El Foro español (Madrid. 1898) (1913-04-30 00:00:00), página 6

bien pudiera servir de Exposición al Real decreto que pretenden y en la que se ha buscado fórmula de velar por los propios derechos sin menoscabar en lo más mínimo los de nadie, que es precisamente la labor que EL FORO ESPAÑOL se había impuesto en este asunto.

Han recordado una vez más los señores que componen dicha Comisión aquella frase del ilustre jurisconsulto D. Manuel Alonso Martínez, consignada en el preámbulo de la vigente Ley adicional á la Orgánica del Poder judicial, según la cual «la más vulgar prudencia, lejos de confiar sin precauciones á alumnos recién salidos de las aulas, por aventajados que se les suponga, la resolución de los más arduos negocios de la vida, exige de ellos que adquieran previamente en la práctica de los asuntos el sentido de la realidad», lo cual sirvió de fundamento para reservar á la experiencia que supone el ejercicio de la profesión de Abogado un turno para el ingreso en la carrera judicial; y hasta tal punto no ha podido prescindirse de esa experiencia como garantía de acierto en los futuros jugadores, que sólo por atender á armonizar las ventajas de la oposición con las condiciones de práctica que el ejercicio de la Abogacía supone, es por lo que al dictarse el Decreto de 20 de Junio último y al renunciar el Gobierno en él á la facultad que la Ley le concedía de hacer recaer nombramientos en los Abogados, lo fué á cambio de exigir dos años de prácticas á los aspirantes aprobados en oposiciones.

Se ha llamado, después de hacer esta invocación, la atención del Sr. Presidente del Consejo de Ministros sobre el hecho positivo de que aquella renuncia perjudicó derechos adquiridos al amparo de la Ley, como son los de los Abogados calificados representados por la Comisión, cuya aptitud estaba reconocida por el Tribunal Supremo á la fecha de aquel Decreto, por lo que sería justo dictar una disposición aclaratoria del mismo que deje á salvo dichos derechos sin perjuicio de nadie, y aún más, que para evitar que renunciada aquella facultad del Gobierno ó suprimida del todo aquella forma de ingreso, pudiesen resultar aquellos derechos ilusorios continuando de modo indefinido los que los ostentan en situación expectante, sería conveniente regularizar la forma en que respecto á los mismos haya de hacer uso forzosamente el Gobierno, en lo sucesivo, de sus facultades en los nombramientos, regulando también el orden de éstos para evitar pugilatos entre los aspirantes y que nadie pueda sospechar que entra por nada el favor en las decisiones ministeriales.

Tanto de atender es la pretensión de estos letrados cuanto que es casi seguro que las necesidades del servicio obligarán á recurrir á ellos (si no se ha de prescindir de las condiciones de práctica de que habla el Decreto) una vez llamados los aspirantes procedentes de las últimas oposiciones (ya casi colocados) y aun los aprobados sin plaza á que se extienda la ampliación, puesto que los aprobados en las oposiciones recién comenzadas no podrán ser nombrados (te cumplirse el Decreto de 20 de Junio de 1912 en toda su extensión) hasta después de transcurridos los dos años de prácticas que allí se exigen.

En su consecuencia, en el articulado del Decreto podrá consignarse, en primer término, que lo dispuesto en el artículo 1.º de aquel Real decreto debe entenderse, sin juicio de los derechos adquiridos por los Abogados que tenían calificados sus expedientes y reconocida su aptitud para el ingreso en la carrera judicial, ordenándose después, en artículos sucesivos, que para dar efectividad á aquellos derechos se forme un escalafón en un término, que pudiera ser de un mes á contar de la fecha de la publicación del Decreto que se pretende, en el que consten los Abogados que tengan su expediente calificado y en cuyo escalafón puede seguirse ó el orden de estas calificaciones, ó el de la antigüedad en la iniciación de los expedientes, ó en el de fechas en las que se adquirieron las condiciones de aptitud acreditadas.

Para no perjudicar á los funcionarios judiciales que actualmente desempeñan sus cargos, la Comisión de Abogados calificados se conforma modestamente con que los nombramientos se hagan por la categoría de juez de entrada, y entendiéndose que el escalafón que al efecto se hiciera sería con objeto de simultanear con los que figuran en el que hoy existe de los aspirantes aprobados y sin plaza á quienes en la actualidad se les tiene reconocido el derecho á ingreso en la carrera judicial y estableciéndose que forzosamente hará el Gobierno los nombramientos en el de Abogados calificados, hasta que quede aquel escalafón agotado, única manera equitativa de cerrar este turno de ingreso sin perjuicio de derechos reconocidos y así consolidados, pues los únicos que tal vez se quejasen serían—y esto sólo en el caso de que para cuando dentro de dos años, pasadas las prácticas, estuviesen en condiciones, no se hubiera agotado el escalafón—los aspirantes que aprobasen en las actuales oposiciones; pero esto no hay que tenerlo en cuenta, porque no es justo perjudicar derechos adquiridos por derechos no nacidos, y aparte de que los Abogados en estas condiciones ya no serán numerosos, porque hay expedientes muy antiguos y muchos habrán fallecido, otros ingresaron ya en la carrera por oposición ó en otras carreras, y no serían pocos los que por haber cambiado las circunstancias no les convendría, y bastantes los que una vez nombrados, para no perder derecho, solicitarían la excedencia.

Y, finalmente, podría cerrarse el Real decreto proyectado salarial del 20 de Junio de 1912 señalando un término de veinte días, por ejemplo, desde su publicación para que los Abogados aspirantes que deseasen ser incluidos en el escalafón lo manifestasen en el Ministerio de Gracia y Justicia por medio de instancia, entendiéndose que el que no lo hiciera renunciaba definitivamente sus derechos.

Tal es lo que del Gobierno se pretende y que nosotros creemos puede hacerse sin perjuicio de nadie y en bien de la administración de justicia, y de esta manera, y ya que no se lograse consagrar el derecho de todos los Abogados, reglamentando su ingreso en forma que sea garantía de acierto y no señal de favor, cuando menos al desaparecer ese su derecho de la Ley, no sería atropellando el que al amparo de la misma tenían ya adquirido los que habían manifestado su deseo de ingresar en la carrera judicial y demostrado su aptitud sobrada para ello, pues aunque se diga que eso en realidad era más facultad ministerial que derecho de nadie, es de equidad no perjudicar á quienes á la sombra de la Ley adquirieron aptitudes que les pusie-