El Foro español (Madrid. 1898) (1910-06-10 00:00:00), página 11

que tratándose de un documento de deber en el que dos personas como fiadoras de otra se obligan solidariamente á cumplir todo lo convenido por el fiado y en cumplimiento de ello abonaron algunas cantidades, no sólo por lo consignado expresamente en tal documento, sino por los actos posteriores al contrato realizados por los fiadores, pagando al acreedor algunos trimestres vencidos sin invocar á su favor derecho alguno relativo á la limitación de sus responsabilidades como simples fiadores, es de estimar con acierto que se hallan obligados solidariamente á satisfacer el crédito, y al estimarlo así la Sala sentenciadora resulta improcedente alegar la infracción del contrato y la de los artículos 1.137 y 1.630 del Código civil, por no haberse hecho exención de bienes del deudor, cuya alegación viene realmente á sustituir el propio criterio con el del juzgador en cuanto al sentido y alcance del documento base de la obligación, cuyo cumplimiento se reclama.

Y que habiéndose estipulado en el referido documento que para el cobro de la cantidad adeudada se procedería por medio de letras trimestralmente vencidas, el hecho de que aquéllas no se giraran, no afecta al vencimiento de la deuda, porque la entrega de dichas letras para el pago, constituye tan sólo una modalidad de la obligación, independiente de la esencia y establecida como garantía del acreedor, según en el contrato se consigna, sin que al estimarse así resulte tampoco infringida la ley de aquél, ni la regla de interpretación consignada en el artículo 1.281 del Código civil.

Tercería de dominio.—Embargo de bienes.—Sentencia de 26 de Marzo. (Gaceta de 8 de Noviembre de 1909).—Resuelve que la primera condición en toda clase de embargos ha de ser que la cosa embargada pertenezca al deudor, único medio de que la anotación preventiva de aquél produzca sus naturales efectos en favor del ejecutante.

Que esto sentado y declarándose en una sentencia, que las fincas objeto de determinada tercería de dominio, no han pertenecido nunca al deudor sino á su esposa, de quien las adquirió por título de compra el tercerista, el hecho de ser posterior la inscripción del expediente posesorio instruido sobre la base del documento en que se justifica el dominio de las fincas disentidas, á la anotación del embargo, no obsta al reconocimiento de este derecho en el que corresponde al ejecutante, demandado en el actual litigio, porque dicha anotación sólo produciría sus legítimas consecuencias en tanto la cosa embargada fuese realmente del deudor, sin cuya precisa circunstancia no pueden tener aplicación las disposiciones consignadas en los art. 1.227 y 1.280 del Código civil, y 25 y 70 de la ley Hipotecaria, doblemente cuando la expresada anotación se hizo á virtud de información posesoria practicada para atribuir al deudor fincas que realmente no le pertenecen.

Y que no porque la primera inscripción posesoria se hiciera á instancia del ejecutante, puede éste alegar carácter de poseedor, ni mejorar su derecho como embargante, carácter cuyo sostenimiento, en su caso, sólo interesa al ejecutado.

Incompetencia de jurisdicción.—Recurso de casación.—Sentencia de 27 de Marzo. (Gaceta de 8 de Noviembre de 1909).—Consigna que aun cuando no pueda estimarse en absoluto que la cuestión planteadá para el cumplimiento de un laudo sóbore aprovechamiento de las aguas de un río, concedido por la Administración, sea por su naturaleza de carácter esencialmente administrativo, toda vez que los derechos de los particulares á la propiedad y disfrute de las aguas, aun de aquellas que por su origen tienen la consideración de públicas respecto de las que al Estado incumbe únicamente establecer la correspondiente concesión, si los derechos posteriormente controvertidos se basan en ésta como título de posesión ó de dominio, cambiando en tal concepto, toda suerte de arreglos entre los interesados, en tanto, en cuanto tales arreglos no quebranten la ley fundamental de la concesión por afectar ésta al interés público, cuando ocurre, que lo que se controvierte, aparece ligado con actos realizados por la Administración dentro de sus propias facultades, respecto de los que caben los correspondientes recursos, incluso el contencioso administrativo ante el Tribunal competente, es visto que sin confundir y traspasar los límites de ambas jurisdicciones no cabe que los Tribunales ordinarios resuelvan cuestión alguna de carácter civil, mientras no aparezca libre y expedita su jurisdicción por acuerdos definitivos de la Administración, dictados como queda expuesto dentro de su propia y especial competencia que puedan en todo caso servir de base para la resolución de la cuestión civil planteada, atendida la naturaleza de los títulos controvertidos.

Que esto sentado, cuando el laudo y demás documentos en que se basa la demanda están íntimamente relacionados ya que no subordinados á los actos realizados por la Administración á instancia de los mismos interesados, actos que no sólo no aparecen firmes y definitivos, sino más bien lo contrario, por virtud de recursos pendientes, es manifiesto que á tenor de la doctrina antes expuesta resulta extemporánea dicha demanda y que en este sentido y aspecto el Tribunal sentenciador que se abstiene de resolverla por entender que la cuestión compete á la Administración, no infringe los artículos 4.º apartado 4.º y los 57, 58 y 60 del Código civil, 487 de la ley Procesal, 254 de la ley de Aguas de 13 de Junio de 1879, 4.º número 2.º de la ley reformada de 22 de Junio de 1894, sobre ejercicio de la jurisdicción contencioso-administrativa, ni la jurisprudencia consignada en sentencias de 15 de Enero de 1886 y 23 de Diciembre de 1885, ya que la incompetencia puede derivar lo mismo de la naturaleza de la cuestión planteada, que de la circunstancia de estar más 6 menos subordinada á acuerdos definitivos de la Administración.

Que cualquiera que sea el acierto de la Sala sentenciadora al consignar en su sentencia los fundamentos que se impugnan en un recurso por quebrantamiento de ley como éste, según tiene declarado reiteradamente la jurisprudencia, sólo se dá contra el fallo, el interpuesto contra dicha sentencia resulta improcedente, por no ser eficaz en casación la impugnación de sus fundamentos.

Y que el motivo que se fundamenta en no haber condenado la sentencia recurrida al demandado á la indemnización de daños y perjuicios pretendida en la demanda, procedería sólo apreciarlo, en su caso, si se hubiera dado lugar á la casación; pero resulta ineficaz cuando la sentencia se limita á declarar la incompetencia de la jurisdicción ordinaria.

Obligaciones nacidas de delito ó falta.—Acción civil.—Sentencia de 27 de Marzo. (Gaceta de 8 de Noviembre de 1909).—Declara que el precepto del artículo 116 de la ley de Enjuiciamiento criminal en relación con los consignados en los artículos 1.062 y