El Foro español (Madrid. 1898) (1911-02-20 00:00:00), página 5

Instituto, una lotería hasta conseguir la suma máxima de un millón de pesetas, y fijar la fecha del sorteo.

Todo esto, naturalmente, no ha ocurrido en España, sino en Italia. En España, donde hay más medios para realizarlo, pues sólo el Colegio de Madrid tiene más del millón de pesetas, no solamente no se piensa en eso, sino que cuando algunos hemos tomado la iniciativa de un Montepío, ha producido el mismo efecto entre los magnates de toga que si hubiéramos hablado del demonio. ¡Como que hasta se quiso procesar á unos Colegiales de Madrid por estímulos ofensivos (!!) para la Junta directiva el que se les preguntase á cuánto ascendía el capital del Colegio de Madrid, lo que se querría saber para hacer un cálculo respecto al proyecto de un Montepío!

El por qué de esta oposición, á pesar de estar en el ánimo de todos la conveniencia del Montepío, averíguelo Vargas.

Nosotros hemos dado la noticia anterior para que sirva de ejemplo... y de vergüenza, si aún la hay.

LEY DE LA USURA

Jurisprudencia del Tribunal Supremo.

Dos sentencias interesantes acaba de dictar el Tribunal Supremo: primeras en que se interpreta la ley de 23 de Julio de 1908, llamada de la usura, cuya doctrina nos apresuramos á trasladar á nuestras columnas por la importancia que encierra y por la conveniencia de propagarla, pues sabido es el tiempo que tarda su inserción en la Gaceta de Madrid.

En la de 5 de Enero del corriente año, de la que fué ponente el Magistrado Sr. García Hita, se trataba de la nulidad de cierto préstamo por su interés usurario, y haberse consignado mayor cantidad de la recibida, y se pidió se condenara al prestamista á otorgar carta de pago por capital e intereses, y que se alzara la retención.

En el acto de conciliación el prestamista se halló á la entrega de la carta de pago por el capital e intereses; pero se opuso al alzamiento de la retención, fundado en que ésta se hallaba afecta á la solvencia de las costas del juicio ejecutivo.

El Juzgado y la Audiencia de esta Corte condenaron al prestamista, mandando entregar la carta de pago total por capital, intereses y costas, por tener ya cobrado con lo perdido, no sólo aquél, sino el interés normal del 8 por 100 y las costas.

Interpuso recurso de casación, se desestimó por los siguientes fundamentos:

Considerando que como la Sala estima que además del capital real y efectivamente prestado, y del interés normal del dinero que fija, según las circunstancias del caso, en el 8 por 100 anual, aunque se había pactado el 48, el deudor ha pagado ya, en cumplimiento del art. 1.168 del Código civil las costas del juicio ejecutivo, y esto, según se deduce de los autos con fecha posterior á la ley objeto del debate y á un convenio extrajudicial que medió con el acreedor, y tal apreciación no se impugna en el recurso, resulta manifiesto que no puede prosperar el primer motivo del mismo, porque sea cualquiera la interpretación que se dé al art. 4.º de la ley de 23 de Julio de 1908, que ni signifique se cita en los fundamentos legales del fallo recurrido al mandar éste al acreedor expedir carta de pago en beneficio del deudor, incluyendo en ella el importe de dichas costas no pudo quebrantarse aquel precepto porque carece de aplicación al caso, puesto que no se trata en esta litis de que el prestamista devuelva cantidad alguna del exceso, y, antes al contrario, juzga con el debido acierto y, sin duda, á tenor de las disposiciones de carácter general consignadas en los arts. 1.156, num. 1º; 1.157 y 1.170 del citado Código, que ha sobrevenido la extinción de la obligación por el medio más natural, la solución ó pago, y con él la secuela ineludible de que el acreedor que ha dejado de serlo, entregue al demandante el oportunú justificante de cumplimiento total.

Considerando que es igualmente de desestimar el segundo motivo, porque aparte de que el acto conciliatorio fué intantado sin avance, el prestamista no accedió en el mismo ni en los actos posteriores que califica de allanamiento á las pretensiones fundamentales de la demanda, cual lo revelan los mismos escritos de contestación y dúplica, y aun concediendo que lo hiciera á alguno de los extremos de aquéllas, establece tales limitaciones, que alejan toda idea de convenio y parecen más bien inspiradas en el deseo de librarse de la declaración sobre costas, que la naturaleza del asunto trae consigo, conforme al art. 8.º de la ley especial mencionada, y en su virtud, la Sala pudo negar, como negó, la existencia de lo convenido á los efectos del art. 476 de la Ley de Enjuiciamiento civil, sin infringir el 1.218 del Código, que determina la fuerza y valor de los documentos públicos.

Considerando que por idénticas razones tampoco cabe aceptar que los créditos originarios se hallaban extinguidos, y que por tanto, no procedería hacer declaración alguna en cuanto á los mismos, hipótesis de que parte el tercero y último motivo fundada en las manifestaciones en tal sentido hechas por el demandado ante el Juzgado que conculca del juicio ejecutivo, porque precisamente esas actuaciones traídas á estos autos, constituyeron uno de los elementos tenidos en cuenta para apreciar que en los pagarés, títulos de los créditos, se supuso mayor cantidad que la verdaderamente entregada, párrafo 2.º del art. 1.º de la ley sobre represión de la usura, dato que por sí solo excluía la extinción, y tanto más cuanto que el recurrente exceptuaba el crédito referente á las repetidas costas, y por tal razón se oponía al alzamiento de la retención del sueldo, sentando como inconceso y contra lo terminantemente afirmado por el Tribunal á quo, que el pago no había sido total, y que en su consecuencia aquélla había de permanecer en vigor, sin duda, hasta que percibiera, y por duplicado, las 702 pesetas en que aquéllas fueron tasadas.

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En la otra sentencia, que es de 11 de Enero último, fué ponente el Magistrado Sr. Obaya, y en ella se trató del allanamiento y renuncia del interés excesivo pactado.

Doña Adela Jiménez firmó tres pagarés por 250 pesetas cada uno, en distintas fechas á favor de D. Manuel García Gutiérrez y una escritura por 8.000 pesetas.