El Foro español (Madrid. 1898) (1911-04-10 00:00:00), página 8

obtener su inscripción cuando el propietario no la tiene inscripta, y aparte de fijar los términos para que la inscripción pueda ser impugnada por el propietario y procedimiento que ha de seguir para ello, se remite en un todo á lo que previene el artículo 318 del Reglamento para la aplicación de la Ley Hipotecaria. Lo mismo ocurre con el artículo siguiente, ó sea el 399, al disponer «que, lo mismo las inscripciones de posesión verificadas con anterioridad á la promulgación de la presente ley, y las que en lo sucesivo se hagan, se convertirán en inscripciones de dominio en cualquiera de los casos siguientes».

Los dos primeros son repetición de lo previsto en la anterior Ley Hipotecaria y únicamente el tercero precisa lo que ésta ya disponía «que cuando hayan transcurrido treinta años desde la fecha de la inscripción, siempre que del Registro no aparezca asiento alguno posterior de información ó certificación posesoria ó demanda que la afecte ó contradiga». No obstante lo que se ha querido precisar en este particular, los legisladores se han olvidado de lo que terminantemente dijeron en el segundo párrafo del artículo 396, de que con alguna extensión me ocupo: el tiempo transcurrido antes de la información debe contarse para la prescripción; luego no es necesario que transcurran treinta años desde la fecha de la inscripción, sino desde la fecha en que se empezó á poseer, según el auto recaído en la información posesoria. Esta ligera consideración corrobora con cuanta razón censuraba el artículo 396, demostrando una vez más la irreflexión que acusa la redacción de la reforma.

Ultimamente, el ya dicho artículo 399, expresa la ritualidad que para la conversión de la inscripción de la posesión en de dominio debe seguirse, y de ese procedimiento nada digo porque en nada se aparta del normal.

En el artículo 34 reformado, se ha querido impedir el ejercicio de acciones por el Estado contra los compradores de bienes enajenados por ella, y el propósito se cumple muy deficientemente, como se prueba con la simple lectura del párrafo que dice así: «Transcurrido el plazo de quince años desde su fecha, las inscripciones de bienes comprados al Estado, sean anteriores ó posteriores á esta ley, no podrán ser anuladas por exceso de cabida ni por otras causas, que no consten en el Registro».

Para que el artículo hubiera sido completo debiera haber dispuesto la cancelación de oficio de toda hipoteca legal, por así decirlo, que apareciese á favor del Estado siempre que hubieren transcurrido los quince años; sin qué en el Registro constase que el Estado hubiese hecho uso del derecho hipotecario que á su favor aparecía anotado sobre la finca; igualmente por cualquier otra causa incluso la de nulidad, siempre que ésta, ó sea la causa de nulidad no afectase á terceros de quien pretendiera derivar su derecho el Estado.

Se ocupa el artículo 401 reformado del valor legal de las anotaciones de los asientos en las extinguidas Contadurías de hipotecas, y señala el término de cinco años para solicitar el traslado á los libros del nuevo Registro para que surtan efecto. Muy justo es el respeto á la propiedad, pero el propietario no tiene el derecho de dejar incumplidas las leyes, dictadas muy principalmente para amparar sus derechos. Desde el año 1862 hasta la fecha han transcurrido cuarenta y dos años, que es tiempo más que suficiente para haber solicitado el traslado, razón por la cual el término que ha señalado debiera haber sido á lo sumo el de un año, y esto sin otra razón que la de ser este el país de las prórrogas y condonaciones; por ello nos parece relativamente bien el artículo 402 caducando de derecho, transcurridos los cinco años, todos los asientos de la antigua Contaduría y la prohibición de mencionarlos en las certificaciones que se expidan.

Los artículos 403 y 404 son disposiciones en que se determina la tramitación ó método que debe seguirse, tanto para la traslación de las antiguas anotaciones, existentes en los libros de las Contadurías, como para la inscripción de un derecho real sobre fincas no inscritas en el antiguo ni en el nuevo Registro, y como en cuanto á este último, se refiere á lo que la misma reforma previene en el artículo 398, nada tengo que exponer porque le hice oportunamente al ocuparme de este artículo, y por lo que hace á la tramitación que determina el artículo 403, me parece muy oportuno el que la inscripción en el nuevo Registro por traslación de anotación del antiguo, se haga adicionando por sí el Registrador las circunstancias exigidas por la Ley Hipotecaria para la validez de la inscripción, tomándola de los documentos que se le presenten; lo que ya no me parece igualmente bien, es que á falta de documentos se suplan las deficiencias por una nota presentada por el interesado en la traslación, porque esto equivaldrá en muchos casos á que se sustituya el interés del particular á la función del Registrador, creyendo que una sencilla información ante el Registrador, una certificación de los anotamientos, de deslinde ó documentos análogos habrán ofrecido una garantía de verdad, much más aceptable que la relación que exige el artículo.

Los demás artículos de la ley de 21 de Abril de 1909 reformando la Hipotecaria, no son propios de la ley, son artículos que en todo caso deberían figurar en el Reglamento, puesto que se refieren á permutas de los Registradores, escalafón, ascensos, correcciones, comisiones de servicio, licencias, excedencias, jubilaciones y fianzas, extremos todos que no son propios para ocuparme de ellos en este trabajo, dándole así por terminado.

APOLINAR PÉREZ GARCÍA.