El Foro español (Madrid. 1898) (1911-10-30 00:00:00), página 11

tenía derecho para su enajenación, y que ésta se hizo á título oneroso, y sin que por su texto ni por ningún otro dato pudieran los compradores enterarse que lo adquirido tuviese el menor vicio de origen, al declarar un Tribunal que esas compraventas no pueden invalidarse, lejos de infringir los artículos 33 y 34 de la ley Hipotecaria, interpreta y aplica rectamente el contexto del segundo de los citados preceptos.

Que resulta la cuestión en un caso como el citado con arreglo á la ley y precepto referido, tampoco infringe el Tribunal sentenciador los arts. 20, 55, 72, 106, 108, 126 y 139 de la propia ley Hipotecaria vigente hasta 1909, en relación con las leyes 2.ª y 4.ª, título 4.º, libro 10 de la Novísima Recopilación; 51, título 5.º, partida 5.ª, ni la doctrina sentada en sentencias de 29 de Enero de 1874, 28 de Abril de 1882 y 26 de Mayo de 1887, porque apreciando el Juzgado que en la enajenación las circunstancias y requisitos que exige el referido artículo 34, la validez ó nulidad de los gravámenes que las precedieron carecen de finalidad, resultando notoriamente inaplicables las disposiciones legales y doctrina citadas.

Y que los adquirentes de fincas no están obligados á tener en cuenta hechos que no figuren en la inscripción y de los que no se revela tuvieran conocimiento.

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Daños y perjuicios.—Sentencia de 18 de Noviembre. (Gaceta de 20 de Junio de 1911).—Resuelve que no es de estimar la infracción del art. 1.902 del Código Civil por la sentencia que, congruente con los términos en que se planté la contienda por el demandante con el fin de obtener del demandado la reparación de daños y perjuicios que supone le han sido causados, dimanantes de cierto contrato, se limita á negar al actor la acción que á tal efecto ejercita, fundándose en no existir vínculo alguno de derecho entre ambos litigantes, sin resolver nada, por no poder hacerlo, respecto de un daño que después se alegó como dimanante de culpa ó negligencia extracontractual.

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Prescripción.—Sentencias en los juicios civiles.—Sentencia de 18 de Noviembre. (Gacetas de 20 y 21 de Junio de 1911).—Declara que la sentencia firme en que se declara la propiedad de determinados bienes á favor de cierta persona, no es título traslativo de dominio á los efectos de la prescripción, porque las sentencias, por regla general, son actos oficiales declarativos de los derechos sobre que se ha contienda, y, por lo tanto, sólo pueden invocarse a los efectos de presunción de cosa juzgada, cuando se den en el caso los requisitos que prescribe el art. 1.262 del Código civil.

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Prescripción.—Posesión civil.—Posesión material.—Errores de hecho y de derecho. Imposición de costas. Sentencia de 19 de Noviembre. (Gaceta de 21 de Junio de 1911).—Declara que es requisito esencial para la prescripción la posesión civil de la cosa ó derecho que sean su objeto, pues los arts. 444 y 447 del Código Civil, preceptúan que los actos meramente tolerados no afectan á la posesión, y que solo la que se tiene y disfruta en concepto de dueño puede servir de título para adquirir el dominio.

Que esto sentado, no infringe los arts. 1.940, 1.941, 1.949 y 1.959 del Código civil, ni los 35 y 402 de la ley Hipotecaria ni la doctrina establecida en sentencias del Tribunal Supremo, entre otras, en las de 8 de Marzo de 1888, 11 de Enero de 1888, 7 de Mayo y 20 de Diciembre de 1901, y 24 de Junio de 1907, la sentencia que sin negar la existencia del disfrute no interrumpido de una finca por espacio de muchos años declara nula y sin ningún valor ni efecto legal la inscripción de posesión de dicha finca hecha á favor del que venía disfrutándola, respecto del cual, declara asimismo que está obligado á dejar el inmueble á la libre disposición de aquel á cuyo nombre aparecía inscrita en el Registro de la propiedad; porque al exigir el art. 1.959 del Código como condición única para la prescripción extraordinaria la posesión no interrumpida durante treinta años, no se refiere, á la posesión material de la cosa, que como es visto, la sentencia no niega se tuviere sobre la litigiosa, ni autoriza semejante interpretación el que no sean necesarios para este modo de adquirir el título y la buena fe; y porque además del artículo 447, ya citado, es también aplicable el 1.941 al caso de que se trata, por referirse á la posición, fundamento primordial de toda clase de prescripciones. Que declarándose por el Tribunal en el fallo referido que el condenado en el mismo no ha poseído los bienes en cuestión en concepto de dueño, no pudo éste adquirir la propiedad de aquél por el mero lapso del tiempo ni, por consiguiente, inscribir á este efecto su posesión en el Registro.

Que no es admisible en casación el supuesto error de hecho ó de derecho que se limita á discutir toda la prueba practicada en el pleito, de documentos, peritos y testigos, en vez de oponer y señalar el acto ó documento auténtico que evidentemente demuestre la equivocación del juzgador, que es lo que previene el número 7.º del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil en que este motivo se funda.

Y que el Supremo Tribunal tiene declarado que á las salas sentenciadoras corresponde únicamente apreciar la buena ó mala fe de los litigantes, al efecto de la imposición de costas, y contra sus pronunciamientos sobre esta materia no procede la casación.

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Bienes reservables.—Derecho de troncalidad.—Aceptación y repudiación de herencia.—Sentencia de 19 de Noviembre. (Gaceta de 21 de Junio de 1911).—Declara que constituyendo el artículo 811 del Código Civil un caso excepcional de restricción y minoración, impuestas directamente á la legítima del ascendiente mediante la reserva especial á favor de otras personas, que no debe confundirse con el derecho de troncalidad, de muy distinto naturaleza, dicho precepto legal ha de interpretarse, según tiene declarado el Tribunal Supremo, en sentido restrictivo, porque produce una modificación del derecho sucesorio moderno, basado en el tipo de la familia natural, haciendo seguir á ciertos bienes un curso anómalo, por lo que únicamente puede estimarse, como también ha declarado la jurisprudencia, cual una provisión del legislador, á fin de que individuos extraños á la familia no adquirieran, por un azar especial de la vida, bienes que sin él hubiesen quedado dentro de ella; así que sólo procede apreciar la existencia de ese derecho cuando se dí el caso y circunstancias que reclama el texto claro y explícito del referido artículo, figurando en primer término la de que los bienes calificados de reservables hayan sido adquiridos por el ascendiente obligado á reservar.

Que cuando falta ese requisito, sea cualquiera el motivo, porque la Ley no distingue más que causa de extinción de la reserva, lo que ocurre es que se imposibilita su nacimiento, y, por tanto, no se producen los derechos eventuales á favor de los que hubieran de ser reservativos, aparte de que no estableciéndose