El Foro español (Madrid. 1898) (1913-03-10 00:00:00), página 8

Boletín de la semana.

LEGISLACIÓN

HACIENDA.—Real orden de 10 de Febrero de 1913, declarando que la competencia para decretar la entrada en los domicilios, con objeto de llevar á efecto los embargos de bienes acordados en procedimientos administrativos que se sigan contra deudores á la Hacienda ó á los Municipios, corresponde á los Alcaldes, con arreglo á la legislación vigente.

GOBERNACIÓN.—Real orden de 12 de Febrero de 1913, dictando reglas para el abono de las indemnizaciones que se conocen por pérdidas ó sustracción de objetos certificados o asegurados en Correos. (Gaceta del 16). Parte dispositiva:

«S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer que en lo sucesivo las indemnizaciones que se concedan con cargo al concepto único, artículo 3.º, capítulo XXIII, Sección 6.ª del presupuesto vigente, crédito ampliado, según el artículo 3.º de la Ley de 24 de Diciembre de 1912, hasta una suma igual al importe de las obligaciones que se reconozcan y liquiden durante el ejercicio, se libren á los Administradores principales de las provincias en que residan los interesados en concepto de gastos á justificar, y que dichos funcionarios se encarguen de entregarlas ó remitirlas con las seguridades necesarias á los expedidores ó destinatarios, de acuerdo con éstos y por mediación, si así procede, del Administrador local, recogiendo los resguardos de imposición y el recibo de la cantidad abonada y uníéndolos á la cuenta que en descargo del respectivo libramiento han de rendir á la Hacienda por conducto, y con la aprobación del Centro directivo.»

GOBERNACIÓN.—Real orden de 25 de Febrero de 1913, disponiendo se ruego á los Tribunales y Juzgados que prohiban la comparecencia en juicio de las partes por medio de apoderados que no sean sus administradores generales, ó los Procuradores en ejercicio. (Gaceta del 26.)

«Ilmo. Sr.: Habiendo acudido á este Ministerio el Colegio de Procuradores de Zaragoza y otros varios con posterioridad en solicitud de que se dicte una disposición acatatoria del art. 4.º de la ley de Enjuiciamiento civil para evitar la ingenericia de personas extrañas á la profesión en la comparecencia en juicio que aquél autoriza al prescribir que puedan los interesados hacerlo por sí mismos ó por medio de sus administradores ó apoderados, pero no valiéndose de otra persona que no sea Procurador habilitado en los pueblos donde los haya:

Considerando que no hay necesidad de aclarar un precepto legal cuyos términos no dejan lugar á duda sobre su inteligencia y verdadero alcance, siempre que rectamente se aplique:

Considerando que la excepción de principio general de la comparecencia á favor de los que quieran utilizarla, se limita á los interesados que se personen en juicio por sí mismos ó por sus administradores ó apoderados generales, pero no consiente valerse de otra persona que no sea Procurador habilitado en los pueblos donde los haya, sin dar á la ley una interpretación abusiva que conviene desde luego remediar donde existiere, atendiendo con ello á lo solicitado;

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien resolver que por esa Presidencia se ruego á los Tribunales y Juzgados de su territorio el estricto cumplimiento de lo previsto en art. 4.º de la ley de Enjuiciamiento civil, á fin de que se prohíba en absoluto la comparecencia en juicio de las partes por medio de apoderados que no sean sus administradores generales ó los Procuradores legalmente en ejercicio.»

GOBERNACIÓN.—Real orden de 8 de Marzo de 1913, aclarando el art. 89 de la ley de Reajustamiento vigente, en el sentido de que tiene derecho á la excepción del servicio en filas el hijo único de madre pobre, separada legalmente de su marido, sin perjudicar de éste alimentos y sin contar para su subsistencia con más utilidades que las que el primero le proporciona; debiendo observarse esta resolución con carácter general. (Gaceta del 5.)

GRACIA Y JUSTICIA.—Subsecretaría.—Real orden de 26 de Febrero de 1913, trasladando orden del Ministerio de Estado, referente á la tramitación de las comisiones rogatorias que se dirijan á Rusia, sobre la Trata de Blancas. (Gaceta del 5 de Marzo.)

«Por el Ministerio de Estado se dice á este de Gracia y Justicia, con fecha 6 del mes corriente, lo que sigue:
«La Embajada Imperial de Rusia en esta Corte, en Nota de 29 de Enero último, dice á este Ministerio lo que sigue:
«Según el art. 6.º del Convenio internacional de 4 de Mayo de 1910 sobre la Represión de la Trata de Blancas, cada una de las Partes contratantes informará á las otras Naciones signatarias del modo adoptado por ella para la remisión de las comisiones rogatorias emanadas de la misma y en los casos de actos criminales previstos por el dicho Convenio.
«En su consecuencia, tengo el honor de poner en conocimiento de V. E. que por decisión del Ministerio Imperial de Justicia, que en lo referente á las contravenciones previstas en los artículos 1.º y 2.º del Convenio de 4 de Mayo de 1910 (Colección de leyes del Imperio 1912, artículo 2.087), inspirándose en los párrafos 1.º y 2.º del artículo 6.º de dicho Convenio, en las estipulaciones de los Convenios de extradiciones en vigor y en la Ley de 15 de Diciembre de 1911 respecto á la entrega de criminales solicitado por los países extranjeros (Colección de leyes 1912, art. 41), sea la vía diplomática la que se emplee para la tramitación de dichas comisiones rogatorias.»

Lo que de Real orden, comunicada por el señor Ministro de Gracia y Justicia, traslado á V. I. para su conocimiento, el del Ministerio Fiscal y Jueces de instrucción del territorio de esa Audiencia á los efectos oportunos.»