El Foro español (Madrid. 1898) (1910-04-30 00:00:00), página 12

ley de 19 de Agosto de 1841 por estimar que debía hacerlo de la desvinculadora de 11 de Octubre de 1820, no incurrir en la infracción de la ley 16, título XXII, Partida 3.a y del art. 359 de la ley de Enjuiciamiento civil, en el caso de ser invocadas ambas leyes en un pleito, no siendo incongruente la sentencia que desestima la demanda por el fundamento que considera arreglado á Derecho, alegado por las partes, ya que con ello resuelve las cuestiones que fueron objeto del debate.

Competencia.—Compraventa.—Sentencia de 17 de Marzo.—(Gaceta de 6 de Noviembre de 1909).—Consigna que las cosas vendidas se reputan entregadas al comprador en el punto en que el contrato tuvo lugar cuando desde el mismo se remiten de su cuenta, cargo y riesgo al de su domicilio; y que en el lugar de la entrega de la cosa debe pagarse el precio, salvo pacto en contrario de conformidad al artículo 1.500 del Código civil.

Y que cuando á la demanda se acompañan facturas, cuya autenticidad no ha sido negada por el demandado, constituyen un principio de prueba, según el cual y á tenor de la doctrina expuesta, apareciendo en esos documentos que los géneros, cuyo importe se reclama, fueron entregados en determinado lugar, en este debe cumplirse la obligación, no habiéndose pactado nada en contrario, y en su virtud, de conformidad con lo previsto en la regla primera del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil, al Juez del referido lugar, corresponde entender del juicio que con tal motivo se entable.

Que esto sentado, aun cuando no parezca justificado que el comprador, al hacer las concesiones de referencia, se reservara expresamente el derecho de liquidar cuando le pareciese oportuno, como este es un derecho que se deriva del incumplimiento del contrato por parte del vendedor, dado el alcance antes explicado de aquellas concesiones, derecho cuyo ejercicio anunció por medio de la oportuna carta, es claro que al no entenderlo así el Tribunal sentenciador, infringe la ley del contrato, dando una interpretación y alcance indebidos á las concesiones hechas por el comprador al vendedor, en vista del incumplimiento de dicho contrato por parte de éste, desconociendo que, no existiendo novación del mismo, tales concesiones no pudieran afectar al derecho del comprador para liquidar el negocio en el momento anunciado en su carta, y que es consiguientemente obligado el restablecimiento del verdadero alcance jurídico del contrato celebrado entre ambos litigantes, casando la sentencia por este motivo.

Patronato de legos.—Incongruencia.—Sentencia de 17 de Marzo. (Gaceta de 6 de Noviembre de 1909).—Resuelve que la fundación consignada en escritura pública, consistente en una capellanía con cargo de misas, y cuya administración se constituyó como mero patronato de legos, sin que ningún Prelado ni Juez eclesiástico pudiera entrometerse en el cumplimiento de las cargas, no reúne el carácter de Capellanía colativa, pues siendo condición esencial que las de esta clase se instituyan canónicamente, con intervención de la Autoridad eclesiástica, en la referida escritura —expresamente se prohibe que dicha Autoridad intervenga en el cumplimiento de la fundación ni en nada de ella, y como además se designa la fundación con la denominación técnica de mero Patronato de legos, no puede menos de estimarse que merece el concepto de Capellanía laical con cargo de misas, equiparada á las vinculaciones ó mayorazgos, sin que á ello obste que en alguna ocasión, por tolerancia de los patronos, haya intervenido en la colocación la expresada Autoridad porque tales actos, no apoyándose en la referida fundación, y siendo opuestos á la misma, no pueden variar por si solos la naturaleza de la Capellanía, convirtiéndola á laical en colativa, sin infringir la voluntad del fundador, ley que es preciso respetar en esta clase de instituciones.

Pago de pensiones en un censo.—Prescripción.—apreciación de prueba documental.—Sentencia de 17 de Marzo.—(Gaceta de 6 de Noviembre de 1909).—Declará que dirigiéndose la demanda al reconocimiento del derecho á determinado censo y en su consecuencia al cobro de las pensiones y rendición de cuentas de las anteriormente percibidas es evidente que subordinada la acción para reclamar dichas rentas á la justificación de aquel derecho, resulta bien acreditada por la Sala sentenciadora la prescripción establecida en el artículo 1.693 del Código Civil, cuando han transcurrido más de treinta años desde que los demandantes ó aquel de quien traen causa pudieren ejercitar sus acciones en orden á la efectividad del expresado derecho; y esto establecido, no es de estimar la infracción del artículo 1.694 de dicho Código, bajo el supuesto de limitarse la litis á la reclamación de pensiones censales, frutos ó rentas de quien ostentase título legítimo, toda vez que esta acción se halla subordinada por su naturaleza al derecho de propiedad sobre el censo.

Que estimándose por la Sala Sentenciadora, con arreglo á lo que aparece de certificaciones del Registro de la propiedad, en relación con los demás documentos traídos á los autos, que los demandantes no han justificado su derecho, no infringe el artículo 1.218 del Código civil, que, por referirse concretamente al valor y eficacia probatorio de los documentos públicos ha sido guardado y tenido en cuenta, por la audiencia de la Sala, según se desprende del resultado de su apreciación.

Y que no demostrándose la evidente equivocación del juzgador, no puede prosperar en casación el recurso fundado en el número 7º del artículo 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil.

Indemnización de perjuicios.—Condena de costas.—Sentencia de 18 de Marzo.—(Gaceta de 6 de Noviembre de 1909).—Consigna que para la estimación de los perjuicios reclamados, en consonancia con lo dispuesto en el artículo 924 de la ley de Enjuiciamiento Civil, es necesario atender á la índole de la obligación que ha dejado de cumplirse y consecuencias racionales de este incumplimiento, porque sólo en tanto en cuanto exista verdadera y natural relación entre dicho incumplimiento y aquéllos, procede la condena que se pretende, cualquiera que sea la razón que pudiera existir para exigirlas por otro título; y cuando la obligación incumplida consiste en haberse negado el demandado á firmar la escritura de una Sociedad que de hecho se hallaba en funciones, y á desempeñar el cargo de administrador de la misma, y en incidente en ejecución de la sentencia que acordó la constitución de dicha Sociedad, se le reclaman perjuicios por no haber aportado un capital social determinado, por los intereses en ese capital desde la fecha en que debió constituirse la Sociedad, por el importe de la participación en los beneficios y utilidades sociales,