El Foro español (Madrid. 1898) (1908-01-31 00:00:00), página 3

REFORMA INEFICAZ

No es de ayer; hace mucho tiempo que todos los que entienden en cosas de justicia venían pidiendo con rara unanimidad la reforma del art. 90 del Código penal, ya que por una mala redacción del mismo, la intención, los deseos y el fin que el legislador se había propuesto, con su publicación habían sido defraudados. Propúsose indudablemente el legislador con la publicación del mencionado artículo beneficiar al inculpado de un hecho que constituyera dos ó más delitos, ó cuando el uno de ellos fuera medio de cometer el otro, y por eso en el párrafo segundo del prenata- do art. 90, dice:

En estos casos se le impondrá la pena correspondiente al delito más grave, aplicándola en su grado máximo.

Pero la práctica vino á demostrar de un modo asaz terminante que los buenos deseos del legislador se habían estrellado ante la mala redacción de tantas veces citado artículo y que los reos á quienes se quiso beneficiar salían agraviados imponiéndoles mayor pena que si los delitos se penaran separadamente. Tanto es así, que por los tribunales se tramitaban y siguen tramitando miles de expedientes de indultos, informados favorablemente, que no tienen otro fundamento más que el mentado art. 90.

A remediar tales males tiende la ley de 3 del actual, pero es el caso que en nuestra humilde opinión incide en el mismo defecto, pues si ha de imponerse la pena correspondiente al delito más grave, aplicándola en el grado máximo, evidentemente las cosas vuelven á quedar como antes; las dudas no se desvanezcan con esa reforma, los inculpados no alcanzan beneficio alguno y los humanitarios deseos del legislador, se estrellaron de nuevo ante la realidad de la práctica.

Un ejemplo aclarará la cuestión: El delito complejo de disparo de arma y lesiones menos graves, arts. 423 y 428, tiene señalada la pena de prisión correccional en sus grados mínimo y medio de seis meses y un día á cuatro años y dos meses y, como según el párrafo segundo del art. 90 y según también lo dispuesto por la nueva ley, ha de imponerse la pena correspondiente al delito más grave aplicándola en su grado máxi- mo, tendremos que la pena aplicable al autor de dicho delito, en el supuesto de que exista una circunstancia atenuante, será dos años, once meses y once días, cuando penados separadamente serían seis meses y un día de prisión correccional por un lado y un mes y un día de arresto mayor y sumadas las dos penas nos darían siete meses y dos días de prisión correccional, inferior siempre al grado máximo; y no sólo en este caso sino en otros muchos que pudieran citar y que no lo hagamos por estar al alcance de todos.

De modo que si cuando las penas son homogéneas el resultado práctico no corresponde á los fines que el legislador se propuso, no hay que decir lo que sucederá cuando las penas sean heterogéneas, destierro y prisión ó multa y arresto.

Opinamos, pues, como el señor Fiscal del Tribunal Supremo en su notable circular, que si ha de observarse estrictamente, la nueva ley será tan ineficaz como el artículo que ha tratado de reformar. Con sólo suprimir la palabra máximo, hubiera desaparecido toda dificultad, pero mientras subsista se hace necesario una nueva aclaración, si han de llenarse los nuevos propósitos del legislador, y así seguramente se apresurarán á reconocerlo.

Hubiera dicho, «en este caso sólo se impondrá la pena correspondiente al delito más grave aplicándola en el grado á que alcance la suma de las dos penas» ó lo que es lo mismo, que la suma de las dos penas sea el límite que marque el grado de la más grave, de modo que nunca pueda exceder de dicha suma y no habrá dificultad alguna; esa ha sido la voluntad y la intención, ese ha sido el espíritu y el deseo que han guiado al legislador en su reforma y no es justo que por un descuido de redacción, queden malogrados tan humanitarios, justos y buenos propósitos. Así lo da á entender también el ilustrado señor Fiscal del Tribunal Supremo en su citada circular y así lo esperan todos los amantes de la justicia.

P. OTERO
Teniente Fiscal
Ciudad Real 20 de Enero 1908.

La Junta general del Colegio de Abogados

A la una y diez minutos de la tarde del domingo último, se reunió en Junta general el Colegio de Abogados de esta Corte, asistiendo á la misma el decano señor Díaz Cobeña, que presidía, teniendo á su derecha al tesorero Sr. Díez Macuso y á la izquierda al diputado Sr. Rodríguez y al secretario Sr. Fernández Victoria.

Antes de procederse á la lectura del acta de las sesiones de la Junta general anterior, el colegial Sr. Pérez Maio propuso se declarara la falta de capacidad de los señores últimamente elegidos para formar parte de la Junta de gobierno (con excepción del decano) por no reunir las condiciones que los Estatutos exigen.

El presidente hizo notar que tal cuestión no podía ni discutirse ni ser objeto de acuerdo ahora, puesto que no estaba entre los asuntos que, con arreglo al artículo 65 y demás pertinentes de los vigentes Estatutos y convocatoria de 13 de Diciembre último, debían discutirse y no haber sido propuesta con la antelación reglamentaria y como proposición escrita con veinte firmas de señores colegiales.

Siguientemente dióse lectura por el señor secretario del acta de la Junta anterior: larga por resolverse en ella con minuciosidad plausible, todas las incidencias dignas de menención de las amplias discusiones que en el local de la Academia de Jurisprudencia tuvo el proyecto de Montepío que, por fin, se aprobó en la primera decena de Febrero del año anterior. El Sr. Ramos Izquierdo se opuso á la aprobación del acta por entender que en ella se omitía alguna decisión que había restringido su derecho á disentir de quien entonces ejercía la Presidencia de la Junta. El Sr. Cobeña