El Foro español (Madrid. 1898) (1912-10-10 00:00:00), página 6

pero tácitamente reconocida y aceptada, que las naciones civilizadas han señalado á España y Francia para que le- vante de su postración á las tribus mogrebinas, han de crear derechos que ejercitar con la correlación indispensa- ble de obligaciones que cumplir.

Deslizarse ya con disimulo de sus ciertas intenciones, la ambición y la intriga, para que crezca á la sombra de la nueva colonia una bienhechora burocracia que elabore con arreglo á los cánones conocidos y sufridos el expe- diente en que se desenvuelva la obra de civilización á que nos hemos comprometido; acuerdáense los africanistas de abolengo, que son pocos, y los de última hora, que son in- numerables, de cuanto se ha escrito, hablado y discutido acerca del régimen colonial en sus aspectos autoritario y tolerante; se traba controversia sobre las cualidades á que ha de atenderse en la elección de los funcionarios que á España representen en los territorios adquiridos; se pro- yectan puertos y caminos; se sostiene la conveniencia de convertir áridos páramos en frondosos huertos mercé al alumbramiento de aguas que se encontrarán tal vez si se reproduce el milagro que sirvió á Moisés para aplacar la sed de su pueblo; se medita, en una palabra, y en grados diversos de sensatez y desvarío en cuanto debamos, poda- mos y queramos hacer en los territorios que hemos conve- nido en afirmar constituyen la segura frontera meridional del suelo patrio, apercibiéndose á ocuparlos á título de pueblo superiormente capacitado para las empresas del progreso, y nadie se ha ocupado de cómo en ellos hemos de administrar justicia.

Y la cuestión, sin embargo, no es baladí; precisamente la expresión más acabada y perfecta de la salud y de la robustez de un Estado está en la autoridad y en el presti- gio de sus Tribunales, en la demostración de que funciona- nían con independencia y con criterio seguro y firme, li- bres del influjo de los demás poderes públicos, defendida su integridad por el honor de los jueces y por el respeto de los justiciables.

Que á Marruecos debemos llevar, entre otras institucio- nes, una justicia severa, eficaz e inteligente, es indiscuti- ble; no lo es tanto la organización en que haya de conte- nerse; las circunstancias singulares de la soberanía que ha de sermos reconocida, las condiciones mismas del país, procedentes unas de estados sociales de tradición antigua, otras de las inquietudes y agitaciones del momento, acon- sejan no se entreguen á la improvisación decisiones y pla- nes cuyo fundamento deberá ser el estudio y la prudencia.

La justicia conviene, ante todo, que sea civil; con el ré- gimen próximo es incompatible la existencia de la juris- dición militar total de Ceuta y de Melilla. La justicia mi- litar beneficiaría tan solamente á localidades limitadas y en períodos de tiempo definidos; es de excepción, coadyuva á un objeto primordial: el mantenimiento de la disciplina de los ejércitos, y por extensión, en ocasiones, á la disciplina social; mas estas mismas características la separan del concepto unánimemente admitido de que la justicia debe traducirse en labores técnicas encomendadas á profesiona- les, y debe desenvolverse en procedimientos que garanti- cen y amparen el derecho de los litigantes.

Por esto, la justicia en el Marruecos español ha de deri- varse del establecimiento de un fuero común, junto al cual sólo subsistirán los privativos de Guerra y de Marina con el alcance que les señalan sus Códigos respectivos en la Metrópoli, es decir, en la forma y términos en que queda establecida su administración para la colonia del Golfo de Guinea por la Real orden de 23 de Julio de 1902.

Ceuta y Melilla, ciudades españolas de pleno derecho, sustraídas al estado político de protectorado sobre Marrue- cos que ha de ejercerse en la zona que el pacto internacio- nal nos asigne, es lógico transformen su vida actual y constituyan, la primera, la capitalidad efectiva del nuevo territorio; la segunda, el centro mercantil del Marruecos oriental, la marca argelina del desbaratado Imperio, y tal evolución impondrá las derogaciones legales necesarias para que cesen de estar en perpetuo estado de sitio y para que en ambas se creen los Tribunales ordinarios de prime- ra instancia, ya prometidos en alguna ley de Presupuestos que no ha sido cumplida.

Y si los intereses de la defensa de las plazas ó cualquier otro de verdadera trascendencia se sospechara fuesen á ser lesionados por resoluciones de los Jueces del fuero común, podrá acogerse aquella indicación contenida en el estudio presentado en uno de los últimos Congresos africanistas, por D. Urbano Orad, Teniente Coronel de Invalídos, laureado con la cruz de San Fernando y cono- cedor perfecto de las necesidades de Melilla, suma de cali- dades que avalaron la independencia de sus opiniones, consistente en dotar á esta plaza de organismos adminis- trativos y judiciales netamente civiles, reservando á las autoridades militares el ejercicio de un veto suspensivo sobre cualquier acuerdo que considerasen contrapuesto á sus planes políticos y militares, con el deber de dar cuen- ta al Gobierno para su resolución definitiva.

Segunda cuestión que ha de ser debatida al organizarse la justicia en la colonia, es la extensión que ha de alcan- zar en lo criminal y en lo civil en cuanto á los indígenas.

En lo criminal quizás sea indispensable atribuirse la total y absoluta, templada con el empleo de una facultad análoga á la consignada en el art. 2.º del Código penal; la mentalidad musulmana es difícil comprender la gravedad de muchos delitos que nuestras leyes castigan, y es indis- pensable buscar una proporción constante entre lo que reconozca la conciencia como culpa y lo que acepte como expiación; de aquí la necesidad de proporcionar á las represiones penales coeficientes de reducción posible que, manejados con habilidad, las presentarán como más jues- tas, y sujetas á comparación con los tormentos arbitrarios y crueles utilizados en el antiguo régimen del Imperio, servirán de ejemplo para diferenciar dos civilizaciones.

En materia civil, la duda no surge: el musulmán deberá ser juzgado con arreglo á sus leyes, cuyas raíces se encuen- tran en sus libros religiosos. La familia, la personalidad, la contratación, el dominio, se rigen por preceptos tan distintos á los del derecho europeo, que sería imposible encontrar en sus leyes ninguna que pudiera servir al fallo de un pleito acerca de la constitución de un houbs vinou- lar, de la capacidad de un esclavo para realizar una com- pra ó de la participación que en la herencia de un fallecido corresponde á sus cuatro viudas.

La acción de España ha de limitarse á proteger los Tri- bunales indígenas y á procurar el respeto á sus fallos, in-