El Foro español (Madrid. 1898) (1908-12-30 00:00:00), página 9

rias fincas que se describen en el referido escrito, sitas unas en término municipal del expresado pueblo, y las dos que son objeto de este recurso, trozos de terrenos llamados Garriza-Barros y Basso-chiquirri, en el de Gainza, en el cual expediente recayó, con fecha de 27 de Abril de 1907, auto de aprobación, en el que se ordenaba la inscripción de las referidas fincas á nombre de las citadas personas:

Resultando: que presentado el expediente relacionado en el Registro de la propiedad de Tolosa, el Registrador denegó la inscripción de los trozos de terreno llamados Garriza-Barros y Basso-chiquirri, radicantes en término de Gainza, por ser incompetente el Juzgado de Baliaarrán, para conocer del expediente en cuanto á los referidos trozos:

Resultando: que por D. Pedro Antonio Galarraga y D. José María Urquiza se interpuso recurso gubernativo contra la calificación del Registrador, ante el Presidente de la Audiencia de Pamplona, solicitando se ordenase la inscripción de las fincas mencionadas, al- gando: que esta Dirección ha declarado en Resoluciones de 22 de Enero de 1883 y 9 de Mayo de 1889, en vista de los artículos 56 y 63 de la Ley de Enjuiciamiento civil, 494 de la Hipotecaria y varias sentencias del Tribunal Supremo, que en los actos de jurisdicción voluntaria no tienen cabida las cuestiones de competencia, por conocerla la Ley al Juez ante quien se acude, pues el referido artículo 56 sienta como principio general el de la sumisión de las partes:

Resultando: que el Registrador informó insistiendo en su calificación, fundándose en que las sentencias y Resoluciones citadas por los recurrentes, aunque se refieren á casos como el presente, no serían suficientes á obligar al cumplimiento de lo en ellas dispuesto, pues sólo lo son para aquel á que se contraen, siendo la regla 2.ª del artículo 397 de la Ley Hipotecaria la única que determina la competencia en los expedientes posesorios, sin que pueda prevalecer contra su observancia, según el art. 5.º del Código civil, el uso, la costumbre ni la práctica en contrario; dicha regla determina que la formación de tales expedientes compete á los Juzgados de primera instancia, si la finca radica en término municipal donde lo haya, y si no, al municipal respectivo; y aunque la Ley no prevé el caso de que varias fincas objeto de un mismo expediente radiquen en diversos términos, la razón y la lógica, de acuerdo con la teoría estatutaria, han establecido la competencia, cuando los términos pertenezcan á un mismo partido judicial, á favor del Juzgado de primera instancia de éste; siendo absurdo que un Juzgado municipal pueda conocer de un expediente referente á fincas que radican en término distinto del en que ejerce su jurisdicción; que en el espíritu de la Ley Hipotecaria preside la idea de que todos los factores que concurren en la formación de un expediente pertenezcan al término municipal en que están sitas las fincas, á fin de reunir todos los elementos de garantía y certeza para la veracidad de aquél, suponiendo lógicamente que cuantos intervienen en su formación tienen exacto conocimiento de la finca de que se trate, con la única excepción de la competencia del Juzgado de primera instancia del partido, anteriormente apunta- da, cuya respetabilidad suple los elementos de certeza concurrentes en el municipal; y que si, reconociendo la competencia de éste en la forma expresada, se han formado expedientes falsos, fácilmente se explique los abusos intolerables que se cometieran si se adoptase el criterio sustentado por los recurrentes:

Resultando: que el Presidente de la Audiencia confirmó lo nota del Registrador fundándose en análogos razonamientos á los expuestos por este funcionario y, además, en que existiendo una Ley especial que determina la competencia para la formación de estos expedientes, á ella hay que atenerse, y sólo á la Ley de Enjuiciamiento, como supletoria, en lo que aquélla no regule; que la letra y el espíritu de la Ley Hipotecaria, en su art. 397, aplicable al presente caso, no autoriza á suponer que es potestativo en el que promueva una información posesoria auditar al Juez que estime por conveniente, aunque sea otro que ejerza jurisdicción en territorio distante de aquél en que radica la finca objeto de la misma, sin que, por tratarse de un precepto legal, claro y terminante, quede invocar la jurisprudencia como elemento de aclaración e interpreta- ción.

Considerando: que las informaciones posesorias han de practicarse ante el Tribunal del partido, hoy Juzgado de primera instancia del lugar en que estén situados los bienes; pudiendo hacerse igualmente, si los bienes radicaren en pueblo ó término donde aquél no resida, ante el Juez municipal respectivo, según lo ordena el art. 397 de la Ley Hipotecaria:

Considerando: que en ninguna de las Resoluciones citadas por el recurrente se hace declaración alguna sobre las facultades de los Jueces municipales para aprobar las informaciones de posesión; que las sentencias del Tribunal Supremo á que se hace referencia han sido pronunciadas bajo un estado legal distinto del vigente y que los artículos 71 y 2.182 de la Ley de Enjuiciamiento civil, entendidos en la forma que la sentencia del Tribunal Supremo de 18 de Marzo de 1899 autoriza, armonizan con el 397 de la Ley Hipotecaria, máxime si se tiene en cuenta la especialidad de dicha competencia, exclusivamente atribuida en este artículo á los Tribunales de partido, hoy Jueces de primera instancia, y en ciertas condiciones á los Jueces municipi- pales:

Considerando: que no es admisible, por tanto, el supuesto en que se funda el recurso, relativo á que por la sumisión de los interesados puedan conocer de dicha clase de expedientes otros Juzgados que no sean los taxativamente designados en el repetido art. 397, y que el Registrador no ha promovido una cuestión de competencia propiamente dicha, que sería ajena, por su contenido y tramitación á la Ley y Reglamento hipotecarios, sino que, en uso de sus facultades califica- doras, se ha limitado á denegar la inscripción del docu- mento por no haberse cumplido uno de los requisitos que para su validez establece la citada Ley;

Esta Dirección general ha acordado confirmar la pro- videncia apelada y la nota del Registrador.