El Foro español (Madrid. 1898) (1911-03-10 00:00:00), página 9

en alguno de los casos establecidos por la ley para que les deba ser otorgado.

Que á partir de este supuesto una sentencia no incurre en error de hecho y de derecho, ni infringe los artículos 1.216 y 1.218 del Código Civil y 596 y 597 de la ley Procesal, al denegar el beneficio de pobreza á una Sociedad, afirmando que no se ha intentado justificación alguna en orden á la pobreza de un socio coemandatario, fundándose además en que continúa subsistente la Sociedad que debe contribuir por su industria con una cuota superior á 35 pesetas para el Tesoro, sin que conste que tenga embargados todos los bienes, ni que este embargo, aunque fuera total, pudiera implicar la cesación del negocio social, ni los documentos aportados al juicio, cuyo contenido no desconoce la Sala, y estima con toda la prueba, entre ésta á testifical, de su privativa apreciación, evidencian la suposición contraria de que la Sociedad ha debido cesar en sus funciones, ni que tenga todo su activo embargado, máxime si en uno de ellos se expresa, que no puede certificarse el estado económico de la Sociedad dicha, á la cual fueron embargados bienes, sin indiarse si parcialmente ó en su totalidad.

Y que atendidos los expresados razonamientos que constituyen fundamento legal bastante para que no pueda otorgarse á la S.iedad, ni por tanto, á su socio colectivo, como tal, el beneficio de pobreza solicitado, carecen de eficacia para la casación los demás motivos cuando en uno de ellos se hace de la cuestión supuesta, afirmando la cesación completa del negocio social por el embargo de los bienes, y el otro carece de aplicación, ya que no se trata del beneficio de pobreza del recurrente como particular, que es el caso á que se refiere y en el que también tendría que observarse lo dispuesto en la ley de Enjuiciamiento Civil en sus artículos 16 y 18, sino del beneficio solicitado para la Sociedad, y por tanto, para aquél, con el carácter de socio colectivo.

** Prueba en segunda instancia.—Sentencia de 28 de Septiembre. (Gaceta de 19 de Marzo y 28 de Abril de 1910).—Resuelve que á tenor del número 2.º del artículo 892 de la ley Procesal, sólo procede el recibimiento á prueba en segunda instancia cuando ésta haya dejado de practicarse por causas no imputables al que la hubiese solicitado, por lo que en el caso de aparecer de los hechos resultantes de autos, que el actor debidamente citado no concurre personalmente ni con representación á la comparecencia de un juicio de interdicto, ni por lo tanto, presenta prueba alguna, ni pide en tiempo oportuno que sus testigos sean citados judicialmente, ni mucho menos utiliza, como puede hacerlo, una sesión anteriormente celebrada á los indicados efectos, es visto que la Sala sentenciadora no comete quebrantamiento de forma al denegar el recibimiento de prueba solicitado en segunda instancia, teniendo en cuenta que no se practicó en la primera por culpa imputable á dicho actor recurrente, ya que la responsabilidad de los actos realizados por los representantes de las partes en los juicios, no puede menos de afectar á éstas.

** Casación.—Pobreza.—Signos exteriores de riqueza.—Auto de 29 de Septiembre. (Gaceta de 26 de Abril de 1910).—Resuelve que conforme á lo repetidamente declarado por la jurisprudencia, no son admisibles los recursos de casación en que se prescinde de la estimación de los signos exteriores apreciados por la Sala sentenciadora en las declaraciones de pobreza, á no ser que se demuestre la inexistencia de los mismos, y cuando se incurrre en dicho defecto, porque basándose la sentencia recurrida, entre otros, en el fundamento de que en el recurrente concurren los referidos signos demostrativos de la posición que impide la declaración de pobre, ni siquiera se hace mención de ellos ni se impugna la realidad de los hechos en que se apoyan, es manifiesto que no procede la admisión del mismo.

Y que estimando la Sala sentenciadora que un demandante no ha demostrado que con posterioridad á la época en que se defendió como rico ha venido á estado de pobreza, es ineficaz para los efectos del recurso toda pretensión que no se base en la afirmación y justificación categóricas de lo contrario.

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Incongruencia.—Casación.—Auto de 30 de Septiembre (Gaceta de 26 de Abril de 1910).—Resuelve que para que pueda prosperar el recurso de casación, fundado en el número 2.º del artículo 1.692 de la ley de Enjuiciamiento Civil, ó sea en la incongruencia entre lo solicitado y lo resuelto en la sentencia, es de necesidad que el fallo se halle basado exclusivamente en el fundamento que motive dicha incongruencia en términos que sin ella no pueda subsistir; pero si esto no sucede, porque además se aprecian en el mismo otros fundamentos que no se impugnan en el recurso, resulta éste inútil ó ineficaz, y debe rechazarse en término de admisión, ya que la casación solicitada por las partes contendientes ha de tener por objeto el obtener una sentencia distinta en su fallo de la recurrida, lo cual no puede alcanzarse en el caso indicado.

Y que esto sentado y apreciando de una sentencia recurrida que la absolución de la demanda que en ella se dicta, se basa, según en sus fundamentos se consigna, no solamente en hallarse prescrita la acción utilizada por el actor, sino también en otros motivos que en el recurso no se combaten, es manifiesto que aun en el supuesto de que en el pleito no se haya invocado la referida excepción, y la Sala sentenciadora la haya estimado á mayor abundamiento con las demás alegadas, no procede apoyar el recurso solamente en la incongruencia que por ello pudiera resultar, porque aun apreciándola, habría de quedar subsistente la sentencia recurrida, y por ello, de conformidad con la doctrina expuesta, debe ser rechazado el recurso en el trámite de admisión.

Octubre.

Pobreza.—Computación de pensiones ó rentas.—Sentencia de 1.º de Octubre (Gaceta de 26 de Abril de 1910).—Consigna que, según tiene declarado repetidamente el Tribunal Supremo, para la computación del importe de las pensiones ó rentas que disfruta el que pretenda los beneficios de la pobreza, no es procedente rebajar lo que por desencuentros de cualquier naturaleza sufra aquél, ya se atienda á los términos absolutos de la ley, ya se considere que estos mismos descuentos revelan y significan en relación con la totalidad de la pensión ó renta, una mayor facilidad de atender á la satisfacción de necesidades económicas de que carecen los que no disfrutan de aquéllas en la cuantía que la ley requiere para merecer el concepto de ricos.

** Compraventa mercantil.—Competencia. Sentencia de 2 de Octubre (Gaceta de 26 de Abril de 1910).—Declara que el expediente de jurisdicción vo-