El Foro español (Madrid. 1898) (1913-10-10 00:00:00), página 9

Religión del Estado. Muchos años pasaron ya, y ha querido la suerte que aún viva entre nosotros, distinguiéndose por su probado catolicismo, el ilustre hombre público que honró aquellas leyes con su firma. No, no fueron, repetimos, un ataque á la fe de los españoles; obedecieron á una exigencia imperiosa que á través del tiempo pasado, todavía subsiste con una fuerza que cada vez es más viva, como todo lo que es obra de la razón y responde á una necesidad verdadera.

El Registro de nacimiento llevábase en las parroquias, que eran el centro único de inscripción para cuantos venían al mundo. En ellas también se verificaban los matrimonios y allí quedaban inscritos. Eso dos actos, quizás los más importantes de la vida del ciudadano, estaban entregados al clero. Ambos Sacramentos eran para la Iglesia de igual importancia, y á través de los tiempos la existencia del ciudadano y la base de la constitución de la familia habían sido monopolizados por la Iglesia con verdadero olvido de los derechos y de las prerrogativas del Estado. La nación soberana creyó llegado el momento de la reivindicación y esas dos leyes fueron de las obras primoradamente realizadas en aquel brillante período de nuestra historia.

La lucha entablada tuvo, en el orden político, un desenlace por entonces fatal para las nuevas ideas; fueron éstas vencidas, y en el eclipse de aquel saludable avance naufragó la ley del matrimonio, á la que se dirigieron todas las malquerencias, quedando en cambio arraigada en nuestra legislación la conquista representada por la del Registro civil. La intransigencia de los sectarios abandonó esta reforma, tomando la primera como verdadero baluarte de su tenacidad. Sacramento era el bautismo como el matrimonio; igual era el origen de las dos leyes, no más radical la una que la otra, y perseguían iguales fines. La inscripción civil del recién nacido como acto primero de su existencia ciudadana no ponía el menor obstáculo para que quienes fueran católicos, antes ó después de aquélla hiciesen administrar á sus hijos las aguas del bautismo; así como la ley del matrimonio civil no lo opuso jamás á que, en el momento que lo tuviesen á bien, fueran los contrayentes á consagrar su unión con las bendiciones que su fe exigiera.

Pero lo cierto es que, á pesar de esta igualdad de fines y de la identidad perfecta en la esencia de aquellas leyes, cuando fue llegada la hora de la rectificación no alcanzó ésta sino á una de las dos, la del matrimonio, quedando viva para siempre la del Registro civil.

El retroceso se operó á virtud de un decreto revelador de tan lamentable intranigenia, que á través del tiempo pasado todavía no es posible juzgarlo con serenidad, porque fué una obra de pasión y de fanatismo. Es lo cierto, sin embargo, que cualquiera que sea el juicio que nos mereza, la realidad nos enseña que, saltando por hechos históricos, nos trasplantó de nuevo á las fórmulas primitivas que la Revolución destruyera.

Corrientes de concordia distanciadas por igual de ambos radicalismos, aprovecharon las discusiones del Código para concretar una fórmula que afirmara el derecho del Estado á intervenir en la celebración del matrimonio que, si es Sacramento para la Iglesia, tiene para aquél los caracteres del contrato civil. En términos más ó menos bruscos y con mayor ó menor rapidez, á juicio de jurisconsultos ilustres, la reivindicación quedó hecha y sólo habría que disuadir en lo futuro la ocasión y el momento de nuevos avances de forma, ya que lo esencial, que era el principio, quedaba definitivamente incorporado á nuestro derecho patrio.

El paso que entonces se dió en defensa de los fueros del poder civil no fué considerado por ninguna de las escuelas como término y fin de la cuestión tantos años ha planteada; pero se exigía de las dos partes deponer intranigenias que habían sido funestas en el pasado y que no debían servir en lo futuro para nuevas y acaloradas contiendas entre la Iglesia y el Estado. Lo que se creó entonces fué una obra de paz, de armonía y de concordia, dejando al tiempo la justificación de si la fórmula habría acertado á llevar á la realidad el pensamiento y los propósitos de aquellos legisladores.

Pasó ya desde aquella fecha cerca de un cuarto de siglo, en cuyo largo período ha podido manifestarse el mayor ó menor acierto con que se procediera entonces. Sin los extremos á que conduce la pasión del sectario y sin pretender fórmulas exageradas, que acaso no encajan en las necesidades del presente, conviene que hoy examinemos, y ese es el objeto primordial de esas líneas, si es posible que el acto del matrimonio continúe sometido á las mudanzas de la política, y, además, si puede consentirse que continúe rigiendo lo que provoca por la ley fatal é inevitable una verdadera y continua perturbación en las relaciones de la Iglesia y el Estado.

Un día, espíritu tan práctico como el de mi ilustre jefe el actual Presidente del Consejo de Ministros, percibió la necesidad de impedir que, con motivo de la celebración del contrato de matrimonio, se planteara á diario una cuestión esencial y profundamente religiosa. Cada vez que habían de celebrarse matrimonios civiles surgía la misma pugna con verdadero encino, poniéndose en evidencia los más vivos apasionamientos. Creyó el señor conde de Romanones que era su deber de gobernante, poner coto á estas demasías de la intranigenia, y en términos seno- tillos declaró que no debe exigirse á los que pretenden contraer matrimonio civil declaración alguna relativa á la religión que profesan, ni más requisitos que los que la ley taxativamente establece.

No hay, en efecto, en el Código civil precepto alguno que semejante declaración exija, ni puede interpretarse nuestro derecho en el sentido de que tal fuera el pensamiento del legislador; por lo contrario, discutieron en la Cámara popular este punto interesantísimo, un hombre ilustre rodeado del total respeto de sus contemporáneos que representa con autoridad á la izquierda más definida en esta materia, y un jurisconsulto notabilísimo, gloria inapreciable del Foro, autoridad unánimemente proclamada de la tribuna parlamentaria, y que además personificaba el sentido de la derecha del partido liberal. Preguntaba el primero si la Comisión de Coligas había entendido necesario que se declarase á qué religión pertenecía el que iba á contraer matrimonio y si era católico ó no; respondía el segundo: «A esa pregunta contesto yo con esta otra: ¿Ha leído S. S' e alguna parte del Código algo que le permita semejante