El Foro español (Madrid. 1898) (1909-03-10 00:00:00), página 2

quererlo, traspasaríamos los límites que toda discusión científica debe toner.

A nuestras manos llegan protestas llenas de razón y de doctrina, que no podemos publicar sino á trueque de convertirnos en periódico de otra índole, pero esas protestas nos han de servir para animarnos al ver que no estamos solos, y que en la clase existen capacidades que si la ley no les vedase tener representación en el Parlamento, allí hubieran demostrado los resultados que en la práctica ha de dar la reforma de la Ley Hipotecaria.

Debemos ante todo sentar una afirmación: no discutimos la reforma, por lo que pudiera ser merma de los derechos arancelarios, al contrario si desaparecen por el pronto los juicios ejecutivos aumentarán los ordinarios, nacidos del procedimiento extrajudicial, pero los que siempre hemos defendido las reformas al revés de los Notarios, no por sus ventajas para el funcionario, sino por el bien del país, creemos que no resultará servido si la Comisión mixta aceptara lo que el Congreso votó en su sesión del día 3 de los corrientes.

Desde el primer instante que se presentó el proyecto de la reforma de la Ley Hipotecaria, fué condición estatuida de que la realización de la hipoteca se acodaría á las reglas que el proyecto contenía, sin que pudieran establecerse otras en contrario, las cuales serían nulas caso de pactarse.

Este criterio se siguió por el partido liberal, y por el conservador en los proyectos de López Puigcerver, Santos Guzmán y actual Ministro, El Senado, en las diferentes veces que discutió el proyecto estuvo conforme, no obstante la oposición de los Notarios representados, una de las veces por el Sr. Bugallal, que con gran habilidad sostenía el sofisma que lo que estaba establecido para la prenda no podía ser perjudicial para la hipoteca.

Es decir, que el caso no era nuevo; el Senado, en situaciones liberales y conservadoras lo hubo de examinar, y siempre acordó, como últimamente, que ninguno de los trámites establecidos para el ejercicio de la acción hipotecaria, pudiera ser alterado por convenio entre las partes.

La Comisión del Congreso, ya vieron nuestros lectores su dictamen inserto en el número pasado; sostiene que la acción hipotecaria podrá ejercitarse por el procedimiento extrajudicial que hubieran convenido los contratantes.

El Congreso, al ponerse á debate este artículo, que no tuvo discusión, admitió una enmienda del Sr. Portela que vino á poner algunas trabas á la libre estipulación de las partes, pero dejando el principio del procedimiento extrajudicial.

Ante esta verdadera oposición del Senado y el Congreso, ha de decidir la Comisión mixta, y á ella nos hemos hoy de dirigir para en la discusión que tendrá que haber, ya que en el Congreso la materia pasó sin examen, vea si dentro de nuestro derecho clásico y de las nuevas orientaciones cabe lo que el Congreso aprueba, ó si es menester volver por lo que el Senado, con mayor discusión, votó.

Lo primero que salta á la vista es la verdadera aniconomía, por no darle otro nombre, que aunque más vulgar sería más apropiado, que existe en la fase. «La acción hipotecaria podrá ejercitarse por el procedimiento extrajudicial que hubiesen convenido las partes mediante subasta pública ante Notario.»

Nosotros, ó no sabemos derecho ó el que nos enseñaron no lo era, pues siempre entendimos que la acción como la define Manresa, «es el medio que conceden las leyes para ejercitar en juicio el derecho que nos compete.» Si, pues, la palabra acción lleva implícita la necesidad para su ejercicio de un juicio, es evidente que no cabe el procedimiento extrajudicial, por eso los Notarios vinieron llamándolo venta extrajudicial de las fincas hipotecadas.

Mas á parte esta poca propiedad en el tecnicismo que los legisladores deben ser los primeros en emplear para no inducir á confusiones, tenemos un ataque á la Constitución de la Monarquía y una modificación sustancial de las leyes Notarial e Hipotecaria en lo que constituye su especialidad ó sea en el desarrollo del crédito territorial.

Dice la Constitución (art. 74), que la justicia se administra en nombre del rey, y que á los Tribunales y Juzgados pertenece exclusivamente la potestad de aplicar las leyes en los juicios civiles y criminales (art. 76).

Pues bien, con arreglo á lo aprobado por el Congreso, desde hoy los Notarios van á compartir con los Tribunales la potestad de aplicar las leyes cuando se trate de hacer efectiva la acción hipotecaria y cuenta que se trata de un contrato incumplido, en el cual al deudor se le obliga á vender la finca, y después á que otorgue la escritura, á que reciba el precio sobrante, á que dé posesión del inmueble vendido al comprador, en una palabra, á transferir al Notario la ris jurídica que hoy en nuestro país, y en todos los constitucionales la sociedad ha depositado única y exclusivamente en el poder ú orden judicial.

He aquí por qué encabezamos este artículo sin que nadie pueda desmentirnos que el Notario será el cuarto poder del Estado.

Pero un cuarto poder despótico y sin responsabilidad, es decir, verdaderamente anti-constitucional, apartándose de todo el progreso moderno de la interdependencia e intervención ó control en que se inspira todo el sistema político de la soberanía en los Estados constitucionales.

El poder ú orden judicial tiene una auto-intervención, cual es la responsabilidad civil y criminal (artículo 81 de la Constitución), tiene además varios grados que hace que los fallos puedan ser reformados y la autoridad misma del Juez ó Magistrado se halla intervenida en todo momento por la dación de fe del Escriturado ó por la certificación del Secretario.

El Notario, hoy según su ley orgánica, no es más que un testigo de mayor excepción, su misión hasta el presente, es la de dar fe conforme á las leyes de los contratos y demás actos extrajudiciales.

Si se mantiene el nuevo criterio del Congreso, le convertiremos en autoridad coparcipante de la soberanía nacional, pero sin control ni intervención de nin-