El Foro español (Madrid. 1898) (1912-03-11 00:00:00), página 8

cesaría la licencia judicial, y salvo lo dispuesto respecto á los dotales inestimados; cuando la mujer es menor de edad, la licencia judicial es siempre supletoria y, como aquélla, expresa y especial para caso concreto.

Por último, un solo caso existe en el derecho en que la capacidad de la mujer casada se ensancha con horizontes amplísimos desconocidos hasta ahora, y es el siguiente: la mujer del ausente podrá disponer libremente de los bienes, de cualquier clase, que le pertenezcan; y por lo tanto, de sus dotales y parafamilares. (Art. 188 del C. C.)

Y, si todo es así, ¿por qué no se equiparan los bienes dotales inestimados y parafamilares, tanto en cuanto á su naturaleza como respecto á su enajenación, adoptándose un precepto tan racional como el de la Ob. de la Legislación aragonesa «De declaraciones monetarias», que dice: que en Aragón no existen bienes parafamilares ¿Acaso no es llegada la hora de que esta palabra se borre del Código civil?

APÉNDICE

La mujer casada en las legislaciones forales.

En su esencia, la doctrina es la misma del Código civil, reflejo de la romana; pero todavía subsisten algunas diferencias, no obstante regir en todo el reino las disposiciones de los arts. 61, 62 y 65, fundamentales en esta materia.

Así vemos que en Cataluña y Navarra, territorios en que subsistía con más vigor, no ya el espíritu del Derecho romano, sino este mismo derecho, la mujer casada tiene más restringida su capacidad. Buena prueba de ello es la antéctica Si qua nulliter y el senado consulto Veleyano. Este estableció que las mujeres casadas no pueden salir fidoras, pero sin más trascendencia que la de un privilegio personal, y como tal, renunciable; aquélla, con más rigor, prohibióles en absoluto salir fidoras por sus maridos, doctrina sancionada por el Supremo y establecida antes del Código por las leyes de Toro, con relación á Castilla y que aquél ha derogado. Asimismo, con relación á los hijos, aquel derecho restringe su capacidad, si bien en esta materia consideramos vigente el art. 154 del Código, que reemplaza al 64 de la ley de Matrimonio civil, á tener de los arts. 12 y 1976 del Código.

En cambio, en Aragón la situación de la mujer y el marido puede decirse que fue análoga, si no idéntica, pues si bien las Ob. «Ds jure dotium» exigen la intervención del marido en los actos de enajenación de aquélla, también tratándose de los bienes privativos del mismo las mencionadas observancias requieren la intervención de la mujer, de tal modo que, si no presta su consentimiento, el acto es válido e inscribible, pero le quedan reservados sus derechos eventuales de viudedad sobre los citados bienes.

Y algo parecido sucede en Vizcaya, donde la ley 9 del Título XX, si mal no recuerdo, del Fuero, requiere la intervención de la mujer para la validez de las enajenaciones de los bienes privativos del marido. Todo ello revela una mayor amplitud en la esfera de acción de la mujer, pero no deja de conducir á ciertos absurdos; así, en Vizcaya esas enajenaciones son nulas cuando se trata de bienes propios del marido, y en cambio éste, por sí solo, puede enajenar los de la sociedad conyugal, esto es, de los que son de los dos, de acuerdo con la doctrina de la Dirección (R. de 11 de Mayo de 1903); y lo propio sucede en Aragón: el marido, por sí solo sin que la mujer ostente derecho alguno de reserva, enajene los bienes gananciales, y en cambio los privativos del marido requieren la intervención de aquélla. ¿No es cierto que el absurdo es evidente?

CONCLUSIÓN

Terminaremos como comenzamos al principio: hay, en todo cuanto afecta á la capacidad de la mujer casada, mucho de artificioso, mucho que no tiene razón de ser y que es debido al espíritu del derecho romano. Se objetará á esto que obedece á la situación que ocupan los cónyuges dentro del matrimonio, á no atentar á la autoridad del marido. Tal objeción es un sofisma que se destruye por sí sola.

En efecto, el matrimonio amplía la capacidad jurídica del varón (véase el art. 59); entonces, ¿por qué no amplía, por igual, la de la mujer?... Contestación: Por conservar el principio de autoridad del marido. Conformes; pasemos por este argumento. En los casos de incapacidad del marido, ¿qué objeto tiene la licencia judicial? ¿Por qué lo que se permite á la mujer soltera no se permite en esos casos á la mujer casada? ¿Por qué el principio ético que rige su capacidad en el caso de ausencia del marido no ha de regirlo en los demás casos de incapacidad de éste?

Por el recuerdo del pasado, por la fuerza de la tradición que imperan en el Derecho moderno, haciéndonos exaltar con el suizo de la leyenda: «Todavía no! La mujer casada no ocupa el lugar que la corresponde ante el Derecho: el que la equidad, la justicia y la igualdad demandan.

MATEO AZPEITIA.

UN RUEGO

Al Sr. Canalejas.

Estatuye el art. 170 de la ley Orgánica del Poder Judicial el turno de méritos para el ascenso por las publicaciones científico-jurídicas. Y el Real decreto de 24 de Septiembre de 1889—que se debe á la feliz iniciativa del actual jefe del Gobierno—reguló la forma de hacerlo efectivo.

Cierta funcionaria judicial publicó un libro, se instruyó expediente, en él aparecen los tres informes favorables exigidos y no consiguió su objeto porque el turno 2.º servía para la elección entre los que disponían de más valioso intermediario, brisa que el Real decreto de 22 de Diciembre de 1902 suprimió ese turno y mató esa justa aspiración originada en el cumplimiento de disposiciones vigentes.

¿Tiene la bondad el Sr. Canalejas de pedir ese expediente y resolver lo que estime justo?

Si no el ascenso, ¿podría aspirar el interesado á solicitar el traslado á un puesto determinado por una sola vez?

Lo decimos porque lo creemos un caso de justicia.

De Tribunales

(Notas de la decena).

¡Ya me tenéis aquí, mis queridos lectores; ha vuelto el hijo pródigo que abandonó sus lares cuando no sabía andar por el mundo!

En esta simpática y ya vieja Revista, que vi nacer, hice mis primeras armas periodísticas, y, cuando apenas supe