El Foro español (Madrid. 1898) (1906-12-10 00:00:00), página 11

cunstancia agravante de abuso de confianza ó haberse prevalecido el culpable de su carácter. Para este ilustre escritor la injusticia existe; y no encuentra otro medio de que desaparezca sino hacer inclusiva la frase de cualquier otra persona, que él mismo califica de exclusiva. ¡Y, en buenos términos de interpretación, se puede aceptar esto! En manera alguna; porque esto no es interpretar, sino variar, modificar, poner negro donde dice blanco; en una palabra, cortar el nudo, y no desatarlo.

Pero de entender el artículo tal como lo venimos combatiendo, aún resulta mayor anomalía si se considera que, siendo como afirma el Sr. Viada, tan digna de respeto la viuda honesta como la doncella, y manchándose del mismo modo la honra de ambas, sin embargo las penas son diferentes. Para la autoridad, sacerdote, tutor ó encargado que estupra á una doncella, prisión correccional en sus grados mínimo y medio; y para la misma clase de personas que engañan á una viuda, arresto mayor; es decir, un mismo hecho, cometido por las mismas personas, en un caso, una pena, y en otro, pena menor.

Pues bien, estas injusticias, estas anomalías que no se salvan ni aun aceptando la teoría del Sr. Alenbilla, ¿no están diciendo á voces que no es ese el camino, ni ese ha sido el pensamiento del legislador? ¡No es mucho más fácil y racional entender que la palabra mujer, de que se vale el párrafo tercero del 458, se refiere á la mujer de que se viene hablando en el primero; es decir, á la doncella? La mente de la ley no ha podido ser otra que establecer, como sucede en los hurtos y otros delitos, uno cualificado y otro simple: el primero, el cometido por autoridad, sacerdote, etc., y el otro, el que comete cualquiera otra persona intervinviendo engaño, pero siempre con las mismas condiciones respecto á la estuprada, porque si así no fuese, debiera la ley, para ser justa, haber establecido un estupro cualificado respecto á la doncella; otro cualificado también con relación á la viuda, y, por último, el simple comprendiendo á ambas. Lo he hecho así, y se quiere, sin embargo, así entenderlo. ¡Y no habrá razón que abone esta conducta del Código! La hay, sí, y tan poderosa, que con sólo apuntarla, se comprenderá su sentido. Ni aun tratándose de doncella se admite el delito de estupro, excediendo de veintitres años, porque se calcula, y con fundamento, que después de dicha edad, la mujer ha adquirido ya la suficiente experiencia para no ser engañada en punto que tan de cerca le atañe. Pues bien, la viuda que ha pasado ya por otro estado que le ha dado á conocer la falacia del mundo, está en las mismas condiciones que la joven de corta edad que no ha salido de la casa paterna. ¡No es mucho más lógico equipararla con la doncella de más de veintitres años! El ejemplo que aduce el Sr. Viada de sacerdote fingido, testigos aventidos en la trama, no quedaría nunca impune sin necesidad de apelar al estupro, pues este hecho tendría su sanción en otra parte (artículos 335 y 344).

Tal vez se nos objete que queremos restringir el significado de una voz que es genérica; pero los mantenedores de la opinión contraria, no hacen lo mismo, aunque en opuesto sentido. Si el Código dice mujer, no se comprende por qué ha de quedar limitado á la viuda honesta. Aparte de la dificultad de apreciar en la mayoría de casos donde acaba la honestidad y empieza la deshonestidad, hay que ser lógicos. En el delito de violación emplea tan sólo la ley la palabra mujer; y en ella se comprenden todas, pues en el estupro que la base no es ya la fuerza, sino el engaño, ¿por qué si el pensamiento está expresada de la misma manera se ha de entender de modo distinto? Calcúlese á donde esto nos conduciría.

En resumen, para no hacer demasiado extenso este trabajo, concluimos, que no cabe el delito de estupro de la viuda y que el Código de 1870 no le ha establecido. Mas si para entenderlo así se necesita acudir á interpretaciones, á ellas hay que apelar para creer lo contrario, con la diferencia de que nuestra opinión está más en armonía con lo que gramaticalmente se entiende por estupro, que no hay que variar un ápice el texto de la ley; y, sobre todo, tenemos á nuestro favor el principio más recomendado que debe presidir á toda interpretación, y más en materia penal. (Faborabile sunt amplianda, odiosa restringenda.)

ALGUNAS OBSERVACIONES SOBRE EL PROYECTO DE LEY DE ORGANIZACIÓN DE JUZGADOS Y TRIBUNALES

I

Dice Herbert Spencer que, en nuestra época, las Instituciones que forman la Administración de Justicia ocupan puesto preferente. Cierto que es así, pero no tanto como debiera ser; porque á ello se oponen los egoismos colectivos e individuales; las costumbres, contrarias á los principios de justicia; la preponderancia de los mal llamados políticos, que sufrirán rudo golpe cuando en la sociedad se extienda la creencia de que los Tribunales no dictan sus resoluciones por inspiración de ellos, y un poco de mercantilismo en algunos de los profesionales que intervienen en procesos y juicios civiles, á quienes la claridad de las leyes, la precisión de su enunciación, les haría perder no pocas utilidades, y hasta la habilidad en turguar hechos y principios que tanto les envanecen.

Hace algún tiempo se publicó el proyecto de organización judicial, para que sea conocido por todos aquellos á quienes afecta (Real orden de 14 de Julio 1904), y mientras otras cuestiones de escaso interés ocupan la atención de los más, apenas si un corto número de personas se fijan en el organismo al que se confían los más grandes intereses sociales e individuales; al que puede servir de dique, por la realización más completa posible del derecho, á la ola socialista y á las exageraciones destructoras del anarquismo.

Obra larga sería hacer una crítica de la proyectada legislación, que demuestra un gran adelanto y puede emular la legislación inglesa, de la que así, como de la alemana, ha tomado no pocas de sus disposiciones; hay que limitarse á indicar brevemente aquellas variantes que acaso con error, juzgamos deberían hacerse en el proyecto.

II

El art. 8.º, en su núm. 1.º, atribuye á la jurisdicción real española, el conocimiento de todas las causas criminales por delitos ó faltas cometidas en el territorio nacional por españoles ó extranjeros.

Perfectamente nos parece tal disposición; pero eso mismo reclamarán para sí las demás naciones, por el principio de reciprocidad, cuando menos; por ello no se explica que el núm. 2.º del mismo artículo someta á la jurisdicción española á los españoles que delinquan en el extranjero, precepto no del todo aplicable, pues como dice Boule-nois, las leyes que hace un soberano únicamente tienen