El Foro español (Madrid. 1898) (1911-01-20 00:00:00), página 12

Julio.

Exclusión de bienes de una testamentaria.—Recurso de casación por infracción de ley.—Auto de 1º de Julio. (Gaceta de 5 de Marzo de 1910).—Consigna que según tiene declarado el Tribunal Supremo, no se da el recurso de casación por infracción de ley o de doctrina legal contra sentencias dictadas en juicios que, después de terminados, permiten, no obstante, á las partes promover otro sobre el mismo objeto, por cuya razón cuando el fallo recurrido se limita á declarar procedente la exclusión de bienes de una testamentaria, como los interesados en ella como herederos del causante, tienen derecho á ejercitar en el juicio declarativo que proceda la acción reivindicatoria ó la que á sus fines estimen más adecuadas, es notoriamente inadmisible el recurso que contra dicho fallo se interponga.

Venta simulada en fraude de acreedores.—Apreciación de prueba.—Insolvencia del deudor.—Sentencia de 1º de Julio. (Gaceta de 5 de Marzo de 1910).—Resuelve que cuando la Sala sentenciadora, apreciando las diferentes pruebas practicadas en un pleito, entre ellas el resultado de una causa criminal, estima que no hay elementos bastantes para suponer que una enajenación haya sido hecha en fraude de acreedor determinado, hay que deducir que el comprador no puede ser cómplice en un fraude no demostrado.

Que el error de hecho aducido contra semejante estimación, fundada en la apreciación de las pruebas, debe justificarse del modo evidente que exige el número 7.º del artículo 1.692 de la ley de Enjuiciamiento Civil, y no con alegaciones basadas en conjuras derivadas en gran parte de las declaraciones de los demandados, y en la apreciación contraria á la de la Sala.

Que no puede sostenerse que el vendedor á quien se atribuye el fraude carece de otros bienes cuando resulta probado por certificación del Registro de la propiedad, que el día en que se verificó la enajenación impugnada, aparecían insertos á su nombre otros varios bienes, lo cual patentiza que no por ello quedó insolvente para poder pagar la obligación reclamada, cualquiera que haya sido la suerte ó destino posterior de dichos bienes.

Y que de lo expuesto se deduce que una sentencia al absolver de la demanda en que se pretende la nulidad de cierta escritura de venta que se supone realizada en fraude del acreedor demandante, no infringe las disposiciones comprendidas en el título 8.º, libro XLII del Digesto, en el 75, libro VII del Código de Justiniano, y en la Pragmática catalana de 18 de Octubre de 1384, cuando si bien consta la existencia de una obligación anterior al acto de la enajenación, no aparece justificado que en dicho tiempo estuviera constituido en estado de insolvenza, y que en la referida enajenación, realizada á título oneroso, intervenga fraude, ni por ello fuera el comprador conocedor del mismo, no concurriendo, por lo tanto, los requisitos necesarios para que pueda prosperar la acción Paulina á que se refieren dichas leyes.

Testamento.—Sustitución hereditaria.—Prescripción.—Sentencia de 1º de Julio. (Gaceta de 5 de Marzo de 1910).—Declara que tratándose de un testador que en una de las cláusulas de su testamento dispone «que si alguno de sus sobrinos á quienes deja ciertas mandas falleciese, dicha manda ó lo que de él heredase, recaería en otro ó otros hermanos, y si falleciesen todos los hermanos antes que ellos pudieran legalmente disponer de los bienes, en cuyo caso les facultaba para que dispusieran como tuvieran por conveniente, pasase la herencia á otros sobrinos del testador, primos de los antecitados, pero no á sus padres» es evidente que al establecer el testador la sustitución de unos sobrinos por otros en la forma expuesta, muertos los primeramente instituidos antes de llegar á la mayor edad, deben pasar los bienes á los sustitutos, sin que el hecho de haber fallecido el último después de cumplidos catorce años, extinga ó anule la cláusula sustitutoria; y que al estimarlo así la Sala sentenciadora no infringe el artículo 675 del Código Civil ni la jurisprudencia sentada en sentencias de 24 de Febrero de 1883, 19 de Marzo de 1885, 21 de Enero de 1887, 19 de Enero de 1883 y 5 de Marzo de 1887, sino que los aplica acertadamente dando á las palabras del testador su verdadero sentido y alcance, puesto que la facultad de disponer legalmente de los bienes, otorgada en dicha cláusula, queda subordinada á la mayor edad de los instituidos, y siempre bajo el supuesto de disponer de aquéllos en cualquiera de las formas establecidas por la ley.

Que así es fuerte reconocerlo también cuando la voluntad del testador se evidencia al disponer en otra cláusula que los albaceas encargados de cumplirla retengan en su poder los bienes y los frutos hasta que los menores hayan salido de la patria potestad, privando á los padres de toda intervención, todo lo que implica que los llamados á la herencia no pudieran disponer de ella hasta hallarse emancipados.

Y que ejercitada la acción de petición de herencia y poseyendo los bienes sin título alguno los condenados á la entrega, carece de eficacia la prescripción por ellos alegada, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1.932 y 1.937 del Código Civil, que ninguna aplicación tienen en este caso.

Arrendamiento.—Desahucio.—Sentencia de 1º de Junio. (Gaceta de 5 y 7 de Marzo de 1910).—Resuelve que aún cuando sea doctrina reiteradamente consignada en la jurisprudencia del Supr.-mo Tribunal, que no es un juicio de desahucio apropiado para ventilar y decidir cuestiones complejas que afectan á la rescisión de los contratos que deben ser discutidas en el ordinario correspondiente, es claro que tal doctrina podrá ser ó no aplicable en cada caso, según su especial índole y naturaleza, pues no siempre aun cuando en ocasión de un contrato de arrendamiento se consigne en el otro género de obligaciones, es indispensable relacionar éstas con aquél si por el contrario pueden desligarse y apreciarse con la debida separación.

Que dados los términos del documento público por el que el demandante dió en arrendamiento á la sociedad demandada unas minas de su propiedad estipulando, entre otras condiciones, que el arrendador transmitía al arrendatario los derechos derivados del arrendamiento, sin limitación alguna; que la Compañía arrendataria tendría derecho para hacer en las minas los reconocimientos que estimase oportunos, procediendo con entera libertad; que cada tonelada de mineral extraído abonaría, según los casos, las cantidades fijadas al efecto; que los trabajos de minería se