El Foro español (Madrid. 1898) (1912-07-20 00:00:00), página 8

to, lo que sale del orden de los intereses privados y añade á algo más elevado que es patrimonio común de todos los ciudadanos entre los cuales el primero y más obligado para velar por su pureza es el Sr. Ministro de Gracia y Justicia.

Mientras se practicaban las primeras pruebas periciales á que hemos hecho referencia, declaraban en concepto de testigos en Valencia el Magistrado de aquella Audiencia D. Diego López Moya y en Illescas el Juez municipal de Valmojado, primo carnal y hermano político de aquél don Adolfo Moya, y que como él goza del cacicato por aquellos contornos, y el actuario del mismo juzgado de Illescas don Plácido Moya, próximo pariente de los anteriores, quienes, lo mismo en sus declaraciones que particularmente, no se han retraído de pronunciarse de un modo abierto del lado de la demandada en este lamentable pleito de familia en el que, como en todos los de su clase, tanta parte toma el amor propio.

Pues bien, todos ellos declararon rotundamente, aunque incurrriendo en contradicciones los unos en relación con los otros, respondiendo de la autenticidad del crédito declarado pericialmente falso, y el Magistrado Sr. López Moya, que en nuestro concepto hubiera hecho mejor en escusarse en los prestigios y delicadeza de su propio cargo para no declarar en favor ni en contra de nadie y no dejarse ver por Illescas durante el período álgido del pleito, siquiera tenga allí familia, para ahogar las inevitables murmuraciones de los recelosos que, aunque sin prueba de ello, pudieran suponer la existencia de influencias y presiones que seguramente no habrá ejercido, declaró con una amplitud tal en este extremo, que llegó á decir que el propio D. J. M. y M. se le había lamentado de que le hiciesen firmar el pagaré que siete peritos al unísono dictaminan que no firmó. Recomendamos al Sr. Ministro la lectura de esta declaración y cuanto con ella se relaciona.

Con estos precedentes el Juez, Sr. Blanco, con fecha 5 del actual, dicta una sentencia en la que manda sacar el oportuno testimonio para la formación de causa criminal por la falsedad de aquel documento, si bien inserta con el fatídico número 18, un considerando que pudieramos llamar sugestivo y que es lo único que nos vamos á permitir comentar en esta ya larga relación de hechos, porque ello es preciso para ilustrar la opinión del Sr. Ministro, desconocedor hoy, como nuestros lectores, de la entrada de ese pleito llamado á tener todavía mucha resonancia.

El considerando dice así: «Considerando: que aunque la prueba pericial de cotejo practicada ha puesto de manifiesto la falsedad civil del pagaré de 15.000 pesetas suscrito por D. J. M. á favor de D. J. J. M. de V., y cuyo documento se ha comprobado fué tenido en cuenta para realizar la liquidación ya indicada que consta en el documento de 27 de Febrero, ello no influye ni debe influir en modo alguno en la referida liquidación al efecto de alterar el saldo que se consigna, dado que la realidad y efectiva existencia de dicho crédito queda plenamente probada:

Primero, por la certificación del Agente de Bolsa Sr. Rivas, que acredita que D. J. J. M. de V. vendió unos días antes de otorgarse la escritura de los almacenes 17.000 pesetas nominales en títulos de la Deuda. Segundo, por la escritura de traspaso de los almacenes de vinos á D. J. M. y D. M. L., y cuya escritura es de fecha 23 de Abril de 1905. Tercero, por un libro de cuentas donde D. J. M. y M. consignó con referencia á los almacenes que había dado 58.288 pesetas, cantidad bastante superior á la que figuraba en la escritura de traspaso. Cuarto, por el dicho de testigos cuyas manifestaciones referentes á la existencia del crédito merecen entero y completo crédito por las especiales circunstancias de posición, cargo, ilustración, honorabilidad y honestidad que en los mismos concurre siquiera sus manifestaciones cuando son ó hacen relación á una referencia tengan su verdadero valor en acreditar la verdad de la misma, pero sin probar por ello la realidad y exactitud de lo referido.»

Una vez leído este sugestivo «considerando» lo primero que lógicamente se ocurre preguntar es lo siguiente: ¿Si tan poca importancia tenía para la resolución del pleito la legitimidad de la firma de D. J. M. y M., por estar demostrada la realidad de la existencia de la deuda que con aquella se trataba de acreditar, para qué ni por qué pidió el Juez un nuevo informe pericial caligráfico para mejor proveer originando á los litigantes un gasto innútil de más de mil pesetas? Y si este informe era necesario ¿por qué razón se rechazó insistentemente el presentado en sentido negativo por los demandantes para que se tuviera presente á mayor abundamiento? Y por otra parte, si hay prueba sobrada de la realidad del crédito, y por consiguiente el origen de haberse falsificado innecesariamente el famoso pagaré no pasó, por lo visto, de ser un ejercicio de sport sin otra trascendencia que la del infantil entretenimiento de calcar un grabado ó plantar una calcomanía, ¿á qué ni por qué tampoco mandar formar la causa criminal? Permitámosnos como único comentario decir respetuosamente que esto revela cuando menos una inseguridad y una inconsecuencia de criterio que no constituyen una cualidad de las más recomendables para el desempeño de un cargo como el que está confiado al Sr. Banco, ya que no es de creer que ello sea ni siquiera consecuencia de una lucha así resuelta entre un criterio ya hasta propio que se imponía, y el temor á ciertas presiones que tal vez le pareciera verse dibujar en un pleito en que han jugado factores de cierta categoría y decididamente pronunciados en determinado sentido.

Por lo demás, las aparentes razones en que se intenta apoyar la afirmación de la realidad del crédito no creemos que en buena lógica puedan convencer á nadie, y repetimos que las aducimos como único comentario para que el Sr. Ministro, que no conoce el pleito, pueda formarse idea, ya que entendemos que, sea cualquiera la resolución que aquél tenga en definitiva, en el fondo y forma de esa sentencia late algo que es digno de ocupar desde luego la atención de las autoridades supremas de la administración de justicia, y no ciertamente sólo con relación al Juez que ha dictado esta sentencia de la que nos estamos concretando á dar cuenta, bajo ese solo aspecto, absteniéndonos de hacer calificaciones ni de sentar afirmación alguna.

En cuanto á la primera razón alegada para admitir la existencia del crédito de 15.000 pesetas de que nos venimos ocupando á pesar de la falsedad reconocida ya en la propia sentencia del documento en que aquél se consigna, sólo diremos que, de que por aquellos