El Foro español (Madrid. 1898) (1911-11-30 00:00:00), página 4

el centinela aun después de grandes marchas y fatigas, sino nosotros mismos en la vida corriente, nos despertamos y velamos ó, por el contrario, nos dormimos, según que nos interese ó no, respectivamente, el asunto.

Donde está nuestro tesoro, allí está nuestro corazón (1) y nuestra inteligencia. Si el hombre estima que su tesoro es el egoísmo, el orgullo, la soberbia, el placer, la venganza, los amará y los buscará; pero si entiende que su tesoro es la verdad, la justicia, los preferirá á todo, se sacrificará por conseguirlos y se considerará feliz aun en el sufrimiento, en la deshonra y en el martirio, y su virtuosa existencia será fecunda en bienes para sí y para la sociedad.

José María Valdés Rubio.
Catedrático de Derecho penal de la Universidad Central.

Otra Circular

Con motivo de las extralimitaciones cometidas en el ejercicio de los derechos individuales garantizados por la Constitución ha publicado el Sr. Fiscal del Tribunal Supremo otra notable circular, con fecha 26 de Octubre último, exigiendo el celo de los funcionarios de dicho Ministerio para la persecución y castigo de esa clase de delitos. He aquí sus principales párrafos.

El continuado ataque en términos descompuestos contra la forma de Gobierno, las excitaciones contra toda disciplina social, la coacción erigida en sistema utilizando abusivamente el ejercicio de los referidos derechos en perjuicio y menoscabo del orden público y de los no menos sagrados derechos de la sociedad, son actos que no pueden reputarse como de propaganda lícita, y exigen para el completo afianzamiento del primero y para hacer respetar debidamente los segundos, una severa represión á fin de mantener con idéntica justicia el derecho de la colectividad y del individuo, garantizando por igual los intereses generales y los particulares, de cuya armonía depende el orden social.

Al restablecerse en toda su integridad el imperio de la ley, no es ya posible la menor tolerancia en el cumplimiento de ninguno de los preceptos constitucionales para evitar que á título de ejercicio de una facultad ó de un legítimo derecho se quebranten respetos y se vulneren intereses fundamentales que son la base del orden social y del sistema constitucional que nos rige. Es de todo punto preciso impedir que pasiones malasanas solivianten los ánimos para reproducir atentados que todos lamentamos, realizados sin otra finalidad que la de satisfacer instintos de odio y de venganza avivados por exaltaciones dirigidas á masas inconscientes, de que resultan siempre inocentes víctimas cuando no mártires del cumplimiento de deberes que á todos por igual interesa que sean fielmente cumplidos en una sociedad que merezca este nombre.

El respeto recíproco de los derechos que la Constitución reconoce á todos los españoles, sin menoscabo de los derechos de la Nación ni de los atributos esenciales del poder público, á que se refiere el art. 14 de la Constitución, debe ser exigido en esos mismos términos, sin la menor tolerancia, ya que el exagerado respeto á unos derechos eede en menoscabo de otros, y una triste experiencia ha demostrado que esa tolerancia no ha sido utilizada para fines lícitos sino para concitar los ánimos de muchedumbres ignorantes con fines revolucionarios.

En consonancia con este precepto constitucional esencial para la vida de toda nación, nuestra ley penal, á la vez que establece sanciones para los funcionarios públicos que atenten contra el ejercicio de los derechos individuales, fija y determina las responsabilidades en que incurrirán los que abusando de los mismos, atentan contra el Poder Público y organización de la sociedad, atentados que el Código comprende en los títulos 2.º y 3.º de su libro II bajo la denominación genérica de delitos contra la Constitución y contra el poder público.

Esta clase de delincuencia merece una especial atención por parte del Ministerio fiscal, tanto porque afecta de un modo especial al interés social y público, como porque cuando los actos punibles en que consiste no producen un daño material importante ó no revisten excepcional carácter de gravedad, la opinión pública se limita á lamentarlos, absteniéndose sistemáticamente de prestar su asistencia á la justicia, sobre todo en los casos en que son cometidos por medio de la palabra hablada ó escrita, olvidando que la trascendencia de tales transgresiones no está tanto en el daño material inmediatamente causado como en el efecto que produce en los espíritus, avivando las pasiones y laborando día tras día para concitar los ánimos.

Ello obliga á nuestro Ministerio á desplegar un excepcional celo en la persecución de los delitos cometidos abusando del derecho de emisión del pensamiento que la Constitución garantiza para todo acto de propaganda, no para ser utilizado como medio de realizar delitos ni de provocar á su comisión. Esta provocación, realizada por medio de la imprenta, el grabado u otro medio mecánico de publicidad es siempre punible, según de un modo terminante lo tiene establecido nuestro vigente Código penal en sus artículos 582 y 583, preceptos de cuya aplicación no es posible prescindir en caso alguno, como tampoco de la de todos aquellos que garantizan la existencia de los poderes públicos y los derechos de la Nación.

Cualquiera que sea el autor de la crítica de determinado régimen político, ese derecho está necesariamente subordinado al deber de respetar el precepto de la ley fundamental que declara sagrada é inviolable la persona del Rey, sin que sea preciso que se le nombre, si aparece clara y transparente la alusión, ó si por referirse los ataques y censuras á la Corte y régimen monárquico no puede dudarse, atendido el espíritu general del escrito, que la intención y propósito de su autor sea denigrar ó menoscabar la Augusta persona del Monarca. Así lo tiene declarado el Tribunal Supremo repetidamente, y así lo consigna en sus sentencias de 8 de Julio de 1904 y 31 de Diciembre de 1907, interpretación doctrinal aplicable, no sólo al precepto contenido en el artículo 162 del Código, sino á todos los demás en que, tratándose de análogos hechos, la referencia á la persona del Monarca aparece sustituida por la de los Cuerpos Colegiadores ó sus individuos, el Consejo de Ministros, Autoridades constituidas, Instituciones ar-

(1) S. Mateo, 6, 21.