El Foro español (Madrid. 1898) (1908-10-30 00:00:00), página 6

y perfecto ha de estar bajo la salvaguardia de los Tribunales, sinceramente creo que hasta la constitucionalidad de las leyes y consiguientemente el ejercicio dentro de ellas, de las atribuciones de autoridades á los Tribunales han de deferirse, proveyendo á los ciudadanos de acción para impugnar con eficacia lo inconstitucional, siempre dañoso y ocasionado á turbulencias, si además agravia derecho positivo preexistentemente individualizado. A ello no es obstáculo el que nuestra Constitución tenga la forma de ley ordinaria, porque en cuanto á lo esencial de la organización y facultades de los Poderes las leyes posteriores á ella deben ajustarse, puesto que en virtud y con las condiciones que señala, se forman y establecen.

El problema de la organización judicial ofrece dos aspectos capitales: el del régimen, atribuciones y modos de administrar justicia, y el del personal á quien se encomienda tan alto ministerio.

Del primero, después de lo dicho, no he de determinarme en señalar todas las incontables cuestiones que encierra. Entre ellas merecen preferente atención ahora el número, clase y competencia de cada entidad judicial; la aptitud para estar en juicio y para abrirle; la defensa facultativa, la libre ó la obligada, y el régimen de las instancias y recursos; la extensión de las atribuciones del Ministerio fiscal en la mayor parte de los juicios y actuaciones en defensa del interés público y del buen orden de los procesos, y la delicada cuestión de las costas bajo el triple aspecto del papel, de las asignaciones arancelarias y de los honorarios de los técnicos. Acerca de todo esto, apenas si hay aficionado á los estudios judiciales ó á examinar problemas de esta índole y de esta trascendencia, que no posea en su cartera ó en su pensamiento apuntes y soluciones, siquiera resultantes de la consideración de uno solo de múltiples aspectos. Para el objeto de mis indicaciones, que no es otro que solicitar vuestra reflexión acerca de ellas con la esperanza de maduros frutos, bástame decir que la rapidez en los asuntos judiciales debe perseguirse con ahínco, haciéndose de oficio todos los trámites, excusando formalismos y actuaciones, llevando la oralidad á lo posible y ahorrando recursos, instancias y las defensas técnicas que quieran sustituirse. La economía, igualmente deseada, se alcanzará proporcionando costas y honorarios á la cuantía litigiosa y á la índole del asunto, sin consideración extraña á la voluntad del litigante y elevando á la máxima severidad la fiscalización de las exacciones indebidas, dignas también de grave corrección de oficio. La calidad y el número de los Tribunales y Juzgados ha de acomodarse á las necesidades públicas, en beneficio de los ciudadanos sin otro apelativo, sin tomarse en cuenta la labor que imponga á los que hayan de satisfacerla. No es razonable aspirar á que cada ciudadano que paga el impuesto y soporta las cargas é integra la sociedad representada por el Estado, tenga á su puerta los Jueces y Tribunales de que pueda necesitar: pero el mismo Estado se halla en la obligación de proveer lo adecuado para que la justicia se administre á todos ahorrando gastos y molestias, todavía más que á los que voluntariamente la demandan ó se ven en trance de defensa, á quienes por obligación ciudadana la prestan asistencia.

(Se continuará)

De los autos de prisión

Nada hay más difícil en la práctica que tratar de utilizar dentro de la ley. Para comprender derechamente el espíritu de la misma, hay que considerarla en conjunto, sin descender á detalles. Desde que se procede en otra forma, se cae en una verdadera disquisición bizantina, que produce como indefectible consecuencia la perturbación del espíritu, que ya no sabe á lo que debe atenerse.

La prisión provisional obedece á la falta de policía judicial, esto es indudable. Los males morales que una prisión pueden arrastrar son infinitos, y reconocida la inocencia de un individuo, ó improbada su culpabilidad, no tiene la Sociedad medio alguno de resarcirle del daño sufrido. Un vesánico, uno de esos hombres en quien palpitá bastante la nemosis, como fuera dispuesta á lanzarse sobre su presa á la primera ocasión propicia puede llegar hasta la locura ante un auto de prisión. ¡Y ese hombre no obstante es inocente! Un cúmulo de circunstancias le acusaron en el primer momento. ¿Cómo se le resarce, si resarcimiento cupiere, del mal sufrido? Es absoluto en definitiva, y no obstante se le ha causado un mal real, ó cuando menos, y aun sin llegar al extremo expuesto, se ha lanzado sobre su honra una sombra, que no bastan á borrar todos los autos de sobreseimiento que se dicten.

De aquí que la ley haya exigido condiciones determinadas para que sepa decretar una prisión provisional. Son necesarios, como es sabido, tres requisitos: la existencia de un hecho que presente caracteres de delito, que éste tenga señalada pena superior á la de prisión correccional, y que aparezcan en la causa motivos bastantes para crear responsable criminalmente de él, á la persona contra quien haya de dictarse el auto de prisión.

Motivos bastantes, dice la ley en la circunstancia 3.ª de su artículo 503. No es, ya el el solo indicio racional de criminalidad que se exige en el art. 384 de la misma, para una declaración de procesamiento. Precepto imperativo, categórico, absoluto, que no deja á la voluntad discrecional del Juez hacer ó no dicha declaración, sino que le impone la necesidad de verificarlo, desde que del sumario resultare la existencia de alguno de esos indicios.

Hay antinomía pues, en dichos artículos. Basta un solo indicio racional, para que el Juez se vea precisado á decretar un procesamiento, pero en cambio se exigen motivos bastantes, para que pueda acordarse una prisión. Del procesamiento, sólo implica su necesidad, el que sirva de antecedente previo para privar de la libertad á un presunto culpable, á fin de imposibilitarle de que desaparezca, de que busque medios de borrar las huellas de su delincuencia, de que burle la acción de la justicia. ¿De lo contrario, para qué sirve proce-