El Foro español (Madrid. 1898) (1909-04-20 00:00:00), página 7

trucción, según expresa el artículo 299 de la Ley de Enjuiciamiento criminal. Confirmado el auto de terminación de sumario se ofrece el segundo período que podríamos llamar de depuración procesal, con objeto de apreciar si procede ó no sobreseerlo ó acordar la apertura del juicio oral, según se estime que deben aplicarse los artículos 637 y 641 de la Ley de Enjuiciamiento criminal, ó que existen motivos suficientes para acusar á determinada persona como autor, cómplice ó encubridor de un delito, y por último, el tercer momento es el de la definición del proceso, cuando terminadas las pruebas del juicio oral, el Magistrado sólo con su conciencia reflexiva y basado en el valor y alcance de las alegaciones y pruebas que las partes le ofrecieron, dicta el juicio definitivo y formula el fallo.

Hasta este punto la obra es de carácter procesal, en adelante se trata de definir acerca de la existencia comprobada de un delito, por actos voluntarios ejecutado por determinada persona y como resultado final la pena á que se ha hecho acreedor.

Como base segura de tan complicadas operaciones, es preciso no olvidar que sean cuales fueran las personales ideas del Magistrado respecto á las teorías sobre las fuentes de donde el delito nace, tiene imperioso deber de aplicar el axioma legal en materia de derecho penal de que el hombre es absolutamente libre de hacer todo lo que no cause lesión al derecho positivo de otro; y que todos los actos que de este círculo salgan, podrán merecer censuras en otra esfera, pero nunca el concepto de punibles en el Código penal, que sólo puede ser objeto de proceso criminal un acto con carácter de delito, que éste es la violación comprobada de la ley promulgada, que para acordar el procesamiento de una persona se precisa la existencia de un indicio ó señal evidente que muestre por lo menos la probabilidad próxima de haber intervenido en la comisión del delito, que para acordar la apertura del juicio, y entrar do lleno en el pleito criminal es de necesidad comprobar motivos bastantes para afirmar el delito y el delincuente, sin vacilaciones de parte del representante de la Ley, en cuyo escrito de calificación provisional expresa un hecho y su autor, aquél definido en el Código y éste unido al delito con relación de causa á efecto.

Los principios de la ciencia que informan la ley moral y disciplinan la voluntad en dirección al deber, nutren la inteligencia del Magistrado de reglas generales para apreciar el valor legal de los actos humanos, inspiran al criterio para razonar con holgura y buena dirección y apreciar con tino cuantos problemas se relacionan con la imputabilidad y la responsabilidad en sus precisos términos y grados. Precisamente el artículo primero del Código Penal exige muy extensos conocimientos para saber: 1.º los actos ó omisiones castigados por la Ley materializados en la vida real y 2.º lo que es acción ó omisión voluntaria, y todo ello es bastante para formar la ocupación toda de una vida laboriosa. Ante todo el Magistrado es cumplidor del derecho escrito, no legislador. El que defina el delito «la violación de un deber social» ó «cualquier ataque á la seguridad ó á la libertad, ora de la sociedad, ora de sus individuos», vive en la abstracta esfera del pensamiento investigador, porque en él puede á sus anchas desenvolverse, pero no puede ir con tal bagaje de ideas, siquiera sean inspiradas en la mayor pureza, no puede sentarse en los estrados de un Tribunal, porque desde este sitio llamado á sancionar la ley positiva, y á discurrir sobre casos concretos, no viene á dejarse abandonado el precepto al fluctuante arbitrio del Juez.

Por perversa y nociva que sea una acción, y por merecedora que sea, frente al orden moral, de ser elevada á delito, como sólo está definida en el orden filosófico y no inscrustada en un artículo del Código Penal, siquiera en el orden civil y privado merezca sanción, el Magistrado no se encuentra enfrente de un acto punible, y por selección está en el deber de no atenderle para el castigo. No hay para Pesina delito legal, es decir verdadero delito, sin violación de la Ley escrita.

No es raro que á los Tribunales se denuncien hechos verdaderamente repugnantes ante la moral y buenas costumbres con la pretensión de que sean castigados. El denunciante, con excelente sentido y conocimiento de generales leyes impuestas á la razón y exigibles á la conducta, se indigna ante la comisión de tales hechos, el Juzgado toma á veces en serio la denuncia, por el mal sabor que contiene y aspira á depurar su verdadero alcance, pero también es frecuente que al final de la jornada procesal el asunto no merece otra cosa que ordenar un sobreseimiento libre, por no constituir delito.

En este punto, todo cuanto se aliqueate servirá como obra de depuración legal y no se podrá dar el caso de abrir el juicio por un hecho que no presenta por todos sus lados definida materia punible.

MIGUEL SAIZ GÓMEZ.

(Continuación).

NOTICIAS

Importante.

Suplicamos á nuestros abonados no dejen de leer los párrafos con que bajo el título de Importante encabezamos este presente número de EL FORO ESPAÑOL.

El Abogado núm. 1.

Ha fallecido el día 8 del corriente á edad muy avanzada, D. Paulo López Higuera, distinguidísimo letrado, que figuraba en la lista de los de Madrid con el número 1, desde hace mucho tiempo, habiéndose incorporado al Colegio el 14 de Enero del año 1889, desde cuya época y casi sin interrupción ha venido ejerciendo con notable lucimiento su profesión, habiendo pagado algunos años la primera cuota contributiva; en la actualidad pagaba la cuarta, aunque ya por contar cerca de noventa y cinco años, sólo estaba encargado de los asuntos de una casa de importancia, y ya era bastante el que á tan avanzada edad conservase la lucidez de sus extraordinarias facultades mentales.

Descanse en paz nuestro venerable compañero.