El Foro español (Madrid. 1898) (1909-05-30 00:00:00), página 10

plazo de los cuatro años, ó acumular los intereses no satisfechos al capital del préstamo, cobrando por ellos el mismo tanto por 100-, constituyendo la prestataria hipoteca en garantía de la deuda contraída:

Resultando: que presentada en el Registro de Berja la escritura relacionada, el Registrador denegó la inscripción «porque el pacto de anatocismo contenido en la condición 4.a está prohibido por la ley y anula la obligación principal del contrato á que se refiere. Y siendo insubsanable, etc.»:

Resultando que por el Notario autorizante se interpuso recurso gubernativo ante el Juez de Berja solicitando se declare que dicha escritura es inscribible, estando ajustada á derecho, y en caso de estimar prohibido el pacto establecido en la condición 4.a, que se inscriba en cuanto á la obligación principal, exponiendo: que la ley de 14 de Marzo de 1856, al derogar las antiguas trabas, favoreció la libertad contractual y dejó que el dinero produjese sin tasa ni limitación alguna, obligando al deudor moroso ó negligenté abonar al mutuante los daños y perjuicios que le ocasionara, fijados por el art. 8.a en un 6 por 100; que el artículo 1.109 del Código civil permite el pacto aludido, no estando aquél derogado por ninguna disposición legal, pues tanto dicho pacto como aquel artículo no son más que la condenación al deudor á la expresada indemnización; en cuanto al segundo extremo de la nota, que lo accesorio, que aquí es el pacto, no puede tener más fuerza que lo principal, ni el cumplimiento de la obligación del préstamo ha de depender de la condición de anatocismo referida: que el Registrador no puede declarar la nulidad de aquélla ni ejercer la acción otras personas que los interesados, mas aunque pudieran, procedería únicamente tener la condición por no puesta.

Resultando: que el Registrador informó insistiendo en su calificación, fundándose: en que el pacto de anatocismo estaba prohibido por el art. 7.a de la ley de 1856, aplicado por la Resolución de 7 de Mayo de 1884; que lo prohibe igualmente el art. 1.109 del Código civil, pues al ordenar que los intereses devengan réditos desde que son judicialmente reclamados, es porque no los devengan antes, admitiendo, por tanto, el anatocismo sólo en aquel caso especial, distinto del que motiva este recurso; que la ley de 1856 no se comprende en el Código ni en su exposición de motivos, y está vigente, como lo reconoce el Tribunal Supremo en Sentencia de 10 de Diciembre de 1894, basada en hechos ocurridos con posterioridad á aquel Cuerpo legal; que el art. 1.109 hay que entenderlo en relación con su precedente, que establece el principio de la morosidad; que la Ley de 2 de Agosto de 1890 deja subsistente la del 56, respondiendo la prohibición del pacto aludido al mismo principio que informa el artículo 114 de la Ley Hipotecaria, ó sea fomentar el crédito territorial; no pudiendo constar en el Registro dicha cláusula porque no determinando cómo se han de capitalizar los intereses, puede ser inducida á error el tercero; en cuanto al segundo extremo de la nota, alega el art. 1.116 del Código civil, manifestando además que en aquélla no se dice que sea nulo el contrato, sino que lo anula la condición 4.a del mismo, haciendo la declaración de nulidad, no el informante, sino el precepto legal antedicho; que el Notario no está facultado para solicitar se prescinda del expresado pacto en la inscripción, y olvida que incurriría en responsabilidad el Registrador si accediese á tal pretensión y modificara el contrato principal sin el consentimiento y aceptación de los interesados en escritura pública:

Resultando: que el Juez dictó auto revocando la nota del Registrador, fundándose en razones análogas á las expuestas por el recurrente, y además en que el artículo 65 de la Ley Hipotecaria no resuelve nada sobre las cláusulas contenidas en los contratos, siempre que no se opongan á la moral ó al derecho; en los artículos 66 y 33 de la misma Ley y Sentencia del Tribunal Supremo de 11 de Enero de 1888; y en que los Notarios no pueden suprimir ni alterar en los documentos que otorguen ninguna cláusula que hayan establecido los contratantes:

Resultando: que contra el auto precedente apeló el Registrador para ante el Presidente de la Audiencia, manifestando que, con arreglo á los artículos 65 de la Ley Hipotecaria y 57 de su Reglamento, pudo calificar la condición que motiva el recurso, según Resoluciones de 21 de Agosto de 1868, 17 de Noviembre de 1879 y 3 de Mayo de 1884:

Resultando: que el Presidente de la Audiencia revocó el auto apelado declarando que el Notario D. Enrique Marín Ruiz carece de facultades para interponer el presente recurso, fundándose en el act. 57 del Reglamento de la Ley Hipotecaria, por no referirse la nota recurrida á defectos extrínsecos de la escritura ni á la falta de capacidad de los otorgantes:

Vistos los artículos 1.109, 1.255 y 1.755 del Código civil; el 57 del Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria, y la Sentencia del Tribunal Supremo de 6 de Febrero de 1906:

Considerando: que según el art. 57 del Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria, los Notarios, en caso de suspensión ó denegación de la inscripción por defectos en el instrumento, pueden promover el opportuno expediente gubernativo, limitándose á solicitar que se declare que el documento se halla extenido con arreglo á las prescripciones y formalidades legales:

Considerando: que sería notoriamente injusto el negar á los funcionarios encargados de la fe pública el derecho de sostener la validez de los documentos que autoricen, cuando ésta es impugnada en la calificación del Registrador, por lo cual, y en vista de lo dispuesto en el citado artículo del Reglamento hipotecario, ha de admitirse en el presente caso la personalidad del Notario recurrente:

Considerando: que sea cualquiera la opinión que se sustente sobre la vigencia de la Ley de 14 de Marzo de 1856, no cabe dudar que los arts. 1.109 y 1.755 del Código civil la han modificado en lo relativo á interés de intereses, en armonía con el art. 1.255 del mismo Cuerpo legal, como lo reconoció el Tribunal Supremo en el segundo Considerando de la Sentencia de 6 de Febrero de 1906, por lo que no puede afirmarse, como