El Foro español (Madrid. 1898) (1908-03-10 00:00:00), página 4

gar; á partir de la Pascua de Resurrección del presente año 1908; y dados estos antecedentes, puede surgir la duda de si tal disposición canónica, reformadora de las solemnidades y requisitos del matrimonio, adquiere en España fuerza de Ley con sólo el Real Decreto de referencia; ó necesita la sanción de las Cámaras legislativas?

El artículo 75 del Código Civil, único que hace relación á la cuestión propuesta, ordena que los requisitos, forma y solemnidades para la celebración del matrimonio canónico, se regirán por las disposiciones de la Iglesia Católica y del Santo Concilio de Trento, admitidas como Leyes del Reino.

A tenor pues, de este taxativo precepto legal, y como disposición canónicamente adoptada por la Iglesia, debe acatarse para el matrimonio la reforma comprendida en la Bula indicada, pues el concepto de generalidad, que, en su redacción, abarca el repetido artículo setenta y cinco, comprende á cuantas emanen legítimamente de la Potestad eclesiástica; y limitándose, se vuelve á decirse, la duda propuesta á, si para adquirir ese vigor legal en España, precisa una Ley votada en Cortes, ó basta el Real Decreto que el pase otorgara...

Entendemos que ese carácter genérico de redacción del artículo 75 del Código, no sólo es en cuanto á no distinguir entre unas y otras disposiciones de la Iglesia Católica, sino también respecto á la frase Leyes del Reino, y por ende, parecemos ser suficiente para dar eficacia legal en España á la disposición canónica reformadora del matrimonio, el pase, que, á la precitada Bula; otorgara el Real Decreto, tantas veces citado; apoyándonos para opinar así, no sólo en estimar ser un requisito de forma, dados, el texto y repetida amplitud de conceptos del artículo 75, si que también en las disposiciones todas que regulan el matrimonio en España. Sabido es, que el Código reconoce (artículo 42), dos formas de matrimonio, el canónico para los católicos, y el civil; que se celebrará del modo que aquél determina; y como para la regulación del canónico, refiérese en un todo nuestra vigente Legislación Civil á la de la Iglesia Católica, clara y evidente es la conclusión de que celebrado entre españoles un matrimonio canónico después de la vigencia de la reforma por esa Bula introducida, y con arreglo á ella, sería perfectamente válido en nuestra Nación, si, por lo demás, se hubieran llenado los requisitos que ordena, para los efectos civiles correspondientes, el preciado Código, en el Capítulo 2.º Título 4.º de su libro primero.

Córdoba, á primero de Febrero de mil novecientos ocho.

Dr. José Muñoz Bocanegra.

Sr. D. José Muñoz Bocanegra.

Distinguido compañero: Acabo de leer su bien escrito artículo publicado en El Foro Español del 29 de Febrero último con el epígrafe -Un cuarto á espadas-, en el que, impugna usted la solicitud que promovimos algunos Jueces procedentes de las oposiciones de 1885 para que se nos computen en la carrera judicial los servicios que hemos prestado como Vicesecretarios de Audiencias de lo criminal. Soy, pues, uno de los interesados en el asunto á que usted se refiere, y por eso me considero con derecho para tercerar en el debate, sin perjuicio de que el articulista X y otros compañeros más autorizados que yo acudan á retorzar los razonamientos que voy á exponer en impugnación de los que usted aduce contra nuestra pretensión. Y voy á empezar planteando en sus propios términos la cuestión debatida, porque las cuestiones jurídicas, lo mismo que los problemas meteorológicos, no pueden resolverse bien si están mal planteados.

La ley Adicional á la orgánica del poder judicial creó por su art. 19 el cargo de Vicesecretario en cada una de las Audiencias de lo criminal, que por la misma ley se establecían, y esos cargos habían de proveerse por oposición, según el artículo 52 de aquella ley. ¿Hay algún funcionario en la carrera que haya obtenido el cargo de Vicesecretario por oposición directa? No, no hay ninguno, porque nunca se hicieron oposiciones á esas plazas. Los primeros Vicesecretarios, aparte de los Promotores que desempeñaron, por poco tiempo aquellos cargos, fueron nombrados libremente por el Gobierno, usando de la facultad que le daba la tercera de las disposiciones transitorias de la citada ley, hasta que por Real orden de 23 de Julio de 1884 se dispuso que los opositores examinados y aprobados que obtuvieran plaza en el Cuerpo de Aspirantes á la judicatura, fuesen preferidos como tales aspirantes, para las plazas de Vicesecretarios de Audiencias de lo criminal, sin perjuicio de su derecho á ser colocados en Juzgados de entrada en el turno que por riguroso orden numérico del Cuerpo les correspondiera. Esta es la disposición por virtud de la cual obtuvimos Vicesecretarias los Aspirantes de 1885. ¿Se nos privaba ó se nos limitaba por ella algún derecho de los que se derivan del desempeño del cargo? Absolutamente ninguno. ¿Marca alguna división esa Real orden, ó establece alguna diferencia entre los Vicesecretarios nombrados antes y los nombrados con arreglo á ella? Ninguna, absolutamente ninguna. Pues entonces ¿por qué razón no se nos han de abonar en la carrera esos servicios como se abonan á los que, los prestaron sin las condiciones de preferencia que en nosotros se reconocían?

Podría discutirse si con arreglo al artículo 8.º del Real decreto de 21 de Septiembre de 1889, que estableció el turno de antigüedad absoluta para los ascensos en algunas categorías, deberán ó no computarse en la carrera judicial los servicios de los Vicesecretarios que obtuvieran graciosamente sus cargos; pero desde el momento que á éstos se les computan esos servicios ¿puede en justicia negarse á los Aspirantes los mismos beneficios? Crea usted, compañero, que indigna el tener que discutir esto. Pero, hay más. Por Real orden de 25 de Agosto de 1887 se declaró que son computables en la carrera judicial los servicios de los oficiales de la Secretaría de Gobierno del Tribunal Supremo,