El Foro español (Madrid. 1898) (1909-01-21 00:00:00), página 3

pios de administración han ido arraigándose entre nosotros... El Real decreto de 29 de Abril de 1839 fue todavía más explícito exigiendo igual autorización para llevar á cabo cualquiera empresa de interés público ó privado que tuviese por objeto el aprovechamiento de las aguas de ríos, riachuelos, ríos, arroyos ó cualquiera otra clase de corrientes naturales, sea cual fuese su denominación, viéndose de este modo á quedar declarado implícitamente el dominio público de todas las corrientes naturales.

La Comisión ha partido, pues, de este principio sentado por el Gobierno y aceptado sin contradicción por la opinión pública del país.

Una excepción, sin embargo, ha creído que debía establecer en favor de aquellas aguas que, aunque comprendidas en la regla general, sean aprovechadas exclusivamente durante el tiempo establecido por la ley civil para la prescripción de cosas inmuebles de ausentes por uno ó más dueños de predios particulares, sin dependencia alguna de la Administración. Hay, en efecto, multitud de pequeños manantiales que, aunque nacidos en terrenos públicos, van á fertilizar exclusivamente algunos predios cuyos dueños diligentes fueron los primeros en aprovecharlos.

Estos manantiales se han considerado siempre como una pertenencia del predio que riegan, y la Comisión no ha creído conveniente hacer innovación, porque la acción de la Administración no debe descender á tan pequeños pormenores que amortigüe y extinga el interés individual allí donde éste no puede ocasionar perjuicio al público...

Finalmente: Bajo el título de Disposiciones comunes se han comprendido en una sección especial las relativas á las aguas abandonadas por sus dueños, cuya propiedad se concede al que las aprovecha durante el tiempo exigido por la ley civil para la prescripción de las cosas inmuebles, y al de las sobrantes, cuyo aprovechamiento en caso de no cederlo el dueño ó otro se concede por la ley, aunque á título de precario, á los de los terrenos inferiores por donde discurren...

De los párrafos transcritos se colige: 1.º Que las aguas terrestres se rigen en primer término por las disposiciones generales del Derecho civil. 2.º Que por ser esa propiedad de una naturaleza especial y distinta de las demás cosas sujetas al dominio del hombre, en el que no siempre es posible retenerla indefinidamente, se establecen preceptos peculiares á ellas y distintos del Derecho civil; encontrándose entre éstos los relativos á la pérdida ó adquisición del dominio de las aguas sobrantes y de las abandonadas por sus dueños, por ser esta calificación propia y exclusiva de las aguas corrientes. 3.º Que la Comisión toma como base de su trabajo la legislación vigente al redactarse la ley de Aguas de 1866, sin introducir más variaciones que las indispensables en armonía con la naturaleza de las aguas; y 4.º Declarar, por último, el dominio público de todas las corrientes naturales.

Conveniente es que vayamos tomando nota de estos principios, de estas bases, sobre las cuales se han de cimentar los argumentos demostrativos de la cuestión que nos hemos propuesto resolver.

Es necesario asimismo, antes de tocar el punto objeto de estos comentarios asentar si la mente del Legislador al promulgar el Código civil, fué variar de un modo radical y completo la Ley de Aguas de 1879; y si la publicación de ésta tendió á derogar la de igual clase de 1866; ó si por el contrario, aquella ley está basada en ésta; y si el Código civil se apoya asimismo en ambas.

En cuanto al Código civil debe tenerse presente la base 10 de la ley de 11 de Mayo de 1888, señalando las que habían de tenerse en cuenta en sus disposiciones, pues de ella se deduce que parten sus preceptos en esta materia de la Ley de Aguas del 79.

La susodicha base es como sigue: «...y se incluirán en el Código las bases en que descansan los conceptos especiales de determinadas propiedades, como las aguas, las minas..., bajo el criterio de respetar las leyes particulares por que hoy se rigen en su sentido y disposiciones, y deducir de cada una de ellas lo que pueda ese timarse como fundamento-orgánico de derechos civiles y substantivos para incluirlo en el Código.»

Y en orden á la precitada ley del 79 se ve con evidencia que conserva en su fondo todos los principios fundamentales que informaban la del 66, y aun muchos artículos de ésta han pasado literalmente á formar parte de aquélla.

Con estos antecedentes se está en condiciones de abordar de lleno la tesis que motiva estas líneas.

Aunque pequeños de prolijidad tengamos que incurrir en repeticiones, es menester reproducir algunos extractos, porque del examen detenido de sus palabras se infiere el verdadero sentido legal.

En el número 8.º del art. 407 del Código civil se dispone que son de dominio público: «Las aguas que nacen continua ó discontinuamente en predios de particulares, del Estado, de la provincia ó de los pueblos; desde que salgan de dichos predios, y el número 1.º del 408, al determinar las aguas de dominio privado, señala entre otras: Las aguas continuas ó discontinuas que nazcan en predios de dominio privado, mientras discurren por ellos.

De estos preceptos parece colegirse, hecho el examen á la ligera, que las aguas que nacen en un predio de propiedad particular, son de dominio privado mientras discurren por él, y que pierden este carácter, adquiriendo el de públicas, desde que salen de dichos predios, pero, como una de las reglas de hermenéutica legal, a interpretar las leyes, es combinar y comparar sus diferentes partes, explicando las unas por las otras, se hace forzoso examinar si, aun dentro del mismo Código civil, deben interpretarse esos textos en tal sentido ó si es otra la conclusión.

El art. 412 del repetido Código dispone: «El dueño de un predio en que nace un manantial ó arroyo, continuo ó discontinuo, puede aprovechar sus aguas mientras discurren por él; pero las sobrantes entran en la condición de públicas, y su aprovechamiento se rige por la ley especial de Aguas.»

En este artículo se consigna expresamente que las sobrantes son las que entran en la condición de públicas, y su aprovechamiento se rige por la ley especial