El Foro español (Madrid. 1898) (1912-08-10 00:00:00), página 3

II
ORGANIZACIÓN DE LOS TRIBUNALES INDUSTRIALES

Artículo 2.º El Gobierno podrá decretar el establecimiento de un Tribunal industrial en la cabeza de un partido judicial con jurisdicción sobre todo el territorio del partido, siempre que lo estime oportuno, por su propia iniciativa ó á petición de obreros y patronos del territorio.

El Gobierno oirá previamente en todo caso el parecer de las Juntas locales y provinciales, de Reformas Sociales, Cámaras Agrícolas, Industriales y de Comercio correspondientes, y podrá oír también el de cualquiera otras entidades á quienes afecte la creación del Tribunal industrial.

Art. 3.º El Tribunal se compondrá del Juez de primera instancia, Presidente, y de dos jurados y un suplente, patronos, y dos jurados y un suplente, obreros, designados conforme al artículo 27 de esta Ley.

Art. 4.º En Madrid y Barcelona se creará un Juez especial, que desempeñará las funciones que le asigna esta Ley, incluso las del artículo 82, con el personal auxiliar y subalterno correspondiente.

Art. 5.º El cargo de jurado, una vez admitido, es obligatorio.

Se entenderá admitido por todo aquel que á los ocho días de haber sido proclamado jurado no lo renuncie.

Los jurados percibirán, en concepto de dietas, por sesión, cinco pesetas en las poblaciones de menos de 50,000 almas, y seis en las de 50,000 ó más.

Art. 6.º Las funciones auxiliares del Tribunal serán desempeñadas por un Secretario judicial designado por la Sala de Gobierno de la Audiencia Territorial respectiva, el cual percibirá, como indemnización, por sesión, el doble de las dietas de un jurado.

Las dietas abonables á jurados y personal auxiliar no excederán de las correspondientes á tres sesiones, cualquiera que sea el número de las que se celebren.

Serán subalternos del Tribunal industrial los mismos del Juzgado de primera instancia ó los que en su caso se nombraren para el Juzgado especial que se cree. Por las citaciones y demás diligencias que deban practicar se les abonarán en concepto de dietas, de cinco á 15 pesetas por cada pleito, según las circunstancias de éste, á juicio del Juez.

III
DE LA COMPETENCIA DEL TRIBUNAL INDUSTRIAL

Art. 7.º Salvo el caso de compromiso en amigables composiciones, el Tribunal industrial conocerá:

Primero. De las reclamaciones civiles que surjan entre patronos y obreros, ó entre obreros del mismo patrono, sobre incumplimiento ó rescisión de los contratos de arrendamiento de servicios, de los contratos de trabajo ó los de aprendizaje.

Segundo. De los pleitos que surjan en la aplicación de la ley de Accidentes del trabajo, sometidos hasta ahora provisionalmente á la jurisdicción de los Jueces de primera instancia.

El contrato se supone siempre existente entre todo aquel que da trabajo y el que lo presta; á falta de estipulación escrita ó verbal, se atenderá el Tribunal á los usos y costumbres de cada localidad en la respectiva clase de trabajo.

Art. 8.º Cuando se suscite juicio ordinario en virtud de reserva de derechos, en él entenderá el Tribunal industrial, si el asunto es de su competencia, con arreglo al artículo anterior, ó el Juez de primera instancia en el caso del artículo 32.

IV
SISTEMA ELECTORAL DE LOS JURADOS

Art. 9.º El Real decreto que ordene la creación de un Tribunal industrial, se comunicará oficialmente al Presidente de la Junta local de Reformas Sociales de la cabeza del partido en donde el Tribunal haya de constituirse.

El presidente lo hará público en la forma acostumbrada concediendo además el plazo de un mes para que acudan á inscribirse en las listas electorales, personalmente ó por escrito, todos aquellos que tengan derecho á ser incluidos en ellas, con arreglo al artículo siguiente.

En la convocatoria ó llamamiento por el Presidente de la Junta local de Reformas Sociales se insertará literalmente el artículo 7.º de esta misma Ley, relativo á los asuntos de que conocen los Tribunales industriales.

La Junta local de Reformas Sociales de la cabeza de partido formará separadamente la lista de elección de patronos y obreros de todo el territorio con los que voluntariamente se hubieren inscrito; admitirá e informará las reclamaciones sobre inclusión y exclusión, remitiéndolas al Juzgado de primera instancia para su resolución definitiva.

Los Ayuntamientos sustituirán á las Juntas locales donde éstas no existan.

En caso de que no pudiera establecerse un Tribunal industrial por falta de inscripción en las listas electorales, se hará el llamamiento durante cinco años consecutivos, á no ser que antes tuviera lugar la creación de aquél.

Art. 10. Tienen derecho á ser electores, en concepto de patronos, las personas naturales, sin cual fuere su sexo ó edad, ó jurídicas, nacionales ó extranjeras, que ejerzan una industria, comercio, oficio ó fabricación, ó que sean propietarias ó contratistas de obras, según la definición del artículo 1.º de esta Ley, y que además paguen contribución por cualquiera de los conceptos expresados.

Tienen derecho á ser electores en concepto de obreros, todas aquellas personas comprendidas en la definición del artículo 1.º, que reciban trabajo de quienes sean ó puedan ser electores patronos, con arreglo á los párrafos anteriores.

En caso de incapacidad civil, por razón de edad, de las personas á quienes se refieren los párrafos anteriores, podrán ser incluidas en las listas las que legalmente las representen.

Art. 11. Están incapacitados para ser electores:

Primer. Los impedidos física ó intelectualmente.
Segundo. Los quebrados no rehabilitados y los concursados, mientras no sean declarados inculpables.
Tercero. Los que estén sujetos á interdicción civil.
Cuarto. Los condenados á penas afflictivas ó correccionales, mientras no extingan la condena.