El Foro español (Madrid. 1898) (1912-02-29 00:00:00), página 6

consentimiento de las expresadas personas; esto es, de la mujer, siendo esta mayor de edad, ó de las personas á que se refiere el art. 1.352 siendo aquélla menor de edad.

2.º Si la mujer fuere menor de edad, los requisitos son distintos, pues además de la licencia del marido y de que sea ella quien enajene, se requieren otras dos circunstancias:
1.ª La licencia judicial, que en este caso ya no es supletoria de la del marido, sino fundamental para la validez de la enajenación.
2.ª La intervención de las personas llamadas por el artículo 1.352 del Código, esto es, el padre, la madre, ó el que diera la dote, y en defecto de estas personas el tutor, el prototutor, el consejo de familia ó cualquiera de sus vocales.

Todavía encontramos otra diferencia, relativa no ya á la enajenación en sí, sino á sus consecuencias: siendo la mujer casada mayor de edad ella solamente podrá, llegado este caso, exigir la subrogación de la hipoteca legal ó al marido, ó su constitución; siendo menor de edad, las personas dichas tendrán, no ya el derecho, sino la obligación de exigirla (art. 290 de la vigente ley Hipotecaria).

BOLETÍN DE LA SEMANA

LEGISLACIÓN

GUERRA.—R. O. circular de 8 de Febrero de 1.912, disponiendo que los mozos que deseen acogerse á los beneficios que concede el capítulo 50 de la ley de Reclutamiento y Remplazo del Ejército, de 19 de Enero último, se comprometan en las Cajas de reduta de la demarcación respectiva, antes del acto del sorteo, á efectuar el pago del primer plazo de la cuota hasta el 31 de Mayo próximo, perdiendo el derecho á los beneficios los que no lo hubieran realizado en esta fecha. (Gaceta del 9).

GRACIA Y JUSTICIA.—Ley de 9 de Febrero de 1.912 determinando los Tribunales que han de entender en el conocimiento de las causas contra Senadores y Diputados. (Gaceta del 10). Parte dispositiva:

«Artículo 1.º Corresponderá á la Sala de lo Criminal del Tribunal Supremo el conocimiento de las causas contra Senadores y Diputados, aun cuando sólo tengan carácter de electos.

De las causas á que se refiere esta Ley conocerá el Consejo Supremo de Guerra y Marina, constituido en Consejo reunido, siempre que concurren todas las circunstancias siguientes:
1.ª Que los Senadores ó Diputados contra quienes se proceda fuesen militares ó marinos no retirados.
2.ª Que el hecho por el cual haya de perseguirseles esté comprendido en las leyes penales especiales del Ejército ó de la Armada.
3.ª Que el procedimiento no se dirija además contra otros Senadores ó Diputados ni sobre otros hechos respecto de los cuales tenga competencia la jurisdicción ordinaria.
La competencia de ambos Tribunales se extenderá hasta la conclusión del proceso, con independencia de la vida legal de las Cortes á que pertenecieren los acusados.

Art. 2.º Si iniciado un sumario por un Juez de instrucción ó por un Juzgado instructor de Guerra ó Marina, ya de oficio, ya por denuncia ó querella, apareciesen indicios de responsabilidad contra algún Senador ó Diputado, tan pronto como fuesen practicadas las medidas necesarias para evitar la ocultación del delito ó la fuga del delinquente, se remitirán las diligencias en el plazo más breve posible al Tribunal Supremo ó al Consejo Supremo de Guerra y Marina, si procediese con arreglo á lo establecido en el artículo 1.º

Igualmente remitirán los autos que estuvieren instruyéndose contra persona que, hallándose procesada, fuese elegida Senador ó Diputado inmediatamente que tuviera noticia de su proclamación.

En caso de flagrante delito que lleve consigo pena aflictiva, podrá el Juez instructor acordar desde luego la detención del delinquente, dando inmediata cuenta al Tribunal ó al Consejo Supremo, el cual comunicará con toda urgencia el caso al Cuerpo Legislativo al que pertenezca el procesado.

Art. 3.º El Tribunal Supremo ó el Consejo Supremo de Guerra y Marina procederán en los casos que se les atribuyen por la presente Ley, de conformidad á lo previsto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal para la instrucción de las causas que les competen, con arreglo á la misma Ley y á la Orgánica del Poder judicial, á lo establecido en el Código de Justicia Militar y demás disposiciones que regulan el ejercicio de su jurisdicción respectiva.

Art. 4.º Las denuncias ó querellas contra Senadores ó Diputados se formularán ante el Tribunal Supremo ó el Consejo Supremo de Guerra y Marina, observándose lo dispuesto en las leyes y disposiciones de procedimiento.

Art. 5.º Sólo al Tribunal Supremo, ó en su caso al Consejo Supremo de Guerra y Marina, corresponde la facultad de pedir autorización al Senado ó al Congreso para proceder á un Senador ó Diputado.

Al efecto, dirigirá suplicatorio al Cuerpo Legislativo correspondiente, acompañando testimonio de las actuaciones que estime necesarias y del dictamen Fiscal, si lo hubiere.

El Tribunal Supremo ó el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en los respectivos casos, resolverán lo que proceda, según las leyes, acerca de la prisión de los Senadores y Diputados sorprendidos en flagrante delito y contra los cuales se hayan incoado diligencias.

Art. 6.º Mientras que el Senado ó el Congreso no resuelvan sobre la autorización pedida, se suspenderán las diligencias de las causas, excepto las encaminadas á la reforma de los autos y providencias en que con anterioridad se hubiese acordado la detención, prisión ó procesamiento.

La suspensión de las diligencias sólo se aplicará á aquellas que afecten al Senador ó Diputado á quien se refiera la autorización solicitada.

Art. 7.º Si el Senado ó el Congreso denegase la autorización para procesar, se comunicará el acuerdo al Tribunal requerente, que dispondrá el sobreseimiento libre, respecto al Senador ó Diputado. Si la autorización fuese concedida, continuará el procedimiento hasta que recaiga resolución ó sentencia firme, aun cuando antes de dictarla fueren disueltas las Cortes á que perteneciere el Senador ó Diputado objeto del suplicatorio.

Art. 8.º Negada por el Senado ó el Congreso la admisión como Senador ó Diputado de la persona á quien se refiera un suplicatorio, el Presidente de la Cámara lo comunicará al Tribunal Supremo ó al Consejo Supremo de Guerra y Marina, para que éste remita la causa al Juez ó Tribunal competente, con arreglo á derecho, y prosiga la sustanciación que proceda.

Art. 9.º Las providencias ó autos de detención, arresto, prisión ó pro cesamiento, dictadas contra un Senador ó Diputado por el Tribunal Supremo ó el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en uso de la jurisdicción que les atribuye la presente Ley y con sujeción á las reglas que la misma establece, así como las de reforma ó revocación de dichas providencias ó autos, serán comunicadas al Cuerpo Legislativo á que corresponda la persona objeto de las mismas.

Art. 10. Los preceptos de la presente ley regirán desde la fecha de su promulgación, aplicándose á los procesos en curso contra Senadores y Diputados, salvo que el Senador ó Diputado comprendido en el procedimiento reclame ser