El Foro español (Madrid. 1898) (1907-08-10 00:00:00), página 2

Nada es más frecuente que la constante queja de los litigantes que se duelen de los desastrosos efectos de un litigio. Aun el vencedor sale maltratado. Creéase que no hay recurso en un curial travieso, de encuadear la ley, y nada es menos cierto. Sabiéndolo aplicar prescin- diendo del dinamismo hueco y ampuloso, de la frase ingeniosa y brillante á que tan aficionados somos los meridionales, y fijándonos en el principio sereno y esquero del precepto, la ley surge tranquila, uniforme, lógica, y se cumple con la fatalidad inexorable que constituye su esencia.

Inspiramos estas líneas la Sección segunda, título xiv libro segundo, de la ley de Enjuiciamiento civil que trata del aseguramiento de los bienes litigiosos. Entiende- se generalmente que se ocupa dicha sección de un procedimiento único para todos aquellos casos en que un litigante temeroso de las malas artes de su contra- rio, procure asegurar las consecuencias del pleito; y sin embargo, nada menos cierto, pues prevísora la ley ha hecho distinciones que interesa mucho, en la práctica, deslindar y definir.

Contiene la sección preceptos, por decirlo así, sustantivos, y otros de índole puramente procesal. Son los primeros, los estatutados en los arts. 1419 y 1428 que de sustantivos pueden calificarse, en cuanto se relacionan con el 1789 del Código civil; y los procesales el 1420 hasta el 1427 inclusive. En cuanto al último de la sección, el citado 1428, puede atribuirsele una naturaleza mixta.

Deseoso el legislador de proteger la propiedad mi- nera, los montes, las grandes plantaciones y los esta- blecimientos industriales y fabriles, ha establecido respecto á estos bienes, un privilegio. El que las de- mandase en juicio, cualquiera que sea el título en que apoye su pretensión, ya sea un documento público ó privado, puede interesar su aseguramiento. En cuanto á los demás bienes para que la intervención se acuer- de, tiene que tener como base un documento que lleve aparejada ejecución.

Separa, por tanto á ambos artículos, diferencia se- mejante á la que distingue un juicio ordinario de otro ejecutivo, esto es, á aquel procedimiento en que es preciso demostrar la justificación de lo que se reclama del otro que lleva tal demostración en el título mismo que le sirve de base; pues si bien en los casos á que se refiere el art. 1417 no cabe d'escusión acerca de los de- rechos que puedan asistir á las partes en el litigio, procede en cambio toda controversia encaminada á demostrar la naturaleza de los bienes que se cuestionan, y que autoriza ó no la intervención; contienda que nunca puede surgir ante el imperativo categorético de los títulos que enumera el art. 1429 de la ley de Enjuiciamiento.

Se equivocan pues, los que aplican el procedimiento señalado en los arts. 1420 y siguientes, á los casos en que el aseguramiento se funda en título ejecutivo. Siendo como son tan distintos los preceptos contenidos en los arts. 1419 y 1428 de la ley de Enjuiciamiento civil, dis- tinta ha tenido que ser la forma para hacerlos efecti- vos; y por eso, en tanto que cuando la intervención la determina la naturaleza de los bienes que se litigan, ha consentido la controversia de las partes sobre esta naturaleza, cuando dicha intervención se funda en un título ejecutivo, ha dispuesto que se decrete de plano, como de plano se despacha una ejecución, consintiendo al arbitrio judicial la adopción de aquellas medidas que según las circunstancias fuesen necesarias, para asegurar en todo caso, la sentencia que en su día haya de dictarse en el juicio.

Hay quien abriga dudas sobre si el citado art. 1428 es aplicable á los casos de antítesis, esto es, á aquéllos en que el acreedor adquiere el derecho de percibir los frutos del inmueble de su deudor, con obligación de aplicarlos al pago de los intereses, si se debiesen, y después al del capital de su crédito; fundando dicha duda en que la esencia del contrato en sí, es en tal ca- so la posesión material, el disfrute, del inmueble cuyo secuestro se pretende.

Mas en buena hermenéutica legal, tal duda carece de razón de ser. No ya tratándose de un contrato pareci- do en su esencia al arrendamiento, y que sólo envuel- ve derechos usufructuarios, sino aun en los dominica- les, el secuestro judicial puede y debe aplicarse. Como tal sequestro nada resuelve, ni ningún perjuicio puede ocasionar dadas las garantías que siempre los rodean. Medida puramente provisional como la de los embargos preventivos, deja incólumes los derechos puestos en duda, sujetos á litigio, y sólo garantiza la eficacia de la sentencia que habrá de pronunciarse.

F. PENIGE Y LUGO.
Juez de primera instancia.
Santa Cruz de Tenerife, Julio 25 1907.

EL SUMARIO

EL JUEZ INSTRUCTOR

De modo magistral describe el eximio jurisconsulto Sr. Alonso Martínez, el sumario; como su mismo nombre indica, debe ser un cuadro breve y compendioso, en que se hagan constar la realidad del hecho delictivo, sus circunstancias esenciales necesarias para la califi- cación jurídica de aquél y la persona ó personas que en el mismo hubieran tomado parte, teniendo en cuenta siempre que el sumario, según dice el indicado jurisconsulto, es la piedra angular del juicio y de la sentencia. Menester es por tanto que en el sumario se haga constar con toda imparcialidad, lo mismo lo favor- able como lo adverso al procesado; el Juez no debe proponerse otro fin que el descubrir la verdad; del su- mario ha de tomar sus armas el Fiscal, al sumario ha de acudir para tomar los datos necesarios que le sirvan para procurar que la sociedad ofendida, que el dere- cho perturba ó quedén vindicada aquélla y restablecido éste por el justo castigo del culpable; al sumario ha de acudir también el procesado, para preparar su defen- sa y por eso es indispensable que así como el espejo refleja la imagen, resplandezca la verdad en el sumario, á la cual no debe anteponerse ni el interés de la socie- dad, ni el del inculpado.