El Foro español (Madrid. 1898) (1908-07-20 00:00:00), página 3

con la creación de una nueva que designa con la calificación de principios generales de derecho, pues nunca se ha reducido en lo más mínimo la importancia de aquélla en el desenvolvimiento de Derecho civil patrio, tanto en su aspecto general como en el foral.

Estas transformaciones, que no pudieron realizarse al redactar el vigente Código civil, debido á la severidad con que fué presentada la ley de base, pues según la primera, la ley civil había de tomar por fundamento el proyecto de 1851, en cuanto se contenía en éste el sentido y capital pensamiento de las legislaciones civiles del Derecho histórico patrio, debiendo formularse sin otro alcance y propósitos que el de regularizar, aclarar y armonizar los preceptos de nuestras leyes, recoger las enseñanzas de la doctrina en la solución de las dudas suscitadas por la práctica y atender algunas necesidades nuevas, por lo que no es digno de las tremendas censuras con que fué acogido, dada la limitación y estrecho campo que se dejó libre á sus redactores; aquellas transformaciones, repetimos, las requieren la actualidad jurídica moderna; el transcurso de veinte años, durante los cuales la evolución científica ha hecho anticuadas muchas instituciones civiles, al propio tiempo que creó otras nuevas; la necesidad de aproximarse á instituciones forales de utilidad general en pro de la unidad del Derecho civil, y la precisión de colocar el Código doctrinalmente al lado de los principales de los países europeos.

Es de importancia transcendentalísima, por consecuencia, comenzar la revisión del Código civil, modificando, agregando, ampliando y alterando todo lo que mereza serlo. La Sección de Derecho civil de la Comisión de Códigos á quien compete tal trabajo, debe hacerlo por su propia iniciativa; en caso contrario, el Gobierno está obligado á acudir á tal necesidad, pues darse el caso original y censurable de que algunos de los proyectos de apéndices forales, verdaderos Códigos civiles regionales, una vez aprobados, si se llegase á tal conclusión, tras de la que se anda en la actualidad, fueran más científicos, sistemáticos y fundamentales que la ley civil que rige en la mayoría de las provincias españolas.

LUIS MOUTON Y OCAMPO.

Administración de Justicia

Raro es el día en que mis ojos no se detienen en un artículo así epigrafiado, al repasar la prensa profesional ó la prensa que hablando en cursi pudiérase llamar empírica.

Se trazan caminos, se proponen reformas, se preparan emplastos y se colocan puntales, todo ello mentalmente, porque á los Gobiernos más que este serio problema les atrae disentir la tiranía de calceta crudo, la mucheta subversiva ó cualquier otra de las constituciones de la Solidaridad, por ejemplo.

Hay mucho que reformar, que destruir y que crear en nuestra administración de justicia; pero nada esperemos de los legisladores; el legislador en España no es jurista, ni sociólogo, ni aun hablista; es sencillamente hijo, yerno, cuñado, ó socio industrial de otro legislador y en estas condiciones, por grande y buena que sea su fe, no lo es en grado suficiente para infundirle competencia.

Esta reforma nos incumbe á nosotros, es decir, á los Magistrados, Fiscales, Jueces y Abogados, reunidos en Asamblea, depuradora de costumbres, restauradora de prestigios y realizadora de la adaptación á la vida que es indiscutiblemente lo primero que necesita la justicia española.

Nuestra justicia no es inmoral en la forma en que otras instituciones y ministerios suelen serlo; cualquier jefecele de administración muere rico después de haber vivido como un arzobispo, mientras que Magistrados de Territorial pisán con el contrafuerte y llevan flecos en el pantalón. Las inmorales de nuestra justicia salvo los casos del caciquismo rural suelen estar determinadas por la piedad subjetiva ó objetiva, y la piedad no puede ser inmoral.

En cambio nuestra justicia es cursi, ramplona, oficinseña, inadaptada y laberíntica, defectos que son muy graves, pero muy fáciles de corregir.

En lo criminal, el secreto del sumario, que impide á la defensa preparar su prueba, mientras pone al juez á las órdenes del fiscal, las cuatrocientas diligencias de trámite que para nada sirven, el risodón jurídico que bailan los jurados ante el misal abierto, el peligrosísimo resumen presidencial, la obligación absurda de transcribir en la sentencia documentos originales que están unidos á los autos, todo esto necesita una reforma inmediata y eficaz que dé á la justicia caracteres de obra realizada por hombres de ciencia y no del ritualismo medieval.

En lo civil la réplica y la dúplica, los escritos de conclusiones, la manera taumatúrgica de preparar la prueba, la vista de admisión separada de la de fondo en los recursos, son complicaciones que entorpecen la busca de la verdad que es la única misión común á las leyes substantiva y adjetiva.

Y en los dos órdenes es intolerable el que todavía se abuelvan posiciones, se dicten providencias y autos, se contraigan obligaciones apud acta y pronuncien los jueces sus disposiciones por ante el actuariato. Este argot profesional, además de ser absurdo, molesto y odioso para los espíritus juristas, ha causado en la práctica perjuicios enormes. Yo me acuso de no haber conocido á Juzgado municipal, en un asunto mío, porque me daba vergüenza, siendo Abogado, no saber cómo se traducía en castellano la frase absolver posiciones.

El Ilustre Colegio de Abogados de Madrid realizaría una labor muy meritoria y prestaria un gran servicio á la Justicia, confeccionando un Código de procedimientos, que de seguro habría de alcanzar la sanción de las Cortes; pero no es de esperar que así lo haga; tratándose de una institución parasitaria, de carácter más administrativo y burocrático que intelectual, que para colmo de males, de tiempo en tiempo se deja invadir por los patógenos de la política. Mil cosas hay que puede hacer con más facilidad que ésta y que la ataen más directamente y no las hace; por ejemplo: sustituir con otras nuevas las togas andrajosas que destina