El Foro español (Madrid. 1898) (1912-05-30 00:00:00), página 9

Colegios de Abogados.

El Ilustre Colegio de Abogados de Lérida ha dirigido al Sr. Ministro de Gracia y Justicia la adjunta solicitud en demanda de varias disposiciones para el mejor desempeño del ejercicio de la abogacía:

«Exmo. Sr.: El Ilustre Colegio de Abogados de Lérida, y en su nombre y representación la Junta de gobierno, parece ante V. E., Sr. Ministro de Gracia y Justicia, con el mayor respeto expone: Que á tenor de lo unánimemente acordado en la Junta general del dia 28 de Enero último, este Colegio, celando por el honor profesional, se ve en el caso de solicitar por un momento la atención de V. E., rogándole que la fija en los siguientes puntos, que somete confiadamente á su ilustrada consideración:

I. Estriba el primero en el hecho de que no obstante los honorísimos calificativos, que así en los Códigos españoles como en los romanos, se prodigan á la noble profesión del foro; sin embargo de las prescindencias que en los Tribunales se conocen á los decanos, en representación de los Colegios de Abogados; y á pasar de la consideración de Magistrados honorarios de Audiencia territorial que á dichos decanos, aun accidentales, otorgan varias Reales órdenes, es lo cierto que, por lo que atañe á lo privativo del ejercicio de la abogacía, nuestras leyes se han preocupado bien poco de él, por parte de personas que, por las funciones públicas que desempeñan, deberían tener para el mismo absoluta incompatibilidad. Tales son los Notarios, los Registradores de la propiedad, los Abogados del Estado, los Abogados Fiscales de las Audiencias, los administradores y demás jefes de Hacienda y los secretarios de las Diputaciones y los Ayuntamientos de las capitales de provincia. Las razones morales y jurídicas de tal incompatibilidad son tan obvias, que no necesitan demostración. El Notario se sirve, ó puede servirse, de sus protocolos—semillero de pleitos—; el Registrador, de las anotaciones e inscripciones; el Abogado del Estado, de su obligada intervención en determinados asuntos judiciales; y todos los demás, de los documentos ó datos de sus oficinas; pudiendo ser cada uno de ellos director, manifiesto ó oculto, de una de las partes litigantes, y, á la vez que acusador ó defensor de alguna de ellas, acaso coautor ó inspirador del fallo. Esto aparte de que se ven colocados, sobre sus demás compañeros, en condiciones tan ventajosas, que implican á las veces irritante desigualdad en los medios de defensa que unos y otros han de utilizar, siendo conocidos y poseídos por aquellos de antemano, con ocasión de las funciones públicas que desempeñan. Por razones, pues, de alta moralidad y de estricta justicia, entiende este Colegio que son ó deben de ser los indicados cargos absolutamente incompatibles con el ejercicio de la abogacía, el cual ha de aparecer siempre digno, apartado de toda función oficial y ajeno á sospecha, aun remota, de parcialidad ó de prevaricación.

II. Intimamente relacionado con el punto que antecede está el referente al decoro y buen nombre de la honrada clase de Abogados: clase, á la verdad, dignísima, en la inmensa mayoría de sus individuos, pero en la cual, como en todas las de la sociedad española, puede haber quien falte á sus nobles deberes ó se haga indigno, por algún hecho deshonroso ó por hábitos públicos que le desconcierten entre sus conciudadanos, de pertenecer á ella. Para tales casos que se escapan á la sanción y al procedimiento de los arts. 38 y 39 de los Estatutos, entiende este Colegio que no bastan las facultades disciplinarias á las Juntas de gobierno cometidas, sino que serían de muy saludable aplicación las peculiares de los Tribunales de honor, que, libres de toda traba y de enojosos formalismos, atenderían exclusivamente al daño y saneamiento de las distinguidas corporaciones oficiales de Letrados, ejerciendo análogas funciones á las conferidas á los Tribunales de esta índole creados para el Ejército y la Armada, primeramente, y para los Cuerpos civiles de Ingenieros de Caminos, de Minas, de Montes y Agrónomos, más tarde. Sería, pues, de alta utilidad moral, respondiendo á los mismos fines que éstos, la creación de los mentados Tribunales de honor para la abogacía española.

III. Y por último, ha de merecer este Colegio de Abogados de la bondad de V. E. que le permita unir al clamor de otros Colegios su respetuosa voz de protesta contra los Reales decretos de 15 de Julio y 6 de Noviembre del pasado año, aprobatorios de los aranceles de honorarios y derechos de los Secretarios judiciales y procuradores; aranceles que, á salvo la recta intención en que pudieran inspirarse, es lo cierto que, á más de encarecer innecesariamente los asuntos, privan al litigante del conocimiento de lo que en definitiva ha de pagar en cada pleito, por lo principal, por los incidentes, por el cumplimiento de sentencia, etc., dan lugar á questões, como la relativa á la cuantía, para cuya determinación no quieren los Secretarios admitir la base del amillaramiento ó la que se consigna en los escritos de cierta índole, y son, por último, insostenibles en casi todos sus capítulos, especialmente en los que se refieren á los incidentes, á los posesores y á los abitantes; de suerte que, con tal progresión de costas, parece que, salvando todos los respetos, se tiende á cerrar herméticamente la puerta de los Tribunales civiles á cuantos no puedan ostentar la patente de pobre, únicos que en lo sucesivo, si no se reforman dichos aranceles, moderándolos, podrán permitirse en España, el lujo—que tal vendrá á ser—de defender en justicia sus derechos.

Por todo lo expuesto, y sin mayores rezonamientos, que excusan la superior ilustración de V. E. y su celo por el prestigio de la abogacía y la recta administración de la justicia;

A V. E. este Colegio rendidamente suplica que se sirva: 1.º, acordar la incompatibilidad del ejercicio de la profesión de Abogado con el desempeño de los cargos públicos antes indicados; 2.º, autorizar á los Colegios de Abogados para constituirse en Tribunales de honor siempre que lo estimen oportuno y traten de juzgar la conducta moral de sus individuos; y 3.º, reformar los aranceles de Secretarios judiciales y procuradores, aprobados por Reales decretos de 15 de Julio y 6 de Noviembre últimos, en sentido más benéfico ó menos oneroso para los litigantes.

Así se lo promete este Colegio de la reconocida justificación y rectitud de V. E.

Lérida, 15 de Marzo de 1912.—Excmo. Señor.—El decano, Manuel Pereña y Puente.—P. A. de la J. de G., el Secretario contador, José Barberá Llejet.»