El Foro español (Madrid. 1898) (1913-01-30 00:00:00), página 8

del daño y la indemnización de perjuicios causados por el hecho punible. Así, pues, tenemos ya indicada la acción civil, especificada con diferenciación de la penal; pudiendo aquélla ser deducida de toda clase de delito ó falta, de injurias inclusive; porque la ley no exceptiona el ocuparse de la acción civil, cuyo ejercicio es siempre denunciable, y desde luego puede ser autónomo; esto es, utilizarse con independencia de la penal, la que, en algunos casos, puede ser renunciable, ó no ejercitarse en ninguno, por el ofendido ó perjudicado. Con arreglo al art. 111 de la ley mentada, las acciones que nacen de un delito ó falta pueden ejercitarse juntas ó separadamente; debiendo deducirse que en el caso de ejercitarse conjuntamente, habrán de tramitarse ante el Tribunal de lo Criminal; pero quando se ejerziten separadamente, la civil sólo podrá ejercitarse ante la jurisdicción y por la vía de lo civil. Y con sujeción al apartado segundo del art. 112 de la ley mencionada, la acción civil podrá ser entablada primero y únicamente con exclusión de la penal, y sin necesidad de ejercitar ésta ni antes ni simultáneamente, respecto de los delitos que no pueden perseguirse sino en virtud de querella particular, aunque en este caso se considera extinguida desde luego la acción penal.

Considerando que el apartado 2.º del art. 116 de dicha ley se prescribe que la persona á quien corresponda la acción civil puede ejercitaria ante la jurisdicción y por la vía de lo civil que proceda, contra quien esté obligado á la restitución de la cosa, reparación del daño ó indemnización del perjuicio sufrido. En cuyos preceptos se marca clara y terminantemente, con carácter exclusivo, la intervención de la jurisdicción precisamente civil y no la de otro fuero, y por la vía necesaria y exclusivamente civil, contra el obligado; como igualmente en el caso de haberse suspendido la tramitación de una causa criminal por rebeldía del acusado, pueden, desde luego, el perjudicado ó sus herederos ejercitar la acción civil ante la jurisdicción y por la vía de lo civil; pudiendo ejercitar la misma acción ante la misma jurisdicción y por igual vía contra los herederos y causahabientes del culpable muerto; aunque, en este último caso, queda extinguida la acción penal, según el artículo 115 de la misma ley y la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia de 3 de Febrero de 1899:

Considerando que la responsabilidad civil aludida precedentemente es la que se apunta en el art. 18, se especifica en el 121 y se condiciona en los 123 y 124, todos del Código penal, respecto de la reparación del daño causado y la indemnización de perjuicios:

Considerando que en el núm. 2.º del art. 1.968 del Código civil se indica que la acción para exigir la responsabilidad civil por injuria ó calumnia prescribe por el transcurso de un año, y por las obligaciones derivadas de la culpa ó negligencia de que se trata en el art. 1.902, desde que lo supo el agraviado. En su vista, queda clara y terminantemente legislado que la acción para exigir la responsabilidad civil por injuria puede tener su completo desenvolvimiento ante la jurisdicción y por la vía de lo civil, puesto que el Código civil condiciona en su articulado el plazo por el que prescriben tales acciones; y en su virtud, queda también fijada la competencia jurisdiccional del Tribunal de lo civil; habiendo de observarse los preceptos de prenotado Código civil, y aplicarse las reglas de trámite de la ley de enjuiciar del mismo orden; exigiéndose la reparación del daño causado, al que por acción ó omisión causa daño á otro, intervinriendo cualquier género de culpa ó negligencia extra-contractuales; y haciéndose efectiva la obligación nacida del acto ilícito de difamar por medio de la prensa periódica, á los fines prevendidos en los arts. 1.089, 1.101 y 1.902 del Código civil. Siendo de tener en cuenta que en el art. 135 del Código penal se prescribe que la responsabilidad civil nacida de delitos ó faltas, se extingue del mismo modo que las demás obligaciones, con sujeción á las reglas de decho civil; es decir, que en la esfera de acción de este derecho se halla la efectividad de tales obligaciones.

Considerando que de las disposiciones legales vigentes que se comentan precedentemente se deduce que respecto de la base de esta litis las leyes no guardan silencio, antes por el contrario, son previsoras, no se expresan con oscuridad y sí con claridad meridiana, ni aparecen insuficientes, puesto que proporcionan los necesarios elementos tanto de derecho sustantivo como del adjectivo, ambos positivos, para enjuiciar con competencia jurisdiccional atributiva por ser tales leyes exactamente aplicables al punto controvertido, y no ser preciso aplicar las leyes anteriores, ni la costumbre de lugar, ni los principios generales del derecho, ni la legislación extranjera:

Considerando que aunque el juzgador tiene facultad legal para apreciar libremente la prueba, estimar probados los daños morales, y de éstos deducir por la norma de las presunciones la valoración de los perjuicios materiales, es legalmente indispensable que el hecho de que ha de deducirse esté completamente acreditado y demostrado, conforme lo previenen los artículos 1.249 y 1.253 del Código civil; y en este litigio las presunciones que pueden deducirse en cuanto á la tasação no son de las que la ley establece y que dispensan de toda prueba á los favorecidos por ella, y, por consecuencia, es indispensable probar la conexión y congruencia entre los daños morales y los perjuicios materiales, de suerte que la realidad de los unos conduzca al conocimiento y justicia de los otros, por ser la relación entre ellos concordante y no poder aplicarse á varias circunstancias, cual puede ocurrir en el caso de autos; pues siendo unos mismos, siempre invariables, los daños morales, pueden variar los perjuicios materiales, según el rumbo que hubiere impuesto la difamado á la práctica de su vida, condicionada por sus sentimientos, por su criterio y por la situación y circunstancias de familia y sociales, y de lugar y de tiempo; y esto no basta presumirlo, es absolutamente preciso e indispensable demostrarlo cumplidamente, habida consideración á que, según sentencia del Tribunal Supremo de Justicia de 27 de Abril de 1908, no cabe condenar por daños y perjuicios si no se ha intentado siquiera probar su certeza, pudiendo aplicarse en todo caso la sabia doctrina de la sentencia del propio elevado Tribunal, fecha 21 de Noviembre de 1907, en observancia de cuya acertada doctrina puede el juzgador dejar para ejecución de sentencia la liquidación de algún concepto no comprobado bien durante el pleito, cual se insinúa en la contienda jurídica que se sigue ante este Juzgado de primera instancia: