El Foro español (Madrid. 1898) (1906-01-30 00:00:00), página 9

condena para el desempeño de todo cargo. Y como delitos ó faltas lo son únicamente, según el artículo 1.º del mencionado Código, las acciones ú omisiones voluntarias penadas por la ley; y como la ley no reconoce capacidad al penado para el desempeño de cargos, de aquí que yo entienda es notorio el error que han padecido los Tribunales en estos hechos.

En segundo término, demuestra de un modo que no deja lugar á duda éste por mí sostenido error, el art. 9.º del Real decreto de fecha 12 de Marzo de 1903, creando la Guardia penitenciaria; pues según él, los celadores-penados serán sustituidos por la prestigiosa persona del guardián, no permitiéndose que en lo sucesivo los que cumplan condena desempeñen cargos que impliquen funciones administrativas ó disciplinarias. Es decir, que el guardián, empleado que tiene que reunir especiales condiciones, como carecer de antecedentes penales, ser de buena conducta moral, etc., es el que sustituirá á los celadores en los establecimientos en que aún existen esos sostenidos agentes de la autoridad.

Pues bien, ni aun el guardián el Reglamento para sus servicios, de 11 de Noviembre de 1904, le reconoce el carácter de autoridad ó de agente de la misma del orden común, y por tanto, nunca las disposiciones del Ministerio de Gracia y Justicia pudieron reconocérselo á la indigna persona del penado-celador, incapacitado por la ley para el desempeño de todo cargo.

En efecto, dice el art. 9.º de este Reglamento: «En el cumplimiento de sus funciones el guardián debe ser siempre prestigiado, exigiéndose que los penados lo consideren en toda ocasión, y castigándose reglamentariamente, no tan sólo las ofensas de palabra ó obra que se les puedan inferir, sino la más mínima manifestación desdénosa en palabras, gestos y actitudes. La Dirección del establecimiento procederá á imponer el correctivo por esas faltas.»

Luego los Tribunales ordinarios no deben conocer de los hechos que califican de atentado, como tales atentados, pues claro resulta el carácter especialísimo del guardián, y más especial aún el del celador-penado; el de las faltas, hasta ahora consideradas como delitos de atentado; el de los correctivos, y no menos especial, por último, el de la autoridad que los impone reglamentariamente.

Las disposiciones vigentes en la materia niegan, pues, terminantemente, capacidad al penado para el desempeño de cargos del interior del establecimiento. Y como el art. 9.º del Reglamento citado determina bien claramente el carácter de los empleados de los establecimientos penales, que llama guardianes, á los que considera de un orden especial, dado que las ofensas, no sólo las de palabra, sino que hasta las de obra las califica de faltas, encomendando su corrección reglamentaria á la Dirección del establecimiento, es indudable, indiscutible, que con arreglo á ellas no tiene, hoy al menos, el guardián, y con mayor razón el indigno penado-celador, el carácter de agente de la autoridad del orden común, como los Tribunales vienen sosteniendo, erróneamente á mi juicio; pues si lo hubieran, esas faltas que llama el Reglamento serían constitutivas de los delitos definidos y penados en los capítulos IV y V, título III, libro II del Código penal común, y no autorizaría en modo alguno á la Dirección del establecimiento para la imposición de los correctivos reglamentarios, los que vienen simultáneándose con las graves penas impuestas por los Tribunales ordinarios, siendo así que de un mismo hecho no pueden conocer dos jurisdicciones á la vez, y menos imponérsele al culpable dos correctivos por las mismas.

Por tanto, los Tribunales ordinarios entienden son competentes para conocer de los delitos comunes, aun cuando se cometan en el interior del establecimiento, pero no para conocer de las faltas contra el régimen interior del establecimiento penal, que es lo único que supone el delito de atentado apreciado por los Tribunales ordinarios en los delitos de lesiones, cuyo conocimiento les ha correspondido.

Lo que hoy, vez primera en mi vida que me siento escritor, permítome el honor de sostener en las columnas de esta Revista, oípome el no menor de sostenerlo ante la Sala 1.ª de la Audiencia provincial de esta Corte, en una causa en que yo tuve intervención como defensor de unos procesados; ante la cual mis teorías no han sentado bien, pues la sentencia recaída condenó á mis patrocinados por el delito complejo de atentado y lesiones, si bien apreciando en su favor los requisitos 1.º y 3.º de la circunstancia eximente 4.ª del Código penal, que la defensa alegaba, dejándome, por tanto, campo abierto para interponer el recurso de casación por infracción de ley, que ante el Tribunal Supremo me ha cabido el alto honor de sostener. Mas como alegaba tres motivos de casación, á dos de los cuales se adhirió el Fiscal, el Tribunal se limitó á examinar en la sentencia el primero, que fué suficiente para que casara y anulara la sentencia recurrida absolvendo á los recurrentes; y por tanto, no puedo manifestar, y lo lamento, la impresión que ante él pudieron causar la teoría equivocada, acaso, por mí sostenida con gran empeño.

Al dar á la publicidad este insignificante trabajo, muéveme únicamente el deseo de que pueda llegar á conocimiento de los funcionarios que han de entender en la petición de indulto que á nombre de un penado por la Audiencia de Toledo el que suscribe tiene solicitado, para que si dicha petición la estimaran justa, haganla extensiva á todos los muchos desgraciados que por el mismo hecho están