El Foro español (Madrid. 1898) (1913-05-20 00:00:00), página 13

diez como máximo, cuando exista pacto referente á dicho particular.

Que el precepto claro y terminante del art. 1.939 del Código Civil, es de aplicación para todos los términos que el mismo Cuerpo legal señala para la prescripción, y por lo menos al de cuatro años que fija en su art. 1.508 para utilizar el derecho de retracto cuando no se haya estipulado plazo, y concurriendo este caso y habiendo transcurrido con exceso el expresado término, desde que se opuso, en observancia el citado Cuerpo legal, hasta que se hizo la reclamación, es indudable que se halla prescripta la acción para ejercitar dicho derecho, y al entenderlo así no se infringen en una sentencia los mencionados artículos 1.939 y 1.508, ni tampoco la regla 4.ª de las transitorias del repetido Código, ya que la cuestión que se resuelve, no afecta á la sustantividad ó esencia del derecho de retracto, sino á la duración de la acción para el ejercicio del mismo:

Y que aun en el supuesto de que hubiere de tenerse en cuenta el término de diez años que como máximo permite el mencionado art. 1.508 del Código, en su párrafo 2.º, habrá también prescrito la acción, si dicho plazo, al contar desde la fecha en que comenzó á regir el citado Código, ha transcurrido el día en que se hace la interpolación judicial, sin que conste que se utilizara ninguna extrajudicial.

** Prueba de las obligaciones.—Apreciación de prueba.—Sentencia de 24 de Junio (Gaceta de 22 de Julio de 1912.)—Resuelve que reducida la cuestión planteadas en los autos de que trae origen el recurso y resulta en la sentencia impugnada, á determinar la naturaleza de las obligaciones establecidas en cierta escritura pública y examinar la prueba de su existencia que el actor incumbe, conforme al artículo 1.214 del Código Civil, es evidente que compuesta aquella de prueba distintos elementos y apreciada en conjunto por el Tribunal sentenciador, no es lícito contradecir su juicio descomponiendo aquellos elementos probatorios y examinándolos aisladamente para sustituir con el propio criterio el del juzgador y fundamentar el recurso sobre una base de hecho contraria á los supuestos establecidos por la sentencia recurrida y sobre hipótesis injustificadas.

** Competencia.—Compraventa.—Acción personal.—Sentencia de 27 de Junio. (Gaceta de 24 de Julio de 1912.)—Resuelve que como la copia de la factura acompañada con la demanda contiene las condiciones no contradichas de que el pago de los géneros de comercio cuyo precio se reclama se ha verificado en el lugar d'úmilio del actor y que los mismos fueron remitidos al comprador de su cuenta y riesgo, por ahora y á estos efectos no puede menos de estimarse que la obligación debe cumplirse en dicho punto, á tenor de lo prescrito en el art. 1.500 del Código Civil; por tanto, de conformidad á la regla 1.ª del 62 de la ley Procesal, ha de atribuirse el conocimiento del juicio al Juez de aquel lugar.

** Apreciación de prueba.—Sentencia de 27 de Junio. (Gaceta de 25 de Julio de 1912.)—Consigna que el art. 1.248 del Código Civil confirma las atribuciones privativas que la ley Procesal concede á los Jueces y Tribunales para la apreciación de las pruebas, sin que por su carácter admonitivo, más que preceptivo, pueda servir de fundamento á un recurso de casación, según repetidamente tiene resuelto el Tribunal Supremo.

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Competencia.—Mandato.—Pago de gastos judiciales.—Acción personal.—Sentencia de 28 de Junio. (Gaceta de 30 de Julio de 1912.)—Declará que, conforme á los artículos 1.728 y 1.729 del Código Civil y la jurisprudencia constante del Tribunal Supremo, el reembolso de las cantidades anticipadas y los derechos del mandatario, por regla general, deberán abonarse á éste en el lugar en que haya prestado los servicios, salvo pacto en contrario.

Y que entablada una demanda por cierto Procurador contra determinada Sociedad mercantil, con domicilio distinto al del lugar donde el juicio se entabla y donde radica el del actor, para que dicha Compañía pague lo que supone aquél se le adeuda por gastos en procedimientos judiciales que promovió por encargo de la misma, y no designando el contrato que medió entre las partes con tal motivo, el punto en que debiera cumplirse la obligación, pero apareciendo que los servicios de que se trata fueron prestados en el lugar del demandante, resulta evidente que ha de estimarse como tal este lugar, por lo que, de conformidad á la regla primera del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil, procede resolver la contienda en favor del Juzgado donde el mismo radica.

Julio.

Competencia.—Compraventa.—Acción personal.—Sentencia de 1.º de Julio. (Gaceta de 16 de Octubre de 1912.)—Resuelve que con sujeción á lo previsto en el párrafo 2.º del art. 1.500 del Código Civil y á la constante jurisprudencia del Tribunal Supremo, el pago del precio en los contratos de compraventa debe verificarse, en defecto de pacto, en el lugar donde se haya hecho la entrega de la cosa vendida, que se reputa realizada en el domicilio del vendedor cuando desde el mismo se remite al del comprador por cuenta y riesgo de éste.

Y que si en las facturas presentadas con determinada demanda, aparece la cláusula de que las expediciones se hacen por cuenta y riesgo del destinatario, y en efecto los géneros á que se refieren dichas facturas, no impugnadas en tiempo hábil se expiden en esa forma, aun prescindiendo de la sumisión que tales documentos contienen también, no puede menos de estimarse la población de origen de la mercancía como punto en que la supuesta obligación debe cumplirse y á favor de los Tribunales de esa población procederá resolver la competencia, de conformidad con la regla primera del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil.

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Arrendamiento.—Bienes muebles.—Acción de desahucio.—Sentencia de 3 de Julio. (Gaceta de 16 de Octubre de 1912.)—Declará que si bien los bienes muebles, con excepción de los fungibles, pueden ser objeto de contrato de arrendamiento, y que por infracción de las condiciones que se pacten ó que la ley exija, cabe su rescisión, conforme al artículo 1.556 del Código Civil, precisase para esto ejercitar la oportuna acción en el correspondiente juicio ordinario, no siendo procedente utilizar el juicio sumario de desahucio que se halla reservado para el arrendamiento de bienes inmuebles, según claramente se deduce del contexto de los artículos 1.563, núme-