El Foro español (Madrid. 1898) (1910-10-30 00:00:00), página 9

Desahucio.—Precario.—Sentencia de 3 de Abril. (Gaceta de 20 de Noviembre de 1909).—Resuelve que es doctrina establecida con repetición por el Tribunal Supremo que por el embargo de una finca con sus rentas cesa el dueño en su disfrute y administración, y que el Administrador judicial tiene personalidad para promover el juicio de desahucio, a fin de conseguir que el propietario desaloje la habitación por él ocupada, siempre que concurren las circunstancias y formalidades legales.

Y que tratándose del dueño de la finca embargada, que habita en la misma, carece de eficacia la alegación de la integridad de sus derechos dominicales en el juicio de desahucio que contra él entable el Administrador judicial de la finca, porque habiendo dado lugar a que en el juicio correspondiente se le embargue aquélla, y sometida á la Administración judicial, al Administrador judicial le fué conferida la posesión legal con todos sus efectos, incluso el de desahuciar, quedando el dueño que la habita sometido á la condición de un simple precariato, según se declara en sentencia de 10 de Mayo de 1897, ya que sólo así puede tener realidad el embargo de las rentas.

Recurso de casación.—Quebrantamiento de forma.—Prueba.—Sentencia de 8 de Abril. (Gaceta de 20 de Noviembre de 1909).—Resuelve que no puede ser materia propia de un recurso de casación por infracción de ley, la del art. 667 de la de Enjuiciamiento civil, que preceptúa la unión á los autos de las pruebas practicadas, basado en que la sentencia recurrida se dictó reconociendo que no se había cumplido ese precepto al declarar que faltaba unir á los autos la declaración de un testigo, para lo cual se había librado exhorto, á pesar de tratarse de un testigo importante.

Seguro de vida.—Nulidad del contrato de seguro.—Sentencia de 3 de Abril. (Gaceta de 20 de Noviembre de 1909).—Consigna que la base fundamental en los contratos de seguro es la buena fe de los contratantes; de modo que faltando aquélla en cualquiera de los términos comprendidos en el artículo 381 del Código de comercio produce la nulidad de lo pactado, y habiéndose declarado por la Sala sentenciadora probada la mala fe del que contrató un seguro con determinada Compañía en el celebrado, ocultando el grave padecimiento que sufría cuando aquél tuvo efecto, y afirmando la falsedad de todas las manifestaciones de dicho asegurado, es evidente la nulidad del mismo, toda vez que omitió cautelosamente circunstancias esenciales, que de ser conocidas por la Compañía aseguradora hubieran influido necesariamente en la celebración del contrato, por cuya razón la Sala no infringió los artículos 385, 416, 417, 418, 423 y 424 del Código de Comercio, referentes todos ellos al modo y forma de concertar el seguro sobre la vida, los cuales se hallan subordinados á lo determinado en el art. 381 de que antes se hace mérito.

Que no dirigiéndose la acción de la Compañía aseguradora á combatir la incapacidad del menor con quien contrató, sino la validez de lo pactado por haber supuesto falsamente el asegurado que su madre prestaba conformidad á lo convenido, sobre cuya base se hizo el contrato, prestando la Compañía con error su consentimiento, la sentencia que así lo estima no infringe los artículos 155 y 1.302 del Código civil, ni la doctrina legal sancionada por el Tribunal Supremo, especialmente en sentencia de 6 de Julio de 1889.

Y que declarada la falsedad de las manifestaciones hechas por el asegurado, referentes al estado de su salud para lograr el fin que se propuso, según estimación de la misma Sala sentenciadora, dicha circunstancia implica el mismo error de consentimiento, sin que pueda desvirtuarse por el informe del Médico de la Compañía, toda vez que la equivocación padecida por ésta en nada afecta á la responsabilidad de los actos personales realizados por el asegurado, que son los que constituyen la verdadera y legal garantía para la Compañía, siendo tanto más de tener en cuenta la mala fe de aquél cuanto que se halla corroborada por sus maquinaciones para la obtención de una cédula falsa.

Sucesión.—Bienes á cuya sucesión están llamadas varias personas sin designación de nombres.—Testamento.—Sentencia de 3 de Abril. (Gaceta de 23 de Noviembre de 1909).—Declara que la demanda promovida sobre declaración del derecho á los bienes que pertenecieron á determinado causante, por el que alega ser pariente en séptimo grado del mismo, amparándose en el procedimiento que establece el título II, del libro II, de la ley de Enjuiciamiento civil, es notoriamente improcedente cuando no hay herencia yacente porque los bienes que pudieran constituirse se hallan legalmente poseídos por otro á inscritos á nombre de éste en el Registro, lo cual basta para rechazar aquella pretensión.

Que, á mayor abundamiento, será también improcedente si la cláusula del testamento del causante, de donde el actor haya derivar su derecho, llama al disfrute de los bienes del testador, á falta de los herederos por él instituidos, á aquel ó á aquellos á quienes por derecho corresponda sin designación de nombres ni determinación de grados de parentesco, porque sin señalar circunstancia alguna de preferencia viene á establecer una manera de sucesión intestada, puesto que, con semejante fórmula, se refiere el testador á derechos legales de sus parientes, y en tal supuesto no puede tener aplicación el procedimiento á que se refiere el art. 1.101 de la expresada ley, por no hallarse comprendido el caso en ninguno de los que dicho artículo señala.

Y que habiéndose opuesto en tiempo á la demanda el poseedor de los bienes utilizando los recursos legales contra la providencia que acordó admitir aquélla y las siguientes, luego que le fueron notificadas, son igualmente inaplicables los artículos 1.113 y 1.127 de la citada ley, puesto que el primero se refiere á la oposición ó conformidad del Fiscal sin excluir el derecho de un tercero para rechazar el procedimiento utilizado por el actor, y el segundo es aplicable únicamente á los interesados que comparezcan después de promovido el juicio ordinario.

Competencia.—Abintestado.—Sumisión expresa.—Sentencia de 5 de Abril. (Gaceta de 23 de Noviembre de 1909).—Declara que aun cuando el causante del abintestado haya fallecido en un pueblo del partido ante cuyo juez se inicia la competencia por inhibitoria, siendo el último domicilio legal del finado el del lugar del Juzgado donde se promueva el abintestado y encontrándose además la circunstancia de que la parte que pretende el requerimiento inhibitorio ante el primero de dichos Juzgados acudió ante el segundo, cuya competencia hoy niega, inciando también el juicio universal con idéntica finalidad, sin que el desistimiento posterior prive á esos actos de