El Foro español (Madrid. 1898) (1908-04-10 00:00:00), página 6

demandados á tenor de interrogatorios que la parte se reservaba presentar, así como otros extremos de la prueba pericial, pudo y debió rechazar, como lo hizo, el escrito autorizado por dicho Letrado, apoyado el Juez en hechos de personal constancia, demostrativos, á su entender, de la incapacidad del mismo, en razón á hallarse procesado criminalmente, y comprendido por ello en el número 3.º del art. 873 de la Ley orgánica del Poder judicial:

Considerando que aun admitiendo el supuesto de poder ser articulada dicha prueba en la segunda instancia, á fin de no perjudicar á la parte que la propone, es lo cierto que hubiera sido más equitativo dentro del criterio de incapacidad atribuido al Letrado por el Juez, unir el escrito y requerir al Procurador se sirviese de otro hábil para autorizar los escritos sucesivos no devolviendo el presentado, como resolvió la providencia de 3 de Agosto, no obstante lo cual y por el justo fundamento invocado en el auto de 20 de dicho mes, ha continuado unido al pleito el escrito cuestionado:

Considerando que preseindiendo de la acertada doctrina consignada en la Real orden de 7 de Abril de 1866, acerca de la perfecta compatibilidad del ejercicio de la profesión del Abogado con su situación acciden- tal y transitoria de preso ó detenido, es lo cierto que si ateniéndose los Tribunales al texto literal y escrito del art. 873 de la Ley orgánica privasen del ejercicio de la abogacía á quien no posee legalmente otro modo de vivir que tan honroso y noble oficio, anticiparían la imposición de la pena de suspensión de oficio, que sólo cabe imponer por sentencia firme; suspensión irreparable, porque en caso de absolución ó libre sobreseimiento, no sería posible reintegrar al suspenso las pérdidas sufridas portan transcendental acuerdo:

Considerando que interpretando racionalmente el mandato del art. 873 de la citada Ley orgánica en relación con el 110 de dicho cuerpo legal y el 14 de los Estatutos de los Colegios de Abogados, se observa evidentemente que la circunstancia de hallarse procesados los Letra- dos ó los Jueces y Magistrados hace referencia al ingreso de aquéllos en el ejercicio de la abogacía, ó de éstos en la carrera judicial, porque otra interpretación conduciría al absurdo, y lo que al absurdo conduce está rechazado por las reglas de la hermenéutica legal, puesto que se daría el caso de continuar, no obstante su procesamiento, en sus funciones los Jueces y Ma- gistrados si se trataba de delitos á que se refiere el art. 227 de la Ley orgánica y verse privados de su oficio los Letrados procesados por cualquier delito:

Considerando que el art. 263 de la Ley orgánica confiere á los Colegios de Abogados la facultad de im- poner correcciones disciplinarias á los colegiados, y entre ellas puede serlo la de suspensión del ejercicio de la abogacía, pero ni aquella ley, ni la de Enjuicia- miento criminal, ni otra alguna, dispone que el pro- cesamiento de los Abogados lleve en sí la suspensión; y no se concibe tal omisión cuando la Ley orgánica cuida de detallar respecto á los Jueces tal particular, así como las leyes orgánicas de Ayuntamientos y Di- putaciones provinciales consignan cuando por conse- cuencia del procesamiento se suspende en su cargo á tales funcionarios públicos, carácter que no reviste el ejercicio de la abogacía, puesto que los Abogados no son ni auxiliares ni subalternos de los Tribunales, á cuya jurisdicción disciplinaria no vienen subordinados fuera de los casos previstos en las leyes procesales civil y criminal:

Se revoca, etcétera.

De la «Revista de los Tribunales.»

BOLETÍN DE LA SEMANA

LEGISLACIÓN

FISCALIA DEL TRIBUNAL SUPREMO.—Circular de 2 de Abril de 1908, á los Fiscales de las Audiencias relativa á la aplicación de la condena condicional (Gaceta del 4).

Incorporado á nuestro Derecho positivo el principio de la condena condicional, ya hace tiempo elevado á precepto de ley en otras naciones, cúmplele requerir especialmente la ilustrada atención de los dignos funcionarios del Ministerio público, á fin de que, apre- ciando toda la trascendencia del nuevo Cuerpo legal, contribuyan á su acertada aplicación, base y garantía de los beneficios que está llamado á producir en la práctica.

Así lo abona el ejemplo de Inglaterra, donde la con- dena condicional rige desde 1887; de Bélgica, que la implantó en 1888; de Francia, á cuyas leyes la llevó Beranger en 1891; de Portugal y Noruega, que la aceptaron en 1893 y 1894, y de los Estados Unidos, é Italia, que la han sancionado en 1902 y 1904, respectivamen- te. Rusia y Suiza aspiran también á tal reforma, que España inició, por su parte, en proyecto sometido á las Cortes el año 1900.

La rara unanimidad con que ha sido acogida en las legislaciones de los pueblos más adelantados bastaría á evidenciar su importancia y á razonar su justifica- ción, si no hubiera motivo para fundarla, así en la es- fera de la doctrina como en las enseñanzas de la expe- riencia, mediante consideraciones que no escapan á la perspicacia de los encargados de utilizar tan delicado instrumento de restauración ética y jurídica, en el do- ble aspecto individual y social.

Lo que la ley de 17 de Marzo último pretende, con buen acuerdo, es exigir sobre la remisión de la pena asignada á la primera culpa la corrección del que com- parece ante la justicia, más que como reo, como vícti- ma de un momentáneo apartamiento de la senda del bien obrar. La inejecución de la pena en que inurre le llama al arrepentimiento por la gratitud y por el temor, previniéndole á la vez contra los riesgos del contagió con reclusos envilecidos en los hábitos del cri- men.

El mecanismo de la ley es sencillísimo: los Tribuna- les pueden, en unos casos, otorgar la suspensión de la condena, según su prudente arbitrio, dentro de las re- glas que la misma ley establece, y deben acordarla en otros, por mandato imperativo del legislador.