El Foro español (Madrid. 1898) (1908-05-30 00:00:00), página 4

El nuevo proyecto de Reforma Hipotecaria

VI.

La carestía del título de dominio, causa principal de la enfermedad de la posesoria.

La manifiesta preferencia que en algunas Regiones demuestra el público por el expediente posesorio obedece ante todo y sobre todo á la carestía del título de dominio agravada con la escasez de Notarios y con ciertos obstáculos de carácter civil que oponen las leyes exclusivamente á la escritura pública; todo lo cual contrasta con la sencillez y relativa economía del expediente judicial.

El público echa la cuenta de lo que tiene que pagar por timbre, derechos reales y honorarios de los empleados que intervienen en la titulación, y encuentra la cifra tan exagerada que discurre lo imposible para rebajarla. En los contratos de poca importancia los gastos representan un gravamen verdaderamente insosportable. Supongamos una compra de mil reales, precio frecuentísimo de transmisión, y que la finca se halla inscrita á nombre del deudor, caso el más favorable. Supongamos además que el Notario tiene una redacción concisa e invierte un solo pliego en el original, y otro en la copia, dejando también espacio para las notas de liquidación y Registro. Los gastos del contrato serán los siguientes:

    Pesetas

    Derechos del Notario
    13

    Idem del Liquidador
    1,45

    Idem del Registrador
    3,50

    Hacienda (Timbre y Derechos reales)
    12,20

    TOTAL
    30,15

Es decir un doce por ciento y esta cifra es la mínima, porque si la escritura no puede autorizarse en el despacho del Notario hay que pagar dietas de salida y no faltan en algún caso gabelas que no figuran en los Aranceles y Tarifas.

Si la finca no está inscrita á nombre del vendedor y el adquirente no se contenta con que se haga el expediente judicial á su propio nombre sino que exige la inscripción posesoria previa para que luego se inscriba la escritura, los gastos se duplican, elevándose á un 24 por 100. ¿Es esto tolerable? ¿Qué aumento de riqueza representa la compra-venta de una finca para que se la grave con tipos tan elevados?

Así se explica la escandalosa ocultación de valores, fraude que indigna á los funcionarios perjudicados en el acto de conocerlo, pero desaparece su indignación cuando reflexionan en lo pesado de la carga que se echa sobre el labrador. Cuanto más elevado es un Arancel de Aduanas más estímulos ofrece el contrabando, siendo naturalísimo que el contribuyente se defienda.

Para ponderar la carestía del documento público he presentado el tipo de contrato de compra-venta que es el más común y hasta el más económico por la sencillez de su redacción, pero para formar una idea completa del asunto hay que fijarse en los gastos de las transmisiones por causa de muerte. Ellos justifican por sí solos la aversión del público al documento notarial y su preferencia por la posesoria, siendo lo más lamentable que la mayor parte de estos gastos no están impuestos por el Legislador sino que son debidos á la Jurisprudencia y aun á la rutina.

Dice Mucins Sevola que al fallecimiento de uno de los cónyuges empieza el triste e inmoral espectáculo de la liquidación de la sociedad con el «husmear, contar y medir hasta los más menudos enseres de la casa, recordar fechas, buscar antecedentes, registrar papeles y consultar Abogados para que no se escape un solo centímetro de la participación de cada heredero.» Pero no son únicamente los familiares del difunto los que dan la nota triste e inmoral pues en esta labor le acompaña el Estado con sus onerosos impuestos de transmisión y los funcionarios públicos y los profesionales de la partición con sus minutos de créditos honorarios. Cuando muere el jefe de la familia los recursos menguan, y en tan crítico momento acuden los cuervos al olor de la carne muerta. ¿Por qué las testamentarias se han de repartir negocios tan lucrativos? ¿Por qué los concesionadores de cuadernos particionales han de creerse autorizados para cobrar honorarios en desproporción enorme con su trabajo?

El mal ejemplo es contagioso y como empieza darlo el Estado con los Impuestos de Timbre y derechos reales y con la disposición del Arancel Notarial que eleva los tipos en las particiones al doble que los de más contratos, no es extraño que tenga imitadores, y que la muerte sea para tantos viros un negocio explotable.

La partición es en la generalidad de los casos un contrato sencillo. Lo hacen los mismos interesados aunque sean analfabetos, enterándose perfectamente de la cuota de cada uno y de los bienes que se adjudican para su pago. Lo único que falta es redactarlo en forma legal, y eso debiera ser labor propia del Notario, cobrando por ella los honorarios que señala el Arancel. Pero en la práctica no sucede así. Al Notario se le lleva el contrato redactado y ultimado en todos sus detalles para que se limite á autorizar una sencilla escritura de aprobación, y si se le obliga á hacer algo más, lo cobra aparte dándole el nombre de trabajos privados. ¿No es esto absurdo? Se explica que se cobren como trabajos particulares los de medir y tasar fincas, las consultas que hagan los herederos, la asistencia á juntas, etc. pero si los interesados se limitan á entregar al Notario un documento mejor ó peor escrito en el que consta la adjudicación á cada partícipe y solicitan que se redacte la oportuná escritura con todas las circunstancias que exigen las leyes, ¿qué más obligación se les ha de imponer que la del pago de los derechos arancelarios? Si el Notario se considera retribuido con estos derechos cuando redacta y autoriza una escritura de venta ó hipoteca, ¿por qué no ha de suceder lo mismo cuando la escritura es de partición? Y no vale alegar que el trabajo es mayor, pues la diferencia está compensada con la sencillez de los demás documentos cuya redacción queda á cargo del escribiente, parte de la previsión del Arancel que duplica los honorarios en las particiones que no exceden de diez mil pesetas. No es tan