El Foro español (Madrid. 1898) (1907-02-20 00:00:00), página 5

ha ocasionado por su culpa, y en el segundo, aquellos que ha motivado con su negligencia.

Sabido es que los Tribunales se miran mucho antes de declarar una condena de costas. Se necesita que la sini- razón sea muy manifiesta, ó la mala fe extraordinaria- mente palmaria, para que se decidan á imponer este cas- tigo que, á más de dispendioso, en la mayoría de los ca- sos es vejatorio; pero demostrado cualquiera de estos ex- tremos, constituiría, á su vez, una iniquidad jurídica el no flagelar al que motivó el litigio con los gastos que el mismo representa.

Por regla general, las contiendas jurídicas ofrecen fa- ses tan opuestas y antagónicas, que hasta prescindir de un pequeño detalle, de una circunstancia cualquiera, para que los aspectos distintos de la cuestión resulten igualmente razonables. Estos casos, que son los de verdadera esencia jurídica, escapan, por su naturaleza misma, del castigo de las costas. Por más de que, diluido y determi- nado el punto litigioso que motivó la contienda, se ponga en claro y determine que el derecho asiste únicamente al demandante ó demandado, el juzgador comprende que ante la aparente racionalidad del otro aspecto de la cues- tión, cualquiera hubiese caído en la tentación de soste- nerla. Ha sido indispensable el litigio para determinar lo cierto.

Mas hay otras veces en que resulta lo contrario: con- forme la disensión se desarrolla, el derecho de las partes se patentiza y la prueba aducida viene á arrojar luz so- bre el asunto, se evidencia que uno de los litigantes, ha- ciendo uso de malas artes, desfigurando los hechos, ter- giversando las convenciones, ha obligado á su contrario á la contienda jurídica, deseoso tan sólo, ó de obtener por la argucia un fallo favorable, ó de hostilizarle, cuando menos, obteniendo por el cansancio una transacción tal vez, y obligándole siempre á los dispendiosos gastos de un litigio.

Unidos entonces los contendientes por el fuerte lazo de la litis pendencia, obligados entre sí, por el vínculo de derecho que aquel quasi-contrato crea, caen de lleno den- tro de los enunciados del art. 1902 del Código civil.

Por acción uno de ellos, puesto que, demandante ha obligado á su contrario á comparecer en la contienda ju- dicial, ó demandado ha resistido las racionales peticiones de su colitigante, la equidad y la justicia le exigen la re- paración del daño causado, que en este caso lo represen- tan los gastos del pleito. El juzgador, pues, aplicando di- cho artículo, al hacer la declaración de derechos en su contra, le condena al par á la satisfacción de las costas.

Por omisión, el demandado deja de comparecer en el litigio y oblige al actor á que lo continúe y artículo prue- ba, puesto que, ejercitando derechos, á él le cumple su justificación.

También entonces, conforme á lo que en el citado ar- tículo se determina, debe indemnizar el daño á que su mala fe ó su negligencia ha dado origen. Sí se llamó á la contienda y no acudió, allanándose, dada la justificación de los derechos de su adversario; rehusó contestarle, des- oyó sus requerimientos, no se hizo cargo de las razones que le asistían para pedir, y ha contraído, por tanto, una obligación, que la razón y el derecho de consumo, le com- pelen á solventar.

Abarca, pues, el art. 1902 del Código civil, todos los casos que imaginarse puedan respecto á costas, sustitu- yendo ventajosamente á la ley 8.ª, título XXII de la par- tida 3.ª, de cuyo casusismo y particularización de casos, se aparta en absoluto. Todo el que por acción ó omisión causa un daño, dice, debe repararlo; y la generalidad del concepto comprende: desde la indemnización del delito hasta la condena de costas; desde el daño directo al indi- recto ó de soslayo; desde la culpa, que consiste en hacer, hasta la negligencia, que consiste en no hacer, ó en con- sentir el que otros hagan.

No es, por tanto, preciso, en lo que con la materia se roce, buscar las antiguas fuentes del derecho, pues éstas surgen abundantes y firmes de nuestro moderno Código civil.

F. PENICHET Y LUGO.
Juez de instrucción.
Santa Cruz de Tenerife.—Enero 24 de 1907.

La acusación fiscal.

«Hay quien cree, por ciertas razones de bien público, que se puede condenar á los simplemente sospechosos; doctrina es ésta que la moral y el derecho las condenan. Ellero. De la certidumbre en los juicios criminales.»

I

La vista previa ó ristilla que se celebra en los Tribu- nales colegiados, encargados de definir delitos y delin- cuentes, ordenada en el art. 632 de la ley de Enjuicia- miento criminal, tiene excepcional importancia. Es uno de los momentos del proceso criminal, encaminado á practicar una escrupulosa depuración procesal, del que se impone á la apertura del juicio oral, adquiriendo el carácter de públicas las actuaciones que hasta entonces aparecen discretamente veladas á otras personas extra- ñas á la intervención, como funcionarios en su respectivo carácter, ó el sobreseimiento libre ó provisional, total ó parcial, extendiendo la partida de defunción á las actua- ciones, siquiera en algún caso puedan rescatar. La prá- tica enseña, sin embargo, que esas aperturas del proceso sobreseído producen pocas veces útiles resultados, de donde se advierte que la primera tramitación exige en los Jueces tener muy bien abiertas las ventanas de la razón para depurar con cuidado y tino los dos fines que al sum- mario asigna el art. 299 de la ley procesal.

Refiriéndome en concreto al sobreseimiento provisio- nal, ordenado en el núm. 2.º del art. 641 de aquella ley, ésta y la conciencia del funcionario quedarán satisfechas cuando en el sumario se hayan agotado todos los recursos que la razón y el buen sentido (de éste no pueden des- prenderse los Jueces, porque sirve de aviso para discu- rrir con acierto), digan de consumo: «ya no es posible la práctica de nuevas actuaciones útiles; se han llevado al sumario cuantas impone la ley judicial.» Y sobre ellas el funcionario, ejerciendo el deber de crítico judicial, que es la disciplina de lo cierto y la manera de adquirir certi-