El Foro español (Madrid. 1898) (1912-07-20 00:00:00), página 4

Ahora bien, ¿qué documentos tienen el carácter de fehacientes? Aunque definitium in definitionem ingredit non debet, aquí la contestación inmediata es que los que hacen fe, y para evitar ese defecto puede decirse, empleando las palabras del Código civil, que documentos fehacientes son los que hacen prueba, y es evidente que los documentos privados hacen fe o prueba.

Esta fe puede referirse al hecho que motiva el otorgamiento, á la fecha del mismo y á las manifestaciones hechas por los otorgantes. Y es en la mayor ó menor extensión de esta fuerza probatoria en lo que se diferencian, no sólo los documentos privados de los públicos, sino aun unos públicos de otros del mismo carácter, considerándose esa mayor ó menor extensión en cuanto á los conceptos antes expresados y en cuanto á las personas contra quienes hace fe ó prueba el documento de que se trate.

Los documentos públicos (art. 1.218 del Código) hacen prueba contra los otorgantes y sus causahabientes del hecho que motiva su otorgamiento, de la fecha de éste y de las declaraciones consignadas en ellos por los contratantes. También los documentos privados hacen prueba, si han sido reconocidos legalmente, respecto de todos esos extremos contra los otorgantes y sus causahabientes, según el art. 1.225 del mismo cuerpo legal que para estos efectos los equipara por completo á las escrituras públicas.

En cuanto á terceros, los documentos públicos hacen fe (art. 1.218 ya citado) del hecho que motiva su otorgamiento y de la fecha de este, y los documentos privados hacen prueba respecto de su otorgamiento, no desde la fecha en ellos estampada, sino (art. 1.227) desde el día en que hubieren sido incorporados ó inscritos en un registro público desde la muerte de cualquiera de los que les firmaron ó desde el día en que se entregasen á un funcionario público por razón de su oficio.

Así que tanto los documentos públicos como los privados son fehacientes entre los otorgantes y respecto de terceros con las limitaciones indicadas y hacen fe salvo prueba en contrario, tanto unos como otros, es decir, que se les reconoce esa fuerza probatoria sólo con el carácter de presunción juris tantum, pues si respecto de los documentos privados lo declaró así el Tribunal Supremo en sentencia de 16 de Abril de 1910, también lo dijo respecto de los documentos públicos en sentencias de 5 de Diciembre de 1893, 28 de Febrero de 1898 y autos de 11 de Julio de 1903; y 17 de Diciembre de 1907 al sentar la doctrina de que el contenido de una escritura pública puede impugnarse y destruirse por los demás medios de prueba reconocidos en la ley, aunque aquélla se halle revestida de todos los requisitos y solemnidades.

La ley Hipotecaria en el mismo artículo que comenta admite como fehaciente el documento privado al disponer de la previa inscripción á nombre de los herederos cuando éstos otorguen documentos, ratificando contratos privados otorgados por su causante, siempre que consten por escrito y firmados por éste.

Las razones anteriores á las que no adiciono otras ni fundamento más, en evitación de molestias á las ilustradas personas que han de examinar estas cuartillas, entiendo que son bastantes para considerar como fehacientes los documentos privados, tanto respecto de los otorgantes de los mismos como de terceros en lo que se refiere á su fecha, siempre que sean reconocidos por aquellos ó sus causahabientes, si hubieran fallecido, y desde «que se hubieran incorporado á un registro público, desde el fallecimiento de cualquiera de los que los firmaron, ó desde el día en que se hubieran entregado á un funcionario público por razón de su oficio», y entender que pueden producir los efectos necesarios para la aplicación del párrafo tercero del art. 20 de la ley Hipotecaria si cualquiera de estos actos se hubiera realizado antes de 1.º de Enero de 1909.

¿Bastaría interpretar así ese párrafo de la ley para conseguir que se normalizara la titulación de la propiedad no inscrita y por ende para llevar á ésta al Registro de la propiedad? Yo creo que sí, y lo creo por la enseñanza de la experiencia.

Salvo raras, rarísimas excepciones, la propiedad no inscrita es la pequeña, la de escaso valor. Las fincas, casi todas, de las grandes poblaciones y en general todas las de importancia, encuentrense donde se encuentren, se hallan inscritas en los Registros, bien por traslación de asientos de la antigua contaduría, bien por inscripciones de títulos anteriores á 1.º de Enero de 1883, bien por expedientes de dominio ó de posesión y traslaciones de dominio posteriores consignadas, claro está, en escrituras públicas. En cuanto á la pequeña propiedad, en su gran mayoría se viene transmitiendo constantemente por documentos privados. Es decir, que así como en lo que se refiere á fincas importantes, lo normal es tener la titulación en regla y la excepción el carecer de ella, en las de escaso valor constituye la excepción el estar inscritas y la regla general el carecer de documentos públicos para justificar su transmisión.

Pero esos documentos privados, única prueba existente de las transmisiones de esas fincas, se presentan cuando se hacen en las oficinas liquidadoras del impuesto de derechos reales, y en éstas se liquidan, y una vez pagado el impuesto, los liquidadores, funcionarios públicos á quienes se han entregado por razón de sus cargos, extienden al pie de los mismos documentos la correspondiente nota de liquidación y pago. Es decir, que su autenticidad es indiscutible en cuanto á terceros, al menos desde la fecha de la presentación de los mismos en la Oficina liquidadora, y como la inmensa mayoría, por no decir la totalidad de los documentos privados reunen esa circunstancia, si interpretando (á mi modo de ver debidamente) el párrafo tercero del art. 20 de la ley Hipotecaria se declarase que se considerarían documentos fehacientes, no para ser inscritos, que esto es un absurdo que yo no puedo ni pensar, sino para justificar la adquisición del que transmita por un documento público y solamente una finca no inscrita á nombre de nadie en el Registro los documentos privados que se hubieran presentado á liquidación antes de 1.º de Enero de 1909, conseguiremos llevar en lo sucesivo á los protocolos notariales la titulación y á los Registros de la propiedad la inscripción de esas fincas hoy alejadas de ambos lugares.

Y con esto se evitaba en absoluto el argumento que se puede esgrimir contra la supresión absoluta, sin limitación de fecha, del defecto subsanable de falta de previa inscripción de que ello implicaría, si estas inscripciones