El Foro español (Madrid. 1898) (1912-10-10 00:00:00), página 5

producto nada más que de la prevención justa ó no que se tiene contra el marido en el Código civil, de la cual es fiel copia el precepto que anotamos, debido á ella más que al temor del derecho real que adquiere el colono por un arrendamiento prolongado ó por el anticipo de mayor ó menor número de alquileres.

Últimamente, el art. 1.364 de la ley civil formula también otra novedad para el caso d que los esposos estipularan al casarse que no regirá entre ellos la sociedad de gananciales, sin expresar las reglas porque hayan de regularse sus bienes, ó cuando la mujer ó sus herederos renuncien á dicha sociedad.

En estos supuestos—dice el legislador—se observará lo preceptuado en el capítulo que estudiamos, que sabido es trata de la dote en general, perdiéndolo el marido, cumpliendo las obligaciones que en él se determinan, todos los frutos que se reputaran gananciales en el caso de existir aquella sociedad.

Desde luego se observa que la anterior disposición, dictada para un caso poco probable mediando dote, tiende á evitar que la esposa se libre de contribuir á los gastos comunes de la familia, renunciando á los beneficios que pudiera producirle la asociación económica conyugal; y en tal sentido, el precepto legislativo mitiga un tanto la penosa impresión que en el terreno científico venían dejando las prescripciones anteriores, en las cuales los redactores del Código civil, prevenidos constantemente contra el esposo, sólo se preocuparon de cuidar de los intereses de la mujer, con toda suerte de formalidades y sin olvidar el menor detalle, y en cambio no se detuvieron á pensar que en una ley civil sustantiva, en la que la justicia y la equidad deben resplandecer soberanamente, también el marido necesita en determinadas ocasiones de garantías que le faciliten su administración, á fin de que pueda cumplir perfectamente con las obligaciones que su cargo de jefe de la familia le dicta é impone.

En atención á ello, el esposo tiene el derecho de percibir los frutos de los bienes de la mujer, con el objeto de destinarlos al sostenimiento de la familia y á la educación de los hijos, sin que valga la estipulación de que no medie entre los esposos sociedad económica de ninguna clase.

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El Derecho civil extranjero ofrece grandes novedades respecto de la administración y usufructo de los bienes dotales, con relación al Derecho positivo español.

El Código civil de Portugal comprende las disposiciones relativas á las facultades de los cónyuges sobre administración de los bienes, en una sección titulada De los derechos y obligaciones generales de los esposos, aplicable á todos los sistemas matrimoniales; sentando, como regla general, que la administración de la dote corresponde exclusivamente al marido, del mismo modo que la de los bienes comunes y la de los propios y particularísimos de la mujer; pudiendo, sin embargo, ejercerla la esposa en los únicos casos de ausencia ó imposibilidad del esposo, en cuyo supuesto la administradora no puede enajenar los bienes inmuebles sin autorización del Consejo de familia, con asistencia del Ministerio público, y si el valor de dichas propiedades excediese de 100,000 reais, la enajenación se hará necesariamente en subasta pública.

El marido no puede vender bienes inmuebles dotales ni litigar sobre la propiedad ó posesión de los mismos sin consentimiento de su consorte, el cual puede ser suplido judicialmente si la esposa lo rehuse sin justo motivo ó cuando estuviese imposibilitada para darlo. Del propio modo la mujer tampoco está facultada para adquirir ó enajenar bienes, ni contraer obligaciones, excepto en los casos en que la ley especialmente lo permite, sin autorización del marido; pudiendo también aquélla, cuando el esposo negase indebidamente el permiso solicitado, acudir al Juez, el cual, con audiencia del marido, lo concederá ó negará, según lo crea justo y conveniente para los intereses de la familia.

La autorización marital puede darse de palabra, por escrito, ó por hechos de los que se deduzca precisamente, debiendo ser especial para cada uno de los actos que la mujer pretenda realizar, excepto para el ejercicio del comercio, y habiendo de constar en documento fehaciente el permiso para hipotecar y enajenar bienes inmuebles. Esta autorización es revocable si el acto para que fué concedida no se hubiere empezado á ejecutar, pues en caso contrario sólo puede revocarse reparando cualquier perjuicio sufrido por terceros, resultante de la revocación.

El marido responde de las obligaciones que su mujer, según la costumbre del Reino ó con simple comunidad de ganancias, haya contraído con autorización del mismo; pero no de las que, con arreglo á dicho sistema, haya adquirido respecto á bienes ó intereses que privativamente la correspondan. En el caso de que por negativa del marido haya obtenido la mujer autorización judicial, el esposo sólo responde de los actos de su consorte relativos á obligaciones comunes ó que redundaron en beneficio común.

Luis Moutón y Ocampo

(Se continuará.)

Nuestra futura Administración de justicia en África.

Aguárdate la pronta terminación de las negociaciones que han de conceder á España un dominio efectivo sobre zonas determinadas del Imperio marroquí. Desde luego, el adjetivo feliz ya empleado por la Prensa política, no cuadra bien al sustantivo terminación: la finalidad de los tratos representará una dejación por nuestra parte de derechos históricos que hemos cacareado durante siglos, y las fantásticas cláusulas del testamento de Isabel la Católica y los planes que parece acariciar Cisneros de continuar tras el Estrecho la lucha religiosa contra la morisma, se han convertido como resultado práctico en que se nos dejen para gobernar unos cuantos kilómetros quadrados, cuya extensión será no mayor que la de Galicia, ejerciendo para ello una soberanía peregrina de protección hacia un Sultán, figura tristemente desprestigiada entre sus súbditos creyentes, y de colaboración un tanto subalterna con Francia, en quien ha de encarnar el carácter de verdadera tutora del maltrecho Imperio.

Mas dentro de los límites que el tratado futuro nos señale; sus estipulaciones y esa misión por nadie definida,