El Foro español (Madrid. 1898) (1910-12-20 00:00:00), página 6

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IDEAS SOBRE LA REFORMA DE LA Ley Hipotecaria

(Continuación.)

En la regla 5.a del art. 131 de que me voy ocupando, se dispone que si de la certificación del Registro apareciese que la persona á cuyo favor resulta practicada la última inscripción de dominio ó posesión, no ha sido requerida de pago en ninguna de las formas notarial ó judicial indicadas, se notificará á la misma la existencia del procedimiento en el lugar previsto en la regla tercera de este artículo; es decir, en el domicilio que conste en el Registro ó en su defecto, de conformidad á lo que previene el artículo 268 de la ley de Enjuiciamiento civil. He aquí otro error y otra dilación más: se alardea de huir de dilaciones y no parece sino que de propósito se buscan; pues bien, si con propósito de acertar se hubiera querido simplificar, hacer sencillo y pronto el procedimiento, este requerimiento, el acta ó las diligencias en que así constasen, se habrían exigido al demandante que, conocedor por el Registro de si existía un tercero tan poco cuidadoso de su derecho que no le había hecho saber al acreedor, podía éste notificarse su propósito de deducir la demanda ejecutiva por medio del requerimiento notarial, ó en la forma prevista en el artículo 268 de la ley de Enjuiciamiento civil; y con estos documentos unidos al escrito promoviendo el juicio sumarísimo, resultan inútiles, tanto las diligencias judiciales, que determina la regla 4.a de que me he ocupado antes, como la de ésta, ó sea la 5.a, que comprueba una vez más, que los legisladores habrán podido querer la simplificación y la brevedad en el procedimiento; pero han tenido la habilidad de conseguir todo lo contrario, porque si se examina el procedimiento de la demanda ejecutiva, en su requerimiento y emplazamiento y su vía de apremio, se verá que son menos las diligencias que con la ley ritual se practican, que todas las que expresan las reglas tercera, cuarta y quinta del artículo 131 de la reforma de la ley hipotecaria que motiva estas líneas.

En el segundo párrafo de la regla 5.a se expresa que cuando el tercero que haya inscrito alguna carga ó derecho real constituido con posterioridad á la inscripción de la hipoteca que garantiza el crédito del actor, podrá subrogarse en los derechos de éste, satisfaciendo antes del remate el importe del crédito, intereses y costas, asegurados con la hipoteca de la finca, debiendo hacerse constar el pago al margen de la inscripción ó inscripciones de hipoteca en que dichos acreedores se subrogan mediante presentación en el Registro del acta notarial de entrega de las cantidades adeudadas, ó mandato judicial en su caso. Por el concepto referido no se devengará derecho alguno. Esta última disposición está relacionada con el reglamento del Impuesto de Derechos Reales y la Ley de Agosto de 1907 sobre tal impuesto; éstos gravan las compras ó enajenación de bienes inmuebles y derechos Reales con un 4 por 100, y la constitución de hipotecas, reconocimiento ó modificación, subrogación, extinción y prórrogas del derecho real de hipoteca, con 0,75 por 100. ¿Qué razón existe para el privilegio que constituye el precepto que nos ocupa? Ninguna, porque el segundo acreedor que satisface el crédito del primer acreedor se subroga en todos los derechos de éste, y esta subrogación se hace desde luego constar en el Registro de la Propiedad quedando en la misma situación legal del primero para reclamar contra la finca ó fincas hipotecadas. Este acto constituye, llámesele subrogación ó como se quiera, una adquisición, la del crédito anterior, que sin propiedad alguna puede llamarse compra, puesto que adquiere lo que antes no tenía, y así como si extrajudicialmente una persona venda á otra un crédito hipotecario que le pertenece, el comprador está obligado á pagar el impuesto que el Reglamento y la Ley citada señala, no hay razón alguna para que quien, con la intervención judicial, compre, adquiera un crédito hipotecario, no pague el impuesto que la Ley señala en todas las adquisiciones, ó al menos de subrogación.

Semejante exención de derechos puede dar lugar á verdaderos fraudes, aquí que no parece inmoral á la generalidad el defraudar al Estado. Entre otros medios que pueden emplearse se ocurre á cualquiera el acuerdo entre deudor y un tercero, para en el momento que el primero se vea requerido con los diez días de anticipación, constituya por insignificante cantidad, puesto que en este juicio sumarísimo no hay cuantía, hipoteca á favor de ese tercero, y éste en uso del derecho que la ley le da subrogarse, es decir, adquirir el crédito del primer acreedor, sin satisfacer el impuesto que á todo el que adquiere un inmueble ó derecho real le impone la ley. La injusticia de este proceder, entre el que adquiere en la forma que esta regla 5.a establece y todos los que en cualquiera otra forma adquieran no puede ser más notoria.

La regla 6.a de este artículo 131 que resulta inacabable, y que hubiera ganado mucho en claridad y precisión si se hubiese dividido cuando menos en cuatro, dispone que «el acreedor ó actor, podrá pedir que se le confiera la administración ó posesión interina de la finca si así se hubiese pactado en la escritura de constitución de la hipoteca ó tuviese reconocido ese derecho por alguna ley». Prescindiendo de que son cosas muy