El Foro español (Madrid. 1898) (1911-01-30 00:00:00), página 12

exige el número 7.º del artículo 1.692 de la ley Procesal, con documentos ó actas auténticos que demuestren la equivocación del juzgador.

Interdicto de recobrar.—Incompetencia de jurisdicción.—Sentencia de 7 de Julio. (Gaceta de 11 de Marzo de 1910).—Resuelve que tratándose de un interdicto de recobrar seguido por todos sus trámites en el Juzgado, á cuyo juicio puso término el oportuno auto dictado después de una providencia para mejor proveer, que sólo procede con arreglo á la ley, citadas las partes para sentencia y antes de pronunciar el fallo, es lo cierto que la apelación interpuesta contra dicho auto y la providencia admitiendo la libremente en ambos efectos atribuyen plena competencia á la Audiencia para conocer en toda su extensión del juicio del interdicto, pues cualquiera que sea la improcedencia en la forma y en el fondo de la revolución apelada, y de esto había de juzgar el Tribunal superior, no pierde el auto el carácter procesal de definitivo.

Que tampoco por los términos inadecuados en que en la primera instancia se puso fin al juicio, quedó limitada la jurisdicción del Tribunal de alzada, á confirmar ó revocar la decisión apelada, sino que en fuerza de la misma apelación admitida y por ministerio de la Ley, su competencia se extiende á resolver y fallar todas las cuestiones propuestas y debatidas en el pleito.

Y por lo expuesto, que al pronunciar el Tribunal á quo el fallo recurrido, declarando no haber lugar al interdicto y revocando el auto apelado, que acordó constituir en administración y depósito los bienes objeto del juicio, remitiendo á las partes con reserva de sus respectivos derechos al juicio plenario procedente, no ha quebrantado la forma esencial del procedimiento comprendido en el número 6.º del artículo 1.693 de la ley de Enjuiciamiento Civil en que el recurso se funda, porque la prohibición del artículo 363 de la misma ley, de que los Jueces varíen ni modifiquen sus sentencias después de firmadas, unida al precepto general del anterior artículo 359, aplicable á las sentencias de segunda como de primera instancia, do que deben resolver todas las pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, determinan la competencia limitada de los Tribunales superiores en grado, no sólo para revocar, adicionar, suplir y emendar las sentencias de los inferiores por no haber éstas resuelto con acierto ó haber dejado de decidir los asuntos litigiosos sometidos á su fallo, sino también para dictar respecto de todas las cuestiones debatidas, el pronunciamiento ó pronunciamientos que procedan con arreglo á Derecho.

Retracto gentilicio.—Ejercicio de la acción de retracto.—Sentencia de 7 de Julio. (Gaceta de 11 de Marzo de 1910).—Declara que no porque el Código Civil deje de reconocer el retracto gentilicio, puede entenderse inaplicable cuando de él se trata, el artículo 1.524, según el cual, el término de nueve días concedido al retrayente para ejercitar su derecho, debe contarse desde la inscripción en el Registro de la propiedad de la escritura de venta ó del auto de adjudicación de la finca que á ella equivale, porque existiendo en dicho retracto la misma razón de la ley que en el de comuneros y en el de colindantes, cual es el conocimiento de la enajenación, adquirido por quien intenta retraer, conocimiento que, salvo la prueba en contrario, sólo puede darlo la publicidad que implica la inscripción, es forzoso reconocer que al precepto del Código determinante de la prescripción de tal derecho hay que atender, y no á los de la ley Procesal Civil, modificados por aquél en cuanto estén en oposición ó no puedan coexistir con los establecidos por el mismo, según tiene declarado el Supremo Tribunal, con tanta mayor razón en el caso del presente recurso, por no haber mediado escritura para la enajenación de las fincas objeto del retracto, sino un juicio en el que no intervino el retrayente, y del cual no hay fundado motivo para suponer que tuviese conocimiento en cuanto á la adjudicación acordada, sino antes bien, que esperaba tenerlo por las noticias que, con referencia al Registro, se le comunicaran.

Que aun dentro de las prescripciones de la ley de Enjuiciamiento Civil, el conocimiento que de la enajenación de la finca tenga el retrayente, debe ser el punto de partida para contar el término de presentación de la demanda, como lo comprueba el artículo 1.620 al disponer que si la venta no se hubiese inscrita oportunamente, se cuente el plazo desde la presentación de la escritura en el Registro, teniéndose en aquel caso por máximos la ocultación de la venta.

Que de los anteriores fundamentos es consecuencia obligada que habiéndose presentado la demanda dentro del término de nueve días, contados, según el artículo 1.524 del Código, desde la inscripción en el Registro, y de los diez que marca para el retracto gentilicio el Fuero 4.º de Aragón, De communi dividundo, cuando los retrayentes están presentes y tienen conocimiento de la venta, la Sala sentenciadora, que deniega el retracto por haberse solicitado fuera del término, ha incurrido en la infracción del citado artículo 1.524 del Código y de todos los del título 18, libro 1.º de la ley Procesal.

Y que si bien el Fuero 4.º de Aragón, De communi dividundo, exige únicamente la dación del precio por el que la finca fue enajenada, y esto mismo se confirma por la observancia 21, De generalibus privilegiis, cuando no se trata de venta de fincas, sino de su adjudicación al acreedor después de subastadas sin postor, previo el oportuno juicio, de cuyos gastos en la parte correspondiente á las subastas y adjudicación de las fincas debe ser reembolsado el adjudicatario como equivalentes á los originados en el contrato de venta á que se refiere el artículo 1.518 del Código, es manifiesto que el retrayente cumple con el precepto legal, consignando sólo el precio de la adjudicación y los gastos de inscripción, sin perjuicio de reembolsar al comprador ó adjudicatario aquellos otros antes de ejecutarse la sentencia, conforme tiene declarado el Tribunal Supremo, sin que, por ser extraños á la acción de retracto, hayan de comprenderse el capital e intereses del crédito reclamado, así como los demás gastos o costas del juicio ejecutivo, respecto de los que queda á salvo el derecho del ejecutante contra el ejecutado.

Retracto.—Sentencia de 7 de Julio. (Gaceta de 11 de Marzo de 1910).—Declara que según jurisprudencia del Tribunal Supremo, en los retractos puede hacerse la prueba del derecho dominical por cualquiera de los medios reconocidos por las leyes.

Competencia.—Acción personal.—Daños y perjuicios por culpa ó negligencia no penadas por la ley.—Sentencia de 7 de Julio. (Gaceta de 11 de Marzo de 1910).—Resuelve que con sujeción al artículo 1.093 del Código civil, la obligación de reparar los daños y perjuicios derivados de