El Foro español (Madrid. 1898) (1910-11-30 00:00:00), página 10

de justicia, el lugar propio de esa reforma es la ley de Enjuiciamiento civil, y no se explica que se haya adosado á la ley Hipotecaria sino para demostrar que aquí los errores se imitan siempre. Se ha censurado con sobra de razón, que en el Código civil se hayan consignado las disposiciones que se contienen en los artículos 1.214 al 1.248 inclusive, por cuanto en ellos se regula la prueba de las obligaciones, desde el documento público hasta la inspección judicial y prueba de testigos, por reconocerse universalmente que todas esas disposiciones son exclusivamente de indole adjetiva y que tienen su lugar propio en la ley de Procedimientos, y sin duda, para que la tradición del error perdure, los autores de la reforma no han querido ser menos que sus compañeros del Código civil en su tarea legislativa, incluyendo en la ley Hipotecaria un procedimiento que no ha de desarrollarse ante el Registrador, sino ante el Juez de primera instancia siempre; pues, como veremos más adelante, el procedimiento que se crea para ejercitar la acción hipotecaria, no tiene la limitación que para los juicios ejecutivos establece el artículo 1.435, caso 1.º, de la ley Enjuiciamiento civil, por cuanto á la cantidad se refiere, sino que según la ley reformada, sea cualquiera la suma que se reclame, el procedimiento es el mismo, y el Tribunal también, por cuanto para nada se menciona la justicia municipal, en el caso de ser lo reclamado menos de 500 pesetas. Se comprendería que ese nuevo juicio sumarísimo figurase en la ley Hipotecaria, y aun con más propiedad en el Reglamento para su aplicación, si la acción hipotecaria directa contra la cosa ó derecho real hipotecado, se hubiera establecido que podía ejercitarse ante el Registrador de la Propiedad, creando á la vez la contratación de todo derecho real ante los mismos; pero debiendo ejercitarse ante el Tribunal de primera instancia, es indisculpable que el procedimiento se incluya en la ley Hipotecaria, confundiendo de un modo lastimoso lo sustancial con lo accidental, lo substantivo con lo adjetivo, y todo ello, no para simplificar el procedimiento, porque como veremos, no se ha hecho sino copiar mal lo que la ley de Enjuiciamiento dispone en el juicio ejecutivo.

Al señalar en la primera regla del artículo 131 la competencia, no ha hecho sino copiar el artículo 56 de la citada Ley procesal, y la regla 3.ª del artículo 62, y esto mal, porque ha omitido la prohibición de someterse á juez que no ejerza jurisdicción ordinaria. De modo que la regla huelga: con haberse referido á la ley ritual, no hacía falta semejante regla. La 2.ª, que dispone cómo ha de iniciarse el procedimiento, es casi un galimatías, si no es una vulgaridad. Dice que el procedimiento se iniciará por un escrito (¡por qué no la llaman la demanda ó petición, que es su nombre propio?), enumerando los hechos y las razones jurídicas determinantes de la certeza, subsistencia y exigibilidad del crédito y de la competencia del Fuegado, y precisando la cuantía de la reclamación. Esta es la primera parte de la regla 2.ª del artículo 131 de la ley reformada, y la verdad, á cualquiera que la lea se le ocurre preguntar: ¿Qué es o qué son las razones jurídicas determinantes de la certeza, subsistencia y exigibilidad del crédito? Pues en cuanto á la certeza, no puede ser otra que la existencia del contrato consignado en documento público en que consta el contrato de préstamo y de hipoteca, subsistencia que existe aunque no se ha extinguido por cualquiera de las diferentes formas en que ese contrato pueda terminar, y finalmente, que el plazo de vencimiento de la obligación ha cumplido y es por lo tanto exigible. Pues si esto y no otra cosa ha querido decirse, ¿por qué razón no haberse remitido al artículo 1.439, en relación con el 524 de la ley de Enjuiciamiento civil? Cuando menos, se habría ganado en claridad: compárese la regla en su primera parte copiada con el artículo último citado.

Éste dice: «Expuestos sucintamente y enumerados los hechos y los fundamentos de derecho, se fijará con claridad y precisión lo que se pida y la persona contra quien se proponga la demanda...» La redacción no puede ser más clara, el precepto le entiende todo el mundo que sepa castellano; no así la regla de que me voy ocupando, porque razones jurídicas no es lo mismo que ley, precepto legal; esa redacción no pone límite al discurso, y aquí, que ha sido siempre la tendencia á satisfacer la queja general de que no se escriba tanto, que no se llenen inútilmente tantos pliegos de papel sellado, se autoriza con esa redacción en un juicio sumarísimo á hacer disertaciones inacabables sobre el contrato, su unión bilateralidad, la hipoteca, su historia, su progreso, y hasta intercalar algún párrafo del Viejo Testamento que se crea tener relación con la prenda y la hipoteca, y no podrá negarse que todo lo que se diga son razones jurídicas modernas, medias ó antiguas, determinantes de la exigibilidad del crédito. De modo que, aparte de que el procedimiento nada tiene que ver con las hipotecas, se hace éste más difuso, y á la larga, más costoso; todo por añadir de novedad, por no copiar modestamente el artículo 524 de la ley ritual en lo civil.

La primera parte de esta regla 2.ª tiene un apéndice:

Á continuación, sin punto y aparte, sino seguido, dice dicha regla 2.ª: «El acreedor quedará sujeto á indemnizar cuantos daños y perjuicios irrogase al deudor ó terceros interesados, por malicia en la exposición de los hechos y demás circunstancias que ha de apreciar el Juez para autorizar el procedimiento.»

APOLINAR PÉREZ GARCÍA.

(Continuado.)