El Foro español (Madrid. 1898) (1911-01-10 00:00:00), página 12

comprendidos en sus disposiciones, quedan sujetas á las prescripciones del derecho común ó sea á los referidos artículos del Código Civil, si como aparece demostrado, los daños á que debe su origen la demanda base del juicio, fueron los ocurridos por accidente en el trabajo, que son los comprendidos en aquella ley de excepción en sus artículos 1.º, 2.º, 3.º y 4.º, es evidente que su reclamación no cabe dentro de los preceptos del derecho común, y que desestimada aquélla en el juicio correspondiente, es insostenible su reproducción en otro juicio, pues esto equivaldría además á hacer consistir la identidad de acción no en su propia naturaleza, que es lo procedente, sino en la clase del juicio en que se ejercitase.

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Competencia.—Desahucio.—Sentencia de 17 de Junio (Gaceta de 18 de Enero de 1910). Declara que habiendo la Sala sentenciadora estimado, en vista de la prueba practicada, que el local á que se refiere una demanda de desahucio es un establecimiento mercantil, apreciación derivada de los hechos comprobados y á la cual es preciso atenerse por no poder ser combatida en el recurso de que se trata, está fuera de duda que es competente para conocer del juicio de desahucio el Juzgado de primera instancia, conforme á lo dispuesto en el caso 1.º, del art. 1.563 de la ley de Enjuiciamiento Civil, aunque la demanda se fundara en una de las causas señaladas en el art. 1.562.

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Honorarios de letrado.—Interpretación de contrato.—Sentencia de 19 de Junio (Gaceta de 18 y 19 de Enero de 1910). Consigna que la única cuestión del pleito y del recurso en torno de la cual giran todos los motivos de éste, consiste en la interpretación que deba darse á una carta en que el actor, como letrado, y contestando á otra del demandado en que pregunta si los honorarios de aquél en determinado pleito, que habría de entabllarse, excederían de cierta cantidad, dice que él, dada su amistad con dicho demandado, no podía nunca fijar honorarios, y, por ende, serían los que éste quisiera, lo cual entiende el demandado en cuestión, contra lo afirmado por la Sala sentenciadora, que constituye una renuncia expresa del derecho del letrado para reclamar los devengados en el pleito referido, subordinándolos á los que quisiera satisfacerse por sus servicios profesionales el recurrente que en contra de la sentencia recurrida alega la infracción de los artículos 1.091, 1.255, 1.256, 1.278, 1.281 y 1.282 del Código Civil.

El Tribunal Supremo, desestimando las infracciones alegadas, declara que supuesta la celebración del contrato que dicha carta demuestra y que en la sentencia se declara, la Audiencia se ha ajustado con recto criterio á la regla principal de interpretación consignada en el artículo 1.281 del Código civil, según la cual debe prevalecer la intención evidente de los contratantes sobre el sentido literal de las cláusulas de un contrato, y ha estimado, en consecuencia, con acierto, que por dicho documento no hizo el Letrado demandante de- jación de su derecho en el cliente, conformándose con la suma en que éste aprecia sus servicios, debiendo razonal y lógicamente entenderse que los términos de redacción empleados en aquella carta fueron únicamente la expresión de delicadeza y galantería propias de la amistad que en aquella sazón unía á ambos, al decir cortésmente que daba al arbitrio del cliente la fijación de los honorarios que excedieran de la cantidad supuesta por el demandado, y que éste contaba desde luego, satisfacer por ellos, y sobre cuya base había requerido los servicios profesionales del Letrado.

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Quebrantamiento de forma.—Juicio declarativo de menor cuantía.—Sentencia de 19 de Junio. (Gacetas de 19 y 20 de Enero de 1910).—Re- suelve que siendo imputable al recurrente el no haber tenido con oportunidad conocimiento de las providencias de mera tramitación mandando pasar los autos al Relator para el apuntamiento; haberse formado éste y señalado la celebración de la vista, por haber prescindido, en su primer escrito, solicitando se le tuviera por comparecido en segunda instancia, de designar el domicilio en que las notificaciones habían de practicarse, con manifiesta infracción del artículo 264 de la ley de Enjuiciamiento civil, que así lo exige para evitar se demoren los asuntos judiciales á capricho de los litigantes cuando, por la naturaleza del juicio no sea necesario, como aquí ocurre, valerse de Procurador; y, no existiendo, además, precepto alguno legal que impida, por tal motivo, el curso de los autos y haga indispensable, cual pretende el recurrente, retrotraerlos al momento de la primera de las providencias que no pudieron serle notificadas por la razón antedicha á su debido tiempo, está fuera de duda que son improcedentes los defectos de forma previstos en los números 3.º, 4.º y 5.º del artículo 1.693; tanto más cuanto que la supuesta indefensión, fundamento esencial del recurso, se refiere al derecho á proponer prueba, del cual pudo hacer dicho recurrente uso en primera instancia desde la fecha en que, siendo ya parte, se le pusieron de manifiesto los autos á los efectos del artículo 693 de la ley de Enjuiciamiento civil, hasta el día en que terminaba el periodo de proposición acor- dado.

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Competencia.—Sumisión expresa.—Sen- tencia de 21 de Junio. (Gaceta de 20 de Enero de 1910). Declara que la sumisión expresa de que tratan los artículos 55 y 57 de la ley de Enjuiciamiento Civil es la hecha por los litigantes, renunciando su fuero propio y designando con toda claridad y precisión el Juez á quien se sometieron, cuyos caracteres no reúne la simple manifestación hecha inter vivos en un acto unilateral cuando el otorgante no podía pensar siquiera que fuese origen de un pleito, y sin que, en su conse- cuencia, nada revole en el mismo el propósito de so- meter á jurisdicción determinada y extraña á otras personas que no se expresan ni han intervenido en el mencionado documento, sino que figuran en otro muy posterior, y para continuar cumpliendo lo dispuesto en aquél.

Y que tratándose de una escritura pública para la institución de escuela de instrucción primaria, sea cualquiera la transcendencia de la cláusula en que el fundador señala el lugar del otorgamiento de dicha escritura, domicilio entonces del otorgante que después abandonó, para las notificaciones y diligencias á que diere lugar la misma, es indudable que en todo caso tal designación se refería notoriamente á las que exigiera el cumplimiento de dicha fundación, que ya había producido todos sus efectos en vida del funda- dor y que funcionaba con normalidad al ocurrir su fa- llecimiento, pero no puede admitirse que se tratará de una sumisión absoluta, incluso por lo tocante á una demanda que precisamente se dirige á anularla, y cuando los patronos y albaceas nombrados y á quienes hoy se demanda, residen en el lugar donde se es- tableció la Fundación, por todo lo que y dada la natu-