El Foro español (Madrid. 1898) (1911-12-30 00:00:00), página 9

y redactores, y determinar, por último, el artículo 59 el disfrute de las doctrinas democráticas, y de efectuarlo con entera independencia sin afiliarse á ninguno de los partidos políticos: por lo que no es dado á su director incoar otros rumbo ni caminar por distintos derroteros al encomendar también, para este efecto al Comité ejecutivo, en el art. 19, párrafo segundo, el encargo de que su director, con su propia independencia de criterio, interprete el espíritu en que según los estatutos se ha de inspirar dicho periódico, al encargar al referido Comité el nombramiento y separación del personal y dependencias, sin coartar en lo más mínimo el uso de tan absoluta facultad, aparte que de las que del mismo modo se le confieren con igual amplitud, como queda referido, para disponer la marcha económica, señalar las remuneraciones, ordenar los gastos, acordar las tarifas y otras análogas; y las que, por último, le otorga el párrafo sexto para disponer de lo relativo á redacción, administración, confección y talleres, lo cual sonando su cualidad de directora del periódico, puesto que todo lo que ordena y dispone, sin poderse hacer nada en él sin su mandato, constituye á la vez en dependientes suyos al director y redactores, retribuidos á su libre voluntad.

Doce. Considerando: que esto sentido y constituyendo por una parte la Sociedad demandada una empresa que se dedica exclusivamente á explotar la industria editorial en todos sus órdenes; siendo por otra y para ello su dependiente el director de El Liberal, que es una de las publicaciones que aquélla edita, y ejecutado, en fin, por éste en el desempeño de su servicio el hecho delictivo de la inserción en el referido diario del inventado telegrama de que se trata, resulta inquestionable que la responsabilidad civil que á dicho director efecta con tal motivo alcanza subsidiariamente y en su defecto á la expresada Sociedad empresaria con arreglo al artículo 21, en relación con el 20 del Código penal, y por lo que debe ser condenada al pago de la misma indemnización que á aquél se impone en la forma en que se solicita en la demanda, sin que obste para hacerla hoy efectiva el que no se ejercitará la acción penal, puesto que todas las disposiciones ya citadas y que permiten el ejercicio de la civil sin el empleo de aquélla cuando nacen de delitos, que, como el presente, sólo pueden perseguirse en virtud de querella particular, autorizan en absoluto y en términos generales la acción civil sin establecer distinción entre su uso contra los primeros responsables ó contra los que lo sean subsidiarios, por lo que abarca por igual á los unos y á los otros; que á mayor abundamiento, en el libro I del Código penal se hallan comprendidos bajo el común epígrafe de «Personas responsables civilmente de los delitos y faltas», en el capítulo II, del título II, y también en el título IV, que á todos incluye con el de la responsabilidad civil».

Trece. Considerando: que aun haciendo abstracción del antedicho motivo, del que por sí sólo surge la responsabilidad civil de la Sociedad Editorial de España, y con absoluta independencia de él siempre, tanto por su condición de dueña como por su concepto de directora de la empresa editorial y del periódico El Liberal, nacerá para ella igual obligación que la que impone el artículo 1.903 en relación con el 1.902 del Código civil, de indemnizar á la demandante los perjuicios ya especificados y que se la irro-

garon por la culpa en que por la inserción del falso telegrama incurrió independientemente el director de dicho diario al obrar en la ejecución del hecho con ocasión de las funciones que la Sociedad le encomendara, y en el servicio precisamente del ramo en que le tenía empleado, y por el que le abonaba la remuneración con arreglo á los estatutos: por lo cual también por este nuevo fundamento procede otorgar la indemnización que de la misma se pretende con el carácter subsidiario, que no impide su concesión, aunque pudiera exigirse en primer término, según los indicados artículos, puesto que constituyendo dichos preceptos en sus deudores solidarios á dicha Sociedad y al director de El Liberal, usando de la facultad que le concede el artículo 1.144 de dicho cuerpo legal, pudo dirigirse indistintamente contra cualquiera de ellos, contra ambos á la vez ó contra uno en defecto del primero, de no haber solventado ésta la deuda por completo ó parte de que pudiendo repetir en todo caso la Sociedad Editorial de España del director de El Liberal, lo que llegará á satisfacer del daño cuando del derecho que le concede el artículo 1.904 siempre viene á resultar este último, en definitivo término, verdadero y efectivo responsable de la indemnización, quedando aquélla privada de importe tan sólo en el caso de no poder satisfacerla el mismo en su totalidad ó en alguna parte.

Calorce. Considerando: que habiendo obrado con notoria temeridad, procede imponer las costas de primera instancia á la Sociedad Editorial de España y al periódico El Liberal, y las de segunda instancia á este último.

Fallamos: que debemos condenar y condenamos á don Alfredo Vicenti Rey Fernández, como director de El Liberal, y subsidiariamente á la Sociedad Editorial de España, á que paguen á doña María Josefa Musó Garriguez ó á su representante legal la cantidad de 150,000 pesetas como indemnización de los perjuicios causados á la misma por el hecho que ha motivado la demanda origen de estos autos, imponiendo á los demandados todas las costas de primera instancia y al D. Alfredo Vicenti, en el indicado concepto, todas las ocasionadas en esta apelación á la parte demandante, y condenamos asimismo á ambos demandados á publicar íntegramente esta sentencia tan luego como caiga ejecutoria, adicionada con los considerandos en ella aceptados de la primera instancia en el citado periódico El Liberal, enotros dos de mayor circulación en esta corte, e igualmente en dos de la ciudad de Murcia. En lo que con esta nuestra sentencia sea conforme la apelada, la confirmamos, y en lo que no, la revocamos, pues así lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

Francisco Pamplón, Vicente Fernández Vazquez, Joaquín M.ª de Alos, Estanislao Chaves, Antonio Cubillo y Muro.»

Esta sentencia será objeto de recurso de casación.

Los juegadores no deben olvidarse nunca de que lo son en el ejercicio de sus funciones, como en su vida privada; deben, como el sacerdote, dar ejemplo de virtud para hacerse respetables; pero de la autoridad que la Ley les concede, no deben alardear fuera de su cargo, ni cuando la necesidad del mismo no lo requiera. Es decir, que siempre deben vivir como jueces; pero no siempre vivir en juez.