El Foro español (Madrid. 1898) (1910-12-20 00:00:00), página 12

presecindiendo de que según el último párrafo del artículo 1.º de la ley de 23 de Julio de 1908, la nulidad de la renuncia del fuero propio, hecha por el deudor en los contratos comprendidos en la misma, lejos de ser absoluta, resulta relativa al caso concreto en que se verifique dentro de la población en que aquél se otorga, nunca podrá a priori darse por supuesta dicha nulidad, sin prejuzgar la cuestión principal, ó sea la de fondo, que ha de resolver en la sentencia que ponga término al pleito, deducíendose, por tanto, que el referido precepto carece de aplicación, pues no cabe admitirle como modificador de los principios de competencia que sienta la ley de Enjuiciamiento Civil.

Y que esto sentado, pactada expresamente en la cláusula de la obligación, cuya nulidad se pretende, la sumisión de las partes á la jurisdicción de determinado Tribunal, sin que resulte modificada por acuerdo alguno posterior, pues no puede estimarse tal la circunstancia de percibir el acreedor las mensualidades convenidas del préstamo consignado en aquella escritura por la Delegación de Hacienda en que está domiciliado el pago del haber pasivo que disfruta el deudor, es evidente que á tenor de lo prescrito en los artículos 56 y 57 de la ley de Enjuiciamiento Civil, ha de atribuirse el conocimiento de la demanda promovida por el deudor al Tribunal á que expresamente se sometió.

Competencia.—Comisión mercantil.—Sentencia de 29 de Mayo (Gaceta de 11 de Enero de 1910).—Declara que concretándose el pleito á la reclamación de varias cantidades, procedentes unas de compras de frutas verificadas por el actor en concepto de corredor de la Sociedad demandada, conforme á contrato privado, y otras de compra de ordenes realizada también por encargo de dicha Sociedad, con más los accesorios de quebranto de giro, daños y perjuicios por protestos y falta de pago de letras, según varias cartas acompañadas con la demanda, y aceptadas por las partes la certeza de los expresados documentos, no pueden menos de estimarse constitutivos de un principio de prueba de la existencia de los contratos de comisión mercantil, requeridos y desempeñados en el lugar del demandante, según dichos documentos, y sobre cuyo cumplimiento versa la demanda, sin que afecte en su esencia á la naturaleza de la acción entablada el que se reclame por saldo de capital y cuentas de resaca, pues dichos extramos de la misma no pueden repartirse modificados por la variedad de encargos posteriores respecto á los que no hay debate; en su consecuencia, dados los términos de los artículos 277 y 278 del Código de Comercio en relación con el 1.728 del Código Civil, según los que el mandante está obligado á abonar al mandatario ó comisionista en el lugar donde se exigen sus servicios, el importe de los gastos que se suponen hechos para el desempeño de su comisión, procede decidir la competencia en favor del Juez del referido domicilio del actor, á tenor de la regla 1.ª del artículo 62 de la ley de Enjuiciamiento Civil, que en defecto de sumisión y de pacto en contrario, opa en primer término por el fuero del lugar en que la obligación ha de cumplirse.

Competencia.—Compraventa.—Sentencia de 31 de Mayo. (Gacetas de 11 y 12 de Enero de 1910).—Resuelve que negado en absoluto por el demandado que el contrato de compraventa mercantil cuyo precio se reclama, se celebrara conforme al modelo de factura acompañado con la demanda y dada la ausencia del principio de prueba, el único dato existente para resolver la competencia consistía en que la entrega material de los géneros se verificó en el domicilio del comprador sin que conste que la remesa se realice por cuenta y riesgo del mismo; por tanto, á tenor del artículo 1.500 del Código Civil en relación con la regla 1.ª del 61 de la ley de Enjuiciamiento, debe conocer del pleito el Juez del lugar en que aparece por ahora debe cumplirse dicha obligación de pago.

Recurso de casación por infracción de ley.—Auto de 31 de Mayo (Gaceta de 12 de Enero de 1910).—Consigna que según tiene declarado con repetición el Tribunal Supremo, no se da el recurso de casación por infracción de ley contra las resoluciones dictadas en las incidencias de los juicios ejecutivos, en los cuales no procede dicho recurso, según lo dispuesto en el artículo 1.694 de la ley de Enjuiciamiento Civil, en relación con el 1.450 de la misma ley, por lo que se refiere al caso concreto de las sentencias recaídas en dichos juicios en la segunda instancia de los incidentes sobre cuentas de administración de los frutos y rentas de los bienes embargados, contra cuyas sentencias no se da recurso alguno.

Competencia.—Acción personal.—Sentencia de 31 de Mayo (Gaceta de 12 de Enero de 1910).—Establece que dada la negativa del demandado respecto á la existencia de la obligación y la ausencia de todo principio de prueba en cuanto á la misma, se está en el caso del párrafo 3.º del artículo 1.171 del Código Civil, y, por tanto, de conformidad á la regla 1.ª del 62 de la ley de Enjuiciamiento, debe conocer del juicio el Tribunal municipal del domicilio del demandado y presunto deudor.

Préstamo hipotecario y personal.—Acción real.—Acción personal.—Interpretación de contrato.—Imputación de pagos.—Cancelación de cargas.—Sentencia de 31 de Mayo. (Gacetas de 12 y 13 de Enero de 1910).—Declara que tratándose de una escritura de préstamo, por la que el prestatario reconoce deber y se obliga á pagar una cantidad garantizando únicamente parte de ella, constituyendo hipoteca voluntaria sobre varias fincas cada una de las cuales queda gravada por la cantidad que ha de responder, consignándose expresamente en una de las cláusulas de la escritura que del resto de la cantidad prestada que queda sin garantizar responde el deudor personalmente, es forzoso reconocer que quedan constituidas esas dos obligaciones distintas y perfectamente desligadas, en favor del acreedor, cuyo cumplimiento puede exigir ejercitando dos acciones diversas, una real, nacida de la hipoteca para el pago de la cantidad que esté asegurada y con que fueron gravadas las fincas, y otra personal para la cantidad restante del préstamo, sin que el acreedor tenga derecho á inquietar al tercer adquirente de las fincas gravadas y enajenadas después por el deudor, por la obligación personal de éste; y al entenderlo así la Sala sentenciadora aplicando el contrato según el sentido literal de sus cláusulas claras y precisas, no infringe la ley del mismo ni los artículos 1.281 y 1.282 del Código Civil.

Que hallándose acreditada y reconocida la entrega al acreedor de una cantidad igual á la garantida con