El Foro español (Madrid. 1898) (1908-04-20 00:00:00), página 2

Registro y se enteran de que la casa estaba inscrita desde 1874 á favor de un individuo, pariente lejano de los vendedores. ¿Cómo se había transferido el dominio á éstos? Muy sencillo. El que la tenía inscrita se la legó en testamento á su esposa, y ésta después de poseerla algunos años falleció intestada, dejando como más próximos parientes á los cuatro hermanos, que habían contratado la venta. La capacidad de los vendedores para enajenar era indiscutible, mas para hacerla constar en el Registro sería preciso liquidar é inscribir el testamento del primer causante, solicitar respecto á su esposa la consiguiente declaración de herederos abintestato, y liquidar é inscribir este segundo título hereditario. ¿Quién se mete en tales gastos tratándose de una finca de quinientas pesetas? Lo que se hizo fué un expediente judicial á favor de los vendedores con citación de los herederos del que tenía registrada la casa y conseguida así la inscripción posesoria se otorgó é inscribió después la correspondiente escritura de venta. Si estuviese vigente el proyecto, tal solución sería imposible, y ante los dispensos que ocasionaría la formalización de los títulos de todas las transmisiones ó el expediente judicial de dominio, se rescindiría la venta de la casa ó se haría en documento privado con alguna rebaja de precio, pero el protocolo del Notario nada ganaría con ello.

La injusticia del art. 21 aparece más clara en las transmisiones por causa de muerte. Fallece el causante teniendo unas fincas inscritas á su nombre y careciendo de título respecto á otras. Se hace la partición y á un heredero le tocan las fincas inscritas y á otro las no inscritas. Pues bien, el adjudicatario de estas últimas puede inscribirlas cuando quiera, porque el proyecto le consiente el expediente judicial; pero el adjudicatario de las inscritas no puede hacerlo, y una de dos, ó exige de sus coherederos el otorgamiento de la escritura particular, ó renuncia á los beneficios de la inscripción.

¿Pero es siempre factible el otorgamiento de la escritura de partición? La ausencia de un heredero, la incapacidad de otro, la muerte de éste ó de aquél que abre una nueva sucesión, y hasta el capricho ó la obcecación de alguno que por cuestiones de amor propio suscita obstáculos á la aprobación del cálculo particional, ¿no son dificultades que ocurren á diario y dilatan indefinidamente el término de una partición? Y sin embargo es posible que mientras tanto necesite con urgencia un heredero inscribir todas ó algunas de las fincas que le fueron adjudicadas. ¿En virtud de qué principios de justicia se le ha de prohibir? ¿Porqué se le ha de lanzar á un pleito ordinario ó á un juicio de testamentaria ó de abintestato? Y mientras dura el litigio no hay inscripción, y por no obtenerla tal vez ese heredero dejó de otorgar un contrato ventajoso. ¿Quién le indemniza de los perjuicios sufridos?

Puede también ocurrir en una sucesión abintestato que antes de la declaración de herederos necesiten éstos vender alguna finca para atender á sagradas atenciones, y el comprador exija y se contente con la inscripción posesoria previa. ¿También se ha de prohibir en este caso el expediente judicial sólo por estar inscrita la finca? ¿No puede envolver la prohibición una enorme injusticia?

Es inadmisible por lo tanto la solución del proyecto. La interdicción absoluta de la posesoria cuando las fincas constan inscritas es altamente injusta. El interés social reclama en este caso la posibilidad de la inscripción posesoria y en su contra sólo puede invocarse la conveniencia de algunos funcionarios públicos, cuales son los Notarios. Y tratándose de un conflicto entre el interés social y el interés particular de determinadas personas ¿ha de ser sacrificado el primero? A esta pregunta sólo puede contestar afirmativamente algún ciego defensor de la burocracia y del funcionarismo.

Continuando el autor del proyecto en la tarea de combatir el expediente judicial, dificulta su tramitación imponiendo á los poseedores dos nuevos requisitos, que son la citación de los propietarios colindantes y la certificación previa de no estar las fincas registradas.

La primera de estas exigencias hará el expediente costosísimo en aquellas regiones donde la propiedad está muy dividida. Cuando se solicite información de diez ó de cincuenta fincas, calófese lo que representarán las 40 ó 200 citaciones que habrá que practicar á razón de cuatro por cada finca, que es un término medio nada exagerado.

¿Y á qué conduce esa citación? ¿Se teme que el poseedor aumente la extensión de su finca en perjuicio del propietario colindante? Como el aumento no aparezca más que en el papel, poco puede importarle al colindante. Y si pasado mucho tiempo se practica un deslinde y el poseedor malicioso trata de legitimar el exceso de cabida, no lo conseguirá ante los actos posesorios ó los mejores títulos del propietario á quien intentó perjudicar. Una malicia de premio tan problemático y lejano no merece las preocupaciones del Legislador.

En un solo caso estará justificada la citación del colindante; cuando éste es el Estado ó el Municipio, y muy especialmente cuando las fincas de estas entidades tienen arbolado. La experiencia enseña que entonces las fincas de particulares ensanchan sus fronteras, y no está demás evitar que la usurpación cometida en el terreno se consolidate andando el tiempo en virtud de sucesivas inscripciones. Pero fuera de este caso concreto votó en contra de la citación de los colindantes.

La certificación previa del Registro que exige el proyecto es otra gabela del expediente. Significa la exageración del sistema preventivo, un olvido del principio verdaderamente práctico de que lo mejor es enemigo de lo bueno. ¿Qué le importa al Legislador que el interesado haga un expediente y éste no resulte inscribible? Sibi imputet. Nadie le tiene la culpa. Déjese pues al poseedor en libertad de proverse si quiere del certificado, pero no se le imponga como trámite previo á la información.

Sería disculpable la exigencia, y no habría que tachar al autor del proyecto de enemigo sistemático de la posesoria, si teniendo en cuenta que el escrito pidiendo la certificación debe contener circunstancias