El Foro español (Madrid. 1898) (1909-03-30 00:00:00), página 2

elección de no aceptarse tal criterio en manos de los Gobiernos, ni tampoco concederse de una manera arbitraria, tócanos añadir que caso de aceptarse la elección, deben ser minuciosamente reglamentados en forma parecida á la que se establece en los artículos 170 y 171 de la ley orgánica del Poder judicial, procurando precisar bien los méritos sobresalientes y extraordinarios evitando toda clase de abusos que pudieran cometerse sobre el particular, para lo que pudieran conferirse las facultades de ascender, á los que verdaderamente tuviesen servicios eminentes dignos de recompensa, á la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo, previos informes de las Audiencias Territorial y Provincial á que correspondiese el que hubiese de ser elegido; pero este sistema, caso de implantarse, supondría previamente el que los cargos superiores de la carrera no fuesen tampoco provistos por los Gobiernos con arreglo á lo que dispone la ley adicional, sino por el contrario, con sujeción también á reglas fijas de estricta justicia y equidad; pues para determinar bien el valor de los verdaderos méritos y servicios extraordinarios y distinguirlos de los ordinarios y comunes, precisa crear antes buenas costumbres respecto al particular, y éstas requieren muy primordialmente conducta ejemplar en los juzgadores, pues sabido es que la verdadera autoridad y hábitos de rectitud en esta materia más que la ley la da la razón y la justicia, las que rigen por igual en absoluto á los cargos sin distinción de categorías, pudiendo también finalmente alternarse la antigüedad en los servicios, y la elección por méritos así apreciados, con el sistema de oposición para algunas categorías.

Con lo dicho damos ya por terminados estos artículos, dejando sentado que el R. D. de 24 de Septiembre de 1889 restringió mucho el libre arbitrio ministerial en forma ya muy en consonancia con lo que llevamos expuesto, si bien las reducciones de personal que occasionaron las supresiones de Audiencias y Juzgados primeramente, y después la colocación de los excedentes de Ultramar impidieron que diese dicha disposición ministerial sus naturales frutos, hasta que pasadas todas aquellas excepcionales circunstancias, vino el fansto R. D. de 22 de Diciembre de 1902 á cortar de raíz toda clase de abusos en esta materia, estableciendo de hecho la escala cerrada para todos los funcionarios de la carrera hasta la categoría de Magistrado de Territorial, si bien concediendo por igual el ascenso á la antigüedad en la carrera y en la clase, con lo que si de momento favoreció quizás demasiado á los privilegiados que habían improvisado su carrera, sin embargo hoy que han transcurrido ya seis años que por el nos regimos, han venido casi de hecho á quedar unificadas ambas escalas, y quedarán del todo unificadas en plazo breve, de seguir el régimen actual.

Y para que palpablemente queden demostrados los beneficios efectos que el citado R. D. de 22 de Diciembre de 1902, ha producido en nuestra carrera, es más persuasivo que todo raciocinio, hacer constar que según el escalafón rectificado en 31 de Diciembre de 1900—que es el más antiguo que tenemos á la vista—resulta que en él hay Magistrados de Provincial con trece años de antigüedad en la categoría y treinta de carrera; Jueces de término con trece años de categoría y veintiséis de carrera; Jueces de ascenso con once años de categoría y veintiuno de carrera, y Jueces de entrada con diez y seis años de categoría y carrera, mientras que en el último escalafón publicado, ó sea el que alcanza hasta 31 de Diciembre de 1907, los Magistrados de Provincial más antiguos tienen solamente cinco años en la categoría y veintiseis de carrera; los Jueces de término, cuatro años en la categoría y veintitres en la carrera; los Jueces de ascenso, cinco años en la categoría y diez y ocho en la carrera, y los Jueces de entrada diez años en la categoría y en la carrera. Es decir, que han pasado aquellos tiempos ominosos en que eran necesarios para ascender sólo por antigüedad, desde Juez de entrada hasta Magistrado de Territorial cerca de cincuenta años de servicios, para encontrarnos en la actualidad y mercéd á la legalidad hoy vigente, con que todos pueden adquirir paso á paso la expresada categoría con sólo veintidos ó veintitres años á lo sumo de carrera.

Vamos á terminar manifestando que no hemos tenido otra pretensión al escribir estos artículos, que la de excitar el celo de todos los compañeros para que emitan su opinión, seguramente favorable á la subsistencia del R. D. de 22 de Diciembre de 1902, ó expongan la que tengan sobre materia que tanto nos interesa, en la creencia de que el Poder legislativo ha de tener muy en cuenta nuestras justas y equitativas aspiraciones, y quedando muy reconocidos al señor director de El Foro Español por la generosa hospitalidad que nos ha prestado al publicar este modesto trabajo.

L. P.

La ley contra la usura

El conocido publicista D. Fernando Colom Beneyto ha publicado, con el texto de la ley sobre la usura, unas reglas prácticas para su aplicación y comentarios.

De su obra tomamos el art. 4.º, tan debatido, y el comentario que le consagra, que conduce, por distintos derroteros, al punto de la opinión del Sr. Palomo, publicada en el número de 10 del actual.

Artículo 4.º

Texto.—Si el contrato cuya nulidad se declare por virtud de esta ley es de fecha anterior á su promulgación, se procederá á liquidar el total de lo recibido por el prestamista en pago del capital prestado ó intereses vencidos; y si dicha cantidad iguala ó excede al capital e interés normal del dinero, se obligará al prestamista á entregar carta de pago total á favor del prestatario, sea cual fuere la forma en que conste el derecho del prestamista.

Si la cantidad es menor que dicho capital e interés normal, la deuda se contraerá á la suma que falte, la que devengará el interés legal correspondiente hasta