El Foro español (Madrid. 1898) (1909-11-30 00:00:00), página 6

sión que rara vez pueden evitarse. Tampoco el Estado tiene derecho á matar y mata al ejecutar sus represiones. Los corregidurios de D. Carolino realizaron la Saint Barleymen y al ser entonces advertidos de que en su matanza caerían muchos inocentes, sus jefes contestaban: «No reparad en eso; Dios al juzgarlos sabrá cuáles eran sus elegidos.»

Consté, para terminar, que yo no puse en parangón á ninguna clase de españoles con los indios ni con los marroquíes; sólo comparaba intereses morales y materiales de pueblos distintos, sin desconocer que el indio y el marroquí tiene derecho además de á la vida, á la civilización y á la solidaridad humana.

Seguro de que cuando el Sr. Costas lea lo que se ha escrito sobre el proceso Ferrer y lo que en las Cortes se diga, ha de estar de acuerdo conmigo, y de que las circunstancias han de hacerle discutir más de una vez el fallo de los Tribunales—para esto los hay de apelación—me prefiero defuéstado, Sr. Director de El Foro Español, afectísimo y s. s. q. b. s. m.,
E. BARRIOBERO Y HERRAN.

BOLETÍN DE LA SEMANA

LEGISLACION

HACIENDA.—Real orden de 15 de Noviembre de 1909, declarando con carácter general que las escrituras comprensivas de varios bienes inmuebles ó derechos reales, cuyo valor total exceda de 500 pesetas, no están comprendidas en la disposición adicional primera de la ley de 21 de Abril último reformando la Hipotecaria, debiendo tributar por razón de timbre con arreglo al art. 15 de la ley del Impuesto de 1.º de Enero de 1906. (Gaceta del 19).

JUNTA CENTRAL DEL CENSO ELECTORAL.—Circular de 18 de Noviembre de 1909, resolviendo consultas sobre la completa constitución de las Mesas electorales. (Gaceta del 21).

«Ilmo. Sr.: La Junta Central del Censo Electoral, en sesión de hoy, ha examinado, con el detenimiento que su importancia merece, la petición por V. I. formulada en comunicación de fecha 11 del corriente, respecto á la urgencia de que se dicten disposiciones encaminadas á evitar las dificultades que surgieron en las últimas elecciones municipales, y que seguramente se reproducirán en las próximas, para lograr la completa constitución de las Mesas electorales con la anticipación que exige el cumplimiento de lo dispuesto en el art. 30 de la ley, á causa de la invencible resistencia pasiva que oponen á aceptar los cargos de Presidentes, Adjuntos y Suplentes, las personas llamadas á desempeñarlos por la misma ley, sin tener en cuenta que ésta los dignifica y enaltece al establecer un procedimiento por virtud del cual resulta que las Mesas son ahora la garantía de la verdad y la libertad del voto.

»Pero la Junta Central entiende que esas dificultades sólo se derivan de una interpretación equivocada de disposiciones aclaratorias de la ley, y tiene la seguridad de que tales inconvenientes desaparecerán en el momento que se restablezca el verdadero alcance, único posible, del acuerdo de 8 de Enero del corriente año, incluido con el núm. 15 en la circular de esta Junta, fecha 8 de Febrero siguiente.

»Al adoptar ese acuerdo, único que permitía una interpretación recta de la ley, la Junta Central no pudo nunca tener el propósito de autorizar el que caprichosa y arbitrariamente se desconociera un deber cívico sin razón la causa, ni que se rechazase un cargo oficial sólo por el hecho de no querer desempeñarlo, sino de confirmar el derecho implícitamente establecido en la ley de alegar ante las Juntas municipales del Censo la causa legítima que impida la aceptación del cargo, para que aquellas aprecien ó no su fundamento, atendiendo á la pública notoriedad y pruebas que aduzcan los interesados, alegación para la cual se fijaron posteriormente los plazos en la regla 2.ª de la Real orden de 13 de Abril último, con el fin de que pueda ser luego aplicada á los designados la sanción establecida en el art. 62 para aquellos que dejen de concurrir á desempeñar los cargos sin causa legítima, también entonces alegada.

»Y restablecido en estos términos, de modo que ya no pueda ofrecer dudas, el verdadero alcance del citado acuerdo de 8 de Enero del corriente año, es de esperar que no se reproduzcan las dificultades que han dado origen á la razonada petición de V. I.»

Lo que trasladó á V. S., por si ante esa Junta pudiera exponerse duda semejante y para que se sirva ordenar la inmediata publicación de esta circular en el «Boletín Oficial» de la provincia, á fin de que llegue á conocimiento de las Juntas municipales de la misma y de los electores en general.

GOBERNACIÓN.—Real orden de 24 de Noviembre de 1909, disponiendo se aplique á las elecciones municipales, la disposición contenida en el apartado 3.º del artículo 7.º del R. D. de 9 de Septiembre último. (Gaceta del 25).—Parte dispositiva:
«1.º En armonía con lo previsto en el apartado tercero del artículo 7.º del Real decreto de 9 de Septiembre último, una vez convocada una elección municipal, general ó parcial, los Secretarios de Ayuntamientos remitirán á los Presidentes de las Juntas municipales del Censo, en el plazo improrrogable de cinco días, certificación comprensiva de los nombres y apellidos de todos aquellos que hayan sido Concejales y no hayan fallecido en un plazo anterior de veinte años, haciendo constar el distrito y fechas en que lo fueran, á fin de que las referidas Juntas los tengan presente al formularse las propuestas de proclamación de candidatos, no siendo, por tanto, impedimento para acordarla la falta de certificación especial que justifique la condición de Concejal ó ex Concejal, si consta incluido el proponente en la expedida con carácter general por el Secretario del Ayuntamiento y visada por el Alcalde.

»2.º Otra certificación igual será expuesta al público en los sitios de costumbre, dentro del mismo plazo improrrogable de cinco días y bajo la responsa-