El Foro español (Madrid. 1898) (1909-07-20 00:00:00), página 4

importancia á las cuestiones civiles y administrativas mal llamadas prejudiciales, y, por consecuencia, al efecto de la represión misma. Por todo lo que, cuando con motivo de los hechos perseguidos, se proponen cuestiones civiles y administrativas, porque tales cuestiones aparezcan tan íntimamente ligadas al hecho punible, que sea racionalmente imposible su separación, el Tribunal provincial debía resolver, clara y terminantemente, las cuestiones civiles ó administrativas propuestas conjuntamente con el hecho punible; pero de mantenerse la regla general de las tres instancias, sería equitativo conceder una segunda instancia ante la Audiencia territorial, sin perjuicio, también, del recurso de casación ante el Tribunal Supremo de Justicia; pues que de otra forma resulta, en la actualidad, que, no obstante la más extensa importancia, y mayor transcendencia de los asuntos aludidos, éstos no pueden verse más que en dos instancias; siendo así que la generalidad de los demás asuntos pueden verse en tres instancias; incluso cuando se trata de juicios de faltas, siempre de entidad menor que los otros asuntos comprendidos en el libro II del Código penal y que tuvieron su raigambre en el Código civil, ó en el de Comercio ó en la legislación administrativa.

Una prueba más de la anormalidad que se nota en las cuestiones prejudiciales, se halla en la competencia que, respecto á las cuestiones prejudiciales administrativas, se atribuye á los Tribunales encargados de la justicia penal; involucrándose jurisdicciones y procedimientos; hasta el extremo de que en cuestiones tales, resulta más extensa, más amplia la competencia de las Salas provinciales de lo criminal que la de las Salas de lo civil de las Audiencias territoriales, á cuyas últimas debiera atribuirse el conocimiento y resolución de tales cuestiones con preferencia sobre las provinciales.

Otra de las observaciones que pueden hacerse al defectuoso procedimiento que se suele aplicar á las cuestiones prejudiciales es la referente á la imperfecta y deficiente prueba que en tales cuestiones puede y suele servir de base al conocimiento, discusión y resolución de aludidas cuestiones; pues todo el derecho procesal civil y administrativo queda anulado en la tramitación, casi caprichosa, de algunas de dichas cuestiones; omitiéndose muchas garantías de las partes. Exigiéndose á los Tribunales encargados de la justicia penal una verdadera omnisciencia, al refundir en ellos las competencias civil, administrativa y penal, correspondientes, respectivamente, á las Salas de lo civil de las Audiencias territoriales, á los Tribunales provinciales administrativos y á las Salas de lo criminal de las Audiencias provinciales; pues la anómala sustanciación de las cuestiones prejudiciales falsea la especialización del derecho, tan importantísima para el juzgador, y, por consecuencia, tan transcendental para los interesados.

En las cuestiones á que se alude en el art. 3.º de la ley de Enjuiciamiento criminal debiera ampliarse y completarse la preparación de la cuestión civil, y hasta de la administrativa, en el Juzgado de instrucción, con arreglo á lo preceptuado para el período de prueba en las leyes de Enjuiciamiento civil ó administrativa.

De todos modos, las cuestiones aludidas en el art. 3.º últimamente mencionado no tienen el carácter de prejudiciales que se les atribuye, habida consideración á que no se resuelven en juicio precedente al de orden penal, y sí simultáneamente con la acción penal.

Luis Zapatero.
Juez de 1.ª instancia.

(Se continuará).

BOLETÍN DE LA SEMANA

LEGISLACIÓN

GRACIA Y JUSTICIA.—Ley de 18 de Junio de 1909, creando el Registro de la Propiedad de San Sebastián de la Gomera, con la demarcación que comprende el mismo partido judicial. (Gaceta de 1.º de Julio.)

—R. O. de 8 de Mayo de 1909, aprobando el Reglamento para oposiciones á Notarías determinadas. (Gaceta de 2 de Julio.)

REGLAMENTO para oposiciones á Notarías determinadas.

CAPITULO PRIMERO
De las operaciones previas á los ejercicios de oposición.

Artículo 1.º Serán admitidos á los ejercicios de oposición á Notarías determinadas, los españoles de estado seglar, mayores de veinticinco años, que tengan el grado de Licenciado en Derecho, ó hayan sido aprobados en las asignaturas que constituyen la carrera del Notariado.

La edad exigida en el párrafo precedente deberá estar cumplida el día en que termine la convocatoria.

No se dará curso á las instancias en que se solicite dispensa de edad.

Art. 2.º Los que deseen tomar parte en las oposiciones deberán solicitarlo de la Junta directiva de los respectivos Colegios notariales, mediante instancia extendida en el papel timbrado correspondiente, presentada dentro del plazo de sesenta días naturales, contados desde el siguiente al de la publicación de la convocatoria en la Gaceta de Madrid, cualquiera que sea la fecha en que se inserte en los respectivos Boletines Oficiales.

En dicha instancia expresarán el orden de preferencia con que aspiran á las Notarías vacantes, y deberán acompañarse á la misma los siguientes documentos:

1.º Certificación de nacimiento, expedida por el Registro Civil, si aquél hubiere tenido lugar después del 31 de Diciembre de 1870, ó partida de bautismo legalizada, si hubiere ocurrido antes de 1.º de Enero de 1871.

2.º Título original ó testimoniado de Licenciado en la Facultad de Derecho ó certificación de aptitud para el ejercicio de la fe pública. En todo caso bastará certificación académica, en la que conste que el solicitante ha sido aprobado en los ejercicios para el grado de Licenciado en dicha Facultad ó en la reválida del Nota-