El Foro español (Madrid. 1898) (1912-01-20 00:00:00), página 4

en toda su extensión, remitimos al lector á la hermosa obra «El Fin en el Derecho».

No queremos dar por terminado este artículo sin decir algo acerca de la distinción que hace Picard. (Véase «El Derecho puro») de la coacción privada, individual y familiar, distinta de la social, que compete al Estado, que resultarían ilusorias si no contasen con la ayuda del mencionado Estado.

Si un padre en uso del derecho de patria potestad—nos dice Picard—ejercita con sus hijos la coacción doméstica (que aparece desarrollada en todos los Códigos civiles europeos y americanos y en el nuestro en su artículo 156), bajo las formas variadas de la punición o represión imaginadas por la costumbre, pero sin caer en las exageraciones contrarias á una justa moderación, ¿qué clase de derecho es esta que faculta al padre para corregir y castigar moderadamente á los hijos rebeldes? Sencillamente, una de las manifestaciones del ejercicio de su derecho paternal, que lejos de ser extraña á éste forma parte de su contenido, de su emolumento, como se dice en el lenguaje jurídico, y que tiene su fundamento en la coacción social por excelencia, cuyo ejercicio compete al Estado (véase el artículo 156 del Código Civil), á quien puede recurirse, y que llegado el caso intervendrá para asegurar el respeto de la autoridad paterna, desconocido y desacatado por un hijo desobediente que se resiste. Lo mismo ocurre, á entender de Picard, con cualquiera otra coacción individual que se ejerce en virtud de un derecho especial ó fuera de todo derecho. Las coacciones privadas, individuales y familiares, no bastan, son insuficientes para crear una situación jurídica. Hace falta además la del Estado, es decir, la de una sociedad organizada. Las nociones de coacción privada y pública son correlativas, como las de derecho y obligación.

No deja también de disentirse en la esfera de la Filosofía jurídica la importancia de la coacción desde el punto de vista subjetivo. Es innegable que puede concebirse el derecho independientemente de toda realización y eficacia positiva, con antelación á haber adquirido un carácter exterior con su aplicación práctica como resultado. Semejante existencia en estado de simple subjetividad ¿priva al derecho del elemento coactivo? He aquí el problema á resolver. Para Picard no le priva en modo alguno. Aparece como racionalmente revestido de la coacción, pero sin que el uno ni la otra tengan efectividad fuera de la concepción intelectual. Según esta doctrina de Picard, el derecho sin coacción no es más que una esperanza; se encuentra en completo estado de desnudez, ora sea porque no haya obtenido el complemento de la protección coactiva, ora sea que después de haberla obtenido ha sido momentáneamente privado de la misma, ó porque haya sido mutilado, reducido como en llamadas obligaciones naturales, que sólo son exigibles en el orden de la moral. Cosa parecida sucede en el Derecho internacional público, cuyas prescripciones van aceptándose por las naciones civilizadas, hasta llegar á constituir un verdadero Código de la paz y la guerra, pero sin que exista en modo alguno fuerza organizada de cualquiera clase que se destine á intervenir cuando ocurra una transgresión del referido Código. Ni siquiera existe, salvo en raros casos, judicatura, arbitraje establecido. Apenas se esbozan y diseñan las bases de esta doble institución. Claro es que esto no es lo bastante para proclamar, como lo hacen algunos, la carencia de substantividad del Derecho internacional público, que es un verdadero derecho, pues de lo contrario, equivaldría á decir que en las sociedades organizadas la coacción se paraliza pasajeramente; lo que pasa es que de los conflictos internacionales resulta, en definitiva, un deber moral y jurídico por excelencia que los Estados se encargan de mantener y respetar, como sucede con las medidas adoptadas contra la trata de negros, corsos y piratería, y en los momentos actuales las que se emplean para evitar el tráfico vergonzoso de la trata de blancas, y la tendencia entre las naciones á proteger al obrero desde el punto de vista legal. En términos absolutos, no se puede decir que no existe el derecho porque le falte la coacción organizada, pues sería tanto como afirmar que antes de ser trazado el círculo los radios no eran iguales, empleando la imagen ingeniosa del inmortal autor de «El espíritu de las Leyes».

En resumen: en las sociedades primitivas, en las cuales se exterioriza el Derecho en formas rudimentarias, apenas se encuentra organizada la coacción. La justicia se restaure mediante la guerra privada; el que se cree ultrajado ó ofendido persigue á mano armada al violador; pero á medida que la sociedad y, por consecuencia, el Derecho evolucionan, la coacción se organiza y dulcifica, aspirando á convertirse en organismo tutelar en lugar de castigo brutal y salvaje, sin más ideal que la venganza.

JOSÉ GONZÁLEZ LLANA

¿Es necesario conservar la pena de muerte?

La cuestión de la pena de muerte se discute en el mundo civilizado desde que Baccaria la plantó, en 1788, á los legisladores y gobernantes. En los ciento cincuenta años transcurridos—síglo y medio de polémica resumida en algunos documentos memorables: el «Estudio», de Mittermaier; el «Pro y el contra», de Gabba; el «Diario para la abolición», de Pedro Ellero, etc.—la decadencia de este medio repressivo es indudable en todas partes. En algunas naciones está abolido, ya de derecho, como en Portugal, en Italia, en algunos cantones suizos; ya de hecho, como en Bélgica, donde, desde 1863, se han suspendido, deliberadamente, las ejecuciones capitales. Donde no, se ha reducido progresivamente el número de delitos á que puede aplicarse. Así en Inglaterra, durante la segunda mitad del siglo XVIII estaba señalada la pena capital hasta en 240 casos; á principios del XIX se redujeron á 60; y últimamente, en 6 de Agosto de 1861, á dos tan solo (Franchet). Dondequiera también, en general, el número de las sentencias de muerte y de las ejecuciones va disminuyendo. No es de extrañar, por tanto, que en los proyectos de reforma de los Códigos vigentes de las naciones que aún le conservan, la abolición total de la pena de muerte sea una de las bases fundamentales. Aún entre nosotros figuraba el proyecto Montilla (1902), y en el que anunciaba, no hace mucho, el actual presidente del Consejo de Ministros y ministro de Gracia y Justicia, Sr. Canalejas.