El Foro español (Madrid. 1898) (1910-08-10 00:00:00), página 12

de dirigirse contra ella por incumplimiento de la obligación.

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Reivindicación de fincas.—Tradición.—Sentencia de 10 de Febrero. (Gaceta de 11 de Febrero de 1910).—Consigna que según tiene declarado el Tribunal Supremo, para ejercitar con éxito la acción reivindicatoria es necesario que, además de determinarse la cosa que se pide de modo que no pueda darse de su identidad, se justifique cumplidamente el dominio de los bienes reclamados.

Y que para que el otorgamiento de una escritura pública equivalga a la tradición de la cosa vendida, según el artículo 1.462 del Código civil, es preciso que el vendedor posea la cosa ó se halle en condiciones de verificar la entrega.

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Incompetencia de jurisdicción.—Sentencia de 10 de Febrero (Gaceta de 12 de Febrero de 1910).—Establece como cuestión á resolver en el recurso la de si es ó no competente la jurisdicción ordinaria para conocer de la reclamación entablada por los ex concejales de un Ayuntamiento á quien dicha corporación exige particularmente el pago de un crédito que obtuvo el Ayuntamiento en cuestión ante la necesidad de atender al abono de cierta condena de cistas y de carecer de recursos para ello, cuyo acuerdo impugnan dichos ex-concejales por medio de la oportuna demanda en la que pretenden que se suspenda aquel mientras dure el pleito y se declare en su día que el Ayuntamiento demandado carece de derecho para dictar responsabilidad y condena de los demandantes, sin prescindir de audiencia y defensa previa, y asimismo carece de competencia y jurisdicción, por no dársele ley ninguna para entender en ese asunto, condenándose en consecuencia á dicho Ayuntamiento á estar y pasar por estas declaraciones y su efecto, y á restarlas, dejando en su consecuencia, sin valor ni efecto alguno el mencionado acuerdo.

El Juzgado de primera instancia dictó auto, que confirmó la Superioridad, declarando que el conocimiento de dicha reclamación incombue con arreglo á las vigentes leyes á la Administración, absteniéndose en su virtud de proseguir la sustanciación de la demanda con reserva á las partes de sus derechos para ejercitarlos y hacerlos valer ante quien corresponda, si les conviene, é interpretó el recurso por los demandantes, el Tribunal Supremo de laró haber lugar á él considerando que, establecido el precepto del art. 172 de la ley Municipal, para garantía de los intereses de todos los vecinos de cualquier Ayuntamiento contra acuerdos de éstos que puedan lesionar ó perjudicar los derechos civiles de aquéllos, y dados los términos precisos del mismo á tenor del que cuantos así lo crean pueden reclamar, mediante demanda ante el Juez ó Tribunal competente, es manifiesto que solamente si se trata de materia notoria y exclusivamente administrativa, que absolutamente ninguna relación pueda tener con derechos civilmente regulados, es cuando los Jueces ó Tribunales deben abstenerse de conocer, hacen do uso de la facultad que les otorga el art. 74 de la ley de Enjuiciamiento civil, porque, dando extensión indebida á este precepto, se correría el riesgo de desvirtuar los fines del legislador al consignar la antedicha garantía en la forma absoluta que queda indicada.

Y que esto sentado, y haciendo aplicación de dicha doctrina, como en el caso del presente recurso, supuestos los antecedentes y circunstancias del mismo, no cabe sostener a priori y sin género de duda alguna, que el fundamento de la creencia de los demandantes sea arbitrario y caprichoso, ni que se trate notoriamente de materia exclusivamente administrativa, es visto que sin prejuzgar su resultado, así como tampoco el de cualquier cuestión ó excepción que puedan ser propuestas durante la tramitación del juicio, se impone la admisión y sustanciación de la demanda, habiendo la Audiencia, al abstenerse de conocer de ella, cometido, en el sentido y aspecto indicado, la infracción del art. 51 de la ley de Enjuiciamiento civil en relación con el 172 de la Municipal antes citado, y de los artículos 339 y 1.902 del Código civil, puesto que el auto recurrido deja al posible arbitrio municipal la propiedad de los recurrentes.

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Tercería de preferente derecho.—Dote.—Sentencia de 12 de Febrero. (Gaceta de 12 de Febrero de 1910).—Declara que es notoriamente incongruente el supuesto de la infracción de los artículos 1.875 del Código civil en relación con los 23 y 27 de la ley Hipotecaria por la sentencia que declara que una mujer tiene derecho preferente al de la Hacienda pública para cobrar su crédito dotal del producto de unas fincas vendidas en apremio administrativo á su esposo, porque no consistiendo el fundamento en que se apoya semejante fallo en derecho alguno hipotecario, sino en el reconocimiento, según el resultado de una escritura pública, de la dote cuyo reintegro preferente se ha reclamado en el correspondiente juicio de tercería, la Audiencia sentenciadora ha podido estimar la preferencia de dicho crédito con relación al del Estado, sin infringir por ello los artículos de la ley Hipotecaria que se invocan, siendo como es ésta una cuestión independiente, toda vez que la validez, alcance y transcendencia de un documento acreditativo de un crédito enfrete de otro, no depende de que conste en el Registro, ni por defecto de dicha circunstancia puede negarse su eficacia en relación con otros derechos.

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Derecho foral.—Donación mortis causa.—Sentencia de 12 de Febrero (Gaceta de 12 de Febrero de 1910).—Resuelve que tratándose de un documento privado por el cual dos consortes hacen donación para después de su muerte á sus familias y sirvientes, también consortes, de determinada finca, cuya donación aceptaron los últimos, comprometiéndose á seguir sirviendo á los donantes con todo esmero, tanto sanos como enfermos, á trabajar todo lo posible en provecho de la casa, ya trabajando en la propia hacienda, ya á utilidad de la misma, y á conservar la paz y tranquilidad de la familia en cuanto lo permita la fragilidad humana, como asimismo á renunciar dicha donación siempre y cuando se separen de la compañía de los donantes por su propia voluntad; es evidente que atendidos los términos de tal donación, las relaciones de dependencia de los donatarios con los donantes, que explican su causa, y las obligaciones que aquéllos se impusieron al aceptarla, debe entenderse que dicha donación fué condicional, y no habiéndose cumplido la condición de que su validez depende, son ineficaces para la casación de la sentencia que así lo estima las supuestas infracciones de las leyes 3.º Dig. de donat., tit. 55, libro 8.º y título 35 de pactis del libro 1.º de las Decretales de Gregorio IX; del principio jurídico pacta sunt servanda, sancionado por sentencias, entre otras, las de 18 de Octubre de 1881 y 26 de Mayo de 1888; de las leyes 27, 29 y 31, tit. 84, libro 8.º del Código de Justiniano, y del art. 12 del