El Foro español (Madrid. 1898) (1912-06-10 00:00:00), página 6

a los Agentes ejecutivos á dejar de cumplir esa obligación que por la ley les fue impuesta.

Ni puede decirse en descargo de esta infracción legal que con esto no se había sino restablecer el sistema de la Instrucción de 1888, que fué modificado por el Real decreto que aprobó la de 1900 como este pudo modificarse por otro, porque existe entre ambos criterios la substancial diferencia de que el establecido por la Instrucción de 26 de Abril de 1900 era conforme con los preceptos de la ley y el de la de 12 de Mayo de 1888 y Real decreto de 24 de Agosto de 1910 es completamente contrario á los mismos, no pudiendo excusarse una infracción legal sólo por el lamentable precedente de haberse cometido otra análoga con anterioridad. Y bajo otro aspecto, puede también sostenerse la ilegalidad de esa disposición ministerial, porque viene á ser, en suma, una subrogación hecha por la Hacienda en la obligación de pago que antes tenía el Agente ejecutivo, sin que el legítimo acreedor, que en este caso lo es el Registrador de la Propiedad, á virtud de los preceptos legales antes citados, haya prestado su conformidad á la misma, anulando la falta de este requisito la validez de aquéllo, según disposición expresa del art. 1.205 del Código civil.

Decíamos al ingreso de este escrito que ese Real decreto, sobre ser ilegal, según ya hemos demostrado, era opuesto á los severos principios de la equidad y de la justicia. En efecto, el hecho de que una personalidad, bien sea ó no la Hacienda pública por sí misma ó por medio de un Agente ejecutivo ó del contratista de un servicio público oblige á trabajar á un tercero, que ningún provecho ha de obtener próxima ó remotamente del expediente que con aquel tie- bajo se integre, y se niegue á pagarle después hasta que ella ó su contratista hayan obtenido todo el beneficio que del expediente puedan obtener, ni es equitativo ni es justo. El hecho de afirmar que el daño que trata de evitarse es la paralización que puedan sufrir los expedientes por no tener los Agentes ejecutivos dinero para pagar á los Registradores y solucionar la cuestión, librando á los Agentes de la obligación de pagar, pero no á aquéllos de la de trabajar en beneficio ajeno no puede ser estimado como justo.

Si los Agentes ejecutivos no tienen dinero, como parece que es, la causa de esa modificación de la Instrucción de 1900, y aparte de lo raro que esto resulta (pues la experiencia enseña que esos cargos son de los más solicitados, por lo crecidoísimo de los productos que ofrecen), que no lo sean; pero con arreglo á los sanos principios de la equidad, no puede decirseles, como se les ha dicho: «Si tú no puedes realizar tu negocio, porque no puedes pagar al Registrador, no le pagues; pídele á él que trabaje, que yo le obligo á trabajar en tu provecho y en el mío, pero no le pagues y sigue adelante tu camino.»

Eso no puede ser, como tampoco podrá ser motivo para relevar al Agente ejecutivo, del pago del billete del ferrocarril, ó del asiento en la diligencia, ó de la estancia en la fonda que necesitará adquirir, ocupar ó vivir para practi- car las diligencias necesarias en un expediente que el Agente no tuviera dinero para atender á esos menesteres; si no lo tiene, si carece de medios (que esto es en definitiva) para cumplir su obligación, que deje de ser Agente; ¿pero qué tienen que ver con los apuros económicos de ese Agente los terceros, que prestan un servicio y no van á beneficiarse en modo alguno con los negocios que el mismo realice? O ¿es que la Hacienda pública, copartícipe con el Agente ejecutivo, puede tratar obligatoriamente á este contrato de arriendo de servicios públicos al Registrador de la Propiedad, sieno por completo al mismo, convirtién- dolo en socio, que sólo puede estar á pérdidas y nunca á ganancias?

Pero no es esto sólo. Al publicarse el Real decreto de 24 de Agosto de 1910, la recaudación de las contribuciones, por lo menos en lo que se refiere á la cobranza ejecutiva, se encontraba arrendada en varias provincias. Ese arrien- do total, ó esos arriendos parciales en zonas determinadas, estaba hecho con la condición de cumplir los arrenda- rios con todas las obligaciones, trámites y preceptos de la Instrucción de 1900. Una de esas obligaciones era la de pagar los honorarios de los Registradores al recoger los documentos. ¿Es equitativo que después de solemnizado el contrato, el Estado libre de esa obligación al arrenda- rio? ¿Y si alguno no se quedó con el servicio quizás en condiciones más favorables para el Estado porque no quería cumplir esa obligación precisamente? ¿Puede, Exce- lentísimo Señor, estimarse justo y equitativo mantener como se hace en la redacción dada por dicho Real decreto al art. 146 de la Instrucción, la obligación de pagar inme- diatamente los ejecutores los gastos de papel, correo y es- critorio, las dietas de los testigos, los derechos de los peritos y de los tasadores que intervengan en los expedien- tes y negar á los Registradores el derecho, no ya á cobrar, que en esta anomalía se incurre también, sino á exigir que se le paguen sus honorarios hasta que se realice un total adeudo del cual tampoco se da conocimiento á dichos funcionarios?

Beneficiar de esta manera á los Agentes ejecutivos á costa de los Registradores de la Propiedad, que tienen que pagar de su bolsillo el personal auxiliar, el material de la oficina, el importe de unos libros que no son suyos en ningún momento, sino del Estado, y el alquiler del local donde está instalada la oficina, no es justo ni equitativo en modo alguno, ya se considere como medio de eludir ad perpetuam el pago de los honorarios, ya se estime (y ya veremos que en realidad no es así) sólo como un aplazamiento, porque entonces la justicia y la equidad hubieran aconsejado también que el Registrador no tuviera que pa- gar inmediatamente todos esos gastos á que tiene que aten- der para poder realizar las operaciones solicitadas por los Agentes, y, lejos de eso, el Real decreto de 24 de Agosto de 1910, al libertar á los Agentes ejecutivos de la obligación de anticipar sus honorarios á los Registradores, ha impuesto á éstos la obligación de anticipar las cantidades necesarias para el pago de aquellas ineludibles atenciones.

Decíamos también que no sirve para remediar los males que se quisieron corregir con su publicación. Consistían éstos, según la manifestación oficial, en las perturbaciones producidas en la práctica realmente, ó alegadas por algunos Agentes, que se oponíanaban por hallarse dispuesto que los Arrendatarios y Agentes anticipasen sus honorarios á los Registradores sin perjuicio de reintegrarse de su im- porte al terminar el procedimiento. Se deja que á causa de esta disposición se veían en la necesidad de anticipar