El Foro español (Madrid. 1898) (1910-12-10 00:00:00), página 6

Ruiz Briceño, Juez de 1.a instancia de Córdoba. (22 de Noviembre de 1910). D. Domingo Cortón Freijanes, Abogado Fiscal de la Audiencia de Cuenca. (22 de Noviembre de 1910). D. Manuel Fernández Carrascosa, Juez de 1.a instancia de Cangas de Tineo. (26 de Noviembre de 1910).

Personal de Registradores.
Ha sido nombrado Registrador de la Propiedad de Gandia D. Eduardo Novellas, que sirve el de Villarreal.

Oficiales de Sala.
Han sido nombrados Oficiales segundos de Sala: de la Audiencia de Huelva, D. Manuel de la Corte, y de la de Cuenca D. Luis López Martín.

Notario fallecido.
El de Vejer de la Frontera, D. Fernando Chacón.

Escrivánía vacante.
La del Juzgado de Hijar, Audiencia de Zaragoza, por haber resultado desierto el turno de traslación, que debe proveerse con arreglo á lo dispuesto en el artículo 10 del Real decreto de 5 de Febrero de 1903 y el 1.º de la Real orden de 11 de Abril de 1904 y Real orden de 22 de Enero de 1907, y solicitarse dentro del plazo de treinta días, á contar desde el 29 de Noviembre.

IDEAS SOBRE LA REFORMA DE LA Ley Hipotecaria

(Continuación.)

Aparte de que no se ve muy clara la relación de esta segunda parte de la regla de que me ocupo, su disposición es inaplicable, si el Juez cumple con su deber de examinar todos los documentos públicos, precisamente todos, que requiere la regla 3.ª del mismo artículo; ésta exige el poder, si no gestionase por sí el acreedor; el título, que forzosamente tiene que ser escritura pública, tratándose de garantía hipotecaria; el acta notarial que acredite el requerimiento al pago, y, por fin, la certificación del Registro de la Propiedad referente á la última inscripción de dominio ó posesión, con relación de todos los censos, hipotecas y demás gravámenes y Derechos reales y anotaciones á que estén afectos los bienes, debiendo hacerse constar que se halla subsistente y sin cancelar la hipoteca á favor del actor. Con todos los documentos á la vista, y cuando el Juez debe mandar sustanciar el procedimiento, ¿es posible que, sean los que quieran los hechos que maliciosamente pueda exponer el acreedor, puedan influir en la equivocación del Juez? Evidentemente, no; porque para esto no hay más hechos que apreciar y en que fundar su juicio que los que constan en los documentos públicos que ha de tener presente, y si se funda en otros, en esos posibles hechos expuestos maliciosamente, la responsabilidad debe ser de él, del Juez, y esta responsabilidad es la que no parece por ninguna parte en la ley reformada, no obstante ser una necesidad social universalmente sentida.

La segunda parte de la regla 2.ª que nos ocupa, es posible se quiera explicar, favoreciendo mucho su redacción, diciendo que el acreedor puede serlo por plazos y ocultar haber percibido alguno, nunca el pago completo, porque en este último supuesto no es creíble que el deudor dejase de exigir la cancelación. Pues en el caso de ocultación de algún pago, el perjuicio no existiría, porque desde el momento de ser requerido de pago el deudor podría exhibir ó entregar al Notario el justificante de pago en parte, con lo cual el perjuicio no podía existir, y en último término, si el requerimiento no era personal, siempre podía alegarse la plus petición e imponerse las costas al acreedor, no obstante haberse pactado otra cosa en la escritura contiene del contrato. Si es esto lo que el párrafo quiere decir, lo cierto es que hay que aceptarlo; más propiamente, descifrarlo.

La regla 3.ª del artículo 131 de que vengo ocupándome, señala, 6 más bien enumera, todos los documentos que han de acompañar al escrito en que se pide la efectividad del crédito; aun cuando no se emplee esta palabra, de cuyo uso parece haberse querido huir en la redacción de la reforma, dice: «Acta notarial justificativa de haberse requerido de pago, con diez días de antelación cuando menos, al deudor, y también al tercer poseedor de las fincas, en el caso de que éste hubiese acreditado al acreedor, la adquisición del inmueble.» La lectura de la regla, hace entender que el requerimiento de pago con doce días de anticipación, ha de ser al día en que el escrito se presente, no al día en que la obligación cumple, y así entendió la regla, y creemos no pueda entenderse de otro modo; este precepto de la reforma, viene sin fundamento alguno, y sin la debida referencia, á modificar, por una disposición ritual, un precepto sustantivo, causando una verdadera transformación en la teoría de las obligaciones y en el derecho, en este particular constituido. El Código civil, en su art. 1.113, declara que «Será exigible desde luego toda obligación, cuyo cumplimiento no dependa de un suceso, futuro ó incierto ó de un suceso pasado, que los interesados ignoren» y en armonía con este artículo expresa el 1.125 del mismo Código que «Las obligaciones para cuyo cumplimiento se haya señalado un día cierto, sólo serán exigibles cuando el día llegue.» Uno y otro precepto, que no son más que el reconocimiento de lo que es y se ha entendido siempre por obligación quedan desconocidos por el caso 3.º de la regla en cuestión que viene á impedir el cumplimiento de la voluntad de los contratantes acerca de ese particular que no se opone ni á la ley ni á la moral, ni al interés público; el aviso, el requerimiento al deudor para que pague en día determinado, se introdujo en nuestra legislación por las leyes de Partida, para el