El Foro español (Madrid. 1898) (1911-04-10 00:00:00), página 12

ciones de la ley de Enjuiciamiento Criminal, para la substanciación de la querella, siendo manifiesto que pudiera haber conflicto anticipando una resolución de los Tribunales civiles.

** Casación.—Sentencia definitiva. Auto de 22 de Noviembre. (Gaceta de 16 de Mayo de 1910).—Resuelve que tratándose de un auto que se limita a mandar traer el pleito á la vista para sentencia, haciendo para ellos aplicación de los títulos 549 y 557 de la ley de Enjuiciamiento Civil, no puede sostenerse que tal resolución ponga término al litigio, haciendo imposible su continuación, ni mucho más estima se comprendido en el número 1.º del artículo 1.690 de la propia ley, por lo que es inadmisible el recurso de casación contra él interpuesto.

** Quebrantamiento de forma—Comparación en la segunda instancia.—Sentencia de 23 de Noviembre (Gaceta de 16 de Mayo d.-19 0) Declara que aunque un Procurador dentro del término del emplazamiento, y acompañando poder declarado, bastante por un Letrado, solicite que se le tenga como parte en la segunda instancia, de conformidad con lo prevenido en el artículo 3.º de la ley Rúbrica, como este precepto, que se refiere exclusivamente á la comparecencia en el juicio por representación, no excluye la obligación de la misma en las condiciones que otros artículos determinan, de que sólo puedan comparecer como pobres los que para ello tengan derecho, y en tal concepto no tiene dicho Procurador ningún derecho á formular su escrito de comparecencia en papel del sello de pobres, sin haber acreditado que su cliente, ya que deja de litigar en concepto de rico, está dispensado de hacerlo, lo mismo por tener solicitado oportunamente ese beneficio, como por haberle habilitado legalmente para ello, pues tal requisito es no menos excesivo e inexcusable que los demás para tener por comparecido en la forma que la Ley requiere, de donde se sigue que la Sala al declarar destituido el recurso y firmé la resolución apelada lejos de infringir los artículos 840, 1.º, 3.º y 27 de la ley Rúbrica, se ajusta á esos preceptos legales, en que á ello se opongan tampoco las leyes fiscales, porque siendo su única finalidad la de perseguir el fraude, carecen de eficacia y no pueden invocarse para estudiar el orden riguroso de las formas solemnes procesales con que ante los Tribunales se proponen, discuten y resuelven las pretensiones deducidas en juicio por los litigantes.

** Comunidad de bienes.—Error de derecho.—Documentos auténticos.—Sentencia de 23 de Diciembre (Gaceta de 16 de Mayo de 1910).—Resuelve que no tratándose en un pleito de acción dirigida por un socio, ó si se quiere consumero, contra los socios ó consumeros, para que rindan cuentas, liquiden y entreguen parte liquidada, ó porción del haber común, sino de demanda formulada sobre la base y supuesto de que la empresa, de cierto período, no es sino continuación de la establecida por el causante del actor con otros dos, en ésta anterior, es manifiesto que mientras no se justifique tan esencial extremo, huelga invocar la doctrina contenida en los artículos 1.700 y 1.639, éste en relación con los 392, 393 y 399 del Código Civil, en el título Pro socio, libro 17 del Di- gesto, leves 40, 63 y 69 del título 2.º en la jurisprudencia d.-l Tribunal Supremo y de con-ignada en sentencias de 21 de Diciembre de 1895, 16 de Febrero de 1896 y otras, y la redención de la Dirección general de los Registros de 30 de Agosto de 1892 contra la sentencia que desestima la demanda referida.

Que estimando el Tribunal sentenciador, en el caso de que se trata, injustificado el supuesto de la demanda, y conceputando precisamente el contrario, ó sea que la «mora» periodística era propiedad exclusiva de un solo individuo, tal concepto invalida la acción eje citada en los mencionados términos, cualquiera que sea el derecho que al actor pueda corresponder para que en la empresa que realmente haya pertenecido su causante y otros pido lo que e-timar- procedente según el estado de la misma, ya como sociedad, ya como comunidad de bienes, sin con relación á ella leiga á demostrar que existe haber que deba liquidar se o repartir, ó responsabilidades personales contraídas por alguno de los socios ó consumeros.

Que son ineficaces en casación los errores en hecho y de derecho, que sólo constituyen juicios personalísimos, de ninguno de los cuales, racionalmente entendi- mos, se deduce aquellos errores, y mucho menos en la evidencia que la ley requiere.

Que no son aplicables á las manifestaciones consignadas en un periódico, sea cual fuere la inteligencia que se les dé, el carácter de documentos públicos, de que haya de derivarse error de he ho ó de Derecho, cuando tales manifestaciones no aparecen autorizadas por ninguno de los interesados en el juicio.

Y que las declaraciones prestadas en juicio por un litigante no pueden ser apreciadas con el valor de confesiones desde el momento en que se traen por testi- monio de distinto juicio, donde se prestaron, en el cual no fue parte el otro litigante.

** Casación.—Prueba de presunciones.—Auto de 24 de Noviembre. (Gaceta del 6 de Mayo de 1910).—Declara que dada la naturaleza de la prueba de presunciones, definida en los artículos 1.248 y 1.253 del Código Civil, no puede ser propiamente materia de casación, según reiterada jurisprudencia del Supremo Tribunal, la estimación hecha por la Sala del valor y trascendencia del enlace realmente existente entre el hecho demostrado y el que se trata de deducir, si no se impugna, la certeza del primero en la forma requie- rida por la Ley, ya que la deducción no se halla subordinada á ninguna regla concreta, sino, por el contraria, á las indeterminadas, siquiera sean racionales, del criterio humano.

** Transporte.—Sentencia de 24 de Noviembre. (Ga- ceta de 16 de Mayo de 1910).—Declara que si bien es cierto que á tenor de lo prescripto en el artículo 358 del Código de Comercio, son las cartas de porte los títulos legales del contrato entre el cargador y el porteador, por cuyo contenido se deciden las cuestiones que ocurren sobre su ejecución y cumplimiento, esto hay que entenderlo racional y legalmente cuando las car- tas de trans-porte se refieran á un contrato realmente celebrado entre las personas ó entidades á que en las mismas se hace referencia, ya que son documentos que pueden exigirse mutuamente á posteriori cargador y porteador, como preceptúa el artículo 350 sobre la base y supuesto de haber establecido previamente aquél en la forma ordinaria ó acostumbrada; de modo que si celebrado el contrato se extiende después una