El Foro español (Madrid. 1898) (1912-03-30 00:00:00), página 2

milia sepa que no está sola en su dolor, que en él la acompañamos cuantos amigos deja en esta casa el finado, á quien tanto queríamos y nunca olvidaremos.

¿Tres ó cinco?

Estas dos palabras, expresión de dos cantidades, pueden parecer signo cabalístico, ó acertijo ó problema, pero no asunto jurídico. Problema es, sin embargo; pero problema jurídico y de no poco interés, por las consecuencias que produce el que se estime y se determine que son tres ó son cinco los vocales que han de formar el Consejo de familia según la ley, y que el organismo tutelar, cuando no esté constituido con todos los vocales (tres ó cinco) que la ley exige, no puede funcionar ni adoptar acuerdos; y por tanto, que si funciona sin el número de vocales necesario según ley, sus actos serán nulos. De interés es el punto para todos, y especialmente para los depositarios de la fe, pues en algún caso, Notario ha habido que, interpretando la ley, entendió que un Consejo de familia en el que por fallecimiento y ausencia sólo constaba de tres vocales, tenía capacidad legal para acordar y su presidente para ejecutar lo acordado, y en esa creencia ha autorizado contratos cuya nulidad sabemos que va á ser alegada. No es la culpa del fedatario, ni la tienen tampoco los individuos que en ese caso y en otros análogos ó idénticos estiman que se hallan en la plenitud de sus facultades legales. El mal arranca de la ley y del defecto, tantas veces notado por Tribunales, comentaristas y letrados, de estar redactados los preceptos legales sin claridad, cohesión ni unidad.

La necesidad de interpretar, si conveniente para la vida de buste, es un mal para los ciudadanos; y si bien esa necesidad es un corolario en el derecho y en la profesión, el legislador debe cuidar de que en los preceptos esa necesidad no emerja con demasiada frecuencia, porque la condición principal de las leyes es la claridad en su letra, y más en la de leyes sustantivas que, como el Código Civil, se han de aplicar en múltiples casos por iletrados, y han de regular todos los actos de la vida. Nuestro Código Civil adolece de ese capital defecto, y á más de que salta y deja preceptos que integran una institución para ser desarrollados al tratar de otra, ha omitido definiciones (como la del legado de parte situada, la fuerza mayor, etc., etc.) y no ha fijado bien los casos, ni determinado con claridad la composición del organismo tutelar. Así, al hablar del tutor, fija atribuciones del Consejo de familia, que no aparecen por ese motivo colocadas en el lugar apropiado, y al hablar de la vacante del cargo de tutor, no determina cómo se suple y por quién se suple; ó si no se suple, y desde luego queda en suspensión la acción tutelar hasta que otro es designado para el cargo, ya que, contra lo que por muchos se viene entendiéndolo, el protor no substituye al tutor, atendidas las obligaciones que le están encomendadas é impuestas en el art. 236—y lo que preceptúa el 243.

De estos artículos y de otros que andan desperdigados en el título IX y aun en otros ajenos á la materia tutelar, se deduce (const) que hay ya que hacer estudio y juicio y llamar á la reflexión en ayuda) que vacante el cargo de tutor, está incompleto el organismo tutelar, que no puede funcionar; y que para los casos urgentes, aquellos de índole tal que no tienen ni consisten aplazamiento, el propio Consejo (no el protor) atenderá á la tutela, pero sometiéndose sus determinaciones cuando se promueva litigio á la aprobación judicial; y eso no de una manera regular y normal, para todos los casos en que se produzca la vacante, sino para el determinado en el art. 243, que por su último inciso viene á ser un logogrifo indescifrable.

Así, cuando la vacante ocurra, cabe siempre la duda, excepción hecha del caso del artículo antes citado, de si puede ó no funcionar la institución tutelar (creemos que no), y por tanto, si lo acordado por un consejo de familia en ese caso por unanimidad ó mayoría es válido y puede ser ejecutado, pues aunque la ejecución de los acuerdos nos dice la ley que corresponde al presidente, la representación del menor en todos los actos civiles corresponde al tutor (artículo 262).

Siendo así, se presenta desde luego el siguiente problema, para un fedatario: ¿Tiene capacidad un presidente de un Consejo de familia para otorgar una escritura como ejecutor de un acuerdo de ese consejo, ó es preciso que concurre el tutor, único que tiene la representación del menor? Si se opta por la afirmativa respecto á la capacidad del presidente del Consejo de familia, fundándose en el artículo 804, hay que admitir que representa al menor, pues en nombre del menor y para el menor se adoptan los acuerdos de ese organismo; y si se acuerda el arriendo de un predio, ese acuerdo no se ejecuta sino arrendando el predio, contratándolo. ¿Cómo ejecutará ese acuerdo el presidente, si el que ha de contratar porque tiene la representación del menor y le está expresamente atribuido por la ley es el tutor? En caso contrario, ¿cómo puede ejecutar lo acordado el tutor, si al representar al menor, lo que hace es ejecutar, realizar, llevar á cabo y cumplir lo acordado por el consejo de familia? No se nos oculta que en la mayoría de los casos el tutor, autorizado por el Consejo, contrata representando al menor, fórmula que todo lo salva; mas ello no impide que entre los artículos 262 y núm. 3.º del 304 exista una contradicción manifiesta en ocasiones, que pue- de suscitarse y suscita muchas dudas y hasta puede motivar la nulidad de un contrato. Es todo lo expuesto, muestra de la mala factura de la ley, y prueba de que al fallar el tutor, estando el cargo vacante, el menor no tiene representación legal, y no debe ser otorgada escritura alguna, porque ni el presidente del consejo de familia ni el Consejo de familia en su completo, lleva ni tiene la representación del menor, como no la tiene el tutor, la mayor parte de las veces, si no obtuvo y demuestra y prueba que tiene autorización del Consejo para ejecutar en nombre y representación del menor determinados actos, uno de ellos el contra- tar, cuando el contrato ha de inscribirse en el Registro. Para llegar á esta conclusión, el Código obliga á leer todos los artículos del título IX del libro I., á meditarlos, armonizarlos e interpretarlos desentrenando el espíritu del legislador, y, lo que es más difícil, á analizar el de la institución tutelar en su aspecto colegiado, unipersonal y fiscal. Una ley que ofrece tales dudas y obliga á tales inducciones, deducciones, comparaciones y hermenéutica, con relación á facultades que se ejercen á diario, no es buena