El Foro español (Madrid. 1898) (1909-04-30 00:00:00), página 5

De Juez á Magistrado

(MONÓLOGO DE UN MAGISTRADO NOVEL).

(Continuación).

IV.

La variedad de los asuntos sometidos al juicio del Magistrado, en cada uno de esos momentos del proceso, originará muchas dudas que le obligarán á suspender el ánimo entre dos ó más afirmaciones opuestas, durante cuyo lapso de tiempo, así como un compás de espera en tan necesaria y útil operación se estimulará á salir de dudas y mostrará grandes deseos de formar exacto conocimiento de los hechos y del criterio legal que les corresponde.

Practicadas las diligencias que el Juez estimó necesarias para llenar los fines que al sumario asigna el art. 299 de la ley de Enjuiciamiento Criminal, remitirá lo actuado al Tribunal competente en la forma y con los requisitos que exigen los artículos 632 y siguientes. Terminó aquí la jurisdicción de aquél y ésta pasa en toda su integridad al Superior. Por cierto que acaso en alguna ocasión se ha solicitado reforma de ese auto de terminación de sumario y apelación subsidiaria, y aun sería más de notar la incorrección en el supuesto de haber dado curso á tales pretensiones.

El auto de terminación de sumario ha de ser confirmado ó revocado necesariamente. Cuando al querellante particular se denieguen diligencias pedidas en el momento de instruirse no incurre la sala en quebrantamiento de forma, porque no teniendo aquellas otro carácter que el de instructivas, sólo adquieren el de pruebas cuando se solicitan abierto el juicio oral (Sentencias de 28 de Abril y 16 de Enero de 1901). En el caso de que ninguna de las partes haya pedido la práctica de diligencias, parece para algunos que el Tribunal no puede acordarlas de oficio. Pero en el caso de acordirlas, contra su decisión no cabe recurso alguno. Y en el supuesto de que el fiscal, único acusador, haya solicitado la confirmación del auto, estima la fiscalía del Supremo que es imperativo acordarlo así, y cuando haya interesado la práctica de nuevas actuaciones el Tribunal está en el deber de acordarlas, sin duda todo ello obedeciendo á los principios en que se informa el procedimiento acusatorio que inspira la ley de enjuiciar. En algunas ocasiones esta doctrina no ha sido aceptada y, puestos en pugna los atributos del ministerio público con los de la sala, se han arreglado las cosas según los respectivos humores de los contendientes. El fiscal, obedeciendo órdenes superiores, puede creer que el Tribunal fue oficioso en ordenar nuevas actuaciones ó estimar ineficaces las pedidas, y éste pudiera continuar importándole un bledo la opinión del ministerio público. La verdad es que al remate de la obra, la sala se saldrá con su empeño y sólo aquél podrá permitirse una protesta siempre que la resolución no se atemperé á aquella doctrina.

El asunto merece gran atención. De un lado está el fiscal que es la función de gran esencia en el procedimiento y tiene atribuciones incluso para retirar una acusación, que presta su conformidad con el sumario, creyendo que le facilita medios para solicitar lo procedente en la vista, ó cree que faltan elementos de convicción para formar exacto juicio respecto de la naturaleza de los hechos y presunto culpable. De otro lado el Ponente, á quien se ha pasado el proceso, no para que se lo lleven á su casa y lo devuelvan íntacto; informa á sus compañeros lo contrario que el fiscal pide. ¿Qué hacer en tal conflicto? Si solicita nuevas actuaciones sería incorrecto negarlas á quien las necesita más amplias para facilitar el exacto cumplimiento de su misión elevada. Si se conforma con las del sumario, parece á primera vista que lo contrario es ser más papistas que el Papa. Pero si por una probable equivocación quedara la justicia un tanto desencuada, en el fin que todos nos proponemos impulsado el criterio, la ley más abstracta, la sustantiva, que es lo principal, tal vez no se enojara si no sujetáramos nuestro criterio á la letra de la llamada adjetiva, tanto más cuanto que el artículo 630 de ésta dice que el Tribunal «dictará auto confirmando ó revocando el del Juez de Instrucción». ¿Debe en todo caso someterse el Tribunal al dictamen fiscal? No hemos llegado todavía á la aplicación más rigurosa del principio acusatorio, qué aconseja se pongan el Juez y el Fiscal en comunicación directa para que éste, con el acta escrita que aquél le envíe sin intermediario, pueda ejercitar en nombre de la Sociedad ofendida las acciones que estime procedentes ante el Tribunal, en forma así como una demanda, quedando éste con los brazos cruzados entretanto que de tal manera se excite su actividad.

La ridiculizada costumbre de al y con, que convivaba á los Tribunales á una muy agradable holganza en el discurrir, está muy desacreditada, por que todos los funcionarios desde su puesto están llamados á meditar, y sin desconocer las elevadas funciones del fiscal ni mucho menos tratar de limitarlas, ni tampoco poner en duda el tino y cuidado en cumplirlas, muy bien pudiera ocurrir que en algún momento se distrajera y como Homero se entregara á Morfeo de cuando en cuando, en cuyo caso no vería con disgusto en la ley cierta actividad del Tribunal, que como encaminada á esclarecer algún punto muy importante del proceso, en circunstancias muy especiales y con toda moderación, habría de proporcionar utilidad para el esclarecimiento de la verdad, sin que los respetos debidos al fiscal sufrieran el más pequeño quebranto. Sobre todo la ley procesal no prohibe esa revocación, ni cabe recurso alguno contra la resolución en que se acuerden diligencias de oficio, según así autorizan á afirmar las primeras frases de los artículos 631 y 632 «si se revoca dicho auto...» y «si fuere confirmado el auto...» se practicaran las actuaciones que expresan de un modo imperativo, puesto que no admiten protesta tales acuerdos.

Tal silencio no es ni ha podido ser una distracción de la ley, sino meditado, como lo prueba el caso de discordia entre el fiscal y el Tribunal respecto del so-