El Foro español (Madrid. 1898) (1911-01-20 00:00:00), página 10

propietarios, lo fué por escritura pública, y reúne todos los requisitos exigidos por la Ley para representar al actor, puesto que, conforme á los Estatutos por que aquélla se rige y á la que pertenece el referido actor, se halla facultado el Presidente, ó quien haga sus veces, para otorgar poderes á Procuradores á nombre de los asociados en la forma que lo ha sido el de que se ha hecho mérito, sin que obste á la legal representación el que hubiera cesado en su cargo el otorgante al incarse y sustanciarse el pleito; porque la validez del documento se determina ó resuelve por la fecha en que se otorga á nombre de una entidad jurídica, hoy existente.

Accidente del trabajo.—Auto de 24 de Junio. (Gaceta de 21 de Enero de 1910).—Resuelve que á tenor de lo establecido en el artículo 1.694 de la ley de Enjuiciamiento civil, no se da recurso de casación por infracción de ley en los juicios declarativos cuya cuantía no exceda de 3.000 pesetas, y tratándose de una sentencia recaída en juicio por accidente del trabajo que acuerda una indemnización que con el interés legal, desde la interposición judicial, nunca puede exceder ni siquiera llegar á la precitada cuantía, es visto que por tan decisiva razón procede rechazar el recurso en el trámite de admisión, en consonancia con lo dispuesto en el número 3º del artículo 1.729 de la expresada ley procesal y doctrina repetidamente sentada por el Tribunal Supremo relativa á la inteligencia del artículo 14 de la ley de Accidentes del Trabajo, en relación con la de Procedimientos civiles vigente.

Bienes mostrencos ó nullius.—Derechos del Estado.—Sentencia de 24 de Junio. (Gaceta de 21 de Enero de 1910).—Resuelve que la legislación actual de bienes mostrencos se basa n en derecho alguno eminente del Estado, sino en el principio de que á él, como representante de la entidad social deben corresponder aquellos bienes que sean propiamente nullius por no hallarse poseídos por persona alguna, ó aquellos otros respecto de las cuales la Ley le integra un preferente derecho excluyente del que un particular pudiera alegar; y, por lo tanto, es manifiesto á tenor de los preceitos reguladores de dicha legislación, y su relación con ellos de los del Código Civil, que tratándose de un depósito existente en la Caja general del ramo, que perteneció á una entidad jurídica, es de desestimar la pretendida preferencia del Estado que por la desaparición de aquella entidad, estima áquel depósito como nullius, si se prueba que aquel depósito estaba afecto á la resolución de unos autos de concurso de acreedores, si en el juicio correspondiente no se ha intentado ni conseguido la prescripción de los derechos y acciones de los acreedores de este concurso, ni declaración judicial alguna respecto á la inexistencia de herederos de los que formaban la entidad concursada á quienes pudiera corresponder el depósito en defecto de los acreedores, sin que al hacerlo así pueda decirse que la sentencia infringe los artículos 1º y 8º de la Ley de 9 de Mayo de 1835 y 1250 y 1214 del Código Civil, el último en armonía con la doctrina sentada, entre otras, en la sentencia de 2 de Junio de 1868.

Reconocimiento de hijo natural.—Hijo natural.—Sentencia de 25 de Junio (Gacetas de 21 y 22 de Enero de 1910).—Declara que el reconocimien-
to que de su hijo hace un padre natural, produce análogos efectos á la presunción de legitimidad de los hijos habidos de matrimonio legalmente celebrado, y aun cuando por dimanar el reconocimiento de la exclusiva voluntad de aquél sea susceptible de ser anulado por error, dolo, intimidación ó violencia, es preciso que el error se compruebe y derive de hechos transcendenciales que afecten directa y notoriamente á la creencia equivocada en que pudo estar el padre de que la madre sólo de él pudo concebir, sin que sea licito de otro modo la suposición del error, pues equivaldría á autorizar un arrepentimiento y cambio de voluntad, que es en absoluto incompatible con las condiciones de permanencia de todo estado civil, permanencia que afecta al interés social, y consiguientemente al orden público, que es la razón de la prohibición consignada en el artículo 1.814 del Código Civil.

Que en su consecuencia, al declarar el Tribunal á quo justificado el error que visía ó anula el reconocimiento de un hijo natural, por la renuncia que la madre del mismo hizo ante el Juzgado á ese reconocimiento en juicio de alimentos provisionales, que para el citado hijo venía instando, y por el contenido de un acta notarial, que á instancia del repetido hijo se levantó, y en la cual declara que ha examinado escrupulosamente y devidamente cuantos documentos existen en poder de su madre, y los presentados por ésta en el Juzgado, y en vista de ellos y de otras noticias y antecedentes, está persuadido de su error, al usar el apellido, del que hasta hoy ha considerado su padre, abrigando la seguridad de que no le asiste, ni tiene derecho alguno para ello; y que en descargo de su condición por una parte, y por otra, para tranquilidad y satisfacción del supuesto padre hace constar en la forma más solemne que no es descendiente de dicho señor, á quien pide y ruega le perdone por las molestias, perjuicios y trastornos que ha podido causarle con pretensión tan injusta como infundada, obligándose á no entablar reclamación alguna en adelante contra el mencionado señor en ningún sentido, ni por ningún concepto, dando y separándose de cualquiera que exista; es visto que el referido Tribunal, infringe los artículos 151 y 1.814 del Código Civil, e incurre en error de hecho y de Derecho, con infracción también del art. 1.253 del preceptado Código, porque aun cuando es cierto que por la renuncia de la madre, aquel juicio quedó sin efecto, y que en el acta referida, documento cuya autenticidad y eficacia no se niega, hubo de hacer el hijo manifestaciones contrarias á la paternidad natural, no lo es menos, que á los mismos no puede otorgárseles en este caso el valor y alcance que les atribuye la Sala sentenciadora, ya que ni se expresan los hechos en que se fundan las manifestaciones, ni se ha pedido el recibimiento á prueba, ni, por consiguiente, es lícito á la Sala declarar, por virtud de pruebas que no se han practicado, la existencia de circunstancias que obstaren á la paternidad reconocida:

Y que si bien los derechos otorgados por la ley pueden dejar de ejercitarse por las personas á cuyo favor se hallan constituidos, y en este sentido es postergativo en el hijo natural, demandar ó dejar de pedir su reconocimiento como tal, principio á que obedece, aparte de otras consideraciones, el precepto del art. 133 del Código Civil, que exige el consentimiento del hijo natural, para que puedan reconocerse sus padres, ni de aquélla facultad inherente al concepto de todo derecho, ni del necesario concurso de la voluntad del hijo, se deriva lógica y legalmente, como afirma la Sala sentenciadora, con notoria infracción del artículo citado y de los enunciados anteriormente, que sea renunciado el derecho familiar de filiación, legítima ó natural; porque evidentemente afecta al estado civil