El Foro español (Madrid. 1898) (1913-01-10 00:00:00), página 13

sonas designadas para hacer la liquidación en llevarse á efecto con el propósito de retardar el cumplimiento de las obligaciones que han de derivarse respecto de otro de los otorgantes, que es el demandado, y en que se trata de un compromiso al que son aplicables las disposiciones de los artículos 1.821 del Código Civil y 792, 828, parrafo 2º, 839 y 793 de la ley Procesal.

Seguido el pleito en ambas instancias recayo sentencia desestimando la nulidad pretendida, é interpuso recurso de casación por infracción de ley por la parte actora el Tribunal Supremo declara no haber lugar á él, estimando que establecido el verdadero sentido y alcance de la obligación en los términos que se dejan consignados y hallándose pendiente de cumplimiento la primera parte del contrato, ó sea la práctica de las liquidaciones de que se ha hecho mérito, no puede menos de reconocerse que se trata de un pacto lícito, á tenor de lo prescrito en el art. 1.255 del Código Civil, conforme además en esencia con lo que preceptúan los artículos 1.809 y 1.815 del mismo Cuerpo legal;

Y que esto supuesto no es de estimar la infracción del art. 1.821 del repetido Código en que se apoya el recurso para sostener con notorio error que lo pactado constituye un compromiso para la decisión por árbitros o amigables componedores el encargo conferido para la práctica de unas liquidaciones, sin que puedan justificar tal criterio las frases relativas á la conformidad de los interesados con lo que dichos liquidadores establecieran de común acuerdo, pues ellas no tienen otro alcance que significar el propósito de los contratantes de terminar por aquel medio las expresadas operaciones.

Competencia.—Pago de servicios profesionales.—Honorarios de Letrado.—Acción personal.—Sentencia de 29 de Marzo. (Gaceta de 22 de Mayo de 1912.)—Declara que si bien por regla general el pago de servicios, y más cuando son profesionales, por la semejanza que tienen con el mandato, ha de verificarse necesariamente en el lugar donde precisamente se prestaron, para establecer esa excepción al principio opuesto que sienta el parrafo 3.º del artículo 1.171 del Código Civil, se requiere que la ejecución de dichos servicios haya sido ordenada directamente por el interesado á quien se reclama el pago ó un representante del mismo, y que del contenido ó la naturaleza de la obligación se deduzca la voluntad expresa ó presunta de las partes de que ha de cumplirse en un punto determinado que no siempre resulta el domicilio del que presta los servicios;

Y que ejercitada por un Letrado la acción personal para obtener el pago del resto de sus honorarios devengados con motivo de la práctica de ofertas operaciones particionales cuya testamentaria radica en punto distinto al en que aquél tiene su bufete, dada la naturaleza de los servicios reclamados, no cabe deducir que se prestaron en el último, máxime si se concede que algunos se han prestado en otro distinto, en cuyo caso si á la falta de aquel elemento se une el no haber contratado directamente el actor con el heredero, sino con el albacea, y el haberse además consignado parte de la cantidad debida por dichas operaciones en el lugar domicilio del heredero donde, en su virtud, la obligación empezó á cumplirse, hay méritos suficientes para que en defecto de sumisión y de pacto en contrario, pueda atribuirse el conocimiento de la reclamación al Juez del fuero del demandado y presunto deudor, según la regla 1.ª del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento Civil.

Reivindicación de bienes.—Prescripción.—Sentencia de 31 de Marzo. (Gaceta de 22 de Mayo de 1912.)—Resuelve que si ocurrido el fallecimiento de los padres de un sacerdote se procede por los hijos y herederos á la práctica de las respectivas operaciones particionales de los bienes relictos sin incluir en ninguna de ellas los donados mediante escritura pública al sacerdote para formar su patrimonio eclesiástico para la ordenación, no haciéndole por ello hijuela en dichas particiones, teniéndole por apartado de la herencia con lo recibido por aquel concepto, es manifiesto que los descendientes de uno de aquellos hijos y herederos, que como tal intervino en las particiones, no pueden, sin contrariar los actos de sus causantes, que tienen obligación de respetar, oponerse á la reclamación de varias de las fincas donadas para constituir el patrimonio eclesiástico hecho por el sacerdote en cuestión, y mucho menos si lo efectúan, no para que se incorporen tales fincas á la herencia de los donantes como colacionables, sino por conceptuarlas de su exclusiva propiedad apoyados en el supuesto de la nulidad de la donación y en el transcurso del lapso de tiempo para prescribir la acción, porque cualquiera que sea la naturaleza de dicha donación quedó consolidada por los actos de los que pudieron impugnarlá, y porque el poseedor á título de precario ó por mera tolerancia no puede utilizar contra el dueño de la cosa la excepción de prescripción restrictiva, porque éste no deja de poseer por título de dominio, y por lo mismo no necesita ejercer actos en reclamación de él, y menos si dicho poseedor y sus causantes han hecho repetidos actos de reconocimiento que habrían interrumpido el tiempo necesario para la prescripción, lo mismo adquisitiva que restrictiva, conforme á lo prevenido en los artículos 1.948 y 1.972 del Código civil.

Abril.

Error de hecho y de derecho.—Presunciones.—Sentencia de 1.º de Abril. (Gaceta de 23 de Mayo de 1912.)—Resuelve que no incurre en error de derecho con infracción del art. 1.225 del Código Civil, por inaplicación del mismo, la sentencia que al apreciar en conjunto todos los elementos de juicio aportados al debate, entre ellos los documentos privados á que el supuesto error se refiere, estima que no ha probado un dudor el cumplimiento de la obligación de pago, fundándose para ello en que de ningún documento resulta evidente que aquél tenga cancelada dicha obligación de pago;

Y que no es dable apoyarse en meras presunciones para deducir errores de hecho que se supongan cometidos en la sentencia de que se recurra.

Desahucio en precario.—Posesión civil y real.—Sentencia de 1.º de Abril. (Gaceta de 24 de Mayo de 1912.)—Declara que á partir del hecho cierto de la posesión civil y real de unas fincas en favor del demandante en un juicio de desahucio, mediante escritura de liquidación y adjudicación de bienes inscrita en el Registro de la propiedad, es inescusable que en tal concepto de dueño tiene la personalidad necesaria para ejercitar la acción de desahucio contra el que disfruta dichas fincas sin pagar renta ni mercéd alguna y sin contrato de ninguna clase, al que no puede menos de aplicársele el carácter de tenedor precario y puede por ello ser desahuciado si para ese efecto ha sido requerido con un mes de anticipación.