El Foro español (Madrid. 1898) (1910-10-20 00:00:00), página 4

Y una vez que el Ministerio público recobre su personalidad independiente, conviene curarle de las mutilaciones que sufre hace veintiocho años; hoy no tiene piernas ni brazos sino sólo cabeza. Su oficio se ha mantenido íntegro cerca de todos los Tribunales superiores e inferiores; se ha conservado la función, pero se ha suprimido al funcionario, precisamente donde más se requiere su auxilio, en los Tribunales inferiores, en los Juzgados de primera instancia, allí, desde donde podía actuar sobre los Juzgados municipales del distrito. La supresión de los Promotores fiscales conservando el precepto que ordena que el Ministerio público inspeccione personalmente los sumarios es antinómico. No hay Fiscales y se dispone que actúen; como tampoco los hay en los Juzgados municipales, porque un veterinario, un zapatero, podrán firmar, si es que saben, al pie de una diligencia que sería nula sin este requisito, pero nadie les llamará Fiscales sin ironía, y las ironías son bien tristes en la esfera de la justicia. El centenar y medio de Fiscales a que está reducido el Ministerio público, ha de despachar anualmente, sólo en lo criminal, 80.000 asuntos. Podrá pasarle por esto, pero sin ser un cortesano del convencionalismo no se dirá que el servicio se realiza, sino que se procura humanamente realizar. Entretanto que se completa el Cuerpo fiscal, si hemos de contener ese creciente atraso de asuntos (70,000 este año) que espanta, hay que recomendar en vez de restringir el nombramiento de sustitutos hasta el número que exijan los trabajos.

José Gómez de la Serna.

(Se continuará.)

BOLETÍN DE LA SEMANA

LEGISLACIÓN

Gracia y Justicia.—Real decreto de 7 de Octubre de 1910 referente al ingreso ascenso, traslación y demás visititudes inherentes a la vida oficial de los funcionarios de los Tribunales. (Gaceta del 8).—Parte dispositiva:

Artículo 1.º Las vacantes correspondientes a las categorías desde Magistrado de Audiencia Territorial de fuera de Madrid y Barcelona, a Juez de ascenso, ambas inclusive, se proveerán: La primera y segunda, en los funcionarios de la categoría inferior inmediata que, no habiendo renunciado previamente y por escrito á su derecho al ascenso, ocupen el primer lugar en los escalafones respectivos. El Gobierno no hará uso de la facultad que le confiere el párrafo 3.º del artículo 44 de la ley adicional á la Orgánica del Poder judicial. La tercera y cuarta en la forma que determina para aquélla el artículo 8.º del Real decreto de 24 de Septiembre de 1889. La provisión de los Juzgados de entrada se atemperará á lo dispuesto en el artículo 40 de la referida Ley adicional, renunciando el Gobierno á la potestad discrecional que le atribuye el expresado artículo.

Art. 2.º Sin embargo de lo dispuesto en el artículo anterior, quedan á salvo los derechos que á los Secretarios y Vicesecretarios concede el artículo 53 de la misma ley y los derechos adquiridos por los Abogados que antes del 14 de Marzo de 1907 tuviesen conclusos sus expedientes de ingreso en la carrera judicial, y declarada su actitud por la Junta calificadora del Poder judicial. Estos derechos sólo podrán hacerse efectivos, cuando el Gobierno lo estime opportuno, en la vacante correspondiente al último de los turnos de las respectivas categorías.

Art. 3.º Podrán volver al servicio activo, en las categorías comprendidas desde Juez de entrada á Magistrado de Audiencia Territorial, ambas inclusive, los cesantes de las carreras judicial y fiscal que habiendo solicitado el reintegro, tengan favorablemente informada su petición por la Junta calificadora del Poder judicial. Los nombramientos que con este carácter se acordasen, sólo tendrán efecto en el turno tercero de la primera de las categorías indicadas y en el cuarto de las demás.

Art. 4.º Los funcionarios de las carreras judicial y fiscal que hubiesen obtenido á su instancia el cargo que se hallasen desempeñando, sólo una vez en el transcurso del año podrán solicitar por permuto ó traslado su pase á destino de la misma ó análoga categoría.

Art. 5.º Las licencias que se concedan á los funcionarios de las carreras judicial y fiscal no podrán exceder de un mes. Las prórrogas tampoco podrán exceder de un plazo igual, y habrán de fundarse en causa justificada. Cuando una y otra se soliciten por enfermedad, el interesado acompañará á la instancia certificación expedida por el Médico forense del lugar donde se encuentre; y donde no lo hubiese, por el Médico titular del Municipio correspondiente.

Art. 6.º La facultad que otorga el artículo 62 de la ley adicional á la Orgánica del Poder judicial de conceder licencia por quince días, sólo podrá utilizarse una vez al año respecto á cada uno de los funcionarios que lo soliciten, y de su concesión se dará inmediatamente cuenta al Ministerio de Gracia y Justicia.

Art. 7.º Los Presidentes y Fiscales de las Audiencias, quando hubiesen de usar la autorización que para ausentarse les confiere los artículos 915 y 921 de la ley Orgánica del Poder judicial, lo pondrán en conocimiento del Ministerio de Gracia y Justicia, y lo comunicarán, respectivamente, al Presidente y al Fiscal del Tribunal Supremo, sin cuyo asentimiento no podrán abandonar su destino.

Art. 8.º Se exceptúan de lo prescrito en los artículos anteriores los casos urgentes por inaplazables atenciones de familia ó de intereses. Los funcionarios que por esas causas se ausentaren sin permiso previo, habrán de participarlo al superior respectivo á la vez que soliciten su aprobación y licencia. El superior, con vista del motivo alegado, resolverá lo que estime justo.

Art. 9.º No se entenderán licencias las ausencias de los Presidentes de las Audiencias cuando fuesen llamados por el Ministro ó por el Presidente del Tribunal Supremo para conferenciar. Esta disposición es aplicable en los propios términos al Ministerio Fiscal; pero tanto el Presidente como el Fiscal del Tribunal Supremo darán cuenta al Ministerio siempre que hagan uso de esta facultad.

Art. 10. Los Jueces de primera instancia é instrucción, suspendidos en virtud de lo que previenen los artículos 227, números 1.º, 2.º y 3.º de la ley Orgánica del Poder judicial y 775 de la de Enjuiciamiento Criminal, podrán