El Foro español (Madrid. 1898) (1912-04-20 00:00:00), página 11

para su validez, estimando demostrado que el testador expresó su voluntad y la ratificó después de redactada y explicada en su dialecto por el Notario autorizante, explicación suficiente conforme á lo que ordena el artículo 62 del Reglamento, en relación con el 25 de la ley del Notariado, y que tanto aquel funcionario como los testigos instrumentales conocían al testador, no pueden combatirse en casación estas apreciaciones, que descansan en los únicos medios de prueba utilizados por los litigantes.

Que las declaraciones de testigos apreciadas conforme al artículo 1.248 del Código y sus concordantes de la ley de Enjuiciamiento civil no pueden ser materia de casación.

Y que el doble definido en el artículo 673, en relación con el 1.265 y el 1.239 del Código Civil, no puede estarse cuando carecen de toda base de hecho sobre la cual pueda recaer el juicio indispensable para definir su existencia.

Competencia.—Mandato.—Acción personal.—Sentencia de 18 de Enero. (Gaceta de 1.º de Noviembre de 1911.)—Resuelve que sea cualquiera el origen de la deuda que se reclame si el actor pide el reintegro de ciertas cantidades que afirma fueron pagadas por orden y cuenta del demandado, es decir, con el carácter de mandatario de éste, no negada en absoluto la existencia del contrato al promover la inhibitoria y presentadas varias cartas, al parecer de la procedencia del último, que dada la naturaleza del juicio no pueden menos de estimarse como principio de prueba aportado en tiempo de la existencia de ciertos encargos que habían de cumplirse en el lugar domicilio del actor, es claro que el reembolso de los gastos y demás cantidades, que se suponen debidas á aquél como mandatario, según la constante jurisprudencia al interpretar el art. 1.728 del Código Civil, han de ser satisfechas donde se prestaron los servicios.

Y en su consecuencia, que de conformidad á la regla 1.º del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil, en defecto de sumisión y de pacto en contrario, el Tribunal del lugar en que la supuesta obligación ha de recibirse cumplimiento es el competente para conocer del juicio que á ese efecto se entable.

Vinculaciones.—Deudas contraídas por poseedores de bienes vinculares con relación á los sucesores.—Aceptación de herencia.—Prescripción.—Buenas fe.—Acción reivindicatoria.—Acción personal.—Sentencia de 19 de Enero. (Gacetas de 1 y 5 de Noviembre de 1911.)—Declara que la disposición del párrafo último del art. 2.º de la ley de 11 de Octubre de 1820, de que la mitad de los bienes de las Vinculaciones suprimidas, reservada al inmediato sucesor, no será nunca responsable á las deudas contraídas ó que se contrajan por el poseedor anterior, se ha de entender limitada al caso en que aquél no sea heredero de éste, pues si lo es por ministerio de la ley ó por virtud de testamento, y acepta la herencia sin haberse acogido al beneficio de inventario, queda dicha porción, por su calidad de libre, sujeta como todos los demás bienes del heredero, á las responsabilidades contraídas por su causante, conforme á la doctrina consignada en la ley 10, título 6.º, de la partida 6.ª, reproducida por el art. 1.008 del Código Civil.

Que es preciso entenderlo de ese modo, porque la ley desvinculadora de 1820 citada, si bien quiso respetar los derechos del inmediato sucesor tal y como le hubieran correspondido si la vinculación hubiera subsistido, aunque limitados á la mitad de los bienes, no se propuso establecer una excepción del principio fundamental de nuestro derecho civil de que el heredero, por ser continuador de la persona del difunto á quien sucede, responde hasta con sus bienes propios de todas las obligaciones contraídas por éste, salvo el caso de que hubiera aceptado la herencia á beneficio de inventario.

Que no se oponen á esta doctrina las resoluciones del Tribunal Supremo de 16 de Octubre de 1860 y 7 de Abril de 1866, porque en la primera la cuestión que se decidió no guarda relación con la expuesta, y en la segunda sucede lo mismo, porque el demandado no tenía la calidad de heredero del último poseedor, como expresamente se consigna en uno de los fundamentos de la sentencia.

Que esto sentado, si aparece que un individuo ha sido heredero testamentario de su madre y aceptó la herencia de la misma sin haber utilizado oportunamente el beneficio de inventario no puede menos de deducirse que todos los bienes, y entre ellos los que adquiriera en concepto de libres procedentes de la mitad reservable de una finca vinculada, quedaron sometidos á las obligaciones contraídas por su expresa madre, que constituyen cargas de herencia.

Que por la razón expuesta, si la referida mitad de finca ha sido embargada juntamente con la otra mitad, en autos ejecutivos seguidos por un acreedor de la causante en cuestión contra los herederos de la misma, es fuerza reconocer que el embargo está biencretado y que el acreedor ejecutante ha podido adquirir la totalidad de la finca, habiéndole sido adjudicada, con arreglo á la ley, por falta de postor, y la sentencia que así lo estima no infringe el art. 2.º de la ley de 11 de Octubre de 1820, la doctrina establecida en las sentencias antes mencionadas ni la ley 10, título 6.º de la partida 6.ª, de que se ha hecho mérito.

Que habiendo adquirido el acreedor ejecutante por título verdadero y legítimo constituido por adjudicación y posesión judicial, el dominio de la totalidad de la finca de que se trata, no necesitan sus herederos, para adquirir la mitad de la misma, acudir al que puedan calificarse de modo supletorio, como lo es el que se funda en la prescripción; esto aparte de que sería preciso estimar en tal caso el requisito de la buena fe, ya que lejos de existir vicio que invalide el título utilizado por aquéllos, es, por lo antes dicho, válido y eficaz, no sólo para prescribir, sino para transmitir el dominio.

Que en un caso como el citado se manifiesta la improcedencia de la excepción, fundada en el supuesto dominio y basada por ello en la acción reivindicatoria.

Y que desapareciendo con la acción real todas las consecuencias de la misma referentes á abono de frutos y rentas, es indudable que las pretensiones formuladas en este sentido no pueden fundarse más que en la personal, cuya prescripción hay que estimar conforme á lo previsto en la ley 63 de Toro y en los artículos 1.904 y 1.939 del Código Civil, si ocurridos los hechos en que se basa antes de publicarse dicho Código han transcurrido más de quince años desde que empezó á regir hasta que se formule la pretensión, y más de veinte desde que los mencionados hechos tuvieron lugar.

Aparcería.—Arrendamiento.—Acción de desahucio.—Sentencia de 20 de Enero. (Gaceta de 5 de Noviembre de 1911.)—Declara que si bien en algún caso especial el contrato de aparcería suele concer- tarse á manera de arrendamiento común ó ordinario y dar lugar, por consiguiente, al ejercicio de acción de