El Foro español (Madrid. 1898) (1909-12-30 00:00:00), página 8

Pago de legítima.—Prueba en 2.ª instancia.—Sentencia de 4 de Octubre (Gacetas de 8 y 9 de Noviembre de 1908).—Declara que ya se estimen como fundamentales de la acción ejercitada los documentos que un litigante solicitó se unieran á los autos como constitutivos de prueba en el período de proporción de este, ya se conceptúen como demostrativos de hechos accidentales, no procede su admisión, porque en el primer curso, debiere haberse acompañado á la demanda, pudiendo sólo venir al pleito cuando se hallaren comprendidos en alguno de los números del art. 566 de la ley de Enjuiciamiento civil, lo cual no sucede, pues si bien al presentarlos se consignó el juramento de no haber tenido conocimiento antes de su existencia, tal manifestación resulta desvirtuada por el propio recurrente al explicar que no tenía conocimiento de ellos al tiempo de formular la demanda, por no recordar haberlos recibido, y en el segundo caso, como los hechos á que dichos documentos se refieren no se allegaron en el debate concretamente y en tiempo oportuno, no cabe se admita prueba alguna respecto de los mismos, porque de una manera absoluta lo prohíbe el art. 566, en relación con el 565, de la mencionada ley procesal, sin excluir las de los hechos que no sean esenciales para el fundamento del derecho, pretendido:
Y que, esto supuesto, es manifiesto que la Sala sentenciadora, al no recibir á prueba el pleito para admitir los documentos indicados y practicar la referencia á los mismos, se ajustó á la ley, no incurriendo en el quebrantamiento de forma comprendido en los números 3.º y 5.º del art. 1.693 de la citada ley de procedimientos.

Competencia.—Compraventa.—Sentencia de 7 de Octubre.—(Gacela de 9 de Noviembre de 1908).—Declara que es precepto general consignado en el párrafo 2.º del art. 1.500 del Código civil, que cuando no se fija en el contrato el tiempo y lugar en que haya de satisfacerse el precio de la cosa vendida, deberá el comprador pagarla donde se haga la entrega de dicha cosa, sin que, según jurisprudencia del Tribunal Supremo, los giros que por costumbre de comercio ú otra causa realice el vendedor contra el comprador alteren la regla de competencia, pues no son más que una forma accidental establecida por mutua conveniencia de los interesados.
Y que apareciendo de la misma factura presentada por el demandado y comprador con el escrito inhibitorio que los géneros cuyo precio se reclama fueron remitidos desde la casa comercial al domicilio del comprador por cuenta y riesgo del mismo, la entrega se reputa hecha en el sitio donde radica el establecimiento mercantil, y en su virtud ha de estimarse para estos efectos, el punto donde la obligación debe cumplirse, por todo lo que al Juez requerido toca continuar conociendo del actual procedimiento, á tenor de la regla 1.ª del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil.

Pobreza Apreciación de prueba.—Sentencia de 7 de Octubre.—(Gaceta de 9 de Noviembre de 1908).—Consigna que interpuesta una demanda de pobreza sobre la base y supuesto de que la pensión y demás rendimientos que perciba la demandante como usufructuaria y heredera fiduciaria de su marido, no llegaban al doble jornal de un bracero en la localidad de su residencia, es manifiesto que al apreciar en su fallo la Sala sentenciadora los preceptos legales que se derivan de tal pretensión, y fueron invocados como fundamento único de su derecho, ha resuelto en este punto con acierto la cuestión planteada, sin que pueda válidamente citarse como infringido el art. 18 de la ley de Enjuiciamiento civil, ya porque la recurrente sólo ha comparecido en el concepto de usufructuaria y heredera fiduciaria de que va hecho mérito, ya también porque las disposiciones de ese artículo 18 no fueron invocadas en la demanda, ni han sido objeto de debate hasta el actual momento.
Y que apreciadas por el Tribunal sentenciador en conjunto las pruebas practicadas dentro de su indiscutible y exclusiva competencia, no cabe alegar las infracciones de los arts. 434, 1.249, 1.250 y 1.279 del Código civil, ni consiguientemente los errores de hecho y de derecho, basados ambos extremos en la apreciación de un solo elemento probatorio, que, por haber sido estimado en relación con los demás producidos, es insuficiente por tal razón para determinarlos, con tanto más motivo si el cómputo de los rendimientos que la recurrente obtiene aparece hecho en el fallo recurrido sobre la base del líquido que percibe, deducidos los descuentos y gastos contributivos, que, según tiene declarado el Tribunal Supremo, en ningún caso pueden rebajarse á los efectos del beneficio de pobreza solicitado.

Quiebra.—Sentencia de 5 de Octubre.—(Gacela de 9 de Noviembre de 1908).—Resuelve que para ser declarado un comerciante en estado de quiebra á instancia de un acreedor, es requisito esencial, conforme al precepto del art. 876 del Código de Comercio, no solo que los títulos presentados con la solicitud justifiquen su crédito, sino acreditar, además, que el comerciante ha sobresedido de una manera general en el pago corriente de sus obligaciones; y no encontrándose en este caso una Sociedad, según se estima en la sentencia recurrida, sin que tal estimación haya sido impugnada para demostrar la equivocación en los términos que exige el núm. 7.º del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil, es evidente que el Tribunal sentenciador no ha cometido la infracción del citado artículo 876 del Código de Comercio.

Pobreza.—Competencia de productos.—Bienes de la sociedad comercial.—Condena de costas.—Apreciación de prueba.—Sentencia de 8 de Octubre.—(Gacetas de 9 y 10 de Noviembre de 1908).—Resuelve que una sentencia no infringe el art. 17 de la ley de Enjuiciamiento civil, cuando el fundamento real que el Tribunal sentenciador ha tenido para denegar los beneficios de pobreza, ha consistido en la computación que á la demandante se hace de los productos de la industria, ventas y jornales que disfruta su marido en el expresado concepto.
Que en este caso tampoco es de estimar la infracción del art. 18 de la aludida ley ni la doctrina establecida en la sentencia de 16 de Marzo de 1891, porque el que no sean compatibles los sueldos, jornales y salarios para los efectos de la aplicación del citado artículo 18 no quiere decir que dejen de serlo para poder conceder ó denegar los beneficios de la pobreza á cualquiéra de los consortes en el carácter de bienes de la sociedad de gananciales en cuanto no lleguen á exceder del cómputo del doble jornal de un bracero en la respectiva localidad, que es el sentido de la mencionada sentencia de 1891.
Que expresándose claramente en la sentencia recurrida, que se condena en las costas á la parte apelante, y siendo esta la recurrente, á ella solamente debe entenderse que alcanzan los efectos legales de esa declaración, no siendo de apreciar sobre esta base y supuesto la infracción del art. 31 de la repetida ley de Enjuiciamiento civil.
Y que al declarar la Sala sentenciadora, apreciando