El Foro español (Madrid. 1898) (1913-03-30 00:00:00), página 6

dice que «las acciones y omisiones voluntarias penadas por la ley se repitan siempre voluntarias, á no ser que conste lo contrario». La garantía social exigía que así se determinase, sentando a priori el supuesto de la voluntariedad, dejando al cuidado del procesado la prueba en contrario no tratándose de circunstancias eximentes de las que aparezcan manifestas á primera vista, como sucede con el menor de nueve años, el imbecil y el loco. Así como en el orden civil ha sido preciso, para dar eficacia á las leyes, sentar el principio, que trasciende también en su aspecto especial al orden penal, de que «la ignorancia de las leyes no elude su cumplimiento» en materia criminal se hace necesario considerar a priori como delincuente á quien ejecuta los hechos castigados en la ley, pues de lo contrario en un orden con un yo no lo sabía y en el otro con un yo no quería todas las leyes quedarían burladas é inútiles.

Por último; el tercer elemento del delito es el de que la acción ó omisión voluntaria esté previamente penada por la ley. La misma garantía social que exige considerar siempre como voluntarios, salvo prueba en contrario, los hechos punibles, para defenderse así de los posibles abusos de los ciudadanos, exige también, para prevenirse de los Poderes públicos, que no se castigue hecho alguno que con anterioridad no esté previsto y penado por la ley, pues de lo contrario las autoridades podrían abusar considerando como delitos hechos quizá hasta completamente inocentes.

¿Quiere decir esto que el legislador se haya creído tan previsor que no admite la posibilidad de que existan otros hechos dignos de represión que no sean los ya penados por la ley? De ninguna manera; en el art. 2.º se prevé el caso de que los juzgadores se encuentren frente á hechos criminosos no previstos por la ley, pero esto ya dejaremos de tratarlo hasta ocuparnos de comentar el referido artículo; ahora sólo adelantamos que tan prudente y humano se ha mostrado el legislador en este punto, que lo mismo prevé ese caso que el de que la penalidad impuesta á los delitos ya consignados resulte excesiva en atención á circunstancias también imprevistas, determinando igualmente para ese caso lo que ha de hacerse; de lo cual nos ocuparemos del mismo modo al tratar del art. 2.º del Código penal.

Por último, y para terminar el comentario al art. 1.º, diremos que no todo delito responde á una voluntad perversa, aunque sí á una voluntad dolosa; dolosa en cuanto que á sabiendas vulnera la ley, no perversa en cuanto que no es reveladora de verdadera perversión moral. Nos referimos á que no todos los actos humanos están prohibidos y constituyen, por lo tanto, delito por ser malos, sino que, por el contrario, algunos sólo son malos porque están prohibidos; es decir, que á los unos se les llama en la ciencia penal mala quia prohibita y á los otros prohibita quia mala; vr. gr.: el contrabando es un acto que constituye delito sólo porque está prohibido, no porque el hecho en sí sea malo; mientras que el robo está penado porque es malo, sin que deje de serlo aun cuando no estuviese castigado. Los unos afectan al orden social y moral, los otros solo al social y á veces sólo al político, y sólo son penables en cuanto y mientras puedan afectar á una organización especial y á veces hasta de momento, pudiendo dejar de ser delitos si la organización ó situación á que responden varíase, haciéndolos innecesarios.

Y nada más, de lo mucho que podría escribirse con relación al artículo que encabeza nuestro Código penal. Su interpretación elemental es la que queda expuesta, no contradicho por la doctrina del Tribunal Supremo y en una gran parte confirmado, que es la norma que nos proponemos seguir en estos breves comentarios con el fin de que puedan tenerse presentes al aplicar la ley por los encargados de ello ó alegrarse ante los estrados por los encargados de ellas con verdadera autoridad de cosa juzgada (1).

L. FARRIO Y MORAYTA,
Abogado.

TRIUNFA EL SUELDO

Hasta la Gaceta de Tribunales, órgano aristocrático de algunos Colegios de Secretarios judiciales ó órgano de algunos aristócratas funcionarios de esa clase, que con tanto ardor ha defendido el Arancel antiguo y el moderno, recoge en sus columnas, aunque nada diga de Redacción, el siguiente trabajo, que con mucho gusto reproducimos:

«CÚMPLASE EL DECRETO

Las protestas lanzadas en la Cámara popular contra los novísimos Aranceles judiciales, puntual y debidamente contestadas en esta Revista y la digna y gallarda actitud con que fueron rechazadas, me ofrecen motivo para dar expresión á interiores y arraigadas aspiraciones, tanto más sentidas cuanto menos satisfechas, que en vano persigue desde hace tiempo una buena parte del Secretariado judicial.

No pretendo con ello atribuirme representaciones que no me están conferidas, ni siquiera interpretar en forma más ó menos auténtica, la manera de sentir y apreciar la cuestión por parte del Cuerpo en general. Precisamente, siempre he creído, y sigo oyendo, que si nuestra clase no ha obtenido aún la serie de reformas ventajosas para su organización y su porvenir como elemento activo e indispensable de la Administración de justicia, no es por falta de justificación en sus demandas, sino por carencia de cohesión y unidad en sus pretensiones, algunas de las cuales, lejos de armonizar y fundir los generales anhelos de mejora, pugnan, se contraponen y se fraccionan dificultando en grado sumo un cabal conocimiento de las mismas.

Esto, no obstante, no ha de ser parte á impedir que cualquiera que sea la cantidad de opinión representada (porque alguna y muy importante es indudable que existe) refleje yo del modo más claro que me sea posible, el deseo vehemente que abriga esa parte del Secretariado judicial de ver realizado y aplicado el Real decreto que refrendara el actual Ministro de Gracia y Justicia en 1.º de Junio de 1911, en lo que respecta á la dotación de sueldos.

De manera provisional y pasajera estableció dicha Real disposición la vigencia de los actuales Aranceles por concepto al expresar que se procedería á su formación mientras las necesidades del Tesoro no permitieran consignar la cantidad precisa para satisfacer los sueldos que el mismo decreto señala á los Secretarios. La oportunidad no ha

(1) Esta aseveración la confirma el detenido examen de la jurisprudencia con que principalmente quiere inspirar sus trabajos, para que sean prácticos, el autor de estas líneas.