El Foro español (Madrid. 1898) (1912-12-31 00:00:00), página 4

de las tendencias innovadoras y ascensionales? Pero ¿podrán tampoco originar extraneza las reacciones más ó menos fuertes y extremadas que la aludida situación provoca, y de las cuales hay ejemplos en abundancia en el curso del tiempo, tanto por el lado de los hechos exteriores y materiales, como por el lado de las doctrinas?

No hablemos de los movimientos románticos y anti-clasistas, ni tampoco de los naturistas y anarquistas, donde se persigue cabalmente la emancipación de todo rigorismo impuesto autoritativamente, ya en forma de ley ya en la de otra cualquiera forma de regla ó canon, y donde, por el contrario, se aspira á recabar la mayor y más amplia libertad de acciones y conducta. Pero cómo no hacer referencia á otros movimientos que conviene calificar de estrictamente jurídicos y cuya significación consiste cabalmente en protestar contra la esclavitud legislativa de todo el mundo, aunque muy en primer término contra la de Abogados, juristas y Jueces, y en solicitar, frente á ella, la libertad de administrar justicia en cada caso conforme lo aconseje la propia, personal conciencia? En ningún tiempo, desde que las leyes obligatorias han constituido una fuerza poderosa de cohesión y organización social, y desde que ha habido personas profesionalmente consagradas al sacerdocio del derecho, ha faltado alguna de éstas que no haya procurado, en nombre de principios ó exigencias superiores, de equidad, de razón, de justicia independiente de la ley, oponer á la «lex condita» ó «lex lata» la «lex condenda» ó «ferenda». Recuérdense, v. g., las luchas por los fueros de la «interpretatio» y por las del derecho de ella derivado (contra el «ius civile strictum»), recuérdense igualmente los anhelos que mil veces y en formas muy diversas han manifestado los Tribunales de justicia, para obrar con cierta independencia de la ley: ora recabando preceptos que expresamente le reconozcan la facultad de resolver las cuestiones (y no sólo en casos de duda) «ad libitum»; ora pidiendo reglas legales vagas, que les permitan, al revés de las detalladas y casuísticas, llegar al mismo resultado; bien protestando contra las llamadas pruebas legalmente tasadas, y consiguiendo al revés, la libre apreciación de las audiencias; ya requiriendo para la jurisprudencia de los Tribunales el mismo valor que tienen las leyes y las costumbres, ó siquiera un valor suplementario; ya exigiendo que el derecho científico sea fuente del derecho aplicable por los Tribunales; ya por otros varios conductos. Y ¿por qué no recordar también, por ejemplo, las alabanzas que suelen serle tributadas al moderno principio de la libertad de contratación, establecido ya donde quiera (como en España, desde los siglos medios, en la celebradísima ley del Ordenamiento de Alcalá: «de cualquiera manera que conste que unos quiso obligarse, queda obligado»; principio completamente soberano en el derecho mercantil), y las consiguientes protestas y censuras contra el sistema antiguo—el romano, v. g.—de los formalismos y trabas legales, de los que, «afortunadamente», se dice, nos encontramos libres ya á estas horas? Ni tampoco son para olvidados los esfuerzos que, sobre todo en los tiempos modernos, y singularmente en los dos siglos últimos, se han hecho y se hacen por ensanchar la esfera del «status» ó capacidad libre y el correlativo derecho «voluntario»—por contraposición al «necesario»—de las personas, así individuales como sociales; ensanchamiento al cual, obligado por las circunstancias determinativas de los cambios sociales, ha contribuido no poco el mismo Estado, con sus leyes permisivas, indicadoras, fomentadoras, tutelares, etc. (subvenciones, premios, primas...).

Y al lado de todo esto, ó más bien, en cierto modo, por encima de todo esto, es preciso mencionar expresamente, por cuanto se refiere de una manera muy especial á las funciones de los juristas con respecto á la ley, la moderna escuela llamada «del derecho libre»; escuela que tan gran empuje ha llegado á adquirir en estos últimos años, singularmente en Alemania y Austria, aun cuando con proyecciones en otros países (v. g. en Francia y en Italia); que tantos adeptos más ó menos decididos es incondicionales ha reclutado, sin que le falten tampoco adversarios abundantes y fuertes, y la cual, por lo mismo, ha dado y está dando origen á buen número de controversias sobre cuestiones de filosofía jurídica, de teoría legislativa y de administración de justicia, puestas y disentidas varias de ellas con motivo de la formación ó la reforma de diferentes leyes, y ante todo de los códigos civiles y penales y de los de enjuiciamiento ó procedimiento civil y criminal.

Esta escuela representa, entre otras cosas,—y con limitaciones de que no puedo tratar ahora, pues no es mi propósito estudiarla directamente sino sólo hacer á la misma las referencias que bastan para mi actual objeto,—la reivindicación de la independencia, del criterio personal y de la libertad de conciencia, sobre todo de la conciencia juzgadora, frente á la esclavitud legal y á la pretensión de convertir á los jueces, y á todos los juristas en general, en instrumentos dócilmente automáticos de la voluntad legislativa. Según la escuela del derecho libre, á lo menos en algunos de sus matices, el jurista desempeña siempre una función de convicción, y por la tanto, cuando la pone en práctica, como v. g., y ante todo, cuando administra justicia, no puede hallarse forzosamente ligado por reglas legales inexcusables y absolutamente obligatorias, ni tampoco por una determinada manera de entender y explicar el sentido y la finalidad de dichas reglas, ó sea por una interpretación preestablecida de las mismas, que es lo que pasa, supongamos, cuando las sentencias y demás resoluciones de un solo tribunal, aún llamándolo supremo, forman jurisprudencia obligatoria y tienen, por ende, la misma eficacia de una ley, en cuanto fuente, que es uso decir, de derecho positivo, judicialmente valeadero. Muy al contrario, para los autores y secuaces de la aludida concepción doctrinal, siquiera en su representación extrema, la única soberana norma á que los órganos del derecho y de la administración de justicia deben atenerse, es la que les señala su conciencia jurídica, su razón y su sentimiento del derecho, su discreción racionalmente fundamentada; lo que puede traducirse de esta otra manera, como en efecto lo hacen los fundadores y fieles del nuevo credo: «libre creación del derecho, libre interpretación del derecho, libre aplicación del derecho».

Claro está que estas pretensiones no son del todo nuevas, aun cuando su gran audacia no deja de revestir cierta novedad, sobre todo dentro de los Estados modernos, donde la organización legal ha adquirido tan grandes desarrollos. En las propias legislaciones actuales—como igualmente