El Foro español (Madrid. 1898) (1908-10-10 00:00:00), página 3

ó como la que tiene por objeto la colonización y repoblación interior, arraigando en la nación á las familias deprovisitas de medios de trabajo para subvenir á las necesidades de la vida, disminuyendo, y, en su caso reglamentando, la emigración con garantía tutelar del emigrante, poblando el campo y metiendo en cultivo tierras incultas ó deficientemente explotadas, en virtud de repartos de lotes de terrenos entre familias de labradores pobres y aptos para el trabajo agrícola; y como las que someten, en fin, á laudos de Consejos de conciliación y arbitraje y á fallos de Tribunales industriales, para defender la armonía entre patronos y obreros, las cuestiones que dividen á unos y otros.

Cuanto en este sentido se haga,—y últimamente se ha hecho mucho entre nosotros—será propicia á estirpar viejos vicios del bien general, y á reducir, por ende, la criminalidad, que germina profunda y frondosa cuando la fecunda la indigencia, consanguínea del vicio y de las propensiones débiles...—Cervantes no negó la honradez del rico; dudó de que el pobre «pueda ser honrado».

Perdone V. E., que, atraído por la importancia del problema de la criminalidad en sus más vivas exteriorizaciones actuales, haya dado rienda suelta á la pluma rebasando los límites ordinarios de un trabajo como el presente. He querido afirmar una vez más que, en punto á legislación penal, aparte sutilezas y explosiones retóricas, toda construcción que haya de ser perdurable ha de fundarse sobre cimientos de gran solidez, «y el cimiento obligado de toda institución jurídica—se ha dicho con verdad—no puede ser otro que la disciplina y el orden entre los elementos para quien se estatuye.»

(Se continuará)

El discurso del Presidente

(continuación)

Los soberanos de Cataluña, antes y después de su feliz unión á la Corona de Aragón, afirmaron también como imprescriptible su derecho á la alta Justicia e instituyeron Tribunales de vecinos, á los que engrandecieron dando ó reconociendo facultades legislativas á los Concejales de Barcelona y á los Vegueres en su calidad de Jueces sometidos al Tribunal Real, origen de su actual Audiencia, en la que dos Jueces de Corte ingresaban por oposición.

En tan diversos regímenes se advierte mantenida la afirmación de ser soberana la facultad de juzgar.

El Rey juzgaba también por sí mismo personalmente. Así lo hicieron, por no citar muchos más, San Fernando y el Sabio, los Católicos y hasta el mismo Rey-Emperador que, presidiendo en despacho de justicia á los Oidores de las Chancillería de Valladolid, enaltecía su carácter, mandándoles cubrir ante su excesla Persona. Establecido el régimen constitucional, que requiere que los actos del Rey sean refrendados por un Ministro responsable, la Reina doña Isabel II, en cuyo Real nombre hemos administrado Justicia muy pocos que ya lo podamos decir, presidió el acto judicial en una Audiencia, no interviniéndose por supuesto, en la resolución, que dictaron libremente los Magistrados, sino para tomar ocasión de dar sentencia de ejercitar la prerrogativa constitucional de indulto.

Ahora la Justicia se administra en nombre del Rey, cuyo augusta nombre encabeza las ejecutorias de los Tribunales y se invoca en los exhortos y cartas rogatorias y simbólicamente les preside y aún realmente, como presidió el malogrado augusta predecesor y padre del que reina, el Sr. D. Alfonso XII., de feliz memoria, acto igual al de hoy, cuya presidencia ordinaria la ley encomienda al Ministro de Gracia y Justicia. Pero ni el Rey ni su Gobierno intervienen en la administración de la Justicia. Salvo estas expresiones de la unidad sustancial del Poder público, diversificadas sus variadas funciones, los Tribunales ejercen las suyas propias y exclusivas con absoluta independencia de otra potestad, pues que la mayor sólo interviene en sus asuntos para regular la convivencia de todos los elementos y órganos del poder y circunscribir á cada uno en la esfera de su legal competencia; atribución altísima que no quebrantaría las bases del régimen actual, el encomendarse á Tribunal ó Comisión especiales ó al Supremo, sacando materias de índole ciertamente constitucional, pero jurídicas y reguladas por la ley y no sujetas á arbitrio, de manos de potestad de carácter gubernativo en la que es inevitable la influencia de lo circunstancial.

Aun cuando la misma Constitución de la Monarquía pone al cuidado del Rey la vigilancia sobre la administración de Justicia, es ejercida por medio del Ministerio Fiscal, que interviene, por vía de petición no más, en las resoluciones de Justicia, si bien la realidad le constituye, poco ventajosamente, en limitador, en materia criminal, del ejercicio de la propia jurisdicción, á causa de preferencias excesivas dadas á un régimen acusatorio.

Las antiguas facultades Reales van regulándose por la ley, como acaba de decirse. La elección de los Jueces á la ley ha de ajustarse, bajo la fiscalización de los Tribunales. Este método necesita complemento y ensanche para asegurar firmemente la observancia de la ley en tan grave disciplina, y á la par la inamovilidad y con ella la independencia judicial. Al Tribunal que más garantías ofreciera debiera encomendarse la apreciación de la legalidad de los nombramientos, del destino y del ascenso, si ha de subsistir, y de la separación de los Jueces, de modo que actos tales no fueran eficaces sin el concurso de aquel voto, salvo el caso de destitución individual por indignidad que en las condiciones que hoy tiene podría continuar reservado á la responsabilidad del Gobierno. La separación colectiva, clara ó disfrazada es condensable por atacar la independencia funcional, aun en casos como el atribuido á la gran Reina Católica, espejo de Reinas y de madres, que separó á todos los Oidores de la Chancillería de Valladolid, á la sazón presidida por el Obispo de León, por admitir una apelación para ante la Santa Sede, con agravio, sin duda, de las prerroga-