El Foro español (Madrid. 1898) (1910-07-20 00:00:00), página 2

cepción en la época de Felipe II se establecieron algunos Consejos como el de Hacienda. Hasta el año 1845 nada se encuentra legislado, no obstante figurar en 1812 como precepto constitucional la separación e independencia de los poderes públicos.

El 2 de Abril de 1845 se crearon los Consejos provinciales para conocer con jurisdicción propia de los negocios contencioso-administrativos provinciales y el 6 de Junio del mismo año, obedeciendo á la corriente que dominaba en casi toda Europa de que los gobiernos retuvieran la jurisdicción, se organizó el Consejo Real bajo el reglamento fecha 30 de Diciembre de 1846 dándose el caso de que un mismo asunto se resolvía en 1.a instancia con jurisdicción propia y en 2.a instancia con jurisdicción consultada.

Los Consejos provinciales desaparecen por el decreto de 7 de Agosto de 1854; toman las Diputaciones provinciales el conocimiento de sus asuntos y con la misma fecha otro decreto establece el Tribunal contencioso-administrativo para fallar en consulta los que eran de la competencia del Consejo Real; Consejo que vuelve á renacer en 1856 con los provinciales y que sufre algunas modificaciones por el R. D. de 14 de Julio de 1858, dictándose en 1860 la ley orgánica del Consejo de Estado, y continuando de este modo hasta la revolución de Septiembre.

En 13 de Octubre de 1868 se suprime la jurisdicción contencioso-administrativa, se suprimen los Consejos provinciales y se suprime la sección de lo contencioso-administrativo del Consejo de Estado, y se dispone: que los asuntos pendientes en esta sección del Consejo pasen al Tribunal Supremo causando ejecutoria sus decisiones e insertándose en la Colección legislativa; que los pendientes en los Consejos provinciales pasen á las Audiencias territoriales y que los recursos de alzada y nulidad se eleven al Tribunal Supremo donde se creó una Sala, designándose otra en las Audiencias territoriales; publicándose al poco tiempo el decreto de 26 de Noviembre del mismo año que puede considerarse como el primer reglamento de lo contencioso-administrativo.

Derógase el decreto de 13 de Octubre de 1868 por el de 20 de Enero de 1875 que restablece la legislación anterior convirtiendo la jurisdicción de retenida en delegada; se hacen algunas reformas en los Tribunales inferiores y por último se dicta la ley y reglamento de 13 de Septiembre de 1888, resultado de una avenencia entre los defensores de una y otra jurisdicción que dió lugar, entre otras disposiciones, al Real decreto de 22 de Junio de 1894 que rige en la materia.

Hora es de que este tejer y destejer constante, reflejo de cambios políticos tan frecuentes en España, desaparezca para siempre, y que nuestros hombres de gobierno se persuadan de que hay cuestiones como las que se relacionan con la administración de justicia y entre ellas las referentes á la organización de Tribunales que constituyen verdaderos problemas nacionales de general importancia en los que están interesados todos, absolutamente todos los españoles.

Ahora bien, ¿qué asuntos se ventilan en los Tribunales provinciales y en el Tribunal de lo Contencioso? ¿No son litigios que se producen entre la Administración de una parte y los particulares de otra con motivo de una resolución administrativa que causa estado, que emana de aquella en el ejercicio de sus facultades regladas y que vulnera un derecho establecido anteriormente en favor del demandante?

Pues entonces, si se van á juzgar en ese litigio las infracciones de sus derechos administrativos ¿por qué no conocen de él los Tribunales de justicia ordinarios del mismo modo que conocen de las infracciones de un derecho civil ó de las infracciones de un derecho penal?

¿Es que las infracciones de leyes administrativas, por ser de diferente naturaleza jurídica que las penales ó civiles, exigen necesariamente Tribunales organizados de esa manera especialísima? Indudablemente no, por dos razones: la primera, porque esa organización mixta no responde científicamente á ningún principio; la segunda, porque aun admitiendo Tribunales independientes para lo contencioso-administrativo, no tenemos Tribunales civilistas y Tribunales criminalistas cuando las infracciones penales, son también de diferente naturaleza jurídica que las infracciones civiles.

¿Es por ventura que en esos Tribunales especiales se requiere otra competencia y otros conocimientos? Tampoco: en las Audiencias territoriales conocen de lo contencioso-administrativo el Presidente y dos Magistrados de lo civil; en las provinciales el Presidente y dos Magistrados de lo criminal; y en unas y otras dos diputados provinciales letreados; en el Tribunal de lo Contencioso nuestros consejeros letreados y funcionarios de la carrera judicial ó fiscal, letreados por ende; luego la competencia de los Tribunales ordinarios compuestos de jueces peritos que han estudiado en las Universidades lo mismo el derecho civil y el penal que el administrativo, está justificada y reconocida.

¿Es que la Administración por el mero hecho de ser un poder necesita mayores ventajas en el triunfo? No lo creemos; fuera una burla á la justicia y desconocer por completo las condiciones de una contienda jurídica. La Administración en el pleito deja de ser poder para convertirse en litigante; litigante es el administrado, una y otro son parte en la litis; allí han de utilizar iguales armas, los mismos medios de defensa; ningún privilegio, ninguna desigualdad debe existir entre ambos y el Tribunal encargado de juzgar debe ser recto, imparcial y tener la libertad necesaria para declarar el derecho á favor del que le tenga.

Por estas consideraciones y sin perder de vista la