El Foro español (Madrid. 1898) (1911-03-20 00:00:00), página 11

Y que no habiendo convención especial respecto al punto en que el precio ha de hacerse efectivo, es preciso atenerse al de la entrega en aplicación de lo dispuesto en el párrafo 2.º del citado artículo 1.500; y, habiéndose realizado la venta sobre vagón en la estación de determinada ciudad, y deduciendo á mayor abundamiento, el propio demandante, al formular la reclamación, del precio reclamado, el porte del ferrocarril desde su domicilio al del comprador, según constante jurisprudencia del Tribunal Supremo, no puede menos de estimarse, por ahora, que dicha entrega se verificó en la ciudad expresada, y, en su consecuencia, que el Juez de la misma es el competente para conocer del pleito, á tenor de la regla 1.ª del artículo 62 de la ley de Enjuiciamiento Civil.

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Foro.—Redención del contrato de foro.—Sentencia de 27 de Octubre. (Gaceta de 5 de Mayo de 1910).—Declara que, aun partiendo del supuesto de que el contrato de foro no fuese redimible en principio, no puede menos de reconocerse que, siendo de carácter consensual, está sujeto, como todos los de su clase, cualesquiera que sean los Derechos reales que engendre, á las sucesivas modificaciones que las partes interesadas puedan pactar y convenir acerca de la materia, que ha sido objeto del mismo, y cuando en una escritura pública entre el señor del dominio directo de varios bienes que constituyen un foro, y á la sazón cabezalero pacta, y convienen la acción de dicho foral bajo la condición de que en cualquier tiempo que el cabezalero y los llevadores devuelvan la cantidad que ese tercero entrega como precio de la misma, queda obligado el primero á redimir, dejando libres las fincas, por ser ésta la única finalidad á que responde y en que se inspira la referida cesión, es evidente que ni puede admitir duda alguna la novación bien claramente manifestada en este documento, respecto de la carta foral, ni mucho menos que ésta se pactó, sin cláusula alguna de reversibilidad, sobre la base obligada de la redención en cualquier tiempo que fuere pedida.

Que en tal concepto es improcedente alegar contra la sentencia que así lo estima las infracciones de los artículos 1.508, en relación con la disposición transitoria cuarta, y 1.964 del Código Civil, de la ley 5.ª, título 8.º, libro 2.º de la N. R., fundadas en el error de calificación del contrato de que se trata, que ninguna relación tiene con la materia de retractos, y en el que implica la pretensión de aplicar la doctrina de la prescripción á una condición del mismo contrato, cuya vida y existencia se halla íntima y esencialmente ligada con la de éste.

Y que si rectamente entendido el contrato escriturario referido, de su texto y espíritu se desprende con toda claridad, que uno ó todos los llevadores, están á tenor de una de las condiciones, capacitados para redimir en totalidad el foral, pudiendo, cualquiera de los tratantes de fincas, hacer la redención total, entregando el precio de la cesión y percibiendo de los demás la pensión, interin no fuera reembolsado, sin que por ello pueda entenderse, en adelante, subsistente el foro; dicho se esta, que si este derecho se estableció en favor de todos los pagadores, no puede desconocerse ni negarse al cabezalero, por su carácter de ferero y porque el cargo que ejerce presupone el de ser el mayor porcionista de la fracción foral, máxime si de la prueba practicada aparece la conformidad de casi todos los llevadores con la redención, la única limitación, expresamente consignada en la escritura de cesión, consiste en la prohibición impuesta al tercero, que entregó la cantidad de redimir particular y parcialmente á cada uno de los colonos.

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Prueba en segunda instancia.—Sentencia de 27 de Octubre. (Gacetas de 5 y 6 de Mayo de 1910).—Resuelve que por el número 2.º del artículo 862 de la ley de Enjuiciamiento Civil, no procede recibir á prueba el juicio en la segunda instancia, cuando se pide para practicar la admitida en la primera y no practicada por causa imputable al solicitante; y que en todo caso, para admitir el recurso de casación de aquella naturaleza, es indispensable, según el artículo 1.696 de la referida ley, que la subsanación de la falta que le sirva de base se haya pedido en la misma instancia en que se cometió.

Y que con arreglo á esos preceptos hay que desestimar el recurso interpuesto contra una resolución, que aplica rectamente el citado número 2.º del artículo 862, negando en la segunda instancia el recibimiento á prueba para ampliar extremos de la practicada en la primera, cuando si se apuró todo el término señalado, fué debido á causa imputable al actor que la propuso y produjo con su negligencia una dilación que hubiera podido evitarse, con tiempo suficiente.

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Censo.—Pago de pensiones de un censo. Cargos públicos.—Sentencia de 27 de Octubre. (Gaceta de 6 de Mayo de 1910).—Resuelve que tratándose de las pensiones de un censo constituido por escritura pública, otorgada en 1544, por la que se entregaron al Ayuntamiento y Concejo de cierta villa determinado número de fincas con la obligación, entre otras, de abonar anualmente un canon en especie, siendo condición estipulada en el contrato, por lo que se refiere á asegurar el pago, la de que responderían con su persona y bienes, los que en cualquier tiempo fueran Concejo de dicha villa, es evidente que de dicha escritura no puede derivarse responsabilidad alguna de carácter personal para con los Concejales del Ayuntamiento en cuestión á quien ahora se demanda para el pago de las pensiones del censo constituido en la forma expuesta, aun cuando así se establezca en ella por ser notoria la absoluta ineficacia de la cláusula en que se consigna, toda vez que quienes lo pactaron, ninguna representación ni derecho tenían para comprometer á personas completamente extrañas, ni éstas pueden estimarse ligadas por semejante pacto, porque los cargos públicos, con mayor razón si son obligatorios, no significan sucesión en derechos y obligaciones de carácter meramente personal, ni quienes los desempeñan pueden considerarse por tal razón herederos y causahabientes de los que antes los habían desempeñado, no siendo, como no es dable confundir una entidad jurídica, en el presente caso un Ayuntamiento, con las personas naturales, para la efectividad de derechos y obligaciones por aquéllos contraídos.

Y que esto sentado, sólo en tanto en cuanto los concejales demandados hubieran asumido voluntaria y expresamente la responsabilidad exigida, ó tácitamente con la realización de actos que tuviesen notoriamente tal significación, podría aceptarse como procedente su condena.

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Mandato.—Carácter del contrato de mandato.—Licencia marital.—Liquidación de la Sociedad conyugal.—Pago de deudas.