El Foro español (Madrid. 1898) (1911-03-30 00:00:00), página 2

ellas menciona la muy necesaria de la ampliación de haberes á los funcionarios judiciales, proponiendo el aumento de mil pesetas á todas las categorías. Es esta, cuestión de la que no es grato hablar por si se toma como egoísmo de clase; pero, francamente, la necesidad de tal aumento salta á la vista, muy especialmente en las categorías superiores. Mi opinión es de que los sueldos de los Jueces fueran 5, 6 y 7,000 pesetas; 8, 9, 10,500, 11,500, 12,500 y 20,000 pesetas los Magistrados en sus distintas categorías; 30,000 pesetas el Fiscal del Supremo y 40,000 el Presidente de dicho Tribunal. Con estos sueldos y la rebaja de los descuentos quedáramos decorosamente pagados, y si no, como deseaba el señor Martínez del Campo, al menos no tendrían la mayor parte de los funcionarios que andar habiendo equilibrios económicos para ir viviendo casi con vilipendio en el pié que le coloca su posición social. Tanto tienen, tanto valen. Alguien dirá: «pues no están mal retribuidos, ya que ingresan en la carrera con 4 250 pesetas.» Si, ese es el sueldo que tienen los Jueces de entrada en..., el papel, pues con el descuento del 14 por 100 las tales pesetas se reducen á 3.655 de las que hay que descontar aun el tanto por ciento del habilitado y la cédula de 5.a clase, que se traduce en 30 pesetas como término medio, con los recargos municipales. Unir á esto que no hay consignación alguna para las salidas del Juzgado y que el Juez tiene que pagarase de su particular pechillo los medios de locomoción, etc., y se verá entonces á qué quedan reducidas las 4.250 que nominalmente se nos asigna. No se olvide además, que estamos incapacitados para ganar otra peseta, lo cual no le ocurre á los demás funcionarios del Estado: Abogados del Estado, Notarios, Registradores, etc., pueden ejercer la Abogacía. Con todo, es preciso confesar que en la carrera somos los mejor pagados, los Jueces de entrada, y los que mejor nos podemos ir defendiendo. Los de arriba, los que viven en centros de población más caros y en un ambiente social de mayores exigencias son los más necesitados del aumento. Se dirá que todas las reformas dichas, suponen un presupuesto muy crecido. Es verdad; pero no se olvide que todo buen servicio cuesta caro y que no se pueden hacer grandes cosas con poco dinero; aparte de que los aumentos en los presupuestos, buscando las debidas compensaciones no supondrían una cantidad excesiva. El aumento de sueldos en la proporción dicha se elevaría á unos 2.000.000 de pesetas por lo que hace á Jueces y Magistrados de todas las categorías.

El sueldo de Escritorios y Auxiliares de Juzgados supondrían unos cuatro millones y medio de pesetas y el Secretariado de todas las Audiencias y Tribunal Supremo alcanzaría un aumento sobre lo hoy asignado, de unas 900,000 pesetas ó sea un total de aumento para el Secretariado de Juzgados y Tribunales de 5.400.000 pesetas; pero deduciendo lo que el Estado reintegraría por costas, bien en forma de timbre ó de tanto por ciento de la cuantía, á otra forma que se ideara, y que pudiera muy bien calcularse muy por lo bajo en unos 2.500.000 pesetas resultaría que el Estado pagaba todo ese personal con 2.900.000 pesetas, cantidad que puede reducirse mucho, y que aun siendo algo mayor, nunca podrá juzgarse excesiva para retribuir decorosamente á funcionarios que tan importante papel desempeñan en la administración de justicia.

Supondría un aumento grande el organizar en debida forma el servicio médico forense; pero es también de necesidad absoluta el hacerlo. Este importantísimo auxiliar de la justicia, prestado gratuitamente es una verdadera vergüenza, y de buscarse, no faltaría modo para sin excesivo gravamen para el erario público, atender á esa apremiante necesidad, máxime cuando ahora van á ser pagados directamente por el Estado los funcionarios de las prisiones preventivas, hasta hoy á cargo de los presupuestos carcelarios de partido.

En resumen con que sea una verdad que las reformas que se indican al principio son las que se implantarán por iniciativa del actual Sr. Ministro, y que su desenvolvimiento alcance á los demás particulares que dejamos indicados; el progreso será muy grande y el país sentirá seguidamente los efectos beneficiosos de las reformas.

No es de creer que para tan alta función se regaten cinco ó seis millones de pesetas. Todo buen servicio en la vida moderna resulta caro; pero cuando el servicio de la justicia se trata, nada debe parecerle. Es de imperiosa necesidad la defensa del territorio, es imprescindible la instrucción nacional, etc.; pero ¡caso no es indispensable una buena justicia! Si la vida del derecho es el todo en las sociedades modernas; si á la justicia están confiados los más grandes intereses de la sociedad, y en sus manos está el patrimonio y libertad de los ciudadanos, ¿qué menos puede hacerse que ponerla en condiciones de cumplir su altísima misión?

En fin; esperemos confiados, en la seguridad de que el bien público es el que inspira la labor de los autores de las reformas anunciadas.

CLAUDIA

DE INDULTOS

Vamos á mirar el indulto bajo un distinto aspecto de como generalmente se trata; sólo en el que afecta al poder judicial, al prestigio de los Tribunales de justicia, por el que anhelamos constantemente.

Los indultos de pena de muerte que no hace mucho se concedieron con la protesta general de la sociedad, en cuanto la ofensa recibida con el delito monstruoso casi todos ellos y la repulsiva figura de los asesinos incorregibles y odiosos en su mayor parte, no puede hacerla cambiar Gobierno alguno; obedece á los irresistibles dictados de la ley moral que todo hombre lleva escrita en su conciencia, y que protesta árdua e implacable ante con ello los males pensamientos, idea ó proporción del mal obrar.

Yo creo que esto debiera constituir materia vedada á los Gobiernos para pensar de una ú otra manera, y respetar, como es su deber, los sanos principios en que la sociedad se apoya y desenvuelve. Podrán iniciar según sus inclinaciones ensayos y experimentos para remediar los males sociales por un procedimiento de medicación en vez de quirúrgico, y aun de prevención ó higiene; pero como al individuo enfermo y canceroso no sería remedio bastante recomendarle la higiene á su activa enfermedad, tiene la obligación el Gobierno y la sociedad derecho á que mientras no se acredite y ensaye con seguro éxito el sistema de la piedad y la benevolencia, se cumpla la ley y se aplique el saludable rigor del castigo en todo delito, porque si hacer gracia es hacer justicia, en unos casos, es hacer injusticia para los otros, y, aunque sensible, debe afirmarse; por ser una verdad que el mal del rigor sólo perjudica á uno, al que se aplica, y el mal del perdón, de la impuni-