El Foro español (Madrid. 1898) (1909-07-20 00:00:00), página 12

produce porque el damnificado realiza una operación para la que no consta fuese requerido, ni tuviese obligación de hacer, no puede legalmente conceptuarse al patrono como tal, en el concepto que lo define el artículo 1.º de la ley de 30 de Enero de 1900; y que tratándose de un mozo de cuadra que, limpiando una persiana, sin ser requerido ni estar obligado á ello, se cayó desde un balcón á la calle, dadas las circunstancias y condiciones en que este accidente se realizó, no puede conceptuarse como comprendido entre las industrias y trabajos que dan lugar á exigir al patrono responsabilidades taxativamente señaladas en el art. 3.º de la citada ley.

Competencia.—Indemnización de daños y perjuicios.—Sentencia de 11 de Abril.—(Gacetas de 12 y 13 de Septiembre de 1908).—Resuelve que sustanciado un incidente de pobreza en rebeldía del demandado, ninguna gestión le es dado hacer en orden á la competencia del Juez para conocer de dicha demanda, y, por consiguiente, tan luego como es emplazado para contestar á la demanda principal, puede ejercitar el derecho que le concede el art. 492 de la ley de Enjuiciamiento civil, oponiéndose á la clase de juicio propuesto por el actor.

Que cuando no se trata de cuestión alguna de competencia ó incompetencia, por razón de la materia que pudiera provocar la abstención del Juez, es improcedente la aplicación del art. 74 de la ley procesal.

Que las sentencias del Tribunal Supremo del 12 de Abril de 1898 y 12 de Agosto de 1901, que resuelven cuestiones de competencias, declaran que, las demandas de pobreza, como incidentales que son del asunto principal, se han de proponer y substanciar ante el Juzgado ó Tribunal que conozca ó sea competente para conocer del pleito en que trate de utilizarse dicho beneficio, según previene el art. 21 de la ley procesal; pero en ellas no se establece que sea de la competencia de los Jueces de primera instancia el conocimiento de las cuestiones que nazcan á consecuencia de los incidentes de pobreza en que han entendido, sin abstención por su parte ni impugnación de contrario.

Que no fijándose en la demanda principal el importe cierto y líquido de los perjuicios que se piden, por la falta de pago de un crédito, no debe tomarse en cuenta más que el crédito principal, prescindiendo de aquel importe, á tenor de lo dispuesto en los arts. 483, 489, núm. 2.º y 490 de la ley de Enjuiciamiento civil.

Pobreza.—Sentencia de 12 de Abril (Gaceta de 13 de Abril de 1908).—Resuelve que ha lugar á conceder el beneficio de la defensa por pobre, toda vez que conforme á lo previsto en el número 2.º del art. 15 de la ley de Enjuiciamiento civil, corresponde el beneficio de pobreza á los que vivan solo de un salario permanente ó de un sueldo cualquiera que sea su procedencia, que no exceda del doble jornal de un bracero en la localidad donde tenga su residencia habitual el que solicite la defensa por pobre. Y que no se opone á esta consideración el que el solicitante use cédula de 8.ª clase y tenga criados cuando estas circunstancias ni aisladamente apreciadas, ni tenidas en cuenta juntamente con el importe del sueldo íntegro asignado al recurrente, constituyen signos demostrativos de que aquél tiene medios superiores al tipo del doble jornal del bracero en la localidad, por ser adecuados á la modesta posición de dicho recurrente y no reveladores de mayor fortuna:

Quita y espera.—Comerciante.—Sentencia de 12 de Abril (Gaceta de 13 de Septiembre de 1908).—Resuel-

ve que determinando la cualidad de comerciante para los efectos del Código mercantil, á tenor de lo dispuesto en el número 1.º del artículo 1.º del mismo, el ejercicio habitual del comercio, y constituyendo éste la realización de actos mercantiles regulados por el expresado Cuerpo legal ó de naturaleza análoga, la práctica ordinaria y frecuente de dichos actos por una persona, es la que dá á ésta la indicada condición de comerciante, y así lo confirma el sentido y alcance del artículo 3.º del referido Código, no siendo suficiente para constituir dicha cualidad la ejecución aislada de un acto comercial exigido por las necesidades de la vida, como se deduce del art. 2.º del propio Código, que supone puede ejercitar actos de comercio quien no sea comerciante.

Que conforme á esta doctrina no puede conceptuarse como comerciante y someterse por ello á las disposiciones generales del Código de Comercio que á aquellos se refieren y obligan, al industrial impresor que se limita al ejercicio de su industria adquiriendo para ello materiales industriales, tales como papel, tintas, caracteres, y acepta giros para el mismo fin, porque estas adquisiciones no se hagan con el propósito de conseguir con los efectos adquiridos una especulación lucroso, sino como medio indispensable para el desempeño de su profesión, no constituyendo verdaderos actos mercantiles; y si bien tienen este carácter las aceptaciones de giros para el mismo objeto, estas se pueden realizar por quien no sea comerciante, sin darle el carácter de tal cuando no constituyen una especulación habitual.

Y que esto supuesto, es indudable que la sentencia que lo estima de otra manera á los efectos de una quita ó quita y espera incurrirá en la infracción de los artículos 1.130 y 1.131 de la ley de Enjuiciamiento civil, y 1.º y 2.º, párrafos 2.º y 7.º, 325, 326, núm. 3.º, 443 y 872 del Código de comercio, al considerar como comerciante á un industrial de aquella clase, y por ello excluido de la facultad de solicitar judicialmente de sus acreedores quita y espera, conforme á lo prevenido en el citado art. 1.180 de la ley de Enjuiciamiento civil.

Desahucio. Falta de acción en el actor.—Sentencia de 12 de Abril.—(Gacetas de 13 y 14 de Septiembre de 1908).—Consigna como antecedentes que celebrado contrato de arrendamiento por el apoderado de una mujer á quien el marido había conferido poder general para administrar por sí los bienes que poseía y adquirirse en lo sucesivo, cualquiera que fuese su cualidad, autorizándola para arrendarlos y para cobrar y percibir sus rentas, el marido revocó después dicho poder y licencia en todas sus partes y entabló más tarde, en su propio nombre y como representante legal de su referida esposa, la oportuna demanda de desahucio contra los arrendatarios, alegando la falta de acción en el actor que fué estimada en primera y segunda instancia.

El Tribunal resuelve que dada la índole del juicio en el que sólo se trata de una acción de desahucio, se imponen, en primer lugar, para su resolución, atender á los términos del contrato de arrendamiento, examinando con prudente parsimonia cuestiones propias de otra clase de juicio, sólo en cuanto sean absolutamente precisas para resolver si el actor asiste derecho para ejercitar aquella acción á tenor de lo prescrito en el art. 1.564 de la ley de Enjuiciamiento civil.

Que esto sentado, como es un hecho, que el contrato de arrendamiento no lo celebró la mujer del demandante, ejercitando un derecho propio y exclusivo de la misma, sino en virtud de un poder amplísimo para administrar que le fué conferido por su esposo, y consiguientemente, en nombre de éste, es forzoso, por los términos de este contrato, reconocer al actor