El Foro español (Madrid. 1898) (1908-03-30 00:00:00), página 11

de tomar razón de ella, otorgada por el actor ó por sus causantes ó causahabientes, acreditándose también documentalmente el título de transición en su caso.

En el primer caso subsistirá la suspensión hasta que temine la causa criminal, pudiéndose reanudar entonces el procedimiento si no quedase declarada la falsedad.

En el segundo caso subsistirá hasta el término del juicio de tercería.

En el caso tercero, el Juez convocará á las partes á una comparecencia, debiendo mediar cuatro días desde la citación; oirá á las partes, admitirá los documentos que presenten y acordará en forma de auto lo que estime procedente dentro de segundo día.

Será apelable en ambos efectos este auto cuando ordene la suspensión.

Todas las demás reclamaciones que puedan formular, así el deudor como los terceros poseedores y lo demás interesados, incluso las que versaren sobre nulidad del título ó de las actuaciones, ó sobre vencimiento, certeza, extinción ó cuantía de la deuda, se ventilarán en el juicio declarativo que corresponda, sin producir nunca el efecto de suspender ni entorpecer el procedimiento ejecutivo. La competencia para conocer este juicio declarativo se determinará por las reglas ordinarias.

Al tiempo de formular la reclamación á que se refiere el párrafo precedente, ó durante el curso del juicio á que diere lugar, podrá solicitarse que se asegure la efectividad de la sentencia que se dicte en el mismo, con retención del todo ó una parte de la cantidad que por el procedimiento ejecutivo deba entregarse al ejecutante.

El Juez decretará esta retención en vista de los documentos que se presenten, si estima bastante las razones que se aleguen. Si el ejecutante afianza á satisfacción del Juez la cantidad que estuviere mandada retener á las resultas del juicio declarativo, se alzará la retención. Si el que solicitará esta medida no tuviera solvencia notoria y suficiente, el Juez deberá exigirle previa y bastante garantía para responder de los intereses de demora y del resarcimiento de cualesquiera otros daños y perjuicios que puedan ocasionarse al acreedor.

Art. 4.º Los acreedores que tengan inscrito su derecho con anterioridad á la presente ley, podrán optar por el procedimiento sumario del art. 2.º, cuando los títulos de sus créditos expresen la conformidad del deudor con un precio determinado la subasta. Si no lo expresaren, habrán de acreditar tal conformidad por medio de documento público, ó pedir el justiprecio con arreglo á la ley de Enjuiciamiento civil, para preparar el anuncio de subasta. Las diligencias para el nombramiento de peritos se practicarán al verificarse el requerimiento de pago, y se entenderán con las mismas personas con quienes aquél deba formalizarse.

No son acumulables entre sí los autos de juicio ejecutivo y los del procedimiento sumario que establece el art. 2.º de esta ley.

Art. 5.º Si antes de que el acreedor haga efectivo su derecho sobre la finca hipotecada pase ésta á manos de un tercer poseedor, éste, acreditando la inscripción de su título, podrá pedir que se le exhiban los autos en la Escriturafía, y el Juez lo acordará, sin paralizar el curso del expediente, entendiéndose con él las diligencias ulteriores, como subrogado en el lugar deldeudor.

Art. 6.º Lo dispuesto en los cuatro artículos precedentes será igualmente aplicable al caso en que deje de pagarse una parte del capital del crédito ó los intereses, cuyo pago deba hacerse en plazos diferentes, si venciere alguno de ellos sin cumplir el deudor su obligación, y siempre que tal estipulación conste inscrita en el Registro.

Art. 7.º Si para el pago de alguno de los plazos del capital ó de los intereses fuere necesario amajar la finca hipotecada, y aun quedaren por vencer otros plazos de la obligación, se verificará la venta y se transferirá la finca al comprador con la hipoteca correspondiente á la parte del crédito que no estuviere satisfecha.

Art. 8.º Se considerará también como tercer poseedor, para los efectos del art. 5.º, el que hubiere adquirido solamente el usufructo ó el dominio útil de la finca hipotecada, ó bien la propiedad ó el dominio directo, quedando en el deudor el derecho correlative.

Si hubiere más de un tercer poseedor, por hallarse en una persona la propiedad ó el dominio directo, y en otra el usufructo ó el dominio útil, se entenderá el requerimiento con quien se halle al frente de la finca.

Art. 9.º Salvo pacto expreso que disponga lo contrario, la hipoteca, cualquiera que sea la naturaleza y forma de la obligación que garantice, no comprenderá:

1.º Los muebles ú otros objetos que se hayan colocado permanentemente en la finca hipotecada, bien para su adorno ó comodidad, ó bien para el servicio de alguna industria, á no ser que no pudiera separarse sin quiebranto de la materia ó deterioro del objeto.

2.º Los frutos que al tiempo de hacerse efectiva la obligación hipotecaria estén ya cogidos, aun cuando todavía no se hallaren levantados ni almacenados.

3.º Las rentas vencidas y no satisfechas antes de constituirse la hipoteca.

De no existir el pacto consignado en el párrafo 1.º, dichos objetos y frutos podrán hipotecarse con separación del fondo á que se hallen unidos ó en que estén pendientes y también adquirirse los frutos en anticípasis, con sujeción á lo dispuesto por el art. 1.881 del Código civil.

Queda derogado lo que sobre este particular establecen los artículos 108, 110 y 111 de la ley Hipotecaria.

Art. 10. Podrá constituirse hipoteca en garantía de cuentas corrientes de crédito, determinándose en la escritura la cantidad máxima de que responda la finca hipotecada, no pudiendo abrirse aquélla por un plazo mayor de tres años; pero podrá éste prorrogarse, mediante nueva escritura, por convenio entre acreedor y deudor.

Si al vencimiento del término fijado no se hubiese reintegrado el acreedor del saldo de la cuenta, podrá utilizar la acción hipotecaria para su cobro, siempre que no exceda de la cantidad que garantice la hipoteca,