El Foro español (Madrid. 1898) (1910-09-30 00:00:00), página 3

tas anuales, abonándoles aparte lo necesario para oficinas y auxiliares, con lo que no se gravarían los presupuestos sino en poco más de dos millones de pesetas, que se compensarían con exceso con un leve aumento del papel sellado de los pleitos, y si se engranase—añade—esta carrera con las de los demás judiciales, tendría sólidos y brillantes horizontes.

En este punto, claro es que tampoco hemos de regatear nuestro elogio; es la síntesis de nuestras campañas, las que nos valieron la representación en la prensa de la mayoría de los Escribanos de España que nos la confiaron de manera expresa. Aunque nuestra labor ha sido ardua, muy larga e ingrata, hasta por muchos de los mismos á quienes favorecimos con ella, que impacientes no se hacen cargo de lo que cuesta conseguir las cosas, nos congratula que la opinión haya ya cristalizado hasta en las alturas: tal vez ahora el no traducirse la aspiración general en hechos, más que á la falta de buena voluntad de los de arriba cuya atención por tantas partes y por tan diversos asuntos está continuamente requerida, se deba, diremos, á la apatía de los mismos que tan necesitados están de esa reforma.

Nota gran atraso en los asuntos por falta de auxiliares suficientes. Echa de menos la intervención que los Fiscales deben tener en los sumarios conforme al art. 306 de la ley de Enjuiciamiento Criminal á veces por imposibilidad material de ello, y vuelve á recordar á este respecto la conveniencia de los antiguos Promotores fiscales ó el dar facultades en este punto á los Fiscales municipales nombrados con ciertas condiciones de aptitud.

Vuelve á hacer una defensa minuciosa del jurado y á proponer que sean en las Audiencias provinciales donde se formulen las listas de jurados para evitar las exclusiones de los egoístas, que suelen ser los de holgada posición social y los que por poseer cuando menos una cultura intermedia están en mejores condiciones de juzgar con acierto.

Censura á los Abogados que ponen en práctica ciertas artes con los jurados, recusando á los más incorruptibles, ó con los testigos que tantas veces contradicen en los juicios las declaraciones que presentaron en los sumarios, lo que califica como una triste forma de encubrimiento. Igualmente aboga, para evitar los gastos y dilaciones que ocasionan los testigos inútiles, porque se limite el número de los que la defensa puede proponer, y justificando la razón de la propuesta, á no ser que decidan traerlos por su cuenta y á su costa; é igualmente recoge otras atinadas observaciones de algunos Fiscales de provincias.

Recuerda la necesidad de que los Fiscales sustitutos sean retribuidos, y no está conforme con la teoría de que se reduzcan á ser sólo tantos sustitutos, como sustituidos porque aparte de que ocurre con esto lo que con los apoderados que pueden ser varios y el poderdante uno, aquéllos no sustituyen al funcionario, sino á la función, y su número debe ser en relación á las necesidades de ésta.

Reclama una mayor intervención de los Fiscales en lo civil. Llama la atención sobre el deplorable estado de las cárceles, y mientras se reforman las condiciones de nuestros mal llamados establecimientos penales, en los que, sin condiciones para contener apenas doce mil penados se hacían más de veinte mil, entre los que hay muchos inocentes que sufren prisión preventiva y luego son absueltos, pide que se extienda el radio de acción de las penas condicionales, porque hoy por hoy—dice—un simple arresto puede equivaler á una pena de muerte, puesto que la cifra de penados enfermos excede del 50 por 100, ya que pasa de 11.000.

Excita el ánimo de los Fiscales para que se castiguen tanto los delitos electorales como los que se cometen con motivo de procesos de particulares ó Ayuntamientos sin motivo, y con el único objeto de favorecer determinados manejos políticos.

Al ocuparse de lo contencioso-administrativo, lo hace con alguna extensión, dando el detalle de los informes de todos los Fiscales, respecto á si con arreglo al artículo 7.º de la Ley Orgánica del Poder judicial, debe ó no considerarse con fuerza de obligar al artículo 26 del Real decreto de 15 de Noviembre de 1909, ya que entraña una simplificación, y, por tanto, alteración del procedimiento establecido en la ley de 13 de Septiembre de 1888, eficacia que ya le negó el Tribunal provincial de Madrid, en providencia de 18 de Febrero de 1910, dictada en el pleito que promovió la Sociedad anónima «La Fortuna», de cuya opinión participan la mayoría de los Tribunales y la casi unanimidad de los Fiscales. En opinión del Sr. Gómez de la Serna, aquel decreto digno de aplauso no es ilegal, por haber establecido nuevos recursos, ya que lo autoriza la misma ley de lo Contencioso en su artículo 5.º, al declarar que la jurisdicción contencioso entenderá en todas las cuestiones á las que se otorgue el recurso en una Ley ó en un Reglamento, es decir, en una disposición emanada del Poder legislativo ó ejecutivo indistintamente. El Real decreto, pues, pudo hacer lo que hizo en tal extremo, sin infringir la ley; lo que ya no pudo hacer es alterar el procedimiento fijado en ésta, porque el artículo 63 lo veda, y aunque conveniente y hasta imprescindible cuanto por ese decreto se dispone, es necesario que se ordene por una Ley, y por ello cree debe dictarse una disposición ministerial que aplace la aplicación de ese decreto hasta que las Cortes regulen la materia; y hasta que ese momento llegue, cree que el Ministerio público, que tiene el es-