El Foro español (Madrid. 1898) (1910-12-30 00:00:00), página 9

hipoteca, á cuenta del total de la deuda consignada en la referida escritura de préstamo, ya se atienda á la falta de expresión concreta de aplicación del pago en los recibos expedidos, ya se considere, que de haberla, se refiere á la extinción de la obligación hipotecaria que con el crédito personal compone el total del débito reconocido; es evidente que en uno u otro caso debe imputarse el pago á la primera, aplicando rectamente la ley del contrato y los artículos 1.172 y 1.174 del Código Civil.

Y esto establecido, que satisfecho por el deudor el crédito hipotecario, cuya garantía y seguridad se constituyó sobre las fincas en cuestión, y pagada la parte del mismo con que aparecía gravada cada una de ellas, procede la cancelación de la expresada carga, conforme al artículo 124 y sus concordantes de la ley Hipotecaria, como también es indudable que esa cancelación puede exigirse aquél á quien interese, en cuyo caso se encuentra el tercer adquirente, porque tratándose de un derecho real que pesa sobre esas fincas, cualquiera que sea su dueño, sólo á él corresponde el ejercicio de la acción encaminada á cancelar el gravamen extinguido que sea la causa ó obligación que lo produjo.

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Juiciodetestamentaria.—Anotación preventiva de un legado.—Incongruencia.—Sentencia de 31 de Mayo. (Gaceta de 13 de Enero de 1910).—Resuelve que teniendo por finalidad el juicio de testamentaria, conforme á lo establecido en la sección 2.a, título 10, libro II de la ley de Enjuiciamiento Civil, poner en seguridad el caudal hereditario y llevar á debido cumplimiento la voluntad del testador, distribuyendo sus bienes en la forma por él ordenada, es evidente que cuando los interesados en la herencia hubieren recibido la parte que les correspondía á su conformidad y satisfacción, pierden el derecho que pudiera asistirles para promover aquel juicio, y encontrándose en este caso un legitimario de su abuelo, según afirma la Sala sentenciadora, sin que su apreciación haya sido impugnada en forma por el recurrente, es obligado reconocer que careciendo de derecho para promover la testamentaria, lo tenía expedido conforme al número 6.º del artículo 42 y sus concordantes de la ley Hipotecaria para solicitar la anotación del legado en cuestión, desde que, cumplidas las condiciones impuestas por el testador, pudo legalmente demandar en juicio su inmediato pago ó entrega; y al estimarlo así la Sala sentenciadora, no ha infringido el artículo citado ni el 45 de la propia ley Hipotecaria.

Y que en el artículo 57 de la ley Hipotecaria, regulador del procedimiento para hacer efectiva la anotación preventiva de los legados, se faculta á los Tribunales para señalar los bienes que hayan de ser anotados; y en consecuencia, declarándose por la Sala sentenciadora se lleve á efecto la anotación sobre los bienes de la herencia que subsistan en poder del heredero, conforme á lo dispuesto en el artículo 52 de la expresada ley, no puede afirmarse que otorgue más de lo pedido en la demanda, ni procede estimar incongruencia en la sentencia.

Junio.

Arrendamiento.—Comunidad de bienes.—Sentencia de 1.º de Junio (Gacetas de 13 y 14 de Enero de 1910).—Resuelve que si bien por regla general el contrato de arrendamiento es un acto de administración, como se ha declarado varias veces por el Tribunal Supremo, puede en algunos casos, bien por la naturaleza de las cosas á que se contraiga, bien por el largo tiempo que para su duración se estipule y que obligue á su inscripción en el Registro de la Propiedad con arreglo á la ley Hipotecaria, constituir un derecho real á favor del arrendatario y por ende una desmembración del dominio, que rebase los límites de la mera administración; y en este sentido, es obligado reconocer que en la comunidad de bienes no se hallan facultados los coudueños que representen la mayor suma de intereses para dar en arriendo la cosa común por un plazo que exceda de seis años, sin la anuencia de todos los partícipes, cuyos derechos dominicales, expresamente reconocidos por la ley, quedarán restringidos ó anulados por contratos de larga duración; de igual modo que no pueden verificarlo según el artículo 1.548 del Código Civil, el marido respecto de los bienes de su mujer, el padre y el tutor relativamente á los del hijo ó menor, y el administrador de bienes que no tenga poder especial; ya que el contrato de arrendamiento sólo produce obligaciones personales y por consiguiente no puede considerarse extensivo sin consentimiento de todos los interesados ó mandato expreso del dueño á la estipulación de aquellos pactos que alteran su naturaleza, transformándolo en contrato de enajenación parcial del dominio de las cosas arrendadas.

Que el artículo 398 del Código Civil se refiere á actos de administración y mejor disfrute de la cosa en común, acordados por la mayoría de los partícipes, y no se opone por tanto, á lo consignado en el fundamento anterior.

Que si bien los casos que motivaron las sentencias del Tribunal Supremo de 30 de Junio de 1897, 8 de Julio de 1902 y 30 de Octubre de 1907, se refieren á arrendamientos por más de seis años, semejante cuestión no fué propuesta en los recursos respectivos y consiguientemente no pudo resolverse en los fallos.

Que no puede desconocerse la analogía que existe entre el Administrador, sin poder especial, á quien está prohibido por el artículo 1.548 del Código Civil arrendar por término que exceda de seis años, y los comuneros que, siendo mayoría en sentido legal, acuerden dar en arriendo la finca indivisa, respecto de las participaciones ó cuotas pertenecientes á los demás coudueños.

Que ni la comunidad de bienes puede equipararse al mandato y regularse por los preceptos que á este contrato se refieren, careciendo, por tanto, de aplicación el artículo 1.127 del Código, ni planteadá la cuestión del pleito sobre la validez ó nulidad del arrendamiento de una finca indivisa, otorgado por doce años por varios partícipes de la misma, sería lícito establecer a posteriori la modificación de una de sus condiciones principales, como la referente al término de su duración, constitutiva de una verdadera novación, y menos aún autorizar la diferencia de plazos, según que se tratará de unas ó otras de las personas interesadas en su cumplimiento.

Y que según repetida jurisprudencia del Tribunal Supremo, no pueden servir de fundamento para la casación las cuestiones que no hubiesen sido planteadas y debatidas oportunamente en el pleito.

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Testamento.—Testigos idóneos.—Sentencia de 1.º de Junio. (Gaceta de 14 de Enero de 1910).—Resuelve que si la Audiencia estimó por el concurso y combinación de todas las pruebas practicadas que uno de los testigos de un testamento residía habitualmente en el lugar del otorgamiento el año en que éste tuvo efecto, no puede decirse que incurre en error de he-