El Foro español (Madrid. 1898) (1911-03-30 00:00:00), página 12

la base de la nuda propiedad á su nombre, es incompatible con el supuesto dominio alegado por el cónyuge superviviente, mientras éste no lo reivindique, en su caso, del actual dueño.

Y que ninguno de los fueros relativos de consorceto foral tiene aplicación á un caso como el citado, por no ser extensivos á los padres en relación de éstos con sus hijos, y porque teniendo éstos únicamente la nuda propiedad de los bienes dejados por uno de aquéllos, por gozar del usufructo el otro, hay notoria incompatibilidad entre este estado y el del supuesto consorcio.

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Derecho preferente.—Trabajo personal.—Crédito refaccionario.—Inscripción de crédito en el Registro mercantil.—Sentencia de 30 de Octubre.—(Gaceta de 9 de Mayo de 1910).—Resuelve que no infringe precepto legal alguno la sentencia que estima que no existe preferencia de un crédito sobre otro, cuando ambos ostentan la misma naturaleza y tienen igual origen, por tratarse de contratos en obras celebradas con determinada Compañía.

Que comprendiendo uno de dichos créditos el ajuste total de una obra, no puede ser calificado de singularmente privilegiado como representativo del trabajo personal á que da preferencia el art. 913, número primero, letra C, del Código de Comercio, porque no es dable confundir el ajuste de la obra ejecutada con el asiento personal de operarios, por razón de los jornales invertidos en la misma.

Que tampoco puede ser considerado el crédito en cuestión como refaccionario á los efectos de los artículos 1.920, número quinto, y 1.927, regla tercera, del Código Civil.

Y que la inscripción de ese crédito en el Registro mercantil no modifica su naturaleza, ni mejora su condición, para obtener preferencia sobre otro de la misma naturaleza y origen.

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Desahucio.—Quebrantamiento de forma.—Denegación de prueba.—Sentencia de 30 de Octubre.—(Gaceta de 9 de Mayo de 1910).—Resuelve que para ser otorgado el recurso de casación por quebrantamiento de las formas esenciales del juicio comprendidas en los números 4.º y 5.º del art. 1.693, en relación con el 1.691 de la ley de Enjuiciamiento civil, no basta la mera referencia á estas disposiciones, sino que es preciso designar también la citación omitida ó la resolución dictada negando diligencia de prueba de las admisibles, según las leyes, que haya producido indefensión; y principalmente que aparezca se pidió y no se obtuvo la subsanación de la falta en la instancia donde se cometió, según dispone el art. 1.693 de la referida ley procesal.

Que cuando un demandado ha sido citado en forma para juicio de desahucio, promovido por falta de pago de la merced estipulada, y comparece en el juicio verbal representado por procurador y asistido de letrado, que contesta oralmente, única forma permitida, alegando cuantas excepciones estima convenientes en beneficio de su defendido, limitándose el juez á redactar sucesivamente, cual exige la ley, la contestación dada, sin que ésta haya sido reclamada en el acto por omisión, es evidente que el referido juez cumple estrictamente los artículos 1.589 en su número 1.º, relacionado con el 1.579 y 379 de la ley de Enjuiciamiento civil, únicos de rigurosa y exclusiva aplicación, que establecen la tramitación especial de esta clase de juicio:

Que la falta de notificación al Procurador del demandado en juicio de desahucio de la sentencia de primera instancia, de la que él personalmente es notificado y de la que apela, no está comprendida entre las formas esenciales del juicio, que aprecia el artículo 1.693 para otorgar por quebrantamiento de ellas el recurso de casación, y tal falta de notificación sólo da lugar á la corrección disciplinaria impuesta por la Sala sentenciadora al funcionario que la comete.

Que la retirada voluntaria del Letrado defensor del demandado del acto del juicio verbal, después de dejar contestada la demanda en formal forma, motivada por negarle el juzgado la facultad, erróneamente reclamada, al no estar concedida en precepto alguno procesoal de redactar el acta en la parte referente á consignar la contestación dada, no merece el concepto de denegación de prueba y menos puede ser estimado tal hecho como infracción en este juicio esencial de desahucio de los artículos 540 y 545 de la mencionada ley, pues en él no tienen aplicación por estar referidos al juicio declarativo ordinario.

Y que el número 5.º del artículo 1.693, sólo se otorga el recurso de quebrantamiento de forma cuando se deniegue una diligencia de prueba de las admisibles, si se produce indefensión pero no cuando se utiliza únicamente por la manera con que la de confesión admitida ha sido practicada, pues sea cualquiera la forma adoptada para recibir dicha confesión, ya estimando pertinentes las preguntas, una á una, después de conocida la contestación dada á la precedente, ya declarando de una vez pertinentes las formuladas por el demandado, ó ya suspendiendo el acto, inerrumpiendo su unidad y la reserva para con ulteriores confesantes, aunque se admita el supuesto de que con tales actos sea infringido el artículo 584 de aquella ley, según se indica, esa infracción dará lugar, en su caso, á otro recurso y no al de casación por quebrantamiento de forma.

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Competencia.—Comisión mercantil.—Acción personal.—Temeridad.—Sentencia de 30 de Octubre (Gaceta de 9 de Mayo de 1910).—Resuelve que en contrato de comisión mercantil el pago de la remuneración al comisionista, salvo pacto en contrario, debe hacerse en el lugar donde se requieran sus servicios, doctrina deducida de los artículos 2.7 y 275 del Código de Comercio, en relación con el 1.728 del Civil, y sancionada por la constante jurisprudencia de este Tribunal Supremo.

Que cuando según los términos de la demanda, se reclama ante un Tribunal municipal cierta cantidad que se supone debida, procedente de comisiones realizadas por encargo del demandado con motivo de la venta de varios géneros, hecha en la ciudad donde se entabló el juicio, respecto á la existencia de cuyo contrato de comisión no puede menos de admitirse á estos efectos, por el principio de prueba que constituyen, tres cartas procedentes del comitente, unidas á los autos, es evidente que, según lo dispuesto en el primer extremo de la regla 1.ª del artículo 62 de la ley de Enjuiciamiento Civil, al Juz de dicha ciudad corresponde el continuar conocido de la demanda sobre pago de tales servicios.

Y que al proponer la parte la inhibitoria, fundada en suposiciones cuya inexactitud se deduce de su misma correspondencia, y contradiciendo la doctrina legal sentada con tanta repetición, y que no puede suponerse desconozca, dado el carácter de comerciante de