El Foro español (Madrid. 1898) (1908-08-10 00:00:00), página 6

personales de los dichos Generales Jefes y Oficiales ó sus asimilados, por conceptos de sueldos, gratificaciones, pluses, pensiones de Cruces y demás devengos personales. Estos haberes personales sólo estarán afectos, en su caso, á las responsabilidades de que trata el artículo anterior, quedando expeditas y rigiéndose por la legislación común las acciones de los acreedores particulares contra los demás créditos, alcances y bienes que pertenezcan á los responsables.

Art. 3.º Cuando se proceda judicialmente para hacer efectivas obligaciones ó responsabilidades que no provengan de contratos, tales como alimentos ó indemnizaciones por culpa ó delincuencia, se limitará la retención á una quinta parte de los dichos haberes personales, ó al residuo, si ya existiere otra retención.

Art. 4.º Por riguroso orden de prioridad en el tiempo, surtirán sus efectos las retenciones legítimas, judiciales ó gubernativas, indistintamente.

Art. 5.º Para hacer efectivas contra los Generales, Jefes y Oficiales ó sus asimilados responsabilidades á favor de particulares procedentes de contratos perfeccionados antes de la promulgación de esta ley, serán aplicables los artículos 3.º y 4.º, además del último inciso del art. 2.º

Art. 6.º Cuando las responsabilidades de Generales, Jefes y Oficiales ó sus asimilados á favor de Cajas militares provengan de anticipos de pagas, efectuados después de estar constituidas retenciones judiciales sobre haberes de los deudores, estas retenciones se sujetarán al límite señalado por el art. 3.º La retención gubernativa para reintegro á las Cajas militares, mientras unas y otras trabajen coexistan, recaerá sobre el residuo de la cuarta parte designada en el art. 1.º

Art. 7.º La disposiciones que se opongan á la presente ley quedan derogadas.

GRACIA Y JUSTICIA.—Real decreto de 1.º de Agosto de 1908, disponiendo no sea aplicable á las traslaciones de los funcionarios de la carrera judicial y fiscal lo dispuesto por el artículo 4.º del Real decreto de 5 de Febrero de 1906. (Gaceta del 4).

GRACIA Y JUSTICIA.—Real orden de 1.º de Agosto de 1908, disponiendo que el Juzgado de 1.ª instancia de Granadilla; comience á funcionar el dia 15 de Septiembre próximo (Gaceta del 6).

Contra las pobrezas

Sin esperar otras reformas más amplias, urge que aunque sea por ley especial se acabe de una vez con el abuso inaudito, infame, de las pobrezas.

Muchas veces se ha dicho que las pobrezas son una patente de corso en el terreno judicial, hoy ya podemos decir que casi constituyen un sistema especial de estafa como el del procedimiento del entierro ó el cartucho de perdigones.

Claro está que no es posible acabar con el necesario beneficio de pobreza mientras no se llegue al ideal de la justicia gratuita en la que por lo mismo de serlo no podía constituir un arma el temor á los gastos del pleito, pero es necesario, urgentísimo, el revestir aquél beneficio de tales garantías que no pueda convertirse en perjuicio para los demás.

El descaro llega ya hasta tal punto que el pobre no litiga ya un derecho más ó menos razonable escudando su falta de razón en las facilidades que la ley le concede y soñando con la transacción, ahora ya se atreve todo el mundo, guiado por procuradores y abogados hambrientos y desaprensivos á solicitar hasta la luna, sin cubrir siquiera las apariencias legales de derecho y con la mayor desvergüenza. La última moda es entrase de quien ha otorgado un contrato y pedir la declaración de pobreza para solicitar aquella nulidad en su día, aunque no se tenga nada que ver con el tal contrato; y como la declaración de pobreza es un incidente previo, y la excepción de falta de personalidad se alega al dar traslado de la demanda principal, resulta que ya hasta quien no tiene grandes esperanzas de ganar el incidente pismo de pobreza—que puede llevar hasta el Supremo—lo intenta en la seguridad de que ó se consiente la tal pobreza que es el arma temible de que ha de valerse el litigante criminal—esta es la palabra—ó la oposición á la misma pobreza empieza ya á costar dinero y en gran escala á la infeliz víctima. ¿Que aquél pierde el incidente con las costas que lleva consigo? Pues paga con una diligencia de insolencia y... á repetir la suerte; que por lo general el declarado rico legalmente suele después declarársele insolvente, legalmente también al practicar el embargo, siquiera esta insolencia no le valga para lo que aquella pobreza.

Todo esto no tiene más que dos remedios prácticos. 1.º que el demandado por un pobre pueda litigar en el mismo concepto, sin perjuicio en su día del abono de costas si á ello fuese condenado en definitiva y no permitiéndose la apelación sin consignar una fianza que haya de responder de ellas; 2.º establecer la responsabilidad penal subsidiaria del pobre.

Todo esto tal vez esté poco en armonía con los intereses de ciertos funcionarios, que en el sueldo encontrarían el remedio á estos males del arancel en relación con la justicia, y puede que tampoco esté muy conforme con las corrientes democráticas de los tiempos modernos, en el sentido estrecho que por lo general se dá á la libertad en perjuicio de los derechos de los ciudadanos, pero es el único medio de acabar en lo posible con esa plaga de estafadores pobres, que asaltan los juzgados y el bolsillo del próximo.

Claro está que este problema está muy en íntima relación con el de fondo de la reorganización de todo nuestro sistema de enjuiciar, pero nos parece que por lo pronto una ley tan sencilla como esa y que en dos horas puede quedar hecha, daría una gran satisfacción al público y á la prensa toda, que de antiguó viene clamando una y mil veces contra tan tremendo abuso y se armonizarían de una vez y sin más esperarlos más altos intereses de la Justicia y las más inclinables exigencias de la Moral.