El Foro español (Madrid. 1898) (1912-09-20 00:00:00), página 3

en el extremo que nos ocupa á la influencia que el derecho histórico y la tradición les iniciaba; y sin vacilación alguna, como si la materia no ofreciese dificultades de importancia, sentaron su criterio fijo y terminante en el artículo 1.348, expresando «que el padre ó la madre ó el que de ellos viviese, están obligados á dotar á sus hijas legítimas, fuera del caso en que, necesitando éstas el consentimiento de aquéllos para contraer matrimonio con arreglo á la ley, se casen sin obtenerlo».

Esta obligación impuesta al padre, en su defecto á la madre y á falta de ambos, en opinión de Falcón, al tutor, si tuviere bienes de la misma huérfana, dado que el guardador reemplaza á los padres en el cuidado y dirección de los hijos, inicia desde el primer momento una dificultad importanteísima: la de señalar la cantidad que en dota forzosa deben entregar los padres á las hijas legítimas que contraigan matrimonio, dificultad que se acrecienta al recordar que algunas leyes anteriores trataron de establecer una tasa determinada, no alcanzando el intento viabilidad en la práctica, debido á la prevención con que fué acogido al instante de manifestarse.

El Código vigente ensaya de nuevo el antiguo sistema, ordenando en el art. 1.341 que la dote obligatoria consista en la mitad de la legítima rigurosa presunta, á no ser que la hija tenga bienes equivalentes á la referida mitad, en cuyo caso los padres se eximen del deber de dotar, quedando prohibida la pesquisa de la fortuna de los padres para determinar la cuantía de la dote, pero concediendo al propio tiempo, con inconsecuencia inmediata, á los Tribunales en acto de jurisdicción voluntaria, la facultad de hacer su regulación sin más investigaciones que las declaraciones de los mismos padres y la de los dos parientes más próximos de la hija, varones y mayores de edad, uno de la línea paterna y otro de la materna, residentes en la misma localidad ó dentro del partido judicial; resolviendo los Tribunales á su prudente arbitrio, sólo con las declaraciones de los padres á falta de parientes mayores de edad.

Tal precepto, que conforme ya hemos anticipado es enteramente nuevo en el Código de 1859, ha dado origen á múltiples cuestiones nacidas por un lado de la odiosidad justificada que siempre ha inspirado la investigación de la fortuna de los padres reclamada por las hijas menores de veintitrés años que se casen con consentimiento de sus ascendientes, ó por las mayores de aquella edad, que como sólo necesitan el consejo del art. 47 para contraer matrimonio, puede muy bien acontecer que celebren uno reprobadó de antemano por aquellos progenitores; y de otro, de la confusión fundamental con que una materia tan delicada como la que nos ocupa, ha sido tratada por la ley civil olvidando los fracasos del Derecho histórico y principalmente el de la pragmática de Madrid de 1534 que por tercera ó cuarta vez intentó fijar la tasa de la dote correspondiente á las hijas, sin resultado positivo alguno.

Y la razón es clara y evidente, aparte de lógica y natural; esa media legítima que la ley señala como tasa de la dote de las hijas será preciso averiguarla sin duda cuando exista disentimiento entre los padres y sus descendientes hembras acerca de su determinación; y aunque es cierto que la ley prohibe la pesquisa, en cambio consiente la intervención de la autoridad judicial en las intimidades económicas de la familia, admitiendo con notable equivocación que el Juez regule la dote previa audiencia de los padres y parientes señalados, dando vida, por consecuencia, á una prescripción enormemente abusiva y molesta, que no cabe bajo ninguna forma justificar ni sostener en la más mediana legislación jurídica moderna.

El progreso de los tiempos y el espíritu de libertad e independencia que necesariamente domina en los pueblos, va repercutiendo, como no podía menos, en las familias, elemento esencial de las Naciones; y natural es que no se amolda la sociedad familiar á un sistema que además de atentar á su dignidad, y principalmente á la del jefe de ella, permite que parientes con quienes pudiera estar enemistado el mismo, inspeccionen al detalle fortuna y administración económica, no deteniéndose en lo sagrado del hogar doméstico, que puede muy bien tener secretos que á nadie interesa conocer, y mucho menos divulgar y ofrecer al exterior.

«Esa intervención de la autoridad judicial en asuntos íntimos de la familia—dice Falcón—esas investigaciones del estado de fortuna de los padres y de las razones secretas que les asisten para no dotar á sus hijas ó para no entregar de pronto las dotes, han sido siempre muy mal recibidas de los padres, y lo serán, no hay que dudarlo, en lo sucesivo; y si bien el mandato de la ley está templado por los preceptos que le siguen y que le quitan una buena parte de su odiosidad, como lo es que el padre y la madre puedan cumplir la obligación de dotar, á su elección, de una de dos maneras: ó entregando bienes equivalentes á la mitad de la legítima presunta, ó abonando á la hija una renta anual, como frutos ó intereses de dicha media legítima, tal precepto resolverá en muchos casos la dificultad, sobre todo cuando la resistencia de los padres á dotar procede de la desconfianza que les inspiran sus futuros yernos, pero no las resuelve todas.»

Naturalmente, el hecho odioso de la investigación subis- te de todas suertes, sea cualquiera el cuidado con que el legislador ha procurado atenuarlo, lo cual demuestra la inseguridad de su creencia ó de su afirmación; y nada difícil será ver á un padre de familia, requerido ante los Tribunales, llamado á juicio por su hija, inspirada por un marido avaro ó excesivamente pródigo, para que dé cuenta del estado de su casa y revele la situación económica de la familia, dando á conocer, con todos sus detalles más íntimos al Juez, la vida interior de la sociedad que dirige, á fin de que la indicada autoridad pueda, con la mayor seguridad, determinar la cantidad de dote que pertenece á la hija en el momento de contraer matrimonio.

Y si esa investigación más tolerable que otras,—según ha dicho un autor,—no fuera suficiente para establecer aquella porción total, también puede suceder que sobre hecho tan íntimo se pidan informes á los parientes más allegados, dándoles á éstos unas facultades y una intervención abusiva, que han de producir inevitablemente irritaciones y odios profundos entre individuos de una misma familia, tan fáciles de evitar con sólo que el legislador español se hubiera dado cuenta de que no serían poco importantes las razones que tuviera el padre para negarse á entregar la dote correspondiente á su hija con la oportunidad que el Código exige en el art. 1.340.