El Foro español (Madrid. 1898) (1910-08-30 00:00:00), página 12

Hipotecaria, la inscripción en el Registro de la Propiedad no conválida los actos o contratos que sean nulos con arreglo a las leyes, y por ello, dada la nullidad del contrato comprendido en la mencionada escritura, no puede el mismo conválidarse por su inscripción en el Registro, sin que sea aplicable á un caso como el actual la excepción del art. 34 de la misma ley, porque si bien cuando la referida inscripción se llevó á cabo no constaba en el Registro la circunstancia de haber sido declarado en quiebra el quebrado, no puede por razón de ello invocarse únicamente el mencionado precepto legal, por no ser aplicable, como tiene declarado la jurisprudencia, aun prescindiendo de los términos absolutos del art. 878 del Código de Comercio, á los que obran de mala fe, conociendo el propósito de perjudicar á los acreedores del que con ellos contraía, como sucede en el caso citado, según estimación de la Sala sentenciadora.

Que el artículo 37 de la ya citada ley Hipotecaria, claramente se refiere á los segundos ó posteriores adquirentes de bienes inscritos en el Registro de la Propiedad, y por ello el término de prescripción de un año en el mismo señalado no es aplicable á favor del tercero porque fue primer adquirente, y al apreciarse así la sentencia recurrida es manifiesto que no infringe el mencionado artículo.

Que habiendo hecho uso la Sala sentenciadora de la prueba de presunción es regulada por el Código civil para estimar como demostrada la complicidad del tercero en el fraude realizado por el quebrado al otorgar la escritura declarada nula, y siendo la apreciación de dicha prueba de incumbencia de la referida Sala, sin que contra el empleo de esta facultad proceda recurso de casación, salvo los casos en que se demuestre que no son ciertos los hechos en que las presunciones se basen ó que la deducción que se establezca sea abiertamente contraria á las reglas del criterio humano, lo cual no sucede en la presente ocasión, es indudable que la sentencia contra la que se recurre no ha infringido los artículos 578 de la ley de Enjuiciamiento civil y 1.249 del Código.

Y qué declarada acertadamente por el Tribunal á quo al resolver la reconvención la nulidad de la escritura en cuestión, no cabe que se alegue con éxito por el recurrente la posesión de la casa á que dicha escritura se refiere, porque siendo ésta el único título ostentado por el actor, no pueden atribuirsele los efectos que pretende de invalidar la retroacción de la quiebra por el supuesto de hallarse en posesión de la casa y en la propiedad de la renta, habiendo transcurrido más de un año desde que entró en el ejercicio de estos derechos hasta que por la providencia que decretó aquélla se vió privado de ellos repentinamente sin haber sido previamente oído y vincido en juicio, toda vez que después de haberse disuelto en el pleito la cuestión de su validez y eficacia, dada la naturaleza y alcance de dicha cuestión, completamente distinta de las que se promueven para hacer respetar una mera posesión, aun suponiendo que la sindicatura hubiese procedido con algún exceso, es manifiesto que el Tribunal sentenciador, resolviendo como tenía que resolver la verdadera cuestión del pleito, no ha infringido los artículos 349 y 446 del Código civil, que se citan en el segundo motivo del recurso, ni tampoco el 1.377 de la ley de Enjuiciamiento.

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Prueba pericial.—Sentencia de 17 de Febrero. (Gacetas de 16 y 17 de Febrero de 1910).—Resuelve que el primer requisito, para estimar como pertinente la prueba de peritos, según el art. 610 de la ley de Enjuiciamiento civil, es que recaiga sobre hechos determinados cuya apreciación sea posible, sobre la base y con relación á elementos reales y efectivos, de los que puedan deducir razonablemente los peritos sus conclusiones más ó menos científicas, técnicas ó prácticas que sirvan para ilustrar al Juzgado; y cuando lejos de reunir estas condiciones se refiere como base de datos de juicio á supuestos ó conjeturas tanto más deficientes para un juicio pericial de mayor ó menor transcendencia, al tratarse de determinar el grado de instrucción y otras cualidades de una testadora, cuanto que ésta ha fallecido ya hace algunos años, apareciendo por tanto, encaminada dicha prueba á introducir en el juicio un criterio extraño al del juzgador, no sobre un punto concreto, sino sobre el resultado de las alegaciones de las partes desnaturalizando así la verdad de índole de la prueba, percibían, procedió rectamente el Juzgado primero y la Audiencia después, al desestimar dicha prueba como impertinente.

Y además, qué por tratarse de dichos supuestos y conjeturas, cuyo valor y alcance podía apreciar por sí misma la Sala sentenciadora, no es de estimar que la inadmisión de la prueba pericial haya podido producir indefensión, circunstancia precisa para que el recurso de casación autorizado por el núm. 5.º del artículo 1.693 de la ley de Enjuiciamiento civil, pueda prosperar.

Competencia.—Mandato.—Sentencia de 20 de Febrero. (Gaceta de 17 de Febrero de 1910).—Declara que la obligación que impone al mandante el artículo 1.728 del Código civil, ó sea el reembolso de las cantidades anticipadas por el mandatario para el desempeño de su cometido ú ofrecidas al mismo por sus gestiones, debe cumplirse en el lugar en que haya éste último prestado sus servicios, no habiendo pacto en contrario, según constante jurisprudencia del Tribunal Supremo.

Competencia.—Compraventa.—Sentencia de 20 de Febrero. (Gaceta de 17 de Febrero de 1910).—Declara que á falta de sumisión y de pacto en contrario de las demandas que versan sobre reclamación del precio de géneros de comercio vendidos al fado y remitidos de un punto á otro sin que haya principio de prueba del que se deduza que la remesa se verificó por cuenta, cargo y riesgo del comprador, ha de conocer el Juez del lugar donde la entrega material tuvo efecto, por ser el en que la obligación debe cumplirse conforme al párrafo 2.º del artículo 1.500 del Código civil en relación con la regla 1.ª del 62 de la ley de Enjuiciamiento civil.

Competencia.—Acción personal.—Sentencia de 20 de Febrero. (Gaceta de 17 de Febrero de 1910).—Declara que tratándose del ejercicio de una acción personal para pago de cantidad, en defecto de sumisión y de pacto en contrario, no constando tampoco el lugar en que se hizo la entrega de la cosa vendida, con sujeción á la regla 1.ª del artículo 62 de la ley de Enjuiciamiento civil, en relación con el 1.171 del Código, procede decidir la competencia en favor del Juez del domicilio del demandado y presunto deudor,