El Foro español (Madrid. 1898) (1911-12-30 00:00:00), página 5

Sosteníamos en ella que El Liberal había publicado un supuesto telegrama atribuyendo hechos escandalosos á la señorita á que se alude, y que estos hechos eran injuriosos, porque afectan hondamente á su honor, de igual manera que mancharían el prestigio de cualquiera mujer, que no puede recibir injuria más grave.

Podemos, pues, partir de que hay ofensa, ya que ni siquiera se ha intentado afirmar lo contrario. Y no dudando nadie de que exista, no precisa sentencia judicial que la reconozca y declare.

Habiendo ofensa, nace el derecho de repararla.

Si, por las razones que expuse, no podíamos acudir á los Tribunales de lo criminal, ¿nos era dable el valeremos de los de orden civil?

La parte apelada entiende que no, porque habría que partir del carácter delictivo de los hechos. ¿Qué error!

Cuando se trata de delitos públicos, en los que el interés público absorbe el privado, desde luego que no; pero tratándose de delitos privados, en que es potestativo en la parte ofendida perseguirlos, es evidente que sí.

El art. 112 de la ley de Enjuiciamiento criminal contiene un precepto general referente á los delitos públicos, y otro, de carácter especial, que atañe á los privados. Establece, en cuanto á éstos, que al ejercitarse la acción civil se considerará extinguida la penal.

Nosotros tenemos derecho á pedir el castigo de los que nos han injuriado; renunciamos á hacerlo, pero queda viva la acción civil.

Citamos en la demanda artículos de las leyes penales y civiles, para demostrar que no existía entre ellos contradicción alguna.

Historia de la culpa.

Además de injurias, hay culpa.

El apelante estuvo deficiente en definir la culpa, no por falta de ciencia, sino porque la materia imponía la deficiencia misma.

En los tiempos antiguos, los matices de la culpa aparecían confusos; así, en Roma el concepto de la culpa dolosa era el mismo que el de la culposa. Ya en la ley de las doce tablas aparece la injuria como agravio al derecho y el principio de que nadie puede ofender á otro sin venir obligado al resarcimiento del daño. Había culpa con intención de dañar y culpa quilitana ó quasi-delito, quedando aparte la culpa contractual.

El que era víctima de una ofensa, recibía dinero; esto decía el letrado apelante que era pena; pero yo entiendo que si ésta consiste en la entrega de una cantidad al agraviado, llámese como se quiera, es una indemnización.

Aduce textos de varios tratadistas, entre ellos de Georgi, para probar esta tesis.

Costa, el eminente profesor de Bolonia—continúa—dice que en tiempo de Severo quedó en Roma á voluntad del ofendido el elegir entre la acción civil y la penal, por lo que se refiere á los delitos privados.

Al incorporarse estos principios á la legislación española no sufrieron modificación.

En la partida tercera se expre á el daño como «empeoramiento, menoscabo ó destruimiento que recibe el ome en sí mismo ó en su cosa». Al decir en sí mismo, no se refiere sólo á la parte física de la persona, sino á la moral, y aunque ésta no figura en la relación de daños, se establece que el que agravia viene obligado á reparar, y que la acción prescribe al año como en nuestra ley.

En el proyecto del Código se recoge el mismo espíritu.

Abandono de un derecho.

En tiempos en que se habla de euroeización y de echar doble llave al sepulcro del Cid, viene á sostenerse que la tradición castellana no consiente que se traduzca en dinero el agravio á una mujer.

No; lo que pasa es que tenemos abandonado un derecho que hay que resucitar.

El Código penal declara que es responsable civilmente de un delito el que lo es criminalmente; y el Código civil establece también dicha responsabilidad para el que procede por culpa.

Elogio de la sentencia.

La sentencia dictada en este pleito es admirable; y por su inspiración íntima, por su trascendencia, quedará como un timbre de honra y gloria para el juez que la pronunció, para ese buen juez, para ese juez viril que se atrevió contra un poder que se consideraba inexpugnable.

Sólo en un extremo no me parece acertada, y por eso heapelado.

Fiebre brutal.

Se alega que el suelo se copió de España Nueva. ¡Qué importa, si en una fiebre brutal de antiliberlalismo se publicaron supuestos hechos deshonrosos de un fraile, mezclándose el nombre de una familia honrada y esparciendo la injuria infame por España entera.

Nosotros ignoramos quién fuera el autor de tan falsa noticia y fuimos contra el director del periódico, que es responsable, según toda economía legislativa.

Al contestar á la demanda nada se dijo respecto á que no fuera él.

Se afirma que no hicimos prueba. ¡Ni ellos tampoco!

Pero no sólo fuimos contra el director, sino también contra la entidad propietaria para que siempre pudiera hacerse efectiva la responsabilidad. Esa era la demanda y no podía ser otra!

Los estatutos de La Editorial.

Entonces no conocíamos los estatutos de esta Sociedad, pero ahora ya los conocemos, por haberlos presentado la parte demandada, y con arreglo á ellos la responsabilidad que incumbe á la Editorial no es ya subsidiaria, sino directa, pero á la una no excluye la otra.

El Código penal establece la responsabilidad subsidiaria de los amos por las faltas ó delitos de los dependientes, y el Código civil, la de los directores ó empresas por los daños causados por los que de ellos dependen.

La ley de policía de imprenta impone al gerente la representación de toda Sociedad propietaria de un periódico con las mismas responsabilidades del dueño.

El origen de la responsabilidad del amo respecto á sus dependientes es la teoría de la culpa, y la presunción de ésta, que es en el Código penal jure et jure, en el civil es juris tantum, pues quedan exentos de responsabilidad los