El Foro español (Madrid. 1898) (1911-06-30 00:00:00), página 12

de la familia, la educación de los hijos, y las deudas que el marido contraiga como jefe de ella, es lógico concluir, sobre todo teniendo presente que conforme al art. 1.385 los frutos de los bienes parafernales ingresan en el acervo de la referida sociedad para atender con ellos al levantamiento de las cargas del matrimonio, que, aun prescindiendo del texto claro y terminante de 1.386, las responsabilidades del marido, en tanto pueden hacerse efectivas con los productos de dichos bienes en cuanto se hubiesen contraído en provecho de la familia.

Y que no existió contradicción entre los artículos 1.386 y 1.408 núm. 1º, que se opongan por la necesidad de conciliar términos antagónicos, á la aplicación literal del primero de estos preceptos, c' e por su base la consecuencia que de ella se puede derivar ó sea que la esfera de actuación del 1.386 se contrae al estado de Derecho consiguiente á la separación legal de bienes de los respectivos esposos, aparte de que semejante teoría no se halla autorizada por la letra ni por el espíritu del repetido artículo.

Competencia.—Patentes de invención.—Sentencia de 2 de Marzo. (Gaceta de 16 de Julio de 1910)—Resuelve que habiendo de resolverse en un pleito cuestiones relacionadas con la eficacia de los derechos que á uno de los demandados confieren ciertas patente, por el mismo obtenidas, dedúcese de ello que se trata del caso definido en el párrafo 2º del artículo 4º de la ley de Propiedad industrial, y esto establecido, que el conflicto jurisdiccional ha de resolverse conforme á las reglas especiales de competencia, establecidas en el artículo 147 de la ley de 16 de Mayo de 1902, según el cual, dirigiéndose el procedimiento contra un concedionario, ó uno ó más cesionarios ó causahabientes del mismo, será Juez ó Tribunal competente el del domicilio del primero, sin que, en su virtud, deba acudirse á las reglas generales del procedimiento civil.

Hipotecas judiciales.—Anotaciones preventivas de derechos.—Sentencia de 2 de Marzo. (Gacetas de 16 y 18 de Julio de 1910)—Declara que los artículos 28, 25, 27 y 71 de la ley Hipotecaria, aplicables á las anotaciones preventivas de Derecho, no pueden ser reguladores de las que se comprenden en los números 2º, 3º y 4º del artículo 42, conocidas en el Derecho antiguo con la denominación de hipotecas judiciales, pues teniendo estas por exclusivo objeto asegurar el cumplimiento de las ejecutorias, son transitorias por su naturaleza y no producen otro efecto positivo que el de dar preferencia al que la obtenga sobre los que ostenten contra el mismo deudor otro crédito, con posterioridad á la anotación, según se establece en el artículo 44, mientras que las anotaciones preventivas de derechos, por ser precursores de inscripciones definitivas, producen los efectos de éstas, y desde la fecha de la anotación misma, una vez realizada la conversión, por todo lo cual es evidente que, tratándose de la anotación de un embargo, aunque éste se efectuara antes de inscribirse en el Registro de la Propiedad el título de dominio de unos terceristas, y, por consiguiente, cuando en el Registro aparecía como dueño de la finca embargada el deudor, tal circunstancia no puede perjudicar á los que con antelación ostentaban sobre la misma la cualidad de dueños.

Letras de cambio.—Sentencia de 4 de Marzo. (Gacetas de 18 y 19 de Julio de 1910)—Resuelve que, conforme á lo establecido por el artículo 443 del Código de Comercio, todos los derechos y acciones que de las letras de cambio se originen se regirán por las disposiciones de dicho Código, ó sea especialmente por su título 10, en el cual se comprende el artículo 516, según el que, en defecto de pago de las letras presentadas y protestadas en tiempo y forma, el portador tendrá derecho á exigir del aceptante, librador ó de cualquiera de los endosantes el reembolso con los gastos de protesto y recambio.

Que no son contratos nulos las operaciones de crédito que se verifican, valiéndose los interesados en ellas de letras de cambio, en las que figuran las personas que la que proporcione los fondos considera de garantía y responsabilidad para obtener en su día el reembolso, y á esta clase corresponde la que realiza una Sociedad de crédito por medio de letras que con objeto de obtener que un establecimiento facilite la cantidad previamente convenida.

Que hallándose extendidos los documentos mencionados así como los endosos puestos en los mismos, con arreglo á lo que previene el citado Código, hay que atender á su contenido para determinar la existencia del contrato de cambio ó operación de crédito por virtud de ellos realizada, supuesto que el legislador, al regular la materia, ya tuvo presente los requisitos esenciales que han de concurrir en la convención, dado el carácter que actualmente corresponde á la letra como instrumento de cambio y de crédito á la vez.

Que por lo expuesto claramente se deduce que al conceder eficacia á las letras de cambio mencionadas y condenar al pago de su importe, intereses y gastos á instancia del tenedor de las mismas, al librador de ellas, aunque ni éste ni los endosantes se aprovechen personalmente del valor de dichas letras, no se infringen los artículos 461, 462 número 2º en relación con el 3º del 444 y 50 del Código de Comercio, en relación á su vez con los 1.261, 1.262, 1.269, 1.274, 1.275 y 1.276 del Código civil, porque para hacer efectiva la responsabilidad del primero en el concepto con que figura en el contrato basta que intervenga en el mismo libremente, sin engaño ni dolo, y se facilite la cantidad importe del giro.

Y que la renovación de las letras de cambio abonando interés, acto perfectamente lícito y de uso constante, no sólo entre comerciantes, sino también entre los que no tienen esta condición, es cosa muy distinta de lo que dicho Código denomina término de gracia y cortesía, ó sean demoras no establecidas por la ley.

Competencia.—Sumisión expresa.—Acción personal.—Sentencia de 5 de Marzo. (Gaceta de 19 de Julio de 1910)—Resuelve que para la existencia de la sumisión expresa tal y como la define el artículo 37 de la ley de Enjuiciamiento civil, no basta la concurrencia del requisito de que el interesado renuncie clara y terminantemente á su fuero propio, sino también que se haya designado con toda precisión el Juez á quien se sometiese.

Que según la más reciente jurisprudencia del Tribunal Supremo, para el cumplimiento de este último requisito no basta la afirmación, por demás vaga e indeterminada, hecha por el comprador en un pagaré como el presentado al contestar el requerimiento inhibitorio, de que el actual demandado se sometía á los Tribunales que el actor conviniera, pues tal cláusula no contiene indicación alguna para saber el que en su día y caso había de ser elegido al efecto por el vende-