El Foro español (Madrid. 1898) (1909-12-10 00:00:00), página 10

otorga conforme al art. 700, y se escribe por deber así realizarse, siendo posible, es necesario distinguir entre aquellas solemnidades fundamentales del acto para que conste la última voluntad del testador en la forma prevista por la ley, de aquellas otras que son meramente ritualidades de la escritura, que aunque esenciales en la misma cuando concurre Notario, el cual es responsable, caso de no expresarlas, no lo son asimismo cuando el testamento se ordena conforme al art. 700, y se escribe como preceptúa el 702, ya porque aquél no dispone las fórmulas que el escrito debe contener, ya porque tal última disposición tiene su legal complemento en la elevación posterior a escritura pública con arreglo á lo dispuesto en el art. 704 del Código y 1.353 de la ley procesal, aplicable este último, así el testamento hecho de palabra como al escrito, según el artículo 703, parágrafo 2.º, y 1.952, respectivamente.

Que por lo expuesto y constar que un testamento fué ordenado hallándose la testadora en inminente peligro de muerte ante cinco testigos idóneos, que después de escrito lo firmaron requeridos por aquélla que no sabía escribir, y los cuales afirmaron que dicha testadora estaba en su sano juicio, y con propósito deliberado de otorgar su última voluntad, dispuso como tal cuanto el escrito contenía, cuyas disposiciones oyeron simultáneamente de boca de aquélla que las ratificó; es manifiesto que la sentencia declara válido dicho testamento se ajusta, sin desconocer que sea abierto, á lo dispuesto en el art. 700 del Código civil, y no infringe los preceptos consignados en el mencionado artículo ni en los 686, 687 y 685 del referido Código, ni la doctrina legal comprendida en las sentencias de 5 de Mayo de 1897, 21 de Noviembre de 1899 y 7 de Octubre y 31 de Diciembre de 1904, porque en todo lo que acaba de expresarse y declaro probado la Sala sentenciadora, se advierte que los testigos conocían á la testadora, y afirmaron su capacidad al expresar que fué ella quien en su sano juicio, y cabal razón, ordenó el testamento, y que éste fue leído después de escrito, ya que aquélla lo ratificó y no firmó por no saber, habiéndolo los cinco testigos requeridos por la misma, con lo cual, y lo antes relacionado, se cumplieron todas las formalidades razonablemente exigibles en esta clase de testamentos, á cuya validez, en el caso actual, no obsta la falta de expresión de la hora, ya porque, como se ha referido, se declara probado, sin contradicción legal, que el testamento fué otorgado en inminente peligro de muerte de la testadora con todas sus necesarias condiciones el día citado, ya porque sólo podría tener transcendencia aquella circunstancia si se tratase de resolver sobre la eficacia de dos ó más testamentos de la misma fecha.

Desahucio.—Falta de personalidad.—Arrendamiento.—Sentencia de 30 de Septiembre.—(Gaceta de 2 de Noviembre de 1903).—Resuelve: Que no existe quebrantamiento de forma cuando el Procurador de una parte formula la demanda de desahucio sin acompañar el poder que acredita su representación, si este poder se presenta en la primera comparecencia del juicio á que las partes sean convocadas, sin oponerse reparo alguno por el recurrente, quedando por ello subsanada la falta.

Y que fundada la demanda de desahucio en la falta de pago del arrendamiento y justificada la existencia del contrato, según lo declara el Juzgado, es manifiesta la competencia del Juez municipal para conocer del expresado juicio, conforme á la regla 3.º del art. 1.682 de la ley procesal, sin que la apreciación de la prueba hecha por el juzgador pueda ser impugnada en los recursos por quebrantamiento de forma.

Arrendamiento de servicios.—Personas jurídicas.—Contratos.—Apreciación de prueba.—Sentencia de 30 de Septiembre.—(Gacetas de 2 y 3 de Noviembre de 1903).—Consigna que no discutiéndose en el pleito si una Comunidad tiene, ó no, conforme á sus Estatutos capacidad jurídica para obligarse en la forma que aparece de determinados documentos, es evidente que no puede ser objeto del recurso la infracción del art. 37 (pieza 97) del Código civil, sobre todo no habiéndose presentado en los autos dichos documentos, pues desconociendo sus términos no es posible determinar su eficacia y trascendencia, con relación á la disposición legal citada.

Que carecen de eficacia para la casación las supuestas infracciones de los arts. 37, 1.262, 1.265, 1.266, 1.267, 1.268, 1.270, 1.274 y 1.276, cuando los vicios de nulidad atribuidos á un contrato carecen de justificación en autos, estimando la Sala sentenciadora, por el resultado de las pruebas, que aquél fué celebrado con perfecto conocimiento de cuánto en él se establece, prescindiendo deliberadamente su consentimiento las partes, sin violencia, error ni dolo, reuniendo, consiguientemente los requisitos legales para su validez y eficacia, estimación que no ha sido combatida en forma que demuestre, cómo era preciso, la equivocación evidente del juzgador.

Que no es de apreciar la infracción de los artículos 1.218 y 1.225 del Código Civil, á egada bajo el supuesto de atribuir la sentencia al demandante servicios que no ha prestado, cuando el Tribunal sentenciador, para estimar aquellos, tuvo presente el explícito reconocimiento de los mismos por el demandado en una carta obrante en autos, y lo consignado en el oportuno contrato, sin que de los invocados por el recurrente, que puedan merecer el concepto de documentos públicos, resulte cosa alguna que ponga en duda, ni menos contradiga, la afirmación del Tribunal.

Y que no es lícito ni admisible combatir la apreciación de la prueba, descomponiéndola y analizando aisladamente sus diversos elementos, según la reiterada jurisprudencia del Supremo Tribunal.

Cuenta juzgada.—Aranceles judiciales.—Acciones en recurso de alzada.—Responsabilidad por lo indebidamente cobrado.—Sentencia de 30 de Septiembre.—(Gaceta de 3 de Noviembre de 1908).—Consigna que los Aranceles judiciales vigentes en los negocios civiles para determinar el límite en que pueden ser exigidos los derechos de los auxiliares y subalternos de los Tribunales en los juicios de menor enanía, distinguen en su artículo 347, parágrafos 4.º y 5.º, entre actuaciones anteriores á la ejecución de sentencia y practicadas en la misma ejecución, como lo hacen también los artículos 346 y 348 de los propios Aranceles respecto de los juicios verbales, fijando el tanto por ciento del capital litigioso que deben aquellos funcionarios percibir por las primeras diligencias y la proporción en que han de cobrar las segundas; y que rectamente entendidos los términos de esta distinción, no pueden estimarse comprendidas entre las actuaciones de ejecución las que han sido practicadas en el recurso de alzada, cualquiera que sea su objeto, aunque sean posteriores á la sentencia firme dictada en grado de apelación, cuando á mayor abundamiento, como actuaciones de segunda instancia, están expresamente menenciadas en el citado párrafo 4.º, que ordena, sin diferencia alguna, que los derechos por ellas devengados no podían exceder en ningún caso del 15 por 100; por lo que infringe las disposiciones consignadas en los arts 347 y 357 de los mencionados Aranceles, la sentencia que resuelve que deben regularse, con sujeción al párrafo 5.º y último del art. 347, derechos de la Secretaría de Sala que se refieren á actuaciones no comprendidas en el título 8.º del libro 2.º de la ley de Enjuiciamiento civil.