El Foro español (Madrid. 1898) (1911-04-30 00:00:00), página 9

blada por otro acreedor contra el comprador de los motores referidos, se decretó el embargo de los bienes del mismo, en los que se hizo traba sin alcanzar á dichos motores. Posteriormente, y como consecuencia de diligencias previas, promovidas por la Sociedad vendedora sobre reconocimiento de firma de los contratos privados de que al principio se ha hecho mención, y de confesión de la deuda, se acordó, a instancia de la Sociedad vendedora, el embargo preventivo contra los bienes del comprador, llevándose á efecto, entre otros bienes, en los motores por éste adquiridos mediante aquellos contratos, apareciendo que dichos motores se hallaban en poder de distintos poseedores, quienes como compradores de los mismos, según facturas presentadas, formularon la oportuna demanda de tercería de dominio contra la Sociedad vendedora y el comprador, á la que se opuso la Sociedad demandada impugnando la legalidad de la enajenación hecha por el demandado y comprador de los motores que, según los documentos privados de referencia, pertenejan á la Sociedad impugnante, por no haber satisfecho el comprador su precio.

Seguido el juicio por todos sus trámites, la Sala correspondiente pronunció sentencia confirmatoria de la de primera instancia absolviendo de la demanda á la Sociedad vendedora y al comprador, contra cuya sentencia interpusieron recurso de casación, por infracción de ley, los terceristas, citando como infringidos los artículos 348, 349, 1.255, 1.225, 1.227, 1.291, 1.290, 1.278 y 1.232 del Código Civil, y los 340 y 341 del de Comercio; y el Tribunal Supremo declaró haber lugar al recurso, declarando que no basta, como afirma la Sala sentenciadora, que no se haya acreditado que la Sociedad vendedora entregara al comprador sus motores para venderlos antes de su completo pago para la resolución del derecho de los terceristas, pues el mero hecho de haberlos entregado, no pa'a su uso y explotación directa, sino para el comercio de los mismos, obliga á decidir la cuestión de Derecho sobre la base supuesto de que dicho vendedor, con establecimiento debidamente registrado, ó sin él, se dedicaba á la venta de maquinaria con mayor ó menor extensión y con conocimiento de la cosa constructora, circunstancia que no aparece contradicha en la sentencia recurrida.

Que esto sentado, y dada la índole de la propiedad mueble, para cuya transmisión y prescripción existen mayores facilidades que para la de los inmuebles, es manifiesto que la cláusula en que funda su derecho la Sociedad vendedora no puede perjudicar á los terceros que sin conocimiento de ella adquirieron con buena fe del vendedor demandado los motores de que se trata, pues con relación á dichos terceros sería contradictorio, y en este aspecto inmoral, que una casa vendedora por pacto reservado pretendiese retener la propiedad de una cosa que vendía para el comercio, cual aconteció con los motores, según se desprende de las consideraciones antes expuestas; siendo tanto mas de desestimar la pretensión de dicha Sociedad, cuanto que habiéndose aquéllos legítimamente en poder de los terceristas, contra ellos sólo procedía una acción reivindicatoria, acreditando, en su caso, no el saldo resultante de una cuenta corriente que sirvió de base para el embargo preventivo acordado, sino concretamente en relación á los motores, ya que de tal circunstancia se hacía depender la retención de la propiedad.

Y que por lo expuesto, y porque tratándose de bienes muebles presenta la cuestión en su fondo y razón legal un aspecto muy parecido al tercero que respecto de bienes inmuebles adquiere de quien en el Registro aparece como dueño, ya que como dueño tenía que ser considerado el vendedor demandado por los terceristas en el ejercicio de su industria, son de estimar las infracciones de los artículos 1.255 y 1.278, aunque fuera que sea la eficacia de la condición pactada por la casa vendedora y el comprador, en cuanto se pretende su trascendencia para con los extraños; siendo así mismos los referentes al error atribuido al Tribunal sentenciador en cuanto de las manifestaciones hechas en el juicio en trámite de prueba por el Gerente de aquélla, no deriva clara y expresamente la única consecuencia que de ellas se deduce, cual es la de que con la garantía pactada sólo pretendió dicha casa re-crear un derecho dominical que pudiera afectar á terceros adquirentes, que es lo que constituye la inmoralidad del pacto.

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Contratos.—Letra de cambio.—Endoso. Esencia del contrato.—Intervención del Corredor de Comercio en el descuento de letras.—Sentencia de 12 de Diciembre. (Gaceta de 20 de Mayo de 1910).—Declara que en contrato alguno puede desligarse y abstraerse de él las condiciones con que se lleve á efecto, según la naturaleza de cada uno ó la expresa voluntad de los contratantes.

Que pudiendo hacerse los endosos ó cesiones de las letras de cambio en las distintas formas que la ley autoriza, de conformidad con lo que previene el artículo 444, número 5º del Código de Comercio, tales formas vienen á constituir un todo con el mismo contrato, y no es licito, por lo tanto, analizar aquellas como si no formasen parte del contrato para aplicar á éste principios y preceptos distintos de los que rigen y sean aplicables, según el carácter que aquéllas revistan.

Que en tal concepto es obligado calificar el título en su total integridad, dados los signos y aspectos que le caractericen.

Y que la intervención del Corredor de Comercio al autorizar el contrato de descuento de letras en las facturas en que se haga constar, lejos de infringir disposición alguna legal, cumple con las prescripciones del Código de Comercio, según las cuales el Corredor de comercio colegiado no siempre es concertador de la voluntad de las partes, sino que en muchos casos sólo autoriza los contratos entre las mismas, dando á éstos carácter solemne como depositario de la fe pública mercantil, en cuyo concepto se puede considerar escriturario un crédito de esa índole.

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Sentencia definitiva.—Jurisdicción voluntaria.—Consignación en pago.—Sentencia de 2 de Diciembre. (Gaceta de 20 de Mayo de 1910).

Resuelve que si bien el párrafo 1º del artículo 1.818 de la ley procesal civil concede al Juez las más amplias facultades para variar ó modificar sus providencias en los expedientes de jurisdicción voluntaria, por el párrafo 2º del mismo artículo se hallan expresamente excluidas de esa regla general las decisiones que tengan fuerza de definitivas, las cuales quedan de derecho consentidas si contra ellas no se hubieren utilizado en tiempo y forma los recursos adecuados para obtener su revocación ó revisión.

Y esto establecido, que fundándose el recurso en el supuesto contrario de la revocabilidad de la providencia que declara bien hecha una consignación en pago verificada de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1.178 del Código civil, no reclamada en término y legal forma, no son de estimar las infracciones de los artículos 1.176 1.817 y 1.818 de dicho Código ni de la doctrina sustentada en sentencia de 26 de Febrero