El Foro español (Madrid. 1898) (1909-09-30 00:00:00), página 7

electoral ante las Mesas formadas por el Presidente y los dos Adjuntos.

Los candidatos á Diputados provinciales pedirán y obtendrán su proclamación como tales, por un distrito determinado de la provincia donde corresponda elegir ó por aquél á que se refiera la elección parcial.

Anunciada una elección general ó parcial, los Secretarios de las Diputaciones, remitirán, en el plazo de tercer día, á las Juntas provinciales del Censo, certificación comprensiva de los nombres y apellidos de todos aquellos que hayan sido elegidos Diputados provinciales en un plazo anterior de veinte años, haciendo constar el distrito por donde lo fueron, á fin de que las Juntas los tengan presente al formularse las propuestas de proclamación de candidatos, no siendo, por tanto, impedimento para acordarle, la falta de la certificación de referencia por parte del candidato, si consta incluido en la expedida por el Secretario de la Diputación.

La infracción de este mandato será castigada, como de carácter electoral, con arreglo al artículo 75 de la ley Electoral vigente.

Art. 8.º Para la aplicación y cumplimiento del procedimiento marcado en el artículo 25 de la ley Electoral, cuando aspiren los candidatos á ser proclamados, en virtud de propuesta de electores, conforme al caso 3.º del artículo anterior, se tendrá muy en cuenta que dicha propuesta ha de estar autorizada por la vigésima parte del número total de electores del distrito á que corresponda la elección, constituido en la forma prevista en el caso y anteriormente dicho.

Art. 9.º En el apartado I.º del artículo 28 de la ley Electoral, se considerará incluido el de Diputado provincial, á los efectos de proclamación del art. 29 de dicha Ley, y los demás extremos á que afecta dicho artículo, especificando el derecho de los candidatos proclamados, se observarán en la misma forma señalada en el texto legal citado.

Art. 10. El artículo 29 de la ley Electoral seguirá en todo su vigor para las elecciones de Diputados provinciales, correspondiendo las funciones de declaración de electos y demás actos en que deban actuar las Juntas á las provinciales del Censo electoral.

Art. 11. El procedimiento activo electoral hasta terminar los escrutinios generales por las Juntas provinciales del Censo, será el marcado en la ley Electoral vigente en sus artículos 30 al 50.

Art. 12. En armonía con lo dispuesto en el art. 60 de la ley Electoral de referencia y 57 del Real decreto de 5 de Noviembre 1890, la presentación y examen de las actas y las reclamaciones contra las elecciones en todos sus actos, incompatibilidades ó incapacidades, se regirán por los artículos 52, 53 y 54 de la ley Provincial vigente.

Art. 13. En cuanto á declaración de vacantes y convocatoria de elecciones, tanto parciales como de renovación bienal y demás operaciones referentes á constitución, regirán los preceptos determinados al efecto en la ley Provincial actual.

Art. 14. Para la sanción penal, necesidad esencialmente en vigor é ineludible del voto obligatorio y de más actos relacionados con la elección, no especificados anteriormente por ser de general procedimiento, se tendrá en vigor la ley Electoral vigente y sus disposiciones aclaratorias dictadas por el Gobierno, de acuerdo con la Junta Central del Censo, ó por ésta, en uso de sus facultades propias y de Ley.

La justicia municipal en el derecho español

II.

Los antecedentes históricos de la diferenciación procesal se hallan en la ley XLI, título III y ley VI, título XXII de la Partida III, cuya última citada ley se refiere á mayor abundamiento, á las contiendas entre armas pobres ó vítores; ley I, título IV, libro IV del Específico; leyes XIII, XVII y XXVI, título IX, libro III de la Nueva Recopilación donde se alude á la intervención de los Alcaldes; capítulo II de las Ordenanzas de Mouzón; decreto de 1518 respuesta á la petición 60 de las Cortes de Madrid en 1524 ratificada en 1584; ley XI, título XIV, libro V, leyes VII y VIII, título III y ley IV, título V, libro XI, de la Novísima Recopilación; decreto de 1602, donde se alude mayormente á «los labradores, que saben poco de negocios»; cédula de 1768; decreto de 1769; Real resolución de 1796; ordenanzas de Carlos IV; Código de Comercio de 1829, ley de Enjuiciamiento sobre los negocios y causas mercantiles de 1830; Real Orden de 12 de Febrero de 1835; Reglamento provisional para la administración de Justicia de 26 de Septiembre de 1835; ley de Enjuiciamiento civil de 1855; ley orgánica del Poder judicial de 1870; ley de Enjuiciamiento civil de 1891; etc., etc.

Por Real Orden de 22 de Octubre de 1855, se crearon los Jueces de paz que comenzaron á funcionar en 1856 atribuyéndoseles competencia en los asuntos de cuantía hasta seiscientos reales, que aumentó hasta doscientas cincuenta pesetas la ley Orgánica de 1870, que principió á llamar á dichos funcionarios Jueces municipales. Habiendo proyectado posteriormente el ministro Sr. Montero Ríos elevar aludida cuantía hasta quinientas pesetas.

A mediados del pasado siglo se separó definitivamente lo judicial de lo gubernativo, sin perder el carácter local; quedando los jueces municipales como elemento constitutivo del Poder judicial. Pero sin llegar á marcar claramente la cuantía de su competencia y excluyéndoles de intervenir en los procedimientos especiales, no obstante decir la ley de 1855 que toda cuestión entre partes, cuyo interés no excediera de seiscientos reales, se decidiera en juicio verbal.

Opinamos, con Montero Ríos, que á los Tribunales municipales debe encomendárseles el conocimiento de las cuestiones, cuya resolución dependa principalmente de la recta apreciación de los hechos en que consistan ó de la aplicación al caso litigioso de reglas fáciles y sencillas de derecho. Pero, por ahora, es preciso ajustarse al precepto de la ley Orgánica donde se dice que los Jueces municipales tienen atribuciones