El Foro español (Madrid. 1898) (1910-12-10 00:00:00), página 7

solo caso en que el día no era fijo; ni había de quedar determinado por el cumplimiento de una condición, sino que se dejaba al arbitrio del acreedor; y esto más que como un precepto basado en el derecho, en la índole legal de las obligaciones, como un acto de equidad, puesto que ésta consiste en hacer en sentido lato, no hacer una cosa en el momento en que el obligante expresase su voluntad de que se hiciese; es claro que la obligación era perfecta; y así se ha reconocido siempre por todas las legislaciones, si bien para las obligaciones de esta clase se haya introducido por casi todos los Códigos modernos, el principio equitativo, del aviso ó el requerimiento al pago, con diez, quince y hasta unos meses de anticipación, requerimiento ó aviso que no tiene otra finalidad que fijar el día, siguiendo la ritualidad romana; pero nadie se le ha ocurrido el introducir como preciso un requerimiento para fijar un día para cumplir un contrato estando éste fijado con mucha anticipación y con la solemnidad de consignarlo en documento público; esto es falsear la obligación, dar introducción á posteriori á quien nada aportó á la constitución de la obligación, al Juez, que no tiene más misión que compelir al obligado á cumplirla libérrimamente, porque dada la redacción del caso que nos ocupa, que ná cuando menos un plazo de diez días, puede ocurrir que el Juez, por la cuantía de la obligación, por las condiciones sociales del obligado, por ausencia, por otras muchas circunstancias que pueden suceder, le ocurrá que ese mínimo de tiempo es demasiado corto y que debe concedérsele al deudor mayor espacio de tiempo; y he aquí un factor que, sin ser interesado directamente en el cumplimiento ó incumplimiento de la obligación, puede acelerar ó retardar su cumplimiento, dando así una intervención al arbitrio judicial, harto innecesaria y contraria á la general aspiración de la opinión. No concluyen en este particular de los requerimientos las deficiencias de la ley reformada; hay entre la regla 3.a, la 4.a y la 5.a del artículo 131, una verdadera contradicción.

La 3.a enumera los documentos necesarios, precisos, que indispensablemente deben acompañarse por el demandante, con su escrito de demanda (yo le llamo así porque no concibo se pueda denominar de otra manera, y porque en la ley aparece inominado) para que el Juez los examine y mande sustanciar el procedimiento, dice la 4.a, y aquí salta la contradicción la incongruencia de la ley, porque esta regla 4.a dice que el Juez ordenará que se practiquen los requerimientos cuando no se haya presentado acta notarial que los acrediten.

Ante este precepto, claro y terminante y el no menos claro de la regla 3.a que en su caso 3.º exige como precisa el acta notarial de requerimiento al deudor, y al tercer poseedor de las fincas; ¿á cuál atenerse? ¿es necesario, ó no es necesario presentar con la demanda los documentos que se enumeran? La contestación puede ser para todos los gustos; según la regla 3.a sí; según la 4.a no, y he aquí qué nuestros legisladores sin acaso pensar en ello, han hecho un descubrimiento extraordinario y que pudiera causar una revolución en la ciencia y arte llamada lógica, cual es, que el principio de contradicción no sería ya para saber lo que es y lo que no es cierto, cuál es la verdad, y cuál el error, porque según las reglas comparar una cosa puede ser y no ser; en un mismo espacio de lugar y tiempo; según la regla 3.a, es necesario presentar con los documentos que determina, el acta notarial de requerimientos al deudor y tercero si le hay; según la regla 4.a no es necesario, porque si no se ha presentado, el Juez mandará que se pratique, y he aquí otra vez metido el Juez á actuar de parte, que es precisamente de lo que en todo procedimiento civil debe huirse para no desacreditar más de lo que desgraciadamente está el prestigio de los Tribunales de justicia.

Al leer el art. 131 de la Ley que estas líneas motiva, discurriendo lógicamente, parecía lo razonable encontrar en el art. 132 el siguiente precepto. «El Juez no admitirá escrito al que no se acompañen todos los documentos que expresa el artículo anterior» pero esto que era lo esperable, no aparece; y sí todo lo contrario; si la parte no los presenta, que los traiga el Juez, pero ni siquiera se manda que los presente la parte, criterio que parece informar todos los preceptos de la reforma en este particular.

La regla 4.a del mismo artículo 131 dispone también que el Juez reclame del Registrador de la Propiedad, á instancia del actor certificación comprensiva de los extremos siguientes: 1.º certificación literal de la última inscripción de dominio ó posesión que se haya practicado y se halle vigente; 2.º, relación de todos los censos, hipotecas y demás gravámenes y derechos reales y anotaciones á que estén afectos los bienes, debiendo hacerse constar expresamente que se halla subsistente y sin cancelar la hipoteca á favor del actor. La expedición de esta certificación deberá hacerla constar el Registrador por nota marginal, expresando su fecha y la existencia del procedimiento á que se refiere.«Se ve en la disposición copiada otra intrusión del Juez en el procedimiento, viéndose á sustituir á la parte á quien el cumplimiento de la obligación interesa, intrusión har- ta censurable porque el Juzgado debe siempre, en lo civil al menos, permanecer ajado de todo lo que sea sustituirse en la gestión de aquello cuya práctica interesa á cualquiera de los litigantes, sin que pueda excusarse en modo alguno esta petición de certificación que la ley encomienda exclusivamente al Juez, porque esa certificación puede pedirla la parte á quien interesa, y el Registrador tiene la obligación de darla. De modo que ese mandato judicial huelga, sin que pueda discul-