El Foro español (Madrid. 1898) (1906-02-28 00:00:00), página 2

momento histórico, no hubiera preocupado á los célebres legisladores de principios del pasado siglo. Nuestros inmortales doceañistas sólo creyeron indispensable dejar á los militares aquella parte del fuero particular que les es necesaria para conservar la disciplina y subordinación de las tropas en el Ejército y Armada (1); ¡qué mal se avienen estos principios y los que, años más tarde, vertió en memorable decreto otro varón prelado (2), cuando flameaban aún á la vista de todos los resplandores de otra revolución política, con la tendencia absorvente de los que con la mejor buena fe, pero á nuestro entender con manifiesto error, persiguen el exclusivismo de los institutos armados!

No; la pasión es mala consejera, y antes de tachar la ley vigente de ineficaz y de débiles los instrumentos puestos en juego para su aplicación, merece la pena parar misiles en los términos de aquélla y en el ejercicio desembarazado y regular de éstos, á fin de comprobar si ha llegado el momento, más que de innovar con una precipitación siempre peligrosa, de rectificar el juicio y emplear con tino la máquina montada y en funciones.

Una dolorosa experiencia hizo ver, pocos años hace, que la represión de cierto género de delitos atribuida á los Tribunales populares dejaba mucho que desear en cuanto al orden público, y los prestigios de determinadas instituciones y organismos merecían, y hubo de introducirse por la Ley de 1.º de Enero de 1900, substancial modificación en el Código sancionador común y especial y en las leyes respectivas de procedimiento.

¿Se ha contrastado con la debida meditación y parsimonia si la ley así reformada, supuesta su recta y acuciosa aplicación, llenó el vacío para el cual hubo de promulgarse y garantiza, como se anhelaba, todos los derechos y reprime todas las transgresiones?

Entendemos que esa meditada labor, ese examen de conciencia no se ha hecho; la Ley, rectamente atendida y con verdadero celo puesta en vigor, basta y sobra para satisfacer el espíritu más exigente.

Cierta que el Código penal de 1870, como sus precedentes del 50 y del 22, no previene esa grave delincuencia, inconcebible en un alma patriótica, que atenta á la integridad de nuestra soberanía, ofende el emblema de la patria ó trata de mermar prestigios, fuerzas y valimiento á sus denodados defensores; pero el aditamento de la Ley expresada satisface la necesidad sentida á estos respectos, de sanción y en buena hermenéutica legal, su claro sentido, á pesar de su laconismo, con las modificaciones que la complementan, al Código de justicia militar y á la ley Orgánica de Marina, dan latitud suficien- te á un criterio severo, para que no queden impune género alguno de delitos.

En número anterior de la Gaceta de Tribunales, exponiendo su opinión, siempre autorizada, su ilustrada Redacción, cita con oportunidad y acierto el parecer que á un alto funcionario, de graduación elevada en la milicia y de significación bien saliente en la política, merece atribuir el conocimiento, persecución y castigo de tales delitos á la jurisdicción especial.

En el ánimo de todos está que sobre aventurado, es peligroso tal procedimiento; dando por supuesto que contradice abiertamente las bases procesales en materia criminal de los Estados más cultos de Europa, ello implicaría un peligro para los ciudadanos y una constante amenaza para el orden público.

Noolvidemosquala singularidad dela jurisdicción privativa en cuanto al Ejército hace referencia, no tiene otra razón de ser que la necesidad.

Si la fuerza de su organización descansa en el honor, en la obediencia y en la más inflexible disciplina, dicho se está que esos propios atributos marcan la esfera de acción propia en que le cumple y toca desenvolverse.

Donde la necesidad de mantener esa cohesión y fuerza falle, la jurisdicción especial, por innecesaria, deja de ser perfectamente legítima.

Mantengamos, pues, para honra suya y bien de todos tan alto y prestigioso como se merece el honor militar; respetemos y hagamos se guarde su disciplina; pero cuando los derechos violados y los deberes incumplidos no sean militares, sino sociales, recabemos sin vacilaciones ni titubeos el imperio de la ley común, alcemos una muralla que ampare y defendá á la sociedad civil de las invasiones posibles, ya que no temidas, del poder militar.

Hoy creemos que, con un meditado y prudente obrar, puede salvarse el conflicto que tanto amenaza y preocupa. El celo nunca desmentido del Ministerio público, el bien probado de los Jueces; cierta severidad no reñida con la circunspección y con la medida en asuntos tan graves y delicados, unido todo al recurso de hacer efectivas responsabilidades subsidiarias civiles y pecuniarias en caso de inmunidad, de insolencia ó de desaparición de los autores principales de los delitos perseguidos, daría inmediato resultado, sin alzar ese espíritu de clases ni ese recelo infundado de los Jueces de derecho, que en los cataclismos políticos y en los azares de la vida pública se han mostrado siempre enal son: justos, serenos, imparciales, valladar seguro á toda demasia.

JOSÉ GARCÍA Y ROMERO DE TEJADA,
Magistrado de la Audiencia de Madrid

(1) Constitución de 1812. Discurso preliminar.
(2) El Sr. Romero Ortiz. Decreto de unificación de fueros.