El Foro español (Madrid. 1898) (1910-06-10 00:00:00), página 12

1.093 del Código civil, y con los fundamentos que sirven de base á la separación é independencia de las dos jurisdicciones civil y criminal, patentizan que cuando ésta ha pronunciado un fallo definitivo y firme juzgando un hecho de los que la ley Penal califica como delito, no cabe ya sin infracción evidente de las antedichas disposiciones, que la jurisdicción civil juzgue acerca d-l mismo hecho y apreche los mismos elementos ya juzgados aun cuando sea para derivar una mera responsabilidad civil, si ésta por su naturaleza entraña y lleva consigo la penal, ya juzgada por las autoridades competentes, pues esto equivaldría á una verdadera revisión del juicio criminal solo autorizada en materia penal en favor de los condenados y nunca en contra del absuelto, é implica una confusión de obligaciones que el legislador ha diferenciado, según que nazcan de delito ó falta ó emanen de culpa ó negligencia no penadas por la ley.

***

Habilitación judicial para enajenar bienes parafernales.—Pago de costas.—Sentencia de 27 de Marzo. (Gaceta de 8 de Noviembre de 1909).—Resuelve que si bien es cierto que el recurrente excepcionó en su escrito de contestación que se declarase contencioso el incidente y se adaptara su tramitación á las virtudalidades del juicio ordinario de mayor cuantía, fundándose para ello en que el artículo 1.990 de la ley de Enjuiciamiento civil se refiere á la comparecencia en juicio y no á la habilitación para gravar; y habiendo sido desestimada tal excepción lo cual hizo innecesario que la Sala resolviera en definitiva más extremo que el relativo á la procedencia de la pretensión principal interesada, es, por consiguiente, suscitar de nuevo en casación la cuestión de trámite, y esto tanto más, cuanto que de todos suertes, dada la finalidad y carácter de la pretensión, el procedimiento seguido es el más adecuado dentro de la jurisdicción voluntaria y de conformidad con el alcance, sentido y aspecto del art. 1.387 del Código civil, habiendo así mismo una razón de perfecta analogía con el caso de la habilitación en juicio para aplicarle, en defecto de otra reglamentación que la ley pueda establecer, reglamentación que excluya la aplicación del art. 1.817 de la de Enjuiciamiento civil.

Que la cita del número 7.º del art. 1.892 de la ley de Enjuiciamiento civil relativa á la interposición de un recurso, no excusa al recurrente de cumplir con el deber de determinar la ley ó doctrina legal infringida.

Que no comete error alguno de hecho ni de derecho la sentencia, que dando todo el valor legal que tienen los documentos aportados al incidente, estima en uso de sus atribuciones, demostrada la existencia de varios pleitos para derivar de este hecho probado la causa justa que sirve de fundamento á la autorización solicitada por mujer casada para enajenar sus bienes parafernales, discutida por el marido, sin que á esa apreciación seoponga el supuesto gratuito de ser necesario que á la expresada habilitación judicial haya de prece der la condena de costas, ya porque el pago de éstas es exigible á medida que se vayan causando, ya también porque la condena de costas, en su caso, producirá efectos especiales dentro del régimen de la sociedad conyugal, sin que tal eventualidad pueda obstar á que mientras tanto se atienda á las necesidades imprescindibles de los pleitos pendientes.

Y que en tal caso está también fuera de ocasión la cita de los artículos 1.385, 1.387, 1.388 y 1.390 del Código, por no tratarse bajo ningún aspecto jurídico, de nada que afecte al régimen de los bienes parafernales aportados á la sociedad legal constituida entre marido y mujer, sino única y exclusivamente de habilitar judicialmente á la segunda, que, por haberse decidido á so i tar el divorcio vive separada de su marido, para que con la medida acordada por el Tribunal pueda evitar, sufragando los gastos judiciales que a su instancia se originen, el que se entorpezca ó imposibilite el ejercicio de las acciones civiles que en defensa de sus derechos tiene ejercitadas.

***

Retraeto.—Sentencia de 30 de Marzo. (Gaceta de 8 de Noviembre de 1909).—Resuelve que ejercitado el derecho de retraeto dentro de los nueve días siguientes al de la inscripción en el Registro de dos escrituras de venta de las fincas objeto de aquél, otorgadas con cinco días de diferencia en sus fechas, la segunda de cuyas escrituras se limitó á subsanar el error pasado en la primera en cuanto al precio de venta, que no fue notado por ninguno de los concurrentes al acto del otorgamiento, y siendo el acto de inscripción de las referidas escrituras el que sirve de fundamento al retrayente para el éxito de su acción dentro del término perentorio señalado en el artículo 1.524 del Código civil, resulta manifiesta la improcedencia del recurso interpuesto contra la sentencia que declaró no haber lugar al retraeto, por la razón de no haberse asignado el recurrente la cantidad señalada en la segunda de aquellas escrituras, toda vez que sobre la base y supuesto de la legalidad y validez de las referidas escrituras, y dado el alcance de la segunda con relación á la primera, sería completamente arbitrario negar eficacia para los efectos del retraeto á la última en fecha, que, atendidos sus términos, no es sino complemento de la anterior al rectificar el precio en que fué vendida la finca; en cuyo sentido, el Tribunal sentenciador no ha cometido infracción alguna al considerar las dos escrituras como expresivas de un solo contrato, y porque si bien el retrayente pudo ejercer su derecho en tiempo al tener conocimiento del otorgamiento de la primera escritura, no habiéndolo hecho no puede ahora válidamente invocarla y prescindir de la segunda, ya que los derechos en tanto son eficaces y títulos en cuanto se reclaman en tiempo, y sería notoriamente contradictorio haber de reconocer en su caso al retrayente el de retraeto por la fecha de su demanda con relación á la inscripción, y negar á ésta sus propios y naturales efectos, sin que por lo mismo pueda equipararse el caso dicho con los otros á que se refiere la jurisprudencia consignada en sentencias de 11 de Febrero de 1867, 1.º de Junio de 1870, 8 de Febrero de 1875, 23 de Marzo y 27 de Abril de 1876 y 8 de Junio y 3 de Julio de 1906, que en el recurso se invoca.

***

Nulidad de juicio ejecutivo—Obligación mancomunada entre cónyuges. Pago (excep-tión de)—Sentencia de 30 de Marzo. (Gacetas de 8 y 9 de Noviembre de 1909).—Resuelve que tratándose de una obligación consignada en documento privado por el cual un matrimonio reconoce haber recibido determinada cantidad en préstamo con obligación de devolverla pasadomedio año, si bien según previene la ley 3.ª, título 11, libro X de la Novísima Recopilación, 61 de Toro, aplicable al caso dicho, atendida la forma en que se constituyó la deuda, cuando se obligan de mancomún marido y mujer en un contrato, la mujer no queda obligada á cosa alguna, salvo si se probare que se convirtió la deuda en su provecho; y en tal sentido, procede la nulidad del juicio ejecutivo que por consecuencia de la citada obligación se entabló contra la mujer; como