El Foro español (Madrid. 1898) (1909-07-20 00:00:00), página 3

lación civil, el que fuere inquietado en la posesión, debe ser amparado ó restituido en dicha posesión por los medios que las leyes de procedimiento establecen.

La carencia de una verdadera, terminante y clara delimitación de las acciones civil y penal, ha dado lugar á las impropiamente llamadas cuestiones prejudiciales, mediante cuya tramitación ha de definirse la buena ó mala fe del poseedor para atenuar el efecto de la interpretación literal del art. 535 del Código Penal, habida consideración á que los arts. 455 y 457 del Código civil se refieren también, al poseedor de mala fe, así como el 460 de este último cuerpo legal dice: que puede perderse la posesión, por la posesión de otro, aun contra la voluntad del antiguo poseedor, si la nueva posesión hubiese durado más de un año; y el 1959 del mismo Código, no rechaza la mala fe, puesto que según citado artículo, se prescriben el dominio y demás derechos reales sobre los bienes inmuebles por su posesión no interrumpida durante treinta años, sin necesidad de título ni de buena fe, y sin distinción entre presentes y ausentes, salvo la excepción determinada en el art. 539. Además; las acciones interdictales, y muy especialmente las de retener ó de recobrar y las de obra nueva, y más claramente los artículos 1651, 1652 y 1658 de la Ley de Enjuiciamiento civil respecto de las primeras se refieren á hechos que sí bien pudieran apreciarse comprendidos, algunas veces, en el artículo 535 del Código Penal, pueden hallar su definición en el Código civil y su desenvolvimiento en la Ley de Enjuiciamiento civil aunque, á las veces, pasando por el tamiz del capítulo 2.º del título 1.º del libro 1.º de la Ley de Enjuiciamiento civil sobre cuestiones prejudiciales.

El poseedor de mala fe; la pérdida de la posesión, por la posesión de otro contra la voluntad del antiguo poseedor; la prescripción del dominio y demás derechos reales sobre los bienes inmuebles por su posesión no interrumpida durante treinta años sin necesidad de título ni de buena fe, y sin distinción entre presentes y ausentes, hallan su definición en el Código civil y su desenvolvimiento en la Ley de Enjuiciamiento del mismo orden, aun presuponiendo detención por parte de aludido poseedor, á quien considera infractor el art. 535 del Código Penal. Pero esta usurpación aparece más claramente definida, como tal detención, en el citado art. 1651 de la Ley procesal civil, donde se dice que procederá el interdicto de retener ó recobrar cuando el que se halle en la posesión ó en la tenencia de una cosa, haya sido perturbado en ella por actos que manifiesten la intención de inquietarlo ó despojarle, ó cuando haya sido ya despojado de dicha posesión ó tenencia.

En Derecho procesal es axiomático que el Juez de la acción es el Juez de la excepción, sin otras exclusiones que las precisadas en las disposiciones legales quedando al sentido jurídico la definición de determinados hechos de difícil delimitación precisa ó perfectamente ajustada á prefigadas reglas de trámite para marcar hasta qué punto tienen entre sí relación los procedimientos civiles y penales; esto es: si admiten ó no reparación, diferenciación y señalamiento de orden de precedencia á fines correlativos de resolutiva y definitiva apreciación, procediendo de lo que es originario á lo que es consiguiente: de la causa al efecto.

Si la cuestión principal fuese determinante de la culpabilidad ó de la inocencia, el Tribunal de lo criminal deberá suspender el procedimiento hasta la resolución de aquella por quien corresponda. Cuya suspensión no es de indicar no habiéndose incoado sumario porque se carece de base de acuerdo para suspender un procedimiento que aun no existe ó no ha podido existir lógica y fundadamente en razón á que únicamente y exclusivamente se hayan inquirido los fundamentos racionales de los hechos primeramente aludidos sin que ello implique su desestimación.

El art. 3.º de la Ley de Enjuiciamiento criminal se basa en una relación de intimidad entre la cuestión prejudicial y el hecho punible, y el art. 4.º de mentada Ley de trámites penales define la relación de causa determinante cuando la cuestión prejudicial se desprenda de hechos precedentes á la definición del delito, cuya definición requiere antes la de los hechos determinantes del mismo, que en determinados casos puede tener relación con actos precedentes á los hechos criminosos, desconociéndose, fundamentalmente, si éstos existen ó no, hasta tanto que quede definitivamente solucionada la cuestión prejudicial.

Es prototípico en el Tribunal de lo criminal fijar un plazo para que las partes acudan al Juez ó Tribunal civil ó contencioso-administrativo competente; apurando previamente, en este segundo caso, la vía gubernativa, antes de intentar la demanda; cuyo Juez ó Tribunal civil ó contencioso-administrativo ha de prejuzgar, con su fallo, la culpabilidad ó la inocencia del acusado, al resolver acerca de las acciones ejercitadas ante quien corresponde, con aplazamiento del procedimiento penal, examinando y decidiendo la cuestión prejudicial.

Por regla general, y con sujeción al art. 3.º de la ley de Enjuiciamiento criminal, la competencia de los Tribunales encargados de la justicia penal se extiende á resolver, para sólo el efecto de la represión, las cuestiones civiles y administrativas prejudiciales propuestas con motivo de los hechos perseguidos, cuando tales cuestiones aparezcan tan íntimamente ligadas al hecho punible que sea racionalmente imposible su separación. Esa competencia que se extiende á resolver para sólo el efecto de la represión, es una competencia condicionada respecto á las cuestiones civiles y administrativas de carácter prejudicial, las que parecen servir, únicamente, de determinantes de la represión; esto es, de elementos de prueba; en lugar de atribuir á tales cuestiones la importancia originaria y fundamental que tienen, como base de la vida social, que se apoya, á su vez, en los principios del derecho natural; pues primero es la definición del derecho individual ó social nacional ó internacional, en sus varios conceptos de civil, mercantil, canónico, político y administrativo, á los que subsigue el penal como garantía de los precedentes y á todos el procesal.

La competencia que se extiende á resolver para sólo el efecto de la represión, resta la necesaria y debida