El Foro español (Madrid. 1898) (1908-02-11 00:00:00), página 4

¿La Nueva Ley de Justicia Municipal, ha reformado los artículos 1.397, y 1.435 de la de Enjuiciamiento Civil...?

Al estudiar, atenta y detenidamente, los preceptos contenidos en la novísima Ley de Justicia Municipal, y compararlos con los consagrados en los dos artículos citados en el epígrafe, de la procesal civil, surge en el ánimo, á poco que sobre unos y otros se medite, la duda allí consignada; y al dedicarle yo este artículo, no intento desvanecerla con mis argumentos y propias opiniones, sino poder conseguir que otros compañeros, distinguidos colaboradores de esta Revista, la aclaren y disipen.

En efecto, la primera de las aludidas Leyes, ó sea, la de Justicia Municipal, atribuye, en el número primero de su artículo diez y ocho, á los Tribunales Municipales que crea la competencia para conocer, en primera instancia y materia civil, de las demandas en cuyo valor no pase de quinientas pesetas; y registrados escrupulosamente todos sus demás artículos, en ninguno de ellos encontrárase nada que refiera se pueda á embargos preventivos, ó reclamaciones ejecutivas en que hubiesen de entender.

El artículo 1.397 de nuestra Ley de Enjuiciamiento, determina corresponder á los Jueces de primera instancia decretar el embargo preventivo para aseguramiento de deuda superior á doscientas cincuenta pesetas; y á los Municipales, cuando no excediere aquélla de dicha cantidad.

Y sabido es que el otro artículo 1.435 de predicha Ley, exige, para poder despachar ejecución, que la cantidad reclamada exceda de doscientas cincuenta pesetas.

Ambos preceptos guardan perfecta congruencia y armonía con el estatuido en el artículo 486 de la misma Ley, que determinaba se decidirían en juicio verbal, todas las cuestiones entre partes, cuyo interés no excediere de doscientas cincuenta pesetas.

Atribuyendo al artículo 18, número primero, de la Ley novísima, igual carácter de generalidad que al 486 de la procesal, resolveríase en principio la apuntada duda, en el sentido de haber sustituido al primero el último; y por ende, aunque siempre mediante amplia interpretación, que aquél modificaba virtualmente los precedidos 1.397 y 1.435, elevando ya á las superiores á quinientas pesetas, las cantidades fijadas para poder despachar ejecución y decretar embargos preventivos los Juzgados de primera instancia.

Si se mira al carácter de esos preceptos á embargos y ejecuciones respectivos, tendráse que estimar también esa interpretación, de haber reformado, en tales puntos, la nueva Ley las disposiciones de la anterior de Enjuiciamiento, tratarse de materia odiosa, ó de interpretación estricta, por lo costosos y vejatorios que son siempre esos procedimientos.

Por otras partes,—y hé aquí el principal fundamento de la duda expuesta,—si se observa la claridad y objeto de los preceptos legales aludidos, y especialmente el derecho á ejecutar que consagra el último 1.435, por cantidad excedente de 250 pesetas y por deuda estipulada, y aun vencida, antes de promulgarse la nueva Ley, parecía natural que, ó se respetaran tales disposiciones ó se modificasen y derogasen expresamente.

Estudiados, meditados, y ponderados ambos términos de la cuestión dudosa, el criterio judicial debe inclinarse, en mi sentir, á aceptar el primero; estimando, en su virtud, competir hoy á los Tribunales Municipales decretar los embargos preventivos hasta por cantidad de 500 pesetas, y no proceder, en los Juzgados de primera instancia, despachar ejecución, sino por la que exceda de dicha suma.

Con el deseo, repítese, de valorar el estudio hecho de ese punto, á mi parecer dudoso, con más autorizadas opiniones de otros distinguidos colaboradores de nuestra querida Revista, he emborroneado estas breves cuartillas, á vue la pluma, y en medio de mis abrumadores deberes oficiales.

Córdoba, 23 Enero 1903.
DE. JOSÉ MUÑOZ BOCA NEGRA.
Juez de primera instancia.

Personalidad de la mujer en el acto de conciliación.

Epígrafe acaso con impropiedad este artículo por la dificultad de sintetizar en unas cuantas palabras la cuestión que me propongo tratar. Es ésta si habiéndose de deducir querella criminal por calumnia contra mujer casada, se debe para celebrar ó intentar el acto de conciliación previo en tales casos demandar á la mujer exclusivamente ó es lo procedente demandar el marido en el concepto de representante legal de la mujer. Los preceptos legales relacionados con la cuestión son dos: los artículos 278 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y el 60 del Código Civil.

El artículo 278 de la Ley ritual en lo criminal dice textualmente: «Si la querella tuviere por objeto algún delito de los que solamente pueden perseguirse á instancia de parte, excepto el de violación y rapto, acompañará también la certificación que acredite haberse celebrado ó intentado el acto de conciliación entre querellante y querellado.» Esto dice el artículo, y hay Tribunal que de esta premisa saca la deducción de que el acto de conciliación ha de celebrarse precisamente con la mujer, con la asistencia personal de ésta ó con la representación directa de ésta, con persona que ostente el mandato dado por ella, que la representación por el marido es nula, no es la que el artículo copiado requiere, por que el marido no es el querellado, si no la mujer, y que deducir la querella contra la mujer no habiendo comparecido ésta en el acto de conciliación y si el marido constituye un defecto esencial en la querella que impide tramitarla.

Que la deducción del Tribunal que así juzga, que así entiende el artículo citado es equivocada, me parece evidente. Para resolver como el Tribunal lo ha hecho ha partido de una premisa equivocada, por que la mujer casada no puede comparecer en juicio sin permiso de su marido; así lo preceptúa el Código Civil en su artículo 60 y las únicas excepciones que señala son: