El Foro español (Madrid. 1898) (1913-06-10 00:00:00), página 13

Vía gubernativa.—Sentencia de 12 de Julio. (Gaceta de 30 de Octubre de 1912).—Resuelve que interpuso una tercera de dominio en autos que se tramitan para la exacción por la vía de apremio de una multa impuesta por el Gobernador civil, y por haberlo así interesado esta Autoridad, no es pertinente una reclamación previa en vía gubernativa contra el acuerdo judicial que decretara el embargo de la cosa cuya propiedad se discute, ni á ella puede referirse la disposición del Decreto-ley de 9 de Julio de 1889, al prohibir la admisión de demandas contra la Hacienda pública, sin que se acredite haber precedido reclamación por la vía gubernativa, y menos la del art. 1.º, regla 2.ª del Real decreto de 23 de Marzo de 1886, que taxativamente expresa que dicho trámite tendrá lugar en las tercerías relativas á expedientes de que conoce el Tribunal de Cuentas del Reino por alcances ó descubierto.

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Comparecencia en juicio del declarado pródigo.—Sentencia de 12 de Julio. (Gaceta de 30 de Octubre de 1912).—Resuelve que sólo pueden comparecer en juicio con arreglo al art. 2.º de la ley de Enjuiciamiento civil los que estén en el pleno ejercicio de sus derechos civiles, y el pródigo, cualquiera que sea la extensión de los actos que la sentencia declarándole tal le haya prohibido, no goza de aquella plenitud, y debe, por consiguiente, ser representado en juicio por un tutor, según el citado artículo y el 262 del Código Civil, sin que para ello sea necesario que esta facultad se haya expresado determinadamente en pronunciamientos de aquella sentencia, por ser incesario.

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Competencia.—Indemnización de daños y perjuicios.—Acción personal.—Sentencia de 26 de Julio. (Gaceta de 31 de Octubre de 1912).—Declara que si en la demanda, origen del juicio, se reclama indemnización de perjuicios causados en fincas pertenecientes al actor, por el arrastre de escombros extraídos de una mina propiedad del demandado, no ofrece duda alguna que la acción que aquél ejercita tiene genuino carácter de personal, como deducida de un quasicontrato, nacido de culpa ó negligencia de dicho demandado ó personas á su servicio, no existiendo, por tanto, estipulación ó contrato que señale los términos y lugar del cumplimiento de una obligación, acerca de la cual, por inexistente, nada pudo pactarse, ya que mientras no se incurre en la culpa ó negligencia aludidas, no se da margen á la obligación cuya eficacia se trata de hacer valer.

Que para determinar la competencia del Juzgado que debe conocer de ese juicio, ha de estar, por tanto, á lo prescrito en la regla 1.ª del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil, y pues se trata del ejercicio de una acción personal, y no existe contrato ni, de consiguiente, lugar que ésta señale para el cumplimiento de la obligación, el Juez competente ha de ser el del domicilio del demandado.

Y que, en perfecta armonía con lo expuesto, es constante y uniforme la jurisprudencia del Tribunal Supremo en casos análogos e iguales, estableciendo que, si bien las obligaciones de reparar daños y perjuicios producidos por culpa ó negligencia, á tenor de lo estatuido en el art. 1.093 del Código Civil, se rigen por los preceptos de los 1.092 y siguientes del mismo Cuerpo legal; como quiera que ninguno de estos últimos determina el lugar de cumplirse, hay que atenerse á la regla general señalada en el párrafo 3.º del art. 1.171 del propio Código, según el cual, no habiendo sido designado lugar del pago, y no tratándose de entregar una cosa determinada, ha de serlo el del domicilio del deudor.

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Competencia.—Pago de pesetas.—Acción personal.—Sentencia de 26 de Julio. (Gaceta de 31 de Octubre de 1912).—Resuelve que si la parte demandada niega los hechos de la demanda, manifestando que, por ningún concepto, debe nada al actor, y éste, por su parte, no acompaña á dicha demanda documentos ni justificante alguno de que la cantidad que reclama le sea debida, ni mucho menos de que haya mediado entre ambas partes contendientes pacto ó stipulación que determine donde, en su caso, hubiera de hacerse el pago, y no existiendo, por consiguiente, á la sazón vínculo jurídico conocido y directo entre actor y demandado, la acción deducida, sea cual fuere la razón de pedir que se alegue, debe reputarse como de carácter personal y ha de cumplirse, si á ello hubiere lugar, en el domicilio del presunto deudor, conforme á lo preceptuado en el párrafo último del art. 1.171 del Código Civil, siendo de aplicación perfecta al caso la regla 1.ª del 62 de la ley Procesal.

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Competencia.—Mandato.—Acción personal.—Sentencia de 26 de Julio. (Gaceta de 31 de Octubre de 1912).—Establece que si por mandato, encargo ó comisión verbal practica un individuo gestiones y hace anticipos y realiza pagos para la gestión y defensa de los intereses y asuntos de una testamentaria, todo lo cual efectúa en su propio domicilio, que fué á la vez del causante de dicha testamentaria y donde ésta tiene que formalizarse, y, al reclamar el saldo á su favor resultante, presenta con la demanda documentos en que aparece la conformidad de uno de los mandantes y nota expresa y firmada por otro, por la que se constituye «responsable único del saldo que arroja la cuenta», cuyo abono se pide en la demanda, tales documentos deben aceptarse, para los efectos de la competencia, como un principio de prueba.

Que si además se infiere de un modo racional y más verosímil, tanto por el concepto de la demanda cuanto por la calidad de las partidas consignadas en la cuenta y lugar de su fecha que las gestiones y cumplimiento de la comisión ó mandato encomendado al actor se han realizado y tenían que ejecutarse en el lugar de su domicilio, es visto que, para resolver el conflicto jurisdiccional, ha de partirse, como necesaria base, de la presunta existencia de ese mandato ó comisión conferido al actor y de que éste lo ha cumplido en su referido domicilio, donde, por otra parte, tenía que cumplirse por la razón expresada de ser también el domicilio del causante de la herencia y donde la testamentaria hubiera de formalizarse.

Que en un caso como el citado no hay para qué tomar en cuenta si la vecindad legal de uno de los demandados continúa siendo el lugar de la testamentaría, si sigue figurando en él en el padrón de vecinos y tan sólo es accidental su residencia en otro lugar, ni tampoco si ha de reputarse ó no mancomunada y solidaria la obligación de pago.

Y que la constante y uniforme jurisprudencia del Tribunal Supremo tiene declarado repetidamente, en conformidad á lo dispuesto en la regla 1.ª del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil, que el mandante viene obligado á pagar al mandatario en el lugar donde haya éste desempeñado el mandato ó comisión, salvo pacto en contrario, y que, por tanto, correspon-