El Foro español (Madrid. 1898) (1910-07-30 00:00:00), página 4

3.º Los Comisarios ó Jueces inferiores de poblaciones no capitales de provincia, cobrarán sus derechos conforme á los aranceles y se nombrarán observando las siguientes reglas:

a) Todos los años los secretarios de los Juzgados y Comisarías abrirán una lista de cuantos con aptitud legal pretendieran ser Juez inferior en la población de su residencia; lista que elevarán á la Audiencia y Juzgado respectivo para que formasen el escalafón de solicitudes por orden de méritos, determinando sus categorías y la preferencia dentro de ellas con arreglo al art. 3.º de la ley de justicia municipal publicándose el escalafón á fin de que los interesados pudieran formular las oportunas reclamaciones.

b) Harían estos nombramientos:
El Presidente de la Audiencia los correspondientes á los Juzgados; y
El Juez mayor los correspondientes á los pueblos de su partido.

c) El nombramiento de Juez inferior habrá de recaer necesariamente á favor de la persona que figurara en el número primero del escalafón de cada año y el de suplente á favor del número segundo.
En los casos de desfunción ó de renuncia se nombraría sustituto al número tercero sin que el tiempo de su ejercicio le fuera computable.
Para los efectos de esta base en los escalafones anuales irán ocupando los números por su orden cuantos hubieren desempeñado el cargo de Jueces y suplentes en los seis años anteriores.

d) Ninguno podrá ser nombrado por segunda vez Juez inferior, ni suplente, ni sustituto, mientras existiesen en el escalafón solicitantes de la misma categoría que no hubieran ejercido dichos cargos; y si no existiese de la misma categoría, tampoco sería nombrado—y se nombraría al de la siguiente—á no haber transcurrido seis años de su nombramiento en los Juzgados y cuatro en las Comisarías ó Tribunales inferiores.

e) Contra las resoluciones que se dictaran por los Juzgados y Audiencias, podrá recurrirse ante las Salas de Gobierno del Tribunal superior inmediato.

§ 3.º
DESIGNACIÓN DE LOS JURADOS

La ley de justicia municipal en su art. 11 dispone que el Juez de primera instancia forme una lista de 24, 12 ó 6 personas idóneas y que las Salas de gobierno de las Audiencias territoriales asistidas de los Decanos de los Colegios de abogados y notarios asignen por sorteo el número de orden entre los propuestos, siendo nombrados adjuntos los dos primeros por un mes, dos ó cuatro, según que la población tenga más de 30, más de 10, ó menos de 10.000 almas, quedando los demás en calidad de suplentes.

De donde resulta que el Juez de primera instancia designa á su voluntad los adjuntos, y las Territoriales se limitan á una labor puramente mecánica, á practicar el sorteo; y nada tiene de extraño que al combatir el nombramiento de los Jueces municipales, se combatieran con mayor dureza el nombramiento de esos adjuntos, que ni son jurados elegidos en la forma ordinaria y por mitad entre contribuyentes y capacidades como proponía el Sr. Monteros Ríos, ni con Jueces ó fiscales municipales de años anteriores, ó en su defecto mayores contribuyentes, como pensó el Sr. Maura, ni con vocales llevados uno por cada parte como ideó el Sr. Dato; sino que con personas que asistirán á los juicios desligadas de todo compromiso y nombradas libremente y sin responsabilidad alguna por el Juez de primera instancia á quien podrán llegar más fácilmente las influencias y las amenazas de los caciques.

Nuestra opinión discrepa de unos y otros.
Admitido el jurado y admitido para el conocimiento de los hechos delictivos, debemos admitirle para el conocimiento de las faltas; y si le instituimos para el conocimiento de los hechos en asuntos civiles de menor y mayor cuantía, debemos instituirle para los de mínima cuantía: lo contrario fuera proceder con una falta de lógica imperdonable.
¿No queremos que el ciudadano español practique el derecho? ¿No queremos que tome una parte directa en la vida judicial? ¿No queremos contribuir á su perfeccionamiento? Pues llevémonos allí donde sus aptitudes le permitan realizar esos fines, y de esta manera elevando sus condiciones jurídicas habremos dado un paso más en la cultura de nuestra patria.
Con el objeto de no incurrir en repeticiones enojosas, nos ocuparemos de la ley de 20 de Abril de 1888; ley que no ha ofrecido, ni podrá ofrecer los resultados que eran de esperar por las deficiencias de que adolece, entre las cuales y como vicio de origen, habremos de puntualizar aquí las que se relacionan con la formación de las listas.
Hace veintiún años que viene rigiendo la expresada ley, y pudieran citarse en todas las capitales y en todos los pueblos de España, infinito número de personas que obligadas á desempeñar el cargo de jurados, no le han desempeñado una sola vez.
Si las funciones del jurado se declaran obligatorias, todo ciudadano español capacitado debiera ejercitarlas para evitar las quejas justificadísimas que motivan diferencias traducidas en desigualdades y privilegios que la ley no debiera permitir.
En primer término, las Juntas que confeccionan las listas debieran constituirlas sólo el Juez y Fiscal inferiores con el Alcalde ó Teniente, y de este modo se evitaría que los tres contribuyentes mayores por territorial y el mayor contribuyente por industrial, en el pleno goce de sus derechos civiles y aptos para ser jurados, dejaran de serlo,