El Foro español (Madrid. 1898) (1909-05-20 00:00:00), página 3

visional de 1835, como defensores que son de la causa pública y encargados de promover la persecución y castigo de los delitos que perjudican á la sociedad, deberán apurar todos los esfuerzos de su celo para cumplir tan importantes obligaciones; así deberán denunciar, y en su caso acusar formalmente las faltas que contra la Administración de Justicia advirtiesen y acusar también de cuantos delitos se cometieren; empero todos los fiscales y promotores deberán tener siempre muy presente que su ministerio, aunque severo, debe ser tan justo é imparcial como la ley en cuyo nombre lo ejercen, y que si bien les toca promover con la mayor eficacia la persecución y castigo de los delitos y los demás intereses de la causa pública, tienen obligación de defender ó prestar su apoyo á la inocencia, de respetar y procurar que se respeten los legítimos derechos de las personas particulares, procesadas, demandadas ó de cualquier modo interesadas, y de no tratar nunca á éstas sino como sea conforme á la verdad y á la justicia.

Un buen fiscal es ornamento de los Tribunales y garantía de los intereses de los sometidos á un proceso y de los dictados de la ley. Aparte esto cuando por su buen juicio y atención no descuidada ha conseguido la confianza de los Magistrados, facilita en gran manera la labor de éstos.

No es el fiscal que la ley quiere aquel funcionario de torva mirada, arrugada faz y contínuo amargo y suspicaz, que por doquier busca delitos y delincuentes, soñando con llevar gentes al banquillo de los acusados y después á presidio. No; esta trágica y asustadiza figura ha desaparecido, y sólo queda el recuerdo neóvico de lo que fué ó pudo ser, que abre paso al representante de la ley culto y atento, que juzga delincuente al que lo es por virtud del estudio del proceso y no busca delitos, sino que se los dan probados, sin que sus particulares y personales juicios agreguen nada al valor de las pruebas que se le ofrecen. Severo cumplidor del deber, que la ley le señala y fija con exactitud, no va más allá del círculo por ella proyectado y en el cual sujetamos juicios, sin prescindir de esos primeros movimientos del sentimiento más puro que aconseja odiar el delito y compadecer al delinquente, hasta hacerle menos duro su porvenir. El gran Menéndez Valdés fué poeta y fiscal, y en ambas esferas de su poderosa actividad logró fama imperecedera. Sus discursos como fiscal son modelo de buen decir, y el fondo de ellos respira agradable aroma de dulzura y bondad y commiseración al acusado, sin perjuicio de las energías con que protestaba de los delitos.

Soy testigo presencial del siguiente caso. Después de la ley de 3 de Enero de 1907, que extendió á quince días la duración de las lesiones para ser reputadas como delito, se siguió causa por asesinato y el procesado fué antes condenado á dos meses y un día de arresto mayor. El fiscal en su escrito de conclusiones provisionales solicitó contra aquél la pena de muerte, por concurrir la agravante de reincidencia, aplicando rigurosamente el párrafo último del art. 418 del Código Penal. Durante las sesiones del juicio oral algunos testigos deslizaron la idea de que momentos antes del crimen el acusador había estado de francachela con algunos amigos. Y como respecto del hecho y del autor, había una prueba abrumadora, y no podía esperarse sino un veredicto de culpabilidad, el fiscal dirigió preguntas para averiguar si el vino en abundancia había tomado parte en tal expansión amistosa, y si pudo subirse á la cabeza al acusado, respecto de cuyo punto el celoso defensor no hizo referencia. De las contestaciones de aquéllos, más ó menos claras, pudo apercibirse el juicio, y el criterio adquirido por lo menos la duda de la embriaguez no habitual de aquél, y cuando terminaron las pruebas el representante de la ley tuvo la satisfacción oficial de modificar la cuarta y quinta conclusiones provisionales, el jurado se dejó convencer y la pena última con que amenazó al criminal cuando éste compareció en el juicio, quedó reducido á cadena temporal en su grado máximo. La ley y su representante coincidieron en sus deseos, y fué aquél un acto que satisfió á todos.

MIGUEL SÁIZ GÓMEZ.

(Se continuará).

LEY HIPOTECARIA

(Continuación.)

Décimotercera. En el acto de la subasta se hará constar que el rematante acepta las obligaciones consignadas en la regla 8.º, y si no las acepta no le será admitida la proposición.

Décimoquarta. El acreedor podrá concurrir como postor á todas las subastas, y no necesitará consignar cantidad alguna para tomar parte en la licitación. También estarán exceptuados de la consignación los acreedores á que se refiere la regla 6.º Todos los demás postores deberán consignar en el Juzgado ó en el establecimiento destinado al efecto el 10 por 100 del tipo de la subasta para poder tomar parte en ésta.

Décimoquinta. Aprobado el remate, se le hará saber al adquirente, á fin de que dentro del plazo de ocho días, contados desde la notificación, consigne la diferencia entre lo depositado para tomar parte en la subasta y el total precio de aquél. Si el rematante fuera el mismo acreedor, se deducirá de la consignación la cantidad á que ascienda el crédito y los intereses asegurados con la hipoteca, sin porjuicio de que cuando se practique la liquidación de costas se reintegre el acreedor, con lo que haya consignado, del importe de las originadas hasta la cantidad asegurada con la hipoteca. Lo mismo se hará cuando se adjudiquen las fincas al actor y el importe de su crédito e intereses asegurados con la hipoteca sea inferior al fijado como tipo para la subasta.

Si en el plazo fijado no consignase el rematante el complemento del precio, á instancia del actor, del deudor ó del tercer poseedor, y sin conceder al postor audiencia ni recurso alguno, se declarará sin efecto el remate y se reproducirá la subasta celebrada. En este