El Foro español (Madrid. 1898) (1909-06-10 00:00:00), página 3

Ministros con el refrendo equivale para el caso al Rey absoluto.

Se dirá que el Congreso lo acordó así, y puede hacerlo todo, menos de una mujer un hombre. No es el Congreso aisladamente quien tanto puede, sino las Cortes; pero hay cosas más difíciles que el cambiar el sexo, imposibilidad física, y son las imposibilidades metafísicas. Si pudiera hacerlo todo, habría oído al Sr. Macías para que intentase la prueba de que fué á sabiendas la resolución que suponía injusta, única cosa que singularmente le competía, ya que el expediente íntegro se había remitido á la Cámara.

Claro es que el Gobierno, después de haber pasado por el Congreso, aunque sea de camino para otra parte, la acusación, no querrá dejarla pendiente, y ha de procurar, aun preseidiendo de leyes, que con entera libertad y con todos los medios procesales intente el Sr. Macías la prueba.

Esto que ante el Congreso era difícil por no haber artículo del Reglamento que lo autorizase concretamente, ante los Tribunales es imposible, por tratarse de denuncia ante las Cortes y de actos ejecutados por Ministros en el ejercicio de sus funciones.

Llevar ante el Congreso al Sr. Macías para que probrara, hubiera sido una infracción del Reglamento; ante los Tribunales lo será de la Constitución, del Código y de las leyes orgánica y procesal. La infracción reglamentaria podía excusarse en la anterior de tomar en consideración la denuncia, de la cual era consecuencia, y en la interpretación extensiva de los artículos 213 y 216 del Reglamento. A la infracción de leyes y Constitución no puede buscarse excusa alguna.

Y más imposible será si el Senado se percató de una cosa que parece olvidada. Según el espíritu y la letra del artículo 45 de la Constitución, las Cortes, Senado y Congreso juntos, forman el Tribunal competente. La diversidad de funciones ó actos que con arreglo al Real decreto de 11 de Mayo de 1849 cada uno ejecuta, no implica diversidad de autoridad ni de jurisdicción. Al tomar en consideración el Congreso la denuncia ó acusación particular, ésta quedó bajo la acción del Tribunal. Aunque todavía el Senado no actuara, virtualmente le pertenecía el asunto. Al inhibirse del Congreso, sea en la forma que quiera, resulta invadida la esfera funcional del Senado sobre la denuncia.

Se dirá que, no habiendo la proposición de ley acusado, no hubo verdadera acusación; pero esto es bueno para demostrar que el Congreso no debió tomar en consideración la propuesta del Presidente; pero en nada desvirtúa el anterior razonamiento, fundado precisamente en el hecho de haberse admitido, discutido y dictaminado.

El que lo hiciese una Comisión permanente en vez de la elegida para el caso, indicará que el Congreso aplica mal ó bien su Reglamento, cosa que al Senado no afecta; mas el hecho indudable es que el Congreso ha deliberado y votado sobre una acusación ó denuncia. El llamarle petición no cambia la naturaleza del acto. Toda acusación es petición, porque pide que se proceda contra el acusado. Cuando esto se pide la petición es acusación ó denuncia.

Si el Congreso hubiese declarado, después de oído, aunque ilegalmente, al denunciante, que era infundada e improcedente la acusación, en nada se menoscababan las atribuciones y prerrogativas del Senado; pero al resolver que, sin previa declaración pase á la Presidencia de camino para otro Tribunal, es claro que substrae la cuestión del Senado para someterla á otro juez. Aun como cuestión de competencia no es el Congreso sino el Senado, quien había de resolverla.

Ningún Tribunal que no sea el Senado puede recibir á prueba y juzgar sobre esto. Mas lo singular y anómalo del caso es que, después de practicadas las actuaciones ordinarias con evidente vicio de nulidad, por carecer de competencia para juzgar directa ó indirectamente supuestos delitos ejecutados por los Ministros en el ejercicio de sus funciones, ha de volver la cuestión á las Cortes, para su resolución definitiva, ya sea ésta de irresponsabilidad de los Ministros ya de lo contrario, pues sólo las Cortes pueden hacer efectiva la responsabilidad, y, por lo tanto, también declarar que no existe axioma jurídico y precepto constitucional, reforzado en este caso por haber estado sometido el hecho al mismo Parlamento.

No es fácil adivinar lo que pasaría si el Sr. Macías acudiera al Senado proponiendo la inhibitoria y si recurriera á los Jueces, fundado, en que, por orden jerárquico están sometidos al acusado; pues los Tribunales no son un Poder en nuestro régimen sino funcionarios del ejecutivo, subordinados al mismo, y por eso se llama orden judicial. Aunque el Gobierno no pudiera trasladar, ni ascender, ni jubilar, no por eso tendrían al par que él y menos sobre él, autoridad. Si el Tribunal Supremo puede juzgar á un Ministro por delitos comunes, es por que se presume que al ejecutar el hecho no es Ministro ni como Ministro lo realiza y si no se somete al Juez ordinario es por razón semejante á la cesantía: por mero decoro del cargo. No sólo porque carezcan de la independencia que les falta para juzgar á quien puede jubilarlos ó trasladarlos ó inspeccionarlos á ellos, sino por derecho público, por falta de autoridad jurisdiccional por lo que es imposible que en tal litigio puedan entender.

Ni el decreto del 49 ni los Reglamentos han previsto tal cuestión, porque no podían prever que á una denuncia particular se diera estado parlamentario, sometiéndola á deliberación y resolución del Congreso; pero se deriva fatalmente del artículo 45 de la Constitución y es consecuencia necesaria de un acto parlamentario.

Si los Tribunales ordinarios no pueden exigir la responsabilidad, facultad exclusiva del Senado, la prueba ante ellos del hecho es inútil, y escritos y diligencias meros pasatiempo sobre constituir invasión en esfera jurisdiccional de dicha Cámara.

Se dirá que por eso á la denuncia se la nombra calumnia. Aunque lo fuera, tampoco procede; sobre que los hechos y las cosas son lo que son y no lo que se les nombra. No cabe la prueba de la calumnia ante Tribunales sobre actos de Ministros realizados en el ejercicio de sus funciones, porque se refiere á una responsabilidad, que sólo las Cortes hacen efectiva. Si el