El Foro español (Madrid. 1898) (1909-05-10 00:00:00), página 3

por medio de nuestro arbitrio lo que es necesario racionalmente.

A la libertad individual sustituye, pues, la libertad social ó política, que según los tratadistas y filósofos del derecho, envuelve una negación; es decir, abstenerse en todo lo que perjudique al derecho ajeno y los intereses comunes. El no hacer encierra dos ideas principales: libertad y orden; pues la primera de estas dos ideas será dirigida y contenida por el bien social y entonces la facultad que recibe por excelencia el nombre de libertad es legitimada con el orden.

III

La libertad de contratación sufrió un golpe mortal con las leyes sociales que regulan las relaciones entre patronos y obreros, y recientemente con la ley de la usura que ha venido á reformar radicalmente la esencia de las obligaciones y contratos tal y como aparecía legislada en nuestro vigente Código civil. Muy lejos nos llevaría el estudio del problema usuariio, objeto de examen predilecto de tratadistas y legisladores que á todo trance han intentado poner remedio al abuso lucratorio del interés. El concilio de Viena declaró que incurría en pecado de herejía, el que negara á su vez que la usura no era pecado; el lateranense prohibió el lucro en el préstamo de cosa fungible, infructífera, sin trabajo, gasto ni peligro por parte del prestamista. Nuestras leyes, como el Fuero Juzgo, Fuero Real y Novísima recopilación, como otras leyes posteriores, señalaron la tasa del interés, fijando un tipo. Tampoco nos extenderemos en consignar elogios para un glorioso estadista que honra á España; el señor Azcárate, autor de la vigente ley de represión de la usura lo llena todo con su nombre, y sus obras gozan de renombre merecido en todos los países cultos.

Lo que nos interesa es poner de relieve cómo esta recientísima reforma en la legislación, restringe sistemáticamente la libertad contractual, y modifica radicalmente una de las causas que vician y anulan el consentimiento, el engaño doloroso que envuelve la usura; dos fases de renovación jurídica que poco á poco cambiarán el antiguo edificio de la codificación civil, merced á las nuevas tendencias sociales. Se modifican por completo los arts. 1.255, 1.275, 1.303 y 1.305 del Código civil vigente, armonizándolos con la doctrina que llama el señor Azcárate intervencionista, y que tiende á evitar el famoso desconcierto de que nos hablan los sociólogos entre el poder intelectual y la fuerza ética debilitada ó al menos inmoral en la progresión de las conquistas humanas.

José GONZÁLEZ LLANA.
Juez de 1.ª instancia e Instrucción de Muros.

CORRECCIONES A LOS ADJUNTOS DE LOS TRIBUNALES MUNICIPALES

En las actuaciones de queja por la negativa del Juzgado Municipal á expedir al apelante de una sentencia certificación del auto denegatorio es parte el Ministerio Fiscal, pero no en las de un recurso de queja por denegación de admisión de la apelación. Si el apelante trata el recurso de queja por denegación de admisión de la apelación, alegando por escrito las razones para que la apelación deba ser admitida; y el Juez de primera instancia tiene á la vista cuantos antecedentes precisa para resolver sobre los dos extremos tratados; son de aplicación en este caso no solamente la nueva ley de Justicia Municipal, si que también la ley de Enjuiciamiento Civil en sus artículos 437, 447 y 449 por razón de moralidad, en ahorro de tiempo y en economía de gastos y habida consideración á que no se trata de un tema de interpretación ó apreciación y si de una manifiesta infracción de los párrafos 1.º y 2.º del artículo 27 de la ley de 5 de Agosto de 1907; y por tanto no es exclusivamente necesario ni basta retrotraer las actuaciones al estado de expedición de la certificación, debiéndose retrotraer también ya al estado de interposición del recurso de apelación en virtud de lo previsto en mentado artículo 447, pero no á la Sentencia y diligencias que la determinan, como inoportunamente se pretende por algunos, pues lo inteso en tal caso respecto de tales diligencias y Sentencia, sólo cabe apreciarlo y decidirlo tramitando y resolviendo el recurso de apelación, pues ahora solamente se trata de recursos de queja que tienen su causa inicial en la denegación de admisión de la apelación y subsiguientemente en la negativa á expedir certificación del auto denegatorio y no antes.

La interpretación que algunos Tribunales Municipales dan al párrafo 2.º del artículo 27 de la ley de 5 de Agosto de 1907 desvirtúa, rectifica y anula el precepto del párrafo 1.º del mismo artículo; pues el legislador ha querido expresar en aludido párrafo 2.º, en perfecta correlación de ideas con el párrafo 1.º, que el Tribunal Municipal resuelva si el recurso de apelación ha sido interpuesto en tiempo y forma; esto es: si el apelante ha ejercitado oportunamente su derecho, con arreglo á lo estatuido en el párrafo 1.º; pues la admisión de la apelación, actuación de mero trámite, es una solemnidad extrínseca que no puede autorizar la revisión, confirmatoria ó rectificatoria, de la parte intrínseca de la Sentencia por el mismo Tribunal Municipal sentenciador; habida consideración á que la Sentencia no integra la apelación; cuyas actuaciones son independientes, aunque la Sentencia sea determinante de la apelación y ésta, subsiguientemente, determine la segunda instancia, únicos términos de relación de la Sentencia y el recurso de apelación.

La absurda interpretación dada por algunos Tribunales Municipales al párrafo 2.º del artículo 27 de la ley de Justicia Municipal constituiría á los Tribunales Municipales en Tribunales únicos, ratificando ellos mismos sus Sentencias, pues sería improbable el caso de que rectificaran; y, sino anulando, entorpeciendo, cuando menos, el recurso en grado de apelación para la segunda instancia, cuyos reguladores preceptos resultarían letra muerta en las leyes vigentes, que son la garantía de los derechos de todos.

Los preceptos legales referentes á la admisión de