El Foro español (Madrid. 1898) (1912-04-30 00:00:00), página 11

de dos únicas excepciones según las cuales si bien es permitido cuando el testador se halle en peligro inminente de muerte ó cuando ocurran circunstancias anormales de epidemia en una localidad prescindir en las disposiciones de última voluntad á que aquellas se refieren de la intervención de funcionario público, no así de las demás formalidades requeridas por la ley entre estas de la concurrencia al acto de los testigos que en número y condiciones exigen los arts. 700 y 701, á su vez relacionados con los 681 y 682 del Código civil.

Que en el caso de impugnación de la validez de una cédula testamentaria otorgada en ocasión de encontrarse el otorgante en inminente peligro de muerte, dejando sin efecto un testamento otorgado anteriormente ante Notario, pero con la circunstancia de que en dicha cédula no consta la hora del otorgamiento ni los nombres de los testigos y termina después de la última cláusula con las palabras, «Testigos que certifican» y debajo las firmas de los mismos, es evidente que si no se hace objeto del debate la calificación del peligro inminente de muerte del testador al otorgar esa su última voluntad y aparecen debidamente cumplidos en la cédula tachada de nula, los demás requisitos esenciales exigidos de una manera privativa por el Código civil para la validez de esta clase de testamentos tales como el conocimiento y capacidad necesaria del otorgante, unidad del acto y concurrencia de los cinco testigos idóneos autorizando el instrumento, la Sala sentenciadora que ordena la protocolización de dicha cédula no infringe el art. 687 del citado cuerpo legal.

Que tampoco infringe el art. 695 del repetido Código en el supuesto erróneo de que las formalidades han de hacerse constar en el momento de otorgar el testamento y no en otro, porque esas solemnidades en lo que tengan de fundamentales para hacer constar la voluntad de un testador y su forma legal de expresión pueden y deben acreditarse bien en el expediente de jurisdicción voluntaria previsto en el título 6.º libro 3.º de la ley de Enjuiciamiento civil, bien en el correspondiente juicio contradictorio, pues hasta ese momento, según el art. 704 del mismo Código, la cédula o memoria que se ordene protocolizar no merece el concepto jurídico ni tiene la eficacia y virtualidad de verdadero testamento.

Febrero.

Competencia.—Compraventa mercantil.—Contrato de cambio.—Acción de resolución.—Sentencia de 1º de Febrero. (Gaceta de 13 de Diciembre de 1911.)—Resuelve que no tratándose del ejercicio de la acción procedente del contrato de cambio que autorizan los arts. 520 del Código de Comercio y 1.420, número 4, de la ley de Enjuiciamiento civil, por no haber mediado protesta de la letra por el librador, que es requisito indispensable según dichos preceptos, sino de acción personal nacida de un contrato de compraventa de géneros de comercio, al fiado y existiendo el principio de prueba de que aquéllos fueron remitidos desde el domicilio del actor al del demandado, de cuenta y riesgo de ésta, como el cumplimiento de la obligación, á los efectos de pago, ha de tener lugar en el del primer domicilio, según el párrafo 2.º del artículo 1.500 del Código civil, al Juez del mismo lugar, en defecto de sumisión y de pacto en contrario, corresponde conocer del asunto.

Y que no se opone á esta doctrina el hecho de que á la letra de cambio se la dé fuerza ejecutiva mediante el reconocimiento de firma y se haya utilizado previamente el medio del giro según uso y costumbre del comercio, precisamente á fin de dar mayores facilidades á los compradores para el cumplimiento de esta primordial obligación.

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Daños y perjuicios.—Contrato de compraventa.—Promesa de venta.—Documento privado.—Condición esencial del contrato.—Obligación mancomunada simple.—Sentencia de 4 de Febrero. (Gaceta de 13 de Diciembre de 1911.)—Declara que el incumplimiento, así de contrato de compraventa, regulado por el artículo 1.450, como de la promesa aceptada, según el artículo 1.451, ambos del Código civil, faculta al perjudicado para reclamar la indemnización de daños y perjuicios sin necesidad de reclamar previamente el cumplimiento de lo convenido, ya que conforme á lo dispuesto en el art. 1.101 del propio Código, quedan sujetos á dicha indemnización los que en el cumplimiento de sus obligaciones contraviniesen de cualquier modo, al tenor de las mismas, precepto de aplicación general en materia de contratación que se relaciona con lo establecido en el art. 1.906 del propio Cuerpo legal, que expresamente cita aquel artículo, y con lo que previene el 1.124 al facultar al perjudicado por falta de cumplimiento de las obligaciones recíprocas para pedir la referida indemnización, prescindiendo de exigir aquél.

Que si del contexto claro y terminante, que por ello no necesita interpretación, de un documento privado aparece que cierto individuo se compromete á vender á otros determinados efectos y después resulta que no cumple el compromiso, causando con ello perjuicios á los compradores, es manifiesto que cualquiera que sea la calificación jurídica que merezca el expresado contrato, la sentencia que aprecia que el obligado á la venta no cumplió sus compromisos y le condena al pago de los perjuicios que en la oportuna demanda se le reclaman aplica debidamente los arts. 1.090, 1.101 y 1.124 y no infringe ni el principio de Derecho de que la voluntad de los contratantes es ley suprema entre ellos, sancionado en sentencias, entre otras, de 18 y 21 de Abril de 1884, 24 de Noviembre de 1885 y 26 de igual mes de 1905, ni la de 13 de Febrero de 1897 juntamente con el art. 1.451 del Código civil y la sentencia de 6 de Diciembre de 1904.

Que aun cuando en un contrato de la naturaleza del referido se pacte que el documento privado en que se consigna se elevará á escritura pública si es necesario, no puede sostenerse que de tal condición dependa la validez de la obligación, puesto que no constituye más que un derecho concedido á los contratantes para exigir dicho requisito formal, pero no una condición de cuyo cumplimiento dependa la efectividad de aquélla, ya que tal requisito no lo requieren ni los artículos 1.278 y 1.280 del Código civil ni el 51 del de Comercio, y esto sentado es manifiesto que la sentencia antes mencionada no infringe los artículos 1.113 y 1.114 del citado Código civil ni la ley del contrato.

Y que no niega dicha sentencia que la obligación referida sea mancomunada simple, y antes bien lo admite al partir del supuesto de la divisibilidad de la misma para estimar por el resultado de las pruebas y teniendo en cuenta la distribución acordada entre los compradores del total de los efectos objeto de la promesa de venta, que á cada uno de los demandados corresponde percibir un número de ellos comprendido en el que se comprometiera á vender el demandado y que sirve de base para fijar los perjuicios con cuya estimación no infringe los artículos 1.137 y 1.138 del