El Foro español (Madrid. 1898) (1908-10-10 00:00:00), página 4

tivas y jurisdicción Reales, entonces de tan necesaria afirmación.

La independencia de los Jueces requiere la seguridad de su asiento y la libertad absoluta de su voto. Cuanto menos tengan que temer ó que esperar, serán más libres, y los encontrará esta situación más dispuestos á no separarse de los mandatos de la ley.

Las necesidades sociales piden hoy al Estado mucho más y muy distinto de lo que antes pidieron en el orden de la justicia. Pudo ser suficiente á las de otras épocas la autoridad arbitraria de Monarcas y magnates delegados para decidir los conflictos jurídicos particulares y reparar los daños de las violencias con la dureza de las penas inflijidas y evitarlos ó disminuirlos con semejante intimidación. Mas en la que estamos, la esfera de la justicia demanda ampliación. El derecho individual, la libertad del ciudadano, la protección de sus bienes, de su honor, de su estado y de cuantos derechos estén en su patrimonio, de cualquier origen que sea, social, civil, político ó administrativo exige la garantía superior de los Tribunales frente de todo agravio positivo. Hasta los de las leyes mismas, posibles porque la labor difícilísima del Poder legislativo, la rapidez con que alguna vez dicta sus mandatos obligatorios, el predominio inapartable de su acción de lo contingente, dan ocasión á leyes contradictorias, deficientes, excesivas y complicadas, cuyas consecuencias, si fueren funestas, no respondiendo á la intención, sólo quien las hizo está capacitado para cortar, derogándolas repentina ó lentamente. No siendo por esto inverosímil en la realidad que un derecho individualizado, no una aspiración ó una aptitud que constituyen situaciones diversas, integrante de caudal conocido, se desconozca ó se anule por una ley, no parece propósito atrevido someter el caso á acción judicial.

La organización judicial de un país se deriva necesariamente de la política, armonizándose con los principios reguladores de ésta en lo tocante á los derechos de los ciudadanos y á los del Poder público, y sobre todo al concepto predominante en el círculo de su respectivo movimiento.

En doctrina ha de ser tal, que no haya derecho individual ni colectivo no amparado y defendido por la potestad á quien incumbe definir y declarar el de cada uno. La realidad es distinta, pero como la doctrina debe subyugar al hecho, es de esperar que con inevitables curvas, avances y retrocesos ese sea el rumbo de las sociedades, más definido y trazado á medida del grado de perfección que conquisten las instituciones del Estado.

La nuestra, cuyas cardinales bases, propias de los modernos tiempos, creyéronse definitivamente asentadas, en parte lo están, con cimientos atinadamente escogidos, por la famosa ley de 1870, que pasará á la historia como el más gallardo progreso del régimen judicial, no será derogada en partes fundamentales. Su larga vida es su elogio. Lo ha sido, y seguramente lo será, por requerimientos locales ó de clase y aun del servicio, para facilitarle; más en cuanto afecta á la independencia de los Jueces, á la autoridad, clase y régimen de los Tribunales, escaso ha de ser el adelanto y mejorá que se obtenga, en poco tiempo al menos, fuera de lo reglamentario ó de otro subalterno orden.

Encuentranse las instituciones judiciales en situación declarada interina por la ley. Las tentativas de reforma general se han sucedido desde 1870, y apenas si han conseguido más expresión legislativa que la de 1882, encaminada principalmente á proveer á urgencias del establecimiento del juicio oral para los delitos. Rectificaciones aconsejadas por apremios del Erario público modificaron el nuevo ordenamiento, y en ocasión de bienaventurada concordia se fijaron en el artículo 17 de la ley de presupuestos del Estado de 1900 bases de amplia reforma, cuya realidad no se ve próxima, tal vez por lo complejo de las materias y de los intereses personales en juego, además de las dificultades con que en todas partes tropiezan empeños de esa magnitud, no empujados por poderosas corrientes populares ó de autoridad efectiva.

No suelen despertar aquellas impetuosas corrientes las instituciones judiciales, ni éstas entusiasmos en los pueblos. Muévase la opinión alguna vez en contra de una determinada, y cuando lo censurado desaparece ó se cambia y la objeto de preferencia se erige, aun cuando la sustente movilizado suelo, en la eficacia de la obra nueva dirigida en colaboración por doctos y aficionados, nadie se ocupa colectivamente con tal que no quebrente la tranquilidad privada ó padezca algún interés local ó otro menor.

Es verdad que la codificación, al vulgarizar el derecho, la publicidad dramática de los juicios penales, la intervención popular en los más graves y la motivación más antigua de las resoluciones judiciales y su utilísima discusión, han extendido algo el interés de los ciudadanos, avivado su curiosidad por el modo de administrarse la justicia, y difundido la idea de la conveniencia nacional de proporcionar las condiciones de los Jueces á la altura de su función independiente y soberana, mediante cuyo recto ejercicio se guarda y consolida el orden público resultante de la coexistencia armónica de todos los derechos. Pero ese interés, fácilmente propenso á la censura de lo momentáneamente desagradable y á la demanda de abolición inmediata, es tardío y perezoso en otras afirmaciones, y no llega nunca á ofrecer soluciones. Advirtiése en este general desinterés la indiferencia del aumento ó disminución de los Tribunales y Juzgados, como no afecten á localidades ó á clases judiciales queridas. Gana, sin embargo, adeptos con sentido impersonal loable, la idea de ser inexequibles los esfuerzos que conducen á lograr jueces dignos de serlo por sus condiciones intelectuales y morales.

(Se continuará)

LA JUSTICIA Y LA POLITICA

I

El dictamen emitido por la mayoría de la Comisión del Congreso que entiende en el proyecto de ley pre-