El Foro español (Madrid. 1898) (1908-08-20 00:00:00), página 7

todos los funcionarios del Cuerpo técnico de la Subsecretaría elegidos Senadores.6 Diputados por todo el tiempo que dure su mandato; pero tendrán la obligación de solicitar su reingreso dentro de los treinta días siguientes á la fecha en que cese su representación parlamentaria, y considerándose comprendidos en esta disposición los funcionarios que en la actualidad ostenten la expresada representación. Los funcionarios Letrados de la Subsecretaría de Gracia y Justicia que hubiesen sido declarados cesantes á su instancia con anterioridad al establecimiento de las excedencias, serán considerados como excedentes voluntarios para todos los efectos de esta ley.

Art. 7.º Cuando se haga el cómputo de los años de servicio para la jubilación de los funcionarios pertenecientes al Cuerpo técnico, incluso los mencionados en el párrafo último del artículo anterior, y los que ingresen en lo sucesivo, tendrán derecho dichos funcionarios á que se les abonen ocho años por razón de carrera, y serán además comprendidos en los beneficios del Montepío de Ministros de 8 de Septiembre de 1763 y demás disposiciones vigentes en la materia, reconocidas en la Real orden de Hacienda de 13 de Mayo de 1903 para los efectos de las pensiones de viudedad de sus esposas y orfandad de sus hijos.

Art. 8.º Quedan derogadas todas las disposiciones anteriores que se opongan á lo preceptuado en esta ley.

necesidades del estado social, pero si reprime y evita la inicua explotación de esas necesidades por el agio.

La Ley de 23 de Julio último significa algo de socialización por el Estado, que, convencido, como debemos estarlo todos, de la inutilidad e ineficacia del egoísta individualismo, ha de subvenir á las necesidades sociales, ya que no de otro modo, regulando los auxilios que ellas demandan. Fué el primer paso de gigante dado en ese beneficioso camino, por el que algún día habrá que entrar de lleno, la Ley de accidentes por el trabajo y todas las demás de carácter social, así como la creación y reconocimiento del Instituto de Reformas Sociales. Ha sido otro avance la Ley contra la usura; lo será en su día la que se promulgue para el contrato de prendas, verdadero bandolaje cuyas víctimas son las clases monesterosas; y, por último, habrán de coronar la obra legislativa, otras que hagan posible la vida de relación entre las diversas clases sociales.

Para nuestra manera de ser y de pensar, no hay mayor garantía social que la prueba de conciencia; y así como nunca nos cansaremos de bendecir la mano que escribiera el art. 741 de nuestra vigente Ley de Enjuiciamiento Criminal, siempre nos parecerá poco todo elogio para el legislador que fíe y confie en la conciencia del que juzga; que la prueba de conciencia eleva y ennoblecé á la Magistratura y solemniza la función de la Justicia.

Resulta, pues, que lo que el señor Soto diputa como brecha que el legislador abre sigilosamente y disimuladamente en nuestro derecho tradicional y aun en el codificado hace poco años, es, á mi juicio, un golpe de ataque dado con arrojo y valentía á eso que se llama tradicional y que las teorías progresivas tienen que combatir como rutinas perniciosas; porque á cuantos convivimos con los Tribunales nos son de sobra conocidas la forma y manera como puede prepararse una prueba falsada. No hay delincuente que no procure buscar la cotizada; no hay litigante que deje de buscar prueba, aun entendiéndole que no la necesita por asistirse la razón y estar el derecho de su parte.

Por eso, el nervio principal de la Ley á que nos contraemos, es su art. 2.º, verdadero monumento en la moderna legislación de carácter sociológico; porque ni la Ley ni ese art. 2.º, suprimen la necesidad de acudir en circunstancias extraordinarias al préstamo de dinero, mas evita que esas circunstancias extraordinarias sean explotadas por los descendientes de Matías. Esa ley, va á evitar, por ejemplo, (y aseguro al señor Soto bajo mi palabra honrada que cuantos casos le cite son casos prácticos) va á evitar, digo, el que para una de esas circunstancias relacionadas como extraordinarias, haya quien perciba 4.000 pesetas y se constituya en deudor de 40.000; y que otro, para que le presten 5.000 pesetas, tenga que comprometerse á abonar 25 pesetas diarias; y que un tercero, para salir de angustiosa situación, tome 15.000 pesetas, obligándose á abonar como intereses, 250 pesetas mensuales. Y si aun parecen pecados veniales esos, que son los que entiendo que va á refrenar la Ley promulgada, allá va la referencia de otro que tengo á mano, sobre

NO ES ESO

Ya conocen nuestros lectores las observaciones que el doctor Letrado redactor Jefe de la Revista de los Tribunales de Madrid, sugirió el proyecto de Ley, hoy Ley sancionada y promulgada, contra la usura; y es seguro que cuantos la hayan estudiando y aprecien en su verdadero alcance, la Ley referida, estimarán que, al discurrir, incurrió en error el señor Soto y Hernández.

No creamos nosotros que el artículo Temis y los Macabeos ampare la justa reputación del doctor compañero; pero sí que no la ha de aumentar en un ápice, pues la crítica que en dicho trabajo se hace de la expresa Ley, aun hecha por quien existen repetidos testimonios de suficiencia, resulta fuera de razón y de lugar, sencillamente porque la Ley contra la usura no es eso, es decir, no esto que el señor Soto y Hernández ofrece á la voracidad de la opinión pública con su crítica.

El préstamo personal es una necesidad social, reconocida tácitamente por el legislador que no ha llegado á crearle obstáculos señalándole interés legal, sino que comprendió que el dinero vale según las circunstancias del caso y condiciones de garantía, sin olvidar la Ley de la oferta y la demanda, emplea un concepto por el que concede derecho más amplio, cual es el del interés normal, que altera considerablemente, aunque otra cosa crea el señor Soto, el problema económico de la usura; como que la Ley es eso y para eso: contra la usura.

Claro está que la Ley no puede suprimir las que son