El Foro español (Madrid. 1898) (1910-04-20 00:00:00), página 11

ción alguna de la simulación de dicho contrato, apreciación que únicamente puede con eficacia ser combatida en la forma prevista por el núm. 7º del artículo 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil, lo que no se ha hecho en el recurso, pues aparte la validez o ineficacia de la renuncia á ocuparse de tal simulación consignada en el escrito de contestación á la demanda, ni los juicios de desahucio seguidos con posterioridad á dicha escritura por el apoderado de varias personas, entre ellas la vendedora, demuestran que aun fuera ésta dueña de la finca, ya que figuraba también entre los poderdantes el comprador ó adjudicatario de la misma, ni el haberse señalado una cantidad crecida como responsabilidades de un sencillo juicio ejecutivo al fijar el precio de dación en pago de la cuarta parte de la finca, puede tampoco servir de presunción eficaz para deducir la simulación alegada, puesto que, entre aquellos hechos y esta pretendida simulación, no existe, según las reglas del criterio humano, el enlace preciso y directo que la ley requiere, como con arreglo á sus facultades ha estimado la Audiencia en cuanto á este extremo, todo lo cual evidencia que no adolece el fallo reclamado de los errores de hecho y de Derecho, adecuados en dichos motivos, esto aparte de que no es por medio de presunciones como puede combatirse una apreciación de prueba hecha por el Tribunal sentenciador, dado el sentido y espíritu del citado art. 1.692 en su núm. 7º.

Y que la cláusula de la escritura precipitada por la que declaró el comprador y tercerista que tan pronto como inscribiera á su favor la parte de finca vendida, se separaría del juicio ejecutivo, dándose entonces por pagado y satisfecho, más bien que una condición suspensiva limpieta en el contrato, entraña una reserva ó cautela de una de las partes contratantes, por la que se comprometía á separarse del juicio ejecutivo seguido con la otra, una vez que se inscribiera la finca á su favor en el Registro de la Propiedad, ya que, lejos de suspenderse el cumplimiento de la obligación hasta que se verificara aquel acontecimiento y modificase consiguientemente la convención, que es lo que caracteriza las obligaciones condicionales, debe entenderse entregada desde luego la parte de finca vendida ó dada en pago, conforme al art. 1.462 del Código, con el otorgamiento de la escritura, de la que no resulta ni se deduce claramente lo contrario; antes bien, por el literal contexto de las cláusulas anteriores se panteza la efectividad y realización del contrato al establecerse que la dadora vendía realmente, y daba en perpetua enajenación la cuarta parte de la finca con todos sus accesorios al tercerista, en la suma convenida, compensada en la proporción correspondiente con el crédito que contra la vendedora tenía el comprador, quien entregaba de presente como parte del precio, determinada cantidad, dándose aquélla por satisfecha y pagada, por virtud de la compensación y de la entrega, y declarando el referido tercerista comprador que aceptaba la escritura para hacer de ella el uso que le conviniera, como lo efectuó, promoviendo la tercera.

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Requisitos esenciales para la validez de los contratos.—Contratos entre padres e hijos.—Error de hecho y de derecho.—Pago.—Falta de personalidad.—Falta de acción.—Nulidad de contratos.—Sentencia de 6 de Marzo.—(Gacetas de 4 y 5 de Noviembre de 1909)—Resuelve que si bien el padre, y en su caso la madre, tienen la representación legal de sus hijos menores para la disposición y administración de los bienes de éstos, lo que en ningún caso pueden hacer es contratar con ellos asumiendo con tal objeto su representación, pues esta implicaría la negación de circunstancia tan esencial cual es la de que en todo contrato concurren dos ó más voluntades distintas y autónomas, aun cuando la personalidad de cualquiera de ellas tenga que ser completada ó representada por un tercero, y la de los requisitos todos que informan la existencia de los contratos, á tenor de lo dispuesto en el artículo 1.281 del Código civil, conforme con los precedentes de nuestro derecho, ya que por mucha que sea la extensión de las facultades concedidas á los padres con relación á los bienes de sus hijos, no pueden llegar á anexionar la personalidad de éstos, confundiéndola con la suya propia, como sería en realidad si pudieran contratar con sus hijos, asumiendo su representación; por lo cual es evidente que todo contrato entre padres e hijos, en tales condiciones otorgado, es esencialmente nulo y no es susceptible de confirmación, á tenor de lo prescripto en el art. 1.310 del expresado Cuerpo legal.

Que aplicando el criterio legal de la expresada doctrina, procede desestimar los motivos de casación basados en el desconocimiento de aquélla al suponer confirmable un contrato de sociedad, bilateral por su naturaleza, consignado en escritura pública que otorgaba un padre como poseedor de determinado número de acciones de una Sociedad minera, por sí y como representante legal de su hija menor de edad, poseedora de otras acciones de la misma Sociedad minera, declarando excludas de esta Sociedad unas y otras acciones, las del padre y las de la hija, y la propiedad por ellas representada para constituir una nueva entidad social, independiente, cuya gerencia y dirección se abroga, contrato en el que faltan las esenciales condiciones de validez, según la doctrina expuesta.

Que no es lícito alegar en casación infracciones de leyes y de doctrina, que ninguna aplicación tienen al caso del pleito.

Que no incurre en error de hecho y de derecho en la apreciación de prueba resultante de documento público la sentencia que sin desconocer el valor probatorio de una escritura de constitución de determinada Sociedad, la existencia de unas acciones especiales y los derechos reconocidos á los tenedores de esas acciones por la aludida escritura, estima no haberse constituido con arreglo á la ley aquella Sociedad, que se dice dueña de las referidas acciones.

Que según el art. 1.162 del Código civil, el pago debe hacerse á la persona en cuyo favor estuviera constituida la obligación, ó á otra persona autorizada para recibirla, carácter que no concurre en una Sociedad ilegalmente constituida.

Que las consecuencias de la absolución de una demanda por la falta de personalidad del actor, no implica ni supone la falta de acción, para cuando aquél reclame con personalidad que haya de reconocerse distinta de la ostentada en el primitivo pleito.

Que de absolver una sentencia á la entidad demandada por carecer de acción la Sociedad demandante en atención á no hallarse constituida con arreglo á la ley no confunde aquella excepción perentoria con la falta de personalidad toda vez que, con arreglo á los artículos 35 núm. 2º, 36 y párrafo 1º del 38 del Código civil, sólo las sociedades constituidas c' n sujeción á las leyes relativas á este contrato, tienen personalidad propia e independiente de la de cada uno de los asociados, y á estas sociedades otorga únicamente la misma ley el concepto de personas jurídicas con derecho á poseer bienes de todas clases y ejercitar acciones civiles; y no habiéndose ajustado el contrato de la Sociedad demandante á los expresados preceptos, es visto que no le asiste derecho para pedir en juicio el