El Foro español (Madrid. 1898) (1912-02-10 00:00:00), página 3

PRIMERA PARTE

CAPÍTULO I.
Capacidad jurídica de la mujer casada en general.

La regla general de su capacidad está contenida en los artículos 60 y 61 del Código civil—de aplicación general en todo el Reino á tenor de lo dispuesto en el párrafo 1.º del art. 12, por hallarse comprendidos dentro del tít. IV del libro I.—y cuyos precedentes inmediatos son disposiciones análogas de la Novísima Recopilación, de las leyes 54, 55 y 56 de Toro, y del art. 49 de la ley de Matrimonio civil, si la memoria no nos es infiel en la cita concreta de las disposiciones legales.

Dice el primero de esos artículos: «El marido es el representante de su mujer.» Si esta afirmación fuese exacta en toda su extensión y el marido fuera un representante legal de la mujer, como lo es el tutor con relación al pupilo y el padre con relación al hijo que está bajo su potestad, bien puede decirse que la personalidad de la mujer desaparecería del Derecho; pero es que dicha afirmación es inexacta: el legislador rinde tributo con ella á la forma, al pasado, mas se contradice á sí mismo. ¿Es que, acaso, el marido, como tal, contrata á nombre de su mujer? Indudablemente que no; es ella la que contrata, en aquello que directamente le afecta, siquiera su personalidad ó capacidad sean restringidas en la forma que después diremos. ¿Es que, acaso, realiza por ella los actos jurídicos? Tampoco; por el contrario, algunos son tan personalismos que ni siquiera requieren su intervención. ¿Es que, aun cuando adquiere ó enajena bienes de la sociedad conyugal, ostenta la representación de la mujer? Entendemos que no, porque entonces no se representa á sí mismo ni se representa á la mujer, sino á la sociedad conyugal, personalidad distinta e independiente de la de cada uno de los cónyuges. Ni aun tratándose de la comparecencia en juicio puede decirse que sea su representante en absoluto, como lo demuestra el hecho de que es ella la que comparece (párr. 2.º del art. 60) y en algunos casos así lo exige taxativamente (art. 1.058 del Código civil, que preceptúa terminantemente que los herederos de la mujer habrán de dirigir la acción de partición simultáneamente contra el marido y la mujer, y que si es aquél el que comparece necesitará para ello el consentimiento de la mujer).

En su consecuencia, ó el marido es un representante sui generis de la mujer, ó dado el alcance de esta palabra en el Derecho nos parece más seguro afirmar que no es representante de aquélla, porque el Código destruye su afirmación, concediendo personalidad propia á la mujer. ¿Hasta dónde alcanza ésta? ¿Cómo se desenvuelve? Esto es lo que vamos á tratar á continuación, sirviéndonos de guía el siguiente postulado:

La capacidad jurídica de la mujer no es plena.
Para contratar, celebrar actos jurídicos y desenvolver su personalidad en la esfera del derecho, necesita la autorización ó licencia del marido, con las excepciones que más adelante se especificarán.

Véase cómo desenvuelve esta regla el Código: la mujer necesita la licencia del marido para lo siguiente:
1.º Para comparecer en juicio, por sí ó por medio de procurador (art. 60).
2.º Adquirir por título oneroso ó lucrativo (art. 61).
3.º Enajenar sus bienes y, en su consecuencia, venderlos, permutarlos, hipotecarlos y gravarlos, pues el término enajenar es amplísimo y á todos los comprende (art. 61).
4.º Obligarse, salvo en los casos y con las limitaciones establecidas por la ley (artículo citado).

Y el rigor del Código, en este punto, es tal que declara nulos los actos ejecutados por la mujer, contra lo dispuesto en los anteriores artículos (pár. 1.º del art. 62).

Ahora bien; nulo, en el Derecho, es lo no existente, lo que, si existió, fue bajo falsas apariencias, fantasмагóricamente, pero sin realidad posible; si esto es cierto, los actos y contratos que la mujer casada celebre sin licencia del marido puede decirse que nacen muertos. Y, sin embargo, la ley del Matrimonio civil, después de consignar un principio idéntico, decía—art. 50—que esos actos podían ser ratificados por el marido; y el Código va más allá, puesto que en su art. 65 preceptúa que «solamente el marido y sus herederos podrán reclamar la nulidad de los actos otorgados por la mujer sin licencia ó autorización del marido». Acción de nulidad que, según el art. 1.301, dura cuatro años, contados desde el día de la disolución del matrimonio.

En su consecuencia, no puede decirse que los actos sean nulos, sino anulables, dependiendo su eficacia de que el marido ó sus herederos ejerciten la acción de nulidad en el tiempo marcado; caso contrario, tienen plena eficacia, y el transcurso del tiempo indicado los purifica por completo; de aquí, el que si observamos atentamente la legislación vigente, encontraremos grandes semejanzas entre la situación de la mujer casada, ante el Código, y la de los aragoneses mayores de catorce años y menores de veinte, y aun entre aquéllos y la de los hijos de familia púberes, en el derecho catalán; como toda persona que tiene personalidad propia, pero restringida, les hace falta que alguien, con su licencia, consentimiento ó autorización, la supla, y de igual modo que el hijo de familia, catalán, para contratar necesita la autorización de su padre (constitución 1.ª del Título de menores) y el aragonés mayor de catorce años pero menor de veinti, á pesar de la declaración del F. De contractibus minorum, á tenor de los Fueros de 1564 y 1585, que llevan las rubricas, «que los menores de veinte años», y «de las obligaciones de los menores de veinte», necesita igualmente la de su padre, la de su madre viuda... así también la mujer casada, capaz en sí misma, necesita, para integrar su plena capacidad, de la licencia marital; la situación no puede ser más equivalente, pero con una diferencia, con relación á la mujer casada: la de que los actos y contratos que sin ella (sin la licencia marital) celebre, no sabemos si, dada la redacción de los artículos citados, nacen muertos y se convalidan por el silencio del marido, ó por el contrario, nacen válidos y plenamente eficaces hasta la reclamación de aquél, ostentando tan sólo la categoría de anulables ó recindibles; diferenciáronse estas más psicológicas que jurídicas, más metasfíasis que prácticas; lo cierto es que el Código, al declarar la nulidad de tales actos (art. 62) para establecer después el principio de que sólo el marido podrá reclamar (ó sus herederos)—artículo 65—contra los actos y contratos ejecutados sin la licencia marital, se contradice enormemente, quizá por el influjo del pasado! Rindiendo tributo al espíritu del Derecho romano