El Foro español (Madrid. 1898) (1913-01-30 00:00:00), página 13

damental, los gastos de luz, tratándose de un inmueble, agua, contribuciones e impuestos, necesarios los unos e inexorables los otros, deben ser baja y deducirse, pues sólo así es dable conocer el saldo neto del cual ha de resultar la cantidad que por derecho de Administración pueda corresponder;

Y que al entenderlo así y estimar que el producto líquido responsable del tanto por ciento de premio de Administración no es más que la diferencia entre lo que se recauda y lo que se gasta, se tiene en cuenta el sentido jurídico en que se informa el precepto legal antes citado y no se infringen los artículos 1.711 del Código Civil y 1.033, número 5.º de la ley Procesal.

** Transacción.—Transacción judicial.—Cosa juzgada.—Sentencia del 22 de Abril. (Gaceta de 10 y 11 de Junio de 1912.)—Declará que la transacción concertada en documento privado, por la cual, y de común acuerdo, los otorgantes dan por concluso un pleito que vienen sosteniendo, reviste todos los caracteres y condiciones de verdadera transacción judicial, una vez que se pone término al indicado pleito, y no estimándolo así, se incurrir en error de Derecho Interpretoendo equivocadamente los preceptos concretos del art. 1.869 del Código Civil, en el que de modo claro se distingue la transacción extrajudicial, ó sea la que evita la provocación y planteamiento de un litigio judicial, de aquella por la que se finaliza un pleito ya comenzado, conforme á lo que ocurre en el caso de que se trata;

Que aun cuando las partes litigantes puedan, si lo creen conveniente, someter al conocimiento y aprobación del juzgador el convenio que hayan estipulado para dirimir y acabar su contienda, solicitando á la vez se dé por concluso el pleito; de igual modo son árbitros para concertar por sí solos, sin aquel conocimiento y aprobación, la avención, y comparecer ante el Tribunal manifestando haber transigido sus diferencias y solicitar Inego que lo convenido se lleve á debido efecto;

Y que la transacción judicial tiene para las partes la autoridad de la cosa juzgada, como si se hubiera dictado sentencia firme, y en su consecuencia procede ejecutarla en la forma prevista por la ley de Enjuiciamiento civil, de suerte que declarándose en una sentencia la nulidad de todo lo actuado en ejecución de tan repetido convenio, se infringe el art. 1.816 del expresado Código Civil.

** Apreciación de prueba.—Sentencia de 25 de Abril. (Gaceta de 11 de Junio de 1912.)—Consigna que no infringe los artículos 1.215, 1.233, 1.238, 1.244, 1.248, 1.249, 1.253 del Código Civil y 578, num. 7., 687 y 580, párrafo segundo de la ley Procesal, ni el principio de Derecho testis unus testis nulos, la sentencia que examina y valora en distintos razonamientos las pruebas de confesión testifical y de presunciones practicadas en el juicio, fundándose en el enlace que entre sí guardan y en el resultado de todas ellas para declarar que no ha existido determinado convenio, en cuyo caso no es lícito ampararse en aquellas supuestas infracciones para impregnar aisladamente cada uno de los elementos probatorios rompiendo su conexión y valor jurídico con el fin de combatir la apreciación que de su conjunto forma la Sala sentenciadora.

** Competencia.—Sumisión.—Sentencia de 25 de Abril. (Gacetas de 11 y 12 de Junio de 1912.)—Resuelve que tratándose de un documento privado base de la obligación y en el que se pacta la sumisión á determinado Juez, cuyo documento se presenta con la demanda y de él se hace expresión suficiente en la misma, debe calificarse de principio de prueba al efecto de decidir la competencia surgida, si la obligación que contiene no se niega por el demandado;

Y que esto admitido, la razón capital invocada en el escrito inhibitorio de que el demandado no se sometió personalmente carece de valor si ostenta el carácter de heredero del obligado y sometido por lo que no puede menos de estimarse extensiva á él mismo la sumisión á tenor de lo prescrito en el art. 661 del Código Civil.

** Testamentaria.—Nombramiento de contadores.—Retribución de los contadores.—Casación.—Costas judiciales.—Gastos comunes.—Sentencia de 26 de Abril. (Gaceta de 12 de Abril de 1912.)—Declará que es trámite necesario del juicio de testamentaría el nombramiento de contadores por los interesados en la herencia para que practiquen las operaciones divisorias del caudal; y siendo así, es indudable que cuando los contadores designados, hayáno sido ó no de común acuerdo por las partes, concurren á la formación del cuaderno particular sin discrepancia entre sí y con asentimiento á posteriori de los interesados, la retribución á ellos debida corre á cargo de la testamentaría, porque, sobre ser labor obligada, con arreglo á lo dispuesto en el artículo 1.070 de la ley de Enjuiciamiento civil, dicha labor se realiza en interés común de todos los coherederos y no en el particular o privativo de los que respectivamente les nombraron, y, por lo tanto, el gasto que representa debe deducirse de la herencia, como así se establece en el art. 1.064 del Código Civil;

Y que aunque la Sala sentenciadora para llegar á esa conclusión partiera del supuesto de que los contadores no tienen el carácter de mandatarios del heredero á quien deben su nombramiento, la casación no podrá prevalecer, porque de todas suertes la conclusión sería idéntica, ya que, concediendo que tuvieran tal carácter, se trataría aquí de un mandato cuya retribución incumbiría á la masa hereditaria por prescripción expresa y terminante del art. 1.064 antes citado, y es principio proclamado por la jurisprudencia que la casación se da contra el fallo y no contra los fundamentos del mismo, aparte de que este precepto se opone también á que puedan estimarse los gastos de la partición como costas judiciales á cargo del interesado á cuya instancia se causaren.

** Derecho foral Catalán.—Fideicomiso.—Sustitución vulgar.—Sentencia de 27 de Abril. (Gaceta de 12 de Junio de 1912.)—Resuelve que si un testador en Cataluña declara con palabras llanas y usuales y en términos claros que sustituye por herederos suyos en orden de rigurosa primogenitura uno á uno, primero á dos hijos varones, y una á una, después, á dos hijas y á todos cuatro y á los hijos y descendientes legítimos y naturales y de legítimo carnav matrimonio de los mismos, procreados á la edad perfecta de poder testar, los llama en la misma forma y con la prevención de que ninguno de ellos hasta el último de los instituidos pueda disponer libremente de los bienes, tales circunstancias determinan una diferencia esencial entre el fideicomiso y la sustitución vulgar, que no surge con realidad jurídica y eficacia legal, sino en el caso de que haya un heredero y que no quiera ó no pueda serlo;
Que si en un caso como el referido sobrevive el pri-