El Foro español (Madrid. 1898) (1913-08-20 00:00:00), página 13

Que tampoco infringen el fallo recurrido los artículos 380 y 416 del Código de Comercio porque si fuere cierto que el contrato del préstamo disuelto perdería su carácter aleatorio para la Sociedad recurrida por razón del seguro estipulado, como éste se celebró entre los mismos prestamista y prestatario sin intervención de una tercera persona o entidad á cuyo cargo corriese el riesgo, resultaría siempre que la propia Sociedad recurrida venía á cobrar por vía de precio las primas que forman parte del capital del préstamo, quedando únicamente á resolver si con ocasión de esta garantía el contrato en cuestión está ó no comprendido en los artículos 2.º y 9.º de la ley de 23 de Julio de 1903, no combatíendose el seguro por otras causas como la de ser el prestamista asegurador y también beneficiario, y que de ocurrir la muerte del prestatario tendría aquel el doble carácter de deudor y acreedor del capital prestado:

Que el contrato de préstamo en cuestión no puede estimarse comprendido en el párrafo 2.º del art. 1.º de la ley de 23 de Julio de 1903, ni es por consecuencia aplicable al caso de autos el principio de Derecho de que lo accesorio sigue la condición de lo principal, porque el Tribunal sentenciador declara que están probadas en autos las diferentes partidas que forman el total de la cantidad prestada, y no obstante que esta ley por el espíritu que la inspira debe ser aplicada con un severo criterio de restricción, no admite el texto del citado precepto la interpretación en el sentido de que el contrato de préstamo con interés para que sea válido, sólo debe contener las cantidades que en el acto se entreguen en efectivo y que se supone en el mismo recibida mayor suma si se incluyen otras abonadas á nombre y por obligaciones del prestatario, pues siempre que el prestamista justifique cumplidamente la existencia de estas deudas y la certeza del pago, las entidades que por tal causa tuviese derecho á percibir, bien puede dejarlas en poder del deudor á título de préstamo:

Que atendido también el fin perseguido por la citada ley de 23 de Julio, la disposición de su art. 9.º no obedece á la idea de prohibir los contratos accesorios de garantía que aseguren la devolución del préstamo, sino que viene por objeto evitar que se sustraiga á la sanción de la ley, toda operación sustancialmente equivalente á un préstamo de dinero, cualquiera que sea la forma que revista el contrato y la garantía ofrecida, bien la venta con pacto de retro, bien la de depósito u otra distinta, siempre que de estas operaciones resulte el interés usurario definiido en el artículo 1.º, que es lo fundamental; y en el caso del juicio no se ha demostrado que la cantidad que se obligaba á pagar el recurrente por razón del seguro, ya merezca el concepto de prima, ya se estime como aumento del interés estipulado, sea superior á la normal estimación del riesgo que corra el prestamista de que por la muerte del prestatario dejase de cobrar las cantidades entregadas, circunstancia esta última que debe tenerse en consideración para determinar si la utilidad del primero es ó no desproporcionada al beneficio del segundo, porque si apareciese manifiestamente esta desproporción de una ó de más operaciones combinadas, sería nulo el préstamo, no obstante que con el propósito de impedir esta nulidad se hubiera dado al contrato carácter aleatorio;

Y que no afecta á la esencia del contrato de préstamo, y por consiguiente al de su validez, el pacto nulo de toda nulidad, independientemente de la ley de represión de la usura, de que las sentencias dictadas en los juicios verbales quedarían subsistente hasta percibir mediante las mismas la totalidad de la cantidad mutuada; esto aparte de que no pueda producir efecto alguno el expresado pacto aunque su nulidad no haya sido expresamente solicitada por el recurrente, por ser contrario á leyes que afectan al orden público, ya que la voluntad de las partes no pueda atribuir competencia á un Juez que no la tiene por razón de la cuantía litigiosa, para conocer de un asunto cometido por la misma ley á Juzgado de distinto orden; ni puede tampoco procederse por la vía de ejecución á hacer efectivas mayores cantidades de las que condena la sentencia.

Servidumbre.—Litis contestación.—Sentencia de 17 de Noviembre. (Gaceta de 28 de Febrero y 1.º de Marzo de 1913.)—Consigna que según el espíritu en que se informa el art. 541 del Código Civil, explica- do con más desarrollo por la jurisprudencia del Supremo Tribunal, cuando la propiedad de un solo dueño pasa, mediante adjudicación hereditaria, á distintas personas, el signo ostensible y permanente de una servidumbre es el título característico de su existencia; de suerte que, á no haberse alterado ó condicionado manera distinta de usarla, allí donde se revele hay que suponer el derecho anterior en ejercicio;

Y que supuesta la existencia de la servidumbre por título preferente al supletorio de la prescripción, el Tribunal que informándose en la doctrina expuesta reconoce la existencia de dicha servidumbre desestimando para ello la demanda en que la existencia de la servidumbre se impugna, no infringe los artículos 548 y 549 de la ley Procesal y la doctrina de ellos emana- nada y desenvuelta en la sentencia del Supremo de 17 de Octubre de 1892 de que es lícito al juzgador faltar al cuasi contrato que engendra la litis contestación, porque al desestimar la demanda en cuestión declare que más que de una verdadera servidumbre se trata de un derecho de aprovechamiento personal, pues aparte de quedar resueltos con el fallo los puntos propuestos en el periodo oportuno de la discusión relativos á la existencia ó inexistencia de la servidumbre, no cabe estimar en casación alegaciones dirigidas contra un razonamiento de la Sala sentenciadora.

Competencia.—Mandato.—Acción personal.—Sentencia de 17 de Noviembre. (Gaceta de 1.º de Marzo de 1913.)—Resuelve que en el contrato de mandato, así como el mandatario queda obligado por la aceptación á desempeñar el encargo conferido en el lugar donde los servicios deben prestarse, según las instrucciones del mandante, conforme á los artículos 1.718 y 1.719 del Código Civil, á su vez este último debe cumplir la obligación que le incumbe de satisfacer la remuneración convenida por dicho mandato, en el mismo punto, porque así se entiende pactado tácitamente, habiendo de aplicarse, por tanto, el párrafo 1.º del art. 1.171 del Código Civil;

Y que en este caso de un documento privado, que acompañado con la demanda, constituye un principio de prueba de la existencia de un mandato retribuido, y según el que las gestiones encomendadas al mandatario hablan de practicarse necesariamente en la Dirección del Ministerio de Hacienda, sin que sobre las excepciones indicadas al promover la inhibitoria como atinentes al fondo, pueda resolverse en este período del juicio; de acuerdo con la doctrina expuesta y lo prescrito en la regla 1.ª del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento Civil, procede decir la contienda á favor del Juzgado del lugar en que la supuesta obligación ha de cumplirse en todos sus extremos.