El Foro español (Madrid. 1898) (1913-03-10 00:00:00), página 14

las contenidas en el capítulo I de dicho título, que lleva por epígrafe disposiciones generales, son aplicables á toda la materia contractual, á no ser que todas las disposiciones especiales reguladoras del contrato de que se trate, estén en oposición con aquéllas, en cuyo caso, á las especiales hay que atenerse exclusivamente.

Que la obligación del vendedor en el contrato de compraventa de sanear la cosa vendida por defectos ocultos, y el derecho del comprador de optar en tal caso entre la rescisión del contrato ó la rebaja del precio, son perfectamente compatibles con el derecho del último á ser indemnizado cuando á consecuencia de esos defectos se le causen daños y perjuicios, ya se originen de haber faltado la otra parte contratante al cumplimiento de sus obligaciones en la forma estipulada, ya de su incuria y negligencia, en razón á que ambas responsabilidades nacen de fuentes distintas e independientes entre sí; las unas de los defectos que hacen impropiá la cosa objeto del contrato para el uso á que se destina, y la otra del quebranto causado al patrimonio del comprador, si además concurren los requisitos que establece el art. 1.107 del Código Civil.

Que tratándose de la venta de un motor respecto del cual aparece que el vendedor tiene conocimiento del uso á que se destina y que no reúne las condiciones pactadas en el contrato de compraventa, y se ha puesto á disposición del comprador con defectos tales que, no solamente requiere para la marcha normal del mismo un período de tiempo excesivamente mayor que el convenido, sino que también por consecuencia de ello se ocasionan á la entidad compradora daños y perjuicios en cuantía determinada, es visto, por los fundamentos anteriormente consignados, que el vendedor, aparte de la obligación de sanear la cosa vendida, debe indemnizar áquéllos, teniendo su origen en el incumplimiento de sus obligaciones, con arreglo á los términos convuendos, sin que por estimarlo así una sentencia infrinja los artículos 1.100, 1.106, 1.107, 1.445, 1.461, 1.462, 1.484, 1.486 y 1.500 del Código Civil:

Que la disposición contenida en el párrafo final del art. 1.100 citado no es aplicable á las obligaciones que nacen de la culpa contractual á que se refiere el 1.101;

Y que no puede estimarse cumplida la obligación del vendedor con la entrega de la cosa, si ésta no reúne las condiciones previamente concertadas.

Obligaciones recíprocas.—Daños y perjuicios.—Abono de intereses.—Sentencia de 6 de Mayo. (Gacetas de 19 y 20 de Junio de 1912.)—Resuelve que según el art. 1.124 del Código Civil, el perjudicado por el incumplimiento de las obligaciones recíprocas tiene el derecho de optar entre el cumplimiento ó la resolución de la obligación, con el resarcimiento de daños y abono de intereses en ambos casos;

Y que ya se atienda al procedente legislativo de este precepto que sirve de norma á la redacción del mismo, según el cual el concepto que reflejan las palabras subrayadas consiste en la pérdida sufrida y en la ganancia que se ha dejado de obtener, concepto que concuerda con la definición de daños y perjuicios contenida en el art. 1.106 de nuestro Código, ya se atienda al principio universal de Derecho recogido por la legislación histórica y sancionado nuevamente por el 1.101 de este cuerpo legal, que sujeta á la indemnización expresada á los que en el cumplimiento de sus obligaciones incurrían en dolo, negligencia ó morosidad, y á los que de cualquier modo contravengan al tenor de aquéllas, es inconscuso que los vocablos resarcimiento «de daños y abono de intereses», empleados en el art. 1.124, equivalen ó son sinónimos en el espíritu de la ley á la indemnización de daños y perjuicios, porque de otra suerte, además de lo dicho, resultaría una diferencia inexplicable entre los artículos 1.101 y 1.124, máxime si se trata de una obligación de dar y hacer, porque los intereses, en la acepción técnica de esta palabra, se deben, según el 1.106, como sustitución ó equivalencia de daños y perjuicios, en las obligaciones sobre pago de cantidad de dinero.

Concesión de caminos de hierro.—Dominio eminentí de Estado.—Sentencia de 6 de Mayo. (Gacetas de 20 y 21 de Junio de 1912.)—Consigna que la concesión de caminos de hierro de uso general otorgada á particulares para que éstos los construyan cuando por razones económicas no pueda hacerlo por sí misma la Administración pública, en modo alguno supone la pérdida del dominio eminentí que en esas vías representa el Estado como órgano regulador de la propiedad nacional, pues el derecho del concesionario se reduce, una vez construida la línea férrea, á explotarla en beneficio propio durante cierto número de años, terminados los cuales ó antes, si se declara la caducidad, que es la forma especial de dejar sin efecto la concesión, aquella entidad social entra de nuevo en la plenitud de todos sus derechos dominicales en la forma que regulan preceptos tan explícitos y terminantes como los artículos 86 y 37 de la ley de 23 de Noviembre de 1877;

Y que siendo la concesión de un ferrocarril un verdadero contrato bilateral generador de obligaciones recíprocas, su incumplimiento tiene que producir con todas sus consecuencias la declaración de caducidad en ese caso, nada opuesta á los preceptos que así lo ordenan, y por lo tanto, mientras el concesionario al dejar de ejecutar las obras á que se ha comprometido pierde el derecho á explotar y disfrutar la línea en construcción, el Estado, á su vez, recuperará en esas circunstancias excepcionales la facultad inherente al dominio que antes y después de la concesión representa de disponer no sólo de la vía férrea en el estado que se encuentre sino de las barras carriles de acero que caracterizan el material fijo reversible á la Administración pública, no obstante lo cual, para evitar ulteriores reclamaciones, conveniente será de acuerdo con el espíritu y objeto de la ley, llegar á la unificación técnica de los dos elementos fijo y móvil, dando efectividad á la Real orden de 1º de Julio de 1904.

Arrendamiento.—Desahucio.—Sentencia de 8 de Mayo. (Gaceta de 21 de Junio de 1912.)—Resuelve que en el caso del arrendatario de una finca que con facultad para ello cede á un tercero mediante merced ó renta, que en parte se satisface, la mitad de dicha finca de la que entra en posesión material para su uso ó disfrute, no cabe dudar que la relación jurídica creadas entre ambos por tal acto no es otra que la del arrendamiento por reunir los requisitos establecidos en el art. 1.543, en relación con el 1.550 del Código Civil;

Y que estimada en un caso como el citado la acción de desahucio fundada en la falta de pago no se infringe el art. 1.569 del citado Código, por ser aquélla acción propia del arrendador cuando se da alguna de las causas que en dicho precepto se mencionan.

Competencia.—Comisión (contrato de) Acción personal.—Sentencia de 11 de Mayo.-(Gaceta de 25 y 26 de Junio de 1912.)—Resuelve que si