El Foro español (Madrid. 1898) (1908-12-20 00:00:00), página 3

en la ley las verdaderas condiciones para designar los elegidos, siendo desde luego desechables las que hoy rigen, pues ni el pago de una contribución ni los años de ejercicio de una profesión que es, según hemos dicho, el único requisito que exige la actual ley adiciona- l para dar entrada en la Magistratura a los Abogados y Catedráticos, son signos suficientes para acredita- tar tan relevantes cualidades, pues por el contrario son condiciones comunes que reúnen todos los Abogados y Catedráticos.

Tampoco creemos en la necesidad de airear el am- biente en que viven los funcionarios de la carrera ju- dicial, fomentando el acceso de personas que con su ciencia vivifiquen la administración de justicia, difun- diendo entre sus funcionarios los progresos científicos, pues tal necesidad, se siente lo mismo por igual en to- das las demás carreras del Estado y se llena suficien- temente por los medios ordinarios que en todas ellas hay y sobre todo, por el muy eficaz de procurar que el ingreso en la carrera se abra sólo al mérito y á la justicia y que ésta asegure el bienestar de los funcio- narios que cumplan con rigurosidad los complejos de- beres de su cargo.

L. P.

CORRUPTELAS JUDICIALES

¿Son apelables los autos de procesamiento?

Esta cuestión se ha resuelto afirmativamente por la mayor parte ó acaso todas las Audiencias provinciales, interpretando el art. 384 párrafo 2.º de la Ley de Enjuiciamiento criminal.

¿Pero es acertada esa interpretación? Hay que exa- minar la letra y espíritu de la ley en este punto para poder contestar con fundamento á esa pregunta.

Dice el párrafo indicado que «el procesado podrá desde el momento de serlo aconsejarse de Letrado para formular pretensiones que afecten á su situación, pue- diendo apelar para ante la Audiencia si el Juez instruc- tor no accediese á sus deseos». Se ve, pues, que el re- curso de apelación que indeterminadamente establece aquél párrafo es contra las resoluciones que afecten á la situación del procesado, y situación de una persona ó cosa es el estado ó la condición en que se halla, algo accidental ó circunstancial que puede cambiar ó modi- ficarse sin alterar y menos destruir lo esencial á que afecta, y aquí lo esencial es el procesamiento, sin el cual no podría hablarse de la situación del procesado porque no existiría éste.

Además, la expresada ley establece por adelantado, en el art. 217 de sus disposiciones generales, que el re- curso de apelación contra los autos del Juez de ins- trucción únicamente podrá interponerse en los casos determinados en la misma, y ante este precepto claro, preciso y terminante no puede fundarse la apelación del auto de procesamiento en la vaga disposición del párrafo transcrita. 2.º del art. 384, por muy extensa que sea la interpretación que quiera dárselle. Y no es que huelga aquel párrafo, sino que contiene solamen- te una disposición general e indeterminada que se des- arrolla y determina en disposiciones especiales de la ley, como son las de los artículos 518, 529, 830 y algu- nas otras, referentes á la prisión, á la libertad, á la fianza, á la extradición, que marcan la situación del procesado en la causa.

Pero si el sentido literal de la ley no autoriza el re- curso de apelación contra los autos del procesamiento dictados por los Jueces de Instrucción, menos le au- riza y aun puede afirmarse que abiertamente le recha- za su espíritu. Para demostrarlo no hay necesidad de hacer razonamientos, por que los da hechos el ilustre autor de la Ley de Enjuiciamiento criminal en la no- table exposición de motivos de la misma ley.

No tiene, ciertamente, desperdicio aquella exposi- ción, pero basta al actual intento copiar algunos de sus párrafos.

En ella se dice, hablando de la separación del sumá- rio y del juicio: «No: de hoy más, las investigaciones del Juez instructor no serán sino una simple prepara- ción del juicio. El juicio verdadero no comienza sino con la calificación provisional y la apertura de los debates delante del Tribunal que, extraído á la ins- trucción, va á juzgar imparcialmente.- Y más ade- lante, para justificar la implantación del sistema acusatorio, se consigna concretando apreciaciones: «Resulta que puede sin peligro de los intereses públi- cos y particulares cesirse el Tribunal al ejercicio de una sola atribución: la de fallar como Juez imparcial del campo sin sujetarse á prueba tasada de antemano por la ley, y sin el agitijón del amor propio excitado en el Juez instructor por las extratragamens que en ocasiones emplean el acusado y el acusador privado para burlar sus investigaciones» Y para mantener al Tribunal en la serena y elevada esfera en que la ley le coloca, y no desvirtuar el principio acusatorio que la informa, se encomienda el acta de acusación al Ministerio Fiscal ó al acusador particular «porque así se logra que la cues- tión criminal que en el proceso se agita ó disiente vaya intacta al Tribunal á quien corresponde decidirla».

Basta de copia, porque debe de ser suficiente lo co- plado para desvanecer cualquiera duda que pudiera ofrecerse en la interpretación del art. 384, párrafo 2.º de la ley de Enjuiciamiento criminal. Esta ley, des- arrollando con lógica el sistema acusatorio, marca tres periodos perfectamente diferenciados en el procedi- miento criminal, que son el de sumario, el de conclu- sión del mismo y de sobreseimiento y el de juicio oral. En el primero es árbitro el Juez de instrucción, sin perjuicio de la inspección que corresponde al Tribunal y al Ministerio fiscal, el cual la ejerce directamente; en el segundo periodo es árbitro el Ministerio fiscal ó el acusador particular, hasta el punto de que ni aun en- tonces puede el Tribunal, cuando asume ya el conoci- miento de la causa, apreciar las pruebas sumarias de culpabilidad ó inculpabilidad del procesado, y tiene forzosamente que acordar el sobreseimiento ó la aper- tura del juicio, conforme á la petición que se formulé con la sola excepción, en el último caso, de que estime