El Foro español (Madrid. 1898) (1912-01-20 00:00:00), página 10

esa especie de requerimiento, no puede darse por supuesto con la mera presentación de la demanda dirigida á obtener, entre otros extremos, condena de daños y perjuicios como derivación de la morosidad.

Que no puede menos de entenderse aplicable la doctrina expuesta al caso en que lo mismo el testamento del causante que la escritura particional nada dicen respecto al término ó día en que los albaceas deben rendir cuentas, en cuyo caso la sentencia que al condenar á dichos albaceas á rendir cuenta justificada y documentada les absuelve de la indemnización de daños y perjuicios, pretendida en la demanda mediante el supuesto de no haber rendido dicha cuenta en tiempo legal oportuno, no incurrir en error de derecho ni infinge los arts. 907, 1.089, 1.091, 1.113, 1.218, 1.254, 1.255, 1.256, 1.258, 1.278, 1.281 y 1.720 del Código Civil, porque nunca podrá aceptarse que el simple retraso de dos ó tres meses en la rendición de cuentas constituya á unos albaceas en la obligación de indemnizar daños y perjuicios.

Y que rechazada la existencia de la morosidad y no invocándose el dolo ó negligencia á que también se refiere el art. 1.101 del Código penal, carece de base la indemnización de daños y perjuicios.

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Testamentaria.—Albaceas.—Rendición de cuentas.—Sentencia de 5 de Enero. (Gaceta de 19 y 22 de Octubre de 1911.)—Resuelve que cuando una persona fallece, parte intestada y parte testada, y la sentencia que así lo reconoce declara heredero legítimo de aquélla á un hermano de la misma; firme este extremo del fallo, no puede menos de estimarse que al declarar también dicha sentencia que el albacea por aquella persona nombrado, con amplias facultades y relevado de la obligación de rendir cuentas, no está obligado á rendirlas al referido heredero, infringe el art. 907, párrafo 1º del Código Civil, ya que dicho precepto previene de una manera absoluta, y sin distinguir entre herederos testamentarios y abintestato, que los albaceas deben dar cuenta de su cargo á los herederos.

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Préstamo.—Extinción de la obligación. Ley de represión de la usura.—Sentencia de 5 de Enero. (Gaceta de 22 de Octubre de 1911.)—El pleito á resolver en este recurso tuvo su origen en tres contratos de préstamo formalizados por pagarés de 660, 100 y 376 pesetas, respectivamente, que una vez venidos, sirvieron de título á la oportuna demanda ejecutiva por virtud de la cual se despechó ejecución contra el deudor por la cantidad importe de dichos pagarés, con deducción de pagos legítimos abonados, intereses convenidos al 4 por 100 mensual y costas para pago de cuantas responsabilidades se hizo traba en la parte proporcional del sueldo del deudor, y pronunciada sentencia de remate se interesó la retención de aquélla y entrega al acreedor de las cantidades que se fueran reteniendo hasta la cantidad de 2.000 pesetas, sin perjuicio de la liquidación de principal e intereses y tasación de costas que á su tiempo se practicarían, y que posteriormente se practicaron y fueron aprobadas arrojando la liquidación de principal e intereses un total de 5.941,60 pesetas e importando 702 pesetas las costas tasadas.

Fundado en estos antecedentes entabló el deudor, próximamente á los diez años de la iniciación del procedimiento ejecutivo, la demanda origen del presente recurso, en la que, alegando no adeudar por principal e interés más que 1.545 pesetas, para cuyo pago le ha bían sido ya descontadas 2.233 de su sueldo, pretendía la nulidad de los préstamos, que se declara que el acreedor viene obligado á darle carta de pago, y que procede levantar la retención que pesa sobre su haber.

Habiéndose dado curso á la demanda con emplazamiento al acreedor, se personó éste en autos reclamando la celebración del acto de conciliación previa, que tuvo lugar sin avencienda, según certificación presentada por el demandante, de la que resulta que el demandado reconoció la nulidad de los préstamos por el efecto retroactivo de la ley de 23 de Julio de 1908 y se mostró conforme con otorgar, y otorgó, á contar desde el acto conciliatorio, carta total de pago por 1.061 pesetas y los intereses correspondientes á esta cantidad; pero se negó á levantar la retención del sueldo del deudor, por estar afecta, no sólo al pago de la deuda principal y de los intereses, sino además al del importe de las costas, á cuyo cobro no renunciaba.

Seguido el juicio por sus trámites en ambas instancias recayó en la segunda, sentencia confirmatoria, declarando la nulidad de los tres contratos de préstamo, y estimando los demás extremos de la demanda, incluyendo el alzamiento de la retención del sueldo del actor, previa práctica en los autos ejecutivos en que se decretó, de la oportuna liquidación de principal, intereses y costas, hasta la fecha de interposición de aquella demanda.

Contra esta sentencia interpuso el prestamista demandado recurso de casación por infracción de ley, fundado en los números primero y séptimo del artículo 1.692 de la de Enjuiciamiento civil, aduciendo como infringidos el número 1º del artículo 4º de la ley de 23 de Julio de 1898, los artículos 476 y 1.218 del Código Civil y errores de hecho en la apreciación de un testimonio del juicio ejecutivo traído á los autos en vía de prueba. El Tribunal Supremo desestima el recurso, considerando que como la S.ta estima que además del capital real, y efectivamente prestado y del interés normal del dinero que fija, según las circunstancias del caso, el deudor ha pagado ya, en cumplimiento del artículo 1.168 del Código Civil, las costas del juicio ejecutivo, y esto según se deduce de los autos con fecha posterior á la ley objeto del debate, y á un convenio extrajudicial que medió con el acreedor, y tal apreciación no se impugna en el recurso, resulta manifiesto que no puede prosperar éste, porque sea cualquiera la interpretación que se dé al artículo 4º de la ley de 23 de Julio de 1908, que ni siquiera se cita en los fundamentos legales del fallo recurrido, al mandar éste al acreedor expedir carta de pago en beneficio del deudor, incluyendo en ella el importe de dichas costas, no pudo quebrantar aquel precepto, porque carece de aplicación al caso, puesto que no se trata en esta litis de que el prestamista devuelva cantidad alguna del exceso, y antes al contrario, juzga con el debido acierto y sin duda á tenor de las disposiciones de carácter general consignadas en los artículos 1.156 número 1º, 1.157 y 1.170 del citado Código, que ha sobrevenido la extinción de la obligación por el medio más natural, la solución ó pago, y con él la secuela ineludible de que el acreedor que ha dejado de serlo entregue al demandante el oportuno justificante de cumplimiento total.

Que aparte de que el acto conciliatorio fué intentado sin avencienda y el prestamista no accedió en el mismo ni en los actos posteriores que califica de allanamiento á las pretensiones fundamentales de la demanda, aun concediendo que lo hiciera á alguno de los extremos de aquéllos, al establecer limitaciones que alejan toda idea de convenio y parecen más bien inspirados en el deseo de librarse de la declaración sobre costas que la naturaleza del asunto trae consigo, conforme al art. 8º de la ley especial mencionada, la