El Foro español (Madrid. 1898) (1911-02-28 00:00:00), página 6

ductos y rentas, desde que consta en los autos por manifestación auténtica del Registro de la propiedad que dichos bienes ó derechos constan inscritos á nombre de persona distinta de aquella contra la cual se decre- tó el embargo ó se sigue el procedimiento, salvo el caso de haberse dirigido la acción contra ella en el concepto de heredera de la persona á cuyo nombre está inscrito el derecho. Esta continuación de la práctica no huelga en la ley puesto que había Tribunales que entendían que en los autos ejecutivos y demás procedimientos en vía de apremio, no podían admitirse á un tercero títulos de ninguna clase que justificasen plenamente su dominio de la cosa embargada, y le remitían al juicio de tercería indebidamente.

Dispone este mismo artículo 24 en su tercer párrafo, lo siguiente: «Cuando se persigan bienes hipotecados que hayan pasado á ser propiedad de un tercer poseedor, se procederá con arreglo á lo dispuesto en los artículos 134 y concordantes de esta ley.»

Este párrafo, que á primera vista nada de particular parece contener, ordena una cosa verdaderamente imposible de ejecutar, que en el caso que prevé se pro- ceda con arreglo á la ley Hipotecaria y á lo que pre- vienen los artículos 134 y 135 de esta ley.

La anterior Ley Hipotecaria en su artículo 133, dis- pone que al vencimiento del plazo para el pago de la deuda, el acreedor podrá pedir que se despache mandamiento de ejecución contra todos los bienes hi- potecados, estén ó no en poder de uno ó varios terce- ros poseedores, pero estos no podrán ser requeridos al pago sino después de haberlo sido el deudor y no haberlo realizado. Cada uno de los terceros poseedores si se opusiera, será considerado como parte en el proce- dimiento respecto de los bienes hipotecados que posea, y se entenderán siempre con el mismo y el deudor to- das las diligencias relativas al embargo y venta de di- chos bienes, debiendo el tercer poseedor otorgar la esc- critura de venta ó otorgarse de oficio en su rebeldía.»

Esto es lo que ordenaba la Ley Hipotecaria en el caso de que los bienes hubieran pasado á ser propiedad de un tercero, disposición que la reforma preceptúa en el párrafo que nos ocupa que se cumpla, pero á la vez dispone que se haga también con arreglo á los articu- los 134 y 155. El art. 134 que se manda cumplir á la vez que lo dispuesto en la ley Hipotecaria, dispone que si antes de que el acreedor haga efectivo su derecho sobre la finca hipotecada, pasare ésta á manos de un tercer poseedor, éste, acreditando la inscripción de su título, podrá pedir que se le exhiban los autos, y el Juez lo acordará sin paralizar el curso del expediente, en- tendiéndose con él las diligencias sucesivas como sub- rogado en el lugar del deudor». Es decir, en este caso, según el art 134, desaparece la personalidad del deudor, sin que quepa duda de que así hay que entender el ar- tículo, puesto que en su segundo párrafo dispone que si se hubiese dividido el dominio siendo de uno el útil y de otro el directo; en este caso se seguirá oyendo ó te- niendo por parte al deudor. Como se compagina, como se armoniza la disposición de este artículo con el 133 de la anterior Ley Hipotecaria, que como se ha visto dice: «Se entenderán siempre con el mismo el tercero y el deudor todas las diligencias relativas al embargo y venta de dichos bienes, debiendo el tercer poseedor otorgar la escritura de venta ó otorgarse de oficio en su rebeldía.

Como se ve el precepto de este artículo que la refor- ma manda se cumpla, es incompatible con el art. 134 reformado, por cuanto el 133 de la Ley anterior orde- na que se siga oyendo al deudor, y éste terminante- mente dispone todo lo contrario, puesto que expresa que al tercero se le tendrá por subrogado en el lugar del deudor, y á esta regla general sólo admite una excep- ción, el caso en que el deudor sólo hubiese enajenado el dominio directo ó el útil, pues en este caso, se enten- derán con ambos las diligencias del juicio.

La contradicción no puede ser más evidente: los tér- minos del art. 133 no pueden ser más absolutos; al deu- dor se le seguirá oyendo siempre, y el 134 que no se le volverá á oír salvo el caso de continuar siendo par- tícipe en cualquiera de los dominios.

La reflexión expuesta evidencia que lo que dispone el artículo 24 reformado es de imposible cumplimiento: éste preceptúa que se procederá con arreglo á lo dispuesto en la ley Hipotecaria y en los artículos 6º y 13 de la pre- sente ley, y demostrada queda su contradicción; si se sigue oyendo al deudor no se cumple lo que disponen los artículos 6º y 13, y si no se le continúa teniendo como parte no se cumple la ley Hipotecaria en su ar- tículo 133. Cuando se presente el caso previsto en la práctica, ¿á qué carta habrá de quedarse el Juez? Sería cosa de ir á preguntárselo á los reformadores, que, di- cho sea de paso, consideran, al menos así se deduce de los términos de su redacción, ley distinta la reforma de la ley Hipotecaria, para después ingerir los artículos de la ley de reforma en la ley Hipotecaria, con lo cual nos quedamos á oscuras acerca de cuál fué el criterio de los legisladores reformistas.

La reforma expresa en el artículo 20 que «para inscribir ó anotar los documentos en virtud de los que se transfiera ó grave el dominio ó la posesión de bienes inmuebles ó derechos reales, deberá constar previa- mente inscrito ó anotado el derecho de la persona que otorgue, ó en cuyo nombre se haga la transmi- sión ó gravamen».

Los Registradores denegarán ó suspenderán, según los casos, la inscripción de dichos documentos, mien- tras no se cumpla este requisito, y serán responsables directamente de los perjuicios que causen á un ter- cero por la infracción de estos preceptos».

Nada más legal y lógico que la disposición que con- tienen estos dos primeros párrafos del artículo que me