El Foro español (Madrid. 1898) (1908-11-20 00:00:00), página 11

pruebas aportadas, cuyo relato ó informe debe prece-
der al juicio propiamente dicho en sustitución de la
breve e innecesaria reseña que hoy hace el comienzo
el secretario y que nadie escucha ni entiende. Y con-
vendría que los jueces instructores llenasen este im-
portante cometido con la mayor claridad y extensión
para que el jurado se penetrase perfectamente del
asunto que se le somete y pudiera contrastar la ver-
dad e importancia de la prueba que seguidamente ha
de presenciar.

El juez instructor cumplido este deber habrá de re-
tirarse de la Sala y no volver á ella de no ser llamado,
lo cual también deberá evitarse por respetos á su
dignidad.

El jurado después de oír del juez el relato del suma-
rio, de presenciar las pruebas y de escuchar á las acu-
saciones y defensas, deberá sin más retirarse á deli-
berar sobre las preguntas que se le hagan, suprimien-
do el discurso-resumen del presidente, por innecesario
y peligroso de parcialidad.

Por lo demás bastaría á este propósito de las refor-
mas procesales una simple declaración ó mejor amplia-
ción de los art. 269 y 308 de la ley de Enjuiciamiento
criminal, autorizando al juez instructor para no incoar
sumario cuando de las primeras diligencias que prac-
ticase apareciera que el hecho investigado no era cons-
titutivo de delito. Tan racional autorización no ofre-
cería peligro alguno, evitándose con ella mucho tra-
bajo válido y grandísimas molestias á los ciudadanos,
sin más objeto que preparar sobreseimientos. La ley
vigente pudiera interpretarse en el sentido de la citada
reforma; pero la mayoría de los jueces optan en la ac-
tualidad por la formación de sumario, temiendo res-
ponsabilidades que la ambigüedad de la ley hace posi-
bles, y en su consecuencia remiten á las Audiencias
colecciones de folios escritos, perfectamente inútiles,
para completar una información de un hecho impu-
itable, añadiendo cuantos requisitos procesales exige la
ley cuando persigue actos criminales análogos, siendo
así que debieran limitarse las actuaciones ó las diligen-
cias más indispensables para venir en conocimiento de
la naturaleza del hecho, quedando después archivadas
en el Juzgado.

Aceptando las bases legales del sistema acusatorio y
la única instancia en materia criminal, grandes refor-
mas introduciría en cuanto al régimen y organización,
con las que no poco remedio se hallaría para los males
á que este trabajo se refiere.

Al efecto, suprimiría las Audiencias provinciales,
dejando el organismo judicial y fiscal con las signifi-
cativas jerarquías:
1.º Tribunal Supremo.
2.º Audiencias territoriales.
3.º Jueces mayores y de primera instancia.
4.º Jueces de instrucción y municipales de la cabe-
za de partido.
5.º Jueces municipales de los demás pueblos.

1.º Fiscalía del Tribunal Supremo.
2.º Fiscalías de Audiencias territoriales.
3.º Fiscales de partido.
4.º Fiscales municipales.

Con esta nueva organización, el Tribunal Supremo
y las Audiencias territoriales subsistirían con las mis-
mas atribuciones que hoy tienen y cuantas puedan co-
rrespondérseles como superioridades indiscutibles en la
Administración de Justicia.

Los jueces mayores radicantes en cada partido judi-
cial, presidirían los juicios que hubieran de verse ante
el Tribunal del Jurado, compuesto de seis ó doce ciu-
dadanos, según el delito, y dictarían la sentencia aten-
diéndose al veredicto que sobre la realización de los
hechos y sus circunstancias morales y materiales emi-
tiere; faltaría por si sólo las apelaciones de los juicios
de faltas y serían jueces de primera instancia para lo
civil.

Los jueces de instrucción y municipales de cabeza de
partido, pertenecientes á la carrera judicial, desempe-
ñarían ambas funciones y sustituirían en ausencias
vacantes y enfermedades al juez de primera instancia
sin dejar la instrucción de los procesos en lo criminal.

El juez mayor como presidente del Tribunal del Ju-
rado en iguales ocasiones sería sustituido por el decano
del Colegio de Abogados en los pueblos donde no hu-
biera más de uno y á falta ó por incompatibilidad del
decano, por el colegial más significado.

Los fiscales de partido lo serían para lo civil y para
lo criminal, y estando al lado del juez instructor po-
drían desde un principio y de un modo directo inspec-
cionar e intervenir en los sumarios, y en su día acusar
ante el Tribunal del Jurado con más perfecto y fácil
conocimiento de las cuestiones, sin que en ningún mo-
mento faltase su importante ministerio en los Juzga-
dos instructor y de primera instancia, quedando, por
otra parte, con un número de juicios orales moderado,
pues se limitaría á los de su partido, ahorrando en lo
posible la intervención de letrados sustitutos, como
hoy es frecuente que haya necesidad de entregar la
acusación pública á personas extrañas á la profesión.

El juez mayor, elemento esencial de este nuevo ré-
gimen, viene á ser la Audiencia de lo criminal de cada
partido en unión de los jurados á quienes preside, sin
dejar de ser juez de primera instancia para todo lo
civil y jerarquía intermedia entre las Audiencias terri-
toriales de una parte, y los jueces instructores y mu-
nicipales de otra para todo lo gubernativo.

El juez instructor residiría como el mayor en la ca-
beza del partido, de donde sería á la vez juez munici-
pal con prelación de honor sobre los de esta clase por
su carácter de instructor y sustituto del juez mayor en
sus funciones de primera instancia y gubernativas.
Esto no obstante, los municipales se entenderían con
él por medio de exhorto en lo que á justicia munici-
pal concerniera, pero dándole el tratamiento de su su-
perior categoría.

En el caso de que por circunstancias especiales y
graves concurrentes en determinada localidad ó re-
gión, el Gobierno acordara la suspensión del juicio por
jurados para alguna clase de delitos, podrá ordenar á
la vez que se reunieran tres jueces mayores para juz-
garlos, ó bien un magistrado de la Territorial asistido