El Foro español (Madrid. 1898) (1910-12-10 00:00:00), página 3

Reformas convenientes para la buena administración de Justicia (1).

LAS LEYES CIVILES

No es preciso que los lugares y condiciones en que el trabajo se verifica, así como su duración, intensidad y premio, se fijen y definan concretamente en la letra del Código; pero el principio debe ser consignado de idéntica manera que las sanciones de nulidad, resolución, etc. No ha de concurrir á la expresión de tales preceptos la sola experiencia del jurisconsulto, sino que deben asistir el médico y el economista, ya que el obrero es un ser moral limitado por condiciones físicas y su trabajo el factor primero de la riqueza. Se escribe el derecho para hombres de razón y de carne. La mujer, como el niño, deben merecer al Estado altas previsiones, que garanticen su flaqueza contra la destructora acción de un trabajo excesivo. La estadística nos dice que en reconocimientos de quintas se eximen por inútiles un 62 por 100 de los jóvenes destinados á la industria; que gran parte de las obreras son declaradas por los médicos incapaces de amamantar á sus hijos; que la vida media del obrero industrial es en Europa de veintiocho años y dos meses, y que mientras se fija en cuarenta y tres la vida probable del patrono, no excede de diez y nueve años y tres meses la que se supone al operario. De las industrias insalubres reconoce cuarenta y dos la Ley italiana del 86, número que Francia eleva á ciento treinta y cuatro. Industrias en las que el hombre fuerte pierde en plazo breve el 80 por 100 de su energía y cada una de las cuales engendra una enfermedad determinada y prevista.

Cumple como necesidad primera vigorizar en la Ley toda autoridad paterna, ya reconocida, es cierto, en los artículos 155 y 156 de nuestro Código, prestara amplitud mayor en el derecho sucesorio y ampliar aquellos gérmenes de preceptos más eficaces que, atendiendo á la negligencia paterna y encaminándose á su corrección, se contienen en los artículos 168 y 171.

Precisa recabar la atención del legislador á los artículos 159 y siguientes hasta el 166, relativos á los bienes de los hijos menores y la vida económica dentro del matrimonio, de igual manera que sobre el 1,340 acerca de las dotes, y sobre la Ley Hipotecaria, la Procesal y la del Notariado en cuanto complementan estos principios, que respondiendo á las condiciones de la familia acomodada no son adaptables á las de la proletaria, como tampoco con ellas son fácilmente compatibles nuestro Consejo de familia, la tutela, la adopción, la legitimación, la ejecución de testamentos y hasta los gastos y trámites dilatorios de la constitución del matrimonio. En los actos todos del estado civil y del contrato se olvidan los apremios de instrucción, de dinero, de tiempo y de concepto, que estrechan como red tupida la actividad del proletariado. Acaso estas indicaciones puedan ser consensuradas en nombre de la unidad de la Ley y de la identidad del derecho; pero ¿por qué la Ley ha de vivir sorda y ciega, sin escuchar ni ver lo que todos escuchamos y vemos? ¿Por qué ha de desconocer ni negar la existencia de dos sociedades con lenguaje, con costumbres, con trajes, con vida, en suma, más que diferentes contradictorios?

El principio del riesgo profesional busca sus fundamentos en razones de orden superior. Los adelantos de la industria imponiendo las máquinas, exigen que el obrero arrostré peligros que son consecuencia de un trabajo, al que no puede renunciar sin los males del hambre ó del paro. Como dice Level: «La cabra no puede pacar sino en el sitio donde se halla atada».

Pero donde las reformas de la legislación se exigen con mayor apremio es en la propiedad territorial, por constituir el dominio del suelo algo que se relaciona directamente con la esencia política de los Estados, y por ser aquélla sobre la que con preferencia coinciden en nuestros días las aspiraciones del colectivismo. Tal vez la crisis agrícola no reconozca otra causa que la concentración de la propiedad rústica en los grandes latifundios, que constituyen una seria amenaza contra la intensidad de los cultivos, el cómodo sostenimiento del censo rural y el progreso de la producción. Las formas del colonato, de la aparición y de la coparticipación del obrero en las mejoras, han conmovido sociedades tan petrificadas como la irlandesa. Observáense en nuestro país grandes anomalías: mientras en Gandía viven los vecinos del producto de una hectárea, en las extensas marismas de Lebrija apenas producen para una familia 500 hectáreas; en Córdoba, Jaén, Sevilla y Cádiz ocupan los pastos para criar cada potro el terreno que produciría pan para cuatro familias, y las necesidades y miserias de su proletariado explican, aunque no disculpan, los excesos de la Mano Negra y los crímenes de Jerez.

Las instituciones de crédito agrícola pueden paliar el mal. Las asociaciones de antiguos de Schulze-Deistlich son las más numerosas de Alemania; procuran el crédito personal á las clases humildes de la población. Las cajas de préstamos que rinden hoy más servicios á los agricultores son sin duda las creadas por Raiffeisen, cuyo número pasa ya de algunos miles. Reformas muy radicales en nuestro Derecho civil, modificaciones nada timidas en los procedimientos judiciales son menester para que el crédito agrícola se robustezca en España.

La emigración, que promovió en otros tiempos el incentivo de la riqueza, presidido ahora el irresistible apremio de la miseria. Cada hijo que pierde la patria debe engendrar un dolor y hasta un remordimiento. Toca á una sana política económica la radical curación; pero sus paliativos incumben al legislador civil. Y no acepta la moral ni puede permitir el derecho esta nueva trata de blancos, que pretende ocultarse con la hipócrita máscara de la libertad de contratación; los pactos y su cumplimiento fuera del territorio nacional exigen energicas intervenciones del Estado.

Expresiones de la propiedad, recientes como la literaria y artística, las invenciones, descubrimientos y proyectos, la razón social acreditada y las marcas de fábricas, solicitan la previsión del legislador. Es esta esfera delicadísima del derecho en la que precisa estimar el valor de la originalidad creadora, el respeto á la competencia legítima y el grave riesgo de una competencia desleal ó ilícita. Mucho tiempo hace fijó Kohler este concepto del derecho de los bienes inmateriales, que Vidari desenvolvió más tarde en su curso del Derecho mercantil y que Renouard examina también analizando las relaciones entre el Derecho civil y el industrial,

(1) De la Exposición leída por el Sr. Fiscal del Supremo en la apertura de los Tribunales. (Véanse los números 461, 462 y 464).