El Foro español (Madrid. 1898) (1911-07-10 00:00:00), página 9

dor ó sus causahabientes, ya que podía serlo cualquiera del territorio español.

Y que no existiendo, por tanto, la sumisión, ni pacto en contrario y tratándose del ejercicio de una acción personal, sin que conste el lugar donde la obligación de pago ha de cumplirse, pues la entrega de la cosa vendida no se verificó en territorio de los Juzgados contendientes, con sujeción á lo prescrito en los artículos 1.171, párrafo 3.º del Código civil y 62, regla 1.ª de la ley de Enjuiciamiento, ha de concederse la preferencia al Juez del domicilio del demandado y presumto deudor.

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Competencia. — Compraventa mercantil.—Acción personal.—Sentencia de 8 de Marzo. (Gaceta de 19 de Julio de 1910.)—Resuelve que en los contratos de compraventa mercantil, cuando las partes tienen domicilios distintos, para que la entrega de la cosa á que se refiere el párrafo 2.º del art. 1.500 del Código civil se presume verificada en el del vendedor, basta algún principio de prueba determinante de que la mercancía sea remitida al del comprador de cuenta de éste.

Y que si de las afirmaciones contenidas en la demanda y no negadas por el demandado, corroboradas por la carta presentada al contestar al requerimiento inhibitorio, aun prescindiendo del carácter de comisionista que pueda atribuirse al actor, resulta que los artículos encargados por el comprador se remitieron por el vendedor, porte debido, y que era satisfecho por este último en la estación de llegada, de tal hecho, y al sólo efecto de decidir el conflicto, no puede menos de derivarse la presunción de que la entrega de la cosa vendida se verificaba en la estación de salida, y, por tanto, de conformidad á la doctrina expuesta y á la regla 1.ª del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil, debe ser atribuido el conocimiento de este juicio al Tribunal de ese lugar, como el del en que la obligación ha de cumplirse.

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Competencia. — Compraventa mercantil.—Acción personal.—Temeridad.—Sentencia de 9 de Marzo. (Gacetas de 19 y 20 de Julio de 1910.)—Declara que el conocimiento de las acciones personales de que se hace uso para reclamar el valor total ó parcial de géneros de comercio sólo incumbe al Juez del domicilio del demandado, cuando, en defecto de sumisión y de pacto en contrario, no conste el lugar donde la obligación de pago ha de cumplirse, ó en el que tuvo efecto la entrega de la cosa vendida, pues en caso afirmativo de cualquiera de estos dos extremos, conforme al art. 1.500 del Código civil, en relación con la regla 1.ª del 62 de la ley Procesal, en primer término tiene la competencia el Juez de este último punto.

Que si según facturas acompañadas con la demanda, comprensivas del contrato cuyo cumplimiento se reclama y no impugnadas en el escrito inhibitorio, antes al contrario, confirmada la existencia de la compra, verificada por medio de viajante, no sólo los géneros deberían pagarse en la ciudad domicilio del actor, sino que las remesas se hacían desde esta última ciudad de cuenta y riesgo del comprador, á tenor de la doctrina expuesta, es evidente que debe decidirse el conflicto surgido en favor del Tribunal municipal de dicha ciudad, por bajo doble dicho concepto, como lugar en que procede cumplir la obligación.

Y que en virtud de lo expuesto, el promover el de mandado la competencia, sin que por su condición de comerciante pueda estimarse que desconociera tan reiterada doctrina legal, constituye notoria temeridad á los efectos de la imposición de costas, con sujeción al art. 108 de dicha ley de Enjuiciar.

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Competencia. — Compraventa mercantil.—Acción personal.—Sentencia de 11 de Marzo. (Gaceta de 10 de Julio de 1910.)—Resuelve que en los contratos de compraventa mercantil al flado, cuando no hay principio de prueba referente á la sumisión ó á otro pacto en contrario, debe cumplirse la obligación correlativa de pago en el lugar en que se hizo la entrega de la cosa vendida, conforme al párrafo 2.º del artículo 1.500 del Código civil.

Y que tratándose de un demandado que en efecto compró á la casa actora ciertos géneros, cuyo precio se le reclama, que niega los extremos que, según dicha demanda, contenía la factura, de la que no obra copia alguna en los autos, y únicamente resulta que la mercancía fué recibida en el domicilio de dicho demandado sin que conste se remitiera por cuenta y riesgo del comprador, sólo puede estimarse por los datos hoy existentes en los autos, que la obligación ha de cumplirse en este último punto, y que, en su consecuencia, á tenor de la regla 1.ª del art. 62 de la Ley de Enjuiciamiento civil, el Tribunal del mismo debe conocer del juicio en que ha surgido el conflicto.

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Competencia. — Compraventa mercantil.—Acción personal.—Sentencia de 11 de Marzo. (Gaceta de 20 de Julio de 1910.)—Resuelve que negada por el demandado la existencia de la compraventa de géneros de comercio, sobre cuyo pago de precio versa la reclamación en que ha surgido el conflicto, y no habiéndose aducido principio alguno de prueba en apoyo de las afirmaciones hechas por el actor, entre otras, la referente al lugar donde se hizo la entrega de la cosa vendida, no puede tener aplicación á este caso el art. 1.500 del Código civil, sino el 1.171, párrafo 3.º, según el que el pago debe verificarse en el domicilio del supuesto deudor; en su virtud, de acuerdo con lo prescrito en la regla 1.ª del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento, procede decidir la competencia en favor del fuero del demandado.

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Declaración de quiebra.—Sentencia de 12 de Marzo. (Gaceta de 20 de Julio de 1910.)—Declara que tratándose de una letra de cambio, aceptada sin operar la menor excepción y no satisfecha á su vencimiento, constituye, supuesto que el crédito proceda de obligación esencialmente mercantil, un título legal suficiente para que el tenedor de la misma, en su cualidad de acreedor legítimo, pueda solicitar, y la Sala acordar, informándose en el art. 876 del Código de Comercio, la declaración de quiebra del deudor.

Que el auto de declaración de quiebra, dictado en procedimiento separado, no es incompatible con el de suspensión de pagos, cuando no se ha llegado á reunir en este último procedimiento número suficiente de acreedores para constituir junta y mayoría de votos en la primera convocatoria y el deudor obtuvo aquélla situación de privilegio fuera de las condiciones prescritas, no llegando la declaración de suspensión de pagos, por tales circunstancias, á producir efecto alguno legal.