El Foro español (Madrid. 1898) (1912-02-29 00:00:00), página 7

juzgado por el Juez o Tribunal competente, con arreglo á las leyes ó disposiciones que vinieran rigiendo antes de dicha fecha.

A fin de que este derecho pueda ejercitarse, el Juez o Tribunal que conozca de las causas pendientes dará audiencia, por el término de cinco días, al Senador o Diputado de quien se trate para que manifieste si opta por seguir en la misma jurisdicción, entendiéndose que de no hacerlo expresamente queda sometido á la nueva ley.

Artículo adicional.

Para los efectos de esta ley no se considerarán incluidos en el párrafo 2.º del art. 1.º los Senadores y Diputados que hayan prestado servicio militar en filas, sino durante su permanencia en las mismas.

GRACIA Y JUSTICIA.—Real orden de 9 de Febrero de 1912 fijando como límite de percepción de los honorarios establecidos en el art. 99 y de los derechos del art. 101 de los Aranceles en asuntos civiles para los Secretarios judiciales de primera instancia y para los Procuradores, y en atención á la extraordinaria importancia de los intereses económicos á que afectan las cancelaciones de gravámenes comprendidos en el art. 82 de la vigente ley Hipotecaria, el 1 por 100 de la cantidad de 300.000 y 250.000 pesetas, respectivamente, del valor de las hipotecas, estando incluidos en ellos los que se devengaren con motivo de la ejecución de la sentencia. (Gaceta del 11).

REFORMAS JURÍDICAS

DOS PROPOSICIONES DE LEY

Muy interesantes y muy oportunas son las dos reformas que en la ley de Enjuiciamiento civil ha propuesto el Congreso el diputado y distinguido abogado D. Juan Barriobero y Armas.

Una de las proposiciones se refiere al art. 1.543 de dicha ley, al cual pide que se añada un párrafo muy importante, en el que se preceptúe que en caso de embargo preventivo, juicio ejecutivo o procedimiento de apremio contra cualquier clase de bienes, se sobreseá todo procedimiento de apremio respecto de los mismos ó de los frutos, productos ó rentas, y en el instante que conste en los autos, por manifestación auténtica de un Registro u oficina pública, ó por cualquiera otra prueba, que produzca pleno convencimiento al Juzgado, que dichos bienes ó derechos constan inscritos ó pertenezcan á persona distinta de aquélla contra la cual se decretó el embargo, ó se sigue el procedimiento, á no ser que se hubiera dirigido contra ella la acción en concepto de heredero.

Al acreedor se le reservará su acción para perseguir otros bienes del deudor y para ventilar en el juicio correspondiente el derecho que creyere asistirse en cuanto á los bienes respecto de los cuales se suspenda el procedimiento.

El Sr. Barriobero se ha inspirado, para solicitar tal adición, en lo que dispone el art. 16 de la ley Hipotecaria respecto de los bienes inmuebles ó derechos reales.

Lo establecido para ese género de bienes lo extiende el Sr. Barriobero á todos los demás, considerando, con soberbia razón, que no es lógico ni justo que una medida que tantos abusos puede evitar sólo sea aplicable á unos bienes y á otros no.

La otra proposición, también muy atinada, tiende á poner en igualdad de condiciones á los litigantes, cuando uno de ellos pleitee por pobre y otro no.

Hasta ahora ocurría que muchos declarados pobres legalmente sostenían pretensiones absurdas y temerarias para forzar al litigante rico á un arreglo, que tenía que aceptar para evitar los gastos de un litigio.

El Sr. Barriobero busca el remedio á esa injusta des- igualdad proponiendo que al artículo 50 de la ley de Enjuiciamiento se adicione un párrafo por el que se concedan los mismos beneficios que á los declarados pobres á los que defendan derechos propios contra reclamaciones formuladas por litigantes que hayan obtenido ese beneficio de la pobreza.

Ahora bien; el litigante rico deberá reintegrar y abonar las costas causadas por él cuando prosperé la pretensión á que se hubiere opuesto.

Las dos reformas que propone el Sr. Barriobero son excelentes, y seguramente serán aprobadas por las Cortes en breve plazo.

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Esta última reforma la propusimos nosotros hace ya bastante tiempo, si bien con miras siempre al sueldo del actuario, puesto que en otra forma siempre resultará que el Secretario judicial, en mayor ó menor escala, será siempre el que pague los vidrios rotos. Ya hablaremos más despacio de este asunto.

Por lo demás, nos unafamos de que antiguas iniciativas nuestras hayan cristalizado, siquiera la gloria la recoja en absoluto quien las convierte en realidad.

NOTICIAS

Los Previsores del Porvenir.

Hemos recibido la Memoria anual de esta Sociedad, que constituye este año un notable trabajo, redactado por nuestro estimado amigo y distinguidísimo compañero excelentísimo señor D. Salvador Ravanitos, Presidente de su Consejo de Administración.

Para dar idea de la prosperidad verdaderamente sorprendente de esta Sociedad, vamos á copiar únicamente lo que en dicha Memoria se dice respecto á su marcha social. Dice así:

«Durante el año 1911 se han hecho 14.395 inscripciones; han aumentado las cuotas en 25.259; el capital social en 3.125.000 pesetas, y se han organizado 12 Comisiones locales y 52 Secciones.

Ha cerrado el año con 13.825.000 pesetas de capital inalienable, 119.884 inscripciones, 96.563 asociados y 215.245 cuotas, descontando para estas últimas cifras las bajas registradas en asociados y cuotas, 846 Secciones organizadas y 144 Comisiones locales.

Y para que se vea ahora la proporción asombrosa con que este capital se ha ido adquiriendo con una rapidez que no ha habido Sociedad alguna que la iguale, pasamos á copiar el siguiente estado:

    Capital adquirido en 1904, año de la fundación
    28.500

    Capital aquirido en 1905
    411.500

    Idem idem en 1906
    1.292.500

    Idem idem en 1907
    1.862.500

    Idem idem en 1908
    2.250.000

    Idem idem en 1909
    2.265.000

    Idem idem en 1910
    2.550.000

    Idem idem en 1911
    3.125.000

    Total
    13.825.000

Damos la más cordial enhorabuena á los fieles administradores de esta Sociedad, que, como se ve, es recomendable por todos conceptos y por la utilidad que á todos puede reportar.

Personal de la Magistratura

Han sido nombrados: Abogado fiscal de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo, D. José Gadeo, Presidente de la Audiencia provincial de Zaragoza; para este cargo, D. Lisardo Sánchez, Fiscal de la territorial de la Coruña; para esta plaza, D. Trinidad Gay, Abogado fiscal del Tribunal Supremo, electo,