El Foro español (Madrid. 1898) (1906-06-20 00:00:00), página 8

No entramos á examinar ahora la composición de tales penas, por no confundir al lector, y porque eso lo haremos más adelante, cuando examinemos el particular relacionado con la competencia del Tribunal á que corresponda conocer de la causa.

** Tratemos de la aplicación legal de las penas imponibles, punto que no tiene nada de impertinente, pues de seguro habrá muchas personas—por supuesto, que no sean letrados—que entiendan que hay que aplicar ahora y siempre tantas condenas cuantos sean los delitos cometidos por un solo autor.

El principio de benignidad en que se inspira la legislación penal de todos los países civilizados, ha suavizado el rigorismo primitivo de la absoluta y absurda acumulación de las penas.

Nuestro Código es verdad que establece, como regla general, que al culpable de dos ó más delitos se le impondrán todas las penas correspondientes á las diversas infracciones para su cumplimiento.

Pero en seguida vienen las excepciones y, en su consecuencia, preceptúa que, sin embargo de lo dispuesto en la regla anterior, el máximo de duración de la condena del culpable no podrá exceder del triple de tiempo por que se le impusiera la más grave de las penas en que haya incurrido, dejando de imponérsele las que procedan desde que las ya impuestas cubriesen el máximo del tiempo predicho.

Y no se detiene aquí el Código penal en tan humanitaria tendencia, sino que previene sabiamente que, en ningún caso, podrá dicho máximo exceder de cuarenta años; y añade, además, que para la debida aplicación de esta regla se computará la duración de la pena perpetua en treinta años.

Aun así y todo, la ley lleva todavía más allá el espíritu de benignidad con la benévola disposición del famoso art. 90 del Código penal, objeto de tantas controversias en los Tribunales, principalmente cuando se le aplica contrariando su fundamento y razón de ser, en perjuicio de los procesados.

Dicho artículo ordena que en el caso de que un solo hecho constituya dos ó más delitos, ó cuando el uno de ellos sea medio necesario para cometer el otro, sólo se impondrá al culpable la pena más grave, aplicándola en su grado máximo.

Tal es la situación legal que ahora se nos ofrece: como por un solo hecho, cual fué el de arrojar la bomba, produjo el culpable múltiples delitos, si el criminal viviera no se podrá jurídicamente imponerle pena por cada uno de ellos, ni siquiera por tres, sino tan sólo el grado máximo de la más grave, ó sea la de muerte, por la debida aplicación de dicho art. 90.

** Quizás no es tan sencillo el particular relativo á la competencia del Tribunal.

Conviene advertir que no nos referimos á la jurisdicción militar. Partimos del hecho de que la jurisdicción ordinaria es la que entiende en la causa, puesto que vemos al Juez del distrito de Buenavista, Sr. Valle, como especial, instruir el oportuno sumario, practicando todas las diligencias inherentes al mismo, con suma circunspección e inteligencia por cierto.

Parece que Guerra no ha promovido competencia, y después de los días transcurridos, no es de creer que la promueva; pero si lo hiciera y sobreviniera el conflicto jurisdiccional, por tratarse de jurisdicciones extrañas, se habría de decidir la cuestión de competencia por el Tribunal Supremo, asistiendo á formar parte de su Sala de lo Criminal un Consejero togado del Ejército.

Admitido que sea el fuero común el que prosiga la causa, ¿qué Tribunal ha de juzgarla? ¿Debe ser el Jurado ó el Tribunal de Derecho?

El art. 4.º de la ley de 20 de Abril de 1888 estableciendo el juicio por Jurados, no atribuye los delitos de lesa Majestad al conocimiento del Jurado; pero, en cambio, preceptúa terminantemente que son de su competencia los delitos de asesinato. Si se tratará tan sólo de una u otra clase de delitos, el asunto no valdría la molestia de ser examinado, pues en el primer caso sería á todas luces el Tribunal de Derecho el competente, y en el segundo lo sería el del Jurado.

Pero es lo cierto que un solo acto criminoso ha dado nacimiento á delitos diversos, indudablemente unidos. En este caso, ¿cuál es el Tribunal llamado á entender en los mismos?

Con arreglo al art. 6.º de dicha ley, la competencia del Tribunal del Jurado se determinará por la Audiencia ó Sala de lo Criminal, según el concepto que el hecho haya merecido á las partes acusadoras, y si hubiera divergencia entre éstas respecto de la calificación del delito imputado, se hará la determinación con sujeción á la más grave de las calificaciones formuladas.

¿Y cuál es aquí la más grave? De un lado tenemos el regicidio frustrado, delito específico, penado especialmente en el art. 158 del Código con la pena de reclusión temporal en su grado máximo á muerte, y de otro nos encontramos con que el art. 418 castiga el asesinato con la cadena temporal en su grado máximo á muerte. Esto no ofrece la menor duda.

¿La ofrece, por ventura, determinar cuál de las dos penas es la más grave? Ciertamente que no. La cadena temporal, en su grado máximo á muerte, es pena más grave que la de reclusión temporal en su grado máximo á muerte, porque de los tres grados de que ambas se componen, si bien es cierto que