El Foro español (Madrid. 1898) (1908-05-30 00:00:00), página 6

parte de inventario correspondientes á los demás herederos. ¿Cómo no han de abultar tales títulos de dominio? ¿Cómo no han de aburrirse los que los pagan?

Hay algunos Notarios que para evitar gastos á sus clientes expiden una sola hijuela extensa copiando el testamento, supuestos, etc., y en las demás hijuelas sólo copian la adjudicación al respectivo interesado. Aplaudo la innovación, pero no es bastante. Todas las hijuelas deben ser concisas. Con ellas debe presentarse en el Registro una copia del testamento sacada de su matriz, no un testimonio, y en caso de sucesión intestada una copia expedida por el Actuario del auto de declaración de herederos. El interesado que quiera antecedentes más completos que los pida y pague aparte.

Otra de las causas que aumentan el coste de la titulación de fincas adquiridas por causa de muerte es la necesidad impuesta por la legislación fiscal (no por la civil) de comprender en la partición todo el caudal conocido del difunto. Sería de desear que se introdujera la costumbre de hacer partícipes parciales comprendiendo, por ejemplo, sólo los bienes inmuebles del causante, que son los que necesitan realmente titulación, y dejando para otro documento público ó privado la partición de los muebles ó no consignándola en documento alguno toda vez que tratándose de esta clase de bienes lo que interesa á los adjudicatarios es tomar posesión de su lote siendo raros los casos en que la necesidad ó la conveniencia, aconsejan que la adquisición conste por escrito y mucho menos por escritura pública. El derecho civil no puede invocarse en contra de semejante procedimiento (1) que sería altamente beneficioso desde el punto de vista económico, pero en el art. 19 de la Ley del Timbre se encuentra hoy un obstáculo que debe eliminarse por medio de una derogación explícita.

En las transmisiones por causa de muerte el título de dominio está contenido en dos documentos, uno que es el verdaderamente justificativo de la traslación del dominio (testamento ó declaración de herederos abintestato) y otro que individualiza y concreta entre la suma de bienes hereditarios los que correspondan á cada heredero en particular (escritura de partición.) He hablado de la carestía del último, pero algo hay que decir respecto al primero. El testamento abierto otorgado ante Notario, no es ordinariamente muy costoso, pero si se otorga ante cinco testigos su elevación á documento público y su protocolización resultan carísimos. Del expediente judicial no se puede en este caso prescindir, ya que es ineludible que declaren los testigos, pero la protocolización es inútil. El testamento puede quedar archivado en la Escritanía, y el Actuario expedirá las copias que sean precisas. Pero mientras no se reformen el Código y la Ley de Enjuiciamiento Civil, ordénesé que la copia que exija el Notario contenga exclusivamente la cédula escrita y las fechas del auto de aprobación y del acta de protocolización expresando el número ordinal del protocolo, sin copiar todo el expediente como es viciosa costumbre de algunos Notarios.

Tampoco es admisible la declaración judicial de herederos abintestato impuesta forzosamente á los descendientes y ascendientes legítimos pues debiera bastar la justificación documental del parentesco ante el Notario autorizante de la escritura particional, sin que por esto dicho funcionario uniese los documentos al protocolo para después expedir copias, porque entonces, adiós economía. Lo único que debía hacerse era relacionar ó extractar dichos documentos en la escritura y manifestar los otorgantes bajo su responsabilidad que ellos eran los únicos herederos. ¿Qué peligros originará una manifestación inexacta aun siendo maliciosa? Ninguno serio, porque el heredero perjudicado puede pedir la nulidad de la partición y la de la inscripción si se ha verificado. No se olvide tampoco que los herederos, que así se proponen defraudar á un pariente tan próximo, rarísimas veces podrán alegar ignorancia de su inexistencia, y cometerán por lo tanto el delito de estafa. La supresión que propongo no es una novedad. Con arreglo á la Ley Procesal de 1855 la declaración de herederos abintestato sólo era necesaria tratándose de parientes fuera del 4.º grado; pero la Jurisprudencia impuso esta necesidad fundándose en la legislación hipotecaria, criterio que fué aceptado por la Ley de 1881. Yo no voy tan allá como el Legislador de 1855, y quiero el expediente judicial obligatorio para los colaterales, pero respecto á los descendientes y ascendientes legítimos les dejaría en libertad para justificar el parentesco en la forma dicha ó para acudir al Juzgado si querían una declaración solemne de su derecho. La reforma que propongo únicamente exigiría que se derogase el párrafo 3.º del art. 23 de la Ley Hipotecaria adicionado con poca fortuna por la Ley de 1877. Esta derogación permitiría que los herederos defraudados tuvieran el plazo de cinco años para reclamar contra tercero.

Por cierto que el nuevo proyecto en su art. 16 reforma también el citado art. 23 reduciendo á tres años el plazo de cinco, necesarios para que la inscripción hereditaria á favor de los colaterales perjudique á tercero, y conservando el precepto de que la inscripción á favor de herederos forzosos surta efecto desde su fecha. Pase lo primero, pero estimo peligroso lo segundo aun subsistiendo la declaración judicial de herederos. ¿No puede ocurrir que los solicitantes de tal declaración omitan maliciosamente á un heredero ausente y que los testigos declaren de buena fe que no tienen noticia de más interesados que los recurrentes? Y si éstos inscriben inmediatamente su título de herederos y venden luego las fincas, el heredero perjudicado no tiene ni el plazo de un día para reclamar contra el comprador, lo cual es altamente injusto. Todas las inscripciones hereditarias deben conocer un plazo para que los herederos que realmente lo sean y cuya existencia se ignore, puedan hacer valor sus derechos no sólo contra los otros herederos que han inscrito sino también contra tercero. Por eso creo justísima la disposición del art. 23 redactado con arreglo á la Ley de 1869.

La enumeración de las gabelas del título de dominio mortis causa no quedará completa sin citar el expe-

(1) Por el contrario le autoriza de un modo implícito el art. 1079 del Código Civil.