El Foro español (Madrid. 1898) (1910-11-30 00:00:00), página 11

ción al caso los artículos 1.290, 1.291, 1.294 y núm. 5.º del 1.235 del mismo Código Civil, y al traerlos al recurso con motivo de la acción reivindicatoria ejercida, se suscita una cuestión nueva que no hay términos hábiles para debatir en casación; esto aparte de que siendo en su esencia la acción utilizada la reivindicatoria de los valores que se expresan, no cabe que pueda prosperar contra el vendedor, que ya no posee la cosa reclamada y no debe responder de su valor, ya que, como queda expuesto, no se demuestra que la adquirió ó se desposeyó de ella dolosamente, sino todo lo contrario.

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Pobreza.—Apreciación de prueba.—Auto de 11 de Mayo.—(Gaceta de 5 de Enero de 1910).—Declaro que con arreglo al número 9.º del artículo 1729 de la ley de Enjuiciamiento civil, es inadmisible el recurso por infracción de ley interpuesto contra la sentencia que deniega el beneficio de pobreza al que venía litigando como rico, por no haber justificado que haya venido al estado de pobreza con posterioridad y no poder estimar bastante a determinar este último estado el embargo de bienes, después del cual continuó el recurrente defendiéndose en concepto de rico, cuando á estas apreciaciones sólo se opone el error de hecho y de derecho que al hacerlas se atribuye al Tribunal á quo, fundado en un testimonio en que consta que se hizo el embargo sin precisar su contenido, como sería necesario, para juzgar en su día de la existencia de estos errores; esto aparte de que el documento no es suficiente para combatir la estimación en conjunto de las pruebas cuando se ha practicado también en el juicio de testigos cuya fuerza incumbe apreciar solamente al Tribunal sentenciador.

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Apreciación de prueba.—Auto de 11 de Mayo.—(Gaceta de 5 de Enero de 1910).—Consigna que limitándose el único motivo de casación alegado en un recurso á combatir la apreciación de la prueba pericial y testifical hecha por la Sala sentenciadora en uso de sus facultades discrecionales para declarar la inexistencia de determinado contrato de venta que se supone celebrado en el documento privado que sirvió de fundamento á la demanda, es evidente la improcedencia del mismo; tanto más no invocándose ningún otro documento que demuestre la equivocación evidente del juzgador al apreciar aquélla, según exige el número 7.º del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento Civil, debiendo por lo mismo ser rechazado á tenor de lo dispuesto en el número 9.º del 1.729 de la propia ley.

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Nulidad de venta.—Tercero (perjuicio de).—Preterición de heredero.—Frutos.—Sentencia de 11 de Mayo.—(Gaceta de 5 de Enero del 1910).—Consigna que tratándose de una sentencia que declara nula la venta hecha por cierta viuda, de todos los bienes dejados por su marido, por no aparecer con derecho para ello en atención á no tener inscrita ni aun presentada en el Registro la escritura particional de los bienes pertenecientes á su citado marido, cuya nulidad reclama una hija natural del mismo en perjuicio de la cual se realizó la venta, es evidente que el tercero poseedor de tales bienes por compra al primitivo comprador de los mismos, no puede ampararse en la excepción que establece el art. 34 de la ley Hipotecaria para impugnar la nulidad decretada, sosteniendo la validez de la venta hecha á su favor, en el supuesto de estar ya insertos, cuando ésta rehizo el derecho de la viuda vendedora y el del primitivo comprador, pues aun siendo esto cierto y aun siendo principio axiomático de la Legislación hipotecaria cristalizado en el art. 25 de la ley, el de que la fecha de la inscripción y no la del título, es la que debe tenerse presente para todos los efectos de dicha legislación, es lo cierto, que al adquirir dicho segundo comprador los bienes en cuestión, no pudo adquirir más derechos que los que el primero tenía y pudo transmitirle cuando á su vez los compró á la viuda vendedora.

Que al estimarse así, en un caso como el citado, se aplica acertadamente el art. 23 de la ley Hipotecaria, porque la excepción contenida en su párrafo 3.º respecto de herencias, mejoras y legados que recaigan en herederos necesarios, no alcanza á la viuda más que por su cuota vitalicia y si las ventas por ella realizadas no se limitan á la legítima que pudiera corresponderla, sino que comprenden todos los bienes dejados por su marido, es manifiesto que no pueden surtir efecto contra tercero que no intervino en la escritura particional, máxime no siendo transcurridos los cinco años que dicho artículo establece para ejercitar con éxito la acción.

Que si bien la preterición del heredero forzoso vicia la institución testamentaria según el art. 814 del Código Civil, habiéndose limitado la parte actora á reclamar la nulidad de la designación del heredero, hecha por su padre natural en cuanto á la tercera parte de los bienes, resolviendo la Sala de conformidad con lo pretendido, sin que nada se haya opuesto contra este fallo, es indudable que la nulidad de la venta de que se ha hecho mérito, no puede declararse en términos absolutos, sino en tanto en cuanto, al hacerse las nuevas particiones haya que dejarla sin efecto para poner á salvo en su integridad la legítima reclamada por la actora, pues en otro caso, ni intereses ni acción tendría para solicitar dicha nulidad.

Y que ajustándose la sentencia sobre la base de la nulidad de la venta, á lo dispuesto en el art. 451 del citado Código, sobre abono de los frutos desde la contestación á la demanda, no es de estimar la infracción de los arts. 348, 349, 451 y 1.945 del referido Código, aun cuando para apoyarla se alegue el que el poseedor actual de los bienes los adquirió legítimamente, es dueño de ellos y como tal los posee y debe hacer suyos sus productos.

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Desahucio.—Arrendamiento.—Falta de personalidad.—Recibimiento á prueba.—Sentencia de 12 de Mayo. (Gaceta de 5 de Enero de 1910).—Consigna que es extemporáneo oponer la excepción de falta de personalidad en la segunda instancia, fundándose para ello en que por aparecer inscrita la finca objeto del desahucio á nombre de distinta persona del demandante, carece el mismo de derecho para ejercer la acción, y que además esta circunstancia no afecta á la capacidad jurídica de aquél para comparecer en juicio, cuya falta absoluta ó relativa es la que motiva la casación por quebrantamiento de la forma esencial del juicio, comprendida en el caso 2.º del art. 1.683 de la ley de Enjuiciamiento Civil.

Que no ostentando además dicho demandante la representación legal de ninguna persona ó Corporación, ni reclamando tampoco derechos que se le hayan transmitido, toda vez que ejercita una acción nacida de un contrato en que ha sido parte como arrendador, es evidente que no tiene aplicación al caso de autos el precepto del artículo 503 de la citada ley.