El Foro español (Madrid. 1898) (1912-02-10 00:00:00), página 8

pensables para que la Sala pudiera apreciarlas debidamente y fijar los rigurosamente justos, después de analizados oportunamente, los elementos que para formar juicio se hubiesen ofrecido y habrían podido ser contrastados con las alegaciones de las partes, en previsión legal y moralmente de que no procediéndose así, pudiera correrse el riesgo de compelir efectivamente á los demandados á pagar una cantidad que rebasase los límites de lo debido, pues en lo humano todo reconoce un límite, dada la naturaleza finita y limitada de la existencia y de las cosas.

Considerando bajo este concepto, que habiendo renunciado á la prueba la parte actora, forzosa y fatalmente hay que afirmar que ha quedado improbada la demanda, y por ende, que no hay términos legales para diferir á ninguna de sus pretensiones; porque no es hecho, ni en el ejercicio de la jurisdicción civil hay ley ni disposición alguna que deje al prudente racional arbitrio del juzgador apreciar en coincidencia como hechos probados á la manera que en los Tribunales de lo criminal, los alegados por uno de los contendientes para fijar la cuantía de lo que se dice debido surgen que se den términos de comprobación para ello, siguiendo lo que se exija ya por la novísima legislación civil la prueba, sino meramente la apreciación de la aduana y su administración con sujeción á las reglas del criterio humano, de todo lo cual se infiere como lógico corolario, que no hay posibilidad en estricta justicia, para estimar que los demandados D. Alfredo Vicenti Ray y D. Miguel Moya sean directa ni subsidiariamente responsables, y vengan obligados á pagar por daños y perjuicios, con ocasión de la falsa noticia que publicó El Liberal y que rectificó posteriormente el mismo periódico, que en los autos alega habrá tomado de otro diario de esta Corte que designa por su nombre y que no ha sido demandado, á pesar de haberse publicado en su edición de la noche, con anterioridad á El Liberal la fingida noticia, después de desmentida:

Considerando que es uniforme y constante la jurisprudencia establecida por el Tribunal Supremo en reiteradas sentencias, en cuya doctrina se apoya el criterio sustentado por el suscrito para proponer por falta de prueba, la absolución total o parcial de la demanda formulada por la representación de la menor doña María Josefa Mussó y Garrigues, porque en aquellas resoluciones se proclama por tan Alto Tribunal la de que no son estimables los perjuicios que no resulten justificados en el pleito ó cuando para la estipulación de su cuantía no se fijan las bases necesarias para apreciarlas en el período de ejecución de la sentencia á justa regulación de peritos, pudiendo citarse entre otras las de 27 de Febrero de 1874, Gaceta del 8 Abril; sentencia de 25 de Febrero 1867, Gaceta del 28; sentencia de 22 de Enero 1875 Gaceta del 24 de Marzo; sentencia de 22 de Marzo de 1875, Gaceta del 13 de Agosto; sentencia de 9 de Marzo 1866, Gaceta del 21; sentencia de 26 de Mayo 1866, Gaceta del 8 de Julio; y las de 29 de Febrero de 1902, 16 de Septiembre de 1903, 2 de Marzo de 1904, y 7 de Junio de 1907:

Considerando que de todo lo expuesto en los precedentes fundamentos se deduce que, sin haberse intentado la prueba en esta litigio por la demandante, no hay posibilidad legal de hacer una declaración de hechos probados para faltarle, pronunciando una sentencia que culmine en perjuicio de quienes se oponen rotundamente á que prosperé la demanda por no haberse acreditado legalmente que estén obligados al recargo de perjuicios, y menos en la cuantía que se les exige, á no ir contra el axioma de derecho actore non probante reus es absolutus, en lo que ingiere el principio fundamental de que toda resolución judicial debe ser dictada en vista de lo alegado y probado; razones todas por las que, y muy especialmente, porque, es terminante, catégorica y preceptiva por modo absoluto, la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia de 6 de Diciembre de 1882 Gaceta de 12 de Abril de 1883, por la que se establece «que no siendo valorable el honor, no es posible fijar la cantidad en que consista el perjuicio ni imponer al delinquente, con sujeción al art. 18 del Código, como responsabilidad civil consiguiente á la criminal, la de pagar una indemnización al ofendido»; doctrina legal de que no cabe apartarse por lo explícito de sus términos, y que, á juicio del que expone, es de indudable aplicación al caso controvertido en estos autos, y que viene á confirmar las opiniones de algunos comentaristas de nuestro derecho positivo, indudablemente inspirada en los precedentes del derecho originario de Roma, sin que por esto, por la sanción de tan alto Tribunal, sea factible, sin rebasar las líneas de la esfera del Poder judicial, limitado en los Jueces y en las Salas de justicia de las Audiencias á la aplicación y debida interpretación de la ley y de la doctrina del Supremo, marcar o iniciar una nueva orientación respecto de la letra y espíritu de las mismas, esto es, de la legislación y la jurisprudencia, según, al parecer, se pretende por la parte actora, lo que sólo es función y facultad privativa, en su caso, del repetido Supremo Tribunal, cuya misión augusta cuando en su superior juicio entienda que un nuevo ambiente determine la evolución en la jurisprudencia sobre esta materia ó otra legal, es evidente que puede ejercerla soberanamente, iniciando nuevos derroteros en cada caso de los que se eleve á su resolución; pero que es lo cierto que su jurisprudencia, hasta el día, aparece—respetuosamente estudiando la citada sentencia de 6 de Diciembre de 1882—que se inspira en el criterio racional de que el honor sólo puede vindicarse ó repararse en parte, mediante el ejercicio de la acción penal que tras aparejada con la pena la privación ó suspensión de los derechos políticos del ciudadano durante el cumplimiento de la condena con la consiguiente multa pecuniaria que se estimare ó impusiere al ofensor:

Considerando, finalmente, que no es práctica consuetudinaria que al litigante que ha sido absuelto por el Juez inferior se le impongan las costas de primera instancia por el Tribunal de apelación, aun cuando por este se modifique ó revogue el fallo apelado y se le condene en la segunda al pago y cumplimiento de lo pedido en la demanda como se observa en la sentencia de esta Sala, en lo que respecta al pronunciamiento referente á las costas, en el que se condena á su exacción á D. Alfredo Vicenti y á D. Miguel Moya, Presidente éste de la Sociedad Editorial de España, pues á mi parecer, y salvando todos los respetos debidos al fallo, no merece en estricta justicia la calificación de temerario que implica una condena de costas, la parte ó sea el litigante que sale al pleito obligado por la demanda, ó mejor dicho, que ha sido emplazado para contestarla y á quien después, estimando su profesión, se le abuse por el Juzgado; razón esta que explicaría por sí sola esta voto particular, aun prescindiendo de las anteriormente consignadas, pues á juicio del que la formula no procede hacer expresa imposición de costas de primera ni de segunda instancia por, que no cabe apreciar temeridad en ninguna de las partes, en cuanto que es ostensible que la cuestión debatida en este litigio ha motivado distintas opiniones entre el Juez y Magistrados llamados á conocer del mismo:

Vistas las disposiciones citadas por las partes y fundado en las precedentes consideraciones que sirvieron de base y fundamento al Magistrado que suscribe al emitir verbalmente su voto proponiendo á la Sala la absolución de los demandados D. Alfredo Vicenti y D. Miguel Moya, Director y Presidente, respectivamente, del periódico El Liberal y de la «Sociedad Editorial de España», de la demanda entablada por la representación de la menor doña María Josefa Mussó y Garrigues, sin expresa condenación de costas de ambas instancias, é insistiendo en los mismos razonamientos al formularlo por escrito en el libro de votos reservados, en virtud del derecho que le concede la ley, es ratifica en su opinión, reiterando, sin embargo el respeto que le merece la de sus dignísimos compañeros. Madrid 21 de Diciembre de 1911.—Estanislao Chaves.