El Foro español (Madrid. 1898) (1908-06-20 00:00:00), página 11

Resultando que presentada la escritura anterior en el Registro de Chiclana, el Registrador no admitió la inscripción en cuanto á las ventas y cesiones referidas, por no haber sido el documento presentado objeto de despacho por la oficina liquidadora competente y por carecer de las circunstancias que para la inscripción exige el art. 9.º de la ley Hipotecaria:

Resultando que D. Juan Fernández Galindo, en nombre de su esposa Doña Milagros Sánchez Borrego, declarada heredera de su padre D. Salvador José Sánchez Manzorro, interpuso en 1.º de Febrero de 1907 ante el Juzgado de Chiclana de la Frontera, recurso gubernativo contra la negativa del Registrador, solicitando se ordenase á éste la inscripción de la escritura de referencia en cuanto á las ventas y cesiones mencionadas, manifestando que á fin de que pudiera verificarse la inscripción á nombre del D. Salvador del rédito de censo y suertes de tierra objeto de aquellas ventas y cesiones, había presentado los documentos que creyó necesarios con la instancia, en la que detallaba las sucesiones ocurridas hasta llegar al citado D. Salvador, expresando los tomos y folios donde estaban registrados dichos derechos á nombre de los causantes de aquél, alegando, en cuanto al primer defecto de la nota recurrida: que por disposiciones recientes del Ministerio de Hacienda, los derechos devengados pasados quince años desde que se causaron, se consideran prescriptos, y se impone á los liquidadores la obligación de estampar la nota de prescripción en los documentos que en tal caso se encuentran y practicar después la inscripción que proceda; que según doctrina de la Resolución de este Centro de 25 de Mayo de 1890, debe presumir el Registrador que al presentarse un documento á inscripción se hace también á liquidación, lo que obligaba á dicho funcionario á proceder en la forma indicada, por ser competente para ambas operaciones; habiéndose, por último, infringido el art. 56 del vigente Reglamento sobre exención del impuesto de Derechos reales; y en cuanto al segundo defecto, que la circunstancia requerida por la legislación antigua, aplicable en el caso presente, de que cada acto ó contrato ha de constar consignado en la forma más apropiada á su naturaleza, se encuentra cumplido por ser el documento presentado una escritura pública, habiendo suplido las deficiencias de ésta por medio de la documentación complementaria y con las citas de los asientos causados en las antiguas Contadurías; manifestando, finalmente, que no se habían acompañado otros documentos, porque no obraban en su poder unos y haber sufrido extravío otros:

Resultando que con el escrito interponiendo este recurso se presentó una certificación, expedida por el Administrador de vacantes y Colector de Capellanías de Chiclana, de la que resulta que á la fundada en 1743 por D. Alonso Aragón y consorte se dotó, entre otros bienes, con el producto de una casa situada en la calle del Hospital del Niño Jesús, la que fué dada á censo, y que como renta de la misma fundación, declarada por el Capellán, figuraba un tributo de 577 reales sobre la mencionada casa; otra del Registrador de la propiedad de Chiclana, según la cual en el asiento correspondiente se expresa que D. Antonio de la Torre vendió á don Jorge Borrego, por escritura pública de 23 de Enero de 1851, los bienes derechos y acciones que le correspondieran de la Capellanía referida por adjudicación judicial, comprendiendo en el contrato el derecho de percibir los arrendamientos, réditos y aprovechamientos vencidos y que se adeudasen al vendedor; y de otra inscripción del mismo Registro, que por escritura pública vendió D. Martín Carvillo á D. Juan Onteneros la casa número 10 de la casa del Niño Jesús de Chiclana, la que se describe, afecta á dos tributos; uno de ellos de 577 reales y 10 maravedises veñón de réditos anuales, á favor de la Capellanía fundada por don Alonso Aragón y Doña Antonia Jiménez; una escritura otorgada en 31 de Enero de 1852 ante D. José María Araujo por D. Tomás Chamorro y Doña Dolores Rufo asistida de su marido D. Gaspar Carpí, enajenando á favor de D. José Gregorio Borrego, entre otros bienes «como doscientas treinta á doscientas cuarenta suertes de tierra y pinar», expresándose la situación y linderos y consignándose nota de quedar registrada; y una certificación expedida por el registrador del mismo partido expresándose en ella que no se pagaron derechos reales, por estar comprendida en el art. 390 de la Ley Hipotecaria, por la traslación de dominio de unos pinares con tierra de su planta de 118 á 120 suertes de tierra, hecha por D. José Gregorio Borrego á favor de D. Salvador José Sánchez por escritura ante el Notario D. José Cano de 10 de Mayo de 1859:

Resultando que el Registrador informó insistiendo en su calificación, fundando el primer defecto de su nota en la regla 1.ª del art. 55 y artículos 56 y 168 del Reglamento sobre exención del impuesto de Derechos reales, y el segundo en la falta absoluta de determinación de los bienes objeto de la cesión:

Resultando que el Juez de primera instancia confirmó la nota del Registrador, fundándose en razones análogas á las expuestas por aquel funcionario en orden al primer defecto de la nota, y en cuanto al segundo en que las escrituras y asientos complementarios de la que motiva este recurso no contienen los requisitos exigidos en el art. 3.º de la Real orden de 23 de Diciembre de 1862, ni los requeridos por la de 7 de Octubre de 1867 en sus artículos 1.º y 9.º, incorporados hoy al Reglamento Hipotecario, no demostrando además el recurrente que completó por los medios que tales disposiciones autorizan los demás requisitos que para toda inscripción fija la referida ley especial; no pudiendo obligarse á la inscripción pretendida mientras no se declaren por quien corresponda concretamente comprendidos en la escritura de 1859 el predio rústico y censo de que se trata:

Resultando que contra el auto del Juez se recurrió ante el Presidente de la Audiencia, el que, aceptando los fundamentos de aquella resolución, la confirmó:

Resultando que por el recurrente se apeló para ante esta dirección, acompañando al escrito correspondiente la escritura de 10 de Mayo de 1859, la que lleva estampada nota de la Oficina liquidadora de Cádiz de 14 de Agosto de 1907, declarando exento aquel documento