El Foro español (Madrid. 1898) (1911-05-20 00:00:00), página 5

orden, que sólo recaben respeto para los tribunales y lleguen hasta á querer declararlos inviolables ó intangibles cuando dictan sus fallos en armonía con sus convicciones ó sus conveniencias políticas y no les guarden respeto alguno y hagan mofa de aquéllos y casi de sus personas cuando se apartan de esas conveniencias y convicciones.

En menos de un mes hemos podido comparar ese modo desconocido de proceder de ciertas gentes y periódicos para quienes, por lo visto, la justicia en todos los órdenes no debe más que un instrumento político. La comparación de lo que se dijo con motivo del proceso Ferrer y lo que ahora se dice con ocasión del de Possa es la prueba evidente de lo que decimos.

Y por hoy no hacemos más que apuntar lo que dejamos dicho y lamentar el que España no progrese precisamente porque no tiene políticos, ni casi prensa, que hablen y obren siempre con sinceridad y tal como conviene á la Justicia en todos los órdenes.

BOLETÍN DE LA SEMANA

LEGISLACIÓN

GRACIA Y JUSTICIA.—R. O. de 14 de Marzo de 1911, dirigida á los Presidentes de las Audiencias territoriales dictando reglas para puntualizar y dar la unidad debida á la interpretación de los artículos 2.º y 3.º del Convenio sobre procedimiento civil, firmado en La Haya en 17 de Julio de 1905 y ratificado el 24 de Abril de 1909, y evitar posibles dudas. (Gaceta de 15 de Marzo).—Parte dispositiva:

1.º Que de acuerdo con la facultad que concede el artículo 2.º del Convenio de 17 de Julio de 1905, es decir, cuando se trate de notificaciones de actos judiciales y extrajudiciales, si el documento que se ha de entregar al destinatario no está redactado en castellano ni el idioma convenido por el Gobierno español con el del país de la Autoridad requerente, ni le acompañe una traducción en uno de estos dos idiomas, se limiten las Autoridades judiciales españolas á remitir el documento al destinatario que lo acepte voluntariamente, pero sin obligarle á recibirló si se niega á ello, en cuyo caso deberán devolver dicho documento á la Autoridad requerente, haciendo constar que el destinatario «no lo ha querido aceptar voluntariamente».

2.º Si la demanda de actos de notificación se hace en la forma á que se refiere el artículo 3.º del citado Convenio, se la dará la tramitación prescrita por nuestra legislación para el cumplimiento de notificaciones análogas, ó en forma especial, con tal que no sea contraria á esta legislación. Si así no se solicita, la Autoridad española requerida procederá desde luego á verificar la entrega del acto en los términos del artículo 2.º.

3.º En todas las notificaciones, tanto las que expresan el artículo 2.º como las de que trata el artículo 3.º del Convenio de referencia, es requisito indispensable para darlas curso que la petición ó demanda de la Autoridad extranjera contenga, según el artículo 1.º, redactada en el idioma español, la indicación de la Autoridad de quien emanan el auto que se comunica, el nombre y calidad de las partes, la dirección del destinatario y la naturaleza del acto de que se trata.

4.º El cumplimiento de las notificaciones previstas en los artículos 2.º y 3.º, y que reúnan las formalidades contenidas en el artículo 1.º del Convenio de La Haya citado, no deberán ser denegados sino en el caso á que se refiere el artículo 4.º y siendo los Presidentes de las Audiencias territoriales los designados por la Real orden de este Ministerio de 17 de Julio de 1909 para recibir de los Cónsules extranjeros acreditados en España las demandas de ejecución de notificaciones, á V. I. corresponde, en primer término, apreciar la excepción contenida en el citado artículo 4.º

NOTICIAS

Un nuevo Abogado.

En una apelación sometida al fallo de la Sala segunda de lo Civil de esta Audiencia, hizo su debut como Abogado, el día 12 del corriente, D. Luis Fazzini Rodríguez, hijo del antiguo Habilitado de Escribano de esta Corte del mismo nombre y apellido, que puede estar orgulloso de las condiciones forenses demostradas en esta primera batalla por su hijo, el cual, á las muchas enseñanzas que de la larga práctica de su padre puede recoger, une una educación jurídico-teórica que ha revelado desde el primer momento, á la par que unas dotes oratorias que le auguran brillante porvenir.

Así se lo deseamos, porque así se lo merece el estudioso y joven Letrado, y además es el mejor premio que un buen padre puede recoger como recompensa á una ya larga vida de constante laboriosidad é inteligencia.

Vaya, pues, nuestra enhorabuena al uno y al otro.

Personal de la Magistratura.

Ha sido nombrado Presidente de Sección de la Audiencia provincial de Murcia, D. Francisco Sánchez Olmo, Magistrado del mismo Tribunal.

Personal de la Judicatura.

Han sido nombrados: Juez de Arnedo, D. Luis Fulache, electo de Casas Ibáñez; de Castellote, D. Buenaventura Sánchez, electo del de Jarandilla; Abogado Fiscal de la Audiencia de Murcia, D. José María Rey, Juez de Tarrasa; de Calahorra, D. Juan Hidalgo, excedente.

Han sido trasladados: al Juzgado de Casas Ibáñez, don José María López Carmenete, que sirve el de Castellote; á la Audiencia de Oviedo, como Abogado Fiscal, D. Carlos García Puelles, Juez del distrito de Serranos, de Valencia.

Se ha dejado sin efecto la traslación al Juzgado de Arnedo de D. Dimas Camarero, que continuará desempeñando el de Castrojeriz.

Ha sido declarado cesante D. Miguel de la Vallina, Juez del distrito del Campillo, de Granada.

Licencias

de treinta días, por enfermedad, con sueldo entero.

1. Ignacio Rodríguez Pajares, Magistrado de la Audiencia de Palencia (29 Abril 1911); D. Fernando Abarrategui y Pontes, Juez de primera instancia de Valencia de Alcantara (28 Abril 1911); D. Amado Salas Medina y Rosales, id. id. de Belorado (28 Abril 1911); D. Fernando Gamero Calvo, id. id. de Almodóvar del Campo (29 Abril 1911); D. José Márquez Caballero, id. id. de Telde (1.º de Mayo 1911); D. Román Iglesias Amado, id. id. de Riano (4 Mayo 1911); D. Eduardo Divar y Martín, id. id. de Saldaña (4 Mayo 1911); D. Ricardo García Romero, idem idem de Villajoyosa (4 Mayo 1911).

Prórrogas

de treinta días, por enfermedad, con medio sueldo los quince primeros y sin ninguno los restantes.

D. Rafael Monzón y Rodríguez, Juez de primera instancia de Estepona (1.º Mayo 1911).