El Foro español (Madrid. 1898) (1910-12-30 00:00:00), página 10

echo ni de derecho con infracción de los artículos 1.216, 1.218, 1.241, 1.242, 1.248 del Código Civil, 596 de la ley Procesal, y doctrinas sustentadas en las sentencias de 30 de Septiembre de 1889, 15 de Noviembre de 1890, 3 de Diciembre de 1894, 4 de Enero de 1896, 28 de Noviembre de 1896, 8 de Mayo de 1897, 4 de Mayo de 1901, 10 de Mayo de 1902, 12 de Junio de 1905 y 17 de Abril de 1906, porque semejante apreciación, cuando recae sobre circunstancia de hecho y su comprobación ha sido objeto de diferentes medios de prueba, es más especialmente que otra alguna de la competencia del tribunal a quo, y máxime si el contenido de los documentos que á la misma se oponen para combatirla, no demuestra por modo evidente que el juzgador al establecer la referida conclusión, incurra en el error al mismo atribuido.

Que el hecho de que la residencia del testigo sea distintamente apreciada por la Sala sentenciadora y por la Autoridad municipal á los efectos puramente administrativos de la declaración de vecindad no limita nunca el libre ejercicio de los Tribunales de justicia respecto de la idoneidad de los testigos de un testamento en este sentido y concepto, mayormente en el caso en que por el reconocimiento del Protocolo del Notario que autorizó el testamento, el Juzgado ha podido apreciar que estaba justificada por modo fehaciente la residencia en el lugar del otorgamiento del testigo en cuestión, objeto principal de esta diligencia, pues que intervino en diferentes documentos con igual carácter de testigo idóneo, sin que por ello se pueda sostener con fundamento que el Tribunal sentenciador haya desconocido la fuerza probatoria que á los distintos elementos de prueba otorgan los artículos del Código, ley de Enjuiciamiento Civil y sentencias del Supremo Tribunal, máxime cuando el hecho á que se refiere la prueba de inspección ocular pudo observarlo el Juez por la lectura de los documentos protocolados, y no siendo cierto que el Tribunal a quo se haya solamente atenido á las declaraciones de los testigos para formar su juicio, sobreponiendo el resultado de éstas al de las demás pruebas practicadas en el pleito, siendo la estimación del hecho de la idoneidad del testigo, resultante del conjunto de las pruebas apreciadas en la relación de unos elementos con otros.

Que el requisito esencial de la vecindad de los testigos exigido por la ley 1.º, libro X, título 18 de la Novísima Recopilación, para la validez del testamento en que concurren tres de éstos y el Notario á la vez, se ha entendido siempre cumplido, según reiterada jurisprudencia del Supremo Tribunal, si los testigos tienen su residencia habitual en el lugar del testamento; criterio elevado á la categoría de ley por el vigente Código Civil en su artículo 40, pues la eficacia de actos jurídicos tan trascendentales como los de última voluntad no debe quedar sometida al riesgo del mayor ó menor celo ó exactitud con que los testigos ó la misma Administración municipal cumplan sus deberes respecto del empadronamiento y declaración de vecindad ó domicilio, si de otra parte resulta acreditado que el testigo frecuentemente habitaba en el pueblo en que se otorgó el testamento, y por el tiempo de su permanencia u otras circunstancias no puede estimarse que su residencia fuera accidental.

Que discutida la idoneidad de los otros dos testigos del testamento, la del uno por razón de su menor edad, en atención á no haber cumplido veinticinco años ni estar emancipado, reconociendo su domicilio en el lugar del otorgamiento, y la del otro por ser amanuense del Notario autorizante, por lo que hace á la incapacidad de uno y otro testigo el Tribunal Supremo tiene declarado que las leyes del título 1.º de la partida 6.º, y, por tanto la novena, que especialmente ordenan quienes no pueden ser testigos en los testamentos, y entre ellos el menor de catorce años, son preferentemente aplicables á los que intervienen en los otorgados con anterioridad á la vigencia del Código Civil; y muy recientemente ha declarado también que estas disposiciones no pueden entenderse derogadas ni modificadas por la ley del Notariado, cuyos artículos 21 y 27 se citan como infringidos, para fundar la incapacidad del amanuense, porque ésta, según dicha ley, es más amplia que la establecida en las leyes de Partida, según lo tiene declarado la jurisprudencia.

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Fianza.—Suspensión de pagos.—Sentencia de 2 de Junio (Gaceta de 14 de Enero de 1910).—Consigna como antecedentes que la Sucursal del Banco de España en determinada ciudad, abrió un crédito personal á una Sociedad mercantil constituyéndose fiador solidario el demandado en el pleito, cuyo crédito fué sucesivamente renovado, hasta que fijada la fecha del vencimiento definitivo, antes de aquélla, solicitó la Sociedad deudora declaración de suspensión de pagos, que fué decretada.

El Banco de España, al vencimiento del crédito personal antes mencionado, entabló embargo preventivo contra los bienes de la Sociedad deudora y contra los del fiador aquí demandado, embargo que se decretó de cuenta, cargo y riesgo de dicho Banco, y que éste ratificó previa la oportuna demanda en juicio declarativo de mayor cuantía entablado contra el fiador solidario quien, al contestarla, solicitó se le absolviese de ella, invocando en su apoyo, entre otros hechos, que la obligación había sido renovada una vez con su intervención y otras sin ella, y que declarado el deudor principal en estado de suspensión de pagos con posterioridad á la demanda, se había celebrado una junta de acreedores, á la que asistió debidamente representado el Banco de España, y en la que se presentó por el fiador demandado, aceptándose por el deudor y votándose por unanimidad por los acreedores presentes representantes de más de tres quintos del pasivo, una proposición mediante la que se había de designar una Comisión de acreedores de la cual formara parte el Banco de España, con amplias facultades para conceder al deudor la espera y aun la quita que estimase oportunas; y además entre otras cosas, para dirigir y administrar los negocios de la Sociedad suspendida, enajenar ó realizar todo ó parte de los bienes que constituían el activo de aquélla y reconocerla y clasificar los créditos á fin de que se pagasen los mismos siguiendo el orden que determinan las disposiciones legales, estableciéndose también por una de las cláusulas que interin se constituirá la mencionada Comisión continuará dicho fiador ejerciendo las funciones de gerente de la Sociedad, limitadas al pago de jornales y adquisición de materiales necesarios para el funcionamiento de las industrias que ejercía la Sociedad, pudiendo cobrar por estos conceptos, dando cuenta á la Comisión de lo percibido y empleado, y una vez reunida dicha Comisión acordará el que hubiera de llevar la firma y la razón social de la misma, y consignándose por último que la repetida Comisión daría cuenta semestralmente á los acreedores de la marcha de todos los negocios de la casa y demás detalles para que tuviesen conocimiento de ellos.

Seguido el pleito en ambas instancias recayó sentencia condenando al demandado, como fiador solidario de la Sociedad deudora, al pago del crédito á la misma reclamado, contra cuya sentencia interpuso recurso de casación por infracción de ley que el Tribunal Supremo desestimó considerando que el acuerdo