El Foro español (Madrid. 1898) (1909-06-10 00:00:00), página 11

Jurisprudencia civil.

(Extracto de las Sentencias más importantes.)

1907
Febrero.

(Continuación).

Que tampoco infringe la sentencia que considera aquella lesión como incapacidad parcial perpétua, y señala la indemnización en consideración el salario fijo el artículo 11 de la Ley de Accidentes del Trabajo, porque siendo un hecho reconocido que el obrero tenía señalado por su trabajo el salario fijo y permanente, á éste y no al mayor que eventualmente pudiera ganar en ciertos días por aumento de las horas de trabajo, es al que debe atenderse para la determinación de la indemnización, según el sentido y espíritu del mismo artículo, por ser el salario fijo la verdadera y más segura base de los perjuicios que hay que calcular, ya que la acumulación de un jornal o salario eventual á otro fijo implicaría una desigualdad injustificada, dando un resultado al determinar el cómputo de la indemnización contrario á la realidad de las pérdidas sufridas, según el criterio del legislador:

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Recurso de casación.—Levantamiento de embargo.—Auto de 27 de Febrero.—(Gacetas del 1 y 2 de Septiembre de 1908).—Resuelve que la sentencia declarando no haber lugar al levantamiento de un embargo preventivo no es por su naturaleza una resolución de carácter definitivo que ponga término al pleito principal ni haga imposible su continuación, puesto que sólo tiende al aseguramiento de la acción que se intenta ejercitar, sin obstar á la tramitación y finalidad del juicio que se entable, de donde se infiere que adoleciendo el presente recurso de la falta de estas dos esenciales circunstancias, consignadas como precisas en el art. 1.690 de la ley de Enjuiciamiento civil, debe rechazarse en el trámite de admisión, á tenor de lo preceptuado en el núm. 3.º del 1.729 y repetida jurisprudencia sentada por el Tribunal Supremo:

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Competencia.—Pobreza (forma de las demandas)—Sentencia de 28 de Febrero.—(Gacetas del 1 y 2 de Septiembre de 1908).—Declara que las demandas de pobreza han de formularse del modo previsto en el art. 524 de la ley de Enjuiciamiento civil, que, entre otros requisitos, exige que se fije la persona contra quien se propongan, y con cuya audiencia, según el art. 20 de la propia ley, se ha de sustanciar y tramitar el incidente.

Que siendo Juez ó Tribunal competente para conocer de estas demandas el que ha de entender del negocio en que se hayan de utilizar sus beneficios, es también requisito indispensable, según el citado art. 524, que en ellas se exprese la clase de acción que en su día ha de ejercitarse contra los demandados, sin que baste á este efecto mencionar simplemente en el escrito de demanda que se propone litigar sobre una testamento- ría y sus incidencias, para sostener por esta indicación que la competencia es del Juzgado del último domicilio del finado, según la regla 5.ª del art. 63 de la ley de Enjuiciamiento civil, cuando, por otra parte, cuidadosamente no dice el carácter ni determina la relación jurídica, en cuya virtud los demandados han de ser citados para el juicio.

Y que, en su consecuencia, deben aplicarse para resolver el presente conflicto jurisdiccional, las reglas generales de competencia establecidas en el art. 62 de la repetida ley de Enjuiciamiento civil, y no existiendo otros datos ó antecedentes para calificar la acción, corresponde su conocimiento al Juez del domicilio de los demandados.

Marzo.

Competencia.—Embargo preventivo.—Sentencia de 1.º de Marzo (Gaceta de 2 de Septiembre de 1908).—Resuelve que si bien en los embargos preventivos solicitados antes de iniciarse el pleito es de aplicación la regla 12 del art. 63 de la ley de Enjuiciamiento civil que atribuye la competencia á favor del Juez del partido en que se hallen los bienes que deben ser embargados según la jurisprudencia de este Tribunal Supremo, esta regla no es absoluta, sino limitada al embargo de bienes muebles e inmuebles, pero no puede extenderse á casos en que el embargo se concrete á un crédito ó derecho que no puede afirmarse que radique en el partido judicial de los deudores, debiendo resolverse el conflicto en favor del Juzgado ante quien se ha solicitado dicho embargo, sin perjuicio de que, entablado el pleito, pueda suscribirse la competencia á que dé lugar el ejercicio de la acción entablada.

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Allanamiento á la demanda.—Condena de costas.—Reivindicación de terrenos.—Prueba documental.—Indemnización de perjuicios.—Sentencia de 2 de Marzo (Gaceta de 2 de Septiembre de 1808).—Resuelve que al estimar una sentencia que en el caso de allanamiento á una demanda después de haberse opuesto á ella, la condena del pago de las costas suple la reparación del daño, y la indemnización del perjuicio, y decretar en el fallo dicha condena, no incurre en el vicio de incongruencia, ni infringe por ello los artículos 3.º, regla 4.º, 359 y 360 de la ley de Enjuiciamiento civil porque tal declaración lo que en el presente caso significa es que, á juicio del Tribunal sentenciador, no existen más perjuicios que los originados al recurrente por la necesidad que tuvo de seguir el actual litigio, resolvéndole en consecuencia con la imposición de costas al demandado, sin que el allanamiento tenga más transcendencia por no poderse entender que aquel quisiera abonar perjuicios que no le fueran imputables y que para en su caso no se justifican.

Que ni las diligencias promovidas para el deslinde de un solar de cuya reivindicación se trataba, ni el expediente administrativo incoado, ni el pago de la contribución á que está afecto el terreno indicado, pueden determinar responsabilidades para el demandado porque aquellos son actos de cuenta del que los promueve, y el pago de la contribución constituye una obligación que sólo incumbe al dueño de la finca sobre la que se halla aquella impuesta; y únicamente respecto de las ganancias que el demandante hubiera podido lograr con la libre disposición de dicho solar si se alegó en la demanda, y se ha justificado en el pleito su existencia y cuantía, es de lo que puede indemnizar, y cuando nada de esto se alegó en tiempo ni trató de justificar durante la prueba, la Sala que deniega la indemnización no puede decirse que infrinja los artículos 348, 350, 453, 1.101, 1.106, 1.096, 1.452, 1.817 y 1.902 del Código Civil.

Y que cuando la Sala no desconoce la autenticidad de los documentos presentados, sino que solamente ha prescindido de su estimación por innecesaria, no pueden alegarse como infringidas para los efectos de