El Foro español (Madrid. 1898) (1911-09-10 00:00:00), página 10

lidad de una compraventa con pacto de retro de cierto inmueble, tratándose, por consiguiente, del ejercicio de una acción personal, en defecto de sumisión y de pacto en contrario, ha de aplicarse la regla 1.a del artículo 62 de la ley de Enjuiciamiento Civil.

Y que si entre los Juzgados contendientes no se encuentra el único á que, según la escritura en que se consigna dicho contrato se había verificado la sumisión de las partes, y, en vez de tratarse del cumplimiento de la obligación, el pleito versa sobre la nulidad de la misma, según queda expresado, para la decisión de la contienda hay que atenerse al principio general actor sequitur forum rei, reconocido en la mencionada regla 1.a, y atribuir, por tanto, el conocimiento del asunto al Juez requiriente, por ser el del domicilio del demandado.

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Pago de pesetas.—Apreciación de prueba.—Sociedad.—Error de hecho.—Intereses por demora.—Sentencia de 13 de Julio, (Gaceta de 13 de Octubre de 1910).—Declará que siendo fundamento esencial de una sentencia la declaración de que el derecho del demandante y recurrido nace del convenio establecido entre éste y los demandados por virtud del cual se obligaron éstos á abonarle un tanto por 100, la mitad, cada uno, de los beneficios que a ellos les correspondieran en la sociedad que con otros tenían constituida, de la que era dependiente el actor, de esta base hay que partir forzadamente para el examen de las cuestiones planteadas en el recurso, no habiendo sido impugnada esa fundamental apreciación de la Sala sentenciadora en la forma que determina el número 7.o del artículo 1.692 de la ley de Enjuiciamiento Civil, única eficaz á los efectos de la casación.

Que teniendo dicho especial convenio como base la facultad de que todo socio se halla asistido para interesar á un tercero en su participación, sin que por ello se establezca vínculo alguno entre este último y la Sociedad á que se encuentra subordinado el primero, es evidente que no cabe confundir en una misma reclamación jurídica el particular convenio establecido entre los demandados y el actor con el de servicios entre éste y la Sociedad de la cual era dependiente, y esto sentado, no puede estimarse la infracción de la doctrina referente á la prescripción de las acciones y derechos definida en el número 3.o del art. 1.367 del Código Civil, bajo el erróneo supuesto de que la participación del tanto por 100 en los beneficios sociales correspondientes á los demandados, particularmente prometido al demandante y por éste reclamada en los autos, debiera considerarse como complemento del sueldo ó haber que el mismo disfrutaba como dependiente de la Sociedad dicha.

Que recayendo la promesa ó convenio otorgado por los demandados sobre una parte de los beneficios que á los mismos correspondieran en la Sociedad tantas veces mencionada, es visto que mientras ésta no se liquidara definitivamente, quedaba subsistente la obligación particular contraída con el actor, y al estimarlo así la sentencia recurrida no infringe los artículos 1.700 del Código Civil y 221, 223 y 228 del Código de Comercio.

Que reconociéndose por la Sala sentenciadora á un documento privado el valor que le concede el artículo 1.225 del Código civil para deducir de él la existencia de la obligación reclamada y su verdadero alcance y naturaleza, no es de estimar la infracción de dicho artículo ni la del 604 de la ley adjetiva; y de todas suertes no cabrá invocar error de derecho, lo que en ese caso constituiría error de hecho, si de la apreciación de ese documento pudiera deducirse consecuencia evidentemente contraria á la establecida en el fallo recurrido.

Y que es doctrina repetidamente declarada por la Sala de casación, entre otras sentencias, en las de 26 de Enero y 1.o de Febrero de 1889, 3 de Febrero de 1890, 13 de Julio y 18 de Noviembre de 1899 y 28 de Junio de 1906, que los intereses de demora no se deben cuando la cantidad reclamada es ilíquida y se impone, por lo tanto, la necesidad de fijarla ó determinarla en el procedimiento para la ejecución de la sentencia, y no constando en el caso del recurso que fueran conocidos los beneficios que en el período de liquidación de la sociedad obtuvieran los demandados hasta la fecha en que el actor dejó de prestar á aquella sus servicios para deducir de cantidad conocida y cierta el tanto por 100 á que dicho actor tuviera derecho, infringiéndose, antes bien, del fallo recurrido y de la petición de la demanda, que tales utilidades no se habían liquidado, por condenarse en el primero á satisfacer un tanto por 100 determinado de los beneficios que resulten de la liquidación definitiva de la sociedad, y pretendirse en la segunda que previa liquidación, se condena al pago de dicho tanto por 100, es evidente que la sentencia incurre en error de Derecho al estimar de abono á cargo de los demandados los intereses moratorios á partir del día en que hubo de celebrarse el acto de conciliación.

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Competencia.—Compraventa.—Acción personal.—Sentencia de 22 de Julio (Gacetas de 13 y 19 de Octubre de 1910).—Resuelve que apareciendo de los documentos aportados al juicio que el demandante y vendedor, remitió la cosa vendida al domicilio del comprador, sin que resulte en modo alguno estipulado que la remisión se hiciera por cuenta y riesgo de dicho comprador, es obvio que ese lugar debe considerarse como aquel en que ha de cumplirse la obligación, como en tales casos lo tiene declarado el Tribunal Supremo, y, por tanto que conforme á la regla 1.a del art. 62 de ley de Enjuiciamiento civil, y el párrafo 1.o del art. 1.500 del Código civil, es Juez competente para conocer del asunto el del lugar antes dicho.

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Competencia.—Compra-venta.—Comisión.—Sentencia de 30 de Julio, (Gaceta de 19 de Octubre de 1910).—Resuelve que no existiendo dato cierto para formar juicio acerca del carácter y naturaleza de la relación jurídica que motiva la demanda y da lugar á la contienda jurisdiccional que el contrato privado de compra-venta suscrito por el comprador y el representante del vendedor, que para los efectos de la competencia es de estimarse como principio de prueba, una vez que aparece que en dicho documento se hacía constar de una manera precisa y categoríca, por medio de nota impresa que el pago se había de verificar en el domicilio del vendedor, resulta notorio que con arreglo á los artículos 1.500 del Código Civil y 62, regla 1.a de la ley de Enjuiciamiento de ese orden, corresponde el conocimiento al Juez de dicho domicilio, por ser el punto donde debía cumplirse la obligación de pago que el comprador reclama, máxime no desprendiéndose de los documentos que el demandado acompañó á su escrito proponiendo la inhibitoria, ni de ningún otro antecedente, la existencia del contrato de comisión en que sus alegaciones se fundan.