El Foro español (Madrid. 1898) (1910-05-10 00:00:00), página 11

por los perjuicios irrogados al demandante en sus bienes particulares á consecuencia de diversos procedimientos ejecutivos, y por la mitad del capital social de las existencias, títulos, efectos, derechos y propiedades de la Sociedad, basta inspeccionar el concepto de esas partidas con los hechos imputados al demandado para comprender que no es posible, sin violencia, hacer derivar directamente de los mismos los perjuicios alegados; y que el demandante, anticipándose á lo que pueda ser tenido en cuenta al liquidarse la expresada Sociedad, cuya existencia real, como queda expuesto viene reconocida, por razón de la conducta del socio demandado, pretende, con notoria confusión y extemporaneidad, la solución de cuestiones extrañas al incidente, que además sería aventurado prejuzgar sin más razón que la de estimar que todos los perjuicios que pide le han sobrevenido por negarse el recurrido á firmar la escritura social y á desempeñar el cargo de administrador, siendo así que de este incumplimiento de obligaciones no se deriva por modo directo la justificación de los perjuicios peticionados.

Que esto sentado, es innecesario ocuparse con referencia á cada uno de los motivos del recurso, de las razones especiales adecuadas por el Tribunal sentenciador para desestimar las partidas que como daños y perjuicios pretende el demandante, por los conceptos indicados, que, en su fondo, vienen á significar la antedicha falta de relación, bastando como basta que no resulte con la justificación debida el enlace y consecuencia precisos que debiera existir entre la obligación incumplida, dada su índole y la indemnización que por tal incumplimiento se pide; y esto con tanta mayor razón, cuanto que como se ha expuesto quedan á salvo los derechos del demandante para solicitar en otra forma y ejercitando distinta acción, á fin de obtener el todo ó parte de lo que ahora pretende, si se tiene derecho para ello, por lo cual deben desestimarse los seis primeros motivos del recurso:

Y que atendida la forma como se ha promovido el incidente referido, no se puede estimar que esté comprendido en el primer párrafo del art. 950 de la ley de Enjuiciamiento civil, para el efecto de las costas, pues el mismo carácter que se le ha atribuido, y sobre cuya base ha sido resuelto, evidencia que no se trata de una mera diligencia para cumplimiento de lo ejecutoriado.

Competencia.—Acción personal.—Contrato de comisión.—Sumisión.—Sentencia de 20 de Marzo. (Gaceta de 6 de Noviembre de 1909).—Consigna que reclamándose en la demanda que motiva la competencia el importe de unas comisiones, procede tener en cuenta que según reiteradas resoluciones del Supremo Tribunal, el pago de los premios, anticipaciones y demás gastos que ocasionen los contratos de comisión, deben abonarse por el comitente, salvo pacto en contrario, en el lugar en que se desempeña el mandato.

Y que no negándose la existencia del mandato, respecto del cual, además, presenta el demandante documentos que constituyen un principio de prueba, procede decidir la competencia en favor del Juez del lugar en que aquél se ha desempeñado, toda vez que fuera de los casos de sumisión expresa ó tácita, es en primer término competente para conocer del ejercicio de las acciones personales el Juez del lugar en que debe cumplirse la obligación según la regla 1.º del artículo 62 de la ley de Enjuiciamiento civil.

Contrato de cambio.—Derechos del librador y endosantes.—Cesión de crédito.—Sentencia de 20 de Marzo. (Gacetas de 6 y 7 de Noviembre de 1909).—Resuelve qué aunque una letra girada con vencimiento á los siete años, diez meses y veintidós días de su fecha, pueda aparecer contraria á la naturaleza y finalidad del contrato de cambio, está fuera de toda duda que contiene una obligación de pago contraída por el librado, que se comprometió á satisfacer determinada cantidad en día fijo, desde el momento en que la Sala sentenciadora estima probado que dicha letra, para la cual se había hecho al referido librado provisión de fondos, es legítima y fue aceptada por aquél, quien por tal aceptación quedó obligado á satisfacer á su vencimiento, siendo por todo ello cierta y de plazo vencido la deuda, sin que el estímulo así resulten infringidos los artículos 444 y 451 del Código de Comercio.

Y que el derecho concedido al librador y endosantes para exigir que el portador, á quien no se hubiese pagado la let, reciba el importe con los gastos legítimos y les entregue dicha letra con el protesto y cuenta de resaca, no se refiere á las relaciones jurídicas de dicho librador y endosante con el aceptante, ni obsta á la facultad que tiene el mismo librador para reembolsar la letra y subrogarse en los derechos del portador, constituyéndose mediante el pago y la tradición en tenedor legítimo de aquélla, y habiendo en el presente caso reembolsado el librador demandante el importe de la letra de que se trata, y entregándose ésta á aquél, es expedita la acción para ejercitárla en la forma realizada, ó sea demandando al librado para el pago de su importe en el opportuno juicio, esto aparte de que siempre se habrá constituido una cesión de crédito perfectamente válida con arreglo al derecho común, por lo que al reconocer el del librador para reclamar el importe de la letra en cuestión, no infringe la Sala sentenciadora los artículos 520 y 527 del Código de Comercio.

Pobreza.—Apreciación de prueba.—Auto de 22 de Marzo. (Gaceta de 7 de Noviembre de 1909).—Consigna que negando una sentencia al demandante el beneficio de pobreza, por no haber probado que hubiese venido á este estado después de promover el pleito principal, y estimando, además, por el contrario, que el resultado de todas las pruebas practicadas en este incidente, entre las cuales se encuentra la de testigos, convenga de que el mismo recurrente continuaba con iguales elementos de vida que cuando litigaba en concepto de rico, esta apreciación, según reiteradas decisiones del Supremo Tribunal no puede ser combatida en casación, porque el art. 659 de la ley de Enjuiciamiento civil, atribuye exclusivamente á la Sala sentenciadora la facultad de juzgar la prueba testifical.

Que la certificación de la Administración de Hacienda, expedida en sentido negativo, no puede servir para desvirtuar en nada aquella estimación del Tribunal sentenciador, he ha por el conjunto de las pruebas.

Y que, por otra parte, apoyándose el recurso en supuestos de hecho, contradichos por el Tribunal á quo en los fundamentos de su fallo, el recurso es totalmente inadmisible, por hallarse comprendido en el número 9.º del art. 1.729 de la repetida ley de Enjuiciamiento civil.