El Foro español (Madrid. 1898) (1911-05-10 00:00:00), página 9

Y que al disponer el art. 64 de la ley del Matrimonio Civil, transcrita al 154 del Código Civil, que el padre, y en su defecto la madre, tienen potestad sobre sus hijos legítimos no emancipados, cuyo precepto está vigente en Cataluña, es manifiesto que la patria potestad propiamente tal, y lo que puedan ser derivaciones de la misma, cual acontece con el derecho de sustituir popularmente á los hijos impúberes, no puede ser ejercida simultáneamente por ambos cónyuges, ni, consignadamente, en ningún caso por la mujer cuando el padre la retiene.

Competencia.—Rendición y aprobación de cuentas. Acción real sobre bienes muebles ó semovientes.—Sentencia del 4 de Diciembre. (Gaceta de 25 de Mayo del 1910).—Declara que en las demandas sobre rendición y aprobación de las cuentas que deban d-r los que ostenten el carácter de administradores de bienes ajenos, ora en virtud de mandato expreso ó tácito de la persona que resulte dueña de los bienes, ora más o menos directamente de su causante, no estando determinado el lugar donde deban presentarse las cuentas, será Juez competente, á la elección de dicho dueño, el del domicilio de éste, ó el del lugar donde se desempeña ó haya desempeñado la administración, á tenor de la regla 2.a del artículo 63 de la ley de Enjuiciamiento Civil.

Que entablada una demanda, no sólo por lo pedido en la súplica, sino según se deduce con toda claridad del contexto del escrito, para obtener la rendición de cuentas de los demandados, por suponerse que administraron bienes pertenecientes á la herencia del causante del actor ó de sus hijos menores, y negada esta circunstancia en el escrito inhibitorio respectivo por los dos demandados, procede resolver, exclusivamente á los efectos de la decisión del conflicto, y sin perjuicio de lo que en el fondo se acuerde respecto al particular, si por los datos existentes en autos concurren ó no en el caso los requisitos exigidos para la aplicación de la mencionada regla 2.a, tal y como viene siendo interpretada por la jurisprudencia.

Y que si con sujeción al contenido de las cartas, balances, recibos y otros documentos presentados con la demanda, no contradichos, constituyendo en su virtud un principio de prueba, es manifiesto que los bienes del causante de que se trata aparecen en la administración constante de los demandados por uno ú otro título, y que, con relación á dicha administración, el actor tiene el concepto de poderdante, ya como causahabiente del dueño de dichos bienes, ya por los actos de asentimiento realizados por el mismo demandante, no puede menos de estimarse que se está en el caso especial previsto por la enunciada regla 2.a, y que, por tanto, no es de tenerse en cuenta la 1.a del art. 62 de la expresada ley de Enjuiciamiento Civil, dictada con carácter general para el ejercicio de las acciones personales no exceptuadas.

Casación.—Administración de bienes de un ausente en ignorado paradero.—Sentencia definitiva.—Auto de 15 de Diciembre de 1910. (Gaceta de 25 de Mayo de 1910). Resuelve que el auto dictado en expediente de jurisdicción voluntaria sobre administración de bienes de un ausente en ignorado paradero, mandando sustanciar la pretensión por los trámites de los incidentes, según previene el artículo 2.046 de la ley de Enjuiciamiento Civil, por consecuencia de oposición formulada, no pone término á la cuestión, y en tal concepto no merece el de definitivo para los efectos de la casación, á tenor de lo dispuesto en el número 1.o del artículo 1.603 de la ley citada.

Quebrantamiento de forma.—Sentencia firme.—Apelación.—Sentencia de 17 de Diciembre (Gaceta de 25 de Mayo de 1910).—Resuelve que declarando por medio de oportuno auto firme y consuntiva una sentencia que pone término á un expediente de capacidad, por no haberse interpuesto apelación de la misma dentro del término improrrogable señalado por la ley, y siendo aquel acto el único contra el cual se recurre y puede recurirse, resulta improcedente alegar quebrantamiento de forma con relación á la aludida sentencia por no hallarse comprendido en ninguno de los casos á que se refiere el artículo 1.603 de la ley de Enjuiciamiento Civil.

Y que promovido incidente de nulidad de actuaciones después de terminado el de incapacidad, tal circunstancia implica un verdadero desistimiento del derecho de apelación por el promovedor de aquel incidente.

Censo.—Pago de pensiones.—Novación.—Consentimiento.—Derecho de tercero.—Cuestiones nuevas.—Título inscrito.—Prescripción.—Divisibilidad de los censos.—Sentencia de 18 de Diciembre. (Gacetas de 25 y 26 de Mayo de 1910).—Declara que siendo el censo indivisible por su naturaleza, están gravadas con él todas y cada una de las fincas censadas, y los dueños de éstas, como cesatarios, responden solidariamente del pago de las pensiones, lo cual no se opone á que por el mutuo consentimiento entre censualista y cesatarios desaparezcan aquellos caracteres, quedando reducidos, por virtud de tal novación, á una simple mancomunidad en el pago de las pensiones, si en tal forma se convinieren.

Que la prestación del consentimiento para que exista la novación constituye un punto de hecho cuya apreciación, en virtud de las pruebas practicadas, corresponde al Tribunal a quo

Que si de la escritura de constitución del censo resulta de una manera precisa y terminante la indivisibilidad y la solidaridad del mismo, aún cuando posteriormente, por haberse distribuido las fincas censadas entre diferentes propietarios, cada uno de éstos pague una parte de la pensión proporcional, al parecer, al valor de las fincas, apreciándose que esto ha ocurrido por tolerancia del censualista, tal hecho no acredita la existencia del consentimiento de dicho censualista, indispensable para que constituya novación y quede reducida á simple mancomunidad la solidaridad inherente al censo por su naturaleza y por disposición especial y expresa de la escritura de su constitución.

Que tomándose razón en la Contaduría de hipotecas de la escritura de constitución del censo y constando además este gravamen en la historia de las escrituras de transmisión del dominio de las fincas, es manifiesto que los propietarios de las fincas censadas no pueden invocar el derecho de tercero para oponerse al cumplimiento de sus obligaciones puesto que les es de pude y debe serles conocida la existencia del gravamen en toda su extensión, y que no puede convertir en perjuicio del censualista lo establecido por la mera conveniencia de los cesatarios, sin justificar el asentimiento de aquél en la novación supuesta.

Que la forma en que los respectivos dueños de las fincas censadas hagan las particiones de su haber, no