El Foro español (Madrid. 1898) (1910-03-10 00:00:00), página 10

inscripción de dominio ó posesión que se haya practicado y se halle vigente; 2.º relación de todos los censos, hipotecas y demás gravámenes y derechos reales y anotaciones á que estén afectos los bienes, debiendo hacerse constar expresamente que se halla subsistente y sin cancelar la hipoteca á favor del actor. La expedición de esta certificación deberá hacerla constar el Registrador por nota marginal, expresando su fecha y la existencia del procedimiento á que se refiere. Se ve en la disposición copiada otra intrusión del Juez en el procedimiento, viéndose á sustituir á la parte á quien el cumplimiento de la obligación interesa, intrusión harto censurable porque el Juzgado debe siempre, en lo civil al menos, permanecer alejado de todo lo que sea sustituirse en la gestión de todo aquello cuya práctica interesa á cualquiera de los litigantes, sin que pueda excusarse en modo alguno esta petición de certificación que la ley encomienda exclusivamente al Juez, porque esa certificación puede pedirla la parte á quien interesa, y el Registrador tiene la obligación de darla. De modo que ese mandato judicial huelga, sin que pueda disculparse la circunstancia de que el Registrador haya de poner la nota marginal en los términos que la regla que me ocupa expresa.

Si el propósito de los legisladores al crear este nuevo procedimiento de ejercicio de la acción hipotecaria para realizar la obligación así garantida, no ha sido otro, como parece, y si eso ha de resultar de sus preceptos, cuánto más breve y más lógico, por armonizarse mejor con su criterio, habría sido mejor exigir que esa certificación, cuya unión al expediente se encomienda al Juez, se hubiera encomendado al demandante. Con sólo haber expresado que el demandante al solicitar la certificación de cargas, pues no es otra cosa la de que se trata, que la llamada así por la ley de Enjuiciamiento civil en su artículo 1.489, hará constar que la certificación la pide para deducir el juicio sumarísimo á que se refiere el artículo tantos de la Ley hipotecaria, y por virtud de esta petición, el Registrador hará constar por nota marginal la expedición en los términos expresados. Por este procedimiento mucho más expeditivo que el mandato judicial, la parte podrá, y así se le debería exigir, presentar todos los documentos públicos, indubitados de su derecho, los cuales no tendría otra cosa que hacer el Juez, que examinar, ver si en efecto procedía la ejecución contra él ó los inmuebles hipotecados y proceder contra ellos. En vez de ser el Juez quien reclame del Registrador de la Propiedad, á instancia del actor esos documentos, procedimiento que no conduce sino á dilatar un procedimiento que se ha querido hacer breve, sin hacer otra cosa que imitar en un todo el procedimiento marcado en el art. 1.480 de la ley ritual civil, y para esto no había para que decir que se reformaba, sino que se seguía paso á paso el anterior procedimiento ejecutivo, que en nada es exclusivo del contrato de hipoteca, razón por lo que he dicho en el principio de estos artículos que la reforma en este particular, se llama con harta inpropiedad, de la Ley hipotecaria, por cuanto la reforma es del procedimiento ejecutivo.

En esta misma regla 4.ª hay un último párrafo que textualmente dice: «Si los requisitos legales no se hubiesen cumplido, el Juez denegará la admisión del escrito y documentos por medio de auto fundado que será apelable en ambos efectos.»

Semejante precepto, es una evidente contradicción á lo que se contiene en el párrafo inicial de la misma regla 4.ª; recordarán mis lectores que una vez examinados por el Juez los documentos presentados por el demandante que enumera la regla 3.ª que ya copiamos, si ninguno falta, mandará substanciar el procedimiento; es decir que el juicio queda abierto; esto entenderá todo el que sepa leer, y sin embargo se equivoca lastimosamente «porque después de ese recuerdo de apertura del juicio, de tramitación del expediente, entra en funciones directas el Juez para ordenar por sí unas veces, y otras á instancia de la parte, que se haga un requerimiento, á los terceros posibles y que el Registrador expida las certificaciones, antes expresadas, y he aquí que cuando ya el Juez ha expresado, consignado su juicio de que es procedente la demanda; cuando las diligencias y certificaciones, se han unido á los autos, se dice lo que hemos copiado que si no se han cumplido esos requisitos el Juez denegará la admisión del escrito» lo cual equivale á decir, deshará ó dejará sin efecto lo que antes había hecho válidamente, porque ya habrá examinado el escrito y los documentos que le acompañaban, y que relaciona la regla 3.ª. Se ve por lo dicho que existe una notoria contradicción entre lo que dispone el párrafo inicial de la regla 4.ª y lo que preceptúa el último de la misma regla.

En la regla 5.ª del art. 3.º de que me voy ocupando, se dispone que si de la certificación del Registro, apareciese que la persona á cuyo favor resulta practicada la última inscripción de dominio ó posesión, no ha sido requerida de pago en ninguna de las formas notarial ó judicial indicadas, se notificará á la misma la existencia del procedimiento en el lugar previsto en la regla tercera de este artículo; y decir, en el domicilio que conste en el Registro ó en su defecto de conformidad á lo que previene el art. 268 de la ley de Enjuiciamiento civil. He aquí otro error y otra dilación más: se alardea de huir de dilaciones y no parece sino que de propósito se buscan, pues bien, si con propósito de acierto se hubiera querido simplificar, hacer sencillo y pronto el procedimiento, este requerimiento, el acta ó las diligencias en que así constasen, se habrían exigido al demandante que, concededor por el Registro de sí existía un tercero tan poco cuidadoso de su derecho, que no le había hecho saber al acreedor, podía éste notificarle su propósito de deducir la demanda ejecutiva por medio