1.097 y 1.098 de la ley de Enjuiciamiento civil, porque el primero preceptúa que el administrador judicial se le dé posesión, no de los bienes que ha de administrar, sino del cargo, dándole á reconocer á las personas que el mismo designe de aquellas con quienes deba entenderse para su desempeño, y provéndole del título de su nombramiento para que pueda acreditar su representación, con lo que se facilitan los medios conducentes á la efectividad de su gestión, y las otras disposiciones legales le imponen la responsabilidad por la conservación, custodia y administración de los bienes, y le impelen á practicar lo necesario á ese fin, ejercitando las acciones que en su caso procedan.

Noviembre.

Acumulación de autos—Acumulación de ejecuciones.—Sentencia de 9 de Noviembre. (Gaceta de 3 de Junio de 1911.)—Declara que tratándose de la acumulación de un juicio ejecutivo á otro de quiebra legalmente declarada, sólo debe aplicarse la disposición especial que contiene el art. 167 de la ley de Enjuiciamiento civil y no el 165 ni la jurisprudencia contenida en las sentencias del Tribunal Supremo, entre otras en las de 18 de Junio de 1867, 28 de Marzo de 1888 y 22 de Junio de 1895, que se refiere á los juicios ordinarios ó declarativos.

Y que aun cuando en las ejecuciones haya recibido sentencia firme y se proceda por la vía de apremio, no puede decirse terminadas al efecto de denegar la acumulación acordada por el Juez que conoce de un juicio universal mientras el ejecutante no esté pagado ó no se declare la insolencia del ejecutado, lo que no sucede cuando hay bienes embargados que continúan sujetos á una administración y no consta que se haya hecho al acreedor pago total ó parcial.

** *

Pobreza.—Signos exteriores.—Auto de 9 de Noviembre. (Gaceta de 3 de Junio de 1911.)—Consigna que, según jurisprudencia establecida, no procede discutir en casación la facultad discrecional que por el art. 17 de la ley de Enjuiciamiento civil corresponde á los Tribunales para apreciar si el que intenta el beneficio de pobreza, tiene á juzgar por los signos exteriores ú otros elementos de fortuna demostrativos de riqueza, medios superiores al doble jornal de un bracero en la localidad, de todo lo cual se infiere que fundada una sentencia en el precepto legal antes indicado y estimando la Sala sentenciadora que el que solicita el beneficio cuenta con recursos que exceden al tipo en la misma disposición designado para poder gozar del concepto de pobre, sin que la apreciación de prueba aparezca impugnada de la manera especial que exige el número 7.º del art. 1.692, está fuera de duda que el recurso de casación por infracción de ley contra dicha sentencia interpuesto carece de condiciones de viabilidad para considerarle admisible conforme á lo dispuesto en el art. 1.729 de la ley procesal.

** *

Competencia.—Tercería de dominio.—Costas.—Sentencia de 11 de Noviembre. Gaceta de 8 de Junio de 1911.)—Resuelve que tratándose de una tercera de dominio promovida, no ante el Juez que conoció del juicio que la motiva y se encuentra aún en el período de ejecución de sentencia, sino ante Juez distinto y en juicio diferente, que versa sobre bienes inmuebles, radicantes en este último punto y contra los que se sigue la vía de apremio, siendo aquella demanda un incidente de la principal según el art. 1.534 de la ley de Enjuiciamiento civil, al mismo Juez que entiende de ésta compete el conocimiento de la tercera, á tenor de lo dispuesto en el art. 739 de la expresada ley y la constante jurisprudencia del Tribunal Supremo.

Y por tanto, al sostener la competencia el actor y el segundo Juzgado, ó sea aquel ante quien se interpuso la demanda de tercera, después de recibir el requerimiento inhibitorio, con vista de las razones en el expuestas, es de estimar en uno y otro temeridad manifiesta para el efecto de la imposición de costas.

** *

Pobreza.—Signos exteriores de riqueza. Sentencia de 14 de Noviembre. (Gaceta de 8 de Junio de 1911.)—Consigna que el art. 17 de la ley de Enjuiciamiento criminal no limita el número de signos exteriores que ha de apreciar el Juez para negar el beneficio de la defensa por pobre á los expresados en el contenido de dicho artículo, sino que cualquiera otros pueden ser tenidos en cuenta á ese efecto por el juzgador, y en su consecuencia cuantos revelan el propósito de constituirse de antemano en aparente estado de pobreza, como la venta de bienes, cobro de créditos y renuncia de herencia.

** *

Competencia.—Tercería de dominio.—Sentencia de 15 de Noviembre. (Gacetas de 8 y 11 de Junio de 1911.)—Resuelve que conviniéndose por las partes en que se trata de una tercera de dominio, dada su naturaleza es imposible desconocerla ese carácter, y en su consecuencia aunque no se trate aún de una ejecución de sen-