El Foro español (Madrid. 1898) (1910-10-10 00:00:00), página 2

título 632 de la Ley procesal, el Ministerio Fiscal y el acusador privado, si lo hubiere, pidan el sobreseimiento provisional, por no encontrar suficiente base para acusar. Nada dice la ley de lo que ha de hacerse llegado este caso en cuanto al procesamiento, embargo y fianza, y no sabemos lo que las Audiencias acordarán respecto á estos extremos, siendo lo probable que se limiten á dictar el auto de sobreseimiento provisional, quedando en tal caso los procesados en idéntica situación á la que por el antiguo procedimiento quedaban los absueltos de la instancia, lo cual sobre no ser equitativo, se opone á los propósitos del legislador.

Se dirá acaso que la ley nada dice, que no manda hacer otra cosa; pero á eso decimos nosotros, que tampoco lo prohibe, y como el objeto de la ley fué proscriptir la absolución de la instancia y abolir esa especie de esclavitud, á eso deben de atenerse los Tribunales, pues como decimos al principio, los encargados de interpretar y aplicar las leyes, no deben de hacerlo de un modo mecánico, supliendo cuando sea necesario de una manera lógica y racional las deficiencias ó oscuridades que aquéllas puedan tener. Pero si alguna duda pudiera caber de que el legislador se propuso hacer desaparecer para siempre de nuestro sistema de enjuiciar, esa ignominia que nos avergonzaba, y que pugnaba con los progresos del tiempo, no nos resistimos á trascribir aquí lo que el ilustre jurisconsulto, gloria de España, á quien tanto debe la Magistratura, lo que el propio autor de la Ley dice de un modo elocuente en la notabilísima exposición de motivos, y que es su mejor comentario.

«Es igualmente inútil decir que la absolución de la instancia, esta corruptela que hacía del ciudadano á quien el Estado no había podido convencer de culpable una especie de liberto de por vida, verdadero siervo de la curia marcado con el estigma del deshonor, está proscrita y expresamente prohibida por el nuevo Código, como había sido antes condenada por la ciencia, por la ley de 1872 y por la Compilación vigente. De esperar es que las disposiciones de la nueva ley sean bastante eficaces para impedir que semejante práctica vuelva de nuevo á ingerirse en forma más ó menos disimulada en nuestras costumbres judiciales.»

¿Se quiere una prueba más patente de que el legislador quiso abolir para siempre una práctica que si hasta entonces podía estar amparada por la ley, en lo sucesivo, no podía invocar tal precepto? Terminantemente lo dice: no puede consentirse una práctica que ha sido condenada por la ciencia, y, por tanto, en lo sucesivo, no ha de tolerarse que bajo cualquier pretexto vuelva á introducirse en nuestras costumbres judiciales.

Y ni una palabra más; la cosa en nuestro concepto está tan clara como la luz meridiana; los Tribunales interpretando la ley al estilo moderno, procurando, que sus decisiones se conformen más con el espíritu de aquélla que refleja los deseos del legislador, que con su letra, pondrán gran cuidado seguramente en que una costumbre ó práctica condenada por la ciencia y opuesta á los progresos de esta época, tome carta de naturaliza en nuestro procedimiento, siquiera con nombre diferente, ya que los efectos habían de ser los mismos; para lo cual bastará con que al acordar el sobreseimiento provisional, dejen sin efecto ó reformen el auto de procesamiento, y por consiguiente, el embargo y la fianza si existieren, (y esto aunque el Fiscal no lo pida), ya que los autos de procesamiento y embargo son reformables de oficio, ó á instancia de parte, cuya resolución deben adoptar siempre que haya procesados no sólo por los grandes perjuicios que á éste se siguen, sino porque esa es la sana doctrina y la que se armoniza de un modo perfecto con el espíritu de la Ley y la opinión de notables juríscosultos, entre los que se cuenta el actual Ministro de Gracia y Justicia, según puede verse en la notabilísima Memoria que como Fiscal del Tribunal Supremo dirigió al Gobierno en 1902, á la cual remitimos á nuestros lectores, y en ella podrán ver tratado de un modo magistral el punto que ha servido de tema á estas cuartillas, que damos por terminadas, sin añadir una palabra más.

Ciudad Real, Septiembre de 1910.

Pedro Otero.
Juez de 1.ª instancia.

Indemnizaciones á los Escribanos

Aun cuando lo dice El Foro, en su número 457; aun cuando lo haya oído á diferentes personas, quizá con algún motivo para estar enteradas; aun cuando oyera al mismo Ministro de Gracia y Justicia ese pensamiento que se le atribuye de indemnizar ó subvencionar á los Escribanos de las grandes capitales, no lo creo, ni podrá creerlo.

Habría de verlo realizado y creería que me engañaban los sentidos, porque no comprendo el absurdo; no cabe en mi pobre imaginación que de los altos puestos que son ó deben de ser desempeñados por personas de talento, nazcan disposiciones contrarias á la razón, natural y á la buena lógica.

Razonemos esta mi humilde opinión, contraria á creer en el pensamiento del Ministro.

Los Escribanos constituyen un Cuerpo que lo forman unos 300 de término, sobre 200 de ascenso y cerca de 400 de entrada.

De éstos comen medianamente el 2 por ciento de los de entrada, el 3 ó el 4 por ciento de los de ascenso y el 50 por ciento de los de término. El otro 50 por ciento de éstos comen á dos carrillos. Los demás ... ¡habría que ver lo que comen!

Entre los de término, quien más quien menos, todos aspiran y trabajan por ir á las grandes capitales.

Los Escribanos están retribuidos con los derechos de un arancel que es el mismo para todos, y del cual abominan la mayor parte de los de entrada y ascenso, y muchos de los de término.

Los contrarios al arancel hemos llenado el Ministerio