El Foro español (Madrid. 1898) (1911-03-20 00:00:00), página 6

labras, podrán obtener, sustituyéndolas por otras más claras, más expresivas, como por ejemplo: deberán ser inscritas preventivamente, con lo cual, ya que la inscripción no se hiciese con las cargas con que se adjudicaba, se dejaba expedito el medio de obtener la anotación preventiva al propio tiempo que se hacía la de la adjudicación.

Desde el art. 392 al 397 reformados se ocupa la Ley de las informaciones posesorias y su inscripción en el Registro, disponiendo el primero de los citados artículos que el que careciese de título que pudiera ser inscrito, o teniéndolo fuera defectuoso podrá justificar la posesión ante el Juzgado de primera instancia, con audiencia del Ministerio fiscal si se tratase de inscribir una finca. Si se trata de inscribir un derecho real, además de la audiencia Fiscal, se citará al propietario o propietarios de la finca gravada y los partícipes en el expresado derecho. Esta disposición es sustancialmente la misma que se consignaba en el artículo 397 y siguientes de la anterior ley Hipotecaria, incluso el que las informaciones pueden hacerse ante el Juzgado municipal en pueblos en que no haya de primera instancia. Disposición ésta con la que no podemos estar conformes, porque la razón de que contra las informaciones posesorias se hubiera levantado verdadero clamor fue el abuso hecho de ellas, nació principalmente por haber dado competencia para practicarlas á los Juzgados municipales y en muchas ocasiones he visto hacer informaciones posesorias de fincas anotadas en los libros, 6 más bien hojas de las antiguas contadurías de hipotecas para evitar el traslado á los libros del nuevo Registro, y no por los gastos que el traslado implicase sino porque al haberlo pedido se descubría que desde la persona á cuyo nombre aparecía la finca en la contaduría hasta la que solicitaba el traslado habían mediado dos y hasta tres traslaciones de dominio, bien por ventas privadas, bien por herencia, trasmisiones por las que no se habían pagado los derechos reales, y para eludir este pago se han hecho y se harán muchas informaciones posesorias. Por esta razón la reforma habrá sido acertada suprimiendo tales informaciones porque después de cincuenta años de funcionamiento de los Registros de la propiedad, debe suponerse que nadie de buena fe obrando tiene sin inscribir lo que posee, sin que pueda disculpar el mantener esta clase de informaciones el hecho de que alguien tome posesión de una finca abandonada y así llegue á poseerla varios años, por la sencilla razón de que la posesión así adquirida debe desaparecer; lo abandonado debe pasar á ser del Ayuntamiento, de la provincia ó del Estado según la índole del inmueble ó derecho de que se trate, y nunca, en estos tiempos, del primer ocupante, pues en la adquisición de la posesión hay por regla general un principio inmoral, motivo por el cual debe restringirse su legalización.

El último párrafo del artículo de que me voy ocupando preceptúa «que la intervención del Ministerio fiscal en dichos expedientes se limitará á procurar que se guarden en ellos las formas de la ley». El precepto nos parece perfectamente inútil, porque para eso está el juez, ante quien la información se tramita; se explicaría la intervención del fiscal si su mediación tuviera por objeto investigar si el hecho que en la información se afirma era cierto, ó si con su legalización se pretendía defraudar al Estado ó perjudicar á cualquier personalidad ó individuo, es decir, figurar como parte contraria en esa especie de juicio; para lo demás, la intervención resulta inútil y aun perjudicial, porque produce aumento de diligencias, y por consiguiente de gastos.

APOLINAR PÉREZ GARCÍA,
Abogado.

(Continuará).

NOTICIAS

Un caso de incompatibilidad.

Revista Jurídica ha tratado del caso de D. Andrés Aragón nombrado Juez de primera instancia siendo Concejal del Ayuntamiento de Madrid cargo en el que continúa á pesar de haber tomado posesión del de juez en el cual pudo la excedencia para cubrirse ambas cosas, y llamaba la atención del Ministro invocando el art. 5.º, parrafo 2.º de la ley orgánica del Poder Judicial.

Por dos veces ha requerido nuestra opinión como requirió la de otros colegas, y como estos insistimos nos adherimos á la protesta aunque con pena, por la amistad que nos une con el Sr. Aragón la cual no fue obstinadamente causa de no haber acudido en seguida al requerimiento de Revista Jurídica sino el haberse pasado inadvertida la alusión; por eso ahora, en prueba de sinceridad, hacemos mas doble nuestra protesta, y le unimos á la de toda la prensa profesional, ya que nuestro amor á la Justicia está muy por encima de toda clase de afectos personales.

Por eso también decimos que el regate de la excedencia no nos parece que pase de ser una pronunciada ridiculez, que hasta cierto punto podrá surtir sus efectos legales, pero que moralmente no resuelve la cuestión.

Estamos, pues, unánime la prensa profesional; pero ya verán ustedes como el Sr. Aragón seguirá sorteando la suerte de ser concejal y juez á la vez de una o de otra manera. Y vamos viviendo.

Personal de Procuradores.

Se ha mandado expedir título de Procurador de población donde haya Audiencia territorial á favor de D. Joaquín Acuna.

Jurisconsultos españoles:
Homenaje científico

La Real Academia de Jurisprudencia dedica al Instituto de Derecho internacional, con motivo de su próxima reunión en Madrid, una biografía jurídica española, que está ultimando con autorización y amplísima colaboración, como indican las siguientes semblanzas, de diversas épocas y tendencias, que corresponden á las ya escritas y á las primeramente aceptadas, relativas á nombres comprendidos en las lápidas de la Academia y á ex Presidentes de la misma, cuyos actos puede apreciar con toda imparcialidad la Historia:

San Raimundo Peñafort, Fontanella, Pi y Margall y Duran y Bas (biografías encomendadas á la Academia de Jurisprudencia de Barcelona); Hospital, Antonio Agustín, Asso y Franco López (Academia Jurídico Práctica de Zaragoza); Bilingue, Mayans, Semper y Sainz (Facultad de derecho de la Universidad de Valencia); Jovellanos (Rector de la Universidad de Oviedo, Sr. Canella); D. Manuel Correra, el precario Desano de Colegio de Abogados de Madrid (actual Decano) señor Díaz Ceballos; santerón (D. Guzmán de Arellano); Aparis y Guajardo (D. José de la Hoz); el doctor Costa (D. Miguel Moya); Gregorio López (Sr. Sánchez Román); Palacios Rubios (Sr. Lastres); Autoridades del Derecho civil castellano, Gamazo (D. Gabriel Maura); Martos (D. Tomás Montejano); los colaboradores en