El Foro español (Madrid. 1898) (1909-01-31 00:00:00), página 6

los llamados á desempeñar los cargos judiciales deben además de su aptitud reunir condiciones especiales de carácter y moralidad que no se aquilatan por medio de la oposición ó exámen, y si bien es cierto que para el ejercicio de todos los cargos públicos en general sólo debe designarse á personas de reconocida honradez y que en especial los funcionarios judiciales deben reunir además de esta cualidad otras circunstancias de carácter en grado sumo como son el desapasionamiento de ánimo, la prudencia y serenidad de juicio, etc., no es menos cierto que tales condiciones personales en aquella parte que más caracteriza á los funcionarios que administran justicia de los demás, tiene mucho de profesional y se va por tanto adquiriendo con el hábito y perfeccionando más y más á medida que el Juez se compenetra de su misión augusta en el ejercicio de su ministerio.

Nuestras leyes de Partida, ya señalaban todas estas condiciones morales que los Jueces deben reunir, diciendo que deben ser "leales; é de buena fama; é sin mala cobiciá; é que hayan sabiduría para juzgar los pleitos derechoamente, por su saber ó por uso de luengo tiempo; é que sean mansos; é de buena palabra á los que vinieren ante ellos á juicio, é sobre todo que teman á Dios, etc., y la actual ley orgánica de 1870, atiende prolijamente á todas estas condiciones, de modo muy adecuado y en consecuencia con los presentes tiempos exigiendo á los funcionarios judiciales además de la responsabilidad civil y criminal por sus actos otra disciplina que alcanza hasta en los más mínimos detalles á todas estas cualidades morales, las cuales han sido descritas en forma verdaderamente escultural por el Excmo Sr. Presidente del Tribunal Supremo en su último discurso de apertura de los Tribunales.

No solamente llena nuestra vigente ley orgánica esta necesidad de una manera acabada en cuanto se refiere al cumplimiento de sus deberes por parte de los funcionarios judiciales en el ejercicio ya de sus cargos sino que prevé estas omisiones que en realidad no pueden acreditar unos ejercicios de oposición y ya una vez formado el Cuerpo de Aspirantes, y antes de entregar á los elegidos los cargos judiciales en definitiva, los somete por un período de pruebas al ejercicio interino de los mismos en tal forma, que sólo es de lamentar que tales disposiciones hayan caído en el día casi en descenso, en vez de haberse ampliado haciendo obligatorias dichas prácticas á todos los Aspirantes, dándoles al menos por dos años, los Juzgados y Fiscalías Municipales de las capitales de Audiencia y los cargos de Fiscales sustitutos y de Secretarios de las Audiencias, con la condición de que sin haber ejercido éstos sin nota desfavorable durante dicho tiempo no podrían pasar á la carrera, para lo que debiera procurarse que el Cuerpo de Aspirantes se hallase siempre nutrido con un número de plazas apropiado.

Acreditadas ya en estas condiciones tanto la suficiencia práctica y científica de los Aspirantes, así como también sus circunstancias de conducta moral pudiera hasta aplazarse por algún tiempo el ingreso en la carrera de aquellos que á juicio de las Audiencias á que se hallasen adscritos no runiesen las circunstancias precisas hasta que los adquiriesen ó fuesen definitivamente separados del Cuerpo y con ello no hay duda de que los opositores aprobados tendrían todas las garantías necesarias al entrar en el ejercicio de su cargo en propiedad que pudiera desechar el más exigente, pues á parte de todo y si alguno que no fuese digno de ejercer su cargo pasase por tanto prueba, en los Juzgados de entrada que es por donde se comienza á ejercer, fácil es averiguar la vida y costumbres, aptitud y demás condiciones que en el ejercicio de su cargo observa el Juez, y medios hay en las leyes para corregir y hasta separar de la carrera á aquel que á ello se haga acreedor.

L. P.

Las recusaciones de los Tribunales Municipales.

En el párrafo segundo del segundo apartado del artículo 13 de la ley de Justicia Municipal, se preceptúa terminantemente que, en el caso de que los recusados no aceptaren la recusación por estimar cierta la causa alegada, y oído el Fiscal, también éste la hallare justificada, se remitirán los antecedentes al Juez de primera instancia del partido respectivo. Sin que en tal disposición legal se ordene otro trámite. Y, por tanto, es de deducir que, en el caso aludido y en el mismo acto en que el recusado no aceptare la recusación, si el recusante no se arietare ante la no aceptación de la recusación, subsiguientemente, sin otra tramitación, relacionada con la recusación, y de oficio, esto es, sin emplazamientos, deben remitirse los antecedentes al Juez de primera instancia.

Según la disposición aludida, el Juez de primera instancia del partido respectivo, que reciba los antecedentes, debe resolver de plano, sin ulterior recurso, lo procedente. Esto es: aunque en el Juzgado inferior se haya emplazado innecesariamente á las partes, no procede esperar en el Juzgado superior á que las partes comparezcan respectivamente á mejorar la presunta apelación ó á adherirse á ella. Siendo, igualmente, improcedente convocar á las partes á la celebración de vista ante aludido Juzgado Superior. Pues el Juez de primera instancia debe resolver de plano. En suma: debe dictar dentro del plazo legal, auto resolviendo el incidente, sin consentir que, desde que se le remitieron los antecedentes hasta que autorice el auto resolutorio, se verifique ninguna otra actuación, como no sea, para mejor proveer, la adverción de la autenticidad de documentos; ó si la justificación se remitiera á declaraciones de testigos, en cuyo último caso, el Juez de primera instancia acordaría recibirlas en forma ordinaria, ó lo que es igual, con citación de las partes, dentro de quince días improrrogables, sin que pudiera diferirse la resolución por falta de comparecencia de los testigos; cuya falta de comparecencia pudiera determinar carencia de elementos para solucionar debidamente el incidente y con perjuicio del recusante, á quien, sin culpa suya, se dejaría inde-