El Foro español (Madrid. 1898) (1908-12-20 00:00:00), página 10

es procedente la cancelación del censal á que se refiere, alegando que la personalidad de sus comitentes quedaba reconocida por el Juzgado en la sentencia aludida, y el no considerar aquélla justificada es desconocer la autoridad de cosa juzgada y dejar inútil la expresada resolución judicial en cuanto á la obligación de extinguir el censal y cancelarlo, impuesta á Doña Antonia Dorca y sus representados, respectivamente; demostrándose, á mayor abundamiento, la personalidad de los recurrentes por el nombramiento á que el tercer Resultando se contrae; que si en la sentencia se consideró á D. José Plana con derecho á percibir el capital y pensiones vencidas del censal y obligación de cancelarlo, tales derechos y obligaciones pasaron, por fallecimiento del mismo, á su viuda, como usufructuaria de los bienes: á D. Ramiro, como obtentor del beneficio, y á D. Esteban, como heredero, cualidad que justificó con los documentos necesarios y nombramiento de Administrador del beneficio; y reconociéndolo el Juzgado, entregó el representante de éstos, Sr. Colomer, el importe del capital y pensiones vencidas del censal; que en el caso presente se trata de un beneficio familiar ó Capellanía de sangre, reconocido así por el Juzgado en la parte dispositiva de la sentencia, y según lo prueban además los documentos que presentaron con la demanda en el mencionado juicio; que hallándose subsistente el Beneficio de referencia, conforme al art. 4.º del Convenio-Ley de 24 de Junio de 1867, es el Diocesano el Administrador de los bienes del mismo y único propietario hasta que se haga la conmutación por títulos de la Deuda; citando en apoyo de su tesis el preámbulo de aquél y art. 1.º del Real Decreto de 12 de Octubre de 1859; pudiendo el Diocesano cancelar las cargas que pesen sobre ellos y autorizar á otras personas para tales actos, y más aún en el caso presente, en que ha recalcado tal autorización en quien tiene el patronato, á quien corresponderían los bienes si se adjudicase, y que nadie podía oponerse á la redención del censal, por estar impuesta en la sentencia aludida, sin que la redención afecte al beneficio, por quedar el importe del censal en poder del Diocesano mientras aquél no se extinga con la adjudicación ó conmutación de los bienes que constituyen su dotación:

Resultado: que el Registrador informó insistiendo en su calificación, fundándose: en que los artículos 6.º y 141 de la Ley Hipotecaria exigen para actos como el que motiva el recurso poderes especiales y bastantes, condiciones que no reúne el nombramiento de Administrador en la forma y manera en que está hecho que aunque carece de datos, supone que el censal proceda de un préstamo hecho por algún colacionado á un beneficio para aumentar sus rentas, á cuya presunción venía obligado el dueño del manso Camopla, por estar consignado en el Registro, en el presente de cargas de dicha finca, á favor del Sr. Sabater como obtentor del beneficio, no pudiendo compaginarse el asiento del Registro, la carta de pago ante el Notario Sr. Capdevila, y la manifestación de que el beneficio no se ha adjudicado; que perteneciendo el censal, como se dice por los recurrentes, á una Capellanía, de sangre según el art. 1.º de la Ley de 19 de Agosto de 1841, no debe pasar á los sucesores directos de la casa Sabater, que serán aquéllos, sino á los parientes más próximos en grado, sin distinción alguna del fundador, y como no se ha pedido la adjudicación por éstos, los que le sigan en grado habrán adquirido derecho á los bienes, según el Convenio-Ley de 24 de Junio de 1867, á tenor del cual, ó el censal está conmutado, en cuyo caso pertenece al Estado, ó no, y entonces, no el Vicario, sino la Junta Diocesana que debe actuar en cada Obispado es la única que puede hacer la redención por sí, que ha de llevarse á cabo en la forma que se determina en el mismo:

Resultado: que el Notario autorizante de la escritura denegada informó sosteniendo la improcedencia de la nota del Registrador, alegando que aquélla había sido otorgada en cumplimiento de la sentencia referida, habiendo sido ésta, por tanto, calificada de nula por aquel funcionario; que es postergativo pedir la adjudicación de los bienes de Capellanías subsistentes cóngrasas, siendo requisito previo á la adjudicación la conmutación de aquéllas y redención de cargas, como lo confirma el Tribunal Supremo en varias Sentencias que se citan, naciendo con la conmutación el derecho de las familias á la propiedad de los bienes; como declara la de 20 de Mayo de 1896, perteneciendo hasta tanto aquélla se realiza á la Iglesia, según los arts. 40 y 45 del Concordato, 3.º del Convenio de 1859, 4.º y 13 del Convenio-Ley de 1867 y Sentencias del mencionado Tribunal; que al Diocesano corresponde la percepción de rentas y redención de cargas, citando en apoyo de su tesis la Sentencia de 24 de Junio de 1896, el art. 1.º del Real Decreto de 12 de Octubre de 1859 y disposiciones del mismo:

Resultado: que el Juez dictó auto confirmando la nota del Registrador, fundándose en razones análogas á las expuestas por éste, y, además, en que en la sentencia transcrita en la escritura no se discutió la capacidad de los recurrentes para redimir, sino que sólo trata de la identidad del censal y de la capacidad para percibir sus rentas, por lo que á ella no se opone la nota recurrida:

Resultado: que por los recurrentes se apeló del auto del Juez para ante el Presidente de la Audiencia, manifestando: que existía contradicción entre el auto apelado y la sentencia á que se refiere, pues al condenar ésta á la Sra. Dorca á extinguir el censal y al señor Plana á su Cancelación, reconoce á éste capacidad para redimirlo, y, por tanto, su personalidad á la vez, en virtud de las facultades que le confirió el Diocesano; que si no se discutió en el juicio la capacidad de aquél, no debió el Juzgado reconocerla en el expresado fallo, como lo hizo; que siendo los recurrentes los herederos y poseedores del manso Vernatalas, como herederos del D. José, ellos, en conformidad con la escritura de fundación de beneficio, son los que tienen derecho á la adjudicación si quieren utilizarlo, alegando razonamientos análogos á los del primer escrito y á los del informe del Notario autorizante; en corroboración de sus afirmaciones relaciona los arts. 8.º y 7.º del Convenio-Ley de 1867, y cita, finalmente, los arts. 4.º, 7.º y 8.º