El Foro español (Madrid. 1898) (1911-02-28 00:00:00), página 3

causadas á su instancia, y aunque en la sentencia se aprecie la mala fe y la temeridad del pleiteante que contiene como pobre y se le impongan todas las costas, el litigante que demanda ó contesta como rico no se indemniza del dinero que tuvo que anticipar para poder colocarse en términos de defensa. Pero, por otra parte, la negativa del beneficio de pobreza á un interesado litigante de buena fe puede originar perjuicios inastimables e irreparables, pues le impide, ó cuando menos le dificulta, la prosecución del asunto principal, y, por tanto, la sentencia que falla, negando el beneficio de pobreza resuelve, implícitamente ó indirectamente, el asunto principal en contra del pobre, que no ha podido ó no ha sabido probar judicialmente su pobreza efectiva en mayor ó menor grado, dentro ó cerca de la ley, y que no posee elementos bastantes para subvenir á los crecidos gastos de una litis con el egosfeta que abuse y pretenda avasallarle con su fortuna, á parte de la cual pudiera crecerse con derecho el pobre.

Al efecto de facilitar los medios de defensa, pueden ser declarados pobres los que tengan embargados sus bienes, comprendiéndose frutos, rentas y productos y no ejercen industria, oficio ó profesión y no se inferna de los signos exteriores que tienen medios superiores al jornal doble de un bracero en cada localidad.

Se puede otorgar la defensa por pobre al que, habiendo estado en buena situación económica, justifica cumplidamente que ha venido al estado de pobreza últimamente.

Y si bien es cierto que la enajenación de semovientes y efectos, utilizados como elementos de trabajo, no demuestra amoniacación de bienes, sino modificación de éstos, la comprobada venta de ellos, así como la del mobiliario para subvivir á las más apremiantes necesidades acusa evidente empobrecimiento en el haber del vendedor, no debiendo considerarse el producto de la venta como capital subsistente, transformado; ni obstante á que haya variado el estado de fortuna, y con derecho, por tanto, á los beneficios de la defensa gratuita, en razón á revelarse un cambio natural en la situación económica del litigante, que no obsta á la pretendida declaración de pobreza.

Aunque en el número 6.º del artículo 28 de la ley de Enjuiciamiento Civil se exige que á la demanda de pobreza se acompañe una certificación expedida por la Autoridad á funcionario competente, de no pagar contribución de ninguna clase en el año económico corriente y en el anterior ó de la que pague; tal exigencia no implica, no puede implicar que haya de declararse rico al que en tales años económicos hubiere poseído bienes cuyos productos estuvieren graduados en una suma que excediere de la equivalente al jornal de dos braceros en el lugar de su residencia habitual ó tuviere señalada una cuota contributiva superior á la marcada en el número 4.º del artículo 15 de la mentada ley; pues si el interesado demuestra que por circunstancias adversas con precedencia á la presentación de la demanda hubo de desaparecer el motivo de figurar como contribuyente por la aludida cuota debe declara rsele necesaria y legalmente pobre, pues lo contrario resultaría una anomalía y, por tanto, una injusticia, siendo de la exclusiva competencia de la Administración calificar el concepto y calidad del contribuyente.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el Código de Comercio y en la Ley Hipotecaria, según el Código civil, para presumir fraudulentamente la enajenación á título oneroso se hace preciso demostrar que contra el vendedor se ha pronunciado sentencia condenatoria en cualquier instancia o excedido mandamiento de embargo de bienes; pero no cabe resindir como fraudulentamente la enajenación si no lo reclama en tiempo y forma el acreedor que se suponga perjudicado, quien habrá de justificar su cualidad de tal, y si no se acredita la complicidad del adquirente en el fraude atribuido al vendedor. Por tanto, la rescisión habrá de proponerse, tramitarse y sentenciarse en el juicio correspondiente, con intervención del acreedor y del adquirente, y no en los autos incidentales de pobreza, en los que no todos los interesados son parte. Pues las actuaciones inciden- dentales de pobreza pudieran no ser el trámite más adecuado. Además de no ser equitativo considerar rescindido un contrato sin audiencia del adquirente. En razón de todo lo que resultaría ilegal declarar dolosa, fraudulenta y rescindible una enajenación en unos autos incidentales de pobreza en los que no es parte el comprador. Non est hic locus.

Principalmente á efectos de la aplicación del artículo 17 de la ley de Enjuiciamiento Civil y sin perjuicio de estimar en conjunto la prueba compleja, la importancia de la prueba testifical es innegable, produciendo certeza moral cuando concurren en los testigos las condiciones esenciales de capacidad, verdad y razones de ciencia; elementos los cuales, así como los de la prueba compleja, han de apreciarse con sujeción á las reglas de la sana crítica, cuyas reglas no se hallan presididas en ley alguna positiva, pero se legislan por el sentido jurídico, se sancionan por la conciencia y se aplican por el juzgador, desestimándose la interpretación que lleve al error, reduciéndose lo perjudicial y ensanchándose lo benéfico, aplicándose en todo caso el principio aquellas indubitableness prevalece y deducíendose de los hechos apreciados como verdaderos la certeza del que se quiere demostrar.

Luis Zapatero.
Juez de primera instancia.

NOTICIAS

Pésames.

D. José Manuel Piernas y Hurtado.

Como es sabido el día 26 falleció el sabio catedrático de Hacienda pública de la Universidad Central Sr. Piernas y Hurtado.

No hemos de transcribir los muchos y mercedes elogios que por sus notables obras y excelentes cualidades de carácter ha tributado la prensa toda al ilustre economista. Nos limitamos á consignar el profundo dolor que como discípulos antiguos del finado, sentimos por la muerte del maestro.

El día 17 del actual dejó de existir nuestro buen amigo y querido compañero D. Mariano Gill de Albornoz, Escribano del distrito del Hospital de esta Corte.

Gill de Albornoz fue nombrado Escribano del Juzgado de Talavera en Enero de 1874, y hace algunos años, por permuto, vino á esta Corte, habiéndose distinguido siempre por su corrección, mereciendo el aprecio de Jefes, compañeros y de cuantas personas le trataron.

A su viuda y hijos enviamos el testimonio de nuestra profunda pena y les deseamos la resignación necesaria para sobrellevar tan inmensa desgracia.

Personal de la Magistratura.

Ha sido jubilado, á su instancia, D. José López Díaz, Presidente de la Audiencia provincial de Segovia.

Han sido trasladados: á Presidente de la provincial de Segovia, D. Ramón de Lecea, que sirve igual cargo en la de Ávila; á esta plaza, D. Manuel Pérez Rodríguez, Presidente de la de Zamora; á la de Magistrado de la provincial de Murcia, D. Ciriacio Manzanares, que lo es de la de Logroño.

Han sido nombrados: Presidente de la provincial de Zamora, D. Félix Jarabo, Magistrado de la territorial