El Foro español (Madrid. 1898) (1910-04-20 00:00:00), página 3

responsables criminalmente del choque de trenes ocurrido hace unos cuatro años en la estación de Cercedilla, del cual resultaron varios muertos y heridos.

¡Cuatro años! Es seguro que esa dilación estará legalmente justificada en la causa, pero así, por fuera, parece ser dato acusador de que todavía no ha arraigado el espíritu de la reforma llevada a cabo por el inolvidable Alonso Martínez en 1882, dato que el Sr. Ruiz Valarino y la docta Comisión nombrada por él para reformar la organización judicial y las leyes procesales, deben tener en cuenta, al objeto de no aventurarse a nuevos cambios fundamentales sin, apreciar antes sinceramente, si el estado espiritual de los que han de aplicarlas es el adecuado para su éxito.

Pero no es de esto de lo que hoy quiero ocuparme.

Tres obreros contra cuya honradez nada consta, según creo, han sido condenados, e ingresaron en la cárcel para convivir con la briones y barateros; su delito no es en nada parecido al de éstos, pero la cárcel, su régimen, su deshonroso ambiente, les será común. Ellos no salían borrachos de la taberna, cuando fueron presos; descendían del tender o de las garitas de los vagones, de trabajar; pero en su trabajo tuvieron un descuido, tal vez cometieron una torpezza, un segundo quizá de indecisión; sobrevino la catástrofe que pudo costarles la vida, resultaron salvos, y cuando la terrible angustia de la situación les agobiaba, cuando probablemente las lágrimas surcaban sus rostros abrasados por el hálito del carbón de piedra en ignición, curtidos por el frío de las terribles noches de invierno, fueron detenidos; y aquí les encierran, allá declaran, llegaron, a los cuatro años de angustiosa espera, ante sus conciudadanos juzgadores, y fueron condenados como criminales.

El que por imprudencia temeraria ejecutare un hecho, que si mediare malicia constituiría un delito grave será castigado....

Al que, con infracción de los Reglamentos, comete un delito por simple imprudencia o negligencia, se impondrá....

Eso dice el art. 581 del Código penal, y el Tribunal Supremo ha extremado su rigor declarando que una omisión, es un hecho; y en la práctica se entiende que la infracción de Reglamento, por simple imprudencia, está comprendida en el aparte segundo de aquel artículo.

Yo sería más benigno, entendiéndolo que no hay imprudencia delictiva por omisión, puesto que el Código dice ejecutare un hecho, y las omisiones, ni se ejecutan, ni son hechos, en el sentido gramatical y usuario de la palabra; y resolvería también que no comete delito el que por simple imprudencia o negligencia infringe un Reglamento y ocasiona á la vez un mal, que de ser maliciousamente inferido sería delito; sino que esto es sólo una falta, por ser para mi muy claro el propósito del legislador, de castigar como del mal producido por simple imprudencia ó negligencia, cuando el agente se había—antes del hecho imprudente ó de la negligencia,—colocado voluntariamente en situación ilegal, infringiendo un Reglamento.

Ni comprendo el rigor en la aplicación de la penalidad por las imprudencias. Si yo tuviera que juzgarlas, temería siempre que el ambiente sereno del estrado, la paz de mi gabinete de trabajo, me inspirasen medidas de prevención que no pudieron lógicamente ocurrir al acusado, en los momentos y en las circunstancias del hecho; y temería aún más, temería que el miedo al castigo tuera, en la rápida ideación de los instantes trágicos, un motivo más de oscurantismo.

¿Por qué el Jurado no procede así?

Hay acerca de esto una verdad cruel!

En los accidentes de la clase del que me ocupo, cuando las víctimas ó sus herederos, temiendo el lento y dispendioso camino del pleito en el que han de exigir las indemnizaciones pecuniarias, optan por ejercitar la acción civil á esto conducente, en la misma causa criminal, la pena es medio necesario para conceder esas indemnizaciones, y el Jurado, para abrir sin más demora la caja de las Compañías civilmente responsables, ha de encerrar en la cárcel al obrero.

Así los términos del problema penal no están rectamente planteados, y con frecuencia un sentimiento de piedad hacia las víctimas, tuerce el criterio en su favor, á costa de los procesados.

Mi buen amigo Licenciado Vitrera, aboga en las columnas del Heraldo, porque se dicte una ley que regule en equidad las indemnizaciones por causa de delito. Me parece bien lo que pide, pero condicionado en forma que esos dos elementos tan distintos, castigo e indemnización, se separen más de lo que lo están ahora en la realidad práctica.

Porque, á pesar de todas las diferenciaciones teóricas, es un hecho cruel que en la actualidad muchas veces se condena sólo para que las poderosas Compañías paguen.

Lo que es una enormidad jurídica y social.

A. A.

Un enciclopedista y sociólogo de la Corte de Carlos III

(Conclusión)

«A cada vecino poblador se le dará, en lo que llaman raras ó campos, cincuenta fanegas de tierra de labor por dotación y repartimiento suyo, bien entendido que si alguna parte de terreno del respectivo lugar fuese de regadío, se repartirá á todos proporcionalmente lo que les cupiese, para que puedan poner en el huertos ó otras industrias proporcionadas á la calidad y exigencia del terreno. Del valor de estas tierras ó suertes se tomará noticia para imponerles un corto tributo á favor de la corona, con todos los pactos enfitéticos, debiendo