El Foro español (Madrid. 1898) (1910-07-30 00:00:00), página 3

al más miope, pues nuestros aldeanos carecen de las costumbres inglesas, contribuiríamos al desprestigio de sus funciones y habríamos dado tercero golpe de muerte á la autoridad judicial.

Si hacemos que el Tribunal ó el Juez administre justicia en la cabeza de circunscripción y no olvidamos las condiciones de vida de esos pueblos pequeños y lo que allí vale la perra chica, por la miseria en que habitan, muchas acciones civiles dejarían de ejercitarse y casi todas las faltas quedarían impunes; pues el que tuviera que ir á demandar su salario del día ó reclamar el daño de una ó dos pesetas causado en su finca y tuviera que volver á la cabeza de circunscripción cuando se le citara para comparecer en juicio y llevar sus pruebas, le sería mucho más ventajoso renunciar á cuantos derechos le asistieran, que perder sus jornales, que distraer la caballería del trabajo y que satisfacer las exigencias de los testigos de quienes tuviera que valerse.

Esta es la verdad, esto es lo real, lo que no se ve cuando se discute y se legisla desde las alturas.

Cada término municipal tiene su iglesia, tiene su escuela, tiene su Ayuntamiento, ¿por qué no ha de tener su Tribunal de justicia?

Obligados por ley de necesidad social á constituir en todos los pueblos estos organismos, ¿cómo podemos y debemos establecerlos?

Unicamente con el Juez inferior y con dos jurados: no vemos otra solución al problema.

Discutir ahora cómo ha de hacerse el nombramiento de estos cargos y quiénes han de desempeñarlos, será lo positivo y lo práctico; otra cosa será discutir lo químérico y lo imposible.

§ 2.º

NOMBRAMIENTO DE LOS JUECES INFERIORES.

Conviene hacer notar que los Comisarios, además de las atribuciones que se les confiere como Presidentes de los Tribunales inferiores, tienen otras personalísimas las cuales señalan los artículos 16, 17 y 22 de la ley de Justicia municipal.

Algunas de estas atribuciones, las que se relacionan con el Registro civil y con los actos de jurisdicción voluntaria hacen que el Juez inferior esté en nexo constante con el ciudadano y por esto la cuestión de su nombramiento entraña excepcional importancia.

La ley de 5 de Agosto de 1907 faculta á las Salas de gobierno de las Audiencias territoriales con asistencia de los Decanos de los Colegios de abogados y notarios para hacer el nombramiento de Jueces municipales por el orden de las categorías que establece su art. 3.º y en la forma que expresan las II reglas que contiene el art. 5, entre las cuales figura la 4.ª, el informe reservado de los Jueces de primera instancia.

Los vicios, los defectos, los abusos, los privilegios, cuanto se ha dicho para condenar el antiguo sistema de aquellos nombramientos subsisten por la nueva ley, toda vez que ese informe reservado deja las cosas como estaban.

«Los Jueces municipales debiendo su nombramiento á la política, sólo á la política sirven» decía en 1896 el Fiscal del Tribunal Supremo.

«Con ese informe reservado,» escribe D. Joaquín Ruiz Giménez, «la designación de los Jueces municipales es imposible que haya podido ser obra libérrima de las Salas de gobierno; y lo que es más grave, ni siquiera del gusto de los Jueces de primera instancia, amenazados constantemente de irreparables males por los caciques si no se rinden á sus caprichos y exigencias.» Y añade: «nadie que conozca los secretos de nuestra vida política y la desaprensión con que se procede por los partidos locales, dudará de los artifices, artimañas y habilidades que se habrán puesto en juego, acompañadas del halago unas veces y de la amenaza otras, ya para oscurecer los méritos de un solicitante, ya para poner en entredicho su honorabilidad ó ya para realizar, en cambio, las condiciones y circunstancias personales del amigo y del protegido.»

Claro está que volviendo á los Jueces de paz y dándoles las mismas facultades que tuvieron antes del año 1870, ese poder de los caciques, quedaría casi anulado ó anulado por completo; pero esto señalaría un retroceso inadmisible.

Confiar al sufragio los nombramientos como se hizo hasta el año 1856, sistema que permitiría emitir el voto á favor de personas que pudieran sumar mayores simpatías ó inspirar menos recelos, ofrecería los inconvenientes anejos al ejercicio de ese derecho en nuestras costumbres políticas, y el puesto se escalaría por los que tuvieran interés en desempeñarlo empleando cuantos medios se utilizan en las elecciones para falsear el sufragio.

La oposición constituiría, desde luego, mayores garantías para la recta administración de justicia; ¿pero quién duda que tal procedimiento sólo podrá tener resultado práctico en las capitales de provincia y en poblaciones de gran vecindario? En los demás términos municipales, ¿habrá quién se presentara á una oposición?

Por tales razones nosotros sentaríamos para el nombramiento de Jueces inferiores, las bases siguientes:

1.ª Estableceríamos dos clases de Jueces inferiores ó Comisarios: una la de capitales de provincia y otra de poblaciones no capitales de provincia.

2.ª Los Comisarios ó Jueces inferiores de capital de provincia se nombrarían por oposición y tendrán sueldo por el Estado; pero se liquidarían conforme á los aranceles sus derechos, ingresando en las cajas del Tesoro.