El Foro español (Madrid. 1898) (1910-02-10 00:00:00), página 12

Apelación.—Citaón y emplazamiento de las partes.—Requisito esencial del emplazamiento.—Emplazamiento de la apelación contra la sentencia de remate en juicio ejecutivo.—Sentencia de 3 de Marzo. (Gaceta de 30 de Octubre de 1909).—Declara que admite la apelación contra las decisiones judiciales pronunciadas por los Jueces, antes de remitir las actuaciones al Tribunal Superior, debe citarse y emplazarse a las partes para que comparezcan ante el mismo; y en el caso de que un Juzgado de primera instancia admita libremente y en ambos efectos por providencia, que se notifique á los litigantes, la apelación que de la sentencia de remate interpuso uno de los litigantes, no apareciendo de diligencia alguna que fuese éste emplazado para ante la Audiencia Territorial que debía conocer de la alzada, tampoco puede entenderse subsanada esta falta por el emplazamiento hecho para otra apelación incidental dentro de los mismos autos e inmediata remisión de los mismos á la Superioridad, toda vez que es requisito esencial de todo emplazamiento, entre otros, según los números 1.º y 3.º del artículo 272 de la ley de Enjuiciamiento civil, el de que la cédula que debe entregarse al emplazado, exprese la providencia por virtud de la que se hace el emplazamiento, que no es en el caso expuesto la que admitió la apelación de la sentencia de remate, cuando la única diligencia de esta clase extendida en los autos, es la que admite la apelación en segundo lugar citada, cuyos efectos no pueden extenderse á una alzada anteriormente admitida, porque entonces, según el artículo 279 de la misma ley de Enjuiciamiento civil, el emplazamiento sería nulo por carecer del expresado requisito.

Y, en su consecuencia, que, en el caso expuesto, se comete la falta esencial en el procedimiento comprendido en el número 1.º del artículo 1.693 de la ley de Enjuiciamiento civil, cuya necesidad confirma el precepto especial del artículo 1.477 de la misma ley, que al exigir el emplazamiento, se refiere á las apelaciones de las sentencias de remate, si bien suspende esta diligencia hasta que se preste la fianza cuando se ofrece y es admitida por el Juzgado, para que antes de remitir los autos al Tribunal superior, pueda quedar testimonio de lo necesario para que aquélla sea ejecutada.

Prescripción adquisitiva de dominio.—Tercero con relación al contrato inscrito.—Sentencia de 3 de Marzo. (Gaceta de 30 de Octubre de 1909).—Resuelve que procede estimar la prescripción adquisitiva de dominio en el caso de venta de una finca, habiendo transcurrido desde la fecha de aquélla hasta la interposición de la demanda más de diez años, entre presentes con buena fe y justo título, que para la prescripción adquisitiva requieren las leyes de Partidas lo mismo que el actual Código, prescripción que excluye en absoluto, por su naturaleza, y por precepto terminante del art. 1.473, la extintiva de las acciones, sin que deba confundirse una con otra con mayor motivo si se cuenta como es debido que el vendedor poseyó también con buena fe título, cuando menos desde seis años antes al de la venta, sin que las inexactitudes y errores cometidos en el expediente de declaración de herederos obtenido por la persona de quien hubo la finca el citado comprador sean suficientes para evidenciar lo contrario en cuanto la prescripción estimada por el Tribunal sentenciador.

Que la escritura otorgada con posterioridad, de la cual aparece que la esposa del comprador de la citada finca y propietario de la misma por adjudicación que le fué hecha en pago de aportaciones matrimoniales en la testamentaria de su esposo, sin reconocer los derechos hereditarios de supuestos causahabientes de las personas de quienes hubo la finca en cuestión el vendedor de la misma, convino en entregar á aquéllos por vía de cesión, transferencia ó venta de derechos y para evitar contiendas judiciales, una cantidad estipulada, dado los términos de dicha escritura, podrá tener todo el alcance que se quiera, menos el de reconocimiento de derecho alguno sobre la finca comprada por el marido de la otorgante, no pudiendo servir, por lo mismo, para interrumpir la referida prescripción, dado el contexto de los artículos 1.143 y siguientes del Código civil hasta el 1.948, en consecuencia con las leyes de Partidas, que tratan de la prescripción adquisitiva de dominio.

Que atendidas las inscripciones que procedieron en el Registro á la escritura de adquisición de la finca por el comprador de la misma, tanto éste como su mujer son terceros con relación de quienes sobre aquélla no puedan ostentar derechos que no consten en el Registro, y no apareciendo nada en éste desde que dicho comprador inscribió su derecho, que permita conocer la existencia de otro alguno, es perfectamente gratuito el supuesto de que la actual poseedora de la finca, ni aun su citado marido, tuviera conocimiento de tal derecho posterior, toda vez que la escritura llamada de transacción antes mencionada, es elemento extraño al Registro, y no sólo no es de reconocimiento de derecho alguno, sino que sólo revela el propósito de aquélla de evitarse las molestias de una reclamación que estuvo infundada; esto aparte de que, como tiene declarado el Supremo Tribunal, únicamente en casos muy extremos, cuando con evidencia notoria contrata uno con plena conciencia del alcance del contrato, es cuando podrá carecer de derecho para acogerse al precepto del artículo 34, sin que el del 23 pueda tampoco alegarse válidamente tratándose de unas inscripciones hechas en el año 1889.

Reivindicación de terrenos.—Sentencia de 3 de Marzo. (Gaceta de 1 y 2 de Noviembre de 1909).—Fundado el Ayuntamiento de la ciudad demandante, una de las del Principado de Cataluña, en los Reales Privilegios á su favor otorgados en 1357, 1358 y 1362 por el Rey D. Pedro de Aragón, y en los actos de propiedad y dominio realizados por los Concelleres de la mencionada ciudad, entabló contra el Estado la demanda origen del pleito y del recurso, pretendiendo, en definitiva, que se le declarase dueño de los terrenos procedentes del derribo de las murallas de la citada ciudad, condenando al Estado á la restitución de los que poseía en la actualidad por no haber sido enajenados, y á la entrega de cantidades percibidas en virtud de los que hubieren sido.

Como antecedentes del pleito aparecen en primer lugar, los Reales privilegios mencionados facultando á la ciudad demandante para mandar hacer y también reparar y construir las almenas, fosos, torres y otras fortalezas de la ciudad, y derrocar los patios y albergues necesarios para dichas obras, por medio de imposiciones, donativos, contribuciones sobre terrenos y otros recursos; y que nadie en tiempo alguno pueda dar, vender, establecer ó de cualquier modo que fuese, conceder á persona alguna, de balde ó mediante dinero ó por algún donativo o subsidio personal ó pecuniario, á fin de que los referidos muros en todo tiempo y con los espacios necesarios, tanto en la parte interior como en la exterior, quedén francos y libres y el ámbito exterior ó interior sea perpetuamente destinado al servicio público y por nadie aplicados al servicio propio