El Foro español (Madrid. 1898) (1906-01-10 00:00:00), página 9

Debe ponerse, además del V.º B.º del Juez de primera instancia y el sello del Juzgado, al del Colegio que mencionan los artículos 87 y 88 del Reglamento referido. Como los Juzgados de primera instancia no están provistos de dichos sellos, el Notario autorizante del documento cuya firma debe legalizar el Juez, añadirá al lado de su firma el sello de dicho Colegio, cuyo valor, según arancel, es de tres pesetas, y las Juntas de los Colegios las aplican á los fines de su instituto, existiendo también otro sello, sin derechos, para los documentos de oficio y de pobres.

La legalización no es otra cosa que la comprobación extendida al final de un instrumento público, de la firma, signo y rúbrica del Notario que la autoriza, cuya comprobación ó legalización se hace, como hemos dicho, por otros dos Notarios Colegiados, ó por el Juez de primera instancia, con su V.º B.º y el sello del Juzgado, según los casos como hemos referido.

La fórmula que suele usarse generalmente en la legalización judicial, es la siguiente: V.º B.º y legalizo la firma, signo y rúbrica del Notario de este Partido judicial, Don (lugar y fecha, firma y rúbrica del Juez y el sello del Juzgado).

En la legalización extrajudicial se usa la fórmula siguiente: Los infrascritos, Notarios del Distrito Notarial de..., legalizamos la firma, signo y rúbrica del Notario Don (lugar y fecha, poniendo cada Notario su signo, firma y rúbrica, y el sello del Colegio debajo del primero que legaliza). Tanto la una como la otra se emplearán siempre que la firma legalizada sea igual, al parecer, á la que el Notario acostumbra á usar, y que á la fecha del documento se halle en ejercicio del cargo sin que le conste nada en contrario; preceptuando el art. 86 del Reglamento, que cuando la legalización se ponga ó concluya en pliego distinto, se hará en ella sucinta relación del documento cuyo signo, firma y rúbrica se haya legalizado. Los Notarios que forman la Junta directiva de cada Colegio Notarial, pueden mientras lo son y haciendo constar dicha cualidad, legalizar el signo, firma y rúbrica de cada uno de los Notarios del territorio. Ninguno que tenga el deber de legalizar puede negarse sin exponer justa causa, pero cuando se duda de la firma, signo y rúbrica, puede diferirse su legalización por tres días á fin de desvanecer sus dudas. Cuando el documento que se legaliza debe hacer fe en el extranjero, debe llevar la legalización de dos Notarios, á quienes legaliza el Juez de primera instancia; á éste el Presidente de la respectiva Audiencia; á éste el Ministro de Gracia y Justicia; al Ministro, su compañero el de Estado, y á éste el Embajador ó representante de la Nación donde debe presentarse el documento.

Los Notarios que legalizan, anotan las legalizaciones en el libro indicador que vino á instituir el Protocolo de actas que estableció el antiguo Reglamento de 30 de Diciembre de 1862, que conste dicho libro de 100 á 200 folios del papel del sello de oficio. En las legalizaciones judiciales, el Escritorio que es además Secretario de gobierno, las anota en otro libro análogo al indicador, y cada nota la autoriza con su firma y rúbrica.

Los Aranceles notariales vigentes son los aprobados por Real decreto de 8 de Septiembre de 1885. El número 15 señala los derechos de los Notarios por las legalizaciones; percibe cada uno de los que legalizan, además del sello del Colegio, 0,50 pesetas. En algunos Colegios, por acuerdo de éstos, los Notarios de su territorio cobran solamente por las legalizaciones 3,25 pesetas cada uno, y la otra mitad la percibe el Colegio en un sello de 0,50 pesetas. De modo que donde esto sucede hay que adherir al documento que se trate de legalizar dos sellos del Colegio Notarial respectivo, uno de 3 pesetas y otro de 0,50 pesetas.

La citada Real orden de 28 de Octubre último es altamente beneficiosa para el público, pues los interesados en las legalizaciones no tienen ya necesidad de recorrer los pueblos del partido en busca de los dos indispensables Notarios que legalicen; les basta con acudir al Juzgado de primera instancia, requiriendo al Juez para que legalice el documento. Dicha Real orden aumenta el trabajo de los Juzgados de entrada y muchos de ascenso en cuyas cabezas de partido existe solo un Notario. En la vigente demarcación notarial establecida por Real decreto de 9 de Marzo de 1903, existen nada menos que 316 cabezas de distrito notarial, ó sea de partido judicial donde existe un solo Notario, por cuya razón todos los interesados acudirán á la legalización judicial por serles muy ventajosa.

Ahora bien: teniendo en cuenta este trabajo, y los principios de derecho de que todo trabajo debe ser justamente remunerado, y de que á nadie es lícito enriquecerse con perjuicio de otro, ¿podrán exigir los Juzgados derechos por las legalizaciones? Entendemos que no, aunque sea equitativo y justo retribuir á los Actuarios Secretarios de gobierno, por las anotaciones que de cada legalización hacen en el libro de Registro de las mismas. Y nos fundamos para sostener esta opinión, en que los Aranceles judiciales vigentes en materia civil de 4 de Diciembre de 1883 no las mencionan, y como la Real orden antes citada de 28 de Octubre último no dice una palabra de exacción de derechos, éstos no pueden devengarse si directa y claramente no se expresan en los referidos Aranceles judiciales.

Queda, sin embargo, á los interesados perjudicados por dicho trabajo que lo crean digno de retribución, acudir al Gobierno por el conducto ordinario,