El Foro español (Madrid. 1898) (1908-08-10 00:00:00), página 4

tida, no nos parece justo que en la ley proyectada se reserven todos los rigores para una de las partes que intervienen en éstos negocios y á la otra se le expida un salvoconducto que asegure su inmunidad y su comodidad.

De esta desigualdad, á dar preferencia al dicho—allegación—del deudor sobre su acreedor y sobre el Notario que da fe de la entrega de cantidades de presente, como el Código se la otorga; salvo prueba en contrario, al amo sobre el sirviente doméstico, va poco camino.

Para acabar de una vez con el préstamo de dinero sin otra garantía que la personal, no había más que haber ensayado este sistema de convertir al deudor en una especie de guarda jurado en asunto propio.

En el art. 4.º del Proyecto aprobado por el Congreso se ha admitido una aclaración, para que no ofrezca duda de que las acciones de nulidad pueden ejercitarse contra los contratos y contra las sentencias firmes dictadas en los juicios verbales por los Juzgados ó Tribunales municipales, aun cuando no se basen simplemente en la confesión de la deuda, sino en un pagaré reconocido como legítimo, y contra las dictadas en juicios ejecutivos en que por la no oposición del demandado recaída sentencia de remate, ó en los que se despacha la ejecución á virtud de una confesión de deuda ó de un reconocimiento de firma.

Por eso termina dicho art. 4.º con la frase «sea cual fuere la forma en que consiste el derecho del prestamista».

Peligrosa es la ampliación ó aclaración á que nos referimos, pues anda por los aleros de los tejados jurídicos y un resbalón en esa altura es fatal de necesidad.

Descontando la posibilidad de acudir siempre al juicio declarativo contra la sentencia recaída en el ejecutivo, ya hemos visto que el Tribunal Supremo, con toda su prudencia, no se ha atrevido á anular las sentencias firmes dictadas en los juicios verbales convenidos ó no, cuando la nulidad supuesta se funda en defectos de forma en la substanciación y fallo de los juicios mencionados; porque aparte de ser competente el Juez municipal para el conocimiento de las demandas cuya cuantía no exceda de 250 pesetas (hoy 500), y ser congruente la sentencia que decide todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate, no pueden servir de fundamento al recurso de casación por infracción de ley las reclamaciones que, basadas en la ley procesal, tienen su ocasión y lugar oportunos para ser deducidas en el correspondiente procedimiento, en el que no se hizo impugnación alguna; antes bien, se prestó por el recurrente completa conformidad.

Lógicamente no se comprende por qué el proyecto se detiene en los juicios verbales, no pasando á los de menor ó mayor cuantía en los que también cabe perfectamente que el demandado se allane ó que haga una oposición de pega y no articule prueba alguna ó no la practique, dictándose sentencia seguidamente condenándole al pago de lo convenido con el actor. La cuantía no debiera ser obstáculo, ya que en todo caso lo que ésta representa es mayor interés y quizá más exagerada usura.

Pues cuanto haya servido para detener á la Comisión del Congreso en el juicio verbal, milita á favor del respeto debido á éste; si hay santidad de cosa juzgada en la sentencia firme, lo mismo debe sostenerse de la recaída en el juicio verbal que en el de menor ó mayor cuantía; si es posible que contra una de tales sentencias se entable la demanda de nulidad, fundada en que en el fondo representa un convenio sin consentimiento, que el Juez no debió autorizar entre los litigantes, es absurdo pararse en el camino de las consecuencias, y hay que permitir la disolución de todas y acabar con ese impedimento de la cosa juzgada, considerando ésta una antigua inmoral. Entonces verifiquemos el espectáculo de unos Jueces y Tribunales anulando lo hecho competentemente por otros con carácter de ejecutorio; lo que no queremos ver cuando la sentencia anulada ó discutida fué pronunciada por un Juez ó Tribunal municipal, como si el primer grado de la jurisdicción no mereciera los mismos respetos y miramientos que los demás.

Si la ley prospera, como es de esperar, conocidos los antecedentes, los Tribunales habrán de atrincherarse contra los peligros de una campaña moralizadora que pueda conducir á la realización de grandes injusticias; habrán de tender, con su prudencia y su visión exacta de la realidad y de la vida, á señalar el verdadero centro de gravedad de estas cuestiones, desenmascarando al prestamista para castigarle, pero haciendo lo mismo con los deudores que aceptan dinero á cualquier precio, pensando desde el primer instante en no devolverlo y en armar un caramillo al capitalista, sirviéndose de la amenaza de llevarle á los Tribunales como de un arma para procurar chantajes y componentes productivas.

Y no siga, aunque queda casi todo por decir, para no dar mayor extensión á estas modestas observaciones, en las que he procurado no repetir ninguno de los sólidos argumentos que brillante y valerosamente utilizaron en el Congreso los Sres. Ruiz Jiménez y Marqués de Casa Laiglesia al consumir los dos turnos en contra de la totalidad del Proyecto de ley.

ANTONIO SOTO Y HERNÁNDEZ.
(De la Revista de los Tribunales).

BOLETÍN DE LA SEMANA

LEGISLACIÓN

GRACIA Y JUSTICIA.—Ley referente á los contratos de préstamo, de 23 de Julio de 1908. (Gaceta del 24).

Artículo 1.º Será nulo todo contrato de préstamo en que se estipule un interés notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso ó en condiciones tales que resulte aquél leonino, habiendo motivos para estimar que ha sido aceptado por el prestatario á causa