El Foro español (Madrid. 1898) (1911-12-20 00:00:00), página 5

demostrable, y no del de orden moral á que el actor se refiere, y que, aun de existir, no podrían repararse mediante la entrega de una cantidad, aparte de que no se dice si la joven ha perdido ocasión de contraer matrimonio ventajoso por dicha causa.

En los fundamentos de Derecho de la contestación á la demanda se combatía el que hubiese un delito de injurias, toda vez que faltaba el elemento intencional que se exige con arreglo al art. 471 del Código penal y sentencias del Supremo de 24 de Noviembre de 1881, 31 de Octubre de 1889, 12 de Enero de 1907 y otras varias.

Sostienen que los artículos 111, 112 y 116 de la ley ritual, citados de adverso parte de la existencia de dos acciones, y suponen que la civil se ejercita como consecuencia de un delito indubitado, pero no admiten que los Tribunales civiles sentencien responsabilidades derivadas de delitos supuestos ó hipotéticos. Aun en tal caso, el art. 12 del Código penal establece que de los delitos ó faltas cometidos por medio de la imprenta sólo serán responsables los autores, y según el 14, en primer término, los que lo hayan sido del escritor, y únicamente, si éstos no fueran conocidos, ó estuvieran exentos de responsabilidad ó domiciliados fuera de España; se reputarán autores á los directores de las publicaciones; en defecto de ellos, á los editores, y por último, á los impresores; y el demandante no se ha ocupado en perseguir al verdadero autor.

Afirmándose la existencia de un director de El Liberal, á quien se juzga responsable, es absurdo hablar de responsabilidad subsidiaria de la Editorial.

Añádase que los artículos 20 y 21 del Código penal que se alegan hay que interpretarlos restrictivamente, de acuerdo con las sentencias del Supremo de 14 de Junio de 1885, 19 Mayo 1879 y 19 Enero 1884, según las cuales sólo procede la responsabilidad subsidiaria cuando por parte de la Empresa ó sus dependientes haya infracción de los reglamentos especiales y generales de policía, y aquí no la ha habido.

La ley de 26 de Julio de 1883, en su art. 9º dispone que la representación legal de las Sociedades que funden periódicos la ostentarán el gerente; y la Editorial tiene nombrado director de El Liberal, que es quien ha de responder á la reclamación interpuesta, pero no la entidad, porque los estatutos conceden á las publicaciones que integran ésta, independencia absoluta en la defensa de sus opiniones.

Los artículos 121, 123 y 124 del Código penal, que de contrario se invocan, son inaplicables al caso de autos, porque se refieren á un daño ó perjuicio de carácter material.

El Supremo, además, ha sentado en sentencia de 6 de Diciembre de 1882 la doctrina de que no siendo valorable el honor en los delitos cometidos contra él, no es posible fijar la cantidad en que consista el perjuicio ni imponer al delinquente, con sujeción al art. 18 del Código, como responsabilidad civil consiguiente á la criminal que haya contraído, la de pagar indemnización á la parte ofendida.

Los artículos 1.902 y 1.908 del Código civil, que tratan de las obligaciones que se contraen por culpa ó negligencia, son incompatibles con la determinación de la responsabilidad por la razón de delito.

Pero admitiendo la culpa, la demostración del daño es necesaria, según la jurisprudencia y la mente del art. 1.106 del Código civil.

Añádase que no podía tampoco aceptarse el art. 484 del Código penal, porque el caso que se discute no guarda paridad con el de violación, rapto y estupro.

Actuaciones posteriores.

Habiendo renunciado el actor á la réplica, y no habiéndose interesado por ninguno de los litigantes el recibimiento á prueba, se acordó por providencia de 17 de Junio traer los autos á la vista.

En 3 de Julio ordenóse, para mejor proveer, que se requiriera al director de El Liberal para que presentase los telegramas que originaron los suelos objeto de la demanda.

Efectuado el requerimiento, dicho señor contestó que no obraban en su poder, porque se limitó á reproducir los insertos en España Nueva. Esquerdó á su vez el director de este diario, dijo que no podía entregar el telegrama á que se aludía, porque no había existido, y tampoco podía presentar el suelo remitido al periódico por no recordar donde se hallaba, pero que de encontrarlo lo entregaría, y que del original sacó copia fotográfica el padre de la ofendida.

El Juzgado dirigió en vista de ello oficio á la Dirección general de Comunicaciones reclamándole certificación literal de los telegramas, respondiendo dicho Centro que no disponía del servicio telegráfico de aquella fecha por haber sido entregado en 4 de Abril al Tribunal de Cuentas.

Y en vista de esto el Juzgado, que lo era del distrito de Chamberí, desempeñado por el dignísimo e ilustrado magistrado Sr. Martínez Enríquez, dictó sentencia de la que dada la sencillez de los hechos origen del pleito no creamos necesario dar más que un extracto aunque algo amplio de los considerandos de la sentencia.

En el primer considerando de la sentencia se expone que por la forma en que se ha plantead y controvertido la cuestión originaria de este pleito se determina otra de especial carácter en el orden procesal, en cuya virtud, y por la íntima relación que ofrecen jurídicamente, queda aquélla limitada á resolver si la acción deducida como derivada de un hecho delictivo ha podido ejercitarse en un juicio de índole civil, y en su consecuencia, si ha de exigirse la responsabilidad que se pretende hacer efectiva, independientemente de la criminal.

Después, en el segundo considerando, pasa el Juzgado á resolver el problema planteado, sosteniendo que, reconociendo por el demandante que el suelo originario del litigio es constitutivo de un delito de injurias, y quedando á su arbitrio como parte ofendida, por tratarse de un hecho de los que pueden perseguirse por querella particular, el ejercitar únicamente la acción civil, considerándose extinguida desde luego la penal, con arreglo al art. 12 de la ley de Enjuiciamiento criminal, es evidente que la demanda de que se trata no sólo se halla ajustada en su forma á las prescripciones del derecho procesal, sino que por su naturaleza y objeto se impone la competencia para conocer de la misma como perfectamente definida en la esfera puramente civil, pues la facultad concedida para ejercer junta ó separadamente las indicadas acciones es absoluta cuando se trata de delitos de carácter privado, en virtud