El Foro español (Madrid. 1898) (1907-03-11 00:00:00), página 5

que seguirá dando lugar el texto de ambos artículos, en no pocos casos particulares.

En cuanto á la reincidencia y tratándose como se trata de una falta, quedan en pie las dificultades que para su averiguación dejamos apuntadas al tratar de las faltas de hurto. Verdad es que, las mismas, existían antes de la reforma, para apercibir tal reincidencia; pero no es menos cierto el que antes de aquella, la reincidencia era sólo una circunstancia agravante que, como cualquiera otra, podía ser apreciada «conforme al prudente arbitrio de los Tribunales» según el art. 620, y que hoy deja de ser tal circunstancia, para convertirse expresamente en razón cualitativa de necesaria apreciación, sin que se den al Juzgador los medios prácticos de averiguarla.

Queda también sin ocular, á pesar de la reforma de este artículo, y sin más aclaración que la preexistente y nada eficaz, hecha en el inciso 2º del artículo 625 del Código penal, la eterna cuestión del castigo gubernativo de las intrusiones profesionales, no bien definidas á pesar de las Reales órdenes, Reales decretos y sentencias sobre el particular, que por fin declararon toda competencia á favor de los Tribunales judiciales, en tales materias, y para entender de ella conforme á las prescripciones del Código penal.

Sobre ésto, cuya solución no era tampoco propia de un Código sustantivo, no cabe dudar; pero quedando los gobernadores de provincia facultados para castigar las intrusiones (con independencia de la facultad de los Tribunales) para amonestar á los que por primera vez se intrusen y para multar á los que apesar de la amonestación reincidan, pasando en tal caso el tanto de culpa á los Tribunales, no creemos de todo punto oportuno advertir, que las faltas (y delitos) de esta clase, son penables de oficio aunque se cometan por primera vez y que la reincidencia no consiste en la persistencia, en la intrusión á pesar de las amonestaciones de la autoridad provincial, sino en haber sido penado el autor con anterioridad, en sentencia firme y ejecutoria, por otra falta de la misma naturaleza. (1)

Y dejamos por hoy estas que, tal vez parezcan mínimas lucubraciones y que procuraremos terminar en breve, conforme nos hemos propuesto.

Arévalo 22 de Febrero de 1907.

SABESTANI

(Se continuará.)

BOLETÍN DE LA SEMANA

LEGISLACIÓN

FOMENTO.—Real orden de 22 de Febrero de 1907, apro- bando las instrucciones reglamentarias para el servicio de contadores de agua (Gaceta del 23).

GRACIA Y JUSTICIA.—Real orden de 28 de Febrero de 1907, dejando sin efecto la de 27 de Agosto último, por lo que se dispone no se exija á los que pretendan contraer matrimonio civil, declaración alguna relativa á la religión que profesen y disponiendo que en los desacuerdos que puedan surgir entre las Autoridades civiles y eclesiásticas sobre opción entre ambas formas de matrimonio, entrega de documentos á otras incidencias de asuntos tales, sean oídos los Fiscales de S. M. para que en la vía que cada vez corresponda promueva la aplicación de las disposiciones vigentes. (Gaceta de 1º de Marzo).

—Real orden de 4 de Marzo de 1907, determinando las cantidades que deben percibir los Jueces de 1.ª instancia y sus similares, en concepto de dietas por comisiones del servicio. (Gaceta del 7.)—Parte dispositiva:
«S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que la escala establecida en la Real orden circular de 8 de Julio de 1895 se entienda rectificada, en lo que á dichos funcionarios se refiere, en la siguiente forma:

Dos terceras partes del haber líquido de un día correspondiente á los sueldos de:
5.750 pesetas, asignado á los Jueces de término, Tenientes fiscales de Audiencia provincial y Abogados fiscales de Audiencia territorial. ............. 10.65.
4.750 pesetas, asignado á los Jueces de ascenso y Abogados fiscales de Audiencia provincial. .......... 8.79.
4.250 pesetas, asignado á los Jueces de entrada y Secretarios de Audiencia provincial. ............... 7.87.»

Para el Ministro de Gracia y Justicia

FIANZAS DE LOS PROCURADORES

Estamos conformes con el siguiente artículo que copiamos de nuestro colega «Gaceta de Tribunales»:
«Por muchas que quieran ser las razones que se presenten por los que consideran al Procurador como un intermediario inútil, frente á ellas existe una que hace siempre provechosa su intervención, y es la de que se constituye en pagador legal, tanto de la minuta del Letrado como de los derechos de los Auxiliares sujetos á Arancel, y por tanto, la justicia marcha rápida y segura sin tener que preocuparse de la solvencia ó mala fe del litigante que acude ante el Tribunal.

El Abogado está por su profesión por cima de esas minucias que lleva siempre consigo la provisión de fondos; por esa razón aun cuando en lo contencioso-administrativo la representación mediante Procurador es postatoria, es raro ver que los Abogados hagan sus veces en asuntos de importancia, lo cual, demostrativamente bien evidente es de su necesidad ante los Tribunales. Consecuencia de ser el pagador forzoso que la ley le impone al Procurador, es el derecho que la misma le otorga para pedir la provisión de fondos y para reclamar mediante juramento el pago de los gastos suplidos á su poderdante.

Mas puede ocurrir que el Procurador no exija provisión de fondos y el litigante le resulte insolvente. Esta falta de precaución no puede perjudicar á los con el Procurador ligado, y para evitar esos y otros motivos de falta de pago, la ley ha impuesto á dicho cargo la obligación de prestar garantía mediante la constitución de un depósito en metálico ó signo que lo represente que esté en relación con la importancia del car-