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de quedar subsistentes, no obstante declararse la liberación;
4º Las hipotecas legales, derechos ó acciones á que estuvieren ó pudieran estar afectos los mismos bienes según el escrito del actor, y hubieren de quedar extinguidos por la liberación si no se reclaman, y
5º El término de los noventa días para deducir las reclamaciones en el Juzgado competente, con el apercibimiento que corresponda.
Décima. El término de los noventa días principiará á correr desde la fecha del Boletín Oficial de la provincia en que se publique el edicto, siempre que antes se hubieren hecho todas las notificaciones prescriptas en las reglas séptima y octava.
Si no se hubieren hecho, comenzarán á correr los noventa días desde el de la última notificación que se verifique para todos los interesados que tuvieren que hacer alguna reclamación:
Undécima. Durante el término de los noventa días, el expediente de liberación estará de manifiesto en la oficina del Registrador que le instruya, á fin de que puedan examinarle todos los que tengan en ello algún interés;
Duodécima. Concluido el término de los noventa días, y unidas al expediente todas las diligencias que acrediten las notificaciones y fijación de edictos, y un ejemplar de los periódicos oficiales en que los últimos se hayan publicado, el Registrador lo remitirá al Juez de primera instancia del partido que corresponda.
Art. 364. Las reclamaciones que se hubieren deducido en el referido Juzgado del partido, á consecuencia de la demanda de liberación, no tendrán curso hasta que el la liberación en el mismo expediente, que deberá instruirse en el Juzgado de primera instancia del mismo partido donde radiquen los bienes, siempre que el escrito, las cédulas que han de darse á los notificados y los edictos comprendan las circunstancias prescriptas en dichos artículos y en el 363.
El Juez de primera instancia del partido procederá también con sujeción á lo prevenido en aquellos artículos y en sus concordantes, con las alteraciones indispensables por la diferencia de los casos.
Art. 379. Las inscripciones de dominio que se verifiquen en virtud de la sentencia dictada en los expedientes á que se refiere el artículo anterior, contendrán la circunstancia de quedar los bienes liberados con la breve indicación de la sentencia en lo relativo á este extremo.
Art. 380. Los que no hubieren inscrito ni el dominio ni la posesión de bienes inmuebles ó derechos reales y quisieran inscribir solamente la posesión, no podrán promover el expediente de liberación de dichos bienes ó derechos, sino después de haber obtenido la referida inscripción, procediéndose en dicho caso con arreglo á lo prescripto en el artículo 377.
Art. 381. Los bienes adquiridos por herencia ó legado no pueden ser liberados sino después de transcurridos dos años desde la fecha de su inscripción en el Registro.
Art. 382. Se exceptúan de la regla contenida en el artículo anterior, los bienes adquiridos por herederos forzosos.
Art. 383. El que á la publicación de la primitiva ley Hipotecaria tuviere gravados diferentes bienes de su propiedad con un censo ó una hipoteca voluntaria, cuyo
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capital no se haya dividido entre los mismos, tendrá derecho á exigir que se divida entre los que basten para responder de un triple del mismo capital, con arreglo á lo prescripto en el artículo 119.

Si una sola de las fincas gravadas bastare para responder de dicha suma, también podrá exigirse que se reduzca á ella el gravamen.

Si dos ó más de las mismas fincas hubieren de quedar gravadas, cada una deberá ser suficiente para responder del triple de la parte del capital que se señale.

Art. 384. El acreedor ó censualista podrá también exigir la división y reducción del gravamen en el caso previsto en el artículo anterior, si no lo hiciere el deudor ó censtariato.

Art. 385. Si los bienes acensuados ó hipotecados en la forma expresada en el artículo 383 no bastaren para cubrir con su valor el triple del capital del censo ó de la deuda, sólo se podrá exigir la división de dicho capital, entre los mismos bienes, en proporción á lo que respectivamente valieren, pero no la liberación de ninguno de ellos.

Art. 386. La división y reducción de los censos é hipotecas de que tratan los anteriores artículos, se verificarán por acuerdo mutuo entre todos los que puedan tener interés en la subsistencia de una ó otras.

Si no hubiere conformidad entre los interesados, ó si alguno de ellos fuere persona incierta, se decretarán dichas división y reducción por el Juzgado del partido en juicio ordinario, y con audiencia del Ministerio Fiscal, si hubiere interesados inciertos ó desconocidos.

Art. 387. Verificándose la división y reducción del cen-

si los notificados tienen su domicilio en el mismo pueblo del Registro.

Si le tienen fuera de dicho pueblo, pero dentro del territorio del Registro, el Registrador pasará comunicación al Juez municipal que corresponda, á fin de que disponga que por su Secretario se practique la notificación.

Si residen fuera del referido territorio, el Registrador lo manifestará al Juez de primera instancia del partido, á fin de que éste libre el exhorto que fuere necesario;

Octava. Cuando la finca que se trate de liberar estuviere hipotecada en favor de la Hacienda pública, se hará la notificación al Gobernador de la provincia respectiva, ó al Director general á quien corresponda el negocio que haya dado lugar á la hipoteca;

Novena. La notificación á todos los demás que pudieran ser interesados se hará por edictos, que se fijarán en los sitios de costumbre de los pueblos donde se halla establecido el Registro, y del que fuere cabeza de partido en caso de ser distintos, y donde estén situados los bienes á que se refiera la liberación, cuyos edictos se publicarán además en los periódicos oficiales de la provincia;

Los edictos prevenidos en el párrafo anterior expresarán:

1.º El nombre, apellidos, domicilio, estado y profesión del actor;
2.º La relación de los bienes que éste pretenda liberar, indicando su situación, nombre, número, cabida y linde-ros del título de su última adquisición, y el nombre de su anterior propietario;
3.º Los gravámenes que tuvieren dichos bienes y hayan
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terminado los juicios promovidos contra la totalidad de los mismos bienes, ó hubiere algunos de éstos á los cuales no afectasen las reclamaciones propuestas, el Juez de primera instancia del partido comunicará el expediente de liberación al Ministerio Fiscal, á fin de que manifieste si se han guardado en el referido expediente las formalidades prevendidas en esta ley, determinando los bienes ó derechos que puedan ser liberados.

Si el Ministerio Fiscal encontrare algunos defectos, se acordará que se subsanen, como también los que el Juzgado estimare que deben subsanarse; y verificado, se pronunciará la sentencia de liberación.

Art. 372. La sentencia de liberación expresará:

Primero. El nombre, situación, número, cabida, linderos y pertenencia de cada una de las fincas que se liberen;

Segundo. La circunstancia de haberse dictado después de substantiarse ó no otros juicios, indicándose cuáles hayan sido;

Tercero. La de haberse constituido hipoteca ó hipotecas especiales en seguridad de derechos que antes estuvieron garantizados con hipotecas legales ó gravámenes no inscriptos, ó la de no haberse constituido tales hipotecas por renuncia de los interesados, ó por no haberse reclamado, ó por no haberlas;

Cuarto. Los gravámenes á que quedan afectos los bienes, no obstante la liberación;

Quinto. La de quedar libres dichos bienes de toda carga no inscripta é hipoteca legal, en cuanto á terceros que después adquiera dominio ó derecho real en los mismos bienes.

La sentencia se hará notoria en los términos preve-

nidos en el primer párrafo de la regla novena del artículo 363.

Art. 373. En los diez días siguientes á la publicación del edicto en el Boletín Oficial de la provincia, pueden apelar de la sentencia de liberación para ante la Audiencia del territorio los que hubieren sido por ella perjudicados y acreditaran que por fuerza mayor ó por otra causa les hubiere sido materialmente imposible reclamar su derecho en el término de los noventa días, expresados en la regla décima del citado artículo 368.

De la sentencia de la Audiencia podrá interponerse el recurso de casación que corresponda.

Si no se apelare en los diez días, ó se terminare ejecutoriamente la apelación que se hubiere interpuesto, confirmando la sentencia de liberación, no podrá interponerse contra ésta recurso alguno en perjuicio de tercero.

Art. 374. El Juez de primera instancia del partido dispondrá que se libre y entregue al interesado testimonio de la sentencia para que pueda presentarlo en el Registro que corresponda y que se archive el expediente.

Si se hubiere liberado una finca enclavada en los territorios de varios Registros, se librará un testimonio para cada uno de ellos, debiendo limitarse á los bienes que en él radiquen.

Art. 375. El Registrador á quien se presente el testimonio de la sentencia pondrá en los registros particulares de las fincas ó derechos liberados una nota que exprese la referida circunstancia, indicando brevemente el contenido de dicha sentencia en la parte relativa á cada finca. Verificado esto, conservará archivado en el Registro el testimonio.
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Los Escribanos y los Secretarios de Juzgados municipales que en ello intervengan, percibirán los derechos que por Arancel les correspondan; pero en ningún caso la suma total de éstos podrá exceder del 5 por 100 del valor de las fincas ó de derechos reales objeto del expediente, cuando este valor no pase de 2.500 pesetas, ni del 3 por 100 cuando pase de esta cantidad.

Lo dispuesto en los dos párrafos anteriores será aplicable igualmente á las informaciones de dominio.

Art. 395. Los Registradores no inscribirán en ningún caso la posesión que estuviese en contradicción con algún asiento de dominio ó de posesión extendido en los libros del Registro ó en los de las extinguidas Contadurías de hipotecas, mientras no transcurra respecto de éstos el plazo de cinco años otorgado en el artículo 401 para su traslación á los referidos libros.

Si del examen del Registro resulta algún asiento no cancelado de censo, hipoteca ó cualquier derecho real sobre la finca á que se refiera la posesión que ha de ser inscripta, el Registrador practicará la inscripción solicitada, pero cuidando de mencionar en ella el referido asiento si no hubiese transcurrido ya el plazo que para la traslación de asientos de gravámenes señala la presente ley.

Art. 396. Las inscripciones de posesión expresarán las circunstancias exigidas por esta ley, y, además, las siguientes: los nombres de los testigos que hayan declarado, el resultado de las declaraciones, el que arroje la certificación del amillaramiento ó el recibo de la contribución en su caso y las que sean peculiares de la inscripción según su especie, en cuanto constaren del expediente.

El tiempo de posesión que se haga constar en dichas so é hipoteca de conformidad con los interesados, se hará constar por medio de escritura pública.

Cuando haya precedido juicio y recaído sentencia, el Juzgado expedirá el correspondiente mandamiento.

Se considerarán comprendidos en este artículo y en los precedentes desde el 383, los censos y censales no impuestos sobre fincas determinadas, pero asegurados con hipoteca general de todos los bienes de los que los constituyeron, y en su consecuencia podrá exigir el censualista que se imponga el gravamen de la pensión sobre bienes señalados que posea el censatario cuando éste no lo haga voluntariamente.

Igualmente se considerarán comprendidos en las disposiciones de los artículos que preceden, los foros de Galicia, cuando se esté pagando la renta sin poder determinar los interesados las fincas gravadas.

Art. 388. Mediante la presentación de la escritura ó del mandamiento judicial, en su caso, se inscribirá en el Registro la nueva hipoteca ó gravamen en la forma que quede constituido, y se cancelarán los anteriores que deban reemplazar, si estuvieren inscriptos.

TITULO XIV

DE LOS DOCUMENTOS NO INSCRIPTOS Y DE LA INSCRIPCIÓN DE LAS POSESIONES

Art. 389. No se admitirá en los Juzgados y Tribunales ordinarios y especiales, en los Consejos y en las Oficinas del Gobierno ningún documento ó escritura de que no se haya tomado razón en el Registro, por el cual se constitu-
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notificación, inscriba su propiedad, bajo apercibimiento que, de no verificarlo ó impugnarlo dentro de dicho término, podrá el anotante del derecho real solicitar la inscripción como establece la regla 4.a;

Tercera. El dueño del inmueble gravado no podrá hacer la impugnación sin solicitar á la vez la inscripción del dominio, con presentación en el Registro del título correspondiente ó testimonio de haber incaído expediente contradictorio para la declaración judicial de dicho dominio;

Cuarta. Transcurrido el plazo de treinta días podrá el anotante presentar en el Registro copia del acta ó la solicitud y diligencias del Juzgado municipal, á cuyo efecto se le deben devolver íntegras, pidiendo la inscripción del dominio si acompaña los documentos necesarios; y si no los tuviera acudirá al Juez ó Jueces donde existan los archivos en que se encuentran, para que, con citación del dueño, mande sacar copia de ellos y se le entregue al anotante á dicho objeto y en defecto de documentos ó cuando fueren defectuosos no opte por subsanarlos, podrá justificar la posesión del dueño en la forma que prescribe esta ley;

Quinta. El Registrador inscribirá el dominio cuando se le pida, según las reglas anteriores, dejando archivado, en su caso, el documento en que conste el requerimiento, del cual dará las certificaciones que los interesados soliciten y convertirá en inscripción definitiva la anotación del derecho real;

Sexta. Si el dueño del inmueble estuviere ausente se llevarán, previamente á efecto, las formalidades exigidas para la citación en la regla 6.a del artículo 393, y el término empezará á contarse desde la notificación.

sus respectivas copias, se extenderán en papel del timbre de la última clase.

Segunda. Los Pósitos, los Sindicatos agrícolas constituidos con arreglo á la ley de 28 de Enero de 1906, y los Montes de Piedad aprobados por el Gobierno, satisfarán solamente la mitad de los honorarios designados en el Arancel de los Registradores por la inscripción de los contratos en que intervengan, incluso de los préstamos hipotecarios que hagan y por las certificaciones de los Registros que se expidan á instancia de los mismos.

Tercera. Cuando las fincas que se transmitan ó los gravámenes que se impongan excedan de 50.000 pesetas, como valor reconocido por los interesados, los Registradores cobrarán como aumento de honorarios 0,25 pesetas por cada 1.000 de exceso.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera. La propiedad de bienes ó derechos reales no inscrita hasta la fecha de la ley de 21 de Abril de 1909, podrá inscribirse con exención del pago de multas y recargos por los impuestos de Timbre y derechos reales, dentro del término de un año, contado desde la misma, que á este efecto concede la presente disposición.

Los Registradores percibirán por estas inscripciones el 50 por 100 de sus respectivos honorarios.

También gozarán de igual exención de pago de multas y recargos y por el mismo plazo las transmisiones de la propiedad ya inscrita para las que en dicha fecha hubieran transcurrido los plazos reglamentarios de presen-
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tación á los liquidadores de los impuestos de derechos reales y timbre.

Segunda. Las inscripciones de bienes inmuebles y derechos reales adquiridos por herencia y legado voluntarios, anteriores á esta ley, á las cuales reste menos de dos años, para perjudicar á tercero, se regirán por la ley anterior; á las que resten más de dos años, le será aplicable la presente ley, comenzándose á contar el tiempo que señala el artículo 23 desde que comenzó á regir.

Tercera. En las adjudicaciones hechas antes de la promulgación de esta ley para pago de créditos que consten en escritura pública ó por sentencia firme, el plazo de ciento ochenta días, en que los acreedores pueden solicitar anotación de su derecho, con arreglo al art. 45, empezará á contarse desde dicha promulgación.

Cuarta. El Subdirector, los Oficiales y los Auxiliares de la Dirección general de los Registros y del Notariado, no tendrán, en lo sucesivo, asimilación al Cuerpo de Registradores de la propiedad.

Los que al promulgarse la ley de 21 de Abril de 1909 desempeñaban aquellos cargos, seguirán disfrutándola con las categorías reconocidas en el decreto de 22 de Agosto de 1874; pero sin derecho á mejorarlas por los ascensos que obtengan en su respectivo escalafón.

Quinta. Quedan derogados los artículos de la ley Hipotecaria, hasta ahora vigente, y los de las demás que se opongan á lo dispuesto en la presente.

LEY HIPOTECARIA

inscripciones como transcurrido cuando éstas se verifiquen, se contará para la prescripción que no requiera justo título, á menos que aquél á quien ésta perjudique lo contradiga, en cuyo caso deberá probarse dicho tiempo de posesión con arreglo al derecho común.

Las inscripciones de posesión perjudicarán ó favorecerán á tercero desde su fecha, pero solamente en cuanto á los efectos que á la posesión se atribuyen en esta ley.

La inscripción de posesión no impedirá á quien tuviera mejor derecho á la propiedad del inmueble, aunque su título no haya sido inscrito, el ejercicio de las acciones reivindicatorias procedentes para obtener la declaración de aquél.

Art. 397 No podrán inscribirse mediante información posesoria las servidumbres continuas no aparentes, ni las discontinuas, sean ó no aparentes, ni el derecho hipotecario.

Art. 398. El poseedor de algún derecho real impuesto sobre finca, cuyo dueño no hubiese inscrito su propiedad al empezar á regir la ley de 21 de Abril de este año, podrá solicitar la inscripción de su derecho, con sujeción á las reglas siguientes:

Primera. Presentará su título en el Registro de la Propiedad, solicitando asiento de presentación y que se tome anotación preventiva del mismo por el defecto subsanable de faltar la inscripción de dominio del inmueble gravado;

Segunda. Conseguida dicha anotación hará requerir al dueño por acta notarial ó solicitará del Juez municipal del domicilio de éste que se dicte providencia para notificar-sela en forma, haciéndole saber que en el término de treinta días hábiles á contar desde el requerimiento á
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en varios partidos, refiriendo el modo con que los haya adquirido y las pruebas legales que de esta adquisición pueda ofrecer, y pidiendo que, con citación de aquél de quien procedan dichos bienes ó de su causahabiente y del Ministerio Fiscal, se le admitan las referidas pruebas y se declare su derecho;
Segunda. El Juzgado dará traslado de este escrito al Ministerio Fiscal, citará á aquél de quien procedan los bienes ó su causahabiente, si fuere conocido, y á los que tengan en ellos cualquier derecho real; admitirá todas las pruebas pertinentes que se ofrezcan por el actor, por los interesados citados ó por el Ministerio Fiscal, en el término de ciento ochenta días, y convocará á las personas ignoradas á quienes pueda perjudicar la inscripción solicitada, por medio de edictos que se fijarán en parajes públicos y se insertarán tres veces en el Boletín Oficial, á fin de que comparezcan si quisieren alegar su derecho;
Tercera. Transcurrido dicho plazo, oirá el Juzgado por escrito, sobre las reclamaciones y pruebas que se hubieren presentado al Ministerio Fiscal y á los demás que hayan concurrido al juicio, y en vista de lo que alegaren y calificando dichas pruebas por la crítica racional, declarará justificado ó no el dominio de los bienes de que se trate;
Cuarta. El Ministerio Fiscal ó cualquiera de los interesados, podrá apelar de esta providencia; y si lo hiciere, se sustanciará el recurso por los trámites establecidos para los incidentes en la ley de Enjuiciamiento civil;
Quinta. Consentida ó confirmada dicha providencia, será en su caso título bastante para la inscripción del dominio;

Sexta. Cuando el valor del inmueble no excediere de 750 pesetas, será verbal la audiencia que, según la regla tercera, debe presentarse por escrito al Ministerio Fiscal y á los interesados, y la apelación, en su caso, seguirá los trámites establecidos para estos recursos en los juicios de menor cuantía.

TITULO XV
DE LOS LIBROS DE REGISTRO DE LAS SUPRIMIDAS
CONTADURIAS

Art. 401. Los asientos de dominio hechos en la extinguida Contaduría de hipotecas y los de censos, hipotecas y cualesquiera otros gravámenes ó obligaciones existentes en las mismas, hállese ó no determinados los bienes á que afectan, no surtirán efecto si los interesados á favor de quienes se constituyeron ó sus causahabientes no solicitan la traslación de los indicados asientos en el plazo de cinco años, cuando se trate del dominio, y de dos si se refiere á derechos reales, contados desde la promulgación de la ley de 21 de Abril de 1909.
Las cargas y gravámenes que resulten de las Contadurías de hipotecas y se hallen mencionadas en los asientos del Registro moderno, no producirán efecto contra tercero si no se solicita la traslación de los asientos antiguos en que aquéllas consten en el plazo señalado, salvo cuando hayan sido ya objeto de inscripción especial y separada, verificada á instancia de parte en el Registro moderno ó objeto de alguna transmisión ya inscripta por virtud de