El Foro español (Madrid. 1898) (1910-07-10 00:00:00), página 2

inmunidad sólo para los supuestos delitos cometidos en el ejercicio de la profesión, y excluyendo el cohecho, y aun así y todo, á la manera como se hace cuando se trata de Diputados y Senadores, si los Tribunales creen en casos particulares que debe procederse contra un letrado, debiera dirigirse á modo de un suplicatorio, al Colegio á que el letrado pertenezca, el cual, oyendo á éste y previa consulta á las Juntas directivas de los demás Colegios, informará, autorizando u oponiéndose al procesamiento, por entender que ataca á los fueros de la clase.

Creemos que esta reforma, que no hemos hecho más que esbozar, será del agrado de todos los Abogados de España, que nada pierden con que se implante, y en cambio pueden ganar mucho, y que si alguno más ó menos encubiertamente la combatte, será alguien que por su posición política, que tanto influye en las prosperidades del bufete, se crea muy por encima de ciertas personas y ciertas cosas que padecemos á diario el resto de los mortales, y por consiguiente, que la casi absoluta totalidad de los letrados ayudará en esta empresa á la Asociación libre de Abogados, que desde que hace poco que se ha fundado no ha dejado ni un instante de gestionar en uno y otro sentido, por medio de los asociados que son diputados de los más opuestos matices, en pro de la clase, que debe mostrar su gratitud con su completa adhesión, ya que hoy por hoy ésta es la única entidad que mueve sus actividades y cual nuevo Lázaro parece resurgir de entre el silencio sepulcral en que yacían y aún yacen los Colegios de Abogados de España, que por propio instinto de conservación habrán de aunar sus esfuerzos muy pronto á aquella naciente y ya acreditada Asociación.

L. BARRIO Y MORAYTA
Abogado.

PROYECTO DE REORGANIZACIÓN
DE LOS TRIBUNALES (1)

§ 2.º

TRIBUNALES DE LO CIVIL

Constituyen nuestros Tribunales de justicia para lo civil:

1.º El Juez municipal, con dos adjuntos, en cada término municipal, para conocer en primera instancia de los asuntos civiles que determina el art. 18 de la ley de Justicia municipal.

2.º 506 Jueces de primera instancia que ejercen su autoridad unipersonal en las cabezas de partido y capitales de provincia, para conocer en segunda instancia de los asuntos civiles que deciden los Tribunales munici-

(1) Véanse los números 449 y 450.

cipales, para tramitar y resolver en primera los juicios de menor y mayor cuantía, para entender en aquellos otros asuntos que la ley de Enjuiciamiento establece como de su competencia.

3.º 15 Audiencias territoriales, que tienen su jurisdicción: Oviedo, Palma y Las Palmas, en una provincia; Cáceres y Pamplona, en dos; Valencia y Zaragoza, en tres; Albacete, Barcelona, Coruña, Granada y Sevilla, en cuatro; Madrid y Valladolid, en cinco, y Burgos, en seis, para conocer en segunda instancia de las resoluciones que dictan los Jueces de primera; y

4.º El Tribunal Supremo que extiende su jurisdicción á todo el territorio español y una de cuyas Salas, la Sala de lo civil, resuelve en casación las sentencias dictadas por las Audiencias territoriales en segunda instancia, las definitivas en los juicios de desahucio de que conocen en apelación los Jueces de primera instancia y las sentencias de los amigables componedores.

¿Y á qué responde esta organización tan variada?

Si se acepta como principio racional y científico que el Tribunal colegiado ofrece mayores garantías de acierto para la administración de justicia, siquiera haya naciones en Europa que han intentado volver á los jueces únicos, ¿por qué cuando se trata de la justicia inferior donde se ventilan negocios de mínima cuantía, establecemos el Tribunal colegiado, y cuando se trata de la Justicia superior, donde se discuten negocios de menor y mayor cuantía en primera instancia, se mantiene el Tribunal unipersonal?

¿Pero acaso el Tribunal colegiado en lo civil, tal y como nos le ofrece la ley de Justicia municipal, puede ni debe aceptarse?

Entre el Tribunal colegiado constituido por tres ó más Jueces de derecho y el Tribunal constituido por un Juez de derecho, ó por un Juez lego y dos jurados ó adjuntos, hay una diferencia esencialísima.

El primero, compuesto de personas peritas, ¿quién duda que al resolver una cuestión jurídica aportan sus conocimientos y pueden llegar por la contraposición de opiniones al dictado de una sentencia con más seguridad de acierto? Mas el segundo, ¿qué es y qué representa si no el Jurado para lo civil? ¿Y puede defenderse el Jurado para lo civil, y menos aun, cuando esos adjuntos conocen del hecho y se les faculta para aplicar el derecho?

Si nuestro trabajo no fuera eminentemente práctico, disertariamos acerca de este punto para demostrar la monstruosa equivocación padecida. Bástenos decir que no existe pueblo alguno de Europa que se haya atrevido á tanto en la organización de sus Tribunales de justicia. Inglaterra, nación que se distingue entre todas por su carácter jurídico y que practica y realiza el derecho como ninguna otra, Inglaterra acepta y admite el Jurado en asuntos civiles cuando los litigantes están conformes en someterle sus diferencias, pero sólo y