El Foro español (Madrid. 1898) (1913-02-10 00:00:00), página 5

de 24 de Septiembre de 1889—les estaba muy de antiguo otorgado.

En nuestro artículo de 8 de Julio último, que honró El FORO ESPAÑOL con su publicación en el número respectivo al 20 de Agosto siguiente, nos lamentábamos de la irritante desigualdad que, sin duda, sin proponérselo los dignísimos Ministros que refrendaron los Decretos de 28 de Junio de 1911 y 20 de Junio de 1912, resultaba de la aplicación de sus disposiciones sobre este punto, ya que, de esa manera, jamás se igualarían las escalas, y venían, en definitiva, á resultar castigados precisamente los mismos que siempre fueron preteridos y postergados sin causa explicable, ó sea, los que más largos y meritorios servicios habían prestado en la carrera. Y aquellas quejas y esas justísimas demandas de reparación de los perjuicios que tales preceptos llevaban aparejados, y nos irrogaban, adquieren hoy mayor importancia, adornándose del carácter de actualidad y urgencia suma ante el proyecto del Gobierno de elevar á ley el último de dichos Reales decretos; pues, si así sucediere, si se consumase el nuevo y gravísimo peligro que nos amenaza, veríamos ya por completo desaparecida toda ilusión, alejada la menor esperanza del mejoramiento de la triste situación que durante tantísimos años hemos soportado los del turno de antigüedad, é imposibilitada en absoluto para el porvenir la ansiada y justísima igualación de ambas escalas de categoría y de carrera:

Y no se diga que ya, á virtud de las disposiciones dictadas desde 1902, se encuentran casi igualadas aquéllas; pues, si eso ocurre, en efecto, en las categorías inferiores, ó sea, las de Jueces de entrada y ascenso, y hasta en la mayoría de los de término, no sucede lo mismo en las superiores; ya que, haciendo un examen comparativo de los respectivos escalafones, prontamente se observa que, en la misma de Magistrados de provincial, y, sobre todo, en la de territorial, hay enormes diferencias, que sólo podrían desaparecer en breve período de tiempo, si, como es justo, se concediesen—¡cuál siempre venimos clamando,—tres de cada cuatro vacantes, á la antigüedad de carrera, aunque tardándose más, se volviese al sistema del aplaudido Decreto de 1902, adjudicando á ese turno la mitad de las vacantes; pues si, lo que no esperamos, se convirtiese en ley el extraño criterio sustentado en los de Junio de 1911 y 1912, jamás llegaría la ansiadísima igualación, pues los que, á los veintisiete años ó más de servicios efectivos, llegamos á dicha categoría de territorial, no podríamos ascender sino al cabo de otros siete ó ocho años más, mientras que aquellos de nuestros compañeros que habían logrado una y otra vez promociones en turnos de favor, en los comienzos de su carrera, alcanzaban la repetida categoría de Presidentes de Sala á los veintiséis años y aun menos, de servicios totales.

Es, en cambio, el Proyecto presentado á las Cortes elevando á ley el último Decreto orgánico de 20 de Junio próximo pasado, muy celoso en respetar los derechos que á los Magistrados suplentes, Abogados Fiscales, Sustitutos y Secretarios, otorgara la adicional de 1882 en sus artículos los 7.º, 17 y 21. No entramos á discutir la justicia ó conveniencia de que tales ordenamientos subsistan para lo sucesivo; pero, si es muy de notar el contraste que resulta entre ese escrupuloso cuidado respecto á derechos, que, en definitiva, sólo arguyen la concesión de aptitudes para el ingreso en la carrera por determinadas categorías, y el lamentable olvido en que para siempre se dejan derechos adquiridos, muy respetables por cierto, de los funcionarios que ingresan hace muchísimos años y que hemos visto, como antes decimos, hacer, á los que del favor ministerial disfrutan, muy rápidas carreras, alentándolos sólo desde 1902 acá, la esperanza de una igualación de ambas escalas, que veríamos defraudada para siempre, cuanto apreciera en las columnas de la Gaceta la ley consagrando como tal las disposiciones del repetido Decreto de Junio último.

Y si el argumento capital de defensa del sistema hoy vigente estriba—como indicaba el preámbulo del Real decreto de 1911, que primeramente lo estableció—en estar ya casi igualadas ambas escalas (lo cual hemos demostrado no ser del todo cierto), poco perjuicio habrían de tener en tal supuesto los funcionarios, siempre favorecidos, del turno de categoría de implantarse en la nueva ley, por lo menos, el justísimo y equitativo de mitad y mitad, ó sea dos turnos para cada escala; ya que por nuestra constante desgracia no podamos aspirar los de la de servicios en la carrera, á lo que repetimos sería único medio reparador de esas enormes desigualdades que quedan apuntadas y venimos sufriendo largo tiempo ha, y especialmente desde Junio de 1911, ó sea la concesión de tres turnos á los tenazmente postergados.

Suspiraremos todos por que se realice tal anhelo, reformándose al efecto y sobre tales bases el proyecto de ley sometido hoy á la sabiduría de las Cortes! Alentándonos ahora fundadamente esa esperanza, viendo de nuevo al frente del departamento de Gracia y Justicia al actual Ministro, tan prestigioso, y conocedor profundo de las necesidades del personal de la Casa Grande de la calle Ancha de San Bernardo.

II

También nos anuncia, después, la prensa periódica el resurgir ahora de nuevo el célebre Proyecto orgánico de 1900 relativo al establecimiento de los Tribunales de Partido, aunque ignoramos el detalle importantísimo de si habrán de ser fijos ó ambulantes.

Dicho se está, dado el modesto criterio que acerca de esta reforma venimos sustentando desde entonces en varios y detallados trabajos publicados en El FORO ESPAÑOL, que él es del todo opuesto á la existencia y funcionamiento de esos Tribunales, máxime si hubieran de implantarse sobre esa base de ambulancia, por ser, en nuestro humilde sentir, la permanencia y estabilidad en unas mismas poblaciones, un verdadero canon en la materia de organización judicial.

Damos, pues, aquí por reproducidos cuantos argumentos y fundamentación exponíamos en los aludidos artículos en pro de la subsistencia de las actuales Audiencias; pero desapareciendo la diferencia que aun hoy, sin razón que la justifique, subsiste entre territoriales y provinciales; atribuyendo á ésta el conocimiento en única instancia de los asuntos civiles de las respectivas provincias; é igualándose, por tanto, en sueldo y categorías, los funcionarios á ellas asignados, siquiera por excepción, y atendiendo á la