El Foro español (Madrid. 1898) (1911-12-20 00:00:00), página 7

probado éste con el ejemplar del mencionado periódico presentado con la demanda, tal prueba constituye también la de la existencia de aquéllos, que no debe confundirse con su importancia y cuantía, nunca subordinada á reglas precisas de valuación, y á este fin han de tenerse presentes, como circunstancias condicionales y elementos de juicio para la más acertada apreciación y regulación en el caso de que se trate, que los efectos de la injuria causada á la señorita ofendida y á su familia no pueden concretarse al extremo de que únicamente se le haya perjudicado para contraer matrimonio, porque el ultraje inferido con el consiguiente escándalo ocasiónable públicamente su descrédito, rebajamiento ó menoscabo en el orden moral y social, se le impone una nota infamante para el desenvolvimiento de la vida en todas sus manifestaciones, incapacitándola para el ejercicio de una profesión adecuada á su sexo, si así le conviniere, como también para dedicarse á empresas industriales ó de otro orden, si le fueron necesarias, y hasta para la administración de sus bienes e intereses particulares, porque la mancha del deshonor marca siempre los actos de la víctima, con el sello de la pública inhabilitación para todo de una manera permanente, y como las consecuencias funestas de tales daños se experimentan en todas ocasiones, principalmente en el orden material, se impone legalmente la debida reparación en cuanto sea posible con las correspondientes indemnizaciones pecuniarias, sin qué á ello obste el que se haya declarado por el Tribunal Supremo en sentencia de 6 de Diciembre de 1882 que no es valorable el honor, sin duda por ser ilimitada la estimación de cuanto al mismo se refiere, pues no habiéndose establecido claramente la doctrina de que no sea indemnizable siempre que se pueda fijar la cuantía del perjuicio, se tiene que admitir la procedencia de la indemnización que se discute en este pleito, cuyo importe corresponde fijarlo al Tribunal sentenciador, en virtud de las facultades que para ello puede ejercer, con arreglo á lo dispuesto en los citados arts. 121 al 124 del Código penal, toda vez que es de su libre apreciación en el orden civil el hecho ilícito de que aquélla se deriva, ó en otro caso, por el precepto del art. 1.902 en relación con el 1.106 del Código Civil, que establece la obligación de reparar los daños causados por omisión, culpa ó negligencia, según tiene también declarado el Tribunal Supremo en las sentencias ya expresadas, y especialmente en las de 27 de Septiembre de 1898 y 16 de Enero de 1902.

El 8.º considerando se refiere al importe de los perjuicios, que estima el Juzgado en 150.000 pesetas, atendiendo á las razones expuestas y á las reglas determinadas por la justicia y equidad y dado que ni siquiera se intentó prueba en contra de aquéllos.

El considerando 9.º se refiere á determinar la responsabilidad directa, sentando que no pudiéndose conocer y juzgar en este pleito del hecho como delito, y siendo por tanto innecesario á improcedente determinar el autor responsable criminalmente, está evidenciado que los daños referidos se ocasionaron por omisión, culpa y negligencia del demandado D. Alfredo Vicenti, como director de El Liberal, porque en virtud de sus funciones, facultades y obligaciones propias del indicado cargo, debió impedir la publicación del escrito, y no sólo no lo evitó, sino que la autorizó ó dió lugar á ella por descuido ó falta de diligencia, suponiéndose que la noticia se había recibido de un corresponsal, cuando aparte de que de todos modos debió comprobar previamente su certeza y la legitimidad del origen que se le atribuyó, aparece acreditada su falsedad con las diligencias practicadas por providencia de 3 de Julio último, dictada para mejor prover.

Por todo ello, ya que no le comprende sanción alguna de la ley penal, queda obligado á responder de los perjuicios causados, con arreglo á lo establecido en el art. 202 del Código civil, cuya obligación le está impuesta como tal director hasta por la ley de 26 de Julio de 1883, que se oíta por su representación y defensa, sin que pueda evadir su cumplimiento ni aun por la circunstancia, si realmente concurren, de que la publicación se hiciera tomando la noticia del periódico España Nueva, porque las responsabilidades que le son imputables no pueden extinguirse por las que sean exigibles por el mismo hecho á un tercero, y con respecto á las cuales no cabe resolver en la actualidad, por no ser objeto del presente litigio.

En el 10.º considerando se razona la improcedencia de la responsabilidad civil subsidiaria, establecida en los artículos 20 y 21 del Código penal, que sólo es exigible en el correspondiente juicio criminal en defecto de la del delincuente y por su ineluctividad.

No hallándose tampoco determinada—dice—taxativamente en ninguna de las reglas del artículo 1.903 del Código civil la que se pretende por el actor contra la Sociedad Editorial de España, toda vez que en el párrafo cuarto único del citado precepto legal que define aquélla con el indicado carácter, se habla solamente de la que contraen los dueños ó directores de un establecimiento ó empresa respecto de los perjuicios causados por sus dependientes en el servicio de los ramos en que estuviesen empleados, no pudiendo ser aplicable esta disposición al caso de autos, porque D. Alfredo Vicenti, en su calidad de director es jefe y representante responsable, en su consecuencia, de la publicación y empresa que dirige, y no dependiente de ninguna otra entidad ó persona en el sentido y con la significación que la ley requiere á los efectos expresados.

El 11.º considerando se reduce á apreciar la temeridad respecto del Sr. Vicenti, por lo que se le deben imponer las costas.

Teniendo en cuenta estos «considerandos» se dictó el fallo condenando á D. Alfredo Vicenti Rey Fernández, como director de El Liberal, á que tan pronto se firme la sentencia pague á la señorita en cuyo nombre se ha movido el pleito ó á su representante legal la cantidad de 150.000 pesetas como indemnización de los perjuicios causados á la misma, por el hecho que motivó la demanda, de la que se absuelve á la Sociedad Editorial de España, y en su representación á D. Miguel Moya, condenando además al Sr. Vicenti al pago de las costas y á que, por cuenta del mismo, se publique la sentencia cuando adquiera el carácter de ejecutoria en El Liberal, en otros dos periódicos de mayor circulación de esta corte, igualmente en dos de Murcia.

De esta sentencia, como es sabido, apelaron ambas partes litigantes y han dado origen á los notables informes de los Sres. D. Melquiades Álvarez y D. Juan de la Cierva,