El Foro español (Madrid. 1898) (1911-05-30 00:00:00), página 4

Se sostenía la infracción, en primer término señalada, fundándose en que dicho artículo 27 dice: «A todo el que solicite en forma la declaración de pobreza, se le defenderá desde luego como pobre, nombrándole de oficio abogado y procurador, si lo pidiere, sin perjuicio de lo que se resuelva en definitivas;» y aun cuando el precepto legal pudiera haber ofrecido dudas, no obstante la claridad de su redacción, creo que, examinado con el criterio de las reglas de la lógica y de la sana crítica, no cabe dudar que el artículo da derecho a la persona que solicita la defensa por pobre a que desde este momento se le defienda como á tal, sin perjuicio de que si en definitiva no prueba el derecho que invoca, sufra las consecuencias de su sinrazón, pero en tanto su derecho es indiscutible, porque los términos del artículo son terminantes.

Aparte del aspecto bajo el que hasta aquí hemos examinado el artículo, tiene otro que no puede dejarse de apreciar. El artículo no sólo concede un derecho al que se considera pobre, sino que impone un deber á los Tribunales de justicia, cual es el otorgarle todos los medios para que ejerzite y exponga su derecho, y este deber queda incumplido desde el momento en que sin tramitación de juicio de pobreza se niega la defensa en tal concepto al que la solicite, que es lo que se hace en el auto recurrido; se niega al D. J. J. N., que solicita ser defendido como pobre y sin tramitar el juicio se le deja de auxiliar como á tal pobre y se declara en consecuencia desierta la apelación, es decir, sin llegar á la resolución definitiva que dispone el artículo que en primer término se señala como infundado.

Se sostenía la infracción de los artículos 28 y 29 de la misma ley de Enjuiciamiento civil, fundada en los siguientes razonamientos. Se decía enumera el artículo 28 los requisitos o particulares que debe contener la demanda de pobreza además de los propios de la demanda ordinaria, y el particular 6.º dice: «Y acompañará una certificación expedida por la Autoridad ó funcionario competente de no pagar contribución de ninguna clase en el año económico corriente y en el anterior, ó de la que pague, acompañando en este caso los recibos del último trimestre que hubiere sido satisfacto.»

Las circunstancias que dicho artículo enumera son esenciales, tanto que la ley misma, en su artículo 29 así lo declara, disponiendo que no se dará curso á las demandas que no contengan los requisitos expresados en el anterior. Pero al mismo tiempo que esto dispone, establece una excepción que exime al demandante de presentar la certificación á que el caso 6.º opclado se refiere, cuando no le es dado adquirirla, bastando que así lo manifieste, y en este caso la obligación de presentarla ya no es suya, la ley la declina en el Juez, que la reclamará de oficio, dice el artículo; luego la demanda presentada por el don J. J. N., es perfecta, no carece de ninguno de los requisitos que la ley en su artículo 28 exige, y, por consecuencia, el negarle el derecho á continuar defendiéndose en concepto de pobre, tanto más cuanto la certificación se había reclamado dos veces por el Juzgado, la última á instancia del demandante, entendamos que la parte dispositiva del auto recurrido infringía los dos artículos citados.

La sentencia dictada por la Sala segunda del Tribunal Supremo en el mes de Abril último declara no haber lugar á casar el auto recurrido, manteniendo igual doctrina que la de la Audiencia, ó sea que la demanda de pobreza pendiente de que el Delegado de Hacienda ó Autoridad correspondiente remita la certificación reiteradamente reclama, por el Juez, no está en tramitación, y, por lo visto, ni aun sirve de solicitud de ser defendido como pobre.

Como desde el año de 1851 en que se publicó la vigente ley de Enjuiciamiento civil he visto entenderla como en el recurso se sostenía, me ha parecido oportuno dar á conocer la novedad.

APOLINAR PÉREZ GARCÍA
Abogado

NOTICIAS

Colegio de Abogados de Madrid.

ELECCIONES

Los días 4 y 5 de Junio, tendrán lugar las elecciones para los cargos que vacan y la candidatura única, casi como si dijésemos por el artículo 29, es la de los señores D. Antonio Gabriel Rodríguez, D. Salvador Raventós y don Francisco Javier Jiménez de la Puente. La designación no puede ser más acertada, siquiera en alguno no concurren las condiciones que marcan los Estatutos, pero como parece que hemos convenido en que mejor que reformar éstos, por lo que hemos librado tantas campañas, es no cumplirlos, bien está lo hecho, y bueno será ir pensando en hacer nosotros también uso de ese desuso, si no queremos que nuestros amigos sean los únicos que permanezcan en el ostracismo, en perjuicio del espíritu reformista, que en bien de la clase nos anima. Y conste que al hablar de nuestros amigos, no queremos decir que los Sres. Rodríguez, Raventós y Jiménez no lo sean, y muy queridos, sino que nos referimos á los antiguos revolucionarios.

Por lo demás no duden aquellos señores que contarán con nuestros votos y entusiasta adhesión, hasta el punto de que tal vez alguien, muy de esta casa, tenga la culpa de que al ver sus nombres se haya desistido de otra candidatura á cuya cabeza había de figurar, por cierto, persona bien eminente.

Y hasta por eso les queremos hemos de consignar que no nos ha parecido muy justo lo que se hace con uno de los candidatos, el Sr. Raventós, que habiendo sido votado hace tres años para Diputado segundo, luchando junto con el Sr. D. Garman Valentín Gamazo, éste como Diputado cuarto, y vencido, aunque con votación lucida, se convino en memorable banquete de reconciliación en contraer como deuda de honor la de llevarlos á la Junta como ya se hizo el año pasado con el Sr. Gamazo, y hoy, un año después, se hace con el Sr. Raventós, en un lugar que no creemos corresponde á sus méritos ni al compromiso contraído, que parecía natural llevarlos á los mismos puestos por que con tanto empeño lucharon, siquiera dentro del Colegio eso del número del Diputado no signifique nada; pero de todos modos y siempre que de los números se haga uso, parece que, al menos para la generalidad, viene la idea de orden ó prelación.

Personal de la Magistratura.

Ha sido jubilado á su instancia D. Cipriano de Lara, Magistrado de la Audiencia Territorial de Palma.

Han sido nombrados: Magistrado de la Audiencia de Palma, D. Vicente de Payueta, Presidente de la provincial de Lérida; para este cargo D. José María Camés, Magistrado de la Territorial de Orihuela; para esta plaza D. Manuel Jesús Caramés, Fiscal de la provincial de Orense; Teniente fiscal de la Territorial de Zaragoza, D. Candido Peláez, Magistrado de la provincial de Zamora, electo; Magistrado de la provincial de Orense, D. Pedro Castán, Teniente fiscal de la Territorial de Zaragoza, electo.