El Foro español (Madrid. 1898) (1910-07-30 00:00:00), página 2

ARTÍCULO 1.º
De los Tribunales inferiores.

§ 1.º
CUESTIONES ACERCA DE SU INSTITUTO

Que es útil y conveniente y necesario establecer organismos de distinta jerarquía para el conocimiento y resolución de los negocios judiciales, nadie podrá desconocerlo.

La división del trabajo es ley económica que rige todos los órdenes de la vida y fuera absurdo sostener que negocios de cuantía diferente los solucionara un mismo Tribunal con iguales procedimientos, con iguales costas y gastos y con iguales solemnidades.

La justicia llamada municipal es el grado inferior en el valor cuantitativo de la justicia; es y valga el simil, la que se administra en pequeñas dosis, porque en dosis pequeñas se demanda.

Los asuntos civiles que decide el Tribunal inferior son de mínima cuantía; los castigos que impone son penas leves y aunque dichos asuntos son de poco interés relativo para los particulares y de escasa importancia social, todos los resuelve en juicio y en todos dicta sentencia; de la misma manera que resuelve en juicio y dicta sentencia el Tribunal que decide asuntos civiles de menor y mayor cuantía e impone castigos de penas correccionales y aflictivas, asuntos que son de mucho más interés para los litigantes y de mucha más importancia social.

Las cuestiones debatidas acerca de los Tribunales inferiores han sido mal planteadas. Se han confundido las leyes generales con las leyes locales y en aquéllas los actos contenciosos con los de jurisdicción voluntaria; los que competen al Tribunal y los que competen al Comisario.

Las funciones de los Tribunales inferiores se diferencian de las atribuciones que corresponden á las Autoridades municipales ó concejiles; unas y otras son completamente distintas.

Los Tribunales inferiores, según hemos dicho, declaran y aplican el derecho nacido del Código civil y del Código penal; Códigos generales que obligan por igual á todos los ciudadanos y las Autoridades municipales hacen cumplir los Códigos locales que obligan sólo á sus administrados.

Conformes, muy conformes, en que unas buenas Ordenanzas municipales prolegómenos de la legislación de un país, son la base más segura de su saneamiento moral y social. Todo pueblo, por insignificante que fuese, debiera tener y debiera obligársele á tener un Código local, cuyos preceptos proscribieran la ignorancia, disminuyesen la miseria y abrieran horizontes al trabajo, con el objeto de separar de los senderos del vicio á tanto desgraciado que por su educación y sus enseñanzas resulta materia abonada para el crimen.

Conformes, muy conformes, en que la vagancia, la corrupción de menores, la trata de blancas, la mendicidad fingida, la golfa, el uso de armas en poblado, la embriaguez callejera, la adulteración de sustancias, etcétera, etc., encontrarán remedios eficaces y previos en las leyes de policía, por cuya estricta observancia velase los Ayuntamientos y sus alcaldes; pero todo esto y cuanto se ha repetido al combatir la ley de justicia municipal, ¿qué tiene que ver con las funciones de los Tribunales inferiores de justicia?

El progreso del hombre en todas las esferas de su actividad, industria, comercio, agricultura, artes y ciencias, ¿puede negarse en la realización ó práctica del derecho? ¿Por qué resucitar entonces nuestros antiguos Jueces de paz y hablarnos de los jueces de parroquia de Venezuela, de los jueces de cantón de Holanda, de los pretores del Brasil, de los jueces conciliadores de Italia y de los prud' hommes de Francia? ¿Acaso no tenemos los españoles fisonomía propia, carácter propio, costumbres propias, sentimientos, creencias, tradición, historia..., para estar condenados á copiar instituciones extranjeras, cuando dimos al mundo nuestras leyes?

Si nos declaramos partidarios del Jurado en los negocios judiciales contenciosos y proclamamos sus excelencias para el conocimiento del hecho, aceptado el principio con las restricciones que se quieran, tenemos que aceptarle con todas sus consecuencias. La ley de justicia municipal en este punto ha rendido tributo á la lógica.

¿Y cabe establecer en los pueblos, ó en circunscripciones de tres ó más, Tribunales técnicos colegiados ó unipersonales? ¿No piensan, los que así discurren, en la obligación de dotar á sus funcionarios puesto que no desempeñarían el cargo de Juez rural ó de circunscripción por los derechos de arancel y que esto es actualmente un imposible para nuestra Hacienda pública? Dos mil jueces por lo menos, á 3.000 pesetas, haciendo que las circunscripciones comprendiesen cuatro pueblos y algunas cinco y que en ellas hubiera un solo Juez, suponen un aumento de 6.000.000 de pesetas, con más los sueldos del Ministerio público, de los auxiliares, subalternos y gastos de material que sumarían otro tanto? ¿Y por qué perder el tiempo lastimosamente haciendo cálculos para gastar automóvil, cuando no tenemos lo preciso para arrastrar coche?

Además, esas circunscripciones, no representando nada útil y nada práctico en los negocios judiciales de pequeña cuantía, ofrecerían multitud de peligros y de inconvenientes.

Si hacemos que el Tribunal ó el juez vaya de pueblo en pueblo determinados días administrando justicia, exponiéndole en ese movimiento continuo á las inclemencias del tiempo, á las inseguridades de los caminos, á las venganzas de los que se creyeran perjudicados con sus acuerdos, y aparte de otras razones que se alcanzan