El Foro español (Madrid. 1898) (1911-09-10 00:00:00), página 6

tendrán de derecho y de hecho por el imperativo categoríco de las inflexibles leyes promulgadas por la lógica en el criterio y en la conciencia, y que no pueden ser derogadas ni rectificadas por ninguna otra disposición humana, categoría inferior y menos consideración oficial.

En la Administración de justicia el Secretario judicial, mientras desempeñe tal cargo, tendrá menos categoría y consideración oficial que su superior y jefe el Juez que le dirija y le ordene en cumplimiento del deber.

En suma; querer comparar el trabajo intensivo, las funciones, la responsabilidad y la autoridad del Juez que decide del honor, la vida y la hacienda de los ciudadanos, con el trabajo, las funciones y la responsabilidad del Secretario, mero fedatario, ejecutor y archivero, es una equivocación, y de tal evidencia, que no precisa demostración.

El Ilustrado Secretario es solamente un honorable testigo de mayor excepción, encargado al propio tiempo de auxiliar á la Administración de justicia, ejecutando lo acordado y ordenado por el Juzgado. Testigo y ejecutor ilustradísimo y honorabilísimo, pero en cuyas importantes y respetables funciones testificales y ejecutivas puede ser suplido en ciertas ocasiones por dos hombres buenos que sepan leer y escribir, quienes procederán bajo la dirección del Juez.

En suma; véanse en el Diccionario oficial de la lengua española las definiciones de las palabras Juez y Secretario. Cerebro y mano, respectivamente, de la Administración de justicia.

Que el cargo de Secretario es distinguido e importante; que tal funcionario público es acreedor á respeto y digno de consideración; que puede ser ilustradísimo y hasta sabio; que ostenta igual título originario que su superior y jefe el Juez, de quien, por tal concepto, es compañero además de auxiliar... es innegable. Pero, oficialmente, tiene inferior categoría y menos consideración que el Juez, de quien es fedatario y cuyas órdenes cumplimenta; porque ni de derecho ni de hecho puede admitir la hermenéutica jurídica, y, por tanto, no debe ser ni puede ser que el que manda y el que ha de obedecer tengan igual categoría y consideración, que siempre serán más altas para el primero. De consiguiente, el artículo 34 tiene un valor simplemente nominal y carente de virtualidad y de toda eficacia; no hay términos hábiles, no hay posibilidad de traducirle en nada positivamente práctico á efectos de la necesaria disciplina social y de la esencial e indispensable unificación del principio de autoridad, principio imprescindible e indefectible de la sociedad.

La auténtica interpretación expuesta por el Ministro de Gracia y Justicia en el Congreso y el ofrecimiento que en aquella ocasión hizo, corroboran, á mayor abundamiento, que el competente Ministro no se propuso incurrir en ninguno de los errores precedentemente apuntados, y que únicamente pensó conceder á los Secretarios categorías y consideraciones simplemente honoríficas y expectantes. De modo que como con arreglo al artículo 34 del Real decreto de 1º de Junio, los Secretarios no han podido ni pueden ser nombrados Jueces, Magistrados ó Fiscales, no han adquirido derechos, y, por consecuencia, con sujeción al Real decreto de 28 del mismo mes, refrendado por el propio ilustre Ministro, no ha lugar á asimilar la carrera Secretarial á la Judicial.

El artículo 34 del Decreto de 1º de Junio ¿es un programa? Dejo modestamente expuesta mi personal y particular interpretación como Abogado en este modesto trabajo y en los demás publicados acerca de esta cuestión en esta acreditada Revista y en otros periódicos profesionales no menos prestigiosos, en cuyos humildes trabajos salvo todos los respetos y consideraciones que merece el ilustrado y honorable Cuerpo de Secretarios judiciales, que tantas y tan profundas simpatías me inspira, y, desde luego, los debidos acatamientos y sumisión á los tres Poderes del Estado.

Como niego la omnisciencia humana, soy resuelto partidario de la especialización de los Cuerpos facultativos y subdivisión de sus carreras profesionales, y considero que el ingreso y ascenso en todas éstas debiera verificarse mediante rigurosa oposición teórico-práctica y previo juicio contradictorio. Y, á lo sumo, conceder un turno á los Catedráticos por oposición directa de derecho civil, mercantil, penal y procesal para ingresar en la carrera judicial; á los letrados, con determinado número de años de ejercicio verdad de la profesión, en la carrera fiscal, y á los Notarios por oposición y Procuradores que tengan el título de Abogado y hayan efectivamente ejercido las respectivas profesiones cierto número de años en la no menos dignísima carrera Secretarial.

De los preclaros talentos del insigne jurisconsulto don José Canalejas, diligentemente secundado por la ilustradísima inteligencia de D. Avelino Montero, debe esperarse la progresiva orientación científica del arte procesal y de la ordenanza constitutiva de la milicia togada.

Luis Zapatero,
Doctor en Derecho.
15 Agosto 1911.

BOLETÍN DE LA SEMANA

LEGISLACIÓN

GRACIA Y JUSTICIA.—Real orden de 12 de Agosto de 1911, aclarando dudas sobre la interpretación del art. 9.º del Real decreto de 29 de Mayo último. (Boletín Oficial del 30). Parte dispositiva:

1.º Que la Junta á que se refiere el art. 9.º del mencionado Real decreto pueda constituirse con la asistencia del Juez de primera instancia y uno cualquiera de sus Vocales, si bien es preciso que éstos sean citados en legal forma.

2.º Que cuando el cargo de Registrador de la Propiedad ó el de Delegado del Ministerio Fiscal se encuentre vacante ó estuviesen los titulares ausentes ó enfermos, serán reemplazados, el primero, por el que legalmente le sustituya, y el segundo, por el fiscal municipal si fuese Letrado, y de no serlo, por el Abogado en ejercicio de mayor antigüedad en el Juzgado respectivo.

3.º Que si el Juzgado de primera instancia estuviese vacante ó el Juez ausente ó enfermo, convocará y presidirá la junta el Juez municipal, si fuese Letrado, y no siéndolo,