El Foro español (Madrid. 1898) (1909-08-30 00:00:00), página 2

tiene razón de ser, y entonces debe mantenerse con sus substitutos ó no la tiene, y entonces debe desaparecer para realizamiento de la patria potestad.

Todos los escritores al hablarnos, y lo mismo el Código, de aquellos casos en que el padre puede tener un supuesto interés encontrado con el menor, dicen que se nombre un defensor y le quitan la patria potestad respecto de dicho particular.

Y no les basta con el nombramiento de un defensor, si no que le obligan á que intervenga la autoridad judicial para que apruebe con su fiscalización el acto, y sin embargo, ha querido, interpretándose el caso 7.º del art. 289 del Código, burlarse la autorización judicial si se toma el Consejo de familia. Ante ese absurdo ha salido el Tribunal Supremo, ordenando con lógica la intervención de la Autoridad judicial presentando su aprobación.

Lo mismo ocurre con la autorización para la venta de bienes de menores. Al padre le está prohibido el hacerlo por sí, necesita justificar ante la Autoridad judicial, la necesidad y utilidad de la venta, y esta materia siempre se ha mirado por los Jueces con suma atención, procurando en todo momento, garantías y seguridades sobre la inversión de los fondos obtenidos por la venta concedida.

Y, sin embargo, tratándose de los menores sujetos á tutela, es decir, sin el gran amparo de la patria potestad, tanto el caso 5.º del art. 269 corroborado por los 270 á 272, consienten la venta al tutor obtenida la autorización del Consejo de familia.

Este organismo no debe ser más que el consultor, pero no puede suplir jamás á la Autoridad judicial, será si se quiere su auxiliar ó coadyuvante, pero en modo alguno su sucesor.

Comprendiéramos, y esa y no otra pudo ser la intención del legislador, que no bastara al tutor pedir al Juzgado la autorización para la venta, sino que se exigiera el requisito previo del consentimiento del Consejo, y de esta forma con el tutor, el Consejo y el Juez que integran la tutela, se procedería á lo que redundara en beneficio del menor.

Así lo han entendido todos los Códigos y en los que no reconocen el Consejo de familia se impone al tutor el consentimiento del Juez; y en aquellos otros cual el francés, de donde tan fácil nos fué traducir y copiar, tenemos en esta materia resuelto el caso que debemos reproducir en su integridad y no á medias como lo hicimos el año 1889.

Dice así:

Art. 457. El tutor, aunque tengan este carácter el padre ó la madre del menor, no puede recibir cantidades prestadas en nombre y beneficio del pupilo, ni vender ni hipotecar sus bienes inmuebles, sin que preceda á estos actos una autorización del Consejo de familia. Esta autorización no se dará nunca si no reconoce por causa una necesidad absoluta ó una utilidad evidente. En el primer caso, el Consejo de familia no concederá su autorización sino después de haberse hecho constar, en cuenta necesaria presentada por el tutor, que el dinero, muebles y rentas del menor, no bastan á cubrir sus necesidades. El Consejo de familia indicará en todo caso los bienes y muebles que hayan de venderse con preferencia y todas las demás condiciones que considere oportunas.

Art. 458. Los acuerdos del Consejo de familia que se refieran á este objeto, no se ejecutarán sino después de haber pedido y obtenido el tutor su confirmación ante el Tribunal de primera instancia, y éste resolverá en pleno y previo dictamen fiscal.

Debemos, pues, pedir á nuestros legisladores que en la revisión, ya que los del año 1889 tradujeron el artículo 457, continúen con la traducción y sea precepto español el del art. 458 francés, pues lo demanda la triste experiencia de la vida real.

La reforma del Código civil

EL ARTICULO DUODÉCIMO

Veinte años lleva de vigencia el Código civil, y si se tratara de cumplir con lo que ordena la base 27 de la ley de 11 de Mayo de 1888 y la disposición tercera adicional del mismo Código, la Comisión general de Codificación debiera formular y elevar al Gobierno las reformas que en él conviene introducir en vista de los datos suministrados por el Tribunal Supremo, de los progresos realizados en otros países, que sea utilizables en el nuestro, y de la jurisprudencia de dicho Tribunal.

La base 27 de las que sirvieron para redactar el Código civil, que respecto al punto que examinamos tuvo su desarrollo en las disposiciones adicionales del mismo, es indudable que constituyó una novedad en nuestra legislación, y que, marcaba el camino más sencillo y práctico para que, evolucionando el derecho civil, se amoldara á los cambios de la vida que sanciona, y de esta forma tuviéramos amor á nuestro derecho, por no ser norma impuesta, ni tampoco anticuada, aclarándose los puntos en que el sentido obscuro de la redacción de un artículo ó la desviación de aplicación en otro, pudieran llevar la insiguridad en la interpretación de las disposiciones legales.

Era, pues, algo parecido al sistema inglés, no se necesitaba la revolución en la reforma, era el sistema evolutivo con modificaciones parciales, cada década, espacio de tiempo ni corto ni largo, para que la vida del Código respondiera á la bondad de sus preceptos.

En el discurso que el Sr. Maura pronunciara como Presidente en Enero de 1900, en la Real Academia de Jurisprudencia, al tratar del concepto de frutos reales ó interés en el Derecho civil, al pedir que la materia fuera objeto de cuidadosa revisión y de varonil y despreocupada enmienda, decía: «Ignoro cuándo se cumplirán los diez años en nuestro almanaque oficial, pues el hábito de perder el tiempo hace perder el hábito de contarlo».

Nada, que sepamos, se hizo por la Comisión general de Codificación al transcurrir la primera década; ninguna noticia tenemos tampoco de que ahora, al transcurrir la segunda acontezca, y como es precepto vi-