El Foro español (Madrid. 1898) (1909-09-20 00:00:00), página 9

convenit en que una Ley como la de Enjuiciamiento Criminal vigente, no mereció de los expositores y comentaristas, aquella atención que conceptuamos era necesario y conveniente prestarla por tratarse de una Ley, que al fijar el procedimiento, la vía, el camino á seguir en la persecución del delincuente, en la averiguación y determinación de los hechos acocidos, dióse queda la importancia que en sí encierra para el ciudadano y para el jurista, importancia que evidente en tesis general, se comprende que lo es mucho más, si paramos instantes y consideramos que los procedimientos llegaron á la violencia física, al tormento, siendo el ideal obtener, mejor dicho, arrancar una confesión al acusado, pasando de esos horrores y de la prueba tasada, al magno principio eminentemente humano, soberbiamente puro y elevado de dejar á la libre apreciación del Tribunal, al criterio racional la apreciación de la prueba.

Por lo dicho, véanse una serie de etapas en que el progreso de la ciencia del derecho, inseparable de los sentimientos de humanidad, justicia y equidad, victorioso, arrollando prejuicios, marca avances que verdaderamente entusiasman; señalan conquistas inmarcesibles que estimamos fueron iniciados en nuestra amada Patria, por el Código Penal de 1848, siguiendo por las vicisitudes y los tiempos que marcan los años 1868 y 1872, para llegar á la meta, en 1892 con la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y en 1888 con la Ley del Jurado.

La Ley de Enjuiciamiento Criminal vigente, previniendo que los Jueces realicen minuciosas y detalladas comprobaciones, ordenen la verificación de análisis, la celebración de careos, las inspecciones oculares, el levantamiento de planos, oróquies, fotografías, etcétera, etcétera, llegando al punto de autorizar la práctica de pruebas, no propuestas por las partes, hace ver claramente, hasta donde llegó el generoso espíritu que la dió vida, y el cuidado y la solicitud que puso el legislador, para lograr, que del procedimiento inquisitivo, mantenido hasta ella, no quedara rastro ni más señal, que el doloroso recuerdo de su existencia, sustituyendo el enunciado sistema, por el franca y decididamente acusatorio, que es el imperante, el que manda llegar á la verdad; pero no á una verdad que declare una culpabilidad, una responsabilidad, nó; á la verdad que descubra el culpable, lo mismo que proclame la inocencia del injustamente acusado, siendo en cada caso esa y no otra la administración de justicia, la única que puede dar sosiego y tranquilidad al ciudadano, la sola que puede ser firme sosten, y garantía sólida de la paz social.

Y perdónemos el lector la enunciación de los precedentes juicios, la digresión que ellos pueda suponer, por que al emitirlos nos guía con el propósito de ensalzar en justicia á la obra de D. Mariano Herrero, que viene á ofrecer á los Tribunales y á los Abogados, el modo de aplicar rectamente una ley de tan alta importancia social, como lo es la vigente Ley de Enjuiciamiento Criminal, el fin de que llegue á conocimiento de nuestros compañeros—que puedan descobrirla—la existencia de un libro de utilidad innegable, y al autor, el tributo de un aplauso entusiasta y felicitación sincera.

San Sebastián 14-9-909.

M. ZUAZNAVAR.

Resolución de 17 de Noviembre de 1908

Dirección general de los Registros civil y de la propiedad y del Notariado.

Ilmo. Sr.: En el recurso gubernativo interpuesto por el Notario D. Rafael Banes contra la negativa del Registrador de la propiedad de Montoro á inscribir una escritura de constitución de Sociedad y aportación de bienes, pendiente en este Centro por apelación del Notario recurrente.

Resultando: que en Cartagena, á 1.º de Febrero de 1898, ante el Notario D. Rafael Banes Serra, otorgaron D. Tomás Conesa García, D. Blanca Lizana y Lizana, D. Estanislao Rolandi Bienerte y D. Donaciano González Bleda, escritura de constitución de Sociedad, de la que resulta: que el primero era dueño de la mina de plomo llamada Rosaura, sita en término de Montoro, por concesión otorgada á su favor en 1893; que para la explotación y beneficio de la misma, convinieron los comparecientes en formar una Sociedad anónima minera, que se denominaría San José, y tendrá por objeto la explotación, laboreo y beneficio de aquélla, constituyéndose con un capital social, representado por acciones, que se distribuyeron entre los otorgantes correspondiendo 15 al D. Tomás, que no contribuirían á los gastos ni participarían de los beneficios hasta que las demás acciones se hubiesen recaudado de sus desembolsos; consignándose además que el propietario de la mina aludida la cedia absolutamente á la Sociedad constituida, con otras condiciones propias del contrato celebrado, pero sin constar el valor de la mina; hallándose finalmente extendida á continuación de la escritura la nota de haberse satisfecho los derechos reales correspondientes por el concepto de Sociedad:

Resultando: que el Registrador no admitió la inscripción del instrumento relacionado por los defectos subsanables de no constar si la cesión que el mismo comprende se ha hecho á título gratuito ó oneroso y no resultar liquidado y satisfecho el impuesto de derechos reales por dicho concepto de cesión:

Resultando: que el Notario autorizante interpuso en 2 de Septiembre de 1907 recurso gubernativo ante el Juez de primera instancia contra la calificación del Registrador, solicitando se declarase que la escritura denegada se halla extendida con arreglo á las prescripciones legales, manifestando: que dicho documento contiene un contrato de constitución de Sociedad, á la que D. Tomás aporta su mina Rosaura, y en el que los demás otorgantes se obligan á pagar los repartos pasivos que haga aquélla y cumplir las condiciones impuestas, recibiendo el aportador las 15 acciones suyas liberadas; que tal contrato es oneroso, estando bien determinado, y siéndolo, en buenos principios, todo contrato que es bilateral, evidenciando que es esta la síntesis del contrato la nota de