El Foro español (Madrid. 1898) (1911-05-30 00:00:00), página 3

cho más en garantía de esos mismos intereses que por la nueva ley se trata de defender, no tenemos derecho á dirigir por ello censura alguna al señor Ministro, ya que presenta un proyecto con cierta modestia y anunciando que es sólo á manera de un avance que impone la necesidad urgente de atender á reformas más trascendentales que se anuncian en el preámbulo de esta ley.

No obstante, y por lo que nuestra modesta opinión pueda valer, hemos de decir por lo que ahora respecto y por lo que para el porvenir se prepara, que nos parece que falta algo que, con ser muy poco, puede ser muy esencial, e indudablemente será lo que haga prácticas esas disposiciones legales y eviten de momento esos males, que se trata de prevenir con esa urgencia que en realidad resultará verdaderamente ilusoria, sino se añade ese algo tan senoial á que nos referimos, y que no es otra cosa que el de conocer á esa ley y á cuántas en análogo sentido y á los mismos fines se promulguen, efectos retroactivos.

No hay que olvidar que se legisla para un país como España, donde las empresas de esa clase para concesiones de obras públicas son contadísimas, y si esto es así, indudablemente, y con toda la urgencia que se quiera, se está legislando para tres ó cuatro casos durante los veinte ó treinta años que tengamos por delante, y, por otra parte no se aumenta con ello mucho el crédito, ni se garantiza mucho los intereses de Compañías que desgraciadamente, para quienes comprometieron en ellas sus capitales, se encuentran ya en lamentable situación.

Precedentes de esa retroactividad que reclamamos para esta ley, no faltan en nuestra legislación, y para no rebuscar mucho en tiempos más lejanos, así tenemos la ley de 25 de Julio de 1908, llamada de represión de la usura, que no contenta con prevenir tan terrible mal para lo sucesivo, dio reglas en su artículo 4º, que permitían poner remedio al daño ya causado, con anterioridad á la misma ley, y fijó la forma de liquidar los créditos de fecha anterior; y precisamente en esto ha estribado la mayor ventaja de esta disposición legal, que si no puede evitar en absoluto que la malaicia humana, aprovechándose de la necesidad que engendra la miseria, invente de una manera constante nuevos medios de burlar la ley, los créditos atrasados que desprevenidamente se concedieran han quedado sujetos á una revisión que ha favorecido, y aun hoy está favoreciendo grandemente, á las desdichadas víctimas de los usureros de oficio.

Y esto que tratándose de la ley de usura era de derecho sustantivo, con más facilidad podrá hacerse ahora ya que en la ley de que ahora nos ocupamos revestirá un carácter meramente aditivo y procesal.

¿Por qué, pues, no conceder efecto retroactivo á lo que por esa ley se va á establecer y qué inconveniente puede haber en ello aun tratándose de Empresas y Compañías que estuvieran ya dentro de esa triste situación legal?

Sólo de esta manera tendría de momento carácter verdaderamente práctico la ley que se proyecta, y sólo así las garantías que se buscan tendrían efectividad inmediata y aumentaría el crédito desde el primer instante de todas esas Empresas, y muy especialmente de aquellas que, por vicisitudes pasadas y presentes, lo han más menester.

Esperamos que nuestra modesta indicación se atenderá, pues si así no fuere sería una verdadera lástima que por un pequeño, pero importunísimo detalle, se malograren tan excelentes propósitos, como son los que revela el simple intento de promulgar esa ley.

Jurisprudencia sobre pobreza.

En el último número de El Foro me ocupé de dar á conocer una resolución del Tribunal Supremo de Justicia, relacionada con expediente de aprobación de cuentas participacionales, por entender que aquella resolución establecía una nueva jurisprudencia, modificaba la inteligencia que hasta entonces se había dado á la ley en la materia de que se trataba, y cosa análoga corrió en la que va á ocuparse en este artículo. Preciendo de más preámbulo y voy al caso.

Don J. J. N., en concepto de acreedor de la testamentaria de D. S. C., teniendo ingarantizado su crédito acudió el Juzgado correspondiente, que lo fué el de la Inclusa de esta corte, solicitando la prevención del juicio necesario de testamentaría, acompañando á la vez con el escrito en que esta pretensión deducida, la demanda incidental de pobreza, expresando en ésta que no siendo posible por falta de recursos para obtenerla, acompañar la certificación referente á no pagar contribución, y que en cumplimiento de lo que para tales casos previene el artículo 29 de la ley de Enjuiciamiento Civil, debía librarse oficio al Sr. Delegado, de Hacienda de esta corte á fin de que remitiera dicha certificación ó autorización expresa acerca del particular acordándose así por el Sr. Juez del distrito de la Inclusa, y librándose el oficio interesado.

En el escrito principal, ó sea en el que se solicitaba la prevención del juicio de testamentaría, se solicitaba del Juzgado que dados los perjuicios que podrían originarse al demandante de no acceder á practicarse la diligencia de prevención inmediata del juicio, se acordara á ella sin perjuicio de dejar después el juicio en suspensión hasta que recayese sentencia definitiva en la demanda de pobreza.

El Juzgado dictó en la cuestión principal providencia declarando no haber lugar á prevenir el juicio de testamentaría, no precisamente porque no entendiese que la diligencia no era de carácter urgente, sino por entender el Juzgado que el D. J. J. N. no tenía personalidad para promover dicho juicio universal. Contra esta providencia se interpuso recurso de reposición, que tramitado en forma fué resuelto por auto en que se declaró no haber lugar á reponer la providencia recurrida. Interpuso apelación de la expresada providencia y auto fué admitida en ambos efectos, remitiéndose los autos á la Exma. Audiencia Territorial de esta corte, correspondiendo su conocimiento á la Sala segunda de lo civil, ante la cual se personó el procurador de D. J. J. N., acordándose por la Sala, que luego que el procurador ácredite este mandado defender en concepto de pobre el D. J. J. N. se acordará.

El procurador mencionado presentó, dentro de término, testimonio expedido por el actuario, en que se hacía constar que la demanda de pobreza se había presentado con la principal, que se había tenido por presentada y librado oficio al delegado de Hacienda para que manifestase si don J. J. N. pagaba contribución en la actualidad ó si la había pagado en el año anterior, y en su caso por qué concepto y qué cantidad, habiéndose recibido á dicho funcionario contestase al expresado oficio, y no habiéndolo verificado se le había vuelto á recordar á instancia de la parte demandante. Presentado este testimonio, la Sala dictó auto declarando desierto el recurso de reposición. Contra este auto se interpuso el recurso de súplica, fundado en que entendía- mos ser equivocado el criterio de la Sala al fundar el auto en la inteligencia de que la demanda de pobreza no está en tramitación hasta que se ha presentado ó unido á ella la certificación referente al pago de contribución, exponiendo los razonamientos que creíamos conducentes á demostrar que no habiéndose presentado por mi parte la certificación y el pedido de conformidad á lo que dispone el art. 29 de la ley de Enjuiciamiento civil, que se realiza de oficio, y habiéndose reclamado repetidamente, la demanda estaba en tramitación. La súplica no fue estimada, confirmando el auto cuya fecha era de 15 de Septiembre del año último.

Contra este auto se preparó el recurso de casación por infracción de ley, y mandándose expedir la certificación se formalizó el recurso, en que se señalaban como infringidos por la Sala sentenciadora, ó sea la Sala segunda de la Audiencia de esta corte, los artículos 27 y 28 en relación con el 29 de la ley de Enjuiciamiento civil.