El Foro español (Madrid. 1898) (1909-04-10 00:00:00), página 11

derdante no se cuidó de nombrarle desde luego heredero de confianza ó fiduciario, aunque ésta fuera su intención, sin que, por lo tanto, pueda atribuirse á los actos que realizará el citado apoderado la significación de aceptar dicha herencia, mientras no ordenase el testamento de la testadora, nombrándose á sí mismo heredero, ni pudo consiguientemente transmitir á los suyos derecho alguno derivado de la expresada herencia, cualesquiera que fueran sobre esta base, y supuesta la legitimidad de aquellos actos, ora los ejecutase como albacea, ora obedeciendo en conciencia á la que conceptuase voluntad de la testadora, pues de otra suerte será dar, lo mismo al testamento por comisario que á la designación de heredero fiduciario, un alcance que las leyes que á ellos se refieren no consisten, suplindo deficiencias en que el testador hubiese incurrido para subsanarlas con supuestos más ó menos lógicos, pero siempre arbitrarios:

Y observándose esta doctrina no se infringen las Leyes 5.º título 13, Partida 7.ª, 3.ª título 19, Libro 10 de la Novísima Recopilación; 33 de Toro y 11, título 6.ª de la partida 6.ª

Recurso de casación.—Auto de 21 de Febrero (Gaceta del 31 de Agosto de 1903).—Declara que según el precepto del art. 1.690 de la ley de Enjuiciamiento civil, sólo tienen el concepto de definitivas las sentencias recaídas en un incidente particular cuando con ellas se pone término al pleito en que se origina, haciendo imposible su continuación, ó cuando sean de la clase á que el mismo artículo se refiere en sus distintos números, sin que respecto de las demás proceda el curso de casación, cualquiera que sea la importancia que pretenda atribuirse al incidente:

Y que la resolución relativa á la validez del nombramiento de determinados Síndicos, promovido en juicio universal de quiebra no reviste por su naturaleza, condiciones y transcendencia, el carácter de definitiva, según el criterio legal expresado, por lo que es manifiesto que progede la inadmisión del recurso, de conformidad además con lo resulta por la jurisprudencia en casos más ó menos análogos ó parecidos, y especialmente con el de la sentencia de 11 de Enero de 1897.

Tacha de testigos.—Apreciación de prueba.—Desahucio.—Sentencia de 22 de Febrero.—(Gaceta del 31 de Agosto de 1908).—Declara que según el artículo 1.579 de la ley de Enjuiciamiento civil, es obligatorio á las partes formular en el acto del juicio toda la prueba que les convenga utilizar, limitándose, cuando se funda el desahucio en la falta de pago, á la confesión judicial ó al reconocimiento del documento ó recibo que acredite haberse verificado dicho pago; y no ajustándose la propuesta á lo establecido en la expresada disposición, es manifiesto al negarla que no se infringe el núm. 5.º del artículo 1.693 de la ley procesal, cuando de todas suertes la denegada no afecta sustancialmente al fondo de la acción ejercitada:

Y que asimismo carece de eficacia, á los efectos del quebrantamiento de forma, la inadmisión del incidente sobre tachas de los testigos cuando se ha promovido fuera de término y en forma que no consiente la naturaleza y carácter sumarísimo del juicio de desahucio, Y porque de todos modos, tachados ó no los testigos, corresponde al juzgador apreciar la fuerza probatoria de las declaraciones, conforme á los artículos 639, 666 y demás concordantes de la ley procesal, no produciéndose, por tanto, la indefensión que dicha ley exige para que exista el quebrantamiento alegado.

(Se continuará)

Resolución de 1.º de Septiembre de 1908.

Dirección general de los Registros civil y de la propiedad y del Notariado.

Ilmo. Sr.: En el recurso gubernativo interpuesto por Don Juan Moles Ormella contra la negativa del Registrador de la propiedad del distrito del Norte de Barcelona á inscribir un mandamiento judicial, pendiente en este Centro por apelación del Registrador.

Resultando: que en virtud de demanda y dos escritos de ampliación, formulados por la sucursal del Banco de España en Barcelona contra varios demandados, entre ellos el recurrente D. Juan Moles, sobre bienes inmuebles inscritos á nombre de los mismos, se decretó por el Juzgado de primera instancia del distrito del Hospital de aquella ciudad la anotación preventiva, practicándose ésta en los Registros de la propiedad de Valls, Balaguer y distrito del Norte de Barcelona;

Resultando: que interpuesto recurso de reposición contra la providencia en que se acordó la anotación preventiva el mismo Juzgado la dejó sin efecto, declarando no haber lugar á la anotación, y disponiendo que, una vez que tal resolución fuera ejecutoria, se expedieran los oportunos mandamientos á los Registradores para que cancelaran la anotación tomada en virtud de la providencia recurrida:

Resultando: que la representación del Banco de España apeló del auto, siéndole admitida la apelación, en un solo efecto, sin que se le admitiera mejora de apelación, y dirigidos los mandamientos de cancelación á la Registradores, cancelaron las respectivas anotaciones los de Valls y Balaguer; pero el del Norte de Barcelona puso al pie del mandamiento la siguiente nota: «Suspendida la cancelación ordenada en el precedente documento por el defecto subsanable de no constar que contra el auto que la dispone no se halla pendiente recurso de casación»:

Resultando: que D. Juan Moles Ormella interpuso recurso gubernativo contra la nota de suspensión, pidiendo que se ordene la cancelación de las anotaciones preventivas tomadas sobre bienes del recurrente y demás colítigantes, fundándose en las razones siguientes: que el art. 68 de la Ley Hipotecaria dispone que las providencias decretando ó denegando la anotación preventiva en los casos 1.º, y 5.º y 6.º del artículo 42 serán apelables en un solo efecto, y como la cancelación de que se trata está comprendida en el núm. 1.º del citado artículo, no se suspenderá la ejecución de la sentencia, auto ó providencia apeladas cuando haya sido admitida la apelación en un solo efecto, según el art. 391 de la ley de Enjuiciamiento civil; que el documento en el que se ordena la cancelación suspendida por el Registrador es de la misma especie que el que sirvió para la anotación preventiva, á tenor del art. 85 de la Ley Hipotecaria; que interpretando como lo hace el Registrador el contenido de los párrafos 1.º y 2.º del art. 82 de la Ley Hipotecaria, desconoce la ejecutoriedad del auto judicial, y da al recurso de apelación admitido en un solo efecto el mismo