El Foro español (Madrid. 1898) (1911-01-20 00:00:00), página 11

de las personas, y está comprendido entre los que se refieren al orden público, que exceptúa de la renuncia el párrafo 2.º del artículo 4.º del Código Civil.

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Culpa ó negligencia.—Indemnización de daños y perjuicios.—Prescripción.—Sentencia de 26 de Junio. (Gaceta de 22 y 23 de Enero de 1910).—Se limita la cuestión capital del recurso á determinar y resolver si la acción ejercitada por el demandante en el pleito contra una Empresa ferroviaria, á la que reclama indemnización con motivo de la muerte de tres hijos, ocurreda en un choque de trenes, por cuyo hecho se siguió causa que se sobreseyó libremente como comprendida en el Real decreto de indulto de 17 de Mayo de 1909, reservando á los perjudicados las acciones civiles de que se creyeran asistidos, tiene señalado un término especial de prescripción por el artículo 1.968, número 2.º del Código Civil, como la sentencia reclamada declará, á partir del tiempo que en ella se fija para su ejercicio, ó sí, como pretende el recurrente, debe aplicarse éste fin el precepto del artículo 1.964, común á todas las acciones personales que carezcan de aquel requisito.

Y el Tribunal Supremo declara que de los actos y omisiones en que intervenga cualquier género de culpa ó negligencia, nace á tenor del artículo 1.089 del Código la obligación regulada respectivamente por los 1.902 y 1.903 de reparar el daño causado, según que se trate de actos propios, ó se exija, entre otras personas ó entidades á las Empresas respecto de los perjuicios irrogados por sus dependientes; siendo, por tanto, la misma la acción que en uno u otro caso se entable, de donde se sigue, que la Audiencia al absolver á la Empresa ferroviaria, lejos de infringir el citado artículo 1.968, número 2.º, ha hecho de él justa y recta aplicación, al estimar que se trata de una acción derivada de culpa ó negligencia no ejercitada dentro del término necesario para surtir efecto.

Que en tal concepto carece de eficacia la supuesta infracción del artículo 14 de la ley de Policía de Ferrocarriles de 23 de Noviembre de 1877, porque aparte de que la sentencia resultaría de todas suertes amparada por los fundamentos en que se apoya aun estando además aplicable el caso dicho precepto, y que la misma ley sanciona con la imposición de multas impuestas gubernativamente, la acción que en su caso correspondería al perjudicado por los daños y perjuicios irrogados con la infracción, nunca podrá ser distinta de la personal proveniente de la culpa ó negligencia, sujeta á término especial de prescripción marcado por el Código Civil.

Que este término sólo debe empezar á contarse á tenor del artículo 1.963, como acertadamente entiende la Sala sentenciadora, desde el día en que se entregó al recurrente la certificación del auto firme de sobresuelimiento recaído por virtud del indulto en la causa criminal, en cuya resolución se le reservó expresamente la acción civil para la indemnización de perjuicios, desde cuya fecha pudo ejercitar aquélla, sin que haya de entenderse subsistente, después de dictado dicho auto, la acción civil que no pudo ser ejercitada con separación de la penal durante el procedimiento, por express prohibición del artículo 111 de la ley de Enjuiciamiento Criminal.

Que sólo habiéndose reservado el perjudicado, como pudo hacerlo, el derecho de utilizarla con posterioridad á la determinación de aquel juicio, único caso en que, naciendo la obligación civil de un delito ó falta, y rigiéndose por las disposiciones del Código Penal, según el artículo 1.092 del Civil, podrá atenderse á los términos de prescripción consignados en los artículos 1.934 del Código Civil, 133 del penal y 411 de la ley de Enjuiciamiento Civil; pero extinguida la acción penal por el indulto y habiéndose reservado al perjudicado la civil para la indemnización de perjuicios, es evidente, que al utilizarla como lo hizo ante la jurisdicción y por la vía procedente, debió verificarlo dentro del plazo especialmente señalado para su ejercicio.

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Pobreza.—Sentencia de 26 de Junio. (Gaceta de 23 de Enero de 1910).—Resuelve que los informes de los Alcaldes de barrio relativos á los signos exteriores de riqueza reclamados en los incidentes de pobreza no tienen el carácter de documentos públicos.

Que los beneficios de la habilitación de pobreza obtenida en un pleito no puede extenderse á otro de aquel para que fué dictado, según el precepto de los artículos 21 y 35 de la ley de Enjuiciamiento Civil.

Y que el artículo 17 de esta ley faculta exclusivamente á los Tribunales sentenciadores para apreciar, según su prudente arbitrio, los signos exteriores de los litigantes que soliciten la declaración de pobreza al efecto de concederles ó dejarles de otorgar este beneficio.

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Testamento.—Nulidad de testamento.—Sentencia de 28 de Junio. (Gacetas de 23 y 25 de Enero de 1910).—Resuelve que según tiene ya expidiado la jurisprudencia respecto al alcance del precepto del artículo 699 del Código Civil, no existe quebrantamiento de unidad de acto cuando, redactado un testamento con arreglo á instrucciones ó expresión de su voluntad, hecha por el testador ante el Notario y testigos, aquél, por requerirlo la naturaleza de la disposición testamentaria, se toma el tiempo necesario para el estudio y redacción de sus cláusulas, si después, en el día señalado, se cumple con el requisito de leerle en alta voz para que el testador manifieste si está conforme con su voluntad, firmándolo en el acto, así como el Notario y testigos, en la forma prescrita en el artículo 695; es decir: que no es indispensable ni esencial que la expresión de la voluntad, redacción y lectura se realicen seguidamente, porque esto equivaldría á hacer imposible, quizá en la mayoría de los casos, el otorgamiento de testamentos complicados que requieran gran reflexión, ó se obligaría á los otorgantes y autorizantes á figurar en un acto lo que realmente hubiera pasado en varios, siendo ésta la razón de la jurisprudencia que, penetrando en el sentido de la Ley y en la finalidad de sus preceptos, ha estimado cumplido dicho requisito de unidad de acto cuando el otorgamiento se ha realizado de la manera expresada; que además era ya conocida por los testigos la voluntad del testador, por lo que resulta debidamente garantizada al oír en el momento oportuno y culminante la relación que de aquélla haya hecho el Notario, toda vez que necesariamente ha de preceder á ésta la expresión de dicha voluntad.

Y que no infringe los artículos 1.261 y 1.262 del Código Civil, la sentencia que declara no haber lugar á la nulidad del testamento, una de cuyas cláusulas testadoras se limita á expresar su voluntad de que se constituya con las condiciones que expresa determinada Sociedad, disponiendo así, en uso de su perfecto derecho, el destino que había de darse á sus bienes, y para el cumplimiento de cuya disposición se otorgó después la escritura social contra la que independientemente del testamento nada se ha alegado en el pleito.