El Foro español (Madrid. 1898) (1911-07-20 00:00:00), página 11

Tercero en los contratos.—Retracto de colindantes.—Sentencia de 16 de Abril. (Gaceta de 11 de Septiembre de 1910).—Declara que si bien no puede negarse la cualidad de tercero al que no interviene en un contrato, la fecha de éste, respecto a dicho tercero debe contarse desde el día en que el documento demonstrativo del contrato sea llevado á la Oficina liquidadora del impuesto de Derechos reales, según el artículo 1.227 del Código Civil, que contiene una presunción de derecho que cede á la prueba en contrario.

Y que tratándose de dos contratos privados por los cuales una persona adquiere el dominio de varias fincas, de donde arranca el derecho á retraer otras fincas colindantes adquiridas con posterioridad por un tercero, al declarar la Sala sentenciadora, fundada en lo anteriormente expuesto, que los contratos privados de referencia son de la fecha que en ellos se consignan y estimar la demanda de retracto, no infringe los artículos 1.225, 1.227 y 1.520 del Código Civil, ni la jurisprudencia establecida en sentencias de 30 de Diciembre de 1896, 15 de Diciembre de 1890, 24 de Marzo de 1895, 18 de Febrero de 1893, 30 de Mayo de 1893, 26 de Febrero de 1894 y 11 de Julio de 1900.

Reconocimiento de foro.—Pago de pensiones.—Sentencia de 18 de Abril. (Gacetas de 11, 12 y 18 de Septiembre de 1910).—Resuelve que la sentencia que declara que los demandados en el pleito no tienen la condición de llevadores de unas fincas que se suponen aforadas, ó, en todo caso, que no están identificadas las integrantes del foro cuyo reconocimiento se pretende en la demanda, tomando como base de tal declaración una certificación expedida por el Registrador de la Propiedad á hacer constar que las fincas discutidas, inscritas á favor de los demandados, no están afectas á carga de ninguna clase á favor del demandante como dueño del dominio directo de un foro sobre aquellos establecido, no infringe los artículos 1.215, 1.216 y 1.818 del Código Civil, en relación con la ley 114, título 18, partida 3.a, y con la doctrina establecida en sentencia de 26 de Febrero de 1867, 20 de Junio de 1877 y 9 de Noviembre de 1898, porque hallándose inscrito el dominio directo de las que el actor pretende hallarse sujetas al pago de la pensión foral que reclama, es evidente que si alguna de ellas estuviera inscrita en el Registro de la Propiedad en el dominio útil de los demandados, no hubiera podido expedir el Registrador la certificación negativa.

Posesión.—Nulidad de título inscrito.—Sentencia de 20 de Abril. (Gaceta de 18 de Septiembre de 1910).—Versa la demanda origen del pleito y del recurso sobre nulidad de un expediente posesorio de fincas instruido á nombre de unos menores, pertenecientes al padre de los mismos, y que á la fecha de la interposición de la demanda de nulidad de que se trataba habían pasado ya á poder de terceras personas por cesión ó renta realizada por el tutor de los menores con la autorización del consejo de familia. La demanda en que se pretende la nulidad del expediente posesorio y de los actos y contratos de él derivados aparece formulada á nombre de otros hijos del causante, pero de distinto matrimonio, y dirigida contra el tutor de los menores, contra los individuos del Consejo de familia y contra el Juez, el Secretario y los testigos que intervinieron en dicho expediente, y seguido el juicio declarativo en ambas instancias recayó sentencia absolutoria, contra la que los demandantes interpusieron recurso de casación que el Tribunal Supremo desestimó, considerando que solicitada la nulidad del expediente posesorio instruido á nombre de los menores hijos del primer matrimonio de su padre, de fincas que pertenecían á la herencia de éste y la nulidad también de los actos y contratos posteriores en orden á las mismas, sus anotaciones e inscripciones y la consiguiente cancelación de estas últimas, estima acertadamente el Tribunal a quo en la sentencia recurrida, que esta acción, para prosperar, debió promoverse á la vez que contra los demandados contra las personas que según el Registro eran poseedoras de los expresados bienes.

Y que al absolver por esta causa de la demanda, no infringe los arts. 4.º 659, 661, 913, 931 y 1.083 del Código Civil, 33, 34 y 408 de la ley Hipotecaria y 359 y 360 de la Procesal, ni la doctrina legal establecida, entre otras sentencias, por las de 14 de Noviembre de 1881, 24 de Abril de 1885, 9 de Julio de 1903 y 5 de Marzo de 1905, por que se pretende la nulidad de actos y contratos en que directamente han intervenido aquellos poseedores, que no tienen el carácter de herederos de los bienes en cuestión para que pueda sostenerse que no se ejercita la acción reivindicatoria, ya que los han adquirido por título singular, y en este concepto los tienen inscritos en el Registro, y por dicha consideración, sin su expreso consentimiento ó sin haber obtenido ejecutoria contra los mismos, según el artículo 82 de la ley Hipotecaria, ni se puede declarar la nulidad de los títulos ni cancelar las inscripciones cualquiera que sea á los efectos del art. 4.º del Código Civil la realidad de los derechos que los actores ostentan sobre los citados bienes, los defectos de que pueda ó no adecuarse la información posesoria, la falta de capacidad que se atribuya á las personas que los han vendido ó adjudicado, la inobservancia de las formas en estos casos establecidas para la eficacia de los contratos, el valor de las inscripciones y la preferencia sobre las de posesión de las de dominio que puedan alegarse.

Competencia.—Compraventa.—Acción personal.—Sentencia de 22 de Abril. (Gacetas del 13 y 14 de Septiembre de 1910).—Resuelve que en el contrato de compraventa, sea ó no mercantil, no habiéndose fijado en la obligación lugar para el pago del precio, deberá verificarse en el que se haga la entrega de la cosa vendida, conforme al art. 1.500 del Código civil.

Y que si el demandado y comprador admite la celebración del contrato por medio de viajante, celebrado en su propio domicilio, discutiéndose únicamente sobre la cuantía de los gérmenes que han sido objeto del mismo, y niega terminantemente que se le remitieran desde el lugar domiciliario del actor por su cuenta y riesgo, sin que haya principio de prueba alguno en apoyo de tal afirmación, el único dato de que por ahora ha de partirse, es el de la entrega real y efectiva, y, habiéndose hecho en el lugar del demandado allí ha de cumplirse la obligación, en cuanto al extremo del pago del precio, á tenor de la disposición citada, por todo lo que, en defecto de sumisión y de pacto en contrario, según la regla 1.a del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil, procede atribuir el conocimiento del asunto al Juez del citado lugar.

Alimentos.—Derecho de elección del obligado á prestar alimentos.—Sentencia de 22 de Abril (Gaceta de 14 de Septiembre de 1910).—