El Foro español (Madrid. 1898) (1913-07-20 00:00:00), página 14

lío de 1897, al conceder valor probatorio á una certificación de las declaraciones prestadas por varios testigos en la causa criminal, aportada al pleito, ya que, según la recurrente, no constituyen verdadero documento público á los efectos del mencionado artículo.

El Tribunal Supremo declara no haber lugar á este recurso, condenando que el primer motivo del recurso se funda en el equivocado supuesto de que el Tribunal a quo al condenar á la Compañía Eléctrica de Tracción al pago del daño causado con la muerte del marido de la demandante, desconoce el valor y efectos jurídicos de lasentencia absolutoria dictada en la causa criminal que se siguió por el mismo hecho, cuando es lo cierto que de éste han conocido dos jurisdicciones bajo diferentes aspectos, y como lo da lo Criminal declaró, dentro de los límites de su competencia, que el hecho de que se trata no era constitutivo de delito por no haber mediado descuido ó negligencia graves, lo que no excluye, siendo éste el único fundamento del fallo absolutorio, el concurso de la culpa ó negligencia no calificadas, fuente de obligaciones civiles, según el artículo 1.902 del Código Civil, y que alcanzan, según el 1.903, entre otras personas, á los directores de establecimientos ó empresas por los daños causados por sus dependientes en determinadas condiciones, es manifiesto que la de lo Civil, al conocer del mismo hecho bajo este último aspecto y al condenar á la Compañía recurrente á la indemnización del daño causado por uno de sus empleados, lejos de infringir los mencionados textos en relación con el art. 116 de la ley de Enjuiciamiento criminal, se ha atendido estrictamente á ellos, sin invadir atribuciones ajenas á su jurisdicción propia, ni contrariar en lo más mínimo el fallo recurrido en la causa, como ocurrió en el caso á que se refiere la sentencia dictada por el propio Tribunal Supremo, invocada en el recurso, ya que en ellas se afirma que ambas jurisdicciones entendieron del hecho en el mismo aspecto, y que la de lo Civil, objeto de aquel recurso, declara probado lo que la de lo Criminal estimó injustificado;

Y que tampoco ha infringido el Tribunal a quo las leyes y doctrinas que se invocan en el segundo motivo del recurso, porque no estima en su sentencia como única prueba y menos decisiva, las declaraciones que los testigos prestaron en el sumario de la causa, ni á la certificación en que constan le atribuye la eficacia de documento público, sino que, para formar su juicio, aprecia en conjunto el resultado de todos los elementos que ofrece el pleito, y señaladamente otros de fuerza decisiva, como el imperfecto funcionamiento del aparato salvavidas del tranvía.

Préstamo usurario.—Sentencia de 21 de Octubre. (Gaceta de 18 de Febrero de 1913.)—Declara que, dictada la ley de 23 de Julio de 1908 con el propósito de corregir los males que con los préstamos usurarios se ocasionan, especialmente á los necesitados, la citada disposición no comprende todos los vulgarmente calificados de tales, sino tres grupos ó casos que se distinguen por la característica común de presumir el legislador falta de libertad en el prestatario, dolo y fraude, siquiera no salgan de la vía civil, en el prestamista: primero, los en que se estipula un interés superior al normal del dinero y manifestamente desproporcionado con las circunstancias del caso; segundo, los en que se consignan condiciones tales que resulten leoninos, ó pactados de forma que todas las ventajas sean establecidas en favor del acreedor, habiendo motivos para estimar que han sido aceptados por el prestatario á causa de su situación angustiosa, de su inexperiencia ó de lo limitado de sus facultades mentales; y tercero, los contratos en que se supongan recibida mayor cantidad que la verdaderamente entregada, cualesquiera que sean su entidad y circunstancias:

Que si durante el curso de un pleito la parte demandada, tanto en la contestación como en la dúplica, sólo ataca de usurario determinado crédito consignado en pagarés á la orden por suponer se halla dentro del primer grupo, y si acaso, hace ligera indicación respecto al segundo, pero nada se manifiesta en cuanto al tercero, que define el párrafo 2º del artículo 1.º, no cabe después impugnarlo por esos motivos en casación, y al hacerlo tienen que ser desestimados por traerse en ellos á debate una cuestión nueva, ya que no ha sido propuesta en tiempo oportuno:

Que en el caso de una casa mercantil que facilita en distintas ocasiones á un individuo diferentes cantidades, descontándole letras que van renovándose y acumulando los intereses devengados y no satisfechos, á un tipo generalmente aceptado en la plaza, y cuyas letras, después de sucesivos vencimientos y renovaciones, se sustituyen por pagarés á la orden á crédito personal, es evidente que, aun dándose la circunstancia de hallarse vencidos y parcialmente renovados los préstamos que tales documentos representan en fecha anterior á la presentación de la demanda en que más tarde se reclama su pago, debe aplicarse la retroactividad extraordinaria concedida por el artículo 4.º de la repetida ley, si la Sala sentenciadora, formando su convicción, no sólo por las alegaciones de las partes sino que también apreciando rectamente todas las pruebas aducidas al pleito, estima que no se trata de un préstamo con interés notablemente excesivo y usurario, único proscrito por la nueva ley como contrario á las buenas costumbres ó al orden público, sino de una convención pactada en uso legítimo del derecho de propiedad, y además que en la persona del prestatario no concurre circunstancia alguna que realmente le coloque en situación de ser calificado como una de tantas víctimas de la usura:

Que las operaciones de préstamo hechas por establecimientos de crédito como el Banco de España y otros, no pueden equipararse, por ejemplo, á las originarias de un pleito como el de que se trata, porque mientras en estas últimas no se exige otra garantía que la puramente personal del prestatario, aquéllas por los Estatutos adicionan algunas más sólidas y difíciles de prestar:

Que aun admitiendo en un caso como el citado que en las renovaciones sucesivas de los giros ó pagarés se incurriera en el anatocismo, que tanto restringen todas las legislaciones por el abuso que la avaricia de un acreedor puede cometer prevaliéndose de la ignorancia y miseria del deudor, cuando lo ocurrido en dicho caso es que hecha la liquidación de los intereses se incluyen en el nuevo contrato como aumento del capital, lo que no impiden ni las leyes de la tasa, artículos 401 y 402 del Código de Comercio de 1829, ni las de la libertad, art. 7.º de la ley de 14 de Marzo de 1856, ya que no da motivo á temer sorpresa alguna de parte del deudor, y menos si reclama y autoriza con su firma tales renovaciones, y con pleno conocimiento de causa:

Y que á mayor abundamiento nunca podrá merecer el concepto de usurarias operaciones de crédito como las de que se trata, si lejos de obedecer el prestatario al contraer la obligación á imperiosas necesidades de familia o personales de él, que carecía en absoluto, sus propias manifestaciones demuestran que las cantidades obtenidas se destinaban á múltiples negocios que explotaba el deudor, y en los que seguramente pensaba obtener ventajas económicas muy superiores