El Foro español (Madrid. 1898) (1913-01-20 00:00:00), página 13

Arrendamiento.—Desahucio.—Ofrecimiento de pago.—Sentencia de 7 de Abril. (Gaceta de 31 de Mayo y 1º de Junio de 1912.)—Consigna que versando una demanda de desahucio únicamente sobre la falta de pago del precio ó mercéd conocida en el contrato de arrendamiento, carece de toda eficacia, al efecto de rechazar la acción deducida, la doctrina del Tribunal Supremo, consignada en sus sentencias de 8 de Julio de 1903, 18 de Junio de 1902, 5 de Octubre y 2 de Diciembre de 1904, y muy especialmente en la de 7 de Enero de 1902, cuya aplicación está reservada para cuando en los arrendamientos aparezcan otros pactos especiales cuya finalidad y trascendencias jurídicas requieran las garantías de una decisión más amplia que la breve y sumaria del juicio de desahucio.

Que las excepciones en este sentido aducidas durante el curso del debate, no alteran las respectivas situaciones de hecho y de derecho que ostenten demandante y demandado cuando se refieren á contratos desligados e independientes del que afecta á la línea objeto del desahucio:

Que el ofrecimiento de pago surte el efecto de enervar la acción del desahucio cuando el acreedor se niega sin motivo á aceptarlo, pero no cuando se hace fuera de oportunidad legal por haber transcurrido la fecha en que estaba obligado á efectuarlo en la forma conocida y se está ya tramitando el asunto;

Y que semejante omisión ó defecto no se convalida por la consignación de la cantidad debida ni por manifestaciones hechas con posterioridad en el curso de la demanda, ya que tales actos, en esas condiciones realizados, son ineficaces, según jurisprudencia establecida, para reputar cumplida la expresada obligación.

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Contrato.—Ley del contrato.—Reglas de interpretación de los contratos.—Sentencia de 7 de Abril.—(Gaceta de 1º de Junio de 1912.)—Declaro que no son de estimar en casación los motivos que se fundan en la infracción de la ley del contrato y de las reglas de su interpretación cuando el Tribunal a quo subordina su acuerdo á dar por cierta la existencia del contrato y á condenar á su cumplimiento en los términos y en la forma en que se hacen efectivas las obligaciones de la misma naturaleza.

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Competencia.—Compra-venta.—Acción personal.—Sentencia de 10 de Abril. (Gaceta de 3 de Junio de 1912.)—Resuelve que, con sujeción á lo prescripto en el artículo 1.500 del Código Civil, el comprador está obligado á pagar el precio al vendedor en el lugar fijado en el contrato, y en su defecto donde se haga la entrega de la cosa vendida;

Y que si en la factura acompañada con la demanda se consigna, no sólo que los géneros cuyo precio se reclama son remitidos de cuenta y riesgo del comprador, dato suficiente para estimar que la entrega se hizo en el domicilio del vendedor, sino también que el pago deberá realizarse en este último, resulta indudable que este documento ha de calificarse de principio de prueba al efecto de estimar que el cumplimiento de la obligación ha de verificarse en el último de dichos domicilios, cuyo Juez, en su virtud, es el competente para conocer del juicio, á tenor de la regla 1º del artículo 62 de la ley de Enjuiciamiento civil.

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Competencia.—Compra-venta.—Solicitud.—Acción personal.—Sentencia de 12 de Abril. (Gaceta de 31 de Junio de 1912.)—Resuelve que ejercitada la acción personal, nacida de un contrato, y conformes las partes y los Juzgados que se disputan la competencia, como así es, en efecto, en que nada se ha pactado expresamente respecto al particular, y en que no hubo sumisión por el demandado, que ha movido la inhibitoria, la única cuestión sometida á la decisión de este Tribunal, consiste en determinar el lugar del cumplimiento de las complejas obligaciones sobre que versa la litis:

Que si en dicho contrato se convino por parte del demandado, principalmente, en comprar al demandante ciertos objetos, que se detallan, ó caso de no hacerlo, la devolución de los mismos, con más el pago de una cantidad, no ofrece duda que el cumplimiento de esas obligaciones alternativas debe verificarse en el punto en que se realizará la entrega de aquéllos, con sujeción á lo preceptuado en el párrafo 2.º del artículo 1.500 del Código Civil; y que no figurando el Juzgado de este último punto entre los contendientes, y por lo que se refiere á las demás cantidades é indemnizaciones pretendidas, ni por la naturaleza de la obligación, ni por otro dato puede fijarse el punto del cumplimiento, resulta aplicable el principio general que sienta, el último apartado del art. 1.171 del citado Código, á tenor del que, y de la regla 1.ª del 62 de la ley de Enjuiciamiento civil, procede atribuir el conocimiento del pleito al Juez del domicilio del demandado, que reclama el fuero propio, por su carácter de presunto deudor.

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Préstamo usurario.—Nulidad de contrato de préstamo.—Costas.—Sentencia de 15 de Abril. (Gaceta de 4 de Junio de 1912.)—Declara que el art. 4. de la Ley de 28 de Julio de 1908 es aplicable por igual á los contratos celebrados antes que á los que se otorguen después de promulgada esta Ley, siempre que en todos ellos concurren las circunstancias expresadas en dicho artículo, pero los efectos de esta nulidad son perfectamente distintos, pues mientras en los contratos celebrados con posterioridad á la vigencia de la Ley según su art. 3.º, el prestamista sólo está obligado á entregar la suma recibida, haya ó no satisfecho parte de aquéllas, y los intereses vencidos, y si estos pagos exceden del capital recibido, debe el prestamista devolver siempre el exceso; por el contrario en los de fecha anterior á la promulgación de la Ley, el prestamista no está obligado á devolver las cantidades percibidas que excedan del capital prestado y el interés normal del dinero, sino que en el caso de haber cobrado estas sumas ú otra mayor, cumple con el precepto del art. 4.º otorgando carta de pago total á favor del prestatario, previa la correspondiente liquidación que ofrezca el indicado resultado:

Que en unos y otros contratos, el prestamista que se opone al cumplimiento de los referidos artículos, ó de algún modo ó inmotivadamente lo demora, haciendo necesaria la interposición judicial, deberá ser condenado al pago de las costas en la sentencia en que se declare la nulidad, con arreglo al art. 8.º de la citada Ley, que como sanción penal establecida contra los prestamistas que voluntariamente resisten sus preceptos, no puede hacerse extensiva á aquellos juicios en que se formulan otras pretensiones que no se ajustan al contenido de la misma Ley, aun cuando se hayan dependido de la repitida declaración de nulidad;

Y que si en la simple de la demanda que inició el juicio se pide la nulidad de los contratos y la liquidación de las cantidades recibidas por el prestamista, pero también se solicita, como consecuencia de estas declaraciones, la devolución de las sumas percibidas en cuanto excedieron del capital prestado ó interés normal, en vez de reclamar del acreedor la entrega de