El Foro español (Madrid. 1898) (1909-02-27 00:00:00), página 8

ceres; á la de Magistrado de la provincial de Badajoz, D. Pedro Otero, que lo es de la de Bilbao, electo.

Han sido jubilado, á su instancia, D. Julio Saleedo, Fiscal de la Audiencia provincial de Lérida, y nombrado para este cargo, D. Cristóbal Gironés, Magistrado de la territorial de Cáceres, electo.

Personal de Registradores.
Han sido nombrados Registradores de la Propiedad: de Tortosa, de 1.ª clase, D. Ignacio Martín Belaústequi, que sirve el de Arévalo; de Alba de Tormes, de 2.ª, D. Andrés Benítez Porral, que lo es de Guernica; de Ocaña, de 3.ª, D. Antonio Madrazo Ruiz Zorrilla, electo, del de Villalpando; de Valoria la Buena, D. Alfredo López Sánchez, que desempeña el de Villareyao; de Santo Domingo de la Calzada, de 3.ª, D. Luis Rubio Alba, que sirve el de Sepúlveda; de Orense, de 8.ª, don Arturo Macía Martínez, que lo es de La Cañiza; de Ateca, de 4.ª, D. Cándido Jesús Hevia, que desempeña el de Sos; de Soria, de 4.ª, D. Teófilo Borrallo, que sirve el de La Vecilla; de Muros, de 4.ª, D. Román Barco, electo, del de Torrecilla de Cameros; de Herrera del Duque, de 4.ª, D. Mariano Valenciano Maceres, que desempeña el de Cifuentes; de Murias de Paredes, de 4.ª, D. Robustiano Cabeza, aspirante núm. 75; de San Vicente de la Barquera, de 4.ª, D. Juan Delgado Sánchez de Castilla, que sirve el de Salas de los Infantes.

Personal de Notarios.
Ha sido nombrado Notario de Vilasar de Mar, don Joaquín Perelló, excedente.

Escribanías vacantes.
Una en el Juzgado de Baza, de ascenso, Audiencia de Granada, por defunción de D. Mauricio Cueto, que debe proveerse por antigüedad, como comprendida en el primero de los turnos señalados en el artículo 11 del Real decreto de 5 de Febrero de 1903 y solicitarse dentro del plazo de 30 días á contar desde el 18 de Febrero.
La del Juzgado de Pina de Ebro, Audiencia de Zaragoza, por defunción de Don José Sáenz, que debe proveerse por traslación, como comprendida en el primero de los turnos señalados en el artículo 10 del Real decreto de 5 de Febrero de 1903 y solicitarse dentro del plazo de 30 días, á contar desde el 18 de Febrero.
Una en el Juzgado de Sanlúcar de Barrameda, Audiencia de Sevilla, por excedencia de D. Victor Sanz, que debe proveerse por antigüedad, como comprendida en el segundo de los turnos señalados en el número 1.º del artículo 11 del Real decreto de 5 de Febrero de 1903 y solicitarse dentro del plazo de 30 días, á contar desde el 18 de Febrero.
Una en el Juzgado de Vitoria, de término, Audiencia de Burgos, por defunción de D. Manuel Pereira, que debe proveerse por antigüedad, como comprendida en el segundo de los turnos señalados en el núm. 1.º del artículo 11 del Real decreto de 5 de Febrero de 1903 y solicitarse dentro del plazo de 30 días, á contar desde el 18 de Febrero.

Bibliografía
FERROCARRILES.—La nueva legislación sobre los secun-
darios y estratégicos, el Plan General y el Reglamento definitivo, han sido reunidos en un volumen por la Redacción de nuestro colega Gaceta Administrativa (Leganitos, 54, Madrid) acompañados de diversas notas aclaratorias y seguidos de dos índices, uno de materias y otro alfabético.

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Capacidad jurídica de la mujer del ausente

Examen e interpretación de los artículos 188 y 1.444 del Código civil.

Dice el art. 188 del Código: «La mujer del ausente, si fuese mayor de edad, podrá disponer libremente de los bienes de cualquiera clase que le pertenezcan; pero no podrá enajenar, permuta ni hipotecar los bienes propios del marido, ni los de la Sociedad conyugal sino con autorización judicial».

Y dice el art. 1.444 en su primera parte: «La mujer no podrá enajenar ni gravar, durante el matrimonio, sin licencia judicial, los bienes inmuebles que le hayan correspondido en caso de separación, ni aquéllos cuya administración se le hayan transferido».

La comparación entre ambos artículos ofrece por resultado, á primera vista, la antinomia más evidente, la más manifiesta contradicción. No existiría duda acerca de la capacidad de la mujer del declarado ausente, si el art. 1.444 (disposición general al capítulo VI, título III, del libro IV) no comprendiera y regulara, juntamente con los demás el caso de que la separación de bienes y la transferencia de la administración de los del matrimonio á la mujer, fuese ocasionada por la declaración de ausencia del marido. Pero siendo ésta (según el art. 1433 y el segundo número del 1441) una de las causas por las cuales pueden llegar á producir aquellas consecuencias, resalta al pronto, repito, la disparidad de criterio con el legislador regula la extensión de la capacidad de la mujer, mayor de edad, del ausente.

Con efecto, ésta, por el art. 188, pueden disponer libremente de los bienes de cualquiera clase (esto es, muebles ó inmuebles), que le pertenezcan. ¿Y cuáles son sus bienes? Indudablemente, los enumerados en el art. 1.396, prescindiendo de su calidad de dotales ó parafernales. Fuera, pues, de los bienes propios del marido, y de los de la sociedad conyugal, á ninguna traba está sujeta la mujer, por lo que respecta á la enajenación y al gravamen.

En cambio, el art. 1.444 viene á sentar precisamente la doctrina contraria. Según él, la mujer del ausente necesita licencia judicial para enajenar y gravar los bienes inmuebles que le hayan correspondido en caso de separación y aquellos (sin distinción, á mi juicio, entre muebles e inmuebles) cuya administración se le haya transferido, en los cuales se comprenden no sólo los propios del marido y los de la sociedad conyugal, respecto á los cuales ya el art. 188 exige la autoriza-