El Foro español (Madrid. 1898) (1913-04-10 00:00:00), página 5

valientemente su parecer contra el fundamento de la misma por no haberle convencido ésta, como tampoco nos ha convencido á nosotros.

Nuestros legisladores parecen haber establecido tres órdenes de designación de Procuradores y Abogados en los negocios judiciales: forzosa, postestativa y superflua.

Sobre la primera y la última no puede haber duda en el caso de condena de costas, puesto que la primera obliga á la inclusión de las remuneraciones profesionales debidas á aquéllos, y la tercera á la exclusión. El caballo de batalla está en la llamada postestativa o voluntaria, oscilando enormemente la apreciación que se hace de los efectos que debe producir en lo referente á su abono entre las costas tasadas y de cargo del deudor ó demandado.

En este punto nos permitimos sostener que la constitución de un representante para el sostenimiento del juicio sumario de la ley Hipotecaria, solamente será postestativa cuando el acreedor resida en el lugar del juicio, sea persona de ilustración más que mediana, no tenga ocupaciones que le impidan dedicarse á litigar personalmente, disfrute de buena salud, no sea muy viejo ni achacoso, etc.; porque si algo de esto acontece, y se va forzado á nombrar quien se encargue de seguir el juicio y de ejercitar en su nombre la acción hipotecaria, en ese caso no es admisible que á eso se dé nombre postestativo, voluntario, caprichoso ni de mera conveniencia particular, porque depende de situaciones ó circunstancias ajenas á la libre determinación del hombre.

Algo parecido puede decirse de la dirección de Letrado, cuando se trate de personas sin cultura jurídica á quienes se exige que redacten escritos con razones de derecho por lo que atañe á la certeza, subsistencia y exigibilidad del crédito reclamado y á la determinación de la competencia del Juzgado; esto no puede seriamente perdirse á un hombre del campo, á un menestral, á las mujeres ni á quien no tenga una carrera académica, y es rayano al absurdo calificar de postestativo ó caprichoso que el acreedor, en esa imposibilidad de redactar escritos jurídicos, se valga de un Abogado para que le dirija acertadamente.

Aun dentro de lo estrictamente postestativo, declara el señor Fiscal del Tribunal Supremo en un expediente de Sala de gobierno que informó en 1905 y que había iniciado el Colegio de Procuradores de Barcelona (1), «que cuando las partes encomiendan su representación á los Procuradores en determinados asuntos en que pueden comparecer por sí, hacen uso de un perfecto derecho reconocido expresamente por el legislador, por lo cual á ese acto se le podía llamar de cualquier modo, pero nunca serían adaptables los calificativos que menciona el art. 424 de la ley de Enjuiciamiento civil, porque no se trata de una actuación inútil, superflua ó no autorizada por la ley, y aquella ley la autoriza de modo terminante, y de esa misma autorización se desprende su utilidad, cuando no su relativa necesidad».

Más dejo tan notable dictamen autorizado por el señor Ruiz Valarino, que á la sazón desempeñaba la Fiscalía, en este irrefutable apartado: «El ejercicio en forma legal de un derecho, lleva consigo la legitimidad del acto que mediante aquél se ejecuta, y lo que es legítimo va acompañado siempre de sanación jurídica cuando se promueve controversia judicial. Así, pues, si una parte se ve compelida á un juicio de menor cuantía como demandante ó demandada, y utilizando la facultad que la ley le concede se vale de Procurador que le represente, es justo que si gana el pleito con costas pague la parte que lo perdió los derechos del Procurador contrario, porque su intervención aun cuando no fuera indispensable, fue legítima, porque el citado art. 424, que prohíbe se comprendan en la tasa los derechos correspondientes á escritos, diligencias y demás actuaciones inútiles, superfluas ó no autorizadas por la ley, no puede referirse si no se refiere á lo que evidentemente no tiene ese carácter, ya que para tenerlo sería preciso violentar y desnaturalizar el significado gramatical y el sentido natural de las palabras».

La doctrina del Tribunal Supremo sobre casos análogos que invoca la Redacción de El Procurador Español como decisiva para esta materia, á nosotros, con todas las consideraciones debidas á dicho alto Tribunal y á nuestro ilustrado colega, nos parece que permite conservar alguna esperanza de que no ha de ser rígidamente mantenida en su aplicación al juicio sumario de la ley Hipotecaria de que estamos tratando.

Primeramente, la sentencia de 11 de Marzo de 1911, que tanto ha revolucionado los espíritus y tantas dudas ha engendrado, contiene una afirmación que evidentemente pugna con el texto claro y terminante de la ley de Enjuiciamiento civil, cual es la de que en los juicios declarativos de menor cuantía no sea necesaria la intervención de Abogados; puesto que el art. 4.º no se refiere á los Letrados y el art. 10 no exceptúa la asistencia del Abogado á tales juicios, de los que no conocen en primera instancia los Jueces municipales. Esta afirmación vertida en un Considerando, pero sin trascendencia al fallo de casación, es para nosotros un lapsus ó equivocación material, nacida de haber extendido al Abogado lo que se venía sosteniendo ó se había de resolver con respecto al Procurador en la menor cuantía. Así se lo hemos declarado á cuantos—y no han sido pocos—nos han consultado sobre esa sentencia, que no puede prevalecer aunque la doctrina fuera reiterada, contra el texto expreso de la ley enjuiciaria, tan claro, que no admite interpretaciones de ninguna clase.

No puede proveerse á una demanda declarativa de menor cuantía que no esté autorizada por la firma de un Letrado en ejercicio, digalo quien lo diga, si éste no es el legislador, y hasta ahora no lo ha dicho, sino que ha ordenado lo contrario.

La otra sentencia que se cita en el dictamen de que nos hacemos cargo, la de 3 de Mayo último, que recayó en un caso de jurisdicción voluntaria, en el que, en efecto, era postestativa valerse de Procurador y Abogado, podría ser contestada con su propia redacción, toda vez que el Procurador en esos juicios sólo es innecesario cuando el interesado está en condiciones que le permiten comparecer por sí mismo ó tiene administrador ó apoderado general á quien pueda encomendar el que le represente, y en los demás casos necesita Procurador, porque la ley no le

(1) Citado con extensión é interesantes comentarios en la Memoria de la Junta de gobierno del ilustre Colegio de Procuradores de Madrid, de 11 de Junio de 1911.