El Foro español (Madrid. 1898) (1912-03-20 00:00:00), página 3

tele á mi ilustrado amigo Zapatero, que sus estudios acerca del Decreto de 1911, y en general acerca de la organización de los Tribunales, al menos por mí, no están olvidados: los conozco, los conservo, los medito. Cónstele también que admiro su civismo y el amor á su nueva carrera, que revelan su persistente deseo de zanjar el pleito de intereses personales que cree pendiente entre secretarios y jueces, aunque yo no creo en la existencia de ese pleito, y afirmo que de existir carecería de verdadera importancia.

Esto dicho en disculpa de mi anterior silencio, por una vez, y con el propósito de no entablar ahora discusión, permitame mi amigo Zapatero que rectifique dos afirmaciones de su artículo, publicado por la Revista de Tribunales el 9 de este mes.

Dice allí:

«En Mayo de 1908 un distinguido diputado presentó en el Congreso una proposición de ley que fué tomada en consideración.

Los principales extremos de esta proposición de ley, tomada en consideración y por tanto que tiene estado parlamentario, esto es, que ha dejado de tener carácter individual para pasar á ser proposiciones de la absoluta y exclusiva pertenencia de las Cortes, á lo que es lo mismo, del primero y más alto poder del Estado, que es el Legislativo, sin votación ni discusión, fueron decretados por el Poder ejecutivo».

Es cierto, sí, que en la fecha citada se presentó la proposición, precisamente por la misma ilustre personalidad á la que el señor Zapatero supone inspiradora del decreto de 1.º de Junio —y yo afirmo que lo es— porque así lo he oído al propio ministro que lo refrendó; pues, fuera del orden judicial, á nadie parece extraño que los secretarios y auxiliares técnicos de cualquier orden tengan iniciativas, y se citan y reconocen éstas en su elogio. Pero aquella proposición de ley dejó de tener existencia parlamentaria al disolverse las Cortes á que se presentara y que la tomaron en consideración. Así, de conformidad con el principio constitucional de la renovación de las Cortes, lo establece el art. 94 del Reglamento del Congreso, lo mismo que el 125 del del Senado.

Por consiguiente, es forzoso absolver al Decreto y á su inspirador del pecado contra el Poder legislativo, de que tan injustamente le acusa el señor Zapatero, para el cual, sospecho yo que aquél ha venido un poco tarde.

Y vamos á la segunda afirmación: que desea rectificar:

«Los funcionarios de la carrera judicial y fiscal, dice el señor Zapatero, nos alarmamos en vista de la interpretación que daban los Escribanos (el antes entusiasta defensor del Secretariado, digo) para hacerse acreedores á determinados artículos del aludido Decreto, á que entre otros acuerdos y actitudes hizo que «los legistas presticiosos y funcionarios judiciales obtuvieran la simpatía del público en general (basta que el señor Zapatero lo afirmé), y primero en la Cámara alta y luego en la popular, se formularon objeciones al articulado del Decreto... que fueron contestadas por el ministro reivindicante desvirtuando la interpretación que respecto del mentado Decreto exponían caprichosamente los Secretarios judiciales».

¿Cuándo, dónde expusieron caprichosamente los secretarios judiciales esas interpretaciones, que fueron desvirtuadas? Porque los reparos que el senador señor Álvarez Guijarro hizo al Decreto no fueron motivados por actos de los secretarios, ni por la interpretación que éstos dieran al Decreto. Referíanse unos á las categorías judiciales otorgadas á los secretarios, los cuales secretarios, antes de que el ministro, contestando la interpelación lo dijera, sabían muy bien á qué atenerse, y que su ingreso en los cargos activos de la judicatura y magistratura habría de ser por el cuarto turno, para el cual el propio señor Álvarez Guijarro les reconoció en aquella solemne ocasión derecho, aptitud y condiciones preferentes. Otro reparo lo motivó la errata de imprenta cometida en la Gaceta al suprimir, al comienzo del artículo 34, la preposición en, apareciendo «los secretarios tendrán la práctica de las diligencias», etc., en vez de «en la práctica de las diligencias», y el señor Barroso rectificó el error enseñando el texto mismo del original del Decreto firmado por S. M.; texto que, por lo menos los secretarios de Madrid, conocimos antes de esa ocasión, porque advertidos del error nos habíamos apresurado, naturalmente, á acudir al Ministerio para leerlo.

De la interpelación hecha en el Congreso, ni de ningún otro texto, ha podido sacar el señor Zapatero eso de las caprichosas interpretaciones, que tampoco nos dice en qué consisten.

Si, reconozco ser verdad que los funcionarios de las carreras judicial y fiscal, no todos, pero sí en su mayoría, se alarmaron por el Decreto, mas no fué porque los secretarios lo interpretaban caprichosamente, sino por... bueno, y además de lo que pueda suplirse en estos puntos suspensivos, por la perspectiva de que se cumpla la ley Orgánica en lo que al cuarto turno se refiere; que una cosa es ampararse en la ley para defender lo que se estima un derecho, y otra poseer la necesaria ecuanimidad para respetar lo que en ella contraría nuestros particulares intereses.

En este punto, también quiero decir que no conozco esos tres dictámenes de jurisconsultos, que según el señor Zapatero profezaban la ilegalidad de todo nombramiento que para cargos de juez ó magistrado puedan recaer en secretarios judiciales; pero me atrevo á suponer que no serán sus conclusiones tan concretas y terminantes, porque no se ha podido ocultar, lo que vemos con toda claridad muchos modestos letrados, á esas tres incógnitas eminentes del foro, una de las cuales tanto ha enojado al señor Zapatero, cobrando su trabajo profesional á los que lo solicitaron, y que, aunque pobremente, cobran el suyo del Estado.

No serán tan concluyentes esos dictámenes, y sea de ello lo que quiera, yo que por irreflexivos impulsos ancestrales he de ver en el conjunto «Tribunal de justicia» algo distinto y muy superior á la simple suma de criterios, voluntades y prejuicios de los hombres que lo forman, aun sabiendo que el pleito habrá de fallarse en definitiva por los mismos que han exteriorizado su enojo contra el Decreto, tengo la seguridad absoluta de que el secretario judicial nombrado juez ó magistrado, equiparando el ejercicio de su cargo, en determinadas condiciones, al ejercicio de la profesión de abogado, no habrá de dejar su puesto porque una sentencia anulara el nombramiento.

Y, como el caso puede llegar, y llegará, veremos lo que ocurre.

Antonio Aguilar

CARTA ABIERTA

Excelentísimo Señor Ministro de Gracia y Justicia

Respetae señor y jefe: Un humilde Secretario Judicial y servidor vuestro tiene el honor de dirigiros esta epístola, en la seguridad de que, si llegáis á leerla, os in-