El Foro español (Madrid. 1898) (1911-08-20 00:00:00), página 9

Civil, en relación con los 277 y 278 del de Comercio, impuestas al comitente, como el de las del comisionista á que se refiere el 1.720 de aquel Cuerpo legal y los 263 al 286 del último, salvo pacto en contrario, deben verificarse en el lugar donde se desempeñe la comisión, y sobre todo tratándose del pago del saldo que se supone debido, conforme al párrafo 3.º del art. 1.171 del expresado Código Civil.

Y que siendo indudable que en el caso de que se trata todas las gestiones consignantes á la comisión conferida al deudor principal por la casa actora para el depósito y venta de ciertos minerales habían de realizarse en el lugar domicilio de aquél, sin que aparezca que ni en el contrato de comisión ni en el de fianza se pactara condición alguna mediante la que el comisionista hubiera de reintegrar al comitente de las cantidades procedentes de dicha venta en el de la Sociedad demandante ni deducéndose de las cartas presentadas con la demanda principio alguno de prueba en apoyo de esta afirmación, por limitarse á dar cuenta de una operación bancaria que nada demuestra en ese sentido, y si, acaso, más bien significaría que las entregas de cantidades se hacían en el domicilio del demandado, es evidente que, á tenor de la doctrina expuesta y de la regla 1.ª del art. 62 de la Ley de Enjuiciamiento civil debe decidirse el conflicto en favor del Juez de dicho domicilio bajo el doble concepto de ser el del en que la comisión se desempeñó y el domicilio del demandado y presunto deudor.

Derecho foral.—Testamento.—Libertad de testar.—Excepción de herencia.—Universalidad de bienes.—Causa lícita.—(Sentencia de 4 de Mayo. (Gaceta de 20 de Septiembre de 1910).—El problema á resolver en el pleito y el recurso consiste en determinar si con arreglo á la legislación romana, aplicable en Cataluña, procede prescribir como ilícito y reprobado, como atentatorio á la libertad de testar, el pacto consignado en escritura pública otorgada en una de las ciudades de aquella región, según el cual dos hermanas, por su espontánea y deliberada voluntad convienen en que determinada parte de sus bienes que les han sido adjudicados en la partición de herencia de su finada madre queden sujetos á reversión recíproca para el caso de fallecer sin hijos en la edad de testar alguna de las adjudicatarias; de suerte que al fallecer alguna de ellas en tales circunstancias, los bienes que les hayan sido adjudicados por el presente convenio, pasarán á la propiedad de la sobreviviente, y en el caso de que á la sazón hubiese premurto la otra de ellas dejando hijas, se entenderán éstas llamadas á los propios bienes en las proporciones iguales ó desiguales que les hubiese asignado su madre premurta y en falta de dicha asignación en partes iguales, declarando al efecto las otorgantes que se hallan sobradamente pagadas y satisfechas de los derechos legítimos y cuantos pudiesen alcanzar sobre los bienes de sus premurtos padres independientemente del cuerpo de bienes que constituyese el objeto de la escritura.

El Tribunal Supremo, al resolver el recurso, declara lícito dicho pacto, declarando que para que exista la coartación de la libertad de testar, que impugnándolo se invoca, capaz de causar la nulidad de la convención discutida, no basta ni puede constituirlo el sólo hecho de someter el cumplimiento de los estipulados á una condición determinada, ni cabe atribuir á tal convención el concepto jurídico de pacto sobre sucesión futura, toda vez que para llegar á esa calificación de tan grave trascendencia, sería preciso que se tra-

tara, no de un grupo ó conjunto parcial de bienes propios, sino de herencia no defértil, de una universalidad patrimonial, principios estos en que se informa la doctrina de la legislación romana, recogida por la de Castilla, especialmente en la ley XXXIII, tít. XI, partida III, de donde se infiere que no dándose como no se da en el caso actual la excepción de herencia no causada, pues se trata de bienes adquiridos ó con realidad presente, no por adquirir, que es lo que cualificaría la futura sucesión universal, lícita y eficaz ha de entenderse la permisión de contratar sobre cosas y hechos futuros, con lo cual, y á tenor de los Cuerpos legales citados, parece se ha querido amortizar en casos particulares como el de que se trata, el principio regulador de la familia con el de la libertad contractual, ya que sufrirá ésta gran menoscabo si de modo tan absoluto se prohibieran estipulaciones que, como la impugnada, reconocen por causa un propósito lícito y moral, como Hóitos y morales son los fines y las intenciones que llevaron á las interesadas á realizar el pacto objeto del recurso.

Y que tanto no dispuso ninguna de las otorgantes de una «universalidad de bienes» cuanto que en el mismo pacto objeto de controversia declaran hallarse satisfechas de sus derechos legítimos, independientemente del grupo de bienes que someten á reversión, máxime no apareciendo en el expresado pacto comprendidos todos los demás procedentes de las herencias paterna, materna, ni cualquiera otros bienes que por títulos distintos pudiesen llegar á poseer y posean á su fallecimiento, por todo lo cual no puede sostenerse con éxito que ninguna de ellas haya abdicado su libertad de testar, y claro es, que desechará la calificación jurídica que se atribuye al pacto de la escritura de adjudicación, el fallo recurrido que declara su validez y reconoce su fuerza, eficacia y trascendencia no infringe las leyes De pactis, De inutilibus stipulationibus, las cuales, si alguna relación tienen con asuntos de remota analogía, son inaplicables para resolver el presente debate.

Y que resuelto el litigio por el fundamento de la validez y eficacia del pacto discutido, hay necesariamente que reconocer verdadera y lícita la causa en que se ha informado, sin infringir por ello el capítulo 10 de las Decretales, título de verbum significative, párrafo 31 del título 20 De legatis, libro 2.º de la Instituta.

Bienes reservables.—Sentencia de 4 de Mayo. (Gacetas de 20 y 21 de Septiembre de 1910).—Declara que si bien el derecho á la reserva, reconocido por el art. 811 del Código Civil supone en principio la existencia de bienes reservables y otorga derecho para reivindicarlos á los parientes que dentro del tercer grado pertenezcan á la línea ó familia de que los expresados bienes procedan, de ello no se infiere, ni contra toda razón de justicia y equidad cabe inferir que merezcan el concepto de reservables más que aquellos que, deducidas las cargas y responsabilidades á los mismos afectas, resulten libres y bien determinados, tanto más cuanto que ese derecho personalísimo es, según jurisprudencia establecida, de interpretación restrictiva.

Que no habiéndose determinado á la muerte de un impúber cuya madre pereció, los bienes que, por ministerio de la ley, ingresaron en el patrimonio paterno, por no haberse llegado siquiera á liquidar la sociedad conjugal de sus causantes, al efecto de fijar para su distribución la existencia y evaluación de gananciales, claro es que, mientras no se practiquen las cuentas particionales correspondientes, deslindando