El Foro español (Madrid. 1898) (1910-10-20 00:00:00), página 6

fien sus funciones ó de la Inpección de Tribunales, convenga al servicio. La suspensión y separación de estos funcionarios se acordarán á las reglas que rigen respecto á los demás Auxiliares de los Tribunales.

Art. 25. Los Abogados y Procuradores designados de oficio estarán obligados, sin necesidad de nueva designación, á defender y representar á la parte en tolas las instancias y recursos que procedan del asunto para que fueron nombrados.

Art. 26. Quedan derogadas todas las disposiciones posteriores á la Ley Orgánica del Poder Judicial, á su adicional y al Real decreto de 24 de Septiembre de 1839, en cuanto sean opuestas ó distintas á lo preceptuado en el presente decreto, el cual empezará á regir desde su publicación en la Gaceta.

AL SR. COBIÁN:

En el número de esta Revista, correspondiente al dia 30 del mes de Mayo, copiamos de la Revista de Hacienda, órgano de sus empleados, un hermoso artículo firmado por el Sr. Rivas Moreno, Delegado de Hacienda en Canarias, haciendo notar la necesidad de que al frente de los Negociados de Propiedades estuvieran oficiales letrados, y el triste espectáculo de que á ellos se manden empleados que tienen que hacer el difícil y largo aprendizaje de la legislación; y como el asunto estaba magistralmente tratado y por persona competente y bien informada de la realidad, entonces nos abstuvimos de hacer comentarios; pero hoy se nos ocurre nada más que preguntar: ¿Es que los empleados, una vez ya en la carrera, se entretienen en hacer el difícil y largo aprendizaje de la legislación?

De la Gaceta de la Bolsa y de la Propiedad, en su número correspondiente al dia 2 de Junio último, copiamos el concienciado artículo firmado por Román Álvar y Bas, que en relación con los aparecidos en la misma Revista reproducidos en la nuestra correspondiendo á los dias 30 de Abril y 10 de Mayo y con el del Sr. Rivas Moreno, sometemos á la ilustrada consideración del nunca bien ponderado actual Ministro de Hacienda, Sr. Cobián, si bien tenemos descontado que ni á él ni al Sr. Riu, competentísimo Subsecretario del Ministerio, son necesarias tales indicaciones para llevar á la proyectada ley las reformas que hagan desaparecer las anomalías que sólo un equivocado concepto de la carrera administrativa pudo hasta ahora consagrar, sin que al sostener esto desconozcamos que haya funcionarios administrativos que sin poseer títulos académicos ni asimilados, llegaran, efecto de su laboriosidad y extraordinarias condiciones individuales, á escalar los elevados puestos que dignamente desempeñan ó han desempeñado; pero esto no obsta, pues las leyes no se hacen ó deben hacer para las excepciones

Dice así la Gaceta de la Bolsa y de la Propiedad:

LA LEY DE EMPLEADOS DE HACIENDA

A fin de evitar torcidas interpretaciones y librarme de la acusación (que no merezco) de incurrir en exclusivismo profesional, insisto hoy sobre un extremo que ya indiqué en otro artículo á saber: que no propongo el requisito de la Licenciatura en Derecho para desempeñar todos los cargos de la Hacienda pública, sino tan sólo para ejercer en ésta la función jurisdiccional, es decir para resolver expedientes de reclamación.

Propongo, lo co y jsto, reconociendo que cada rama de la Administración económica exige una competencia especial, y deseando, por tanto, que se conceda á todas las profesiones la legítima participación que respectivamente les corresponde en el desempeño de la misión oficial que nos ocupa.

Mas quiero que también tenga lógica el Estado, quien no demuestra tenerla cuando dispensa á sus propios servidores de reunir condiciones de aptitud que impone para la prestación de idénticos ó muy semejantes servicios á los particulares.

Y quiero asimismo que haga justicia, la cual tampoco resplandece en el ásido que muestra ese Estado, cuando nombra sus funcionarios, hacia títulos que declara justificativos de capacidad profesional, que únicamente él los expide y que no se obtienen sino tras largos años de estudios, repetidas pruebas de conocimientos en múltiples materias, y no se sacrifican sacrificios pecuniarios.

Porque el rigor de exclusivista, me parece muy bien que se confíe á la ciencia, á arquitectos e ingenieros agrónomos á industriales el ejercicio máximo en la buena gestión de las contribuciones urbanas, agrícolas e industriales, y no encontraría justificativo que, en concurrencia con esos técnicos, fueran admitidos á beciles, labradores y otros practicantes, á que acreditaran (sin dudar oposición) tener cierto bano de cultura mas ó menos superficial en los órdenes aludidos.

Porque no peco de exclusivista, considero como un acierto el haber encomendado la inspección del impuesto de utilidades á los profesores mercantiles, creyendo que éstos están llamados á tener de día en día mayor intervención y cada vez más beneficiosa en y para el manejo de la Hacienda pública.

Porque no peco de exclusivista, opino que á cargo de esos mismos profesionales ó de otras personas puritas debe conocer la dirección de la catabilidad del Estado.

Porque el rigor de exclusivista, creo que debiera organizarse un cuerpo de escribanos -clasificados en tres grupos: amanuenses, mecanógrafos y taquígrafos-, todos bien retribuidos, disfrutando de las mismas garantías que los demás empleados, y hasta pudieran obtener, dentro de su clase, ascensos ó mejoras de sueldo que sirvan de estímulo; cuento en el cual sólo ingresan las mujeres (con carrera ó sin ella) acreditadas, además de un conocimiento perfecto de la ortografía, tener buena letra ó manejar bien la máquina de escribir ó dominar la taquigrafía.

Además, ¿tiene explicación satisfactoria el hecho de confiar la juris dictio á un empleado que, para decirlo ó declarar el derecho aplicable al asunto que se discute en un expediente, necesita que antes se lo diga ó declare á él otro funcionario? ¿No equivale esto á encomendar la curación de un enfermo á alguien que, por no ser médico, necesitará ser instruido por quien conozca la Medicina?

Se explica perfectamente que un juez necesite oír el dictamen de peritos sobre puntos que, por ser ajenos al orden jurídico, no esté aquél obligado á conocerlos, y que constituyan antecedentes indispensables para formular juicio cabal sobre la materia de un litigio; pero la aplicación de la ley al fallo de éste, en lo cual consiste la esencia del acto de juzgar, ha de ser obra propia de quien juzga.

Así lo han entendido las leyes de procedimiento civil y criminal, que ordenan á los jueces y magistrados pronunciar sentencias por sí mismos, sin pedir á nadie proyecto alguno de ellas; y por no entenderlo de igual modo los reglamentos procesales en las reclamaciones económico ad-