El Foro español (Madrid. 1898) (1911-03-10 00:00:00), página 4

Estas inscripciones deberán efectuarse dentro de los plazos fijados en las reglas 4.a y 5.a para la subsanación de defectos.

8.a Una vez efectuada la traslación, el Registrador pondrá al pie de cada uno de los ejemplares de las solicitudes presentadas, nueva nota firmada por él, que exprese el tomo y folio en que se halle la inscripción efectuada, el número de la finca y el de la misma inscripción, como dispone el artículo 244 de la Ley, y devolverá al interesado uno de dichos ejemplares, quedando el otro archivado en un legajo especial que se formará al efecto.

Si los Registradores suspendiesen o denegasen la traslación solicitada, pondrán igualmente al pie de las solicitudes, dentro de los sesenta días siguientes al de la fecha del asiento de presentación, una nota expresiva de los motivos ó defectos en que se funde la calificación.

Los interesados podrán subsanar los defectos notados, antes de transcurrir los plazos fijados en las reglas 4.a y 5.a, ó reclamar gubernativamente contra la calificación del Registrador, sin perjuicio de acudir, si quieren, á los Tribunales de Justicia, para ventilar y contenerse entre sí acerca de la validez y nulidad de las obligaciones, en analogía con lo dispuesto en el artículo 66 de la ley Hipotecaria.

En el caso de recurrir gubernativamente contra la calificación, quedarán, en suspensión los términos señalados en las expresadas reglas 4.a y 5.a, desde el día en que se interponga el recurso hasta el de su resolución definitiva, según lo previsto en dicho artículo, poniéndose al margen del respectivo asiento de presentación una nota en la forma que determina el Reglamento hipotecario.

9.a Transcurridos los plazos que se fijan en el artículo 401 de la ley Hipotecaria para solicitar la traslación de asientos de la antigua Contaduría sin haberse solicitado dicha traslación, caducarán aquéllos de derecho, con arreglo á lo previsto en el artículo 402, sin necesidad de formalizar en los libros antiguos una cancelación especial para cada caso, y no se comprenderán, por tanto, como subsistentes en las certificaciones que en lo sucesivo se expedan.

En las expedidas durante los plazos concedidos para las operaciones materiales de traslación de dichos asientos, se hará constar la existencia de las solicitudes presentadas con relación á las fincas ó derechos á que la certificación haya de referirse, sin p r i j u d i c i o de lo que en definitiva proceda acerca de la traslación solicitada.

10. Las menciones de cargas y gravámenes hechas en los libros modernos que traten su origen de los asientos de las antiguas Contadurías de hipotecas y que no sean de las exceptuadas por el párrafo 2.º del artículo 401 de la Ley, deberán cancelarse de oficio por los Registradores mediante nota marginal, con arreglo á lo previsto en la Real orden de 12 de Abril de 1884.

Estas cancelaciones podrán ser hechas á instancia de parte interesada, y los Registradores deberán también practicarlas, aun cuando los interesados no lo pidan, siempre que tengan que hacer alguna inscripción ó anotación relativa á las fincas ó derechos afectados con dichas menciones, ó expedir alguna certificación con referencia á las mismas fincas ó derechos.

11. En los casos de traslación no previstos especialmente en las reglas anteriores, los Registradores resolverán por lo que deba practicarse, teniendo en cuenta el criterio dominante en éstas, y las disposiciones dictadas con anterioridad sobre la materia que no se opongan á lo previsto en las mismas.

Si por tratarse de algún caso excepcional no pudiere resolverse del modo indicado, podrán elevar dichos funcionarios la correspondiente consulta en la forma que determina el art. 278 de la ley Hipotecaria. (Gaceta del 26).

—R. O. de 22 de Febrero de 1911, fijando el verdadero alcance de los artículos 18 y 19 del convenio sobre procedimiento civil firmado en La Haya el 17 de Julio de 1905 y ratificado el 24 de Abril de 1909.

—Habiendo dirigido algunos Jueces de 1.a instancia exhortos á autoridades francesas solicitando la ejecución de condenas relativas á costas y gastos de juicios declarativos promovidos en España contra subditos españoles por demandantes franceses, en cuyos exhortos, accediendo los Jueces á lo pedido por los interesados, trataban de dar á los artículos 18 y 19 del convenio sobre procedimiento civil firmado en La Haya el 17 de Julio de 1905 y ratificado el 24 de Abril de 1909 una interpretación amplísima al solicitar los Tribunales franceses que ejecuten gratuitamente la condena en costas y gastos hasta dejar depositado su importe en la Embajada de España con objeto de evitar que en lo sucesivo puedan suscitarse dudas ó interpretaciones acerca del verdadero alcance de los citados artículos 18 y 19; S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer se comunique á V. I., para que á su vez lo haga á las autoridades judiciales del territorio de esa Audiencia lo que conviene en los artículos 18 y 19 del Convenio de La Haya de 17 de Julio de 1905 se limitó á proveer gratuitamente de un título ejecutivo al litigante que haya obtenido en su favor la condena en costas y gastos para que una vez en posesión de ese título ejecutivo ó exequatur pueda á sus expensas hacer cumplir la condena por la vía de apremio. Es asimismo la voluntad de S. M. que tengan presente las autoridades judiciales españolas á tenor de lo acordado en los referidos artículos 18 y 19 que cuando se refieran á asuntos como el de que se trata no deben mencionar para nada el nombre de exhorto ni de comisión rogatoria sino el de petición ó demanda de exequatur y que las citadas autoridades se limiten á pedir á la autoridad judicial extranjera competente, entregue gratuitamente á la parte interesada por la vía diplomática el título ejecutivo correspondiente mediante copia autorizada de la decisión judicial.» (B. O. del Ministerio de 28 de Febrero de 1911).

A TODOS INTERESA

La emigración.

El Instituto Geográfico y Estadístico tiene ya formado el Censo de población correspondiente á todas las provincias de España el 31 de Diciembre último. Ese trabajo señala un aumento en el número de nuestros nacionales, durante los diez últimos años, de 805.394 habitantes. ¡Qué no sería si la luctuosa acción de los malos gobiernos no expulsase del territorio nacional á miles y miles de hombres fuertes, trabajadores útiles!

En ese Censo se consignan detalles aterradores. La provincia de Málaga ha disminuido en 14.000 habitantes su población; la de Lugo, 13.000; la de Almería, 4.000; la de Zamora, 3.000; la de Tarragona, 2.000. Mas esos datos acaso no reflejen, por diversas razones que no pueden imputarse á nadie, la terrible importancia de la despoblación que produce una desatendida política económica. Para comprenderla hay que acudir al Boletín del Consejo Superior de Emigración, donde aparece con negros colores la terrible plaga emigratoria. Así, por ejemplo, el número correspondiente á Noviembre de 1910, último publicado, trae los siguientes datos oficiales sobre los españoles que emigraron durante el tercer trimestre del año pasado. Ascienden á 6.337 en