El Foro español (Madrid. 1898) (1909-06-10 00:00:00), página 2

prevista en los artículos 45, 55 y 209 respectivamente de los mismos.

Pero al darse cuenta de la denuncia al Congreso, y, sobre todo, al tomarla éste en consideración, se convirtió de hecho en acusación, sin formalidades jurídicas y sin requerir siquiera al denunciante para que la formalizara, dándose el caso de que se haya tramitado y resuelto una denuncia en que no se ha ratificado ante el Tribunal competente el que la escribió. La resolución, cuyo carácter examinaré después, ha recaído sobre una acusación extraña y contra ley formulada indirectamente por el Presidente del Congreso al dar cuenta de la denuncia, pues el hacerlo presuponía que era procedente, lo cual bueno es advertir que no implica que fuese justa y fundada.

Se produjo de hecho, aunque extrarrreglamentariamente, el mismo efecto que si hubieran acusado Diputados conforme al Reglamento, pues la propuesta del Presidente tiene, en tales casos, valor de proposición.

La materia del debate y de la resolución fué en realidad una acusación. La denuncia, por sí misma y sin la propuesta del Presidente, no podía serlo jamás, pues habría que admitir el absurdo de que el Congreso de libera y vota proposiciones formuladas en la calle por quien no es Diputado.

Tan grande error inicial explica lo que después ha ocurrido, y el conjunto de contradicciones en que ha consistido el debate, y el que haya sido el único acierto del Sr. Macías el negarse á declarar ante el Presidente del Congreso.

¿Cómo había de declarar sin haber formalizado su acusación ante el Tribunal que estaba deliberando sobre ella, ni cómo podía hacerlo sino ante el mismo Tribunal?

Sus declaraciones no serían tales, sino nuevas denuncias ante la misma Autoridad que hizo la primera, las cuales requerirían iguales trámites que la anterior, hasta el infinito.

El delito de prevaricación consta de dos elementos esenciales: la resolución injusta y que se haya dictado á sabiendas. El primer elemento podría resultar del estudio del expediente; pero el segundo es absolutamente imposible derivarlo de él. Las pruebas, dificilísimas, había de aportarlas el denunciante.

Por eso el Sr. Maura, cuando se inspiraba en su gran saber jurídico, decía que se le oyerá; pero cuando leía el Reglamento, se oponía á ello. Se infringió éste admitiendo la denuncia, y no quería infringirse oyendo al denunciante, incurriendo en contradicción.

Si era imposible oírlo, imposible también habría sido dar cuenta de la denuncia: primero, porque no podia darse un paso sin la previa formalización y ratificación ante el Congreso; segundo, porque siendo principio universal de derecho que nadie sea condenado (ni absuelto tampoco) sin oído, y llevando implícita condena la desestimación de la denuncia, ya se considere ésta falsa ó calumnia, ninguna resolución sobre los hechos imputados era posible sin audiencia del actor, y tercero, por la naturaleza del delito, uno de cuyos elementos constitutivos requiere, como queda dicho, la declaración del denunciante.

Así ha sucedido que, hablándose ocho días de la cuestión, ni se ha deliberado ni se ha resuelto.

Y voy á demostrar que no se ha resuelto. Por su naturaleza, el dictamen ó fallo es de inhibición. El Congreso se declara incompetente, y manda el escrito al Presidente del Consejo; pero al mismo tiempo, como no promueve competencia negativa ni declina en otro Tribunal, legalmente no hay verdadera inhibitoria, puesto que no puede admitirse el absurdo de que se decline en el mismo acusado. No hay, pues, manera de definir jurídicamente tanma resolución. Y como el Presidente del Consejo ha dicho, y lo ha cumplido, que, al recibirla, con la denuncia la pasaría al Fiscal, y en tal sentido se ha votado, nos encontramos con que el Congreso declina en el Juez ordinario, lo cual implica, aunque de esto ni siquiera se habló, que considera el hecho denunciado delito común, y no acto ejecutado en el ejercicio de funciones ministeriales.

Ahora bien: en cuanto el Fiscal promueva la querella, surgirá el primer conflicto jurisdiccional, pues no se trata de calumnia á Ministros, sino de una denuncia hecha ante Tribunal que ha entendido en ella, aunque sólo haya sido para declarar que no resuelve. Si el Presidente del Congreso, en vez de dar cuenta al Congreso, hubiera trasladado el escrito al Presidente del Consejo, no dejaría de existir conflicto, por lo que después diré, y por no ser la acción de calumnia, sino la de denuncia falsa, la procedente; pero sería menos grave y de posible resolución.

Que es denuncia falsa y no calumnia se advierte con sólo leer los artículos 340 y 467 del Código penal, que los definen, y por consiguiente ha de aplicarse el artículo 340.

Otro conflicto jurídico que surgirá en el acto es que el fiscal no podrá acusar de calumnia, puesto que la imputación se hizo ante funcionario judicial, el Congreso, juez de Ministros con el Senado, y, por lo tanto, que no hay medio legal de que el Sr. Macías pueda probar su denuncia.

Mas suponiendo que hay fiscal y Juez que conviertan delito tan definido y claro en calumnia, no por eso cesan los conflictos y dificultades. Por lo pronto, se daría el caso perturbador de las jerarquías reguladoras del Poder público y fundamento del sistema constitucional, según el cual un Juez inferior pudiera declarar delincuente, era suficiente la prueba á un Consejo de Ministros, dislocación del régimen y vejamén y menoscabo de las prerrogativas del Parlamento. Aun la misma declaración de irresponsabilidad sería humillante y lesiva de aquellas prerrogativas y desacato al poder de las Cortes.

Pero, aun admitido todo esto ¿qué eficacia jurídica tendría? ¿Cómo se ejecutaría el fallo y se haría efectiva la responsabilidad? No se concibe. El supuesto acto delictivo son Reales órdenes; resultando de tal doctrina que si no fuera el nuestro sistema parlamentario, un Juez prodaría juzgar y condenar; pues, si no puede condenar, la prueba sería inútil, al Rey, en cuyo nombre juzga y condena, pues en actos de su peculiar función, conforme nuestro régimen, el Consejo de