El Foro español (Madrid. 1898) (1909-02-20 00:00:00), página 2

Algunos autores opinan que hoy, después de la promulgación del Código civil, no tiene esto aplicación, porque las aguas de fuentes naturales, son públicas desde que traspasan los linderos de la finca en que nacen; sin embargo, no estamos conformes con esta opinión, porque parten de una base falsa, por cuanto que hemos demostrado de una manera palmaria que el dueño de un predio lo es de las aguas que nacen en él, y como adquieren esas aguas el carácter de públicas al salir del mismo, que no es nunca cuando el dueño las utiliza en cualquier forma.

JUAN MORENO Y NARANJO
Juez de primera instancia

Ecija Noviembre de 1908.

Los autos de procesamiento son apelables

El preámbulo de la Ley de Enjuiciamiento Criminal es un canto á los derechos individuales y sociales y un himno al procedimiento acusatorio y al progreso jurídico. (L. Z.)

El espíritu de la vigente Ley de Enjuiciamiento Criminal es genuinamente liberal y extraordinariamente respetuoso con los derechos individuales, enervando la tradicional y antifilosófica omnipotencia de los Jueces, determinada por el antiguo y desacreditado procedimiento inquisitivo.

En el progresivo Código de enjuiciar no aparece supeditado el libérrimo derecho de la acusación al sagrado de la defensa; ni el de ésta al de aquélla; pues ambos importantes derechos resultan debidamente equilibrados; surgiendo la defensa, donde aparece la acusación; y resultando oportunamente compensados los respectivos derechos, al darse amplitud á la defensa; por considerarse igualmente respetables que la causa social los derechos individuales.

La Ley de Enjuiciamiento Criminal tiende á que no se causen al individuo más molestias que las puramente precisas, evitando que el porvenir del sujeto aparezca indefinidamente inseguro, y colocando en semejantes condiciones á la acusación y á la defensa en la contienda judicial.

En suma: el espíritu de la Ley de Enjuiciamiento Criminal «rodea al ciudadano de las garantías necesarias para que en ningún caso sean sacrificados los derechos individuales al interés mal entendido del Estado.»

Si los autos de procesamiento no fueran apelables la suerte del ciudadano estaría indefinidamente en lo incierto y podrían causársele más vejaciones que las absolutamente indispensables; y no existiría la igualdad de condiciones en la contienda jurídica. Tales son los verdaderos principios que informan el liberal y progresivo meritorio Código de enjuiciar.

Además, y con arreglo al procedimiento acusatorio, las actuaciones del Juez instructor no son más que una simple preparación del juicio.

La Ley define el sumario: el conjunto de «actuaciones encaminadas á preparar el juicio y practicadas para averiguar y hacer constar la perpetración de los delitos con todas las circunstancias que puedan influir en su calificación, y la culpabilidad de los delincuentes asegurando sus personas y las responsabilidades pecuniarias de los mismos».

De consiguiente: habiendo de resolver en definitiva el Tribunal Superior, este Tribunal debe tener, y tiene facultad para intervenir hasta cierto punto en el Sumario, inspeccionando por medio de las partes, la marcha de éste, y entendiéndose en los recursos que se interpongan contra los acuerdos del Juez instructor. Pues, aunque las actuaciones del sumario no tienen exclusiva eficacia en el juicio, están encaminadas á preparar éste; por tanto, lógico es que el Tribunal sentenciador en primera instancia pueda intervenir, oportunamente y en cierta forma en las actuaciones preparatorias del juicio, por medio de los partes y en los recursos.

El Juez instructor desempeña funciones propias y delegadas, y, por consiguiente, con sujeción á la hermenéutica legal, se halla según los casos debidamente supeditado, no ya sólo en el orden gerárquico, si que también en la esfera del Derecho procesal, y en algunos momentos á la entidad judicial que, en definitiva, en primera instancia ha de entender en el asunto y ha de pronunciar sentencia. Esta situación es excepcional y perfectamente lógica. Aunque en el vigente sistema orgánico del Poder Judicial el Juez instructor y el Tribunal sentenciador tienen sabiamente delimitadas sus funciones por la ley universal de división del trabajo.

Negar á los Tribunales sentenciadores en primera instancia, tales atribuciones sería ilógico, por opuesto á los principios científicos de una bien entendida disciplina gerárquica, y porque, no obstante no ser definitiva ninguna de las resoluciones de un Juez instructor, se colocaría el Tribunal sentenciador en situación desairada y difícilísima, si, transcurriendo la oportunidad y pasado el momento crítico de los sucesos é incidencias sumariales, no hubiere podido intervenir oportunamente, hubiere de aceptar después cuando la situación y circunstancias del sumario lo consintieren, el pie forzado de unas desconocidas e inoportunas actuaciones sumarias preparatorias y determinantes del juicio á sentenciar.

El Juez instructor tiene libertad para llevar á cabo los actos que pueden considerarse comprendidos en la primera parte de la definición legal del sumario; pero la relativa autonomía del Juez instructor se halla condicionada en la verificación de la segunda parte de la definición aludida. Esto es: el Juez instructor es autónomo para practicar actuaciones encaminadas á averiguar y hacer constar la perpetración de los delitos con todas las circunstancias que puedan influir en su calificación; alcanzando su autonomía el mayor grado si no se ejercita la acción popular ó la acusación privada, porque entonces el Juez tiene sólo intervención expectante de la Audiencia de lo Criminal y la problemática inspección del Ministerio Fiscal. Pero el Juez no dispone de libertad tan amplia en lo que se relaciona con la culpabilidad de los delincuentes y el ase-