El Foro español (Madrid. 1898) (1908-03-10 00:00:00), página 8

del Procurador que fué del Colegio de esta Corte, don José Arana y González, á los efectos de las reclamaciones que pudieran entablarse contra la fianza presentada por él mismo, dentro del plazo de seis meses á contar desde el 29 de Febrero.

Escribanía amortizada

Una en Belorado.

Notarios fallecidos

Los de: Cuenca, D. Juan Bautista Cano; Burango, D. Frutos P. Epabira; Frómista, D. Eladio Crespo; y Villacarriedo, D. Dionisio Velez.

Jurisprudencia

El Tribunal Supremo acaba de dictar una importante sentencia por la doctrina que sienta acerca de la prescripción de la acción penal, por virtud de la que casa la que dictó la Audiencia de Sevilla, condenando á la pena de muerte á los procesados, á los cuales absuelve.

He aquí los considerandos de tan importante sentencia:

«Considerando que, con arreglo al art. 133 del Código penal, el término de la prescripción de la acción penal ó del delito, principia á correr desde el día en que éste se cometa, siendo conocido, ó, en otro caso, desde que se descubra y empiecen á instruirse diligencias judiciales para su averiguación y castigo, y se interrumpe (vocablo que no se usa en su sentido léxico, sino en el que le atribuye la doctrina de los tratadistas y la jurisprudencia de esta Sala, que vale tanto como suprimir, anular y dejar sin efecto el tiempo transcurrido anteriormente) desde que el procedimiento se dirija contra el culpable; reglas de derecho que no deben interponerse con criterio restrictivo, dada la naturaleza de esa institución que concuerda con los fines de la pena y con el resultado deprimente que la acción del tiempo ejerce en la conciencia social perturbada por el delito, como en todo lo que es humano, hasta llegar á borrarlo del recuerdo de los hombres, haciéndole perder toda actualidad para convertirse en hecho pasado, sometido cuando más á la crítica de la Historia;

«Considerando que en el caso actual, aunque se admitiera que el delito quedó oculto el día de su perpetración y los subsiguientes, durante los cuales se instruyeron diligencias, para averiguar el paradero del interesado, es indudable que hubo de conocerse, produciéndose al ser descubierto la consiguiente alarma en la opinión, cuando por exhortación de la Fiscalía de este Tribunal Supremo, se levantó la suspensión antes decretada, y en las nuevas diligencias sumariales se dirigió el procedimiento contra los tres procesados, como presuntos autores de la muerte de D. José Martínez de la Cámara, y partiendo de tal supuesto, es indudable también, que desde que se dictó el nuevo auto de sobreseimiento provisional, en 31 de Octubre de 1884, debe computarse el plazo de la prescripción;

«Considerando que este plazo continuó sin estorbo legal alguno, hasta el 14 de Abril de 1906, en que se abrió por última vez el proceso á que puso término la sentencia recurrida, transcurriendo entre ambas fechas con exceso el plazo de veinte años que para la extinción de la responsabilidad penal requiere el artículo 133 del Código, cuando se trata de delitos á que el mismo señala penas de muerte ó cadena perpetua, solas ó en conjunción con otra, porque ni las diligencias que se iniciaron en 18 de Junio de 1888 en virtud de denuncia de unos reclusos en el penal de Ocaña, tuvieron la eficacia de interrumpir aquel plazo, ya que en ellas no se dirigió el procedimiento contra los recurrentes, ni es admisible la teoría sustentada por la Sala sentenciadora de que el procesamiento decretado en 1888 subsistiera después del auto de 31 de Octubre del año siguiente, porque el sobreseimiento, lo mismo el libre que el que no lo es, pone término al procedimiento penal por lo que respecta á sus efectos en la persona del sumariado, pues por ministerio del mismo recobra éste su libertad, si estuviere preso; su libertad provisional si no lo estuviere, se convierte en definitiva, cesando la obligación de presentarse periódicamente ante el Juez instructor; se cancelan las fianzas y embargos, y, en sumo, su situación legal es idéntica á la de los demás ciudadanos; y siendo esto así, es inconscuso que desde el momento en que aquél proveído se pronuncia y adquiere la relativa firmeza que le es característica, el procesamiento queda ipso facto anulado, no sólo porque sería anómalo que subsistiera cuando las consecuencias del mismo desaparecen, sino también, lo que sería más grave, porque su permanencia indefinida pugnaría con los principios que informan la Ley de Enjuiciamiento criminal y con los que sirven de base ó fundamento á la prescripción misma, porque una vez procesado un individuo contra el cual ó en favor del cual no se hubiera dictado pronunciamiento definitivo, bastaría para impedir la prescripción cualquiera diligencia sumarial que se practicase antes del cumplimiento del plazo que le integra, y el sobreseimiento provisional sería para él equivalente á la absolución de la sentencia, abolida por la vigente ley de Enjuiciamiento;

«Considerando, por lo expuesto, que la Sala sentenciadora, al desestimar la excepción de prescripción propuesta como artículo de previo pronunciamiento, y reproducida después en el acto del juicio, ha incurrido en el error de derecho que le imputan los recurrentes e infringido, por su errónea interpretación, el artículo 133 del Código penal.»

BIBLIOGRAFÍA

La cuestión agraria de Irlanda y referencias á la de España

Es el autor D. Diego Pazos, conocido publicista y Registrador de la propiedad.

Dando preferencia en sus notables trabajos al estudio de la riqueza territorial hoy da á conocer la cuestión más trascendental y difícil que ha existido en este País.

Relacionándola con el vital problema agrario de España lo trata en su segunda parte, dando soluciones