El Foro español (Madrid. 1898) (1911-12-10 00:00:00), página 5

de Diciembre de 1906, regulando la forma de constituir los depósitos judiciales en metálico, han producido en la práctica los beneficiosos resultados que se esperaban; pero alguna de ellas, por errores de interpretación, ha dado lugar á que se occasionen perjuicios de no escasa cuantía á los intereses de la Compañía Arrendataria de Tabacos, que accedió á prestar gratuitamente este servicio, y en cuyas oficinas subalternas deben ser constituidos en todas aquellas poblaciones donde no existen sucursales de la Caja General de Depósitos.

El artículo 6.º del citado Real decreto dispone que cuando excedan de 2.000 pesetas las cantidades depositadas en poder de los representantes de la Compañía, ordenará el Juez, bajo su responsabilidad, transferir el depósito á la dependencia más próxima de la Caja General, reclamando de ésta tantos resguardos como la diversidad de depósitos exija; y á tal efecto, se ordena en el artículo siguiente que los gastos de traslación y de custodia serán á cargo del depósito, sin perjuicio de que los abone después quien á ello sea condenado, no debiendo autorizarse otros gastos de traslación que los que se acrediten indispensables y más económicos en el día en que tenga lugar.

No obstante la claridad y precisión de tales preceptos, se ha ordenado en varias ocasiones la admisión por los subalternos de la Compañía de depósitos superiores á 2.000 pesetas, habiéndose dado algún caso en que, sin atender sus protestas, se ha exigido á la Compañía la entrega de cantidades superiores á esa cuantía, de que se había apoderado uno de sus Administradores subalternos que la desfalcó, á causa de no haberse ordenado, como está dispuesto, que se transfiriesen esas cantidades á la sucursal más próxima de la Caja General de Depósitos, por cuyo motivo acude á este Ministerio para que se ordene lo conducente á impedir que tales hechos se repitan.

Y como la reclamación de la Compañía Arrendataria de Tabacos se apoya en razones muy justificadas y no demanda, á cambio del importante servicio que viene prestando gratuitamente desde 1907 sino la puntual observancia de las prescripciones contenidas en el citado Real decreto,

S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con el parecer de la Sala de gobierno del Tribunal Supremo, ha tenido á bien resolver:

1.º Que se requiera á los Jueces de primera instancia el exacto y puntual cumplimiento, bajo su responsabilidad, de lo prevenido en los artículos 6.º y 7.º del citado Real decreto de 24 de Diciembre de 1906;

2.º Que cuando el depósito que haya que efectuar exceda de 2.000 pesetas, se constituya directamente en la sucursal más próxima de la Caja General, sujetándose en cuanto al importe de los gastos y á su imputación, á lo que prescribe el citado artículo 7.º;

3.º Que cuando los depósitos efectuados en poder de una Oficina ó representación subalterna de la Compañía Arrendataria de Tabacos asciendan á la suma de 2.000 pesetas, deberán sus encargados ponerlo en conocimiento del Juzgado de primera instancia, manifestando, al hacerlo, que hasta tanto que tales depósitos queden transferidos á la sucursal más próxima de la Caja General, no les será posible admitir ningún nuevo depósito judicial, de conformidad con lo prevenido en los artículos 6.º y 7.º de la citada disposición;

Que si á pesar de esta comunicación se ordenase por el Juzgado la admisión de un nuevo depósito, la representación subalterna de la Compañía no podrá efectuarlo, y dejará en suspensión el cumplimiento de la orden judicial hasta que, por la transferencia de los anteriores depósitos, haya lugar á verificar, conforme á los referidos artículos, el últimamente ordenado; y

5.º Que en el caso á que se refiere el artículo anterior, los encargados de las representaciones subalternas deberán comunicar lo ocurrido á la Compañía y ésta ponerlo en conocimiento de este Ministerio, á los efectos que determinan los artículos 13 y 14 del mismo decreto, sin que pueda estimarse que la negativa de las subalternas, en tal caso, al cumplimiento inmediato del acuerdo judicial implica responsabilidad, puesto que se ajusta á lo prevenido en disposiciones legales de obligatoria observancia.

De Real orden lo digo á V. S. para su conocimiento y efectos consignantes. Madrid, 30 de Noviembre de 1911.—Canalejas.—Señor Juez de primera instancia de...

POR UN INDULTO

Para el señor Canalejas.

UNA ENORMIDAD DEL CONSEJO DE ESTADO

Todos nuestros lectores recordarán lo ocurrido con motivo del proceso seguido contra D. Arturo García Roche, de cuya inocencia estamos plenamente convencidos, seguido por supuesto delito de estafa á la Sociedad «Aguilas», y en el que se mostró parte el gobernador del Banco Hipotecario e influente diputado conservador D. Francisco de Laiglesia, director de aquella Sociedad, y donde el Sr. García Roche fué condenado sin lograr que se practicasen las más importantes pruebas de que proponía hacer uso, y cuyo resultado prometía ser sensacional.

De nada de esto hemos de hacernos eco una vez más, ya que el Sr. Canalejas, para quien escribimos estas líneas, puede encontrar la información de lo que entonces ocurrió en lo que ya tenemos dicho en otras ocasiones, en el proceso y en el pleito que al mismo precedió y después de él ha seguido.

Bástanos á estos efectos consignar una vez más que en tramitación la solicitud de indulto del Sr. García Roche, que lleva cumplida una de las condenas; se dictó sentencia por el digno juez decano de los de Madrid, D. Alberto Vela, en aquel pleito que había quedado en suspensión á virtud de aquella causa, y en dicha sentencia se accede en un todo á la demanda de D. Arturo García Roche contra D. Francisco de Laiglesia, al que se condena á devolver á aquél determinados bienes y hasta al pago de todas las costas, declarando para ello nulo, por haber sido arrancado al Sr. García con coacción un documento que es precisamente ¡el que sirvió de base para la condena de dicho señor!

Aun sin constar esto, de una manera oficial, dentro del