El Foro español (Madrid. 1898) (1910-07-10 00:00:00), página 3

exclusivamente para decidir las cuestiones de hecho; la aplicación del derecho queda reservada á los Jueces.

Antes de llevar á cabo una reforma tan importante y trascendental que puede traer hondas perturbaciones en la vida de un pueblo, se debe meditar mucho acerca de ella. Las circunstancias económicas por que atraviesa desde hace muchos años nuestro país, por causas que no son de este lugar, obligan más y más á la reflexión y al estudio. España no puede pensar por ahora en sostener Tribunales colegiados peritos para que administren justicia en lo civil con independencia absoluta de los Tribunales que administran justicia en lo criminal, siquiera estas especialidades nos llevaran á un mayor perfeccionamiento en la práctica del derecho; nuestros Jueces tienen que ser á la vez criminalistas y civilistas por la enseñanza que reciben, por su tradición y por su historia; nuestros Tribunales para lo civil en su consecuencia deben ser al mismo tiempo Tribunales para lo criminal.

Esta organización sencillísima y uniforme, estableciendo el Jurado para que delibere acerca de los hechos por las mismas razones que le establecimos en la justicia penal y admitiendo la única instancia por las mismas razones que la admitimos allí donde se ventilan cuestiones sociales de mayor interés, esta organización reportaría entre otras ventajas:

La de que los Jueces de primera instancia, limitada su competencia á los asuntos contenciosos de menor cuantía, y aun quitándoles el conocimiento de la jurisdicción voluntaria, podrían entender desahogadamente de las causas por delitos menos graves, reintegrándolos en la totalidad de sus funciones.

Los Magistrados de las Audiencias provinciales conocerán de los asuntos civiles contenciosos de mayor cuantía y no darán al olvido necesariamente hasta los principios más elementales de la legislación civil, cuando se ven ascendidos á una Territorial.

El ciudadano español iría adquiriendo plena conciencia de su dignidad y de sus derechos, y con ella contribuiríamos al progreso y adelantamiento jurídico de nuestro pueblo.

Y, por último, suprimida la segunda instancia, la administración de justicia sería más rápida y más económica y habrá aumento de pleitos; aumento que redundará en beneficio de los litigantes, de los abogados y del Erario público; de éste, porque la renta del papel aumentaría proporcionalmente; de los abogados, porque muchos de ellos no se verían en el caso de solicitar destinos ó empleos de cualquier clase, al no ofrecerles medios de subsistencia el ejercicio de su profesión, y de los litigantes, porque no verían desaparecer su fortuna en las costas y gastos de un litigio y no temerían entonces esa maldición del gitano: Pleitos tengas y los ganes.

Dadas estas consideraciones, la organización de nuestros Tribunales de justicia en lo civil, utilizando un procedimiento adecuado á la cuantía litigiosa, sería la siguiente:

1.º Un Tribunal inferior, constituido por un comisario ó Juez inferior y dos jurados en cada pueblo ó distrito, para conocer de los juicios verbales con un procedimiento sumarísimo.

2.º Un Tribunal mayor, constituido por un Juez ó Juez mayor y cuatro jurados, en cada cabeza de partido judicial, para conocer de los juicios de menor cuantía con un procedimiento sumario.

3.º Un Tribunal superior, constituido por un Magistrado ó Juez superior y seis jurados, en cada capital de provincia, para conocer de los juicios de mayor cuantía, con un procedimiento amplio, y

4.º El Tribunal Supremo, para conocer de los recursos contra las sentencias de los Tribunales superiores.

Resumiendo: los Tribunales de justicia para lo civil, en España, serían los mismos Tribunales que para lo criminal.

LIC.º ATILANO RUBIO

La Hipoteca Mobiliaria

Con el título de La prenda agrícola ó Hipoteca mobiliaria, hemos recibido una obra verdaderamente notable del Registrador de la Propiedad, D. Rafael Ramos Bascuñana. El mejor elogio que de ella podemos hacer, es transcribir el capítulo que trata de

La Hipoteca Mobiliaria

De las observaciones que en capítulos anteriores hemos hecho, y de los argumentos con que hemos rebatido las objeciones que á la prenda sin desplazamiento se hacen, podemos afirmar que la voluntad de poder crear la prenda sin desplazamiento, y que este contrato ha de surtir efectos jurídicos, sin necesidad de que en el Código haya ninguna disposición especial que lo regule.

Mas esta teoría, que, como hemos visto en otro capítulo entra de lleno en las disposiciones generales de los contratos, la vemos rechazada de una manera obstinada y enérgica por los que, respetando de un modo escrupuloso el vetusto organismo del Derecho romano, se niegan á darle eficacia mientras el Código no haya catalogado entre sus disposiciones el contrato de prenda sin desplazamiento del dueño; y, por lo tanto, aunque subsista lo principal, aunque por la forma en que se haga el contrato produzca, fácilmente, efectos jurídicos, nieganle toda eficacia si no lleva un nombre.

Y animal todo razonamiento ante obstinación tan rotunda; es inútil el probar que en los contratos de garantía lo principal es que la garantía sea suficiente, eficaz, para que al tener que cumplir el contrato si el deudor no lo hace, responda lo que subsidiariamente constituye como prenda; que conseguido esto, bien la garantía obrá en poder del deudor, bien en el del acreedor, lo esencial es que sea suficiente para el pago de lo obligado, y, por lo tanto, que tanto monta que se constituya bajo una ó bajo otra forma; rodéese el contrato de garantías, y creemos de accidente el que ésta quede en poder del deudor ó acreedor.

Mas al llegar á estas consideraciones, han de tenerse