El Foro español (Madrid. 1898) (1910-10-30 00:00:00), página 11

validad del consentimiento que prestó un otorgante demandado en la integridad de sus facultades intelectuales, al contrato cuyo cumplimiento se le reclama.

Que según también repetidamente ha establecido la jurisprudencia del Supremo Tribunal, la eficacia de los contratos y su carácter obligatorio, conforme al artículo 1.278 del Código civil, no están subordinadas ni condicionadas á lo dispuesto en el art. 1.280, cuyo sentido y alcance no es otro que el definido de una manera exacta y precisa por el 1.279.

Y que no siendo materia propia de un incidente, lo que constituiría en su caso una excepción no alegada en tiempo y forma por el demandado en orden á su incapacidad, es de rigurosa aplicación al caso de autos el fundamental principio de Derecho Procesal, según el que, una vez entablado el pleito, no es hecho durante su curso alterar las cuestiones planteadas en el mismo, ni suscitar en la segunda instancia, otras nuevas que no tengan carácter verdaderamente incidental.

Suspensión de pagos.—Nullidad de actuaciones.—Sentencia de 17 de Abril (Gaceta de 24 de Noviembre de 1909).—Declara que dado el terminante precepto del art. 936 del Código de comercio, en relación con los que regulan la naturaleza y consecuencias de los términos judiciales es obvio que para que la publicación de los edictos á que el mismo se refiere no hubiere de producir los efectos señalados en dicha disposición legal, sería menester una previa declaración de nulidad, pedida y resuelta en juicio contradictorio, sin que puedan las partes ni los Tribunales eludir, con pretexto alguno, el estricto cumplimiento de aquélla, pues de otra suerte se perturbaría hondamente el orden procesal y habría lugar á todo género de irregularidades sin las garantías que el procedimiento establece para que las partes defendan sus respectivos derechos.

Y que en el caso de no haberse pretendido por ninguno de los interesados la nulidad de la publicación de los edictos anunciando el convenio de los acreedores con la Compañía declarada en suspensión de pagos, sino que ésta se limitó á pedir que se publicara una rectificación de error material cometido en la designación de las obligaciones adheridas, habiendo sido el Juez de primera instancia quien oficiosamente, al acordar la rectificación, mandó asimismo que el término legal para oponerse á la aprobación del convenio comenzara á contarse de nuevo desde que tuviera lugar la última publicación de los edictos así rectificados, es manifestado que al revocar la Audiencia esta oficiosa resolución, no ha infringido los artículos 936 del Código de comercio y 279 de la ley de Enjuiciamiento civil, ni la jurisprudencia consignada en sentencias, entre otras, en las de 20 de Abril y 22 de Junio de 1882 y 9 de Junio de 1885; porque el mero supuesto de la trascendencia del error ó errata cometido, que pudo en todo caso servir de fundamento para solicitar la nulidad de la publicación de los edictos, no puede serlo para discurrir sobre la base de una nulidad no pretendida, ya que la subsanación de una errata no lleva implícita semejante nulidad; porque, descartada ésta, es obligado atribuir al precepto del art. 936 los efectos señalados en el mismo, y sería, por la inversa, infringirse, lo mismo que la doctrina invocada si así no se hiciera, toda vez que una nulidad en ningún caso puede suponerse ni resolverse de plano, atendida su trascendencia y los derechos á que puede afectar; y, porque, á mayor abundamiento, ningún inconveniente había habido ni hay, para los que en tiempo se hayan opuesto al convenio de fundar su oposición en la trascendencia legal, si la tenta, del error ó errata cometidos á los efectos de lo dispuesto en el art. 903 del Código de comercio.

Reivindicación de fincas.—Imposición de costas.—Sentencia de 17 de Abril.—(Gacetas de 24 y 25 de Noviembre de 1909).—Declara que según repetidamente tiene declarado el Tribunal Supremo de conformidad también con el artículo 348 del Código civil, para ejercitarse con éxito la acción reivindicatoria, es necesario al que hace uso de ella, justificar de un modo cumplido no sólo el dominio sobre los bienes que reclama, sino más señaladamente identificarlos, de modo que no pueda dudarse de cuáles son los que pretende reivindicar, de suerte que ha de fijarse con precisión su situación, cabida y límites y demostrarse durante el juicio, que el predio reclamado es el á que se refieren los documentos, títulos y demás medios de prueba en que el actor funda su pretensión, y que siendo de mero hecho la cuestión de su identidad, ha de estarse en casación á la apreciación que sobre ella haga la Sala sentenciadora en uso de su facultad soberana para apreciar las pruebas, á no demostrarse el error de hecho ó de Derecho, en que hubiera podido incurrir.

Que fundándose la sentencia absolutoria en la falta de prueba de la acción reivindicatoria por parte del demandante y no en la eficacia de los documentos aportados al juicio, no tiene para qué hacerse cargo de la excepción de nulidad alegada por el demandado, que, por otra parte, tampoco pretendió el actor, ni resulta la necesidad de ser justificada esa nulidad, pues esta exigencia del debate sólo habría de llenarse en el caso, no dado, de que el demandante, á juicio del Tribunal sentenciador, probara su acción.

Y que desestimado el recurso por los anteriores fundamentos, nunca podrá prosperar la supuesta infracción del Derecho procesal de que el litigante temerario debe ser condenado en todas las costas del juicio, y más cuando incoado el pleito después de regir el Código civil, á tenor de repetidas declaraciones del Tribunal Supremo, corresponde á la Sala sentenciadora apreciar la temeridad ó mala fe, determinantes de la condena al pago de las costas.

Daños y perjuicios.—Sentencia de 17 de Abril.—(Gacetas de 25 y 26 de Noviembre de 1909).—Resuelve que tratándose de un litigante que por haber sido declarado en estado de quiebra sin ser comerciante, reclama indemnización de daños y perjuicios, después de resuelto á su favor el incidente de oposición á la declaración de quiebra por el mismo promovido, la sentencia que desestima esta reclamación fundándose para ello en la substancial y decisiva afirmación de no haberse embargado ni ocupado bienes de ninguna clase al reclamante á consecuencia de la declaración de quiebra, por cuya razón no se le pudieron irrogar los perjuicios que reclama, procediendo los por él enumerados en la demanda de su mala situación económica, resuelve la cuestión planteada en el pleito y en el recurso, máxime no habiéndose impugnado aquella estimación con eficacia legal, y esto con tanta mayor razón si el incidente de oposición á la quiebra sólo se resolvió por el fundamento de no ser el actor comerciante, respecto de cuya apreciación no cabe atribuir mala fe ni dolo al promovedor de aquélla.