El Foro español (Madrid. 1898) (1912-10-10 00:00:00), página 7

cluso contra intrusiones y abusos de los futuros ocupantes del territorio; nada debe disminuir el prestigio de los ca- dés, y éstos han de encontrar en los Jueces españoles colaboradores de la ejecución de sus sentencias; si es que para ello los necesitan; pues no ha de olvidarse que el mu- slimán acata siempre los fallos de sus Jueces y no con- cibe ni aun el derecho de apelación: según su criterio, un pleito sólo puede ser sentenciado una vez.

Los asuntos civiles que no interesen especialmente á musulmanes, que por sus antecedentes no proceda sean re- suelto con arreglo á las leyes y costumbres marroquíes, clasificación delicada, pero indispensable, deberán ser so- metidos á los Tribunales españoles; para ello convendrá sostener como de aplicación casi íntegra nuestra legisla- ción sustantiva: Códigos civil y mercantil, leyes de pro- piedad intelectual é industrial, las mismas protectoras de la infancia y el trabajo; sólo habrá de arbitrarse una le- gislación hipotecaria adaptable á las tradiciones y á los usos locales, y llegado el caso, no holgaria meditar si he- mos de trasladar más allá del Estrecho nuestro sistema de escrituras descriptivas, no siempre muy claras, y de registros que han de recoger forzosamente estas oscurida- des ó implantar un catastro que sea á la vez archivo topo- gráfico y legal y cuyos antecedentes formen títulos de pro- piedad algo semejantes á los que admite la conocida ley de Torrens.

Nuestro sistema procesal no es de exportación: los in- numerables incidentes, recursos, traslados, copias, reque- rimientos y notificaciones que la ley de enjuiciar admite no responden á la precisión de los trámites ni á la rapidez de su marcha sucesiva. La novedad de una justicia euro- pea en Marruecos no ha de chocar por inmunicas y compli- caciones adyutivas frente á la senilidad de los procedimien- tos indígenas; salvése el interés de cada parte de las ma- quinaciones de la contraria para impedir su defensa; pro- cúrese que las pruebas se practiquen con solemnidades suficientes para no dudar de su alcance y basta con ello á los fines de que el Juez forme juicio de lo que ha de ser motivo de su fallo; créese, por tanto, un enjuiciamiento civil, tomando como modelo el contencioso-administra- tivo, que debe enorgullecernos por lo perfecto; estudiense las modificaciones que los norteamericanos han llevado á los procedimientos judiciales que encontraron aplicándose en los Tribunales de Puerto Rico y Filipinas, y es in- dudable que se encontrarán fórmulas y sistemas que se acomoden mejor al sentido de un enjuiciamiento científi- co que nuestra ley de 1881, la cual, á pesar de sus modi- ficaciones posteriores, no merece ir más allá de la bahía de Algeciras.

El número y competencia de los Tribunales españoles también merecen estudio. Convendrá ante todo suprimir un grado de jurisdicción: la municipal. Todos los asuntos contenciosos, sea cual fuere su cuantía, la redacción del registro civil, la instrucción de los sumarios y juicios de faltas, el mismo fallo de las causas por delitos en que se impongan penas de no gran duración, convendría queda- ran encomendados á jueces de primera instancia, de com- petencia extensa, cual denominan los franceses á los que tienen instituidos con atribuciones parecidas en muchas de sus colonias. Si en los primeros tiempos de la occupa- ción no fuera posible implantar organismos administra- tivos cuya acción alcanzara á todo el territorio sujeto al dominio de España, no sería temerario confiar los asuntos no judiciales á estos mismos Jueces, uniéndose en ellos una suma de funciones igual á la que residía en los Alcaldes mayores creados en las Leyes de Indias y sólo mientras el estudio del país y la conveniencia de proveer convenientemen- te á sus necesidades hiciera precisa la acumulación de atribuciones.

Definidos ya los caracteres de los Tribunales, restará atender á su organización: huyendo de la práctica nacio- nal de multiplicar el número de funcionarios públicos, bastará con crear los Juzgados de primera instancia, según el modelo peninsular, en Ceuta y en Melilla; otros, con igual denominación ó con el de Alcaldías mayores, de con- cedérselas facultades administrativas, en Tetuán y en La- rache; el Consulado de Tánger ó el organismo que le sus- tituya en el régimen que se implante en este punto, ya que alguno existirá que administre justicia á los español- les, quedará asimilado á otro Tribunal de primera instan- cia, de competencia extensa, como los restantes, y el se- gundo grado de jurisdicción, ejerciéndola sobre todos los Jueces inferiores, podrá encomendarse á una Audiencia establecida en Ceuta, de una sola Sala, que conocerá de las apelaciones de fallos dictados en primera instancia y en juicio oral y público de las causas de la gravedad que se señalarán, constituyendo un Tribunal territorial de igual naturaleza á los creados y reconocidos por las leyes orgánicas del Poder judicial.

El índice somero de ideas sencillas que queda expuesto demuestra que la justicia en Marruecos debe aprestarse á una labor trabajosa tal vez, pero de fecundos resultados; más se habla de cómo debemos ocupar la zona prometida en el tratado, que de cómo nos proponemos administrarla, y si se cuentan por centenares los estudios de geografía y de economía morrogrinos, sólo tres españoles han estudiado seriamente el Derecho marroquí, los Sres. León, Miguélez y Folguera. Profundizar en su conocimiento, adquirir con- ceptos precisos de los sentimientos y de las voluntades predominantes en nuestros futuros protegidos, crear la vida jurídica moderna en una sociedad que habrá de com- ponerse de elementos rutinarios por tradición y de pobla- dores de ocasión y de aventura, constituyen obras parciales, pero de importancia extraordinaria para la integración de la obra total civilizadora encomendada á España.

MÁNUEL CONROTTE
(De la Revista de los Tribunales).

Ecos de la opinión

Ampliación en la Judicatura.

Ya son varios los artículos que he visto en los diarios locales, dedicados á comentar lo que, sin razón alguna que lo justifique, ha llamado ampliación de plazas en la Ju- dicatura el Excmo. Sr. Ministro de Gracia y Justicia, y yo, que antes creí deberme abstener de censurar el Real de- creto en que la ampliación se concede, rectifico mi opi- nión, con ella mi conducta y voy á sumar á los ya hechos, algunos comentarios sobre el asunto.