El Foro español (Madrid. 1898) (1911-08-30 00:00:00), página 9

do por cierto Agente ejecutivo en frutos y semovientes de una finca de la propiedad de aquél, ninguna responsabilidad puede hacerse efectiva contra dicho Agente ni contra la Sociedad arrendataria del servicio, de que es dependiente, por virtud de lo dispuesto en el art. 1.903 del Código civil, si el referido Agente, al practicar el trámite mencionado se atiene en cumplimiento estricto de su deber, á las listas cobratorias y recibos talonarios expedidos por la Administración de Hacienda, en los que figuraba como deudor al Estado, por el concepto de contribución territorial, el padre ó causante del individuo embargado, en cuyo caso no se comete extralimitación alguna al dirigir el procedimiento de apremio contra los bienes de dicho individuo que ostenta la cualidad de heredero del deudor, así como tampoco le cabe responsabilidad al mismo Agente por hacer extensivo el embargo á los semovientes, no obstante lo dispuesto en el art. 69 de la Instrucción de 26 de Abril de 1900, ya que la exención establecida en este precepto no es absoluta y sólo alcanza al ganado afecto al cultivo; por todo lo cual es evidente que aun cuando el embargado no sea deudor á la Hacienda, y así resulte del amparamiento, la Sala sentenciadora sí desestimar su demanda en reclamación de daños y perjuicios, por considerar exento de culpa al Agente ejecutivo, no infinge los arts. 1.902 y 1.903 del Código Civil.

Y que no se opone á lo expuesto la resolución dictada por la Tesorería de Hacienda en que se afirma que el Agente ha incurrido en culpa ó negligencia, porque tal afirmación no obliga á los Tribunales á estar y pasar por ella con morgua de las atribuciones que les corresponden para declarar mediante la calificación de los hechos probados en el juicio la existencia ó inexistencia de la obligación reclamada con arreglo á las normas establecidas en los arts. 1.902 y siguientes del citado Código.

Prescripción.—Derecho foral.—Sentencia firme.—Sentencia de 31 de Mayo. (Gacetas de 20 y 27 de Septiembre de 1910).—Declara que habiendo transcurrido más de treinta años desde que se otorgó en Cataluña una escritura por la que el otorgante, usando de las facultades concedidas por su esposa, procedió á la distribución de la herencia de la misma entre sus hijos hasta el día en que se celebró el acto conciliatorio preliminar del juicio entablado sobre nulidad de dicha escritura, la acción ejercitada á ese efecto ha prescrito conforme al Usagé omnes cause, que forma parte de las Constituciones de Cataluña, debiendo principiarse á contar dicho término desde el otorgamiento de la escritura en cuestión y no desde la muerte del otorgante, pues teniendo aquélla por objeto distribuir los bienes de la esposa del mencionado-otorgante no puede atribuirsele el carácter de acto de última voluntad con relación al mismo.

Y que consentida una sentencia de primera instancia en determinados extremos, no es lícito reproducirla en la segunda instancia ese tema de discusión, y menos puede serlo para impugnar en casación la atuenda sentencia.

Novación.—Sentencia de 31 de Mayo (Gaceta de 27 de Septiembre de 1910).—Versa el recurso sobre nulidad de una escritura por la que el demandado, juntamente con su padre, su esposa y una hermana, reconocen una deuda por el primero contraída, se obligan juntamente á abonarla y otorgan que ceden y venden al acreedor varias fincas en precio menor al de la deuda reconocida, sin perjuicio de pagar en breve el resto, obligándose entre tanto el comprador á no obtener la copia de escritura pública ni á inscribirla á su nombre en el Registro de la Propiedad, así como á que una vez satisfecha totalmente dicha deuda los bienes enajenados quedarán otra vez de propiedad de los vendedores.

No obstante esta convención y continuar los vendedores en posesión de las fincas con consentimiento del comprador, éste inscribió algunos años después en el Registro de la Propiedad la relacionada escritura y vendió alguna de las fincas, formulando después la demanda base del pleito con la pretensión de que se declarase el valor y eficacia de la escritura de que se trata y que en uso del poder dominical que la misma le confiere había podido disponer libremente de las fincas en favor de tercero.

La oposición á la demanda se funda en la nulidad del contrato que supone el otorgamiento, con posterioridad á la escritura pública de que se ha hecho mérito, de un documento privado, por el que los vendedores en dicha escritura confesaron deber al acreedor que en ella aparece como comprador una cantidad determinada, obligándose á satisfacerla por anualidades, y ofreciendo bajo juramento en solemne forma no vender ni hipotecar ninguna de las fincas que poseen sin intervención ó consentimiento del acreedor hasta el pago completo de la deuda.

Seguido el juicio por todos sus trámites recaído sentencia de conformidad con las pretensiones del actor, é interpuso contra ella recurso de casación por infracción de ley, el Tribunal Supre no declara no haber lugar al mismo, considerando que no infringe la sentencia recurrida los arts. 1.153, 1.203 y 1.204 del Código Civil ni incurre en error de derecho en la apreciación de las pruebas, porque tratándose de una obligación que se extingue por otra que la sustituye, es preciso, conforme al art. 1.204 del Código Civil, que así se declare terminantemente, ó que la antigua obligación y la nueva sean de todo punto incompatibles, y en el caso de que se trata, ni en el contrato privado celebrado entre los litigantes con posterioridad á la escritura que se discute se declaró terminantemente extinguida la compraventa escriturada á favor del actor, ni la obligación resultante de esta escritura y la consignada en el mencionado contrato privado posterior son incompatibles, según lo evidencian los hechos resultantes del pleito.

Junio.

Capellanía colativa.—Capellanía laical.—Pruebas.—Sentencia de 3 de Junio. (Gacetas de 28 y 29 de Septiembre de 1910).—Consigna que se distingue la Capellanía colativa de la laical en que así como la primera se instituye por la potestad eclesiástica y sirve de título de ordenación aunque el nombramiento ó presentación del Capellán se haga por persona lega ó eclesiástica con arreglo á la voluntad del fundador, en la institución de la segunda no interviene aquella autoridad, no sirve de título de ordenación y constituye propiamente una vinculación de orden civil, con el gravamen de celebración de misas en iglesias ó altares determinados.

Que esto supuesto, no puede menos de estimarse como Capellanía colativa la fundada por una persona en su testamento, en el que se ordena que los patronos, así que estén reunidos los bienes de la dotación de la