El Foro español (Madrid. 1898) (1913-01-10 00:00:00), página 5

por no haber existido, ó porque siendo puramente moral y sin consecuencias materiales demostradas, es civilmente irreparable.

Esto es tan incongruente, que aún dentro de las omnímodas facultades reguladoras (exclusivas de los Tribunales de lo criminal), es necesario que el perjuicio material exista para que aún ad libitum pueda ser regulado. Si la cosa existe se restituye; si ha desaparecido se avalora; si se trata de un mal material ocasionado al cuerpo, siempre de imposible reparación, pero apreciable, se regula; pero si el perjuicio es simplemente moral, sin materiales consecuencias, éste no es susceptible de valoración ni de indemnización; así lo dió á entender el Tribunal Supremo en su sentencia de 6 de Diciembre de 1852, no desvirtuada por el Código civil, que sin afirmar en su doctrina el que no pueda concederse indemnización al injuriado que demuestre un daño material, vino á sentar la lógica afirmación de que, sin daño material en la persona ó en los intereses, no hay indemnización posible.

Veamos ahora de resolver la segunda cuestión. El que á los Tribunales civiles acude renunciando su acción y derecho de dirigirse á los de lo criminal, si las leyes civiles habrá de atenerse para hacer valer sus derechos del orden civil, aunque de delito no declarado provengan.

Renuncia al castigo del culpable (cuando el delito es privado); no quiere responsabilidad alguna como querellante; lo que pide, es conforme á la ley común. ¿Va acaso á fundar una demanda civil en los artículos del Código penal invocándolos ante el Tribunal civil, que en lo penal carece de jurisdicción?

¿Es que va á estar á lo beneficioso, en cuanto á la reparación de un daño, sin tener obligación de probar éste ni el delito, impidiendo al reo sólo presunto que sobre la naturaleza del hecho pueda promover todo incidente? ¿Es que el civilmente demandado, tiene obligación de pasar por delinquente, al efecto de que el Tribunal pueda regular sin pruebas; y que sólo tiene derecho, y obligación de probar la menor cuantía de un daño que no admite como existente ni como regulable?

Si se invoca el artículo 1.902 del Código civil, para sostener que éste se desentiende en absoluto de toda conexión civilmente justiciable, en cuanto á las obligaciones provenientes de delito, y de tal modo que no les es aplicable la ley Civil, deberemos, á contrario, sostener también que el Código penal, al hablar de regulaciones, se refiere al solo ejercicio de las leyes penales ante el Tribunal de lo criminal.

Y siendo, como es, así, ¿de dónde la competencia de los Tribunales civiles para aplicar las disposiciones del Código penal, que presuponen la declaración de un delito hecha por el Tribunal competente?

¿De dónde, si se prescinde de la acción penal, esa facultad de los Tribunales civiles de condenar sin que pruebe el actor, puramente civil, y de regular á su arbitrio la cuantía de aquello que únicamente se litiga?

Porque si haciendo por enturbiar lo que está claro se sostiene, por una parte, que la jurisdicción para entender de las obligaciones civiles provenientes de delito es, conforme al art. 1.902 del Código civil, materia que se rige por la ley Penal, y por otro lado se afirma que el mismo Código Penal y la ley de Enjuiciamiento criminal establecen que tales acciones pueden revestir, al ser ejercitadas separadamente de las penales, un carácter exclusivamente civil, nosotros tenemos derecho á preguntar:

Pero, señores, ¿cuál es la acera de enfrente...?

Lo que hay en esto, es que la acción civil proveniente de delito, cuando se entabla con renuncia de la penal, sin que el delito pueda ser declarado, por acudirse al Tribunal civil, es exclusivamente civil, y no puede serle aplicada disposición alguna del Código penal.

¿Quién puede dudar de esto, cuando el demandante y demandado pueden transigir civilmente, en cuanto al importe de lo debido, lo mismo que en un juicio civil ordinario?

¿Quién, si se tiene en cuenta el absurdo jurídico que resultaría de admitir que el Tribunal civil puede partir de la criminalidad, no declarada por el Tribunal competente, y regular, como si tal criminalidad se hubiese declarado, la entidad y cuantía del perjuicio como prolongación de pena debida?

El ejercicio de la acción civil, con desligamiento de la penal, no puede prologar una jurisdicción á los Tribunales civiles que sólo la tienen para aplicar la ley Civil, y mucho más cuando el que sólo civilmente reclama, renuncia al procedimiento adecuado á la Justicia penal.

Es, pues, la debatida cuestión de la indemnización civil por injurias, una simple cuestión, más bien que de justicia, de orden procesal.

En nuestro juicio queda resuelta, deduciendo de lo expuesto: 1.º, que la indemnización civil es procedente, cuando del mal moral se origina ó nace un perjuicio que trasciende al orden material, y 2.º, que jamás el Tribunal civil puede otorgar, sin pruebas, la indemnización pretendida y menos regulará, á su arbitrio, por ser ésta facultad privativa de los Tribunales de lo criminal.

Piense cada cual como juzgue mas acertado, pues nosotros no pretendemos venir á decidir la polémica, sino á dar á conocer una opinión respetando siempre la ajena, y dispuestos á convencernos de lo contrario, si hay quien nos lo demuestre.

SEBASTIÁN ARECHAVALA

PODER JUDICIAL Y ADMINISTRACIÓN DE... JUSTICIA

Es de tal importancia el cometido de los Jueces, que no admira se haya considerado el que ejercen como un verdadero poder, independiente en su esfera como cualquier otro. Deben, pues, ser estrictamente reguladas sus atribuciones, de modo que ni les falte nada para cumplir los fines á que se hallan ordenados, ni puedan extralimitarios en perjuicio de las libertades públicas y en menoscabo de los propios intereses de la justicia.

Cuando un pueblo llega á estimar en lo que valen la libertad civil e individual, sabe muy bien que el proceso criminal ó el pleito civil puede convertirse en terrible medio de opresión de aquéllas. En vano fuera que los pueblos se esforzaren en luchas titánicas para conseguir que en los