El Foro español (Madrid. 1898) (1910-03-10 00:00:00), página 2

dignas de todos los respetos debidos á una integerrima honorabilidad. El caso, sólo y exclusivamente por lo que se refiere á la contradicción existente entre un fallo que en absoluto priva de una carrera al condenado, y otro que estima que sólo debe quedar en suspensivo de empleo durante un corto tiempo determinado, es por lo que le tomamos en cuenta y no respecto á todo lo demás que en tesis general, y no refiriéndose á estos ó los otros Tribunales de honor de ciertas clases sociales, sino en general podemos decir.

No puede continuar un estado de Derecho en que un mismo hecho pueda ser calificado y penado de distinta manera; no es posible acabar con la regla jurídica de que un mismo y único hecho pueda ser penado de dos maneras distintas; es verdaderamente indecoroso para los Tribunales ordinarios el que sobre sus fallos pueda predominar ningún otro fallo.

Es un error, y error que recae también en despreció de estos Tribunales ordinarios, el creer que lo que en derecho se castiga no es la falta de moral, ya que íntimamente unida la Moral y el Derecho, la trasgresión de éste implica siempre la falta de aquélla, y en este sentido, la pena todo lo lava ó nos exponemos á entrar en un sistema tal de variedad de penalidades nada compatible con el espíritu progresivo de la época actual, ni con los principios de la ciencia penal que jamás, por muchos sofismas que se inventen podrá dar ni siquiera apariencias de justicia á tal variación de penas, que por otra parte y por no obedecer á reglas fijas en su imposición, se corre grave riesgo de que no haya igualdad para todos ni en todos los casos.

Creemos que se está desnaturalizando el sentido en que pueda informarse la existencia de los Tribunales de honor que en nuestro concepto no deben entender nada más que de aquello que traspone los límites de la Moral, aunque no del Derecho, escapa de la sanción de los Tribunales ordinarios. Todos sabemos de casos en que la conducta depravada de algunos hombres les hace indignos de pertenecer á la clase que deshonran y que sin embargo, aunque bordeando sus límites, no caen nunca de lleno en las páginas del Código Penal, y para estos casos á lo sumo debían regir los Tribunales de honor ó para aquellos otros que real y verdaderamente produzcan deshonra en ese grado en que la sociedad repudia al que cometió el delito, aun después de cumplida la condena, como ocurre, en general, con los delitos contra la propiedad ó el de asesinato, y en casos muy excepcionales con algunos otros por la forma y circunstancias particulares de su comisión.

Digno de estudio es lo que sólo de una manera rápida dejamos apuntado y en una ú otra forma urge el remedio al mal incommensurable de que exista una especie de pugilato entre unos y otros Tribunales, y sobre todo, el que el fallo de los Tribunales ordinarios á cuyo frente se encuentran dignísimos magistrados encaneci-

dos en el estudio del Derecho y cuyo nombramiento aparece revestido de todo género de garantías legales y cuyo acierto y rectitud profesional aparecen consagrados por largos años de práctica en la administración de Justicia, pueda en ningún caso quedar obscurecido, postergado y hasta anulado por el de un Tribunal de honor, que aun suponiendo que en él no tomen asiento en ningún caso personas apasionadas, influidas ó adaptables, deben su cargo á las circunstancias del momento y al momento han de abandonarle, no exigiéndose condiciones ni reglas fijas de todos conocidas ni para ocuparle, ni para dictar su sentencia.

En el poder está el Sr. Canalejas, jefe de los demócratas; vea si por el camino que van las cosas en este punto, no corre grave riesgo la Democracia, y lo que es peor todavía la Justicia y el prestigio de los Tribunales de Derecho.

Y después de visto esto, vea también si procede hacer algo para remediarlo y hacerlo con la urgencia que requiere la veleidad de la política reinante.

Escolios para el Glosario de la ley de Justicia municipal

I

En España hay 9.266 ayuntamientos que hacen presuponer un número igual de Tribunales municipales y además los Tribunales de este orden existentes en diverso número en algunos ayuntamientos en cuyos términos municipales hay más de un Tribunal de tal clase. Dado el régimen municipal actual, en muchos términos municipales no hay suficiente número de personas elementalmente aptas para constituir el mentado Tribunal. Como igualmente la Estadística ha demostrado que en nuestra nación la mitad de los procesados son analfabetos.

La reorganización de la Justicia municipal exige la codificación de las disposiciones vigentes que deben conocer y por tanto aplicar los Tribunales municipales. Y no basta recopilar las disposiciones aludidas, pues las recopilaciones suelen ser un mero inventario y á veces acumulación desordenada de elementos carentes de la necesaria unidad científica discordantes y sin la conveniente homogeneidad técnica, con diferencias y hasta perjudiciales disparidades en el lenguaje y en el estilo perturbando la Hermenéutica jurídica y dificultando la interpretación auténtica de la norma judicial.

La nueva ley de Justicia municipal es deficientísima en la redacción y en el método. Es obscura y desordenada. Carece de unidad científica. Y es incompleta, pues ha guardado silencio respecto del procedimiento en la mayoría de las cuestiones que inicia limitándose a dejarlas planteadas omitiendo el término de relación en la solución de continuidad entre lo implícitamente derogado y la nueva regla jurídica que formula.