El Foro español (Madrid. 1898) (1908-02-29 00:00:00), página 12

sos que pudieran presentarse, no lo es menos que su vaguedad, por su misma extensión producida, la hace arma muy peligrosa y para usada con la debida prudencia, sin olvidar que es de grandísima utilidad que en toda cuestión jurídica haya una regla de derecho, no por cuestionable menos conocida, y sea la misión del juzgador el interpretarla y no el crearla, ya que no es ni puede ser ese el papel que le corresponda en la vida del derecho.

Uno de los puntos en que nuestro Código es más incompleto es el relacionado con el concepto y requisitos de la ley, y principalmente con su promulgación, esencialmente necesaria para que, en justicia, pueda ser obligatoria, ya que es aforismo jurídico, por nadie desmentido, el de que al ciudadano no pueden obligar leyes que no le hayan sido dadas á conocer. Y á esta importante cuestión sólo dedica el Código el art.1.º, en el que dice que las leyes serán obligatorias á los veinte días de su promulgación en España, islas adyacentes y territorios de África.

Dejando aparte multitud de cuestiones doctrinales, con este precepto relacionados, como son las del significado de la palabra leyes, de casos de excepción, etc., surge una difícil cuestión práctica de la comparación del citado art. 1.º y el 9.º, pues éste dispone que las leyes relativas á los derechos y deberes de familia, ó al estado, condición y capacidad legal de las personas obligan á los españoles, aunque residan en el extranjero, precepto muy plausible, pero en el cual no se indica cuándo las modificaciones de esas leyes obligarán á los españoles residentes fuera del territorio nacional, ni cuándo podrá considerarse como establecida la presunción legal juris et iure, de conocimiento de la ley, que sirve de fundamento á su fuerza obligatoria.

Pudiera sostenerse que el plazo marcado por el artículo 1.º rige igualmente para los españoles que residen en el territorio nacional, que para los que vivan fuera de él, por la razón, naturalmente clara, de que á éstos obligarán las leyes vigentes en España; pero, de aceptar esta interpretación, ¿qué valor tiene entonces el párrafo en el cual se limita el plazo de promulgación de veinte días, y sus efectos al territorio español, islas adyacentes y territorios del norte de África? Y de no aceptarse esta interpretación, ¿cuándo se reputarán vigentes para los españoles residentes en el extranjero las leyes españolas? Porque no debe olvidarse que nuestras leyes (la de Enjuiciamiento civil entre otras), siempre que marcan plazos legales, los establecen más largos para los residentes fuera del territorio nacional, cosa muy justa, porque es de suponer que antes podrán enterarse de una ley los residentes en España que los que están fuera de ella.

Un comentarista español, el señor Manresa, después de rechazar, como acabamos de hacer nosotros, la aplicación á estos casos del art. 1.º del Código, distingue en esta cuestión dos aspectos distintos, según se trate de aplicar la ley ante los Tribunales españoles ó ante Tribunales extranjeros. Si el pleito se sigue ante un Tribunal extranjero, la cuestión no ofrece dificultad, porque, siguiendo las reglas generales, el litigante que alegara en su favor la ley española, deberá probar su vigencia en España, como una simple cuestión de hecho, si bien pudiera suceder que alegara una ley, la conocida por él, cuya vigencia no pudiera demostrar, aun cuando esto, si bien pudiera ocasionarle perjuicios, no altera ni modifica el principio fundamental de que las leyes de un país cualquiera, alegadas en un Tribunal extranjero se consideran como simples cuestiones de hecho; y claro está que, para todos estos casos, el plazo promulgatorio de la ley será el marcado por el art. 1.º, pues lo que se ha de demostrar es la vigencia de la ley en España.

En el otro caso—dice el señor Manresa—como los Tribunales carecen de expreso texto legal que pueda servirles de norma para solucionar la cuestión, habrán de acudir al art. 6.º del Código, donde se citan, como fuente supletoria para casos de insuficiencia legal, los principios generales del derecho. Uno de éstos es el de que no obligan las leyes sino cuando son conocidas y que no pueden suponerse de conocimiento obligatorio sino aquellas que han sido debidamente promulgadas; y, por tanto, quedará al criterio del Tribunal el decidir si la ley en cuestión era, ó al menos debía ser conocida por el español residente en el extranjero. De esta opinión es también partidario el comentarista francés M. Demolonbe.

Pero, aun admitiendo como cierto todo esto, y en realidad lo es, ¿cuál habría de ser el criterio en que formaran el suyo los Tribunales? ¿Qué pruebas podrían éstos exigir para demostrar el conocimiento ó desconocimiento de la ley en cada caso? ¿Qué hechos deberían considerarse demostrativos de que no se conocía la ley? ¿Es, acaso, que puede alegarse, ante los Tribunales españoles, el desconocimiento de la ley?

¿Puede, entonces, considerarse esta materia excepción al art. 2.º del Código, en el que se dice que la ignorancia de las leyes no excusa de su cumplimiento? Claro es que, á falta de texto legal, los Tribunales habrán de fallar según su criterio de interpretación y aplicación de los principios generales del derecho; pero no lo es menos que el litigante se habrá de encontrar abocado al arbitrio del juzgador que, según su leal saber y entender, decidirá, en cada caso, lo que más conveniente estimara.

Y como consecuencia, ó se quebranta el derecho natural concebido obligatorias leyes no promulgadas debidamente, ó se quebranta el art. 2.º del Código admitiendo una excepción justa al principio, de que la ignorancia de las leyes no excusa de su cumplimiento. Y como este segundo precepto es sólo consecuencia inmediata del primero, entendemos que debe optarse por quebrantar el segundo, por menos fundamental, y porque su quebrantamiento supone no haberse cumplido las condiciones de promulgación.

De todas maneras, los mejor sería que los Poderes públicos preocupársen de esta cuestión, y dictando reglas precisas claras resolvieran este vacío tan propenso á dificultades de interpretación.

M. DE BEDMAR.
Catedrático de Derecho civil de la Universidad.