El Foro español (Madrid. 1898) (1911-12-10 00:00:00), página 2

que si, necesaria en la organización militar por hoy, no puede sostenirse su conveniencia para la sociedad civil, y consagrarse debe el presupuesto de los verdugos á las asociaciones de caridad, y de beneficencia ó á la dotación de escuelas, sustituyéndose tal pena con la de prisión perpetua, aplicada á sólo pocos y contados casos.

En cuanto al pago de costas procurar se debe su desaparición, pues atribuyen á la Justicia el carácter de confiscadora al proceder al embargo de bienes de los desventurados procesados, en su mayoría ignorantes y pobres de solemnidad, aumentando á la desgracia del procesamiento del jefe de la casa, la de su familia, que se ve privada de las cosechas del pequeño campo, de la caballería de labranza, y arruajada en la miseria, para que aquellos bienes vayan dando rodeos vendidos en subasta á personas que tal vez deban el origen de su fortuna á tales depredaciones; tan inútil es esto, que el malogrado Ministro de Gracia y Justicia Sr. Martínez del Campo condenó tales procedimientos, que hubiera suprimido, en el discurso de apertura de Tribunales en 1910.

No es nada ejemplar el proceder del Estado en cuanto al timbre se refiere, exigiendo papel de seis pesetas pliego en las actuaciones del procedimiento de quiebra, con lo que, y aplicándose parte de las disposiciones del Código de Comercio de 1829 y el posterior de 1885, con las múltiples secciones y piezas de tal juicio universal, venga á ser ilusorio el derecho de los acreedores del quebrado á resarcirse parte ó en algo de sus créditos, que vienen á invertirse en pago de derechos de Procuradores, Escribanos y en honorarios de los Abogados.

Tradúzcase á la práctica el hermoso pensamiento de Saavedra Fajardo: En la República, dice, donde no fueren pocos y breves los pleitos, no puede haber paz y concordia; sean pocos, pues, los Abogados, Procuradores y Escribanos.

Simplifiquense nuestros procedimientos acabando con tantos recursos e incidentes, y sobre todo instituyéndose los Tribunales colegiados y la única instancia en materia civil, puesto que es exigir lo imposible pretender que el Juez único sobrelleve un trabajo superior á las fuerzas humanas, entendiéndose en asuntos de naturaleza civil, mercantil y de orden criminal, además de los múltiples exhortos, comisiones auxiliares en lo criminal y estadísticas, periódicas y extraordinarias que se le reclaman. Ello, además, es una garantía contra la presión política, y el error más común en un hombre que en varios, y así mucho se habrá adelantado en nuestra moralidad pública y en nuestra regeneración.

Hoy existen tales tribunales en la justicia municipal, y en lo criminal en las Audiencias, por lo que no tiene razón de existencia la autoridad de un solo jugador en los Juzgados de primera instancia.

No es menor necesidad la de un Código obrero donde se regulen las relaciones del capital y del trabajo, instituyéndose nuevos Tribunales industriales, compuestos de personas competentes y prácticas, que conozcan de los conflictos que puedan originarse entre patronos y obreros, mediante un procedimiento breve, sencillo, y, á ser posible, gratuito.

Rige entre nosotros, nada menos que treinta y un años, la ley de Enjuiciamiento Civil, que se ha hecho vieja en tan largo transcurso de años, y que promulgada antes de regir el Código Civil y Mercantil, ni se amolda á los preceptos de tales Códigos ni menos guarda relación con los progresos realizados en todo orden en tal período de tiempo.

Precisa acabar con los poderes á pleitos, sustituyéndose tal formalismo con una comparecencia ante el Tribunal que haya de conocer del litigio; establecer un arancel para los trabajos más comunes y frecuentes de los Letrados, en armonía con la entidad litigiosa, y barrer de nuestro procedimiento la declaración de pobreza actual, en la que se obliga á los que pretenden sus beneficios á la confesión de hechos que no pueden ser del dominio público, é igual puede decirse de la aportación de documentos para la jurificación del derecho del litigante, cuya aportación debe dejarse á los Tribunales, si bien eyendo á los litigantes.

Parece imposible que existiendo Colegios de Abogados y de Procuradores, Ateneos científicos y otros organismos consagrados á la labor científica, todavía existan en nuestros tiempos unos procedimientos y unas prácticas impropias de nuestros adelantos y progresos en todos los órdenes del humano saber, y que nuestra Justicia histórica se encuentre en forma parecida á los tiempos de Balluga, y de Gregorio López, en los cuales tardaban cuarenta y sesenta años en resolverse los pleitos, quedándose las fortunas en la curia.

Nuestros Parlamentos apenas si osan de ocuparse de nuestras leyes sustantivas y adjectives, y así nos crece el pelo; á partir de las leyes de Instrucción pública de Moya- no, que todavía con muchos remiendos rige entre nosotros, y de la Hipotecaria de 1862, en mal hora reformada por la de 1909, y la Orgánica del Poder judicial de 1870 del señor Montero Ríos, puede asegurarse que ninguna otra ley notable ha sido producida por nuestro Parlamento, si se exceptúan las leyes de reemplazo del Ejército y las de Presupuestos, y estas últimas aun gracias á los preceptos de la Constitución, que predijá han de hacerse cada año.

En cambio, dedicáense nuestros Ateneos y Academias de Jurisprudencia á discutir temas de derecho internacional, y nuestro Parlamento á la conmemoración del Centenario de las Cortes de Cádiz, el de Jovellanos y otras materias tan importantes para el régimen nacional como las referidas.

Antes se consultaba á los Colegios de Abogados los proyectos de ley; hoy han caído tan en desprestigio tales entidades por su inercia y falta de vida, que no se les consulta, que nosotros sepamos, para nada. Es más: algunos de nuestros Senadores son tan amantes y apasionados de la tradición, que uno de ellos, el Sr. Alvarez Guijarro, calificó de perturbadoras las reformas introducidas por el señor Ministro actual de Gracia y Justicia en el Secretariado judicial, cuando dicho decreto ha venido á establecer la verdadera doctrina contenida en la ley Orgánica del Poder judicial de 1870, redimiendo á los antiguos Escribanos de su condición de lacayos de los Jueces, dignificando y enalteciendo sus funciones, estableciendo el escalafón de que carecían, anunciando la jubilación de los mismos á cierta edad, librándolos del hambre y acabando de una vez para siempre con las murallas de hierro, impropias de los funcionarios que, poseyendo una carrera facultativa, ingresa-