El Foro español (Madrid. 1898) (1910-05-10 00:00:00), página 2

dar, según tenemos entendido, un lugar preferente, mereciendo por ello el aplauso de todo aquel que no discurra con el criterio egoísta de los que, aspirando á tal ingreso, no tengan aquélla, ó de quienes ya figurando en el escalafón, se crean perjudicados por la reforma.

Ni á uno ni á otro interés debe atender el buen gobernante, y ni uno ni otro interés puede invocarse por el ciudadano que, reconociendo su falta de suficiencia, á adquirirla debe aspirar ora para ingresar en el servicio administrativo de su Patria en condiciones de serle útil, ora para ya dentro de él, ascender en la carrera por más justos motivos que el favor que quiera dispensárselo ó el mayor ó menor número de años que lleve de servicio; circunstancia esta última que no supone en la generalidad de los casos otra cosa que una mayor familiaridad con la rutina, á cuya adopción le arrastrará su falta de competencia, por habérsele dado entrada en la Administración sin más condiciones que la de ser español, tener uso de razón y saber leer y escribir.

Pero, ¿cuál ha de ser esa suficiencia?

Error grande, que revela un lamentable desconocimiento de la materia administrativa, es el creer que aquélla está al alcance de cualquiera, como hasta ahora se ha creído al no exigir título alguno para ingresar, ó contentarse con el de bachiller y el ingreso se hace libremente por la categoría de oficial de 5.ª clase ó por la de 4.ª, previa oposición.

Contra esa mínima cantidad de suficiencia aún se reclama en artículos periodísticos por quienes, al hacerlo, demuestran tenerla todavía menor, pidiendo que el ingreso en la Administración sea por la última categoría, es decir, por la de aspirante á Oficial, mediante oposición; si, pero sin exigir en el pretendiente título alguno que acredite su idoneidad, á fin de que así puedan ingresar todos los españoles, según prescribe el artículo 15 de la Constitución que invocan, pero no «según su mérito y capacidad», como de un modo claro y terminante establece el mismo precepto; mérito y capacidad que no puede demostrarse por el simple ciudadano con una oposición, como intentaremos demostrar.

Quien conozca un poco la legislación de Hacienda, íntimamente relacionada con las diversas ramas de la común, no se explicará fácil y satisfactoriamente que para ser funcionario administrativo é intervenir en la aplicación é interpretación de leyes, reglamentos, instrucciones y Reales decretos ó órdenes, no se exija como requisito indispensable ser licenciado en Derecho. Y nos fijamos sólo en este aspecto jurídico de la cuestión, porque el mal no existe en cuanto á los otros, por exigirse los títulos de Ingeniero en sus diversas clases, el de Arquitecto y aun el de Profesor mercantil para el desempeño de los cargos que requieran conocimientos relacionados con ellos, demostrándonos así que la suficiencia sólo se reconoce en el poseedor de un título oficial que la suponga.

¿Por qué, pues, el aplicar é interpretar leyes, reglamentos, instrucciones, Reales decretos ó órdenes, ha de ser asequible á cualquiera?

¿Es que tales aplicación é interpretación en cualquier esfera administrativa, no requiere una gran cultura jurídica, para armonizar múltiples disposiciones relativas á este orden, ya entre sí, ya con nuestra legislación común, ya, en fin, con los principios generales del Derecho?

¿Es que los preceptos administrativos son tan claros y casuísticos, son tan perfectos, que su adaptación á los casos discutidos, sumamente variados, sea una operación mecánica algo parecida á la que ejecuta el peón de albañil?

No, en modo alguno. La misión del funcionario administrativo, en su indiscutible aspecto jurídico, exige (si ha de ser debidamente cumplida) mayor cultura jurídica que la requerida en otras carreras, por ser más varia y más numerosa la legislación y estar en relación de constante dependencia con la común. Débese esto á la naturaleza de los asuntos administrativos, en los cuales se discute unas veces el carácter civil ó mercantil ó la clase de una Sociedad (que ha contratado con la Administración), ya para determinar la forma de contribuir, ya para depurar las responsabilidades en que ella ó sus socios pudieran haber incurrido; otras, la índole de una fianza y, por consecuencia, las obligaciones contraídas por el fiador ó fiadores; otras, la capacidad de una persona para contratar; otras, la interpretación de un contrato, su validez ó rescisión; otras, la penalidad aplicable como defraudador á un contribuyente; otras, en fin, la competencia sostenida entre las autoridades económicas con las de otros órdenes, incluso con las del judicial; y no admite duda el que, para cumplir con decoro su misión el funcionario, necesita conocer los Códigos civil, mercantil y penal, así como la ley de procedimiento civil y criminal, entre otras.

ROMAN ALVAR Y BLAS.

Un aplauso y una súplica.

Ya, en nuestro artículo de 23 de Julio último, publicado en esta Revista y número respectivo al 10 de Agosto, nos lamentábamos del estancamiento que sufría el beneficioso proyecto de Ley del anterior Ministro de Gracia y Justicia señor Marqués de Figueroa, por el que se regulaban los ascensos en la carrera judicial y fiscal. Allí aducíamos, una vez más, las poderosas razones que abonaban, conceder mayor partici-