El Foro español (Madrid. 1898) (1912-03-20 00:00:00), página 11

mismas para enajenar los bienes dotales y los parafernales.

Capacidad de la mujer casada para contratar en general.—Puede, desde luego, sentarse la siguiente regla: la mujer necesita para verificar los actos jurídicos y para contratar, la licencia de su marido. Así lo dispone el artículo 60 del Código para la comparecencia en juicio, y el 61 para adquirir por título oneroso o lucrativo, enajenar sus bienes y obligarse.

De manera, pues, que llamemos licencia, consentimiento, poder, como se quiera, siempre resulta que la mujer por sí sola carece de capacidad para realizar todo acto en virtud del cual queda jurídicamente obligada. La autorización marital es ineludible. Así se desprende de los preceptos antedichos.

Parece, por lo tanto, que sobre esto no debe caber la menor duda, máxime cuando el art. 62 del Código declara expresamente que «son nulos los actos ejecutados por la mujer contra lo dispuesto en los anteriores artículos, salvo cuando se trate de cosas que por su naturaleza estén destinadas al consumo ordinario de la familia...»; y, sin embargo, la duda se ha suscitado; los términos de la regla general expuesta no son tan terminantes, tan absolutos, tan claros como su lectura da á entender á primera vista, y hasta la misma Dirección general de los Registros, traduciendo su criterio en distintas Resoluciones, ha contribuido á que la falta de fijas en esta cuestión continúe subsistente.

Da margen á la duda el precepto contenido en el artículo 65 del Código: «sólomente el marido y sus herederos podrán reclamar la nulidad de los actos otorgados por la mujer sin licencia ó autorización competente». ¿Qué quiere decir éste? ¿Se convulcan esos actos por el silencio del marido y los herederos durante el transcurso de los cuatro años siguientes á la disolución del matrimonio (límite que fija la ley para entablar la acción de nulidad), á pesar de lo que dispone el art. 62? Bien merece la pena de exponer siquiera la doctrina de la Dirección.

En una de sus Resoluciones (1) declaró inscribible una escritura de venta otorgada por mujer casada sin licencia de su marido, fundándose en que, á pesar del art. 61, á tenor del 65 se colige que el contrato celebrado por la mujer sin la expresada licencia no es necesariamente nulo, por lo que no cabe, desde el punto de vista hipotecario repetir tal defecto como insubsanable; no cuadrándole tampoco el calificativo de subsanable, desde el momento en que la falta de la licencia marital no es un nuevo defecto de forma que sólo afecte á la validez del título. Las razones, como se ve, son de pese. Haciendo aplicación de la teoría de contratos nulos y anulables, coloca entre estos últimos los celebrados por mujer casada sin licencia marital, ya que sólo el marido y sus herederos pueden reclamar su nulidad. Mas tal declaración está dictada (como dice la misma Dirección de los Registros) desde el punto de vista hipotecario, por considerar, en vista de lo expuesto, que la falta de la licencia no constituye defecto insubsanable ni subsanable. Pero como nosotros escribimos desde el punto de vista civil, opinamos con firmeza que sobre el art. 65 del Código deben prevalecer, á los efectos de la validez de las escrituras notariales, las disposiciones de los arts. 61 y 62, porque requiriendo el primero la licencia y declarando el segundo nulo el acto sin la misma ejecutado, es claro como la luz del día que el instrumento que contenga un acto de obligación cualquiera verificado por mujer casada sin licencia de su marido es un instrumento viciado ó defectuoso, por contrariar abiertamente lo preceptuado en los expresados artículos. Y buena prueba de ello es la doctrina de otras Resoluciones posteriores de la Dirección (2) á que nos referimos, en las cuales se declaró que no estaba redactada con arreglo á las formalidades legales una escritura de venta otorgada por mujer casada sin la debida li-

cenza, precisamente por haberse faltado á lo prevenido en el art. 61 del Código civil.

Siguamos desarrollando la regla general de capacidad en la mujer. La licencia marital debe ser expresa y aunque, dada su finalidad ética y jurídica, deberá también ser especial para cada solo ó contrato en que se requiera, lo cierto es que no aparece prohibido terminantemente en el Código el acto de otorgar el marido poder general en favor de la mujer para toda clase de contratos, que así lo hemos visto realizado en la práctica y que el Tribunal Supremo lo tiene confirmado (1). Y es más; la facultad de prestar la licencia es personalísima del marido, hasta el punto de no ser válido el contrato hecho por la mujer en virtud de poder que el marido confiera á otra persona para que ésta dé la licencia. Tal facultad que la ley concede al marido es intransmisible (2).

Pero al exigir el Código ese requisito, exceptúa los casos establecidos por la ley. Réstanos, pues, examinar cuáles sean éstos. En primer término, la mujer puede, sin licencia de su marido: otorgar testamento y ejercer los derechos y cumplir los deberes que le correspondan respecto á los hijos legítimos ó naturales reconocidos que hubiere tenido de otro y respecto á los bienes de los mismos (3). En segundo lugar, tampoco la necesita en los casos de ausencia, incapacidad, prodigalidad ó interdicción del marido (4), aunque con las limitaciones que la misma ley establece, que generalmente se concentran en la autorización judicial. No la requiere asimismo para defenderse en juicio criminal, ni para demandar o defenderse en los pleitos con su marido, ó cuando hubiere obtenido la debida habilitación (5). Tampoco la necesita para ser testigo cuando esté separada legalmente de su marido (6); en los casos de separación de bienes y transferencia de su administración á la mujer, en los de compra de cosas que por su naturaleza estén destinadas al consumo ordinario de la familia, ó de joyas, muebles y objetos preciosos cuando el marido le hubiere consentido el uso y disfrute de dichos objetos (7); y para ejercer el comercio cuando se encuentre en alguna de las circunstancias enumeradas en el art. 11 de aquel Código. Por último, con arreglo á la doctrina sentada por el Tribunal Supremo (8) no necesita tampoco la mujer licencia de su marido para ejercer actos y contratos relativos á la administración (no á la enajenación ó gravamen) de sus bienes parafernales.

La importancia de esta doctrina nos movió á extraer sus fundamentos. Son éstos: 1º, la administración que á la mujer confiere el art. 1 384 del Código, respecto de sus bienes parafernales, implica la facultad de contratar sobre ellos con la sola limitación contenida en el art. 1 887 (actos de enajenación y gravamen, y comparecencia en juicio); 2º, el art. 60 de dicho Código no tiene relación con los actos de administración que especialmente encomienda la ley á la mujer casada.

Aunque no acabamos de convencernos los fundamentos de la Sentencia, ya que, prescinviendo del caso particularísimo para que fue dictada (los cónyuges vivían separados), parece desacatar el precepto, no del art. 60, pero sí del 61, que en términos generales exige la licencia marital para que la mujer se oblique (y no cabe discutir que la mujer se obliga) al contratar un arrendamiento sobre un bien para-renal, que fue uno de los hechos originarios de la sentencia, á no ser en los casos de excepción establecidos por la ley (y la ley no excluye expresamente á la mujer de la licencia en los actos de administración de sus bienes, aunque no estamos del todo conformes, repetimos, con tal decisión,

(1) En Sent. de 21 y 27 Junio 1894.
(2) Véase Res. 24 Enero 98.
(3) Art. 63.
(4) Art. 66.
(5) Art. 60.
(6) Art. 893.
(7) Art. 62.
(8) Véase la Sent. de 8 Noviembre de 1898.