El Foro español (Madrid. 1898) (1912-10-30 00:00:00), página 2

con arreglo al apartado segundo del art. 12 de la ley de Enjuiciamiento civil, si el apremiado impugna los honorarios por excesivos, se procederá previamente á su regulación, siendo de tener en cuenta que mentado art. 12, en cuanto al procedimiento, es aplicable á los Escribanos, según lógicamente se deduce de la letra y espíritu del artículo 859 de los Aranceles, y habida consideración á que los Escribanos ejercitaron con arreglo al antiguo derecho la facultad de formular su petición al Juez, el cual ordenaba que se practicase la liquidación de las costas que les fueren adeudadas, y se procediese á su exacción por la vía de apremio.

La cuenta jurada formulada por el Escribano, es una cuestión incidental de la exacción de costas de un asunto, y ésta una incidencia ó consecuencia del expediente principal, respecto de cuya incidencia ó consecuencia se promueve la cuestión incidental de nulidad, que, no teniendo en la ley tramitación especial, debe ventilarse por los trámites que se establecen en el título III del libro II de la ley de Enjuiciamiento civil; pues dicha cuestión puede ser calificada de incidente, por tener relación inmediata con la validez del procedimiento seguido en el asunto de la cuenta jurada secuela ó consecuencia del asunto principal que fué objeto del expediente en que se promovía por las actuaciones originarias.

Toda imputación de nulidad interrumpe la tramitación de cualquier asunto y exige un previo y especial pronunciamiento respecto de imputación tal, pudiendo influir en sus consecuencias, como ocurre en el caso en que se reclama la nulidad de unas diligencias que se presupone contienen defectos que pudieran invalidarlas, y por consecuencia resultar ineficaces las actuaciones de la vía de apremio, cuyas actuaciones causan grandes trastornos en la hacienda del apremiado, y aún perjuicios que pudieran ser irreparables en cuanto al fondo, si no fuera viable acudir á tiempo á impedirles, cual puede suceder en el caso en que no consta el consentimiento expreso ni la aprobación del apremiado, con referencia al apremio de que se le hacía objeto, y en el que no se ha mostrado parte; pues nada de esto significa la conformidad con el nombramiento de perito, deducidoándose una relación inmediata entre las actuaciones de apremio, y su incidencia, la petición de nulidad por defectos sustanciales en aquellas que exigen una resolución especial ó previa, con objeto de subsanar el defecto, antes de continuar el trámite, en evitación de despendios innecesarios.

El procedimiento autorizado por el art. 8.º de la ley de Enjuiciamiento civil, no produce excepción de cosa juzgada, por lo cual, aunque no se hubiere recurrido por el apremiado contra la providencia que lo inicia, puede impugnarse por demanda incidental de nulidad interin el procedimiento se halla pendiente. (Sentencia del Tribunal Supremo de Justicia de 29 de Diciembre de 1892 y 7 de Diciembre de 1894).

Si en cuanto á las solemnidades extrínsecas, la cuenta jurada no ofrece los requisitos de la demanda; intrínseca ó esencialmente los posee; porque sucintamente se exponen hechos, que son las diligencias que se apuntan; se aducen fundamentos de derecho, que son los artículos del arancel que se señalan; y se fija con claridad y precisión lo que se pide y la persona contra quien se propone la pretensión, implicando el requerimiento, el traslado de la pretensión al apremiado y su actual oposición el quasi-contrato de la litis-contestación, sin que esto quiera decir que se trate de un juicio ejecutivo.

La doctrina judiciaria de que el término de prescripción, cuando se trata de cuentas juradas, ha de empezar á contar desde la fecha de la última diligencia que aparezca en los autos de que la cuenta proceda, debe interpretarse equitativamente, apreciando como aludida última diligencia, respecto de la cuenta, la última en que intervino el reclamante, sea ó no la última de la ejecución de sentencia ó de la caducidad de la instancia ó de cualquier incidente; en suma: sea la que fuere la actuación en que el reclamante hubiere prestado sus servicios, porque el tiempo para la prescripción de toda clase de acciones cuando no haya, como no hay en este caso, disposición especial que otra cosa determine, se contará desde el día en que pudieron ejercitarse, esto es: desde la fecha de la última diligencia en que tuvo intervención el reclamante; y así se deduce de la ley 9.º, título XI, libro X de la Novísima Recopilación, precedente legislativo del art. 12 de la ley de Enjuiciamiento civil, citado en el art. 359 de los Aranceles.

Los derechos y deberes producidos al dejar de intervenir el Escribano en el asunto originario, podrían estimarse prescritos por no haberlos ratificado dentro de los tres años, no obstante lo cual, el apremiado, no solamente no alegó la prescripción, si que renunciando, explícitamente, al derecho que pudiera asistirle, otorgó un documento obligándose, respecto del pago de todas las costas y gastos, expresando la causa originaria de deber, en lugar de oponer ó excepcionar la prescripción, sin duda porque su conciencia se lo vedaba. Y del contexto del documento se desprende que la insinuación del origen de deber tuvo por exclusivo objeto expresar la causa de la obligación; y, por tanto, que la aludida causa era verdadera y lícita, en razón á que de carecer de causa, ó tener causa ilícita, no produciría efecto alguno, sin que tal manifestación tenga otro valor que el de dar validez y lícitud á la causa, pero no cualidad prescriptible, sin ser ésta utilizada.

Á la fecha de la escritura de transacción, el Escribano no conserva el derecho á la efectividad del crédito, si transcurrido el tiempo aludido se ha ejercitado la prescripción; por todo lo cual, el particular de la escritura tiene carácter distinto, siendo una de sus finalidades esenciales la de expresar la obligación de pagar todas las costas y gastos independientemente de que la causa originaria puede estimarse prescrita, sin que la autorización del documento pueda implicar interrupción del plazo de prescripción; pues que la obligación se hace constar y prescribe transcrito el término; y, por consecuencia, el plazo no puede ya contarse desde que deja de actuar el Escribano; así, pues, de no apreciarse que la escritura tiene vicio de nulidad, procede declarar su vitalidad en derecho y su eficacia legal. Queda siempre en pie la razón de deber por parte del apremiado, derivada exclusivamente de la escritura en que apoya su pretensión el acreedor, á cuyo valor y eficacia no afectan, según lo expuesto, las manifestaciones consignadas en el documento referente á la causa originaria de