El Foro español (Madrid. 1898) (1909-09-10 00:00:00), página 4

y entre ellas el derecho civil. La ley del 30 Ventoso del año XII reunió en un sólo cuerpo de doctrina las treinta y seis leyes que componían el Código civil de los franceses y que fueron decretadas en periodos sucesivos. Cada una de estas leyes tuvo su ejecución al siguiente de su promulgación. En 3 de Septiembre de 1807 se ordenó una nueva promulgación del Código Civil bajo el nombre de Código de Napoleón. Una ordenanza del 17 de Julio de 1816, estableció que se hiciera una nueva edición de los diferentes Códigos, en los cuales se suprimirían las denominaciones, expresiones y fórmulas que no estuvieran en relación con los principios de gobierno establecidos por la Carta constitucional. Un decreto del 27 de Marzo de 1852 restableció el dictado de Código de Napoleón, adjudicado por la ley del 3 de Septiembre de 1807. La denominación de Código civil que era la de las ediciones de 1894 y 1816, ha predominado en las leyes y decretos, desde el 4 de Septiembre de 1870.

La primera innovación que se nota en el Código Civil francés es el derecho de la personalidad, consecuencia de la famosa declaración de los derechos del hombre. Al decretar la Asamblea Constituyente que los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos, las distinciones sociales no pueden fundarse más que en motivos de utilidad común. Se reconoce explícitamente que el ejercicio de los derechos civiles es independiente del ejercicio de los derechos políticos, los cuales se adquieren y se conservan conforme determinan las leyes constitucionales y electorales (artículo 7.º del Código Civil francés). El fin de toda asociación política es la conservación de los derechos naturales e imprescriptibles del hombre. Esos derechos son la libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia á la opresión. He aquí la gran conquista de la revolución francesa, donde culmina el Código privado individual, que no tardará en ser sancionado por los demás Estados civilizados.

Pero el triunfo del individualismo acompaña la nueva orientación de reforma social que en pos de sí lleva el vigoroso movimiento industrialista de nuestra época, realizándose diariamente un cambio en las relaciones de derecho privado, y que de examinarlas al detalle harían interminables estos apuntes, que no tienen otra trascendencia que señalar á grandes rasgos como el derecho privado se transforma á medida que cambian las necesidades de la Sociedad.

José GONZALEZ LANA.
Juez de primera Instancia e Instrucción de Muros.

La justicia municipal en el derecho español

En todos los pueblos y en todas las épocas uno de los principales ideales y propósitos de la humanidad ha sido, es y será alcanzar una justicia rápida y gratuita aproximando la justicia á lo justiciable. No obstante, las mismas circunstancias de lugar y de tiempo lo dificultan, sino lo imposibilitan perdurablemente, dada la condición humana. Pues no basta tener buenos propósitos. Porque ley geométrica es que la línea más corta entre dos puntos es la recta. Pero en este mundo que habitamos la vida ha de rodar por la periferia terrestre plegándose á la misma desigualdad de sus quebradas líneas y ajustándose y amoldándose á los accidentes de la sinuosa superficie esférica en que nos agatamos en la lucha por la vida.

Esta misma lucha requiere en razón de su complejidad la creación y organización del ejército de la justicia, especializando el arma del derecho sustantivo y la táctica estratégica del derecho objetivo, mediante progresiva campaña.

Como los individuos no son omniscientes, ni todos son profesionales, el sistema de constituir un Juzgado en cada distrito municipal, por pequeño que sea su número de habitantes, no pasa de ser en el fondo un bello ideal, que se inspira y apoya en un principio de economía, y de rapidez y comodidad mal entendidas, más bien que en el de la verdadera justicia consciente, inteligente y versada en la ciencia del derecho. Es crear organismos acéfalos, ó tratar de dar vida racional á cuerpos sin alma.

La buena organización de la administración de justicia debe hallarse en íntima relación con el grado de cultura de los países. Esto es: hasta donde llegue la instrucción debe llegar la facultad inteligente de administrar justicia. De consiguiente no debe concederse tan sagrada facultad á los ignorantes. El progreso de la ciudadanía y del principio de autoridad avanza con el progreso de la educación y la instrucción.

Resulta antijurídico, anticientífico y absurdo poner la vida, la honra y la hacienda de los individuos en manos de un ignorante. Siendo sociales por naturaleza, ó por necesidad, ó por utilidad, teniendo que vivir en la sociedad, es un abuso de poder, una tiranía, someter intereses tan sagrados á socios ignorantes. La sociedad entiende, y cree, que debe regular las relaciones entre los socios; y, pues, justamente se atribuye poder legislativo, en uso de tan importante facultad, proyecta, propone, discute, acuerda é impone las leyes que promulga, para procurar, hasta donde humanamente sea posible, defender la vida, el honor y los bienes de los socios. A la debida efectividad de tan trascendentales preceptos, da vida al Poder judicial, delegándole sus facultades, y comisionándole para que aplique las leyes. ¿Cómo ha de aplicarlas quien las desconoce? ¿Es justo, es equitativo, es moral que se comisione y confiera atuendidas facultades á un ignorante? En tal caso huelgan las leyes y retrotraigámonos á los tiempos prístinos; siquiera entonces se administraba justicia patriarcalmente, pero siempre por los experimentados jefes de las familias ó por los ancianos ó señores más aptos de las tribus, ó por el pueblo en asamblea.

En nuestra legislación se nota que ha constituido una de las preocupaciones de los legisladores españoles la economía en la administración de justicia; pero principalmente en relación con la menor importancia del asunto.

Equitativo es que la administración de justicia en los asuntos de pequeña entidad cueste poco, y que este coste sea en proporción á la cuantía ó importancia del