El Foro español (Madrid. 1898) (1908-10-30 00:00:00), página 4

á fin de que de todos se conozca en un solo juicio y por un solo Tribunal, que debe ser el de Derecho, reputando como conexos aquellos cuyo conocimiento no le esté expresamente asignado.

Ha sido costumbre acoger hospitaliamente en escritos como éste, los problemas jurídicos planteados en sus Memorias por los respectivos Fiscales invitados á formularlos, con este objeto, por uno de mis dignos antecesores, D. Salvador Viada y Vilaseca, de grata e ilustre memoria en los fastos de la Magistratura española. Acomodándome á esa práctica, permita V. E. que inserte á continuación las preguntas á que me refiero y la contestación que á cada una de ellas estimo pertinente. Es este un trabajo, si bien sencillo y sintético en su forma, no del todo inútil quizá para la depuración e inteligencia de los preceptos legales vigentes.

Enjuiciamiento criminal.

Terminado un sumario sin procesamiento, el Fiscal ó el acusador privado solicitan la revocación del auto de terminación y el procesamiento de persona determinada. La Sala, en vez de procesar ó denegar por sí el procesamiento, devuelve la causa al Juez, para que éste, en cuanto al procesamiento pedido, resuelva con libertad de criterio lo que juzgue procedente, cuidando de notificar la resolución al que hubiere interesado el procesamiento. ¿Cuál de los dos criterios es el más acertado?

ANTECEDENTES.—La Memoria de 1899, página 177, consulta 119, dice: «Solicitado por el Fiscal el procesamiento de una persona, al evacuar el traslado de instrucción, ¿puede el Tribunal negarse á acordarlo, fundándose en no ser de su competencia, y si de la del Juez instructor ante quien deberá solicitarlo?»
Entiende este Centro que el Tribunal no puede negarse á decretar el procesamiento pedido por el Fiscal en dicho trámite, si lo considera justo, so pretexto de no ser aquél acuerdo de su competencia y sí de la del Juez de instrucción.
«La jurisdicción del mismo cesa en el momento en que dicta el auto de conclusión del sumario y eleva éste al Tribunal competente para conocer del juicio, según previene el art. 622 de la ley procesal, y no hay, por consiguiente, términos hábiles para solicitar del Juez la práctica de esa ni otra diligencia alguna.
«Llegado el caso á que se refiere el citado artículo, el Tribunal empieza á funcionar y su jurisdicción es la única competente, ya para aprobar el auto de conclusión del sumario, ya para revocarlo y acordar la práctica de toda clase de diligencias que el Fiscal ó el querellante particular soliciten y él estime pertinentes, conforme ordenan los artículos 630 y 631 de la propia ley. Y como el procesamiento es una diligencia, si quiera por las actuaciones á que da lugar, es obvio que se halla comprendido entre las que el Fiscal puede solicitar al tenor del art. 627 y el Tribunal decretar según el 631, y sólo por virtud de la resolución que éste dicte, revocando el auto de terminación del sumario, es cuando vuelve el Juez instructor á conocer de él para llevar á efecto las diligencias acordadas por la superioridad.»

OPINIÓN.—Conforme con lo sostenido en la resolución de la anterior consulta, el criterio más acertado parece que es el que en ella se sustenta, por ajustarse más á la ley, una vez que la Audiencia no puede excusar su resolución cuando se halla conociendo del asunto con jurisdicción plena.

¿Será sólo en casos excepcionales cuando deba aplicarse la condena condicional, ó siempre que el reo sea de buena conducta y se haya ejecutado el delito sin circunstancias que demuestren perversidad?

ANTECEDENTES.—Circular del 2 de Abril de 1908.

OPINIÓN.—No puede ser otra que la de la misma Circular, inspirada en los preceptos de la ley, que defieren á la potestad del juzgador el aplicar ó no el beneficio de la condena condicional en aquellos casos en que no se otorga por ministerio de la propia ley.

Basta fijarse en los términos del último párrafo del artículo 2.º, para comprender que esa facultad discrecional no tiene limitación alguna, y, por tanto, no puede someterse á reglas.

¿Cabe aplicar los beneficios de la ley de 17 de Marzo al culpable á quien se imponen en una sola sentencia distintas penas, sin que cada una de ellas exceda de un año de privación de libertad?

ANTECEDENTES.—No existen.

OPINIÓN.—El pensamiento de la ley es procurar la corrección de los culpables por un acto de generosidad, cuando la naturaleza del delito cometido y la escasa responsabilidad contraída permiten fiar en el arrepentimiento de aquéllos.

(Se continuará.)

El discurso del Presidente

(Conclusión)

No se excluyen de este deseo los municipales. Establecido por reciente ley el modo de la elección de estos Jueces, quizá sobradamente formalista y menos automático que lo deseado, su competencia, con crecimiento considerable otorgada y compartida, y los procedimientos aplicables modificados, hago cordiales votos porque su resultado conquiste aplausos imparciales de la opinión, que ciertamente clamó por una reforma.

Oyense también voces expresivas de conceptos más veces divergentes que armónicos á fin concreto, en demanda de la regeneración de la Administración de justicia, tachando á la actual de anticuada—mérito de una institución es su larga vida—y de escasamente simpática á progresos de un idealismo tan sutil, que todavía no se ha encerrado en fórmulas de resolución fácilmente comprensible á todos los mortales. Porque se dé con la más favorable y de más seguro éxito, todos oramos; porque sea económica, mientras no sea gratuita, también clamamos; de donde resulta acuerdo diós en un ideal cuya realización tropieza con innumerables oposiciones sobre detalle, á más de las de