El Foro español (Madrid. 1898) (1906-02-20 00:00:00), página 8

SOBRE EL MISMO TEMA

Jamás fui dado á escribir para el público, ya que soy de los que creen que, como todo acto voluntario, lleva consigo la obligación de hacerlo bien, y esto yo no puedo lograrlo, y ya porque se me figura que es un alarde que hacemos de que nos sobra el tiempo para todo.

Por primera vez, pues, escribo estas líneas que han de vez la luz en una Revista, en la que colaboran tantas notabilidades. Ellas sabrán ser indulgentes.

Debo esta decisión y arranque míos á un artículo que bajo este mismo epígrafe publiqué en El Foro del 11 del actual D. Antonio Bergalí, Juez de primera instancia.

En él y en el número 4º afirma que corresponde á los Alcaldes del Ayuntamiento cabeza de partido, la facultad de apremiar á los otros Ayuntamientos; y pregunta al Sr. de la Torre: ¿Pero ¿había dudado formalmente de esto el Sr. de la Torre?

Yo no sé si este señor dudó ó no formalmente, pero sí sé que yo tanto dudo, que me inclino á creer precisamente lo contrario, ó sea que la facultad de apremiar corresponde á los Ordenadores de pagos, Presidentes de las Juntas locales.

Aunque á mí, como al Sr. Bergalí, tampoco me duelen prendas, no por ello busco discusión, que, como decía un Magistrado amigo mío, entre españoles, de la discusión saldrá todo menos la luz.

Creo al Sr. Bergalí de buenos sentimientos y, por tanto, que hará la buena obra de sacar del error al que, como yo, lo está respecto al referido extremo.

Ante todo, conviene dejar sentado que la facultad que los Alcaldes de la cabeza de partido tienen, según el Sr. Bergalí, nace de que ellos eran los Ordenadores de pagos en los presupuestos carcelarios, no haciéndose el más pequeño sin que lo autorizasen; pero para el apremio ¿qué era preciso? Sencillamente, que el Ayuntamiento cabeza de partido estuviese al corriente en el pago de la cantidad que á él le correspondiese.

Y aquí surge para mí la primera dificultad. Si sólo los Alcaldes de la cabeza de partido pueden apremiar, pero ellos no están al corriente en el pago, ¿quién va á ser el encargado de exigirlo á los demás? ¿Quién el llamado á apremiar al Alcalde de la cabeza de partido?

No sé que exista disposición alguna que remedie esto, y como en mi sentir es un absurdo, de ahí deduzco que el Presidente de la Junta, Ordenador de pagos, tiene ó debe tener facultad para apremiar.

Además, si los Ayuntamientos tienen obligación de entregar mensualmente en la Tesorería de la Junta local la parte que les corresponda, y el primero de ellos el de la cabeza de partido, y no obstante, no cumplen con dicha obligación, ¿quién puede exigirles tal cumplimiento?

Dice también el Sr. Bergalí, que el pago del contingente carcelario no tiene carácter judicial, sino administrativo. ¿Y de dónde es judicial al acordarlo el Ordenador de pagos, Presidente de la Junta? ¿Por qué es Juez el que hoy ejerce tales cargos? Mañana al legislador se le ocurre que presida la Junta el Alcalde, por ejemplo, y ya no interviene en los apremios el Juez. Yo entiendo que el carácter judicial en un procedimiento nace no sólo de que sea la Autoridad de este orden quien lo acuerde, sino del procedimiento que se emplea, que tratándose de apremiar á un Ayuntamiento por débitos carcelarios, sería el que suele emplearse en los procedimientos administrativos, sin intervenir, por tanto, los funcionarios que lo hacen en los judiciales.

Todavía hay Abogados que entienden, sin que yo diga que estén acertados, que el Alcalde que mensualmente no entregue las cantidades que á sus Ayuntamientos les correspondan, incurrirá en la sanción penal que determina el art. 409 del Código penal, que debe serles aplicado.

Vea, pues, el Sr. Bergalí cómo somos muchos á creer que á los Presidentes de las Juntas les corresponde, como Ordenadores de pagos, la facultad de apremiar á los Ayuntamientos, sin que exista tampoco disposición que determine lo contrario.

Donde quiera que haya una obligación ha de haber asimismo quien tenga derecho á exigirla. Con la teoría del Sr. Bergalí vemos quién puede exigirla á los demás Alcaldes, pero no al de la cabeza de partido, y no sabemos que éstos gocen del privilegio de hacer lo que quieran.

Será una torpeza mía, no lo dudo; pero no concibo un Ordenador de pagos, sin facultad para exigir la entrega de las cantidades cuya distribución ha de acordar, ni concibo que la Autoridad judicial vaya á pedir auxilio á quien tiene que pedírselo á ella.

Un Presidente de la Diputación apremia á los Ayuntamientos por contingente provincial, y sin embargo, llega un momento y pide el auxilio judicial para llevar á debido efecto el apremio que acordó.

De otras cosas trata el Sr. Bergalí, respecto á las que nada digo.

Sólo me preocupa la cuestión relativa al derecho de apremiar, porque sin ella nada podemos administrar y sobre el Real decreto de 19 de Enero último.

La razón es perfectamente sencilla.

El Alcalde de la cabeza de partido no ingresa porque no le da la gana, y no hay quien pueda obligarle; los demás no pueden ser apremiados por