El Foro español (Madrid. 1898) (1908-12-30 00:00:00), página 3

prestado por tanto más servicios, tuviesen otro derecho, que el de contemplar tranquilamente y con la más respetuosa sumisión cómo se nutrían sus filas con personal extraño á la misma, pasando los últimos por encima de los primeros, retardando á la juventud estudiosa que forma el Cuerpo de Aspirantes su entrada y retrasando notablemente á todo el personal que presta sus servicios en la misma, en sus ascensos.

Afortunadamente son pocos los Secretarios ingresados en la carrera por las más altas categorías, debido sin duda á que les es más provechoso el secretariado ó sea también porque los Gobiernos tampoco han usado con toda la amplitud que les permite la ley el ejercicio de tan omnímodas facultades, pues de lo contrario se daría hoy el caso de que las categorías superiores de la carrera se hallarían ocupadas por ellos resultando el contrasentido moral y jurídico de que las funciones siempre más principales y elevadas de juzgar estarían postergadas por las más secundarias de los auxiliares, subvirtiéndose con ello todo orden racional. Y esto sería así porque ya sabemos que aun hoy, después de hallarse seis años rigiendo el R. D. de 22 de Diciembre de 1902, para llegar á las categorías de Juez de término, Magistrado de Audiencia de Provincial y Magistrado de Territorial, cualquier funcionario de la carrera que la haya de seguir paso á paso necesita llevar prestando en ella de 12 á 20, de 20 á 25 y de 25 á 30 años, respectivamente, mientras que con arreglo á la referida ley adicional un Secretario de Audiencia Provincial puede ser Juez de término á los seis años, un Secretario de Audiencia Territorial, Magistrado de Provincial á los ocho años y un Secretario de la Audiencia de Madrid, Magistrado de Territorial á los 12 años, según dejamos expuesto.

También debemos añadir para concluir nuestra crítica sobre el cuarto turno que la ley adicional concede al Gobierno la facultad de nombrar para la categoría de Jueces de término á Abogados que hayan ejercido su profesión durante ocho años, habiendo desempeñado durante dos los cargos de Juez ó Fiscal municipal en capitales de Provincia ó de sustitutos del Ministerio Fiscal en las Audiencias, condiciones asimismo muy inferiores á las que suponen el tiempo de ejercicio efectivo en la carrera judicial que se necesitan para adquirir la expresada categoría.

Por todo lo expuesto no es de extrañar que se haya llegado al extremo de que por toda profesión en que se tenga el título de Abogado, se solicite su incorporación á la carrera judicial y no por las más modestas categorías y así tenemos que actualmente existe en el Congreso una proposición de ley por la que se conceden nada menos que categorías de Jueces de entrada, ascenso, término y hasta de Magistrados de Territorial para entrar en la Magistratura á los Escribanos que lo sean por oposición y ostenten el título de Letrado, á los cuatro años de ejercicio en su carrera. Es decir que siguiendo la pauta trazada por la ley adicional y admitiendo como no pueden menos de admitirse sus lógicas consecuencias ya que en realidad las funciones de los Secretarios judiciales en los Juzgados son las más similares y las que realmente mejor preparan para el ejercicio del cargo de Juez, nos encontraremos algún día con que para ingresar y ascender en la carrera judicial serán preferentes toda clase de servicios menos los efectivos y propios de los Jueces y Magistrados.

L. P.

El ofrecimiento de acciones

En los juicios de faltas.

En cuanto sea compatible con el carácter sumario del juicio de faltas debe aplicarse sustancialmente lo fundamental del derecho de enjuiciar; y esencial es hacer saber al perjudicado el derecho que le asiste para que pueda intervenir, si quiere, en el trámite del juicio; pues nadie con más derecho que el propio perjudicado, para intervenir directamente en la defensa de sus intereses personales y derechos individuales, sin perjuicio de los sociales representados por el Ministerio Fiscal; procediendo, por tanto, cumplirse, más ó menos abreviadamente, los requisitos ó preceptos de carácter general; y, á mayor abundamiento, los que tienden á la mejor efectividad y restauración del derecho concedido, reparación de daños e indemnización de perjuicios; procurándose adaptar, sumariamente, al juicio verbal los preceptos de orden general, determinados por el principio acusatorio, que informa nuestro derecho procesal vigente.

La persona perjudicada por una falta; y por el mero hecho de ofrecerla el procedimiento, no es considerada como parte en el juicio, si no comparece en el mostrándose tal con arreglo á derecho, no sólo como denunciante, si que como querellante ó acusador.

Y en todo caso, no obsta que el perjudicado no se muestre parte, se querelle ó acuse, para que en el informe del Fiscal, si es de oficio, y en la Sentencia se tengan en cuenta los daños y perjuicios ocasionados; á cuyos efectos puede el perjudicado tener justificado interés en ejercitar el derecho de intervenir en la práctica de las pruebas, y especialmente en la pericial, tan importante, como transcendente, para garantizar la efectividad de los derechos del perjudicado por la falta perseguida de oficio.

Dada la brevedad con que deben tramitarse los juicios de faltas, pudiera darse el caso de que el perjudicado en las faltas, por ejemplo, contra la propiedad, no conociera, dentro del trámite del sumarísimo juicio verbal, la comisión de la falta, si no se le hacía saber, oportunamente, privándosele, injustamente, en caso tal, del ejercicio del sacratísimo derecho de mostrarse parte, como querellante ó acusador, sin poder formular recusaciones y proponer cuestiones de competencia, derechos todos indisuttables y de positiva trascendencia para el interesado; y cuya mera enunciación bastaría á proclamar innegable el derecho del perjudicado á que se le notifique la convocatoria al juicio; habiendo de celebrarse éste aunque el perjudicado notificado no comparezca; en cuyo caso no tendrá más derecho que á la restitución, la reparación