El Foro español (Madrid. 1898) (1910-10-20 00:00:00), página 12

esa acción en juicio, aun en el supuesto de que tal requisito hubiera podido cumplirse tratándose de un pueblo de las provincias vascas, sojuzgadas por la guerra civil en los años 1874 y 1875, y fuera preciso atender la forma de elección de los Ayuntamientos, no conforme á la ley Municipal de 1870 que en aquella época no regía en las provincias Vascongadas, cuyo régimen foral continuó en toda su integridad subsistente hasta la Ley de 21 de Julio de 1876, y disposiciones complementarias de 5 de Mayo de 1877, 4 de Noviembre de 1879 y 9 de Octubre de 1880, sino con arreglo al fuero, uso y costumbres, cual eran nombrados los Ayuntamientos en aquella época, elegido así el de que se trata en el primero de los referidos años, hallándose en su virtud legalmente constituido y con la consiguiente capacidad para obligarse, sin que al estimarlo así se infrinjan los artículos 28 y 29 de la ley Municipal citada de 1870.

Que esto sentado no puede desconocerse la responsabilidad del aludido Ayuntamiento, como obligado en primer término en el concepto de deudor principal en una escritura pública de préstamo contraído por él mismo en la época citada, y en el de fiadores los demás vecinos otorgantes de la escritura, haciéndose constar en ésta que los individuos de la Corporación tomaron el préstamo en virtud de acuerdo anterior, y recibiendo como tales la cantidad mutuada para atender á las necesidades del Municipio, impuestas por las circunstancias, con motivo de la guerra en ellas y en otras necesidades de la Corporación se invirtieron según las cuentas de aquel año.

Que para juzgar de la intención de los contratantes debe atenderse á los actos de éstos coetáneos y posteriores al contrato, conforme á la regla de interpretación establecida en el art. 1.282 del Código Civil.

Que es improcedente alegar la supuesta infracción de la ley 1.º, título 12 del Fuero de Vizcaya en relación con el art. 1.929 del Código Civil fundada en que hasta la fecha de la reclamación judicial dirigida al Ayuntamiento demandado, han transcurrido con exceso los quince años que dicha ley señala para la prescripción de toda acción personal, habiendo estimado la Sala sentenciadora que no puede prosperar esa excepción por resultar interrumpido aquel plazo, y aunque no se consigne en la sentencia por qué medio, utilizada por el demandante la prueba testifical y otra para demostrar su reclamación extrajudicial, debe forzosamente entenderse que en dicha prueba se fundó el Tribunal sentenciador, apreciándola en uso de sus exclusivas atribuciones, contra las cuales no es ilícito ir en casación, según constante jurisprudencia.

Que según tiene también declarado repetidamente el Tribunal Supremo no son de estimar en este recurso extraordinario los errores de hecho y de derecho deducidos de la apreciación de determinados documentos cuando el juzgador ha tenido en cuenta no solamente éstas, sino las demás pruebas practicadas para resolver.

Que es asimismo improcedente el motivo de casación en que se parte de un supuesto improbado.

ro, sino en el signo exterior, del que así se infiere, de pagar 125 pesetas mensuales por el alquiler de la casa que habitaba con su familia, cuyo contrato se extinguió á nombre de un extraño, que no ha vivido en la casa, y después se hizo figurar en él como arrendatario á un hijo del actor, y como quiera que esta apreciación no es impugnable en casación, según constante jurisprudencia, á no ser que se combatá la realidad de los signos exteriores tenidos en cuenta por la sentencia, lo cual no se hace limitándose á afirmar que no existen, es manifiesta la improcedencia de los motivos del recurso en los cuales, ó se hace supuesto de la cuestión, sustituyendo el recurrente su propio criterio al del Tribunal sentenciador, ó alegando errores de derecho se alude á otros elementos de prueba distintos del de los signos exteriores, que sirve de fundamento capital al fallo.

Accidente del trabajo.—Sentencia de 3 de Abril. (Gaceta de 19 de Noviembre de 1909).—Consigna que cualquiera que sea la causa de la disconformidad entre los Médicos que confirmaron la sanidad del obrero, dada por el de asistencia en el expediente gubernativo instruido con arreglo al Reglamento para la ejecución de la ley de 30 de Enero de 1900, y los que libraron la certificación acompañada á la demanda, es indudable que la Sala sentenciadora, en uso de sus facultades, al apreciar la prueba puede atender al resultado del dictamen emitido por los primeros facultativos con preferencia al informe de los segundos; tanto más si nombrados aquéllos por el obrero y por la Sociedad aseguradora con arreglo al artículo 22 de dicho Reglamento, por no conceptuarse aquél curado, están todos conformes con la certificación de sanidad, dando por completamente curado y en disposición de dedicarse á su trabajo habitual al siniestrado;

Y que habiéndose su-crito un recibo á favor de la Sociedad aseguradora del accidente, dándose por pagado y satisfecho de la indemnización que le corresponde, como comprendido en el artículo 4.º, número 1.º, párrafo 1.º de la ley de Accidentes del trabajo, la sentencia que absuelve al patrono no se infringe dicho artículo, ni el 19, toda vez que al confirmarse el obrero con la indemnización, así como lo estuvo con la calificación facultativa dándole el alta, no puede decirse que renunciara á los beneficios de la Ley, ni estableciese pacto alguno contrario á sus disposiciones.

Competencia.—Compraventa.—Sentencia de 3 de Abril. (Gacetas de 19 y 20 de Noviembre de 1909).—Consigna que, según el párrafo 1.º del artículo 1.500 del Código Civil, el comprador está obligado á pagar el precio de la cosa vendida en el tiempo y lugar fijados por el contrato, y cuando éste conste ha de estarse el mismo el del cumplimiento de la obligación, á los efectos de la regla primera del artículo 62 de la ley Procesal;

Y que conforme las partes en la existencia del contrato de compraventa cuyo precio se reclama, es indudable que, sea cualquiera la diferencia ortográfica que se advierta en una de las copias de aquel respecto á la última cláusula, consignándose tanto en ésta como en la primera clara y terminantemente que el pago deberá verificarse á los vendedores en pesetas efectivas sobre determinada plaza, á tenor de la doctrina expuesta en el anterior fundamento, el Juez de la misma plaza es el competente para conocer de la reclamación.

Pobreza.—Signos exteriores de fortuna.—Apreciación de prueba. Auto de 3 de Abril. (Gaceta de 19 de Noviembre de 1909).—Consigna que fundando la sentencia recurrida su fallo denegatorio de la defensa gratuita, no solamente en que el demandante por el sueldo que disfruta y rendimientos producidos por la redacción y tirada de un Manual, reúne haberes muy superiores al doble jornal de un braçe-