El Foro español (Madrid. 1898) (1911-02-20 00:00:00), página 4

tículos 1.º al 9.º de establecer un rápido procedimiento para el cobro de créditos hipotecarios, sobre el modelo de la ley de Ultramar, aunque complicándolo en tal forma, que entendemos que no pondrá remedio á los verdaderos crímenes de la usura y que todos acabarán por preferir el sistema antiguo que resulta quizás más sencillo, ó seguirá utilizándose el retiro con daño de los propietarios necesitados. En 88 líneas, desarrollaba la Ley de Ultramar todo el procedimiento, consistente en un escrito al Juez del distrito en que radique la finca, una notificación al dueño si reside en la finca, ó al que esté al frente de ella, una sola subasta; y, en el caso de no haber postor, la adjudicación al ejecutante. La Ley de 21 de Abril desarrolla su sistema en 406 líneas. Fímpica exigiendo que el deudor fije su domicilio y lo inscriba en el Registro, como todo adquirente posterior. El Juez puede ser el que quiera el acreedor. Escrito largo y prolijo, con exposición de hechos y fundamentos, acompañado de comprobantes de la personalidad, títulos que acrediten el crédito. Certificación del Registrador sobre su vigencia, acta notarial de requerimiento de pago al deudor y terceros adquirentes, si los hubiere. El Juez pedirá al Registrador certificación literal de la última inscripción de dominio y certificación de cargas. Notificará el procedimiento á cuantos aparezcan en el Registro con algún derecho á la finca, los cuales podrán personarse. A los diez días podrá pedir el acreedor la administración de la finca. A los treinta, se celebrará la subasta con infinito de costosos anuncios en los periódicos oficiales. Luego, segunda y tercera subasta, con la consignación de cantidades. Nuevas actuaciones después de cada subasta. Puede haber más subastas indefinidamente. Suprime la escritura de adjudicación. El procedimiento puede suspenderse por la interposición de procedimiento criminal por una tercera de dominio, por o rúbrica de cancelación de la hipoteca, por diferencias en cuentas corrientes, con sus apelaciones respectivas. Un usufructuario puede tomar parte en la contienda. El procedimiento es, pues, complicado, lento, ruinoso. Continuará seguramente impermanente.

Con igual sentido de desconfianza, de adopción de los procedimientos antiguos, largos y costosos, toda la Ley de 21 de Abril quizás perjudique en vez de favorecer el crédito territorial. Su texto, ya incorporado, del mejor y más fiel modo, á la Ley Hipotecaria, exigirá bien pronto una nueva reforma. En la práctica se han notado: confusión, dudas graves y continuas, algunas insolubles, y es verdaderamente sensible, como decíamos al principio, que una Ley tan orgánica para los grandes intereses sea motivo de tantos retoques, que ponen constantemente en tela de juicio todos los derechos.

Quizás lo más conveniente sería que al revisar y reformar el Código Civil, se lleve á él la Ley Hipotecaria, dándole con ello más estabilidad, fundiéndolos de una vez para que no puedan existir las antinomias de hoy, ni las que se provoquen con nuevas reformas de la Ley especial.

Y no es lícito que continuemos tratando esta materia, con ser bien importante, ni dar mayor desarrollo á las indicaciones que anteceden; porque rebasaríamos el límite máximo que á cada asunto puede concederse, en una Exposición, remitiéndonos á los diferentes trabajos nuestros publicados por la Dirección de los Registros, y que damos aquí por reproducidos.

El Código de Comercio que rige desde 1886, se resiente de esta petrificación de veinticuatro años, cuando las transformaciones mercantiles exigen una perpetua renovación legislativa. En esta materia la reforma es bien sencilla; adaptar á nuestro país el más reciente Código Mercantil europeo, porque se trata de una materia francamente internacional que muy pronto tendrá un solo Código para todo el mundo civilizado. Es quizás la materia en que se va unificando más el derecho universal. También resulta problema, bajo ciertos respetos de orden público, que sea forzoso el Registro mercantil, para que los interesados, en todo momento, puedan comprobar la situación de cada entidad comercial.

El problema foral de Galicia, y en parte de algunas provincias limítrofes, no puede perpetuarse sin el daño evidente que produce la miseria general y la lenta despoblación de la comarca por la emigración. El Gobierno ha prometido abordar el problema de frente al abrirse las Cortes. La corriente acentuada para llegar á una eficaz solución es la de que el Estado, emitiendo un empréstito, expropie á los señores del dominio directo en favor de los que poseen el dominio útil, pagando éstos en impuestos especiales ó periódicamente la propiedad que se les cede. Todo lo que se forje una nueva combinación entre derechos secularmente inconciliables, es ir á otro equilibrio inestable y empeorar la situación. Hay que refundir los dominios, y refundirlos en las manos de los que realmente trabajan la tierra, y que convirtieron el yermo estéril de antes, en el suelo fértil de ahora, que suele dar varias cosechas anuales.

El derecho internacional privado tiene en nuestro país pocos cultivadores que hagan llegar á la opinión, á las Cortes y al Gobierno, todo el movimiento de uniformidad que se está verificando dentro de otros países en esta rama de la legislación, con lo que, facilitándose uniones familiares, contratación entre nacionales y extranjeros, y relaciones industriales de todo género, contribuiría al desarrollo de la cultura y la riqueza, al propio tiempo que evitaría las injusticias notorias que el divorcio actual hace irreparable. Preciso es que envíemos miembros á todos los Congresos jurídicos, los promovamos nosotros y lleguemos por todos los medios al ideal de que en esta esfera del derecho privado un español en el extranjero goce de los mismos derechos que sus nacionales, y que un extranjero en nuestro país sea nuestro conciudadano jurídico.

Si no es factible hacer todo esto á un tiempo, marcada la dirección, y marchando á ella por etapas sucesivas incesantes, evidenciaremos nuestro firme propósito de incorporarnos al más perfecto derecho mundial, ordenadamente mejor nuestra vida jurídica, y en período relativamente breve se verán cumplidas nuestras aspiraciones. Del máximo programa tomaremos aquello que de momento es realizable, no considerando nunca las estaciones intermedias como punto de llegada.

JAVIER GÓMEZ DE LA SERNA.

(Continuará.)

Para los huérfanos de los Abogados y Procuradores

Se ha propuesto la creación de un Instituto para los Abogados y Procuradores, que tenga por objeto proveer á la subsistencia, educación e instrucción de los mismos cuando no cuenten con medios de vida. Los fondos para su sostenimiento habrían de reunirse con las cantidades obligatoriamente fijadas á los Colegios de Abogados y Procuradores del Reino, las que voluntariamente entregaran los individuos de los mismos, y rentas de las varias instituciones de beneficencia que tengan un objeto afín, así como igualmente por las donaciones y legados y demás ingresos extraordinarios que el Instituto pueda recibir.

El Gobierno estará autorizado para determinar la cantidad con que habrá de contribuir cada Colegio, y el procedimiento para su exacción, no pudiendo exceder aquella cantidad del límite de 20 pesetas de contribución anual por cada Abogado y Procurador, considerado máximo por una Ley de 1874.

También podrá el Gobierno conceder, en beneficio del