El Foro español (Madrid. 1898) (1910-07-10 00:00:00), página 12

adoptada por el marido implique la comisión de las infracciones dichas, pues si en algún caso concreto pudiera ser necesario el conocimiento más o menos detallado del asunto objeto de la habilitación, no es aplicable esta regla cuando se trata de la aceptación de una herencia y consecuencias legales de la misma si el Tribunal ha tenido en consideración, de una parte la actitud irregular del marido y de otro los perjuicios que con ella origina á su esposa y demás coheredores, fundamentos suficientes para justificar aquella, con tanta mayor razón cuanto que del precepto del artículo 995 del Código se deriva la conclusión de que para la aceptación de una herencia es suficiente la determinación del objeto; ya que en todo caso semejante aceptación se entiende hecha con los efectos restrictivos que se determinan en el segundo párrafo del mismo.

Y que habiéndose ajustado el procedimiento seguido para la autorización judicial á las condiciones que por su naturaleza y finalidad se requieren dentro del juicio regulado de la jurisdicción voluntaria que excluye la aplicación del precepto del art. 1.857 de la ley de Enjuiciamiento civil, establecido sólo para actos indeterminados de dicha jurisdicción, es manifiesto que no por me hubiera sido más correcto atemperarse en la tramitación del incidente á las reglas propias de éstos, se pueda estimar para los efectos de la cuestión de fondo la nulidad de la licencia otorgada para suplir la del marido, y mucho menos cuando sólo por criterio de analogía se puede estimar aplicables los preceptos de los artículos 1.999 y siguientes de la referida Ley procesal.

Tercería de dominio.—Sentencia de 20 de Enero de 1909 (Gaceta de 28 de Enero de 1910).—Resuelve que fundada la tercería de dominio interpuesta en los derechos transmitidos por el padre del actor, como socio fundador, en unión del marido de la demandada de determinada Compañía ó Empresa, es manifiesto que no puede sostenerse en absoluto y a priori que los bienes embargados por la referida demandada en el procedimiento de apremio para hacer efectiva la responsabilidad impuesta á dicha Compañía en sentencia contra la misma pronunciada, son distintos de los que por la tercería se persiguen, toda vez que los derechos ejercitados por una y otra parte tienen el mismo origen, idéntica naturaleza y la misma finalidad, por cuya razón es de estimar que el auto que deja sin efecto la providencia en que se acuerda admitir la expresada demanda de tercería y suspender el procedimiento de apremio, infringe los artículos 1.532 y 1.533 de la ley de Enjuiciamiento civil, porque según las sentencias del Tribunal Supremo de 5 de Febrero de 1891 y 23 de Diciembre de 1898, el Tribunal sentenciador no está autorizado para calificar la eficacia del título aducido por el tercerista antes de dictar sentencia, pues esto sería prejuzgar la cuestión litigio á lo único que es lícito para admitir ó denegar la tercería, es examinar si se presenta un título relacionado con las personas que litigan y la acción que se ejerce, sin perjuicio de resolver en su día conforme á Derecho la cuestión promovida por los terceristas, incluso la referente á la eficacia del título, con relación á los bienes embargados.

Y que sobre la base de la procedencia de la admisión de la demanda de tercería, y reconocido por el Tribunal sentenciador que la demanda de pobreza no podría obstar al curso de aquélla á tenor de lo dispuesto en el art. 23 de la ley de Enjuiciamiento civil, es evidente que ninguna finalidad tiene la infracción alegada del citado artículo y del 22 de la misma Ley procesal, ya que la suspensión de la subasta de los bienes embargados no es sino una consecuencia de la admisión de la demanda de tercería, independientemente de la subsanación en pieza separada de la solicitud de pobreza.

Recurso de casación por infracción de ley.—Sentencia de 22 de Enero de 1909 (Gacetas de 28 y 29 de Enero de 1910).—Declara que descansando absolutamente todos los motivos de un recurso en supuestos de hecho contrarios á los que han servido de base al Tribunal sentenciador para desestimar la demanda, en el extremo que es objeto del mismo, sin que aparezca impugnada la apreciación de la prueba de aquéllos en la forma que exige el número 7º del artículo 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil, que ni siquiera se invoca, es por lo mismo, evidente la improcedencia y notoria inaplicación de las leyes y doctrina que como infringidas se invocan en dichos motivos, porque, aun siendo verdad lo que aquellos preceptos y la segunda declara, no existe infracción de unas y otras cuando los hechos á que deben aplicarse no guardan relación y congruencia, como en el caso presente, con los preceptos que se citan como infringidos.

Consentimiento en los contratos.—Incongruencia.—Contrato de obras.—Cuestiones no debatidas en el pleito.—Costas.—Sentencia de 25 de Enero de 1909 (Gaceta de 29 de Enero de 1910).—Consigna que si bien no existe contrato sin la concurrencia de los requisitos exigidos por el art. 1.261 del Código civil, y contra el celebrado sin ellos, puede oponerse la excepción de nulidad de la obligación, carece ésta de fundamento cuando faltando el consentimiento por no hallarse en estado de prestarlo uno de los contratantes, se suple esta falta mediante la autorización de la persona llamada á representar al incapacitado en todos los actos civiles.

Que tratándose de un contrato de obras celebrado por mujer casada como tutora de su marido incapacitado y que ésta confirma al obtener la rehabilitación, es improcedente alegar la infracción de los artículos 262, 1.243, 1.261, 1.263, 1.280 y 1.310 del Código civil contra la sentencia que declara no haber lugar á la nulidad de dicho contrato, por falta del requisito esencial del consentimiento.

Que no impugnándose el fallo por incongruente, es inútil alegar en casación que la sentencia recurrida quebranta el precepto del art. 548 de la ley de Enjuiciamiento civil.

Que no puede válidamente aducirse para suponer cometido otro error de hecho en la sentencia aludida que no perteneciendo al incapacitado la finca en que las obras se ejecutaron, no alcanzaba á la misma la acción tutelar, cuando las cuentas se pagaban por la tutora con cargo á las rentas del incapacitado, ó sea con bienes propios del mismo, y por ello sujetos á la tutela; y tampoco se trataba de reparaciones en la finca, á las que únicamente se referían los preceptos legales de los artículos 269, 500, 501, 1.016, 1.017 y 1.008 del Código civil, sino de obras de distracción y recreo para el alienado y que el Tribunal sentenciador no juzgó acertadamente, atendida la fortuna de ambos cónyuges, como gastos extraordinarios que necesitaran la autorización del Consejo de familia, exigida por el art. 269, número 11, del Código citado.

Que aparte la autorización del entrato por la tutora y la consiguiente validez y eficacia del mismo, no