El Foro español (Madrid. 1898) (1912-10-30 00:00:00), página 8

ésta y que, habiendo observado buena conducta, se encuentren en el cuarto período de su condena.

Art. 2.º En armonía con lo preceptuado en el art. 8.º del Real decreto de 3 de Junio de 1901, se concede indulto del resto de la condena que se encuentren sufriendo a los penados á prisión y presidio correccional, presidio y prisión mayor que, comprendidos en el cuarto período de sus condenas, hayan observado intachable conducta y dado pruebas de arrepentimiento, previas propuestas aprobadas por el Ministerio de Gracia y Justicia.

En igual concepto y con idénticos requisitos y condiciones á los expresados en el párrafo anterior se concede rebaja de cuatro años en la condena que sufran á los penados de reclusión y cadena temporal y perpetua, que estén asimismo en el cuarto período de sus condenas.

La duración de las penas perpetuas se considera, para los efectos de este decreto, de treinta años.

Art. 3.º Se rebaja la mitad de la pena á los condenados á penas correccionales, y á la cuarta á los sentenciados á penas afflictivas que respectivamente sufran los reclusos que delinquieron antes de cumplir la edad de diez y ocho años, siempre que durante su estancia en la prisión hayan observado intachable conducta y dado muestras de arrepentimiento, previas propuestas aprobadas en la forma expresada anteriormente.

Art. 4.º Se indulta del resto de la pena que sufran á los penados sexagenarios que, estando en el cuarto período de su condena, fueron trasladados, por razón de la edad, de la colonia penitenciaria de Ceuta á la Península, siempre que hayan observado buena conducta.

Art. 5.º Se concede igual indulto del resto de la pena que se encuentran sufriendo, á los penados de buena conducta que, á la fecha de este decreto, hayan cumplido sesenta y cinco años de edad y lleven extinguida, por lo menos, la cuarta parte de su condena.

Art. 6.º Quedan comprendidos en el presente indulto los condenados por los delitos á que se refieren el título 3.º, capítulo 4.º y 5.º y título 4.º y sucesivos del libro II del Código penal, con exclusión de los penados por delitos castigados á instancia de parte y los que, menores de sesenta y cinco años, sean reincidentes ó reiterantes, hayan delinquido durante el tiempo de su condena ó condenados á dos ó más penas por delitos que no sean conexos.

Art. 7.º En las prisiones donde no se encuentren clasificados los períodos, se entenderán comprendidos en el cuarto todos los penados que, habiendo observado buena conducta, lleven sufridas las tres cuartas partes de sus condenas.

Art. 8.º Los informes de conducta en todos los casos serán preparados por las Juntas correccionales correspondientes, atendiendo á los datos de las sesiones celebradas por ellas, á las correcciones que haya sido impuestas y demás que sean pertinentes, de que certificarán en las hojas histórico-penales respectivas. Con tales antecedentes, y en Junta correccional extraordinaria, presidida por el de la Junta de Patronato, en plazo máximo de veinte días se acordarán las propuestas de los que deban ser incluidos, remitiéndolas, con copias certificadas de sus hojas histórico-penales, á los tribunales sentenciadores, quienes con su informe, que emitirán en término de veinte días, las elevarán al Ministerio de Gracia y Justicia para acordar en su vista las órdenes de indulto que procedan.

Art. 9.º Los indultos aplicados por este decreto quedarán sin efecto si el agraciado delinquiera nuevamente.

Art. 10. Las dudas que puedan ocurrir para su aplicación y cumplimiento se consultarán al Ministerio de Gracia y Justicia y serán resueltas por el mismo, sin ulterior recurso.

GRACIA Y JUSTICIA.—Real decreto de 21 de Octubre de 1912, creando en la provincia de Canarias una Audiencia Provincial, con capitalidad en Santa Cruz de Tenerife y los Juzgados de primera instancia á que en el articulado del mismo se hace referencia. (Gaceta del 22).

«Artículo 1.º» Se crea en la provincia de Canarias una Audiencia Provincial, con capitalidad en Santa Cruz de Tenerife, teniendo por territorio jurisdiccional las islas de Tenerife, Palma, Gomera y Hierro.

Art. 2.º La Audiencia de Santa Cruz de Tenerife tendrá iguales atribuciones y competencias que las que las leyes vigentes confieren á las establecidas en las demás capitales de provincias, y con facultades además para el nombramiento de los Jueces, Fiscales municipales, suplentes y adjuntos de los Tribunales municipales del territorio de su jurisdicción; funcionando también en ella el Tribunal provincial de lo contencioso-administrativo.

Art. 3.º Para la celebración de los juicios orales en lo Criminal, continuarán actuando las Secciones como hasta aquí, constituyéndose en las poblaciones del archipiélago indicadas por la ley.

Art. 4.º El personal de Magistrados, individuos del Ministerio Fiscal, Auxiliares y subalternos de la Audiencia de Santa Cruz de Tenerife, se compondrá por ahora de un Presidente de Audiencia, un Fiscal, dos Magistrados y un Teniente Fiscal; un Secretario, un Oficial primero de Sala, otro segundo, un Portero, dos Alguaciles y un Mozo de Estrados.

Art. 5.º Se crea otro Juzgado de primera instancia é instrucción en Las Palmas, también de categoría de término, dividiéndose en dos el que en la actualidad existe, para formar los distritos, que se denominarán de Triana y de Vegueta.

Igualmente se crean Juzgados de primera instancia é instrucción en la isla de Hierro, con la capital en la villa de Valverde; otro en la isla de Fuerteventura, con la capital en Puerto de Cabras; otro en el pueblo de los Llanos, de la isla de Palma, y otro en Icod, de la de Tenerife; los cuatro de categoría de entrada.

Art. 6.º Los Juzgados de Valverde y Puerto de Cabras tendrán cada uno como territorio jurisdiccional el de las islas de Hierro y Fuerteventura, respectivamente.

Art. 7.º El Ministerio de Gracia y Justicia, previo informe de la Sala de gobierno de la Audiencia de Las Palmas y de la Dirección General del Instituto Geográfico y Estadístico, determinará provisionalmente el territorio que deban constituir los Juzgados de Triana y Vegueta, Los Llanos e Icod, teniendo en cuenta para ello la situación de cada pueblo con relación á la cabeza del partido judicial, las vías de comunicación, los datos estadísticos de población y de asuntos civiles y criminales, y cuantos an-