El Foro español (Madrid. 1898) (1911-03-30 00:00:00), página 3

dad, se hace á muchos, porque ataca á los principios, y éstos afectan á todos los miembros de la sociedad.

Mientras no pueda llegarse en cada caso á la dosis de pena que cada culpable merece, y siempre dentro de la teoría de ser aquélla un medio y no un fin, es preciso decidirse por una u otra tendencia y no es dudoso escoger el imperio y respecto á la ley, al prestigio del poder judicial. Nuestro Código penal atiende bastante á la variedad de casos y delitos por la apreciación de las distintas circunstancias agravantes y atenuantes muchas y más variadas faltan en las agravantes que en las atenuantes que pasan desapercibidas para los tribunales y se desprecian para el castigo, no se ha querido por nuestra jurisprudencia entender á favor del culpable como atenuación la extrema necesidad ó hambre para delitos de hurtos de sustancias alimenticias, pero sí podía figurar como dato de mayor perversión y nádald el delinquir poseyendo grandes bienes y riquezas, porque sólo impulsa entonces los mayores vicios ó las dañadas pasiones. El exceso de matrimonio en las mujeres por sus amantes, obligará á imponer en su protección una circunstancia de agravación que concuerde con todas las tendencias de lealtad y concesión que las leyes civiles tienen para las relaciones y descendencia hechas fuera de las leyes. La mujer que comparte el lecho y sostiene relaciones casuales amorosas con un hombre como novio, debe ser mucho más respetada por aquél que de hecho la hace aparecer su mujer ó esposa, y apartando el vicio en lo posible en esta clase de relaciones la ley penal debe, respetando la realidad, que no declara ni concede derechos que perturben á las honradas familias, pedir un mayor respeto, garantía y protección para la mujer caída ó seducida por el amor ó las promesas reiteradas de matrimonio. Pues bien; si lo que se trata es que las penas sean iguales y justas, y éste es uno de los principales fines del indulto, teniendo en cuenta ciertos hechos que el legislador no tuvo presentes ni apresió en el Código, no debe mirarse sólo á lo que favorece al ser, como generalmente se hace por una enferma simpatía ó falsa piedad, sino también al otro término de lo que perjudique la igualdad y analogía de la pena por medio del indulto se ha de procurar sólo en casos extraordinarios, pues en los ordinarios se obtiene ya por medio de las sentencias de los Tribunales, y precisa mucho no correrán, y mucho menos supedita, el procedimiento judicial al puramente administrativo de un expediente de indulto.

Este procedimiento no investiga ni determina como se debiera las razones ó motivos justos que determinan la aplicación de la gracia de indulto mucho más estrechamente, como decha un autor, vigilado y dirigido por la razón el ejercicio del derecho de gracia que el derecho de los Tribunales á castigar e imponer pena; porque con aquél se deja esta facultad en suspensión y sin efecto penal las sentencias que son la garantía de los derechos de todos. Enanchada hoy la acción de los Tribunales no sólo en lo que se refiere á la aplicación de las penas, sino también en lo relativo á su ejecución con la ley de condena condicional la coexistencia del poder ejecutivo y judicial puede ser, y predisa lo sea, más autónomo para éste, teniendo una acción directa, eficaz y propia en la ejecución de sus sustancias para terminar su cometido, que no es definir el derecho, sino aplicarlo, teniendo un carácter práctico, efectivo, reparador, insustituible por organismo alguno al que viene á quedar supeditado y absorbido al concederle la arbitraria facultad para que sin traba, número ni medida poner su veto y dejar inútiles sus sentencias.

S. MORO.

IDEAS SOBRE LA REFORMA DE LA Ley Hipotecaria

(Continuación)

El art. 393, reformado, enumera los documentos que deben acompañarse al escrito solicitando la información, los detalles que debe contener con relación á la finca de que se trata, título de adquisición si existe y otros particulares que la ley Hipotecaria anterior no exigía, principalmente certificación de no estar inscrita la finca ni ser confundible con otra inscripta, ó por el contrario, si hay alguna con la que se pueda confundir, en cuyo caso si la finca aparece inscripta, la información no se tramita sin perjuicio de que el solicitante pueda intentar la inscripción de dominio por los trámites que la ley Hipotecaria preceptúa en su art. 401, y si coincide en algunos linderos ó cabe duda de confundirse con otra, el juez citará á la persona á cuyo nombre aparezca inscripta la finca que haya de ser objeto de la información ó derecho real, á fin de que declare si se trata de la misma finca ó derecho, y si resultare así de las declaraciones, acordará desde luego no haber lugar á tramitar la información.

El mayor número de prevenciones que la reforma exige en esta clase de informaciones, revela el aplauso con que la opinión hubiera visto su supresión, porque ni las anotadas, ni las demás que se requieren relacionadas con las condiciones que deben tener los testigos, ni las certificaciones de valoración que ya exige la ley Hipotecaria, constituyen verdadera garantía de acierto al acceder á la inscripción de la posesión.

En la regla 6º del artículo de que me ocupo se comete á mi entender gravísimo error, cual es el que en el caso de que cuando las personas que hayan de ser citadas en el expediente por coincidir en parte fincas inscriptas á nombre de esas personas con la que es objeto de la información, si se ignora el domicilio de esa persona se la citará por edictos en el Boletín de la provincia y si el valor de la finca ó derecho real excediese de 10.000 pesetas en la Gaceta de Madrid también por término de sesenta días, y caso de no comparecer el Juzgado aprobará el expediente acordando la inscripción, si bien expresando en ella que dichos interesados no han sido oídos en la información.

Censuro esta disposición fundado en un principio de derecho procesal que me parece elemental, cual es, que toda cuestión de dominio debe resolverse en el juicio que por su cuantía corresponda, y aquí se resuelve una cuestión de dominio verdaderamente desde el momento en que se cree fundadamente que puede tenerle inscripto la persona no comparecida, por una simple información posesoria en la cual al acordarla ya se prejuzga el posible dominio del incomparado, siquiera se haga constar que no se le oyó; pero lo cierto es que á quien se cree pueda tener el dominio pleno se le desconoce para dar á otro la posesión.

La regla 7º de este mismo artículo nada nuevo dispone; se limita á declarar que el que se crea con derecho á los bienes ó parte de ellos, cuya inscripción se solicite mediante información posesoria, podrá alegarlo ante el Tribunal competente en juicio declarativo; esta disposición para nada se precisaba en la ley, porque con el á y sin ella el tercero que se creyese perjudica-