El Foro español (Madrid. 1898) (1912-01-20 00:00:00), página 7

Estado, Tribunal Supremo y su Fiscalía y Audiencia de Madrid, fueran sometidos á la Real confirmación en todo tiempo, sin excepción alguna y por conducto de sus respectivas Autoridades, mandando al efecto se expidiese en cada caso la correspondiente Real orden.

Esta legislación está constituida por las siguientes disposiciones:

1.ª Por la R. O. comunicada de la Presidencia del Consejo de Ministros al Consejo de Estado, de 13 de Septiembre de 1860.

2.ª Por la organización que se dio á la Fiscalía del Tribunal Supremo en virtud de R. O. de 1.º de Marzo de 1879.

3.ª Por la R. O. de Gracia y Justicia de 18 de Junio del mismo año, comunicada al Tribunal Supremo, y

4.ª Por otra del mismo Ministerio de 10 de Enero de 1884, comunicada á la Audiencia de Madrid.

Las dignísimas Autoridades á quienes se debe esencialmente la plausible iniciativa de su publicación, debieron ser inspiradas seguramente en los más elevados sentimientos caritativos y altruístas, al reconocer de este modo á tan modestos empleados la validez de todos sus servicios al Estado para efectos pasivos, ya que á éste no fuera posible mejorar sus pequeños haberes.

Así quedaron á cubierto de la indigencia en la edad de la s-nectud, en esa edad digna por todos conceptos del más decidido apoyo.

Ha resultado, pues, que en virtud de dichas disposiciones poseen el nombramiento de Real orden todos los Subalternos del Consejo de Estado, de la Fiscalía del Tribunal Supremo, de la Audiencia de Madrid y la mayor parte del personal de dicho Tribunal Supremo, si bien entre éstos sólo queda un reducido número á quienes se les priva hoy de tal derecho de un modo abusivo, como demostraremos á continuación:

Habrá unos tres años solicitaron estos Subalternos de su Jefe, el Sr. Presidente del Supremo, se diera cumplimiento á la R. O. de 18 de Junio de 1879 ya mencionada, confirmándoseles en sus destinos en la forma que lo fueron sus mismos compañeros, por entender que además de ser justo establecer una equitativa igualdad entre todos, con esta omisión se les ocasionaría perjuicios en su carrera, por la postergación que implica el servicio al Estado inabordable para su jubilación.

Viniendo gestionando desde entonces el logro de sus aspiraciones legítimas, hasta que en 10 de Julio del año próximo pasado el digno señor Presidente del Tribunal Supremo remitió al Ministerio de Gracia y Justicia la propuesta de ellos á los efectos indicados. Pero es de notar, sin embargo, que según las impresiones recibidas, parece ser que en la Sección correspondiente de dicho Ministerio se entorpeció el cumplimiento de tal requisito, sin duda por la discrepancia de criterio del Jefe de la misma, tanto más extraña, cuanto que todas estas formalidades se han llevado á cabo sin dificultad alguna, y con la mayor exactitud desde el año 1879 hasta la última propuesta colectiva hecha por el Presidente de la Audiencia de Madrid respecto de su personal, en Octubre de 1910.

Después se han confirmado otros dos nombramientos en el Tribunal Supremo, cuyos interesados debieron obtener el apoyo de personas influyentes que al defender sus derechos lograron para sus patrocinados el reconocimiento de lo que los compañeros de éstos gestionaban ahora.

Pero no es esto lo más curioso, sino que el ilustrado Jefe de Sección aludido, hizo entender á los interesados que dichas disposiciones oficiales efectivamente están en vigor, pero no se puede acceder á esta pretensión por carecer de derecho á lo que solicitan, y que si bien se ha venido practicando hasta la fecha tal requisito, lo ha sido indebidamente; lo cual no es una razón para que se continúen concediendo esta clase de confirmaciones, notoriamente perjudiciales á los intereses del Estado.

Está bien; pero ahora se nos ocurre preguntar: ¿Existe una legislación especial para estos funcionarios?

Pues si existe, y no debiera existir, ¿por qué no se derogaron las disposiciones oficiales á raíz de su publicación? Sobradamente medita el Estado dentro de la legislación administrativa para hacerlo.

No se hizo así; pues ya han causado estado y tienen fuerza legal obligatoria, á tenor de lo preceptuado en la Ley Contencioso-administrativa.

¿Se quieren derogar hoy? Pues hágase en buena hora, bien entendido que su efecto sería para lo futuro, pues á estos funcionarios no se les puede legalmente negar un derecho reconocido al amparo de la legislación vigente, porque de lo contrario habría también que anular todas las confirmaciones hechas al personal de los referidos Cuerpos oficiales desde el año 1879 hasta la fecha, á lo cual también se opone la misma Ley de lo Contencioso y la jurisprudencia sentada en esta materia.

Para terminar; nosotros esperamos que, penetrados todos de la justicia que asiste á estos modestos empleados y en obsequio al decoro y prestigio de la Administración Pública, se dictara una resolución favorable ó negativa debidamente fundada, con la cual quede zanjado asunto tan enojoso.

No dudamos que el señor Presidente del Tribunal Supremo sabrá defender el derecho que asiste á sus subordinados, logrando recabar del buen criterio democrático del señor Canalejas como Ministro del ramo, que se conviertan en realidades las esperanzas, á nuestro juicio legítimas, de estos funcionarios.

Derecho penal de la infancia.

Desde aquellos primeros y atrasados tiempos del ferreo originario derecho penal contenido matemáticamente en las atormentadas fórmulas del tristemente célebre Tálio hasta los principios que informaron nuestros primeros códigos, hay una tan gran distancia como la que existe entre esos fundamentos de los pasados siglos y las actuales corrientes de la moderna ciencia, penetrando con sus profundos estudios hasta en los más insignificantes detalles, que directa ó indirectamente, puedan influir en la corrupción del que, arrastrado quizás por tristes circunstancias, puede llegar á ser víctima de los mandatos de una voluntad desnaturalizada, no libre, sino esclava de la podredumbre social, fruto násmatico de nuestra organización atávica.

Es indudable que el medio ambiente, la atmósfera en que respiramos, cargada de más ó menos oxígeno moral, la instrucción dándonos perfecto concepto de las hermosas ideas del honor, de la justicia y del bien, fortifican nuestra existencia haciéndonos aborrecer el vicio y con éste el delito, amando, por el contrario, la virtud con tan noble sugestión, que en sus prácticas sentimos satisfacción inmensa. Mas ese medio ambiente es la suma de elementos varios, de fuerzas á lo mejor contrapuestas, que producen luchas horribles con las ideas innatas más puras, entre las que no es la menos importante la educación, que tiene tan poderoso influjo en la formación de nuestro ser moral, como que sus particulares las recibimos por regla general de los autores de nuestra existencia con sus primeras caricias y aquellos primeros besos, que son los cimientos firmísimos del sustento palacio del amor, en que sólo es posible la convivencia social. Para evidenciar la trascendencia de ese valioso elemento, la educación en el hogar, descendamos á lo que ya en el derecho podemos denominar observación práctica; veamos algunos pasajes de los que á este motivo nos refiere el popular y afamado Lombroso en su conocida obra «El delito: sus causas y remedios»; dejemos aquí algunos de sus párrafos, tales como los que siguen: «¿Cómo un desgraciado niño podrá defendirse del mal cuando se le representa con sus más seductores colores, y, peor todavía cuando se le impone por la autoridad y el ejemplo de sus padres y encargados de instructores?... «V..., hermana de ladrones, fue educada por sus padres