El Foro español (Madrid. 1898) (1913-01-20 00:00:00), página 5

para la libertad provisional de un procesado. De lo que se deduce que dicha Real orden fué motivada por un caso determinado, en el que puede resultar lógico que el procesado absuelto ó en cuya causa se ha dictado auto de sobreseimiento libre ó provisional, satisfaga los honorarios aludidos porque mediante su actuación, á instancia suya ó en su nombre, á su favor y en su beneficio personal y exclusivo se ha verificado la inscripción. En la parte dispositiva de la Real orden se previene que los honorarios que devenguen los Registradores de la propiedad por las operaciones de su cargo practicadas en virtud de mandato judicial á consecuencia de juicio civil ó criminal, deberán satisfacerse, como las demás costas del juicio, por la parte obligada al pago de las mismas. En este extremo no hay incompatibilidad con lo ordenado en las leyes, que, sin contradicción, sin rectificación, resultan bien interpretadas, con arreglo á las que los honorarios de los Registradores deberán satisfacerse como las demás costas por la parte obligada al pago. Es así que en el caso de que se declaren de oficio las costas, el procesado no debe satisfacer más costas que las producidas á su instancia en el juicio, y las operaciones practicadas por los Registradores no han sido llevadas á cabo á petición del procesado, luego este no se halla obligado al pago. Esto es perfectamente claro, lógico, legal y terminante. Lo resuelto en el núm. 2.º de la Real orden citada se halla condicionado, en cuanto al fondo, por lo prevenido en el núm. 1.º de la misma; y en cuanto á la forma, indicada en las últimas palabras de prenotado núm. 2.º, aunque no es de carácter sustancial en el caso que nos ocupa, no podemos aceptarla, porque, irregularmente, se opone á la comentada interpretación de los textos legales vigentes; y una Real orden no puede, á pretérito de aclarar, rectificar las leyes, pues lo prohiben concluyentemente los Códigos civil y penal, la ley Orgánica del Poder judicial y la Constitución.

Con arreglo á la Real orden de 16 de Diciembre de 1890, los honorarios de liquidación del impuesto de derechos reales, devengados en los mandamientos de embargos, expedidos en causas criminales, deben considerarse como costas, y sólo habrá, por tanto, derecho á hacerlos efectivos en los casos que determina el art. 241 de la ley de Enjuiciamiento criminal. De consiguiente, es evidentemente claro que esta Real orden corrobora la legalista doctrina que hemos expuesto; y la confirma terminantemente al expresar que prenotados honorarios son costas, que sólo habrá, por tanto (porque son costas), derecho á hacerlos efectivos, no en todos los casos, sino solamente en algunos, y éstos son los que taxativamente determina y puntualiza la ley de Enjuiciamiento criminal, y no otros.

Por Real orden de 81 de Mayo de 1899 se dispuso que los honorarios de los Registradores de la propiedad por las anotaciones de embargo en causa criminal deben satisfacerse, como las demás costas del juicio, por el condenado á su pago, y que en el núm. 4.º del art. 241 de la ley de Enjuiciamiento criminal están comprendidos esos honorarios, cuando las costas son de oficio y el interesado no disfruta del beneficio de pobreza. Ya hemos demostrado con la interpretación estricta, que honorarios tales no pueden ser comprendidos en el número que se cita, pues lo prohíben el espíritu y la letra del Código penal y de la ley de Enjuiciamiento criminal; pero en todo caso, de todos modos, tales honorarios deben satisfacerse, como las demás costas del juicio, por el condenado al pago; de consiguiente, cuando no haya condena de costas, no deben satisfacerse mentados honorarios; porque es perfecta y concluyentemente claro que tendría que preceder una imputación de pago, que no existe, si no se acuerda terminantemente por el Tribunal y únicamente en ciertos y determinados casos respecto del querellante particular, del actor civil, etc., y con referencia al procesado absuelto ó encartado en auto de sobreseimiento, en el caso excepcional de haber tenido que constituir fianza hipotecaria para su libertad provisional; por tanto, cuando no se haga imputación de costas, no deben satisfacerse los honorarios predichos, porque no se ha condenado á nadie á su pago, mientras no resulte que la diligencia no se ha practicado de oficio y sí á instancia de parte interesada responsable, que no es el caso que nos ocupa.

Con sujeción á la Real orden de 28 de Agosto de 1908, cuando en las causas se declaren de oficio las costas, deben darse de baja las liquidaciones giradas por las anotaciones de embargo decretadas de oficio que estuvieren aplazadas conforme al párrafo 5.º del art. 11 del Reglamento del impuesto de derechos reales y trasmisión de bienes. Cuya Real orden no precisa otro comentario que la interpretación literal de su contexto clarísimo y terminante, del que se desprende que cuando se declaren de oficio las costas no deben cobrarse las liquidaciones aludidas. La apreciación de esta Real orden no admite duda y es indiscutible en cuanto no se opone á lo sancionado en las leyes penales, cuyas disposiciones traducen fielmente el pensamiento del legislador al articular el concepto de la declaración de las costas de oficio, que debe orientarse hacia la indemnización del perjudicado que la sociedad cause al que su representante, el Poder judicial, aprisione y absuelva no dando al procesamiento otro valor y efecto que el de una simple anulación que nada prejuzgue, ni perjudique, ni infame, y sustituyendo la prisión preventiva por libertad vigilada, cuando menos respecto de los presuntos responsables á quienes, en la hipótesis de la condena, hubiese de aplicárseles la condena condicional.

El art. 335 de la ley Hipotecaria prescribe que los honorarios del Registrador se pagarán por aquel ó aquellos á cuyo favor se inscriba ó anote inmediatamente el derecho. En su virtud, y á parte de los casos de excepción puntualizados, los procesados absueltos ó comprendidos en un auto de sobreseimiento no tienen el deber de pagar aludidos honorarios, porque en la tramitación de la causa no se inscribe ni anota inmediatamente el derecho á favor de los procesados y sí implícitamente á favor de la sociedad damnificada, por el hecho delictuoso, especialmente del perjudicado y sucesivamente de los participes en costas, representados premonitoriamente por el Poder judicial. En razón de lo que el art. 340 de meritoria ley Hipotecaria previene que los honorarios que devenguen los Registradores por los asientos ó certificaciones que los Jueces ó Tribunales manden extender ó librar á consecuencia de los juicios de que conozcan, se calificarán para su exacción y cobro como las demás costas del mismo juicio. Es decir, que salvo los casos excepcionados, cuando se decla-