El Foro español (Madrid. 1898) (1911-03-20 00:00:00), página 3

seis días de arresto en las deficientísimas cárceles públicas; en cuyas últimas, la libertad se halla aún más restringida que en aquélla, con relación á la que procede llevarse la oportuna y precisa vigilancia externa, al efecto de prevenir la mayor posibilidad del quebrantamiento de la condena.

Otra falta de equitativa proporcionalidad hallamos en el caso de que por un hurtó nimio sea recluida una persona en la cárcel pública, donde la comunicación con el exterior es muy limitada y accidental, quedando abandonados su familia e intereses mientras un reo de falta más importante y trascendental extingue la pena en su misma casa, más ó menos comodamente, y con relativa libertad; hasta el extremo de que en lugar de estar entre delincuentes y en silio que infama, permanece en su misma casa, constantemente entre familiares, amigos y servidores, y el cuidado más directo de su familia e intereses, que tiene el auxilio y apoyo personal del penado; lo que no podrá ser tan factible en el establecimiento carcelario, donde la comunicación, los negocios y el trabajo se dificultan.

Apreciamos como un error legal la falta de previsión que implica poder darse el caso de que los autores de ciertas faltas cometidas desde sus casas extingan en éstas las penas. Y que se obligue, hasta cierto punto, á convivir en una misma casa, á ofensor y ofendido, ágressor y agredido; por ejemplo: á efectos de la aplicación del artículo 603 en relación con el 119. A fines de la aplicación del número tercero del art. 901 en relación con el 119, pudiera darse el caso de obligarse á un penado á extinguir la pena en un edificio ruinoso, si ésta era su casa, y también aunque fuera inmueble, en virtud de la demora en aplicarse las ordenanzas municipales.

Ya en el art. 7.º de la Ley de 26 de Julio de 1849 se prescribía que cada término municipal se estableciese un depósito para los sentenciados á la pena de arresto menor y para tener en custodia á los que se hallaren procesados criminalmente, interinamente trasladados á la cárcel del partido; habiendo de ocupar los hombres distinto departamento que las mujeres.

El Juez Municipal debe poner los penados con arresto menor á disposición del Alcalde, una vez que la sentencia sea firme, acompañando certificación de la condena con sujeción al art. 22 del Real Decreto de 6 de Noviembre de 1855. Y el Alcalde debe acusar recibo del penado y de la certificación con arreglo á lo previsto en los artículos 3, 4, 5, 6, 7 y 8, del R.-a. Decreto de 14 de Diciembre de 1855.

El Alcalde debe expedir mandamiento al encargado del depósito municipal para que admita y tenga al penado. Y el encargado del depósito debe verificar la consignada anotación en el registro á efectos de lo previsto en el artículo 15 de la Ley de 26 de Julio de 1849.

La pena de arresto debe extinguirse en el territorio del Juez sentenciador. A cuyo efecto exhortará al de la residencia del penado directamente, si ambos Jueces lo son en territorio del mismo Juzgado de instrucción ó en caso contrario por medición de su superior jerárquico al que elevarán suplicatorio para que, á su vez, curse el exhorto por conducto del Juez de instrucción respectivo, á fin de que sea puesto el castigado, previo requerimiento, á disposición del Juez sentenciador.

En cumplimiento de lo mandado en la Real Orden de 31 de Enero de 1875, los militares extinguían la pena de arresto en las prisiones militares, con cuya finalidad los Jueces sentenciadores remitían certificación de la sentencia al Capitán General, quien acusara recibo, y oportunamente enviará certificación del cumplimiento, así como en su caso el Alcalde.

Si en el territorio del Juez Municipal sentenciador no se hubiese establecido aún depósito municipal, á efecto de lo previsto en los dos artículos primeros del Real Decreto de 11 de Marzo de 1855, sin perjuicio de ponerlo en conocimiento de los respectivos superiores jerárquicos del Juez Municipal y del Alcalde, puede suplirse interina y provisionalmente tal deficiencia, ingresando los detenidos, transientes y los que hayan de cumplir arresto menor, en las prisiones preventivas del partido judicial respectivo, siendo de cuenta del Municipio de la cabeza de partido los gastos de personal, material y mantención de los presos.

A fines de lo preceptuado en la Real Orden de 12 de Marzo de 1891, sobre corrección paterna, en los pueblos donde no exista establecimiento destinado al efecto, ni de Beneficencia, como Hospicio, Casa de Misericordia ó otro semejante, se destinará un local á propósito para el cumplimiento de tales correcciones, siempre que sea posible, en las casas Consistoriales de los Ayuntamientos. Solo en el caso en que no hubiere edificio donde colocar al menor de cuya corrección se trate, ó cuando expresamente el padre ó madre pidiere que la detención tenga lugar en la cárcel ó establecimiento correcional donde se encierran jóvenes criminales, se detendrá en él el hijo disolvo, teniéndolo con la separación posible, y sin que sea filiado en el libro de detenidos ni en ningún otro especial. Los hijos á quienes se aplique la corrección, serán mantenidos en el caso de pobreza de los padres, por los establecimientos de Beneficencia ó por los Ayuntamientos en sus respectivos casos.

LUIS ZAPATERO GONZÁLEZ.
Juez de 1.ª instancia e instrucción.

El Archivo de los Juzgados de Madrid.

Nos hemos ocupado de él, anteriormente: la última vez para elogiar, con verdad y justicia, la Real orden de 11 de Agosto último que lo puso bajo la autoridad del Sr. Juez Decano, y ordenó se procediera á su organización definitiva, previos los trámites necesarios.

Según nuestras noticias, el Sr. Vela, celosísimo Juez Decano, auxiliado por el Secretario del Decanato Sr. Aguilar, procedió desde luego, y en la forma que era posible, á regularizar el servicio tan importante, de esa dependencia: la que encontraron (confirmándolo lo que habíamos dicho hace tiempo), en un estado tal de desorden, de suciedad y hasta de putrefacción en algunos sitios, que su primera preocupación fué hacer limpios, y sanear el local, ordenando su desinfección; disponiendo, asimismo la apertura de las ventanas para que fuese respirable el ambiente de los sótanos, en que se halla instalado el archivo, que, por lo visto, conviene mantener impenetrable.

Además de los legajos colorados, bastante sin concierto en estanterías, se encontraron allí montones de causas, de autos y de papeles varios en completo desorden.

Síbase, por referencias del público, que los negocios ó sus antecedentes, salían del Archivo sin más requisito que obtener la venia ó complacencia de un modestísimo dependiente, que venía siendo de hecho la suprema autoridad. Tales abusos ocurrían, que cuantos andaban en negocios judiciales, censuraban duramente semejante estado de cosas. No era raro, después de lograr unos autos para informarse de su contenido, entablar un pleito cuya prueba se habría de encontrar en ellos; y, sin embargo, cuando llegaba el momento de practicar la prueba, y se pedían oficialmente los autos no era ya posible dar con ellos. En muchas escrituras de los Juzgados de Madrid hay diligencias, y atin sumarios, motivados por esas desapariciones; y, frecuentemente, las cancelaciones de embargo han tenido que hacerse por equidad, fuera del negocio en que se habían decretado, por no encontrarse las actuaciones ó diligencias integrantes de ese negocio.