El Foro español (Madrid. 1898) (1912-06-10 00:00:00), página 2

como no puede menos, dudoso ese punto y aplicando á él la sabia doctrina de la Iglesia de «en la lucha, abstente», debe venirse á la misma resultante de no convocar por segunda vez, dentro de un cuatrimestre, al Jurado de un partido; pues, en todo caso, de seguir este criterio, no podrían jamás originarse incidencias ni reclamaciones alguna, ni suscitarse las dulas apuntadas. Es más; parecemos hasta que es también dudosa la procedencia de que se reúna en días distintos, y no correlativos, de cada cuatrimestre, el Jurado de la capital de la provincia, á cuyo distrito aplicaríamos nosotros siempre,—acaso estamos equivocados,—el mismo criterio que antes queda indicado.

II

Es también, dentro de las contenidas en la Ley del Jurado, materia muy ocesionada a controversia, la relativa á los extremos que ha de abarcar el veredicto. Ante todo, hay que sentar como primer premisa que todas y cada una de las preguntas que en aquel se consignen, deben ejecutarse, muy cuidadosa y escrupulosamente, así en su redacción como en su contenido, á los preceptos de los respectivos artículos de la ley. Esto parecerá una perogrullada; pero lo consignamos, porque el más insignificante descuido, la más disculpable ligereza puede acarrear y traer consigo reclamaciones de las partes, y lo que es peor, confusión en los Jurados, y errores orasísmos y de graves trascendencias para la Justicia en sus contestaciones.

El art. 72 de la ley, establece la pauta, y va marcando todos y cada uno de los puntos que en el veredicto deben comprenderse. El hecho principal, la tesis de imprudencia ó descuido, si se hubiera planteado; los hechos circunstanciales que originen eximentes, atenuantes ó agravantes; y los que determinen la distinta responsabilidad de los acusados como autores, cómplices ó enoubridores del delito perseguido, y si éste se consumó, ó quedó en grado de frustración ó tentativa.

Combinando estas disposiciones con las contenidas en los tres siguientes artículos 73, 74 y 75,—pues los cuatro forman la total estructura y síntesis de la prescripción legal referente al punto que en este apartado estudiamos,—claramente, á nuestro modo de ver, se forma un concepto exacto de lo que debe comprenderse en las distintas preguntas del veredicto, y de lo que, por el contrario, no debe figurar en aquéllas; y relacionando también las disposiciones del 72, que es la clave en la materia, y las del 75, párrafo 1.º, fórmase á su vez la convicción profunda de que el espíritu del Legislador, bien indicado y translúcido en la letra y texto de sus preceptos, es que se someta al examen y decisión de los Jueces populares todo aquello—sino lo no comprendido en las conclusiones de las partes acusadoras y defensoras—que resulte haber sido objeto de las pruebas practicadas.

Y siendo esto así, ¿cabe dudar de la procedencia de la inclusión en el interrogatorio de cuantas preguntas se desprendan de la dilucidación de todos los hechos que se relacionados con el principal, aleguen en sus escritos las defensas? A nuestro entender, de ninguna manera; por las apuntadas razones de ajustarse ese criterio al espíritu y á la letra de la Ley del Jurado, porque siempre es conveniente el mayor esclarecimiento de los hechos sometidos al juicio, y porque tales negativas podían hasta envolver coartación del sagrado derecho de defensa y alguna desigualdad entre las respectivas situaciones de las partes contendientes.

Dr. José Muñoz Bocanegra y Muñoz,
Magistrado.

(Se continuará).

Jurisprudencia sobre honorarios de Abogado y derechos del Procurador en los expedientes de jurisdicción voluntaria.

Con motivo de la cláusula de una escritura de arriendo de minas, en la que se pactó someter la apreciación del mineral á amigables componedores, promovieron los arrendatarios expediente de jurisdicción voluntaria para el nombramiento de los amigables, al que se opuso el arrendador, declarándose aquél contencioso en segunda instancia.

Impuestas las costas á los promovedores, incluyése en la tasación las minutos de Abogado y Procurador, habiéndola impugnado los condenados en el sentido de su exclusión, por ser potestativo en las partes valerse de ambos representantes en esta jurisdicción.

La Audiencia, interpretando que en dicho expediente se ventilaron y discutieron cuestiones complejas de procedimiento, declaró bien incluidas dichas minutos, casando al Tribunal Supremo la sentencia por los siguientes fundamentos legales:

«Considerando que en todos los casos en que con arreglo á lo dispuesto en los artículos 4.º y 10 de la ley de Enjuiciamiento civil, es potestativo en las partes el valerse ó no de Procurador y Abogado, si estos funcionarios intervienen, los derechos y honorarios que devenguen deben reputarse como innecesarios y excluirse de la tasación de costas que está obligado á satisfacer el litigante condenado á su pago, porque habiendo tenido en cuenta dicha ley para establecer esa excepción, la sencilla y escasa importancia de los actos, juicios y diligencias á que se refiere, y proponiéndose con ello evitar á las partes gastos y exacciones que traspasen los límites de lo indispensable y preciso, el resolver lo contrario equiparando y haciendo de igual condición lo que es exigido como obligatorio y tenido como necesario, á lo que se concebía superfluo y dependiente tan sólo de la voluntad y conveniencia, sería sentar un criterio que á la vez que con la razón y con la lógica, pugnaría obviamente con el espíritu que informa esos preceptos legales, y con lo prescripto de un modo claro y terminante en el art. 424 de la misma ley:

»Considerando que la intervención de los Procuradores y Abogados en los actos de conciliación y juicios verbales que autoriza el art. 11 de dicha ley, no se verifica con el carácter de tales, sino con el de simples apoderados ó hombres buenos y auxiliares de los interesados, y, por consiguiente, la circunstancia de prohibirse expresamente en él que se incluyan en la tasación de costes, sus derechos y honorarios, no contradice la anterior doctrina ni se opone