El Foro español (Madrid. 1898) (1913-02-20 00:00:00), página 13

Justicia á secas.

Hemos leído con gusto una carta publicada en La Epoca, en la que se hacen elogios de la Audiencia de Córdoba, especialmente de los Magistrados D. José Oppelt y don Francisco Summers, del Presidente D. José Tello y García y del Fiscal D. Angel de León, que confirmando un auto de procesamiento del Juzgado de Lucena, en causa seguida a instancia de una Sociedad suiza hidro eléctrica por insolvencia, fraudulentamente contra personas influentes de aquellas comarcas, no ha reparado en la categoría ni hecho caso de los manejos de éstas para hacer que la justicia se cumpla en ellas como en cualquier infeliz mortal, y siendo tanto más de alabar aquella conducta cuanto que, como muy bien dijo no hace mucho tiempo el actual Presidente del Consejo de Ministros, en carta dirigida á los liberales de Zaragoza, en el fondo de todo el problema de España no hay más que un problema de miseria y otro de justicia distributiva; entendiéndose nosotros, como el comunicante de La Epoca, que para que tal función se realice libremente, hay que dejar independencia á los Tribunales de Justicia y no ejercer presión sobre los mismos, como desgraciadamente con harta frecuencia la ejercen algunos políticos, cosa que si en el caso á que nos referimos ha ocurrido, se ha estrellado ante la fortaleza de ánimo de los funcionarios judiciales que han intervenido en el asunto.

Digna de elogio es también la entereza y gran habilidad jurídica con que está llevando la defensa de la aludida Sociedad suiza el notable Abogado de Madrid y Diputado de su Junta directiva D. Antonio Gabriel Rodríguez, á cuyo talento se debe en gran parte el éxito obtenido.

El programa del Gobierno respecto de la Administración de justicia.

En la declaración ministerial facilitada á la Prensa por el señor Conde de Romanones, Presidente del Consejo de Ministros, se contiene el siguiente párrafo referente á la materia propia de nuestra Revista:

«En la Administración de Justicia versarán sus proyectos sobre reorganización del Poder judicial, simplificación del Enjuiciamiento y determinación del más rápido y eficaz procedimiento relativo á la responsabilidad judicial, como suprema garantía del ciudadano y salvaguardia, la más positiva, de los prestigios de la Magistratura.»

Como se observa, la declaración es muy vaga, y no hace otra cosa que repetir lo que cién veces se ofreció ya y no se cumplió hasta el presente. Dentro de esas líneas cabe todo un programa máximo, con la actuación directa y positiva de cualquier partido monárquico ó republicano.

Tribunal de oposiciones á Secretarias judiciales.

El 3 de Marzo comenzarán las oposiciones á plazas vacantes de Secretarios judiciales, primeras convocadas con arreglo al Real decreto de 1.º de Junio de 1911.

Tribunal:
Presidente, D. Francisco de P. Mifret, Presidente de la Audiencia territorial de Madrid; D. Juan Toledo, Fiscal de la misma; D. Felipe Clemente de Diego y D. José Valdés Rubio, Catedráticos de Derecho de la Universidad Central; D. Antonio Gabriel Rodríguez; D. Esteban Unzueta, Secretario judicial; D. Francisco de P. Ríves, Secretario del Tribunal, y D. Angel Estirado, con el carácter de perito en Taquigrafía.

Programa á que deben responder en el primer ejercicio los opositores á Secretarias judiciales.

1. Naturaleza, fundamento y división de la fe pública.
2. Definición legal del Secretario judicial, requisitos para ser Secretario judicial, casos de incapacidad e incompatibilidad para el ejercicio de la fe pública judicial.
3. Organización del Cuerpo de Secretarios judiciales. Secretarías judiciales demarcadas á cada Juzgado, cómo se aumenta ó disminuye el número, categoría de los Secretarios judiciales.
4. Ingreso en la fe pública judicial.—Forma de realizarlo.—Casos en que se entiende vacante una Secretaría judicial.
5. Provisión de las Secretarías judiciales en los turnos de oposición, traslación y antigüedad.—Idea de cada uno. Excedencias y permutos.
6. Toma de posesión de los Secretarios judiciales.—Juramento.—Término para obtener el título.—Responsabilidad por no proverse de él en el plazo legal.
7. Residencia del Secretario judicial.—Licencias.—Quién le sustituye en este caso y en los de enfermedad.—Incompatibilidad y renuncia.—Responsabilidad del que se ausenta sin licencia.
8. Oficiales de Secretaría judicial.—Sus condiciones de aptitud; sus derechos y deberes.—Objeto de su oración.—Forma de hacer el nombramiento. Extensión de las funciones de los Oficiales de Secretarías judiciales.
9. Correcciones disciplinarias á los Secretarios judiciales.—Casos en que procede la suspensión y separación del cargo.—Quién puede promover el expediente de separación.—Su tramitación y resolución.—Recursos.
10. Archivos judiciales.—Cómo se hallan establecidos. Asuntos que han de conservarse en los archivos.
11. Colegios de Secretarios judiciales.—Elección de su Junta directiva.—Cómo se renueva.—Sus atribuciones.—Artículos adicionales y disposiciones transitorias del Real decreto de 1.º de Junio de 1911.
12. Deberes de los Secretarios judiciales en cuanto hace relación al ejercicio del cargo, conforme al art. 18 del Real decreto de 1.º de Junio de 1911.—Disposiciones referentes al repartimiento, según el art. 45 del mismo.
13. Libros que tiene obligación de llevar el Secretario judicial.—Sus requisitos.—Asientos que debe hacer en cada uno de ellos.
14. Secretario de Gobierno.—Quién puede serlo.—Cómo se entiende la antigüedad.
15. Deberes del Secretario de Gobierno, conforme al artículo 25 del Real decreto de 1.º de Junio de 1911.—Libros que tiene obligación de llevar.—Servicios de que está exento y en qué forma, según los casos.
16. Forma de extender los estados relativos á la estadística criminal.—Certificaciones que exige la vigente ley Electoral.—Épocas de remisión de unos y otras.
17. Requisitos que han de contener los Registros de penados y procesados en rebeldía.—Tiempo en que deben hacerse los asientos.
18. Registros de tutelas y depósitos.—Requisitos de cada uno de ellos.
19. Fe de conocimiento.—Casos en que está obligado á darla el Secretario judicial.—Testigos de conocimiento.—Su fundamento.
20. Advertencias que debe hacer el Secretario judicial en todo documento que expida y esté sujeto al impuesto de Derechos reales.—Advertencias en los que deben inscribirse en el Registro de la Propiedad.—Responsabilidades por su omisión.
21. Obligación del Secretario judicial con relación al uso del timbre del Estado.—Su responsabilidad.
22. Número de líneas que deben computarse en cada pliego y sílabas que ha de comprender cuando el documento se remunere por pliegos ó por hojas.—Cómo se anotan los derechos.—Requisitos que han de contener las cuentas de los Secretarios judiciales.
23. Facultades del Secretario judicial al practicar las tasaciones de costas.—Interpretación del Arancel.—Responsabilidad por exigir y cobrar mayores derechos que los que les correspondan.