El Foro español (Madrid. 1898) (1909-01-21 00:00:00), página 2

aprovecharlas en el predio en que nacen ó en otros indistintamente.

Para demostrar nuestro aserto es conveniente, ante todo, examinar las palabras que emplea el legislador para expresar los derechos que tiene á las aguas el dueño del predio de su nacimiento.

En el art. 408 del Código civil se dice: «Son de dominio privado:

1.º Las aguas continuas ó discontinuas que nazcan en predios de dominio privado, mientras discurran por ellos...

En el 415 se lee: «El dominio del dueño de un predio sobre las aguas que nazcan en él...»

Y el 15 de la ley del 79 dispone: «El dominio de las aguas minerales que corren por cauces públicos pertenece, como el de las aguas comunes, á los dueños de los terrenos en que nacen...»

De consiguiente, hay textos en el Código civil como en la ley de Aguas, que califican de dominio el derecho que tiene el dueño del predio á las aguas que nazcan en él; y esto nos lleva á definir el dominio ó propiedad, que es, conforme al art. 348 del referido Código: «El derecho de gozar y disponer de una cosa sin más limitaciones que las establecidas en las leyes.» De forma que el dueño del predio del nacimiento de unas aguas—como tiene el dominio—puede gozar y disponer de las mismas sin más limitaciones que aquellas que expresamente establezcan las leyes.

Ahora bien; para fijar, de un modo concreto y categórico, cuales sean esas limitaciones, no huelga insertar algunos párrafos de la exposición de motivos de la ley de Aguas de 1866, que dan idea de cómo el legislador considera esa propiedad especial.

«No deseanose la Comisión que á su sistema podrá objetarse que todo lo relativo al dominio del agua, al de los cauces y riberas, y aun á las servidumbres pertenece á la esfera del Derecho civil, en cuyo Código más bien que en esta ley debiera tener su opportuno lugar. Es, sin embargo, el agua de índole tan especial, y se diferencia de tal manera de las demás cosas sujetas al dominio del hombre, en el que no siempre es posible retenerla indefinidamente, que ha dado ocasión á empeñadas cuestiones sobre la naturaleza y límites de su dominio, las cuales no será dado evitar mientras no se establezcan reglas especiales, que, aunque acomoda das en lo posible á las generales del Derecho civil y tomándolo por base, lo modifiquen en aquello que la misma naturaleza del agua exija.

Y no es éste el único ejemplo de ramos del Derecho que aunque enlazados íntimamente con el civil y derivados de él, son en casi todas las naciones objeto de leyes ó Códigos especiales: los contratos mercantiles, aunque análogos á los comunes y ordinarios, tienen, sin embargo, circunstancias que de ellos los distinguen y exigen una legislación especial.

Mas no por esto se crea que la Comisión ha invadido el terreno del Derecho civil más allá que donde la índole de su objeto lo exigía.

Ha deslindado las aguas de dominio público de las de dominio privado, y ha fijado todas las que á este último pertenecen; pero desde este punto las ha abandono do al Derecho civil, único al que incumbe todo lo relativo á las transmisiones y modificaciones de ese dominio. Sólo se dan algunas reglas sobre la pérdida ó adquisición del de los sobrantes, por ser esta calificación peculiar y exclusiva de las aguas corrientes, y no aplicable según el Derecho civil á ninguna de las otras cosas sujetas al dominio del hombre... Si, pues, ha habido que llegar alguna vez á los confines del derecho común y aun traspasarlos algún tanto, ha sido lo absolutamente indispensable, sin que pueda decirse que so pretexto de formar una ley general de Aguas se han comprendido en ella disposiciones que sólo debieran tener cabida en el Código civil.

Fundamentos de sus disposiciones.

«Si el respeto á las costumbres antiguas y tradicionales en cuanto no estén en oposición con lo que exijan los adelantos y nuevas necesidades de la sociedad, es siempre prenda de acierto cuando se trata de codificar ó ordenar la legislación de un país y medio seguro de granjearle respeto y obediencia, quizá en ningún ramo es más conveniente y aun necesario que en el relativo á aguas, no sólo por los grandes intereses á que está enlazado cuanto á ellas se refiere, sino porque aquellos á quienes principalmente incumbe saber y respetar esta legislación, sobre todo en lo tocante á riegos, por lo mismo que viven esparcidos por los campos y en poco contacto con los grandes centros de población y cultura, suelen ser más apegados á aquellas leyes y costumbres que aprendieron tradicionalmente de sus mayores. La Comisión, pues, ha tomado como base de su trabajo la legislación actual, sin intro ducir en ella más variaciones que las absolutamente indispensables, limitándose á ampliarla y completarla en todo aquello que se echaba de menos ó que era suplido por costumbres locales...

Tal era en España el estado de la legislación sobre esta materia, cuando en el último tercio del siglo pasado comenzaron á estudiarirse y aplicarse en ella los buenos principios de Administración. Exigen éstos la intervención del poder público en el disfrute y aprovechamiento de aquellas cosas que, aunque son de uso común, no bastan para el consumo de todos.

La sociedad no puede abandonarlas al interés ó á la codicia individual sin ocasionar grandes perturbaciones en el orden público; y el fomento de la riqueza exige, por otra parte, que se dé la preferencia á aquellos aprovechamientos que más puedan contribuir á ella, distribuyendo esos bienes comunes con la misma economía y acierto con que un prudente padre de familia distribuye los suyos. Con estas razones sostienen los escritores consagrados al estudio de este ramo especial de la Administración la conveniencia de declarar del dominio público todas las corrientes de aguas como único medio de distribuirlas con acierto y de conciliar las necesidades de la navegación, de la agricultura y de la industria.

Por fortuna poco tiene que innovar ya la Comisión en este punto: tiempo hace que estos buenos princi-