El Foro español (Madrid. 1898) (1908-05-11 00:00:00), página 8

lar el estricto cumplimiento de tales disposiciones, y aun para proponer é imponer las correcciones procedentes, á reserva de que, cuando el hecho rebase la condición de falta gubernativa, los Tribunales intervengan dentro del radio de acción que les traza el Código penal.

Seguro estoy de que la prensa periódica será la primera en atemperarse á la indicaciones expuestas, cooperando con decisión laudable en tan delicado empeño de educación general y de alta cultura, en cuya realización estamos interesados todos, las clases dirigidas como las directoras, y entre éstas muy principalmente la institución que aspira á representar y guiar la opinión pública, y que no sin motivo se ufana de ser hábil y poderoso instrumento de moralidad, de civilización y de progreso.

La plaga de las pobrezas

Una de las mayores calamidades que sufre hoy la patria, es sin duda alguna esa plaga de las pobrezas que invaden los Tribunales así inferiores, como superiores y supresivos. La de la langosta, que tanto castiga nuestras ricas provincias de Extremadura y Andalucía, se queda tanmita; porque la de las pobrezas se ha apoderado de toda la península; todos los climas y terrenos son favorables para su desarrollo; en todos hay larva; y en todas las épocas del año pasea triunfante por los ámbitos de aquélla, devastando cuanto encuentra á su paso.

No es una calamidad enviada por Dios, sino por los errores de nuestros legisladores, á quienes debe molestar poco, cuando no procuran su exterminio.

Y nada habría que decir si los que pretenden disfrutar de su beneficio, fueran en efecto pobres: pero como éstos realmente no tienen por qué litigar (salvo contadas excepciones) porque al qué nada posee, deben tenerle sin cuidado todas las reclamaciones habitadas y por haber, resulta, que los verdaderos usufructuarios de aquel beneficio, no son los pobres, sino los que no lo son.

Pero aun hay algo peor; y es, que toda esa turba de litigantes, que se llaman pobres, para estafar al Estado y á los que del Arancel viven, disfrutan del beneficio de pobreza sin que hayan obtenido la patente por una sentencia firme de los Tribunales.

Esa patente que pudiéramos llamar de corso, se la dieron en la vigente (no la llamamos nueva porque no lo es) Ley de Enjuiciamiento civil; primero, al establecer en su artículo 27, que se nombrará abogado y procurador de oficio al que lo solicite con objeto de entablar la demanda de pobreza; y, segundo, al relevarle por el párrafo segundo del art. 29 de la obligación de acompañar á la demanda la certificación que respecto al pago de la contribución impone el artículo anterior, ó sea el 28.

Con arreglo al primero de esos artículos, bástile al litigante anunciar la demanda de pobreza, para usar papel de oficio y no pagar á nadie; es decir á Escribanos, Relatores y demás auxiliares de los Tribunales; porque pudiendo valerse de defensor y representante, si aceptan éstos el cargo, conforme al artículo 40 de la misma ley, es lógico suponer que estos cargos voluntariamente aceptados, serán, en la mayoría de los casos, voluntariamente retribuidos; (y el que venga atrás que arree).

Provisto ya de abogado y procurador de oficio, cuando no ha encontrado filántropos, (que hay muchos) que se presten á aceptar la defensa y representación en concepto de pobre, formula su demanda incidental; y por un otro, dice humildemente, «que no habiendo podido adquirir la certificación á que alude el artículo 29 de la Ley procede y suplica al Tribunal se sirva reclamarla de oficio.»

¡El colmo de la pobreza! ¡No tener una peseta!

Los Tribunales, ante el precepto tan claro como el párrafo segundo del artículo 29 de la Ley, acuerdan desde luego que la certificación famosa se reclame de oficio; y lo que ésto significa, solo los Escribanos y Relatores lo saben. Supone en la mayoría de los casos abrir un paréntesis tan grande en la sustanciación de la pobreza, que cuando la certificación llega, el pleito ha terminado, por lo menos en la primera instancia, y al llegar á la segunda si se ve precisado á justificar la admisión y estado de tramitación del incidente, procurre ponerse en condiciones de seguir estafando á los auxiliares de los Tribunales y al Estado, hasta que ejecutoriamente ha terminado el asunto principal.

Si acostado de algún modo, tiene que terminar el incidente, poco le importa perderle ó ganarle; pues durante ese largo período de tiempo, ha dispuesto de medios sobrados para preparar una insolencia.

No han podido traerse á la vigente Ley de Enjuiciamiento civil, innovaciones más perniciosas que las relatadas, en cuanto á la forma de tramitar las pobrezas. Creyeron los legisladores, (claro es que de buena fe), que con exigir la certificación famosa, sin la cual no se admite la demanda, habían evitado el abuso de la pobreza: pero no contaron con la huéspeda, que en este caso es, no obligar al demandante á que desde luego la presente: y dispuestos á ser generosos debieron disponer que los alcaldes ó administradores de Hacienda, las expedieran gratis al interesado, ya que gratis han de remitirlas á los Tribunales.

De todos modos, la práctica ha demostrado que no sirve para otra cosa que para tener entretenido el incidente; pues aparte de que por el resultado de ella no puede rechazarse, entre los medios de prueba está la documental, y de ella podría hacerse uso dentro del período prohibitivo.

Urge la reforma de la Ley en este punto concreto, estableciendo una brevísima tramitación en las pobrezas, y limitando mucho esos plazos tan largos para la caducidad de la instancia, que constituye otro abuso por parte de los falsos pobres.

Y el más interesado en ello es el Estado, si no quiere ver gravados sus presupuestos con sueldos para los que hoy le sirven gratis y además les hace tributar por una profesión tan poco productiva.

FAUSTO PEREZ

(Del Boletín Oficial de la Asociación de Dependientes)