El Foro español (Madrid. 1898) (1909-11-30 00:00:00), página 11

por lo cual no puede menos de estimarse dicho lugar como el del cumplimiento de la obligación á los efectos de la regla primera del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil, y en su consecuencia debe continuar conociendo de la demanda el Juez requerido.

Contrato.—Mandato.—Recurso de casación. Apreciación de prueba.—Sentencia de 7 de Enero. (Gacetas de 29 y 30 de Septiembre y 1.º de Octubre de 1908).—Declaró que el contrato establecido en documento privado por el cual se encarga á una persona que adquiera en subas á judicial ciertos bienes á fin de transferirlos después á los firmantes del documento, conforme á las instrucciones que en el mismo le dieron, concediéndole una participación en el negocio con el carácter consiguiente de retribuido por pacto expreso, como autoriza el art. 1.711 del Código civil, no puede menos de calificarse de mandato, dado el sentido natural de sus términos, que se amoldan perfectamente á la definición que de dicho contrato da el art. 1.709 del referido Código, y al estimarlo así la Sala sentenciadora no infringe el mencionado art. 1.709 ni los 1.727, 1.728 y 1.729 del mismo Cuerpo legal, referentes al expresado contrato, ni la ley del constituido en el documento privado de que se ha hecho mérito sin que á ello obste que no se confiera el mandato por medio de documento público ó escritura, porque aparte de que la falta de este requisito no invalidará el contrato ni libraría del deber de cumplirlo á los obligados en el mismo, el mandatario, según los términos de la convención, no había de hacer la compra á nombre de los mandantes, sino al suyo propio, sin perjuicio de realizar la transmisión en la forma que las leyes previenen, por lo que es manifiesto que no había necesidad de cumplir el requisito á que se refiere el núm. 1.º del art. 1.280 del referido Código para el otorgamiento del mandato.

Que á tenor de lo previsto en el art. 1258 en relación con el 1089 del Código civil, perfeccionado un contrato por el consentimiento, quedan los contratantes obligados á su cumplimiento conforme á los términos de aquél, y á lo que la ley, como fuente de obligaciones dispone; y esto sentado, es indudable que la sala sentenciadora pudo válidamente condenar á los demandados, firmantes del documento privado de referencia, no sólo al pago de las cantidades y los intereses pactados en el dicho documento, sino también al de las sumas anticipadas por el mandatario para la ejecución del mandato é intereses de las mismas, con arreglo á lo previsto en el art. 1.º 28 del citado cuerpo legal que rectamente aplicó, sin que por ello infringiera los 1254, 1253, 1291 y 1755 del precitado Código y especialmente el 1.º 55, que se refiere á contrato distinto del de mandato, ni lo estipulado en el documento objeto de la reclamación.

Que no incurre la sentencia recurrida en incongruencia, como se sostiene en el recurso por haber condenado á los demandados al pago de las cantidades abonadas por el causahabiente de los actores en concepto de mandatario y un interés además de las sumas y réditos expresamente convenidos, porque dicho abono no es procedente por la recta aplicación del art. 1728 del Código civil como queda ya expuesto, ni reclamación cabrá dentro del sentido de la súplica de la demanda, ni el fallo concede más de lo pedido al resolver que los demandados otorguen á favor de los demandantes escritura de reconocimiento de la parte que corresponde en los bienes que compró el referido causahabiente cuanto les sea cedida ó tramitada por los últimos, no inmediatamente, como entiende el recurso, porque aquello fué lo sustancialmente pedido en la demanda, ya que el reconocimiento de la referida participación, supone necesaria y lógicamente la cesión á que la sentencia se refiere, pues fué un supuesto de la demanda á cuya realización quedó subordinado el indicado extremo de reconocimiento.

Que son improcedentes los motivos del recurso, en los que se hace supuesto de la cuestión, prescindiendo de la apreciación de la prueba dada por la Sala sentenciadora, entre la que figura la testifical y pericial de su exclusiva estimación sin combatir, la que es susceptible de ello, por el medio que establece el art. 1692 en su núm. 7.º de la ley de Enjuiciamiento civil, quedando por ello subsistentes las afirmaciones hechas por dicha sala de que el mandatario, y después sus sucesores, si no otorgaron la cesión, fué por culpa de los demandados, no incurriendo en mora en el cumplimiento de sus obligaciones; que no se han justificado la existencia de perjuicios, por lo que no es de estimar la infracción de los artículos 1094, 1101, 1124, 1902 y 1903 del Código civil que en dichos motivos se alegan.

Y que constituyendo, como queda expresado, la convención establecida en el documento privado tantas veces referido, un contrato de mandato, es manifiesto que no han podido ser infringidos por la sentencia contra la que se recurre los arts. 362, 398 y 1225 del Código civil, ya que se refieren á un supuesto de comunidad de bienes que no llegó á establecerse.

Pago de pesetas.—Cuasi contrato innominado.—Sentencia de 8 de Enero.—(Gaceta de 1.º de Octubre de 1909).—Consigna entre otros antecedentes, que la persona de quien trae su derecho el Estado, hoy recurrente, anciano de más de sesenta años de edad y soltero, vivía sin tener á su servicio persona ni criado alguno, y con motivo de haber sufrido un accidente que lo privó de conocimiento en ocasión en que se hallaba fuera de su domicilio, fue conducido á del demandante, donde, salvo pequeños interregmos, permaneció unos quince meses, hasta su fallecimiento, sin testar, por lo que hubieron de practicarse diligencias de prevención del abinestatado, nombrándose albaceas dativos, al efecto de disponer el entierro y exequias del finado y depositario administrador de los bienes.

Que el actor entró contra la administración judicial del abinestatado la demanda origen del pleito y del recurso reclamando 90.000 pesetas por asistencia que prestó al finado durante quince meses que antecedieron á su fallecimiento y por los gastos y perjuicios que con ocasión del mismo y de la enfermedad, que lo motivó se originaron al demandante y seguido el juicio por sus trámites, en el que se tuvo parte á la representación del Estado como heredero del finado, recayó sentencia en grado de apelación condenando al último, en el concepto indicado, á pagar al actor 84.810 pesos importe de alimentación, habitación y asistencia prestada al causante, con los intereses legales desde la interposición de la demanda, así como la cantidad que en el período de ejecución de sentencia se justificase haber invertido, en la desinfección de ropas, mobiliario y habitación, contra cuya sentencia interpuso el Abogado del Estado recurso de casación por infracción de ley fundado en los números 1.º y 7.º del art. 1.692 de la de Enjuiciamiento civil, cuyo recurso estimó en parte el Tribunal Supremo casando y anulando la sentencia recurrida en cuanto admite el supuesto de la existencia de un contrato perfecto de arrendamiento de servicio, considerando que aun cuando no pueda sostenerse que haya existido un verdadero contrato de arrendamiento de servicios entre el actor y el finado para hacer derivar de él los derechos y obligaciones á que se refiere el art. 1.544 del Código faltando la determinación del precio cierto que por aquéllos hubiera de percibir la parte actora, cual lo patentiza el criterio arbitrario con que los regula al formular su recla-