El Foro español (Madrid. 1898) (1912-10-10 00:00:00), página 4

Nuevas y notablemente importantes son las disposiciones con que se cierra la sección segunda que estudiamos. En primer término, se declara en el art. 1.362, que los bienes de la dote inestimada responden de los gastos diarios usuales de la familia, causados por la mujer, ó de su orden bajo la tolerancia del marido; haciéndose en este caso previamente exención de los bienes gananciales y de los del esposo.

Nada de particular ofrecería esta disposición, que por cierto quebranta el principio tradicional del Derecho histórico, para el cual la dote de la mujer era inmune en todo caso como una consecuencia inmediata de la gestión absoluta que en los intereses familiares ejercía el marido, si no fuera debido, por un lado, á la falta de claridad con que está redactado el artículo, que lo hace incomprensible á primera vista, y por otro, á la alarma que ha producido su declaración en algunos tratadistas y autores distinguidos, apagados á la tradición más de lo que el progreso necesario e indispensable del Derecho civil consiente y autoriza.

Y la razón es sencilla: si el legislador ha querido expresar solamente en la primera parte del art. 1.362 del Código civil que los bienes dotales inestimados son responsables de los gastos diarios usuales de la familia, nada más justo y equitativo que tal manifestación, en cualquier momento, y mucho más cuando no habiendo otros bienes en la sociedad conjugal ó no siendo suficientes las rentas y productos de aquellos doales para los diversos cuidados y atenciones que exige una familia, únicamente los indicados elementos pueden acudir á remediar una crisis económica del marido, producida no por su dilapidación y pereza, sino por falta de trabajo apropiado ó por una enfermedad seria y pertinaz.

Cierta que las leyes históricas hacían contribuir á la mujer simplemente á los gastos comunes de la familia, con los productos y rentas de su dote, y que ninguna ley antes de la presente envolvía el capital de la esposa en género alguno de responsabilidades; pero esta determinación, que la época y los precedentes explicarán, además de esencialmente injusta aparece notoriamente inmoral; ya que llevada al extremo, podrá permitir que el marido, llegado á las especiales circunstancias indicadas, viviera en verdadera indigencia, no obstante disponer su esposa de propiedades bastantes para evitar tan denigrante espectáculo, no por inconcebible de menor posibilidad.

Bien hizo por consecuencia el legislador en alterar, lo preciso nada más, el principio tradicional expresado, que no quebranta duramente—como ha escrito un profesor con notable equivocación—el régimen familiar, ni hace responsable á la mujer de gestiones que no ha tenido, de gastos que no ha autorizado y de deudas que no ha contraído; pues adelantándose la ley á tales ideas y convenciones, solemnemente ha consignado que los gastos de que responden los bienes dotales inestimados son los causados por la mujer ó de su orden bajo la tolerancia del marido, con lo cual claramente se demuestra que ya tiene en ello la esposa la necesaria intervención para comprender si son indispensables ó meramente caprichosos.

Además, la ley no generaliza la expresión, sino antes al contrario, perfectamente determina, sin ningún género de dudas, que sólo los gastos diarios usuales deben ser satisfechos con las propiedades de la mujer; de ninguna manera, por consiguiente, ni con pretexto alguno, aquellos otros de naturaleza distinta ó procedencia no corriente.

En cuanto á la segunda parte del mismo art. 1.362, la esposa, según el precepto legal, responde con su dote inestimada de los repetidos gastos usuales de la familia, cuando no hay gananciales ni el marido tiene bienes propios con que cubrir dichas atenciones; con ello obtiene una preferencia que no es criticable ni deja de ser conveniente, y que salva de toda tentativa abusiva bienes que, únicamente en el caso especial de un marido dilapidador, abandonado y perezoso, decidido á utilizar las propiedades de su esposa en beneficio exclusivo, pueden resultar perjudicados y hasta cierto punto nada más.

En segundo lugar, establece el Código civil en su artículo 1.368 otra disposición nueva y extremada, por la que se impide al marido dar en arrendamiento por más de seis años, sin el consentimiento de la mujer, bienes inmuebles de la dote inestimada; teniendo en todo caso por nula la anticipación de rentas ó alquileres hecha al marido por más de tres años. De este precepto, que es copia literal del art. 1.269 del proyecto de 1851, salvo la variación del plazo del arriendo de diez á seis años, y el consentimiento, que según el indicado proyecto debía otorgarlo el Juez, no se encuentra precedente alguno en las leyes nacionales antiguas; y solamente guarda una relativa relación con lo dispuesto en el número quinto del art. 2.º de la ley Hipotecaria, que exige que se inscriban en los Registros de la propiedad los contratos de arrendamiento de bienes inmuebles por un período que exceda de seis años ó los en que se hayan anticipado las rentas de tres ó más.

Propónese evitar el legislador con este artículo, que como se observa limita la libertad del marido de una manera impropia, que en el caso de que el matrimonio se disuelva por muerte del esposo, encuentre la mujer sus predios sujetos á derechos reales adquiridos por inquilinos ó arrendatarios; y se llama la ley tan lejos su suspicacia, que por impedir en un caso excepcional el casual perjuicio que pudiera irrogar á la mujer al verse obligada á respetar arrendamientos pactados por su marido, somete todos los arrendamientos en general á una limitación ofensiva para la autoridad marital y que en muchos casos ha de ser en perjuicio de la misma mujer, porque los arrendamientos á plazos cortos son funestos para cierta clase de fincas. (Falcón).

Ninguna necesidad había verdaderamente de ofrecer al esposo en el Código civil con una capitís diminutio dignitatis y de convertir su administración de los bienes dotales en ilusoria e irrisoria, ya que los redactores de la ley civil pudieron perfectamente, en vez de consignar un precepto que estreche la libertad del esposo como administrador de la dote de su mujer mucho más que si fuera un apoderado ordinario, exigir, según hace la ley Hipotecaria para todos los arrendamientos en general, que se inscribieran en el Registro correspondiente los contratos de esta clase concertados por un período mayor de seis años y aquellos otros en que se hubieran anticipado las rentas de tres ó más años, todo ello hecho si se quería con el consentimiento de la mujer; pero de ninguna manera presentar al esposo bajo limitaciones administrativas, que son