El Foro español (Madrid. 1898) (1909-02-10 00:00:00), página 10

cerrados á la estafeta del Congreso para que les estampasen el sello de franquicia postal y los remitiesen á su destinación, sin importarle nada que cada uno de éstos diese cinco céntimos de peseta al cartero, cuando de haberse franqueado los B. L. M. como impresos se hubiese evitado el pago de tal gravamen.

En aquél entonces yo también fuí víctima de la bondad de D. Manuel Danvila (en el Código penal tal vez haya algún artículo que pueda tener aplicación al caso) y lo fuí por partida triple, esto es, que el saber que aquel señor había abierto bufete de abogado en Madrid me costó 15 céntimos; pues en el mismo día recibí tres cartas con el sello del Congreso de los Diputados, una estampando sólo en el sobre mi nombre y apellido, en la otra añadiendo la profesión de abogado, y en la tercera poniéndole el cargo de secretario del Juzgado de instrucción de esta ciudad.

Tal coraje me dió el recibo de las cartas, por el abuso que ello representaba, que inmediatamente escribí al Sr. Danvila una carta en la que le agradecía su ofrecimiento y á la vez le ofrecía yo también mi despacho, carta que corrí y deposité en correos sin franquear, y que al recibiría el destinatario debió abonar 15 céntimos, ó sea una cantidad igual á la que yo había satisfecho al cartero. Y ahora digo; si todos los que recibieron el B. L. M. de D. Manuel Danvila hubieran hecho lo mismo que yo; no hubiera tenido más gana de remitirlos en aquella forma, porque el recibo de las cartas sin franquear le hubiera costado un dineral.

Por lo que antecede ya comprenderá el compañero de Sevilla que el mal ejemplo cunde, y que como los diputados usan y hasta abusan del sello de franquicia postal del Congreso, sería conveniente que el presidente tomara cartas en el asunto, á fin de evitar que se repita la conducta en los señores Danvila y Alba.

Queda de V. afecmo. s. s. y compañero q. b. s. m.

EDUARDO RENAN.

Gandía 19 de Enero de 1909.

Moralidad jurídica

Leemos en La Ley:

«El mismo juez municipal que en funciones de primera instancia sentenció un pleito importante (por cierto dando lugar á que la Audiencia revocara la sentencia que dicho juez dictó) se ha presentado á defender el recurso de casación interpuesto por el favorecido en la sentencia del mencionado juez».

En un diario primero, en algunas revistas jurídicas después, se ha publicado este caso, llegándose algunos á preguntar si esto es lícito y digno.

Respecto al lado legal de la cuestión, la cosa es sencilla de resolver, ya que el art. 8.º de la ley de Administración municipal prohíbe taxativamente que el juez municipal pueda ejercer la abogacía mientras dura el desempeño de su cargo.

En cuanto al aspecto moral y digno de la cuestión, es este otro caso de la patología jurídica que es preciso extirpar por la dignificación de la clase, mientras se cobran ánimos para desterrar el que, como suceda algunas veces, informen parientes de los jueces y personalidades que por el puesto que han ocupado y pueden volver á desempeñar parece que debían estar inhabilitados.

No hace aún muchos días que el propio Sr. Moret, ex-presidente del Consejo de ministros, jefe del partido liberal, abogaba en estrados en su cualidad de letrado, y esto si que se presta á comentarios tanto ó más que el caso del citado juez municipal.

Y siguiendo así, no nos extrañaría el saber que señalada tenían vista en un mismo día el jefe del partido conservador y el del partido liberal, sosteniendo apreciaciones distintas según el sitio que ocupasen cada uno.

Son, como decimos antes, casos de importancia suma, y en los que el Colegio de abogados debía intervenir, con el fin de que, respetando leal libertad profesional, se acotase el terreno poniéndole los jalones legales y morales á que la toga tiene derecho, y en la que no debe haber restos ni huellas de ningún orden ni género.

Resolución de 13 de Agosto de 1908.

Dirección general de los Registros civil y de la propiedad y del Notariado.

Ilmo. Sr.: En el recurso gobernativo interpuesto por D. Rodrigo de Rodrigo, como Presidente de la Sociedad minera La Iberia Industrial- contra la negativa del Registrador de la propiedad de Cuevas de Vera á cancelar una inscripción de arrendamiento, pendiente en este Centro por apelación del Registrador.

Resultando: que por escritura otorgada en esta Corte en 7 de Mayo de 1878, ante el Notario D. Mariano García Sancha, D. Juan Richi y Mateo y D. Manuel Sáinz de los Terreros, como Presidente y Secretario, respectivamente, de la Sociedad especial minera La Iberia Industrial, previo el acuerdo y autorización necesarios de ésta, dieron á partido á D. José de Cadenas Elías las minas de la propiedad de la referida Sociedad llamadas La Iveria y Patriarca San José, sitas en Sierra Almagrera, término de Cuevas de Vera, provincia de Almería, que se describen en la escritura, en la que constan las condiciones estipuladas por los contratantes, y entre ellas, la de que el contrato duraría veinte años, que, contados desde el día del otorgamiento, vencería el 7 de Mayo de 1898; hallándose extendida á continuación del documento una nota de la oficina liquidadora del impuesto de derechos reales, con fecha 12 de Febrero de 1908, expresando que no devengaba impuesto «porque el acto que contiene se causó hace más de quince años y ha prescrito la acción administrativa para reclamarlo».

Resultando: que por el Registrador de Cuevas de Vera se expidió certificación, en virtud de providen-