El Foro español (Madrid. 1898) (1909-08-10 00:00:00), página 12

dispuesto en los arts. 1.689 y 1.690 de la ley de Enjuiciamiento civil, únicamente procede el recurso de casación contra sentencias definitivas y resoluciones que pongan término al juicio ó hagan imposible su continuación.

Y que la resolución que ordena sustancialmente que un litigante preste fianza para asegurar el pago de las costas que pudieran serle impuestas en un incidente de pobreza por el mismo promoviera, no tiene el carácter de definitiva para los efectos de la casación, porque ni pone término al juicio ni impide su continuación, afectando sólo una cuestión de orden procesal, que hace inadmisible el recurso, según doctrina repetida del Tribunal Supremo.

Declaración de herederos.—Sentencia definitiva.—Auto de 1.º de Mayo.—(Gaceta de 19 de Septiembre de 1908).—Resuelve que, según tiene declarado el Tribunal Supremo, las sentencias dictadas por las Audiencias denegando la declaración de herederos, conforme al art. 981 de la ley de Enjuiciamiento civil, no pueden merecer el concepto de definitivas para los efectos de la casación, no sólo porque, lejos de poner término al pleito haciendo imposible su continuación, exigen, por precepto expreso de dicho artículo, que se reserve su derecho al solicitante para que lo ejerza en juicio ordinario, sino más particularmente porque puede seguirse otro juicio sobre el mismo objeto. Y que el recurso interpuesto contra dichas sentencias es notoriamente inadmisible y debe rechazarse á tenor de lo dispuesto en los arts. 1.729, núm. 3.º, y 1.694, núm. 3.º de la citada ley de procedimientos.

Nulidad de legitimación y reclamación de bienes.—Adulterio.—Hijos naturales.—Legislación foral.—Sentencia de 4 de Mayo.—(Gaceta de 19 de Septiembre de 1908).—Consigna que ni moral ni legalmente cabe deducir la comisión de acto alguno de adulterio porque el nacimiento de un hijo haya tenido lugar dentro de los trescientos días á contar desde la fecha del fallecimiento del marido de la madre, siempre que este hecho, que sería trascendente suma si los padres hubiesen vivido reunidos ó en situación de haberse podido reunir en cualquier momento, resulte en absoluto desvirtuado por la circunstancia de haber estado el marido completamente separado de la mujer durante más de quince meses.

Que si en general ha podido variar la legislación desde el tiempo de los romanos en cuanto al concepto de hijos naturales, lo que en ninguna se encuentra es que pueda presumirse adulterio entre dos personas que se juntan, hallándose una y otra libres por la sola consideración de que la unión nace de un ser que, por las razones antedichas, no se atribuye ni puede ser atribuido al cónyuge prematuro, pues de otra suerte, se habría establecido un supuesto arbitrario contrario á la moral y á las condiciones mismas que informan el adulterio, lo mismo en el orden religioso que en el civil y el penal.

Que en casos como el expuesto, ocurrido en Tortosa, no se resuelven por las leyes de Partida, ni aun por las de Toro, que tampoco contradicen la doctrina anteriormente consignada; sino por la legislación foral vigente, especialmente en aquella población, y por el mismo Derecho canónico.

Que la Declaración: «Qui fili sunt legitimi» en su capítulo 6.º se refiere al caso de que un casado tenga relación y prole ilícita, constante el matrimonio, caso distinto del actual, aun rectamente entendido, que también sería aplicable á las relaciones de hombre soltero con mujer casada.

Y que aun reconociendo á un litigante el derecho que establece el art. 128 del Código civil, la cita de su infracción es ineficaz, para los efectos de la casación, cuando no afecta al fundamento del falló.

Tercería de dominio.—Sentencia definitiva.—Nulidad de actuaciones.—Auto de 4 de Mayo.—(Gaceta de 19 de Septiembre de 1908).—Consigna que según tiene reiteradamente declarado el Tribunal Supremo, las resoluciones que se dicten en incidentes movidos sobre nulidad de actuaciones, no merecen, para los efectos de la casación, el carácter de sentencias definitivas, porque no ponen término al pleito de donde dimanan, haciendo imposible la continuación.

Y que es notoriamente improcedente el recurso de casación que contra tales resoluciones se interponga, conforme á los arts. 1.690, núm. 1.º y 1.729, núm. 3.º de la ley de Enjuiciamiento civil.

Juicio ejecutivo.—Pruebas que proceden en el juicio ejecutivo.—Recibimiento á prueba.—Sentencia de 6 de Mayo.—(Gaceta de 1.º de Septiembre de 1908).—Resuelve que en los juicios ejecutivos no procede otra prueba que la referente á excepciones alegadas al formalizar el deudor su oposición á la ejecución.

Y que en los juicios expresados sólo cabe el recibimiento á prueba si el deudor citado de remate se opone á la ejecución conforme á los arts. 1.462 y 1.463 de la mencionada ley.

Competencia.—Pago de cautidad.—Sentencia de 8 de Mayo.—(Gaceta de 19 de Septiembre de 1908).—Consigna que, según doctrina establecida por el Supremo Tribunal, no puede sustraerse al demandado de su propio y natural fuero, que es el del lugar de su domicilio, porque se afirmé en la demanda la existencia de una obligación que, por supuesto pacto ó por ley, deba cumplirse en otro distinto, sino que es necesario que haya algún principio de prueba para presumir la existencia de la obligación negada por la parte demandada.

Recurso de casación por infracción de ley.—Accidente del trabajo.—Auto de 8 de Mayo.—(Gaceta de 19 de Septiembre de 1908).—Resuelve que el recurso de casación por infracción de ley no se concede en la de Enjuiciamiento civil, á la que se refiere la de Accidentes del trabajo al determinar el procedimiento y los recursos establecidos por aquélla, en los juicios declarativos cuya cuantía no exceda de 3.000 pesetas, señalada como límite á los juicios de menor cuantía, en los que no se da dicho recurso, según el art. 1.694 de dicha ley de Enjuiciamiento.

Y que en tales casos no procede la admisión del recurso y debe rechazarse en este trámite á tenor de lo dispuesto en el art. 1.729, núm. 3.º, y reiterada jurisprudencia del Supremo Tribunal, con tanta mayor razón en este caso, ya que la cantidad reclamada concretamente se refiere sólo á un año de jornal.

Pobreza.—Apreciación de la prueba.—Documento auténtico.—Auto de 8 de Mayo.—(Gaceta de 19 de Septiembre de 1908).—Resuelve que es inadmisible el recurso cuando ninguno de sus motivos carecen de eficacia para combatir una prueba debidamente apreciada, por no hallarse debidamente ajustados á las condiciones del núm. 7.º del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil.

Y que á las manifestaciones de los testigos, que puedan ser libremente apreciadas por el Tribunal sentenciador, no se les puede atribuir el carácter de actos ni de documento auténtico salvo que se derive error alguno de hecho ni de derecho.