El Foro español (Madrid. 1898) (1912-12-10 00:00:00), página 11

representativos de esta Deuda, pagando en el acto su valor nominal y los intereses hasta el día que el Ayuntamiento hubo de acordar la amortización.

El Tribunal Supremo resuelve la cuestión en sentido afirmativo, declarando que aparte de ser innecesario á estos fines determinar la naturaleza de las obligaciones nacidas de la referida emisión á causa de ser el Ayuntamiento una Corporación económico-administrativa y á partir sólo del supuesto de que la obligación es puramente de carácter civil como contradicha por el Municipio en el concepto de persona jurídica, la legislación aplicable en este caso es la vigente en la época del contrato porque bajo su impario fué celebrado, que ha de ser respetada según el párrafo inicial de las Disposiciones transitorias del Código Civil.

Que esto sentado hay que reconocer que no se infringe la primera de aquellas reglas reconociendo que al Ayuntamiento en cuestión le asiste legítimamente el derecho á amortizar el empréstito, adquirido desde el día en que emitiera la deuda con arreglo á la legislación anterior á la vigente, siquiera no lo ponga en ejecución hasta después de promulgado el Código Civil.

Que las leyes de carácter general comunes á todos los contratos no pueden invocarse cuando existe disposición especial y concreta, aplicable al caso litigioso, que las modera ó modifica, y siendo de aplicación en el concreto de que se trata, las leyes 38, parágrafo 16, título I.º, libro 45 y regla 17, título II, libro 50 del Di- gesto y la doctrina general, antes de la publicación del Código, de que el plazo se presume establecido en favor del deudor, no puede menos de admitirse el pago cuando aquél quiera hacerlo, á no ser que resulte convenido también en favor del deudor, lo que aquí no sucede, por lo que siendo esta disposición la que rige en el repetido caso ha de ser de preferente aplica- ción al art. 1.127 del Código Civil que establece el principio general de que el plazo se presume estable- cido en favor del acreedor y del deudor, cuando del tenor de las obligaciones ó de otras circunstancias no resulte haberse puesto en favor del uno ó del otro.

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Cobro de lo indebido.—Contrato de transporte.—Prescripción.—Sentencia de 20 de Marzo. (Gacetas de 26 y 28 de Abril de 1912).—Declara que á tenor de lo dispuesto en el art. 1.895 del Código civil el cuasicontrato de cobro de lo indebido se ca- racteriza por dos requisitos esenciales: la entrega de la cosa ó cantidad no debida, y la entrega hecha por error; de donde se sigue que el pago hecho á sa- biendas de que el supuesto acreedor no tiene derecho á percibirlo, por pura liberalidad, por no quedar in- curso en responsabilidades generadoras de otros per- juicios, por fuerza mayor, por coacciones ó amenazas, sale el hecho de la esfera propia del cuasicontrato para entrar de lleno en otro orden de relaciones jurídicas.

Que tratándose del consignatario de una mercancía que formula reclamación por pago indebido, surgién- do después la cuestión del pleito sobre interpretación y alcance de la tarifa aplicada y principalmente por lo que respecta á si los derechos accesorios de carga y descarga á que hace referencia el Real decreto de 9 de Noviembre de 1864, forman parte de la misma tarifa, es evidente que pagando dicho consignatario á la Compañía porteadora no por error, sino para poder retirar esa mercancía transportada de la estación de destino, es inciso que la acción que ejercita al recla- mar la devolución de lo indebidamente cobrado, no es la que se deriva del mencionado art. 1.895, tenien- do, antes bien, su origen en el contrato de transporte, porque eliminado el requisito del error, la cuestión única sometida mediante ella á los Tribunales se re- duce á saber si con arreglo á las condiciones estipula- das, la cantidad que al actor incumbió abonar es la exigida por la Compañía y satisfecha por él con su protesta, la que el propio actor pretende que le co- rresponde pagar con arreglo á la tarifa aplicada.

Que al estimarse que dicha acción es la que nace del contrato de transporte y declarar, en su conse- cuencia, que ha prescrito por el transcurso de seis meses establecido en el art. 951 del Código de Comer- cio para la prescripción de las acciones relativas al co- bro de portes y gastos inherentes á éstos, precepto que por la correlación existente entre el cobro y el pago, tanto rige en el caso en que el porteador demanda el co- bro del precio, como al en el que el cargador deduce al- guna reclamación sobre el pago, no se infringe aquel artículo ni los 158 del Reglamento de Policía de Fer- rocarriles de 8 de Septiembre de 1878 y 1.964 del Có- digo Civil juntamente con la doctrina establecida en- tre otros fallos del Tribunal Supremo, en el de 8 de Septiembre de 1878.

Y que tampoco se infringe en un caso como el ci- tado la doctrina de la sentencia de 11 de Julio de 1890, si la sentencia se dicta con ocasión de un pago hecho por error, por no haber dado la Compañía á que se alude conocimiento á los remitentes, ni tenido á la visi- ta la tarifa más beneficiosa, según literalmente se ex- presa en uno de sus Considerandos: Que siendo esto así, por la naturaleza de la acción de que en ese caso se trata, no cabe apreciar á élla la prescripción de seis meses; pero puede y debe aplicarse en éste de que se trata con arreglo á la misma doctrina, si la acción en- tablada no es la de pago por error, sino la derivada del contrato de transporte, como queda demostrado.

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Testamento.—Instituciones benéficas.—Representación de las Juntas provincia- les de Beneficencia.—Sentencia en 21 de Marzo. (Gaceta de 28 de Abril de 1912). Se impugna en el re- curso una sentencia por la que se manda tener por parte á cierta Junta provincial de Beneficencia en autos promovidos contra los albaceas universales y mancomunados de determinado testador quien en el testamento bajo que falleció creó varias instituciones con llamamiento de personas indeterminadas á disfru- tar de los beneficios que constituyen su finalidad, esto es, colectividades indeterminadas con carácter de Beneficencia particular, estimando que la sentencia recurrida al tener por parte en el juicio á la Junta provincial de Beneficencia en cuestión infringe los artículos 37 del Código Civil y 14 de la Instrucción aprobada por Real orden de 14 de Marzo de 1899, in- terpreta erróneamente el número 12 del último ar- tículo citado, ó infringe asimismo el art. 902, parágra- fo 3.º del Código Civil y doctrina que le confirma, conte- nida en sentencia de 11 de Mayo de 1900, y el 1.252 y la jurisprudencia consignada en sentencia de 7 de Fe- brero de 1902, juntamente con los artículos 524 y 525 de la ley Procesal.

El Tribunal Supremo desestima el recurso decla- rando que instituciones como las creadas por el testa- dor de que se trata, con carácter de Beneficencia parti- cular, están bajo la protección del Poder central en cuanto sea necesario para lograr el cumplimiento de la voluntad del testador que las fundó, conforme al Real decreto de 14 de Marzo de 1899, ó Instrucción aprobada por el mismo, cuyos intereses nacieron des- de el momento en que aquel falleció, y como la Jun- ta provincial de Beneficencia, auxiliar del Gobierno para el ejercicio de la protección, tiene la cualidad de persona jurídica con capacidad legal regulada por