El Foro español (Madrid. 1898) (1911-04-20 00:00:00), página 7

dudar, por la oposición, sea de la forma que sea, no puede deducirse nada á demostrar competencia, tanto por el corto tiempo en que puede afectarse, cuanto por el espíritu aleatorio que la caracteriza.

Delegaciones de los funcionarios de la carrera judicial.—La ley orgánica confiere la jurisdicción delegada de todos los órganos del Poder judicial en último grado á personas de incompetencia oficial, debido á que no tienen en su origen, como debieran, igual constitución; así que en casos de cesación por ausencia ó enfermedad del funcionario que la tiene propia, por ejemplo, del juez de primera instancia ó del Fiscal de S. M., pueden ejercer las funciones de éstos, ó letrados sin competencia, ó lo que es más grave, según ocurre en poblaciones de escaso vecindario, con menigua y desprestigio de la administración de justicia, personas de escasa ilustración que no conocen el derecho ó políticos fanáticos que pueden hacer la ley instrumento de sus pasiones; por lo cual la reforma de la ley se impone también en este punto, haciendo que estos últimos escalones se disminuyan constituyendo los primeros á ingresar en la carrera judicial y retribuyéndolos, bien directamente el Estado, bien aumentando los arrancales y cuantía de los asuntos de que conocen hoy, si no hubiese dinero disponible para ello; el caso es, repetimos, desterrar de una vez para siempre la deficiente organización judicial que reina hoy y la dolorosa posibilidad de que la ley, interinamente, quede ó in cumplida ó aplicada desastrosamente, con grave daño y quebranto de los sagrados derechos que defiende.

Atribuciones de los funcionarios judiciales.—Otro de los descuidos de la ley que examinamos es la asimilación de los cargos del juzgador y del ministerio fiscal, y por tanto de las funciones ó atribuciones que desempeñan, que no pueden ser más diferentes, en su ejercicio se entiende, y en la forma de cumplirlas; no explicándonos tampoco la dualidad de funciones que ejercen los jueces y que dan nombre al título que ostentan de instruir causas criminales y fallar en primera instancia los pleitos, tanto porque así no pueden dar vado á los asuntos, viéndose continuamente agobiados y delegando en actuarios y jueces municipales diligencias importantes porque no tienen tiempo de practicarlas por sí, cuanto porque es inconceivable que la razón que sirve en la esfera penal para relatarlos de la obligación de fallar estos asuntos, no se aplique por razón de analogías, para que dejen de hacerlo, en el orden civil, toda vez que lo mismo pueden en un caso que en otro dejarse influir de las preocupaciones y prejuicios que formen del asunto durante su tramitación y que con referencia al primero, fundamenta la luminosa exposición de motivos que precede á la ley de Enjuiciamiento criminal. Y bueno es hacer constar, valga lo que valiere la advertencia, que no nos parece acertada la ingénuica de estos funcionarios en la esfera política en ninguno de sus aspectos, porque si con ello se pretende garantizar ciertas resoluciones, enaltecido aún más el alto concepto que todos tenemos de los tribunales de justicia, sería muy conveniente no inmiscuirnos en ellos, pues bien pudiera ocurrir que se pretendiera recabar el favor ó se discutieran apasionadamente sus acuerdos, poniendo de este modo en entredicho públicamente, lo que por fortuna se conserva inmualdo en nuestro país, la administración de justicia en sus altas esferas.

De la Ley de Enjuiciamiento civil nos ocuparemos otro día con el laconismo que puede hacerse en un artículo, y que bien precisa dedicarle alguna atención por las deficiencias de que adolece.

Carlos Calleja.
Abogado.

SOBRE LA USURA

Sentencia interesante.

En sentencia de 5 de Enero del corriente año, primera sobre esta materia dictada, de la que fue ponente el Magistrado Sr. García Hita, se trata de la nulidad de cierto préstamo por su interés usurario en atención á haberse consignado en el documento mayor cantidad de la recibida, y pedirse la condena del prestamista á otorgar carta de pago por capital e intereses, y que se alzara la retención.

En el acto de conciliación, el prestamista se allanó á la entrega de la carta de pago por el capital e intereses; pero se opuso al alzamiento de la retención, fundado en que ésta se hallaba afecta á la solvencia de las costas del juicio ejecutivo.

El Juzgado y la Audiencia de esta corte condenó al prestamista, mandando entregar la carta de pago total por capital, intereses y costas, por tener ya cobrado con lo prohibido, no sólo aquél, sino el interés normal del \( \frac{8}{100} \) y las costas.

Interpuso recurso de casación, se desestimó por los siguientes fundamentos:

«Considerando que como la Sala estima que además del capital real y efectivamente prestado, y del interés normal del dinero que fija, según las circunstancias del caso, en el 8 por 100 anual, aunque se había pactado el 48, el deudor á pagado ya, en cumplimiento del art. 1.168 del Código civil, las costas del juicio ejecutivo, y esto, según se deduce de los autos con fecha posterior á la, ley objeto del debate y á un convenio extrajudicial que medió con el acreedor, y tal apreciación no se impugna en el recurso, resulta manifiesto que no pudo prosperar el primer motivo del mismo, porque sea cualquiera la interpretación que se dé al art. 4.º de la ley de 28 de Julio de 1908, que ni siquiera se cita en los fundamentos legales del fallo recurrido al mandar éste al acreedor expedir carta de pago en beneficio del deudor, incluyendo en ella el importe de dichas costas, no pudo quebrantar aquel precepto porque carece de aplicación al caso, puesto que no se trata en esta litis de que el prestamista devuelva cantidad alguna del exceso, y, antes al contrario, juzga con el debido acierto y, sin duda, á tenor de las disposiciones de carácter general consignadas en los arts. 1.156, núm. 1.º; 1.157 y 1.170 del citado Código, que ha sobrevenido la extinción de la obligación por el medio más natural: la solución ó pago, y con la secuela ineludible de que el acreedor que ha dejado de serlo entregue al demandante el oportuno justificante de cumplimiento fiel.

Considerando que es igualmente de desestimar el segundo motivo, porque aparte de que el acto conciliatorio