El Foro español (Madrid. 1898) (1906-03-20 00:00:00), página 3

los casos de tutela, que no son, por cierto, los más adecuados para un ensayo (si en tal concepto quiere implantarse en España el Consejo de familia, que en rigor pudiera haberse encargado de otros de menor importancia); pero aun reconociéndolo así, no carece en absoluto de justificación el proceder de nuestros legisladores, teniendo sobre todo en cuenta las dificultades con que tropieza el establecimiento de un Tribunal familiar con distintas atribuciones de sus similares en el extranjero. Tratándose de una nación en que aún, aparte de cierta invencible inclinación á lo tradicional y antiguo, ese Tribunal habría de mirarse con cierto recelo por ser completamente desconocido, exceptuando si acaso en algún pequeño rincón de las montañas aragonesas, y sea cualquiera la importancia que hayan tenido ciertos preceptos del Fuero Juzgo ó el Fuero Real.

Dícese, sí, que en Roma, en cuya legislación tanto se ha inspirado la nuestra, no sólo existían ya Tribunales familiares en los tiempos fabulosos, sino que en otros muchos más modernos presidía el marido un Tribunal para juzgar á su cónyuge; pero, aparte de lo inseguro de tales afirmaciones, notoria es su escasa importancia, pues sabido es que en Roma, como en casi todos los pueblos de la antigüedad, la Justicia penal tenía un carácter esencialmente privado, como es indispensable en la cuna de las sociedades, donde el Estado se confunde con la ciudad y aun con la familia.

Por lo demás, aun en Francia misma, la tierra clásica del Consejo de familia, si bien interviene éste en algunos asuntos más de los que en España son de su incumbencia, con creces queda compensada esta pequeña diferencia, con la ventaja que al principio hemos dicho tenía, en cuanto al carácter de dicho Consejo, la legislación española. En resumen: no debemos, en justicia, quejarnos en esta parte del Código.

Lo que sucede es que la familia española atraviesa hoy una verdadera crisis por el carácter de indisolubilidad del matrimonio, que, como casi única excepción en Europa, se mantiene y se mantendrá aún quizás por mucho tiempo en nuestras leyes; cualidad que, sin ofender ninguna clase de convicciones religiosas ó morales, que muy de veras respetamos, y aun sin discurrir siquiera sus ventajas ó inconvenientes, no está muy en armonía con las costumbres sociales, ni con la educación y condiciones de la mujer moderna (que sin aumentar el caudal de sus conocimientos en ciertas clases sociales, á lo menos reemplazó, por desgracia, los de Religión, Moral y Economía doméstica, por otros muy ligeros del francés y de la música, con cuatro cosas poco prácticas de Geografía ó Literatura), ni aun con el resto de nuestra legislación, influida en parte ya por ideas que no han alcanzado á influir en toda ella. Por eso es preciso que el Consejo de familia restablezca en cierto modo esa armonía, moderando en el seno de la familia la rigidez de ciertos principios que sin moderación serían quizás pronto inaplicables. Por esta razón creemos es en España más urgente y necesaria que en otros países la amplitud de atribuciones del Consejo; y por eso, á pesar de las alabanzas que nos mereció, tenemos el atrevimiento de considerarlo aún notoriamente deficiente.

Leandro de Saralegui y Amado,
Licenciado en Derecho y Ciencias.
(Continuará.)

DE LA CONDENA DE COSTAS EN PRIMERA INSTANCIA

Una de las cuestiones de carácter secundario, pero en realidad de bastante interés general, es la imposición de las costas en primera instancia en todos los asuntos civiles, ya que ella por sí sola da lugar muchas veces á largos debates y aun á repetidas apelaciones, por la más ó menos acertada interpretación de las disposiciones legales que fijan el verdadero criterio jurídico que debe tenerse presente al hacer el pronunciamiento sobre las costas.

No tratamos de inferir la menor ofensa á cuantos, por razón de sus cargos, se ven obligados á solicitar ó á imponer las costas á tal ó á cual parte; nuestro deseo es comentar las disposiciones y jurisprudencia que deben tenerse presentes para hacer expresa condena de costas, punto que consideramos de capital interés, dada la confusión que hemos tenido ocasión de observar sobre el modo de interpretar aquéllas, confusión que siempre ha de redundar en notorio perjuicio de los litigantes, unas veces por tener que pagar sumas que legalmente no deben; otras veces por verse obligados á sostener una apelación que les hace perder tiempo y dinero, sin necesidad alguna.

Las costas son un castigo que la ley impone á la temeridad de los litigantes, y, por consiguiente, es preciso ante todo puntualizar en qué consiste la temeridad.

Según la opinión de sabios jurisconsultos, hay temeridad cuando cualquiera de las partes se opone á las pretensiones de la contraria, negando todos los hechos de la demanda, si es demandado, ó redactando aquélla con notoria inexactitud, si es actor. Esto es: la negativa de hechos ciertos, injustificada, con intención manifiesta de hacer fracasar el derecho de la parte contraria, en el demandado; la inexactitud de hechos consignados en la demanda, con el solo fin de apoderarse de un derecho que legalmente no le corresponde, en el actor.