El Foro español (Madrid. 1898) (1910-06-30 00:00:00), página 3

En la vigente ley de Justicia municipal dos adjuntos, 6 dos jurados, intervienen con el Juez municipal para el conocimiento de las faltas y constituyen el Tribunal municipal en los términos municipales: el Tribunal de tercer orden para nosotros; ¿y cómo no intervienen cuatro jurados con el Juez de derecho para el conocimiento de los delitos menos graves y constituyen el Tribunal de segundo orden en las cabezas de los partidos judiciales? ¿Y cómo no intervienen seis jurados con un Magistrado para el conocimiento de los delitos graves—y si se quiere á los fines de más solemnidad, ocho jurados con tres Magistrados en los delitos de muerte, cadena, reclusión, relegación ó extranamiento—y constituyen el Tribunal de primer orden en las capitales de provincia?

Tal organización produciría incalculables ventajas.

Para la Hacienda pública la economía que representa la supresión de dietas á los jurados y la reducción de indemnizaciones á los testigos y peritos.

La administración de justicia sería mucho más pronta, y por tanto mucho más eficaz y mucho más barata; mucho más pronta, porque el setenta por ciento de las causas cuya tramitación dura hoy meses y meses celebrando sus juicios orales en las capitales de provincia, se tramitarían con mayor rapidez celebrándose en las cabezas de los partidos judiciales; y mucho más barata porque las costas y gastos de estas causas disminuirán notablemente.

La prisión provisional una vez acordada, no excedería ciertamente del tiempo de la condena, como acontece ahora en infinitos casos sin que haya manera de indemnizar á los procesados.

Las Audiencias llamadas provinciales, se las libraría de la multitud de procesos que sobre ellas pesan, permitiendo reducir su personal y da las el conocimiento de lo civil.

Los Jueces llamados de instrucción, tendrían competencia para fallar en asuntos criminales, facultad que les niega la ley cuando se le concede á los Jueces municipales.

Y, finalmente, los abogados que ejercen en las cabezas de partido, reivindicarían sus atribuciones profesionales, pues de una manera arbitraria se les condena á no defender en juicio ningún asunto criminal.

Teniendo en cuenta las anteriores ventajas, admitiendo un procedimiento adecuado á la cuantía de los juicios y sin olvidar que existen causas reservadas al conocimiento del Tribunal Supremo, que también será objeto de este proyecto, la organización jerárquica de nuestros Tribunales de justicia en lo criminal, sería la siguiente:

1.º Un Tribunal inferior constituido por un Comisario 6 Juez inferior y dos jurados, en cada pueblo ó distrito, para conocer de las faltas con un procedimiento sumarísimo.

2.º Un tribunal mayor constituido por un Juez 6 Juez mayor y cuatro jurados, en cada cabeza de partido judicial, para conocer de los delitos menos graves, con un procedimiento sumario.

3.º Un Tribunal superior constituido por un Magistrado 6 Juez superior y seis jurados—6 por tres Magistrados y ocho jurados—en cada capital de provincia para conocer de los delitos graves, con un procedimiento amplio; y

4.º El Tribunal Supremo para conocer de los recursos contra las sentencias y autos dictados por los Tribunales superiores en toda la Nación y para conocer de las causas especiales que las leyes reservan á su elevada competencia.

HACIA UN NUEVO DERECHO PROCESAL Y CIVIL

(Conclusión.)

También el legislador no debe permanecer indiferente ante el abuso que encierran las llamadas cuestiones incidentales, y ponen coto á las dilaciones inmotivadas, que traen consigo, y que no llevan más propósito que multiplicar los artículos, haciendo que los litigios no tengan fin. Lo más acertado sería su radical supresión.

El acto de conciliación tampoco representa nada práctico. En teoría cabe su admisión, en la práctica volvemos á repetir, es un trámite más. Los Jueces municipales aparte de los múltiples negocios que les están encomendados, desconocen la materia que se cuestiona; no conocen, por regla general, ni los nombres de las partes y, por consiguiente, resulta que es imposible que puedan dedicar la atención preferente á esta clase de actos, concretándose á desempeñar un papel meramente pasivo, como quien realiza una formalidad que no hay más remedio que llenar, pero á la que no se conoce importancia alguna. Ya decía Bentham, que nada más laudable en cuanto al fin, nada menos eficaz y aun más contrario al fin, que el medio empleado; y Carlos Lesona, nos ha dicho que la conciliación es una cosa muy buena, pero regularla en las leyes, es crear un procedimiento extrajudicial para evitar un litigio; es crear un organismo público ante el cual baste la interposición espontánea ó provocada por amigos, parientes, vecinos y conocidos. En la conciliación pública, el litigante más obstinado, más ávido, es el que gana más frente á un adversario dócil y flexible; el demandado audaz cree no tener razón, se arma de osadía, simula la convicción, habla confiadamente de sus derechos; pero al mismo tiempo, deseoso de la paz, hipócritamente se halla dispuesto á cualquier sacrificio. De esta manera arranca á su adversario, al hombre que tiene la razón, el abandono de una parte de su derecho, por temor á pasar por quisquisoloso ó litigante obstinado. Tampoco produciría grandes resultados instituir los juicios equos et bono que substituyeran al acto conciliatorio, ni la creación de conciliadores retribuidos.

Debe inculcarse gran confianza en el juicio arbitral, que reducirán considerablemente el campo de la represión jurídica, según frase gráfica de Letourneau, y el medio más sencillo y menos dispensido para definir las controversias: tanto más, cuanto que el juez elegido por las partes, como hombre de su especial con-