El Foro español (Madrid. 1898) (1911-01-20 00:00:00), página 6

cerá de razón de ser; por lo tanto, nada más lógico que discutir esa nulidad alegada dentro del juicio sumario. Haciéndolo de otro modo, no admitiendo, como la ley reformada no admite esa excepción, se obliga á los litigantes á promover un juicio declarativo de mayor ó menor cuantía, según la cantidad de que se trate, con lo cual la brevedad y la economía que se persiguen en la reforma, se convierte en dilación y aumento de gastos.

Lo que digo con relación á la nulidad puede aplicarse á la extinción de la deuda. En este particular el artículo de que me ocupo es contradictorio; en su caso tercero hemos visto que estima causa para la suspensión del procedimiento el pago acreditado por la certificación de cancelación de la hipoteca en virtud de la cual se proceda; pues bien, la extinción de la deuda acreditada por documento público acredita virtualmente la extinción de la hipoteca, por cuanto sólo falta su presentación en el Registro; por otra parte, la extinción de la hipoteca pudiera ser por prescripción, y no hay razón alguna para que al ejecutado se le impida alegar en una sola forma esa extinción de la hipoteca, cuando son varias las en que puede estar extinguida, por no tener existencia legal la acción hipotecaria que se invocaba en el juicio sumario.

Los legisladores han debido comprender los inconvenientes de la excesiva limitación en la oposición al juicio sumario que establecían, y á continuación y en el mismo artículo expresan que «al tiempo de formular la reclamación á que se refiere el párrafo precedente ó durante el curso á que diere lugar, podrá solicitarse que se asegure la efectividad de la sentencia que se dicte en el mismo, con retención del todo ó de una parte de la cantidad que por el procedimiento que establece la presente ley, deba entregarse al actor».

Este precepto, ó más bien declaración, que se consigna en el párrafo citado, es la más terminante censura del juicio sumario que por la reforma de la ley se crea, porque en realidad se impide al actor en el juicio sumario que disponga de la cosa ó cantidad cuya propiedad se declara en una sentencia ó auto firme que le pertenece, siendo un contrasentido que por una parte ordene se le entregue la cantidad importe del remate, ó se mande hacer la inscripción de la finca ó fincas á su nombre en el caso de adjudicación, y por otro se declare procedente la retención de lo mismo que sin limitaciones se declara suyo.

Semejante anormalidad se ha querido remediar en parte, y el artículo ya harto extenso, se le ha adicionado un párrafo más que dice: «El Juez decretará esta retención en vista de los documentos que se presenten, si estima bastantes las razones que se aleguen. Si el que solicite la retención no tuviera solvencia notoria y suficiente, el Juez deberá exigirse previa y bastante garantía para responder de los intereses de demora y del resarcimiento de cualesquiera otros daños y perjuicios que puedan ocasionarse al acreedor».

Esta disposición tendrá explicación si se trata de del mismo Juez; pero no es así, porque claramente dice el mismo artículo de que me ocupo que «la competencia para conocer de este juicio declarativo, se determinará por las reglas ordinarias». De manera que el deudor, el que tenga que alegar una de las excepciones que no se admiten en el juicio sumario, ha de ir posiblemente ante otro Juez á exponer la cuestión, y como puede ocurrir, y ocurrirá en la inmensa mayoría de los casos, que no tenga medios para dar la fianza que se le exija ó que, aun siendo solvente, el Juez se la exija en obviación de responsabilidades, resultará que él no podrá ejercitar su derecho por justo que sea, ó tropezará con tales inconvenientes que la sentencia ó auto con que termina el juicio sumario estará ejecutoriado, y la retención será imposible, quedando sin posible aplicación esa disposición que los legisladores habrán creído previsora, y que no ampara ni al acreedor ni al deudor.

El art. 133, reformado, es de naturaleza transitoria, por cuanto se limita á conceder á los acreedores que á la publicación de la ley reformadora tuvieran inscrito su derecho la facultad de optar por el procedimiento del juicio sumario que se establece, supliendo con documento público la fijación del precio para la subasta de acuerdo con el deudor, y el señalamiento de domicilio para la práctica de requerimientos y notificaciones, y nada acerca de él se nos ocurre decir.

APOLINAR PÉREZ GARCÍA,
Abogado.

Derecho consuetudinario español y europeo

Seguros mutuos de ganados.

(Continuación.)

Los despojos y la piel pertenecen en todo caso al propietario de la vaca ó buey desgraciado, el cual está exento de adquirir parte alguna, si no quiere, de la carne de la res, así como de abonar los gastos de curación del animal, medicinas, degüello y reparto de los trozos á cada uno de los asociados, pagos que son de cuenta de la mutualidad generalmente, aunque en determinadas poblaciones los satisface el dueño del semoviente.

En Benaharre se sigue la costumbre de pagar al amo de la vaca ó buey muertos, las dos terceras partes únicamente, del valor de la res, como si estuviera viva; perdiendo el ganadero ó labrador propietario de la res la otra tercera parte. La cantidad á que ascienden las dos terceras partes de abono, se hace efectiva por medio de repartimiento á prorrata entre los socios de la asociación mutual, satisfaciendo aparte el dueño del animal desgraciado los gastos del cortador y los del reparto de la carne.

Generalmente no se pagan indemnizaciones por las desgracias acaecidas á las reses menores de dos años ni mayores de doce; á no ser que acuerde lo contrario la Asociación, debido á circunstancias especiales dignas de tenerse en cuenta.