El Foro español (Madrid. 1898) (1911-10-30 00:00:00), página 12

excepción alguna, nunca estaría justificada respecto á la renuncia, cuando el ascendiente obligado á reservar lo haga de su cualidad de heredero del descendiente, porque es perfectamente válida conforme á los artículos 4.º, párrafo 2.º y 988 del Código Civil, que declaran el primero renunciados todos los derechos concedidos por las leyes, á no ser esta renuncia contra el interés y el orden público ó en perjuicio de tercero, salvedad esta última que no alcanza á los reservatorios, los cuales no pueden llegar á serlo sino mediante la circunstancia esencial de que el ascendiente herede al descendiente y más cuando no se puede obligar al ascendiente á la aceptación de la herencia del último, toda vez que á tenor del segundo precepto citado, la aceptación y repudiación de la herencia son actos enteramente voluntarios y libres, y no puede aplicarse á este caso la doctrina de que los derechos son renunciables, pero no las obligaciones, porque la debatida no es absoluta é independiente como cualquiera que proceda de un contrato ó de otra fuente análoga de la obligación pura, sino legal é impuesta tan sólo como gravamen inherente á la utilidad que reporte el ejercicio del derecho de aceptación de la herencia de que es correlativa.

Y que tampoco las reglas de interpretación permiten entender establecida semejante presunción en favor de un privilegio, en cuanto ataca la facultad de libre disposición, como lo es la reserva, y nada menos que modificando para ello las bases cardinales del derecho sucesorio, y con especialidad la del artículo 988 ya citado.

***

Desahucio en precario.—Requerimiento previo al poseedor en precario. Sentencia de 22 de Noviembre. (Gacetas de 23 y 26 de Junio de 1911).—Declara que según el art. 1.504 de la ley de Enjuiciamiento civil son parte legítima para promover el juicio de desahucio los que tengan la posesión real de la finca á título de dueño, circunstancia que concurre en el que por consecuencia de subasta celebrada en unos autos ejecutivos seguidos á su instancia, obtiene, como mejor postor, la adjudicación de una casa embargada á las resertas de dichos autos, y otorgada á su favor la correspondiente escritura de venta, la inscribe en el Registro de la Propiedad, apareciendo, por tanto, como poseedor efectivo de la finca en virtud de lo dispuesto en el art. 1.492 del Código Civil, visto lo cual es manifiesto que la sentencia que declara haber lugar al desahucio entablado por aquél contra el antiguo dueño de la finca á quien le fué embargada, quien desde que se otorgó la escritura de adjudicación dejó de poseer aquélla, para sí, no infringe los artículos 1.504 de la ley de Enjuiciamiento en relación con los 430 y 445 del Código.

Que no constando que la adjudicación le subordinara al cumplimiento de condición alguna, tampoco es de estimar la supuesta infracción de los artículos 1.091, 1.113 y 1.114 del Código Civil, ya que la nulidad de la adjudicación misma, que en su caso tendría que venturarse en el correspondiente juicio declarativo, puede entorpecer ó dilatar el recurso del procedimiento sumario en que recae la sentencia de desahucio impugnada.

Que en el propio caso es ineficaz alegar la infracción del art. 1.505 de la ley Procesal en relación con el 488 del Código Civil y la jurisprudencia establecida en la sentencia de 4 de Enero de 1900, porque el primero de los citados artículos no establece una forma especial para el requerimiento previo que ha de hacerse al que posee la cosa en precario, y, por lo tanto, sea cualquie-ra la forma empleada, y ninguna puede exceder en solemnidad á la que implica el acto conciliatorio, el requisito legal debe tenerse por cumplido, siempre que transcurra un mes desde el mismo hasta la interposición de la demanda.

Y que aun en el supuesto de que el actor en el juicio de desahucio manifestara en el acto del otorgamiento de la escritura que la casa estaba libre de cargas y después, al absorber posiciones, que tenía el gravamen de una deuda suya, tal disparidad no puede ejercer influencia alguna en el resultado del juicio, ni por consiguiente, cabe invocarla como transgresión al principio de Derecho de que á nadie es lícito ir contra sus propios actos.

***

Dominio.—Montes públicos.—Prescripción.—Congruencia.—Sentencia de 22 de Noviembre. (Gacetas de 26 y 27 de Junio de 1911).—Resuelve que declarándose en una sentencia, sin que semejante declaración sea combatida, que tanto el actor como sus causahabientes vienen en la quiet y pacífica posesión, no interrumpida, de cierto monte, al propio tiempo que determinados pueblos ejercen idéntico derecho sobre los aprovechamientos que les están reconocidos en el mismo monte, es consecuencia indudable que el propietario de dicho predio ó sea el referido actor no pierde, ni aquellos pueblos pueden adquirir por prescripción el dominio que el primero no ha dejado de disfrutar con la limitación ó gravamen á que se contraen los actos poseedores de los copartícipes en los aprovechamientos, sin que puedan obstar á esta conclusión las disposiciones administrativas contenidas en el Real decreto de 22 de Enero de 1862 mandando formar el catálogo de montes públicos, para suponer que la acción real de dominio queda invalidada por el hecho de incluir en el catálogo en cuestión el monte de que se trata, pues si ello proyuga propiedad ni acordita la posesión cuando está contradicha por otras pruebas en conjunto.

Que lo expuesto no obsta á que el monte continúe figurando en el catálogo de montes públicos no obstante su carácter de propiedad particular, porque dicha continuación es indispensable toda vez que pendiendo sobre el precio varios gravámenes establecidos en favor de determinados pueblos, ha de reconocerse que dichos gravámenes son públicos para aquellos efectos.

Y que si bien es principio establecido en la ley 16, título 22, partida 3.ª, y en los arts. 359 y 361 de la ley de Enjuiciamiento civil, que la sentencia debe ser conforme con la demanda, no es lícito suponer se infringe esta doctrina cuando la Sala sentenciadora en obligada concordancia con la petición expresa del actor, decide extremos inherentes á las cuestiones propuestas y discutidas en el pleito; y esto establecido es indudable que en un caso como el de que se trata y solicitándose por el demandante el reconocimiento de su propiedad con la limitación ó salvedad de los aprovechamientos que correspondan á pueblos demandados, habiendo sido este extremo objeto de la discusión y de la prueba, no cabe tachar de incongruente la sentencia que estima la demanda y reconoce la existencia del gravamen, y como natural corolario establece cuáles son los aprovechamientos que lo integran, según aparecen determinados por los legítimos títulos que los definen y amparan, traidos al pleito para dilucidar los respectivos derechos de los litigantes.