El Foro español (Madrid. 1898) (1909-01-11 00:00:00), página 13

do en Ciencias naturales y el reglamento de consumos y la instrucción de cédulas. Nuestras leyes son demasiado amplias y originales; hay que reducir el círculo de ellas.

C) Incompatibilidad del ejercicio de la profesión con el desempeño de cualquier cargo retribuido del Estado, la Provincia ó el Municipio y de las entidades subrogadas en cualquiera de sus derechos peculiares.—Este es el punto sobre el cual la opinión se ha decidido de un modo del todo favorable. Tiene algunos precedentes legislativos españoles e infinitas concordancias con el derecho extranjero. ¿No es preciso evitar que la malicia, tan avisada y tan sutil, pueda encontrar alguna sombra asíz obscurecedora en la intervención de un Abogado del Estado en litigios, causas ó particiones, si el mismo quizá ha de liquidar el impuesto de transmisión de bienes, ha de asesorar ó ha de representar á la Hacienda en cuestiones y negocios en que se halle interesado su cliente? Además, al estar equiparados, como lo están, en varios respectos al Ministerio fiscal, ¿no es razonable extender á ellos la prohibición que nos ocupa, que ya reza para los Fiscales? Quien disfruta de lo favorable, debe soportar lo adverso. Motivos de alguna analogía existen respecto de los Registradores de la propiedad, casi árbitros en las inscripciones, y liquidadores del impuesto en los partidos judiciales.

Respecto á los Notarios, la cuestión es todavía más delicada. Es su misión, según la legislación española, tan grave y tan transcendental, y se ha hecho de su ejercicio un coto tan cerrado, que no debe ni puede permitirsele la simultaneidad. Tienen bastante con su misión netamente propia y á ratos le sobra, como lo demuestra las páginas crueldas que trazó un tiempo la pluma diamantina del maravilloso solitario de Graus. Téngase en cuenta que el que ha de autorizar un testamento, alrededor del cual la codicia teje muchas veces sus telas negras, ó levantar un acta electoral, en momentos de fragorosa pasión, ante el que muere, tal vez con extinción lentísima, necesita estar fuera de toda sospecha de parcialidad. Debe, por otro lado, observarse que los rendimientos de todas estas profesiones son decorosos, muchas veces espléndidos. Registros de más de treinta mil pesetas anuales. Notarías de más de veinte mil. Es preciso partir el pan: el condor no debe vivir en las llanuras.

En cuanto á las demás profesiones, existen razones muy afines, que abonan mi tesis. El Proyecto de ley orgánica del Sr. Montero Ríos, que—dicho sea de pasada—contenía más enjundia de lo que parece, declaraba la incompatibilidad. El art. 8.º de la Ley de Justicia municipal de 5 de Agosto de 1907, inspirándose en tal criterio, prohibe á los Jueces municipales el ejercicio de la Abogacía. Las legislaciones de otros países establecen, por regla general, la limitación que se echa de menos en la nuestra, y en especial la de Italia, que la extiende hasta los Secretarios de las Cámaras de Comercio.

D) Reforma de las disposiciones fiscales referentes á la Abogacía.—El Reglamento de la contribución industrial de 28 de Mayo de 1896, completado por Real orden de 13 de Julio de 1906, castiga con excesiva dureza á nuestra profesión; hay que suavizarlo á toda costa, y mejor todavía, desintegrar de él á la Abogacía. Baste en prueba de ello fijarse en estos ejemplos: la patente de los médico-cirujanos, en población de 2.300 habitantes abajo, se fija en 70 pesetas, y la cuota de los Abogados, en población que no tenga Juzgado, que suelen ser pueblos de ese ó de menor vecindario, en 78 pesetas; el Médico ganará, seguramente,—teniendo en cuenta que servirá añejos—de 2.500 á 4.000 pesetas; el Abogado, y eso si le sopla la suerte de 500 á 1.000. La enormidad es flagrante. Ahora voy á la desigualdad de tributación entre las profesiones de orden judicial: Jueces municipales de Madrid—y valga de muestra—134 pesetas; un Abogado en la misma, 336; el Juez obtendrá unas 12.500 pesetas como minimum; el Abogado únicamente logrará, en muchos casos, positivos méritos para la bienaventuranza. Lo mejor sería virar en redondo y tributar exclusivamente por utilidades.

E) Admisión en los Registros de la propiedad de documentos redactados por Abogados, siempre que las partes se ratifiquen personalmente en el contenido de ellos. Esta sería una medida que produciría un potestoso mejoramiento en la situación legal de la propiedad española, constituyendo un aceptable término medio entre la teoría de los partidarios del simple papel privado, que extendido regularmente por manos imperitas, suele ser un arma deficiente para el posible combate judicial, y la de los fervientes defensores de la escritura notarial, cara y á veces imposible de lograr.

Respecto á las medidas diferidas, sólo indicaré, por su carácter remoto y dada la índole de esta Revista, rápida, quasi esquemáticamente, que tendrían por base el secionamiento del Bachillerato, reduciéndolo á sólo tres cursos, eliminando al efecto las llamadas Ciencias y algunas asignaturas de Letras (Latín, Historia de la Literatura, etc.), que no mantienen nexo estrecho con la profesión de Abogado. La edad de ingreso en las Universidades sería de diecisés á veinticinco años. El examen previo de Propedeutica, Derecho natural y Lenguas española y francesa. La carrera tendrá ocho cursos de año. Se harían desaparecer del cuadro actual de estudios el preparatorio entero y las asignaturas de Derecho canónico y natural (que pasaría al ingreso) y se aumentarían en cambio Derecho proletario, hipotecario, notarial y Sociología del Derecho. Las Facultades de Derecho con carácter oficial serían cinco, denominadas respectivamente: del Norte (Oviedo), Este (Valencia), Sur (Granada), Oeste (Santiago) y Centro (Madrid). Las demás conservarían el carácter de libres, si bien sujetas al mismo plan de estudios, salvo el último curso de especialización, de las oficiales. El ingreso en las Facultades oficiales sería limitado y variable, á compás de las circunstancias. En cada una de ellas se haría la preparación para funciones particulares, pero todos sus titulados se llamarían igualmente Doctores en Derecho; por ejemplo, en una Escrivanía, Secretarios y Jueces; en otra, Cónsules y diplomáticos; en la tercera, empleados de Gobernación y Hacienda; en la