El Foro español (Madrid. 1898) (1911-07-30 00:00:00), página 2

marse con serenidad y en toda su trascendencia el sano criterio en que fue inspirado.

De ello es buena prueba la excelente acogida que está teniendo el nuevo Arancel por conceptos para los Secretarios, que mandado formar en el decreto á que aludimos, para lo que se nombró una Cocomisión presidida por el señor Montero Villegas, entrará en vigor el día 5 del mes próximo, con lo cual esta dicho que esa Comisión ha procedido con una actividad verdaderamente insólita; que sólo plácemes merece.

Al ofrecer á nuestros lectores el retrato del señor Montero Villegas, continuando nuestra galería forense, creemos realizar un acto de justicia independiente de nuestra particular estimación y de los estímulos de la buena amistad que con él nos unen.

PARA LA REFORMA DE CÓDIGOS

¿Procede el juicio voluntario de testamentaria antes de terminar el plazo del albaceazgo?

A mi querido y buen amigo e ilustrado compañero D. Salvador Raventós, que participa de las opiniones sustentadas en este modesto trabajo.

L. BARRIO Y MORAYTA.

He aquí una cuestión de verdadera importancia que debe resolverse de una vez para siempre de un modo concreto, claro y terminante, ya que si bien, y en nuestro concepto, el ánimo del legislador aparece que fué el de resolver la cuestión en sentido negativo si se estudian atentamente varias disposiciones del Código Civil y se relacionan entre sí y con otras de la ley procesal, existen aunque sólo sean tres sentencias del Tribunal Supremo posteriores en fecha á la promulgación de aquel Cuerpo legal, y que, en cierto modo contradictorias con la doctrina que en otras sienta el mismo Tribunal, pueden inducir á confusión, y de hecho están dando lugar á litigios de los más lamentables, puesto que por lo general suelen ser entre familia, razón demás para que al tratar de la reforma del Código se pare un poco la atención en cuestión de tan trascendental importancia.

Nosotros, aunque con la modestia que nos es propia al exponer nuestras opiniones en materia doctrinal, vamos á sostener, no solamente que la cuestión iniciada ha de resolverse en el sentido de que no debe admitirse que se pro- mueva, ni aun por los herederos forzosos, que respecto á éstos es á los que la cuestión se concreta, puesto que con relación á los voluntarios está ya decidida la negativa de un modo expreso por el art. 1.046 en relación con los 1.044 y 1.039 de la ley de Enjuiciamiento civil, el juicio voluntario de testamentaria, mientras no haya terminado el plazo del albaceazgo, sino que éste fué el espíritu que informó á los redactores del Código Civil.

Entendemos que si al heredero, aunque sea forzoso o legítimo, se le concediese la facultad de promover en cualquier momento y más aún, por su libérrima voluntad y sin necesidad de alegar ni probar causa bastante á justifi- car su conducta, el juicio de testamentaria, sin respetar las facultades que para hacer la partición de los bienes hereditarios concedió el testador á los albaceas y contadores partidores designados á este fin por el mismo y dentro del plazo que para ello les concedió, y máxime si éste fue prudencial, se echaría por tierra toda la teoría jurídica del albaceazgo, de tan excelente abolengo en nuestra patria legislación, y que tan indubitada utilidad tiene en la práctica. Y no es lógico, no es prescindible, que en ningún momento el legislador se haya propuesto que el heredero legítimo, y que por serlo es moralmente el más obligado á respetar la voluntad del finado, pueda burlarla caprichosa, sino ambiciosamente, en puntual importante como el de anular la misión de aquella persona á quien el testador invistió de su omninomada confianza, tal vez y precisamente para prevenir posibles daños, y por estimar que en ellos, en los albaceas, concurren mejor que en ninguna otra persona las condiciones de moralidad y pericia necesaria para ejecutar y hacer cumplir su última voluntad.

Basta examinar en nuestra legislación antigua la importancia cada vez mayor que se ha venido concediendo á esta institución, sin que pueda decirse que en el Código Civil haya venido á mermársela, para comprender que no es lógico que en definitiva pueda anularla cualquier heredero por el solo hecho de ser heredero legítimo, como si por la tal institución del albaceazgo pudieran peligrar los derechos que por ley le correspondan, ó como si una vez hecha la partición no se le concediese el derecho de impugnarla en cuanto pudiera aquélla apartarse de los preceptos legales y perjudicarle en este concepto, acción y derecho que en ninguna parte del Código se le niega, sino que más bien se le concede expresamente, sin duda alguna para conocerse este natural derecho del heredero, dada la posibilidad de que aquel perjuicio se le cause, con el respeto que se debe á las facultades privativas que el testador confirió á los albaceas y mientras dura el plazo concedido á éstos para el fiel desempeño de su cometido.

Y tan cierto es lo que decimos respecto á la importancia acreedora de esta institución, en la que deben cifrarse cuantos respetos se merece, que si bien casi desconocida en el Derecho Romano, del que el nuestro trae origen, siquiera encontrémos vestigios de ella en la ley 7.ª título III, libro XXXV del Digesto, ley 28, título II, libro I.º del Código y en la Novela 18 de Justiniano, vemos ya que desde el Código de Partidas y el Fuero Real se organiza y confiere á los albaceas tan importantes facultades como la de demandar las cosas que han de ser objeto de legado hasta del propio heredero, pudiendo partir á su arbitrio los bienes dejados á los pobres, si no había disposición especial respecto al particular y sin contar con los herederos, pudiendo, aunque se opusieren éstos, demandar en juicio las cosas que fueron del finado, no sólo cuando el testador les hubiese facultado para ello y cuando se tratase de mandas piadosas, sino aun cuando no se tratase de esta clase de mandas, y aunque no se le concediesen tales facultades y á pesar de que el mismo testamentario tuviese interés personal por ser legatario (leyes 2.ª, 3.ª y 4.ª, título X de la partida VI), llegando el Fuero Real en su ley II, título V, libro III, hasta á dispensarles de responder del pago de las