El Foro español (Madrid. 1898) (1912-12-31 00:00:00), página 8

cedencia, hubo de practicarse la tasación de costas correspondiente, en la que se incluyeron los honorarios y derechos que, respectivamente, habían devengado el Letrado y Procurador de la parte demandada, y en el momento de transmitir los autos á la demandante para la tasación de costas, se impugnó ésta alegando que no era obligatoria la intervención de Abogado y Procurador, toda vez que á los interdicto correspondía la especial tramitación de los juicios verbales, en que no es obligatoria la defensa profesional.

La Audiencia de Oviedo aprobó dicha tasación denegando la pretensión del demandante e incluyendo, por tanto, la minuta del Letrado y Procurador de las demandadas; interpuesto recurso confirmase dicha doctrina por la Sala primera del Tribunal Supremo con las siguientes consideraciones legales:

»Considerando que la Sala sentenciadora no ha cometido ninguna de las infracciones alegadas como fundamento de los tres motivos de casación de este recurso, porque la regla general y excepciones que la confirman referentes á la obligación en que están los litigantes de ser dirigidos por Letrados habilitados legalmente para ejercer su profesión ante el Juzgado ó Tribunal que conozca de los autos, no se hallan establecidas en ninguna de las disposiciones que el recurrente cita como vulneradas, sino en el art. 10 de la Ley de Enjuiciamiento civil:

»Considerando que en ese artículo de la ley ritual se ordena de modo terminante que no se proveya á ninguna solicitud que no lleve la firma del Letrado, fuera de las excepciones comprendidas en los cuatro casos que en el mismo se enumeran:

»Considerando que por tales razones es improcedente este recurso, pues con arreglo al art. 10 de la Ley de Enjuiciamiento civil, y no hallándose en el mismo excepcionada, toda demanda de interdicto que no es un juicio verbal como afirma con error manifestó el recurrente, ha de ir autorizada con la firma del Letrado y, por consiguiente, los honorarios que el mismo devenga durante la tramitación de ese juicio, no son costas indebidamente producidas por la voluntad de una de las partes, sino por ritualidades obligadas del procedimiento, etc., etc.>

Honorarios de Letrado, Procurador y Secretario Judicial.—¿Pueden ser burlados por convenio entre los litigantes?—Nos ocupábamos en números anteriores de ciertas cuestiones relacionadas con la ética profesional, surgiendo con este motivo las relaciones que en tal orden pudieran existir entre litigantes y sus defensores, comentándose, si el Juzgado puede dar lugar al levantamiento de embargo por lo que se refiere á cualquier cantidad fijada para costas sin ser éstas satisfechas. La convención de los litigantes en tal sentido no es anulable en puridad de doctrina; porque las costas se deben á las partes y no á su representación, aunque en último término sea ésta quien ha de percibirlas; es decir, el acreedor directo, la persona á cuyo favor se constituye la obligación es el litigante vencedor, no su Abogado, su Procurador y Secretario judicial que intervenga, aunque por razón de los trabajos de éste se produzcan aquéllas, y aunque su importe haya en todo caso de ser percutido por tales personas. Partiendo de este criterio que es el correcto, claro es que el acreedor de las costas, que es el mismo del principal de todo el pleito, puede transigir acerca de ellas, y aun no otorgárselas, si ese fuere su capricho; pero es obvio que estas facultades han de ejercitarse siempre sin perjuicio de tercero; es decir, en tanto en cuanto no signifique una lesión de derechos muy respetables, y un detrimento de intereses que en todo caso deben quedar á salvo.

Existe además, en favor del criterio antes expuesto, la presunción de que todo litigante rico, ha de haber hecho provisión de fondos á su Procurador para tales atenciones, y en la generalidad de los casos sucede que al terminar un pleito suelen estar pagadas las costas imputables á cada litigante, si no en lo que respecta á sus Letrado y Procurador, por lo menos en lo referente á los devengos de la Secretaría judicial.

Además, en estricta doctrina, el obligado á pagar los honorarios y derechos de su representación en autos y las diligencias que producen derechos de Secretaría, es el respectivo litigante, no significando la condena en costas otra cosa que la obligación que se impone al litigante vencedor de reembolsar al vencedor de las expensas y gastos que con su temeraria oposición á las pretensiones que dedujo, le originó. De modo que si el deudor, obrando de buena fe, y para abreviar trámites y quizás ahorrar gastos hubiese convenido con el acreedor en entregarle capital, intereses y costas, quedando relevado de las responsabilidades que de la sentencia se derivaban, esta convención sería perfectamente válida, aunque luego el acreedor no cumpliese sus compromisos respecto á las personas á que las costas hicieron referencia, pues á los interesados no les restaría sino la acción que pudiéramos dirigir contra su deudor directo, ó sea su cliente. Pero si se demostrase que había existido confabulación entre ambos litigantes, para hacer de imposible ó difícil realización los derechos de terceros, debidamente reconocidos, es indudable que podría intentarse la nulidad del convenio, cuya única ó principal finalidad se dirige á burlar las legítimas esperanzas de terceras personas, defrandar intereses consagrados en virtud de ejecutoria, ó hacer ilusorias acciones que estaban suficientemente garantizadas en las diligencias judiciales.

Así, pues, si bien en principio debemos proclamar la firmeza y plenitud de la eficacia jurídica atribuible á convenciones de esta índole, en el caso en que pudiera darse el caso (muy frecuente en los Tribunales), que tal contrato no tuvo otra causa que la ilícita y aun punible de librarse del deudor de las costas, de su pago, traspasando esta obligación al que, aun siendo acreedor directo de ellas por sus condiciones de insolvencia legal, había de pretender eludir la efectividad de los derechos que con dichas costas habían de satisfacerse, sería perfectamente anulable esa convención que tan legítima causa inspiró, y en el capítulo VI, título II, libro IV del Código civil, encontraríamos fundamentos más que suficientes para la pretensión que en tal sentido pronunciáramos.

Así, pues, dichas transacciones, en las que van envueltas la burla de honorarios, no son anulables más que por su ilícita causa y esta ilicitud resultaría indiscutiblemente