El Foro español (Madrid. 1898) (1907-07-30 00:00:00), página 10

propósito, ya que en las 400 páginas que contiene el libro, ha reunido cuantos antecedentes podían necesitarse para que el lector forme un juicio exacto de un país que, si merece estudio por su glorioso pasado, desperta grandísimo interés por su radical y provechosas transformación, á la que debe indudablemente las ventajas que acaba de obtener. Así lo reconoce el distinguido escritor D. Miguel S. Oliver en el bien escrito prólogo que encabeza el libro, sirviendo de complemento numerosos grabados y un glosario que podrá servir de base para la formación de un vocabulario japonés español, de que todavía carecemos.

Hállase de venta en todas las librerías al precio de 3 pesetas.

La Reforma de la Justicia Municipal

OPINIONES

X

III

Terminábamos nuestro anterior artículo en el momento en que tratábamos de hacer la crítica ó juicio que nos merecían las disposiciones del mentado proyecto de ley y esto es lo que vamos á hacer á vuelta pluma y para no molestar ni fatigar á nuestros lectores, ya porque nuestra opinión siempre había de ser de poco peso y ya porque estas cosas de justicia, aun interesantes á todos, suelen mirarse desgraciadamente muy á la ligera.

Los dedos de la mano no son todos iguales, las diferentes provincias que constituyen la Nación tampoco son de igual categoría, pues en los Juzgados municipales también debe haber diferencias. ¿Pueden ser iguales el Juzgado de Coruña y Finisterre, Burgos y Babon, Ciudad Real y Pozuelo?; no. En las Capitales de provincia serán Jueces personas ilustradas e independientes, Abogados, Aspirantes ó personas que hayan prestado algún servicio en la carrera, en los demás sitios lo serán sencillos labradores, zapateros, ó el mayordomo ó criado de algún cacique y todos ellos personas sin instrucción y fáciles á dejarse llevar del consejo bueno ó malo que quiera darles la persona que sobre ellos ejerza la más insignificante influencia. Ya sabemos que se nos dirá que en todos los Juzgados se exigen las mismas condiciones y que para todos ellos tendrán preferencia los Aspirantes, jubilados, Abogados etc. etc., si ya lo sabemos; pero eso es lo mismo que si el legislador ordenase que todos los ciudadanos echaran una gallina en el puchero, la orden no podría ser más plausible, lo difícil sería encontrar ese número de gallinas ó que los ciudadanos tuvieran las tres pesetas que necesitaban para pagar la gallina que por clasificación les correspondiera.

Con esto queremos decir que de ningún modo estamos conformes con que la competencia de esos Tribunales municipales se extienda hasta entender de demandas cuya cuantía no exceda de quinientas pesetas, cantidad que parecerá insignificante en Madrid, Barcelona y demás poblaciones, pero que representa un verdadero capital en la mayoría de los pueblos en que habrán de funcionar esos Tribunales.

Y si eso decimos respecto á esto ¿qué no diremos de las facultades que se quiere dar á los Jueces para decretar los embargos preventivos hasta la cuantía de 3.000 pesetas? eso nos parece una verdadera enormidad, nos parece un arma tan grande, tan poderosa, que no habrá ciudadano que pudiera estar tranquilo.

Por el artículo 1397 de la ley de Enjuiciamiento civil, los Jueces municipales sólo podrán decretar el embargo preventivo cuando se pidiese al tiempo de proponer la demanda por deuda que no excediera de 250 pesetas. No queremos puntualizar aquí los requisitos y garantías que los demás artículos exigen para que el Juez de primera instancia pueda decretar el embargo preventivo por deudas superiores á 250 pesetas, basto decir que el artículo 1401, cuando no se trate de títulos ejecutivos, exige fianza al que lo pida, y cuando ésta sea personal, será siempre bajo la responsabilidad del Juez que lo decrete. La ley, como se ve, no podía garantizar mejor los intereses de los ciudadanos y se quiere ahora dejar materia tan importante al arbitrio y la irresponsabilidad de un Juez de monterilla; afortunadamente la Comisión y el Sr. Ministro se han convencido de lo peligroso de tal reforma y por ello no insistimos sobre este punto.

Paréceños también excesiva la competencia que se da á los Tribunales municipales, hasta 1.000 pesetas en las cuestiones que se susciten entre posaderos y huéspedes, agentes de emigración y emigrantes, feriantes etc.; si por la índole de los asuntos se quiere que se resuelvan con brevedad, lo cual nos parece bien, que entiendan en ellos los Jueces de primera instancia en juicio verbal y en apelación las Audiencias, que bien pudieran ser las provinciales, por los trámites establecidos en el libro 2.º título 6.º sección 3.ª de la ley adjetiva ya citada, lo cual ofrecería mayor garantía á las partes, que es lo que ante todo debe proponerse la ley.

Resumiendo, nuestra opinión es que la justicia municipal nada gana con el proyecto y que continuará como antes; que si llegara á ser ley los Escribanos que en muchos Juzgados no pueden apenas vivir tendrán que renunciar sus cargos y que en proyectos de esta índole debía pedirse informe á un número dado de Jueces de primera instancia, con preferencia de entrada y ascenso con mayor años de servicio y á Secretarios municipales de Juzgados de pequeño vecindario, pues también hay funcionarios ilustrados en esta clase y de este modo la ley reflejaría ideas e intereses generales, pues casi todas las leyes tienen el defecto de inspirarse en las ideas y necesidades sentidas en las grandes poblaciones, sin tener en cuenta que éstas son las menos y, que lo que para ellas es bueno es péssimo para el resto de España.

PEDRO OTERO
Ciudad-Real, Julio de 1907.

Aún cuando á la hora de entar en prensa este nú-