El Foro español (Madrid. 1898) (1909-06-10 00:00:00), página 1

EL FORO ESPAÑOL
REVISTA JURÍDICO-ADMINISTRATIVA
A LA QUE, POR VOLUNTAD EXPRESA DE LA MAYORÍA DE LOS JUECES Y ACTUARIOS DE ESPAÑA, ESTÁ CONFIADA SU REPRESENTACIÓN Y DEFENSA

VELA IGUALMENTE POR LOS INTERESES Y PRESTIGIOS DE LOS LETRADOS Y PROCURADORES
Y CUANTOS FUNCIONARIOS MUEVEN SU ACTIVIDAD EN LA ESFERA PROPIA DE LOS TRIBUNALES.
Y, SOBRE TODO, ABOGA POR LA MORALIDAD Y RECTITUD EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.

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DIRECTOR
Lorenzo Barrio y Morayta
ABOGADO
de los Ilustres Colegios de Madrid, Granada, Bilbao, Jaén, Alcalá, Segovia y otros.
ADMINISTRADOR
ANTONIO DÍAZ MUÑOZ

SUMARIO
I. Aspecto legal de la cuestión Macías.—II. El art. 535 del Código penal reformado y la cuestión prejudicial, Luis Zapatero.—III. Nuestro triunfo.—IV. Noticias.—V. De Escribanos, La vacante de Madrid.—VI. Rapidísima.—VII. El pugilato del Colegio.—VIII. Sección de Jurisprudencia.—IX. Jurisprudencia civil.

VALERO.—Contestación al programa de las oposiciones á la judicatura, 25 pesetas.—Preciados, 32.

ASPECTO LEGAL DE LA CUESTIÓN MACÍAS (1)

Con toda imparcialidad vamos á examinarla exclusivamente en su aspecto legal. Ni la Constitución, ni los Reglamentos de las Cámaras, ni el Real decreto de 11 de Mayo de 1849 prevén el caso de que un particular dénuncie, en cumplimiento de los artículos 259 á 262 de la ley de Enjuiciamiento criminal, á un Consejo de Ministros. El no haber previsto cosa tan fácil á la adivinación induce á pensar que la excluyeron de todo posible procedimiento jurídico.

¿De suerte, se replicará, que un ciudadano, obligado por la ley á hacerlo, no tiene á quien denunciar un delito cometido por los Ministros?

Distingamos. Si el delito lo ejecuta en el ejercicio de sus funciones, puede ponerlo en conocimiento de uno ó más diputados, para que éstos, si la creen procedente, formulen ante el Congreso acusación.

Si el delito es ajeno á la función ministerial, por ejemplo si mata á su mujer ó roba un reloj en la calle, el que tenga conocimiento de él puede y debe presentar la denuncia ante el Tribunal Supremo.

Se ha dicho que el Sr. Macías debió dirigir su denuncia al Rey y no al Congreso. Ni á uno, ni á otro. Ni al Rey, porque son las Cortes las únicas que hacen efectiva la responsabilidad de los Ministros, según el artículo 45 de la Constitución; ni al Congreso, porque no podía admitirla reglamentariamente, como tal Cuerpo Legislativo.

Otras muchas razones de orden constitucional impiden que el Rey pueda admitir y tramitar denuncias contra sus Ministros y menos aún, fundadas en Reales órdenes.

Igualmente errónea por motivos parecidos es la creencia de que el Sr. Macías debió elevar al Congreso la denuncia por medio de sus superiores, entre los cuales estaba precisamente el Ministro denunciado.

Ningún precepto legal autorizaba para dar cuenta al Congreso de tal denuncia y al hacerlo se estableció un precedente perturbador del régimen parlamentario, de muy funestas consecuencias. Ciento que el presidente lo hizo cumpliendo requerimientos del Gobierno; pero ni éste ni aquél, pueden, sin grave responsabilidad, anteponer sentimientos de delicadeza ó transcendentales habilidades á lo que es esencia y fundamento del régimen constitucional. Rechazándose tal denuncia pudo contestar con razón lo que después sin ella replicó el Presidente del Consejo; que, si algunos Diputados la creían fundada, presentasen la acusación en forma reglamentaria.

Ni la Constitución, ni el Real decreto de 1849, ni el título XIX del Reglamento del Congreso permiten que los Ministros sean acusados ó denunciados (para este caso es lo mismo)-mas que por Diputados y en la forma

(1) Por crear el asunto muy de actualidad, y ser éste el único trabajo verdaderamente notable en que se ha tratado este asunto bajo el punto de vista jurídico, tenemos una complacencia en reproducir este artículo de nuestro querido colega Gaceta Administrativa.