El Foro español (Madrid. 1898) (1911-02-20 00:00:00), página 12

to el conocimiento de la demanda, de conformidad con lo preceptuado en la regla 1.ª del artículo 62 de la ley de Enjuiciamiento Civil.

** Casación por infracción de ley.—Resolución definitiva.—Auto de 22 de Julio. (Gaceta de 15 de Marzo de 1910).—Resuelve que es notoriamente inadmisible el recurso de casación por infracción de ley cuando se invoca en su apoyo el caso 2.º del artículo 1.693 de la Procesal, que se refiere a los quebrantamientos de forma, cuando en el de esta naturaleza interpuesto por el mismo recurrente, ha sido ya resuelta la misma cuestión, desestimando el recurso; y cuando, de todas suertes la resolución recurrida ha sido dictada en incidente de nulidad, que, por su propia naturaleza y carácter de las diligencias á que aquella pudiera afectar, no merece el concepto de definitiva, para los efectos de la casación.

** Casación por infracción de ley.—Sentencia definitiva.—Auto de 22 de Julio (Gaceta de 15 de Marzo de 1910).—Establece que, á tenor de lo dispuesto en el artículo 1.790 de la ley de Enjuiciamiento Civil, sólo tienen el concepto de definitivas para los efectos del recurso de casación las sentencias que, recayendo sobre un incidente ó artículo, pongan término al pleito, haciendo imposible su continuación, y como quiera que las decisiones sobre nulidad de actuaciones no revisten dicho carácter, según constante jurisprudencia del Tribunal Supremo, es manifiesta la improcedencia de la admisión del recurso interpuesto contra la sentencia que se limita á desestimar la pretensión de nulidad formulada por supuesta infracción del procedimiento seguido en una demanda principal sobre desahucio, de conformidad con el referido precepto legal y con lo dispuesto en el número 8.º del artículo 1.729 de la misma ley Procesal.

Agosto.

Competencia.—Arrendamiento.—Acción personal.—Sentencia de 5 de Agosto (Gaceta de 15 de Marzo de 1910).—Resuelve que dados los términos del art. 1.514 del Código civil, es obligado entender que cuando nada se ha pactado sobre el lugar del pago del arrendamiento, no se puede determinar éste siempre y en todo caso por el de aquel donde se halle situada la cosa arrendada, porque si así fuera, lo habría preceptuado clara y explícitamente la ley, en vez de decir como dice, cosa distinta la referida disposición legal; por cuya razón, y á tenor de lo prescrito además en el último párrafo del art. 1.171, es manifiesto que cuando de un contrato no pueda inferirse al menos la verdadera intención y voluntad de los contratantes, si en él no aparece previsto y convenido el lugar donde haya de realizarse el pago del arrendamiento, se impone la regla general del domicilio del obligado, tanto más ajustada á derecho, cuando aquél reside ó tiene su domicilio en paraje distinto del en que se encuentra la cosa arrendada, y cuando nada aparece pactado acerca de tal extremo, y el domicilio del demandado se halla en distinto lugar que el terreno arrendado, en este caso, á tenor de los referidos preceptos legales, y, en relación con ellos, de la regla 1.ª del art. 62 de la Ley de Enjuiciamiento civil, procede decidir esta competencia en favor de dicho demandado.

Competencia.—Compraventa mercantil.—Sentencia de 5 de Agosto (Gaceta de 15 de Marzo de 1910).—Resuelve que cuando unas cartas acompañadas con la demanda, tanto por su naturaleza como por no haberse negado su autenticidad constituyen un principio de prueba apreciable para la decisión de la competencia, respecto de las condiciones del contrato cuyo cumplimiento reclama el actor, y cuando en aquéllas se expresa que el pago de la mercancía ha de verificarse en la plaza donde el género se vendió, por medio de los correspondientes giros, es manifiesto que hallándose en dicha forma determinado el lugar del cumplimiento del contrato, á tenor de lo dispuesto en el primer párrafo del art. 1.171 del Código, en relación con la regla 1.ª del 62 de la ley de Enjuiciamiento, procede resolver la competencia en favor del Juzgado á que aquella plaza corresponde.

** Competencia.—Arrendamiento.—Sentencia de 5 de Agosto. (Gaceta de 15 de Marzo de 1910).—Resuelve que aun cuando en los contratos de arrendamiento no se pueda, por regla general, determinar el lugar del cumplimiento del contrato para arrendador y arrendatario, por aquél donde se halle situada la cosa arrendada, cuando de los términos y condiciones de un contrato de arriendo de minas pueda inferirse cual sea dicho lugar de cumplimiento, según la voluntad de las partes, atendida la forma y manera cómo ha de hacerse el pago del arriendo, al establecer que éste se verifique abonando un tanto por ciento del mineral que se vaya extrayendo, es obligado partir de dicho supuesto á los efectos del señalamiento de la competencia para conocer de las cuestiones que surjan entre los contratantes con ocasión del contrato.

Y que, según constante jurisprudencia del Supremo Tribunal, cualquiera que sea la índole de la cuestión promovida, siempre que tenga relación con el contrato, es Juez competente para conocer de ella el que lo sería para entender de las obligaciones directamente emanadas de éste; y como, por lo antes expuesto, en el caso citado existe un principio de prueba estímable para presumir que por voluntad de las partes tiene que ser el lugar donde se hallan las minas el del cumplimiento del contrato, este mismo es el que tiene que regir para la determinación de la competencia, dada la íntima relación que existe entre lo que se reclama por el actor y el arrendamiento convenido, ó sea el lugar del cumplimiento de la obligación principal, á tenor de lo prescrito en la regla 1.ª del artículo 62 de la ley de Enjuiciamiento Civil.

** Quebrantamiento de forma.—Sentencia de los Tribunales municipales.—Sentencia de 12 de Agosto. (Gaceta de 15 de Marzo de 1910).—Declara que el artículo 28 de la ley de Justicia municipal, relativo á los juicios civiles de que conocen los Tribunales municipales, regulados en su procedimiento desde el 21, prescribe en absoluto y terminantemente que las sentencias en grado de apelación se dictarán sin ulterior recurso, á diferencia de lo que respecto de los juicios criminales preceptúa el 29, en su número 3.º, á tenor del que contra las sentencias de esta otra naturaleza se puede interponer recurso de casación con arreglo á la ley de Enjuiciamiento criminal, y cuando la sentencia contra la que se recurre ha sido dictada en primer término por el Tribunal municipal y confirmada después por el Juez de primera instancia del mismo distrito, es claro, que, según jurisprudencia repetida, no debió admitirse el recurso interpuesto, toda vez que la Ley no distingue entre recur-