El Foro español (Madrid. 1898) (1913-09-10 00:00:00), página 12

obtenido declaración firme de ser pobre en sentido legal, ó si, por el contrario, atendida su fortuna, los signos externos de su estado social y la manera como se haya defendido ó gestionado en el juicio, se encuentra en la clase de rico.

Este artículo que, salva su primera frase, se refiere sólo á los recursos de queja es, en lo que respecta á su tercer párrafo, de imprescindible observancia siempre que no se trate de recursos admitidos de derecho.

Pero como al no denegarse, el testimonio de que habla el primer párrafo, no ha lugar á expedir la certificación mentada en los segundo y tercero, los particulares sobre solvencia ó insolvencia se vienen haciendo constar, en defecto de esta certificación, en aquel testimonio. Mejor aún sería (algunas veces se hace así, con el beneplácito de la Sala) que tales particulares y los que á continuación del artículo 881 se consignarán, se certifiquen siempre en la de emplazamientos, para evitar, cuando no comparece el recurrente con el testimonio que se le entregó, ya tasaciones de costas que resultan inútiles por la insolvenza, conocida á des- tiempo, de quien fué objeto de un auto de deserción, ya el libramiento de órdenes para conocer algún extremo necesario en la práctica de aquéllas. El considerar que pende de la variable voluntad del recurrente la llegada del testimonio al Tribunal de casación, robustece la apuntada conveniencia.

Cuando no se hubiere terminado ó recibido en el Tribunal inferior la pieza separada de responsabilidades civiles del recurrente; cuando éste, poseyendo bienes de fortuna, los tuviere embargados y afectos en su totalidad á las responsabilidades del proceso ó otras independientes; y cuando exista una demanda de pobreza pendiente de resolución, deben consignarse así mismo estas circunstancias en la certificación aludida; si bien la concurrencia de cualquiera de las dos primeras queda subordinada al informe que el Tribunal sentenciador emita en cumplimiento del presente artículo, y subordinados quedan, á su vez, tanto los efectos de tal informe, si es favorable á la insolvenza, como los beneficios a priori concedidos á quien se propuso acreditarla, al resultado que ofrezcan las diligencias respectivas para exigir ó no la constitución del depósito y pago de las costas.

El procedimiento que, en su caso, se adopta para la tramitación del recurso, se halla respectivamente regulado por el artículo 123, «Sólo podrán ser habilitados como pobres», cuyo caso 5.º dice: «Los que tengan embargados todos sus bienes ó los hayan cedido judicialmente á sus acreedores, y no ejerzan industria, oficio ó profesión», y por el 131 que determina: «El que entablará la pretensión de pobreza tendrá derecho á que desde luego se le otorguen los beneficios legales de la misma, sin perjuicio de lo que definitivamente se resuelva.»

Basta, naturalmente, que, en su caso, se haga constar en la certificación aludida que la parte que recurre está declarada insolvente en todo ó en parte, ó habilitada para la defensa por pobre, por serlo en sentido legal, ó comprendida en la clase de rico; basta que, también en su caso, se consigne que el interesado dedujo demanda de pobreza, pendiente aún de resolución; pero no es bastante á justificar la remisión directa del testimonio, autorizada por el artículo 860; ni á determinar, por consiguiente, que el recurso se trámite como para recurrente pobre, la sola mención de no haberse recibido en el Tribunal sentenciador, ó hallarse aún sin resolver, ó no haberse incoado—ya por tratarse de parte acusadora, ya por versar el hecho sobre un juicio de faltas—la pieza separada de responsabilidades civiles de quien haya preparado recurso.

La Sala exige una manifestación concreta, terminante á este respecto. Deben, pues, los Tribunales sentenciadores hacer constar en la certificación correspondiente, si no la resolución que puso término á las pre- citadas diligencias, por no ser esto posible, lo que, á su juicio, se infiere de la segunda hipótesis del último párrafo del artículo 885; bien entendido que aquélla estima que, desde la preparación del recurso, viene obligada á conducirse y gestionarse en él como solvente, toda parte acerca de la cual no se dé por el Tribunal inferior un informe preciso en contrario.

La no adaptación completa á este criterio y la omisión de detalles para ajustarse á él en cada caso, dan lugar á no pocas devoluciones de testimonios indebidamente remitidos de oficio, para que, con nuevos emplazamientos, sean entregados á los recurrentes; y obliga también á dirigir órdenes para recabar la manifestación concreta y terminante que apuntada queda; todo ello con la consiguiente paralización del procedimiento, y aumento de trabajo, no inútil, pero si evitable, que viene á entorpecer más ó menos el normal desarrollo de la diaria e inapazable labor de las Secretarías.

Abundan los testimonios de sentencia ó auto recurridos en que se transcriba literalmente, á continuación de la parte dispositiva, el escrito de preparación del recurso y la resolución del Tribunal sentenciador, teniéndolo por preparado; y ni la ley exige esa transcripción completa, ni es necesaria para iniciar la tramitación que deba darse. Basta consignar á modo de extracto—y aun de ello puede prescindirse si se hace constar en la certificación de emplazamientos,—la fecha en que se hizo la última notificación á las partes y la en que fué presentado el escrito de preparación del recurso, ó si éste se preparó en el acto de publicarse la sentencia, como se preceptúa para los delitos infraganti.

Artículo 859. Librada la certificación de que se habla en el artículo anterior, se emplazará á todas las partes para que comparezcan ante la Sala regunda del Tribunal Supremo, dentro del término improrrogable de quince días, si se refiere á sentencias dictadas por Tribunales que residan en la Península; de veinte días, si residen en las Islas Baleares, y de treinta, si en las Canarias.

En los términos concedidos para comparecer ante la Sala de casación, no se cuentan los días festivos.