El Foro español (Madrid. 1898) (1909-06-30 00:00:00), página 12

20.—(Gaceta de 8 de Septiembre de 1908).—Resuelve que la incongruencia de las sentencias ha de estimarse, no sólo en relación con los términos de la demanda, sino de la contestación en los respectivos escritos fundamentales, y en su consecuencia, incurrir en el defecto con infracción del art. 359 de la ley de Procedimientos, un fallo cuando sí bien, es cierto que en la demanda se pidió, no una liquidación de cuotas, sino el pago de cantidad cierta y determinada que resultaba de una liquidación practicada por el actor, y en el caso de que el demandado no estuviese conforme con ella, que se le condenara a practicarla en la forma determinada en las disposiciones para la ejecución de las sentencias, no es menos exacto que en la contestación no se limitó el demandado a poner reparos a dicha liquidación impugnándola en esta forma, sino que en uso de su derecho, presentó otra reconviendolo por su resultado al actor; y tratada en esta forma la litis, no cabía ni era procedente diferir para la ejecución de la sentencia el cumplimiento de una obligación ya cumplida en debida forma en el pleito.

Prueba.—Apreciación de pruebas.—Sentencia de 20 de Marzo.—(Gacetas del 9 y 10 de Septiembre de 1908.)—Resuelve que cuando la prueba se compone de documentos, posiciones y testigos, y la Sala sentenciadora la aprecia en conjunto, no es permitido descomponerla al efecto de alegar infracciones que se refieren á la aislada significación de cada uno de esos mismos elementos de prueba, discurriendo para ello el recurrente, sobre la base de un criterio personal opuesto al del Tribunal para la justificación de aquélla, por lo que no son de estimar los errores de derecho e infracciones que en tal sentido puedan invocarse de los artículos 580, párrafo 3.º, y 659 de la ley de Enjuiciamiento, 1.248 del Código civil y ley 40, título 16, Partida 3.º

Suspensión del procedimiento civil por causa criminal.—Sentencia de 21 de Marzo (Gaceta de 10 de Septiembre de 1908).—Resuelve que el principio fundamental de los arts. 362 y 514 de la ley de Enjuiciamiento civil, y del 114 de la de Enjuiciamiento criminal, no es otro que el de evitar la simultaneidad de dos procedimientos, en los cuales pudieran recaer sentencias disconformes y aun contradictorias, subordinando la jurisdicción civil á la penal, por lo que aquellos preceptúan la suspensión del pleito mientras continúe el procedimiento criminal, ya se inicie de oficio, oído el Ministerio fiscal cuando la sentencia hubiere de fundarse exclusivamente en el supuesto de la existencia de un delito, ya en virtud de querella interpuesta por alguna de las partes sobre falsedad de un documento que pueda ser de influencia notoria en el juicio civil.

Y que, en este concepto, los distintos términos de expresión empleados para ordenar la suspensión del pleito durante la sustanciación de la causa, no pueden razonablemente entenderse en el literal sentido de que en ésta recaiga previa y necesariamente en todo caso sentencia firme, sino que el procedimiento criminal, dado el período que hubiere obtenido, haya terminado, dejando así expedita la jurisdicción civil, como dispone el art. 362, porque lo contrario equivaldría á la suspensión indefinida del pleito, cuando no existiendo términos legales para la apertura del juicio criminal no pudiera dictarse sentencia que le pusiese fin, y aun implicaría la imposibilidad de que continuaran uno y otro procedimiento, produciéndose de tal suerte una evidente denegación de justicia.

Depósito de mujer casada.—Sentencia de 21 de Marzo (Gaceta de 10 de Septiembre de 1908).—Resuelve que dado el sentido y espíritu de las disposiciones que regulan el depósito de las mujeres casadas, es manifiesto que sería ilógico aplicarlas al caso en que, por causa que aparezcan ser imputables á la mujer, atendidos los antecedentes conocidos, existiera un estado de hecho en virtud del que los cónyuges vivan durante años separados, haciendo vida independiente, porque entonces falta la razón de la ley y los derechos que sobre esta base y supuesto pudieran llegar una y otro, no exigen la constitución del depósito de la mujer que implica una seguridad y garantía que por causa de tal estado resulta innecesaria, y cuando ésta y no otra es la razón de oposición formulada por el esposo al declarar contencioso el expediente, el Tribunal sentenciador no infringe los preceptos de los arts. 1817 por aplicación indebida y como en oposición al 1897, y no los infringe, dada la especialidad del caso que se trata, atendida la cual, pudiera haberse llegado á negar en absoluto el depósito.

Desahucio.—Arrendamiento.—Pago de alquileres.—Precario.—Sentencia de 22 de Marzo (Gaceta de 10 de Septiembre de 1908).—Resuelve que, según lo dispuesto en el art. 1.252 del Código civil y reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo para que pueda estimarse la excepción de cosa juzgada, es necesario que entre el caso resuelto por la sentencia y aquel en que se invoque concurre la más perfecta identidad entre las cosas, las causas y las personas de los litigantes.

Que la consignación de las rentas vencidas, hecha por el arrendatario para poder interponer el recurso de apelación contra la sentencia que le condena al desahucio por falta de pago, no tiene ni puede tener otro alcance y transcendencia que el cumplimiento de la condición de carácter procesal, prescrita en el artículo 1.566 de la ley de Enjuiciamiento civil, sin que en modo alguno suponga la confesión de que se debe lo consignado, porque tal interpretación equivaldría á hacer ineficaces los recursos contra las sentencias de desahucio, fundadas en falta de pago, como tampoco implica confesión de la deuda la circunstancia de no haberse opuesto la prescripción en cuanto á determinadas rentas, porque, según el art. 1.579 de la ley procesal y la doctrina del Tribunal Supremo, cuando la demanda de desahucio se funda en falta de pago del precio estipulado, no es admisible otra prueba que la confesión judicial, ó el documento en que conste haberse verificado dicho pago y la que tienda á esclarecer la realidad y extensión del contrato, si sobre éste se cuestiona, sin que en tal juicio puedan controvertirse cuestiones ajenas á dicha realidad y á la falta de pago.

Y que habiéndose alegado poseer la finca en precario, aun opuesta la prescripción de determinadas rentas, hubiese sido tal excepción en absoluto ineficaz para enervar la acción de desahucio, puesto que, fundada en falta de pago, no eran las rentas que se suponían prescriptas las solamente adeudadas.

Depósito de mujer casada.—Recurso de casación.—Sentencia de 30 de Marzo.—(Gaceta de 10 de Septiembre de 1908).—Declara que tratándose de un auto por el que se deje sin efecto el depósito de una mujer casada por su voluntario desistimiento, no infringe el art. 68 del Código civil cuando la Sala no niega ni desconoce el derecho que á los cónyuges otorga dicho precepto una vez interpuesta y admitida la demanda de divorcio, sino que, por el contrario, le afirma y reconoce el establecer en los fundamentos de su resolución que la recurrente puede, no obstante, solicitar nuevamente el depósito conforme á la ley.