El Foro español (Madrid. 1898) (1910-12-20 00:00:00), página 9

tancia explotable y se cumplieran las obligaciones pactadas; y como nada se dijo en dicho documento que demuestre la intención de las partes de dejar sin efecto el anterior contrato, ni hubiera tampoco podido decidirse á espaldas y sin conocimiento de los demás interesados en la explotación, no puede sostenerse que exista novación del primitivo contrato.

Competencia.—Compraventa.—Sentencia de 17 de Mayo. (Gaceta de 8 de Enero de 1910).—Resuelve que reclamado el pago del precio de una cosa que se dice en la demanda fue facilitada al demandado, cuando éste niega en absoluto la existencia de la obligación y de la deuda por tanto, y no se aduce principio alguno de prueba en que pueda fundarse dicha reclamación y sumisión expresa alegada, resulta evidente, á tenor de lo prescrito en el artículo 1.171 del Código civil, que en el domicilio de dicho demandado habrá de verificarse en su caso el expresado pago, y en su virtud, de conformidad á la regla 1.ª del artículo 62 de la ley de Enjuiciamiento Civil, debe conocer del juicio el Juez ó Tribunal de aquel domicilio, por ser el del cumplimiento de la obligación, según los datos aportados.

Competencia.—Compraventa mercantil.—Sentencia de 17 de Mayo. (Gaceta de 8 de Enero de 1910).—Resuelve que negada por el demandado la circunstancia de haberse remitido por el actor desde el lugar del domicilio de éste, los gastos cuyo precio reclama, por cuenta y riesgo del comprador, sin que en apoyo de esta aseveración haya principio alguno de prueba procedente de la parte á quien perjudica, el único dato existente para la resolución del conflicto consiste en que la entrega real y efectiva de la mercancía tuvo lugar en la ciudad domicilio del comprador, y por tanto de conformidad al párrafo 2.º del artículo 1.500 del Código Civil, en relación con la regla 1.ª del 62 de la ley Procesal, procede decidir la competencia en favor del Juez de la referida ciudad, por ser el lugar en que la obligación debe cumplirse.

Mandato.—Sentencia de 19 de Mayo. (Gacetas de 8 y 9 de Enero de 1910).—Consigna que supuesta y no impugnada la realidad del mandato para gestionar la venta de unas minas conferido por una Sociedad colectiva en liquidación, y la obligación de los socios de pagar solidariamente al mandatario por las gestiones practicadas en virtud de aquel contrato determinada cantidad, al pago de la cual se les condena en la sentencia recurrida, la cuestión del recurso consiste en resolver si aquella obligación quedó extinguida por lo que respecta á uno de los socios mediante el recibo firmado por el mandatario en el que éste manifiesta que para satisfacer todas las obligaciones que tenía á cargo la Sociedad mandante, según liquidación practicada, había recibido del referido socio cierta cantidad que le correspondía pagar para dejar cumplidos todos sus compromisos sociales, quedando obligado el firmante á entregar á dichos socios los recibos que acreditaran haber llevado á cabo la misión que en la misma fecha del recibo se le encargaba como empleado de la expresada Sociedad, cuestión que resuelve el Tribunal Supremo en sentido negativo, declarando no haber lugar al recurso considerando que la Sala sentenciadora, para condenar á los demandados al pago de la cantidad reclamada por el actor en el concepto expresado, no sólo afirma la realidad del mandato y el derecho del mandatario á la reclamación, sino que estima, además, que dicho mandatario con el carácter de empleado de los socios, realizaba determinados pagos, que habían de serle abonados, y que la suma á que se refiere el documento ó recibo en cuestión, por aquél firmado, fué recibida por el mismo, así como otras cantidades, para gastos de las minas, cuya venta le estaba encomendada.

Y que al partir de esta apreciación no comete la Sala sentenciadora los errores de hecho y de Derecho en la estimación de la prueba con infracción del artículo 1.225, en relación con el 1.218 del Código Civil; el de Derecho, porque la Sala no desconoce la validez y eficacia que conforme á los referidos artículos tiene el recibo sobre que versa la contienda, limitándose á apreciar que se refiere á gastos extraños al mandato de que se trata, y no relacionados, por tanto, con la retribución pactada por virtud del mismo; y el de hecho, porque siendo indispensable para demostrar este error en que la Sala haya podido incurrir que resulte de documento ó acto auténtico que lo revele con evidencia, sin que sean bastantes para patentizarlas las interpretaciones que, á juicio del recurrente, se prestó al documento, en contra de las afirmadas por la Sala sentenciadora, no se consigna en el repetido documento que la cantidad recibida fuera en pago de la susodicha retribución, ni, dados los términos de aquél, se deriva en modo alguno este particular, pues súmese que el mandatario expresa que el socio mandante con la cantidad que entrega deja cumplidos todos sus compromisos sociales, añade que queda obligado á entregar á los socios los recibos que acrediten haber llevado á cabo su misión como empleado de la Sociedad, lo cual manifestamente revela el fundamento racional con que la Sala aplicó la suma entregada por uno de aquéllos á atenciones distintas, ya que si hubiera podido referirse al pago de la retribución, eran en absoluto ociosos tales recibos para acreditar el mandatario el cumplimiento de su misión como empleado de la Sociedad, y por tanto, la inversión de la suma que se le entregaba para fines ajenos á la retribución por el mandato para gestionar la venta de las minas.

Competencia.—Pago de servicios.—Sentencia de 24 de Mayo. (Gaceta de 9 de Enero de 1910).—Declara que el cumplimiento de la obligación correlativa del pago de servicios, incluso de las materias suministradas al efecto, cuando consta determinado el lugar en que necesariamente fueron prestadas, debe entenderse pactado en el mismo, conforme á la jurisprudencia del Tribunal Supremo, haciendo aplicación al caso de los preceptos contenidos en el párrafo 1.º del artículo 1.171 y en el 1.500 del Código Civil.

Pobreza.—Apreciación de prueba.—Auto de 25 de Mayo. (Gaceta de 9 de Enero de 1910).—Consigna que el artículo 1.729 de la ley de Enjuiciamiento Civil, niega la admisión del recurso de casación cuando únicamente se base en la distinta apreciación de la prueba á no estar comprendido en el número 7.º del artículo 1.692 de la misma ley; y cuando sin invocarse este último artículo y si sólo el número 1.º del 1.692, se alegan como infringidos los 13 y 15 por su interpretación errónea, que el recurrente deriva de su propio criterio al apreciar las pruebas, sustituyendo al más acertado de la Sala sentenciadora, lo cual no está permitido, su inadmisión es procedente.