El Foro español (Madrid. 1898) (1911-07-20 00:00:00), página 10

dicha ley, en relación con el párrafo 3.º del 1.171 del Código Civil, que son los preceptos aplicables.

***

Error de hecho y de derecho.—Apreciación de prueba.—Comunidad de bienes.—Información posesoria.—Prueba testifical.—Retracto.—Sentencia de 9 de Abril (Gaceta de 8 de Septiembre de 1910).—Resuelve que no incurrir en error de hecho ni de derecho la sentencia que estima que la participación de una finca rústica se halla pro indiviso con otra participación de la misma finca, no sólo porque la comunidad que tiene su causa en la indivisión aparece probada en el Registro de la Propiedad por la serie de inscripciones de que ha sido objeto la finca en cuestión, sino por el conjunto de las pruebas practicadas en el pleito contrastando las practicadas a instancia de ambas partes:

Que no es lícito desarticular esta prueba para combatirla por partes en algunos de los elementos que la componen, como así lo tiene repetidamente declarado el Tribunal Supremo.

Que esto sentado, no es de estimar la infracción de los arts. 392, 1.521 y 1.522 del Código civil, basada en el supuesto desecho de que no existe la comunidad referida, que la sentencia en que se estima aprecia como fundamento para declarar haber lugar al retracto de la primera de las indicadas participaciones de finca pro indiviso.

Que lo actuado en un expediente de información posesoria no puede perjudicar al que no ha intervenido en él mismo.

Que la apreciación de la prueba testifical es de la exclusiva incumbencia del Tribunal sentenciador, no pudiendo ser impugnada válidamente la casación.

Que la sentencia que declara haber lugar al retracto de una finca rústica no infringe el art. 1.524 del Código civil, si la demanda ha sido presentada dentro del término que el mismo artículo fija.

Y que habiéndose fijado en el documento privado en que se hizo constar la venta de la finca retraída una cantidad determinada como precio de aquélla, al estimar el Tribunal sentenciador que dicha cantidad es el precio que debe fijarse en la sentencia, no infringe los arts. 1.518 y 1.525 del Código Civil ni incurriría en la infracción del 1.225 del referido Código por dar á dicho documento el valor que merece.

***

Prueba de presunciones.—Apreciación de pruebas.—Rendición de cuentas.—Gastos menudos.—Pensión.—Alimentos.—Prescripción.—Sentencia de 13 de Abril. (Gaceta de 8 de Septiembre de 1910).—Declara que la apreciación de la prueba de presunciones á que se refiere el artículo 1.253 del Código Civil, no puede ser materia de casación, como no lo es la de todos aquellos medios probatorios cuya regulación entrega la ley, absteniéndose por sí, á la crítica racional ó al criterio humano, á no ser que falte en el caso toda relación ó enlace entre el hecho conocido y el que se quiera demostrar.

Que por el hecho do no aparecer en los supuestos de una escritura de partición documento alguno que revele la existencia de deudas contra la herencia, no es lógico presumir que las que resulten de documentos anteriores á dicha escritura han sido satisfechas en vida del testador, ó después de su muerte, con fondos de la testamentaria.

Que el art. 1.225 del Código Civil, que requiere la adveración para la autenticidad de los documentos privados, no rige á los que se aduzcan como comprobantes de Data de una cuenta, por los cuales hay que pasar cuando no se demuestre su falsedad ó inexactitud.

Que si bien el art. 283 del repetido Código Civil exculpa la justificación documental en las cuentas á los gastos menudos de que un diligente padre de familia no acostumbra á recoger recibo, este precepto no es aplicable á los gastos ocasionados con motivo de mejoras hechas en un caserío y de aumento de capital y mejoras en la finca, por no merecer la calificación de menudos, ni á los que dí origen la venta de bienes no obrando con la debida autorización.

Y que la acción que con arreglo al art. 1.966 del precitado Código Civil prescribe á los cinco años, es la del alimentista para exigir los alimentos del obligado á prestarlos, y no la del que por haberos suministrado, sin estar obligado á ello, pide que se le abonen, y que prescribe á los quince años, según el art. 1.964.

***

Competencia.—Acción personal.—Sentencia de 14 de Abril. (Gaceta de 11 de Septiembre de 1910).—Declara que tratándose de documentos presentados al contestar el requerimiento inhibitorio, que vienen de terceros y no han sido reconocidos por la parte demandada, quien á mayor abundamiento niega los hechos en ellos afirmados, no pueden ser tenidos como principio de prueba para los efectos en la competencia.

Y que habiendo surgido la cuestión, de competencia no sobre cumplimiento de un contrato de compraventa, que ha sido ya cumplido, sino de la devolución de efectos que se dicen recibidos con la mercancía, ó pago de su importe, como de todas suertes debe partirse de la base de que la obligación de devolver la cosa reclamada ó pagar su valor no nace hasta que está en poder de aquel á quien le reclama, y no se trata de un contrato de compraventa, resulta aplicable el párrafo 2.º del art. 1.171 del Código civil, con sujeción al que y á la regla 1.ª del 62 de la ley de Enjuiciar, debe atribuirse el conocimiento del juicio al Tribunal del lugar en que la supuesta obligación ha de tener cumplimiento.

***

Accidente del trabajo.—Apreciación de prueba.—Sentencia de 14 de Abril. (Gacetas de 10 y 11 de Septiembre de 1910).—Resuelve que apreciándose por la Sala sentenciadora en uso de sus facultades el conjunto de las pruebas practicadas en un juicio sobre accidente del trabajo, en el sentido de que el actor no demostró que el demandado tuviera el carácter de patrono respecto del obrero, y, en su consecuencia, que éste trabajara por cuenta de aquél en la obra donde ocurrió el siniestro, si estas apreciaciones se impugnan únicamente en relación á uno de los elementos de juicio que el Tribunal á quo tuvo para formularlas, quedando, en su virtud, subsistente los demás, no es de estimar la infracción del art. 1.214 del Código civil, ni la doctrina legal consignada en sentencias de 16 de Diciembre de 1859, 2 de Julio de 1888, 18 de Abril de 1877 y 18 de Noviembre de 1887, que sientan el principio general de que la prueba de las obligaciones incumbe á quien reclama su cumplimiento.