El Foro español (Madrid. 1898) (1908-10-20 00:00:00), página 11

dientes ejercicios prácticos; pero, tanto las antiguas vigentes como las nuevas, solamente en la parte que se refiera á la clase de Juzgados ó Tribunales á que fueran á pertenecer y mientras no merecieran la aprobación no concederles los respectivos ascensos.

Luis ZAPATERO.
Juez de 1ª instancia.

(Se continuará)

Resolución de 10 de Junio de 1908

(Continuación).

Resultando: que por el Notario autorizante se interpuso recurso gubernativo ante el Juez de primera instancia, Decano de los de Málaga, solicitando se declarase que la escritura denegada se hallaba extendida con arreglo á las formalidades y prescripciones legales, alegando que es indiscutible su personalidad para recurrir contra la nota, puesto que discutiéndose la capacidad de Doña María Reyes Cullén para cancelar la totalidad del crédito, si ésta se prueba, el documento reviste todas las formalidades legales, y habiéndose estimado completa por el Notario autorizante, en virtud del supuesto décimo de la escritura particional relacionada, para demostrar que su apreciación fué acertada, no puede negársele personalidad, corroborando su afirmación las Resoluciones de este Centro de 9 de Octubre de 1880, 19 de Octubre de 1882 y otras que se cita; que aunque para cancelar es preciso que el derecho cancelado esté inscrito, no es necesario que sea á nombre del causante, bastando que éste justifique en forma auténtica que es causahabiente ó representante legítimo de quien lo tiene registrado á su nombre, doctrina que lógicamente se infiere de los artículos 20 y 82 de la Ley Hipotecaria, Real Decreto de 20 de Mayo de 1880 y Real Orden de 20 de Abril de 1880, reconociéndose en términos generales en varias Resoluciones que se cita; que la expresada doctrina ofrece la excepción de que el crédito se haya adjudicado especialmente á uno de los herederos, haciéndose necesaria entonces la inscripción, porque el derecho del cancelante arranca además de un contrato entre los partícipes de la herencia, por el que el crédito pasa á ser suyo exclusivamente; que la parte pagada no podía ser objeto de adjudicación, convirtiéndose por el pago el derecho del acreedor en obligación de reconocer el cobro, la que fué delegada en la adjudicataria de la parte no solventada, y no cancelada aquélla, desde luego, para seguridad y firmeza de su crédito, conforme al art. 122 de la Ley Hipotecaria, y para garantía de los derechos del acreedor y deudor se delegó la obligación de cancelar en la forma expresa- da en el referido supuesto décimo, por virtud del cual quedó Doña María en condiciones de cancelar; pues si bien tal obligación no se reitera en las adjudicaciones, adviértase que el alcance de los «supuestos» de una partición tolera declaraciones y á veces las demanda, y aunque siendo sólo exposición de hechos, contuvieran aquéllas, existiría un defecto, pero sería válida, á tenor de lo dispuesto en el párrafo 2.º del art. 1.218 del Código civil, que no era precisa la declaración del repetido «supuesto» para ercer capaz á la cancelante, pues al derecho de ésta de que subsistiera la hipoteca por la totalidad, reconocido por el art. 122 citado, correspondía la obligación, completar el pago, de cancelarla, creyendo además que la cancelación de la parte del crédito pagada quedó hecha en dicho supuesto, corroborando esta doctrina la Resolución de 8 de Octubre de 1886; que la teoría expuesta la confirma la equidad y el buen sentido, pues reconocido e pago de la parte del crédito en documento auténtico por todos los herederos de Doña María Vilehes, los que son estimados como causahabientes de ésta, aquéllos delegaron su facultad de cancelar en persona que al efecto otorgó la correspondiente escritura; que, de cancelarse, no hay perjuicio para el acreedor y si beneficio para el deudor, resultando adecuación del estado, según el Registro, al estado real de la relación derivada del préstamo hipotecario, y lo contrario si no se cancela; que si bien este Centro directivo declaró en cierto modo independiente el cumplimiento de la obligación principal y la subsistencia de la hipoteca que la garantizaba, ha expresado después la necesidad de atenuar tal doctrina, y aun ha ido contra ella, citando las Resoluciones de 19 de Mayo y 20 de Agosto de 1904, y que la negativa del Registrador es sólo una manifestación de rendimiento á un formalismo rutinario que convierte al Registro en una remora del crédito territorial;

Resultando: que el Registrador informó insistiendo en su catificación, manifestando que el Notario autorizante carecía de personalidad para interponer este recurso, toda vez que no se ha dudado de que la escritura que lo motiva esté redactada con las solemnidades legales, porque al haberse cancelado el crédito, en cuanto á la parte inscrita á nombre de Doña María Reyes, es evidente que aquélla no contiene ningún defecto externo ó interno, ni se ha denegado la inscripción por falta de capacidad en la cancelante, en virtud de su estado civil, ni por falta de facultades en el apoderado, únicos casos en que podría recurrir gubernativamente el Notario autorizante, según el art. 57 del Reglamento Hipotecario, art. 2.º del Real Decreto de 25 de Octubre de 1875 y Resolución de 1.º de Mayo de 1884, citando además, en apoyo de su doctrina, la de 11 de Diciembre de 1889; que las Resoluciones alegadas por el recurrente no son pertinentes, pues unas se refieren á la falta de capacidad de los otorgantes que afectan á la validez del documento, otras á falta de capacidad para representar, otras al estado civil de los otorgantes y otras son contraproducentes; que en el presente caso no se ha inserto por omisión de un requisito que debió cumplir la interesada, inscribiendo previamente á su nombre su derecho para cancelar totalmente el crédito; alegando, por último, las Resoluciones de 6 de Julio de 1879, 4 de Febrero de 1881, 30 de Agosto de 1907 y otras:

Resultando que el Juez dictó auto declarando no haber lugar al recurso por carecer el Notario recurrente de personalidad para interponerlo, fundándose en