El Foro español (Madrid. 1898) (1910-12-30 00:00:00), página 5

De quince días. D. Bernardo Longué y Mariategui, Abogado Fiscal del Tribunal Supremo, (13 Diciembre de 1910).
De treinta días. D. Cándido Pelaez Vera, Teniente Fiscal de la Audiencia de Vitoria, (9 Diciembre 1910).
De idem, idem. D. Miguel de la Vallina y Subirana, Juez de primera Instancia del Distrito del Campillo de Granada, (10 Diciembre 1910).

Rehabilitaciones.

De término posesorio de treinta días.
D. Agustín Muñoz Trujeda, Abogado Fiscal de la Audiencia de Barcelona, (10 Diciembre 1910).
De licencia.
D. Antonio Bascón y Gómez Quintero, Juez de primera Instancia de Medina del Campo, (12 Diciembre 1910).

Licencias.

Se concede á D. Juan Manuel Domingo y Garay, Secretario de la Audiencia de Teruel, 30 días de licencia, (12 Diciembre de 1910).

Personal de Registradores.

Ha sido declarado excedente, á su instancia, D. Eustaquio Díaz Moreno, Registrador de Castuera, electo.
Han sido nombrados Registradores: de Lora del Río, D. Pedro López Carbonero, que sirve el de Utrera; de Torrijos, D. Eduardo Sobrino, que desempeña el de Osuna; de Motril, D. Demetrio Martínez, que lo cede Navalcarnero; de Montblanch, D. Bernardo Castilla, que sirve el de Boltaña; de Valverde del Camino, D. Wenceslao García, electo del de Archidona; de Santo Domingo de la Calzada, D. José Mena, que lo es de Nájera; de Logroño, don Julián Muro, que sirve el de Sarriàna; de Ponferrada don Carlos Martínez, que lo es de Montalbán.

Personal de Escribanos.

Han sido nombrados Escribanos: de Tafalla, D. Francisco Vélez, excedente; de Montilla, D. Andrés de Castro, que lo es de Castro del Río.
Ha sido declarado excedente, á su instancia, D. Federico Orellana, Escribano de Yeste.

Juez fallecido.

El de Guadalajara, D. Enrique Frera.

Escribanías vacantes.

En el territorio de la Audiencia de Cáceres se han de proveer, por oposición, como comprendidos en los turnos segundo y cuarto señalados en los artículos 10 y 11 del Real decreto de 5 de Febrero de 1908 y conforme al artículo 9.º del mismo, las Escribanías vacantes en los Juzgados de primera instancia de Trujillo, de categoría de ascenso; y en el de Olivenza, de entrada, por promoción de D. Segundo Coll y D. Manuel Díez, respectivamente; debiendo solicitarse dentro del plazo de treinta días á contar desde el 22 de Diciembre con expresión de la Escribanía ó Escribanías que pretendan, y el orden de preferencia en su caso.
Los ejercicios de oposición comenzarán el 27 de Marzo de 1911.

IDEAS SOBRE LA REFORMA DE LA Ley Hipotecaria

(Continuación)

Por la simple lectura de esta regla, se vé que es un derecho el pedir inmediatamente de transcurridos los diez días siguientes al requerimiento al pago, la entrega de la finca ó fincas para su administración ó posesión interina, es decir, mientras se tramita el juicio sumarísimo y la finca se enagen en cualquiera de las formas que la Ley expresa. De modo que no se trata aquí de una entrega de finca en administración para que el acreedor con sus productos se haga pago de principal intereses y costas, á la manera que dispone la Ley de Enjuiciamiento Civil en su art. 1.505, sino de una administración ó posesión interina como la misma regla dice. Es lo procedente que para en el caso de que el acreedor no haga uso de ese derecho que se le concede, se establezcan deberes, por la sencilla razón de que el deudor también tiene sus derechos, que deben ser por la Ley amparados, cuales son la buena administración de la finca, su cultivo inteligente si se trata de predios rústicos, su marcha ordenada si se trata de finca en la cual está establecida una industria y á ella se encuentran adheridas, formando un todo vasijas ó máquinas que formen parte integrante de la hipoteca, pues en la Ley reformada nada se preceptúa con relación á la forma en que debe el acreedor dar cuenta de esa administración ó posesión interina, cuando al tratar del pago al acreedor ha debido hacerse alguna referencia al caso en que hubiese venido teniendo la administración en uso del derecho que el segundo párrafo de la regla de que me ocupo le concede, y sin embargo nada se dice en el resto de los artículos dedicados á este juicio, ni en ninguno de los demás que comprende la reforma.
Esta omisión, harto importante, puede dar lugar en muchos casos á incidentes imposibles de evitar, incidentes que no se ha cuidado de decir cómo han de tramitarse, pues no es de suponer que tales cuestiones se quiera se tramiten en el juicio declarativo ordinario que corresponda, adonde remite el Legislador á resolver en el art. 132, reformado, todas las cuestiones no comprendidas en los cuatro casos del precitado artículo.
La regla 7.ª del mismo art. 131, dispone que «cumplido lo dispuesto en las reglas precedentes, y transcurridos treinta días desde que tuvieron lugar el requerimiento al pago y las notificaciones antes expresadas, se procederá, á instancia del actor, del deudor ó del tercer poseedor, á la subasta de la finca ante el Juzgado que conozca del procedimiento».