El Foro español (Madrid. 1898) (1911-03-20 00:00:00), página 5

hará al procesado las advertencias y prevenciones oportunas, a tenor de lo dispuesto en la Ley.

Laudable es el propósito del legislador; ha querido que el delincuente comparezca ante el propio Tribunal que lo juzgó y que éste revestido de las mismas solemnidades para que se grave mejor en la imaginación de aquél, le haga saber que la sociedad, siempre benévola con los que faltan por primera vez, le perdonará por entonces, a condición de que no vuelva á delinquir. Nada tendríamos que oponer á esto si la práctica no nos enseñara que este procedimiento tiene graves inconvenientes; entre otros, las molestias y dispensos que se causan á los que se quiere favorecer, en términos que muchas veces preferirían cumplir la condena antes de trasladarse á la residencia del Tribunal, pues no hay que perder de vista que la mayor parte de los procesados son personas de escasos recursos; y que muchas veces, por haber sufrido prisión provisional y serle de abono, tienen casi cumplida la pena, y hacerles andar cincuenta ó más kilómetros, en invierno y perdiendo jornales, para notificárseles el perdón de unos cuantos días de arresto nos parece que es peor el remedio que la enfermedad.

Cremos que sería mucho mejor, que la notificación se hiciera ante los respectivos Jueces de instrucción con las solemnidades debidas y en la forma que previene el artículo 7.º de la prenotada Ley, por lo menos en cuanto á los reos que tuvieran su residencia fuera de la capital, en cuyo sentido debiera reformarse el precitado artículo, para lo cual bastaría que se hiciera extensivo á los reos, lo que respecto de los padres, tutores ó encargados de los menores de quince años ordena la comentada Ley, pues hoy, repetimos, que la forma en que se hace se signen grandes perjuicios á los mismos á quienes se trata de favorecer; para ello bastaría que se diera una Real orden de carácter general, autorizando á las Audiencias para notificar la suspensión de la condena por los medios que la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece, con lo cual se evitarían los grandes inconvenientes que hoy se advierten en la práctica.

PEDRO OTERO

Ciudad Real, Marzo 1911.

IDEAS SOBRE LA REFORMA DE LA Ley Hipotecaria

(Continuación):

Aparte de lo dicho creo que la derogación no debió ser parcial, sino total, porque no hay razón para que la inscripción no surta efecto desde el momento en que se hace ó presenta el título para su inscripción, porque el legado supone necesariamente un testamento en que el legado se hace y el testamento es la voluntad del testador dueño de la cosa legada y así como no dejaría de hacerse la inscripción en el caso de una donación entre vivos sin causa, ó una venta en que el precio se confesase recibido en su totalidad, no hay razón para que expresada en el testamento la voluntad de legar, la transmisión no se haga perfecta desde el momento del fallecimiento siempre que el legado sea simple, pues claro es que si depende de alguna condición quedará en sus efectos sujeto al cumplimiento de la misma, y lo propio hay que decir si en vez de ser legado es la totalidad ó parte de la herencia siempre que lo sea por testamento. Se comprende la limitación en los efectos de la inscripción en el caso en que el heredero no lo fuera por testamento sino abintestado, pero en este caso falta la base, el fundamento para que la inscripción surta los efectos, cual es la voluntad expresa del dueño de los bienes, no hay más que la voluntad presunta que declara el juez, y para prevenir perjuicio á un tercero se concibe, se explica, la suspensión por un término prudencial de los efectos de la inscripción, no por dos años, sino por algo más, ya que no fueran los cinco que fijaba la ley Hipotecaria anterior.

Dispone, en su primer párrafo, el art. 45, reformado, que «la adjudicación de bienes inmuebles de una herencia, concurso ó quiebra, hecha ó que se haga para pago de deudas reconocidas contra la misma universalidad de bienes, no producirá garantía alguna de naturaleza real en favor de los respectivos acreedores, á no ser que en la misma adjudicación se hubiese estipulado expresamente.»

El precepto que se contiene en el párrafo literalmente copiado, altera sustancialmente los fundamentos del derecho sustantivo en materia hipotecaria, y con perdón de los redactores de la reforma sea dicho, acusa cierto desconocimiento del mismo. Derecho real ó derecho en la cosa significa, y así lo han entendido todos los tratadistas y jurisconsultos, una participación en el dominio de la cosa ó bien inmueble si se quiere. Pues bien; si en una herencia, en un concurso ó quiebra, se adjudica á una persona una finca con la obligación de pagar á uno ó más coherederos una cantidad determinada que es parte del valor total de la finca ó fincas, esta adjudicación equivale ó es igual á si se dijera en la finca X, ó finca A, B y C., se adjudica tal cantidad al acreedor X, tal al acreedor B y tal al acreedor C, es decir, un derecho real en la cosa (y valga la redundancia). Disponer como en la primera parte del artículo se hace, que cuando á una persona se adjudica una ó más fincas para que pague créditos de otras, éstas no tienen otra garantía de índole real, es trastornar la inteligencia de este derecho, desconocen lo que es el derecho in re.

El mismo legislador se pone en evidente contradicción al ordenar lo que en el segundo párrafo del mismo artículo dispone. Dice este segundo párrafo, lo siguiente:

«Los acreedores, cuyos créditos consten en escritura pública 6 por sentencia firme podrán, sin embargo, obtener anotación de su derecho sobre las fincas que se hubieren adjudicado para pago de sus respectivos créditos, siempre que la soliciten dentro de los ciento ochenta días siguientes á la adjudicación, á no ser que conste en el Registro el pago de sus créditos.»

Esta segunda parte es una verdadera contradicción, una censura del anterior y una confirmación de lo que acabamos de decir; porque una de dos, ó el coacreedor tiene derecho real en la finca ó fincas adjudicadas á uno de los acreedores ó no; si tiene derecho, desde luego debe hacerse constar en el Registro al inscribirse la adjudicación, y si no lo tiene, ¿con qué derecho puede pedir la anotación que expresa este segundo párrafo? Además, hay otra contradicción que salta á la vista. Dice este segundo párrafo: «Los acreedores podrán obtener anotación preventiva. ¿De quién la podrán obtener? ¿Del Juez que hace la adjudicación? ¿Del Registrador ó Registradores á quien corresponda inscribir la finca ó fincas adjudicadas? ¿Qué documentos han de presentar para obtener la adjudicación? Se ve por esta serie de preguntas que en el párrafo segundo se suscitan otras tantas dudas que han debido preverse y resolverse, lo cual ha podido hacerse con suprimir las pa-