El Foro español (Madrid. 1898) (1908-04-10 00:00:00), página 7

Siempre son requisitos indispensables los que señala el art. 2.º; que el procesado no haya delinquido anteriormente, que no haya sido declarado en rebeldía y que la pena no exceda de un año de privación de libertad. Sin la concurrencia de todas estas condiciones, no hay posible suspensión de condena en ningún caso. Y aun con ellas, el Tribunal puede en ocasiones prescindir de acordarla, si no la estima procedente. Obsérvese que, sobre la base expuesta, cabe, como facultad ó atribución judicial, la aplicación de la ley, que no tiene virtualidad inexcusable sino cuando así lo previene terminantemente el art. 5.º

Es pues, menester distinguir la facultad y el deber de los Tribunales respecto de esta novísima institución de Derecho penal y procesal. Para ejercer la facultad se ha de atender á la edad y antecedentes del penado, á la naturaleza jurídica del hecho justiciable y á las modalidades ó determinaciones específicas que lo caracterizan en el orden del Derecho y aun en el de la moral: pues no otra cosa representan las circunstancias de todas clases á que la ley se refiere.

Para cumplir el deber, crea ésta moldes precisos, en los cuales ha de moverse necesariamente la acción judicial: que se sentencie por exención incompleta de responsabilidad, ó que el reo sea mayor de quinceaños, ó que medie solicitud del ofendido en los casos en que sólo por querella, denuncia ó consentimiento de éste puede ser perseguido el delito: es decir, cuando se trata de adulterio, estupro, calumnia e injuria á particulares, violación y rapto con miras deshonestas.

Si median, no ya todas, como en el art. 2.º, sino cualquiera de las condiciones apuntadas, que son las contenidas en el art. 5.º, la suspensión de la condena se impone forzosamente por ministerio de la ley. Al Tribunal no toca otra misión que la de consignar la existencia de la que sirva de base al acuerdo; sin poder entrar en apreciaciones de distinta índole, como si se tratara del prudente arbitrio reconocido en el párrafo último de dicho art. 2.º Hé ahí la diferencia sustancial, gravísima, digna de la mayor atención y del más exquisito respeto, entre los dos polos del eje de la ley.

Las excepciones son categóricas e ineludibles, conforme al artículo 3.º; y alcanzan, así al ejercicio de la facultad judicial, como á la función obligatoria impuesta por la ley.

A los delitos excluidos, según la traza con que ésta los demarca, no es nunca aplicable la suspensión de la condena, salvo si acerca de los indicados al efecto la solicitaré expresamente, como antes se ha dicho, la parte agravada. Y conviene añadir en este punto que la solicitud expresa existirá aunque se formule á petición del sentenciado, á quien no es lícito privar del derecho de imputar el asentimiento del ofendido, libre para concederlo ó denegarlo. La ley no exige la espontaneidad del acto, suficientemente eficaz aunque se realice á ruego del interesado. Téngase así entendido al interpretar el núm. 1.º del art. 3.º y el núm. 3.º del art. 5.º

En el núm. 5.º del art. 3.º están comprendidos los billetes de Banco, ya que la falsificación de que se trata abarca los conceptos de los capítulos II, III, título 4.º, Libro II del Código penal y el último los incluye nominalmente en su epígrafe y en sus preceptos.

Dos recursos nos salen al paso al través de los artículos 5.º y 6.º, el de casación contra la resolución que se dicte en todos los casos de suspensión de condena por ministerio de la ley, y el que, fundado en error de hecho, podrá interponer en cualquier tiempo el Fiscal ante el Tribunal sentenciador.

Calificado el primero con la expresiva denominación que se le asigna, cae de lleno en las disposiciones del libro V, título 1.º de la ley de Enjuiciamiento criminal y circunscribir á la suspensión de la condena, en él se ventilará la procedencia ó improcedencia de la concesión, con arreglo á lo prevenido en el art. 5.º de la ley de 17 de Marzo, debiendo considerarse para este efecto, atraído al núm. 8.º del art. 848 de la de Enjuiciamiento, el auto que haga aquella declaración. ¿Cuáles serán las infracciones que dan lugar al recurso? Evidentemente las que resulten de la resolución que contradiga el precepto legal de dicho art. 5.º según la frase del 853 de la ley procesal.

El otro recurso que puede interponer el Ministerio fiscal por error de hecho, origina una duda que no debe correr inadvertida. ¿Cuáles son los hechos que autoriza este recurso? ¿Todos los que el Tribunal tuvo en cuenta al suspender la condena? No, ciertamente. Se tiende á invalidar una resolución que, como la ley revela en términos diáfanos, responde á la estimación de diferentes circunstancias, cuya influencia en el ánimo de los Jueces no es, ni puede ser, igualmente decisiva: unas esenciales, ineludibles, tasadas, como base de la suspensión; otras, accidentales, de entidad relativa, según que aquéllos les atribuyan más ó menos valor en cada caso. El error de hecho, lo mismo puede afectar á la suspensión acordada conforme al art. 2.º que á la que se diote con sujeción al art. 5.º Queda á salvo, además, en cuanto á este último, el recurso de casación, que gira en otra órbita y se desenvuelve con otras irradiaciones. Pero los motivos en que ha de fundarse el de error de hecho son los que constituyen elemento indispensable para suspender el cumplimiento de la pena; no los que pueden ser atendidos ó dejar de serlo, sin que la letra ó el espíritu de la ley se tuenga, menoscabe ó desvirtúe. El error de hecho podrá derivarse de indebida aplicación de los artículos 2.º y 3.º, en punto á las condiciones fundamentales de la suspensión ó á los delitos exceptuados.

Conste, por lo expuesto, que contra el auto de suspensión de la condena se establece el recurso de casación, cuando aquéllo se acuerda por ministerio de la ley; contra el que recae en virtud de acuerdo potestativo del Tribunal, sólo se autoriza el que podría calificarse de súplica, aunque la ley no lo designe así, ante el Tribunal que otorgó la condena condicional. Este último cabe igualmente en cualquier tiempo contra el auto del art. 5.º

No es dudoso que el art. 7.º, al encomendar al Presidente del Tribunal sentenciador la misión de amonestar al sentenciado con las advertencias y observaciones que deben prevenirle para evitar una nueva caída, se refiere en todos los casos al Presidente del Tribunal