El Foro español (Madrid. 1898) (1911-09-10 00:00:00), página 4

dernos de 32 páginas de texto y dos artísticas láminas sueltas, al precio de veinte céntimos.

Relación de los aspirantes á los cargos de Juez municipal y sus suplentes para el cuadrante de 1912, 1913, 1914 y 1915, en la provincia de Madrid.

Madrid (Capital).

Universidad, Palacio, Latina, Inclusa y Hospital: don Joaquín Díaz Cañabate, Juez municipal; D. Eduardo de Larrea y Trápaga, idem; D. Vicente Cano Manuel, idem; D. Luis Fernández Clérigo, idem; D. Antonio Domínguez Fernández, idem; D. Pedro Megía García, idem; D. Gabriel de Uesca Sánchez, idem; D. Nicolás Morales Sacristán, idem; D. José Morales del Campo, idem; D. José Rúa Méndez, idem; D. Federico Bordallo Visedo, idem; D. Pedro García de la Varga, idem; D. Benigno Cayetano de la Cruz, idem; D. Federico Enjuto Ferrán, idem; D. José María Bermudo Sandoval, idem; D. Angel de Dios Enriquez, idem; D. Andrés Navarrete Ocerca, idem; D. Miguel Gay García Camba, idem; D. Miguel Figueras y López, idem; D. Ceferino Palencia y Álvarez Tubau, idem; D. Vicente Girauta Pérez, idem; D. Santiago Rodríguez Illera, idem; D. Angel García Rotortillo, idem; D. Francisco Rodríguez González, idem; D. Jacinto Felipe Piñón, idem; D. Ricardo Padilla López, idem; D. Bernardo Rengifo Tercero, idem; D. Avelino Fernández de la Poza, idem; D. Rafael Gómez de la Granja, idem; D. Agustín Fernández Peñarranda, idem; D. Juan Romero Meléndez, idem; D. Federico Merino Martín Garola, idem; D. Luis Álvarez Rodríguez Vilazil, idem; D. Marcos Sánchez Gómez, idem; D. Ricardo Álvarez Martín, idem; D. Francisco Cañoto Rita; López idem; D. Serafín Cervellera y Fernández, idem; D. José María Aguilar, idem; D. Alfredo Goicoerrotea Montoro, idem; D. Miguel Carballo de las Casas, idem; D. Ramón Síez de Lizana, idem; D. Fernando Calderón Cernuelo, idem; D. Vicente Remohí Silla, idem; D. Fernando Pastor Bustos, idem; D. José María Prieto Ureña, idem; D. Felipe Chaves Terrero, idem.

El Control Judiciario.

El discutido Decreto reorganizando el Secretariado judicial ofrece orientaciones de carácter orgánico, algunas de las cuales son racionalmente aceptables, pero tiene otras que son justamente combatidas.

Son plausibles: la lógica unificación del Secretariado, la moralizadora fijación de sueldo y derechos pasivos, y aun el aumento de las incumbencias de los Secretarios. Mas la deseada unificación no se regulariza en el Decreto, debiendo haber sido el fundamento, el objetivo y la finalidad exclusivos, de la disposición ministerial, como aconseja la ciencia jurídica, habiendo servido tan simpática bandera para intercalar el art. 34, no obstante las leyes vigentes. Es decir, que el Poder ejecutivo varía lo hecho por el Poder legislativo, y no es muy oportuno que el Decreto cubra con el pabellón de la unificación del Secretariado el artículo 34, pues hubiera bastado publicarle como artículo único, independientemente y sin perjuicio del Decreto de 1º de Junio, sin ocuparse en aquel de la reorganización y unificación del Secretariado. Porque ó el art. 34 no tiene valor y carece de eficacia, ó inventa, califica, define y establece un derecho á favor y en provecho de los Secretarios. Pero en el Decreto no aparece, por ningún lado, la necesaria expresión de la forma ó procedimiento para hacer efectiva en derecho la supuesta asimilación. En su virtud, hoy por hoy, no obstante la orientación del Decreto, y mientras no se sancione otra disposición legal, no hay términos hábiles, en ley, para realizar la asimilación. Esto es: no hay manera de nombrar, no se puede destinar á los Secretarios á cargos de la carrera judicial. En suma: interpretado con sujeción á ley, el art. 34 no para de insinuar una orientación, sin viabilidad positiva ni realidad práctica legal, quedando limitado predicato artículo á consignar un derecho meramente honorífico, y por tanto, simplemente nominal.

El hecho es que el Decreto no ha verificado completamente el fin primordial de su publicación, que era la unificación del Secretariado, cuya prestigiosa bondera, apenas desplegada en la exposición de motivos y tremolada en parte del articulado, ha sido arriada después para tremolar el pendón del art. 34. El articulado del Decreto deja sin completar la prometida unificación del Secretariado; no lleva á cabo totalmente su pregonado propósito; no realiza todo su anunciado programa y pasa de la bien orientada unificación á la discutida asimilación, dejando incompleta en su tema la primera, para ampliarla con la segunda. Lo que pretenden los Secretarios es dejar la carrera Secretarial pasando á la Judicial. ¿Cómo? Este es el nudo de la cuestión. Nudo que no ha podido ó no ha acertado á desatar ó cortar el Decreto.

Es necesario volver á tremolar la simpática bandera de la unificación del Secretariado judicial, desde Secretario de Juzgado de entrada por oposición hasta Secretario del Tribunal Supremo, á cuyo efecto deben suprimirse, desde luego, las oposiciones á Vicesecretarías de Audiencia Provincial y Secretarías de Justicia y de gobierno de Audiencia Territorial. Y, por consecuencia, debe formarse el correspondiente escalafón general del Secretariado judicial unificado, y su complementario, el de Oficiales de Secretaría.

No soy partidario, en absoluto, de las asimilaciones; pero de intentarse, se harían con algo menos de error, y resultarían un poco menos intolerables con las bases de la verdadera y completa unificación del Secretariado y la recíproca asimilación de la carrera Judicial á la Secretarial; porque otra cosa implicaría una falta de equidad y una evidente equivocación. Debiendo ser otra de las bases la diferencia, relativa, de dos grados, en cuanto afecta al orden gerárquico; esto es, considerar de igual categoría, á los únicos efectos de la asimilación, á los Jueces de entrada y á los Secretarios de los Juzgados de término, fuera de Madrid y Barcelona, y así sucesivamente.

Por último, tolerada la asimilación, no habrá grandes dificultades en que se suprimieran las oposiciones á la carrera Secretarial, y, con un programa amplio y aquillatados ejercicios teórico-prácticos, se celebraran rigurosísimas oposiciones á la carrera de funcionarios de la Administración de Justicia (Juzgadores, Fiscales y Secretarios); habiendo de ingresarse en la carrera por el cargo de Se-