El Foro español (Madrid. 1898) (1911-08-20 00:00:00), página 12

Que tratándose de una mina proindivisa que presupone una comunidad absoluta y general en el aprovechamiento de los productos, relacionada con el valor representado por cada parte, dicho se está que dentro de estos vínculos jurídicos especialísimos existentes entre los propietarios nunca cabría extender la acción de desahucio al contrato por virtud del cual varios copropietarios de dicha mina ceden en arrendamiento á una Sociedad una pequeña parte de la demasía de dicha mina, ora porque tales vínculos difieren de los inherentes y comunes á los arrendamientos ordinarios, ora también por que el alcance de los derechos y obligaciones que de ellos se derivan necesitan para aclararse y resolverse la amplia discusión del juicio declarativo.

Y que el disfrute de beneficios de la propiedad ajena si se contraviertan las obligaciones, envuelve como indeclinable deber la indemnización de daños y perjuicios causados.

Testamento.—Capacidad hereditaria.—Prescripción.—Sentencia de 21 de Mayo, (Gaceta de 25 de Septiembre de 1910).—Declara que el precepto consignado en el artículo 762 del Código Civil, según el cual prescribe á los cinco años, á contar desde que el incapaz esté en posesión de la herencia ó legado la acción para que se declare la incapacidad del llamado á suceder por testamento ó por ministerio de la Ley, es aplicable al caso previsto en el 752, en el que se establece que no producen efecto las disposiciones testamentarias que haga el testador en favor del sacerdote que le hubiese confesado durante su última enfermedad, porque sobre estar incluido este artículo en una sección especial del Código, en la segunda, capítulo II, título III, libro III, destinada á regular la capacidad hereditaria, en el último de los cuales figura el 762, tal prohibición, que tiene su raíz en el derecho anterior, implica una incapacidad para suceder por testamento en el confesor en quien concurra aquella circunstancia, y, por lo tanto, es evidente que no puede dejar de alcanzar á éste el beneficio de la prescripción extraordinaria de cinco años.

Competencia.—Acción personal.—Sentencia de 21 de Mayo (Gacetas de 25 y 26 de Septiembre de 1910). Resuelve que negándose por el demandado la existencia de la obligación cuyo cumplimiento se reclama, y no habiendo presentado el actor principio alguno de prueba del que pueda deducirse alguna indiscusión en contrario, para decidir la competencia hay que prescindir de la naturaleza del contrato invocado en la demanda y atenerse á la regla general que sienta el párrafo 8º del art. 1.171 del Código Civil, según el que, el pago, en su caso, debe verificarse en el domicilio del deudor, y por tanto, á tenor de la regla 1.ª del art. 62 de la ley de enjuiciamiento, procede atribuir el conocimiento de este juicio al Juez del lugar en que la obligación ha de cumplirse.

Recurso de casación.—Cuestiones no discutidas en el pleito.—Pago.—Ofrecimiento de pago.—Sentencia de 21 de Mayo (Gaceta de 26 de Septiembre de 1910).—Resuelve que, según repetida doctrina del Tribunal Supremo, sólo pueden ser resueltas en casación las mismas cuestiones planteadas en el juicio por las partes litigantes con la acción ejercitadas ó la excepción expuesta, pero no otras nuevas que en él no fueron alegadas ni discutidas ni objeto de la sentencia recurrida.

Y que apareciendo reclamado el pago de una cantidad líquida prestada y excepionado el tonerlo satisfacto por el ofrecimiento hecho en carta de ceder para ese efecto determinadas acciones ó valores nominales, se aplica rectamente el art. 1.157 del Código Civil al no dar á ese ofrecimiento la virtualidad del pago completo, cual el mismo precepto exige para tener por extinguida la obligación de deber, máxime si, apreciada en su conjunto la prueba suministrada, afirma el Tribunal a quo que el demandado no intentó probar la entrega al actor de tales valores, cuya afirmación no se impugna legalmente en el recurso.

Usufructo.—Fianza para garantir el usufructo.—Cancelación de fianza.—Sentencia de 21 de Mayo (Gaceta de 26 de Septiembre de 1910).—Resuelve que si bien es indudable la obligación del usufructuario de constituir fianza para garantir el usufructo, conforme al art. 491, núm. 2.º, del Código civil, no es menos cierto que la acción adecuada á exigir el cumplimiento de tal deber no corresponde á quien ni le pertenece ni puede pertenecer en ningún caso la propiedad de los bienes que la constituyen.

Y que la acción para la cancelación de la fianza constituida en garantía del usufructo á la terminación de ésta, ha de ejercitarse contra el propietario ó su representante legal, pues sólo á él incumbe tal cancelación.

Competencia.—Pago de contribuciones.—Acción personal.—Sentencia de 21 de Mayo, (Gaceta de 26 de Septiembre de 1910).—Resuelve que conformes las partes en que la reclamación versa sobre pago de contribuciones que verificaron los actores en determinada población por bienes de la propiedad del demandado sitos en ese punto, que llevaron aquellos como arrendatarios, á los efectos de decidir la competencia, ha de estimarse que la obligación debe cumplirse, según la regla general, en el lugar donde las fincas radican, no obstante la excepción que pueda alegarse de que incumbe tal obligación á los actores por el contrato de arrendamiento, pues sobre la misma habrá de decidirse en su día en el fondo.

Y esto sentido, de acuerdo con lo prescrito en la regla 1.ª del artículo 62 de la ley de Enjuiciamiento civil, es Juez competente el de la población de referencia, por ser el del lugar en que la obligación ha de tener cumplimiento.

Obligaciones nacidas de culpa ó negligencia.—Procedimiento de apremio en la vía administrativa.—Sentencia de 31 de Mayo (Gacetas de 26 y 27 de Septiembre de 1910).—Resuelve que las obligaciones que tienen su fuente en el caso delito, ó empleando el tecnicismo del Código Civil, en la culpa ó negligencia, se constituyen por el obligado concurso de dos factores esenciales un daño inferido á otro, y actos u omisiones generadores del daño, ó imputables al autor del mismo por su imprudencia ó descuido ó por infracción de preceptos emanados de los Poderes públicos á que deba observancia.

Que aun en el supuesto de que se causen perjuicios á un individuo, á consecuencia del embargo practica-