El Foro español (Madrid. 1898) (1909-08-10 00:00:00), página 2

cias de semejante contrato, hecho por extranjero y nacional, no toca ni afecta en lo más mínimo á la independencia de los Estados, procediendo sin reserva alguna las homologaciones que se conforman á estos principios generales, aceptados sin atenuación alguna por las naciones civilizadas, porque si la soberanía de las partes borró las fronteras con el contrato litis pendencia que da acceso necesario á la ejecución del fallo, el exequatur se impone consiguientemente como deber riguroso de los Estados, respetando un derecho de gentes que no violan las naciones que aceptan la solidaridad universal proclamada por los grandes pueblos que como el de Francia, ha sido norte y guía en el avance y consolidación del derecho, que lo simboliza con el hermoso lema de libertad, igualdad y fraternidad, cuyo sólo enunciado, á la par que admiración, desperta simpatía poderosa.

Los jurisconsultos franceses más eminentes se han pronunciado en el sentir de una reciprocidad necesaria á los dos países y los tratadistas que en aquella gran nación vecina se han ocupado últimamente de Derecho internacional, Bonfils, Dubois, Massé, Vareilles, Sommer Fodix, Thevenet, Daguin, Bertauld, Pothier, Renault. Weiss y muchos otros, reconocen esta teoría aceptada en los Congresos Europeos que han deliberado sobre este punto culminante de Derecho internacional en sus dos aspectos público y privado; y los Decretos que en Francia se han sucedido, á partir de el Gobierno Imperial de 5 de Agosto de 1861, todos, absolutamente todos, robustecen que la autoridad de la cosa juzgada, aceptada por las partes, debe tener un recíproco exequatur en las naciones francesa y española.

El Tratado de 19 de Julio de 1862, y el Convenio de Derecho internacional privado de la Haya de 17 de Julio de 1905 ratificado en 24 de Abril de 1909, del cual son partes signatarias y obligadas las dos naciones pirénicas en lo que se refiere como derivación natural y lógica á las costas causadas y multitud de textos legales que citaremos más adelante, confirman esta fase de necesaria y saludable reciprocidad en la ejecución de las sentencias que llenan los requisitos ya apuntados, porque en otro caso sin esta finalidad de ejecución recíproca, sería completamente innecesaria é ineficaz la autorización concedida por el Gobierno español á los subditos franceses y por el francés á los españoles para litigar con iguales derechos á los nacionales en los Estados donde respectivamente resulten extranjeros si terminado el pleito ante los Tribunales de uno u otro país, no fuera recíproca la obligación de cumplimentar las ejecutorias obtenidas al amparo de las disposiciones citadas que comprenden asimismo la llamada caución judicatum solvi ó de arraigo en juicio.

Es en extremo importante para este asunto no olvidar la contestación de S. E. el Ministro de Negocios Extranjeros Mr. Moustier á la nota del Embajador de España sobre cumplimiento de sentencias extranjeras, afirmando que dictada una sentencia por un Tribunal extranjero incautado del litigio por acuerdo de las partes, habiendo sido soberanamente juzgado lo que concierne al interés privado, no queda al que le favorece el fallo más que obtener de los Tribunales franceses la fórmula ejecutoria, para que los agentes públicos puedan ejecutar en el territorio francés y á nombre del Jefe del Estado la sentencia dictada por jueces cuya competencia y poderes han sido determinados por las partes.

La opinión del Ministro de Negocios Extranjeros reflejo de la jurisprudencia francesa y de la opinión del Gobierno, comunicada por Real orden al de España, aparece también confirmada en varias sentencias que presentan de completo acuerdo, como era de rigor, á los Poderes legislativo, judicial y ejecutivo citándose entre otras:

Sentencia de la Cour de Cassation de París de 21 de Noviembre de 1860.
Autos de Tribunal Imperial de París de 11 de Febrero y 26 de Junio de 1866.
Sentencia de la Cour de Cassation de París de 13 de Febrero de 1882.
Sentencia de la Cour de Cassation de París de 16 de Marzo de 1885.
Sentencia del Tribunal del Sena de 10 de Abril de 1885.
Sentencia de la Cour d'appel de París de 27 de Julio de 1885, no citándose otras posteriores que consienten el Pareatis por no poder compulsar la exactitud de sus fechas en la recopilación oficial francesa.

Y por lo que respecta á la jurisprudencia española determinadora á su vez de la corriente de reciprocidad en las condiciones ya expuestas, se ha acordado por el Tribunal Supremo de Justicia el cumplimiento de varias sentencias francesas homólogas al caso que se trata: entre otras, la que comprende el auto del Tribunal Espremo de 22 de Octubre de 1867 declarando haber lugar á la ejecución de la sentencia pronunciada por el Tribunal francés del Comercio del Sena en los autos promovidos por el Vizconde de Kervenguem contra la Compañía del Ferrocarril de Sevilla á Jerez y Cádiz, y otra sentencia francesa del mismo Tribunal ganada por J. J. Caill y Compañía. Parent Skaken contra don José Campos, fué ejecutada en España por auto del Tribunal Supremo de 13 de Junio de 1870 siendo tan amplio el precepto legal español en este respecto de ejecución de sentencias, que basta con las cuatro circunstancias que señala el art. 954 de la ley de Enjuiciamiento Civil para que las ejecutorias tengan fuerza en España, ó sea:

1." Que la ejecutoria haya sido dictada á consecuencia del ejercicio de una acción personal.
2." Que no haya sido dictada en rebeldía.
3." Que la obligación para cuyo cumplimiento se haya procedido sea lícita en España.
4." Que la carta ejecutoria reúna los requisitos necesarios en la nación en que se haya dictado para ser considerada como auténtica y los que las leyes españolas requieren para que haga fe en el reino.

Exigir más á los españoles en Francia respecto á la materia, que lo que nuestras leyes exigen á los franceses en España, sería ciertamente absurdo, inconce-