El Foro español (Madrid. 1898) (1910-07-20 00:00:00), página 12

sentencia.—Auto de 28 de Enero de 1909. (Gaceta de 31 de Enero de 1910).—Declara que según doctrina rígidamente sentada por el Tribunal Supremo, las sentencias dictadas en incidentes sobre nulidad de actuaciones, no tienen el concepto de definitivas para los efectos de la casación, puesto que ni ponen término al juicio en que se originan, ni impiden su continuación; y que según disposición expresa del art. 1.695 de la ley Procesal, tampoco hay lugar al citado recurso tratándose de resoluciones de las Audiencias dictadas en los procedimientos de ejecución de sentencia, á menos que resuelva puntos sustanciales no controvertidos en el pleito ó se provoca en contradicción con lo ejecutado.

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Nulidad de juicio ejecutivo.—Provisión de fondos.—Sentencia de 28 de Enero de 1909. (Gacetas de 31 de Enero y 1.º de Febrero de 1910).—Resuelve que opuesto un litigante á las ejecuciones contra él promovidas, sirviendo de título ejecutivo letras de cambio aceptadas á su presentación y no satisfechos el vencimiento, y desestimada la oposición, es inquestionable el derecho que le asiste al promover el juicio declarativo correspondiente para impugnar en él, no las formas externas del título que sirvió de base á la ejecución despachada, sino para demostrar si el crédito era cierto y exigible en la ocasión y momento en que se trató de hacerle efectivo, conforme al sentido y alcance del precepto del art. 1.479 de la ley de Enjuiciamiento civil:

Que en tal supuesto, alegada la inexistencia de la duda reclamada, y afirmándose por la Sala el hecho de que al tiempo de solicitar la ejecución y ser ésta despachada ni en el momento actual era posible determinar quien era el dador, si el ejecutante ó el ejecutado, mientras no se practicase la liquidación de las cuentas pendientes entre los interesados, es manifiesto que tal afirmación vicia y anula la acción ejecutiva, puesto que destruye la mera presunción de deber que pudiera derivarse del título que la sirvió de fundamento.

Y esto sentado, que la sentencia que abuelve de la demanda al ejecutante, después de tal afirmación aplica erróneamente e infringe el art. 457 del Código de Comercio, que exige que para estimar hecha la provisión de fondos es preciso demostrar que aquel contra quien se libra la letra sea deudor de una cantidad igual ó mayor al importe de ella, al librador ó al tercero, por cuya cuenta se hizo el giro.

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Fideicomiso.—Apreciación de prueba.—Sentencia de 28 de Enero de 1909. (Gaceta de 1.º de Febrero de 1910).—Declara que atendida la naturaleza de la institución fideicomisaria, una vez expresada en documento público por el heredero fiduciario la voluntad del testador, según las instrucciones confidenciales que del mismo recibiera, cae de facultad para modificarla, ampliarla ó revocarla, debiendo por lo tanto prevalecer lo consignado por el mencionado heredero en el documento público en cuestión, máxime confirmándolo en otro de la misma naturaleza, otro heredero fiduciario del propio testador.

Que esto supuesto habiendo manifestado en escritura pública el heredero fiduciario referido, que según las instrucciones recibidas del testador, todos los bienes de su herencia fueron invertidos en pios sufragios por su alma, sin establecer reserva alguna, es manifiesto que al estimar la Sala sentenciadora que todos los créditos y bienes de la herencia deben ser aplicados al mismo fin, lejos de infringir el art. 675 del Código civil lo aplica acertadamente, toda vez que se ajusta al sentido explícito, claro y literal de las palabras con que el heredero fiduciario expresó la voluntad que el testador le había confiado.

Y que, según tiene declarado con repetición el Tribunal Supremo, la prueba testifical no puede ser combatida, por ser su apreciación de la facultad exclusiva del Tribunal sentenciador, conforme á lo que establecen los artículos 659 de la ley de Enjuiciamiento civil y 1.248 del Código.

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Competencia.—Pobreza.—Sentencia de 29 de Enero de 1909. (Gaceta de 1.º de Febrero de 1910).—Declara que con sujeción al artículo 21 de la ley de Enjuiciamiento civil, la declaración de pobreza debe solicitarse en el Juzgado que sea competente para conocer del pleito en que se trate de utilizar el expresado beneficio, á cuyo efecto, según repetida jurisprudencia del Tribunal Supremo, en la demanda incidental han de mencionarse cuantas circunstancias sean indispensables para dar á conocer la clase de acción que se trate de ejercitar y las demás determinantes de la competencia, pues caso de obscuridad ó deficiencia respecto á las mismas, las dudas que surjan han de resolverse en favor del fuero del demandado, de acuerdo con el principio general deducido del artículo 62 de dicha ley y el párrafo 3.º del art. 1.171 del Código civil.

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Recibimiento á prueba en segunda instancia.—Sentencia de 29 de Enero de 1909. (Gacetas de 1 y 2 de Febrero de 1910).—Resuelve que no querrán las formas del juicio la Sala sentenciadora que niega el recibimiento á prueba en los autos cuando el particular articulado tiende á fijar anticipadamente el beneficio de determinados servicios, siendo notoria su improcedencia hasta que por sentencia sea declarado el derecho á percibirlos; y cuando la causa de no haberse practicado toda la prueba propuesta y admitida en primera instancia es imputable exclusivamente al que la propuso ó admitible, por tanto, en segunda instancia, según el artículo 832 de la ley de Enjuiciamiento civil.

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Competencia.—Compraventa.—Sentencia de 29 de Enero de 1909. (Gacetas de 1 y 2 de Febrero de 1910).—Consigna que á falta de otras pruebas y resultando sólo acreditado que por medio de un viajante se pactó en la ciudad domicilio del demandado la compra de los productos cuyo importe se reclama, y que la entrega real y efectiva de los mismos se verificó en dicha ciudad, á favor del Tribunal de la misma debe resolverse la competencia de conformidad á lo prescripto en el párrafo 2.º del artículo 1.500 del Código civil, en relación con la regla 1.ª del 62 de la ley Procesal.

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Testamentaria.—Aprobación de proyecto de división de bienes.—Sentencia de 30 de Enero. (Gaceta de 2 de Febrero de 1910).—Consigna como antecedentes que para proceder á una división de herencia nombraron los herederos de la causante fallecida sin testimonio dos letrados, uno por cada parte, quienes formularon el oportuno proyecto al cual negó su aprobación y asentimiento el viudo por considerar