El Foro español (Madrid. 1898) (1909-01-31 00:00:00), página 10

ges, no pudiendo invocar los demandados, en último extremo, otra cosa con relación á estas cuestiones que un hecho cumplidamente acreditado del que se deriva la notoria falta de acción del actor, y como no solamente no resulta tal justificación, sino que aparece en contradicción con el contrato, y aparentemente, al menos, en los antecedentes traídos á los autos relativos á las condiciones con que se celebró el matrimonio, y á la voluntad de los cónyuges respecto de la naturaleza de los bienes que la Marquesa de L. aportó al matrimonio, y que pudiera aportar en lo sucesivo, es manifiesto que, sin prejuzgar nada acerca de la resolución de tales cuestiones, se impone la necesidad de reconocer en Don E., para los meros efectos de la demanda de desahucio, perfecto derecho á entablar la acción de que se trata, como representante legal de su mujer, con la misma razón y lógica con que ésta procedió, como apoderada, á otorgar el contrato de arrendamiento, y esto con tanto mayor motivo, cuanto que nada consta en los autos respecto á la oposición de la Marquesa de L. al ejercicio de aquella:

Considerando que fundada la sentencia recurrida exclusivamente en el supuesto de la falta de acción del actor, apreciando para ello cuestiones innecesarias tratadas, porque dadas las condiciones con que se celebró el contrato de arrendamiento, según lo expuesto, á ellas debió limitarse el Tribunal sentenciador para resolver la acción de desahucio, es visto que se impone la casación de la sentencia en este sentido y aspecto, ya que lo mismo á tenor de las disposiciones anteriores al Código civil, que conforme á las prescripciones de éste en su art. 60, es el marido el representante legal de su mujer, sin que en caso como el actual pueda sostenerse que necesitará el marido la intervención ó consentimiento de la Marquesa de L. para entablar la demanda de desahucio, como prescribe el art. 1.983 del Código, por resultar precisamente otorgado el arrendamiento en virtud del poder de aquél, habiéndose cometido, al no tener esto en cuenta, las infracciones del motivo 5.º, en su parte fundamental, y en relación con este motivo la del 4.º por el primer concepto, en cuanto se desconoce el estado de hecho y de derecho derivado del poder otorgado por el Conde Duque de B. á su mujer para administrar y arrendar todos los bienes de la misma: no siendo necesario en este supuesto tratar de los restantes motivos del recurso...

Prescripción de la acción para reclamar los honorarios devengados por un letrado.—Un abogado de un colegio de una importante capital de provincia, demandó á un particular el pago de honorarios devengados en la confección de una testamentaria, cuya acción fue declarada en sentencia firme. Falleció al poco tiempo el Letrado demandante y su hijo solicitó la ejecución de dicha sentencia, promoviendo la parte contraria un incidente alegando que la acción para pedir honorarios profesionales, prescribió á los tres años de ser firme la sentencia en que se declaran.

El Juzgado de primera instancia y la Audiencia estimaron el incidente, mas interpuesto recurso de casación por el hijo del demandante, la Sala primera de lo civil del Tribunal Supremo ha casado con fecha 15 de Noviembre último la resolución recurrida, estableciendo la doctrina siguiente, que consideramos importante para los Abogados.

Dice así el Tribunal Supremo:

«Considerando que cualquiera que sea la naturaleza de una acción deducida en juicio, la ejecutoria que en éste recae, constituye un nuevo y verdadero título con efectos en derecho propios e inherentes á la misma, del que se deriva una acción de carácter personal para el cumplimiento de la resolución judicial, distinta de la primitiva en que se basó la petición formulada en el pleito; y esto sentado, no habiendo la ley fijado plazo especial para el ejercicio de la referida acción, es manifiesto que el tiempo para la prescripción de la misma tiene que ser el de quince años, á tenor de lo previsto en el art. 1.964 del Código civil, relacionado con el 1.971 del mismo cuerpo legal y en armonía con los precedentes de nuestra legislación, según el sentido, espíritu y alcance de la Ley 62 de Toro.

Considerando que dada esta apreciación es indudable que la Sala sentenciadora, al estimar y resolver que se halla prescrita la acción ejercitada por D. A. G. C., contra Doña J. M. P. para hacer efectiva la condena que á ésta se impuso en sentencia firme, fundándose para ello en que la acción utilizada en el incidente en que recibió la ejecutoria prescribía por el transcurso de tres años, conforme á lo previsto en el art. 1.967 que relaciona con el 1.971 del Código civil, infringe dichos artículos por haberlos aplicado indebidamente y el 1.964 en relación con el citado 1.971 del mismo cuerpo legal por inaplicación, á tenor de lo que, no ha prescripto la acción para que se cumpla la ejecutoria de que se trata, ya que no han transcurrido quince años desde que quedó firme la sentencia que condenó á dicha Doña J. al pago de la cantidad e intereses que le reclaman.

Considerando que por lo dicho procede estimar el motivo tercero y que es innecesario examinar los demás...»

Resolución de 11 de Agosto de 1908.

Dirección general de los Registros civil y de la propiedad y del Notariado.

Ilmo. Sr.: En el recurso gubernativo interpuesto por el Notario D. José Luis Fernández contra la negativa del Registrador de la propiedad de Málaga á inscribir una escritura de cesión de crédito hipotecario, pendiente en este Centro por apelación del Registrador.

Resultando: que por escritura otorgada en la ciudad de Santander de Barrameda ante el Notario de la misma D. José Luis Fernández con fecha 23 de Mayo de 1897, Don Luciano Ortúñoz Gálvez, en representación, como socio Gerente, de la Sociedad colectiva, domiciliada en Cádiz, bajo la razón Ortúñoz Hermanos, adjudicó y cedió á D. Carlos Otaolaurregui Munilla, en pago de