El Foro español (Madrid. 1898) (1911-02-20 00:00:00), página 10

uno ú otro origen, con un perjuicio evidente para el deudor cuando la deuda está garantida con hipoteca á favor de acreedores por títulos nominativos ó al portador.

Por otra parte, según el artículo de que me voy ocupando queda subsistente el artículo 82 de la antigua ley hipotecaria, afirmación que está en contradicción evidente con lo que en este artículo 82 reformado se preceptúa.

Según el art. 82 de la ley Hipotecaria en relación con el art. 72 del Reglamento, las de hipotecas constituidas en garantía de títulos al portador, no se cancelarán no presentándose testimonio de la declaración judicial de quedar extinguidas todas las obligaciones aseguradas. Se ve, pues, que según este art. 82 de la ley Hipotecaria, la cancelación habla de ser total, y según el párrafo 7.º del art. 82 reformado de que trata, puede hacerse la cancelación de una décima parte de la hipoteca, siempre que por acta notarial se compruebe estar recogidas las obligaciones por un valor mínimo de la décima parte. Cotejando una y otra disposición cabe preguntar: ¿Queda ó no subsistente el art. 82 de la ley y el 72 del Reglamento? ¿A cual de los dos preceptos deben atenerse el Juez y el Registrador? Otro precepto se contiene en el último párrafo de este art. 82 que merece censura. Díspone dicho párrafo que, «si son varias las fincas hipotecadas, podrán cancelarse las inscripciones de hipotecas de una ó varias fincas, cuya responsabilidad sea igual al valor de las obligaciones recogidas, ó liberarse parcialmente todas ellas a prorrata ó en proporción á sus respectivas responsabilidades.» Ante esta disposición hay que volver al sistema interrogatorio. ¿Quién ha de decidir si se cancela la hipoteca de una ó varias fincas ó si se prorratea esta rebaja de responsabilidad entre todas las hipotecadas? ¿No se ha constituido la hipoteca por un contrato bilateral? Indudablemente sí; luego debe concurrir la voluntad de todos los contratantes para optar por uno ú otro procedimiento, y aquí queda indeterminada la facultad de opinión, deficiencia que en muchos casos dará ocasión á litigios, que con algo de previsión han podido evitarse.

Nada de particular se contiene en el art. 41 reformado de la ley limitándose á consignar un principio ya establecido en el Código Civil cual es que el dominio á favor de una persona constituye la presunción legal de que está en posesión de la finca, como igualmente que la propiedad inscrita da derecho al que no la posee á que el Juez le ponga en posesión de ella, según previene la ley ritual en el art. 2.056 y siguientes. De modo que nada de nuevo se estatuye en el artículo expresado; no ocurre lo mismo con el artículo 24. Éste en su párrafo primero preceptúa que «no podrá ejercitarse ninguna acción contradictoria del dominio de inmuebles ó derechos reales inscritos á nombre de persona ó entidad determinada, sin que previamente ó á la vez, se entable demanda de nulidad ó cancelación de la inscripción en que conste dicho dominio. La demanda de nulidad habrá de fundarse en las causas que taxativamente expresa la ley Hipotecaria cuando haya de perjudicar á terceros.»

La novedad consiste en que es necesaria la demanda de nulidad para deducir la acción contradictoria del dominio, siendo condición indispensable de la acción de nulidad el que se funde en una de las causas que enumera la ley hipotecaria. Fijando un momento la atención en el precepto que establece, se recuerda que según el art. 30 de la ley Hipotecaria, son nulas todas las inscripciones de los títulos expresados en los artículos 2.º y 5.º á excepción del de hipoteca [cuando carezcan de las circunstancias comprendidas en los números 1.º al octavo inclusive del art. 9.º]. Pues bien; si se ha inscrito con título que no expresara todas las circunstancias que este artículo requiere y cuando alguna falta la inscripción es nula, según el art. 30, supongamos que contra ese defecto tenga inscripto el dominio, se deduce demanda ejercitando la acción contradictoria, y como para que ésta sea admitida es preciso que á la vez, con anterioridad según el art. 24, se deduzca la acción de nulidad, ocurre una duda dada la inexpressión del artículo, cual es la de contra quién ha de deducirse esa acción de nulidad, únicamente contra el que se guarde el Registro aparece como dueño. Así parece deducirse del contexto del artículo; mas á nuestro entender la acción de nulidad en el caso supuesto como en cualquiera otro en que la inscripción del dominio sea nula por defecto que debió ser notado por el Registrador, debiera darse á este funcionario intervención en los autos que se iniciaran con motivo de la nulidad; se trata de un funcionario responsable que ejerce una misión social tan importante cual es la de custodio del derecho de propiedad en su manifestación más importante, y por consecuencia debe dárselle audiencia en un juicio en que se trata de juzgar sus actos para que pueda defenderlos y para que en su caso sufra las consecuencias de su error por incumplimiento de la ley.

APOLINAR PÉREZ GARCÍA,
Abogado.

(Se continuará)

ALMANAQUE
MEMORANDUM JUDICIAL
DE
EL FORO ESPAÑOL
para 1911

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