El Foro español (Madrid. 1898) (1912-12-10 00:00:00), página 12

las mencionadas disposiciones legales, según exige el art. 37 del Código Civil, y entre sus facultades se halla la del núm. 12 del art. 14 de dicha Instrucción, para comparecer y mostrarse parte en los juicios que afectan a las entidades de que se trata, previa autorización del Ministro de la Gobernación (que aquí existió) y en representación de los intereses colectivos que les están confiados, resulta patente que la Sala sentenciadora hizo aplicación con todo acierto de los artículos 37 del Código Civil y 14 de la Instrucción citados al reconocer en la Junta provincial de Beneficencia personalidad legítima para ser parte en los autos.

Que la personificación del testador que a su alba cezgo atribuye el art. 902 del Código Civil para sostener, en cuanto estime justo, la validez de su testamento en juicio, no impide la intervención á la vez en éste de otra entidad perfectamente determinada que nazca del mismo testamento, con interés inmediato y directo en su validez, y que tenga señalada por ley su representación—circunstancias todas que concurren en la Junta provincial de Beneficencia, cuya personalidad se discute—, no ya sólo porque, lejos de mermar, robustece las facultades de los testamentarios; sino más principalmente porque esa intervención es necesaria garantía para la eficacia de los derechos que defiende, porque el valor de cosa juzgada que estatuye contra tercero el párrafo 2º de su art. 1.252, en materia como la que es objeto del recurso, obsta al ejercicio de sus acciones en pleito distinto, y hasta le priva de reparar los agravios que le produjeron los efectos de una sentencia recaída en litigio del que está ausente.

Que si es cierto que el ordenamiento procesal del juicio sólo admite demandantes y demandados, cuyas respectivas posiciones señalan los artículos 524 y 525, esta doctrina no constituye un principio general y absoluto, porque el demandante no es árbitro de elegir los demandados, sino que está obligado á dirigir su acción contra aquellos que tienen interés evidente y determinado en impugnar sus pretensiones, ni tampoco de la omisión cometida por el demandante al designar, con error ó á sabiendas, los demandados, es derivado necesario su eliminación del juicio, y confirman las posibles excepciones de aquel principio el art. 73, que faculta para proponer cuestiones de competencia á los que puedan ser parte legítima en el juicio promovido; el art. 1.698, que señala entre los motivos de casación por quebrantamiento de forma, la falta de emplazamiento, no de los que sean parte en el pleito, sino «de las personas que debieran ser citadas para el juicio», y más marcadamente aún el artículo 1.127, cuando establece que en el juicio ordinario que se hubiera promovido con ocasión de lo previsto en los artículos 1.114 y 1.118 para hacer la declaración del derecho á los bienes, cuando se trata de la adjudicación de aquellos á que estén llamadas varias personas, sin designación de nombres, podrá comparecer el que crea que lo tiene preferente, y será tenido como parte en el estado en que se halle:

Que la doctrina de la sentencia de 7 de Febrero de 1902, no es de aplicación al caso de este recurso:
1.º Porque declara que la sentencia favorable á un demandante en pleitos de esta naturaleza, alcanza sus efectos al tercero, no litigante, que pretende coadyuvar á su acción como en aquel caso sucedía, por hallarse ambos en igualdad de condiciones, y en el presente el hecho de consentir los albaceas una sentencia cuya firma causaría perjuicio irreparable á la Junta, evidencia la manifiesta oposición que existe entre los intereses de una y otra entidad;
2.º Porque al desestimar el motivo del recurso relativo á infracción de la doctrina contenida en la sentencia de 28 de Marzo de 1859, señala como uno de sus fundamentos el de que en ésta se trataba de una acción de nulidad que no fué dirigida contra todos los que por razón del testamento impugnado tenían intereses en sostener su validez, que es precisamente el mismo fundamento en que se apoya la Junta, y
3.º Porque en el pleito que resolvía en casación el tercero, pretendió su intervención en la segunda instancia, y ahora lo ha sido antes de dictarse la sentencia de primera, y este Tribunal al desestimar en la suya de 28 de Diciembre de 1906 la apelación que de la misma interpuso la Junta por hallarse aún sub judice esta misma cuestión, que se había presentado bajo otro aspecto procesal, declara en unos de sus considerandos, que «se mantiene vivo el derecho de la Junta á pedir, cuando menos, la notificación de la sentencia recaída en aquel juicio, si se declarase que tenía derecho á ser parte en el momento que lo pretendió, por interponer después los recursos procedentes».

Prescripción —Censo (pago de pensiones de)—Sentencia de 21 de Marzo. (Gacetas de 28 y 29 de Abril de 1912.—Declara que la expresión en los documentos públicos de las cargas reales á que vienen afectos los bienes inmuebles que son objeto de transmisión y el hecho mismo de constar estos gravámenes relacionados en las inscripciones del Registro de la Propiedad, no implican un reconocimiento de su existencia por parte del adquirente de los inmuebles gravados que pueda motivar la interrupción de la prescripción, pues son circunstancias que independientemente del abandono en que tengan sus derechos las personas á quienes favorecen, están obligados á consignar los Notarios y Registradores en las escrituras y asientos del Registro con arreglo á la Instrucción sobre la manera de redactar estos documentos y disposiciones de la ley Hipotecaria, en tanto que las indicadas cargas reales no se encuentran formalmente canceladas; y esto supuesto no se infringen los arts. 27 y 77 de la ley Hipotecaria ni de la doctrina establecida en las sentencias de 4 de Junio de 1890 y de 24 de Diciembre de 1894, al no estimar que interrumpe la prescripción el conocimiento que tiene el comprado de una finca, dé hallarse inscrita la misma en el Registro con cierto gravamen, porque, de aceptar la teoría contraria, toda transmisión de dominio de las fincas gravadas haría cesar el tiempo transcurrido para prescribir, y se atribuiría al adquirente un reconocimiento que no estuvo en su voluntad hacer, porque muy otro fué el objeto del contrato á que prestó su consentimiento:

Y que si bien la obligación de pagar un censo es indivisible por razón de la prestación, es evidente que si después se fracciona en forma legal la finca afecta al pago entre diferentes personas con conocimiento del preceptor del censo, por la naturaleza de la obligación y por el estado que la finca alcanza, los actos de uno de los dueños de ésta no pueden interrumpir la prescripción que hayan empezado á ganar los demás y todavía menos dejar sin efecto la liberación de las fincas adquiridas por ese medio y al estimarlo así no se infringen los arts. 1.225, 1.227, 1.257, 1.621 y 1.974 del Código civil, ni la doctrina establecida en las sentencias de 11 de Abril de 1874, 5 de Junio de 1877, 2 de Octubre de 1888 y 18 de Marzo de 1902.