El Foro español (Madrid. 1898) (1909-03-20 00:00:00), página 8

haber impuesto á aquélla una obligación exigible con arreglo á derecho, no por esto puede entenderse que su cumplimiento haya de quedar al libre arbitrio de sus hermanos no mejorados, por que aparte de la inmoralidad que este supuesto podría entrañar si aquéllos no tuvieran que acreditar que su situación y circunstancias hacían necesaria la ayuda de su hermana, dentro de lo posible, resultaría la hermana mejorada de peor condición que los hermanos no mejorados, que con toda evidencia es contrario á la voluntad de la testadora, por lo que la sentencia que se conforma con esta doctrina, no puede decirse que infrinja el artículo 675 del Código Civil.

Y que es doctrina repetida y constante del Tribunal Supremo, la de que la sentencia que absuelve de la demanda, resuelve en sentido negativo todas las peticiones que en ésta se contienen, no pudiendo tachar de incongruente una sentencia bajo este concepto, cuando en la parte dispositiva se limita á ab- solver en general sin hacer especial mención de peti- ción determinada, ni puede decirse que infringe por ello el art. 359 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

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Propiedad.—Señorios antiguos y prestaciones jurisdiccionales.—Donaciones, actos y contra- tos otorgados por los Monarcas.—Recurso de casación.—Costas.—Sentencia de 5 de Febrero.—(Gaceta del 19 y 21 de Agosto de 1908).—Declara que la transformación realizada en la organización de la propiedad desde la supresión de los señoríos y pres- taciones jurisdiccionales, no ha sido tan profunda- mente radical que haya borrado y hecho desaparecer las fuentes de derechos derivados del régimen exis- tente antes de dicha transformación, sino que, por el contrario, respetando los orígenes de la propiedad, lo único que se suprimen definitivamente son aquellas prestaciones que llevaban impreso el carácter meramente señorial ó jurisdiccional, conservando á la vez los derechos que por su índole y naturaleza son carac- terísticos de la materia propiamente civil, abstracción hecha de su origen, á diferencia de aquellos que tie- nen una marcada significación de vasallaje, no siendo Hécto establecer diferencias entre el título con que po- sean los Reyes y el de los señores feudales—teniendo, como todos ellos tienen el mismo fundamento y signi- ficación—para el efecto de repudiar, sólo por razón del mismo como señoríos, las donaciones, actos y contratos por los Monarcas, otorgados ó celebrados sobre los bienes anejos á la Corona; sino que se hace preciso distinguir entre ellos los que llevaban apare- jada jurisdicción ó eran significativos de vasallaje, de aquellos otros que sólo denotaban expresión de los derechos de propiedad meramente civil, siquiera tu- vieran su origen en la conquista y en el régimen so- cial y político que sobrevino á la caída del Imperio Romano; siendo éste el sentido que ha inspirado las decisiones del Tribunal Supremo en cuestiones más ó menos análogas á la presente, y entre ellas en la de 4 de Diciembre de 1884.

Que dado el sentido y contexto de las leyes de 1811, 1823 y 1837, no es dable confundir el título originario de la propiedad con la índole y condiciones de ésta, confusión que produciría el absoluto desconocimiento de la misma en contra del sentido y alcance de aque- llas disposiciones legales.

Que, cuando se discute acerca de la legitimidad de una propiedad, en el juicio es donde han debido re- presentarse y alegarse todos los títulos en que se funda dicha legitimidad.

Que la doctrina referente á las presunciones acerca del carácter de las prestaciones que se satisfacían á un señor feudal, es inaplicable cuando consta la ver- dadera naturaleza de éstas, teniendo, como tiene re- conocido la jurisprudencia, que los Reyes han podido contratar libremente, respecto de su propiedad pri- vada, independientemente del señorío y jurisdicción que hayan ejercido sobre el terreno donde aquélla es- tuviese enclavada.

Que el Real decreto de 1871 se refiere sólo á los censos, foros y demás derechos reales, adquiridos an- tes de 1.º de Enero de 1863, y no registrados al esta- blecer reglas para su inscripción.

Que, conforme á dispuesto en el art. 8.º de la Ley hipotecaria, deben considerarse como una sola las fin- cas rurales dadas en enajenes á diferentes colonos, aunque estén divididas en suertes ó porciones, si su conjunto se halla comprendido dentro de los linderos de un término redondo ó territorio, que conozca un solo dueño directo.

Que vendido á una persona el dominio directo, alo- dial y campal con el derecho á los laudénios y los cen- sos anejos al mismo no puede desconocerse el derecho del comprador á percibir los laudénios atrasados no sujetos á valoración, y comprendidos sin distinción alguna en la venta.

Que es inestimable el motivo del recurso que trata de impugnar un considerando que no influye de modo positivo en el fallo de la sentencia basado principal- mente en otros fundamentos de más importancia.

Que según reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo por las sentencias absolutorias quedan re- sultadas inop facto todas las cuestiones planteadas en el debate judicial.

Y que conforme á esa misma jurisprudencia cons- tituye una cuestión de hecho de la exclusiva competen- cia del Tribunal sentenciador la apreciación de la te- meridad de los litigantes que da origen á la imposición de costas.

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Recurso de casación.—Sentencia definitiva.—Auto de 5 de Febrero.—(Gaceta del 21 de Agosto de 1908).—Resuelve que no tiene el concepto de sentencia defi- nitiva á los efectos del núm. 3 del art. 1.729 de la ley de Enjuiciamiento civil el auto que se limita á ordenar la comparecencia personal ante el Juzgado de una mu- jer casada constituida en depósito, como consecuencia de haberse ausentado sin permiso de aquel Juzgado.

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Apreciación de prueba.—Recurso de casación.—Auto de 5 de Febrero.—(Gaceta del 21 de Agosto de 1908).—Resuelve que es inadmisible el recurso de casación que va contra la apreciación hecha en con- junto de las pruebas practicadas, la cual no puede ser combatida nada más que del modo que preceptúa el art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil.

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Testamento por un incapacitado.—Sentencia de 6 de Febrero.—(Gacetas del 21 y 22 de Agosto de 1908).—Resuelve que dada la facultad otorgada por la ley al ascendiente para testar por y en nombre del descendiente, para el caso en que, siendo éste incapaz, muera en tal estado, es manifiesto que cuando existe, como en el caso del presente recurso, un testamento otorgado por la madre en sustitución de su hijo por causa de su incapacidad, no se puede estimar que éste haya muerto intestado para los efectos previstos en el art. 960 de la ley de Enjuiciamiento civil, porque tal testamento produce los mismos efectos que si hubie- ron sido otorgado por el causante de la herencia, sin perjuicio de disentir en el juicio correspondiente su validez absoluta ó su extensión y eficacia, sin que mientras tanto y prejuzgando dicha cuestión sea lícito proceder como si no existiera.