El Foro español (Madrid. 1898) (1911-11-30 00:00:00), página 6

velada actos ilícitos merecedores de sanción penal. Para hacer este trabajo verdaderamente delicado, no basta el examen de las frases que se reputen como punibles, sino que hay que fijarse en el conjunto del escrito ó discurso y en todos sus detalles, según expuso sabiamente en su circular de 2 de Octubre de 1883 el ilustre jurisconsulto que se hallaba al frente del Ministerio fiscal á raíz de la publicación de la vigente ley que regula el ejercicio del derecho á emitir las ideas por medio de la imprenta. Fuera vana empresa por mi parte el intento de modificar en lo más mínimo lo que aquel insigne fiscal expresaba en las siguientes frases:

«Estudiando los términos del impreso, las audacias de la hipótesis, las temeridades de la utopía, las reticencias irónicas, alusiones más ó menos veladas, los caracteres empleados, las palabras subrayadas, las frases sin concluir ó en suspensión, y en resumen, cuanto conduzca á demostrar el sentido que realmente se ha pretendido dar á lo escrito podrá ser conocida la parte subjetiva del delito.—A todo lo dicho convendrá agregar las comprobaciones intrínsecas que se funden en la conducta anterior del periodico, en las circunstancias de lugar y tiempo en que se publique el escrito, y cuando además mereza especial meditación. Cuando el resultado que ofrece ese trabajo lleve al ánimo del Ministerio fiscal la convicción de que se encuentra ante un caso comprendido en las disposiciones del Código penal, porque todo ello establezca una presunción juris tantum de criminalidad, habrá de ejercitar la acción correspondiente en la forma y términos que dispone la ley de Enjuiciamiento criminal.»

Los Aranceles judiciales por conceptos.

Con este título publicó D. Francisco Lastres en el núm. 47 de la «Revista de Tribunales», fecha 25 de Noviembre último, un artículo que, en legítima defensa, contestamos para desvirtuar confusiones de juicio que haya podido sugerir respecto del nuevo arancel de Procuradores, y sentar algún criterio que sirva para evitar torcidas interpretaciones del mismo.

La contestación ha de ser breve, porque el punto que de dichos aranceles impugnara el Sr. Lastres no merece grandes explicaciones, que ofenderían la ilustración de quien como él, conocedor de los mismos, al encontrar en ellos una dificultad, no ha vacilado en hacerla pública. Basta pues indicar el razonamiento, haciendo honor al aforismo latino: intelligenti panga.

Pero antes de cumplir nuestro propósito, nos conviene recoger la idea que surge de los primeros párrafos del trabajo á que nos referimos. En ellos se expresa paladinamente por el Sr. Lastres que está conforme con los aranceles por conceptos, ya que aboga por qué se aplique el mismo procedimiento para regular los trabajos de varios profesionales, entre ellos el Abogado y el Médico. Consignamos esta aseveración porque no pue- de menos de halagarnos contar con una opinión más en pro de la reforma arancelaria, que viene á sancionar nuestra creencia de que hemos contribuido á legitimar un anhelo público.

Pasemos ahora á contestar el punto generador del trabajo del Sr. Lastres, procurando desvanecer sus recelos y alarmas, y resolver la dificultad que se le ofrece.

Censura el artículo 101 que trata de los expedientes sobre cancelación de inscripciones hipotecarias á que se refiere el artículo 82 de la Ley Hipotecaria, en los cuales se asigna al Procurador el uno por ciento del valor de las hipotecas; y su crítica consiste en decir que podría pasar el artículo si el precepto hipotecario no contuviera más que los tres primeros párrafos; pero como no se han tenido en cuenta las considerables emisiones de títulos al portador que hacen las grandes empresas y las Compañías concesionarias de obras públicas, que con frecuencia alcanzan á muchos millones de pesetas, le parece exagerado en este caso el uno por ciento, y pide un límite en la percepción.

En primer término, no acertamos á comprender por qué al Sr. Lastres le parece bien ese tanto por ciento cuando se trata de cancelar inscripciones hipotecarias en garantía de títulos endosables, y es de opuesta opinión cuando estos títulos sean al portador, siendo así que el expediente que ha de seguirse á tal efecto es de la misma naturaleza. Pero sea cualquiera el espíritu que informe su parecer, vamos á exponer el que ha tenido la Comisión al fijar ese y otros tipos arancelarios. Ésta ha inspirado su obra en el fundamento capital de conceder al Procurador, á guisa de comisión, como la tiene, por ejemplo, el agente de bolsa, un tanto por ciento de la cuantía litigiosa, suponiendo que ésta representa el beneficio reportado á su mandante, que acude á los Tribunales en busca de la declaración de un derecho, del reintegro de una cantidad ó de la liberación de una carga. Sin perder de vista este principio ha procurado que en los litigios de pequeña cuantía, siquiera exijan el mismo trabajo de intervención y gestión de los grandes pleitos, perciba el Procurador una módica retribución; y aquí es donde está el abaratamiento de la justicia; pues con ello se evitará el caso frecuente, rigiendo el arancel por diligencia, que los derechos de Secretario y Procurador absorban ó superen el valor litigioso. Pero en cambio se ha buscado la compensación á ese sacrificio en las litis de elevado precio. Esto es lógico y equitativo.

Mas también se ha tenido presente el caso en que es necesario legalmente valerse de Procurador y en el que es solamente voluntario, restringiendo en el primero los derechos y otorgando alguna mayor concesión de éstos en el segundo; pues el mandato necesario debe ser casi gratuito, pero no así el voluntario. Obedeciendo á este criterio se redactó el artículo 101, combatido por el Sr. Lastres, que figura en el título 5.º que regu.