El Foro español (Madrid. 1898) (1908-02-11 00:00:00), página 6

del legislador al estampar en el Código penal un precepto que evidentemente tendía á impedir que la penalidad de un hecho punible determinado, cuando constituya dos ó más delitos ó cuando el uno de ellos sea medio necesario para cometer el otro, exceda de la imposible al delito más grave, aplicándola en su grado máximo. Lo que sucede es que en muchos casos el castigo sería menor si se penaran independientemente los dos delitos. Y á poner remedio á este resultado, admitido ya como uno de los más acentuados motivos de indulto, se dirige la ley de 8 de Enero al establecer que «sólo se impondrá la pena correspondiente al delito más grave, aplicándola en su grado máximo hasta el límite que represente la suma de las dos que pudieran imponerse, penando separadamente ambos delitos».

Como se ve, el propósito coincide con el espíritu que inspiró, aunque sin feliz éxito positivo, la prevención del art. 90. Se pretende restablecer su genuino sentido, depurar su significación, aquilatar su alcance, y así se consigue, en relación con los casos más ordinariamente comprendidos en él: allí donde se aplican penas de privación de libertad que, por ser homogéneas, pueden sumarse, como expresa la nueva ley, y donde, por otra parte, el grado máximo que ha de seguir rigiendo para el efecto que analizamos no supera matemáticamente el límite que represente dicha suma. En estos casos, la hermenéutica de la ley de 8 de Enero corriente no ofrece dificultad alguna. Bastará rectificar la condena recaída, adaptándola al criterio de la reforma; se aplicará el grado máximo de la pena más grave en la extensión que permita el cómputo de las dos que aisladamente pudieran imponerse.

Pero algo más hay que tener en cuenta, sobre lo cual llamo en especial la ilustrada atención de V. S. Cuando la suma de esas dos penas sea inferior á la duración mínima del grado máximo, ¿será lícito prescindir de aplicar ésta y rebajar la penalidad hasta el límite á que llegue dicha suma, fuera, por consiguiente, del grado máximo? Razonemos ante hechos concretos. El disparo de arma de fuego y lesiones menos graves, con atenuantes, están penados en la siguiente forma: disparo, seis meses y un día á un año, ocho meses y veinte días; lesiones, un mes y un día á dos meses; total: siete meses y dos días á un año, diez meses y veinte días. Sin circunstancias modificativas: un año, ocho meses y veintiún días á dos años, once meses y diez días. el disparo; dos meses y un día á cuatro meses, las lesiones; total: un año, diez meses y veintidós días á tres años, tres meses y diez días. Con agravantes: el disparo, dos años, once meses y once días á cuatro años y dos meses, las lesiones, cuatro meses y un día á cinco meses; total: tres años, tres meses y doce días á cuatro años y ocho meses. Comparadas estas sumas con el grado máximo de la pena más grave de las dos, éste es siempre mayor, porque sube, en el primer caso, de dos años, once meses y once días á tres años, cuatro meses y siete días; en el segundo, de tres años, cuatro meses y ocho días á tres años, nueve meses y tres días, y en el tercero, de tres años, nueve meses y cuatro días á cuatro años y dos meses.

De donde resulta que, observada estrictamente la nueva ley, que manda aplicar el grado máximo de la pena correspondiente al delito más grave, será tan ineficaz en beneficio del reo el texto reformado como el antiguo, puesto que la condena recaída en tales condiciones, inevitablemente dentro del grado máximo que prefija, rebasará la extensión que tendría la que por uno y otro delito, apreciada en conjunto, hubiera de aplicarse, penando cada uno de por sí.

Y esto malogra sustancialmente la intención de la nueva ley, hartó manifiesta por los precedentes que la justifican y hasta por las palabras que contiene, al establecer que el grado máximo de la pena más grave pueda elevarse más allá del «límite que represente la suma de las dos que pudieran imponerse».

Con que se hubiese omitido la frase «en su grado máximo», dejando en libertad á los Tribunales para aplicar la pena hasta el límite citado, quedaría desvanecida toda duda y disipada toda dificultad. Pero el artículo es terminante: hay que aplicar precisamente el grado máximo, en contradicción á veces, según se ha comprobado—y la tesis podrá referirse á algunos otros hechos—con el fin moral y jurídico del legislador, que no ha sido otro que el de vaciar en su legítimo molde la virtualidad del art. 90, dictado para favorecer al reo, y que, por sensible error de redacción, le perjudica repetidamente. En ese error reina la reforma, desde el punto de vista que se acaba de exponer. Fuerza será promover de algún modo más conveniente modificación que lo subsane.

No es éste sólo el aspecto que importa examinar. Las penas de privación de libertad pueden ser sumadas. Pero, si la suma no cabe, porque las dos penas son heterogéneas—prisión y multa ó destierro por ejemplo,—¿cómo determinar la forma de comparación para deducir «el límite» de que habla el legislador? También adolece de lamentable defecto la previsión de la ley en este concepto. Conocida su tendencia, el buen juicio de los llamados á hacerla efectiva podrá interpretarla en cada caso conforme al interés preferente de los reos.

Y resta decir algo también acerca de la pena indivisible. Cuando el grado máximo, ineludiblemente aplicado, obligue á la imposición de aquélla, ¿qué sumas son posibles para establecer el paralelo que sirve de eje al nuevo precepto, ni cómo arbitrar otra solución punitiva más favorable donde no hay medio de escoger?—Digno de loa en este punto es el Código de justicia militar, precedente que se pudo tener en cuenta al afrontarse la reforma ya en vigor. El art. 213 de aquel Cuerpo legal previene, saliendo al encuentro de estos graves reparos, que «no pueda aplicarse la pena de muerte cuando no corresponda á ninguno de los dos delitos, penados separadamente». La enormidad que se deriva de no consignarse igual disposición en la ley de 8 de Enero hará crónica la piadosa necesidad de ejercitar la Regia prerrogativa en los expedientes que de antiguo vienen clasificándose como «indultos del artículo 90.» Con lo cual se patentiza que tampoco ha sido ventajoso, en ese orden de la aplicación de la ley penal, el texto, que, aspirando plausiblemente á mejo-