El Foro español (Madrid. 1898) (1912-08-20 00:00:00), página 5

pedidos, serán devueltos al Museo del Laboratorio de Criminología.

3.º Que al hacerse entrega de estos, instrumentos y aparatos, se harán tres relaciones detalladas, una para el Presidente de la Audiencia Territorial de Madrid, otra para el Director del Museo del Laboratorio de Criminología, y la tercera que quedará en poder del Jefe del Archivo de donde procedan los efectos objeto de la relación.

4.º Que en lo sucesivo, y al finalizar el año judicial, se trasladarán al citado Museo los efectos, aparatos e instrumentos á que se refiere el núm. 1.º

5.º Que los gastos de traslación, custodia y conservación serán satisfechos por el Museo del Laboratorio de Criminología.»

GUERRA.—Real orden circular de 9 de Agosto de 1912, referente al pago de la cuota militar para la redención del servicio en filas. (Gaceta del 10).

«Ampliado por Real orden circular de 22 del mes próximo pasado (D. O. núm. 165), hasta el día 31 del mes actual, la admisión del primer plazo de la cuota militar para la redención del servicio en filas á los mozos del actual reemplazo que no se hubiesen acogido á los beneficios que otorga el capítulo 20 de la vigente ley de Reclutamiento, y la Real orden de 8 de Febrero último, y pareciendo justo y equitativo que á los mozos que hayan ingresado la cuota que previene el art. 267 de la misma y deseen disfrutar de los beneficios del art. 268 se les conceda.

En Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que los citados mozos pueden verificar nuevo compromiso é ingresar la mayor cuota hasta el 31 del corriente mes».

GOBERNACIÓN.—Real decreto de 12 de Agosto de 1912, disponiendo continúen funcionando los Tribunales industriales. (Gaceta del 15).—Parte dispositiva:

«Artículo 1.º Para el cumplimiento de la Ley de 28 de Julio de 1912, continuarán funcionando los Tribunales Industriales constituidos con arreglo al Real decreto de 20 de Octubre de 1908, allí donde se hallen organizados, pero ateniéndose á las reglas procesales establecidas por aquella Ley.

Art. 2.º El Gobierno, en el plazo más breve posible, procederá á la constitución de los nuevos Tribunales, conforme á lo que en dicha Ley se determina».

Presentación en juicio de documentos no liquidados.

El Estado, al tratar de legislar para sus súbditos, los considera con la natural capacidad dejándoles libertad, y sólo cuando de menores y demás personas que de aquélla no gozan, se trata, toma las necesarias medidas preventivas para evitar que puedan ser engañados.

Esta regla que, ajustada á moral, es bien vista por todos, no puede ni debe ampliarse á casos y cosas diferentes, porque constituyendo trabas, imposibilitaría la rápida marcha de la moderna vida de relación social, y sin embargo, aunque parezca increíble, es precisamente la norma general que se utiliza por el Estado quando de defender sus derechos se trata.

Lo cual no puede significar otra cosa, hablando con lógica, que las leyes que para los ciudadanos da, no son lo suficientemente eficaces cuando para sus necesidades de ella se aparta estableciendo privilegios y atribuyéndose nada menos que la cualidad de menor, siendo el encargado de regir la vida jurídica de la nación.

Se dice, para defenderle, que el Estado no puede tener la vigilancia, el celo, ni el interés que el particular, y por ello para contrarrestar aquellos necesita el privilegio apuntado.

Es razón que no convence, y que sólo demostrar podría que los funcionarios que sirven á ese Estado no reúnen las condiciones necesarias ó que al Estado le es más cómodo crear privilegios que no crear servicios adecuados de investigación.

Mas sea de ello lo que fuese, es el caso que en España antes, en las leyes, no se abusaba de estos privilegios que fueron introduciéndose suavemente en los Reglamentos, estableciéndose de esta forma obligaciones y responsabilidades que no fueron preceptuadas en aquéllas, y tuvieron los Tribunales que restablecer la buena doctrina, sentando como principio que los Reglamentos ni aun con pretexto del mejor servicio pueden desfigurar ni ampliar las penalidades ni obligaciones consignadas en las leyes, para cuya aplicación se dictaron.

Mas la semilla estaba lanzada y hoy las leyes vienen estableciendo sanciones y preceptuando obligaciones que en buenos principios no debían permitirse; tal acontece, por ejemplo, con la obligación en las Sociedades de retener el impuesto de utilidades de sus empleados, castigando con multas á aquellas si éstos no lo satisfacen, la de salir responsables los dueños de los locales en que se celebran espectáculos públicos si el timbre no se ha satisfecho ni exigido por abandono de los funcionarios encargados del servicio, etc.

Entrando ya en este camino de descargarle la Hacienda de sus propios deberes y encomendarlos con responsabilidad no pequeña, se ha establecido en la ley del timbre, y más aún en la de derechos reales, la obligación en los Secretarios judiciales de comunicar la celebración de determinados actos y en los Jueces y Tribunales la de no admitir documentos que no se encuentren reintegrados ó liquidados, llegando estas leyes fiscales á querer derogar todo el derecho estableciendo en un artículo, el 19 de la ley del impuesto de Derechos reales, que «no se admitirán ni surtirán efecto en las oficinas ni Tribunales de cualquier clase que sean, ni podrán inscribirse en el Registro de la Propiedad ni en el mercantil, los documentos en que se haga constar acto alguno sujeto al impuesto, sin que conste en el mismo la nota puesta por el liquidador de haberle satisfecho, ó la de exención en su caso. Las autoridades ó funcionarios que los admitan ó cursen sin dicho requisito, incurrirán en una multa de 50 á 500 pesetas, que será impuesta por el Ministro de Hacienda á propuesta de la Dirección general de lo contencioso del Estado».

Es decir, que ni aun un documento exacto podrá surtir efecto en ningún lado si carecía de la nota de exención puesta por el liquidador.

Toda nuestra legislación civil y mercantil por este ar-