El Foro español (Madrid. 1898) (1909-08-30 00:00:00), página 11

del duplo de lo indebidamente cobrado, se refiere al caso de derechos debidos cobrados con exceso, no á aquellos que por indebidos son objeto de la cuestión incidental, autorizada por el art. 429 de la ley de Enjuiciamiento civil, única que puede motivar un recurso de casación por el distinto carácter que tiene el hecho de cobrar derechos, rebasando los límites de los reñalados á cada diligencia ó actuación, que el de existir con mayor ó menor fundamento los que se consideran debidos partiendo de aquellos límites.

Desahucio.—Prueba en segunda instancia.—Falta de emplazamiento.—Desahucio contra dependientes.—Sentencia de 18 de Mayo.—(Gaceta de 24 de Septiembre de 1903).—Consigna que en la segunda instancia de los juicios de desahucio que se tramiten conforme á la sección 2.ª del título correspondiente de la ley de Enjuiciamiento, no puede admitirse más prueba que la que, propuesta en primera instancia, no hubiese podido practicarse según ordena el art. 1.586 de dicha ley.

Que no es de estimar en casación el motivo que carece de toda comprobación en los autos. Que cuando cumpliendo lo que manda el art. 1.584, por virtud de apelación son emplazados los que han sido parte en la primera instancia, sin que durante la sustanciación de ella se produzca reclamación sobre es e particular, carece de eficacia la alegación de falta de emplazamiento para el juicio de desahucio.

Y que el Tribunal Supremo tiene reiteradamente declarado que cuando se ejercita la acción de desahucio contra independiente que ocupa la habitación como recompenso, ó parte de ella, de los servicios que presta, carece de aplicación el art. 1.568 de la ley procesal por no tratarse de precario, ni de inquilinato, sino de un contrato de servicios y del pago de ellos, que da derecho, después de la despedida, para desposor á los dependientes y asalariados de los edificios que ocupasen por razón de su cargo, para lo cual son siempre competentes los jueces municipales del lugar donde esté sita la finca, según los arts. 1.587 del Código civil y 1.562 de la ley de Enjuiciamiento civil.

Anotación preventiva.—Sentencia definitiva.—Auto de 21 de Mayo.—(Gaceta de 24 de Septiembre de 1903).—Que según repetidas decisiones del Tribunal Supremo, toda resolución judicial encaminada á asegurar la efectividad de los derechos de los litigantes, entre las cuales se encuentran las que acuerdan ó desestiman las peticiones de anotación preventiva, no tienen el carácter de sentencias definitivas, para los efectos del recurso de casación, porque ni ponen término al juicio en que tales derechos se controveñen, ni impiden su continuación, y, en su consecuencia, no proceden los que se interponen contra estas resoluciones, por hallarse comprendidos en el núm. 3.º del art. 1.729 de la ley de Enjuiciamiento civil.

Entrega de títulos de la Deuda.—Recursos en ejecución de sentencia.—Sentencia de 24 de Mayo.—(Gaceta de 18 de Septiembre de 1903).—Consigna que contra los fallos que dicten las Audiencias en los incidentes sobre liquidación de cantidad promovidos de ejecución de sentencia, no se da recurso alguno, según previene el art. 944 de la ley de Enjuiciamiento civil.

Y que con arreglo al art. 1.695 de la misma ley, no hay recurso de casación contra los autos que dicten las Audiencias para la ejecución de sentencias, á no ser que se resuelvan puntos sustanciales no controvertidos en el pleito, ni decididos en la sentencia, ó se pro vea en contradicción con lo ejecutoriado.

Indemnización por accidente del trabajo.—Sentencia de 25 de Mayo.—(Gaceta de 25 de Septiembre de 1903).—Resuelve que no infringe los arts. 1.º y 2.º de la ley de 30 de Enero de 1900, la sentencia que desestima la indemnización pretendida por entender que en ningún caso pueden merecer el concepto de accidentes del trabajo los que sobrevengan por la realización de actos innecesarios debidos á la evidente culpa del operario, las cuales, por ser notoriamente extrañas, no pueden hallarse comprendidas en las medidas precautorias que el patrono es obligado á adoptar en todo momento.

Accidente del trabajo.—Auto de 27 de Mayo.—(Gaceta de 25 de Septiembre de 1903).—Consigna que de conformidad con el num. 1.º del art. 1.691 de la ley de Enjuiciamiento civil y repetida jurisprudencia del Tribunal Supremo, el recurso de casación por infracción de ley sólo se da contra la parte dispositiva de la sentencia y no contra los razonamientos de la misma.

Que no tienen eficacia para la casación las infracciones fundadas en afirmaciones de hecho contrarias á las que la sentencia estime probadas y acreditadas, sin determinar bien el concepto de tales infracciones, con relación á la cuestión debatida.

Que no cabe apreciar la infracción basada en la supuesta equivocación del juzgador deducido únicamente de una certificación facultativa, cuando aquél la tuvo en cuenta y dio su juicio en virtud de las pruebas pericial y testifical practicadas en el pleito.

Y que la inobservancia del art. 790 de la ley de Enjuiciamiento civil, no es, por su naturaleza meramente procesal, susceptible de ser enunciada, en su caso, en recurso por infracción de ley.

Pago de pesetas.—Subrogación de derechos.—Apreciación de prueba.—Sentencia de 28 de Mayo.—(Gaceta de 25 de Septiembre de 1903).—Resuelve que el hecho de haber pagado la parte que encumbró una obra los jornales devengados por los obreros de los contratistas de la misma, por no haberlo ellos realizado, hace perfectamente aplicable el art. 1.158 del Código civil, siendo indiferente que el pago se hiciera de acuerdo ó contra la voluntad de los contratistas para el éxito de la acción que se ejercite apoyada en el hecho de la subrogación, porque el que la da carácter de tal consiste en el pago de jornales realizado.

Que no son de estimar para la casación los motivos basados en errores de hecho y de derecho en apreciación de prueba alegados para desvirtuar los fundamentos de la sentencia recurrida, cuando la apreciación del Juzgador descansa en la resultante del conjunto de las pruebas y no se acredita infracción alguna de la ley reguladora de las mismas.

Que, del propio modo, son inadmisibles las infracciones apoyadas en razonamientos meramente subjetivos del recurrente para que los actos y conducta del recurrido sean interpretados en determinado sentido contrario al estimado, sin demostrar, y mucho menos con la evidencia que la ley requiere, la equivocación del Tribunal.

Que á tenor de lo prescrito en el art. 1.214 de la ley de Enjuiciamiento civil, la prueba de la obligación incumbe al que la alega.