El Foro español (Madrid. 1898) (1911-07-20 00:00:00), página 9

merecen, no incurrir, ni mucho menos, en la infracción del artículo 1.000 del Código Civil, en sus párrafos 2.o y 3.o.

Que no es legalmente posible considerar aceptada una herencia que no sólo ha sido repudiada sin ostentar los interesados su cualidad de herederos, sino que hacen constar expresamente en la escritura de renuncia que subordinaban el acto realizado á la última parte del precepto especial que en su número 3º contiene el citado artículo 1.000.

Que según dicho artículo, en el caso concreto de que se trata el acrecentamiento de la porción renunciada nunca correspondería, siendo heredero con designación de cuota, al cónyuge viudo, sino por ministerio de la ley al único hermano de los renunciantes y á cuyo favor renunciaron.

Que son también desestimables los motivos que no combaten en la forma que legalmente pudo hacerse la apreciación de la Sala, relativa á no haberse justificado que uno de los otorgantes de la escritura de poder fuera ciego.

Y que tampoco es de estimar la infracción del artículo 446 del Código Civil cuando ni la más leve indicación aparece en la sentencia recurrida que induzca á suponer el ejercicio de la acción de revocación por supervivencia de hijos á que se refiere el artículo citado.

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Bienes para personales.—Deudas personales del marido.—Sentencia de 7 de Abril. (Gaceta de 6 de Septiembre de 1910).—Declara que si bien es cierto que los productos de los bienes para personales forman parte del haber de la sociedad conjugal, que su administración en el concepto de gananciales corresponde al marido, y que con su importe se ha de atender al levantamiento de las cargas del matrimonio, todas estas disposiciones deben entenderse en armonía con el precepto del art. 1.836 del Código Civil, según el cual las obligaciones personales del marido no podrán hacerse efectivas sobre los frutos de los bienes para personales, á menos que se pruebe que redundaron en provecho de la familia.

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Prescripción.—Incongruencia.—Sentencia de 7 de Abril. (Gaceta de 6 de Septiembre de 1910).—Declara que en el caso de una deuda cuyo vencimiento de pago se fija para el día del fallecimiento del deudor, si antes no puede verificarlo, la sentencia que condena á los herederos y testamentarios de dicho deudor, á los seis años de fallecido éste, al pago de la deuda en cuestión, por estimar que no es exigible hasta el día de la defunción de aquél, y que, por consecuencia, no han transcurrido los quince años que para la prescripción de las acciones personales requiere el art. 1.964 del Código Civil, no infringe este artículo ni los 1.961 y 1.965 del propio Código alegados en el supuesto contrario de ser exigible la deuda reclamada antes del fallecimiento del deudor por haber éste enajenado bienes propios al mismo acreedor con anterioridad á dicho fallecimiento, lo que parece indiar que el final tuvo bienes para satisfacer la deuda.

Que aun suponiendo materialmente fueseido dicho término por deberse contar desde el día en que el deudor realizara la venta de bienes referida, el resultado es idéntico si ese término, durante su transcurso, ha padecido repetidas interrupciones, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 1.973 del propio Código.

Y que en un caso como el que se cita, no es de estimar incongruencia al declarar la sentencia recurrida que entre acreedor y deudor medió un contrato de préstamo, cuya aclaración resuelve implícitamente la excepción opuesta de que se trata de una donación oficiosa simulada con la apariencia de un contrato mutuo.

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Competencia.—Préstamos.—Acción personal.—Sentencia de 8 de Abril. (Gacetas de 8 y 7 de Septiembre de 1910).—Resuelve que de las demandas en que se ejerciten acciones personales referentes á una obligación de préstamo con interés, conforme á la regla 1.º del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil, ha de conocer el Juez del lugar en que la obligación debe cumplirse, y, en su defecto, el del domicilio del demandado.

Que si según los documentos presentados con la demanda, cuya exactitud no ha sido impugnada, el pago de préstamos respecto á los que se pretende la nulidad, por suponerlos usurarios, debe verificarse en el domicilio del acreedor, que resulta, sin género de duda, la ciudad donde se entabló el juicio, hecho confirmado por la cédula personal, que el mismo exhibió al comparecer en el acto conciliatorio, la reclamación por tanto, se promueve ante el Juez competente, á tenor de la regla expuesta.

Y que si la parte, conociendo estos hechos y el de que la obligación viene cumpliéndose en la citada ciudad, ha promovido y sostenido el conflicto jurisdiccional, es de apreciar en la misma notoria temeridad, á los efectos de la imposición de costas, con sujeción al art. 108 de la expresada ley.

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Prescripción.—Sentencia de 8 de Abril. (Gacetas de 7 y 8 de Septiembre de 1910).—Declara que según el art. 447 del Código Civil, sólo la posesión que se adquiere y disfruta en concepto de dueño puede servir de título para adquirir el dominio.

Que para los efectos de la prescripción, sólo puede aprovechar la posesión que principia á ganarse por sí mismo en virtud de un título singular traslativo de dominio.

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Competencia.—Sumisión expresa.—Acción personal.—Sentencia de 9 de Abril. (Gaceta de 8 de Septiembre de 1910).—Resuelve que según reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo, para que exista la sumisión expresa que define el art. 57 de la ley de Enjuiciamiento civil, no basta que el demandado renuncie su fuero propio y se someta de una manera general á los Jueces ó Tribunales que en su dia pueda elegir el actor, sino que, como dice clara y terminantemente dicha disposición, ha de designar con toda precisión el Juez á quien se sometiere.

Y que aun cuando un documento que se presenta al contestar al requerimiento inhibitorio, no obstante la falta de reconocimiento de la parte á quien perjudica, pudiera constituir un principio de prueba de la existencia de la obligación, resultando que no contiene más datos determinantes de la competencia que el de expresarse que el demandado se somete á los Tribunales que mejor convengan al actor, es evidente que tal designación no reúne los requisitos mencionados, por lo que ha de preseindirse de la misma, y tratándose del ejercicio de una acción personal para reclamar el precio de una venta verificada en el domicilio del demandado, en favor de este Tribunal ha de decidirse el conflicto, con sujeción á la regla 1.º del art. 62 de