El Foro español (Madrid. 1898) (1909-04-20 00:00:00), página 3

dicha Instrucción, y siendo, por tanto, á todas luces ilegal el procedimiento de apremio á que ha sido sometido dicho letrado sin que concurra tan esencial requisito, á la vez que no puede ser más obstensible la infracción de la cosa juzgada, puesto que las costas las impuso la sentencia de 3 de Mayo de 1907 á la parte demandante, es decir, á doña Niceta García Infante, y no al letrado que la representaba.

«Queda cumplido nuestro propósito de exponer reunidos los hechos expresados para que los juegue quien tenga obligación de ello, y de aplicarles la sanción que merezcan.»

En 14 de Abril, volvió á escribir La Ley lo siguiente:

«AL COLEGIO DE ABOGADOS

»La Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo de Justicia, desde hace poco tiempo, cuando impone las costas á la parte demandante que ha sido representada por letrado, exige de éste y no de aquélla, por la vía de apremio, en caso necesario, el pago de las mismas.

»La ley de lo Contencioso-administrativo, reformada en 22 de Junio de 1894 en su art. 32, no impone al letrado obligación de ninguna especie, y en cambio en su artículo siguiente, ó sea el 53, dice que «cuando las partes se valgan de procurador, tendrá éste las obligaciones y derechos que establece la ley de enjuiciamiento civil».

»En su art. 93, al hablar de la condena de costas, dice en su último párrafo que «para la exacción de costas impuestas á particulares ó corporaciones, procederá el apremio administrativo en caso de resistencia».

»Según se ve, la ley establece clara, precisa y deliberadamente cómo han de hacerse efectivas las costas cuando las partes se valgan de procurador (con arreglo á lo dispuesto en la ley de enjuiciamiento civil); y cómo cuando haya condena sin mediar procurador, concediendo para este caso el apremio administrativo, no contra el letrado, sino contra los particulares ó corporaciones á quienes se impongan.

»Fuera de estos terminantes preceptos, ningún otro hay en la ley referente á la exacción de costas, ni que, por tanto, autorice para realizar del letrado, por la vía de apremio judicial ni administrativo, las costas impuestas á la parte que haya representado.

»Pues bien, la Sala de lo Contencioso administrativo del Tribunal Supremo de Justicia, fundándose, no en precepto alguno de la ley, sino en un artículo del reglamento (el 258), que está en desacuerdo y oposición con la ley, y que tampoco de una manera expresa obliga al letrado á pagar las costas, exige á éste el pago de las mismas, sometiéndole al apremio administrativo si, requerido para el pago, no lo efectúa por carecer de fondos de la parte á quien fueron impuestas.

»El núm. 1 del art. 7.º de la ley orgánica del poder judicial prescribe que los Tribunales no pueden aplicar reglamentos ni disposiciones de ninguna clase que estén en desacuerdo con las leyes.

»Según el art. 1.725 del Código, el mandatario que obra en concepto de tal, no responde personalmente cuando no se obliga á ello expresamente, ni traspasa los límites del mandato.

»Por otra parte, el art. 41 de la instrucción de apremio administrativo de 26 Abril de 1900, sólo somete al mismo á las personas responsables por Tribunal ó autoridad competente.

»Pero la alegación de todo ello es inútil, pues la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo de Justicia sostiene, que la responsabilidad del letrado á pagar las costas nace de un precepto legal que no cita, y se las cobra, dándose con ello el caso de que declare responsable de unas mismas costas á dos personas, una, á la parte demandante, á quien las impone expresamente en la sentencia que resuelve el pleito, y otra, al letrado, á quien, después de ser firme dicha sentencia, también considera responsable como representante de la parte condenada, con la circunstancia además, que ya ha concurrido, de que hasta manda al delegado de Hacienda proceder de apremio contra el letrado, en providencia, aun no firme, por haberse pedido su reposición.

»Esto puede ser causa, y seguramente lo es, de grandes e irreparables perjuicios para los letrados; pero también de un modo indirecto perjudica á gran número de interesados, que no encontrarán quién les represente y defienda sin hacer previa y abundante provisión de fondos en previsión de una condena de costas, y como no á todo el mundo le sobra el dinero, sino por el contrario, serán muchos los que vean en la necesidad de renunciar al sostenimiento y defensa de sus derechos. Lo cual, si es bueno para disminuir pleitos contencioso-administrativos y trabajo á los Tribunales, en cambio es de tristes y funestas consecuencias para los interesados y aun para el país, que en último término es el que sufre y paga el malestar que á los ciudadanos ocasiona el quebranto en sus intereses.

»Creemos, por tanto, el asunto de suficiente importancia y gravedad para que el Colegio de Madrid, defensor de los derechos de los letrados ante los Tribunales, le preste la atención que merece y gestione de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo lo que estime de justicia respecto á la responsabilidad de costas á que nos hemos referido.»

Ahora un Procurador ha sido víctima de lo mismo que esos letrados y con este motivo La Revista de los Tribunales, La Gaceta de los Tribunales y otros colegas profesionales hacen referencia en estos trabajos que íntegros reproducimos.

Pero todo será inútil si de acuerdo ambos Decanos, el del Colegio de Abogados y el de Procuradores, no realizan una acción más directa, llegando hasta donde se deba llegar para conseguir que se vuelva sobre esos acuerdos con una disposición ministerial ó como sea y evitar que se repitan en lo sucesivo.

Si una cosa de la importancia inusitada de ésta no mueve á los Colegios respectivos á adoptar una actitud enérgica, si aquellos señores Decanos, no créan