El Foro español (Madrid. 1898) (1912-08-20 00:00:00), página 3

Pero, es más; concedamos, meramente en hipótesis, que fuere el punto controvertido dudosos; hasta supongamos que fuese más lógica, más acertada, más racional y todo lo que se quiera, que la interpretación que nosotros damos á esos dos artículos, combinados, de nuestra ley Orgánica, la que les atribuye y asigna el comentado inciso del artículo 14 del citado Real decreto de 20 de Junio último ¿procedería, aun en tal supuesto, y dando efectos retroactivos al nuevo criterio ministerial, llevar á cabo la inmediata traslación de los funcionarios en el incursó, o comprendidos, hasta de quienes fuimos nombrados para el cargo que actualmente desempeñábamos en la Magistratura, no antes, sino después de llevar en la población los ocho años, si el ejercicio de cargo Fiscal se contaba, y, por tanto, era indudable se nos nombró bajo el criterio entonces y antes casi constantemente seguido, quedando, una vez poseídos, al amparo de los otros preceptos de la misma ley Orgánica, que sabiamente garantizó, de manera eficaz, nuestra inamovilidad?... Entendemos que no: en primer lugar, porque el razonamiento preanotado, evidencia que los que en tales condiciones ejercíamos cargos judiciales, no podíamos ser trasladados mientras la ley no se reformase ó modificase por otra; y, en segundo lugar, aún estimando, repetimos—, que, á nuestro humilde sentir, no lo es—dudosos el caso de interpretación debatido, siempre habría de aplicarse la regla de Hermenéutica interpretando el precepto restrictivamente, por ser la materia de incompatibilidades de carácter odioso, como excepción de la regla general y, á mayor abundamiento, abomarian siempre este nuestro criterio el espíritu y tendencias de la época actual, manifestamente opuestas á la mayoría de esas mismas incompatibilidades, faltas en absoluto casi todas ellas de fundamento filosófico en que apoyarse. La misma ley adicional á la Orgánica, posterior á ésta en fecha doce años, ya restringió y limitó bastante aquéllas; y es casi seguro que el día que la ansiada y anunciada reforma llegue á promulgarse, desaparecerán muchas de las hoy subsistentes y á que dió vida, y nacimiento un espíritu infundado de desconfianza hacia los encargados de administrar justicia. Y, entre éstas á que aludimos, ciertamente figurará en primer lugar la de residencia, llamada á desaparecer, por su índole, de nuestros preceptos orgánicos. Precisamente, el funcionario íntegro, el Magistrado recto, el incapaz de doblegarse ante los halagos de la amistad ni los requerimientos de políticos y caciques, ha de poner siempre más especial cuidado en que esas sus cualidades características resalten más y más, uno y otro día, cuanto mayor tiempo reside en una misma población, conviviendo con los vecinos ó habitantes de ella; y el parcial, (si, por desgracia le hubiere), el poco escrupuloso, el capaz de faltar á sus sacratísimos y estrictos deberes de absoluta imparcialidad en el desempeño de su verdadero sacerdocio..., ese no necesitará nunca que el precepto prohibitivo de los ocho años le arroje de un pueblo, pues ya cuidará él antes, pero muchísimo antes, de ese largo período (y así le llamamos, porque de subsistir tal ordenamiento legal, por orcer asistirse razón filosófica, debiera reducirse como máximo, á cinco años), de marcharse de todas partes... Diráse, asasco, por quien lea las anteriores quejas documentadas, que quizás nos creemos perjudicados ó lesionados en nuestros derechos por la reciente disposición ministerial; expedito tenemos nuestro derecho para reclamar la reparación de aquél en la vía contencioso-administrativa. Así es, ciertamente. Empero, los funcionarios judiciales, sujetos á un mequino haber, ¿tienen recursos para entablar y sostener un pleito? Y, por otra parte, después de luchar en un litigio durante largo tiempo, y siempre con el natural temor del riesgo que en todos se corre de no salir victorioso, ¿qué finalidad práctica podría tener, aún conseguido,—sino desde luego creamos se lograra el éxito favorable respecto á la interpretación de incompatibilidad por residencia que me afecta—, para los que después de instalados en otra población pudieran- mos ver declarado el derecho á ir de nuevo á la de donde en tal concepto de incompatibles nos trasladaran? Pués, evidentemente ninguna, por la imposibilidad absoluta de soportar de nuevo una segunda traslación, y máxime á los que, al recibir este rudol golpe, estamos próximos á ascender, por figurar ya á la cabeza de nuestras escalas. Y, á este propósito permítasenos, por último, estampar aquí una queja que tiene cabida sino en el terreno de la justicia, en el de la equidad: el rigorismo y la premura con que, —acaso altas razones de Estado ó de otra índole que no se nos alcanzan— han motivado esa inmediata traslación de quienes de tales especialísimas circunstancias estábamos rodeados, creándonos sin duda, contra la voluntad del dignísimo Ministro que refrendó los respectivos Decretos, un problema verdaderamente insoluble...

Y vamos á otro punto.

¿Es que en Madrid siempre, y en Madrid y Barcelona ahora, los funcionarios no adquieran esas amistades, más ó menos íntimas, que puedan acarrearles compromisos para el mejor desempeño de sus cargos, únicos aunque deseable apoyo que puede tener semejante avaricia incompatibilidad? Claro es, que para las plazas del Tribunal Supremo, únicas en su clase, ó sea, de Magistrado para arriba, no podían nunca regir ni ésta ni las demás que las leyes Orgánicas establecen, pues sería impedir injustamen te á los madrileños el acceso á tales cargos; pero, en cuanto á los demás del mismo Tribunal y de las Audiencias de la Corte y de Barcelona, no hay, repetimos, fundamentación posible para esas excepciones, que en favor de los de ambas provincias se consagran por existir plazas similares en las demás del R.-ino.

Suspiremos todos porque pronto las Cámaras legislativas, —abriendo un paréntesis á las luchas y discusiones políticas—, decretén una ley Orgánica en que se reforme cuanto digno de enmienda y modificación existe hoy vigente, después de más de cuarenta años de promulgada la entonces perfecta de 1870; cesando así ese caos de imposible acertada interpretación, constituido por la multitud de Decretos, R.-ales órdenes y Disposiciones mil, dictadas en este larguisimo período de tiempo, sin duda con el plausible propósito de ir corrigiendo deficiencias, que se notasen, aunque inevitablemente produjeran, como han producido, la lamentabilísima finalidad apuntada.

Córdoba, 8 Julio 1912.

DR. JOSÉ MUÑOZ BOCANEGRA Y MUÑOZ.
Magistrado, electo, de Jaén.