El Foro español (Madrid. 1898) (1912-09-20 00:00:00), página 6

sole ninguna garantía verdad y positiva que sea la salvaguardia de los indicados bienes dotales, cuya especialidad permite que desaparezcan con suma sencillez.

Finaliza el Código civil la sección primera del capítulo 3.º, título 3.º, libro 4.º, con una prescripción contenida en el art. 1.356, que aparte de su colocación impropia en el lugar en que aparece no, revela ninguna singularidad, toda vez que se limita á disponer que en los casos en que el marido esté obligado á asegurar con hipoteca bienes muebles de dote inestimada, serán aplicables las disposiciones contenidas en la sección que regula las dotas estimadas.

Lo mismo establece el número 3.º del art. 169 de la ley Hipotecaria, según el cual la mujer casada ó cuyo favor consigna la ley indiciada hipoteca legal, tiene derecho á que el marido asegure, con hipoteca especial suficiente, todos los demás bienes no comprendidos entre los inmuebles y derechos reales y que se le entreguen por razón de matrimonio, en cuya clase de bienes—dice Escosura—no hay distinción entre dote estimada ó inestimada, pues «entreguensele al marido con la obligación de devolverlos ó con la de abonar su importe, siempre ha de otorgar hipoteca; en el segundo caso, porque los hues suyos; en el primero, porque pueden desaparecer, deteriorarse ó consumirse, y entonces responde de su valor; además, no siendo inscribibles por su naturaleza, ninguna seguridad tendrá la mujer de recobrarlos al llegar la disolución del matrimonio.»

Luis Moutón y Ocampo

(Se continuará).

Sobre las sentencias de remate.

Una opinión.

Repetidamente se han suscitado animadas discusiones sobre la forma en que deben notificarse las sentencias de remate al demandado declarado rebelde en el juicio ejecutivo, cuando se quiere evitar su publicación en el Boletín oficial, pues mientras unos sostienen que forzosamente han de ser en la propia persona de aquél, otros, en cambio, opinan que basta hacerla personal ó por córdua en su mismo domicilio, cuando es conocido, conforme á lo establecido en los artículos 266, 267 y 268 de la Ley de Enjuiciamiento civil.

Actualmente no son tan frecuentes estas discusiones, por razones fáciles de comprender desde que rige el Arancel por conceptos, en lo que se refiere á las diligencias que había de practicar el actuario hasta encontrar al interesado; pero como el caso y duda legal queda en pie, y puede muy bien ocurrir que un Juez consista ó no entrar en el procedimiento de apremio, según estime bien ó mal practicada la notificación de la sentencia, no creo ocioso ni excesivamente ocuparme en tan debatido punto, mayormente cuando mi sentir sobre la materia, va más allá de lo que hasta ahora viene ocurriendo en la práctica.

Si la notificación de tales sentencias á los demandados, fuera requisito indispensable, tienen razón los que sostienen que ésta ha de ser personal y no de otra manera, ó en la forma que dispone los artículos 282 y 283 de la ley procesal, según ordena el 769 de la misma, esto es, en estrados y por edictos.

La misma Ley de Enjuiciamiento hace una notable distinción entre las notificaciones de toda clase de providencias y autos y la de la sentencia que pone término al juicio, para venir luego á regular en el art. 771 y siguientes del título IV, cap. IV, sección 6.º, libro segundo, la clase de recursos que puede utilizar el rebelde, según los distintos casos allí determinados. No otra cosa puede derivarse en buena lógica del espíritu y letra del texto legal, entre otras muchas razones, porque en vez de emplear la palabra personalmente en el citado art. 769, pudo decir que las sentencias dictadas en rebeldía, cuando sea conocido el domicilio del demandado, se notifiquen en la forma prevista en los artículos 266 y 268, y como no lo dijo, es evidente que fué el otro y no ese el propósito del legislador.

Pero como no es este el objeto primordial del presente artículo, corto toda argumentación y me abstengo de entrar en más consideraciones, á no ser que algún compañero me hiciese al honor de refutar esta teoría, que nada vale por ser mía, en cuyo caso correspondería gustoso á dar más explicaciones en apoyo de mi humilde sentir.

Lo que me move á distraer la atención de los lectores de esta Revista, es el convencimiento adquirido tiempo ha de que las sentencias de remate no deben notificarse al ejecutado rebelde. Procuraré explicarme.

Siendo las ejecuciones unos juicios singulares que tienen señalada tramitación especial en la Ley de Enjuiciamiento, no cabe confundirla con la del juicio ordinario ni pueden aplicársele las disposiciones de carácter general, especialmente las contenidas en los artículos 527, 528 y 281; esto es, acusada la rebeldía á un ejecutado, no he de continuar- se haciéndole notificaciones en los estrados del Juzgado.

Por el contrario, el art. 1.462 preceptúa que transcurrido el término señalado en los dos que la preceden, según se haya hecho la citación de remate, sin que el deudor se persone en los autos por medio de Procurador, se le declarará en rebeldía á instancia del ejecutante y seguirá el juicio sin volver á citarlo ni hacerle otras notificaciones que las que determine la ley; y, por consiguiente, ni aun la de esa misma providencia en que se le declare rebelde y mucho menos se le ha de citar para sentencia, pues como ordena el propio artículo, el Juez mandará traer los autos á la vista, con citación sólo del ejecutante.

Vemos, pues, que la diligencia más esencial en el juicio ejecutivo es la citación de remate, y como ésta va precedida del requerimiento y embargo, ya establece el art. 1.443 las formalidades que han de guardarse en esas actuaciones, entre ellas el interregno de seis horas que han de mediar entre la primera diligencia en busca y el requerimiento, á manera de garantía para que al ejecutado no se le sorprenda, aprovechando una momentánea ausencia de su domicilio; pero una vez citado en debida forma, si no comparece para oponerse á la ejecución, supone fundadamente la ley que su conducta obedece á la falta de medios de defensa ó á la carencia de metálico—como atinadamente dice un ilustre comentarista—para realizar el pago, y por tanto, añade—se somete al procedimiento judicial entablado para que el acreedor se reintegre de su crédito.

Dictada la sentencia de remate en rebeldía del ejecutado,