El Foro español (Madrid. 1898) (1909-06-20 00:00:00), página 11

Jurisprudencia civil.

(Extracto de las Sentencias más importantes.)

1907
Marzo.

(Continuación).

Desahucio.—Sentencia de 8 de Marzo (Gaceta de 5 de Septiembre de 1908).—Resuelve que estimándose por la sentencia recurrida que el demandado ocupa la habitación en calidad de portería de la misma, y que fué despedido por el dueño, requiriéndole para que desalojara la finca, es evidente que tales actos constituyen el término del contrato de arrendamiento de servicios, cuya existencia no puede desconocerse, aun no mediendo precio para el disfrute de la casa cuando resulta condicionado en su equivalencia por la prestación de servicios al dueño por el dependiente o criado asalariado, cual debe repartirse al portero, y consiguientemente ocupándola, no a título gratuito, como exige la naturaleza del preceario, según reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo. Y que, en su virtud, á tenor de lo dispuesto en el art. 1.562, causa 1.º de la ley de Enjuiciamiento civil, es competente el Juez municipal del distrito en que está situada la finca para el conocimiento en primera instancia del juicio de desahucio de que se trata, sin que, en su consecuencia, pueda decirse que exista quebrantamiento alguno de forma en la sentencia que así lo declara.

Desahucio.—Sentencia de 8 de Marzo (Gacetas del 5 y 6 de Septiembre de 1908).—Resuelve que cuando no se exige meramente el cumplimiento de obligaciones, sino que uno de los contratantes imputa á otro su infracción atribuyéndole la realización de actos determinantes de ésta para los efectos procedentes en derecho y especialmente en materia de desahucio para desalojarle de la finca arrendada, es manifiesto que no procede aplicar el precepto del art. 1.214 del Código civil, sido el fundamental de la ley procesal, á tenor del que al actor incumbe la prueba de los hechos sobre que basa su demanda; pues si en el primer supuesto basta con acreditar la existencia del pacto ó contrato de donde la obligación se deriva, en el segundo resultaría perturbador del principio de derecho que informa aquélla, si bastara al que inculpa con sentar una afirmación de la que pretende derivar un especial derecho para poner al demandado en el trance difícil, si no imposible, de hacer una justificación acabada de su conducta; por cuya razón, al absolver el Tribunal sentenciador de una demanda de desahucio basada en lo que se deja expuesto, por el fundamento de no haber justificado los hechos en que se apoya la acción, aun prescindiendo de la prueba positiva de lo contrario, no comete en este sentido la infracción del art. 1.563, porque la especialidad de este precepto consignado para garantir al propietario el cuidado que debe pres- tar el arrendatario en el uso de la finca arrendada, no autoriza para darle el alcance de convertirla en una presunción juris de incumplimiento de obligación para efectos diferentes del marcado en dicho precepto legal, y mucho menos en el caso en que la Audiencia estima que los arrendatarios habían cumplido las derivadas del contrato de arrendamiento.

Apreciación de prueba.—Recurso de casación.—Inscripciones en el Registro de la propiedad.—Propiedad de una finca.—Dominio.—Inscripción defectuosa.—Sentencia de 9 de Marzo (Gacetas de 6 y 7 de Septiembre de 1908).—Resuelve que no pueden prosperar en casación los supuestos hechos sustituyendo el criterio del recurrente al del tribunal sentenciador en cuanto á la apreciación de la prueba, sin citar para ello como fundamento del error de derecho alegado ley alguna ó doctrina legal aplicable al caso.

Que según los arts. 19 y 65 de la Ley Hipotecaria y varias resoluciones de la Dirección General de los Registros, los Registradores tienen facultad para calificar la validez de los títulos que se presentan á su inscripción, no hallándose antes inscriptos.

Que esto, no obstante, las omisiones y defectos de que pueda adolecer una inscripción nunca podrán obstar á la validez y eficacia del título inscrito, ni invalidar las derechos de los que por ellos aparecezan como propietarios, ni por razón de esos defectos habrá nunca precisión de reconocer el dominio á favor de un tercero.

Competencia.—Acción personal.—Sentencia de 12 de Marzo (Gaceta del 7 de Septiembre de 1908).—Resuelve que conforme al precepto legal y á las decisiones de la jurisprudencia en los juicios en que se ejercitan acciones personales para que pueda atribuirse competencia por razón del lugar en que deba cumplirse la obligación con la preferencia sobre la del Juez del domicilio que le concede la regla 1.ª del artículo 62 de la ley de Enjuiciamiento civil, es necesario que en el contrato en que se funda la demanda se haya designado el lugar en que deba cumplirse la obligación ó que se deduzca claramente por algún principio de prueba, circunstancias que no concurren si se trata de un contrato verbal, cuya existencia niega el demandado y no se acredita que guarden relación alguna con el mismo ciertas cartas presentadas por el demandante.

Que no existe sumisión de las partes, ni la designación del lugar en que la obligación haya de cumplirse, es ineludible el fuero del domicilio del demandado, conforme á la regla y artículo de la ley procesal citados, por ser personal la acción ejercitada.

Competencia.—Pago de servicio.—Sentencia de 12 de Marzo (Gaceta de 7 de Septiembre).—Resuelve que, si bien por regla general, á tenor de lo dispuesto en el párrafo 1.º del art. 1.171 del Código civil y á lo que tiene declarada la jurisprudencia, es juez competente para conocer en los juicios en que se ejercitan acciones personales para reclamar el pago de servicios el del lugar donde éstos se hubieren prestado, esta regla no tiene aplicación á los casos en que la reclamación no se dirija contra la persona á la que el servicio se prestó, sino contra su padre como obligación derivada de la patria potestad, porque entonces este fundamento indispensable para la existencia del vínculo de derecho hace que la acción revista el carácter de personal sin lugar señalado para el cumplimiento de la obligación si no se pactó ó reconoció, siendo por ello de aplicar, para los efectos de la competencia, la regla 1.ª del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil, relacionada con el párrafo último del citado artículo 1.171 del Código civil, según viene decidido el Tribunal Supremo, correspondiendo el conocimiento del juicio al Juez del domicilio del demandado.

Derecho foral.—Donaciones entre cónyuges en Cataluña.—Recurso de casación.—Sentencia de 12 de Marzo (Gaceta de 7 de Septiembre de 1908).—