El Foro español (Madrid. 1898) (1911-11-10 00:00:00), página 9

Testamentaría.—Prevención del juicio necesario de testamentaria.—Contadores partidores.—Autorización del Consejo de familia.—Derecho de deliberar.—Sentencia de 22 de Noviembre. (Gacetas de 27 y 29 de Junio de 1911) (1).—Declara que según doctrina de la constante jurisprudencia del Tribunal Supremo, la prohibición impuesta por el testador de que intervenga la justicia en su testamentaria, obliga solamente a los herederos voluntarios y no á los derechohabientes necesarios en el caudal, y tratándose de menores que tienen la cualidad de legatarios de parte del caudal, en concepto de legitimarios, y el carácter de herederos fideicomisarios condicionales, el auto confirmatorio de la providencia en que se tiene por prevenido aquel juicio, no infringe el principio de que la voluntad del testador es la suprema ley, y tampoco el artículo 1 059 del Código Civil.

Que la prevención del juicio de testamentaria, no priva á los contadores partidores, si esta facultad les concedió el testador á los albaceas para que la desempeñen en tiempo oportuno dentro del juicio, y por consiguiente, su nombramiento con este carácter no impide la prevención del juicio testamentario.

Que obteniendo el tutor la necesaria autorización del Consejo de familia, por iniciativa de su Presidente, para promover el juicio de testamentaria, condicionando su intervención y los fines del mismo, se ha cumplido lo preceptuado en el caso 13 del art. 269 del Código Civil.

Y que el derecho de deliberar, reconocido en el Código Civil, por tradicional de las antiguas leyes patrias, estatuido también en el Principado de Cataluña, y regulado en el Código de Justiniano De jure deliberandi, título 30, libro 6.º, compete no sólo al heredero testamentario y al legitimario por título universal, si que también es aplicable á los legitimarios y á los fideicomisarios.

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Reivindicación de bienes.—Sentencia de 24 de Noviembre. (Gaceta de 27 de Junio de 1911).—Declara que si bien el heredero con título de tal puede reivindicar los bienes que fueron de su causante, no cabe prosperar su acción si los que son objeto de la demanda se hallan en poder de tercero en virtud de otro título procedente de obligación contraída por aquél que acredite el dominio á su favor, sin que quiera admitir que la sentencia que así lo estime infirja el artículo 318 del Código Civil.

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Donación.—Donación irrevocable.—Herencia.—Pago de deudas.—Valididad de contrato.—Obligación posible.—Causa falsa en los contratos.—Pagos.—Efectos públicos.—Sentencia de 28 de Noviembre. (Gaceta de 29 de Julio de 1911. Apéndice).—Declara que en el caso de un individuo que por escritura de capitulaciones matrimoniales se compromete, una vez efectuado el matrimonio de su hija, á entregar, á ésta por vía de dote, cierta cantidad de pesetas, ó otra menor por vía de interés anual mientras no se verifique el pago del capital endinero ó en bienes raíces celebrado el matrimonio.

(1) Como pudiera extrañar que esta sentencia, que lleva la fecha del 22, aparezca publicada en las Gacetas de 27 y 29 de Junio, siendo así que la siguiente, que es del día 24, sólo se insertó en la Gaceta del 27, advertimos que de existir error en la fecha de la sentencia del 22, hay que atribuirlo á una equivocación del periódico oficial.

es evidente que dicha obligación por constituir una donación de carácter irrevocable se transmite por muerte del obligado á su hijo y heredero, porque el heredero sucede en todos los derechos y obligaciones del difunto, máxime si en el testamento se le impone la obligación de respetar y cumplir con la mayor escrupulosidad cuanto el testador tuvo por conveniente pactar en las capitulaciones mencionadas.

Que esto supuesto, al convenir dicho heredero con su hermana y el esposo de ésta, mediante escritura pública, que se adjudicaría á aquélla en pago de su dote, no contando con especies metálicas, un título de la renta francesa, procedente de la herencia de su padre, y depositado en una casa de banca en una población francesa, no hace otra cosa que cumplir obligación ineludible para él en el doble concepto de heredero y ejecutor de la voluntad de su padre, sin que la circunstancia de no poder disponer de los bienes de la herencia por hallarse ésta sujeta á determinadas sustituciones condicionales se oponga á la validez del mencionado contrato, porque no hay herencia sin el pago de todas las deudas y obligaciones del causante; y como éstas han de satisfacerse con los bienes relativos, claro es que los que se destinen al pago de las cargas de la sucesión están libres de las limitaciones impuestas al instituido, por todo lo cual es inconscuso que la sentencia que declara válido dicho contrato, no infringe los artículos 467, 1.216 y 1.218 del Código Civil ni la doctrina consignada en las sentencias de 18 de Julio de 1876 y 24 de Noviembre de 1894.

Que es corolario del fundamento anterior que la cláusula estampada en la lámina á que se refiere el contrato en cuestión, en la que se expresa que no podrá ser enajenada sino en las condiciones establecidas en el testamento del causante de los otorgantes en tanto puede estimarse subsistente en cuanto no se destine dicho valor al cumplimiento de las obligaciones que sobre la sucesión gravitan, y por ello no es dable afirmar que dicho contrato sea nulo por contener una obligación imposible, aparte de que las dificultades que pueda oponer la administración francesa á la entrega ó conversión de quel efecto público no son insuperables, sobre todo una vez aclarado el verdadero concepto de la cláusula, por sentencia dictada por el Tribunal competente, en la que se ordena, además, la entrega del título.

Y, por último, que tampoco infringe la sentencia la ley 7.º, parágrafo 4.º, libro 2.º, título 14 del Digesto, ni los artículos 1.276, 1.281 y 1.283 del Código Civil, ni la jurisprudencia consignada en las sentencias de 31 de Octubre de 1865 y 1.º de Abril de 1897, en el supuesto alegado de haberse otorgado el contrato, cuya validez declara, con falsedad de causa, siendo así que se celebró para hacer pago de la dote irrevocablemente ofrecida en capitulaciones de matrimonio, causa verdadera de la convención de posible cumplimiento, como queda demostrado, y en la especie de pago acordada en la misma, porque un efecto público, que no es otra cosa que un título de crédito, equivale á dinero cuando el acreedor lo acepta con las contingencias aleatorias á que puede dar lugar.

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Competencia.—Sumisión tácita.—Acollón real sobre bienes inmuebles.—Sentencia de 29 de Noviembre (Gaceta de 29 de Junio de 1911).—Declara que con arreglo al núm. 2.º del art. 28 de la ley de Enjuiciamiento civil, no puede estimarse la existencia de la sumisión tácita que el mismo define cuando la única gestión hecha por un litigante en el Juzgado donde ha sido demandado, fué la de oponerse con toda clase de protestas para que nunca pudiera entenderse-