El Foro español (Madrid. 1898) (1911-07-30 00:00:00), página 7

16.—La Antigua.—Distrito, Puerto del Arrecife; Colegio, Las Palmas.
17.—Navamorcuende.—Distrito, Talavera de la Reina; Colegio, Madrid.
18.—Puente Ulla.—Distrito, Santiago; Colegio, Coruña.
19.—Darnius.—Distrito, Figueras; Colegio, Barcelona.
20.—Cerezo de Río Tirón.—Distrito, Belorado; Colegio, Burgos.
21.—Gaucín.—Distrito, Gaucín; Colegio, Granada.
22.—Valjunqueira.—Distrito, Alcañiz; Colegio, Zaragoza.

Los Notarios aspirantes presentarán sus solicitudes en esta Dirección general, con arreglo á lo previsto en el art. 8.º del Real decreto de 23 de Agosto de 1908, dentro del plazo improrrogable de treinta días naturales, contados desde el 22 de Julio, y se ajustarán estrictamente á las reglas establecidas en dicho artículo para la presentación de las instancias, en las que deberán hacer constar si han obtenido y hecho uso ó no de licencia, á partir de la fecha de dicho Real decreto, no admitiéndose modificaciones ó desistimientos de peticiones ya formuladas en ninguno de los turnos que comprende esta convocatoria después de transcurrido el plazo que para hacerlo concede el mencionado art. 8.º

De fedatarios judiciales.

Los puntos sobre las leyes.

En estas cuartillas voy á ocuparme de la eficacia legal del Real decreto de reorganización del Secretariado judicial publicado hace pocos días.

El artículo 18 de la Constitución de la monarquía española, promulgada en 20 de Junio de 1876, estatuye que la potestad de hacer las leyes reside en las Cortes con el Rey. El artículo 50 de la misma Constitución establece que la potestad de hacer ejecutar las leyes reside en el Rey. Y el título 54 de la repetida Constitución previene, en su número primero, que corresponde al Rey expedir los decretos que sean conducentes para la ejecución de las leyes, y, según lo preceptuado en el número octavo, conferir los empleos civiles y conceder honores y distinciones de todas clases, con arreglo á las leyes. Pero con sujeción á lo prescrito en el apartado segundo del artículo 49 de la predicha Constitución, ningún mandato del Rey puede llevarse á efecto si no está refrendado por un Ministro, que por sólo este hecho se hace responsable único.

La Constitución es la ley fundamental del Estado, en la que, lógicamente, se basan absolutamente todas las demás leyes de la Nación, sin excepción alguna; de modo tal, que toda disposición, aunque se halle revestida de caracteres formalistas y solemnidades extrínsecas de la ley, como resulte en contradicción con la constitucional, es nula, porque la soberanía nacional, de la que emana todo poder, no ha sido oportunamente convocada ni se ha constituido con carácter constituyente para formarla; y, por tanto, el poder legislativo carecía de las indispensables facultades atributivas para proponerla, discutirla, votarla, sancionarla y promulgarla; en razón de lo cual no puede tener fuerza de obligar por falta de valor y eficacia; pues lo contrario, si se impone con elementos coercitivos, se definiría, calificaría y propugnaría como un error, con todos los caracteres de un acto irregular, cuando las cualidades del poder legislativo han de ser meramente evolutivas á los fines de la disciplina social.

Los decretos que se expidan deben ser conducentes para la ejecución de las leyes, y, por lógica consecuencia, habrán de ajustarse estrictamente á las leyes que se trate de ejecutar; así, pues, los decretos que no conduzcan rigurosamente á la debida ejecución de las leyes, ó que rectifiquen, se opongan ó tiendan á derogar las leyes, carecen de toda eficacia, de fuerza de obligar y no tienen valor alguno, ni son de obligada observancia para los ciudadanos, que pueden guardarlos por conveniente respecto á la autoridad constituida, pero no tienen el deber de cumplirlos ni obedecerlos.

El Real decreto de 1.º de los corrientes debe ser conducente para la ejecución de la Constitución, ley orgánica del Poder judicial, Códigos Civil, Mercantil y Penal, leyes de Enjuiciamiento Civil y Criminal y demás leyes, ya sustantivas, ya adjetivas, reguladoras de la Administración de justicia, ninguna de cuyas leyes podrá ser derogada, ni rectificada por dicho Real decreto. De consiguiente, éste carecería de valor, no tendría eficacia y no sería obligatorio en cuanto rectifique ó se opusiera á lo legítima y constitucionalmente sancionado por el Poder legislativo en audios cuerpos legales. Lo anticonstitucional sería perturbador é ilegal por atentatorio á la nacional soberanía representada por las Cortes con el Rey. Y el Poder ejecutivo no debe, con su potestad reglada, invadir las prerrogativas privativas del legislativo, pues la Constitución, no sólo no lo autoriza, sino que lo prohibe, en razón á que la autoridad ministerial no tiene atribuida la facultad de variar el orden de las potestades, cuyas respectivas esferas de acción aparecen terminante y perfectamente delimitadas en la Constitución con claridad meridiana.

En el caso actual, me abstengo de hablar de responsabilidad ministerial, porque el Ministro refrendante, y, por tanto, responsable, no ha tenido otro propósito que el de expedir un decreto conducente para la ejecución de las leyes aludidas, en cuya expedición puede haberse dedicado á interpretar las leyes que se propone ejecutar constitucionalmente; y, de esta ejecución y, por consiguiente, de la interpretación ministerial, es de lo que hablo, y no de usurpación de atribuciones por supuesta invasión de las atribuciones del Poder legislativo dictándose disposiciones generales excediéndose de las atribuciones peculiares y derogando la ejecución de una ley. No, no se trata de esto. Porque el Poder ejecutivo no ha tratado de subvertir el orden de las potestades, no se ha propuesto derogar, ni rectificar ninguna ley, ni cometer acto alguno perturbador ni ilegal, ni atentar á la nacional soberanía, ni invadir las atribuciones del Poder legislativo dictando disposiciones generales excediéndose de sus atribuciones y derogando las leyes; en suma, no ha infringido la Constitución. Se trata, única y exclusivamente, de un caso de interpretación ministerial, más ó menos acertada, al ejecutar constitucionalmente las leyes.

La potestad reglada del Poder ejecutivo es, más que conveniente, necesaria para interpretar y aplicar la ley, pues