El Foro español (Madrid. 1898) (1910-11-10 00:00:00), página 2

El ejercicio de la Abogacía

I

Es cosa harto sabida la existencia del malestar que aqueja á nuestra clase, á los Abogados que fían el sustento de su familia y de él propio en el ejercicio de la profesión ante los Tribunales de justicia. La existencia de este malestar proviene, á mi entender, de dos causas principales: es la una general, que afecta á esta clase como á todos las que constituyen la sociedad en que vivimos que no se concreta á nuestra nación, sino á todas las de la punta del viejo continente que llamamos Europa, ó al menos en ésta se siente con más intensidad y se manifiesta á diario por medio de las huelgas de obreros; esas manifestaciones se producen en esa clase con más frecuencia precisamente porque su fuerza de resistencia para atender á la subsistencia propia y de los suyos es menor, los recursos se acaban por regla general, cuando se invierte el jornal del día, porque su límite medio no deja espacio á un margen de ahorros y los recursos de las Sociedades son limitados, no alcanzan sino á paliar las necesidades de la vida, y de aquí el que la necesidad sentida se exteriorice de una manera ostensible y á veces violenta para obtener una mayor remuneración del jornal ó de la mano de obra, como se exterioriza en la emigración con la esperanza de una mayor y constante recompensa del trabajo. Estos fenómenos sociales que no se producen sino en el trabajador manual, y lo califico así no porque desconozca que también en él toma parte la inteligencia, sino porque es el carácter distintivo de la ejecución del trabajo, el que en él predomina, existen igualmente en las clases profesionales aun cuando no se manifiestan de modo ostensible, ni hayan llegado hasta hoy, á mostrarse de un modo violento, pero es lo cierto que existen y la causa es la misma, y la insuficiencia del producto de trabajo, la remuneración exigua, esto por una parte y por otra, la exuberancia de personas poseedoras de un título académico, que produce una concurrencia, una oferta de servicios que amilan el precio. Por esta razón es peor la situación del trabajador profesional que la del manual; éste se asocia, se impone en casos al trabajador libre é impide con su actitud la baja del jornal cuando no consigue su aumento, y consigue algo más cual es que los mismos Gobiernos les atiendan, procuren su mejoramiento y miren con lenidad los excesos que en ocasiones cometen amenazando siquiera sea con la actitud varias veces y con hechos justificables otras á los que no obran conforme á sus deseos. De estos hechos se deduce, aun cuando el trabajador manual puede creer otra cosa, que está más atendido, más considerado por los Poderes públicos que el trabajador profesional. ¿Por qué así? La contestación es clara: son los más, y de aquí se deduce una serie de consideraciones que no quiero exponer, porque me apartaría del objeto que al trazar estas líneas me he propuesto y que he sintetizado en su epígrafe; me basta á mi propósito el señalar como lo he hecho, que la causa del malestar de nuestra clase es en parte general, de índole social que se siente, se acentúa más por pertenecer á la clase de trabajador profesional. Voy ahora á ocuparme de la que puede llamarse particular.

En todas las profesiones hay intromisiones de personas que carecen del título que autoriza para su ejercicio, pero estas intromisiones son perseguidas y castigadas; por otra parte, se exige por las autoridades y corporaciones el título ó autorización legal á todo el que ha de prestar un servicio profesional: así se ve que no se consiente la edificación de una casa, de un edificio cualquiera sin que el plano sea firmado por un arquitecto que dirija y responda de su construcción; lo mismo ocurre en toda clase de obras de ingeniería en sus diversas manifestaciones; ni se despacha en una farmacia una receta sin la firma del médico, y si en esta profesión se entromete un profano, se le procesa. En cambio, en la profesión de Abogado, la intromisión está, no ya consentida, sino autorizada por costumbre y por la misma Ley: personas sin el título de Abogado comparecen en juicio y actúan de peritos en derecho, sin título alguno y sin que se les exija ni aun una cuota contributiva por la ejecución repetida de esos actos de los que ha su medio de subsistencia.

Por otra parte, se autoriza el ejercicio de la Abogacía á los que teniendo el título de Abogado, á quienes teniendo ó desempeñando un cargo que directamente les constituya en dependencia del poder ejecutivo ó judicial, están moralmente, bajo el aspecto ético de la cuestión, incapacitados para el ejercicio de la profesión. Esta es, á mi entender, la causa particular del malestar cada vez más acentuado de las clases, y hoy en que parece se tiene el decidido propósito de revisar, reformándoles, nuestros Códigos y la Ley orgánica del poder judicial, es la ocasión de remediar en lo posible el mal señalado, llamando la atención acerca de este particular á la comisión nombrada y al Ministro de Gracia y Justicia para que el art. 874 de organización del poder judicial sufra radical trasformación, y lo mismo el 4.º de la Ley de Enjuiciamiento civil.

Según el art. 874 de la Ley de organización del poder judicial, «No podrán ejercer la abogacía: 1.º Los que están desempeñando cargos judiciales ó del ministerio Fiscal. Exceptúanse de esta regla los Jueces y Fiscales municipales. 2.º Los que desempeñen empleos en el Ministerio de Gracia y Justicia ó en la sección de Estado y Gracia y Justicia del Consejo de Estado. 3.º Los auxiliares y dependientes de los Tribunales.

La regla 1.ª del artículo ha sido ya reformada por el