El Foro español (Madrid. 1898) (1911-06-30 00:00:00), página 6

Ha sido nombrado Secretario de Dolores D. Francisco de la Iglesia.

Personal de Notarios.
Han sido nombrados Archiveros de protocolos: de Luarca, D. José M.ª Lombardero; de Alboacácer, D. Julio Gutiérrez.

Personal de Registradores.
Ha sido declarado excedente, á su instancia, D. Antonio Barandiarán, Registrador electo de Jarandilla.

Oficiales de Sala.
Ha sido trasladado á la plaza de Oficial primero de Sala de la Audiencia de Alicante D. José Alonso Carro, que lo es de la de Badajoz.

Notario fallecido.
El de Zamora, D. Manuel Gómez.

Secretarias judiciales vacantes.
La de Falsa, por promoción de D. Joaquín Carceller, de ascenso, que debe proveerse por antigüedad, como comprendida en el primero de los turnos establecidos en el párrafo 1.º del art. 12 del Real decreto de 1º de Junio de 1911 y solicitarse dentro del plazo de 30 días, á contar desde el 22 de Junio. La de Orgaz, de ascenso, por definición, de D. Manuel Ráezines, que debe proveerse por traslación como comprendida en el tercero de los turnos establecidos en el párrafo 1.º del art. 12 del R. D. de 1º del actual y solicitarse dentro del plazo de 30 días, á contar desde el 22 de Junio.
La de Segorbe, de ascenso, por promoción de D. Camilo Marín, que debe proveerse por antigüedad, como comprendida en el segundo de los turnos establecidos en el párrafo 1.º del art. 12 del Real decreto de 1º del actual y solicitarse dentro del plazo de 30 días, á contar desde el 22 de Junio.

PARA EL SR. MINISTRO DE GRACIA Y JUSTICIA

Sentencia que.....

Antecedentes.—Don H. H., Juez de primera instancia de....(Canarias) con diez y nueve años de servicios efectivos en la carrera, y apareciendo en el escalafón con veinte años y seis meses, por habersele computado una mitad más del tiempo que desempeñó cargo en tales islas, fué promovido en el turno tercero á la plaza de Magistrado de la Audiencia provincial de....
Don N. N., Juez de primera instancia de..., con veinte años de servicios efectivos en la carrera, audió en reclamación al Ministerio de Gracia y Justicia solicitando que se dejara sin efecto el nombramiento de Don H. H. y se promoviera al recurrente á la plaza que con aquél había sido cubierta, puesto que en realidad llevaba más tiempo de servicios efectivos en la carrera.
El Ministro de Gracia y Justicia dictó una Real orden desestimando la pretensión deducida, y contra tal resolución audió Don N. N., á la vía contenciosa.
Tramitado el recurso, se resuelve dictándose la siguiente importancia doctrina:
Visto el art. 8.º del Real decreto de 24 de Septiembre de 1899 que dice: «Para cubrir las vacantes cuya provisión corresponda al turno tercero en las categorías á que se refieren los artículos 41 al 45 inclusive de la ley adicional á la orgánica, se nombrará á los funcionarios de la clase inmediatamente inferior que reuniendo las condiciones exigidas por la legislación vigente para el ascenso, cuenten mayor número de años de servicios en la carrera y no tengan nota alguna desfavorable en su expediente personal».
Visto el párrafo 2.º del art. 10 de la ley de 30 de Junio de 1895 que dice: «Salvo el derecho de los excedentes y cesantes, según el párrafo anterior, las disposiciones del Real decreto de 24 de Septiembre de 1889, serán puntualmente observadas en los ascensos, traslaciones, permutas y cesantías».
Visto el art. 6.º de la ley provisional sobre organización del Poder judicial que dice: «Las disposiciones que el Poder ejecutivo adopte en uso de sus atribuciones, nunca alcanzarán á derogar ni á modificar la organización de los Juzgados y Tribunales ni las condiciones que para el ingreso y ascenso en la carrera judicial señalan las leyes».
Visto el art. 5.º del Código civil, que dice: «Las leyes sólo se derogan por otras leyes posteriores, y no prevalecen contra su observancia el desuso ni la costumbre ó la práctica en contrario».
Visto el art. 26 del Real decreto de 7 de Octubre de 1910 que dice: «Quedan derogadas todas las disposiciones anteriores á la ley orgánica del Poder judicial, á su adicional, y al Real decreto de 24 de Septiembre de 1889, en cuanto sean opuestas o distintas á lo preceptuado en el presente decreto el cual empezará á regir desde su publicación en la Gaceta».
Considerando: Que -re-viniendo el Real decreto de 24 de Septiembre de 1889, que las vacantes correspondientes al turno y categoría de que en el presente caso se trata se proveerán en los funcionarios de la clase inmediatamente inferior que reuniendo las condiciones legales exigidas para el ascenso cuenten mayor número de años de servicio en la carrera, y habiendo adquirido tal precepto fuerza de ley por virtud de lo ordenado en el artículo 10 de la de 30 de Junio de 1895, es de toda evidencia que contando el recurrente D. N. N., mayor número de años de servicio efectivo en la carrera que D. H. H., aquél debió ser nombrado para cubrir la vacante provista en el segundo, y que al no hacerlo así se le privado al primero del derecho que tales preceptos legales le concedieran.
Considerando: Que contra tal doctrina no puede invocarse con éxito el beneficio que por el art. 6.º del Real decreto de 5 de Febrero de 1905, se concedió á los funcionarios de la carrera judicial que desempeñasen cargos en Baleares y Canarias, puesto que refiriéndose las disposiciones que en el anterior Considerando se citan al tiempo real y efectivamente servido en la carrera, á los servicios prestados día por día, el Poder ejecutivo carece de atribuciones, según el art. 6.º de la ley Orgánica, para establecer esa fijación, suponiendo que cada año de los servidos en esas islas equivala á una mitad más de tiempo, ya que mediante ello se modifican las condiciones que para el ascenso establecen las leyes, con perjuicio de los demás funcionarios de la carrera, cuyos derechos podrían por tal sistema hacerse totalmente ilusorios.
Considerando: Que no habiendo adquirido fuerza de ley el Real decreto de 5 de Febrero de 1905, carece según el art. 5.º del Código civil de la eficacia necesaria para derogar lo preceptuado en el 10 de la de 30 de Junio de 1895, que elevó á tal categoría las disposiciones que para el ascenso establece el Real decreto de 24 de Septiembre de 1889.
Considerando: Que aun en el inadmisible supuesto de que no existieran esos precedentes legales, el art. 26 del Real decreto de 7 de Octubre de 1910 deroga de una manera expresa y categoríca todas las disposiciones posteriores á la ley orgánica, á su adicional y al Real decreto de 24 de Septiembre de 1889 en cuanto sean opuestas o distintas á lo que en aquel se preceptúa, y no puede caber duda alguna que en tal artículo derogatorio se encuentra comprendido el 6.º del Real decreto de 5 de Febrero de 1905, que según antes se demuestra, altera esencialmente las reglas que para la provisión de vacantes establece el 8.º del 24 de Septiembre de 1889.