El Foro español (Madrid. 1898) (1910-11-10 00:00:00), página 3

art. 8.º de la Ley de Justicia Municipal, y aun cuando sobre el acierto de tal reforma podríamos decir mucho, no es hoy este nuestro propósito; los demás casos del artículo quedan vigentes. ¿Deben reformarse? Entiendo que sí, en cuanto se refiere á empleados letrados del Consejo de Estado, haciendo extensiva la prohibición á todas las secciones del Consejo con tanto mayor motivo, que si la causa de la prohibición para los abogados que corresponden á la sección de Estado y Gracia y Justicia, es la resolución que las materias de consultas referentes á estas secciones, se relacionan con los Tribunales de Justicia, mucho más á tanto menos cuando se relacionan las demás secciones con la administración general del Estado, con todos los Tribunales contenciosos-administrativos, y por consecuencia, la regla debe de ser general para todos los que desempeñan empleos en el Consejo de Estado, y en este sentido reformar el artículo, manteniendo también la prohibición tercera.

He dicho que por una razón moral, las prohibiciones absolutas deberán aumentarse, y voy á señalar los cargos, empleos ó funciones, cuyo ejercicio deba ser declarado incompatible con el de la Abogacía, que son: 1.º El de Registrador de la Propiedad. 2.º El de Letrado del Estado ya preste sus servicios en los Tribunales de justicia, ya en cualquiera otra dependencia del Estado. 3.º El de Notario, y 4.º Todos los que pertenezcan al Cuerpo jurídico militar ó administrativo mientras estén en activo servicio. 5.º Todo el que haya sido Ministro de Gracia y Justicia hasta cuatro años después de haber desempeñado el cargo.

Estas incompatibilidades con el ejercicio de la Abogacía, son perfectamente justificadas, y á todo el que haya ejercido la profesión algunos años seguramente ha de parecerle indiscutible.

El cargo de Registrador, aparte de que implícitamente debió siempre entenderse comprendido en el caso 2.º del artículo 874, ó sea como empleado en el Ministerio de Gracia y Justicia, puesto que de ese Centro depende directamente, aun cuando sus funciones no las desempeñe en el mismo lugar en que el Ministerio radica, se trata de un funcionario encargado de garantizar el derecho de propiedad inmueble y derechos reales y aun de posesión, de los ciudadanos, es el que ha de expedir y comprobar los documentos que relacionados con esos derechos han de justificar el derecho ante los Tribunales, ha de calificar los documentos que se le presenten para el aseguramiento del derecho por medio de la inscripción, es en muchos casos quien hace la liquidación del impuesto y por consecuencia todos estos crean una verdadera incompatibilidad para ejercer la Abogacía, viéndolo después á defender ó impugnar hechos que ejecutó en el desempeño de funciones que el Estado le encomendó y en representación de éste. Además de estas consideraciones de índole puramente legal, existen de otro orden, cuales son, que siendo el cargo de Registrador de índole tal que ejerce influencia en el distrito ó partido en que funciona, este ascenso depende sobre sus habitantes determina en muchos casos que se busque en él no al Abogado más competente, sino á la persona que ejerce un cargo que le da mayor consideración ante el Tribunal que ha de resolver la cuestión litigiosa, resultando de aquí un perjuicio notorio para los Abogados que sólo subsisten del ejercicio de su profesión.

APOLINAR PÉREZ GARCÍA.
Abogado.

(Continuado).

¡¡Hágase...!!

Hemos recibido noticias del malestar que sienten los funcionarios del Poder Judicial, por las dificultades que se les ponen en el Ministerio para obtener traslaciones en las forzosas vacantes que ocurren, y más todavía en los cambios recíprocos de cargos, á los que hasta la fecha se ha accedido, ya que en ello no hay perjuicio ni para la buena administración de la justicia, ni para la clase.

Se nos habla de solicitudes de traslación, elevadas al Ministerio, y previo informe favorable de la respectiva Audiencia, que no han sido puestos á la firma.

Conocemos á Jueces y Magistrados que han pretendido obtener antecedentes respecto á las más probables vacantes, y se les ha puesto todo género de dificultades á fin de evitar sus deseos.

Se nos da cuenta de una fracasada permuta de un Juez de Asturias con otro de una provincia castellana, y se dice que las causas del fracaso se deben á que los permutantes no contaron con los Diputados de los distritos y se permitieron pretenderlo directamente y sin intermediarios políticos.

Es preciso regular las traslaciones y permutas de Jueces y Magistrados en forma parecida á los Registradores y Notarios, y sobre todo debe de evitarse que los funcionarios del Poder judicial cuando vayan á desempeñar sus destinos necesiten el marchamio del político, á quien van consignados ó el asentimiento del cacique.

NOTICIAS

Consumatum est.

El Tribunal Supremo, ha confirmado la sentencia dictada por la Sección 4.ª de esta Audiencia por la que se condenó á D. Arturo García Roche como autor de un desfalco hecho á la Compañía minera francesa «Aguilas», y de cuya causa dimos amplia información á nuestros lectores por entender que así lo requería el interés supremo de la justicia, por lo extraordinario del caso que resultaba de que á pesar de las imputaciones hechas por el procesado al presidente de la Sociedad desfalcada Excelentísimo Sr. D. Francisco de Laiglesia, exdiputado á Cortes y Gobernador del Banco Hipotecario, ocupó este señor el lugar del acusador privado, por perjuicios que decía se le habían causado á él también; y la verdad,