El Foro español (Madrid. 1898) (1911-07-30 00:00:00), página 8

ésta no puede ser más que la regla general, la orientación jurídica en determinado momento histórico y la síntesis del progreso científico; la ley no puede ser casuística, y, además, no es conveniente la inestabilidad de la ley en perjuicio de derechos creados al amparo de ésta, y ni siquiera puede ser positiva y prácticamente útil de momento la frecuente e inoportuna discusión e impugnación de la ley restando las necesariamente fuerza moral. De aquí la utilidad de que el Poder ejecutivo tenga potestad reglada para dar la conveniente flexibilidad á la ley, interpretando circunstancialmente su letra y su espíritu, procurando amoldarla á las modalidades del progreso de la ciencia jurídica, como se ha intentado en el Real decreto. Pero, con carácter premonitorio, el Poder ejecutivo debe recoger los latidos de la opinión pública y hacerse eco de los justos fundamentos de las nuevas necesidades oportunamente creadas por las modernas instituciones de la progresiva vida social, cuyos latidos y ecos debe traducir, como los ha traducido, en proyectos de ley, sin subrogarse en la potestad del Poder legislativo, á cuya exclusiva competencia, deliberación, votación y sanción no deben sustraerlos, como no los ha sustraído, sin legislar ad libitum, dictatorialmente, ni aun subcondicionem del anticientífico, por antidemocrático, bill de inamendable.

El Real decreto de 1.º de los corrientes ha sido dictado por el Poder ejecutivo en ejercicio de la potestad reglada de la administración pública, y, por tanto, en uso de un perfectísimo e innegable derecho. Esto es, por indiscutible, indiscutido. Ahora bien: ¿el decreto conduce á la ejecución de las leyes?

** El núm. 8.º del art. 54 de la Constitución ordena que se han de conferir los empleos civiles y conceder honores y distinciones de todas clases con arreglo á las leyes. Estas leyes, tratándose de la carrera judicial y fiscal, son, especialmente, la ley Orgánica del Poder judicial y su adicional. La letra del art. 34 del Real decreto de 1.º de los que cursan ordena que los Secretarios judiciales, á quienes alude, tengan la categoría y consideración del Juez en cuyo Juzgado sirvan, y que figuren en el escalafón correspondiente de la carrera judicial. Si lo ordenado por el decreto hubiera de interpretarse en el sentido de que todos los Secretarios judiciales que se encuentren en condiciones tales han de ser nombrados Jueces de las categorías referidas, el mandato del decreto no se ajustaría, es más, se oponía á las leyes Orgánicas que regulan los nombramientos de Jueces, y, por consiguiente, el precepto del art. 34 del decreto sería absolutamente nulo y carecería de todo valor, y, por tanto, de toda eficacia, en razón á que sería contrario á las leyes. Esto es incontrovertible e innegable de todo punto.

En su art. 78, la Constitución previene que las leyes determinarán los Tribunales y Juzgados que ha de haber, la organización de cada uno, sus facultades, el modo de ejercerlas y las calidades que han de tener sus individuos. Las leyes del Poder judicial y respectivamente las demás sustantivas y adjetivas de la administración de justicia estatuyen organización tal, establecen las facultades aludidas, preceptúan el modo de ejercer estas y prescriben las calidades que han de tener los individuos de los Tribunales y Juzgados. Si el art. 18 del Real decreto rectificase las facultades de Jueces, Secretarios y Alguaciles y el modo de ejercerlas y las calidades de los individuos de los Juzgados; tales rectificaciones no tendrían eficacia y carecerían de valor legal, mientras no fueran convalladas por otra ley; y, por tanto, hoy por hoy, serían completamente nulas, en tanto en cuanto se opusieran á lo prevenido y sancionado en las leyes vigentes.

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Con sujeción á lo preceptuado en el art. 6.º de la ley Orgánica del Poder judicial, las disposiciones reglamentarias que el Poder ejecutivo adopte, en uso de sus atribuciones, nunca alcanzarán á derogar ni á modificar la organización de los Juzgados y Tribunales, ni las condiciones que para el ingreso y ascenso en la carrera judicial señalan las leyes. De consiguiente el Real decreto como disposición reglamentaria que el Poder ejecutivo ha adoptado, en uso de sus atribuciones, sería nulo en lo que derogase ó modificase la organización de los Juzgados y las condiciones para el ingreso y ascenso en la carrera judicial que señalan las vigentes leyes. En virtud de lo cual, los artículos 18 y 34 del decreto carecerían de toda eficacia en todo cuanto derogasen ó modificasen lo legislado constitucionalmente.

El art. 7 de la meritoria ley Orgánica prescribe en su número 1.º que no podrán los Jueces, Magistrados y Tribunales aplicar los reglamentos generales ni otras disposiciones, de cualquier clase que sean, que estén en desacuerdo con las leyes. En su vista, no se podrían aplicar, por carecer de valor, los artículos 18 y 34 del Real decreto en cuanto estuvieran en desacuerdo con las leyes Orgánicas y demás sustantivas y adjetivas de la administración de justicia. Y en el núm. 2.º del mismo artículo se previene que los Jueces, Magistrados y Tribunales no podrían dar posesión de sus cargos á los Jueces y Magistrados cuyos nombramientos no estuviesen arreglados á la Constitución de la monarquía, á la ley sobre organización del Poder judicial ó á otras especiales. Por tanto, los Jueces, Magistrados y Tribunales no podrían dar posesión de sus cargos á los Secretarios judiciales nombrados Jueces ó Magistrados con arreglo á la letra estricta del art. 34 del Real decreto, si tales nombramientos no estuvieran arreglados á la Constitución de la monarquía y á las leyes Orgánicas del Poder judicial. Esto es: el art. 34 del decreto carece de fuerza legal si concede á los Secretarios judiciales más del turno cuarto.

A mayor abundamiento, en el apartado 2.º del artículo 8.º de la misma ley orgánica se previene que á los Jueces y Magistrados no les eximirá de responder civil y criminalmente alegar su obediencia á las disposiciones del Poder ejecutivo en lo que sean contrarias á las leyes, pues tal obediencia implica cometer una infracción de las leyes aludidas. Y el artículo 34 del Decreto pudiera resultar, por su letra, interpretada extensivamente, contrario á tales leyes; en cuyo caso no podrá ser obedecido, para no incurrir en responsabilidad criminal ó civil.