El Foro español (Madrid. 1898) (1913-03-10 00:00:00), página 13

viola en especial la sentencia de 19 de Mayo de 1891, dictada para caso distinto, que no guarda analogía alguna con el presente:
Que mantenido el fallo de la Audiencia por el fundamento anterior no tendrá finalidad para el efecto de enervarlo ó destruirlo el que el Tribunal hubiera dado un alcance indebido á la cláusula reversional de la donación de que se trata:
Que á partir de los hechos consumados y por lo que se refiere á la facultad de gravar ó enajenar el dominio por sí con independencia del donatario bienes del heredamiento, aparte de haber presidido el segundo su asentimiento á alguno de los actos realizados por el primero en aquel sentido, la legitimidad ó ilegitimidad de tales actos es extraña al caso del pleito, ya que en la sentencia no se trata de reconocer al padre aquélla facultad;
Y que es infundado el supuesto de novación originado del consentimiento prestado por el hijo al préstamo hipotecario aludido, habiendo quedado este préstamo cancelado por la escritura de venta otorgada para hacerlo efectivo, quedando así extinguida la obligación contraída por aquél y consiguientemente la novación misma en esa hipótesis de que hubiera existido ó de que pudiera estimarse como tal el concurso del donatario en el referido préstamo.

Legislación catalana.—Apreciación de prueba.—Sentencia de 4 de Mayo. (Gaceta de 15 de Junio de 1912.)—Resuelve que en materia de apreciación de prueba sólo rigen en Cataluña las disposiciones del Código y de la ley de Enjuiciamiento civil, según tiene declarado con repetición el Tribunal Supremo, no siendo, por tanto, apreciable la ley 15, título II De fide instrumentorum, libro IV del Código romano.

Reconocimiento de hijo natural.—Prescripción.—Posesión del estado de hijo natural.—Prueba de presunciones.—Sentencia de 6 de Mayo. (Gacetas de 15 y 17 de Junio de 1912.)—Declara que, tratándose de una demanda sobre reconocimiento de hijo natural nacido más de treinta años antes de la promulgación del vigente Código, aunque la Sala sentenciadora, por virtud de lo previsto en las disposiciones transitorias 1.ª y 4.ª de dicho Código aplique con error el art. 131 del mismo al desestimar la demanda y dar por prescrita la acción, no por ello podrá prosperar el supuesto de la infracción de aquellos preceptos ni tampoco la de los artículos 1.364 y 1.339 si la Sala apoya su fallo, no ya sólo en la prescripción especial del art. 137, sino también y más fundamentalmente en la común ó genérica del 1.961, en atención á haber transcurrido más de quince años, tiempo marcado por ese precepto para la prescripción de las acciones personales, desde que empezará á regir el vigente Código hasta que se dedujera la demanda inicial del pleito, porque esta prescripción es independiente de la especial del art. 137 y alcanza, en casos como el actual, á la comenzada antes de la publicación de dicho Cuerpo legal:
Que empleándose por el Tribunal sentenciador en uno de los Considerandos de su fallo la palabra estado en su sentido genérico de condición personal de los sujetos de Derecho, no puede atribuirsele el que tiene con arreglo al art. 135 del Código civil, que para nada precisa tener en cuenta al denegar la condición de hijo natural fundada en la falta de reconocimiento tácito del supuesto padre y no en la de justificación de posesión de aquel estado, que es caprichoso atribuirle para invocar la infracción del aludido artículo y del 141 del repetido Código:
Y que es doctrina repetidamente proclamada por el Tribunal Supremo que la apreciación de la prueba de presunciones es de la incumbencia privativa del Tribunal sentenciador, á no ser que se acredite en forma legal la inexistencia de los hechos de que la presunción se derive.

Competencia.—Sumisión.—Declaración de hijo natural.—Acción personal.—Rebeldía del demandado en los incidentes de pobreza.—Sentencia de 6 de Mayo. (Gacetas de 17 y 18 de Junio de 1912.)—Establece que dirigida la demanda á obtener en definitiva la declaración de que un menor es hijo natural de quien el demandado trae causa, y, como consecuencia de ella, que tiene aquél derecho á usar el apellido del último y á percibir la porción hereditaria señalada por el Código, es indudable que se trata de una acción personal, que en defecto de sumisión y de pacto en contrario debe ejercitarse ante el Juez del fuero del demandado, con sujeción, ya al principio general que sienta la regla 1.ª del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil, ya la especial á las reclamaciones sobre el estado civil que contiene el núm. 1.º del 63:
Que, según repetida jurisprudencia del Tribunal Supremo, el hecho de permanecer en rebeldía la parte que promueva la inhibitoria durante la tramitación del incidente de pobreza y consiente la sentencia dictada en el mismo, no significa que se someta tácitamente á la mencionada jurisdicción, en cuanto al pleito principal, porque aparte de que puede resultar por completo desligado de aquél, el texto del núm. 2.º del art. 58 de dicha ley, exige actos de cierta índole para que se entienda realizada tal sumisión, y no puede decirse que se hayan practicado ni en el incidente ni en el pleito, cuando, al contrario, la primera gestión del demandado es promover la cuestión de competencia en tiempo y forma;
Y limitada la cuestión en un caso como el citado á resolver y determinar cual sea la residencia habitual de los demandados, y, por tanto, su domicilio á tenor de lo prescrito en el art. 40 del Código Civil; si de los documentos aducidos por los dos litigantes resulta, que si bien el demandado tiene casa abierta en la ciudad donde se entabló el juicio y se siguió la pobreza, en cuya ciudad vive más ó menos tiempo, y resulta además con datos de indiscutible autenticidad que está empadronado y ha obtenido su cédula personal en pueblo distinto y no en aquella ciudad; que en el Juzgado á que pertenece el expresado pueblo se hizo la declaración de herederos del supuesto padre natural; y que si bien el demandado fué citado y emplazado para el incidente en la repetida ciudad, hubo de practicarse la diligencia por medio de cédula, precisamente por hallarse ausente en el repetido pueblo donde se halla empadronado. Tales datos demuestran con toda evidencia que este último pueblo, tanto de hecho como de derecho, es el domicilio real y efectivo del demandado que reclama su fuero.

Obligaciones.—Compraventa.—Saneamiento de la cosa vendida.—Indemnización de daños y perjuicios.—Mora.—Culpa contractual.—Obligación del vendedor.—Entrega de la cosa vendida.—Sentencia de 6 de Mayo. (Gacetas de 18 y 19 de Junio de 1912.)—Declara que las disposiciones del título I libro IV del Código Civil, destinado á las obligaciones, y principalmente