El Foro español (Madrid. 1898) (1909-02-10 00:00:00), página 11

cia, para mejor proveer del Juez Delegado del distrito, de la que resultan: que constan en el Registro, en primer término, las inscripciones 3.a y 2.a de las minas La Iberia y Patriarca San José, causadas por la escritura antes relacionada; y en segundo lugar, las 4.a y 3.a, respectivamente, por otra de 28 de Diciembre de 1873, otorgada por D. José Cadenas y otros, resultando de ella que éste aportó á la Sociedad que por ella se constituía los derechos y obligaciones que á su favor tuviera por la escritura de 7 de Mayo del mismo año; que la Sociedad se denominaría Santa Cristina, y tendría por objeto la explotación de las minas antes citadas, en las condiciones estipuladas por el Sr. Cadenas con la Sociedad propietaria, y por igual plazo de veinte años:

Resultando: que á continuación del documento á que el primer resultado se contrae, extendió el Registrador de Cuevas de Vera la siguiente nota: "Denegada la cancelación que se solicita por la presentación del documento que precede, por observarse los defectos siguientes: primero no acompañarse escritura ó documento auténtico en el que conste el consentimiento para la cancelación de los interesados en el contrato de arrendamiento á que dicho documento se refiere, ó ejecutoria en que se ordene dicha cancelación, el cual contrato ha podido ser tácitamente prorrogado con arreglo á la ley; segundo, porque dicho contrato fué transferido, según el Registro, á la Sociedad Santa Cristina, á cuyo favor resulta hoy inscrito, y en la hipótesis de que procediese la cancelación solicitada, habría que acompañar también la escritura por la que se transfirió dicho contrato; y tercero, porque, según el art. 245 de la Ley Hipotecaria, en todo asiento que se practique en el Registro hay que hacer constar el pago del impuesto de derechos reales ó su exención, y no constando este requisito en cuanto á la extinción del arrendamiento que ahora se pretende, no puede extenderse tampoco el silento que se solicita"; calificando de insubsanables los dos primeros defectos de dicha nota, que lleva fecha de 17 de Marzo de 1906:

Resultando: que por D. Rodrigo de Rodrigo, representado por D. Antonio Bachiller, en concepto de Presidente de la Sociedad minera La Iberia Industrial, se interpuso recurso gubernativo ante el Juzgado de Cuevas de Vera, solicitando se declarase improcedente la nota del Registrador y que se ordenase la cancelación de las inscripciones causadas por las escrituras de 7 de Mayo y 28 de Diciembre de 1878, manifestando: en cuanto al defecto primero, que llegado el día de la terminación del arrendamiento, quedó pendiente la inscripción del mismo del hecho de que la Sociedad propietaria de las minas solicitará su cancelación, de conformidad con el art. 72 del Reglamento Hipotecario. Real Decreto de 20 de Mayo de 1880 y Resoluciones de 30 de Noviembre de 1900 y 15 de Septiembre de 1906; respecto del segundo, que la inscripción á favor de la Sociedad Santa Cristina, estando basada en la hecha á nombre del Sr. Cadenas, tanto en cuanto á las condiciones como á la duración del contrato, debe desaparecer con ésta, pues extinguido por el lapso de tiempo el primer contrato, se extingue también el derecho de la Sociedad Santa Cristina; y, finalmente, respecto al último defecto, que no se trata de inscribir un acto ó contrato sujeto al impuesto, por lo que sería imposible, aunque se quisiera, cumplir el requisito exigido por el Registrador, porque presentado el documento en la oficina liquidadora, sería devuelto sin nota alguna, por no haber base de liquidación, quedando cumplido el art. 245 de la Ley Hipotecaria con expresar en la cancelación que á su debido tiempo se pagarán los derechos correspondientes á los contratos inscritos:

Resultando: que el Registrador informó insistiendo en su calificación, exponiendo: que no obstante la doctrina del art. 72 del Reglamento Hipotecario y el espíritu que informa al Real Decreto de 1880, es lo cierto que esta disposición no se refiere á la inscripción de arrendamientos que tácitamente pueda prorrogarse, y restringe además su interpretación su mismo preámbulo, estimando pertinente al presente caso la Resolución de 17 de Enero de 1877, que aunque anterior al Real Decreto citado, no está derogada por éste, ni en contradicción con él, teniendo en cuenta que aquél y el art. 72 referido se conocerían á créditos hipotecarios, mientras que el art. 82 de la Ley Hipotecaria es aplicable á las inscripciones en general, y sus preceptos han sido siempre interpretados restrictivamente por este Centro, según varias Resoluciones, entre ellas la de 7 de Diciembre de 1875 y 4 de Marzo de 1876, confirmadas por otras posteriores al Real Decreto citado, como la de 16 de Marzo de 1881, sin que las alegadas por el recurrente sean aplicables á casos como el presente, por las declaraciones que en los contratos á que se refiere se hacen por los mismos contratantes ó por la Ley respecto á su duración; que el segundo defecto de la nota existe, pues transmitido el arrendamiento á la Sociedad Santa Cristina, el consentimiento de ésta es el que se necesita, ó la ejecutoria recabada en diligencias seguidas contra ella; que transferido el contrato á la Sociedad, quedó, por la inscripción de la transferencia, cancelada la del arrendamiento del Sr. Cadenas, debiendo presentarse con los fines pretendidos ambas escrituras; la primera, por arrancar de ella los derechos de aquel contrato, y la segunda, por ser la Sociedad la propietaria del mismo; y que es procedente el defecto último lo prueba lo dispuesto en los artículos 245 de la Ley Hipotecaria y 15 de su Reglamento, 19 de la Ley del Impuesto de derechos reales y 145 de su Reglamento, que exigen que en cada asiento que se practique en el Registro se ha de hacer constar la nota de liquidación ó exención de los derechos reales, con referencia al acto ó contrato causa del asiento realizado, sin que el pago ó la nota de exención correspondiente á uno de aquellos pueda servir para la inscripción de otro distinto:

Resultando: que el Juez dictó auto, por el que, derogación de la nota recurrida y sin perjuicio, en el caso de existir prórroga del arrendamiento de la acción del arrendatario ó sus derechohabientes, para hacer valer el que les asistiere ante los tribunales en caso necesario, mandaba al Registrador que con la petición de la Sociedad propietaria de las minas y la