El Foro español (Madrid. 1898) (1910-10-20 00:00:00), página 7

ministrativas (como en las demás esferas de la pública Administración), buscan equívocadamente en la multiplicidad de informes una garantía de acierto que sólo puede ofrecer y basta para ofrecerla, sin la menor duda, la idoneidad del que ha de resolver.

¿Qué hay, pues, de extraño en que pida se les reserve a los peritos en Derecho (con título oficial) la resolución de expedientes, que es un acto de juzgar, y, por lo tanto, eminentemente jurídico; para cuya acertada realización se necesita aplicar e interpretar, no solamente leyes, reglamentos, instrucciones y demás preceptos administrativos, sino códigos y otras disposiciones que de continuo aplican e interpretan los jueces y tribunales ordinarios?

Después de todo, pretender esto no es más que aspirar a que se complete la obra ya hace tiempo iniciada, con el establecimiento de la Dirección general de lo Contencioso en el Ministerio de Hacienda y las Abogacías del Estado en las delegaciones provinciales.

Indudablemente, la creación de esos órganos asesores implica el reconocimiento de insuficiencia, para el ejercicio de la potestad jurisdiccional, en las confecciones requeridas a los funcionarios encargados de ejercerla. Y se tendió á suplir dicha falta, pero de manera también deficiente.

Por un lado, la representación y defensa del Fisco en los pleitos y causas que le interesan así como la gestión del impuesto de derechos, es á intervención en lo que afecta al utilidad de los gastos de intervención encomendada á los Abogados del Estado, por su especial competencia para entender en las intimas relaciones de esos dos tributos con los Códigos civil y de Comercio, absorben casi por completo la atención y ocupan casi del todo la actividad de aquellos funcionarios, y, por otra parte, el consejo de éstos no se solicita siempre que conviene solicitarlo, á pesar de lo que siempre se dice.

Por eso vemos que en una azaña que haya de fallar el Ministerio, formula su nota un oficial de negociado, cuyo inmediato jefe acepta ó rectifica aquélla; para que tal aceptación ó rectificación sea á su vez confirmada ó no por el jefe de sección, con el parecer del cual se muestra ó deja de mostrarse conforme el Director general, cuya opinión, al fin, convierte en fallo S. E., si no difiere de ella, resolviendo en otro sentido y cuando se considera preciso oír también á la Dirección de lo Contencioso, ó á la Intervención general ó al Consejo de Estado, hay que añadir á la respetable suma de los dictámenes antes enumerados, la cifra no menor que representa la última y definitiva emisión del parecer de dichos Centros.

Todas o la mayor parte de estas diligencias informativas, que hacen poco menos que determinar el expediente gubernativo, podrían ahorrarse (con ventaja para los interesados y para la misma Hacienda), si se diera á la resolución de esas reclamaciones económico-administrativas á la obra directa e inmediata de jueces letrados.

El actual cuerpo jurídico de Hacienda, convenientemente reorganizado, serviría para el desempeño de esa función jurisdiccional, en la que considero comprendida la imposición de responsabilidades por ocultaciones y defraudaciones, que constituyen la parte penal en esta administración de justicia financiera.

ROMÁN ALVAR Y BÁS.

NOTICIAS

EN EL TRIBUNAL SUPREMO

Una causa sensacional.

El día 28 del actual ante la Sala 2.a del Supremo, se verá el recurso de casación que por infracción de ley se interpuso contra sentencia pronunciada por la Sección 4.a de esta Audiencia en causa seguida contra D. Arturo García Roche.

De esta causa nos ocupamos con algún detenimiento en los números del 28 de Febrero y 10 de Marzo últimos de nuestra Revista, y de lo que allí digimos se deduce que, en nuestro humilde concepto y dicho sea con todos los respetos debidos, la referida sentencia fué una lamentable equivocación de los señores Magistrados que la suscribieron, ya que entendemos que no hay delito en los hechos que se persiguen, objeto sólo de una acción civil, pero que de haberlo no sería menos responsable que el procesado Sr. García Roche, el acusador privado (!) Excmo. Sr. D. Francisco Laiglesia, ex-diputado á Cortes y Director del Banco Hipotecario.

No obstante, si hay equivocación, el Tribunal Supremo en ley 6 en equidad encontrará medio de subsanarla, y nosotros nos alegramos que de esta manera quede terminada sin ulteriores ramificaciones una causa que seguramente no habría existido sin la laxitud que la ley concede en materia de procesamientos.

Por otra parte, el procesado, que lo ha sido á consecuencia de un pleito civil que él mismo promovió contra el Sr. Laiglesia y que quedó pendiente de sentencia hasta que esta causa se resolviese, ya ha cumplido un año de prisión preventiva, tiempo que si hay delito no es suficiente para extinguir la pena; pero lo ha sido bastante para llevar el descrédito y la ruina á la familia.

Sin duda, por entenderlo así, ya que no también por estimar procedente el recurso, el mismo Sr. Laiglesia, satisfecho en su amor propio, no ha comparecido ante el Supremo.

Confiamos en que este alto y siempre digno Tribunal hará una vez más justicia definitiva tanto más necesaria cuanto que más la requieran las circunstancias de los hechos ó la celidá de las personas.

Ha fallecido en Granada, la respetable señora doña Severiana Pavón, esposa de nuestro antiguo suscriptor, el Presidente de aquella Audiencia provincial, D. José de Lezameta y Gutiérrez, causando honda impresión en aquella sociedad que la estimaba por sus virtudes.

Nosotros nos asociamos de todo corazón á la profunda pena del Sr. Lezameta, y le enviamos sincero pésame por tan sensible desgracia.

D. E. P.

Nuevo Director de los Registros.

Ha sido nombrado Director general de los Registros y del Notariado, D. Fernando Weyler y Santacana.

Personal de la Magistratura.

Han sido nombrados; Presidente de la Audiencia territorial de la Coruña, D. Ramiro Fernández de la Mora, que lo es de la de Pamplona; para este cargo, D. Diego Espinosa de los Monteros, Presidente de Sala de la de Valladolid; para esta plaza, D. Mariano Herrero, Abogado fiscal del Tribunal Supremo; para este cargo, don Manuel García de Viedma, Magistrado de la Audiencia territorial de Barcelona; Magistrado de la de Ma-