El Foro español (Madrid. 1898) (1909-06-10 00:00:00), página 12

la casación los artículos 578 núm. 2., 596 números 1.º y 7.º y 597 de la ley procesal, ni los 1.215, 1.216 y 1.218 del Código Civil.

*** Acción reivindicatoria — Nulidad de información posesoria e inscripciones.—Sentencia de 2 de Marzo (Gaceta de 2 de Septiembre de 1908).—Resuelve que dirigida la demanda formulada al objeto de que se declare la nulidad de una información posesoria de unas fincas, la de su inscripción y venta que de las mismas realizó á favor del demandado y para que éste las dejara á disposición del actor con los frutos percibidos desde la interposición de la demanda, es evidente el carácter reivindicatorio de la acción ejercitada, no siendo en este caso las nulidades pretendidas, sino una consecuencia del dominio alegado por la parte actora sobre tales fincas como único fundamento de aquéllas, sin que al estimarlo así el Tribunal sentenciador para apreciar las pruebas referentes á este fundamento haya cometido la infracción de la doctrina de la sentencia de 19 de Diciembre de 1864 de que «la acción reivindicatoria que compete al dueño de una cosa, es eficaz y directa contra cualquiera poseedor de la misma que sin título la detente, pero no lo es, ni puede establecerse con éxito, cuando el poseedor tiene un título más ó menos firme, sin que preceda el ejercicio de esa misma acción otra que conforme á derecho sea más adecuada para destruirlo»; porque sólo justificando el demandante tal dominio, es como podía haber prosperado su acción en los términos en que ha sido ejercitada.

Indemnización de daños y perjuicios.—Administración judicial.—Rendición de cuentas.—Prueba documental.—Sentencia de 4 de Marzo (Gaceta de 3 de Septiembre de 1908).—Consigna que la sentencia por la que se absuelve á un administrador judicial de indemnizar daños y perjuicios por no haber rendido oportunamente cuentas de su gestión, no infringe, entre otras disposiciones legales, los artículos 1.101-1.106 por una parte y por otra los 1.216 y 1.218, todos del Código Civil y 1.010-1.450 y siguientes 20 respectivamente de la ley procesal, se funda el fallo en no haberse probado que por el hecho de no haber rendido oportunamente dichas cuentas no se prueba que se hayan causado los daños y perjuicios que se reclaman, toda vez que la obligación de indemnizarlas en los contratantes que han faltado á lo convenido, ó incurran en dolo, negligencia ó morosidad en su cumplimiento, supone la existencia real y efectiva de estos daños y perjuicios. Y que en este caso y otros análogos, esos perjuicios no pueden consistir en una cantidad anual regulada por el líquido imponible de las fincas que fueron embargadas, mas el interés legal de estas sumas, si no se ha demostrado que por razón de esa administración haya percibido el administrador periódicamente iguales cantidades, que tenga la obligación de devolver, sin que á este efecto pueda invocarse el valor probatorio, como documentos públicos de las certificaciones de Ayuntamientos que sin desconocerse por el Tribunal sentenciador, sólo determinan el producto de las fincas para el proporcional repartimiento de los impuestos, sin que se demuestre por ellas la realidad de tales rendimientos.

Beneficio de pobreza.—Pobreza para litigar una mujer casada.—Sentencia de 5 de Marzo.—(Gaceta del 3 de Septiembre.)—Declara que no puede estimarse comprendida en ninguno de los casos del art. 15 de la ley de Enjuiciamiento civil, la mujer casada que no solamente no justifica que su marido esté en condiciones legales de disfrutar los beneficios de la defensa por pobre, sino que, por el contrario, confiesa que ella percibe, suministrada por aquél, una pensión en concepto de alimentos que exceda del doble jornal de un bracero en la localidad.

***

Personalidad.—Deshaucio.—Albaccea.—Recurso de casación.—Sentencia de 6 de Marzo.—(Gaceta del 3 de Septiembre de 1908).—Consigna que los albaecas testamentarios sin limitación de facultades, tienen perfecta y completa personalidad para promover el juicio de deshaucio, respecto á las fincas de la herencia, mientras están en el ejercicio de su cargo. Que la falta de personalidad de un Procurador para que pueda dar lugar el recurso de casación, por quebrantamiento de forma, se determina por la insuficiencia ó ilegalidad del poder para representar á la parte que le designó.

Que tratándose de un inquilino, á quien se cedió gratuitamente la habitación que ocupa como parte de retribución de un destino que desempeñaba con dicha condición, y la de percibir además como sueldo 1.500 pesetas anuales, debe lógicamente suponerse que el alquiler de aquella habitación no excedería de dicha suma, no procediendo, en su consecuencia en este caso, el recurso de casación en el fondo, según el número 2 del art. 1.694 de la ley de Enjuiciamiento Civil, cuya declaración, de conformidad con lo dispuesto en dicha ley y en la jurisprudencia concordante, debe hacerse el decidir el recurso en la forma.

***

Pobreza para litigar.—Sentencia de 6 de Marzo (Gacetas de 3 y 5 de Septiembre de 1908).—Que apreciándose por la Sala sentenciadora en uso de sus facultades discrecionales que la declaración de pobreza se solicita no para litigar derechos propios, sino de otra persona de quien se dice el demandante comprador ó adjudicatario, no cabe ya citar en casación como infringidos los artículos 15 y 17 de la ley procesal fundados en que el recurrente no tiene más medios de vida que un jornal eventual, porque esta circunstancia estaba ya subordinada á lo dispuesto en el art. 20 de aquélla ley y á la constante jurisprudencia del Tribunal Supremo, que en tales casos obliga también a meditar la pobreza del cedente.

Competencia.—Sentencia de 8 de Marzo (Gaceta del 5 de Septiembre de 1908).—Consigna que, según repetidamente tiene declarado este Tribunal Supremo, no basta la afirmación hecha por parte del actor en su demanda respecto á la existencia del contrato y al lugar de su cumplimiento para privar al demandado de su propio y natural fuero, sino que, por el contrario, es preciso que esa afirmación se funde en algún principio de prueba del que pueda razonablemente deducirse la verdad de lo alegado.

Que esta falta del principio de prueba escrita no puede subsanarse por la presentación de un acta notarial y aportada á los autos por el demandante después de plantead la inhibitoria, tanto por ser de fecha posterior á la demanda como por no merecer otro concepto que el de una prueba testifical practicada sin las garantías establecidas en la ley procesal es inadmisible en la sustanciación de las cuestiones de competencia según también tiene repetidamente declarado este Supremo Tribunal.

Y que, por ello, y tratándose como se trata en el presente caso del ejercicio de una acción personal, debe decidirse la competencia en favor del Juzgado donde el demandado tiene su domicilio, conforme con lo dispuesto en la regla 1.º del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil.

(Se continuará.)