El Foro español (Madrid. 1898) (1913-02-28 00:00:00), página 8

En los diez motivos del recurso se alegaba la infracción de la ley de la Usura, en su art. 1.º, párrafo segundo; la del art. 2.º de ésta en relación con el 1.214 del Código civil; 8.º de la misma; 359 de la ley de Enjuiciamiento civil, y el 4.º de la de la usura; error de derecho en la apreciación de la prueba, con infracción del art. 1.225 del Código civil, que trata del valor probatorio de los documentos privados legalmente reconocidos; y error de hecho en la apreciación de la prueba documental y hasta testifical.

En el informe que pronunció ante la Sala el Letrado recurrido, impugnando el recurso, lo hizo primero en conjunto fundado en que se descomponía, en los varios motivos alegados contra la sentencia de la Audiencia, la prueba aceptada en su totalidad, y apreciada, por tanto, en tal forma por el Tribunal a quo; y subsidiariamente impugnó cada uno de dichos diez motivos, separados e independientes.

Siendo Ponente el Magistrado D. Octavio Churero, y en el acto de la vista el Sr. Cován, la Sala primera, con fecha 4 del corriente, declara en una notabilísima sentencia, haber lugar al recurso por los siguientes interesantes fundamentos:

-Considerando que para ejercitar con éxito la acción de nulidad del contrato de préstamo de que se haga uso en este pleito, se requiere, según el art. 1.º de la Ley de 28 de Julio de 1908, la concurrencia de tres requisitos: 1.º, que se estipule un interés notablemente superior al normal del dinero; 2.º, que sea manifestamente desproporcionado con las circunstancias del caso, ó en condiciones tales que resulte aquél leonino; y 3.º, que haya motivo para estimar que ha sido aceptado por el prestatario á causa de su situación angustiosa, de su inexperience ó de lo limitado de sus facultades mentales:

-Considerando que aun cuando del libre arbitrio que concede á los Tribunales el art. 2.º de la citada ley, no puede en manera alguna entenderse que se halle excluido de su ejercicio este Tribunal Supremo; ni de las alegaciones de las partes, ni de otros datos aportados á los autos, puede deducirse la existencia de dichos requisitos, antes bien, resultan exculdios, ora porque al pactar el préstamo de que se trata, y aun con mucha posterioridad, existían relaciones íntimas entre acreedor y deudor, constituyéndose éste en agente de aquél; ora porque los documentos ni atienden á intereses excesivos, ni hacen suponer que se entregara menor cantidad que la reclamada en juicio ejecutivo; ora porque la ratificación del primitivo documento de crédito, hecha por el deudor tres años después, y las mismas manifestaciones del último, revelan que en manera alguna se encontró éste en la situación angustiosa que requiere la ley; y ora porque, en una palabra, sea cualquiera el concepto que merezca el prestamista respecto á los demás préstamos, en el actual resultan hasta invencibles los fraudes que castiga la ley con la nulidad y demás consecuencias:

-Considerando que como los diez motivos del recurso se apoyan en supuestos contrarios á los establecidos en el anterior fundamento, y los mismos que en lo sustancial tuvo en cuenta la Sala sentenciadora para dictar su fallo, es visto que no pueden ser estimados.

Como se ve, el Supremo proclama la doctrina de que puede apreciar libremente la prueba, hasta fuera del requerimiento especial que significa la alegación del error de hecho y de derecho por el medio del número 7.º del artículo 1.892 del Enjuiciamiento civil, pues si no es esto lo que se quiere decir en el Considerando segundo, no entendemos su verdadero alcance.

En este sentido, y en el de la doctrina del primer Considerando, la sentencia es de excepcional importancia, y hasta quizá se acentúa prudentemente un poco más lo declarado, como derivación de los principios tradicionales, en la sentencia de 12 de Febrero de 1912, Considerando segundo, que comienza con las palabras: «Considerando que si bien la declaración de la Sala sentenciadora de que el interés estipulado en los contratos litigiosos, es superior al normal, sólo puede impugnarse en ocasión por el medio establecido en el núm. 7.º del art. 1.892 de la ley de Enjuiciamiento civil...» y continúa después diciendo: «que el indicado precepto procesal no es perfectamente aplicable al presente recurso, en cuanto á la estimación que hace la propia Sala sentenciadora, de que las condiciones establecidas en los préstamos discutidos, agravan extraordinariamente la situación del préstamo, y por ello el interés se halla en desproporción notable con las circunstancias del caso; porque tratándose de fijar la verdadera calificación jurídica de los contratos en que se funda la demanda, ósea si tienen ó no el concepto de usurarios á juzgar por el contenido de sus propias estipulaciones con independencia de todo otro elemento de prueba, que en este juicio no se ha apreciado por el Tribunal a quo para declarar la nulidad, es evidente, al efecto indicado, de calificar los contratos, que pueda ser materia de casación, la errónea interpretación de sus cláusulas, cuando esta interpretación atribuye á los mismos un sentido y alcance distinto del que realmente resulte del conjunto de todas las prestaciones».

Decimos que esta evolución es prudente y sabia, porque las Salas sentenciadoras acuden con extraña frecuencia al cerrojazo de la apreciación en conjunto de las pruebas, lo cual, por respetable y hasta sagrada que esa sea facultad, si no hay otra prueba concreta que se refiera á la calificación del interés y del carácter del contrato de préstamo, que la escritura ó el documento privado, ¿hasta dónde es aquello lícito y por qué ha de arrojarse tan artificialmente al Tribunal de Casación?

Además, el art. 2.º do la nueva ley concede á los Tribunales la facultad de resolver en cada caso, formando libremente su convicción, en vista de las alegaciones de las partes; y si esta facultad no alcanzase al Tribunal Supremo con igual extensión que á los demás, no podría impugnarse en casación el error con que esa convicción se hubiera formado, ya que lo de libre no quiere decir que no pueda ser equivocada; y no podrá impugnarse, porque ni al amparo del núm. 7.º del art. 1.892 del Enjuiciamiento, ni bajo ninguna otra forma, cabría combatir una convicción surgida de alegaciones contradictorias de las partes, no de las pruebas practicadas y resultantes de documentos ó actos auténticos que demuestren la equivocación evidente del juzgador.

Esta sentencia, la de 4 de Octubre, y la de 21 del mismo