El Foro español (Madrid. 1898) (1911-05-30 00:00:00), página 6

ouencias de gravedad. Así parece que lo han entendido los letrados del Colegio de Salamanca, quienes piensan acudir al Gobierno para que se esclarezca el asunto. Por nuestra parte, uniendo nuestro parecer al del ilustrado colega Revista de los Tribunales, entendemos que la cuestión es de trascendencia, pero nos parece su resolución clara. El letrado á sueldo de una Sociedad ó Compañía es un empleado de la misma; si ejerce, es decir, si está capacitado para el ejercicio de la profesión, y concurren en él los requisitos que al efecto se exigen por nuestras leyes y Reglamentos para su ejercicio, para actuar ante los Tribunales, puede acudir á ellos y defender en los litigios que tenga á la Compañía de la cual depende. Pero si no ejerce, no puede, legalmente, manifestarse ni proceder como tal letrado de la Empresa, oficialmente. Podrá ser oído, consultado por la Compañía privadamente en el domicilio social; podrá dirigir ciertos asuntos y omitir su parecer, como empleado competente que tiene especiales conocimientos jurídicos; pero firmar escritos, concurrir á vistas, asistir á diligencias de prueba, como letrado de la Compañía, llevar la defensa y voz de ésta ante un Tribunal, no.

Su misión técnica, sus servicios, son de orden interno; jamás, sin contravenir á las leyes, puede revelarse como Abogado propiamente tal de la Empresa que le paga. La razón es obvia; el título profesional no capacita por sí sólo para el ejercicio de una profesión, como el ser experto en un comercio, en una industria determinada, no es bastante para ejercerla. Porque, si bien es verdad que todo español es libre para ejercer la profesión que le plazca, según la Constitución, su ejercicio está condicionado por las leyes, por disposición de la Constitución misma, y el ejercicio de la de Abogado requiere incorporación al Colegio y pago del tributo por industrial, no por el de utilidades.

Y así, no basta, atendidos los preceptos de aquella contribución, satisfacerla en un punto para ejercerla en otro, sino que se ha de satisfacer y pertenecer al Colegio del punto en que se ejerce.

Conforme á esas reglas, jamás letrado alguno del Colegio de Madrid ha podido ejercer en Barcelona ó Valladolid sin incorporarse al respectivo Colegio y satisfacer la cuota que le corresponda en el territorio de él. Siendo esto tan evidente y tan sabido, y ocurriendo casi á diario, no vemos que fundadamente se pueda entender que el pago de un tributo que no es el propio para el ejercicio de una profesión, pueda capacitar para ejercerla.

A ese tenor, el ser propietario bastaría para ejercer una industria ó profesión, porque se satisface la contribución territorial. La contribución de utilidades grava los sueldos de los empleados públicos ó particulares; el que éstos presenten como tales sus servicios, siquiera para ello se les exija determinada aptitud ó determinada competencia y conocimientos especiales, no es, ni puede ser, bastante para que, en orden á la profesión á que esos conocimientos pertenezcan, se entienda que están capacitados para su ejercicio público, ni libre ni restringido.

La solución de la cuestión que una sentencia de primera instancia ha planteado, nos parece bien sencilla, diga lo que diga esa sentencia, y sea cual fuere el criterio respetable que sobre el particular mantenga el Juez que la dictó, porque sobre el fallo recaído en un caso particular, que á él sólo afecta, está la realidad y están los preceptos generales de las leyes fiscales. Basta, no ya leer, sino hojear el Reglamento de la Contribución industrial, y ver la tabla de la Tarifa 4.a de profesiones del orden civil, para poder afirmar que quien no satisface la contribución industrial no puede defender ante los Tribunales, no puede ejercer, salvo en asuntos propios, la profesión de Abogado; aun cuando á ningún letrado le está prohibido prestar sus servicios por razón de su especial competencia, como profesional de derecho en una oficina pública ó particular, con retribución fija, no percibida como honorarios, porque éstos, ni los podría percibir, ni podría exigir su pago sin justificar que satisface la contribución industrial correspondiente al ejercicio de su profesión.

Es más: la necesidad del pago de la Contribución industrial para el ejercicio de las profesiones está bien y expresamente determinada en la Real orden de 20 de Abril de 1903 (Gaceta del 2 de Mayo siguiente). No es que nos parezca tampoco fundada ni menos equitativa la doctrina de esa decisión administrativa, como no nos parece bien la decisión judicial que se comenta; pero lo que, conocida aquélla, no ofrece duda, es que para el ejercicio de la profesión hay que tributar por industrial, y que el pago de la contribución por utilidades es independiente de aquél, y pueden coexistir y de hecho coexisten. La primera es por el ejercicio de la profesión; la segunda es por el sueldo que se percibe como empleado. El serlo de una Sociedad, no capacita para ejercer una profesión, ni siquiera á favor de la Sociedad á la que sirve, pues si á ésta se le han de prestar servicios propiamente profesionales, como Abogado ó Médico en ejercicio, no como empleado técnico, es menester satisfacer la cuota por industrial.

Ser abogado de una Compañía, no es lo mismo que ser empleado letrado de ella. El Abogado presta sus servicios profesionales mediante el percibo de los honorarios que devenga; el empleado técnico es dependiente de la Compañía, funcionario de ella; pertenece al personal de la Sociedad, y perdió por los trabajos que particularmente presta sueldo, remuneración fija. Como quien ejerce una profesión, y por ello contribuye, puede prestar sus servicios como le plazca, y por la retribución que le convenga y acepte, fija ó eventual, por un trabajo ó por la totalidad de los varios en que intervenga y se le encomienden, creemos que si los presta á sueldo, y como Abogado, previo pago de una contribución que le habilita para ejercer su profesión libremente, no debe satisfacer cuota por utilidades, y en ese sentido entendemos que la Real orden de 20 de Abril de 1903 ha ido más allá de lo debido, por ese afán inmoderado del Fisco de barrer para dentro y poner sus numerosos tentáculos allí en donde ve materia de absorciones y engrosamiento de sus arcas, que deben ser tonel de las Daneides, porque siempre están llenándolas y jamás se llenan; pero creemos también que, siendo una resolución dictada en virtud de facultades que á la administración competen, está definido su criterio y resuelto el caso de Salamanca en esa disposición, por modo distinto de como lo ha sido judicialmente.

Es decir, que para el ejercicio de la profesión es preciso el pago de la Contribución industrial, ya se ejerza á favor de una Compañía que abone sueldo fijo, ya se le presten