El Foro español (Madrid. 1898) (1912-06-10 00:00:00), página 11

Legítimo ejercicio de un derecho.—Sentencia de 17 de Enero. (Gaceta de 11 de Agosto de 1911).—Resuelve que disparar un arma de fuego sin previa intimación sobre dos sujetos que huyen y á los que aventuradamente, por atolondramiento u ofuscación, se supone autores de algún delito, con riesgo de causarles no heridas leves, sino mayores y acaso irreparables males, no puede ser estimado como ejercicio legítimo de un derecho de que habla el Código en el número 11 del art. 8.º ni aun cuando se realice por un guarda jurado, cuya natural y autorizada acción jamás puede llegar al exceso ó demasia punible que el hecho implica.

Infidélidad en la custodia de documentos.—Imprudencia temeraria.—Sentencia de 18 de Enero. (Gaceta de 12 de Agosto de 1911).—Resuelve que tratándose de un oficial de Correos que prestando servicio de ambulante da lugar al extravío de algunos pliegos de valores «con notoria falta grave de celo y diligencia en el cumplimiento de las obligaciones de su cargo» aun cuando no se exprese, cual fuera de desear, en qué consistieran las faltas de cuidado, celo y diligencia, es evidente que tratándose de uno de los servicios más delicados é interesantes de cuantos se encomiendan al Cuerpo de Correos, cualquiera deficiencia de los empleados que cause daño al Estado ó a los particulares en ese especial ramo de las comunicaciones postales, envuelve, salvo prueba en contrario, notoria gravedad, porque arguye el voluntario incumplimiento de las más minuciosas reglas y esmerado detalle con que las disposiciones vigentes han querido garantizar la indemnidad del expresado servicio, supuesto lo cual, al estimarse que el hecho en cuestión constituye un delito de infidelidad en la custodia de documentos, mediante imprudencia temeraria, se procede con acierto y no se infringen los artículos 581, párrafo 1.º y 605, número 3.º del Código penal.

Estafa.—Sentencia de 20 de Enero. (Gaceta de 12 de Agosto de 1911).—Consigna que en el caso de un individuo á quien se embargan bienes por débitos á la Hacienda, cuyo embargo se le hace saber por cédula entregada á su esposa, de cuyos bienes constituidos en depósito en poder de tercera persona dispone aquél, aun cuando se estime que por no estar bien determinados los hechos ocurridos entre embargado y depositario no es aplicable el número 1.º del art. 551 del Código penal, siempre constituyen la estafa prevista en el párrafo 2.º del 550 que tiene igual pena, ya que el embargado dispone de una cosa como libre sabiendo que está gravada, con el perjuicio consiguiente de la insolvencia de responsabilidades á que esta ba afecta, como para casos análogos tiene establecido el Tribunal Supremo.

Desobediencia grave á la autoridad.—Sentencia de 20 de Enero. (Gaceta de 12 de Agosto de 1911).—Resuelve que si un Juez municipal se constituye en la Escuela pública de la población á virtud de denuncia de las madres de unos niños que están llorando dentro sin dejarles salir el maestro á pesar de ser transcurrida la hora de costumbre, existiendo el precedente de haberles maltratado de obra en otra ocasión el propio maestro, no cabe poner en duda que aquella autoridad obra en el uso legítimo de funciones que le corresponden para la instrucción de primeras diligencias de carácter criminal.

Y que si resulta que estando cerrado el local de la Escuela lo abre al fin el maestro, incopiando al Juez bajo el supuesto de que no tiene derecho á entrar y le ordena con descompuestas maneras y armado con un cuchillo que salga de la Escuela, desobedeciéndole también, con el escándalo consiguiente, no cabe admitir que tales hechos no constituyen delito, por cuanto el Juez se persona en la Escuela á consecuencia de denuncia y el maestro no sólo se opone á su entrada en ella, sino que, además, armado y con maneras descompuestas tan mal avenidas con su misión docente, se opone de igual modo á la permanencia de aquella autoridad en el local.

Usurpación de patente.—Sentencia de 20 de Enero. (Gaceta de 12 de Agosto de 1911).—Declara que no pudiendo ser castigados como usurpadores de patentes, según los artículos 134 y 135 de la ley de 16 de Mayo de 1902, más que «los que atentan á los derechos de su legítimo poseedor, fabricando, ejecutando, transmitiendo ó usando con fines industriales y de lucro, sin el consentimiento expreso ó tácito de aquél, copias dolosas ó fraudulentas del objeto de la patente», es manifiesto que, como semejante responsabilidad únicamente está derivada del hecho de fabricar el objeto que sea copia del patenteado para explotarlo con fines industriales, no se infringe aquel precepto absolviento á un acusado por semejante delito respecto del cual estima la Sala sentenciadora, en uso de su facultad soberana para apreciar las pruebas, que no se encuentra justificado, y amplía, por el contrario, que el objeto fabricado por el acusado es distinto del presentado por el acusador.

Estafa.—Aplicación de pena.—Sentencia de 21 de Enero. (Gaceta de 12 de Agosto de 1911).—Resuelve que en el caso de un individuo que defraudó á diferentes personas y pretende hacerlo con otras en días distintos vitiado se del engaño de hacer los pedidos de diferentes artículos de comercio en nombre de un comerciante, es indudable que comete tantos delitos como defraudaciones hace ó intenta hacer, sin que pueda aceptarse la alegación de que todos esos hechos constituyen un solo delito de estafa, pues que la adopción del mismo procedimiento para ejecutar nuevos delitos no puede desvirtuar la existencia de los que ya se han realizado.

Atentado.—Sentencia de 26 de Enero. (Gaceta de 12 de Agosto de 1911).—Consigna que en el caso de un individuo, Concejal del Ayuntamiento del pueblo de su vecindad, que se presenta en la Secretaría de dicho Ayuntamiento, y hallándose el Secretario actuando como tal, le acomete y produce algunas contusiones es evidente que aun cuando dicho Concejal sea funcionario público, no ejerce funciones en el momento de ejecutar el hecho, mientras que resulta notorio que el agredido ostenta aquel carácter y se halla en el ejercicio de su cargo al ser acometido y lesionado, el referido hecho constituye un delito de atentado á funcionario público, por lo que aun cuando pudiera suponerse que el caso no está comprendido en el último párrafo del art. 264 del Código penal, siempre lo estará en otro de los consignados en el libro 2.º del mismo Código.