El Foro español (Madrid. 1898) (1908-06-30 00:00:00), página 8

que sea firme el Registrador llevará á efecto la inscripción ó cancelará la anotación preventiva.

Cree que no debe extenderse más allá la protección al título de dominio, y que otras medidas más radicales serían contraproducentes. Aun las apuntadas pueden en algún caso envolver injusticia como lo demuestra el siguiente caso práctico. Falleció sin testamento una mujer casada, siendo declarados sus herederos un sobrino y el viudo quienes otorgaron la correspondiente escritura de partición. En ella no se comprendió una finca registrada á favor del marido, porque habiendo sido vendida por éste en documento privado no pertenecía á la disuelta sociedad conyugal. Pocos meses después de inscrita la escritura particional el comprador de la finca quiso registrarla y reclamó el correspondiente título. ¿Cómo obtenerlo? De buena gana el viudo le otorgaría escritura de venta, mas para que esta fuera inscribible se necesitaba el consentimiento del otro heredero, el cual estaba ausente. La solución de la posesoria se ofreció en seguida, pero no agradaba el remedio, y en el deseo de obtener un título de dominio inscribible se intentó una habilidad. Aprovechando el viudo la circunstancia de tener aún la cédula de casado, trató de hacer la escritura ocultando su verdadero estado civil, pero el Notario que había autorizado recientemente la partición, no accedió á lo pedido con harto sentimiento de no complacer á tan buen cliente. No hubo más remedio que pechar con el expediente judicial. Este hecho demuestra en primer lugar que no siempre se acude á la posesoria por gusto, y en segundo que la medida legislativa que propongo apesar de que alguno la calificará de insuficiente y meticulosa, exigirá en ocasiones un aumento de gastos injusto. En el caso citado sería ineludible el requerimiento notarial, y sin embargo ni el comprador ni el vendedor merecían la imposición de este gravamen, pues hicieron todo lo posible por llevar la transmisión al protocolo.

Las reformas que propongo no satisfarán á quien aspire á la realización completa del ideal de la Ley Hipotecaria, pero tal aspiración no la tuvieron siquiera sus autores. Me explicaré. El ideal de ésta ley es en primer término la inscripción de toda la propiedad inmueble, sea en dominio (título principal), sea en posesión (título supletorio); y que luego las transmisiones de la propiedad inscrita se inscriban también mediante títulos adecuados que son naturalmente de dominio. Cada finca tiene su casillero, su registro especial, y dentro de él aparecerán las sucesivas transferencias. Si una de éstas tiene por origen un contrato aspira el Legislador á que la inscripción sea producida por la correspondiente escritura; si el contrato motivó un litigio quiere que se inscriba la sentencia; si la transmisión obedece á la voluntad del propietario difunto consignada en testamento, quiere que se presente éste; y así sucesivamente á cada transmisión ó gravamen corresponde un documento, una inscripción. En el ideal del Legislador no tiene cabida la posesoria más que para producir una inscripción primera. Pero si aun después de inscrita la finca se verificaron algunas transmisiones; y de ellas no hay título, ¿continúa el Legislador aferrado á su ideal? ¿Pone al interesado en la disyuntiva de proveerse de título, cueste lo que cueste, ó renunciar á los beneficios del Registro? No por cierto. Llegado este caso, hay que prescindir del ideal aunque sea con sentimiento, y consentir la inscripción posesoria, que es tan perfecta como la de dominio pero no causa daño alguno, pues no perjudica al dueño legítimo, cuyo título no ha sido inscrito. Los insignes autores de la Ley Hipotecaria, vivían en la realidad, y no sólo no prohibieron la inscripción del expediente judicial respecto á fincas ya registradas, sino que lo permitieron expresamente, si bien tomando las precauciones necesarias para evitar abusos. Renunciaron al ideal cuando no lo consideraron realizable, y por eso no consignaron el art. 402 que ahora se trata de derogar.

Timbre de gloria será para tan eminentes juriconsultos la institución del expediente posesorio que trae á la vida del derecho la propiedad que estaba fuera de ella, y no le retira su protección, aunque después de inscrita vuelva á caer en la irregularidad de las trasmisiones. Porque en esto consiste la originalidad de la inscripción posesoria, originalidad que el Proyecto trata con ligereza de suprimir. El Legislador de 1861 dice á la propiedad.—Ahí tienes el Registro, aspira si te es posible á la inscripción de dominio que es la más ventajosa, conténtate en otro caso con la inscripción posesoria; procura después tener título adecuado de las transmisiones que te ocurran, huyendo del contrato verbal y del documento privado; si caes en estos escollos apesar de mis consejos, no desesperes, volverás á redimirte por medio de la inscripción posesoria, asiento que al principio es precario, pero que con el transcurso del tiempo se robustece y produzca los mismos efectos que el de dominio.—Los reformistas de 1908 le dien en cambio.—Te concedo dos clases de inscripción, pero sólo por una vez; si después de inscrita cometes el pecado de transmitirte de un modo irregular, para ti no habrá redención, porque te fijará un precio superior á tus fuerzas. ¿Cuál de los dos Legisladores revela mayor conocimiento de la vida real? ¿El que tiene por lema la inscripción del Infierno del Dante, ó el que deja á la propiedad caída la esperanza de redimirse?

Ya que el autor de la reforma es tan severo con las transmisiones irregulares de la propiedad no debería contentarse con prohibir su acceso al Registro por medio de la posesoria, sino adoptar precauciones para que en toda transmisión hubiese título, y para que éste se inscribiera. El que quiere el fin quiere los medios. Ya que no se dan facilidades para que la propiedad caída se redima, impúdase que caiga. Sea lógico el Legislador y exija sin contemplaciones que muerto por ejemplo un propietario se haga la partición de sus bienes por escritura pública y-si dentro de un plazo prudencial no lo verifiquen los interesados, que el Ministerio Fiscal promueva en nombre del Estado el correspondiente juicio de testamentaría ó de abintestado. Conseguida así la titulación por causa de muerte, que es la que ofrece más dificultades, llévese de oficio al Registro para su inscripción. Declárese en una palabra obligatoria la adquisición del título y obligatoria la inscripción. Principiado á demoler el grandioso