El Foro español (Madrid. 1898) (1910-11-21 00:00:00), página 12

que el recurrente haya podido señalar precepto legal infringido, ni documento ni acto demostrativo del error.

Y que el Tribunal Supremo tiene reiteradamente resuelto que la apreciación de la temeridad ó mala fe de los litigantes, para el efecto de la condenación de éstas, es de la exclusiva competencia de las Salas sentenciadoras, contra cuya apreciación no cabe el recurso de casación.

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Pobreza.—Impuesto sobre sueldos.—Sentencia de 8 de Mayo. (Gaceta de 4 de Enero de 1910).—Consigna que se aúna rectamente el número 2 del artículo 15 de la ley de Enjuiciamiento Civil, negando el beneficio de la defensa para litigar como pobre á un empleado en Correos, donde disfruta sueldo superior al del bajeal de un bracero en la localidad; sin que pueda estimarse infringido tal precepto porque deje reducido ese haber el descuento que el Estado hace, pues según constante jurisprudencia del Tribunal Supremo, no rebajándose para los efectos jurídicos de análoga naturaleza el importe de las contribuciones, no cabe que lo sea para el de que se trata el mencionado impuesto y menos si se tiene en cuenta su especial carácter transitorio y reducible.

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Competencia.—Contratos de seguros.—Sentencia de 10 de Mayo. (Gaceta de 4 de Enero de 1910).—Resuelve que según la regla general aplicable á todos los contratos, y especialmente á los de seguros, por el art. 385 del Código de Comercio, la obligación en estos últimos de pagar las primas ha de verificarse en el punto 6 puntos pactados en la póliza, que es la ley en la materia, y por cuyas cláusulas deben resolverse cuantas cuestiones ocurran entre asegurador y asegurado.

Y que tratándose de un contrato de seguros de accidentes del trabajo cuya póliza, en una de sus cláusulas contiene la obligación en virtud de la que se reclama el pago de las primas del seguro, que se suponen debidas, el suscriptor está obligado á satisfacerlas en el domicilio de la Compañía, ó en el d- s representantes, es evidente que queda postestativo al asegurado el hacerlo en uno u otro lugar; y como entre los agentes de la Compañía aseguradora se encuentra el del lugar donde el demandado tiene su domicilio y se venían cumpliendo por las partes todas las demás estipulaciones, con sujeción á la regla 1.ª del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento Civil, procede resolver la competencia en favor del Juez de aquel lugar por ser uno de los designados para el cumplimiento de la obligación repetidamente expresada y por el que optó el demandado.

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Competencia.—Compraventa.—Letra de cambio.—Sentencia de 10 de Mayo. (Gaceta de 4 de Enero de 1910).—Resuelve que, tratándose de la resolución de un contrato de compraventa de materiales, con otros extremos consecuencia de la misma y habiéndose consignado en el documento privado en el que el contrato se hizo constar, la condición de que el material sería librado sobre vagón en la ciudad domicilio del vendedor, y los portes de cuenta del comprador, resulta manifiesto, conforme á la doctrina legal constantemente sentada por el Tribunal Supremo, que la entrega hubo de verificarse en aquella ciudad, y por tanto allí debe pagarse el precio de la cosa, á tenor del parrafo 2.º del art. 1.500 del Código Civil.

Que como en este caso no se ejercita la acción procedente del contrato de cambio, falta base para afirmar que el hecho de haberse reservado el vendedor la facultad de crear letras pagaderas en el domicilio del comprador signifique que se haya pactado el pago en el mismo, antes al contrario, lógicamente debe entenderse que se trataba sólo de dar facilidades al deudor por ese medio expedito, sin que el acreedor ni aún se obligara á adoptarla al quedar postestativo.

Y por lo tanto, que el lugar del cumplimiento de la obligación ha de estimarse para todos los efectos, en el caso citado, la ciudad donde los materiales quedaron sobre vagón de cuenta del comprador, y en su virtud el Juez de la misma es el competente para conocer de todas las cuestiones que aquél origine, tanto mas siendo la cuestión planteadá una derivada del contrato de compraventa.

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Quebrantamiento de forma.—Sentencias de los Jueces de primera instancia en apelación de las pronunciadas en materia civil por los Tribunales municipales.—Sentencia de 11 de Mayo. (Gaceta de 4 de Enero de 1910).—Declara que las sentencias que dictan los Jueces de primera instancia en apelación de las pronunciadas en materia civil por los Tribunales municipales, no son susceptibles de ulterior recurso, á tenor de lo previsto en el art. 25 de la ley Orgánica de la Justicia municipal, y repetidamente declarado por la jurisprudencia, y cuando un recurso ha sido interpuesto contra la que pronuncia el Juzgado de primera instancia, revocando la dictada por el Tribunal municipal en juicio de desahucio, es indudable que no debe ser admitido y que por ello procede su desestimación.

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Colpa ó negligencia.—Contratos mercantiles.—Reivindicación de valores públicos.—Recurso de casación.—Sentencia de 11 de Mayo. (Gaceta de 4 de Enero de 1910).—Declara que no ya el supuesto de dolo ó culpa, sino el de mera negligencia, son en absoluto incompatibles para los efectos de la responsabilidad civil de ellos derivada con el ejercicio de actos de buena fe realizados á tenor y de conformidad con preceptos legales que los autorizan ó regulan, pues implicaría una verdadera contradicción y antinomia legal rayana con el absurdo exigir á quien así obrase reparaciones de daño, que en todo ca- o y último extremo sólo derivaria de la ley.

Que esto sentado y haciendo aplicación de la doctrina á un caso concreto, es manifiesto que, facultando el art. 74 del Código de Comercio la contratación y adquisición de valores públicos sin la intervención de Agente colegiado ó del que en su caso le sustituya, al adquirir una persona de buena fe, títulos de la deuda perpetua exterior al 4 por 100, que vende después á otra, realiza un acto para el que la ley le faculta, y lo mismo al enajenarlos después con intervención de Agente en Bolsa, no incurrenlo por tanto en culpa ni negligencia, puesto que utilizó un derecho, y por ello al estimarlo así la S la sentenciadora no infringe los artículos 1.902 del Código Civil, en relación con los 1.101, 1.103 y 1.104 del mi-mo Cuerpo legal.

Y que no habiéndose deducido la acción rescisoria por el que pretende reivindicar la propiedad de aquellos títulos, para dejar sin efecto el contrato celebrado por el vendedor y el comprador de los mismos en las condiciones antes expuestas, no tienen aplica-