El Foro español (Madrid. 1898) (1912-07-30 00:00:00), página 7

cinco peritos calígrafos no designados por las partes litigantes sino por su señoría, y que además consta en autos que otros dos peritos calígrafos eran de la misma opinión.

3.a Que á pesar de todo, la parte que lo presentó, en vez de retirarlo lo ha seguido y lo sigue sosteniendo.

4.a Que su señoría ha declarado por sentencia la falsedad de dicho documento y mandado formar causa criminal.

5.a Que á este fin los demandantes han designado los particulares que el testimonio debía comprender.

6.a Que de este escrito mandó su señoría conferir traslado á la otra parte que es uno de los presuntos procesados (¡!) y á pesar de ello dicha parte, lejos de oponerse á la formación de causa y á que se expidan dichos testimonios, dijo que hasta lo deseaba.

7.a Que á pesar de eso, su señoría dictó la providencia diciendo no haber lugar á formar la causa, fundado principalmente en circunstancias de orden material que no creemos sea imposible sino fácil y natural suponer, ya que se reducen á decir que no se puede sustraer al conocimiento de la Audiencia, nada de lo que ha sido objeto de los autos y no puede desglosarse el documento falsificado que había de servir de cabeza al proceso.

8.a Que esa sentencia no ha sido recurrida por la parte demandada á quien en ese punto perjudicaba y la demandante al apelar hizo la salvedad respecto al particular de que estaba conforme en ese solo punto.

9.a Que contrastando con esos dictámenes periciales está la declaración de varios testigos que además se contradicen entre sí y á pesar de cuya «honorableidad, respetabilidad e ilustración por el cargo que ocupan», según el dicho judicial, están como los demás ciudadanos dentro de la ley sin que pueda alcanzarse inmunidad alguna, por lo que puede considerarse también como presuntos procesables.

Todas estas consideraciones creíamos que habían pasado en el ánimo del Juez Sr. Blanco para proceder á la formación de la causa criminal y no volver sobre su propio acuerdo ante esas dificultades de orden material que apunta, ya que no podemos suponer se haya detenido ante consideraciones hechas por la parte demandante respecto á la responsabilidad que pueda caber por lo ocurrido en ese pleito y en relación al referido dictamen pericial á otros funcionarios del orden judicial, alguno superior en categoría al Sr. Blanco y otros inmediatamente subordinados del mismo, que en dicho pleito han intervenido en calidad de testigos.

También creemos que en orden á proceder en materia criminal se trata de un interés social que está siempre por encima de todo interés y litigio particular y por consecuencia de ello, el espíritu de nuestras leyes es el de subordinar siempre estos intereses particulares á aquellos que afectan al orden público, y por eso encontramos artículos como el 362, de la ley de Enjuiciamiento civil, que ordena suspender el dictar sentencia en los pleitos cuando alguno de sus pronunciamientos haya de fundarse exclusivamente en un hecho que revista caracteres de delito, y el 114 de la ley de Enjuiciamiento criminal ordena que sea el pleito el que se suspenda cuando se promueva juicio criminal en averiguación de un delito ó falta; creyendo nosotros que la causa debiera haberse promovido hasta por lo dispuesto en el artículo 262 de la última de las citadas leyes, que impone el deber de proceder en consonancia con la formación de causa á los que por razón de su cargo, profesión u oficio tengan noticia de la perpetración de un delito en armonía con el deber que todo ciudadano tiene de denunciarlos y de otros artículos de otras leyes penales más expresivas, que no tenemos para qué seguir enunciando.

Pero por lo visto el Juez de primera instancia de Illescas, D. Vicente Blanco y Juste tiene otro criterio, é interpreta de modo distinto las aludidas disposiciones legales. Nosotros respetamos su opinión aunque no participamos de ella, pero la suya y la nuestra la sometemos á la más superior e ilustrada del Sr. Fiscal del Tribunal Supremo, primer funcionario encargado de velar por que desde el primer momento se averigüen y persigan los hechos que pudieran revestir caracteres de delito sin detenerse ante la condición, clase, cargo ni profesión que desempeñen las personas á quienes en uno ó en otro sentido pudiera alcanzar responsabilidad y máxima, así lo entendemos nosotros, si éstas pertenecen á clases ó formas parte de instituciones para las que es necesario no se les reste por nada ni por nadie el menor prestigio y menos aún por los encargados principalmente de conservarle incólume.

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¿El «boicotage» en Illescas?

Con el número anterior de EL FORO ESPAÑOL nos ha sucedido una cosa tanto más extraordinaria cuanto que nunca nos había ocurrido.

Ningún suscriptor ni amigo recibió el periódico en Illescas, y como para aquél número se temía se hablase de algo relacionado con distinguidas personalidades de aquellos contornos, no se ha podido evitar que no todos hayan participado de nuestra opinión de que se trata de una rara casualidad, pero casualidad al fin. Nosotros podríamos llamar la atención del Sr. Director General de Correos, pero hemos preferido empezar por enviar los periódicos certificados y con acuse de recibo, para ver si nos cesa la lotería de que se pierdan otra vez y el Estado tiene que abonarnos á razón de cincuenta pesetas por paquete. En cuyo caso no nos resultaría mal la combinación y podría el boicotage continuar, si es que de semejante cosa se tratará, como pudiera pensar algún malicioso.

¡Inocentes!

NOTA. El Sr. Ministro de Gracia y Justicia—que reside en Madrid—nos consta positivamente que lo ha recibido. Que es, después de todo, lo que se trataba de demostrar.

OPOSICIONES
PARA CONSTITUIR EL
Cuerpo de Aspirantes á la Judicatura y al Ministerio fiscal.

En la Gaceta de 26 del actual se ha publicado el siguiente R. D., de fecha 22:

«Artículo 1.º En cumplimiento de lo prevenido en el