El Foro español (Madrid. 1898) (1911-12-20 00:00:00), página 6

de lo establecido en el párrafo segundo del precepto anteriormente citado, sin que á su terminante sentido puedan oponerse las prescripciones del art. 111 de dicha ley. La limitación impuesta por este precepto, relativa á que mientras estuviese pendiente la acción penal no se ejercitará la civil con separación hasta que aquélla haya sido resuelta por sentencia firme, sólo es aplicable respecto á los delitos que no son perseguibles de oficio cuando se haya utilizado la acción penal; pero como en caso contrario, como en el de autos, debe tenerse la misma por extinguida, y en consecuencia, ninguna declaración previa puede ni debe hacerse en el orden de la jurisdicción criminal, queda libre y expedita la acción civil, cuyo ejercicio únicamente podrá impedirse cuando se hubiese declarado por sentencia firme que no existió el hecho del que podía nacer aquélla, en conformidad con lo dispuesto en el art. 116 de la ley de enjuiciamiento ya citada.

Justificada con lo expuesto la procedencia de la acción deducida, dice el considerando tercero que no cabe dudar que el conocimiento del juicio corresponde al Tribunal civil, tanto porque es un principio axiomático y fundamental de procedimiento que la acción como medio de realizar el derecho determina por su naturaleza en la esfera jurisdiccional la competencia, cuanto porque ésta aparece perfectamente definida en el caso de autos por el párrafo 2.º del citado art. 116 al establecer que, no existiendo la única causa de extinción señalada en el párrafo primero, se podrá ejercitar ante la jurisdicción y por la vía de lo civil que proceda. Atendiendo, además, á que su efectividad se limita á exigir de quien estuviera obligado la restitución de la cosa, reparación del daño causado e indemnización del perjuicio sufrido, se hace imposible todo conflicto jurisdiccional entre los Tribunales de orden penal y civil, cuyas facultades quedan deslindadas, teniendo en cuenta que los últimos no pueden ni deben hacer declaración alguna referente al delito y responsabilidad criminal de los culpables.

No puede, por tanto, infringirse el artículo 8.º de la mencionada ley procesal, que hace improvable la jurisdicción que corresponde á los primeros, deduciendo de todo que las funciones de aquéllos deben concretarse á declarar lo procedente sobre la indemnización de perjuicios, aun en el supuesto de que hubiéndose seguido proceso criminal se hubiera dictado fallo en el mismo, como tiene declarado el Tribunal Supremo en sentencias, entre otras varias, de 15 de Enero de 1902 y 4 de Diciembre de 1903.

En el cuarto considerando se aprecia el hecho dado á la publicidad en el suelo referido, por su peculiar naturaleza, por sus efectos y por el modo y forma en que se ha exteriorizado y difundido, como altamente ofensivo, por lo injurioso, á la señorita á que se alude y á su familia, cuyo honor se ha ultrajado, mandillando su nombre y procurando su deshonra con el consiguiente descrédito y menosprecio moral y socialmente, sin que la rectificación de la falsa noticia pueda desvirtuar ni atenuar la trascendental importancia y la gravedad de la ofensa, por haberse ocasionado el mal, y en tal concepto, aunque aquél no se persiga ni deba castigarse como delito por haberse extinguido la acción penal, teniendo en cuenta que no es posible dudar de su existencia, pues se halla claramente definido en el artículo 471 del Código penal, necesariamente han de reconocerse los daños y perjuicios que ha causado, que no puede tener esfera limitada para que se estimen solamente en el orden moral y social, toda vez que también en el material son perfectamente valuables y deben, por tanto, exigirse legalmente como consecuencia de la responsabilidad civil, con arreglo á los artículos 121 al 124 del mencionado Cuerpo legal, aparte de los 112 y 116 de la ley de Enjuiciamiento criminal, y en todo caso, los 1.092, 1.093 y 1.902 del Código civil.

Para determinar y hacer efectiva dicha responsabilidad en este juicio, no se requiere—añade el considerando 5.º—ni puede imponerse, por su notoria improcedencia, una previa comprobación y calificación del delito, tanto porque se ha ejercitado independientemente la acción civil, cuanto porque para ello sólo están facultados los Tribunales de lo criminal, y por tanto no hay por qué examinar si aquél es indubitado ó hipotético, ni si existe elemento intencional, cuyas declaraciones competen á la referida jurisdicción, que ya no puede hacerlas por haberse extinguido la acción penal.

Queda, pues, justificado que la responsabilidad sólo puede y debe exigirse por el procedimiento civil, en razón á los daños y perjuicios ocasionados, sin que para su reclamación se impongan como obligatorias otras reglas y condiciones que las de que conste realmente la existencia de los mismos y procedan de un hecho ilícito ó de dolo, culpa ó negligencia de la persona á quien se imputan, reservándose á las facultades del juzgador su regulación y libre apreciación del hecho causante, en conformidad con las citadas disposiciones legales y doctrina del Supremo en las sentencias de que se ha hecho mérito y en las de 16 de Mayo de 1893, 27 de Junio y 14 de Diciembre de 1894, 13 de Noviembre de 1897, 27 de Septiembre de 1898 y 7 de Febrero de 1900.

Facultad de apreciar en el orden civil los hechos punibles. El sello del deshonor inhabilita para todo. Los perjuicios que causa son indemnizables.

En el sexto considerando se establece que necesariamente ha de reconocerse como perfectamente ajustado á las prescripciones del derecho positivo y procesal que los jueces y Tribunales de orden civil tienen facultades para apreciar los hechos de que se deriva la responsabilidad civil, y en su virtud, para juzgar únicamente el efecto de hacer ésta realizable, sobre la índole y carácter primitivo de aquéllos con arreglo á la ley penal, porque de otra manera resultaría inútil é ilusorio el derecho de utilizar por separado la acción civil, y á nada conduciría el que se tenga por subsistente y viva aún después de extinguida la penal si no hubiese posibilidad de hacerla efectiva. De lo contrario se colocaría al juzgador en la situación anómala e inconcebible de tener que derivar su fallo de actos ó omisiones sobre cuya naturaleza jurídica no le fuera dable discutir ni razonar, viéndose imposibilitado de aplicar cuantas disposiciones de derecho civil ó penal fuesen procedentes en justificación de sus resoluciones.

El considerando 7.º trata de los daños y perjuicios, declarando que, deduciéndose aquéllos del hecho referido, y