El Foro español (Madrid. 1898) (1910-01-10 00:00:00), página 3

que no ha de desarrollarse ante el Registrador, sino ante el Juez de primera instancia siempre; pues, como ve- remos más adelante, el procedimiento que se crea para ejercitar la acción hipotecaria, no tiene la limitación que para los juicios ejecutivos establece el artículo 1.435, caso 1.º, de la ley de Enjuiciamiento civil, por cuanto á la cantidad se refiere, sino que según la ley reformada, sea cualquiera la cantidad que se reclame, el procedi- miento es el mismo, y el Tribunal también, por cuanto para nada se menciona la justicia municipal, en el caso de ser lo reclamado menos de 500 pesetas. Se com- prendería que ese nuevo juicio sumarísimo figurase en la ley Hipotecaria, y aun con más propiedad en el Re- glamento para su aplicación, si la acción hipotecaria di- recta contra la cosa ó derecho real hipotecado, se hu- biera establecido que podía ejercitarse ante el Regis- trador de la Propiedad, creando á la vez la contrata- ción de todo derecho real ante los mismos; pero de- biendo ejercitarse ante el Tribunal de primera instan- cia, es indiscutible que el procedimiento se incluya en la ley Hipotecaria, confundiéndolo de un modo lasti- moso lo sustancial con lo accidental, lo substantivo con lo adjetivo, y todo ello, no para simplificar el proce- dimiento, porque como veremos, no se ha hecho sino copiar mal lo que la ley de Enjuiciamiento dispone en el juicio ejecutivo.

Al señalar en la primera regla del artículo 3.º la competencia, no ha hecho sino copiar el artículo 56 de la ley citada, y la regla 3.ª del artículo 62, y esto mal, porque ha omitido la prohibición de someterse á juez que no ejerza jurisdicción ordinaria. De modo que la regla huelga: con haberse referido á la ley ritual, no hacía falta semejante regla. La 2.ª, que dispone cómo ha de iniciarse el procedimiento, es casi un galimatías, si no es una vulgaridad. Dice que el procedimiento se iniciará por un escrito (¡por qué no la llaman la demanda 6 peti- ción, que es su nombre propio!), enumerando los hechos y las razones jurídicas determinantes de la certeza, subsistencia y exigibilidad del crédito y de la competencia del Jus- gado, y precisando la cuantía de la reclamación. Esta es la primera parte de la regla 2.ª del artículo 3.º de la ley reformada, y la verdad, á cualquiera que la lea se le ocu- rre preguntar: ¿Qué es ó qué son las razones jurídicas de- terminantes de la certeza, subsistencia y exigibilidad del crédito? Pues en cuanto á la certeza, no puede ser otra que la existencia del contrato consignado en documen- to público en que consta el contrato de préstamo y de hipoteca, subsistencia que existe aunque no se ha ex- tinguido, por cualquiera de las diferentes formas en que ese contrato pueda terminar, y finalmente, que el plazo de vencimiento de la obligación ha cumplido y es por lo tanto exigible. Pues si esto y no otra cosa ha que- rido decirse, ¿por qué razón no haberse remitido al ar- tículo 1.439, en relación con el 524 de la ley de Enjuici- ciamiento civil? Cuando menos, se habría ganado en cla- ridad: compárese la regla en su primera parte copiada con el artículo último citado.

Éste dice: «Expuestos sucintamente y enumerados los hechos y los fundamentos de derecho, se fijará con claridad y precisión lo que se pida y la persona con quien se proponga la demanda...» La redacción no puede ser más clara, el precepto le entiende todo el mundo que sépa castellano; no así la regla de que me voy ocu- pando, porque razones jurídicas no es lo mismo que ley, precepto legal; esa redacción no pone límite al discurso, y aquí, que ha sido siempre la tendencia á satisfacer la queja general de que no se escriba tanto, que no se llenen inútilmente tantos pliegos de papel sellado, se autoriza con esa redacción en un juicio sumarísimo á hacer disertaciones inacabables sobre el contrato, su unió ó bilateralidad, la hipoteca, su historia, su progresó, y hasta intercalar algún párrafo del Viejo Testamento, que se crea tener relación con la prenda y la hipoteca, y no podrá negarse que todo lo que se diga son razones jurídicas modernas, medias ó anti- guas, determinantes de la exigibilidad del crédito. De modo que, aparte de que el procedimiento nada tiene que ver con las hipotecas, se hace éste más difuso, y á la larga, más costoso; todo por afán de novedad, por no copiar modestamente el artículo 524 de la ley ritual en lo civil.

La primera parte de esta regla 2.ª tiene un apéndice. Á continuación, sin punto y aparte, sino seguido, dice dicha regla 2.ª: «El acreedor quedará sujeto á indemizar cuantos daños y perjuicios irrogase al deudor ó terceros interesados, por malicia en la exposición de sus hechos y demás circunstancias que ha de apreciar el Juez para autorizar el procedimiento.»

Aparte de que no se ve muy clara la relación de esta segunda coacción de la regla de que me ocupo, su disposición es inaplicable, si el Juez cumple con su deber de examinar todos los documentos públicos, pre- cisamente todos, que requiere la regla 3.ª del mismo artículo; ésta exige el poder, si no gestiones por sí; el título, que forzosamente tiene que ser escritura públi- ca, tratándose de garantía hipotecaria; el acta notarial que acredite el requerimiento al pago, y, por fin, la certificación del Registro de la Propiedad referente á la última inscripción de dominio ó posesión, con rela- ción de todos los censos, hipotecas y demás graváme- nes y Derechos Reales y anotaciones á que estén afec- tos los bienes, debiendo hacerse constar que se haga sub- sistente y sin cancelar la hipoteca á favor del actor. Con todos los documentos á la vista, y cuando el Juez debe mandar substanciar el procedimiento, ¿es posible que, sean los que quieran los hechos que maliciosamente pueda exponer el acreedor, puedan inferir en la equi- vocación del Juez? Evidentemente, no; porque para esto no hay más hechos que apreciar y en que fundar su juicio que los que constan en los documentos pú-