El Foro español (Madrid. 1898) (1908-10-10 00:00:00), página 8

bres de conciencia limpia y la mejor es maía cuando se falsean los principios en favor de las pasiones.

Estadística judicial

Con motivo de la apertura de los Tribunales celebrada el día 15, se han hecho públicos algunos estados formados por la Secretaría de gobierno del Tribunal Supremo, y cuyas cifras finales son las siguientes:

Asuntos civiles despachados por el Tribunal Supremo en el año próximo pasado, 699.
Recursos de casación en materia criminal despachados por el mismo Tribunal en dicho año, 1.477.
Negocios criminales que no son recursos de casación despachados por el referido Tribunal, 92.
Asuntos contencioso-administrativos resueltos por la Sala tercera del Supremo, 617.
Negocios contencioso-administrativos despachados por los Tribunales provinciales, 397.
Negocios civiles despachados por las Audiencias territoriales, faltando datos de la mayoría de ellas, 6.915.
Negocios civiles despachos y pendientes en los Juzgados, 51.643.
Causas terminadas y pendientes en las Audiencias provinciales, 93.119.
Causas vistas en juicio por Jurados, 3.764.
Causas vistas ante el Tribunal de Derecho, 13.312.
Causas sobreseídas, 51.011.
Procesados rebeldes, 3.161.
Sumarios instruidos en los Juzgados, 68.769.
Entre estos datos hay algunas cosas que llaman la atención.
Una de ellas es que faltan datos de la mayoría de los asuntos civiles despachados por las Audiencias territoriales, mayoría que se refiere á la respetable cantidad de 6.915 pleitos.
Tampoco acusa una satisfactoria rapidez en el despacho la cifra relativa á los negocios civiles tramitados en los Juzgados, y en la que se comprenden los despachados y los pendientes, que por lo visto son tantos los unos como los otros, ó poco menos. Lo mismo se puede decir de los asuntos conocidos por las Audiencias provinciales.
Y tampoco deja de llamar la atención el número de causas sobreseídas, 51.011. cifra que supone una notoria insuficiencia en el procedimiento, porque ó implica una cierta ligereza en el procesar, ó una insuficiencia marcada en el juzgamiento. A lo menos esto es lo que hace suponer esta cifra, harto creída para poder pasar sin comentario.
En verdad, todas ellas (las cifras de los datos publicados) lo merecen. A pesar de la vaguedad con que están redactadas, y pese á la falta de datos que la Secretaría de gobierno del Tribunal Supremo confiesa, nos dan en globo la impresión de lo que es la Administración de justicia en este país. La impresión no es satisfactoria.
Debería de haber en el conjunto de todos esos datos, y claro está que no lo hay, como una garantía para la tranquilidad de las familias españolas, tanto por lo que se refiere á sus intereses, cuanto por lo que respecta á su honor y buen concepto. Pero no la hay. La justicia española no tiene entre sus ventajas y bondades la de llevar la tranquilidad al seno de las familias. Lejos de eso, todos los españoles huyen como de la lumbre de tener nada que hacer en un Juzgado.
Se evita cuidadosamente tener que auxiliar á la justicia, no por negarle auxilio, sino por no pasar el calvario de molestias que esto acarrea, y tégase en cuenta que estas molestias es lo menos malo que el trato con la justicia puede acarrear; y como consecuencia de todo ello la hispana magistratura inspira terror y lesvio al común de los españoles.
Véase si no esa cifra de 51.011 causas sobreseídas; eso quiere decir 51.011 familias sumidas en el terror y perjudicadas en sus intereses, para salir al cabo con que no hay motivos para proceder contra los respectivos procesados.
Realmente esa cifra de sobreseimientos aumenta.
Coloca la Constitución entre las más elevadas atribuciones del Monarca la de cuidar que en todos los pueblos de la monarquía se administre pronta y cumplida justicia. La cifra publicada por el Supremo, con su falta de datos, con su crecido número de recursos y de sobreseimientos, con la expresión imprecisa de asuntos no despachados, nos da la noción confusa de que nuestra justicia podrá ser todo lo que sus individuos quieran pero no ciertamente, ni cumplida, ni pronta. Eso son cosas que la Constitución dice, altos principios de donde derivan las leyes orgánicas, pero no realidades traducidas en la vida práctica. En la vida práctica el difícil juego de los poderes públicos no es tan armonioso como lo pinta la Constitución vigente.
¡Reformas judiciales! Todo el mundo las pide, y en todos los tonos. Hasta los ministros cuando inauguran el año judicial, unas veces con acritud nada piadosa, otras veces envolviendo la censura en dulces salvedades y amables eufemismos. Todos piden reformas judiciales, desde los ministros hasta los pleiteantes misérrimos que se ven presos en esa red tremenda del procedimiento para enjuiciar. Pero de entre tanto clamoroso, ¿cuándo saldrá el cumplimiento de la linda frase constitucional, y cuándo se hará en todo el reino pronta y cumplida justicia?
Los datos publicados por la Secretaría del Tribunal Supremo nos demuestran que lo que es por hoy, aun estamos lejos de que la citada aspiración (y no precepto) de la Constitución española llegue á ser una realidad

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Si nuestro desgraciado amigo D. Joaquín Moreno Caballero, hubiera muerto como cuando le conocimos en la abundancia, siendo quizá el Notario que más ha ganado en Madrid, tal vez nos hubiéramos limitado á dar la noticia lacónicamente con la estereotipada fórmula de el antiguo notario de Madrid don Joaquín Mo-