El Foro español (Madrid. 1898) (1909-08-30 00:00:00), página 3

gente de un Código y las personas jurispréditas son las más obligadas á cumplirlo, ya que en ellas no es atenuante, sino todo lo contrario, la ignorancia de la ley; entendemos que el Ministro debe llamar la atención á la misma para que la reforma se haga.

Es posible que el mismo Ministro no pueda cumplir con lo ordenado en la segunda disposición adicional, porque le faltan los materiales que ordena la primera, pero la jurisprudencia existe, y los progresos realizados en otros países bien pueden servir de arsenal abundante para que la Comisión de Codificación pueda presentar al Gobierno la reforma de nuestro derecho civil.

Pero además existe todavía sin cumplir el art. 6.º de la Ley de bases de 11 de Mayo de 1888, que dispone que el Gobierno ayude á la Comisión de Códigos, «presentará á las Cortes en uno ó en varios proyectos de ley, los apéndices del Código civil, en los que se contengan las instituciones forales que conviene conservar en cada una de las provincias ó territorios donde hoy existen.»

Por eso el art. 12 del Código civil da vigencia provisional, «lo conservarán por ahora», al derecho foral escrito ó consuetudinario, y creemos que, pasados veinte años, es ya tiempo de que se determine qué instituciones forales, en el derecho civil, deben quedar subsistentes, porque constituyen verdaderamente una especialidad impuesta por circunstancias de territorialidad.

No es mucha la jurisprudencia del Tribunal Supremo respecto á la supremacía del derecho foral sobre el común; pero, sin embargo, la orientación es plausible, pues tiende á aminararlo restringiéndolo á los casos en que dicho derecho sea verdaderamente foral, y no fuera modificado por leyes de carácter general que á su vez estén modificadas por el Código, pues en tales otros casos esta es la ley aplicable.

Ocurre con el derecho foral algo de lo que con la Ley Hipotecaria, que lo consideramos como cosa sólo reservada á los especialistas, y no le prestamos atención ni estudio, dando por resultado el que aquellos que lo manejan, nos hablen de él como si de legislaciones de países remotos se tratara, y creemos que el derecho foral es esencialmente distinto en todas y cada una de las instituciones que forman el nervio del derecho civil.

Nada más apartado de la realidad que tal concepto formado por la generalidad de las gentes incluso de muchos jurispréditos.

El derecho foral será distinto del común en muy contados casos y en limitadas y casi insignificantes diferencias, por eso los mismos especialistas no atreven á formular los cuerpos civiles de derecho foral, y hoy por el contrario se vislumbra ya la corriente en los mismos territorios aforados, no de recopilar el derecho foral, sino de señalar las diferencias de éste con el común, y cuando ese trabajo esté realizado, es cuando, cayendo la venda, se verá cómo la especialidad del derecho foral es cosa más de nombre que de esencia, y con varonil y despreocupada enmienda, como Maura decía, se llegaría fácilmente á que fuera cierto el artículo constitucional de que unos mismos Códigos regirán en toda la Monarquía.

El principio de la unidad de la legislación es lo que hoy solicita el progreso jurídico y las naciones todas, lejos de escudriñar y desempolvar viejos textos, que ni aun en ese tiempo fueron aplicados, tienden por el contrario á borrar diferencias y procurar que, ya que no pueda existir un principio único jurídico para el hombre, que como tal, es lo mismo en toda la superficie de la tierra, se llegue enando menos al derecho común dentro de la unidad política del Estado.

Alemania nos ha dado un ejemplo con su Código; Suiza, no obstante ser una confederación, tiene el Código federal de las obligaciones y el Código civil federal, y de los Estados Unidos debemos aprender, pues nos presenta su legislación ejemplos muy dignos de estudio.

Aparte de la respetabilidad y prestigio del Tribunal Supremo de la Unión, establecido en Washington, que tiene la facultad de inspeccionar las leyes de los diferentes Estados, declarando su inaplicación, cuando contrariarían la Constitución de la Unión, con lo cual asegura una protección eficaz á todos los ciudadanos contra el prurito legislativo de los políticos de los diferentes Estados, han comprendido éstos que la diversidad en la legislación conduce á resultados contraproducentes, y desde hace algunos años se han nombrado Comisiones gubernamentales para la uniformidad de la legislación, y si bien, como en España, los intereses locales han impedido llegar á una solución completa en toda la Unión, sin embargo, vienen, desde hace mucho tiempo, dictándose leyes uniformes para varios Estados, que cada vez se van multiplicando, y que llegarán al ideal de la ciencia.

Si en países tan extensos, de tan gran variedad de condiciones etnográficas, climatológicas, topográficas, etc., se camina hacia la unidad, consiguiéndolo, ¿no será más factible aun dentro de un Estado como España, en donde las diferencias son más nominales que reales?

Exáminese con un poco de buena voluntad la materia, y con su solución, borrando el art. 12 del Código civil, habremos hecho más por la unidad de la patria que dictando leyes, que creando nuevos delitos ahondando las diferencias superficiales debidas á unos cuantos literatos exaltados.

BOLETÍN DE LA SEMANA

LEGISLACIÓN

GRACIA Y JUSTICIA.—Real orden de 17 de Agosto de 1909, referente á la expedición por el Registro civil de documentos que necesiten las familias de los reservistas llamados á filas. (Gaceta del 18).—Parte dispositiva:

1.º Que los Jueces municipales del Reino expidan de oficio y gratuitamente los certificados de los Registros civiles y cualesquiera otros documentos que soli-