El Foro español (Madrid. 1898) (1911-12-10 00:00:00), página 10

funcionamiento y disolución; y esto supuesto, es indudable que el dicho heredero fiduciario dispone de su participación en la Sociedad mencionada, sin perjuicio de su obligación personal de restituir á la herencia lo que á la misma correspondiera, teniendo el fideicomisario el derecho de exigir, en su caso, la caución autorizada por el derecho con relación al fideicomiso.

Junio.

Competencia.—Liquidación de cuentas.—Solicitud.—Acción personal.—Sentencia de 11 de Junio. (Gaceta de 1.º de Octubre de 1910).—Declara que conviniendo las partes en un documento privado, cuya legitimidad no se impugna, reunirse en cierta población para liquidar los beneficios obtenidos en la explotación de una mina, y versando la demanda sustancialmente en el cumplimiento de lo convenido en dicho documento, resulta evidente que la población de referencia es la designada por pacto expreso de las partes para cumplir la obligación, y al Juez de la misma corresponde el conocimiento del asunto con arreglo á lo prescripto en los arts. 62, regla 1.ª, y 63, regla 2.ª de la ley de Enjuiciamiento civil.

Seguro de incendio.—Sentencia de 27 de Junio. (Gaceta de 7 de Octubre de 1910).—Declara que por la razón fundamental de que el fin que se persigue en el contrato de Seguros contra incendios no es el de lograr un lucro, sino el de evitar un perjuicio, es requisito esencial de tal contrato la existencia de la cosa u objeto sobre que versa, no sólo al tiempo de su celebración, sino también en el momento del siniestro, y de aquí la obligación que el artículo 405 del Código de Comercio impone al asegurado de probar la preexistencia de los objetos antes del incendio, obligación de ineludible cumplimiento, porque sólo mediante esa prueba pueden los peritos apreciar el valor real de dichos objetos el día del incendio, antes que éste tuviese lugar y después de su extinción, como preliminar indispensable para que el asegurador, con arreglo á lo dispuesto en el art. 407, cumpla la obligación que le incumbe de satisfacer la indemnización correspondiente, que no puede exceder de la cantidad en que se evaluaron los riesgos al celebrarse el contrato.

Comisión mercantil.—Rendición de cuentas.—Recurso de casación.—Incongruencia.—Costas.—Sentencia de 28 de Junio. (Gaceta de 7 de Octubre de 1910). Consigna como antecedentes que el demandante, como agente de la entidad mercantil demandada, tuvo á su cargo, entre otras operaciones, la venta de determinado artículo y el cobro de las paridades del mencionado artículo vendidas á otra sociedad; que habiendo dimitido dicho cargo, continuó, no obstante, en calidad de comisionista, con la remuneración de un tanto por ciento del importe de las facturas, respecto á unos clientes; otro tanto por ciento más módico respecto de otros clientes, con otros encargos que no llegaron á efectuarse; y que la entidad demandada, después de preparar contra el demandante un juicio ordinario, formuló contra el mismo querella criminal, alegando que como consecuencia de la comisión indicada había dejado de entregar una crecida cantidad procedente de varios cobros, á la que se opuso el querellado, propiando la cuestión prejudicial origen del pleito, fundado en que sin previa liquidación con la Sociedad querellante, sin determinarse por ella el saldo y sin acreditar que, en su caso, dejaba de satisfacerlo el deudor, no tiene razón de ser el procedimiento criminal.

Resuelta la cuestión prejudicial, declarando haber lugar á ella, formuló el actor la demanda que se resuelve, pretendiendo se declare que ha sido agente de la Sociedad demandada hasta hacer entrega á su sucesor de las mercancías en depósito, libros, documentos, letras, recibos y demás comprobantes de todos los débitos y créditos y todos los fondos existentes en cuenta corriente, continuando después hasta la terminación de los contratos celebrados con varias casas; que tiene derecho á percibir como recompensa un determinado tanto por ciento sobre el precio de las mercancías vendidas, y que se condene en definitiva á la Sociedad demandada á la oportuna liquidación con los comprobantes que deberá exhibir y poner á disposición del actor para aprobarla ó hacer los reparos que estime justos y poder determinar el saldo deudor ó acreedor que arroje.

Opuesta la Sociedad demandada se siguió el juicio por todos sus trámites, recayendo sentencia absolutoria, contra la que el actor ha interpuesto recurso de casación, que el Tribunal Supremo desestima, declarando que los negocios confiados al actor, de cesar en su cargo de Agente de la Sociedad demandada, constituyen un verdadero contrato de comisión, con arreglo al art. 244 del Código de Comercio.

Que este artículo no exige para que el mandato se repita comisión mercantil que se limita á un solo acto u operación de comercio, pues puede comprender varios á la vez ó ser éstos objeto de diferentes mandatos entre los mismos comitentes y comisionistas, sin que por ello queden los últimos constituidos en factores de los primeros mientras no aparezcan mandatarios generalmente apoderados para todas las operaciones del tráfico del mandante ó una parte de su giro comercial.

Que de todas suertes, ya tuviere el recurrente el carácter de factor durante todo el tiempo en que prestó sus servicios á la Sociedad recurrida, ya lo tuviere tan sólo hasta que cesó por renuncia en el cargo de Agente de dicha Sociedad, y desde esta fecha en adelante el de comisionista, es evidente que á él incumben rendir las cuentas de su gestión, con arreglo á los arts. 263 del Código de Comercio y 1.720 del Código Civil; y partiendo de este postulado, lógico es concluir que la Sala sentenciadora al absolver á la Sociedad de la demanda, en la que el actor pretendía se la condenara á que presentase una liquidación de los negocios en que el había intervenido, se ha ajustado á los referidos preceptos, sin que por ello, naturalmente, haya infringido los arts. 1.100 del Código Civil, 20, 50, 57, 228, 229, 288, del Código de Comercio y 932, 933 y 946 de la Ley Procesal, así como tampoco la doctrina de la jurisprudencia consignada en sentencias de 3 de Febrero de 1873 y 1.º de Diciembre de 1881, porque tales disposiciones ó no tienen aplicación al caso concreto de que se trata, ó dada la generalidad de la misma, no cabe que se invoquen para sustraer al mandatario ó comisionista de una obligación que, como queda demostrado, es inherente al contrato especial de que se trata y que se rige preferentemente por los principios que lo regulan.

Y que el recurso de casación se da contra el fallo y no contra sus fundamentos.

Que la sentencia absolutoria de una demanda en la que se pide que se condene á la parte contraria á rendir cuentas, resuelve todas las cuestiones del pleito.