El Foro español (Madrid. 1898) (1909-03-20 00:00:00), página 3

tar, acaso no sea acertado y si contrario á lo que la testadora se propuso. Será un criterio impuesto por la autoridad judicial, que para imponerlo tiene imperio al expresarlo juzgando; pero acaso sea un criterio como el de cualquiera de los Leitados y Notarios que lo han emitido, todos con bien estudiados fundamentos.

Pero la duda de que se interpreta bien esa la tendrán todos; Notarios, Letrados y Jueces.

¡Hubiera sido tan fácil evitarla al autorizar esa disposición testamentaria! Una pregunta hecha con oportunidad, una observación atinada, una explicación de derecho al alcance de toda inteligencia lega, y la redacción clara del doso y propósito del otorgante bien conocido después de la pregunta, de la observación ó de la explicación, lo hubiera solucionado todo y prevenido, evitando la presentación ante Letrados, Notarios y Jueces de ese rompecabezas jurídico.

Tales problemas tiene explicación que surjan de testamentos ológrafos ó cerrados; no la tienen satisfactoria si nacen del abierto, en el que media un feta- tario á quien se consulta, siendo él quien además redacta y autoriza.

La misión del Notario es tan esencialmente necesaria, que el más insignificante descuido, cualquier omisión por su parte, un detalle de redacción ó la oscuridad del estilo ponen de relieve cuán precioso es su auxilio y prueba con cuanta escrupulosidad debe llenar su cometido. Porque él es guía en el camino de los derechos, salvaguardia y centinela avanzado de ellos, que sin su amparo con facilidad pueden hollarse y desco- nocerse aunque traten de restablecerlos y fijarlos Le- trados y Tribunales.

ÁNGEL DÍAZ BENITO.
(De la Gaceta del Notariado).

LA JUSTICIA Y LA POLITICA

XV

Establecida la escala cerrada para el ascenso de los funcionarios judiciales, al menos hasta las más altas categorías, así como el ingreso en la carrera únicamente por oposición, según venimos sosteniendo en estos artículos, es indiferente que sea el mismo Poder judicial ó el Poder ejecutivo quien haga los nombramientos de entrada y ascenso de las indicadas catego- rías puesto que debiendo sujetarse éstos á reglas fijas e invariables, tales nombramientos hechos con arre- glo á la antigüedad de cada funcionario, reunen todas las garantías necesarias de equidad, adaptándose á los más sólidos principios de justicia, desapareciendo con ello toda clase de influencias que tanto pueden dañar las más perfectas instituciones judiciales, teniendo por otra parte los funcionarios que por un error, de muy difícil comisión, pudieran considerarse lastima- dos en sus derechos, los recursos contencioso-admini- strativos procedentes para reclamar cualquier agrava- rio que pudiera inferirseles; pero de no aceptarse por el Poder legislativo que es el que en último término debe decidir estas contiendas en definitiva, la escala cerrada, en manera alguna es conveniente ni conforme con los buenos principios de la ciencia política y procesal, que los referidos nombramientos los hagan los gobiernos libremente como para ello les faculta casi en absoluto la vigente ley adicional á la orgánica del Poder judicial, ya que éstos por la representación po- lítica que ostentan, son parte interesada y parcial para resolver este género de cuestiones, aparte de que por su natural inestabilidad y el deber en que se hallan de apartarse en absoluto de toda contienda judicial son el órgano menos adecuado para juzgar el verdadero merecimiento de los funcionarios judiciales.

El Juez en el desempeño de sus importantes funcio- nes y en todos los órdenes á que alcanza el ejercicio de su jurisdicción debe ser intangible á todo poder ex- traño que no sea el que haya de hacer efectiva la res- ponsabilidad en que pueda incurrir, sin que otras fuerzas ajenas al imperio de la ley ni otros derroteros que los que su conciencia le marquen, puedan ni de- ban directa ni indirectamente inspirar sus actos y decisiones y ya sabemos que muchas de las cuestiones que necesariamente tiene que resolver en la práctica de su misión, pueden afectar intereses de escuelas polí- ticas á los cuales no ha de dar otras soluciones que las que las leyes determinen, con ánimo completamente independiente hasta de su misma particular opinión y exento en absoluto de toda mira de conveniencia personal y mal se compaginan todos estos tan árduos deberes que ha de cumplir de una manera estricta, severa e imparcial, con el hecho de que aquéllos que hayan de calificar su conducta y apreciar el acierto con que proceda, sean precisamente la más genuina representación de los intereses políticos de los partidos militantes. Por todo ello y por el contacto más direc- to que todo funcionario judicial tiene con sus Tribu- nales Superiores, que son al fin y al cabo los que en realidad ejercen la verdadera inspección, revisión y censura de todos los actos de sus subordinados res- pectivos y pueden tener por tanto el cabal conoci- miento del verdadero valor de cada uno, éstos deben ser los que en todo caso y en la hipótesis de ser dese- chada la escala cerrada quienes deben conferir los ascensos de los funcionarios absorbitos á su juris- dicción.

Aparte de todas estas consideraciones no creemos tampoco que tanto las aptitudes como las cualidades morales de las personas que desempeñan los cargos judiciales, ofrezcan entre ellos tan grandes diferencias en la práctica, que se haga muy preciso establecer una serie indefinida de gradaciones para poder apreciar con tal exactitud el verdadero mérito de aquellos que sobresalgan de los demás, hasta el extremo de autori- zar que se den tres de cada cuatro ascensos en todas las diferentes categorías de la carrera, según permite la vigente ley adicional, con grave detrimento del principio de antigüedad al que siempre debe conce- derse principal atención; tómese en cuenta que ordi- nariamente el predominio de una especial cualidad, facultad ó aptitud suele engendrar desequilibrio en las demás, tan necesario en las funciones judiciales, que los más grandes éxitos judiciales dependen en