El Foro español (Madrid. 1898) (1909-11-20 00:00:00), página 5

ley Electoral, y que, según el 34, han de formarse cada cuatro años, á fin de designar de ellas cada dos, y en la fecha marcada, los Presidentes y sus suplentes de las Mesas electorales que han de serlo durante el bienio inmediato, y en su día los Adjuntos y suplentes de los mismos, no son rectificables anualmente, como el Censo de electores;

2.º Terminada la rectificación anual del Censo, las Juntas municipales procederán sin demora á cubrir, en la forma prevista en el art. 36 de la Ley, las vacantes de Presidentes de Mesas electorales y sus suplentes que puedan resultar por haber sido excluidos del Censo los que desempeñaban esos cargos, á causa de fallecimiento, pérdida de vecindad, incapacidad u otra legal; examinando al efecto las listas á que se refiere el art. 38 de la misma Ley, y entendiéndose que las nuevas designaciones no recaigan en los excluidos del Censo;

3.º Las Juntas municipales, al hacer la designación de Adjuntos y suplentes de los mismos en la forma y momento que fija el art. 37, cuidarán igualmente de no designar para tales cargos á los individuos que hayan sido excluidos del Censo de electores por alguna de las causas anteriormente indicadas; y

4.º Los electores comprendidos en alguna de las tres listas del art. 38, correspondientes á una Sección, aunque al rectificarse anualmente el Censo sean trasladados á otra del mismo término municipal, pueden y deben ser designados, si les corresponde, para cubrir las vacantes de Presidentes ó sus suplentes que en aquélla ocurran durante el bienio, ó para ejercer el cargo de Adjuntos ó suplentes de los mismos.

La justicia municipal en el derecho español.

(Continuación).

Sucesivamente, en 19 de Noviembre de 1886, el Ministro de Gracia y Justicia D. Manuel Alonso Martínez presentó á las Cortes un proyecto de ley referente á la Justicia municipal, proponiendo el aumento del territorio donde hubiera de ejercer jurisdicción el Tribunal municipal, cuya constitución habría de ser semejante á la actual. En 13 de Junio de 1901 el Ministro de Gracia y Justicia D. Raimundo Fernández Villaverde propuso otro proyecto, según el cual se formarían comarcas constituidas por diversas municipalidades, designándose un número de Jueces municipales en relación con el número de vecinos de los Ayuntamientos y la importancia de los negocios que no promovían para intervenir en algunos de los cuales se constituía quincenal ó mensualmente un Tribunal municipal, como el de la actualidad, con el carácter de instancia única. En todos los distritos municipales, fuera de la cabeza de comarca, habría Juez de paz, designado por la Sala de Gobierno y cuyas funciones durarían tres años; como las de los Jueces-Presidentes del Tribunal municipal, designados, también, por las mismas Salas de Gobierno; renovándose los del partido mediante sorteo anual. Los adjuntos habrían de tener más de treinta años y poseer otras circunstancias especiales de cultura, hacienda ó carácter social. Por último; el proyecto da D. Eugenio Montero Ríos, aceptado por la Comisión de Códigos, es el más completo, sin que esto quiera decir que sea ni mucho menos fiel trasunto de los progresivos ideales científico-jurídicos que en nuestra nación atraviesan un período evolutivo de verdadera crisis, pero crisis aguda, especialmente en cuanto afecta á la tan decantada Justicia municipal, que se orienta hacia nuevos horizontes.

El Derecho procesal vigente no precisa, con la debida y conveniente claridad, la competencia de los Juzgados municipales, singularmente en la parte civil. No obstante, previo estudio de los comentaristas, y refiriéndonos á los puntos dudosos ó opinables, expomos á continuación nuestro jurídico sentir en unos extremos coincidente, y opuesto en otros á las diversas y encontradas opiniones aludidas.

Los juicios verbales son acumulables, y como la ley de Enjuiciamiento civil no formula procedimiento adecuado, habrá de tenerse en cuenta lo prevenido en el art. 6.º del Código civil.

En los juicios verbales pueden surgir incidentes y, aunque la ley de enjuiciamiento soslaya este punto es de deducir que han de tenerse en cuenta, en lo posible, las reglas prescritas para las incidencias en general.

La legislación no requiere para los juicios verbales el acto de conciliación, pero tampoco le prohibe; siendo de tenerse en consideración, al tratarse de los retractos y de los interdictos, y con relación á su cuantía, que hasta la de 500 pesetas debieran tramitar los Juzgados municipales.

Los Juzgados municipales, que pueden tramitar expedientes de información posesoria por valor ilimitado, deben poder tramitar interdictos posesorios, mientras la cuantía no exceda de 500 pesetas, porque, si en juicio verbal ordinario, tienen competencia para decidir acerca del derecho, que es lo fundamental, mejor podrán resolver con relación al hecho acciden- tal; puesto que lo esencial pueden sentenciarlo, en el juicio ordinario correspondiente habida consideración á que, si la cuantía no excede de 500 pesetas, es el verbal.

En las cuestiones de alimentos provisionales deben poder intervenir los Juzgados municipales, siempre que la cuantía de la reclamación no exceda de 500 pesetas anuales.

Tanto en las cuestiones precedentemente apunta- das, cuanto en las que someramente apuntaremos las oscuridades y deficiencias de la Ley de Enjuiciamiento han determinado encontradas opiniones entre tradicistas como los Sres. Mauresa, Reus, Lastres, Herrero, Salcedo, Lage, Navarro, Abella, Miguel y Romero y otros y en los trabajos de los catedráticos Sres. Torres Aguilar, Montejo y Gutiérrez Cañas, y aún jurisprudencia varía, que convendría unificar, singularmente, por lo que concierne á la Justicia municipal.

Los Juzgados municipales deben tener competencia para entender en los concursos de acreedores, cuando el activo no pase de 500 pesetas; pues no hay precepto que lo impida concretamente.