El Foro español (Madrid. 1898) (1912-03-20 00:00:00), página 10

bien de la sociedad; y para conseguirlo está plenamente justificada en un lapso de medio siglo, la intervención de los Colegios en las oposiciones, no sólo del de Madrid, que no es superior á los demás, todos con organización propia dentro de la ley, y todos con las mismas condiciones de suficiencia y prerrogativa.

Nadie mejor que el hombre ilustre y jurisconsulto universalmente proclamado, que rige hoy los destinos Notariales desde el Ministerio de Gracia y Justicia como Notario mayor del Reino, título pocas veces tan merecido, puede acabar de una vez con las reformas y creaciones gubernativas sin estudio ni preparación conveniente, que á pesar de la buena intención que se les supone, destruyen la organización científica Notarial, dañan, perjudican y vejan; nadie mejor para presentar al estudio de la opinión y de sus representantes en Cortes un proyecto de reorganización perfecto y científico para rejuvenecer la ley de 1862, que fue sin duda un paso de gigante en esa obra nacional y de be conservarse en su esencia, purificándola de los parches que la afean y desnaturalizan.

RAMÓN NOVOA SEOANE

De Tribunales

(Notas de la decena).

La Sala primera del Tribunal Supremo ha dictado sentencia en el recurso plantead por el Letrado Sr. Cobian y Fernández de Córdoba respecto á la responsabilidad de los Procuradores en lo que atañe al pago de honorarios á peritos, de cuyo asunto me ocupé en mis anteriores notas.

La doctrina que establece es la siguiente:

«Considerando que ya jurisprudencia establecida por esta Sala que el procedimiento especial de apremio señalado en los arts. 8.º y 12 de la ley de Enjuiciamiento civil, no alcanza á la reclamación de los peritos, porque éstos fijan discrecionalmente sus honorarios con relación á la importancia en que estiman sus servicios, y el art. 359 de los aranceles sólo autoriza aquel procedimiento para el pago de los suplementos hechos; honorarios de Letrados y derechos devengados con arreglo á sus disposiciones».

¿Quién habrá de decir que el que os escribe estas modestísimas líneas hubiera de indicar á un supuesto criminal cual era su víctima?

El caso fué que allá por Diciembre del 1910 me encontraba cumpliendo mis deberes profesionales presenciando unos debates en la Sala de lo civil del Tribunal Supremo, cuando un sujeto nada sospechoso me preguntó:

—Caballero, ¿tiene la bondad de decirme quienes son los Letrados que intervienen en este asunto?
—Con mucho gusto. Este señor (indicando al que ocupaba el escaño de la derecha) es D. Juan de La Cierva.
—¿El ex-ministro de la Gobernación?
—El mismo.
—Muchas gracias.
Y salió de la Sala á los pocos momentos, en la misma tranquila actitud en que penetró en ella.

Mi asombro creció de punto cuando leí en la Prensa, á las pocas horas de corriido el anterior diálogo, que un sujeto, cuyas señas coincidían con mi interlocutor, había atentado contra la vida del Sr. La Cierva en la calle de Alfonso XII, que había sido detenido, y que se le ocupó una pistola con varias cápsulas.

El sujeto en cuestión, que se llama Francisco San Millán, ocupó el banquillo hace unos días y reprodujo su declaración sumarial manifestando que no tenía que cometer y que simuló el atentado para ingresar en la Cárcel Modelo.

No puede estar quejoso del buen trato que se le dispensa, pues lleva en la carcel quince meses y medio y lo que coleta, pues la vista se suspendió por falta del policía que lo detuvo.

¡Que sea enhorabuena!

El ilustre jurisconsulto, D. Salvador Raventós, ha debatido un punto de derecho foral de excepcional importancia.

Una señora, sintiéndose gravemente enferma en Barcelona, hizo manifestación ante dos testigos, uno varón y otro hembra, acerca de su última voluntad.

Ocurrió el fallecimiento, y la heredera pidió la protocolización de esta expresión testamentaria, previa la declaración y juramento de los testigos en la Iglesia de San Justo y Pastor, con arreglo al Derecho Catalán.

Un hermano de la testadora se opuso á la protocolización, y el Juzgado y la Audiencia fallaron que no había lugar á declarar como testamento aquella manifestación, porque tanto la legislación común como la especial de Cataluña inhabilitaban á las mujeres para ser testigos en los testamentos, salvo el caso que consigna el art. 701 del Código civil.

El Sr. Raventós, en un brillante informe, fundó el recurso en que el caso de excepción, por lo que se refiere á la mujer, en el Derecho foral es el testamento sacramental.

Estas fueron las notas más salientes de la decena; veremos si las próximas ofrecen mayor novedad.

UNO DEL FORO

ENSAYOS PARA UNA EXPOSICIÓN ELEMENTAL de Derecho Civil Español (1).

II

Capacidad de las mujeres casadas para contratar en general y para enajenar los bienes dotales y los parafernales.

Nunca, desde las primitivas organizaciones familiares hasta la promulgación de las leyes civiles vigentes en todos los países, se han conocido iguales atribuciones á las mujeres casadas que á los maridos. La supeditación de aquellas á éstos, la merma de sus facultades jurídicas, la restricción, en una palabra, de su capacidad, lemas son que se han leído y leen en todos los Códigos. El marido es y ha sido siempre jefe de la familia, en unas épocas absoluto, majestuoso; en otros tiempos apacible, patriarcal; en otros, tierno, moderado; pero al fin y al cabo siempre jefe, siempre prevaleciendo su voluntad, dictando sus órdenes, imponiendo su voz y voto. Verdad es que ya no está la mujer sometida á aquella tutela rigida e intolerable del Derecho romano; verdad también que en la familia católica la figura de la mujer se levanta, ensalzada y brillante, sobre un pedestal de amor y de cariño; pero aun puede afirmarse que la mujer cuando se osa entra in mana mariti. ¡Qué otra cosa sino esto viene á decir nuestro mismo Código al establecer que el marido debe proteger á la mujer, y ésta obedecer al marido! ¿No implica algo así como sumisión, como acatamiento forzado al poder marital?

Pero dejemos aparte estas reflexiones, que nos conducirían muy lejos, y vamos á contestar estrictamente la pregunta, que dividiremos en dos partes: capacidad de la mujer casada para contratar en general, y capacidad de la

(1) Véase núm. 509.