El Foro español (Madrid. 1898) (1911-03-10 00:00:00), página 12

1910). Resuelve que según repetida jurisprudencia del Supremo, atendido el concepto de las servidumbres negativas, tal como aparece explicado en el artículo 533 del Código Civil, en consonancia con la ley 15, título 31 de la partida 3.ª, es manifiesto que la apertura de huecos para luces ó vistas hecha en pared exclusivamente propia de quien la realiza, constituye una servidumbre de dicha naturaleza, ya que mientras el dueño del predio sirviente no ejercite el derecho que le corresponda contra la existencia de tal servidumbre, no puede decirse que por tal acto se imponga á éste la obligación de hacer alguna cosa ó de hacerla por sí mismo, implicando si la prohibición de hacer algo que le sería lícito sin la servidumbre, como es el tapar los huecos, levantando pared en su terreno.

Que esto sentado es improcedente alegar la infracción de los artículos 532, 533, 537, 538, 539, 541, 542, 545, 546 y 1.900 del Código Civil, cuando se parte del error de atribuir á una servidumbre el carácter de negativa, confundiendo el ejercicio ó abstención de un derecho con la obligación de consentir ó hacer determinados actos como acontecería si determinados huecos se abrieseen en pared del dueño del predio sirviente, ó cuando menos comuñero.

Que la doctrina legal consignada en sentencias de 13 de Junio de 1879, 7 de Febrero y 5 de Mayo de 1896, 8 de Febrero de 1899 y 13 de Junio de 1902, se refieren á casos distintos, basados en hechos especiales y diferentes al de que al hacer obras de reparación en la pared en una finca que separa ésta de otra contigua, cuya pared se eleva sobre el tejado, en esta última finca se abran dos huecos ó ventanas al mismo nivel de dicho tejado al que dan vista con dimensiones de noventa centímetros de altura por cuarenta de ancho uno, y de ochenta por cuarenta y cuatro otra, negándose á tapiar dichos huecos, que exceden las dimensiones dentro de las cuales pudieran mantenerse abiertos.

Y que dada la naturaleza de la acción ejercitada por el dueño á quien se impone la aludida servidumbre para dejarla sin efecto, es evidente que al demandado corresponde probar la legítima adquisición de aquélla.

Ejecución de sentencia.—Indemnización de daños y perjuicios en cantidad ilíquida.—Determinación de conceptos.—Sentencia de 13 de Octubre (Gaceta de 1.º de Mayo de 1910).—Declara que condenado por sentencia ejecutoria un demandado á reparar los perjuicios causados en la cuantía que se determine en la ejecución de aquélla sin establecerse bases para la liquidación, y habiendo el actor presentado para cumplimiento de la ejecutoria la relación á que se refiere el art. 928 de la Ley de Enjuiciamiento civil, con la que no se conformó el deudor, es de todo punto necesario para que la cuantía pueda ser determinada fijando la cantidad que debiera abonarse, que el mencionado actor la justifique demostrando el valor importe de los perjuicios sufridos.

Que fundándose la Sala sentenciadora para dictar resolución en el sentido expuesto, aparte otros razonamientos, en no haber probado el actor la cuantía del perjuicio sufrido, no infringe dicha resolución los arts. 1.183 y 1.902 del Código civil ni el 942 de la ley Procesal, porque implicando la ejecutoria, según se ha expuesto, la obligación del demandante de acreditar la cuantía del perjuicio para poder fijar la cantidad abonable, y no habiendo sobre tal particular practicado prueba alguna, el auto que desestima la valoración formulada por aquél y toda otra resolviendo sobre el resultado de la liquidación de que se trata no contradice la ejecutoria, antes bien se ajusta á la misma sin desnaturalizarla ni desvirtuarla.

Y que la determinación de los conceptos de que puedan provenir los perjuicios, no habiéndose establecido bases para la liquidación en la sentencia, corresponde á la Sala que ha de resolver la cuantía abonable en su caso, y contra su estimación sólo procede el recurso de casación, á tenor de lo dispuesto en el segundo inciso del art. 1.695, con referencia al 944 de la ley Procesal, cuando el auto recurrido contradice la ejecutoria.

Recurso de casación.—Juicios posesorios.—Auto de 13 de Octubre (Gaceta de 1.º de Mayo de 1910).—Declara que según lo dispuesto en los números primero y tercero de los artículos 1.694 y 1.729 de la ley de Enjuiciamiento Civil y la constante jurisprudencia del Tribunal Supremo, no es admisible el recurso de casación por infracción de ley ó de doctrina legal en los juicios posesorios; y por ende y con mayor fundamento en los incidentes resueltos en los mismos.

Y que interpretado un recurso de casación por el condenado en sentencia interdictal al pago de las costas en el trámite de ejecución y vía de apremio para hacerlas efectivas en sus bienes, contra la sentencia resolutoria del incidente por él promovido en ese momento procesal, solicitando se declare no debe continuar el apremio para solventar las originadas en su propia defensa, y por gozar de los beneficios de pobre, es evidente que al tenor de aquellas disposiciones y jurisprudencia, su inadmisión es la procedente, como lo sería, dada la naturaleza del incidente, aun que se tratase de ejecución de sentencia dictada en juicio ordinario.

Contratos.—Interpretación de los contratos.—Sentencia de 14 de Octubre, (Gaceta de 1.º de Mayo de 1910).—Resuelve que cualquiera que sea el acierto mayor ó menor de los fundamentos de una sentencia, consistiendo la cuestión pura y exclusivamente en el alcance de las cláusulas de un contrato, no se comete infracción alguna si dicha sentencia resulta de acuerdo con la verdadera intención de los contratantes revelada claramente en aquellas cláusulas y con sujeción al principio común á nuestra antigua y vigente legislación de que las cláusulas de los contratos han de interpretarse las unas por las otras, atribuyendo á las dudas el sentido que resulte del conjunto de todas.

Y que á mayor abundamiento, aunque se pudiera admitir la existencia de alguna duda para la interpretación de las repetidas cláusulas, nunca será ésta de tal naturaleza que dentro de los fines de la casación procedería la de la sentencia recurrida, según jurisprudencia repetida, fundada solamente en un criterio ó impresión meramente subjetivo, que no significa error claro y evidente de las cláusulas del contrato.

Quebrantamiento de forma.—Falta de personalidad.—Representación de los Obispos.—Sentencia de 14 de Octubre (Gaceta de 2 de Mayo de 1910).—Resuelve que dando fé un Notario al otorgar el correspondiente poder, de que conoce al podestánte y de que se halla en el ejercicio del cargo que ostenta, resulta con esto perfectamente acreditada su personalidad y consiguientemente la de su Procurador, mientras quien la impugna no haga alguna