El Foro español (Madrid. 1898) (1909-04-10 00:00:00), página 2

dancia con lo sancionado en otros varios artículos del libro III del Código Penal y demás leyes, y habida consideración á la jurisprudencia del Tribunal Supremo y numerosos Reales Decretos, resolviendo competencias, ordenanzas, Reales Decretos, Reales Ordenes y Circulares de la Fiscalía del Supremo.

Así como también en el procedimiento debía aclararse, precisándose, la tramitación de los recursos en materia de competencia respecto de los Juzgados Municipales.

Otra de las reformas que queda insinuada precedentemente es la que se relaciona con la apreciación de las circunstancias atenuantes ó agravantes por los Tribunales Municipales, los que no precisan tener en cuenta lo sancionado en los arts. 81 y 82 del Código Penal, según doctrina del Tribunal Supremo de Justicia en Sentencias de 17 de Octubre y 13 de Noviembre de 1891, 11 de Abril de 1892, 46 de Junio de 1897 y 6 de Octubre de 1898.

De gran transcendencia es hacer constar que, informándose el procedimiento criminal vigente en España en el principio acusatorio, los Tribunales Municipales no han de imponer pena cuando no se solicite por el Fiscal, el acusador privado ó querellante particular, ni habrán de imponerla superior á la pretendida por las partes. Así lo ha expuesto la Fiscalía del Tribunal Supremo en varias circulares y evacuando consultas.

Respecto á la extinción de la responsabilidad penal por prescripción de las faltas, pueden verse entre las Sentencias del Tribunal Supremo, la ley de 26 de Julio de 1883, ordenanza de 8 de Mayo de 1884 y Reglamento de 2 de Octubre de 1885 y también el artículo 54 de la Ley de caza y los 18 y 19 del Real Decreto de 8 de Mayo de 1884, reformando la parte penal de las ordenanzas de montes.

Como también sería de gran importancia aclarar la legislación sobre pesas y medidas y policía de ferrocarriles.

No siendo de esta ocasión analizar la supuesta diferencia entre delitos y faltas; cuya diferenciación no es esencialmente científica y sí solamente técnica, siendo más que de derecho sustantivo de derecho adjectivo y orgánico.

Con sujeción á lo prevenido en el art. 962 de la Ley de Enjuiciamiento criminal luego que el Juez Municipal tenga noticia de haberse cometido alguna de las faltas previstas en el libro 3.º del Código Penal que pueda perseguirse de oficio mandará convocar á juicio verbal. El precepto es claro y terminante; la interpretación idiomática no da lugar á duda; guardando perfecta concordancia el espíritu de la Ley y la letra del artículo. Por tanto, luego que de las primeras diligencias, singularmente las periciales, resulte que se trata de una falta, el Juez municipal debe mandar convocar á juicio verbal, sin necesidad de someter previamente el caso á la decisión de la superioridad; pues el Juez Municipal es el competente. No obstante, la jurisprudencia es varia.

Como queda insinuado en la iniciación de esta obra, la reforma del anticuado Código Penal debe ser más amplia y científica. Así como la de su ley adjectiva ó procesal; singularmente en cuanto afecta á los Juzgados Municipales y señaladamente respecto á la práctica de las pruebas y á la apreciación de las cuestiones prejudiciales, cuya importancia y transcendencia son extraordinarias, al presuponer indebidamente una verdadera omnisciencia jurídica en los Tribunales Municipales generalmente legos ó ignaros y esclavos del antipático caciquismo. En suma: la ley de trámites debe ser más casuística, precisamente, al puntualizar el procedimiento en los Juzgados Municipales, detallando minuciosamente la tramitación de los asuntos. Cuya deficiencia se nota en la eclectica Ley rutuaria vigente, donde no se ha tenido la precaución de expresar, clara y terminantemente, cuando menos, que al título I.º del libro 6.º, y sin perjuicio del carácter sumarísimo del juicio verbal, son aplicables sustancialmente las restantes disposiciones del propio cuerpo legal.

Con relación á la parte orgánica no resultan ordenados proporcional y gradualmente la competencia y el procedimiento en las distintas jerarquías. Pues la competencia en determinados hechos de las Salas de lo criminal, de las Audiencias provinciales, pasa indebidamente á los Juzgados Municipales inferiores dos grados nada menos en la jerarquía respecto de aquéllas. Esfo es una verdadera anomalía. En cambio aumentarían los recursos de apelación ante los Jueces de instrucción, sin contar los de casación ante el Tribunal Supremo; ya que no se recurra ante la Audiencia provincial por más que en la hermenéutica legal debían bastar dos instancias: las dos primeras.

En suma, que no ha debido disminuirse la penalidad ni trastocarse los órdenes jerárquicos; pero sí el procedimiento.

Los Jueces Municipales debían ser los instructores de los expedientes por faltas; que verían y fallarían los Jueces de 1.ª instancia, y de cuyas sentencias podría recurrirse ante las Audiencias provinciales, sin ulterior recurso.

El proyecto de la reforma aprobado en el Congreso, sufrió modificación en el Senado, aprobando ambos cuerpos colegiadores el dictamen de la comisión mixta, cuyo dictamen pasó á ser la ley vigente, que resta algunos sumarios de los 8.000 que anualmente se tramitaban en España, habiendo pasado algunos años de tal número, contribuyendo con buen contingente los hurtos de leñas.

La nueva Ley evitando la concurrencia de testigos á la cabeza de partido y de Jurados y testigos á la Audiencia provincial produce algunas economías.

La reforma ratifica el Código Penal de 1870 inspirado por D. Eugenio Montero Ríos, cuyo Código fué rectificado el año 1876 definiéndose y pentándose como delitos las faltas que definidas y castigadas como tales el 1870 han sido igualmente catalogadas en la reciente y transcendental reforma penológica.

No en vano el conde de Romanones, en su discutido discurso leído el 15 de Septiembre de 1906 con ocasión de la apertura de los tribunales, se lamentaba de la rigidez mecánica del Código Penal, no obstante la variabilidad del hecho punible.