El Foro español (Madrid. 1898) (1911-06-20 00:00:00), página 11

mientos condicionales y sucesivos, para que el patrimonio se conserve dentro de las respectivas familias.

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Documentos auténticos.—Catastro.—Reclación reivindicatoria.—Sentencia de 21 de Enero (Gaceta de 30 de Junio de 1910).—Declara que según jurisprudencia constante del Tribunal Supremo no merece el concepto de documento auténtico para acreditar el dominio la certificación librada con relación al catastro, porque tales documentos sólo acreditan el cumplimiento de una formalidad administrativa para distribuir la contribución.

Y que la certificación del Registro de la Propiedad tampoco es documento eficaz para acreditar el dominio, cuando resulte, por el contrario, que la madre del que ejerza la acción reivindicatoria, de cuya madre no está declarado heredero, es la que tiene el dominio de las fincas objeto de la reclamación, siendo acertado en tal caso desestimar la reclamación hasta que se obtenga la declaración oportuna en el juicio correspondiente.

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Competencia.—Acción redhibitoria.—Acción personal.—Sentencia de 21 de Enero (Gacetas de 30 de Junio y 1.º de Julio de 1910).—Declara que la acción redhibitoria es personal, como que tiende a la resolución del contrato de compraventa de un animal con vicio determinado, y, por tanto, sólo se da contra el vendedor ó sus causahabientes, sin que, en su consecuencia, sea aplicable la regla 2.ª del artículo 62 de la ley de Enjuiciamiento Civil, que se refiere a las reivindicatorias y demás de naturaleza real, ó a aquellas en que se hace valer un derecho absoluto sobre alguna cosa con entera independencia de toda obligación personal por parte del demandado, sino la primera de dicho precepto.

Y que, ejercitada la acción al principio indicada, en demanda que formula en su domicilio el actor para que el vendedor devuelva el precio de una caballería, y recibida ésta por el defecto advertido, es evidente que á falta de sumisión y de pacto en contrario, debe conocer de la reclamación el Juez del domicilio del demandado con sujeción á la regla 1.ª de dicho artículo 62.

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Partición de herencia.—Bienes gananciales.—Prescripción.—Frutos de bienes indivisos.—Sentencia de 21 de Enero (Gacetas de 1 y 5 de Junio de 1910).—Declara que el hecho de no incluirse en una partición de herencia bienes que, como gananciales adquiridos durante matrimonio, han de corresponder por mitad al cónyuge superviviente y á un hijo del matrimonio, cualquiera que sea el motivo de semejante omisión y de que tales bienes contengan prodiviso en poder del cónyuge viudo, no significa el reconocimiento de derecho alguno á favor de éste, otorgado por su hija, y si más bien la existencia de una comunidad continuada entre ellos respecto de las expresadas fincas, con relación á los bienes del caudal hereditario, sin que, por tanto, exista fundamento para deducir de ella contrato ó pacto alguno exluente del derecho del segundo á esas fincas, al fallecimiento del primero, después de contraídas segundas nupcias.

Que demostrado por el anterior fundamento que las fincas en cuestión no pueden encontrarse entre las propias del cónyuge viudo que pasó á segundas nupcias, sino en la prodivisión de los gananciales adquiridos en el primer matrimonio, es acertada la exclusión de ellas del inventario formalizado á la defunción del mismo, toda vez que según el artículo 659 del Código civil aplicable, como todos sus preceptos, á la partición de los bienes relictos, la herencia comprende todos los bienes, derechos y obligaciones de una persona, de donde se deduce que entre los del causante en cuestión no pueden legalmente estar incluidas sino en su mitad las correspondientes á los gananciales de su primer matrimonio, disfrutadas luego en proindivision con su hijo, habido en ese matrimonio, siendo evidente que en cumplimiento de ese precepto la exclusión de la referida mitad de esas fincas es acertada, por tratarse de bienes que no pueden ser estimados como propios del causante en su totalidad, dado que fueron adquiridos en el anterior matrimonio.

Que en un caso como el citado carece de eficacia la excepción de prescripción, fundada en el hecho de haber disfrutado las fincas y sus productos el cónyuge superviviente que pasó á segundas nupcias desde la fecha de la defunción de la primera consorte, una vez reconocido que aquellas fueron adquiridas durante dicho primer matrimonio á título oneroso, con dinero del caudal común, y por tanto constando al referido cónyuge que carecía de título de dominio, por ser gananciales los bienes en cuestión, siendo por ello indiscutible que no podía aparecer con buena fe para ser tenido como dueño y poder prescribir, máxime si no existe fundamento alguno para suponer que en ningún momento pretendiera apropiarse la totalidad de tales bienes en perjuicio de su hijo.

Y que sobre la base y supuesto, único admisible, de que la indisposición de los bienes gananciales de que se trata, mantuvo constantemente el cónyuge superviviente y al hijo del primer matrimonio con igualdad de derechos respecto de ellos, es manifiesto que el último conserva la integridad de éste respecto los frutos de los mismos, ya que en ningún momento hizo el primero ni pudo hacer suyos los que pertenecían al hijo, quedando la cuestión reducida á una liquidación de los que á éste pertenecían, descontando, naturalmente, los que percibiera, si percibió alguno.

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Accidente del trabajo.—Accidente sobrevenido en el ejercicio de la pesca.—Sentencia de 21 de Enero (Gaceta de 5 de Julio de 1910).—Declara que comprendida la industria de la pesca entre las que dan lugar á responsabilidad por accidentes sobrevenidos con ocasión de su ejercicio, sin establecer distinción alguna por razón del mayor ó menor tonelaje de las embarcaciones con que se practique ó del motor que se emplee para su navegación, y consiguiente importancia que esto tiene en la industria pesquera, es evidente, mientras subsista la vigente legislación, que el dueño de toda nave equipada para pescar y que á este efecto admite operarios prácticos para realizar el trabajo, tiene el verdadero concepto de patrono con relación á éstos, según el sentido del artículo 1.º de la ley de 30 de Enero de 1900, que considera como tal al propietario de la explotación donde el trabajo se presta; y esto supuesto, no puede entenderse que la industria la ejercen los pescadores, sino cuando separadamente del dueño ó propietario y por virtud de un contrato como el de arrendamiento del barco y sus aparejos por precio cierto, que en este caso no existe, hagan la explotación los mismos pescadores.

Y que habiendo declarado, por otra parte, el Supremo Tribunal que la distribución proporcional del producto de la pesca entre el dueño de la embarcación y los pescadores no presupone la existencia de un verdadero contrato de sociedad entre ellos, y esta manera especial de pago no hace desaparecer las rela-