El Foro español (Madrid. 1898) (1910-10-10 00:00:00), página 11

Competencia.—Acción personal.—Sentencia de 23 de Febrero. (Gaceta de 17 de Febrero de 1910).—Declara que ejercitándose en la demanda la acción personal procedente para que el vendedor de cierto semoviente haga entrega de éste al comprador, no habiéndose previsto alguno de prueba del que pueda deducirse que el lugar fijado al efecto sea el supuesto en la reclamación, y dada la falta de conformidad de las partes sobre tan esencial extremo y que la cosa no se halla en el territorio del Tribunal municipal, ante el que se formuló dicha demanda, conforme a las reglas 1.a y 2.a del artículo 62 de la ley de Enjuiciamiento Civil, debe conocer del juicio el Juez del domicilio del demandado.

Competencia.—Rendición de cuentas.—Sentencia de 23 de Febrero (Gaceta de 18 de Febrero de 1910).—Declara que negado por el demandado que hubiese sido administrador de bienes ajenos, cuyo carácter se le atribuye para entablar contra él la demanda de pobreza con el objeto de litigar sobre liquidación y rendición de cuentas de los productos de dichos bienes, y no apareciendo principio alguno de prueba ni indicio en apoyo de la afirmación contraria que hace el actor, es evidente que no puede aplicarse la regla 2.a del artículo 62 de la ley de Enjuiciamiento Civil, sino el principio general sentado en la primera del 62 según el que, en defecto de sumisión y de pacto en contrario y no constando el lugar en que la obligación deba cumplirse, ha de prevalecer el fuero del demandado.

Pobreza.—Auto de 23 de Febrero. (Gaceta de 18 de Febrero de 1910).—Resuelve que según tiene reiteradamente declarado el Tribunal Supremo es de la facultad exclusiva del sentenciador la estimación de las circunstancias á que se refiere el artículo 17 de la ley de Enjuiciamiento Civil.

Compraventa de derechos hereditarios.—Contrato consumado.—Petición y división de herencia.—Deudas hereditarias.—Beneficio de inventario.—Compensación.—Negligencia del heredero.—Audencia en Justicia.—Sentencia de 24 de Febrero. (Gaceta de 18 y 19 de Febrero de 1910).—Declara que en el caso de dos partícipes de una herencia indivisa que venden sus participaciones respectivas queda perfectamente consumado el contrato por la escritura pública en que la venta se realiza en la que además de convocar vendedores y comprador en la cosa que es objeto de aquélla y en el precio, es entregada la cosa vendida desde el momento que á su trasmisión equivale el otorgamiento de la escritura, según el otorgamiento de la escritura, según el párrafo 2.a del artículo 1452 y el 1464 del Código civil, y tratándose de un derecho incorporal al que son aplicables todas las condiciones del contrato de compraventa.

Que estipulándose además en el contrato que el comprador queda subrogado en el lugar de los herederos, puede este ejercitar las acciones de aquellos, por lo que al estimarse en una sentencia las de petición y división de herencia por dicho comprador ejercitadas no se infringen los artículos 1450 y 1451 del citado Código civil, toda vez que el cesionario representa los derechos del heredero y puede, sin limitación alguna, solicitar la partición; y la acción á este efecto ejercitada, aunque subordinada al resultado de la de petición de herencia, cuando ambas se utilizan en un solo juicio, no son entre sí incompatibles, ni puede considerarse improcedente la de petición, cuando los bienes en que consiste la herencia no se encuentran o se hallan próximos por el que la ejerzeta, sino por el que se opone á ello, que en el acto de conciliación que precede á la demanda, exige la prueba de la cesión de la herencia, y en el mismo escrito interponiendo el recurso sostiene que esta acción no nace hasta que la herencia se liquida; confundiendo el derecho hereditario y la acción otorgada para hacerle valer en juicio, con la propiedad privada que el heredero la confiere la partición legalmente practicada sobre los bienes que le han sido adjudicados.

Que habiendo aceptado el cedente la herencia de una manera tácita y sin ampararse en el beneficio de inventario, no puede establecer la separación de patrimonios y de personalidades del causante y del heredero, toda vez que á causa de la confusión de patrimonios e insignificante á la aceptación pura y simple de la herencia, no puede ostentar el carácter de acreedor para impedir que se lleve á efecto la partición si antes no se pagan ó afianzan sus créditos, invocando el precepto de los artículos 1.082 y 1.087 del Código civil, ni tampoco lo es lícito distinguir un s de otros créditos por razón del origen de las obligaciones, cuando todos los reconocidos proceden de actos ó contratos que se relacionan directamente con la herencia; ni sostener, por último, que al pago de los suyos vienen obligados los bienes reúntos con preferencia á la entrega de su porción hereditaria al comprador, cuando uno y otro son herederos puros y simples, y en este concepto vienen principalmente obligados á pagarle recíprocamente los créditos que han sido liquidados, por cuyos fundamentos, al resolver que éstos son compensables, se aplican rectamente los preceptos del Código civil.

Que el art. 1.026 del Código civil no tiene aplicación al caso en que no se pide la formación de inventario para acogerse á este beneficio ó al de deliberar sobre la aceptación de la herencia, únicos casos en que se entiende esta constituida en administración.

Que si un heredero, con arreglo al art. 1.063 del mismo Código, tiene la obligación de abonar el daño ocasionado por su negligencia, es evidente que no puede repetir el pago hecho por igual causa, ya que ha debido prestar en el cuidado de las cosas hereditarias, la misma que en las suyas propias.

Y que únicamente los funcionarios corregidos disciplinariamente, y no las partes en el juicio, tienen derecho á que se les oiga en justicia ante el mismo Tribunal que les impuso la corrección, para dejar á sin efecto, sin que contra las resoluciones que en esta materia dicten las Audiencias, conceda la ley ulterior recurso, y, por consiguiente, el de casación.

Competencia.—Acción personal.—Sumisión.—Sentencia de 26 de Febrero. (Gaceta de 19 de Febrero de 1910).—Resuelve que cuando a pesar de la vaguedad de la cláusula de sumisión consignada en los títulos de deber se deduce de ellos un principio de prueba de que la obligación de pago debe verificarse en el domicilio del acreedor al consignar que la entrega tiene que ser hecha en sus manos, libre de todo riesgo y gravamen, con la adición, en uno de dichos documentos de en su casa morada, de conformidad á la regla 1.a del artículo 62 de la ley de Enjuiciamiento civil, procede decidir la competencia á favor del Juez