El Foro español (Madrid. 1898) (1911-11-10 00:00:00), página 2

mún define en su art. 340, diciendo que se comete imputando falsamente á alguna persona hechos que, si fuesen ciertos, constituirían delito de los que dan lugar a procedimiento de oficio y cuya penalidad señalada en el 341 varía según que el delito imputado sea más ó menos grave.

Ahora bien; como lo ocurrido enceja más que en ninguna otra disposición en la que dejamos copiada, y ese delito así definido no se encuentra en el Código de Justicia Militar, de aquí indudablemente nace la discrepancia de opiniones entre los que después de hacer la calificación del delito y buscada su clasificación dentro del Código Penal común ó del militar, estiman una u otra jurisdicción como la competente, y se inclinan, por la razón apuntada, á decidirse por la competencia de los Tribunales ordinarios.

Confesamos que de primera impresión y por la natural repugnancia que los paisanos sentimos por el fuero de Guerra, nosotros también al proponérsenos por primera vez la cuestión jurídica de que nos ocupamos, iniciamos nuestra tendencia en favor de la jurisdicción común; pero á poco que el asunto se estudia se adquiere la profunda convicción de que la competencia radica en absoluto en los Tribunales militares.

Verdad es que en todo el Código de Justicia Militar no se encuentra un solo artículo en que se defina como delito la denuncia falsa, como se hace con toda claridad en el artículo 340 del Código Penal común, ni aún siquiera se habla de semejante delito; pero por esto gase posible creer que entre los militares no se castigue ni se considere como tal el hecho que lo constituye, ó que su omisión en esa forma suponga dejación de competencia en favor de otros Tribunales? Tan grave es aquel delito que no puede suponerse tal cosa, y más cuando es pensar que el no hablar de él será por haberlo considerado comprendido dentro de los de injuria y calumnia á los militares ó otros análogos, según los casos; aparte de que en materia de definición material de delitos es muy parco el Código de Justicia Militar, sin duda alguna por haberlo estimado innecesario, dado el concepto general de todos y cada uno de los delitos establecido ya en el orden de nuestro derecho por el Código Penal común, bastante completo en este punto.

Y como no cabe dudar que conforme á la definición que de la injuria da éste en su art. 471, ó de la calumnia en el 467, como de una ó de otra cosa cabe calificar el hecho de atribuir á una autoridad militar el ejercicio de ciertas violencias para arrancar falsas declaraciones, porque esas violencias constituirían en su caso un delito perseguible de oficio, y el hecho de ejecutarlas, autorizarlas ó por lo menos consentirlas, es denigrante aún para quien no viste el honroso uniforme militar, de aquí el que muy bien la tal imputación podría considerarse como injuria ó calumnia que pudiera hasta revestir los caracteres de un verdadero desacato á las autoridades de aquella clase, ya que no al Cuerpo ó Instituto á que pertenezcan las personas á quienes la imputación se refiere, y en cuyo doble concepto no cabría ya dudar que la competencia para entender del oportuno proceso correspondería al fuero de Guerra, ya que con arreglo al art. 4º del Código de Justicia Militar, la competencia de esta jurisdicción se determina en materia criminal, por razón de la persona responsable, del delito cometido y del lugar en que se cometa, y, según el núm. 1º del artículo 5º, por razón de la persona se decide la competencia á favor de dicho fuero cuando el delito de que se trate se cometa contra militares en servicio activo; conforme al art. 7º núm. 7º, por razón del delito, corresponde á la misma autoridad militar conocer en las causas que contra cualquier persona se instruyan por atentado y desacato á las autoridades militares, y los de injuria y calumnia á éstas ó á las corporaciones ó colectividades del Ejército, siempre que se refieran al ejercicio de destino ó mandó militar, cualquiera que sea el medio para cometer el delito (1); pudiéndose, en fin, y en cierto modo, tener presente también el art. 258 del mismo Código de Justicia Militar que castiga á que de palabra, por escrito ó en otra forma equivalente injurie ó ofenda clara ó encubiertamente al Ejército ó á instituciones, armas, clases ó cuerpos determinados del mismo.

Pero no es esto solo; sigamos examinando todas las calificaciones que los hechos de que se trata puedan merecer, y aún veremos que bajo otro punto de vista, quizá el que más cuadra á la realidad de los hechos—hablamos siempre en el supuesto en que para discutir la cuestión jurídica planteada nos ponemos de no confirmarse las denuncias formuladas y que éstas fueran maliciosas—la competencia militar aparecerá clara hasta lo indudable, porque ó las tales denuncias se hicieron de buena fe, no hubo intención dolosa, y por tanto, no existe delito, ó la intención no pudo ser otra que la de favorecer á los procesados por los procesados mismos ó porque así conviniese á los fines políticos de los denunciadores, y en este caso sería de absoluta aplicación el artículo 17 del tan repetido Código de Justicia Militar, según el cual la jurisdicción que conozca del delito principal conocerá también de los conexos, y como tales delitos conexos del principal que por los sucesos de Cullera sigue el Tribunal militar, estarían conforme al número 4º del mencionado artículo «los cometidos para procurar la impunidad de otros delitos ó la aplicación de pena menos grave».

Y claro está que la falsa imputación de haberse infligido violencia para arrancar las declaraciones comprometedoras prestadas por los procesados tiende de manera directa á quitar fuerza á éstas, lo cual en definitiva, de prosperar, se habrá de traducir en el orden procesal en una absolución originaria, tal vez, de la impunidad buscada ó la aplicación de una pena menos grave de la debida, por la necesaria impresión que en el ánimo de los jueces rectos de espíritu y de conciencia estrecha habrá necesariamente de producir, al dictar su fallo, la duda acerca de la sincera espontaneidad de las declaraciones prestadas.

Y en fin, inclina también nuestro ánimo en favor de dada jurisdicción el contenido del segundo inciso del párrafo 2º del artículo 18 del mismo Código de Justicia Militar, que después de sentado el principio general de que la jurisdicción que conozca de la causa principal conocerá asimismo de todas sus incidencias, añade: «y de cualesquiera otros delitos que se cometan como derivación ó consecuencia de dichos procedimientos.»

(1) Copiamos este artículo en la forma que quedó después de la ley de 23 de Marzo de 1908.