El Foro español (Madrid. 1898) (1913-04-20 00:00:00), página 14

Que la novación, que consiste en la sustitución de deudores, requiere, lo mismo por el art. 1.205 del Código Civil que por la ley 1.ª, título II, libro XLVI del Digesto y por el párrafo 3.º, título XXX, libro III de la Instituta, el consentimiento del acreedor, consentimiento que ha de constar por modo cierto y positivo, y que se prestará con el deliberado propósito de exonerar de sus obligaciones al deudor primitivo, para hacerlas recaer en toda su extensión sobre el deudor nuevo, porque solamente así se justifica que la insolvencia de éste no haga revivir por regla general al acreedor contra su primer deudor, como se establece en el art. 1.206 del mismo Código; y si bien es cierto que la ley exige mayores garantías para esta novación que para el caso de la que se realiza por la sustitución ó cambio de acreedores, y que en los contratos bilaterales las partes son racionalmente deudores y acreedores, tales circunstancias no pueden ser obice para que se aplique la doctrina anteriormente expuesta sin distingos ni atenuaciones á un contrato de esa naturaleza, á cuyos efectos el consentimiento á la sustitución ha de exteriorizarse por elementos de juicio concluyentes y no basta deducirse de actos realizados susceptibles de interpretaciones varias.

Y que el derecho de opción, otorgado por el artículo 1.124 del repetido Código, al contratante perjudicado en las obligaciones recíprocas de escoger entre el cumplimiento ó la resolución de lo convenido, cesó, por regla general, una vez hecha la elección que se hace en la vía judicial ó fuera de ella si llegara á términos de obligada concordia, pues en otro caso no habría razón para privar al contratante, fiel cumplidor de sus obligaciones, que es á quien favorece la ley, de un derecho que la misma le concede inspirada en principios de equidad.

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Prueba de presunciones.—Dominio y posesión.—Competencia de jurisdicción. Posesor de buena fe.—Sentencia de 23 de Junio. (Gaceta de 22 de Julio de 1912.)—Declara que se ajusta á los dictados del art. 435, en relación con el 1.258, ambos del Código Civil, y en su consecuencia no los infringe la Sala sentenciadora que hace descansar su resolución, no ya sólo en presunciones que acepta para elemento de prueba, sino que tomándolas todas en cuenta, combinándolas en conjunto y ejerciendo la facultad soberana que á ese efecto la competente, forma juicio y convencimiento y declara probado que el Estado poseyó de buena fe determinados bienes por espacio de veinticinco años y hasta que por haber recaído una sentencia definitiva declarando que los referidos bienes era otra entidad única y legítima dueña, quedó interrumpida la posesión de buena fe y vino por lo mismo el Estado obligado á abonar el importe de los frutos correspondientes al tiempo que mediara desde la fecha de la citada sentencia definitiva hasta la en que se diere posesión á la entidad, cuyo derecho reconocido aquella resolución firme, para cuya fijación, por falta de base, conocida y concreta, debe acudirse al aprecio judicial en ejecución de sentencia.

Que en un caso como el citado no existe tampoco infracción del art. 4.º en relación con los 2.º y 3.º de la ley Orgánica del Poder judicial, toda vez que se trata de aplicar leyes de carácter exclusivamente civil relativas al dominio y posesión de un inmueble y de decidir respecto al ejercicio de una acción derivada de la propiedad de aquél, y tan sólo los Tribunales de la jurisdicción ordinaria son los que tienen potestad para aplicar dichas leyes, para juzgar y hacer ejecutar lo juzgado máxime si á mayor abundamiento se ha suscitado durante el curso del pleito incidente de competencia, resuelto reconociendo y proclamando do que correspondía por entero al Juzgado de primera instancia ante el que se subestanciaba.

Y que tampoco puede admitirse en el propio caso la existencia de error por indebida aplicación de los artículos 451 y 455 del tan repetido Código, si los bienes materia de litigio figuraron en los Catálogos de los del Estado no como pertenecientes á los propios de los pueblos en cuyos términos radican, sino como poseídos directamente por el Estado de buena fe, durante el tiempo de que queda fecha mención, siendo, por tanto, aplicables los expresados artículos para establecer tanto que correspondieron al Estado en concepto de poseedor de buena fe, durante determinado tiempo, los frutos producidos, cuanto para declarar que tiene la obligación de abonar los percibidos desde la fecha en que la posesión quedó interrumpida.

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Retrato.—Prescripción de la acción.—Sentencia de 24 de Junio. (Gaceta de 22 de Julio de 1912.)—Declara que con arreglo á la legislación anterior al Código Civil, el término para el ejercicio de la acción de retrato cuando hubiere sido establecido por tiempo indeterminado, ó no se señale ésto, era el de la duración de la acción, teniendo en cuenta la calificación que á la misma correspondiera, plazo que el art. 1.508 del Código ha fijado en cuatro años y en diez como máximo, cuando exista pacto referente á dicho particular.

Que el precepto claro y terminante del art. 1.939 del Código Civil, es de aplicación para todos los términos que el mismo Cuerpo legal señala para la prescripción, y por lo menos al de cuatro años que fija en su art. 1.508 para utilizar el derecho de retrato cuando no se haya estipulado plazo, y concurrendo este caso y habiendo transcurrido con exceso el expresado término, desde que se opuso, en observancia del citado Cuerpo legal, hasta que se hizo la reclamación, es indudable que se halla prescrita la acción para ejercitar dicho derecho, y al entender así no se intrigen en una sentencia los mencionados artículos 1.939 y 1.508, ni tampoco la regla 4.ª de las transitorias del repetido Código, ya que la cuestión que se resuelve, no afecta á la sustantividad ó esencia del derecho de retrato, sino á la duración de la acción para el ejercicio del mismo:

Y que aun en el supuesto de que hubiere de tenerse en cuenta el término de diez años que como máximo permite el mencionado art. 1.508 del Código, en su párrafo 2.º, habrá también prescrito la acción, si dicho plazo, al contar desde la fecha en que comenzó á regir el citado Código, ha transcurrido el día en que se hace la interpelación judicial, sin que conste que se utilizara ninguna extrajudicial.

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Prueba de las obligaciones.—Apreciación de prueba.—Sentencia de 24 de Junio (Gaceta de 22 de Julio de 1912.)—Resuelve que reducida la cuestión planteadá en los autos de que traza origen el recurso y resulta en la sentencia impugnada, á determinar la naturaleza de las obligaciones establecidas en cierta escritura pública y examinar la prueba de su existencia que al actor incumbe, conforme al artículo 1.214 del Código Civil, es evidente que compuesta aquella de prueba distintos elementos y apreciada en conjunto por el Tribunal sentenciador, no es lícito contradecir su juicio descomponiendo aquellos elementos probatorios y examinandolos aisladamente para sustituir con el propio criterio el del juzgador y fundamentar el recurso sobre una base de hecho contraria á los supuestos establecidos por la sentencia recurrida y sobre hipótesis injustificadas.