El Foro español (Madrid. 1898) (1910-07-30 00:00:00), página 12

oho de la señalada por las leyes y reglamentos que rigen en la materia, de unos hilos telefónicos que por no apoyar ni tocar en la mencionada línea, ni suponer la ocupación material de la misma, ni merman o limitan en lo más mínimo los derechos del propietario para elevar la edificación, ni puede, por último afirmarse racionalmente que por cruzar el espacio los referidos hilos se constituya signo aparente del cual pueda derivarse, en ningún tiempo, causa ó motivo de servidumbre.

Y que al estimarlo así la Sala sentenciadora, no infringe los artículos 1º de la ley de 23 de Marzo de 1900, 27, párrafo 3º del Reglamento de 15 de Junio de 1901, y 41, párrafo 3º de 7 de Octubre de 1904, en los inexgetos conceptos y supuesto de constituir una limitación de la propiedad el hecho referido, toda vez que la ocupación del espacio aéreo en tanto en cuanto no restringe de algún modo los derechos de propiedad del suelo, no aparece prohibida en este derecho, si bien, por lo mismo, tal ocupación tampoco puede revelar, como queda expuesto, limitación alguna de aquel derecho en concepto de servidumbre.

Tercería de dominio.—Deudor común.—Propiedad.—Apreciación de prueba.—Suspensión de pagos.—Lesión enorme.—Derecho foral.—Sentencia de 1º de Febrero. (Gacetas de 3 y 4 de Febrero de 1910).—Resuelve que tratándose de una escritura pública, por la cual el deudor común conviene en vender y ceder al demandante en el juicio de tercería de dominio sus bienes inmuebles, expresando ambas partes que tal es su voluntad, y fijando desde luego el precio de la venta, es evidente que en dicha escritura concurren los requisitos esenciales para transmitir al comprador la propiedad de aquellos bienes, derecho de propiedad que no puede legalmente desconocerse, porque en el propio contrato vendedor y comprador stipularon que este último retendría también los bienes con destino al pago de las deudas del primero, en la forma que el efecto determinan; pues toda persona con capacidad para obligarse puede establecer en sus contratos los pactos, cláusulas y condiciones que tenga por convenientes, según el artículo 1.125 del Código civil.

Que a mayor abundamiento la estipulación citada, sólo tiene fuerza de ley á tenor del artículo 1.091 del referido Código para el comprador que se la impuso, y en nada modificó las relaciones jurídicas entre el común deudor y los demás acreedores, que si voluntariamente no las aceptan, conservan la integridad de sus derechos contra dicho deudor común, lo mismo para demandarle directamente el pago de sus créditos que para solicitar las declaraciones consiguientes en su calidad de comerciante.

Que la existencia real de un hecho que el Tribunal sentenciador declara probado por testimonio de personas que han podido presenciarlo, no puede ser combatido fundándose en afirmaciones de las partes con ocasión de otros actos ó contratos, ó en confesiones, que sólo pueden perjudicar al que los haga, por solamente que sean los documentos en que unas y otras consten.

Que la Sala sentenciadora al estimar por el resultado de la prueba testifical, que después del otorgamiento de la escritura de venta y cesión de que antes se ha hecho mérito, quedaron al deudor bienes suficientes para solventar el crédito del ejecutante demandado, no incurre en error de Derecho con infracción de los artículos 1.218, 1.225, 1.244, 1.291 y 1.292 del Código civil, cuando no resulta por modo evidente de ninguno de los documentos aportados al juicio que después de la venta y cesión de los inmuebles del deudor no queden á éste bienes muebles en la cuantía apreciada por el Tribunal a quo, para que por ser demostrada y efectiva la insolencia el fallo recurrido infrinja los dos artículos del Código en último término citados al no estimar la rescisión de aquel contrato; aparte de que en el caso del pleito sería además improcedente á causa de que la acción rescissoria es subsidiaria, según el artículo 1.295 del propio Código.

Que los efectos legales de la suspensión de pagos en cuanto privan á los comerciantes constituidos en este estado de disponer del setavo de su balance, sólo puede estimarse que principian desde que el Juzgado hace la declaración pretendida, porque también desde entonces quedan privados los acreedores del suspeso, del ejercicio de sus derechos y paralizado el curso de los procedimientos iniciados con este objeto si se encuentran en la vía de apremio; y tales efectos subsisten hasta que termine el expediente ó haya transcurrido el plazo de dos meses sin que haya recaído acuerdo sobre el convenio, porque el artículo 1.136 de la ley de Enjuiciamiento civil que fija este término, es aplicable á la suspensión de pagos, en virtud de lo dispuesto en el 1.319 de la misma ley; y á partir de esta doctrina la sentencia recurrida que estima la tercera por virtud de título traslativo de dominio otorgado por un deudor que, si bien pretendió constituirse en estado de suspensión de pagos, no le fue admitida su solicitud por el Juzgado, no infringe los artículos 870 y 871 del Código de Comercio.

Y que aparte lo anteriormente expuesto en cuanto á la naturaleza del contrato celebrado entre el tercero y el deudor común y á no poder legalmente condicionar la acción rescissoria por lesión que únicamente á las partes contratantes corresponde, con la rescisoria por fraude que es la que el acreedor puede ejercitar, tampoco comete el Tribunal á que error de hecho y de derecho al apreciar que no se ha demostrado la lesión enorme en el precio de los inmuebles enajenados cuando el documento ó acto auténtico que se cita para evidenciar este error es el de tamañ de peritos, al que los Tribunales no están obligados á sujetarse, según el artículo 632 de la ley de Enjuiciamiento civil; y esto supuesto, carecen de fundamento las infacciones de las leyes 2ª y 8ª del Código De rescindenda venditione y la 17 de los Decretales de Gregorio IX, vigentes en Cataluña, donde se sustanció el pleito, ni el artículo 1.111 del Código civil.

Derecho foral.—Heredamiento universal en Cataluña.—Sentencia de 3 de Febrero. (Gacetas de 4 y 5 de Febrero de 1910).—Resuelve que los heredamientos universales que en Cataluña se hacen por los padres á sus hijos, con motivo del matrimonio de éstos, reservándose el usufructo de bienes que comprenden, constituyen, por su especial naturaleza, un acto que reviste el doble carácter de donación intervivos e institución testamentaria, no surtiendo sus plenos efectos hasta la muerte del donador, por lo que el usufructo que en los bienes donados se reservan los padres, no es el ordinario, regulado por las leyes, según tiene declarada la jurisprudencia, que puede consignadamente disfrutar sin necesidad de dar cuenta, según el sentido de la legislación romana, que exime de aquélla al donante; lo cual es conforme á la esencia de la referida institución familiar, que hay que hacer compatible con la dignidad y la independencia del padre en el seno de la familia.

Que esto sentado, y constando además por escritura de capitulaciones matrimoniales que un padre al donar á su hijo los bienes que en la misma se describen, quedando en el usufructo de los mismos, expre-