El Foro español (Madrid. 1898) (1909-09-10 00:00:00), página 9

Dice así:
- Considerando que toda excepción, por su propia naturaleza, es de interpretación restrictiva, con relación á la regla general, y siendo una de éstas que por razón de la persona responsable es competente la jurisdicción de Marina, como la de Guerra, para conocer de las causas que se instruyan por toda clase de delitos, cuando los responsables gozan de fuero militar, es obligado interpretar y aplicar la excepción del artículo 12 de la ley de organización y atribuciones de los Tribunales de Marina, ajustándose á dicho criterio, y como el delito de atentado y desacato á que se refiere el número primero del expresado artículo, constituye una figura especial de delito, que puede confundirse con las que definen los artículos 269 y 270 del Código penal, es notoriamente improcedente ensanchar los términos de la excepción por consideración más ó menos atinada acerca del fundamento y naturaleza de esta clase de delitos, siendo, como es claro y evidente que, si el legislador hubiese querido comprender indistintamente uno y otro, se habría referido al epígrafe común que á todos rige, en vez de hacerlo señalada y exclusivamente á los delitos de atentados y desacato, á diferencia de lo que, por razones especiales de disciplina, se establece en el art. 7.º número 10, de la mencionada ley;
- Considerando que menos aún puedo estimarse aplicable la excepción del núm. 5.º, que trata de la injuria y calumnia que no constituya delito militar, porque su contexto, y el mismo lugar que ocupa entre los de las excepciones, evidencia que para nada se relaciona con autoridades ni con principio alguno de autoridad sino que se refiere exclusivamente á injurias y calumnias á particulares;
- Considerando, esto sentado, que no hallándose comprendido el hecho que se persigue en ninguna de las excepciones que menciona el art. 12 de la ley antes citada es de rigurosa aplicación lo que dispone el artículo 5.º de la misma, y corresponde el conocimiento á la jurisdicción de Marina, según repetidamente lo tiene declarado este Supremo Tribunal en casos análogos al presente,
Se declara que el conocimiento de esta competencia corresponde á la jurisdicción de Marina, á la que se remitirán las actuaciones, con testimonio de este auto y certificación del mismo, al juez de instrucción del distrito del Congreso de esta corte. Publíquese esta resolución, dentro del término de diez días, en la «Gaceta de Madrid» y á su tiempo en la Colección Legislativa.
Lo acordaron y firmaron los señores del margen de que certifico: José de Aldecoa.—José González Blanco.—Alvaro Landeira.—Antonio Alonso Casaña.—Manuel F. Loaysa.—Juan Miguel Herrera, consejero togado.—Ricardo J. Ortiz.
Tal es el auto. Ahora bien, por una derivación natural de ideas se nos ha ocurrido comprobar si los señores que suscriben el auto copiado, están en condiciones de ser jubilados y quitado del Sr. Fernández Loaysa que hemos visto que le anda muy cerca, nació el año 1848, de los demás señores no consta en el escalafón el día de su nacimiento, sin que acertemos con la causa de que en vez de fechas sólo aparezcan comillas con respecto á ellos, en la casilla correspondiente. No obstante de algunos nos consta que pasan de la edad reglamentaria.
Y á propósito de ésto, llamamos la atención del Ministro sobre estas omisiones del escalafón para que si es preciso oblique á los señores cuya edad no conste comprobada en sus expedientes á que lo manifiesten á aquellos efectos y no dijimos el mismo ruego al Excelentísimo Sr. Presidente del Tribunal Supremo, porque es también de los que en la correspondiente casilla, aparece también encomillado, ignorándose por lo tanto, también, la fecha de su natalicio.

Resolución de 16 de Noviembre de 1908

Dirección general de los Registros civil y de la propiedad y del Notariado.

Hno. Sr.: En el recurso gubernativo interpuesto por D. Elias del Yerro y Peña contra la negativa del Registrador de la propiedad de Arévalo á inscribir un testamento y relación de bienes, pendiente en este Centro por apelación de dicho Registrador:
Resultando: que en Cantalapiedra, á 1.º de Agosto de 1906, otorgó D. Delfín de la Peña Paradinas testamento ológrafo, por el que después de revocar otro anterior, que se acompaña á este expediente, y de hacer un legado á favor de su sobrino D. Elias del Yerro, sin condición alguna, y otro á doña Matilde de Martín, consistente en inmuebles, con la de que al fallecimiento de la legataria pasarían los bienes á los herederos del causante «D. Elias del Yerro y sus hijos», como se dice en un caso, ó á sus «mencionados herederos», como se expresa en otro, dispuso lo siguiente: «Nombré heredero universal de todos mis bienes á mi dicho sobrino D. Elias del Yerro de la Peña y sus hijos y sucesores», cuyo testamento, fallecido el otorgante, y previos los trámites legales, fué protocolizado en Peñaranda de Bracamonte ante el Notario D. Mariano Arenilla Herrero.
Resultando: que presentada en el Registro una relación descriptiva y valorada de los bienes relictos, con los documentos necesarios, fué denegada la inscripción porque habiendo el testador nombrado varios herederos, pretende uno solo, D. Elias del Yerro, la inscripción á su nombre de todos los bienes relictos...
Resultando: que D. Elias del Yerro interpuso recurso gubernativo contra la calificación precedente ante el Juez de primera instancia, solicitando se revocase la nota denegatoria y se ordenara la inscripción pretendida, exponiendo: que de la cláusula de institución del testamento se deduce claramente la intención del otorgante de que sus bienes fuesen al recurrente, y en caso de que éste faltase, á sus hijos y sucesores, estableciendo una verdadera sustitución vulgar; que en aquélla no se consigna más nombre que el del recurrente, hablando de los hijos conjuntamente, en sentido secundario; que prueba claramente su aserto el hecho de emplear en singular el sustantivo heredero y el adjetivo uni-