El Foro español (Madrid. 1898) (1912-04-10 00:00:00), página 4

El secreto del sumario para el procesado.

Partían nuestras antiguas leyes procesales del principio escrito, secreto é inquisitorial y consideraban en muy poco los derechos y aun la libertad del ciudadano, ante el mal entendido celo por los del Estado; pero habiéndose llegado en el campo de la ciencia política á reconocer que existen unos derechos individuales que no pueden en ningún momento desconocerse, que son base inclusive de la convivencia social, este progreso hubo de traducirse al vigente enjuiciamiento criminal que, apartándose de aquellos principios, estableció el procedimiento oral, público y acusatorio ó sea todo lo contrario de lo que hasta entonces había sido la norma procesal.

El sumario no sería más que la preparación del juicio; lo que en el sumario se dijera por los testigos no tendría valor alguno, si en el acto del juicio oral se modificaba ó ratificaba, no constituiría delito el falso testimonio resultante de esta contradicción. «No, de hoy más, las investigaciones del Juez instructor, no serán sino una simple preparación del juicio», como decía el ilustre autor de la ley en su luminosa exposición de motivos por muchos desconocida y por otros olvidada.

El juicio verdadero no comienza sino con la calificación provisional, y la apertura de los debates delante del Tribunal que extraña á la instrucción, va á juzgar imparcialmente y á dar el triunfo á aquél de los contendientes que tenga la razón y la justicia de su parte.

Son, pues, los contendientes en el procedimiento acusatorio, el ciudadano acusado y el Estado acusador. Sagrada es sin duda la causa de la sociedad, pero no lo son menos los derechos individuales, en cuyos respetos recíprocos está tributado el orden social bien entendido.

Siendo este el principio informador de la ley, el secreto del sumario está en contraposición clara y manifiesta con toda la teoría que le sirve de base, y no puede tener una explicación racional su existencia en los artículos de una ley que establece el juicio oral y público.

Así lo comprendió su autor, pero grande es la fuerza de la tradición, y como había venido siguiendo el principio secreto é inquisitorial, no se atrevió á romper abiertamente, y el mismo Alonso Martínez nos dice en la ya mencionada exposición de motivos:

«Es difícil establecer la igualdad absoluta de condiciones jurídicas entre el individuo y el Estado en el comienzo mismo del procedimiento, por la desigualdad real que en ese momento tan crítico existe entre uno y otro: desigualdad calumniablemente introducida por el criminal, y de que éste sólo es responsable. Desde que surge en su mente la idea del delito, ó por lo menos desde que pervertida su conciencia, forma el propósito deliberado de cometerle, estudia cauteloso un conjunto de precauciones para sustanciarle á la acción de la justicia, y coloca al poder público en una posición análoga á la de su víctima, la cual sufre el golpe por sorpresa, indefensa y desprevenida. Para restablecer pues la igualdad en las condiciones de la lucha, menester es que el Estado tenga alguna ventaja en los primeros momentos, siquiera para recoger los vestigios del crimen y los indicios de la culpabilidad de su autor.» A ésto obedece, pues, el secreto del sumario.

El razonamiento hoy no convence, pues, aparte de que en muchos delitos no existe la premeditación, lo que demuestra es la inferioridad del Estado, y no nos puede servir de motivo para que busque ventajas; el Estado, que se reconoce débil, que se atribuye los privilegios que otorga á los menores y demás incapaces, lo primero que debe procurar es su progreso, y el perfeccionamiento de sus medios para que desaparezcan esas ventajas que á sí propio se concede; sus funcionarios deben ser los primeros en no admitir ese monopolio, y presentarse en igualdad de condiciones; si el criminal cautelosamente procuró la sorpresa y en silencio meditó el plan, el Estado debe tener policía hábil, Jueces perspicaces, Fiscales idóneos, para que no sirvan de nada sus escaquezuras y la batalla sea siempre en igualdad de condiciones y pública desde el primer momento.

¿Pero esa inferioridad la reconoce la ley durante todo el proceso sumarial? ¿Le es lícito al instructor usar de ella en todo el tiempo que el sumario dure?

En manera alguna. No fué ese el pensamiento del autor, ni tampoco la letra de la ley. «En adelante el Juez instructor por su propia iniciativa y de oficio podrá, ó mejor dicho, deberá acordar que se comuniquen los autos al procesado desde el momento en que la publicidad y la contradicción no sean un peligro para la sociedad interesada en el descubrimiento de los delitos y en el castigo de los culpables. Si no se hace espontáneamente en el plazo de dos meses, contados desde que se inició la causa, la ley da al acusado el derecho de solicitarlo, ya para preparar los elementos de su defensa, ya también para impedir con su vigilante intervención y el empleo de los recursos legales la prolongación indefinida del sumario.»

El art. 302 de la ley de Enjuiciamiento criminal traduce en precepto categórico el pensamiento del autor expuesto en la Exposición de motivos arriba transcrita.

No es, sin embargo, práctica corriente el autorizar la vista á instrucción del sumario; el secreto se prolonga á veces más de los dos meses, y no pocas durante toda la instrucción, aunque dure más de un año y exista una Real orden, la de 10 de Septiembre de 1906, en la que se recuerda el precepto y se ordena que transcurridos los dos meses después de dictado el auto de procesamiento, cuide el Ministerio fiscal de amparar y hacer efectivo, si no lo impide causa justificadísima, el derecho que asiste al procesado para conocer el sumario e instar su pronta terminación.

Pero ocurre también, y es causa de perjuicios no pequeños y de trabajo inútil, que en virtud del secreto del sumario no se deje al procesado señalar los particulares que ha de contener el testimonio para la apelación del negociador de reforma del procesamiento, no obstante prever la ley el caso en el 225 y siguientes, y claro es que declarándose secreto todo el sumario, casos ha habido en los que hasta la pieza de embargo se declaró secreta, el procesado no puede señalar y el Juez instructor ó el querellante olaro es que no han de hacerlo de lo que al presunto reo sea favorable, y la Audiencia se ve en la imposibilidad de revocar porque no aparecen del testimonio, único elemento de juicio, elementos bastantes, aunque los haya en el su-