El Foro español (Madrid. 1898) (1910-11-30 00:00:00), página 2

El ejercicio de la Abogacía (1)

II

Es otra de las incompatibilidades que creemos deben de figurar en el art. 874 de la ley de Organización del poder judicial con el ejercicio de la Abogacía, el cargo de letrado del Estado, pues si bien no es empleo directamente dependiente del Ministerio de Gracia y Justicia, sino del de Hacienda, no lo es menos que su relación con todos los Tribunales de justicia es directa, y tienen en muchos casos dependencia de ellos. El letrado del Estado interviene como parte en representación del mismo en todas las demandas de pobreza, inspecciona si el papel empleado en las actuaciones es el correspondiente á la cuantía de la cosa ó cantidad litigada, interviene necesariamente en todo asunto contencioso-administrativo desde que se incoa el expediente en la oficina provincial, hasta que le resuelve en la Audiencia ó ante la Sala 3.a del Tribunal Supremo; su contacto con los Tribunales de justicia es constante é intimo, al extremo de convivir en un mismo edificio: esta relación que, necesariamente crea el contacto diario, se traduce en la opinión pública en una presunción cual es, de que un asunto que pudiera perderse, se ganará si lo defiende un Abogado que sea letrado del Estado, mucho más si se trata de asunto contencioso-administrativo en que no tenga incompatibilidad con el cargo que desempeñe. No significa lo dicho que creamos que sea acertada la opinión en su suposición; nos limitamos únicamente á señalar un hecho evidente, que se produce de un modo natural, porque ley de la naturaleza humana es inclinarnos á favorecer á aquellos, á quienes queremos, á quienes tratamos, más que á los que desconocemos; y como quiera que las leyes deben ser preceptos que estén en armonía con la sociedad para quien se dictan, con la voluntad que esa sociedad expresa, salvo el caso, harto raro, de que sea opuesta á la moral ó al bien general, nada más lógico que no siendo esa opinión contra esas dos excepciones, la Ley orgánica consigne la prohibición de que nos ocupamos del ejercicio de la Abogacía, con relación á los letrados del Estado, que cual su propio nombre expresa deben ser Abogados del Estado, y nada más.

Señalamos como tercera de las incompatibilidades que con el ejercicio de la Abogacía debieran expresarse en la Ley orgánica del Poder judicial, el ejercicio de la fe pública. El Notario cual su propio nombre indica, es el funcionario autorizado por el Estado, ó por la representación de éste, por el Gobierno, encargado de dar notoriedad á los hechos que ante él se sucedan á petición de personas ó entidades á las que para pedir esa notoriedad, siendo el quien con su intervención, con su autoridad delegada por el poder ejecutivo hace indiscutible la verdad del hecho de que da fe. Así considerada la profesión reglada del Notario, le constituye en un funcionario á quien la representación social le confía, delegando en él, una de sus atribuciones, y, por lo tanto, debe quedar excluido del ejercicio de una profesión enteramente libre, que no tiene otra limitación, que la que los preceptos morales la señalan.

Son muy semejantes á las razones que acabamos de exponer con relación á los Notarios, las que pueden alegarse con relación al Cuerpo Jurídico militar y demás Institutos militares, lo mismo los Cuerpos auxiliares que las armas generales del ejército, interín están en servicio activo. La misión de todos sus individuos es esencialmente social, están sujetos á una ordenanza que excluye toda libertad fuera de sus preceptos y su cumplimiento es su primer deber, casi exclusivo; en esa profesión fundan su estado social y hay, por lo tanto, una verdadera oposición, una incompatibilidad entre el libre albedrío del Abogado que ejerce su profesión únicamente y en él funda su estado social y el que tiene limitada su libertad por el cumplimiento de otros deberes ineludibles y anteriores al ejercicio de la Abogacía, y esa incompatibilidad es más señalada en los individuos del Cuerpo Jurídico militar, por cuanto actúan como auxiliares de los Tribunales y á las veces como Jueces, y, por lo tanto, están de lleno comprendidos en el principio que informa la prohibición primera del artículo 874 citado.

Expresamos, como última prohibición, que debe oponerse al ejercicio de la Abogacía la de haber ejercido el cargo de Ministro de Gracia y Justicia, prohibición que deberá ser extensiva, con mucha más razón al de haber sido Presidente del Consejo de Ministros. La razón para que esa prohibición se consigne de modo terminante en la Ley de organización del poder judicial es aun más evidente que la de las dos anteriores.

El Presidente del Consejo de Ministros, y lo mismo el Ministro de Gracia y Justicia, mientras estén vigentes en la forma que hoy lo están los artículos del 41 al 50 inclusive de la Ley adicional á la Orgánica del Poder judicial pueden, y ya se conocen aquí las exigencias de la política y caciquismo, hacer que en muy pocos años un Juez de entrada llegue á ser Magistrado de la Audiencia territorial y aun del Tribunal Supremo. Sin faltar á la ley y mandando callar á la conciencia, cosa fácil, porque nadie oye el mandato, se elige de la primera mitad de la escala al que se quiere favorecer y se le asciende, porque para ello tiene libertad legal el Ministro, y, por lo tanto, mucha más el Presidente del Consejo de Ministros; y si el interés en proteger á un individuo de la carrera judicial es grande, ahí está la última mitad del escalafón; en él puede elegir el Ministro, la Ley emplea la palabra, el Gobierno, sin más requisito que el de que á su juicio sea el más digno, calificación harto peligrosa, que con razón podrán crear los demás comprendidos en el escalafón de su clase, injuriosa: y no me ocupo del cuarto turno, porque es cuestión que merece artículos aparte.

Con lo dicho, basta para demostrar que un Ministro de Gracia y Justicia, y lo mismo un Presidente que hayan desempeñado más de una vez el cargo, y lo hayá sido dos ó tres años, cosa no extraña y mucho menos el de Presidente del Consejo puede, sin ser suceso extraordinario, al cesar en su cargo volviendo al día siguiente á ejercer la Abogacía, encontrarse al informar ante un Tribunal Colegiado ó no, que está formado por el que ó varios de los Jueces ó Magistrados, que él favoreció con su elección, que han llegado tan pronto al sillón que cobija el dosel que rodea el emblema de la Justicia, por el que allí va á pedir un fallo como Abogado, favorable á la causa que defiende, y en este caso, sin que ello sea extremar el argumento,

(1) Véase el núm. 463.