El Foro español (Madrid. 1898) (1910-04-30 00:00:00), página 2

necesaria para el objeto que nos ocupa, la cual sólo se va adquiriendo con los años, mediante el natural desarrollo y el incesante cultivo de nuestras facultades mentales.

La legislación española, que (careciendo de fijase en el señalamiento de la mayor edad de los ciudadanos) faculta á éstos para que testen á los catorce años; les concede una limitada emancipación á los diez y ocho, si se casan; les autoriza para ejercer el Comercio y la Abogacía á los veintiuno; los emancipa por completo á los veintitrés, pero no les otorga el pleno uso de los derechos políticos hasta los veinticinco; esa legislación que tanto varía sobre el particular, y que manifestamente se contradice, por ejemplo, al reconocerle aptitud para defender en juicio los intereses, la libertad y hasta la vida de cualquier persona, al abogado menor de edad á quien le niega capacidad para administrar libremente sus propios bienes; esa legislación, repito, establece otra diferencia e incurre en nueva contradicción acerca de este punto, al permitir que un Bachiller, desde los diez y seis años, intervenga más ó menos directamente y con mayor ó menor eficacia, en la gestión oficial de los asuntos económico-administrativos y en la resolución de las contiendas que en tal orden se producen.

Aumentar vemos la anomalía, si tenemos en cuenta que el Código penal declara irresponsable al mayor de nueve años y menor de quince que haya obrado sin discernimiento, y considera siempre como circunstancia atenuante la de no haber cumplido los diez y ocho el culpable.

¿Cómo se admite al ejercicio de delicadas funciones públicas, á jóvenes en quienes la ley no reconoce la conciencia suficiente para poderles exigir con justicia la plena responsabilidad de sus actos? Y siendo esto así, ¿qué eficaz garantía de cuidado y rectitud en su proceder nos ofrecen, para contrarrestar el aturdimiento e irreflexión de la adolescencia, esos funcionarios que no responden por entero criminalmente de los abusos que cometan en el desempeño de su cargo?

Se dirá que á tales adolescentes no se les confían los delicados servicios á que aludo; se añadirá que acaso se os emplea únicamente para escribir. Pués bien; si con ello se demuestra que sólo para esto son tenidos por útiles, ocupen, en buen hora, plazas de escribientes, y queden las de oficiales para personas mayores, que reúnan todas las condiciones de idoneidad necesarias y que las merezcan más que aquéllos.

* * *

No menos censurable que en el punto examinado me parece la ley de que se trata, en lo de suponer que un individuo sea apto para desempeñar, con el debido acierto, cualquier cargo en cualquiera de los diferentes ramos que abarca la Administración económica del Estado.

Aparte los distintos funcionarios de carácter técnico que en ella abundan, los demás constituyen un solo cuerpo que indistintamente presta servicios tan diversos como el de contabilidad y el despacho de expedientes, por ejemplo, según lo requieran las combinaciones de personal en caso de vacante (especialmente cuando ésta corresponde á las altas categorías), ó conforme lo aconsejen otras necesidades y aún simples conveniencias.

A pesar de la íntima relación que existe entre los asuntos que comprende en sus varias cuanto múltiples esferas la Hacienda pública, no es su naturaleza tan homogénea que permita al funcionario que pasó muchos años de su carrera (tal vez la mayor parte de su vida) interviniendo en uno de aquellos órdenes administrativos, á cuyo estudio se dedicó con preferencia (si no exclusivamente) y al cual se contrae su profesional experiencia entender de pronto y sin gran dificultad en la gestión (menos todavía en la dirección) de los negocios de otra clase.

Parece que el Sr. Cobián se propone remediar este inconveniente con el establecimiento de los tres escalafones de Administración, Contabilidad e Inspección; exigiendo, para ser incluido en cada uno de ellos, los conocimientos especiales que requiera la materia respectiva, demostrados no sólo mediante oposición, sino por otros medios tanto ó más recomendables que éste y de los cuales también pienso hablar en su día.

BOLETÍN DE LA SEMANA

LEGISLACION

GRACIA Y JUSTICIA.—Real decreto de 27 de Febrero de 1910, dictando reglas para el funcionamiento del Registro central de contratos de préstamos declarados nulos. (Gaceta de 1.º de Marzo).—Parte dispositiva:

Artículo 1.º El Registro Central de contratos de préstamos declarados nulos, creado en el artículo 7.º de la Ley de 23 de Julio de 1908, se llevará en la Dirección General de los Registros y del Notariado á cargo de uno de los Jefes de negociado de la misma con el personal subalterno que fuere necesario.

Art. 2.º Además del Registro Central que establece el artículo anterior, se llevarán Registros particulares en las Audiencias Territoriales bajo la Inspección de la Dirección General.

Art. 3.º En el Registro Central se tomará razón de todas las sentencias firmes, en las que se declare la nulidad de contratos de préstamos, con arreglo á lo dispuesto en la Ley de 23 de Julio de 1908.

En los Registros particulares de las Audiencias constarán las sentencias firmes de préstamos anulados dictadas por los Juzgados y Tribunales del respectivo territorio.