El Foro español (Madrid. 1898) (1910-01-20 00:00:00), página 3

Los incidentes de nulidad se considerarían comprendidos en el juicio; los demás incidentes devengarían por separado.

Además del Arancel general se conservaría, titulándolo especial, el que hoy rige, introduciendo en él las modificaciones necesarias para darle mayor proporcionalidad. Por ese Arancel especial se regularían los derechos del Secretario en todas las actuaciones que no constituyesen un juicio ó acto de jurisdicción voluntaria, como exhortos, peticiones de documentos ó testimonios fuera del juicio, etc.

Las costas se impondrían siempre al vencido en juicio, pudiendo además declarársele temerario cuando procediese, y en ese caso, sin perjuicio de que se hubiera aplicado el Arancel general, satisfacta como indemnización del trabajo que su temeridad impuso, la mitad de los derechos del Arancel especial por todas las actuaciones del procedimiento.

Verdad que el sistema es algo complicado; pero eso no es obstáculo habiendo de aplicarse personas peritas; más complicada que la secular carreta es la veloz locomotora y á nadie se le ocurriría ponerle esa falta. El caso es que con ese sistema el Secretario vería apreciados sus trabajos en forma más honrosa, y concertados sus intereses con los del litigante, ya que ambos tendrán ventaja en activar la tramitación, desapareciendo con ello el antagonismo que le hace odioso.

El inconveniente de conservarse el Arancel de ahora para retribuir las actuaciones que por no ser términos de un procedimiento determinado no caben en el Arancel general, no es grande, teniendo en cuenta que esas actuaciones son relativamente escasas, que casi siempre está prelimitada su extensión, y que la decisiva influencia del Arancel nuevo en la forma de proceder, corrigiendo malos hábitos, haría difícil, por más saliente, cualquier abuso en dichas actuaciones. La conservación del propio Arancel actual como regulador de la indemnización debida al auxiliar obligado á un trabajo extraordinario no previsto, por la temeridad ó mala fe de un litigante, nada perjudicaría al nuevo sistema, siendo, por el contrario, á la vez que un acto de justicia, un modo de contener y castigar á los continuados perturbadores del orden jurídico procesal.

Bien desarrollado, creo tan factible el sistema que, en mi opinión deberá extenderse para comprender á los Procuradores y aun á los Abogados, limitado en cuanto á éstos á su obligada intervención en los juicios (1), nunca á las tareas de su despacho respecto de las cuales habría que respetar la horrosa libertad de ahora, y salvo en todo caso pacto especial con su defendido. Extendido así el principio, quien hubiese de acudir á los Tribunales conocería de antemano con mucha aproximación los dispendios á que se obligaba con lo que se allanaría mucho el camino de la justicia, que ahora sólo emprenden los muy obligados á ello, y siempre con el temor de ser en el desvalijados.

He aquí, ahora, la carta antes aludida:

Los Escribanos y el Arancel por conceptos

Sr. D. Antonio Soto.

Mi querido amigo y compañero: En el último número, el 47, de la Revista de los Tribunales, de que usted es Redactor Jefe, se inserta un sueto largo referente al «Arancel por conceptos» propuesto por los Escribanos de Madrid para sustituir al actual, con ocasión del artículo que en su defensa publicó la Gaceta de Tribunales, órgano de algunos Colegios de Escribanos, y más especialmente de un respetable grupo de Escribanos de esta Corte.

Yo, que en muchos particulares disiento aún de las opiniones de este periódico, y que he venido sosteniendo campaña contra sus tradicionales orientaciones, hoy, por fortuna, cambiadas—de lo que es buena prueba la defensa que hace del «Arancel por conceptos» y del Secretariado judicial, que antes combatiera tenazmente,—he de rogar á usted que me permita referirme á uno de los argumentos por la Revista hábilmente empleados entre aquella propuesta reforma; á uno, solo, pues cuáles sean mis convicciones en la materia, lo saben usted y sus lectores, gracias á la bondad que esa Revista me hizo de publicar hace algo más de un año, unos artículos míos sobre ello.

Dice la Revista, volviendo contra el proyecto de Arancel la argumentación misma de la Gaceta, que si aquél ha de interesar al Escribano en la pronta terminación de los pleitos y expedientes, el proyecto es malo porque pone en riesgo la libertad y la amplitud de las contiendas judiciales. Y añade la Revista con perfecto sentido: «Lo que se ha de procurar es que el Escribano no tenga interés en que el pleito tenga poca ó mucha tramitación; se acabe pronto ó tarde en sustanciarse».

Yo contesto: —«Eso—juzgando las cosas con un criterio humano, ni deprimente ni apologético—no es realizable, porque ni la solución del sueldo lo conseguiría, toda vez que entonces aún sería más presumible el interés—diga- mos ahora el deseo—del Escribano de acabar pronto, para trabajar menos».

Y es, mi querido amigo, que no está ahí el quid. No hay razón para hacer á los Escribanos moralmente peores que los demás profesionales; y, unos á sueldo, otros con Arancel, obtienen en general la respetabilidad bastante para impedir la acusación de que... el médico procure entretener la enfermedad, ó el Magistrado abreviar los juicios en perjuicio de los enjuiciados.

Ó yo estoy completamente equivocado, ó el secreto de la prevención contra el Escribano está en que su intervención en la interna mecánica judicial es un enigma. «El Escribano lo hace todo». «El Escribano no hace nada». Entre esos dos rulos de giro opuesto se muele su prestigio. Aparece como factor nebuloso, irresponsable; se le acusa—yo sé que injustamente,—de tirar la piedra, informando mal al Juez al darse cuenta, sugiriéndole la providencia que le conviene, y esconder la mano bajo el «Lo acordó S.S.».

Toda labor secreta se hace sospechosa. El que no da la cara parece un intrincado. Con razón se ve una garantía de buen proceder en la pública ostentación de las responsabilidades de nuestros actos.

De esto inferío yo que ni con sueldo ni con Arancel de clase alguna se lograría para el Escribano la honorabilidad necesaria, como se lograría sacándolo de la sombra. Que su función sea clara como la luz solar; esto es lo indispensable.

Y lo creo fácil. Con arreglo á la ley procesal «da cuenta». El Juez, como regla general, sólo está obligado á ver por sí mismo los autos, para dictar sentencias ó análogas declaraciones de derechos en lo demás, provee informado por el Escribano. Pues bien: que este informe salga del misterio; que, siquiera en estricta síntesis, quede estampado delante de la providencia; por lo menos, de las que por no ser declarativas de derechos no presuponen el estudio personal de los autos por el Juez. Así, el Escribano responderá de lo que ha dicho al Juez; y éste, de lo que ha resuelto. El Sol y el aire libre dan la salud al cuerpo y al alma.

Y para aquéllo, ni siquiera hace falta modificar las leyes: un Decreto, una Real orden; me atrevo á decir que un acuer-

(1) El Estado, que lo impone, debe también defender al litigante contra sus posibles demasías.