El Foro español (Madrid. 1898) (1913-05-20 00:00:00), página 14

ro 1.º, en su referencia á los 1.577 y 1.581 del Código civil, y 1.562, 1.563 y 1.565 de la ley Procesal.

Qué así lo requiera además la finalidad del expresado juicio sumario, que no es otra que la del lanzamiento del arrendatario, de la finca que ocupe, si no la desaloja voluntariamente.

Y que esto supuesto, si en un contrato de arriendo se hace que aun cuando sea objeto determinada finca rústica de escaso valor, figure juntamente con ella cierta maquinaria y útiles de fabricación, un balandra y otros bienes muebles de valor, todo ello muy superior al de aquella finca, sin que conste que tales objetos formen parte del inmueble, constituyendo con éste un establecimiento fabril ó industrial, es evidente que si la demanda de desahucio se hace extensiva á todo, á todo ello, por lo tanto, tiene que alcanzar la sentencia, y al declarar haber lugar al desahucio se infringen los artículos 1.565 y 1.569 del Código Civil.

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Bienes embargados (sustracción de).—Sentencia de 5 de Julio. (Gacetas de 16 y 16 de Octubre de 1912.)—Declara que el concepto de la sustracción de bienes embargados a que se refiere el párrafo último del art. 1.922 del Código Civil, no puede ser nunca el de la traslación de depósito de los mismos y mucho menos si éste ha sido determinado por el desahucio.

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Promesa de venta. Acción personal.—Prescripción.—Sentencia de 4 de Julio. (Gaceta de 19 de Octubre de 1912.)—Resuelve que tratándose de una demanda que tiene su fundamento en un contrato de promesa de venta, cuyo cumplimiento se reclama, es indudable que se ejercita una acción personal, la que, como las de su clase, que no tienen término especial señalado en la ley, se extingue por el transcurso de quince años, conforme á lo dispuesto en el artículo 1.904 del Código Civil.

Que aunque se prescinda, en un caso como éste, de si por haberse pactado el plazo de cuatro años para llevar á efecto el contrato, puede ejercitarse la acción después de transcurrido dicho término, es indudable que si desde el día en que ha podido utilizarse, teniendo en cuenta lo dispuesto por el art. 1.969 del citado Código, hasta el en que se realiza, han pasado más de quince años, se halla prescrita la acción, de conformidad con lo que prescribe el 1.934 del mismo Cuerpo legal, y al observarse esta doctrina, no se infringen los artículos 1.963, 1.284 y 1.285 del repetido Código.

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Competencia.—Compraventa.—Acción personal.—Sentencia de 5 de Julio. (Gaceta de 19 de Octubre de 1912.)—Resuelve que si la compraventa sobre cuyo pago del resto del precio se discute se ha verificado por medio de correspondencia, en la que no sólo se conviene en la cosa y en el precio, sino en otras condiciones á que ha de sujetarse, hay que atenerse, para la decisión de la competencia, al contenido de esos documentos exclusivamente, sin extenderlos á cosas y casos no estipulados, y no á los demás que puedan haberse presentado con la demanda, del todo ajenos á uno de los contratantes, y menos á cláusulas impresas no naturales de la compraventa, que puedan contener, modificadas u omitidas por el título de la obligación.

Y que si respecto al cumplimiento de ésta ha exigido el comprador y aceptado el vendedor que la cosa fuera puesta á disposición del primero, de cuenta, cargo y riesgo del segundo en una estación determinada, en el lugar donde esta estación radique ha de reputarse hecha la entrega, en defecto de pacto respecto al lugar del pago, y á favor del fuero del mismo procede resolver la competencia, á tenor de lo prescrito en el párrafo 2.º del art. 1.500 del Código Civil, en relación con la regla primera del 62 de la ley Procesal.

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Competencia.—Mandato.—Acción personal.—Sentencia de 5 de Julio. (Gaceta de 19 de Octubre de 1912.)—Resuelve que negada por el demandado la existencia del mandato y por ello toda relación jurídica con el actor, no destruye la fuerza de esa negativa la circunstancia de haberse presentado por el último un recibo de honorarios satisfechos á determinado funcionario, cuyo importe reclama, si ese documento no demuestra la existencia del mandato directo base de la acción ejercitada, siendo entonces manifiesto que se está en el caso del último párrafo del artículo 1.171 del Código Civil, por lo que á tenor de la regla primera del art. 62 de la ley Procesal procede decidir la competencia á favor del fuero del demandado y presunto deudor.

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Fianza.—Beneficio de excusión.—Derechos renunciables.—Intereses legales.—Sentencia de 5 de Julio. (Gaceta de 19 de Octubre de 1912.)—Resuelve que el beneficio de excusión, que por regla general concede al fiador el art. 1.830 del Código civil, puede ser renunciado por él mismo, y siendo esto así, el pago hecho por él del crédito, le coloca en condiciones de ser indemnizado por el deudor con las modificaciones que la ley establece, caso de haberlo efectuado sin dar á este noticia, ya que es principio de Derecho sancionado por el párrafo 2.º del art. 4.º del referido Cuerpo legal que los derechos concedidos por las leyes son renunciables, á no ser esta renuncia contra el interés ó el orden público, ó en perjuicio de tercero.

Y que si está acreditado que un fiador pagó la deuda de que debía responder el fiado, preciso es estimar que la presentación de la demanda de aquél contra éste en reclamación de lo abonado, si otro acto no consta ejecutado, debe surtir el efecto de la notificación al deudor relativa al pago hecho por el fiador, de la cantidad adeudada, y por tanto que procede abonar desde entonces al fiador los intereses legales, conforme á lo previsto en el núm. 2.º del art. 1.838 del expresado Código.

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Fianza.—Interpretación de contrato.—Sentencia de 5 de Julio. (Gacetas de 19 y 20 de Octubre de 1912.)—Versa el pleito origen de recurso sobre devolución de la fianza prestada por el tasador de un Monte de Piedad á responder de dicho cargo, por haber cesado en el mismo, y cuya fianza se constituyó por contrato en el que, entre otras cláusulas, se estableció la disolución en el pleito por la que se estableció el principio de que no se devolverían al tasador los valores de la fianza hasta que fueran liquidadas las operaciones que había de asegurar, esto es, hasta los cuarenta meses de haber cesado el tasador en el ejercicio de su cargo, devolviéndosele entonces en totalidad de la fianza si se hubieren cubierto las responsabilidades resultantes de las operaciones practicadas, y sólo del remanente si no las hubiere cubierto todas.

La Audiencia resolvió el pleito condenando al Monte de Piedad á la inmediata entrega de los valores