El Foro español (Madrid. 1898) (1909-05-10 00:00:00), página 5

La práctica, que tiene entre nosotros gran influencia, porque á veces nos evita el discutir por cuenta propia cada uno y algún rozamiento con el que la contradice, sancionado por la repetición de actos, ha admitido en muchos sumarios que el perjudicado conteste «que no quiere mostrarse parte en la causa», y á esta frase se ha dado—pudiera citar alguna resolución judicial—el carácter de una renuncia formal que imposibilita en adelante el ejercicio del derecho expresado.

Renuncia es la voluntaria dejación de un derecho por quien reúne capacidad y personalidad para hacerla, exteriorizada y aun ritualizada—si se me permite la frase—en legal forma. El art. 109 sólo requiere para su cumplimiento que se instruya al ofendido, que se le notifique un derecho, no que se le requiera para obligarlo á hacer manifestación alguna ó contestar acerca de determinados hechos, sino á expresar quedar enterado ó instruido. Otra cosa será cuando se trate del derecho á renunciar ó no á la restitución de la cosa, reparación del daño é indemnización de perjuicios, á cuyos extremos se extiende la acción civil, respecto de cuyo punto necesita la ley, y en su nombre el fiscal, saber de una manera cierta la contestación del perjudicado y que la renuncia, en su caso, se haga conscientemente y sin error ninguno que la vicié, y tan escrupulosa es la ley en este punto y tal es su respeto á los intereses privados del ofendido por el delito, que al interpretarla la sentencia del Tribunal Supremo de 8 de Enero de 1887, determina que tal vicio existe cuando un perjudicado, que no puede prever en los primeros días la inutilidad que después le sobrevino, renuncia á tal derecho, que más tarde ejercita.

Aquella contestación admitida viciosamente al cumplir el art. 109, no tiene valor alguno ni somete al instruido para que en el curso del proceso, hasta la apertura del juicio, olvide su derecho de mostrarse parte. Si en otra forma legal lo hiciera y además deja trascurrir ese trámite, se entenderá que expresamente en aquel caso, y de manera tácita en éste, había hecho caso omiso de las atribuciones y derechos añejos á su condición de ofendido por el delito. Lo más significará en los Tribunales poner obstáculos para ejercitar una acción penal de carácter privilegiado aneja al ofendido por el delito, cuando una sana interpretación aconseje é impone un criterio amplio, extenso, para conseguir que vengan al proceso y al juicio oral, con las garantías deseadas, cuantas alegaciones y pruebas puedan y deban aportarse al acierto en el fallo. Un criterio estrecho en este punto pugna con los principios de la ley abierta al deseo de comprobar delitos y delincuentes y de amplia discusión en el juicio oral y público, y mermar el ejercicio de sus acciones á un ofendido, que son de carácter privilegiado, acusaría limitación de atributos y casi regateárselos en perjuicio del que ya ha sido víctima de un delito y ningún beneficio para nadie, como no sea para el presunto culpable, á quien la ley abre de par en par las puertas de la defensa y en grado igual concede personalidad á los acusadores.

Aparte el derecho sancionado en los arts. 109 y 110 expresados, concede la ley en su art. 281 número primero, al ofendido por el delito el privilegio de no exigirle fianza cuando formule la querella á que se refiere el art. 270. Es la querella, que pueden presentar todos los ciudadanos, hayan ó no sido ofendidos por el delito, uno de los medios legales para dar vida al sumario, como si dijéramos la partida de nacimiento de ésta. Y requiere para su eficacia llenar ciertos requisitos taxativamente fijados. Pero este derecho del ofendido en nada debilita el que expresa antes el artículo 110 de poder mostrarse parte en la causa si no hubiera renunciado antes del trámite de calificación. Aun siendo esto tan claro, en mi humilde opinión, no participa de la misma un distinguido magistrado, según así lo ha hecho constar en esta misma Revista y en discreto artículo, donde defiende que el perjudicado tiene necesidad de formular querella, como exige el art. 272 de dicha ley, ante el Juez de Instrucción. Y hasta ha llegado á mi noticia que tal criterio ha sido objeto de sanción en la oportuna resolución judicial dictada por una Audiencia á escrito de letrado y procurador que en nombre del perjudicado acudieron, antes de la apertura del juicio oral, solicitando se les tuviera como parte en el proceso. Se declaró no haber lugar fundándose en que, puesto que el art. 270 de la ley concede al ofendido derecho á querellarse, y el 272 dispone que la querella se interpondrá ante el Juez de Instrucción competente, es de rigor legal aplicar á la letra tales artículos. La frase pueden querellarse que estampa el art. 270, manifiesta á las claras que es un derecho renunciable, que no se opone al que estatuyen los arts. 109 y 110, también renunciable, si, pero que cuando se ejerzta no puede oponérsele el obstáculo de la querella. Lo contrario significaría que un derecho á favor del ofendido se oponía á la realización del otro y hasta lo anularía, cuando el derecho á mostrarse parte es llano y sencillo y sólo requiere hacerlo con abogado y procurador, y el derecho también de querellarse sólo sirve para abrir el proceso y no puede en manera alguna hacer ineficaz el primero poniendo en su camino la barrera de la querella.

Aeaso esta expansión en el ejercicio de la acción penal por el perjudicado pueda merecer el concepto de excesiva y aun dar motivos para que después del sumario, en la Audiencia, se abra el apetito de los que están á la que salta para perseguir ganancias á costa del procesado ó á producirle molestias. No dudo que puede esto ocurrir, pero la sospecha no quita fuerza al discurso ni las suspicacias fueron nunca argumentos de gran energía. Por si algo faltara, el art. 642 de la ley procesal se encarga de ofrecer el último argumento. «Si el Ministerio fiscal, dice, pide el sobreseimiento y no se hubiere presentado en la causa querellante particular dispuesto á sostener la acusación, podrá el Tribunal acordar que se haga saber la pretensión á los interesados en la acción penal (el perjudicado en el primero) para que dentro de un término prudente comparezcan á defender su derecho si lo consideran oportuno».

No se contentó la ley con excluir de la obligación de