El Foro español (Madrid. 1898) (1911-01-20 00:00:00), página 9

raleza de la acción personal ejercitada, no deben ser privados de su propio fuero, a tenor de lo prescripto en la regla 1.ª del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento Civil.

Testamento.—Nullidad de testamento.—Derecho foral.—Sentencia de 21 de Junio—(Gaceta de 20 de Enero de 1910).—Declara que la ley fundamental en los testamentos autorizados por el Párroco, forma especial admitida por el antiguo Derecho catalán y sancionada por la Real Provisión de 29 de Noviembre de 1736 es el capítulo 10 de las Decretales del libro III, título 26, De testamentis, que sólo exige para su validez la presencia de dos ó tres testigos féminos, y la citada Real provisión limita únicamente la facultad de otorgarlos á los curas, rectores ó sus tenientes, dentro de su distrito, territorio ó feligresía, en el caso de no haber en ella Notario, no pudiendo invocarse como obligatorias sobre el modo de hacer constar estas últimas voluntades las acertadas dispo-leiones de las Reales Ordenanzas de 24 de Julio de 1755, ó sea la ley 28, título 15, libro VII de la Novísima Recopilación, y el Real acuerdo de 23 de Octubre siguiente, porque se dictaron para que las observasen los Notarios del Principado en los testamentos comunes que ante los mismos se otorgasen, y ningún precepto legal posterior ha hecho extensivo su cumplimiento á los testamentos otorgados por los Párrocos, cualquiera que sea la conveniencia, ó mejor dicho, el interés social de que en los mismos se guarden y cumplan, en cuanto sean compatibles con esta forma de testar, á fin de garantizar y asegurar la certeza de las últimas voluntades.

Desahucio.—Precario.—Apreciación de prueba.—Parte legítima para promover el Juicio.—Leyes desamortizadoras.—Sentencia de 22 de Junio—(Gacetas de 20 y 21 de Enero de 1910).—Declara que si bien es cierto que el juicio de desahucio, por su naturaleza sumaria excepcional, excluye la discusión de otras cuestiones que las señala para el ejercicio de la acción que de las mismas se deriva, no lo es menos que tiene presente esa doctrina y ajusta su decisión á los concretos y terminantes preceptos de los artículos 1.564 y 1.565 de la ley Procesal que rigen la materia, y determinadamente establecen quienes son parte legítima para promoverlo y contra quienes debe dirigirse, la sentencia que estima la demanda de desahucio, entablada por un Ayuntamiento contra otro que posee en precario varios locales de bienes de propios, en cuya legítima posesión se halla el primero aun cuando estén enclavados en un barrio agregado al segundo, estimando para ello que el derecho del Municipio demandante resulta evidenciado no sólo con una resolución dictada por la Dirección general de Propiedades y Derechos del Estado, en expediente promovido por el propio Ayuntamiento demandado, sino con las inscripciones existentes en los inventarios de bienes del Estado y del Municipio actor, que juntamente con otros documentos demuestran el carácter de propios de estos bienes y la posesión que en tal concepto disfruta aquel Municipio; y que el disfrute en precario del Ayuntamiento demandado aparece absolutamente evidenciado con la petición de varios vecinos del barrio donde están enclavados los locales objeto del desahucio para la concesión de uno de ellos para escuela, previo pago de la merced consiguiente, y el acuerdo del Ayuntamiento demandante, concediendo el local solicitado, de todo lo cual se infiere la existencia de los dos términos fundamentales del juicio.

Que los supuestos y apreciaciones objetivas distintas á la apreciación de los elementos de prueba hecha por la Sala, no pueden servir y son ineficaces en casación.

Que es tanto más decisiva la justificación de que el Ayuntamiento demandante tiene la posesión real de los locales del desahucio, y que si cumple consignadamente el requisito del artículo 1.564 de la ley de Enjuiciamiento civil, cuanto que ninguno de los actos invocados en su favor por el Ayuntamiento demandado, revelan no ya el derecho á los mismos como propios suyos, pero ni siquiera la posesión en otro concepto que no sea el de simple precario, ya que dentro de una posesión de tal carácter, aparte abusos más ó menos tolerados ó dispensados, cabe ejercer actos dominantes de aquella posesión como el relativo á solicitar del Estado cierta mejora higiiénica para el local ocupado; por todo lo cual no cabe sostener que en el caso del presente recurso existan dudas y cuestiones complejas que obsten al éxito del desahucio, toda vez que por lo expuesto se hallaba deslindado para el efecto de la acción ejercitada el derecho del Ayuntamiento actor como poseedor real de la cosa, y aun como dueño en concepto de corresponder á los propios de su pertenencia en frente del Ayuntamiento demandado como preacrista, por ser personas de su dependencia quienes ocupan los locales.

Y que las leyes desamortizadoras no excluyen el caso de que si un Ayuntamiento puedan corresponderle, en concepto de propios, bienes sitos fuera de su término municipal.

Amigables componedores.—Sentencia de 23 de Junio (Gaceta de 21 de Enero de 1910).—Declara que el juicio de amigables componedores, por su naturaleza especial y espíritu que le informa, se concebía por la ley exento de las formalidades procesales que son comunes á los demás que regulan equiparándolo para el trámite de dictar sentencia á un acto notarial, que no necesita para dicho efecto otras ritualidades que las exigidas para los indicados actos, á los que no alcanza la prohibición de publicarlos, en día que no puedan tener lugar actuaciones judiciales, y en este sentido se inspira el artículo 838 de la ley de Enjuiciamiento civil, deducido de la conexión que entre ambos existe que no obsta á la validez del laudo que se dicte en día que para los demás juicios considere como feriado la referida Ley de procedimientos.

De-ahucio.—Falta de personalidad.—Sentencia de 28 de Junio. (Gaceta de 21 de Enero de 1910.) Declara que la falta de personalidad que al demandante se atribuye por el recurrente demandado, se funda en no haber acreditado estar casado con determinada persona en cuyo concepto ha promovido el juicio de desahucio, y como dicho recurrente ha reconocido al actor aquel carácter en los autos por el mismo instados sobre nulidad del juicio ejecutivo que originó la venta de la casa objeto del desahucio, según afirma la Sala sentenciadora, sin hacer protesta alguna cuando por dicho actor fué requerido para que desalojase las habitaciones que en aquélla venía ocupando, es evidente que tales actos implican el reconocimiento de la personalidad y hacen innecesaria la prueba á que acerca de dicha circunstancia, según se halla establecido en anteriores resoluciones del Tribunal Supremo.

Y que el poder otorgado al Procurador del demandante por el Presidente accidental de la Asociación de