El Foro español (Madrid. 1898) (1908-04-20 00:00:00), página 9

Personal de Notarios.

Ha sido Jubilado el Notario de Gandía, D. José M. García.

Han sido nombrados Notarios: de Jaén, don Santiago de la Nogal; de Orense, D. Alfonso Rodríguez Rey; de Adra, D. Fernando López Obregón; de Burgo de Osma D. Lorenzo Agreda; de Monterfío, D. Gonzalo Serrano de Reus D. Jose Loperena, y D. Joaquín Matas; de Falset, D. Eduardo de Traver; de La Almunia de Doña Godina, D. Ricardo Lozano; de Callosa de Ensarría, D. Enrique Villalobos; de Salas, D. Enrique Rodríguez Sampedro; de Almería, D. Manuel del Cardo; de Cuenca D. Francisco Conde; de Baeza, D. Pedro Gutiérrez Peña; de Astorga, D. Secundino Izarra; de Guernica; don José de Mendiceta; de Aranjuez, D. Braulio Raboso, de Tineo, D. Pablo Camero, y de Alcira, D. Prudencio García.

Escribanía vacante.

Una en el Juzgado de Las Palmas, por defunción de D. Mariano Romero, que debe proveerse por traslación como comprendida en el tercero de los turnos señalados en el artículo 11 del Real decreto de 5 de Febrero de 1.903 y solicitarse dentro del plazo de 30 días, á contar desde el 11 de Abril.

Al Colegio de Abogados

Dice «La Ley»:

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de Justicia, desde hace poco tiempo, cuando impone las costas á la parte demandante que ha sido representada por el letrado, exige de éste y no de aquélla, por la vía del apremio, en caso necesario, el pago de las mismas.

La ley de lo Contencioso-administrativo, reformada en 22 de Junio de 1894 en su art. 32, no impone al letrado obligación de ninguna especie, y en cambio en su artículo siguiente, ó sea el 33, dice que «cuando las partes se valgan de procurador, tendrá este las obligaciones y derechos que establece la ley de enjuiciamiento civil».

En su art. 83, al hablar de la condena de costas, dice en su último párrafo que «para la exacción de costas impuestas á particulares ó corporaciones, procederá el apremio administrativo en caso de resistencia».

Según se ve, la ley establece clara, precisa y deliberadamente cómo han de hacerse efectivas las costas cuando las partes se valgan de procurador (con arreglo á lo dispuesto en la ley de enjuiciamiento civil); y cómo cuando haya condena sin mediar procurador, concediendo para este caso el apremio administrativo, no contra el letrado, sino contra los particulares ó corporaciones ó quienes se impongan.

Fuera de estos terminantes preceptos, ningún otro hay en la ley referente á la exacción de costas, ni que por tanto, autorice para realizar del letrado, por la vía de apremio judicial ni administrativo, las costas impuestas á la parte que haya representado.

Pues bien, la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo de Justicia, fundándose, no en precepto alguno de la ley, sino en un artículo del reglamento (el 258), que está en desacuerdo y oposición con la ley, y que tampoco de una manera expresa obliga al letrado á pagar las costas, exige á éste el pago de las mismas, sometiéndole al apremio administrativo si, requerido para el pago, no lo efectúa por carecer de fondos de la parte á quien fueron impuestas.

El núm. 1 del art. 7.º de la ley orgánica del poder judicial prescribe que los Tribunales no pueden aplicar reglamentos ni disposiciones de ninguna clase que estén en desacuerdo con las leyes.

Según el art. 1.725 del Código civil, el mandatario que obra en concepto de tal, no responde personalmente cuando no se obliga á ello expresamente, ni tras pasa los límites del mandato.

Por otra parte, el art. 41 de la instrucción de apremio administrativo de 26 de Abril de 1900, sólo somete al mismo á las personas declaradas responsables por el Tribunal ó autoridad competente.

Pero la alegación de todo ello es inútil, pues la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo de Justicia sostiene, que la responsabilidad del letrado á pagar las costas nace de un precepto legal que no cita, y se las cobra, dándose con ello el caso de que declare responsable de unas mismas costas á dos personas, una, á la parte demandante, á quien las impone expresamente en la sentencia que resuelve el pleito, y otra, al letrado, á quien, después de ser firme dicha sentencia, también considera responsable como representante de la parte condenada, como circunstancia además, que ya ha ocurrido, de que hasta mande al delegado de Hacienda proceder de apremio contra el letrado, en providencia, aun no firme, por haberse pedido su reposición.

Esto puede ser causa, y seguramente lo es, de grandes irreparables perjuicios para los letrados; pero también de un modo indirecto perjudica á gran número de interesados, que no encontrarán quien les represente y defienda sin hacer previa y abundante provisión de fondos en previsión de una condena de costas, y como no á todo el mundo le sobra el dinero, sino por el contrario, serán muchos los que se vean en la necesidad de renunciar al sostenimiento y defensa de sus derechos, lo cual, si es bueno para disminuir pleitos contencioso-administrativos y trabajo á los Tribunales, en cambio es de tristes y funestas consecuencias para los interesados y aun para el país, que en último término es el que sufre y paga el malestar que á los ciudadanos ocasiona el quebranto en sus intereses.

Creamos, por tanto, que el asunto dé suficiente importancia y gravedad para que el Colegio de Madrid, defensor de los derechos de los letrados ante los Tribunales, le preste la atención que merece y gestione de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo lo que estime de justicia respecto á la responsabilidad de costas á que nos hemos referido.

Todo esto dice nuestro querido colega La Ley, nosotros después, de consultar todo género de precedentes