El Foro español (Madrid. 1898) (1911-04-20 00:00:00), página 2

Tanto respecto á este punto como á lo relativo á la Real orden á que nos venimos refiriendo, dispuestos estamos á discutir, como lo estamos también á prestar nuestra ayuda á quienes en Madrid representan una fuerza dispuesta á luchar constantemente por todos los Escribanos de España y no sólo de vez en cuando, y por sus particulares y peculiares intereses.

Mucho interesa á los Escribanos de provincias ver á quién confían de modo expreso su representación, ya que conseguida tan importante conquista no deben cejar en el camino emprendido los que por esta vez y en modestísimo silencio han luchado por el bien general y están dispuestos á seguir combatiendo aún á truque de ponerse enfrente de algunos de sus compañeros de Madrid.

Reformas en la Administración de Justicia.

Jueces sin fianza y sin biblioteca.—Escribanos, con derechos, y sin retribución fija.—Amamunse elevados á la categoría de Escribanos.—De nada sirve el título de Abogado, con arreglo á nuestras leyes vigentes.—Confusión de la Justicia civil y general.—Tribunales unipersonales.

No tienen razón de existencia los Tribunales unipersonales desde que se crearon los Tribunales municipales y los Tribunales de lo Criminal. No es posible sostener la existencia de los Juzgados de primera instancia en su actual organización, ni menos vamos á evidenciar los múltiples defectos que pueden nacer de su vestuta organización; para que no se nos tache de irrespetuosos con las funciones que aquellos desempeñan; mas todo el mundo reconoce que si se quiere subsista tal organización será eficacísimo y conveniente y altamente moralizador que á semejanza de lo que acontece con los Registradores se exigiese á los Jueces una fianza de consideración, metálica ó hipotecaria, que garantizase el acierto de sus resoluciones y no fuera su responsabilidad vanamente ilusoria. Si el juezador tuviese el temor de que además de peligrar su nombre se exponía en el caso de hacer efectiva su responsabilidad civil á quedarse sin la fianza, es indudable que ante el riesgo probable de semejante peligro (para lo cual debían cambiarse los actuales procedimientos), sentiría mayor estímulo para fijarse en sus resoluciones. Para el mayor acierto de éstas no cabe desconocer se impone la separación de la Justicia civil y la penal, especializando aptitudes, tendencias y temperamentos en los Jueces y en los auxiliares de los Tribunales, dotando á éstos de una biblioteca por cuenta del Estado y retribuyendo decorosamente á los Jueces y Escribanos.

Si para la resolución de los asuntos pequeños de escasa consideración y de la competencia de los Juzgados municipales, se encuentra garantido el ciudadano con tres Jueces, ¿por qué rehusar esta misma garantía al ciudadano en los Juzgados de primera instancia?

Esta misma garantía tiene el inculpado de cualquier delito, que sabe ha de juzgarle ó bien un Jurado ó una Sala de lo criminal. ¿Por qué, pues, rehusar la implantación de los Tribunales colegiados, menos sospechosos de parcialidad ni de herejía ni de otras sospechas, que á veces son dolorosas realidades, de prueba imposible y ni aun de indicios?

Debe dotarse á los Tribunales de distrito ó de partido de una Biblioteca de obras de Derecho como fuente en donde puedan inspirar sus resoluciones, y por cuenta del Estado.

Vamos con los Escribanos: Existían diez y siete Juzgados sin estos funcionarios en el Escalafón de la clase publicado en 31 de Diciembre de 1907. Mientras los de Bilbao, Barcelona y Madrid obtienen pingües rendimientos en sus cargos que les permiten, transcurrírlos algunos años, procurarse una fortuna, en la mayoría de los pueblos apenas si pueden mal vivir.

El Decreto orgánico del Cuerpo (que no tiene nada de orgánico) de 6 de Febrero de 1903, no sólo atentó contra los derechos adquiridos por los que ya eran tales Escribanos al publicarse aquél, sí que además vino á crear una nueva clase de estos funcionarios con la creación de los Oficiales de Escribanía, que no son sino escribehientes de Escribanía que después de prestar tres años de servicios en una Escribanía, de término sin ninguna carrera, sin oposiciones de ninguna clase se anteponen y gozan de derecho preferente para obtener Escribanías vacantes declaradas desiertas en los turnos de traslación y concurso en detrimento y perjuicio de los que son Abogados, y sacrificaron por lo menos doce años, los mejores de su existencia y un capital para obtener un título profesional que no les sirve ni sirva para esto; esto es vergonzoso en grado sumo y lo es aún más que no protesten los Colegios de Abogados contra semejante disposición.

Por cierto que el decreto orgánico, plagado todo él de defectos y errores de consideración, se encuentra en pugna con las disposiciones transitorias de la Ley orgánica del Poder judicial (que merece más el nombre de orden que de poder), pues en aquéllas se establece que los Escribanos de gracia no podrán ascender en concurrencia con los que lo fueron de oposición.

En el artículo 504 se determina de una manera clara y precisa que «á las Escribanías que se proveyan por concurso sólo se admitirán solicitudes de los Escribanos de la Audiencia del territorio á que corresponda la vacante». Si, pues, existe dicha Ley, que no sabemos se encuentre derogada por otra, ¿por qué se aplica una disposición ministerial como lo es el decreto citado, en abierta contradicción con los preceptos de la Ley, cuando tienen el deber de aca- tarla las Audiencias y todos los Tribunales?

¿Por qué no se aprueba el Ministro á que los efectos de dicha Ley tengan la eficacia legal correspondiente, y se establece desde luego un turno de concurso para los Escribanos letrados y por oposición? No podrá tacharse de necedad su empeño, pues se estableció por medio de una ley en 1870, es decir, hace treinta y nueve años.

Hay todavía más. El decreto á que aludimos, al suprimir el turno de antigüedad absoluta, que sustituyó el decreto de Villaverde de 20 de Mayo de 1891, privó á muchos Escribanos antiguos, algunos con 28 años de servicios;