El Foro español (Madrid. 1898) (1911-07-10 00:00:00), página 11

taria, porque, refiriéndose exclusivamente al procedimiento que debe seguirse en el orden de los embargos, aparte de que su inobservancia no constituiría materia propia de la casación es en absoluto inaplicable al punto capital que es objeto de discusión.

Y que cuando no se han probado, ni intentado probar, la existencia de los perjuicios que se reclaman y no siendo consecuencia forzosa de haberlos causado el mero incumplimiento de la obligación, es evidente que al concederles la Sala sentenciadora, sin estar demostrada la realidad de los mismos, infringe la doctrina legal consignada en las sentencias de 10 de Enero de 1898 y 20 de Marzo del mismo año.

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Quebra.—Personalidad jurídica del quebrado.—Derechos de los socios en la Sociedad colectiva.—Sentencia de 17 de Marzo. (Gaceta de 22 de Julio de 1910).—Declara que siendo uno de los efectos de la declaración de quiebra la extinción de la personalidad jurídica del quebrado para la administración de todos sus bienes, fuerza es convenir que mientras éste, á falta de autorización de los acreedores no obtenga su rehabilitación, le está terminantemente prohibido intervenir, dentro del juicio universal y sus incidencias, en otros actos que los que, por precepto expreso de la Ley, exijan su concurrencia, razón por la cual al declararse que el miembro de una Sociedad colectiva declarada en quiebra que se persona en los autos como tal y como acreedor por la dote inestimada de su mujer, que aportó á la Sociedad, carece de aptitud legal para ostentar la doble calidad de deudor y acreedor, cuya única representación legítima asumen los Síndicos con relación á la masa general, no se infringe, ni mucho menos, el principio general sancionado por la jurisprudencia, de que nadie puede ser juzgado sin ser antes oído y vencido, tanto más cuanto que la mujer del aludido socio, apreciando la situación excepcional de su marido, puede ejercitar, pues medios le concede la Ley á ese efecto, las acelaciones que estime conducentes.

Y que las atribuciones de los socios á que se refieren los artículos 132, 133 y 134 del Código de Comercio, relativos á examinar y conocer el estado de la administración y contabilidad, pueden, en previsión de ulteriores perjuicios, ejercitárlas y hacerlas efectivas durante la subsistencia de la Sociedad, pero no cuando por una declaración de quiebra se halla totalmente extinguida.

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Competencia.—Pobreza.—Sentencia de 18 de Marzo. (Gaceta de 22 de Junio de 1910).—Declara que como el incidente sobre declaración de pobreza, cuando precede á la demanda principal, ha de entabllarse ante el Juez ó Tribunal que sea competente para conocer de esta última, según el artículo 21 de la ley de Enjuiciamiento Civil, al solicitar dicho beneficio deben acompañarse los documentos y hacerse las manifestaciones necesarias, á fin de que, promovido en su caso el conflicto jurisdiccional, pueda desde luego resolverse por los datos en este momento procesal existentes y únicos sobre los que versa el debate, sin que sean admisibles, á estos efectos, los posteriores, aducidos extemporáneamente, al contestar al requerimiento inhibitorio, ni puedan, por tanto, tenerse en cuenta, conforme á la jurisprudencia del Tribunal Supremo.

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Nulidad de títulos extraviados.—Sentencia de 18 de Marzo. (Gaceta de 22 de Julio de 1910).—Resuelve que siendo un hecho en la sentencia recurrida no combatido en el recurso que desde la publicación de la denuncia del extravío de unas carpetas provisionales verificada á tenor de lo previsto en el art. 550 del Código de Comercio, desde cuya publicación han transcurrido más de cinco años, y, además, que dicha publicación quedó subsistente por haber consentido el Abogado del Estado la sentencia que así lo declaró, y que si éste formuló oposición en el expediente, fué sólo por razón del procedimiento y no por motivo de derecho que á la Hacienda correspondiera en las carpetas extraviadas ó por la ineficacia de las mismas, no puede menos de deducirse que la Sala sentenciadora no infringe el art. 562, párrafos 1.º y 2.º del Código Mercantil, por no estimar que el expresado término debe contarse desde el día en que se declaró la referida nulidad de actuaciones y quedar en suspensión desde que se formuló la oposición, porque dicho artículo claramente se refiere á la fecha de la publicación de la denuncia exigida por el 550, y la oposición deducida no cabe produzca el efecto de suspender el indicado término.

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Testamento.—Nulidad de testamento.—Derecho de acrecer.—Sentencia de 21 de Marzo. (Gacetas de 22 y 23 de Julio de 1910).—Versa el pleito objeto del recurso sobre nulidad de un testamento ológrafo, en una de cuyas cláusulas la testadora instituye herederos a dos sobrinos suyos, hijo uno de una hermana y de una sobrina el otro, expresando que los instituye por mitad á cada uno de ellos, con objeto de que ambos cumplan las obligaciones que de palabra les comunicara, pero sin que nadie pudiera exigirles cosa alguna, ni cuentas relativas á la inversión de la herencia, que habían de distribuir conforme á las reglas que «para hacer más fácil el reparto» fija la testadora, prohibiendo la intervención judicial.

Uno de los instituidos herederos falleció antes que la testadora, y habiéndose incautado de la herencia el otro sobrino, una vez ocurrida la defunción de la causante y de protocolizado el testamento ológrafo de la misma, por conceptuarse como único heredero de la misma; surgió el pleito promovido por otra sobrina de la testadora por medio de dos demandas, que después se acumularon, con la pretensión en una de ellas de que la mitad de la herencia de la testadora asignada al sobrino que la premurió, ó cuando menos la posesión de bienes asignados al mismo, pasaban á corresponder á los herederos legítimos abintestato de aquélla, cuya declaración se hiciese, y en la otra, que, previa declaración de nulidad de la cláusula de institución de heredero de que se ha hecho mérito y de herederos abintestato de la demandante y sus hermanos, se condenase al sobrino superviviente, instituido heredero en la referida cláusula, á entregar á los que obtuviesen aquella declaración todos los bienes de la herencia de que se había incautado amparándose en el derecho de acrecer que ercia asistirle, según expuso al oponerse á las demandas.

Seguido el pleito por sus trámites, recaió sentencia en segunda instancia, declarando válido el testamento origin de pleito, y por consecuencia la cláusula de institución de herederos hecha por la testadora á favor de sus sobrinos, sin que exista el derecho de acrecer á favor del demandado, y ordenando que la mitad de los bienes de la herencia, ó sea la parte dejada al sobrino fallecido antes que la testadora, pase á los herederos legítimos de ésta, cuya sucesión se tendrá por abierta, á fin de que los que se crean con derecho