El Foro español (Madrid. 1898) (1913-07-10 00:00:00), página 12

Véase el caso y digáseños la razón que para ello pueda haber.

Perdido en apelación, por el demandante, el incidente de pobreza, y en cuya apelación no se personó el apelado, se practicó la tasación de costas en la que, naturalmente, se incluyeron los derechos del Procurador de dicho demandante Sr. Fenoll y la minuta de su letrado Sr. Díaz Valero, y se expidió la oportuna carta-orden para que por el Juzgado correspondiente, que lo era el de la Latina, secretaria del Sr. Rivea, se hiciesen efectivas las costas, como así tuvo lugar; trabajándose embargo en bienes que no eran de la propiedad del condenado, pero que en evitación de una tercera, que hubiese sido más costosa, motivó el que se le facilitara dinero para hacer la consignación que se realizó por el total de las costas de Juzgado y Audiencia; fijense los lectores, por el total. Pero como quiera que el Procurador y Abogado estaban pagados con anterioridad, quizá por haber hecho alguna concesión en sus respectivos derechos en consideración á la índole económica del asunto, se acudió á la Sala con los recibos de estos señores y por medio de escrito firmado por el propio Procurador Sr. Fenoll, diciendo que en el Juzgado, por cumplir al pie de la letra la orden de dicha Sala, se había consignado la totalidad de las costas, si bien haciendo la salvedad de estar ya pagados el Letrado y Procurador de la parte, cuyos recibos se exhibieron, pidiendo ahora á la Sala que acordase la devolución de las cantidades que los mismos significaban, como así se acordó por la providencia fecha 17, pero mandando requerir á los citados Procurador y Abogado -para que en lo sucesivo se abstengan de percibir particularmente sus honorarios y derechos cuando figuran incluidos en tasación, como lo han hecho en este caso, con evidente infracción—añade la providencia—de la preferencia absoluta que tiene el Estado y con prioridad respecto á los demás partícipes de igual derecho».

Tal es la extraña resolución más ó menos espontánea de la Sala 2.a, y aun cuando en nuestro concepto, tanto el Letrado como el Procurador, en todo caso son libres de cobrar sus derechos en cualquier momento directa y particularmente de sus clientes, á primera vista salta lo improcedente de las razones que se alegan para justificar tal decisión fundandola aparentemente en supuestos perjuicios de nadie, desde el instante mismo en que se ha dicho que se había consignado la totalidad de las costas causadas.

No existe, pues, perjuicio para nadie en esa percepción de honorarios particular, puesto que si bien es cierto que con arreglo al art. 230 de los aranceles judiciales, al Relator se le asigna el 5 por 100 de la distribución de lo consignado que cobrará de los respectivos interesados, esto es, según el 229 si se consigna, pues este artículo enlaza con el siguiente con el empleo de estas palabras que indican una continuación: «y por la distribución...», etc. De modo que hay derecho á no consignar el todo ó parte de las costas puesto que las palabras «Si se consignase» con que empieza dicho art. 229, expresan claramente una disyuntiva. Y sobre todo, en buenas reglas de hermenéutica legal lo que nunca debe perjudicarse son los derechos adquiridos, y ese derecho, único que pudiera haberse perjudicado, estaba por adquirir, y como se ha visto su adquisición dependía de un hecho libre, y, por lo tanto, voluntario, como todo en lo civil, de las partes litigantes.

No encontramos, pues, motivo ni perjuicio bastante, ni en los alegados expresamente en la providencia aludida, ni en ningún otro que pueda coartar la libertad de Abogados, Procuradores y litigantes en casos como el de que se trata. Por cierto, y ya que hablamos de esto, hemos de llamar la atención de quien corresponda, sobre un hecho de que tenemos noticia y del que, á pesar de todo, no nos habríamos ocupado y que ahora la ocasión nos empuja á dar cuenta de él para que se puntualice, ya que de puntualizar derechos en materia de honorarios se trata, y es el de que no es el 5 sino el 10 por 100, lo que en ocasiones se viene cobrando en materia de distribución de costas tasadas en Relatoria, y cuya razón no se nos alcanza del todo, por lo que convendrá se haga algo que aclare para lo sucesivo lo que proceda respecto á este particular.

Y nada más por hoy.

Registros de la Propiedad vacantes.

Se hallan vacantes los siguientes Registros de la Propiedad, que han de proveerse en los turnos que se expresan, conforme al artículo 303 de la ley Hipotecaria.

    REGISTRO
    AUDIENCIA
    CLASE
    TURNO DE PROVISION
    FIANZAPesetas.

    Motril
    Granada
    2.a
    Primero de la regla primera de dicho artículo (mejor clase y mayor antigüedad en el Cuerpo)
    2.500

    Borja
    Zaragoza
    3.a
    Idem
    1.750

    Albaida
    Valencia
    1.a
    Segundo de la misma regla (mayor antigüedad en el Escalafón)
    3.000

    Falset
    Barcelona
    2.a
    Idem
    2.500

    Montblanch
    Idem
    2.a
    Idem
    2.500

    Orotava
    Las Palmas
    2.a
    Idem
    2.500

    Trujillo
    Cáceres
    3.a
    Idem
    1.750

Los aspirantes elevarán sus solicitudes al Gobierno, por conducto de la Dirección general, dentro del plazo de veinte días naturales, contados desde el 30 de Junio.

Habiéndose omitido involuntariamente en el anuncio para la provisión del Registro de la Propiedad de Orotava, fecha 26 del actual, publicado en la Gaceta del 30, que se ha incoado expediente para la creación de un Registro en Icod con pueblos pertenecientes al citado de Orotava, y la advertencia prevista para estos casos por la Real orden de 26 de Marzo último.

Esta Dirección General ha acordado subsanar la omisión cometida, y que se publique en la Gaceta como adición del referido anuncio para conocimiento de los aspirantes al repetido Registro de Orotava, poniéndoles, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1º de la indicada Real orden, que el Registrador que le obtenga no adquirirá derecho alguno en el caso de que se altere la actual circunscripción territorial del mismo, por virtud de la creación del Registro de Icod.

Madrid, 30 de Junio de 1914.—El Director general, Fernando Weyler.