El Foro español (Madrid. 1898) (1910-11-21 00:00:00), página 3

mento de Hacienda se comunican á los Abogados del Estado, para que en los procedimientos criminales en que respectivamente intervienen, tengan en cuenta que los Grabadores y Ensayadores de la Fábrica Nacional de la Moneda y Timbre, cuando emiten dictámenes periciales sobre el cuño y calidad de la moneda, merecen absoluta fe y crédito, en cuanto sobre ambos extremos consignan en las certificaciones que expiden, y que en las referidas causas las monedas objeto del procedimiento, deben remitirse á la Fábrica Nacional, sin que ni en período de instrucción ni en el juicio, deban ser citados aquellos funcionarios para acudir ante los Tribunales á informar de nuevo.

Las omnímodas facultades que la Ley procesal confiere á los Tribunales de Justicia, respecto á la comparecencia, tanto en el sumario como en el juicio, de testigos y peritos, están limitadas por las reglas que en cada caso aconsejan la discreción y la prudencia, pues siendo la Justicia una garantía del orden establecido, no debe ejercerse de modo que perturbe la marcha de los demás servicios públicos; y este criterio, que constituye norma obligada en la interpretación de los preceptos legales, tiene su aplicación cuando se trata de los reconocimientos ó informes que han de hacer y prestar los Peritos Grabadores y Ensayadores de la Fábrica Nacional de la Moneda y Timbre, pues hallándose adscritos á una función propia de la Soberanía, que requiere la vigilancia y el cuidado más asiduos, y siendo escaso su número, se infiere daño al interés de la Nación, distayéndoles de ocupaciones que con su ausencia sufren interrupción.

No hay tampoco inconveniente alguno para los fines de la administración de Justicia en que se evite su presencia ante las autoridades judiciales en concepto de tales peritos, porque de una parte las operaciones que practican y los dictámenes que emiten en la materia de su competencia, tiene siempre el carácter oficial que les presta la fe de que están investidos, y de otra el encargo personal que en la fábrica desempeñan determina una imposibilidad de ausentarse, que equivale para todos los efectos al legítimo impedimento de que habla el art. 462 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, siendo, en su virtud, lo procedente que se les remitan al Establecimiento donde actúan los efectos y datos sobre que se quiera que informen.

Por todo lo expuesto, recomiendo á V. E. se sirva dar las oportunas instrucciones á sus subordinados, á fin de que tenga cumplida realización lo que por el Ministerio de Hacienda se ordena.

ESTADO.—Real orden de 3 de Noviembre de 1910, disponiendo que para tomar parte en las oposiciones á las Carreras diplomática y consular, se acredite hallarse en posesión del título de Licenciado en Derecho.—(Gaceta del 5).

«Con objeto de desvanecer las dudas que surjan en algún caso, así como la aplicación de criterios más ó menos acertados que pudieran sustentarse con detrimento de los intereses del Tesoro y de la verdadera y única interpretación aceptable de los artículos sextos de la Ley de las Carreras diplomática y consular, deberá entenderse en lo sucesivo que son requisitos absolutamente indispensables las condiciones 3.a y 4.a, consignadas en las expresadas disposiciones vigentes, que taxativamente prescriben que para tomar parte en las oposiciones á las Carreras mencionadas, se acredite hallarse en posesión del título de Licenciado en Derecho civil ó en administrativo, que por equidad y para evitar perjuicios derivados de la tramitación consiguiente para adquirir dicho documento, podrá sustituirse por el certificado que acredite haber sufragado los derechos correspondientes al mismo».

En el Supremo.

CASO CURIOSO

Dentro de pocos días se presentará en la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, un caso verdaderamente nuevo en nuestro sistema de enjuiciar.

En un recurso de casación por infracción de Ley, procedente de la Audiencia de Valencia, y de cuya defensa se ha encargado un eminente hombre público del partido liberal, que en ocasiones ha ocupado los más elevados puestos de la política, no solamente se propone que con arreglo á lo dispuesto en el artículo 1.734 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, se traigan los documentos á que el mismo se refiere y en las circunstancias que en él se determinan, sino que subsidiariamente se solicita se dirija carta-orden para que la Audiencia remita al Supremo los autos originales y completos.

Tanta novedad encontramos en tal pretensión, que después de examinar con atención la ley procesal, no hemos hallado precepto alguno en que poder apoyarla; y como tampoco recordamos de precedente alguno en nuestra ya larga práctica forense, es grande nuestra curiosidad, como la de la mucha gente de toga, entre quienes se comenta y discute el caso, por saber la resolución de la Sala, que en cierto modo, ha de sentar jurisprudencia para las solicitudes que en sentido análogo puedan deducirse en lo sucesivo.

Y no nos atrevemos á predicir en qué sentido se pronunciará dicha resolución, porque si bien á nuestro parecer, la pretensión pugna con los trámites taxativamente establecidos, y de manera clara, y si se quiere hasta casuística, en la sección 5.a del título XXI del libro II de nuestra Ley de Enjuiciamiento Civil, la autoridad que concedemos á la fi ma que suscribe