El Foro español (Madrid. 1898) (1911-03-20 00:00:00), página 9

prueba en contrario, dada la transcendencia en la República de los Notarios y la responsabilidad que les es aneja.

Que compareciendo en unos autos el Provisor eclesiástico de una unión, en este concepto y en el de Vicario general delegado del Obispo, para todas las funciones inherentes a dichos cargos, es manifiesto que por la naturaleza de los mismos no se puede entender limitada la delegación mientras no se haga constar, limitación que por lo mismo debe probarse, sin que lo establecido en el Convenio con la Santa Sede sobre extinción de las Capellanías, respecto de la representación de los Obispos, afecte a sus facultades de delegación con el nombramiento para los expresados cargos.

Que como pareciendo en autos sobre declaración de subsistencia de una capellanía con poder de un Provisor y Vicario general, no impugnado por el demandado, ha de entenderse que subana cualquier defecto relativo a la falta de personalidad del actor.

Y que la circunstancia de que la capellanía sea colativa o laical no afecta a la cuestión de personalidad y constituye el fondo del asunto.

Ejecución de sentencia.—Cuestiones nuevas.—Sentencia de 14 de Octubre.—(Gaceta de 2 de Mayo de 1910).—Resuelve que, a tenor al sentido y espíritu del artículo 1.585 de la ley de Enjuiciamiento civil, sólo cabe resolver en ejecución de sentencia, aquéllas cuestiones nuevas, es decir, no resueltas en la ejecutoria, cuya solución sea necesaria para el cumplimiento estricto de ésta, debiendo las que no reúnan esa condición remitirse a juicio distinto.

Incompetencia de jurisdicción.—Sentencia de 14 de Agosto.—(Gaceta 2 de Mayo de 1910).—Declaró que por ser atribución de los jueces y Tribunal de la jurisdicción ordinaria, el conocer de los juicios de abintestato, y por ello de los incidentes que en los mismos se promuevan, es indudable que tratándose de un juicio de abintestato en el que uno de los dos arados herederos promueva incidente de nulidad de actuaciones, fundándose para ello en el compromiso formalizado por escritura pública entre dicho heredero y el que promovió el juicio de someter a la decisión de amigables componedores las cuestiones que entre ellos surjirán con motivo de dicho abintestato, tanto el juez como a Sala sentenciadora que accedió a la demanda de nulidad y declaró válido y eficaz el laudo pronunciado en cuanto respecta a los derechos de los litigantes respectivos, dejando a salvo los que en la sucesión correspondan a terceras personas y reservando a las partes personadas en dicho laudo, la acción que les corresponda ejercitar para pedir su cumplimiento como, cuando y ante quien proceda, no se exceden de sus atribuciones cualquiera que sean los fundamentos que para resolver el incidente de nulidad de actuaciones se hayan tenido en cuenta con relación a laude que se menciona.

Reivindicación de bienes.—Justificación del dominio.—Prescripción.—Bueno a fe.—Justo título.—Sentencia de 1º de Octubre.—(Gaceta de 2 de Mayo de 1910).—D. Clara que, siendo fundamento —sea tal de una se tenga reclamada en leito sobre nulidad de título o posesorio de prédica rústica, el no haber acreditado cumplidamente el actor el ac- minio de la finca que pretende reivindicar con aquella nulidad, y siendo esta circunstancia indispensable para el ejercicio eficaz de la acción establecida en el párrafo 2º del art. 448 del Código civil, no procede estimar la infracción, cuando el juicio de la Sala sentenciadora no es impugnado en la forma prevista en el art. 1.692 número 7º de la ley de Enjuiciamiento civil, cuya simple cita no basta para señalar el error de hecho 6 de derecho en que hubiere podido incurrir el Juzgado.

Que negada por la Sala sentenciadora la justificación del dominio, base de la acción reivindicatoria están desprovistas de fundamento las infracciones de los artículos 1.940 y 1.952 del Código Civil, 33 y 403 de la ley Hipoteca, y de la doctrina sentada en sentencias de 11 de Enero de 1889.

Y que las circunstancias de buena fe y justo título, integrantes de la prescripción se resuelvan comúnmente en cuestiones de hecho, cuya apreciación corresponde a la Sala sentenciadora, sin que á ella pueda oponerse el particular criterio de un recurrente que no las imponga con arreglo al número 7º del art. 1.692 de la ley Procesal.

Recurso de casación.—Cuenta jurada.—Auto de 16 de Octubre. (Gaceta de 2 de Mayo de 1910).—Consigna que según tiene ya repetidamente declarado este Supremo Tribunal, las resoluciones recaidas en los expedientes de cuentas juradas a que se refiere el artículo 8º de la ley de Enjuiciamiento Civil, no son susceptibles de casación por su naturaleza sumarísima y especial, y por no impedir que pueda suscitarse juicio sobre el mismo objeto.

Obligaciones nacidas de culpa ó negligencia. Justificación de perjuicios.—Sentencia de 19 de Octubre. (Gaceta de 2 de Mayo de 1910).—Decara que el artículo 1.905 del Código Civil no consiente otra interpretación que la que clara y evidentemente se deriva de sus términos literales, bastando, según el mismo, que un animal cause perjuicio para que nazca la responsabilidad del dueño, aun no imputándose á éste ninguna clase de culpa ó negligencia habida, sin duda, cuenta por el legislador de que tal conocimiento de dueño es suficiente para que arroste las consecuencias favorables ó adver-as de esta clase de propiedad, salvo la excepción en el mismo contenido, y esto ya sean perjuicios inferidos en las cosas, ya con más razón en las personas, por su mayor trascendencia, sin que á ello obste el resultado de la causa criminal que pueda haberse instruido por ser, en uno y en otro caso, distinto el aspecto de la responsabilidad.

Y que aun cuando sea necesario siempre justificar los perjuicios no puede sostenerse que no exista semejante justificación, cuando la Sala sentenciadora aprecia, siquiera sea con alguna vaguedad, las bases y fundamentos de su estimación, para fijar una cantidad concreta de pesetas, como estimación subjetiva, y por lo de la exclusiva competencia del Tribunal sentenciador.

Competencia.—Compraventa.—Sentencia del 19 de Octubre. (Gaceta de 4 de Mayo de 1910).—Resuelve que, verificado un contrato de compraventa mercantil mediante las condiciones expresadas en factura que se acompañó con el pedido, y contra la que nada opuso a las mismas el vendedor al promover la