El Foro español (Madrid. 1898) (1908-07-20 00:00:00), página 2

criban, y hasta la rendición de cuentas entre mandante y mandatario llegue á prescribir por el tiempo, y no prescriba el mandato.

Es arriesgado suponer indefinidamente vigentes los poderes, sin ratificación, sobre todo para enmiendar; y brindamos el tema á los estudiosos, porque la jurisprudencia no se ha ocupado nunca, que sepamos, de esta cuestión, tal vez porque no se ha rechazado ningún poder por viejo. Los casos abundan, sin embargo, é importa dilucidar este asunto para promover la resolución que proceda:

(De La Reforma)

RAMON NOVOA SEOANE

Revisión del Código civil

Las tres disposiciones adicionales que cierran el Código civil de 1.º de Mayo de 1889, expresan de modo terminante que la Comisión de Codificación formulará y elevará al Gobierno cada diez años, las reformas que convenga introducir en aquel cuerpo legal teniendo en cuenta los datos que el Presidente del Tribunal Supremo y los de las Audiencias territoriales envíen al Ministro de Gracia y Justicia al fin de cada año, señalando las deficiencias y dudas que hayan encontrado las Salas de lo civil al aplicar el Código, los progresos realizados en otros países que sean utilizables en España y la jurisprudencia del Tribunal Supremo.

Ignoramos si las Audiencias cumplen perfectamente con lo dispuesto en la primera de las adicionales referidas y observan las reglas aclaratorias establecidas por la circular de 16 de Octubre de 1889, que exigió á las mismas no limitar su informe á los casos y dificultades que hubieran surgido en la práctica, sino entenderlas á otros hipotéticos; para lo cual, dividirán el trabajo los magistrados encargados de ello en dos secciones, correspondientes á ambas clases de observaciones; pero lo que sí podemos afirmar es que, al transcurrir el primer período de diez años que señala la disposición tercera, la Comisión de Códigos no formuló las reformas que desde el día siguiente de publicarse la ley civil, denominada impropiamente común, solicitaron los jurisconsultos y requirió el progreso jurídico de la Nación.

Dentro de unos meses culmine el segundo período determinado para formular las indicadas reformas, y aunque hasta el presente no parece se haya hecho ningún trabajo en tal sentido por la Comisión de Códigos, no quiere ello decir que no existan en la ley civil artículos que precisan rápida modificación y redacción nueva para evitar cuestiones litigiosas, e instituciones que, sin ser una novedad, por motivos desconocidos no se incluyeron en aquel cuerpo legal á su tiempo debido, por lo que deben ser articuladas inmediatamente.

Una relación sucinta de las principales materias que requieren ser modificadas y agregadas, nos revelará la necesidad imperiosa que exige la revisión del Código civil en vigor, impuesta por la poderosa corriente científica moderna y por la evolución de las instituciones civiles que no puede impedirse ni contrarrestarse.

La anticipación de la mayor edad al tipo de veintiún años, ya declarada por el Código mercantil desde 1886, respecto de la capacidad para ejercer el comercio; la obligación impuesta al padre de dotar á las hijas con la mitad de lo que se calcule ser su legítima, estableciendo una verdadera ficción de muerte ó impuesta sucesión anticipada de los padres; el sistema de legítimas regulado por el Código, una de las principales causas de que la unidad civil no se llevará á efecto hace veinte años; la conservación de los esponsales con el carácter severo y económico con que están reglamentados, conservando reminiscencias de organizaciones jurídicas ya antiguadas; la intervención del Estado en las sucesiones intestadas cuando faltan parientes del sexto grado, que dados los vicios de la burocracia española, resulta innecesaria y perjudicial; el otorgar á la patria potestad el carácter semi-romano de derecho más que de función respecto de los hijos, y la autoridad desigual en que se coloca á la madre, con relación á los mismos, mientras vive su esposo; el impedir la reforma de las capitulaciones matrimoniales, que es notablemente dañoso en el caso de que el marido quiera recobrar la administración que cediera por conveniencias de momento; las limitaciones que en varios apartados se imponen al derecho de propiedad y el criterio marcadamente individualista con que se conserva aquél; la ausencia del carácter de patronato en la adopción; la ampliación del contrato de seguro; la escasitada fórmula de matrimonio civil y algunas otras de mayor ó menor importancia que las expresadas, son materias del Código general que exigen sin descuido alguno una pronta y cuidadosa reforma.

En cambio conviene añadir al Código multitud de instituciones jurídicas que la civilización reclama con toda urgencia; tales son: el contrato de edición incluido en todos los Códigos extranjeros y cuya falta de reconocimiento no sabemos á qué atribuir; el contrato de trabajo, que las modernas relaciones entre empresarios y obreros precisan; el de hospedaje, que pasó desapercibido apenas de su inmensa importancia; el reconocimiento de la llamada propiedad corporativa, pues una vez aceptada la personalidad de las entidades colectivas, no hay razón para imponerles capitis diminutio alguna; el contrato de arrendamiento perpetuo, que resolvería en Castilla varios aspectos de la cuestión social, como en principio lo ha solucionado en determinadas provincias españolas; la consideración como derechos reales de los contratos de censo, prenda e hipoteca, si bien modificándolos en sentido más progresivo, que favorezcan el crédito sin resultar una pena para los deudores, y otros varias que no sería difícil coleccionar.

Al lado de estos puntos de derecho que merecen ser estudiados y discutidos con toda fijeza al ser modificados ó incluidos en la ley civil, no debe olvidarse la exigencia de reformar, en sentido menos radical, la profunda novedad introducida por el Código suprimiendo la costumbre en su aspecto general como fuente directa del Derecho civil español, no compensada