El Foro español (Madrid. 1898) (1911-08-20 00:00:00), página 10

en ellas extremo tan esencial, no es dable prever los bienes sometidos á reserva, y en tal concepto, la calificación, no de hecho sino jurídica de estimar como tales, yacente aún la herencia, cuantos en su mayor parte aportó la madre del expresado menor al matrimonio, carece, por lo equivocado, de base segura para poder acceder á la entrega de los mismos en términos absolutos.

Y que confundidos dentro de la masa hereditaria, así los bienes particulares del padre como los sujetos á reversión, el procedimiento legal más adecuado para la oportuna discretación de los unos y de los otros, es, no el período de ejecución de sentencia, sólo aplicable cuando se trata de llevar á efecto derechos reconocidos por Tribunal competente, sino el juicio de división, judicial ó convencional, en el cual, previas las operaciones demonstrativas de las cuentas particiona- les se determine, desapareciendo la indivisa, el cau- dal sujeto á reversión que en su dia haya recibido el reservista de su hijo.

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Indemnización de daños y perjuicios.—Obligación nacida de culpa ó negligencia—Disposiciones de la ley de Enjuiciamiento criminal.—Sentencia de 10 de Mayo. (Gaceta de 21 de Septiembre de 1910).—Declaró que para poder exigir la reparación de daños á que se refiere el art. 1.902 del Código civil son condiciones precisas que se cause aquél por acción ó omisión intervenien- do culpa ó negligencia, y cuando si bien se sienta en una sentencia el hecho de haber ocasionado la muerte de una hija del demandante una descarga eléctrica que recibió al coger una lámpara que amenazaba caer al suelo, se expresa que no se ha probado que la Compañía demandada tuviera la línea ó instalación eléctri- cas en mal estado de conservación que por sí solo die- se lugar al suceso, no existiendo, por ello, medios de comprobar el descuido ó negligencia determinantes de la culpa, estimación de hecho que no se demuestra de modo evidente que sea errónea, es manifiesto que no hay términos hábiles para apreciar la infracción del citado artículo.

Y que las disposiciones de la ley de Enjuiciamiento criminal no son, por sí solas, susceptibles de casación civil.

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Dolo.—Prueba de presunciones.—Sentencia de 10 de Mayo. (Gacetas de 21 y 22 de Septiembre de 1910).—Resuelve que al declarar la Sala sentenciadora la nulidad de oferta escritura pública por la que un pupilo, siendo mayor de edad, aprueba la gestión de su tutor y cuador, declarando salvadas y finiqui- tadas todas las cuentas y actos practicados por el segundo en beneficio del primero, cuya nulidad declara la Sala sentenciadora estimando que la escritura se otorgó por el pupilo mediante engaño ó vallándose el tutor de maquinaciones insidiosas constitutivas de dolo; no por ello infringe los arts. 1.269 y 1.270 del Código Civil ni las leyes 16 de dolo male, libro IV, títu- lo 3.º, parrafo 2.º de doli male et metus exceptione, li- bro XLVII, tit. 4.º, y 145 de diversi regni antiqui, li- bro L, lit. 17, tomas del Digesto, aunque la apreciación del Tribunal descansase en prueba indiciaria ó de presunciones, por no ser exacto que del art. 1.269 ni de las leyes del Digesto citadas se desprenda la necesidad de la prueba directa para poderse afirmar la existen- cia del dolo, ni que por no expresarse en la sentencia referida la gravedad del mismo se infrinja el articu- lo 1.270 del propio Código, porque el dolo causante en contraposición al incidental, es siempre grave en cuanto da causa al acto ó contrato, como ocurrió en el caso de que se trata.

Y que es doctrina repetidamente sancionada por la jurisprudencia que la apreciación de la prueba de pre- sumpciones corresponde á las facultades discrecionales de los Tribunales de instancia, á menos que no exista enlace dialéctico alguno entre el hecho demostrado y el inducido.

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Bienes parafanales.—Obligaciones personales del marido.—Sentencia de 11 de Mayo. (Gaceta de 22 de Septiembre de 1910).—Declara que, ora se entiendan aplicables los preceptos conte- nidos en el régimen de nuestro Derecho antiguo, según los cuales vale el contrato de enajenamiento hecho por el marido, si no fuese probado que lo hizo cautelosamente para defraudar y damnificar á la mujer, ora los consignados en el art. 1.386 del Código Civil y la doctrina repetidamente sentada en la materia por el Tribunal Supremo, estableciendo que las obligaciones personales del marido nunca pueden hacerse efectivas sobre los frutos de los bienes para- fanales, máxime cuando las circunstancias accidenta- les ó pasajeras en que viven los cónyuges hacen pesar sobre uno de ellos únicamente el sostenimiento de las cargas matrimoniales; es obligado reconocer que cualquiera que sea la legislación aplicable, se impone, como indeclinable conclusión jurídica, si no se han invocado en forma los hechos que han servido á la Sala para formar criterio, la de que no siendo imputa- ble la deuda origen del pleito á la sociedad conyugal, y el marido, en cuyo exclusivo beneficio fué contraída, á él sólo incumben y son exigibles las responsa- bilidades que son su legítima consecuencia.

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Cuenta Jurada.—Honorarios de Letra- do.—Prescripción de honorarios de Letra- do.—Recurso de casación.—Sentencia de 13 de Mayo. (Gaceta de 22 de Septiembre de 1910).—Resuelve que el procedimiento especial establecido en la ley de Enjuiciamiento civil, para que los Abogados obtengan del Procurador de la parte á quien hubiesen defendido el pago de sus honorarios, se halla regula- do por su art. 12, según el cual es necesario que la pretensión á tal fin encaminada se deduzca en tiempo para que pueda iniciarse dicho procedimiento especi- al con el requerimiento de pago al Procurador; de donde se sigue que si el Juez, ó en su caso el Tribunal superior, adquiere el convencimiento por los datos ó elementos de juicio que tiene á la vista, de que ese tiempo ha pasado, debe rechazarse de plano la preten- sión, sin que por ello se entienda prejudicada cuestión alguna de Derecho sustantivo que no puede discutirse y resolverse dentro de los trámites sumarísimos de un procedimiento de apremio, y que, según los prin- cipios que informan nuestro Derecho procesal tiene su derecho adecuado en el juicio declarativo corres- pondiente.

Y que rechazada de plano la solicitud de pago de cuenta jurada en reclamación de honorarios de un Letrado, por estima la deducida después de los tres años en que, según el art. 1.967 del Código Civil, pres-cribe la acción de los Abogados para hacer efectivos sus honorarios, como esta resolución deja abierta la puerta para que puedan dilucidarse en juicio los pro- blemas de derecho planteados en aquel expediente sumario, es manifiesto que contra ella no cabe el re-