El Foro español (Madrid. 1898) (1909-12-20 00:00:00), página 12

para hacer efectiva la obligación, según constante jurisprudencia del Tribunal Supremo.

Y que en su consecuencia de conformidad á lo prescrito en la regla 1.ª del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil, el Juez donde debe cumplirse la expresada obligación del pago, ó sea el requerido, es el competente para conocer de la acción personal ejercitada y que la parte, al promover este conflicto obró con temeridad y se ha hecho acreedora á la imposición de las costas.

Prueba.—Actuaciones judiciales.—Declaración de testigos.—Sentencia de 25 de Enero—(Gaceta de 9 de Octubre de 1909).—Establece que si bien entre los documentos públicos comprende el artículo 596 de la ley de Enjuiciamiento Civil en su número 7.º y último las actuaciones judiciales, y en su virtud los litigantes pueden solicitar que se traigan á los autos como medio de prueba las practicadas en otros pleitos; no basta, según ha pretendido el recurrente, y suplica se admita como procedente, designar estas actuaciones de un modo genérico refiriéndose á los hechos que intenta justificar, sino que es indispensable determinar las actuaciones con claridad para distinguirlas de las restantes del pleito, como se efectúa respecto de otros documentos que contienen en un protocolo, libro de actas ó registro, á no ser que la parte que proponga esta prueba se reserve el derecho de hacer la designación en el acto de practicarse la diligencia, derecho que no se reservó el recurrente, siendo además necesario que la prueba se proponga en una u otra de las formas indicadas, á fin de que los colistantes puedan oportuna y acertadamente solicitar las adiciones á que se refiere el número 3.º del artículo 597 de la citada Ley, para que en su consecuencia se concrete el mandamiento compulsorio que se libre y el testimonio que se expida á los documentos, ó parte de los mismos, previamente pedidos ó señalados por las partes, requisito común á toda clase de prueba.

Que respecto de la falta de declaración de uno de los testigos, motivo también del presente recurso, que aparte de que no solicitó el recurrente reposición de la providencia que le negaba la expedición del exhorto, que interesó con este objeto, al propio recurrente es imputable la causa de que la referida declaración no pudiera prestarse dentro del periodo de prueba, porque en vez de informarse previamente á la presentación de la lista de testigos, de la verdadera residencia de D. Vicente Castellanos, para pedir, desde luego, que se expidiera el exhorto, expresó, por el contrario, que habitaba en territorio del Juzgado que conocía del incidente, y cuando, por no haber comparecido, tuvo noticia de que vivía en territorio distinto, entonces no restaba término suficiente para dentro del mismo, librar el exhorto, citar el Juzgado requerido con la debida anticipación al testigo y recibirle la declaración.

Y por todo lo expuesto que la Sala sentenciadora no ha infringido las formas esenciales del juicio comprendidas en los núms. 3.º y 5.º del art. 1.698 de la ley de Enjuiciamiento civil.

Ejecución de sentencia.—Nulidad de actuaciones.—Resolución definitiva.—Auto de 25 de Enero.—(Gaceta de 9 de Octubre de 1909).—Resuelve que el fundamento de la acción ejercitada por el recurrente, al pretender en las diligencias de ejecución de la sentencia dictada en el juicio de mayor cuantía, promovido por la recurrida la nulidad de actuaciones y la de determinada resolución, patentiza sin duda alguna, que lo que el actor intentaba, no era precisamente obtener el cumplimiento de lo ejecutoriado, sino el de recabar la declaración de un derecho con razón ó sin ella, que únicamente en un juicio adecuado puede ser debatido y resuelto, y como quiera que la sentencia en que se desestima su pretensión y contra la que se recurre, no entra en la cuestión de fondo, y deja reservado al recurrente su derecho para el juicio correspondiente, es manifiesto, que tal resolución no tiene ni remotamente el carácter de definitiva para los efectos de la casación, ni por la antedicha razón en caja tampoco dentro de las condiciones del artículo 1.695, de la ley de Enjuiciamiento civil, mucho menos, cuando el mismo recurrente alega, que él no fué parte en el juicio en que se dictó la ejecutoria, á quien por lo mismo, no podía afectarle el más o menos estricto cumplimiento de lo en ella resuelto.

Contrato de transporte.—Indemnización de daños y perjuicios.—Avería.—Sentencia de 25 de Enero.—(Gaceta de 9 de Octubre de 1909).—Resuelve que fundada la demanda en la indemnización de daños y perjuicios causados por una Compañía ferroviaria por el retraso en la conducción de un transporte en gran velocidad y habiéndose estimado la Sala sentenciadora que no hubo tal retraso, á partir de esta apreciación de hecho no impugnada por medio alguno de los establecidos en el núm. 7.º del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil, cae por su base la pretendida indemnización de daños y perjuicios y el motivo de casación en ella fundado.

Y que, del propio modo, no impugnándose la apreciación hecha por la Sala sentenciadora acerca de la inexistencia de las averías imputables al porteador por los medios que autoriza el citado núm. 7.º del artículo 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil, carece igualmente de eficacia el motivo de casación fundado en la supuesta infracción del art. 124 del Reglamento para la ejecución de la ley de Policía de Ferrocarriles.

Recurso de casación por infracción de ley.—Depósito provisional.—Resolución definitiva.—Auto de 25 de Enero.—(Gaceta de 12 de Octubre de 1909).—Declara que la resolución dictada en expediente de depósito de mujer casada confirmando una providencia por la que el Juzgado acuerda la comparecencia de los cónyuges á juicio verbal para designación de nuevo depositario, por haber fallecido la persona que venía desempeñando dicho cargo, no tiene carácter definitivo para los efectos de la casación, siendo inadmisible el recurso que contra ella se interponga, conforme al número 3.º del artículo 1.729 de la ley de Enjuiciamiento civil.

Juicio ejecutivo.—Falta de personalidad del ejecutante.—Quebrantamiento de forma.—Sentencia de 25 de Enero.—(Gaceta de 12 de Octubre de 1909).—Resuelve que carece de eficacia en casación el motivo fundado en la supuesta falta de personalidad del ejecutante, cuando el recurrente se limita en primera instancia á reservar su derecho de impugnar dicha personalidad, lo cual no es lo mismo que protestar contra la admisión, y dicha personalidad resulta suficientemente acreditada por los documentos obrantes en autos y con ellos las circunstancias que el