El Foro español (Madrid. 1898) (1911-05-30 00:00:00), página 2

impiden dar al detalle el Decreto, que publicaremos íntegro en el próximo número.

Adelantemos desde ahora nuestra más sincera enhorabuena al Cuerpo de Secretarios judiciales por la realización de estas aspiraciones por las que El Foro Español viene abogando hace quince años, y por las que son dignos de obtener gratitud el actual Ministro de Gracia y Justicia Sr. Barroso y su digno colaborador D. Avelino Montero Villegas, que empieza á dar las pruebas que nosotros esperábamos de merecer el puesto que ocupa.

Suspensión de pagos de Empresas de Obras públicas.

A consecuencia del poco crédito de algunas Empresas de ferrocarriles españoles, que hizo que ni sus valores, ni el de otras Empresas análogas, se cotizasen en las Bolsas extranjeras y casi, casi en la nuestra, hasta el punto de que, á excepción de las acciones de un par de Compañías de las de más importancia, las restantes pasaban desapercibidas en el mundo de las finanzas, es lo que en realidad ha motivado el Real decreto de 11 de Mayo, publicado en la Gaceta del día 12, autorizando al ministro de Gracia y Justicia para que presente á las Cortes el proyecto de ley, que allí se inserta, relativo á las suspensiones de pagos de las Compañías y Empresas concesionarias de ferrocarriles y demás obras públicas.

En el preámbulo de dicho proyecto de Ley se consigna como causa de la misma la de que las varias disposiciones contenidas en nuestra legislación mercantil para proteger y amparar en el orden jurídico los intereses que representan las diversas formas de asociación mercantil y dentro de ellas las destinadas á la construcción y explotación de obras públicas y de interés general, especialmente las contenidas en la Ley de 19 de Octubre de 1859, en el Código de Comercio vigente; en la Ley especial de 12 de Noviembre de 1869, dictando reglas para los procedimientos ejecutivos y de quebranto contra las Compañías de ferrocarriles y demás obras públicas, cuyos preceptos quedaron en vigor á excepción de su artículo 1.º, al publicarse el Código de Comercio vigente y en la Ley de 9 de Abril de 1904, determinando el procedimiento y formalidades para aprobar los convenios que las Sociedades de ferrocarriles y demás obras públicas propusieren á sus acreedores, han resultado ineficaces ó deficientes, no obstante el excelente sentido jurídico en que se inspiraban, á causa del progreso de los tiempos, de las mutaciones operadas en el funcionamiento de las Sociedades y de las enseñanzas consiguientes á los quebrantos considerables experimentados en muchas ocasiones por los portadores del capital y por los tenedores de títulos representativos de créditos contra las Empresas ó Compañías, especialmente de las consagradas á la construcción y explotación de ferrocarriles y demás obras públicas, que afectan á los intereses generales de la Nación, al propio tiempo que á todos aquellos que, como accionistas ó obligacionistas, prestaron el concurso de sus capitales para la realización del fin social de tales entidades.

Como se ve por las palabras que dejamos subrayadas, se apunta, aunque con el debido decoro para las Compañías aludidas, la causa de esta disposición, que nosotros dejamos apuntada.

Ahora bien; como la reforma total y orgánica de cuanto á las Sociedades afecta, esa labor considerable que no puede segregarse de la reforma general del Código de Comercio, que es hace tiempo objeto de estudio detenido y ha dado lugar á dos proyectos de Ley presentados á las Cámaras, ha entendido el ministro de Gracia y Justicia que, sin perjuicio de incorporarlas en su día á esa total revisión y modificación del Código mercantil, se hacía indispensable acudir de momento, con disposiciones que sólo implican una reforma parcial y de carácter casi exclusivamente procesal ó ritual, á necesidades apremiantes que afectan á respetables intereses y al crédito de las Sociedades españolas de ferrocarriles y obras públicas, y de aquí que se haya decidido á redactar el proyecto de Ley de que nos ocupamos.

Por la ley que se proyecta las Compañías y Empresas de ferrocarriles y demás obras de servicio público general, provincial o municipal, serán declaradas en estado de suspensión de pagos á instancia de uno ó varios acreedores legítimos que justifiquen su derecho, conforme al artículo 930 del Código de Comercio.

No obstante, si dichas Compañías ó Empresas no hubieren pagado íntegramente los cupones de sus obligaciones ó el importe de las amortizadas, dentro del año siguiente á sus respectivos vencimientos y requeridas notarialmente no lo verificasen, serán declaradas en estado de suspensión de pagos, si lo pretenderá un grupo de obligacionistas portadores de la vigésima parte de las obligaciones en circulación, sin que en ningún caso pueda exigirseles que representen más de dos mil títulos.

El auto declarando la suspensión de pagos será inmediatamente ejecutado, sean cualesquiera los incidentes que se promuevan ni las apelaciones que serán admitidos en un solo efecto y si concurriese las circunstancias á que hemos hecho referencia en los párrafos anteriores la suspensión se decretará, aun cuando tuviese pendiente ó formularia después proposición de convenio.

Después, la novedad de más importancia de esta ley es la de encargar la administración provisional de una Compañía á una Comisión gestora compuesta:

De tres individuos del Consejo de Administración, designados por éste, ó en su defecto, por el Juez.

De tres representantes de los acreedores, nombrados por el Juez, de los cuales, dos por lo menos, deberán ser obligacionistas, teniendo preferencia los que hubieran promovido el expediente.

De un Presidente, que deberá ser español y mayor de edad, designado por el Gobierno, si se trata de concesión otorgada por el Estado; por la Presidencia de la Diputación provincial, si la otorgó la provincia, y por la Alcaldía Presidencial si la hubiere otorgado un Municipio. En el primer caso será necesario que el designado tenga cuando menos la categoría de Jefe de Administración, y en el segundo y tercero que pertenezca ó haya pertenecido á la Corporación á que corresponda la designación. El Juzgado acudirá directamente al Gobierno, á la Diputación provincial ó al Ayuntamiento, según proceda, instándole á que, dentro del término de ocho días, hagan las respectivas propuestas, y si transcurrido el plazo no se hubiesen recibido, el Juez hará de oficio los nombramientos en personas que reúnan las condiciones expresadas.

Hasta tanto que se constituya la Comisión gestora definitiva, funcionará una Comisión gestora interina, compuesta de seis Vocales, nombrados por el Juez y que reúnan las circunstancias mencionadas en los párrafos segundo y tercero de este artículo. El mismo Juez designará la persona que habrá de ejercer las funciones de Presidente.

El nombramiento de la Comisión gestora interina se acordará por el Juez en el mismo auto en que declare la suspensión de pagos.

Sigue la ley marcando las reglas del procedimiento á que esta Junta ó Comisión gestora de Administración ha de ajustarse en el ejercicio de sus funciones.

A nosotros nos parece bien el espíritu y la letra de la proyectada ley, y hasta la creemos de absoluta necesidad, dados los motivos tan reales como lamentables que la han originado, y aunque quizá pudiera y hasta debiera hacerse mu-