El Foro español (Madrid. 1898) (1912-06-10 00:00:00), página 7

sumas de gran importancia en relación con el valor de las fincas á que los expedientes se refieren y con el número de las embargadas en cada uno de aquellos y no disponiendo de fondos, paralizaban el procedimiento con lo cual se perjudicaban en gran manera los intereses del Tesoro. La solución que se adoptó no parece realmente la más adecuada. Si el Arrendatario ó Agente paraliza su gestión indebida- mente lo lógico es exigirle la responsabilidad correspondiente, no castigar con el aplazamiento indefinido del cobro de sus honorarios á quien por la ley tiene el derecho de hacerlos efectivos por la vía de apremio. Además el mal no consistía precisamente en la razón antes alegada, que á lo sumo podría ser una consecuencia de la verdadera causa del daño. Sólo con fijarse un poco en los precedentes se hubiera podido apreciar cuál era ésta. Con tal Instrucción anterior, de 12 de Mayo de 1888 que había considerado como costas los honorarios de los Registradores (también ilegalmente) cuyo abono no se podía exigir hasta la realización del débito, venta de las fincas, ó adjudicación de éstas á la Hacienda, que es, en suma, el sistema á que se ha vuelto por el Real decreto, no se evitaba la paralización de los expedientes y no se evitaba porque al obligarse á los Registradores en contra de la ley á realizar un servicio excesivo sin pago inmediato del mismo, se les obligaba como ahora también quiere hacerse á sufrir y anticipar los gastos á que ya nos hemos referido en otro lugar de este escrito y cuando no podían hacerlo, el servicio quedaba sin realizar, razón ésta, sin duda, por la que en ese Real decreto que tan favorable es á los Arrendatarios y Agentes para el abuso de sus facultades, se extrema la sanción penal contra los Registradores en el art. 149. Pero ni una, ni ni otra dificultad económica por parte de Agentes ni de Registradores, era, ni es la causa cierta del mal.

Esa causa consiste únicamente en el abuso, no puede decirse de otra manera, en el abuso hecho por los Arrendatarios ó Agentes de la facultad de acumular distintos débitos y deudores en un solo expediente, concedida por el artículo 148 de la Instrucción.

Con haber restringido esa facultad el perjuicio queda- ba evitado, y ello si estábamos en las atribuciones exclusi- vas del Ministro de Hacienda. Suprimid esa facultad de los Agentes, limitada prudentemente á un número reducido de deudores solventes, ó en absoluto sólo al caso de deudo- res sin responsabilidad conocida, y ya no será preciso ir contra los preceptos de la ley Hipotecaria, negando á los Registradores el derecho á cobrar sus honorarios, porque solamente con eso se habrá hecho imposible la necesidad de anticipar á éstos cantidades de gran importancia, que nunca podrán recibir este calificativo las que hayan de abonarse por el despacho de una certificación ó la anota- ción de un embargo de una, ó tres, ó cuatro fincas; pero tolerar el abuso como se ha tolerado y se tolera, consentir refundir en un expediente lo que debiera ser objeto de cincuenta ó de ciento, y por efecto natural de la suma ó de la multiplicación, las unidades de peseta se convierten en centenares y en millares, siempre resultará que con el Real decreto cuya derogación solicitamos, el daño derivado de ese abuso consentido por los Agentes se hace recaer exclu- sivamente sobre los Registradores, que nada han tenido que ver con la iniciación del mismo. No era, pues, la reso- lución adoptada por el Ministerio de Hacienda la medida adecuada para corregirla. Si el daño consistía en la gran importancia de las cantidades que habían de pagarse á los Registradores, y si éstas no podían tener ese carácter con relación á cada expediente, sino en los casos de acumula- ción excesiva, únicamente imputable al encargado de seguir el procedimiento, la única manera adecuada de reme- diarlo era reducir á límites prudentes esa acumulación, máxime cuando ella puede ser origen también de manejos reprobarles para la obtención de un lucro ilegal, porque siendo obligación de los deudores satisfacer el pago de los gastos y costas originados en los expedientes, y consigna- dos los honorarios de los Registradores sólo en totalidad al pie de las notas correspondientes, queda con ello abierto el camino de la posibilidad de que á cada uno de los deude- res comprendidos en el expediente de apremio se le cobre por el Agente ó por el Auxiliar de éste, no la parte alfomota que él deba pagar de aquellos honorarios, sino la totalidad de los mismos. Una prueba evidente de que aquel mal de la paralización de los expedientes no se produce sino cuando se abusa de la acumulación de débitos distintos en uno solo, y que la acumulación así hecha sólo sirve para favo- recer afanes ilegítimos ó tratar de reparar en un solo pro- cedimiento, que quiere seguirse á toda prisa y con grave daño del bolsillo de los Registradores consumables abando- nos en la gestión recaudatoria, la ofrece el hecho de que aun con el Real decreto de 24 de Agosto de 1910, hay Agen- tes ejecutivos que siguen abonando á los Registradores sus honorarios en la forma prevista por la Instrucción de 1900, y no como maliciosamente pueda suponerse porque sean más capitalistas, sino porque su gestión recauda- toria se desenvuelve ordenada y metódicamente, formando un expediente á cada deudor, con lo cual, en sanos prin- cipios administrativos, es imposible de todo punto aquella paralización.

Y si al fin se hubieran dictado reglas explícitas para asegurar el derecho de los Registradores de la Propiedad per- judicados por ese Real decreto, aun esto unido al buen propósito de su autor, pudiera haber constituido una cir- cunstancia atenuante de la ilegalidad cometida. Pero no; se volvió de lleno al reprobo sistema de la Instrucción de 12 de Mayo de 1888, á pesar de que el ilustre financiero que en 1900, y en este detalle restableció el imperio de la justicia, al par que en su nunca bastante alabada gestión de carácter general, elevaba el crédito de nuestra vieja ha- cienda nacional, había señalado el grave mal de dejar á los Registradores el cobro de sus honorarios pendiente de unos procedimientos que ellos no podían inspeccionar, ni promover su tramitación dentro de los plazos regla- mentarios.

Cómo y cuándo cobrarán los Registradores esos honora- rios lo establece la nueva redacción de los artículos 143 y 149. El primero sustituyó la frase de la Instrucción de 1900 que decía, debían efectuar el pago los Agentes «al reoferir los expresados documentos», por estas otras: «tan pronto como realizada la venta del inmueble correspondiente, el comprador entregará el precio del remate». «Si por falta de postores se hubieran adjudicado á la Hacienda, ésta efectuará el pago de los honorarios como costas del proce- dimiento con cargo al respectivo crédito del Presupuesto