El Foro español (Madrid. 1898) (1912-09-20 00:00:00), página 7

no es ni puede ser aplicable lo dispuesto en el art. 769, por la misma razón que no lo son el 527, 528 y 281; y porque la notificación de la misma no es de las expresamente determinadas por la ley en el juicio ejecutivo, cual requiere el invocado art. 1.462, que más adelante vemos concretadas en los acuerdos referentes al nombramiento de peritos, presentación de títulos y otras relativas á actos personalistas del deudor.

Confirma más esta teoría, el hecho de que, según el artículo 1.479, las sentencias que se dictan en los juicios ejecutivos, no producen la excepción de cosa juzgada, y por consiguiente, no irrigen perjuicio irreparable al demandado, cual ocurre con las demás sentencias dictadas en otra clase de juicios, y puede, por tanto, promover el ordinario sobre la misma cuestión objeto del ejecutivo cuando le plazca, para obtener, si procede, la devolución de lo pagado con costas y perjuicios que hayan podido ocasionársele, sin necesidad de utilizar la acción ó la excepción de nulidad, según tiene declarado el Tribunal Supremo en sentencia de 28 de Abril de 1876 y otras.

Mucho pudiera añadirse á lo expuesto; pero temeroso de que este trabajo tome proporciones exageradas, que no entran en mi ánimo, condujo observando que esta doctrina no introduce ninguna novedad en nuestro derecho procesal, por cuanto, si no exactamente igual, tiene bastante paridad el caso que nos ocupa con las sentencias que se dictan en las demandas de pobreza, donde por disposición también especial de la ley, cuando no se persona el demandado, se entiende la sustanciación del asunto sólo con el Abogado del Estado y tampoco se notifican las sentencias á aquél. Se objetará que aquí no hay acción de rebeldía; pero para los efectos legales equivale á seguir la pobreza, sin más citar ni oír al demandado ni hacerle más notificaciones personales ni en estrados, porque la ley no lo determina.

Alcira.

ANDRÉS CERDÁ

(De El Procurador Español).

BOLETÍN DE LA SEMANA

LEGISLACIÓN

HACIENDA.—Real orden de 26 de Agosto de 1912, apro- bando las Instrucciones para la tramitación de expedientes de bajas y exenciones temporales ó perpetuas de riqueza rústica. (Gaceta de 12 de Septiembre).

«Para la tramitación de expedientes de bajas y exencio- nes temporales, parciales ó perpetuas, deberá considerarse el territorio nacional dividido en tres agrupaciones:

1.º a) Provincias donde se ha terminado el Avance catastral.

b) Provincias donde no han comenzado los trabajos de Avance catastral.

c) Provincias donde se están llevando á cabo los traba- jos agronómico-catastrales.

A) En cumplimiento de lo que dispone el art. 21 apartado 4.º, del Real decreto de 5 de Enero de 1911, donde textualmente se dice: «Formará parte del servicio de Con- servación catastral la tramitación y aprobación de los ex- pedientes de altas y bajas por modificaciones del líquido imponible». Se pondrá en conocimiento de los señores De- legados que todo expediente de baja, cualquiera que sea la causa que lo motive y redactado en la forma que marcan las disposiciones vigentes, sea tramitado por el Jefe del Servicio agronómico catastral de la provincia, con sujeción á las Instrucciones publicadas en 20 de Febrero de 1906 sobre la conservación del Catastro y de los Registros fis- cales de la propiedad. En cuanto á los expedientes de exención temporal ó parcial que según dispone el art. 27 del citado Decreto de 5 de Enero de 1911, deben ser eleva- dos al señor Ministro para su definitiva resolución, debe hacerse saber á los Delegados que al ser llevados á esta Subsecretaría deben haber pasado por el trámite de infor- ma de la oficina de Conservación catastral de la provincia, á fin de que por este Centro se tenga toda clase de datos para la redacción del respectivo informe.

B) Provincias donde no han comenzado los trabajos de Avance catastral.

Primero. Bajas que no afecten al cupo de los pueblos. Continuarán tramitándose con arreglo á las disposicio- nes vigentes y sin la intervención del personal técnico.

Segundo. Bajas por filoxera ó por cualquier otro con- cepto que afecten á la riqueza del término.

Nombrado por el Director Jefe del servicio el personal que ha de efectuar el trabajo de comprobación, se hará éste cargo de los expedientes y documentación y trasladado á la provincia á que los mismos se refieran, y á las órde- nes del Delegado recibirá de él cuantos antecedentes juz- gue precisos referentes á amillaramiento, cartillas evalua- torias, etc., etc., de los términos damnificados, reclamando además del Alcalde, una vez trasladado al pueblo don- de radiquen las fincas damnificadas, una certificación de todas las fincas amillaradas á nombre de los firmantes de las solicitudes de baja procediendo seguidamente al estudio de las mismas.

En el caso en que crea necesario dar de baja en la tri- liciación alguna de las fincas que tal gracia solicitaron, buscará la compensación á la baja concedida en las fincas del mismo propietario, haciendo constar en su informe el resultado de esta comprobación.

Sólo en el caso de que la baja total concedida á cada propietario no estuviese compensada en las fincas del mis- mo, se procederá á la investigación general de la riqueza del término, ajustándose á las disposiciones siguientes.

Presentado nuevamente al Delegado y al Administrador de Hacienda de la provincia en donde haya de realizarse el servicio de que se trata, formará la Administración del ramo dos relaciones duplicadas por términos municipales: una (núm. 1), de la riqueza rústica amillarada para cada uno de los términos municipales damnificados antes de la invasión, y otra (núm. 2), detallada de la riqueza del tér- mino en el momento de expedirla.

La primera relación (núm. 1), contendrá para cada uno de los términos municipales que hayan sufrido la in- vasión:
a) Extensión amillarada de cada cultivo ó aprovecha- miento.
b) Producto líquido imponible por unidad superficial