El Foro español (Madrid. 1898) (1909-05-30 00:00:00), página 4

que hablar, porque el art. 8.º del Código penal que se ocupa de los casos en que no se delinque, ó en que el delito no puede imputarse al autor del hecho, contiene una serie de exigencias para cuya determinación serán más apropiados los amplios debates del juicio que las áridas páginas del proceso escrito, siempre deficientes como encaminadas á preparar aquél.

Aun así el número 3.º del art. 637 de la ley procesal está escrito y exige aplicación adecuada para que no se corra peligro, por no entender su espíritu, de dejar indefensa la ley penal ó de arrollar los derechos del inculpado que obró dentro de las prescripciones del deber ó del ejercicio de un derecho ó carecía de las energías en la voluntad que son necesarias para delinquir. Por estos motivos la fiscalía del Supremo recomienda á sus subordinados el criterio siguiente: «Para que los fiscales soliciten el sobreseimiento libre conforme á dicho número del art. 637, es indispensable que la exención aparezca del sumario de un modo indudable, es decir, que sea notoria y evidente la existencia de cualquiera de las clases de exención que determina el art. 8.º del Código penal. Si así no fuera deben pedir la apertura del juicio, y si no apareciera con claridad la procedencia de ésta formularán en sentido acusatorio sus conclusiones ó por lo menos en forma alternativa que permita la prosecución del juicio á reserva de modificarlas una vez practicadas las pruebas.»

Es muy sensato este criterio, porque sujeta una amplia interpretación de las frases de dicho número, á fin de que cuando pueda nacer del estudio del proceso algo que signifique duda ó vacilación, por insignificante que sean, lo prudente es llevar el asunto al juicio oral que tiene como principal base practicar así como una clarificación de los cargos que el fiscal sienta en su escrito. No se ven recelos infundados contra el proceso, cuyos derechos se respetan, y á la vez se desea que la ley y la sociedad queden totalmente conformes del resultado final del proceso, sin correr el peligro de que la racional duda de no haberse comprobado todos los requisitos de la exención no quede totalmente desvanecida en la amplitud y garantías del debate.

Claro es que este general criterio ha de llevarse á cada uno de los casos del art. 8.º y tener concreción el juicio en cada proceso, puesto que no hay dos iguales en cuanto á la persona que realizó los hechos y la especial forma como puso en ellos su sello individual. Si se trata, por ejemplo, de grave delito, que hirió los derechos de la sociedad en forma brusca, y en el proceso se han instruido actuaciones encaminadas á determinar si el autor ejecutó el delito reuniendo los tres requisitos de la defensa legítima, cuidando el Juez de consignar y apreciar las circunstancias así adversas como favorables al presunto reo, como aquellas circunstancias requieren sutil estudio y apreciación amplia en los medios facilitados al juzgador, prudente y discreto será llevar el pleito al juicio oral. Entre la inocencia y la responsabilidad cuando se trata de apreciar la necesidad racional del medio empleado para la defensa, suele existir una línea apenas imperceptible que las diligencias del sumario, más deficientes en su expresión escrita que en el juicio oral no son todo lo eficaces para el convencimiento.

Lo contrario, á veces, puede ocurrir respecto á la exención de responsabilidad del núm. 3.º que se refiere al mayor de nueve y menor de quince años. Verdad es que el juicio respecto así obró con discernimiento, como de carácter psicológico, requiere una difícil obra de inducción de la naturaleza del delito y sus circunstancias coetaneo todo ello con las energías intelectuales del menor, para terminar conociendo el grado de voluntad con que se cometió y ver si concurrió á la obra con elementos intelectuales bastantes para poder afirmar la responsabilidad. Pero como el párrafo tercero del art. 8.º contiene la presunción juris de la irresponsabilidad y sólo comprobando la presencia del discernimiento es legal la condena, aparece una recomendación en favor de ese menor que exige tratarlo con menos rigor que quien alega la defensa legítima, porque en este la presunción es contraria á la inocencia y necesita comprobar esta sin género de duda.

Por esto, cuando el Juez de Instrucción ha cumplido con todo scrupulo el art. 380 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, de la información testifical practicada aparece la falta de criterio de ese menor de quince años, y además han informado peritos médicos y profesores de primera enseñanza y corroborados fundadamente estos juicios, todos ellos están conformes, y se trata de un hecho en que el menor ha intervenido sin precisar una perversidad manifiesta, las actuaciones escritas, en lo que de útil contienen, son y pueden ser eficaces para acordar el sobreseimiento libre, sin que tenga por ello que resentirse ninguno de los derechos que se ventilan.

Un sistema previo, no sometido á la naturaleza y circunstancias de los hechos y á las condiciones personales del procesado, ofrece inminente peligro para el error. Lo general, inspirado en el estudio de las leyes, como generador del criterio del juzgador, llevado á lo concreto en cada proceso, ofrecerá las posibles y exigibles garantías de acierto.

MIGUEL SÁIZ GÓMEZ.

(Se concluirá).

EL ARTE DE HABLAR EN PÚBLICO (1)

MONOGRAFÍA

En el decurso de mi vida de estudios he leído muchos libros y de los más notables saqué notas que pudieran servirme de enseñanza en mi carrera. Publicar esas notas me es muy grato por si puede ser provechoso su conocimiento á los Letrados.

Los libros de los que están tomadas las notas á que se contrae la materia de nuestro trabajo sobre El arte de hablar en público, son dos; uno de pocas páginas, pero todas ellas excelentes. Lo leí hace ya muchos años, con grande avidez, saboreando los hermosos concep-

(1) De la Gaceta de Tribunales, de Burgos.