El Foro español (Madrid. 1898) (1913-03-20 00:00:00), página 14

Incapacidad mental.—Sentencia de 20 de Mayo. (Gaceta de 1.º de Julio de 1912.)—Consigna que es principio general admitido en todas las legislaciones, constantemente confirmado y reconocido por doctrina reiterada del Tribunal Supremo, de que á toda persona ha de reputarse en perfecta lucidez mental y con el pleno goce de sus derechos civiles, mientras no sea jurídicamente declarada incapaz, ó se compruebe por modo evidente la perturbación de sus facultades mentales siendo por tanto fundamento firme y acertado el de que la capacidad constituye siempre la regla general y que su excepción, ó sea la incapacidad, es un hecho sujeto á la precisa prueba.

Desahucio en precario.—Posesión civil. Sentencia de 23 de Mayo. (Gaceta de 1.º de Julio de 1912.)—Consigna que lo mismo para estimar que para rechazar la acción de desahucio no es dable, según reiterada jurisprudencia del Supremo Tribunal, discutir en esta clase de juicios especiales y sumarios, cuestiones tan trascendentales como las relativas al dominio de la finca objeto de la demanda y el estado civil de los litigantes; por cuya razón el fallo que así lo declara, no infringe los artículos 430, 431 y 446 del Código Civil;

Y que, según el espíritu en que se informan los artículos 1.564 y 1.565 de la ley de Enjuiciamiento Civil, la acción de desahucio no puede menos de prosperar cuando se ejerce contra persona que disfruta en precario una finca urbana, dado que este título que reconoce en su origen la mera tolerancia del propietario, únicamente excusa al precariato de pagar renta, precio, ó merced alguna, pero no caracteriza la posesión civil que otorga derecho en la cosa y mantiene en ella á quien, no obstante su cualidad de poseedor legítimo, se le priva ó intenta despojar de sus bienes.

Competencia.—Compraventa.—Sentencia de 24 de Mayo. (Gaceta de 1.º de Julio de 1912.)—Resuelve que en el contrato de compraventa de géneros de comercio verificado al fiado, cuando como en el presente caso ocurre, no se ha pactado el lugar en que ha de realizarse el pago, se entiende que es el en que se haya hecho la entrega de la cosa vendida, con sujeción á lo prescrito en el párrafo segundo del art. 1.500 del Código Civil.

Servidumbre real.—Sentencia de 29 de Mayo. (Gaceta de 2 de Julio de 1912.)—Resuelve que la sentencia que fundándose en la existencia de señales visibles notadas en una diligencia de inspección ocular declara que cierto edificio goza de servidumbre de paso á pie con caballerías y carruajes sobre un terreno de que anteriormente formó parte, á pesar de no hacerse mención de ella en la escritura, por virtud de la cual se segregaron el edificio y el terreno para constituir dos fincas, no infringe las disposiciones del Derecho Romano que se refieren á los modos de constituirse el de servidumbre, ni el principio establecido en el art. 530 del Código Civil de que la servidumbre real es un gravamen impuesto sobre un inmueble en beneficio de otro perteneciente á distinto dueño, por la perfecta analogía que existe en el caso de que se trata y el previsto en las leyes 36 y 37, título II, y 8.º título IV, libro VIII del Digesto, según las cuales, si dos casas bajo un techo, pertenecientes á un solo dueño, se dividen, pasando á dos personas los servicios establecidos entre ambas por el antiguo propietario, subsisten después de la división, precepto en que se inspiró la doctrina de la jurisprudencia, subordinándolo á la existencia de un signo aparente, que existe en el caso actual, y que fue elevada á la ley por el artículo 541 del Código Civil.

Censo enlitúctico.—Prescripción.—Legislación aragonesa.—Documentos privados.—Sentencia de 31 de Mayo. (Gaceta de 8 de Julio de 1912.)—Declara que por no ser uniforme la opinión de los comentaristas de la legislación aragonesa acerca de la imprescriptibilidad del censo enlitúctico, por no hallarse ésta declarada en la referida legislación, y porque la única disposición relativa á la materia consignada en el fuero 8.º de prescriptibuciones, autoriza la de los censo á favor de herejes y judíos por treinta años, principio que reproduce el fuero 6.º, respecto á la posesión de bienes, comprendiendo las acciones reales y las mixtas, es indudable el acertó con que la Sala sentenciadora establece la conclusión doctrinal favorable á la prescriptibilidad de la acción para reclamar las pensiones de un censo no satisfechas desde hace más de cincuenta años, no sólo por las expresadas razones, sino porque, á falta de precepto expreso de la legislación foral, corresponde la aplicación del Código Civil, por el carácter supletorio que tiene para Aragón, según el art. 13, y en consecuencia, ni puede estimarse infringida la doctrina de los fueros, ni la de los tratadistas antes citados, que no tienen eficacia, ni procede considerar inaplicables al caso las disposiciones del Código en el sentido expresado:

Que tampoco infringe el art. 1.939 del Código y la ley 26—no la 24 que con error cita el recurrente—título XXIX, partida 3.ª y capítulo XXIII, título XXVI, libro II de las Decretales porque, al no aplicar la primera de aquellas disposiciones, no quebranta ninguna otra que regrese la prescripción en forma contraria á lo establecido en el art. 1.965 del mencionado Código, y porque la ley de Partidas y preceptos de las Decretales no son aplicables á bienes, que nunca tuvieron el carácter de cosas de la Iglesia Romana, y aun en la hipótesis de considerarse como propios de alguna iglesia ó lugar religioso, por pertenecerle las rentas serían prescriptibles á los cuarenta años.

Y que tratándose de documentos privados que no han sido reconocidos por la parte á quien pudieran perjudicar, falta la circunstancia exigida por el artículo 1.225 y siguientes del Código Civil para que tales documentos puedan hacer prueba contra los demandados, máxime si además no tuvieron en ellos intervención.

Junio.

Reivindicaciones de bienes—Apreciación de pruebas.—Sentencia de 1.º de Junio. (Gacetas de 3 y 4 de Julio de 1912.)—Resuelve que según lo declarado por el Tribunal Supremo en reiterada jurisprudencia lo dispuesto en el art. 349 del Código civil, como debida y necesaria garantía para la existencia de la propiedad particular contra las instrucciones públicas y privadas, no tiene aplicación ni puede de consiguiente invocarse contra resoluciones de los Tribunales, que aprecian y definen el valor de actos por los que se ha adquirido la propiedad de una cosa, en cuyo caso para invalidar la declaración de dominio proclamada en el fallo, es preciso demostrar concretamente la nulidad del acto de transmisión que lo determinó;

Que integrando su pretensión la parte actora en un