El Foro español (Madrid. 1898) (1913-01-30 00:00:00), página 5

escasa trascendencia, no me he de ocupar; séales leve el olvido.

Ley adicional á la Orgánica del Poder judicial.

Con tal nombre publicó el Ministro Sr. Alonso Martínez, en el año 1882, una ley destinada á organizar la justicia en materia penal. Este es propiamente el nombre que conviene á la Ley; porque llamarla Adicional á una que, cual la Orgánica de 1870, destinada á organizar la justicia en lo civil y en lo criminal, nunca había tenido más vigencia que la del papel, según dije en otro artículo, era impropio en alto grado.

Pero sea de esto lo que al Ministro que le dio nombre plugo, es lo cierto, que tal ley y la del Jurado, promulgada en 20 de Abril de 1888, son las que rigen la justicia en materia penal.

Circunscrito á la primera, y sólo bajo el aspecto de la organización de Tribunales, estableció 95 Audiencias para conocer de las causas por delitos que se cometieran en la Península e islas adyacentes, creando Secciones en bastantes de ellas para hacer posible el despacho de las causas que en sus distritos habían de verse en juicio oral y público. Después, sin que la disminución de la criminalidad sea sensible,—y conmigo la estadística judicial,—al menos para reducir esos Tribunales en la forma que desde entonces al presente se ha hecho, quedan limitadas al número de 49, una por cada provincia, dando por razón de esa sucesiva capitáis diminutionis, la suprema ley de las economías, por las que no sólo se suprimieron Audiencias sino Secciones dentro de las conservadas; con lo que, y los juicios de Jurados largos y de pesada tramitación, sustanciados ante esos Tribunales, el atraso en la administración de justicia ha llegado en algunos á un grado verdaderamente extraordinario, y en todas la labor se ha multiplicado de manera tal, que sólo al celo de sus funcionarios ha sido debido el que procedan, si no con regularidad perfecta, porque aparte de la escasez del personal que constituye su dotación, el reclutamiento del mismo, muy especialmente á sus principios, y singularmente de sus Auxiliares, Secretarios, Vicesecretarios y Oficiales de Sala con más la misera cuantía de material de que se les proveyó—mas maquinas aun al presente,—sin que las Corporaciones Municipal y Provincial cumplan, por regla general, salvo honrosas excepciones, ni aun los estrechos deberes de sostenerlas en locales decorosos, son causas todas que se oponen á ese funcionamiento acabado y perfecto, pero al menos desempeñar su cometido sin graves desentonaciones para la Administración de la justicia.

Mejor que de lamentarlo, pues por desgracia estamos acostumbrados á que las sentidas quejas, cuanto más fundadas son más desatan, especialmente si se refieren á la Administración de justicia, fuéralo de reparar en lo posible el mal; no es de esperar, sin embargo, con facilidad el remedio, antes bien, el de origen se perpetuará y cada vez adquirirá mayores proporciones, según es de temer de la indiferencia que en este nuestro país se mira cuanto atañe á la importante, cual ninguna, función de juzgar.

Mal de origen ciertamente, el de que adolecen estas Audiencias de lo Criminal antes, provinciales ahora, porque limitadas sus facultades á lo meramente penal y contencioso-administrativo, mantuvieron el absurdo jurídico de que los pleitos civiles, habiendo Tribunales colegiados, se fallassen en primera instancia por un solo Juez, experto ó inexperto, pero, por lo mismo de ser único, carente de las suficientes garantías de acierto y de imparcialidad concedidas al Tribunal compuesto de tres, que por sus años de práctica y de presumible ciencia adquirida en los mismos, tuvieren sus fallos el respeto que pocas veces mereciesen los del Tribunal unipersonal, haciéndose á la vez, no sólo contraria á los buenos principios que en materia general deben regir sino á esas mismas garantías de acierto que supone la sentencia dictada por el Tribunal colegiado, la segunda instancia, que al presente existe para los pleitos, y debiendo quedar sólo la cesación ante el Tribunal Supremo; obteniéndose de esta modo gran economía en los gastos del litigio, y rapidez en la tramitación del mismo, todo combinado con una ley de procedimiento civil en la que se simplificaran trámites inútiles, y se concordara lo necesario para que esos Tribunales colegiados pudieran entender en las pruebas indispensables para dictar sus sentencias.

Pero dejando aparte, y quizá para otra ocasión y trabajos distintos, lo referente á tan importante extremo; comentado el actual á la deficiente y vieja organización de la carrera judicial, que actualmente padecemos, la ley de Organización de la justicia en lo criminal volvió, como la Orgánica del 70, á dar entrada al favor y á prescindir de la antigüedad y del mérito casi en absoluto, puesto que, conservando los célebres turnos de la última ley recordada, tan sólo para el primero, y esto en las categorías desde Juez de entrada—ya desapareció el nombre de Juez de instrucción—hasta Presidente de Sala de Audiencia Territorial de fuera de Madrid y similares, reservó al más antiguo, y los tres turnos restantes quedaron á libre provisión del Ministro para proveerlos con latitud grandísima; dos de ellos en funcionarios de la carrera, si, pero sin que para nada se mencionen reglas de justicia ni equidad que en sustitución de la antigüedad les den preferencia sobre los demás; y en la cuarta vacante, dejando aún más amplia y liberrima la facultad ministerial, pudo nombrarse, y se nombraron para todas las categorías, Abogados, Jueces ó Fiscales municipales de capital de provincia, Sustitutos del Ministerio Fiscal de las Audiencias, Secretarios y Vice-secretarios de Audiencia de lo Criminal, Secretarios de Gobierno y de Sala de las Territoriales, Catedráticos... en fin, un sin número de llamados sin justificación de aptitud especial, que hace presumir ser la tarea más fácil y sencilla la de administrar justicia, creyendo, ó debiendo creerse, que es la más delicada y difícil, ó que es preciso buscar destinos para los hombres, en vez de hombres para los destinos, con lo que holgaba, ó mejor, se contradecía lo dispuesto en el art. 53 de dicha ley Adicional al establecer <que el ingreso en la carrera judicial tendrá lugar por la categoría de Juez de entrada en virtud de oposición, sin perjuicio del turno reservado á los Abogados en el artículo 40;> principio, repito, contradictorio, pues no sólo para el ingreso, sino, lo que es más sensible, para el ascenso en todas las categorías se dio cabida á funcionarios de tan diversas procedencias.

Con lo expuesto, con el nombramiento de Secretarios y Vice-secretarios interinos, puerta falsa por la que tantos