El Foro español (Madrid. 1898) (1908-02-21 00:00:00), página 5

Fué siempre, repítase la base de esa multitud de indultos, con razón apellidados, (cual indica el sabio Fiscal del Supremo), del artículo noventa, el criterio de que la penalidad de ambos delitos conexos no excediera nunca de la suma de las dos penas, separadamente imponibles.

Después, en 28 de Mayo de 1907, se comunicó á los Tribunales la Real orden que disponía que, cuando, por aplicación de dicho artículo noventa, resultasen perjudicados los reos, propusieran las Salas el indulto, con arreglo al artículo 2.º del mismo Código.

Y, por último, por la Real orden, posterior á la nueva Ley, fecha ocho del corriente, (Gaceta del nueve), al ordenarse á la Fiscalía del Supremo diere instrucciones sobre aquélla á las de las Audiencias, ya se indicaba afectar carácter de retroactividad á la disposición legal reformada, á los efectos del art. 23 del tan repetido Código, y consiguiente revisión de procesos ya ultimados.

Todo ello, demuestra, en mi sentir, de modo evidente, que la recta aplicación del precitado artículo noventa, estriba en imponer solo al culpable de un delito conexo la condena, que sumadas, representen las dos penas imponibles, caso de castigarse separadamente ambos hechos, cuando, como en la generalidad de los casos ocurre, excediera de dicho máximo de tiempo, el que correspondiera señalando como pena el grado máximo de la más grave.

Pero, no sólo abonan este criterio las razones y fundamentos preanotados, sino que le apoya además el mismo texto del precepto legal, en las palabras hasta el límite que represente, por él empleadas; viéndolo á dictar, pues, el nuevo artículo noventa, (cual exponía un artículo periodístico, que del caso trataba), una regla general, y una excepción, consistente, la primera, en aplicar ese grado máximo, cuando resulte beneficio para el reo, y la segunda, en imponer tan sólo la suma de ambas penas, cuando el tiempo de su total duración fuese menor que el de aquél.

En tal sentido, debe, pues, en mi humilde sentir, resolverse la duda apuntada, interín el Poder Legislativo, ó la Jurisprudencia del más alto Tribunal de la Nación, la disipen y esclarezcan; ya que los Tribunales no pueden dejar de juzgar por insuficiencias ó defectos de redacción, que á las Leyes se atribuyan, más ó menos infundadamente.

Hubiéramos parecido, empero, mejor redacción la de sustituir las frases antes subrayadas por las de siempre que no exceda de; pero repetimos, ante la precisión legal de optar por una ú otra interpretación, parecenos la arriba expuesta, la más acertada y equitativa.

Y sirva de descargo al atrevimiento de haber explotado estas ideas en la Revista, el natural deseo de estudio, y la justa aspiración de lograr ver tratado después ese punto, con mejor cortada pluma, por dignos Magistrados de elevada jerarquía judicial, que son asímos colaboradores de aquélla.

Córdoba 25 Enero 1908.

Dr. José Muñoz Bocanegra.
Juez de 1.ª instancia.

BOLETÍN DE LA SEMANA

LEGISLACIÓN

FISCALIA DEL TRIBUNAL SUPREMO.—Circular de 11 de Febrero de 1908, referente á la interpretación que ha de darse á la reforma introducida en el párrafo 2.º del artículo 90 del Código penal, por la ley de 3 de Enero último. (Gaceta del 12).

«Expuso esta Fiscalía, á raíz de la promulgación de la ley de 3 de Enero último (circular de 10 del mismo mes), las probables dificultades que había de ofrecer la práctica del nuevo texto legal. Las consultas formuladas por los Sres. Fiscales, utilizando coloquialmente la invitación que al efecto se les hizo, demuestran con la fuerza de los hechos que no en vano se previeron las dudas á que desde luego hubo de referirse el que suscribe. Sobre todo en lo que concierne á la subsistencia del grado máximo de la pena correspondiente al más grave de los dos delitos conjuntos, ha sido general la voz de los dignos representantes del Ministerio público al pedir instrucciones concretas para evitar que la ley resulte ineficaz en este aspecto. Lo cual se explica teniendo en cuenta el cálculo matemático de la penalidad imponible dentro de aquel grado, en cuya extensión no cabe muchas veces la suma límite de las dos penas, separadamente consideradas. Allí donde se ha tocado este contrasentido de la reforma, los llamados á interpretarla han vacilado lógicamente, visto que, de una parte, el precepto modificado, como el primitivo, exige que de ese grado máximo no se prescinda, y de otra, que la consecuencia ineludible de su aplicación es ahora, como antes, frecuentemente perjudicial á los culpables.

Ha habido, pues, que elegir entre atenerse estrictamente á la letra de la ley de 3 de Enero, que á tales resultados conduce, contra la voluntad del propio legislador, clara y manifiesta en los fundamentos con que la inició, ó acogerse al espíritu que la anima, arbitrando un criterio de concordia entre la causa nativa de la ley y sus efectos consiguientes.

Así planteado el problema—y no de otra manera lo plantean las dificultades suscitadas, según es de observar en las comunicaciones recibidas,—la solución se impone inexorablemente; por algo y para algo se ha modificado el artículo 90 en cuestión; la ley quiere decir lo que la iniciativa á que responde se ha propuesto.

En tal concepto ha contestado esta Fiscalía á cuantas preguntas han articulado los Sres. Fiscales, al apreciar, con rara unanimidad, la indeterminación literal del alcance de la reforma. Y con tal doctrina coincide ya, en declaración solemne recitada sobre la materia, la Sala segunda de este Tribunal Supremo, que ha dictado un fallo cuya base es la siguiente:

«Considerando que, conforme se establece en el nuevo texto del art. 90, tal como resulta después de la reforma hecha por la ley de 3 de Enero del corriente año, y que es aplicable al presente caso por virtud de la re-