El Foro español (Madrid. 1898) (1911-01-30 00:00:00), página 11

ve que, según repetidísima jurisprudencia del Tribunal Supremo, las cosas vendidas se reputan entregadas al comprador cuando de su cuenta y riesgo se expiden al punto que haya determinado, y que en el lugar de la entrega, salvo pacto en contrario, debe pagarse el precio, de conformidad á lo dispuesto en el último párrafo del artículo 1.500 del Código Civil.

Y que pedida por el comprador la mercancía por medio de telegramas, ratificados en una carta, y remitida en un vapor, constando en el conocimiento que el porte y averías que pudieran sobrevenir se habían de cobrar á dicho comprador, y en las facturas que la remesa se hacía por cuenta, cargo y riesgo del mismo, tales documentos no pueden menos de calificarse por ahora como un principio de prueba de que la entrega se ha verificado en el domicilio del vendedor; y, por tanto, que en el mismo debe cumplirse la obligación, en virtud de lo cual procede resolver la competencia á favor del Juez del indicado domicilio, con sujeción á lo prescrito en la regla 1.ª del artículo 62 de la Ley procesal.

** Apreciación de prueba.—Recurso de casación por infracción de ley.—Auto de 6 de Julio. (Gaceta de 8 de Marzo de 1910).—Consigna que impugnándose en el recurso la apreciación de la prueba de testigos, que se hace en la sentencia recurrida, citando como infringido el artículo 659 de la ley de Enjuiciamiento Civil, es indudable que no procede la admisión, conforme á lo dispuesto en el número 9.º del artículo 1.729 de dicha ley, ya que, como repetidamente tiene declarado el Tribunal Supremo, el expresado artículo 659 no es susceptible de casación, y á la Sala sentenciadora incumbe exclusivamente la referida estimación, por no estar consignadas en ningún precepto legal las reglas de sana crítica á que el ya citado artículo se refiere.

Y que es ineficaz alegar la infracción de un artículo cuando no se expresa el concepto de la misma, ni siquiera le acompaña razonamiento alguno para apoyarla.

** Accidente del trabajo.—Sentencia de 6 de Julio. (Gaceta de 8 de Marzo de 1910).—Resuelve que tratándose de un carretero, que al intentar sacar de un abolladero el carro que guía, metió un pie entre las ruedas de otro carro que marchaba en la misma dirección, causándose la lesión que le ha producido la incapacidad para su trabajo habitual, y estimando la Sala sentenciadora que el accidente que la produjo no está comprendido en la ley de 30 de Enero de 1900, por ser debido á fuerza mayor extraña á la ocupación á que estaba dedicado, es manifiesto que al absolver al patrono de la demanda de responsabilidad contra él interpuso no ha infringido el artículo 1.º de dicha ley, porque los accidentes que sobrevienen por la mera coincidencia de hallarse el que le sufre dedicado á su oficio, por un agente extraño, sin ninguna relación entre sí, no se hallan comprendidos en la disposición citada, según doctrina establecida por el Tribunal Supremo en casos análogos.

** Tercerías.—Preferencia entre acreedores de un deudor común.—Sentencia de 7 de Julio. (Gacetas de 8 y 9 de Marzo de 1910).—Resuelve que, constituyendo las tercerías procedimientos legales utilizados por quien, extraño á los litigantes, se considera ya dueño de los bienes embargados en un juicio ejecutivo ó en la vía de apremio de otro, ya con mejor derecho que el acreedor ejecutante al valor de ellos, para ser ejercitadas con éxito en estos dos casos, se requiere que el actor justifique su demanda por los medios de prueba establecidos en la Ley.

Que cuando en cumplimiento de esta doctrina un litigante funda una tercería de dominio, alternativamente con otra de mejor derecho en un mismo y único título que es acertadamente calificado insuficiente al objeto por la Sala sentenciadora, son inadmisibles en casación los motivos que parten del supuesto contrario, si con referencia á la primera de dichas tercerías y según la ley del contrato, que es la decisiva entre los otorgantes, resulta que no puede invocar un dominio ni sostener con referencia á ésta la tercería, quien, si tenía tal dominio, expresamente lo renunció.

Que en cuanto á la tercería de mejor derecho es doctrina corriente que para determinar la preferencia entre acreedores de un común deudor, ha de atenderse á la naturaleza de los bienes que se reclamen, al de la acción ejercitada para pedir, al del título utilizado para obtenerlos, y á la mayor solemnidad y antigüedad en su caso, entre ellos, estando demostrado con el examen del título invocado, que no se falta á ese orden de prelación, negando la preferencia al tercero que utiliza para reclamarla la acción personal deducida de un documento privado otorgado dos años después de la escritura pública que sirve de título al acreedor ejecutante.

Y por tanto, que el Tribunal a quo lejos de infringir el artículo 1.924 del Código Civil que establece la prelación respecto á bienes no determinados en los dos anteriores, lo aplica rectamente cuando los dos créditos que se disputan la preferencia no la tienen especial, y en su consecuencia se hallan comprendidos en la regla general que sienta el último párrafo de dicho artículo, ó sea la antigüedad de las fechas de las respectivas escrituras á la q.e se atiene para resolver el mencionado Tribunal.

** Prueba.—Quebrantamiento de forma.—Sentencia de 7 de Julio. (Gacetas de 9 y 10 de Marzo de 1910).—Resuelve que admitidas en un pleito todas las pruebas propuestas por las partes y entre ellas la confesión judicial del demandado, no puede, sin evidente error, afirmarse que el Tribunal sentenciador ha cometido el quebrantamiento señalado en los casos 4.º y 5.º del art. 1.693 de la ley Procesal, cuando abierto el pliego reservado de posiciones por la enfermedad del demandado en su domicilio, en conformidad á lo establecido en el art. 591, en relación con los 582 y 583 de la citada ley, aparecen cumplidas en esta diligencia todas las formalidades previstas para las de su clase, sin que pueda estimarse infringido el procedimiento por la circunstancia posterior de haberse unido el pliego así abierto á las actuaciones, no existiendo tampoco fundamento para alegar la falta de citación del actor, dada la claridad, en este punto de los preceptos contenidos en el párrafo 2.º del artículo 591 citado, esto aparte de que, practicada en segunda instancia, el Tribunal sentenciador ha estimado el resultado de la misma, siendo, por lo tanto, improcedentes los motivos alegados.

** Errores de hecho y de Derecho.—Sentencia de 7 de Julio. (Gaceta de 10 de Marzo de 1910).—Consigna que son inútiles en casación los supuestos errores que no se demuestran con la evidencia que