El Foro español (Madrid. 1898) (1910-12-30 00:00:00), página 11

tomado por los acreedores de la Sociedad deudora, se ha de estimar en relación con los autos de suspensión de pagos de la misma, y por ello su eficacia no puede traspasar los efectos de dichos autos ó juicio que le determinaron; y como la mencionada suspensión no llegó á tener efectividad legal, porque el referido convenio no obtuvo la aprobación necesaria del Juzgado, á tenor de lo expresamente prevenido por el artículo 1.151 de la ley de Enjuiciamiento Civil, y no solamente esto, sino que además la indicada Sociedad fue declarada con posterioridad en estado de quiebra, es manifiesto que el expresado acuerdo, en el que en realidad nada definitivo se estipuló, no pudo novar el contrato establecido por dicha Sociedad con el Banco de España, del que se constituyó fiador solidario el recurrente, y al estimarlo así la Sala sentenciadora, no incurre en la infracción de los artículos 1.156, 1.203, 1.204, 1.207, 1.847 y 1.849 del Código Civil.

Que tampoco infringen la sentencia recurrida los artículos 1.843 y 1.852 del Código Civil porque los actos realizados por la representación del Banco de España, lo fueron en virtud de su derecho como acreedor, conforme á lo dispuesto en el párrafo 2º del artículo 1.322 en relación con el 1.144 de dicho Cuerpo legal, y en nada empecan á los derechos del fiador para ejercer el que le concede el primero de los mencionados artículos, y obtener, en su caso, la subrogación á que se refiere el segundo, cuando á mayor abundamiento tenía conocimiento el recurrente de dichos actos hasta el punto de intervenir en los mismos, pues fué el que presentó la proposición que dio lugar al convenio de los acreedores, tuvo participación como acreedor en el concurso intentado, y después en la quiebra de la Compañía mencionada, en la que pudo utilizar todos los derechos que estimara procedentes y le convinieran.

Y que tampoco infringe dicha sentencia el artículo 1.851 del Código, porque el acuerdo de acreedores aparte de que no concedió espera ó prórroga al deudor principal, carece de eficacia, como queda dicho, y aunque la tuviera, no podría utilizarse válidamente por el fiador hoy recurrente, ya que intervino en el acuerdo hasta el extremo de ser propuesto por él mismo.

Resolución definitiva.—Auto de 2 de Junio. (Gaceta de 14 de Enero de 1910).—Declara que el auto que deniega la reposición de una providencia dictada en incidente de nulidad promovido en autos de suspensión de pagos, acordando la admisión de unos documentos no tiene el concepto de definitiva para los efectos de poder dar lugar al recurso de casación, porque al resolver que sean admitidos los documentos á que se refiere, no solamente no pone término al incidente de nulidad de lo actuado en los autos sobre suspensión de pagos solicitada por el recurrente, ni impide su seguimiento, sino que deja expedita la continuación del mismo, y esto sentado, es manifiesto que, conforme á lo previsto por el artículo 1.729, número tercero, en relación con el 1.690 de la ley de Enjuiciamiento Civil, no procede la admisión del recurso interpuesto.

Quebrantamiento de forma.—Personalidad.—Prueba en segunda instancia.—Sentencia de 2 de Junio. (Gaceta de 14 de Enero de 1910).—Consigna que según tiene declarado el Tribunal Supremo, la personalidad con que una de las partes intervenga en juicio, no puede ser impugnada por la adversa, cuando la que la impugnar hubiere reconocido anteriormente esa misma personalidad.

Que no comete quebrantamiento de forma la Sala al denegar por innecesario e improcedente el recibimiento á prueba cuando cualquiera que sea la que se proponga haya de recaer sobre hechos ya discutidos en otro incidente que causó estado.

Y que tampoco cabe imputar al juzgador el defecto señalado en el caso 5.º del artículo 1.693, cuando no habiendo llegado á proponerse, mal pudo ser denegada diligencia alguna de prueba que, siendo admisible hubiese producido indefensión.

Competencia.—Depósito de mujer casada.—Sentencia de 3 de Junio (Gaceta de 14 de Enero de 1910).—Declara que si bien con sujeción á lo prescrito en el párrafo 2º de la regla 20 del artículo 63 de la ley de Enjuiciamiento Civil, en los depósitos de personas cuando no hubiere autos anteriores, es Juez competente el del domicilio de la persona que ha de ser depositada, y según el párrafo 1º del artículo 64, se estima tal domicilio el del marido, respecto á la mujer que no esté legalmente separada, la jurisprudencia tiene constantemente declarado que si la mujer, sin oposición del mismo, habita con caracteres de permanencia en otro distrito, no puede menos de calificarse para estos efectos de domicilio real y efectivo el último expresado y no aquel.

Y que en este caso, el silencio del marido, que puede ser interpretado como aquescencia tácita, mientras se practicaban en el Juzgado del lugar donde la mujer reside, con su citación, las diligencias que para el depósito de la misma preceptúa el título 4º del libro III de la ley de Enjuiciamiento Civil, incluso la ratificación del artículo 1.895, por haberse intentado ante el Tribunal competente la demanda de divorcio, unido á los actos realizados por el mismo marido con ocasión de otra demanda de divorcio por adulterio y el depósito de su esposa que presentó en el Juzgado donde tiene su domicilio, sin formular reclamación alguna respecto de lo acordado en el primero y en casa de la hermana de su citada esposa, que fué designada en estas diligencias como depositaria, todos estos hechos revelan con toda claridad que la mujer tenía ese domicilio de hecho con perfecto conocimiento y conformidad de su consorte, sin que en su virtud, al tenor de la doctrina expuesta pueda reclamar el fuero del domicilio común porque ha dejado de ser tal, esto aparte de que, ratificado el depósito y dada la naturaleza del asunto, debe estimarse el expediente terminado para estos efectos.

Pobreza.—Sociedad conyugal.—Prueba.—Sentencia de 3 de Junio (Gaceta de 14 de Enero de 1910).—Declara que siendo los gastos judiciales que se originen por cualquiera de los cónyuges de cuenta de la sociedad conyugal, preciso es para la determinación del estado de pobreza de uno de ellos, que concurre en el otro la misma cualidad, si bien en este caso el tipo para estimar la porción es el jornal de tres braceros en la localidad, según previene el artículo 18 de la ley de Enjuiciamiento; no siendo, por lo tanto, bastante para reconocer la pobreza la circunstancia de que personalmente el consorte que litigue perciba ó no renta menor al doble jornal de un bracero, porque el pensamiento de la Ley, claramente expresado en el citado artículo, es que en el caso á que el mismo se refiere, el importe de la renta que