El Foro español (Madrid. 1898) (1907-01-30 00:00:00), página 8

que si la rituaria aludida expone que los bienes están inscriptos á nombre del procesado para anotar después el embargo, como ésta es una fase secundaria de la instrucción, puesto que su objeto primordial se dirige sólo á investigar el delito y sus circunstancias, es visto que si las fincas no están inscritas á nombre del encartado, no ha de querer lo sean á todo trance, posponiendo á este hecho accidental consideraciones de otro orden, sino que bien claro se deduce del articulado del Libro II, Título IX, en relación y concordancia con la ley de Enjuiciamiento civil, que lo que busca es la garantía de que tales bienes permanezcan afectos al gravamen que sobre ellos se ha impuesto por virtud de la causa; y esa garantía, esa seguridad, la tenemos con el embargo y la anotación de suspensión en su caso, que produce los mismos efectos que la preventiva, con las diferencias á que se refiere el penúltimo párrafo del art. 64 del expresado Reglamento (1).

Por eso otójase irregular inscribir las fincas embargadas á nombre del procesado antes de que recaiga ejecutoria en la causa, que es cuando ha de entrarse de lleno en el período ejecutivo para hacer efectivas las responsabilidades civiles del penado, no antes, en que nos hallamos respecto á este particular, en una situación incierta, que no puede causar estado á esos mismos efectos.

Aparte de que, haciéndolo como digo, se evitan defraudaciones al Estado, á los Registradores, á los Escribanos y á cuantos hayan intervenido, más ó menos directamente, en la tramitación de la pieza separada.

Así lo vengo practicando yo con beneplácito de la Audiencia de Zaragoza.

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Poco he de añadir á lo que el Sr. Rovira nos tiene también manifestado acerca del inconcebible abuso de las requisitorias.

Yo comenzaría por suprimirlas todas, así como muchos edictos, cuya finalidad práctica no se me alcanza, porque eso de llamar en tal forma á los presuntos autores de un robo, por ejemplo, al objeto de que comparezcan para ser oídos en justicia, me parece, por lo menos, cándido... Pero ya que la ley los impone, cúmplase esta, pero cúmplase en sus verdaderos términos, sin tergiversar su sentido y alcance.

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Los procedimientos entre nosotros, especialmente los de carácter criminal, no suelen interpretarse en ciertas materias, con arreglo al verdadero espíritu que los informa, unas veces por deficiencias de la misma ley, y otras por falta de un criterio uniforme en los encargados de su aplicación, como lo prueba el hecho de que más de una tercera parte de los sumarios son sobreseídos, por tratarse del ejercicio equivocado de una acción, ó por no constituir delito lo que es objeto de denuncia.

Y asusta pensar los miles de pliegos que se gastan y la enorme actividad que se consume inútilmente en las Audiencias y Juzgados, más en éstos que en aquéllas.

Para evitar en parte esos sobreseimientos, deberíase reformar el art. 269 de la ley rituaria en el sentido de fa-

(1) Véase la obra de los Sres. Galindo y Escosura, tomo II, página 630, y tomo III, páginas 101 y 105.

cultar á los Jueces para practicar en casos determinados, como en muertes casuales ó otros análogos, sumaria información previa, absteniéndose de formar causa si de aquella no aparece responsabilidad criminal para nadie, poniendo siempre el resultado en conocimiento del Tribunal y del Ministerio público.

Tampoco existe uniformidad de criterio en la sustanciación de las pobrezas, pues he visto publicadas en la Gaceta cédulas notificando la parte dispositiva de las sentencias á los demandados declarados rebeldes, cuando es sabido que en tales asuntos no procede hacer semejante declaración, conforme á lo previsto en el párrafo 3.º del art. 30 de la ley de Enjuiciamiento, no faltando tampoco quien al unir las pruebas practicadas á los autos, haya comunicado éstos al Abogado del Estado, para que emitiere su dictamen; he visto asimismo notificaciones al Ministerio Fiscal, en completo desacuerdo con la Circular de la Fiscalía del Tribunal Supremo de 7 de Marzo de 1898 y la complementaria del siguiente día, y por ver, hasta he visto inserto en dicha Gaceta un edicto notificando al denunciado una sentencia en juicio de falas, por viajar el referido sujeto en el tren sin billete.

Y paso por alto otras anomalías—de algún modo las he de llamar—que he observado en punto á la más perfecta desnaturalización del procedimiento, las cuales confirman esa falta de criterio, esa falta de unidad á que antes he aludido, tanto más de sentir cuanto que se trata de unos mismos asuntos y organismos, en los cuales debía reinar la mayor armonía, como prenda segura de acierto y sencillez en las actuaciones.

En Bélgica, Alemania, Inglaterra y Estados Unidos se escribe muy poco en los procesos civiles y criminales, y las fórmulas adoptadas son concisas y uniformes; pero aquí trabajamos mucho, muchísimo... en baldo, por supuesto.

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Otro de los actuados que no me convence por su resultado negativo, es el referente á las adjudicaciones de fincas en las causas criminales.

Después de emborronear muchos folios, porque al fin y al cabo precisa apurar la vía de apremio, se dicta auto adjudicando al perjudicado por el delito, al Estado y á los partícipes en costas, los bienes embargados por las dos terceras partes del precio que sirvió de tipo para la segunda subasta; se eleva la resolución en consulta á la Superioridad, y si ésta la aprueba, se expiden los correspondientes testimonios á los nuevos dueños... pero como si no se hubiera hecho nada; porque los procesados, en su inmensa mayoría, continúan cultivando los predios adjudicados como antes y percibiendo sus productos, y los que han trabajado en la causa y ejecutoría, quedan so- plando la cucara, por dificultades harto conocidas para que yo las repita.

Y lo peor es que el Juez tiene que dar conocimiento al delegado de Hacienda de esas adjudicaciones á los efectos del pago del impuesto sobre derechos reales y transmisión de bienes y que puede apremiarse á los adjudicatarios para que lo satisfagan... sin comerlo ni beberlo.

Más de media España está adjudicada en esa forma, sin consecuencias sensibles para los reos.

¡No podría establecerse otro procedimiento más eficaz