El Foro español (Madrid. 1898) (1910-01-10 00:00:00), página 4

blicos que ha de tener presente, y si se funda en otros, en esos posibles hechos expuestos maliciosamente, la responsabilidad debe ser de él, del Juez, y esta responsabilidad es la que no parece por ninguna parte en la ley reformada, no obstante ser una necesidad social universalmente sentida.

La segunda creación de la regla 2.a que nos ocupa es posible se quiera explicar, favoreciendo mucho su redacción, diciendo que el acreedor puede serlo por plazos y ocultar haber percibido alguno, nunca el pago completo, porque en este último supuesto no es creíble que el deudor deje de exigir la cancelación. Pues en el caso de ocultación de algún pago, el perjuicio no existiría, porque desde el momento de ser requerido el pago el deudor podrá exhibir ó entregar al Notario el justificante de pago en parte, con lo cual el perjuicio no podía existir, y en un último término, si el requerimiento no era personal, siempre podía alegarse la plus petición e imponerse las costas al acreedor, no obstante haberse pactado otra cosa en la escritura continente del contrato. Si es esto lo que el párrafo quiere decir, lo cierto es que hay que aceptarlo; más propiamente, descifrarlo.

APOLINAR PÉREZ GARCÍA

(Continuará.)

LA JUSTICIA MUNICIPAL EN EL DERECHO ESPAÑOL

(CONCLUSIÓN)

Después de dejar consignadas las autoradísimas opiniones de los señores Presidente y Fiscal del Tribunal Supremo (este último, eficaz colaborador en la ley que comentamos) parecemos oportuno hacer constar la no menos autorizada del Ilmo. Sr. Presidente de Sala de la Audiencia Territorial de Madrid y uno de los prestigios científicos de la Magistratura española, D. Primitivo González del Alba, quien en el tomo de la Revista general de Legislación y Jurisprudencia, correspondiente á los meses de Mayo y Junio de 1908, dice: «Con significar la ley de 5 de Agosto (de 1908) un plausible deseo y una tendencia á la purificación y saneamiento de la pequeña justicia, resta bastante que hacer en esa materia. Los Tribunales colegiados, constituidos en tan pequeñas localidades que apenas si en ellos se hace posible reunir adjuntos capacitados que sepan leer y escribir, y la inmovilidad consiguiente al mecanismo para la elección de los Jueces, convertirá en verdaderamente perpetuos á tales Jueces, contrariando el principio de renovación y electividad adecuado á esa especial organización de la función justiciera en más modesta jerarquía». Además, el Sr. González del Alba censura se amplíe la competencia de tan deficiente organismo judicial <que sin ser reformado debidamente en lo que hace á la idoneidad, independencia y aun cultura de sus jueces, recibe cada día en lo civil y en lo criminal mayores facultades judiciales, restadas á los Juzgados de partido, que se hallan constituidos por Letrados y viven apartados de las insanas influencias del caciquismo y de las pequeñas, pero muy temibles rencillas de localidad>. Las acertadas frases del sabio Magistrado encierran un voto de calidad contra el modo de desarrollarse los puntos fundamentales de tal ley.

Solamente un dato estadístico conducente, entre otros múltiples, á la demostración de la importancia de la Justicia municipal. Independientemente del grandísimo número de asuntos en que desde luego actúan los Juzgados municipales, las Audiencias han despachado desde 1.º de Julio de 1907, á 30 de Junio del año 1908, 10.642 causas para inhabilición, competencia, etc.

Antes de concluir este estudio preliminar, paréce-nos oportuno fijar el carácter de las antiguas municipalidades españolas en la época en que, emancipándose del poder Real, así como sucesivamente del feudal, comenzaron á regirse y administrarse con relativa independencia, tanto en lo gubernativo como en lo judicial.

En aquella época, la autonomía municipal se definía en los respectivos fueros, siendo los primeros de que hay referencias, los concedidos por el conde de Castilla, Fernán-González, á los municipios de Berbeja, Zarnodún y Barrios; verdaderas constituciones municipales, en las que se declaraba el reconocido derecho de los municipios á regirse, dando al estado llano toda la intervención á que tenía derecho. Pero no obstante los acuerdos de las Cortes reunidas por Alfonso VI en Burgos, Alfonso XI, pretextando unificar la contradictoria legislación, mermó la autonomía municipal, y Enrique IV se reservó la facultad de designar los procuradores en Cortes, cercenando las atribuciones de los Municipios. ¡Cuando hubo época en la que el pueblo intervenía hasta en las elecciones de Pontífices!

Parece ser que el Poder legislativo, á iniciativa del Poder ejecutivo, persigue actualmente, con mejor ó peor fortuna, devolver á los Municipios buena parte de sus antiguas libertades, instituyéndonos herederos de los derechos de aquel estado llano. Precisamente, esta condición de herederos de la ciencia jurídica nos diferencia de los demás seres que carecen de realidad, los cuales no pueden pasar de ser simples descendientes, continuando inmóviles en la escala zoológica. Los sucesivos trabajos y progresos de la Humanidad constituyen nuestra herencia de justicia. Empleando una fórmula metafísica, dice Fichte que el destino del hombre es la sustitución de su yo individual por el yo superior; ó sea, por el código de la sociedad, que dice Ortega y Gasset. Código impuesto por el progreso, como la función crea el órgano. Pues en la evolución científico-jurídica, podemos decir con Goethe: «Sólo el grose-