El Foro español (Madrid. 1898) (1912-10-20 00:00:00), página 3

y observaciones de las salas de espera, paradores y coches; siendo actor de episódicas peripécias; riéndose con revisores, mayorales, hospederos y prenderos de almoneda; paseando, con dorada miseria de mesecrátas, su prosopopeya de señorías de mucho Don..., pero de poco din..., como los títulos de la Deuda; y pagando, con su cédula y su documento, más contribución que los pútridatas y los holgazanes adinerados.

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Otra hijuela del art. 34.
Un Juez de entrada, que acaba de ingresar en la carrera, va á desempeñar un Juzgado, cuyo Secretario judicial asciende á los pocos días. El Juez de entrada aludido tarda en ascender unos siete años. El Secretario judicial á que me refiero, á los cuatro años de haber desempeñado sus funciones en el Juzgado de ascenso, tendrá la categoría y consideración de Juez de ascenso, para cuyo cargo podrá ser nombrado cuando su antiguo jefe, el Juez de entrada, continúa con la misma categoría. Y consiguientemente podrá resultar que el Secretario judicial, el auxiliar, el subordinado, llegue á ser jefe de su antiguo jefe.
Esto pudiera subvertir la disciplina, por ilógico.
Va á ser cosa de dejar á los Secretarios: ¡Caballeros, no empujar! ¡Ni tanto, ni tan calvo...!: pues se quiere plagiar el procedimiento de aquel sacrificar que desnuda á un santo para vestir á otro. El art. 34 está vociferando: «Quítate tú, para ponerme yo», en inoportuna verificación de la profética frase: «Los últimos serán los primeros».
No conozco un caso igual.
Pregunto: ¿qué dirían los dignos Secretarios judiciales si se publicara un Real decreto por virtud del cual se concediera á los Oficiales de Secretaría, respecto de aludidas plazas de Secretarios, los mismos derechos que se trata de conceder á los Secretarios respecto de las plazas de Jueces y Magistrados? ¡Habría que cirles... y escucharles! Pondrían el grito en el cielo. ¡Naturalmente! Lo apreciarían injusto. Pues... lo que no quieras para ti, no lo quieras para otro. Porque tan innegablemente irregular sería una cosa, como otra. Pero para los Oficiales, no sólo no van las cosas por ese camino, sí que á mayor abundamiento, se les han quitado los derechos que tenían adquiridos para ingresar, por determinado concurso, en la carrera de Escriturarios. Así es que, por ahora, no hay cuidado de que los Oficiales hagan con sus jefes lo que éstos tratan de hacer con los suyos.

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La ley adicional á la Orgánica exige para ser Presidente ó Fiscal de Audiencia de lo criminal, Magistrado de Audiencia territorial ó Juez de Madrid, determinado número de años de servicios ó de ejercicio á los Magistrados ó Fiscales que indique y á los Secretarios de Gobierno ó de Sala de la Audiencia de Madrid, Secretarios de Sala ó Vicesecretarios del Tribunal Supremo, Abogados y Catedráticos de Derecho, á los que menos, de los cuales, se les exige diez años de servicios. Los Abogados, por ejemplo, han de haber ejercido su profesión ante la Audiencia durante catorce años, pagando en los seis últimos alguna cuota de las comprendidas en la mitad superior de la respectiva escala, ó durante veinte con iguales condiciones en las demás poblaciones donde existan Colegios. En cambio, los Secretarios de los Juzgados de Madrid tendrán la categoría y consideración del Juez á los cuatro años. Es decir, que la ley exige á los individuos que indique más condiciones y más años de ejercicio ó de servicio que un Decreto á los Secretarios judiciales. Huelgan los comentarios. ¡Señores: que se mejore la carrera de Escriturarios, que se les proteja, que se les beneficie todo lo humanamente posible; pero... no á costa del próximo, y menos con incuestionable perjuicio de sagrados derechos adquiridos!
El art. 34 del Decreto puede ser la caja de Pandora para los funcionarios de las carreras Judicial y Fiscal.

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Soy entusiasta partidario de la dignificación y verdadera unificación del Secretariado judicial, desde Secretario de entrada á Secretario de Gobierno del Tribunal Supremo, y de que se le recompense con un sueldo proporcionado y decoroso, se le reconozcan derechos pasivos y se le atribuyan las incumbencias á que alude el art. 18, según la auténtica interpretación del Ministro de Gracia y Justicia, autor del Decreto, siempre que se publique una disposición legal aclaratoria precisando tal interpretación, con la extensión y límites de las incumbencias de los Secretarios cuando, no obstante lo preceptuado en las leyes, han de subrogarse en las atribuciones de los alguaciles, y puntualizando, respecto de éstos, su intervención, deberes y derechos en determinadas diligencias que se deben especificar, ya solos ó bien en concurrencia con los Secretarios.
La Ley de Enjuiciamiento civil, art. 1.442, ordena terminantemente que el mandamiento de requerimiento y embargo se entregue al alguacil, quien, por tanto, es el encargado de cumplimentarlo y de resolver en el acto las incidencias del cumplimiento, comenzando por ser el propio alguacil el que requerirá de pago al deudor por ante el actuario, y el Ministro autor del Decreto interpreta éste extensivamente en sentido diferente á lo que dicen, de consumo, la vigente ley, la repetida jurisprudencia, la constante práctica de los Juzgados y la uniforme interpretación de los juríscultores; pero no lo dice claramente el Decreto, como para ejecutarlo es absolutamente necesario que lo diga con toda precisión, y mejor una ley ó, cuando menos, la jurisprudencia, por el motivo apuntado y, á mayor abundamiento, por tratarse de una reforma de caracteres orgánico y procesal que considero, más que conveniente, convenientísima, por causas de orden jerárquico y razones basadas en la experiencia.
Resulta hasta ridículo que un competente Secretario judicial vaya á las órdenes de un ignaro alguacil, debiendo ser lo contrario, como por imperativo categórico de lo inevitable viene sucediendo en el fondo, ya que no también en la forma ó fórmula ritualaria, habiendo de ser más lógico, justo y correcto que las responsabilidades legales coin-