El Foro español (Madrid. 1898) (1910-04-11 00:00:00), página 11

para que con ello brille la ciudad, tanto por su adornjo como por su fortaleza y los muros rechacen cualquier enemigo si con el tiempo tratase de aproximarse á ellos.

Sirven de antecedentes al pleito, en segundo lugar, los libros obrantes en el Archivo de la ciudad dominante que detallan los actos de posesión y dominio ejercidos por los Concelleres de la misma con relación á las fortificaciones edificadas, al derribo de edificaciones á ellas contiguas, á las autorizaciones para edificar, al acuerdo de tomar prestado á censual el dinero necesario para las obras, al de la cesión de terreno para la edificación de un palacio real, y otros.

Constan, por último, como antecedentes más dignos de mención, que los privilegios antes referidos fueron suprimidos por el Rey D. Felipe V; y que por ley de 7 de Febrero de 1895 se cedieron gratuitamente al Ayuntamiento dominante los terrenos procedentes de las murallas de la ciudad, destinados á vía pública, quedando excluidos de la cesión y perteneciendo al Estado, los terrenos edificables de la misma procedencia.

Absuelto el Estado de la demanda, el Ayuntamiento demandante interpuso recurso de casación por infracción de ley, que el Tribunal Supremo desestimó.

Considerando, que absuelto el Estado de la demanda revindicatoria entablada por el Ayuntamiento recurrente son notoriamente ineficaces los motivos del recurso fundados en la eficacia de los Reales privilegios concedidos á la ciudad y en los actos de sus Concelleres, para disvirturar los fundamentos legales de la absolutión; primero, porque los Reales privilegios de 1357, 1358 y 1392, así como los demás que con ellos tienen relación mas ó menos directa, fueron abolidos por Felipe V en 1714 por un acto de soberanía de la naturaleza de aquellos que dejan huella permanente en la historia constituyendo para el porvenir fuentes de derecho, y de vez que en la realidad de la vida no se ha desarrollado siempre éste por modos y procedimientos normales y de conformidad con los principios abstractos que le informan, y porque otro acto reciente de soberanía ajustado perfectamente á una verdadera situación de normalidad, cual es el revelado por la Ley de 1895, ha sancionado irrevocablemente la propiedad que el Ayuntamiento pretende, en favor del Estado, pues sólo como dueño de los terrenos disputados pudo ceder la parte que de ellos cedió á aquella Corporación, no cabiendo ostentar ante los Tribunales derecho alguno por personas naturales ó jurídicas en frente y en contradicción con lo que el Poder legislativo declara; segundo, porque aun prescindiendo de consideración tan fundamental que por sí sola bastaría para la desestimación del recurso, la interpretación dada por la Audiencia á los documentos invocados por la parte recurrente y el alcance que les atribuye, es el que mas se ajusta, ya á la naturaleza de la cosa que se intenta revindicar, ya á los términos de aquéllos, pues las defensas y murallas de una población, siempre lo mismo por derecho antiguo que por el vigente, han estado bajo el dominio del Poder soberano; y no tratándose de una ciudad que fuese independiente ni autónoma, siquiera con relación á los Monarcas de Aragón, habría sido inconcebible la obligación de semejante soberanía que pugna ciertamente con los términos de los privilegios en que nada se dice de transferencia de ésta ni de dominio alguno, revelando aquéllos solamente una mera delegación de facultades con el objeto que en ellos se expresa, como se demuestra por la misma repetición de actos de los Monarcas, completamente innecesaria si se hubiera transferido de una vez la soberanía ó el dominio y la índole y alcance de algunos de ellos, demonstrativos de la retención de dicha soberanía; tercero, porque cuantos acuerdos singulares de los Concelleres alegados por la parte actora, ó son una consecuencia y derivación de las facultades delegadas, ó abusos á su nombre cometidos en que no puede fundar derecho alguno, ó se refieren á actos sin trascendencia legal para los fines que se pretenden, como el relativo á la donación hecha al Rey para la construcción de un palacio, que se explica por la confusión y subsistencia de las facultades delegadas; cuarto, porque á mayor abundamiento, la demanda no se ha fundado en el origen de los terrenos sobre que se levantaron las murallas y reservas que respecto de ellos hubieran podido hacerse al ser cedidos ó al adquirirlos, y porque los recursos con que la ciudad atendió á las obligaciones que los privilegios la impusieron, tampoco tienen un carácter privado y fueron establecidos en justa correspondencia al uso de las facultades concedidas en los privilegios por ser la ciudad la más directamente interesada en las condiciones de su defensa; todo lo cual patentiza que no sólo no se ha demostrado con la evidencia que la Ley requiere error alguno de hecho y de derecho, sino que el Tribunal sentenciador, reconociendo la fuerza legal de todos los documentos aducidos, los ha interpretado rectamente.

Que es manifiesta la improcedencia de los motivos que se refieren á elementos de prueba apreciados por el Tribunal sentenciador como corroborantes del dominio del Estado sobre los terrenos que el Ayuntamiento demandante intenta reivindicar para sí, á los que no se puede negar la significación que áquel los atribuye, aun cuando no se tratará precisamente de los terrenos ocupados por las murallas derribadas en 1854; toda vez que se puede prescindir en absoluto de aquellos elementos sin que resulte menos evidente el dominio del Estado por las razones antes indicadas.

Y que demostrado como queda que ni el Ayuntamiento se le transfirió soberanía ni dominio alguno sobre las murallas que ocuparon los terrenos de que se trata, ni á los actos ejecutados por dicha Corporación pueda atribuirsele el alcance que pretende, aparte lo expuesto en primer término en el Considerando primero, resulta igualmente notoria la improcedencia del recurso.

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Accidente del trabajo.—Apreciación de prueba.—Sentencia de 3 de Marzo.—(Gaceta de 2 de Noviembre de 1909).—Resuelve que el art. 1.729 de la ley de Enjuiciamiento civil niega la admisión del recurso de casación cuando se formula basado únicamente en la distinta apreciación de las pruebas, á no estar comprendido en el núm. 7.º del art. 1.692, y cuando el recurso se funda sólo en esa distinta apreciación, pretendiendo el recurrente que prevalezca su interesado criterio, sobreseer privativamente el Tribunal sentenciador que ha estimado no justificado aquél haber sufrido el accidente en el trabajo, la inadmisión es procedente, sin que á ello obsta la infracción alegada del art. 4.º de la ley de Accidentes del Trabajo, porque negada la existencia del accidente, está negado el derecho para obtener la indemnización pretendida.

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Accidente del trabajo.—Intoxicación plúmbica.—Apreciación de pruebas.—Sentencia de 5 de Marzo.—(Gaceta de 2 de Noviembre de 1909).—Resuelve que si bien con arreglo á la doctrina del Tribunal Supremo, el mal padecido por un operario á consecuencia de la intoxicación plúmbica contraída con motivo del trabajo que ejecuta en una fa-