El Foro español (Madrid. 1898) (1909-02-27 00:00:00), página 5

fesiones libres por las leyes económicas de la concurrencia, dichas leyes dejan de tener esta aplicación rigurosa por la índole especial del servicio público cuando de los empleados públicos de la Nación, en todas sus esferas se trata, y de aquí se deriva la necesidad de que sea la ley civil más que dichas leyes económicas quien la regule, atendiendo la naturaleza peculiar de cada función ya sea esta propia del Estado, de la Provincia ó del Municipio.

A pesar de lo dicho, aun podemos afirmar que tal regulación se sustrae aun más de las expresadas leyes económicas cuando el funcionario público en general se trata bajo el aspecto del ascenso en la carrera de cada uno, que en cuanto se refiere al ingreso en una carrera determinada, pues bajo este último concepto bien puede decirse que al elegir cada ciudadano guiado por su vocación una carrera oficial cualquiera, no hace otra cosa que someterse de una manera voluntaria á las leyes económicas de la libre competencia, acudiendo al certamen público, que no es en realidad más que el verdadero mercado, en concurrencia de sus semejantes los que reúnen las condiciones legales previamente señaladas por el Poder público, venciendo en esta noble lucha por el trabajo aquellos que mejores aptitudes revelan para el ejercicio de cada profesión. Pero ya hemos dicho que por lo que á los ascensos dentro de cada carrera se refiere, no puede ni debe tener lugar esta lucha económica, porque á ello se oponen los principios en que se informa la especial organización de cada una, la misma naturaleza del servicio público que atenta contra la libre actividad de desenvolvimiento convencional de cada funcionario, imponiéndole sagradas obligaciones de sumisión, subordinación y obediencia enteramente incompatibles con su personal criterio y conveniencia particular, y á las cuales debe sujetarse estrictamente mientras al servicio público quiera dedicar voluntariamente, claro está su actividad, que en algunas carreras como ocurre por ejemplo con la judicial tiene que posponer casi en absoluto el bienestar público y de aquél y de otras muchas consideraciones también de orden público, nace la precisión de que el Poder público atienda no sólo á sus naturales necesidades diarias ó de momento, sino que provea igualmente á asegurarle el porvenir, con arreglo á sus circunstancias sociales é importancia relativa de cada profesión y esto lo verifica cumplidamente por medio de los ascensos dentro de cada carrera, y también otorgándole derechos pasivos que se determinan con arreglo á su jerarquía é importancia de los servicios prestados al terminar su misión oficial.

Dicho está que toda esta especie de obvenciones deben ser reguladas ó aquilatadas, con arreglo á los más sanos principios de justicia y de equidad, y como obligaciones sagradas que son del patrimonio público para con sus servidores, en manera alguna deben ser otorgadas á los funcionarios públicos por los gobiernos de un modo puramente discrecional, único medio de evitar que se distribuyan caprichosamente, sino antes por el contrario, deben ser cuidadosa y eficazmente protegidas por las leyes en forma tan delicada que no quepa el menor abuso, y hasta de modo análogo ó parecido, como se regulan por la ley civil los derechos individuales sobre la propiedad privada ó al menos con la misma prolongidad como se determinan las responsabilidades de cada funcionario; pues aun cuando á primera vista no lo parezca, ambas materias guardan estrecha conexión, siendo de lamentar el atraso de nuestra legislación en general sobre punto tan importante, especialmente en cuanto se relaciona con la distribución entre los funcionarios públicos de los ascensos en cada una de sus respectivas carreras, pues debiendo ser casi uniformes las bases principales á que éstos debieran sujetarse en todos los órdenes de la Administración, por ser unos mismos los fundamentos racionales en que deseanse, y á que deben su origen y legitimidad vemos, por el contrario, gran diversidad en este orden entre todas las carreras oficiales, variedad que en pocos casos obedece á los principios en que deba informarse en cada caso cada carrera en especial, y que más bien se ajusta á circunstancias históricas de cada una, en lugar de responder, según debiera, sólo á motivos de estricta justicia y conveniencia pública, y así hay carreras, generalmente las mejor organizadas, en las que sólo se asciende por antigüedad, otras en las que se alterna la antigüedad con turnos de verdadera elección, otras sobretodo en el orden provincial y municipal, en las que no se asciende, y aun entre ellas las hay de las que las facultades de elección para el ascenso son casi libres, y otras, finalmente, también las mejor organizadas, en las que dichas facultades de elección se hallan más bien determinadas y más sujetas, por tanto, á principios de justicia.

Repetimos que en todos los ramos de la Administración hay mucho, que trabajar respecto al particular en el sentido de la justicia y rectitud, trabajo que es de capital importancia y de gran influencia en la moralidad pública y privada, y si bien es verdad que nos hemos separado algún tanto al tratar el asunto, del objeto primordial de que venimos ocupándonos en estos artículos, es por la relación que tiene lo dicho con los ascensos judiciales, pues no creemos que estos deban ser una excepción de todas las demás carreras en ningún sentido; pues, como todas, debe estar sujeta á tales principios de justicia.

L. P.

Fiscalías de partido

Si el Jefe de Estado, si la unidad del Poder se ha de hallar representada en todos los actos del Estado Nacional, y entre ellos los que se relacionan con el Poder Judicial, es indudable que la representación aludida no ha de ser ficticia ni de pura fórmula, sino una realidad adecuada á las circunstancias de materia, lugar y tiempo. ¿Y cuál es la entidad que personifica á la Soberanía, cerca del Poder Judicial? Ya sabemos todos que es la institución del Ministerio de la Ley, encarnado en el organismo Fiscal.