El Foro español (Madrid. 1898) (1910-12-20 00:00:00), página 11

curso según constante jurisprudencia del Supremo Tribunal.

Recibimiento á prueba en segunda instancia.—Sentencia de 28 de Mayo. (Gaceta de 9 de Enero de 1910).—Declara que conforme á lo dispuesto en el art. 862, números 2.º y 4.º respectivamente de la ley de Enjuiciamiento Civil, para que sea procedente el recibimiento á prueba en segunda instancia se requiere que no hubiera podido practicarse en la primera por causa imputable al que lo solicitare ó que después del término al efecto concedido, hubiese llegado á conocimiento de la parte algún hecho de influencia notoria en el pleito si jura que antes lo ignoraba.

Que ninguna de estas circunstancias concurre cuando por no haber cumplido con el precepto del artículo 640 de dicha ley, dé consignar en la lista de testigos, no solamente sus nombres y apellidos, sino su profesión ó oficio, vecindad y señas de su habitación si constaban, en cuyo caso, la falta de citación de aquéllos por ser desconocidos y no haberse podido obtener noticias de su paradero, es únicamente imputable á la parte que propuso la prueba y cuando presentada una carta en apoyo de la pretensión del recibimiento á prueba en segunda instancia, en ella sólo se dice que los testigos vivían en el mismo punto que antes, sin designarlo, carta que no puede estimarse como reveladora de ningún hecho nuevo y de influencia notoria en el pleito de que antes no se tuviese noticia.

Y por lo expuesto, que no se quebrantan las formas esenciales del juicio al denegar el recibimiento á prueba en el caso dicho, puesto que ni la solicitada en la audiencia era procedente con arreglo á derecho, ni por tanto admisible según las leyes, ni su falta pudo producir indefensión, máxime descansando la sentencia en otros elementos probatorios.

Mejor derecho á un título nobiliario.—Sentencia de 29 de Mayo. (Gacetas de 9 y 10 de Enero de 1910).—Declara que debido exclusivamente el origen de los títulos y dignidades á la munificencia real, á diferencia de las vinculaciones emanadas de la voluntad de los fundadores, es manifiesto que por razón de tan diverso origen no pueden ser confundidas unas con otras en sus efectos y condiciones, aunque todas para el orden de suceder hayan sido sometidas á idénticas reglas, cabiendo, por lo tanto, racionalmente el supuesto de que respecto de las primeras con intervención del Monarca, como única fuente de las mismas, y para el mantenimiento y lustre de tales títulos se altere ó modifique el orden regular y ordinario de la sucesión, sin que por ello se pueda entender vulnerado ningún derecho perfecto, de los llamados á aquélla, á diferencia del que hasta la extinción de los mayorazgos regía en relación con la voluntad del fundador.

Que este concepto derivado de la propia y especial naturaleza de cada una de dichas fundaciones se encuentra legalmente corroborado, en cuanto á su distinción, por las mismas leyes desvinculadoras que á la par que establecían la extinción de los mayorazgos, mantienen la subsistencia de todos los títulos y honores en las mismas condiciones de su concesión; y en cuanto á la circunstancia de la alteración ó modificación de éstas por la pragmática de Carlos IV, ó sea la ley 25, título 1.º, libro 6.º de la Novísima Recopilación, por las leyes desvinculadoras citadas á tenor de las que y según el artículo 13 de la de 11 de Octubre de 1820, se atribuía al padre la facultad, en realidad delegada, de distribuir entre sus hijos los títulos y grandezas cuando era propietario de varios, sin otra limitación que la de reservar al primogénito el de mayor lustre e importancia, y por el decreto de 28 de Diciembre de 1846, que aun cuando tenga un carácter fiscal alcanza su trascendencia á regular el orden y circunstancias de las sucesivas transmisiones de títulos, por lo que es un error notorio el fijarse solamente en aquel carácter empequeñeciendo todas las consecuencias jurídicas del mismo como las ha dejado explica das la jurisprudencia en sentencias de 11 de Mayo de 1905 y 23 de Noviembre de 1906.

Que es tanto más importante la antedicha pragmática de Carlos IV, cuanto que los términos y razones de la misma revelan por modo claro que el estado de derecho anterior era el de cierta libertad de los poseedores de los títulos para su disposición y distribución que el expresado monarca restringió para lo sucesivo, reservándose la facultad de otorgar su permiso para su venta ó enajenación, facultad que patentiza la licitud de las cesiones otorgadas por los dueños de la intervención de los Monarcas, y que corroboran los mismos informes del Consejo Real en casos particulares, siquiera estos informes se funden en razones especiales para no autorizarla, sino con determinada justificación, y cuya división, aun con relación á los Mayorazgos, tiene su precedente en la ley 7.º, título 17, libro 10 de la Novísima.

Que todo lo expuesto demuestra por modo evidente la subsistencia de la prerrogativa real para autorizar la distribución ó cesión de los títulos entre individuos de la familia poseedora de los mismos, como medio de atender, hoy más que nunca, á los fines de su creación, manteniendo el lustre de aquéllos en relación con la fortuna de los agraciados, sin que en contra de esta doctrina y disposiciones legales pueda invocarse ninguna otra que la contradiga, ya que la teoría de la transferencia de la posesión civil y natural á que se refiere la ley 45 de Toro, en relación á los bienes mayorazgados, es perfectamente incompatible con las que regulan el derecho al disfrute de títulos y dignidades, á los que no se refiere.

Y que sobre la base de la licitud de la expresada cesión, es evidente que, á tenor de lo que el Tribunal Supremo declara en sentencia de 29 de Junio de 1908, el derecho del actor en oposición al del demandado, hay que juzgarlo y apreciarlo en relación con el último poseedor del título y siendo el demandado, actual llevador del mismo hijo de aquél, es notoriamente preferente sobre el que alega el demandante prescindiendo en absoluto de la referida licitud como hijo del cedente.

Costas.—Daños y perjuicios.—Sentencia de 29 de Mayo. (Gaceta de 10 de Enero de 1910).—Declara que la imposición de costas es de la facultad discrecional de la Sala sentenciadora, sin que, por regla general, quede recurso contra la sentencia que así lo resuelva; y aun cuando en una escritura se establezca la responsabilidad de pagar daños y perjuicios el que resistá cumplir lo estipulado, no puede hacerse extensiva aquella cláusula á las costas originadas en un juicio que puede ser seguido con razón bastante, y consiguientemente sin temeridad.

Competencia.—Nulidad de préstamo.—Sumisión expresa.—Sentencia de 29 de Mayo. (Gacetas de 10 y 11 de Enero de 1910).—Resuelve que aun