El Foro español (Madrid. 1898) (1912-03-30 00:00:00), página 10

Que esto supuesto, pudiendo una mujer viuda, a tenor del testamento de hermandad, disponer libremente de los bienes relictos a la muerte de su marido, sin otra obligación que entregar los que existieran á su fallecimiento, y pudiendo además con arreglo á la misma, desheredar á sus hijos ó dejarles porciones iguales ó desiguales, según sus necesidades ó méritos/méritos, observando para ello el método que tuviera por conveniente, es obligado reconocer que al dictar años después su posterior disposición, no modifica ni revoca la anterior porque en dicha posterior disposición reconozca varios créditos, que asigne á un hijo porción hereditaria distinta á la de los demás, consistente en una suma en metálico igual á la mitad de lo que á sus hermanos correspondería, y establezca la consiguiente prohibición que le impone de intervenir en las operaciones testamentarias, disposición en que ni alcanza, ni siquiera rozan lo estatuido en el testamento de hermandad, antes bien entrañan, como queda expuesto, el uso de los derechos y facultades que por aquel entonces consignaron ambos cónyuges.

Y que la doctrina establecida por el Tribunal Supremo en la sentencia de 20 de Marzo de 1902 carece de aplicación á un caso como el citado, por referirse á otro distinto.

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Testamentaria.—Administración en el juicio de testamentaria.—Alimentos de los herederos.—Incongruencia.—Sentencia de 22 de Octubre.—(Gacetas de 19 y 22 de Mayo de 1911.) Resuelve que el Tribunal a quo, al declarar que no deben ser de abono al administrador judicial de una testamentaría que rinde su cuenta, las cantidades satisfechas á los herederos en el concepto de alimentos, por no haberse observado las prevenciones establecidas en el art. 1.100 de la ley de Enjuiciamiento civil, ha infringido este precepto en el sentido que de tales prevenciones no son aplicables cuando hay conformidad con los interesados, porque ni la Ley autoriza semejante distinción, dados los términos del referido artículo, en que se dispone que compete al Juez decretar los alimentos que de los productos de los bienes han de abonarse á los herederos y legatarios y el cónyuge sobreviviente y la cuantía que á cada cual corresponda, que no puede exceder de la renta liquidada de los bienes á que tenga derecho, ni cabe admitirla en buenos principios de hermenéutica, tratándose de disposiciones que, por constituir garantías establecidas en favor de terceros, á quienes puede afectar la cesión de alimentos excesivos ó indebidos, son siempre, y en todo caso, de obligada y necesaria observancia.

Y que al reservar la Audiencia al cuentadante la acción que pudiera asistirle para reclamar los gastos que hubiera hecho por dichos interesados, no incurre en la nota de incongruencia, porque tratándose de la aprobación de cuentas de un administrador judicial, en las que sólo pueden tener cabida ingresos y gastos determinados, limitándose la cuestión debatida á saber si las partidas de dada impugnadas son ó no de abono, el auto que admite algunas de las reclamadas y rechaza otras, resulta por medio notorio congruente con las pretensiones de las partes, sin que la reserva implique aplazamiento de las cuestiones disuntidas en el incidente, porque éstas quedan definitivamente resueltas en el auto, que no tiene para qué prejuzgar si los gastos que se suponen hechos por el administrador en beneficio particular de los herederos ó de algunos de ellos, deben ser reintegrados por los últimos, y porque la reserva antes favorece que perjudicó al cuentadante.

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Casación por infracción de ley.—Sentencia de 25 de Octubre.—(Gaceta de 22 de Mayo de 1911.)—Consigna que desestimada por la Sala sentenciadora la demanda de pobreza formulada por una entidad social, fundándose para ello, no solo en la necesidad de que se justifique la carencia de medios de fortuna de todos los individuos que componen la sociedad, sino también en que no han sido embargados todos los bienes de la misma, y no elegándose motivo alguno de casación en contra de ese fallo, cuyos fundamentos deja subsistente el recurso, éste es inadmisible.

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Casación por infracción de ley.—Incongruencia.—Auto de 25 de Octubre. (Gaceta de 22 de Mayo de 1911.)—Consigna que invocándose para autorizar un recurso el número 2.º del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil, ó sea la incongruencia de la sentencia con las pretensiones deducidas en el pleito; si al fundarlo no se expresa con claridad en qué consiste dicho particular aunque se cite el art. 559 de dicha ley de procedimientos, resulta notoriamente que no se ha incurrido en el expresado defecto, si además de ser la sentencia absolutoria, con lo cual resuelve todas las cuestiones deducidas en el pleito en la misma, para dictar el fallo, se establecen apreciaciones que se refieren á los precedentes, que echo de menos el recurso siendo manifiesto, incurre en el caso de inadmisión á que se refiere el numero 8.º del art. 1.729 de la ya citada ley de Enjuiciamiento.

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Quebrantamiento de forma.—Denegación de prueba.—Funcionario público.—Indefensión.—Sentencia de 25 de Octubre. (Gaceta de 22 de Mayo de 1911.)—Resuelve que no se cometió el quebrantamiento en la forma del procedimiento comprendido en el número 5.º del art. 1.093 de la ley de Enjuiciamiento civil, cuando la prueba rechazada por la Sala sentenciadora no es procedente, dado el modo como fué propuesta, y resulta además inútil.

Y que el dueño de un establecimiento industrial no tiene el carácter de funcionario público y por ello, las certificaciones que libre ó manifestaciones que por escrito haga sin ser parte en el juicio, no pueden, por lo mismo, afectar al resultado de la practicada en el pleito, ni su falta producir indefensión.

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Quebrantamiento de forma.—Prueba en segunda instancia.—Sentencia de 27 de Octubre. (Gaceta de 22 de Mayo de 1911.)—Consigna que siendo imputable á un litigante la ejecución en primera instancia de parte de la prueba que propuso por haberla formulado sin tiempo suficiente para practicarla, es visto que al denegar el Tribunal a quo el recibimiento á prueba en segunda instancia, se atiene á lo dispuesto en el caso 2.º del artículo 562 de la ley de Enjuiciamiento civil, sin incurrir por ello en quebrantamiento de forma.

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Aranceles judiciales.—Abono del duplo de lo indebidamente cobrado.—Sentencia de 27 de Octubre. (Gaceta de 25 de Mayo de 1911.)—La cuestión planteada por el recurso se circunscribe á determinar si es ó no de aplicación el art. 861 del Arancel vigente para los asuntos civiles relacionados en el 8.º de la ley de Enjuiciamiento civil, dado el supuesto demostrado de que parte la sentencia recurrida, de que los derechos exigidos por un Escrivano y un Procurador, respectivamente, que por razón de su oficio intervinieron en un juicio de menor cuantía, rebasaron el 20 por 100 del valor de la cosa que