El Foro español (Madrid. 1898) (1912-05-30 00:00:00), página 8

no deben pasar de unos sesenta los Abogados que vivan única y exclusivamente del ejercicio de la carrera.

Habría que fijar, pues, á estos Abogados el sueldo anual de 15 ó 20,000 pesetas, con la obligación de intervenir como Letrados y gratuitamente, en todo asunto ó negocio judicial que para ello fueran especialmente requeridos por cualquier vecino de Madrid, y tomándose, naturalmente, el asunto con verdadero interés, inteligencia y celo, y estableciendo una sanción penal para el que incurriera en omisión ó negligencia en el ejercicio de la profesión en la referida forma retribuida.

Los recursos necesarios para satisfacer los citados sueldos, se obtendrían fácilmente mediante un pequeño recargo de un 2 por 100 establecido sobre la cuota contributiva correspondiente al Tesoro por territorial, y en la misma forma á los contribuyentes por industrial, y suponiendo que por dichos conceptos recaude la Hacienda 65 millones de pesetas, produciría una cantidad más que suficiente para atender dicho servicio, que suponemos sería bien recibido por el público y también por la mayoría de los Abogados en ejercicio.

Agrega el Sr. Bassons, que con esta reforma, en el sistema de honorarios de los Abogados, acompañada de la correspondiente rectificación de los nuevos Aranceles por conceptos que rigen actualmente, «que resultan, por cierto, algo exagerados, en algunos casos, ya señalados por la práctica», se llegaría quizás al verdadero abaratamiento de la administración de justicia, para llegar en su día á la justicia gratuita, sana y justa aspiración de todos.

Por equidad.

Hasta nosotros ha llegado impresa la instancia que desde el Puerto de Santa María, y en nombre de 152 penados, se dirige al Sr. Presidente del Consejo de Ministros. Nos parece tan justo lo que en ella se pide y tan enorme que haya necesidad de pedirlo que no haremos más que reproducir la parte más principal de aquella instancia, para que se comprenda la razón de lo que damos y de que no es posible pase un día más sin que se acceda á lo que en ella se pretende.

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«Una reforma gubernativa clausuró los penales africanos, y antes de su realización se promulgó un Real decreto, obra de un impulso noble y levantado y justa compensación á favor de los comprendidos en el cuarto período de la condena. Aquella disposición legislativa se propuso evitarles la pesadumbre de cambiar la relativa libertad en Ceuta por la reclusión completa en uno de los presidios peninsulares. Y ese y no otro móvil inspiró el referido Real decreto (22 de Octubre de 1906), cuyo primer artículo dice: «Al procederse á la supresión de los presidios penales existentes en los presidios militares de la costa septentrional de África, continuarán residiendo en Ceuta, si así lo desean y si reúnen las condiciones que en este Real decreto se exigen, los penados que se hallen en el cuarto período ó de circulación libre definido en el art. 8.º del Real decreto de 23 de Diciembre de 1889.»

Ni por su espíritu ni por su letra, pudo interpretarse el Real decreto en otro sentido que no fuera el de perseguir una justiciaria compensación y evitar á los penados, comprendidos en sus preceptos, el rudó contraste que supone trocar inopinadamente por las torturas de un encierro permanente los beneficios de una libertad condicional, relativa, pero libertad, al fin.

Mal interpretado el Real decreto, con grave detrimento de la razón y de la lógica, sin que se explique á nuestro entender una preferición tan extraña, dicha disposición legal no alcanzó á 234 penados de los 334 que formaban la propuesta general, que en 2 de Junio de 1911 formuló el Excmo. Sr. Inspector General de Prisiones y que confirmó el Consejo de disciplina del Penal en 7 de Agosto último.

Eosos infelices presos son, Excmo. Sr. Presidente del Consejo de Ministros, señores Senadores del Reino y Diputados de la Nación, los autores de este escrito, recluidos en la prisión de Estado del Puerto de Santa María, á pesar de hallarse comprendidos en el cuarto período, á pesar, también, de concurrir en ellos todas las circunstancias favorables que preceptúa el Real decreto idéntico, por consiguiente, á las que beneficiaron á sus compañeros de propuesta, más afortunados que los exponentes.

La disparidad de criterio en la interpretación de la Ley, originó actos de una inhumanidad dolorosa, que no otro calificativo merece el desquiciamiento de honrados hogares, la destrucción de sagrados vínculos, la separación de seres queridos...

Este es el quadro sombrío que podemos ofrecer á V. E., escenas trágicas de un drama emocionante, patético: el abandono de nuestras familias, la forzosa viudez de nuestras mujeres, la orfandad de nuestros hijos, la miseria ensañadora de nuestros hogares, malogrados nuestros esfuerzos, nuestros trabajos y nuestros ahorros.

Las consideraciones á que se prestan estos hechos, estas tristes consecuencias y los comentarios que ofrecen no han de salir de nuestra pluma; háganlos aquellos que, sin apasionamientos, puedan juzgar imparcialmente este asunto.

A nosotros, los preteridos, las víctimas de un exclusivismo incomprendible, sólo nos es dado elevar respetuosamente esta solicitud al ilustre y ecuánime Jefe del Gobierno, suplicándole, en nombre de la Justicia y de la Ley, una reparación que nos compense de los perjuicios, de las penalidades y de los sufrimientos que nos originara para nosotros la errónea interpretación del Real decreto de 22 de Octubre de 1906, reparación que no puede ser otra que aquella que ponga término á nuestro trágico calvario: la libertad.

Prisión de Estado del Puerto de Santa María, 10 de Mayo de 1912.

En nombre de los 151 aquí existentes.

La Comisión: Pascual Muñoz Giménez.—Francisco Pérez Cubilla.—Basilio López de Jesús.—José Recasén Borrut.—Isidoro Díez López.»