El Foro español (Madrid. 1898) (1908-11-10 00:00:00), página 9

HUESCA.—Capital y Sariñena.
JAEN.—Capital, Andújar, La Carolina, Huelma, Linares, y Mancha Real.
LEON.—Capital, La Vecilla y Astorga.
LERIDA.—Capital, Balaguer, Cervera y Tremp.
LOGROÑO.—Capital, Haro, Calahorra, Cervera del Río Alhama y Santo Domingo de la Calzada.
LUGO.—Capital y Monforte.
MADRID.—Capital, Chinchón, Getafe y San Lorenzo del Escorial.
MALAGA.—Capital, Ronda y Vélez Málaga.
MURCIA.—Capital, Cartagena, Lorca, La Unión, Caravaca y Totana.
NAVARRA.—Pamplona, Tudela, Estella, Alsasua.
ORENSE.—Capital.
OVIEDO.—Capital, Gijón, Avilés, Labiana, Lena, y Siero.
PALENCIA.—Capital y Cervera de Pisuerga.
PONTEVEDRA.—Capital, Vigo, Tuy, Redondela, Puenteáreas y Cambados.
SALAMANCA.—Capital y Béjar.
SANTANDER.—Capital, Castro-Urdiales, Reinosa y Torrelavega.
SEGOVIA.—Capital.
SEVILLA.—Capital, Carmona, Utrera y Ecija.
SORIA.—Capital y Burgo de Osma.
TARRAGONA.—Reus, Valls, Tortosa, Montblanch, Vendrell y Falset.
TERUEL.—Capital.
TOLEDO.—Capital, Ocaña y Orgaz.
VALENCIA.—Capital, Alberique, Alcira, Albaida, Sagunto, Requena, Carlet, Sueca, Gandía, Ayora y Torrente:
VALLADOLID.—Capital, Medina del Campo, Medina de Rioseco, Nava del Rey y Olmedo.
VIZCAYA.—Bilbao, Guernica y Valmaseda.
ZAMORA.—Capital y Benavente.
ZARAGOZA.—Capital, Calatayud y Tarazona.

Art. 2.º En el término de ocho días, á contar desde la publicación de este decreto en la Gaceta de Madrid, los Gobernadores civiles lo comunicarán oficialmente á los Presidentes de las Juntas locales de Reformas Sociales de las localidades en que hayan de constituirse dichos Tribunales, ó á los Alcaldes donde estas Juntas no existan, y los Presidentes ó los Alcaldes en su caso lo harán público para los efectos de los párrafos 2.º y 3.º del art. 7.º de la ley.

Art. 3.º Transcurrido el plazo de un mes desde la publicación del anuncio, y formadas las listas electorales, el Presidente ó el Alcalde en su caso, convocará separadamente la junta magna á que se refiere el artículo 13, y en estas reuniones se acordará:

1.º La forma en que ha de elegirse el número de jurados á que tenga derecho cada representación, con arreglo á lo dispuesto en el art. 12 de la ley.
2.º Si el voto ha de ser uniminomial ó plurinomial.
3.º Si han de tener todos los electores un solo voto.
4.º Todo lo relativo al procedimiento de emisión del sufragio, escrutinio y comprobación de las operaciones electorales. Si hubiera acuerdo, el Presidente redactará el Reglamento electoral, que será sometido á la aprobación de la Junta de electores, y si no la hubiera, se estará á lo dispuesto en el art. 14 de la ley.

Art. 4.º Una vez cumplido lo que se preceptúa en el artículo anterior, se señalará día para la elección de jurados, estándose en la convocatoria á lo que determinan los artículos 12, 14, 15 y 16 de la ley de Tribunales industriales.

Art. 5.º Los Presidentes darán cuenta del resultado de las mismas al Gobernador civil, y éste al Ministerio de la Gobernación.

Art. 6.º En todo lo referente á procedimiento electoral se estará á lo dispuesto en el capítulo 3.º de la ley mencionada, y cualquier duda que ocurra y no pudiera ser resuelta por la Junta local ó por el Ayuntamiento en su caso, se consultarán al Ministerio de la Gobernación, debiendo procurarse que estas consultas no dilaten los plazos que en los anteriores artículos se establecen.

Art. 7.º En adelante los obreros y patronos de un territorio que deseen que se establezca un Tribunal industrial en la cabeza de partido judicial correspondiente, lo solicitarán del Ministerio de la Gobernación, á los efectos del art. 1.º de la ley.

LA JUSTICIA Y LA POLITICA

Contra lo establecido en los principios que dejamos expuestos en los artículos anteriores y que debe servir de norma á las leyes sobre provisión de cargos públicos y muy especialmente para el ingreso y los ascensos en la carrera judicial, ocurre en ésta un hecho insólito que no se ha producido en ninguna de las demás carreras del Estado, al menos con la prodigialidad inusitada que en aquélla, merced al cual los individuos que hoy la forman tienen una diversidad de procedencia tan heterogénea que aun podríamos decir que estaría completamente desorganizada si los Gobiernos hubieran hecho uso de un modo absoluto de las facultades omnimodos que para la provisión de cargos judiciales les confirió primero la ley orgánica del Poder judicial y después retrocediendo en la vía del progreso y aumentando todavía más la libre facultad ministerial, la ley adicional á la orgánica, por cuya efectividad parece inclinarse la Comisión encargada de dictaminar el proyecto de ley, dando fuerza de tal al Real decreto de 14 de Marzo de 1907, sobre provisión de vacantes en la carrera judicial, sin tener en cuenta que dichas excesivas facultades otorgadas por la expresada ley adicional al Poder ejecutivo, aun usadas con relativa moderación -han ocasionado injustificadas posteriores- palabras del Real decreto de 22 de Diciembre de 1902 «y han acostumbrado á los funcionarios á esperar del favor adelantos en la carrera», etc.

Dejando aparte por ahora para ocuparnos de ello en artículos sucesivos, cuanto se refiere á los ascensos en la carrera, que por las razones expuestas tampoco debe dejarse al libre arbitrio ministerial, hemos de manifestar con respecto á la manera de ingresar en la