El Foro español (Madrid. 1898) (1913-05-10 00:00:00), página 5

la como un freno contra los desmanes del poder ejecutivo, y un seguro eficaz de la libertad individual y de los derechos del ciudadano, conquistados á expensas de grandes trastornos y perturbaciones; y hoy por hoy no hay una corriente de opinión bastante poderosa para imponer la anulación ni siquiera la reforma de la mencionada ley, sancionada en 20 de Abril de dicho año, quedando, por fin, instituido el juicio por jurados para determinados delitos, y dando un temporal acabamiento á las enconadas luchas que sostenían los partidarios de uno y otro sistema procesal.

Las limitaciones puestas á la competencia del Jurado obedecieron, no á recelo y desconfianza respecto al buen éxito de la novísima institución, sino al propósito de ensayar el Jurado, apartando de él las dificultades que rodean á toda institución naciente, á fin de que arraigase en nuestras costumbres como un elemento de progreso y no como un foco de perturbación y de descrédito; en una palabra, con la noble mira de ensayar el Jurado de una manera franca, leal y desapasionada, y por esto el legislador excluyó de su conocimiento lo que entrañaba un interés supremo para el principio de autoridad, dejando á salvo de todo peligro las más altas conveniencias sociales.

¿Ha llegado la hora de suprimir las limitaciones apuntadas y de ampliar los horizontes á que puede extenderse el ejercicio del Jurado? Evidentemente no. Sin que esto quiera decir que solicitemos el desarraigo de dicha institución, como muchos pretenden, fundándose en que no ha producido los resultados favorables que eran de esperar de la más encumbrada y valiosa de las instituciones democráticas, cual es la intervención del pueblo en la administración de la Justicia, clave y fundamento primo de todo el edificio social, sin ella todo pueblo, como desgraciadamente sucede en España, es un pueblo muerto.

Las causas principales que van determinando de día en día y de un modo creciente el vergonzoso descrédito del Jurado son tres:

Primera. La escasez de ilustración en la masa general del país, y por ende la falta de cultura jurídica, que es tal, que la noción del derecho no ha penetrado en aquélla; y por falta de preparación no se han podido recoger los frutos que se esperaban de los improvisados jueces de hecho, pertenecientes, generalmente, á las últimas esferas sociales.

Segunda. La casi constante impunidad en que deja el Jurado á los reos por delitos de sangre; impunidad que raya en el olimpismo más escandaloso, que subleva la conciencia pública, y que llegará á determinar una protesta unánime de la opinión contra el Jurado. Al oír estos crímenes y frecuentes veredictos de inculpabilidad, se nota en el público un sentimiento de asombro, de estupor; los jueces de Derecho se llevan con horror las manos á la cabeza, y en el acto acuerdan la revisión por nuevo Jurado, y, justo es confesarlo, absolutamente todas las revisiones acordadas por los magistrados tradicionales, han sido calificadas, por la opinión sensata e impávida, de convenientes, necesarias, justísimas. En esas frecuentes impunidades se ve claramente que la conciencia ha sido sustituida por el capricho, ó lo que es más grave, por el interés, quedando hecha trizas la justicia. Esos escandalosos veredictos de inculpabilidad, en burla ominosa del resultado de las pruebas abrumadoras contra el delinquente, entrañan un peligro social que hay que atajar á toda costa; pues esos errores graves y manifiestos, llamémoslos así empleando el delicado enfermizo de la ley, demostrarán con su peligrosa reiteración que el tribunal de jurados se tambalea, y que su desprestigio y su ruina han de ser inmediatos e incontenibles si adopta como norma constante en los delitos de sangre la glorificación de la chulería y del matonismo y la absolución de los procesados, privando á la sociedad de las condiciones defensivas á que tiene derecho. Y, para mayor escarnio, son tan claros, tan evidentes, los hechos que constituyen el homicidio y el asesinato; está tan arraigado en la conciencia humana el convencimiento de que dichos crímenes sólo producen horror e indignación en todo el mundo, que el legislador no titubeó ni un momento siquiera en someterlos á la vindicta del Jurado, confiando en que éste sería el mejor guardador de los intereses sociales en un punto tan grave como interesante, porque nada vale tanto como la vida del ser humano, porque el castigo del homicida y del asesino interesa al bien del Estado, porque previene la comisión de otros delitos, y porque aleja la posibilidad de que ese mismo delincuente, absoluto contra toda razón y derecho, se alce con mayores bríos á reiterar los mismos repugnantes y lamentables delitos. Por esto es altamente censurable que el Jurado olvide no pocas veces que el delinquente, en respeto á las leyes divinas y humanas, debe expiar su delito, que debe reparar, en lo posible, el daño que causó, y que debe colocarsele en condiciones de no herir nuevamente los intereses del ciudadano, de no perturbar las leyes sociales que voluntariamente infringió. Debe, asimismo, tener muy presente el Jurado que la conmiseración no ha de convertirse en salvo conditio para dejar burlada la vindicta pública y para eludir el castigo que el reo mereció, porque la magistratura punitiva, confiada á los jueces populares, con las elevadas miras que se propuso el legislador, no debe convertirse, en sus manos, en fraude vergonzoso de la ley y de los intereses sociales, en magná latrocínial, aplicando la energía frase de San Agustín.

Y no somos nosotros los primeros que hemos tratado del aspecto mórboico y degenerante del Jurado en la actualidad, como vamos á demostrar.

En la Memoria que redactó, en el año de 1905, el señor Ruiz Valarino, siendo Fiscal del Tribunal Supremo de Justicia, se dolía amargamente de la benignidad excesiva que en los hechos criminosos se notaba en todos los Jura dos, con detrimento de la ley y del mismo Tribunal popular.

En la Memoria que leyó otro Fiscal del Supremo en la apertura de los Tribunales celebrada en 1911, se indica el triste estado de la administración de justicia, y se hacen resaltar como causas de la delincuencia, la falta de cultura e instrucción, la ausencia de todo sentimiento moral, y, sobre todo, la chulería y el matonismo.

En la Memoria que leyó en la apertura de los Tribunales en 1912, el entonces Fiscal del Supremo Sr. Torres Alonso, se hace constar el aumento aterrador, en un año, de 1.419 delitos en la línea de atentados contra las personas, y se hace notar igualmente que ese millar de hechos