El Foro español (Madrid. 1898) (1910-06-30 00:00:00), página 2

queñas poblaciones, lo mismo en unos organismos que en otros puede realizarse recta y honradamente ó infringiendo el derecho y el procedimiento.

Por tal razón estos organismos deben recibir igual nombre, y este nombre no debe ser otro que el de Tribunales de justicia.

Mas como tanto en lo civil cuanto en lo criminal y hasta en lo contencioso-administrativo los asuntos que se ventilan son de variable interés, viene admitiéndose en las legislaciones de todos los pueblos, que á su mayor ó menor importancia corresponda la mayor ó menor autoridad del Tribunal encargado de resolverlos.

De aquí la conveniencia de diferenciar los Tribunales de justicia por sus distintas atribuciones determinando sus jerarquías, absolutamente necesarias en toda buena organización.

Ahora bien; si nuestra ley penal denominara los actos punibles con respecto al castigo, faltas, delitos menos graves y delitos graves, estableciendo tres grados; y nuestra ley civil adjetiva los juicios singulares con respecto á la cuantía litigiosa, juicios verbales de menor y de mayor cuantía, estableciendo otros tres grados, ¿por qué partiendo de esta base nuestros Tribunales de justicia en única instancia no comprenden tres órdenes ó grados con denominación diferente que viniera á significar en diferente competencia?

¿Por qué respetando el nombre de Supremo que lleva nuestro más alto Tribunal, no buscamos uno para los de tercer grado—pues no le tenemos—y aceptando para los de segundo y primero aquellos títulos tradicionales é históricos, porque no llamamos:

Comisarías ó Tribunales inferiores á los de tercer orden; hoy Tribunales municipales;

Juzgados ó Tribunales mayores á los de segundo; hoy Juzgados de instrucción y de primera instancia, y

Audencias ó Tribunales superiores á los de primero; hoy Audiencias provinciales?

Aceptando estas denominaciones vamos á tratar en párrafos separados de la organización que debiera darse á los Tribunales de lo criminal de lo civil y de lo contencioso-administrativo.

§ 1.º

TRIBUNALES DE LO CRIMINAL

Constituyen hoy nuestros Tribunales de justicia para lo criminal en única instancia:

1.º Un Juez municipal con dos adjuntos para conocer de las faltas en los términos municipales. Tribunal municipal, y

2.º En las capitales de provincia.
Tres magistrados constituyendo Sala para conocer de ciertos delitos (1); y
Tres magistrados con doce jurados para conocer de otros (2). Audiencias provinciales.

Es decir, que admitimos y establecemos el Jurado para el conocimiento de las faltas y para el conocimiento de los delitos que determina el art. 4.º de la ley de 20 de Abril de 1888, delitos comprendidos en el Código penal y no le admitimos ó no le establecemos para el conocimiento de otros delitos comprendidos también en el mismo Código.

Establecemos el Jurado—dos adjuntos—para que conozcan de hechos castigados con la pena de arresto menor ó multa, y elegimos doce jurados para que conozcan de hechos castigados con la pena de arresto mayor en su grado mínimo y á veces con multa, como en los delitos de robo que comprende el art. 526 del Código, y no establecemos el Jurado para conocer de otros hechos como, por ejemplo, los delitos de hurto castigados en el 531 núm. I., con seis años de presidio correccional y en ocasiones con presidio mayor.

¿Y qué motivos legitiman esta diferencia? ¿No está la sociedad igualmente interesada en el castigo de todos los hechos punibles? ¿Donde existe la misma razón ¿no debe existir la misma disposición de derecho? ¿Es lógico mantener años y años esa diversidad de criterio tan injustificada?

Se dirá como tantas y tantas veces se ha repetido, que la Hacienda pública no puede sufragar las dietas que supondrían la asistencia de los jurados á todos esos juicios y que España es demasiado pobre para sostener Tribunales tan caros.

Pues bien, si el Gobierno reconoció que la institución del Jurado constituía un progreso jurídico, si reconoció que nuestro antiguo sistema de Tribunales era incompatible con la dignidad de los pueblos que han adquirido conciencia de su derecho, antes de instituir el Jurado, cometiendo la injusticia notoria, injusticia que se viene cometiendo hace veintiún años, de ser juzgados por Tribunales distintos culpables á quienes se castiga con las mismas penas, debió buscar el medio de repararla, solucionando previamente el problema económico.

Buscar ese medio, dadas nuestras costumbres y la conducta que se sigue en el régimen político y administrativo de España, era sumamente sencillo.

¿No intervienen nuestros representantes en Cortes de un modo directo en las funciones legislativas sin percibir dietas?

En el gobierno y administración de los asuntos provinciales ¿no intervienen los Diputados y, aparte de los que forman las Comisiones permanentes, tampoco reciben dietas?

Los Alcaldes y Concejales que asisten una vez por semana á las sesiones del Ayuntamiento y á las extraordinarias que celebre cumpliendo el mandato legal, ¿se les abona retribución alguna?

Entonces ¿por qué motivo, ni por qué razón se deben acreditar dietas á los ciudadanos que forman parte de los Tribunales? ¿Por qué no han de desempeñar gratuitamente el cargo de jurados en beneficio de los intereses de la justicia que, en la esfera de la moral, son intereses mucho más sagrados y de más alta estima?

Y no se excepciona que el Concejal ejerza su cargo sin salir del pueblo que habita, y que el Diputado cuando abandona su domicilio, es porque goza de posición desahogada, ó le conviene á sus miras particulares, pues haciendo que los Jurados desempeñaran sus funciones allí donde tengan su vecindad, contestada la excepción, habremos resuelto el problema económico, y habremos salvado la cuestión de principios.

(1) Los comprendidos en los artículos 144 al 164; 263 al 277; 320 al 394; 411 al 416; 421, 423, 451 núms. 2, 3 y 4, 433 al 477; 448, 455 al 458; 467 al 476; 483 al 495; 501, 504, 507 al 515; 530 al 539; 572 al 583; 587 del Código penal.

(2) Los comprendidos en los artículos 136 al 143; 165 al 180; 181 al 188; 189 al 203; 204 al 235; 236 al 242; 243 al 245; 250 al 256; 280 al 293; 294 al 302; 303 al 313; 314, 317, 318 al 319; 394; 395; 396 al 404; 405 al 410; 417; 418; 410, 420, 424, 425 al 428; 429 al 431, núm. 1º; 439 al 447; 453, 454, 459, 460 al 462; 495 al 497; 498 al 500; 515 al 529; 561 al 571, y 582 del Código penal.