El Foro español (Madrid. 1898) (1911-07-20 00:00:00), página 12

Resuelve que si bien es doctrina establecida que el derecho de elección que el art. 149 del Código Civil concede al obligado a prestar alimentos, puede ser alterado, apreciando casos de imposibilidad legal para que el alimentista sea obligado á trasladarse á la casa del que tiene que dar los alimentos, es preciso para ello que dificultades ó poderosas razones de orden moral así lo determinen, y en este sentido no puede postergarse encarecidamente la infracción del artículo citado, por interpretación errónea y aplicación indebida, cuando el Tribunal lo aplica en su letra, por estimar que no concurren en un caso determinado circunstancias bastante poderosas para impedir la facultad de opción que el mismo artículo reconoce al que ha de prestar los alimentos, y cuando apreciadas racionalmente dichas circunstancias, resulta acertada la estimación del Tribunal sentenciador.

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Derecho de uso y habitación.-Abuso grave de la cosa.—Sentencia de 30 de Abril (Gacetas de 17 y 18 de Septiembre de 1910).—Declara que la condición consignada en una escritura de venta de determinada finca urbana de que los vendedores han de habitar toda su vida el piso bajo de la finca, con sus dependencias, la panera y una mitad del sobrado ó desván de la misma, excluye, por los precisos y claros términos en que aparece consignada, la necesidad de acudir á interpretaciones, así cerca de la intención que la motivó como del recto sentido en que debe ser entendida, pues sin esa innecesaria labor salta á la vista que el uso de habitación establecido en ese contrato como derecho á favor de las personas citadas y por el comprador expresamente aceptado, si no ha ofrecido dudas en cuanto á su existencia durante los años de su ejercicio, menos ha de suscitárselas en cuanto á los motivos determinantes de la extinción.

Que mantenido el debate á tenor de los preceptos del Código Civil que regulan el modo y forma de la caducidad de tal derecho, no es lícito en casación, variando los términos de la litis contestatio, pretender que su desenvolvimiento y finalidad sea regulado y resuelto por disposiciones, cuya eficacia y validez no han sido invocadas en forma adecuada y legal durante el curso del procedimiento.

Que si bien es precepto del art. 529 del Código Civil vigente que los derechos de uso y habitación se extinguieren por las mismas causas que el usufructo y además por abuso grave de la cosa, también es exacto, como tiene declarado el Supremo Tribunal, que se impone la necesidad de interpretar tal prescripción en sentido restrictivo haciendo la debida restricción de las acciones que de él se derivan, para evitar la posibilidad de confundir una medida precautoria para el porvenir, que á la vez tiene carácter de sanción penal en el orden civil con responsabilidades de otra naturaleza.

Que por lo que se refiere al caso del pleito, al calificar de graves y abusivos los hechos de no haber satisfecho los vendedores que quedaron en el uso de la parte de finca vendida las contribuciones anuales, de perjudicarla por no hacer los y reparos ordinarios de la parte de casa que se les concediera y de permitir por el portal común y único la entrada á los mandatarios del demandante, en posesión del resto de la finca, se comete error en la expresada calificación y consiguientemente en la consecuencia jurídica de la pérdida del derecho que de ella se deduce, ya que no es dable, por el sentido y realidad de los expresados supuestos de hecho, decretar la caducidad del mismo, cuya medida envuelve un castigo impuesto á la codicia, á la morosidad ó á la negligencia, con tanta más razón cuanto que las responsabilidades de ellos derivadas tienen remedio en sanciones de orden distinto, que pueden pedirse y utilizarse sin acudir á la extraordinaria de la extinción, que además de no encajar dentro de la letra y espíritu de la disposición consignada en el art. 529, pugna con la voluntad de las partes, expresada en el contrato, fuente y origen del uso y habitación de que se trata.

Y que en un caso como el citado, de afirmar el Tribunal sentenciador que el comprador del inmueble no lo ha habitado ni percibido rentas por la parte que del mismo puede disfrutar, y al condenar, en su virtud á los vendedores al pago de la cantidad que por contribuciones les corresponda en tal concepto, infringe el artículo 527 del Código Civil, porque siendo un hecho indiscutible que dichos vendedores habitan sólo una parte de la casa, quedando al propietario todo el piso principal de la misma, es manifiesto que ni con arreglo al literal contexto de ese precepto, ni tampoco al espíritu que lo informó, claramente revelado en su letra, cabe imponer la obligación del pago de los tributos á los usuarios, que no deben, según ese expreso manáteo legal, contribuir con nada al sostenimiento de las cargas del predio, ya que las consecuencias de la improducción debidas á no vivir ó no explotar la parte de finca libre, sólo pueden afectar como acto directo y personalísimo al dueño de la casa, á quien son imputables en su integridad y en sus resultados, puesto que de otra suerte se daría el caso absurdo de que los actos ajenos determinaran el aumento de los deberes y obligaciones de un extraño, lo cual no es legal ni lícito.

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Cesión de créditos.—Sentencia de 30 de Abril. (Gacetas de 19 y 20 de Septiembre de 1910.)—Declara que es doctrina establecida por el Tribunal Supremo en su sentencia de 28 de Marzo de 1901, sobre la base de lo dispuesto en los arts. 1.162 y 1.164 del Código Civil, que la cesión de un crédito, si no se hace saber al deudor, no altera las relaciones entre éste y el acreedor, por donde conserva el último, en tal caso, su derecho de acción para obtener el pago judicial del crédito.

Mayo.

Competencia.—Fianza.—Comisión mercantil.—Mandato.—Acción personal.—Sentencia de 3 de Mayo. (Gaceta de 20 de Septiembre 1910). La demanda origen del conflicto jurisdiccional tiene su origen en la representación concedida por una Sociedad mercantil á cierto individuo para la venta de mineral en la ciudad domicilio de este último, previa constitución de fianza, que un tercero hizo, á garantizar las responsabilidades pecuniarias en que el representante podía incurrir en el desempeño del cargo, y se dirige contra dicho representante en concepto de deudor principal, y contra los causahabientes del fiador, sin derecho al beneficio de excusión, sobre pago del saldo de cuenta resultante contra el primero. Emplazados los segundos, promovieron cuestión de competencia por inhibitoria, que resuelve el Tribunal Supremo á favor del fuero del domicilio de aquéllos, declarando que ha de tenerse en cuenta que el último particular del art. 1.828 del Código Civil establece una regla especial de competencia al determinar que aquél se entenderá sometido á la jurisdicción del Juez del lugar donde esta obligación, es decir, la principal, deba cumplirse, y que en el contrato de comisión mercantil y lo mismo en el de mandato, tanto el cumplimiento de las obligaciones derivadas del art. 1.728 del Código