El Foro español (Madrid. 1898) (1909-12-20 00:00:00), página 5

plazo, persistiendo la atribución de responsabilidad á través del tiempo.

El sentimiento de solidaridad en la especie humana, que determina la transformación de la defensa biológica en el fenómeno social llamado delito, produjo también la socialización de la justicia penal, considerada como defensa colectiva contra el acto delictuoso.

Tal es en síntesis la doctrina social-penal de Ingenieros, al resumir las teorías sobre el materialismo histórico y las dominantes en terreno legislativo, salvo algunas concesiones; castigar al delincuente por tener libre albedrío y ser responsable de su delito.

José GONZALEZ LLANA.
Juez de 1.a Instancia e Instrucción de Muros (Coruña)

BOLETÍN DE LA SEMANA

LEGISLACION

GRACIA Y JUSTICIA.—Real decreto de 22 de Noviembre de 1909, referente á la concesión de licencias á los funcionarios de la carrera judicial y á los auxiliares de los Juzgados y Tribunales. (Gaceta del 23).—Parte dispositiva.

(Continuación).

Art. 6.º Los funcionarios judiciales no podrán ser requeridos por Autoridad superior, ni judicial, ni administrativa, para abandonar su residencia, con la sola excepción señalada en el artículo anterior.

Las órdenes e instrucciones que reciban de sus superiores serán siempre escritas, y no les excusará la obediencia cuando sus actos no se ajusten á la ley.

Art. 7.º La facultad de llamar á conferenciar reside también, respecto al Ministerio Fiscal, en el Ministro de Gracia y Justicia y en el Fiscal del Tribunal Supremo, respecto de los Fiscales.

Cuando tenga lugar la conferencia, el Fiscal dará de ella conocimiento al Ministro.

Art. 8.º Se exceptúan de las disposiciones comprendidas en los primeros artículos:

1.º Las que se determinen por urgencias graves de familia ó de intereses, suficientemente acreditada la causa ante el Presidente respectivo.

2.º Las circunstancias en que puedan verse los Jueces de primera instancia e instrucción residentes en lugar distinto de la Audiencia, que no puedan pedirse y obtenerse con la rapidez que requieran.

En estos casos el funcionario solicitará la licencia á la vez que pretenda ó use, bajo su responsabilidad, la autorización, entendiéndose ésta inferior á ocho días.

Art. 9.º Los Jueces de primera instancia e instrucción no dejarán su residencia en caso alguno sin haber cumplido las disposiciones establecidas en el Real decreto de 15 de Febrero de 1904, dando de ello cuenta á los Presidentes de las Audiencias respectivas.

Art. 10. Transcurrido el término de las licencias de toda clase ó los poseedores y sus prórrogas, no obtendrán los Jueces ni los Magistrados nueva posesión del cargo sin autorización expresa ministerial.

En caso de rehabilitación, no les serán de abono los haberes desde el término de la licencia hasta la nueva posesión, ni de abono el tiempo de servicio, cuando aquélla no la haya determinado causa imprevista de fuerza mayor.

Art. 11. Los nombramientos de Jueces de instrucción especiales se acomodarán estrictamente á las disposiciones de la Ley, y en ellos se determinará expresamente si el Juez elegido debe abandonar sus propios Juzgado y residencia, ó permanecer en ella actuando desde el lo que la comisión exija.

De todo nombramiento el Juez especial se dará conocimiento al Ministerio de Gracia y Justicia y á la Inspección de Tribunales y Juzgados, así como del momento en que cese la comisión.

Art. 12. En las Secretarías de las Audiencias Territoriales se abrirá desde 1.º de Enero próximo, un libro registro en que se anoten las licencias y cuanto con el apartamiento de residencia de los Jueces se relacione.

En los Juzgados de primera instancia e instrucción se llevará un libro semejante.

Art. 13. El quebrantamiento de los preceptos expresados será corregido en la vía disciplinaria ó en la más grave que proceda, ó aplicando, si corresponde, el artículo 919 de la ley provisional sobre Organización del Poder judicial.

Art. 14. Los presidentes de los Tribunales comprobarán los motivos de la ausencia de la residencia y de la no asistencia puntual á los Tribunales y Juzgados, que podrá estimarse como negligencia.»

—R. O. de 22 de Noviembre de 1909, disponiendo se observe en todos los casos, para las traslaciones, lo prevenido en el R. D. de 24 de Septiembre de 1899, recordando por el de 22 de Junio de 1909, (Gaceta de 26 de Noviembre.)

—Fiscalía del Tribunal Supremo.—Circular de 25 de Noviembre de 1909, dictando reglas sobre licencias de funcionarios judiciales y fiscales. (Gaceta del 27.)

«Es para mí un deber de ineludible cumplimiento llamar la atención de V. S. acerca del importante Real decreto de fecha 22 del actual, publicado en la Gaceta del día siguiente, por más que abrigue la esperanza de que esta vez, como siempre, el Ministerio Fiscal hará honor á la representación de la Ley que ostenta, dando ejemplo de su puntual observancia, ya que no le moviera, y de ello no tengo motivo para dudar, el sentimiento de la propia dignidad y la conciencia de la obligación que todo cargo impone al que lo desempeña, de llenar con entera lealtad la misión que se le ha confiado.

Para el caso de que esta última se olvide, el citado Real decreto recoge, ordena y desenvuelve con diáfana claridad las sabias reglas dictadas en diversas ocasiones para desterrar abusos, y si, por fortuna, no los hubiese, para prevenirlos, en orden á la residencia de los funcionarios judiciales y fiscales, ya que la interrupción de su deber, cuando depende de la voluntad y no se halla completamente justificada quebranta los vínculos de disciplina y ocasiona daños que por raro evento dejarán de ser graves, si es que no son de todo punto irreparables.