El Foro español (Madrid. 1898) (1909-05-20 00:00:00), página 2

Y por eso, porque lo primero que, por ejemplo, se necesita para que se nos respete es que nos demos á respetar, lo primero también que es preciso para tener autoridad suficiente para, en momentos determinados, poder volver con energía por los fueros de la independencia judicial, es que ninguno de sus funcionarios realice acto alguno que ni en la apariencia pueda nadie imaginarse que significa una sumisión á otro poder extraño.

Si es preciso en la vida de relación de los poderes, que alguno se ponga al habla con el otro, que siempre sea el ejecutivo el que pida permiso para hablar al judicial, nunca que sea éste ó sus funcionarios los obligados á frecuentar las antecálas de aquél, y menos que vayan á ellas voluntariamente.

Es tanto nuestro amor á la Justicia y al Poder en que encarna, que tal vez todo esto sean exageraciones nuestras, pero creemos que hasta el aliento les ofende.

Y quizá estemos, en lo cierto, que por algo además de la balanza es el espejo atributo de la justicia, y el espejo con el más leve aliento siempre se empaña.

Después de escritas las anteriores líneas, nos enteramos de que el dignísimo Fiscal de esta Audiencia señor Ruiz y Andrés, se ha opuesto á la inhibitoria solicitada por los Tribunales militares para entender en la causa que se sigue al Sr. Macías por supuesto delito de injuria y calumnia á los Ministros. Nos parece altamente plausible el proceder del señor Fiscal de Su Majestad. El propio Sr. Maura, que como Abogado de la primera cuota contributiva y como Presidente del Consejo de Ministros debe saber lo que se hace, envió la denuncia al Fiscal del Tribunal Supremo; hubiera sido demasiado el que las conveniencias políticas hubiesen tratado ahora de encauzar las aguas por corrientes contrarias. De todos modos, creemos digno de alabanza el proceder del Sr. Ruiz y Andrés.

Así es como se defienden los fueros de los Tribunales ordinarios.

De Juez á Magistrado

(MONÓLOGO DE UN MAGISTRADO NOVEL)

(Continuación).

VI

Confirmado el auto de terminación de sumario por el Tribunal, contra cuyo acuerdo no se concede recurso ni tampoco contra el que resuelve la súplica, dice el art. 632 de la ley procesal que se mandará traer la causa á la vista con citación del Ministerio fiscal cuando intervenga, esto es, en todo proceso por delito público y del Procurador, del querellante particular, si lo hubiere, ó sea cuando se hubiese mostrado parte.

Concurre á este acto, llamado familiarmente visitilla, la creación de una personalidad pública obligada por razón de oficio á vigilar actos de los ciudadanos, á denunciar á los Tribunales los que pueden turbar la armonía social y llamar la atención de los Jueces y la sanción de las leyes sobre todos los delitos, aun los más pequeños, «y este ministerio público» es uno de los mayores pasos que los hombres han dado en el camino de la civilización; y además puede concurrir al acto la representación de los intereses de aquellos que habiendo recibido ofensas en sus personas, en su honor ó en sus bienes, tienen derecho á ejercitar la acción y á perseguir la condena de perjuicios que resulten de la ofensa que se les ha inferido. Por un lado el funcionario que como dice un escritor francés «debe ser el hombre á quien la nación entrega uno de los más preciosados derechos», cuya función es independiente de todo interés privado. De otro lado el que representa y defiende los derechos anejos al directo y personalmente ofendido por el delito. Y en medio un Tribunal independiente, que atento al precepto de la ley y á los derechos del presunto delincuente, de los derechos de la sociedad y del perjudicado, no puede permitir que la venganza se introduzca en la justicia y debe cuidar de que la persecución tenga todos los caracteres de imparcialidad de la ley, de quien son órganos los funcionarios que le forman.

Confirmado el auto de terminación de sumario, las actuaciones que contiene constituyen los elementos probatorios para definir, como expresa el art. 633, si procede abrir el juicio oral ó sobreseer el proceso. El nombre modesto de visitilla, que no debe ser pública, porque hasta que el juicio se manda abrir no empieza la publicidad de los debates, y á ella sólo pueden asistir el fiscal y el querellante si se hubiera personado, encierra un fondo de esencia y de importancia, que reclama de todos gran atención y estudio, en especial del ministerio público que lleva realmente la voz cantante, puesto que aun en el caso de que su petición relativa al sobreseimiento no fuera idéntica á la opinión del Tribunal, los fiscales del Supremo ó de la Audiencia territorial, á quienes debe consultarse en los casos que prescribe el art. 644, resuelven si procede ó no sostener la acusación.

Entre el indicio que dió motivo legal para procesar y los motivos suficientes para acusar, existen diferencias sensibles que un buen razonar aprecia, tanto que con aquel elemento solo no puede legitimarse la acusación, y si á esta convicción no llegó el fiscal, y se ha formado la de que el procesado después de serlo no tuvo participación en los hechos ó por lo menos ésta no está comprobada hasta legitimar una afirmación, siquiera sea provisional, pero fundada en la apreciación de las pruebas practicadas en el sumario, no le está permitido al fiscal presentar la demanda que tanto significa el escrito de conclusiones provisionales, pues si después del procesamiento aparece clara la inocencia del procesado, ó si no hay motivos fundados para estimarlo comprometido en los hechos, el fiscal cumplirá con su deber si pide que se alce el procesamiento en el escrito á que se refiere el art. 627 de la ley, pues en otro caso se vería precisado dados los términos del mismo y del 637 á pedir el sobreseimiento (Memoria de la fiscalía de 1899).

Los fiscales y promotores, dice el Reglamento pro-