El Foro español (Madrid. 1898) (1909-10-11 00:00:00), página 4

La justicia municipal en el derecho español

(Continuación.)

III

Los precedentes históricos de los juzgadores locales pueden verse en los patriarcas de las tribus primitivas, en los jueces de los judíos, en los joques de los árabes nómadas, en los pacios assertores de los romanos y del Fuero Juzgo, en los defensores civilis, en los jueces aventidores del período medievoal, en las Partidas, en los Alcaldes concejiladores de la Constitución de 1812, en los jueces de paz de mediados del mismo pasado siglo, etc.

El R. D. de 22 de Octubre de 1855 ordenó la institución de los Jueces de paz, cuyo cumplimiento quedó aplazado por la circular de 2 de Enero de 1856; pero al poco tiempo se verificó la designación de aludidos Jueces, los que, con tal nombre ó con los precedentes apuntados, han venido dominados por los parientes, concejiles ó caciques, ó por los Secretarios, ó por su misma ignorancia ó falta de práctica profesional. Y la honrada y honrosa independencia judicial requiere, además de moralidad, ciencia, además de neutralidad, aptitud, además de imparcialidad, competencia y además de vocación premio. Son los emblemas del escudo de la Diosa Themis y de su angel el sentido jurídico.

La institución de los Tribunales colegiados encargados de la Justicia municipal se organizó en Francia á fines del siglo XVIII solo para lo criminal, de modo parecido á nuestros actuales Tribunales municipales; pero al poco tiempo, se suprimieron los dos adjuntos, quedando el Juez cantonal. Los servios, desde últimos del siglo, tienen el Tribunal municipal presidido por el Alcalde, á quien acompañan dos adjuntos. Los alemanes desde la misma época, tienen organizado su Tribunal municipal, bajo la presidencia del Juez cantonal letrado, asistido de dos adjuntos llamados Escabinos, cuyo Tribunal entiende exclusivamente en los asuntos de carácter criminal, pues en los de carácter civil interviene solamente el Juez; los Escabinos no cobran honorarios, siendo motivo de excusa para renunciar el cargo poseer muy escasos elementos de vida. Los ingleses reúnen periódicamente el Tribunal de Comando constituido por un Jurado, bajo la presidencia del Juez de paz, para entender en los asuntos de carácter criminal. En los demás países se estudia la organización de los Tribunales colegiados no solo para la Justicia municipal, cuya instrucción es debatida por sus defensores é impugnadores.

Si no temiéramos dar demasiada extensión á este trabajo, nos detendríamos á estudiar la legislación de los países mencionados y de los restantes de Europa, así como de los pueblos Ibero-Americanos; singularmente, respecto al primer grado de la Organización Judicial en las diversas naciones. Pero este estudio, de legislación comparada, no le consideramos preciso, de momento, habida consideración al objeto de este trabajo. Pues tal estudio nos detendría demasiado inmediatamente. Pero no haremos punto en esta cuestión sin hacer especial mención entre otras, de la notable obra del insigne maestro D. Guinersindo de Azcárate «Ensayo de una Introducción al estudio de la legislación comparada» y del interesantísimo libro del ilustrado publicista D. Leopoldo González Revilla «La Justicia y el Foro en las legislaciones comparadas» curiosa recopilación de los principales preceptos que regulan las instituciones judiciales en 26 naciones.

Hubo una época bastante larga, en la que los encargados de administrar la justicia local eran elegidos por sus vecinos. Nos referimos á la época en que los Alcaldes tenían la atribución de administrar tal justicia y eran nombrados por elección del pueblo, ejerciendo el derecho comunal restado al de realengo y al de señorío.

Para la generalidad de las gentes, la justicia humana requiere, y precisa, de lo que pudiéramos llamar el culto externo, de solemnidades que inspiren respeto, y de condiciones de carácter y energía en los encargados de administrar la justicia, además de poseer estas cualidades que precedentemente hemos dejado anotadas; no ofreciendo garantías bastantes, y así se ha comprobado en el transcurso del tiempo, que se intenta administrar sin sujetarse á reglas fijas, sancionadas por el poder legislativo, y si únicamente, hablando de los opinables conceptos de los derechos, en relación, más ó menos íntima, con las costumbres, á veces contradictorias entre sí, y aún en oposición á los más aceptados principios de derecho, aplicando cada cual la norma jurídica que le inspira su capricho ó el concepto que tenga del deber y el derecho, cual los pretores romanos.

Aplicando los principios que informan la Constitución de 1812, el Poder judicial emana del derecho inmanente del Estado, á cuyo Poder judicial se atribuye facultad privativa para juzgar y ejecutar, con independencia y separación de toda otra entidad. Mentada Constitución difería á los Alcaldes el carácter de conciliadores, concesión que extendió á los Tenientes de Alcalde, considerando á unos y á otros como Jueces de paz, el Reglamento provisional para la administración de justicia, donde se les confería facultad para entender en los asuntos civiles hasta el valor de 50 pesetas y en los criminales por injurias vivianas, siendo en estos últimos su providencia impelable, cuyas facultades rectificadas se atribuyeron á los Jueces de paz por Real decreto de 22 de Octubre de 1855, concediéndoles las atribuciones que insinuaba la ley de Enjuiciamiento civil publicada en 13 de Mayo de 1855, habiendo de ser nombrados por los Presidentes de las Audiencias, durante sus funciones un bienio y siendo el cargo obligatorio; dictándose á tales efectos la Real orden de 12 de Noviembre del mismo año, que quedó en suspensión por otra de 2 de Enero de 1856 que devolvía á los Alcaldes la competencia en lo civil y lo criminal en virtud del carácter político que se había atribuido al cargo al hacerse las designaciones. En 1856 se aprobó un proyecto de Ley Orgánica, que no fué promulgada, por virtud de la que los Jueces de paz habían de ser nombrados por el sistema de elección confiriéndoles competencia de primer grado en lo civil y lo criminal. Por Real decreto de 28 de Noviembre de 1856 se reorganizaron los Juzgados de paz, atribu-