El Foro español (Madrid. 1898) (1908-07-30 00:00:00), página 5

sean susceptibles de posesión. Son meramente susceptibles de reclamación á la persona obligada; pero al reclamar á ésta sus actos, es absolutamente necesario alegar y probar el título que liga la persona del deudor á la persona del acreedor, sin que valga alegar ni probar los actos externos antes ejecutados, á no ser que con esto, como se dijo respecto de los derechos de familia, se consignase un medio probatorio de que aquel título existe; mas entonces de éste es de quien derivarán los efectos jurídicos, y no de la fuerza que en sí tengan los actos realizados por el hecho de haberlo sido. Esta doctrina la estimamos exacta; por eso Sánchez Román que dice según se ha visto, que todo el que ostenta un derecho, cualquiera que sea su naturaleza, tiene una verdadera posesión jurídica, en el sentido más lato de esta palabra, en cuya posesión ha de ser mantenido por la ley, mientras que por medios también legales no sea contradicho; y que los derechos de trato sucesivo y de trato sucesivo continuo, gozan de la posesión todavía en sentido más concreto, aunque no llegue á la posesión civil similar del dominio; no apunta la disposición legal ó el principio de derecho en virtud de los cuales sus afirmaciones sean una verdadera realidad.

En cambio, es lo cierto que en los derechos de crédito el omnis obligationis y el racionum juris, son inseparables; no basta la realización de actos externos ni la ostentación del derecho, sino que es preciso que éste preexista, para que se asignen al sujeto todas las facultades y se impongan al obligado todos los deberes inherentes á aquél; á diferencia de lo que sucede en la posesión, á la pretensión debe acompañar constantemente el título, es decir, que si en la posesión rige el principio de que todo poseedor se presume que posee con justo título y no se le puede obligar á exhibirlo, en los derechos de crédito todas las reclamaciones han de ir fundadas necesariamente en el título manifiesto, y hay que probarlo para efectuarlas; y cuando sin él se llevan á efecto las exigencias, como en los cargos públicos ejercidos por quien no tiene título para ello, los actos así verificados, son siempre verdaderas usurpaciones vincadas de nulidad, se quedan en la esfera de los hechos y no tienen trascendencia alguna en el derecho.

De lo expuesto se deduce una consecuencia importante, y es que los derechos de crédito, de familia, cargos públicos, servicios personales, diezmos por capitación, etc., no admiten la prescripción adquisitiva ó sea la usucapión, porque no son susceptibles de lo que es base inquebrantable de aquélla, de posesión; y se percibe la certeza de la observación de Thiers, cuando al narrar la supresión de las prestaciones personales y derechos feudales por la asamblea nacional francesa, dice: «se alegó aquella razón tan manoseada de la prescripción que nada prueba, pues con ella todo llegaría á legitimarse.» De esta manera, contrayendo las instituciones jurídicas á sus verdaderos términos, encuentran á veces explicación muchas cosas que en otro caso permanecerían inexplicables.

NICOLÁS A. CIENFUEGOS.
(De Revista Jurídica).

BOLETÍN DE LA SEMANA

LEGISLACIÓN

GOBERNACIÓN.—Ley de 19 de Mayo de 1908 relativa á Consejos de Conciliación y Arbitraje industrial. (Gaceta del 20)

Artículo 1.º Cuando se prepare una huelga, ó por lo menos antes de que transcurran veinticuatro horas desde que estalló, los obreros que en ella tomen parte lo pondrán en conocimiento del Presidente de la Junta local de Reformas Sociales, por escrito, en papel común y por duplicado, expresando suéntamente las pretensiones que motivan la huelga y el nombre y domicilio del patrono ó de los patronos á quienes afecte.

Art. 2.º Cuando uno ó varios patronos hayan resuelto el paro de sus respectivas industrias ó explotaciones ó de una parte considerable de ellas, lo pondrán con una semana de antelación, en conocimiento del Presidente de la Junta local de Reformas Sociales, por escrito, en papel común y por duplicado, expresando además suéntamente las causas que determinen el paro, el sitio donde se hallan enclavados sus establecimientos, fábricas, minas ó talleres, y el número de obreros que á consecuencia del paro hayan de quedar sin trabajo.

Cuando surja una cuestión entre un grupo de obreros y uno ó varios patronos, cualquiera de las partes interesadas podrá ponerlo en conocimiento del Presidente de la Junta local, por escrito, en papel común y por duplicado, expresando suéntamente el objeto de la cuestión y las gestiones practicadas para resolverla.

Art 3.º El Presidente de la Junta local dará traslado del escrito á la otra parte en las veinticuatro horas siguientes, fijándose un plazo prudencial muy breve para que manifieste si acepta ó no sus buenos oficios.

Cuando la respuesta sea afirmativa, irá acompañada de un escrito de contestación igualmente suelto.

Cuando la respuesta fuere negativa, se comunicará á la otra parte, dándose por intentada la conciliación.

Art. 4.º El escrito de los patronos será firmado por el patrono ó los patronos interesados, ó por quien de éstos, con la autorización de los demás, lleve su voz.

El escrito de los obreros será firmado por los obreros ó obrero autorizado para llevar la voz de los demás. Patronos y obreros afirmarán por su honor, en la antefirma, la certeza de las autorizaciones que ostenten.

Art. 5.º El Presidente, una vez que tenga en su poder ambos escritos, designará, con la brevedad posible, para formar con el el Consejo de Conciliación, seis jurados, tres de la lista elegida por los patronos y tres de la elegida por los obreros, con arreglo al art. 12 de la ley de Tribunales industriales.

Art. 6.º Reunido el Consejo, examinará los dos escritos y acordará si conviene trasladarse al lugar del suceso ó citar á las partes á su domicilio social, procediendo en todo caso con la mayor actividad.

Art. 7.º Los interesados, ó quienes les representen,