El Foro español (Madrid. 1898) (1911-01-10 00:00:00), página 2

propio el sostenimiento de El Foro Español? No lo sabemos; siquiera esto último estemos lejos de creerlo; lo que sí sabemos, es que en nuestro interior sentimos una voz que nos dice respecto á nuestros ideales, lo que Cristo decía— (y permítasenos concluir, como empezamos, con una frase evangélica)—con referencia al reino de Dios cuando se discutía sobre la eficacia y consecuencia de su asombrosa doctrina, sobre todo en el orden social: «Buzcad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se os dará por añadidura.»

Reformas convenientes para la buena administración de Justicia (1)

II
LAS LEYES CIVILES

Al final de los plazos, y dando á los Tribunales más amplitud para proceder de oficio en la aportación de pruebas y diligencias que consideren indispensables con el fin de que resulte justo el fallo, cohonestando la posible torpeza ó malicia de algunos litigantes y abogados, dictarán sus sentencias irremisiblemente. El coste del pleito en la primera instancia incluirá honorarios de abogados y derechos de escribanos, procuradores, peritos y demás auxiliares, será siempre el del 10 por 100 por ejemplo, del valor de lo litigado, y en los asuntos en que ese valor no exista, el que de antemano fije la Ley. De ese 10 por 100, podrá asignarse: un 4, al Letrado; un 2, al Escribano; un 2, al Procurador, dejando el resto para los Peritos y demás auxiliares que resulten indispensables. Ese 10 por 100 lo pagará íntegramente el litigante malicioso, y por partes iguales, si todos pleitean sin mala fe. Adoptadas estas bases inalterables de tiempo y coste, puede concederse la mayor amplitud al procedimiento, sabiendo que nunca será posible el abuso. Todo lo que así no sea, por bien meditado que esté, no curará los muchos males y abusos que hacen para la mayoría de las gentes temible y odiosa la justicia, alejándolas de ella sistemáticamente hasta ceder sus derechos, para no exponer el pan de sus familias.

Ha de concederse asimismo, mayor facilidad de intervención en todo pleito al Ministerio público, que puede evitar las trasgresiones legales, cualquier atropello contra seres desamparados y cumplir su misión permanente en la totalidad del perímetro judicial. Hoy grandes zonas de él, carecen de esta inspección. Claro es que requiere restablecer con la denominación adecuada los Promotores fiscales.

La Ley Hipotecaria, retocada no hace mucho por las Cortes en algunos extremos, copiando en su casi totalidad lo redactado en 1893 para nuestras antiguas provincias de Ultramar por el que suscribe, cumpliendo órdenes del Ministro del partido liberal entonces de aquel departamento, Sr. Maura, no responde ya á las necesidades actuales. Hay que alterar también sus bases radicalmente, fundiendo esta institución con la del Catastro y el Registro fiscal en unas solas manos, como propuse siendo Director General de los Registros en mi libro sobre «La propiedad inmueble», movilizando la titulación por medios análogos á los ideados por Torrens, y haciendo el registro forzoso para que la propiedad sea respetada y surta todos sus efectos jurídicos. El mapa catastral, el amiralamiento de Hacienda y el título jurídico, deben coincidir en absoluto é ir estampados sus datos en el documento que acredite el dominio de cada uno. No es posible continuar por el sistema de las precarias informaciones posesorias, que ocultando ó disfrazando sus linderos, se repiten para cada finca tantas veces cuantas sean las transacciones ó trasmisiones de que son objeto, con el fin de burlar los impuestos. El Registro de la propiedad no puede llamarse así realmente, sino quizás para el 5 por 100 de las fincas nacionales, estando inscrita la posesión de un 30 más, y resultando sin registro ninguno un 65 de los inmuebles de nuestro suelo nacional. Así no es posible el crédito, ni la contratación sólida, ni los fines del fisco; y los pleitos sobre la propiedad suman números abrumadores. En vano el Registrador intentará poner orden para evitarse graves responsabilidades: si cierra el Registro ó ha de facilitar las inscripciones precarias que consiente la Ley. Es indispensable llevar al Registro la inmensa masa de propiedad de las comunidades y asociaciones de toda especie que burlan esta Ley como todas, negándolas en otro caso efectividad. El Estado debe también inscribir cuanto es suyo, pues permanece fuera del Registro desde su creación. Si las leyes han de prestar su utilidad, no debe dejarse su cumplimiento á la voluntad de los particulares: si son inútiles ó ociosas deben derogarse desde luego. Todo está por hacer en la materia, á falta de un criterio resuelto.

La decisiva importancia que para la prosperidad nacional tendrá un buen régimen hipotecario, justificará el mayor espacio que consignaremos á esta reforma.

La Ley Hipotecaria, en su parte sustantiva, es un capítulo del Código civil. Pudo recoger su materia especial cuando no teníamos Código; hoy es obligada la reincorporación, conservando sólo aparte la Ley adjectiva que organiza y reglamenta los Registros. Pero discurriendo sobre la Ley Hipotecaria, como si hubiese de seguir independiente, dejando á un lado aquellas líneas de una radical reforma que acabamos de trazar, tratando más modestamente de un perfeccionamiento de la Ley vigente, recordaremos algunas de nuestras propuestas ó ideas anteriores. En el Anuario de la Di-

(1) De la Exposición leída por el Sr. Fiscal del Supremo en la apertura de los Tribunales (Véanse los números 461, 46, 464, 466 y 468.)