El Foro español (Madrid. 1898) (1909-08-10 00:00:00), página 5

Art. 18. El Tribunal no podrá funcionar sin la asistencia de cinco individuos, por lo menos.
Los jueces que no hayan asistido al primer ejercicio de todos los opositores no podrán tomar parte en la votación.
Art. 19. Se llevará el correspondiente libro de actas, rubricadas por el Presidente y firmadas por el Secretario.
Las votaciones serán siempre secretas. Los acuerdos se adoptarán por mayoría absoluta de votos, y en caso de empate, decidirá el Presidente.
Si no se reuniese mayoría absoluta de votos, se repetirá la votación entre los opositores que hubiesen obtenido mayor número, hasta que resulte la mayoría absoluta, y si también hubiese empate, decidirá el Presidente.
—Real orden de 4 de Agosto de 1909, determinando los documentos que para acreditar su aptitud deben presentar los opositores á Notarías determinadas en varios Colegios territoriales. (Gaceta del 5.)—Parte dispositiva:
1.º Que á los opositores á dichas Notarías, que sean Notarios, individuos de la Judicatura, Registradores de la propiedad, Secretarios de Sala, Secretarios de Gobierno y Vicesecretarios de Audiencia, se les admita, como documento justificativo de su aptitud legal, el testimonio del título que acredite aquel extremo ó la presentación del título original, siempre que se encuentren en el ejercicio de sus funciones; y
2.º Que cuando un interesado haya acreditado su aptitud legal mediante la exhibición ó presentación de los correspondientes documentos ante la Junta directiva de un Colegio, sea bastante para la justificación de esta circunstancia en los demás, la certificación que expidan gratuitamente los Secretarios de las Juntas directivas de los Colegios Notariales, en virtud de instancia de los mismos interesados, en el papel sellado correspondiente.

al particular, ni los aranceles de los Registradores en cuanto al percibo de sus derechos, resulta que los Registradores exigen y exponen las certificaciones en papel de á dos pesetas, más una del papel de la instancia forman tres, más los derechos de la certificación en el caso de comprender cinco ó seis fincas veintidós pesetas cincuenta céntimos, por lo que la dichosa certificación ha venido á costar á un solicitante cinco duros ni más ni menos por la instrucción de un expediente, cuyo valor total de las fincas que abarca no llega á 1.500 pesetas.
El interesado ha tenido necesidad de pagar además el escrito solicitud para que se le expida la certificación del Registro, el escrito-solicitud para la formación del expediente, más la certificación del amillaramiento nada, una friolera y además las diligencias del expediente, los derechos de la inscripción á la Hacienda, y por segunda vez los derechos al Registrador por la inscripción de la posesión, todo un derroche de tiempo y de dinero.
Los únicos que han ganado con la reforma son los Registradores, mas poco les va á durar la alegría por que forzando al árbol á dar más frutos que los que naturalmente podía dar, morirá el árbol, y aquí morirán los expedientes, de los cuales mucho será si se tramitan la cuarta ó quinta parte de los que sin tantas trabas, y derechos fiscales venían instruyéndose.
Más útil y sobre todo más práctico y hasta si se quiere más moral, hubiera sido el evitar que sobre una misma persona se reconocieran tres ó cuatro cargos como ocurría en tiempos de los Austrias, y hoy tenemos ó nos da el caso de que los Registradores son además de Registradores, Liquidadores del Impuesto, Delegados del Ministerio Fiscal, Abogados en ejercicio haciendo con ello una cruel y ventajosa competencia á otros profesionales; en suma, un poder que puede pugnar en muchísimos casos con el del Juez de primera instancia.
Necesario es, pues, si á mirar los intereses de los pobres se tiende, y los no menores de los funcionarios que subsistan, debido á la instrucción de tales expedientes, dictar disposiciones de carácter legal en virtud de las cuales se expidan dichas certificaciones en papel de la misma clase que el invertido en la tramitación del expediente, y á su vez modificar los derechos arancelarios de los Registradores, respecto á esta clase de certificaciones, medida que dicta la equidad y la justicia si la reforma no ha de perjudicar á la clase jornalera, á la clase más pobre y laboriosa de la sociedad haciendo asequible á ésta como lo era antes, el medio de justificar la posesión.
El estado de derecho creado además por la mencionada ley vulnera y perjudica los derechos de los actuales Escriptanos de los Juzgados de primera instancia. Sabido es que estos funcionarios, subsistían en la mayor parte de los Juzgados, debido á la instrucción de estos expedientes, cuya tramitación era antes de la reforma sencilla, y económico el coste de los procedimientos empleados en su sustanciación, por lo que era el medio de que se valían los pobres para inscribir la posesión de una parcela de terreno, antes inculto, de

La ley de 21 de Abril último y los expedientes posesorios

Ya ha comenzado á producir sus frutos la reforma de la Ley Hipotecaria sobre este particular: los expedientes posesorios han desaparecido, y sólo han quedado para los ricos; esto es, para aquéllos que pueden permitirse los gastos que su nueva tramitación supone: para los pobres jornaleros del campo, y aun para algunos individuos de la clase media se ha hecho inaccesible el medio de acreditar la posesión. Nada contrasta mejor la bondad de una ley que los resultados de la misma en la práctica, y como en España ó se hacen las cosas á medias ó dejando siempre al descubierto lados vulnerables, inútil es que el Legislador se prospere y así consta en la Ley al regular el importe de los derechos que pueden percibirse en estas actuaciones, que se emplearía papel de la penúltima clase en la tramitación de estos expedientes hasta cierta cuantía, porque no reformada la Ley del Timbre respecto