El Foro español (Madrid. 1898) (1907-04-30 00:00:00), página 11

bien mercedido, á los que por el Tribunal más alto de la Nación han sido declarados oficialmente con aptitud para ocupar los Juzgados vacantes, que á los que, recién salidos de las aulas universitarias y sin haber hecho ninguna oposición, intenten acudir por primera vez á las que se convoquen en lo sucesivo.

ANTONIO PEREZ LOPEZ.
Abogado.
Olula del Río (Almería) 11 de Abril de 1907.

TRIBUNALES

NOTAS DE LA DECENA

Una cuestión de apreciación de prueba de importancia ha resuelto pocos días há, la Sala tercera del Tribunal Supremo.

En 1891, el Ayuntamiento de San Andrés de Achiverría (Vizcaya), acordó suspender á su secretario.

Confirmado el acuerdo por el Gobernador y propuesta la destitución por la Comisión Provincial, se instruyó causa por malversación de caudales, la que terminó en 1893 con sobreseimiento libre.

Basado en este auto, el Secretario pide y obtiene del Ministerio de Gobernación ser repuesto y no contento con la Real orden de 21 de Junio de 1895 que así lo acordaba, solicita que el Ayuntamiento le abone los haberes devengados durante el período de suspensión (9 años).

Opuesto el Ayuntamiento á tal pretensión, la Comisión Provincial dio la razón el Secretario en acuerdo de 15 de Marzo de 1901.

En 20 de Marzo—y ya aquí empieza la cuestión del día, como se dice en los apuntamientos—se comunica el acuerdo al Ayuntamiento y éste en 25 de Junio interpone recurso contencioso ante el Tribunal Provincial, contra el referido acuerdo.

A la demanda se acompaña el oficio de comunicación fecha 20 de Marzo, respaldado con una diligencia extendida por el Secretario interino en la que se hacía constar fué entregado en 27 del mismo mes: la autorización de la Diputación para recurrir; certificación del acta de sesión tomada el acuerdo y el informe de dos letrados sobre procedencia del recurso (El Ayuntamiento es menor de 4.000 habitantes).

A esta demanda, se oponen el Abogado del Estado y el coadyuvante, alegando dos excepciones: prescripción y defecto legal en la forma de la demanda, excepciones que son estimadas por el Tribunal Provincial de Vizcaya y de cuyo fallo apeló el Ayuntamiento ante el Tribunal Supremo.

Opuestos ante éstas el Fiscal y el coadyuvante, apoyando dichas excepciones, esgrimieron como argumentos para la primera, que según un acta notarial presentada en el período de prueba, el oficio de 20 de Marzo había sido entregado el día 22 en manos del propio alcalde, y así lo testificaban varios vecinos, cuyas declaraciones eran el objeto del acta y para la segunda de las excepciones alegadas el no acompañarse el dictamen de los Letrados consultados.

El competente letrado Sr. Guimon, apoya la apelación, fundándose entre otras razones de menos interés, en que las excepciones deben siempre ser bien probadas y el acta notarial no es bastante á desvirtuar la fe dada por el Secretario interino al dorso de la notificación. Que el art. 86 de la Ley municipal y núm. 4.º del art. 35 de la Ley reformada quedó cumplido por el Ayuntamiento, en cuanto acompañó el escrito de interposición la autorización para litigar, otorgada por la Diputación y acta del acuerdo de recurrir previo informe de letrados.

La Sala tercera recogiendo en sus considerandos la doctrina expuesta por el letrado del Ayuntamiento, revoca la sentencia apelada y desestimando las excepciones, ordena al Tribunal fallar el fondo del asunto.

Efectos retroactivos que puede tener la reforma del Código Penal, al definir las faltas de hurto.

Este problema, ha sido resuelto con gran amplitud de criterio por la Sección primera de la Provincial de Madrid, siendo ponente de la sentencia el subj magistrado, Sr. Ortega Morejón.

Juan Guinales es procesado por hurto inferior á 10 pesetas, habiendo sido condenado con anterioridad por cuatro delitos de hurto.

A pesar de ello su defensor D. Hilario Sanz pide la absolución estableciendo la doctrina que la Sala desarrolla en los considerandos que por su extraordinaria importancia reproducimos íntegros.

1.º Considerando: que los hechos declarados probados no son constitutivos del delito de hurto que define el número quinto del art. 531 del Código penal, porque la Ley de 3 de Enero de este año al definir como delito de hurto las sustracciones por cantidad menor de 10 pesetas, cuando los culpables hubiesen sido reincidentes de delitos de hurto ó robo ó cuando hubiesen sido condenados anteriormente dos veces por faltas contra la propiedad dejó condicionadas estas infracciones á las circunstancias de los culpables y á la vez que comprende como delitos hechos que antes no lo eran, dejan de serlo otros que lo eran y en tal concepto es evidente que la reforma del art. 531 hecha por la expresa Ley varía sustancialmente no ya el núm. quinto del mismo sino el 530, puesto que el apoderamiento de cosa mueble contra la voluntad de su dueño con ánimo de lucro exige las circunstancias de reincidencia ó doble condena por faltas contra la propiedad.

2.º Considerando que no dándose como probado si las sentencias por delitos de hurto en que fué ejecutoriamente condenado el procesado, Juan Guinales García, lo fueron por cantidad superior á 10 pesetas debe estarle á lo favorable al reo y creer en su consecuencia que lo fueron por cantidad menor de 10 pesetas, aceptando como cierto que el procesado fué ejecutoriamente condenado cuatro veces con anterioridad al 5 de Enero por delitos de hurto en cantidad menor de 10 pesetas, no debe entenderse que conste la condición de reincidencia que hace delito de hurto las infracciones del núm. 5.º del art. 531 del Código penal, porque estas infracciones por cantidad menor de 10 pesetas sin reincidencia no están ya comprendidas como