El Foro español (Madrid. 1898) (1909-02-10 00:00:00), página 2

y no solamente la autoridad judicial extiende su competencia más allá de un término municipal, abarcando jurisdiccionalmente pluralidad de distritos, mientras la autoridad administrativa local tiene reducida su competencia jurisdiccional al término de una sola municipalidad, si que la competencia judicial es más elevada, de condición superior, de mayor transcendencia extensiva e intensivamente, habiendo de someterse á ella la administración, cuando esta entidad tiene que acudir á la Autoridad judicial, no únicamente cuando los asuntos adquieren carácter punitivo, sino igualmente cuando son contencioso-administrativos, interveniendo, actuando y resolviendo los Tribunales provinciales y, en su caso, el Tribunal Supremo de Justicia, con facultad atributiva.

En el artículo predicho se expresa que el Alcalde procederá por virtud de la Delegación del Gobierno, y, actualmente, el Gobierno no delega á efectos tales porque no puede delegar atribuciones de que carece.

El Alcalde habrá de comprobar las faltas; ¿por qué medios? No se indique, ni siquiera se insinúe, pudiendo tal omisión dar lugar á numerosos abusos y odiosas vejaciones, actos inoportunos, improcedentes y deprimentes; ¿qué procedimiento, qué trámite habrán de seguir los Alcaldes? A los fines de la comprobación ¿podrán los Alcaldes intervenir, inspeccionar, calificar y censurar los actos oficiales de los funcionarios públicos? Esto, tratándose de los funcionarios judiciales, sería una enormidad, el colmo de lo absurdo. Tal intervención en los asuntos civiles, gubernativos y especialmente en los criminales, en cualquiera de los cuales el mismo Alcalde pudiera tener interés oficial ó particular propio personal ó por un familiar, un vecino, un amigo, un paniaguado, un conocido, un servidor, etc., ó movido por pasión de enemistad, antipatía, venganza, etc.

Y, á mayor abundamiento, se omite declarar el inquestionable derecho de legítima defensa; pues no aparece la intervención del corregido, cuyos descargas no constan.

Los funcionarios judiciales tienen sus superiores jerárquicos; y estos deben ser los únicos que puedan corregir, oportunamente, á sus inferiores. Es de elemental organización y disciplina. De lo contrario los funcionarios judiciales se encontrarán injustamente supeditados al propio tiempo á autoridades distintas, con repugnancia de la equidad y de los sanos principios del orden social, cuyo derecho sería subvertido.

Repugna que un ignaro y eventual alcalde sea el censor y con tal carácter, superior jerárquico de una Autoridad Judicial de más extensa y más importante competencia jurisdiccional.

Es de esperar que los preceptos reglamentarios aclaratorios de la ley deslindarán los campos limitando la esfera de acción de los Alcaldes á la que hoy se desenvuelven en las llamadas Ordenanzas municipales, que se refieren exclusivamente á actos de índole meramente particular y de carácter secundario, pero no á la conducta ó actos oficiales.

Resultaría curioso que una Autoridad Judicial que puede procesar á un Alcalde, fuese multada ó corregida por éste con relación á actos del servicio de aquella Autoridad judicial, á la que tiene necesidad de acudir el Alcalde en ciertos casos, para alcanzar la efectividad de las propias disposiciones administrativo-gubernativas y la restauración del derecho concedido.

Otra cosa podrá llegar á ser legal, pero no ajustada á los principios del derecho orgánico.

Además, el Juez de primera instancia, no solamente sirve en el término municipal, si que en todos los términos que integran un partido judicial, en cuyos distintos términos pueden residir, siquiera sea accidentalmente, en funciones del servicio. Y por tanto todos los Alcaldes del Partido judicial podrían darse el gustazo de amonestar y corregir al Juez de primera instancia.

La más oportuna interpretación del precepto legal comentado, sería que las amonestaciones y correcciones se refirieran exclusivamente á las faltas que no se relacionan con el cargo del funcionario, esto es, las de carácter meramente particular, y que por tratarse de funcionarios públicos, sería procedente consultar su corrección con los inmediatos superiores jerárquicos, para que comparezcan sometidos á dos jurisdicciones y por consideración y respeto á los funcionarios públicos que representan en una u otra esfera, los intereses sociales.

El asunto tiene igual importancia para los Registradores de la Propiedad, Escribanos, Notarios, Médicos forenses, empleados de prisiones, tribunales municipales, etc.

Queremos creer que en el artículo comentado hay error material, deficiencia en la exposición ó oscuridad en el concepto; y que se deslindarán los campos al disuadirse el articulado en la alta Cámara y en el Reglamento aclaratorio.

En vista de la importancia y transcendencia del asunto, me permito llamar la atención de todos los dignos funcionarios aludidos, y muy especialmente de los del orden judicial á cuya tan decantada independencia afecta.

Luis Zapatero.
Juez de 1ª Instancia.
30 Enero 1909.

Del dominio de las aguas vivas, manantiales y corrientes que nacen en predios de particulares

(Continuación).

Antes de comentar esta sentencia, es conveniente copiar en lo necesario el texto de la ley 15, tit. 31 de la Partida 3.ª, citada en el primer motivo, que dice:

«Por quanto tiempo puede ome ganar la serniumbre que ha en las cosas ajenas.—De tal natura seyendo la serniumbre que fizisse servicio á otros cotidianamente sin obra de aquel que la recibe, assi como si fuessé aguaducho que corriesse de fuente que nasciesse en campo de alguno, o otra semejante della, si el vecino se sirue desta agua regando su heredad diez años estando su dueño en la tierra y non lo contradiziendo o veyte seyendo fuera della: e esto fizisse a buena fe».