El Foro español (Madrid. 1898) (1908-07-30 00:00:00), página 10

D. Joaquín Domenech, interpuso recurso de reposición contra ella por estimar que no viene obligado al reintegro, según lo dispuesto en las letras A y C de la regla 10 del art. 22 de la ley del Timbre vigente, artículo 2.º del Real decreto de 25 de Octubre de 1875 y artículos 376, 377, 1.818 y 2.182 de la ley de Enjuiciamiento civil; y oído el Abogado del Estado sobre estos extremos, el Juzgado mantuvo su providencia, desestimando la reposición por auto de 20 de Mayo siguiente:

Resultando que notificado este auto al Notario recurrente, no apeló de él, y habiendo quedado el expediente sin curso con este motivo, el Procurador don Carlos de Santiago Fernández, en nombre y representación de los compradores D. Eugenio y D. Jorge Leblanc y Marie, se personó en autos, presentando escrito y el poder que ostenta otorgado en 15 de Junio de 1905, ante D. Manuel Ávila Bernabéu, Vicecónsul de España en París, acompañando el papel de reintegro correspondiente al recurso interpuesto por dicho Notario Sr. Domenech, y expuso que se adhería al expresado recurso, y como coadyuvante, á nombre de sus representados, recurría también contra la referida nota del Registrador, solicitando se tramitase este nuevo recurso á la vez que el de dicho Notario Sr. Domenech y se declarase que la citada escritura de 26 de Julio de 1904 ha sido otorgada con arreglo á las formalidades y prescripciones legales, y, en su virtud, que se lleve á efecto su inscripción en los libros del Registro de la propiedad del Mediodía, fundándose para esto en consideraciones análogas á las expuestas por el Notario recurrente, y añadiendo que los fundamentos que han motivado la nota del Registrador pudiera afirmarse son debidos á la desconfianza que inspira todo aquello que no se halla revestido de las innumerables fórmulas y requisitos extrínsecos con que se adornan nuestros documentos públicos, previniendo en contra de la sencillez de los otorgados en el extranjero; que no de otra manera se explica que eche de menos el Registrador el acuerdo que legitime la disolución y liquidación de la Sociedad, el nombramiento de los que se dicen liquidadores y las facultades que éstos ostentan, cuando precisamente estos tres extremos están totalmente justificados en la escritura de compra-venta con la inserción en ella de los mencionados documentos que forman parte de la misma, y los cuales determinan las facultades del Comité de Administración de la Asamblea general de accionistas de la Sociedad, la disolución de ésta, las de la Comisión liquidadora, que asume todos los poderes, entre éstos, el de vender, y que ésto supuesto, los defectos observados por el Registrador como subsanables no pueden serlo, porque todos los actos realizados lo han sido con estricta sujeción á la legislación belga, y que la determinación en la escritura de venta de la porción de terreno que adquiere cada uno de los compradores está demostrada por los poderes de 28 de Mayo y 16 de Julio de 1904 y el 15 de Julio de 1905, donde expresamente se dice que los hermanos adquirentes compran por mitad pro indiviso los terrenos de la Sociedad en Atocha en precio de 30.000 francos cada mitad, ó sea 60.000 la totalidad.

Resultando que por el mismo Procurador, y con el fin de demostrar que los poderes presentados con este recurso han sido redactados, otorgados y autorizados conforme á las leyes fundamentales y de procedimiento en vigor del país de que proceden, y que, por tanto, son totalmente válidos y eficaces en España, presentó también dos certificados expedidos por juríconsultos belgas y franceses en que así lo manifestaban:

Resultando que el Registrador informó en el sentido de que debían desestimarse las pretensiones de los recurrentes y mantenerse la nota por él inserta al pie de la expresada escritura de venta, fundándose para ello en que su calificación recayó solamente sobre la escritura de venta presentada, no siendo objeto de ella los otros tres documentos presentados después y que se acompañan al recurso; que los defectos del poder de 2 de Julio de 1901, subsisten en vista de lo dispuesto por la Real orden del Ministerio de Estado de 13 de Abril de 1872, circulada por el de Gracia y Justicia en 1.º de Junio del mismo año; que los otros dos documentos son certificaciones expedidas por Abogados de Bruselas que, por más que sean peritos en la legislación del país en que los documentos se han otorgado, esta circunstancia no la abona ningún precepto legal, ni tampoco la jurisprudencia de esta Dirección general; que los Estatutos de la Compañía, que son la ley á que la misma ha de sujetar sus actos, no acreditan, como tampoco lo acreditan la parte dispositiva de la sentencia y el acta de la Asamblea de accionistas, la disolución y liquidación de la Sociedad; que el acta referente á los Estatutos es completamente indefinida; que al manifestar el Notario autorizante que la Asamblea general de accionistas de la Sociedad estaba legalmente constituida, hace una afirmación sin eficacia en este caso, puesto que, para que la tuviera, deberá resultar comprobada; que en ninguno de los poderes asegura el Notario el conocimiento y capacidad de los otorgantes, en oposición á lo que prescribe el art. 11 de la ley 25 Ventoso del año II sobre este extremo esencial; no siendo prueba inexcusable tampoco la de que el Notario conoce á los otorgantes para que no intervengan en la escritura testigos de conocimiento; que la falta consignada en su nota, respecto á los poderes de 16 de Julio y 28 de Mayo de 1904, se funda en el art. 9.º de la citada ley de 25 de Ventoso del año II, según el cual los actos se recibirán por dos Notarios ó por un Notario asistido de dos testigos; que no se expresa en la escritura de venta la participación que en las fincas adquiere cada uno de los compradores, y, por tanto, el defecto anotado subsiste, porque es cosa distinta el poder que en la escritura se inserta y el realizarle después, y como la escritura es el título que se inscribe, no puede expresarse en ésta suposiciones y deducciones que puedan inducir á error, según prescribe el art. 9.º de la ley Hipotecaria y la Resolución de esta Dirección general de 6 de Junio de 1894; que contra estos precedentes inútilmente se invocan preceptos de legislación francesa y artículos del Código civil, porque el artículo 393 sólo rige, según el 392, á falta de contratos, y aquí hay contrato escriturado, y por ello el caso actual ha de resolverse por los precep-