El Foro español (Madrid. 1898) (1907-03-20 00:00:00), página 9

dolas mal formadas y señalando los vicios de sustanciación en que se incurrir.

Se ha dado al libro más extensión, con el objeto de que los que no tengan la compilación publicada en 1898, puedan tener las resoluciones ministeriales que decidieron los conflictos desde 31 de Agosto de dicho año, hasta últimos de 1906, con otra porción de disposiciones resolutivas referentes á la materia.

En suma, que es libro de verdadera utilidad, sobre todo para los que tienen negocios administrativos, á los cuales les facilitará mucho el trabajo por lo diseminadas que se encuentran todas las disposiciones referentes á esta materia, y que el autor ha compilado en su obra.

GONZALO DE TORO.
Abogado

Guía Comercial de Madrid y su provincia para 1907.

La Casa Baylly-Bailliere, ha publicado ya esta útilísima «Guía», la más práctica de las de su clase, tan necesaria en todos los bufetes, é imprescindible para cuantos se dedican á la vida del negocio.

Nada hemos de decir en elogio de un libro que durante tantos años viene gozando de general estima, pero si hemos de anotar la notable mejora introducida en el de este año, pues, tirado en hermoso papel indiano, fuerte como el que más y de escaso voltímen, teniendo más páginas, por el aumento de datos, que en años anteriores, abulta la mitad, con lo que se gana en comodidad para su manejo.

Precio: el corriente de 5 pesetas.

TRIBUNALES

NOTAS DE LA DECENA

Ayerbe, cumplía pena de arresto mayor en una cárcel pública: una noche se indisponse la mujer del Director del Penal y en la confusión producida por el accidente, Ayerbe fue enviado á la botica.

Cumpliendo su cometido regresaba el hombre al correccional, cuando le detuvo un sereno, el que lo denunció como fugado de la cárcel.

Incoado el correspondiente sumario, la Audiencia entendió existía delito de quebrantamiento de condena y en armonía con este criterio le condenó á veinte días de arresto mayor, cuarta parte del tiempo que le restaba por cumplir.

Contra este fallo recurrió al Tribunal Supremo patrocinado por el joven abogado Sr. Hernández Gallego, el cual allegó dos motivos de casación.

1.º El hecho realizado por el Ayerbe no era delicivo por faltar la voluntariedad en su ejecución, toda vez que salió del correccional obedeciendo órdenes del superior y no aprovechó tal mandato para fugarse, sino, antes al contrario, fue detenido al salir de la bo- tica y cuando se encaminaba al establecimiento penitenciario.

2.º Subsidiario del anterior: La pena impuesta es notoriamente excesiva porque si bien es cierto que el art. 130 en su párrafo 2.º castiga con la 4.ª parte de recargo del tiempo, cuando en la fuga no haya violencia ni fuerza, este recargo es en relación con el art. 125, el que establece en su número 3.º no podrá exceder de la 6.ª parte del tiempo por cumplir.

Por tanto, partiendo de ochenta días, deberá haberse impuesto sólo cuatro días de recargo, por ser este tiempo la 4.ª parte de la 6.ª parte de ochenta.

El Tribunal Supremo, de acuerdo con la tesis del señor Hernández casa por el primer motivo sin ocuparse del segundo, estableciendo que la voluntad y el hecho de evadirse son condiciones esenciales del quebrantamiento de condena.

Que el Ayerbe no hizo uso de la libertad de que se hallaba privado, sino que cumpliendo un encargo prestó su servicio al Director de la cárcel.

Y finalmente; que si bien con tal abuso se desvirtúan más ó menos las condenas, no puede el hecho calificarse de delito por falta de requisitos de voluntariedad e intención de evadirse.

Todos los colegiales que llevan el turno de oficio tienen la costumbre, cuando han de interponer en el mismo algún recurso de casación, contar el plazo, desde la fecha de entrega de los autos al Procurador.

Pues bien, esta costumbre puede traer en algún caso responsabilidades para el abogado, pues si bien en materia criminal lo único á que puede dar lugar es á la interposición de un recurso ininterponible—dejándose pasar el plazo de cinco días para dictaminar—en materia civil, tiene mayor alcance puesto que puede ser declarado caducado el recurso, ya que la Ley procesal civil marca plazo de veinte días, á diferencia de la criminal, en la que es potestativo en la Sala al señalamiento de dicho plazo.

El auto que tengo á la vista lo prueba bien palpablemente.

En 19 de Enero del corriente año se dicta providencia de la Sala 1.ª del Tribunal Supremo, ordenando la entrega del procurador, para que interponga el recurso en el plazo legal—veinte días—notificada en la misma fecha, el procurador recoge los autos el 21, pasándolos al letrado, que interpone el recurso.

En 15 de Febrero se presenta el escrito de interposición, es decir, el vigésimo día á partir del 22 de Enero y el vigésimo primero á contar desde el 20 del mismo mes y el Tribunal acuerda con fecha 18 declarar caducado el recurso.

Contra este auto, se deduce recurso de súplica, mas el tribunal declara no haber lugar á enmendar ni suplir el anterior porque el plazo de veinte días á que se refiere el art. 1713 no puede quedar á la discreción de la parte á quien interesa la interposición del recurso, tomando cuando le parezca los autos, aun dentro de el expresado término, sino que ha de contarse desde el día siguiente al de la notificación de la providencia en virtud de la que se ponen á su disposición, siendo