El Foro español (Madrid. 1898) (1911-02-28 00:00:00), página 2

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Esperamos, pues, ver el resultado de este primer paso para ir formalizando los trabajos de preparación, y mucho confiamos en que nuestros lectores responderán al cariño que les profesamos.

La pobreza legal.

La Administración de justicia debe hacerse accesible á todos, hallándose uno de los principales fines de la misma en el amparo á los pobres, y no por razón de caridad, sino por deber social, en cumplimiento del cual la justicia ha de ser igual para todos; y, por consiguiente, debe colocarse á los pobres en situación de defensa y ataque, para contender, judiciariamente, con iguales armas, nivelándose ó equilibrándose, siquiera sea accidentalmente, los elementos extrínsecos; pero, al propio tiempo, debe procurarse evitar á todo trance que el beneficio de pobreza, verdadera arma de dos filos, destruya ó debilite en cobarde y traídora impunidad la posición alcanzada con mayores ó menores merecimientos por otro miembro de la sociedad á quien se coaduna con la perspectiva de su ruina, si no abandona parte de su fortuna, su trabajo, su tranquilidad y el próspeto bienestar de su familia; favor de cualquier logro que cualquier vago que no tenga nada que perder, á favor de algún vencido en la lucha por la vida, víctima propiciatoria de la suerte, á quienes la desgracia de los suyos ó la celentura del hambre ó la fiebre de la ambición les inspire el inmoral deseo de vivir parasitariamente á costa del próximo, como profesionales del pleito, inventores de litigios y perturbadores de la tranquilidad ajena, á la que, á veces, determinan á capitular en evitación de mayores quebrantos materiales y morales; espada que esgrimían los Damocles que se escudan en la irresponsabilidad de la asistencia judicial gratuita decretada por un juzgador que entiende que el Derecho es el sentimiento de la piedad humana, en su mayor desarrollo y la legislación la forma más modesta del derecho sin perjuicio de la individualización del hecho jurídico.

La administración de la justicia gratuita á los pobres es una necesidad de la sociedad, que adquiere estado judicia- rio, como deber del Estado nacional mediante la espiritual exaltación que origina las ideas elevadas, pensamiento basado de un superior concepto de la igualdad ante la ley equitativamente establecido como última evolución del sentimiento humano, que no debe ser enervado por una negativa de auxilio á los pobres, siendo necesario que el bien emane de la ley, y que la humana justicia procure el equilibrio social, colocando en un platillo de la balanza el derecho del rico, y en el otro platillo el derecho del pobre, para evitar que la fuerza determinante del derecho sea empleada en el desenvolvimiento y efectividad de tal principio, habiendo de ser la ley el dogma de la teología judi- cial, porque opinamos con el profesor Visón-Camataneo: «siempre valen más las Leyes arbitrarias que los Jueces arbitrarios».

La aplicación del art. 17 de la Ley de Enjuiciamiento Civil tiene carácter especial por representar, más que una excepción, una declaración de los preceptos de carácter general, al efecto de evitar el fraude de la ley mediante una insolencia fingida, burlando traidoramente los preceptos legales á través de las mismas mallas de la ley que no puede ser más casuística, y, si se quiere, previsora. Pero la mala fe de los litigantes temerarios suele falsear la verdad y revestirse de la hipócrita mascarada de la mentira, y, amañando la prueba, determinar legales sentencias de juzgadores legalistas que, sin perjuicio del honor de su conciencia y de su sentido jurídico, se ven en la imperiosa necesidad judiciaria de aplicar el aforismo juxta allegata ei probata.

En el mentado art. 17 se indica el juicio del Juez como determinador de la sentencia, cuyo juicio se condiciona dentro del mismo artículo por las reglas á que ha de someterse indefectiblemente el criterio del juzgador, el que no habrá de otorgar la defensa por pobre cuando se infiera lo que el artículo expresa; luego el juicio del Juez habrá de sujetarse inexorablemente á lo alegado y probado, deducíndose, por tanto, que la frase «á juicio del Juez» era impreciso emplearla porque en toda cuestión judiciaria se presupone; y por algo y para algo se estudia la ciencia del Derecho, y en ella las reglas de interpretación, y, á mayor abundamiento, tienen inmediata e insufrible aplicación los preceptos del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento, del mismo orden respecto de la apreciación y calificación de la prueba por los juzgadores conforme á las reglas de la sana crítica, analizando los hechos conforme á las normas incontrovertibles de la lógica; pues la facultad discrecional se halla sometida inevitablemente al prudente arbitrio, y la prudencia es una ley moral que tiene su sanción en la austera conciencia y su promulgación en el sentido jurídico del juzgador imparcial, determinándose la prudencia como imperativo categórico, y además el juzgador ha de apreciar la prueba aunque sea en conjunto; pero sin poder salir de las actuaciones, ni siquiera bordar la pública opinión porque debe ver á los litigantes exclusivamente en las actuaciones, es decir, que el juzgador no sólo no debe, sino que no puede prescindir de lo alegado y probado, cuya prueba es el único elemento determinador de la sentencia que se pronuncie, tanto por el Juez de 1.ª instancia, como por los Tribunales superiores; pues la frase «á juicio del Juez» no alude solamente al de 1.ª instancia, sino al Tribunal juzgador, cualquiera que éste sea, que, sin conocer al demandante, puede intervenir en su- perior ó inferior instancia.

La apreciación de los signos exteriores se presta fácilmente al error, pues por causa de malhabidas costumbres sociales, salvadoras de apariencias, muchos signos exteriore- res son más que miserias doradas para el bien parecer mundano, cuyo valor nominal tiene circulación en el mercado de la vida pública y cotización en la bolsa de las vanidades humanas, en cuyos recónditos misterios es difícilísimo buscar el fiel contraste de la verdad, que al rasgar con el escopelo de la crítica el arlequinesco velo y hundir aquél en la entraña palpable de la realidad, le embataría en un montón de harapos, máscara de humanas laceras escondidas en los sepulcros blanqueados de la ficción, que ante la ansotadora lente de la ciencia biológica denun- cian un mundo de miserias.

La sentencia pronunciada en virtud de una demanda de pobreza, suele ofrecer transcendencia anua, y en la casi totalidad de las ocasiones, si no prejuzga el asunto principal, implica la orientación de tal asunto; pues si se concede el beneficio de pobreza, se pone en manos del declarado pobre, si éste es de mala fe, un arma poderosa y terríble, que esgrime á mansalva contra la hacienda del otro interesado, especialmente si éste ha de litigar en con- cepto de rico, á quien molesta, coacciona y perjudica, parapetándose tras la oficial pobreza, entablando y pros- guiendo la contienda con armas desiguales en cuanto al anticipo de los gastos promotorios al fallo, siendo el dinero ó su equivalencia en bienes ó derechos en la mayoría de los casos el nervio de la guerra judiciaria. Ocu- rriendo muchas veces que el que por efecto de sus circunstancias reales ó aparentes espera obtener y obtiene legalmente el beneficio de pobreza, se entrega más fácil e im- punemente al sport de pleitear con amplitud y prolongidad de incidencias, pruebas y demás detalles; y el litigante contrario, que se oye en la necesidad de luchar se ve en la inexorable precisión de anticipar el pago de las costas