El Foro español (Madrid. 1898) (1912-01-10 00:00:00), página 6

de conmiseración para los reos que han de purgar sus crímenes en el patíbulo, son de todos los tiempos, desde que, por dicha para la humanidad, se preceptuaron el amor al prójimo, la caridad, el perdón de las ofensas, el odio al delito y la compasión hacia el delincuente.

¿Significa cuanto queda expuesto que la piedad haya de imponerse á la justicia hasta el punto de hacerla ilusoria, eclipsándola, ó cuando menos, reduciéndola á indebidas proporciones? No, por cierto; pues por encima de aquellos naturales impulsos que todos los hombres deben sentir en favor de los desdichados, están los sagrados intereses sociales y los deberes impuestos por las leyes á los encargados de aplicarlas y á los gobernantes, pudiendo condensarse todo lo anteriormente escrito en los siguientes conceptos: digna de alabanza es toda gestión de indulto de un reo condenado á muerte; digna de perdurable gratitud la resolución que lo concede; pero es también digna de profundo respeto la que lo deniega, porque para ello fué preciso, sin duda alguna, contrariar sentidas inclinaciones de clemencia y sustituir caritativos estímulos, por altas consideraciones de conveniencia para la causa pública ó para la necesaria estabilidad de la justicia.

Y ya que hemos pasado la vista por nuestras antiguas leyes, y puesto que también de condenados á sufrir la última pena se trata, mencionaremos la 5.a del título 3.º, libro 6.º del Fuero Real que les prohibía hacer testamento, cuando fueron juzgados por cosa á tal, que deban perder lo que han; prohibición que á veces, con más absolutos términos, se repite en la ley 15, título 1.º de la Partida 6.ª, y que se hace extensiva á los desterrados á perpetuidad, en determinadas condiciones, pena que se equiparaba á la muerte civil, y se definía en la ley 2.ª, título 18 de la cuarta Partida.

Como en muchos casos era consecuencia legal de aquella terrible condena la confiscación de todos los bienes del condenado, claro y evidente resulta que no pudiendo disponer de ellos era, más que una privación de derecho, una medida de precaución el prohibir la otorgación de última voluntad; así se comprende que más adelante, al publicarse en 1505 las leyes de Toro, se consignase en la 4.ª,—que después vino á ser la 3.ª, título 18, libro 10 de la Novísima Recopilación—que el condenado por delito á muerte civil ó natural, pudiese por sí mismo, ó por comisario, hacer testamento y codicilo á otra cualesquiera última voluntad, disponiendo de sus bienes, menos de aquellos que por el tal delito fueron confiscados, ó debieran aplicarse á la Cámara del Rey ó á alguna otra persona.

Por lo que se refiere al testamento otorgado por comisario, habrá de estar en la actualidad á lo preceptuado en el art. 870 del Código civil; y en cuanto á las obligaciones civiles nacidas del delito y que se trasmiten á los herederos del responsable, habrá asimismo de tenerse presente lo dispuesto en el art. 125 del Código penal en relación con el 115 de la Ley de Enjuiciamiento criminal.

Más que por terminantes preceptos legales, parece ser que por arraigada costumbre se negaba también á los reos de muerte la administración del Santo Sacramento de la Comunión, siendo llevados al lugar del suplicio después de confesados; pero en el año de 1569, acatando respetuosamente el Rey Don Felipe II un motu proprio de Su Santidad el Papa Pío V, mandó por pragmática dada en Madrid á 27 de Marzo, y que es la ley 4.ª, tít. 1.º, libro 1.º de la Novísima Recopilación, que si el reo lo pidiese, y á su confesor pareciese que podía y debía dárselle la comunión, se le administrara un día antes de ser ejecutado, diéndose misa en el lugar más decente de la cárcel, que señalaría el Ordinario, y añadiéndose, con acertada precisión lo que sigue: y porque no se tome esto por medio para dilatar la ejecución de la justicia, diciendo los condenados ó sus confesores, que no están bien previstos para ello; mandamos á las justicias estén advertidas, que, por semejantes cautelas, no se difiera la ejecución de la justicia.

EDUARDO CASÁ,
Presidente de Sala jubilado.

Almanaque y Aranceles judiciales.

Ya hemos empezado á repartir nuestro acostumbrado Almanaque de pared, compuesto de tantas hojas como semanas, y dejando un gran espacio en blanco al lado de cada día para poder apuntar los términos y ocupaciones y recordarlas en el momento oportuno.

Este año nuestro Almanaque ofrece la novedad de estar adicionado con los nuevos Aranceles de los Secretarios judiciales y Procuradores, que publicamos íntegros, además de las tarifas de las leyes del timbre y del impuesto de derechos reales.

Todo esto ha representado para nosotros un mayor esfuerzo, que confiamos nos ha de compensar el favor del público.

Los subscriptores que deseen adquirirlo deben avisarlo para extenderles el recibo por un año, que deben pagar por adelantado. Esta condición es absolutamente precisa para evitar abusos de que hemos sido víctimas con lamentable repetición.

Los señores abonados de provincias deberán acompañar además cincuenta céntimos si lo desean con cartón, y treinta y cinco si lo quieren sin él, que es el precio del envío por correo, certificado.

Precio para los no subscriptores: 2 pesetas en Madrid y 2,50 para provincias.

Para Audiencias, Juzgados y Despachos.

Magníficas fotografías de LA JUSTICIA

Habiendo observado que en las Salas de Audiencia y Juzgados de España se carecía de cuadros representativos de la alegoría ó atributos de la Justicia, que se ven con frecuencia casi general en los estrados de los Tribunales extranjeros, y para compensar en cierto modo la elevación de precio que supone una buena pintura al óleo, causa principal de que en nuestras Salas de Justicia se carezca de lo que constituye su adorno más apropiado, hemos ideado sustituirlo con magníficas fotografías al bromuro de gran tamaño en las que aparece la alegoría de la Justicia en la actitud que puede verse en el grabado que en este número publicamos.