El Foro español (Madrid. 1898) (1909-09-10 00:00:00), página 12

prueba.—Derechos del propietario de los terrenos con arreglo á la ley de Aguas.—Sentencia de 8 de Junio.—(Gacetas de 1, 2 y 3 de Octubre de 1908).—Consigna: que el sentido y espíritu de la ley de Aguas revelado en varios de sus artículos, como el 5.º, el 7.º, el 8.º, el 10, el 14, el 22 y el 25, autorizan para afirmar que el uso y aprovechamiento de las aguas, lo mismo corrientes que subterráneas, se halla subordinado al reconocimiento de un derecho anterior preexistente, sin que sea, por lo tanto, licito intentar el ejercicio de derecho alguno de los reconocidos por la misma ley para tal objeto; cesando con él, se menoscaba otro preferente, pues dicho sentido y espíritu no consienten que, por medio de una libre competencia se vulneren ó destruyan intereses creados á la sombra de la misma ley, consistiendo en este primero y más fundamental principio la principal razón reguladora de toda clase de aprovechamiento de aguas, principio especialmente consignado en el art. 23 antes citado, á tenor del que el derecho reconocido en su primer párrafo desaparece con el supuesto del segundo, estableciendo, á su vez, el 24 las condiciones con que deben hacerse determinados aluminamientos para no perjudicar con ellos otros derechos.

Que como tiene repetidamente declarado el Supremo Tribunal, la apreciación de la prueba testifical corresponde al sentenciador, sin que pueda basarse un recurso de casación en errores atribuidos á aquélla, con relación á reglas más ó menos discrecionales de crítica racional, como igualmente le compete la estimación de la prueba pericial, apreciación una y otra que no implica desconocimiento de la eficacia de uno y otro elemento de prueba ni pretención de los mismos.

Que todo el sentido de dicha ley de Aguas revela que los derechos reconocidos á los propietarios de terrenos no son absolutos, sino que se hallan subordinados en la explotación de las aguas, lo mismo corrientes que subterráneas, á que exista ó no otro preferente que pueda ser perjudicado, y que es obligado respetar, porque así lo exige la naturaleza de esta propiedad, tal como ha sido desarrollada en la ley, y porque dentro de este espíritu no cabe entender tan estricta y literalmente el art. 23 de la ley de Aguas, en el sentido de que un dueño de cualquiera terreno puede apropiarse y aprovechar las aguas que existan debajo de la superficie de su finca, aunque distraiga aguas públicas ó privadas, empleando obras y artificios que no sean pozos artesianos, socavones ó galerías, porque la prohibición de la ley no se funda en la clase de aquéllas, sino que se inspira claramente en el principio del respeto debido á un derecho de explotación preexistente que en algún caso podrá quedar impunemente vulnerado, y en cualquier otro en que la habilidad ó manía de un propietario de terreno hiciera innecesario el empleo de aquellas obras de mayor importancia para conseguir un fin de explotación, criterio de interpretación que es igualmente aplicable á los arts. 19 y 20, que al hablar del derecho de abrir pozos ordinarios es con manifiesta relación á otros pozos ó aguas de vecinos que no constituyen explotación de especial trascendencia, sin que á esta doctrina se oponga la de la sentencia de 8 de Julio de 1908.

Y que los principios y doctrinas con relación á lo que significa el juicio de interdicto, carecen de toda suerte de aplicación cuando quien reivindica sus derechos de que se ha visto desposeído no justifica su dominio.

Competencia.—Acción personal.—Principio de prueba.—Sentencia de 10 de Junio.—(Gaceta de 3 de Octubre de 1908).—Resuelve que apareciendo un principio de prueba, consistente en las cartas acompañadas á la demanda, del que resulta la existencia de un contrato, no contradicha por el demandado, según el que unos géneros se entregaron en el lugar de venta y otros se enviaron al domicilio del comprador, es evidente que en la primera de dichas poblaciones se hizo la referida entrega de las mercancías, cuyo precio se reclama, ejercitando para ello una acción personal; y, en su virtud, el Juez municipal del lugar de la venta es el competente para conocer de la demanda, conforme á la regla 1.ª del artículo 62 de la ley de Enjuiciamiento civil.

Cumplimiento de obligaciones contraídas en acto de carácter personal.—Sentencia de 10 Junio.—(Gacetas de 3 y 4 de Octubre de 1908).—Resuelve: Que no infringe ni desconoce precepto legal alguno la sentencia que estima que ninguna responsabilidad puede alcanzar al demandado para el cumplimiento de obligaciones de carácter personal derivadas de un contrato, que fueron desatadas en lo referente al mismo por un contrato posterior.

Desahucio.—Precario Juez competente.—Caso de recurso de casación por infracción de ley.—Sentencia de 10 de Junio.—(Gaceta de 4 de Octubre de 1908).—Consigna: Que por la mera circunstancia de ocupar una habitación, no puede una persona atribuirse el carácter de tenedor de aquélla á título de precario cuando en vez de constar el consentimiento del propietario aparezca que á instancia de éste fué requerido el ocupante para celebrar nuevo contrato y pagar el precio.

Que cuando la demanda de desahucio se funda en la causa 1.ª del art. 1.592, el Juez Municipal es el competente para conocer del juicio, siendo improcedente el recurso de casación por quebrantamiento de forma que se interponga contra la sentencia que declare haber lugar al desahucio.

Y que no ascendiendo notoriamente el alquiler de la habitación arrendada á mayor suma de la determinada en el núm. 2.º del art. 1.694, no se da contra la sentencia el recurso por infracción de ley.

Propiedad de participaciones mineras.—Cosa juzgada.—Buenas fe.—Ejecutoria.—Cuestiones no discutidas en el pleito ni resueltas en la ejecutoria.—Sentencia de 10 de Junio.—(Gaceta de 4 de Octubre de 1908).—Consigna que los pronunciamientos de una sentencia no casados por el Tribunal tienen el carácter de firmes y la autoridad de la cosa juzgada, ya por no haberse recurrido de los mismos, ya por haber declarado el Tribunal improcedente el recurso, y en vía de ejecución no pueden legalmente entenderse modificados ó alterados por la segunda sentencia, sin otra razón que la de que en la parte dispositiva de esta última, y al relacionar su especial pronunciamiento con los demás del fallo de la Audiencia, que quedaron subsistentes, se use de una palabra de discutida significación, que nunca deba interpretarse en un sentido que deje sin efecto en todo ó en parte declaraciones o condenas del Tribunal á que, consentidas por las partes.

Que reconocida la buena fe del ocupante de una mina en el pleito por virtud del cual fué judicialmente desposeído de dicha mina sería contradictorio de los principios que inspiran los preceptos de los arts. 451 y 452 del Código civil, exigir de él en aquel pleito productos de minerales superiores á los que percibió en concepto de dueño de la mina y demasia, representados por el canon del arriendo, ya que su importe constituye una forma de explotación perfectamente legal y acostumbrada, cualquiera que sea el carácter que pueda atribuirse á la propiedad minera.