El Foro español (Madrid. 1898) (1913-04-20 00:00:00), página 8

cidad del proyecto, abrió un paréntesis hasta 1893, en que fue de nuevo presentado y dictaminado por la Sección central, con nuevas modificaciones introducidas por su propio autor, M. Lejeune.

Una nueva disolución de las Cámaras en 1894 vino á dejar sin efecto todo lo hecho, si bien por poco tiempo, porque al año siguiente, M. Bergerem, Ministro de Justicia, presentó un nuevo proyecto de ley reproduciendo, salvo modificaciones de detalle, el de M. Lejeune, pasando este proyecto á nuevo estudio de la Sección central, la que, á su vez, de nuevo encargó su ponencia á M. Colmert, que en el año 1897 terminó su trabajo.

Como parece que la desgracia perseguida á este proyecto, le alcanza la disolución de las Cámaras de 1900, y de esta vez ya parece que había quedado olvidado proyecto tan interesante, porque su reaparición no tuvo lugar hasta 1904, en que M. Dénis, bajo su firma, en compañía de los señores Vandervelde y Pirard, lo hizo suyo, pasando la nueva proposición de ley á estudio de la Sección central.

Llamó ésta á su seno á los autores de la proposición al del primitivo proyecto, M. Lejeune, y al ilustre publicista M. Lévoz, concurriendo también el Ministro de Justicia, M. Renkin. Se llevaron los trabajos de tal forma, que permitieron abreviar mucho los estudios, quedando pronunciado en disposición de que en la Cámara se examinaran y discutieran; pero pesaba sobre ésta cúmulo tal de trabajos, que se propuso el estudio de este proyecto al de otros de carácter urgente.

Es, por fin, en 15 de Diciembre de 1911, cuando monsieur Carton de Wiart, Ministro de Justicia, presenta el proyecto que ha tenido la satisfacción de ver hoy convertido en ley, siendo, por lo tanto, á M. Carton de Wiart al que corresponde el gran honor de haber creado en la legislación de su país los Tribunales para niños, bajo la denominación de Juez de niños.

Esta ley de 12 de Mayo de 1912, está dividida en tres capítulos, correspondientes á otras tantas series de medidas de protección legal á los niños. Trátase en el primero de la pérdida de la patria potestad, protegiendo al niño contra los abusos de la autoridad paterna. Claro es que si bien es cierto que esta autoridad, así como los derechos y deberes de los padres, en relación con la persona de sus hijos, nacen y se derivan de la paternidad y filiación, teniendo por objeto la educación física y moral del hijo, no lo es menos, aunqueafortunadamente con poca frecuencia, que existen casos en que los padres faltan á sus deberes, y bien por negligencia en los cuidados que el hijo necesita, ó por su abandono moral y material, por violencia, mala conducta de los padres, ó por otros actos cualesquiera, que dan por consecuencia la desmoralización del hijo, el Estado tiene el deber de entrar en este santuario de la familia, que ha sido profanado, y otorgar al menor la protección á que tiene derecho.

Divídese este capítulo primero en dos términos, que abarcan los casos en que la pérdida de la patria potestad es obligatoria; es decir, que basta que los padres hayan incurrido en uno de los casos que cita la ley, para que surja necesariamente la pérdida de la patria potestad, y aquellos otros casos en que el Tribunal puede facultativamente decretar ó no dicha pérdida.

La diferencia esencial de una á otra consiste en que si la pérdida de la patria potestad ha sido obligatoria con arreglo al artículo primero de la ley, es absoluta y total, y se refiere y alcanza á todos los hijos, mientras que si ha sido decretada en virtud de la potestad facultativa que la ley concede á los Tribunales por su artículo tercero, puede referirse solamente á algunos de los derechos que la patria potestad encierre, y comprender á todos ó á alguno de los hijos.

Son los casos de pérdida necesaria de la patria potestad, cuando el padre ó la madre hayan sido condenados como autores de atentados al pudor, violación ó cualquier otro delito cometido en la persona de su hijo ó descendiente, excepción hecha de los de aborto ó infanticidio, y esta pérdida de la patria potestad se decretá, no por el Tribunal que haya pronunciado la sentencia criminal, sino por el Tribunal de primera instancia, siendo el procedimiento sencillísimo, limitándose á la presentación por el Fiscal de un testimonio de la sentencia firme resueltá en la causa criminal, para que con vista de éste pronuncie el Tribunal de primera instancia la pérdida de la patria potestad, pudiendo, para salvar los peligros que existan en el intervalo de una á otra sentencia, decretarse las medidas necesarias que se estimen convenientes para la seguridad del niño.

Como causas en que el Tribunal puede facultativamente decretar la exclusión de la patria potestad, en todo ó en parte, y con relación á uno, varios ó todos los hijos, son las siguientes: si los padres por malos tratos, abusos de autoridad, mala conducta notoria ó negligencia grave en el cumplimiento de sus deberes legales, ponen en peligro la salud, la seguridad ó la moralidad de su hijo; si han sido privados del ejercicio de sus derechos de familia por la aplicación de los artículos 31, 32 y 33 del Código penal, y, por último, si han sido condenados á una pena criminal como autores de un crimen al que hayan asociado á sus hijos ó descendientes, exclusión hecha de los delitos políticos.

También podrá decretarse contra aquellos que siendo tutores fueran condenados como autores ó coautores ó cómplices de un crimen cometido sobre la persona de su pupilo.

Como se ve, al señalar los casos en que el Tribunal puede facultativamente decretar la pérdida de la patria potestad, se han usado términos lo bastante elásticos para que los Tribunales puedan aplicar dicha facultad con un criterio de libre aplicación, si bien dentro del límite de que la negligencia ó mala conducta de los padres hayan puesto en peligro la salud, la seguridad ó la moralidad del hijo, porque el fin que se propone la ley está concentrado en interés del niño, que lleva á decretar esta pérdida de la patria potestad, aunque ella constituya una medida de extraordinaria gravedad, por lo que sólo debe ser decretada contra aquellos que á los ojos de todos no merecen llevar el título de padres.

Del segundo y tercer capítulo de esta ley me ocuparé en el artículo próximo.

AVELINO MONTERO VILLEGAS