El Foro español (Madrid. 1898) (1909-07-10 00:00:00), página 2

parte ó elemento componente de él al ministro de Marina y que si especialmente menciona á éste es por la circunstancia de haber tenido que cumplir los acuerdos do aquél por pertenecer al ramo propio de su sección directiva, el concurso convocado para la reconstrucción de la escuadra.

Considerando que por lo tanto no cabe referir particularmente el concepto ofensivo que aquello contiene á ninguno de los ministros de un modo especial, sin exponerse á incurrir en el peligro de suponerle origen de tantos delitos como son los ministerios, ni es lícito tampoco formar de él una figura específica de criminalidad para dar realidad jurídica al delito de insulto á superior, previsto y castigado en el art. 265 y sucesivos del Código penal de la Marina de 24 de Agosto de 1888, puesto que el escrito de denuncia es «único» y refleja en forma invisible, el pensamiento también único que guía á su autor;

Considerando que esto supuesto la cuestión á resolver consiste en determinar si el presunto culpable al injuriar, calumniar ó insultar á los ministros de la Corona en escrito que no le fué dirigido, cometió delito sometido al conocimiento de la jurisdicción de la Armada por virtud de la regla general formulada en el número 5.º de la ley orgánica de 10 de Noviembre de 1894, ó sometido al conocimiento de la jurisdicción ordinaria por virtud de la excepción comprendida en el art. 12, número 1.º de la propia ley;

Considerando que, según este último texto, los tribunales ordinarios son competentes para juzgar á los aforados de la armada por los delitos «de atentado y desacato á las autoridades» que no sean de Marina, expresión en cuya letra no se hallan incluidos los ministros, á los cuales menciona con independencia de las autoridades el Código penal común en sus artículos 266, núm. 1.º, y 269;

Considerando que la distinción entre autoridad y ministro no puede conducir á la conclusión de que los ministros no son autoridades, porque como el Tribunal Supremo ha declarado en su sentencia de 29 de Julio de 1907, publicada en la Gaceta de 10 de Enero de 1909, es notorio y evidente que dentro del concepto jurídico de autoridades se encuentran comprendidos los ministros de la Corona, atendida no precisamente su alta representación dentro de nuestro sistema constitucional, sino la índole de verdadera potestad que la Constitución les encomienda, haciéndoles responsables de todos los actos de la Corona como condición indispensable para el ejercicio de las facultades atribuidas al poder real, y si el Código penal al tratar de los delitos de atentado y desacato, hace expresa mención de los ministros, al aludir «además á otras autoridades, esto no quiere decir que la de ellos fuese desconocida en la ley penal, sino antes bien que quedaba más señalada».

Considerando que después de tan autorizada y justa interpretación, hay que afirmar que el delito de desacato á las autoridades que no sean de Marina, objeto del artículo 12 número 1.º de la citada ley de 1894, abarca el desacato á los ministros de la Corona y comunica á los tribunales ordinarios la competencia necesaria para conocer de él;

Considerando que, según los principios de filosofía penal, en que se informan los mencionados artículos 266, número 1.º, y 269 del Código penal, se concede el delito de desacato tanto en una como en otra de las formas en los mismos expresadas, toda vez que si bien es cierto que en ambos preceptos legales se aprecia una diferencia en el modo de ejecución del delito, no lo es menos que tal diferencia no cambia ni puede cambiar la esencialidad del mismo, puesto que en uno y otro artículo se sanciona y castiga el desprecio ó menosprecio inferido á la autoridad con la injuria, calumnia ó amenaza dirigida á las personas constituidas en la misma, sin otra influencia en el orden jurídico que la diversa penalidad en ellos establecida, y para demostrarlo basta atender á aquellos principios fundamentales, según los cuales existe entre ambas figuras de delito la condición de género próximo y última diferencia, por lo que lógicamente se deduce que donde existe idéntica razón debe aplicarse igual disposición legal;

Considerando que el propósito del legislador claramente expresado en la referida ley de organización y atribuciones de los tribunales de Marina, ha sido el de sustraer, como lo ha hecho, á la competencia de los mismos, los delitos de injuria y calumnia, así los dirigidos á las autoridades, sea cualquiera la forma de su comisión, según preceptúa el núm. 1.º del ya citado artículo 12, como las dirigidas á los particulares, ó sea á aquellas personas que no pertenezcan á la Marina, «como establece el número 5.º del propio artículo, siendo de ellos demostración evidente que la jurisdicción de la Armada, por razón de delito, habrá de conocer limitativamente, según dispone el número 10 del artículo 7.º de la repetida ley, de los de atentado y desacato á las autoridades de Marina y los de injuria y calumnia á éstas», no pudiendo conocer de otros delitos de esta clase que de los que taxativamente quedan determinados en el texto legal en que se comprenden, pues de otro modo se llegaría al absurdo de que fuera la jurisdicción ordinaria la competente para conocer de los delitos de atentado y desacato á las autoridades que no sean de Marina, y los de injuria y calumnia á personas que no pertenezcan á la Armada, y no lo fuera por los de injuria y calumnia á la autoridad cuando éstas son el elemento esencial del desacato.

Considerando, á mayor abundamiento, que el decreto ley de unificación de fueros de 1868, base fundamental de las atribuciones que respectivamente corresponden á las jurisdicciones ordinarias de Guerra y de Marina, reconoce en su artículo 1.º, número 4.º, la competencia de la ordinaria para juzgar, sin distinción de fuero, los delitos de atentado y desacato contra la autoridad civil, y en el art. 4.º, núm. 4.º, la competencia de los de Guerra y Marina para conocer de los atentados y desacatos contra la autoridad militar, estableciendo así un principio de reciprocidad, cuya aplicación exige que los aforados sean sometidos á la jurisdicción ordinaria en casos idénticos á los que motivan la sumisión de los no aforados á los Tribunales especiales de Guerra y Marina;