El Foro español (Madrid. 1898) (1910-12-10 00:00:00), página 4

siendo en nuestros días objeto de estudio de una brillante pleáyade. Tan importante cuestión sólo está expresada en la realidad de nuestras reformas jurídicas por plausibles intentos de leyes especiales, cuyo espíritu, por desgracia, no ha trascendido á nuestro Código civil, pues en sus artículos 428 y 429, únicos dedicados á la propiedad intelectual, no consigna más que un principio teórico y un recuerdo de esta ley privativa. Plausible sería que el Código en su reforma diera cabida á sus principios fundamentales.

Fundase la sucesión en el principio del dominio familiar y los supuestos deseos del difunto, que deben coordinarse en un amplio concepto de armonía entre los fines individuales y sociales, limitando al cuarto grado el derecho. Crece cada día el imperio con que la Ley llama al hijo natural á intervenir en el disfrute de la herencia.

Por su profundidad, por su exactitud y sobre todo, por su aplicación, merecen ser adoptadas las doctrinas de Vivante, apóstol de la unificación de los Códigos mercantil y civil, eloquentemente reproducidas por Vidari, Bolaffio, Perrone y Mortara. La popularización del crédito y de sus instrumentos ha divulgado su uso entre todos sin distinción de edades, sexos ni clases sociales; y títulos, cheques, letras, cuanto un día fué vehículo reservado de la especulación mercantil, sirve las necesidades diarias de la vida común. Ya Milesi, extraña que el Código de Comercio regule hechos é instituciones como las Sociedades cooperativas y de seguros mutuos; no concibe la diversidad de las acciones y de la prueba, establecida por ambos Códigos; y considerando esta dualidad como meramente subjetiva aplaude el paso dado por Suiza en su unificador Código general de las obligaciones.

Revierte importancia extremada el estudio de las quiebras y los concursos. Ni el Código Civil ni el mercantil responden á las exigencias de la opinión; articulados escritos en el Civil con noble propósito como los 1.921 á 1.925, tras de engendrar dudas que la prudencia procedura resolver, si han corregido ciertos abusos han fomentado en cambio otros de no menor importancia.

En el amplio extracto que acabamos de hacer por medio de los párrafos anteriores del admirable discurso del Sr. Canalejas, amplitud que justifica la excepcional autoridad de su autor, acrecentada en la actualidad, y que sin embargo no hemos podido extender á todo lo que propone y á todo lo que razona, se ve íntegro el extenso campo de las reformas que deben interesarse en nuestro Código civil. Ningún tema esencial se escapa á la reconocida perspicacia del maestro en Derecho, y hay que rendirse á la evidencia de sus juicios serenos. Después de estudiar los precedentes históricos y los Códigos extranjeros, llega sólidamente á conclusiones ya ampliamente debatidas y aceptadas por la Ciencia y los Parlamentos. No aventura sueños sino síntesis de realidades internacionales, acomodadas al estado actual de nuestro país. Ese ensayo generoso espera la voluntad tenaz y esforzada que la incorpore á nuestra vida social.

Es el Código civil suizo la última creación jurídica que en la materia nos suministra Europa: recoge las enseñanzas de la Ciencia y la práctica, avanza más, aunque con gran precaución, en los derroteros del derecho moderno, convirtiendo sus teoremas en preceptos positivos. El Ministro de Justicia Brennez encargó al ilustre profesor Eugenio Huber la redacción de una exposición de motivos del Código, y este trabajo nos ha servido para formar el total concepto de la reforma. Bien dice el ilustre profesor que las leyes deben emanar de la conciencia del pueblo, de tal modo, que todo hombre inteligente que estudie las necesidades de su época y redacte los preceptos legales, tenga la sensación de que se los dicta el pueblo mismo. La sola diferencia entre el ciudadano y el legislador, que sienten al unísono, está en que uno manifiesta su juicio con el voto y el otro redactando el pensamiento común. El legislador moderno no puede olvidar en su obra, procurando armonizarlas siempre, la moral, la política y la economía, intentando en lo moral, tocante al matrimonio, retrasar la edad que otorgue el derecho á casarse, vista la frecuencia de las uniones formadas á la ligera y del número creciente de divorcios, y concediendo mayor libertad á la mujer para defendirse de los despotismos maritales: relativamente á las relaciones de padres á hijos, el ejercicio de una mayor vigilancia ejercida por la autoridad sobre los padres para proteger á los niños contra los peligros de un abandono que las condiciones modernas del trabajo parecen favorecer; y en materia de tutela, una mayor competencia de la autoridad estudiando mejor las necesidades personales del pupilo y su educación.

En el terreno económico se esfuerza por prescribir formas fijas que deberán ser observadas al contratar las obligaciones para evitar los conflictos que por su falta se originan; organizar los derechos reales para remediar el desorden que reina en la materia por la falta de registros públicos, limitar la tasa del interés en materia hipotecaria y crear títulos negociables; refundir el derecho de las sociedades, dotando á las existentes de una organización más fuerte y creando nuevas formas de asociaciones.

En lo político reconoce que la diversidad de las leyes compromete la propiedad nacional, debiendo procurarse la más grande unidad en el derecho; la falta de cohesión de las diversas materias debilita el cumplimiento de los deberes legales.

Es preciso, en cuanto á la relación del derecho nacional con el extranjero, realizar una continua y atenta comparación para que el legislador no viva confiscado en la estrechez y en la inmovilidad. Los pueblos, como los individuos, tienen necesidad de salir de su rincón y mezclarse en la vida universal. La legislación no debe convertirse en una muralla de la China. Que no se hable de imitaciones por la coincidencia con otros Códigos, porque la comunidad de condiciones sociales conduce á estas identidades.

JAVIER GÓMEZ DE LA SERNA.

BOLETÍN DE LA SEMANA

LEGISLACIÓN

GRACIA Y JUSTICIA.—Real orden de 80 de Noviembre de 1910, disponiendo que en la tramitación de las instancias solicitando certificaciones de antecedentes penales, se observen las siguientes reglas:

«1.º Las instancias en solicitud de certificaciones de antecedentes penales, serán dirigidas al Ilmo. Sr. Director general de Prisiones, en papel de peseta (clase 11ª), ó, en su defecto, se reintegrarán con una póliza de igual valor,