El Foro español (Madrid. 1898) (1913-03-20 00:00:00), página 13

bien es constante jurisprudencia del Tribunal Supremo que de las demandas que versan sobre el cumplimiento de un contrato de comisión debe conocer el Juez del lugar donde se ha desempeñado, ante la negativa absoluta del reo que reclama su propio fuero sobre la existencia de la obligación no desvirtuada con principio alguno de prueba, resulta aplicable el párrafo 3.º del art. 1.171 del Código Civil, y no el 1.728 del mismo Cuerpo legal, por lo que en relación con la regla 1.ª del 62 de la ley de Enjuiciamiento ha de concederse la preferencia á la jurisdicción del presunto deudor y demandado.

** Posesión de las cosas muebles.-Posesión á nombre de tercero.—Sentencia de 13 de Mayo. (Gaceta de 28 de Junio de 1912.)—Consigna que si bien es cierto que la posesión de las cosas muebles equivale al título, y en esa posesión puede fundarse la demanda de tercería, no lo es que una persona tenga el carácter de poseedora de los muebles en cuestión por el solo hecho de estar empadronada en la habitación, en que se llega á embarcarlas, pues aun en el supuesto para ella más beneficioso de tener aplicación al caso el precepto del art. 449 del Código Civil, si también en el propio padrón de vecinos figura el deudor ejecutado en concepto de cabeza de familia á este último y no á las personas que con él habitan favorece la presunción legal de que es poseedor de los muebles que se hallan dentro de la casa, mientras por otros medios no se demuestre lo contrario, y al estimarlo así no se infringe el art. 446 del propio Código:

Y que no puede ostentarse la posesión á nombre de un tercero sin su mandato, pues hasta para adquirirla en estas condiciones se necesita, según el artículo 439 del Código civil, que la persona á cuyo nombre se realice el acto de posesión lo ratifique después.

** Obligaciones que nacen de culpa ó negligencia.—Sentencia de 13 de Mayo. (Gaceta de 28 de Junio de 1912.)—Declara que los actos ú omisiones originarios de responsabilidad civil que dan lugar á la obligación de reparar un daño conforme á lo previsto en los artículos 1.093, 1.902 y 1.903 del Código Civil, son aquellos en que hubiese intervenido culpa o negligencia, no los que se hayan realizado u omitido utilizando un derecho, y mucho menos si se hallan autorizados por la ley, porque es principio jurídico universalmente reconocido que el que usa de su derecho á nadie daña, y esto sentido, es manifiesto que el que deja de utilizar la facultad que la ley Hipotecaria le concede para inscribir en el Registro de la Propiedad fincas que adquiere ó de promover tercería de dominio sobre las mismas hasta momentos antes de que se otorgue la escritura ó se consuma la venta de los bienes ó adjudiquen los mismos en pago y entreguen al ejecutante, como autoriza el art. 1.533 de la ley de Enjuiciamiento civil, no puede incurrir en la sanción que establecen aquellas disposiciones del Código.

** Competencia.—Compra-venta.—Sentencia de 18 de Mayo. (Gaceta de 28 de Junio de 1912.)—Consigna que con sujeción á lo prescripto en el art. 1.500 del Código Civil, en la venta al fiado, el comprador está obligado á pagar el precio de la cosa vendida en el lugar que se fijó en el contrato, ó, en su defecto, en el que haga la entrega de la misma, reputándose verificada en el domicilio del vendedor, según jurisprudencia constante del Tribunal Supremo, cuando se remite al del comprador por su cuenta y riesgo.

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Cobro de lo indebido.—Contrato de transporte.—Prescripción.—Sentencia de 20 de Mayo. (Gacetas de 28 de Junio y 1.º de Julio de 1912.)—Declará que á tenor de lo dispuesto en el art. 1.895 del Código Civil, el quasicontrato de cobro de lo indebido se caracteriza por dos requisitos esenciales; la entrega de cosa ó cantidad no debida y la entrega hecha por error; de donde se sigue que cuando el pago indebido se efectúa á sabiendas de que el supuesto acreedor no tiene derecho á percibirlo, por pura liberalidad, por no quedar incursos en responsabilidades generadoras de otros perjuicios, por fuerza mayor, por coacciones ó amenazas, sale el hecho de la estera propia del quasicontrato para entrar de lleno en otro orden de relaciones jurídicas;

Que surgiendo diferencias entre el consignatario de una mercancía y la Compañía ferroviaria portadora sobre la interpretación y alcance de la tarifa y cantidad que por la segunda se exige y el primero paga tan sólo para poder recoger la mercancía transportada, pero protestando de la tarifa que se le aplica, es inconscuso que la acción que ejercite en reclamación de las cantidades satisfecidas en el expresado concepto no pueda ser la que se deriva del mencionado artículo 1.895, teniendo antes bien su origen en el contrato de transporte, porque eliminado el requisito del error, la cuestión sometida á la decisión de los Tribunales se limita á saber si con arreglo á las condiciones estipuladas la cantidad que el consignatario debiera abonar es la exigida por la entidad portadora y satisfecha por aquél, con protesta, ó la que éste pretenda que le corresponde pagar conforme á la tarifa aplicada;

Que estimándose en casos como el citado que la acción entablada es la que nace del contrato de transporte y acordándose, en su consecuencia, que dicha acción ha prescrito por haber transcurrido el plazo de seis meses establecido en el art. 951 del Código de Comercio para la prescripción de las acciones relativas al cobro de portes y gastos inherentes á ellos, precepto que por la correlación que existe entre el cobro y el pago, tanto rige en caso en que el porteador demande el cobro del precio, como al en que el cargador deduce alguna reclamación, sobre el pago, no se infringen los artículos 951 del Código de Comercio, ya citado, 158 del Reglamento de Policía de ferrocarriles de 8 de Septiembre de 1878 y 1.931 del Código Civil;

Que tampoco se infringe la doctrina sentada por el Tribunal Supremo en la sentencia de 11 de Junio de 1909, de que cuando se reclama el abono ó devolución de cantidades satisfecidas de más por indebida aplicación de una tarifa de ferrocarriles, no se ejerce la acción nacida del contrato de transporte, sino del pago hecho por error, porque esta sentencia se dictó, en efecto, con motivo de un pago hecho por error, por no haber dado la Compañía á los remitentes ni tenido á la vista la tarifa más beneficiosa, según literalmente se expresa en uno de sus Considerandos, y siendo esto así por la naturaleza de la acción de que en este caso se trataba, no cabía aplicar á la prescripción de seis meses, que puede y debe aplicarse al caso de que se trata en este recurso por la misma doctrina, ya que en éste la acción entablada no es la del pago hecho por error, sino la derivada del contrato de transporte, como queda demostrado.