El Foro español (Madrid. 1898) (1911-08-30 00:00:00), página 2

Dice el señor Ruiz Valarino acerca de esta materia, en su notable Memoria elevada al Gobierno de S. M. el año 1905, siendo Fiscal del Tribunal Supremo, lo siguiente:
«El antecuicio es, en efecto, una garantía que asegura la tranquilidad del funcionario en cuanto que remite la admisión de la querella al superior jerárquico, previos trámites que permitan á éste formar su juicio para no proceder de ligero; mas eso podrá tranquilizar la conciencia del superior y hasta inspirar confianza á la sociedad, pero no basta á satisfacer las exigencias de la equidad y la justicia, y mucho menos á garantizar el interés del funcionario acusado, interés tan legítimo y digno de protección como el del querellante.»
Si para fallar un pleito se necesita oír á las dos partes, ¿qué menos puede pedirse que después que se haya tejido la tela á gusto del querellante, ó sea, después que se hayan practicado las diligencias que á él le hayan parecido oportunas, se oída el querellado para que pueda dar sus desacuerdos?
Se dirá que la admisión de la querella no prejuzga la cuestión; es cierto, pero también lo es que tal medida ocasiona grandes perjuicios al funcionario, perjuicios que afectan nada menos que á su honor, á los medios con que libra su subsistencia y que puede llevar la miseria á su familia. En efecto, desde el momento en que el Tribunal admite la querella, por disposición terminante del artículo 775 tiene que acordar la suspensión del funcionario acusado, ponerlo en conocimiento del Ministerio de Gracia y Justicia, y desde aquel momento cesa de percibir sus haberes, y desde entonces comienza su calvario; es decir, antes, mucho antes que contra él se dicte auto de procesamiento, pues puede suceder que no llegue á tomarse tan extrema resolución, y sin embargo, la primer medida ha sido privarlo del desempeño de su cargo y echar sobre él la nota de presunto delincuente.
Para decretar el procesamiento de una persona se necesita, conforme á lo previsto en el art. 384 de la ley procesal, que existan indicios racionales de criminalidad contra ella; no bastan meras presunciones, no bastan cualquiera clase de indicios; es necesario que éstos sean racionales, bastantes para convencer el ánimo del Juez instructor; por el contrario, para admitir una querella es suficiente que los hechos revistan caracteres de delito, puesto que conforme á lo dispuesto en el art. 318 el Juez ó Tribunal á quien se presente la querella sólo puede negar su admisión cuando los hechos en que se funde no revistan caracteres de delito ó cuando no se considere competente para la instrucción del sumario. Se dirá que lo mismo las querellas que se dirigen contra los particulares que en el antecuicio ó querella contra los Jueces y Magistrados, son admitidas ó desechadas sin oír á los inculpados; es cierto, pero á poco que se ahonde en la materia se verá que no hay paridad entre uno y otro caso; en el primero, antes de decretar el procesamiento contra determinada persona, ha de ser oída ésta, tal vez luego desvanecer los cargos que se hayan acumulado contra ella, y seguramente no se tomará tal medida mientras no aparezcan indicios racionales de criminalidad que puedan afectar al querellado; en el segundo caso, la admisión de la querella tiene para el funcionario idéntica significación que el auto de procesamiento para el particular, por lo que ya dejamos expuesto; así es que no cabe desconocer que la ley ha estado poco feliz al traducir en reglas el pensamiento del legislador, cambiando en perjuicio lo que éste quiso que fuera una garantía. Toda garantía supone un derecho, todo derecho engendra una acción. Ahora bien; si la ley no concede medios para el ejercicio de esa acción, la garantía desaparece; para evitarlo bastaría que el acusado fuese oído antes del trámite determinado en el art. 771; de ese modo el Tribunal podrá obrar con más probabilidades de acierto y el funcionario preparar su defensa y destruir ó enervar los cargos que contra él hubiere acumulado el querellante.
Sólo de este modo puede ofrecer alguna garantía el antecuicio, y en ese sentido creemos debe ser reformado el título 2.º, libro 4.º, de la ley de Enjuiciamiento criminal, interpretando así felizmente el pensamiento del legislador.
Pedro Otero,
Magistrado.
Ciudad Real, Julio.

Los fedatarios judiciales.(1)

(Continuación.)

He expuesto, en sentido absoluto, las interpretaciones restrictiva y extensiva de lo preceptuado en el párrafo 2.º del núm. 1.º del art. 18 del Real decreto de 1.º de Junio del año actual. El sentido jurídico de cada cual adoptará la que aprecie más adecuada á su criterio. Mientras no se dicten otras reglas ó se sienta jurisprudencia, lo más oportuno será colocarse en el justo medio, ó lo que es igual: no extremar el argumento. Tal es mi propósito en la práctica, y, á mayor abundamiento, teniendo en cuenta que el comentado Real decreto rectifica las leyes Orgánica y de Enjuiciamiento criminal; aunque no apareza muy ajustado á derecho que un Real decreto derogue dos leyes. Por lo que resultaría prudente y cauteloso, y convendría inclinarse á la interpretación restrictiva.

** *

Examinemos ahora la novedad consignada bajo el número segundo del mismo mentado artículo. Incumbe á los Secretarios dar oportunamente cuenta de todas las pretensiones que se les presenten en los negocios en que actúen, haciéndolo por escrito en sucinta nota de lo que resulte de los autos con referencia á la petición y al trámite correspondiente, cuando se trate de providencias de tramitación que lo exijan por la gravedad, volumen de los antecedentes ó dificultades que presenten para su resolución.

Considero acertadísimo y conveniente que el Secretario dé cuenta por escrito, cuando se trate de ciertas providencias, pues no teniendo el Juez obligación legal de ver, por sí, los autos, en los casos aludidos, es oportuno y útil que el Secretario ante lo que resulte de los autos en razón de lo que el Secretario pondrá escrupuloso cuidado en la obligada y correspondiente dación de cuenta, y el Juez,

(1) Véanse los números 488 y 491.