El Foro español (Madrid. 1898) (1907-06-30 00:00:00), página 4

Juez diferente por cada uno de los Juzgados municipales de Madrid.

Es preciso, pues, que la Comisión llamada á dictaminar sobre el proyecto del Gobierno, estudie detenidamente estos inconvenientes y procure evitarlos; y nada más sencillo y eficaz para tal fin, que suprimir lisa y llanamente el número 1.º del art. 3.º, con lo cual nada perderá, de fijo, la Justicia, y menos aun la Justicia municipal, cuya dignificación se pretende.

No ha estado más afortunado el ilustrado autor del Proyecto al hacer la designación de los preferidos en segundo término, para ocupar los Juzgados municipales. Ocupan el primer lugar en este segundo grupo los aspirantes á la Judicatura, respecto á los cuales doy por reproducidos los reparos que dejo hechos con respecto á los cesantes; y ocupan el lugar segundo, los opositores aprobados sin plaza en oposiciones celebradas para constituir el Cuerpo de aspirantes.

No es preciso recordar el escusísimo esfuerzo y el menor mérito que representa esa aprobación y la enormísima injusticia que supone fundar en ella la concesión de derechos tan valiosos como el de preferencia para la obtención de Juzgados municipales, que en el Proyecto se les reconoce. Obsérvese que si tal acuerdo prevalece—lo que ciertamente no es de esperar—verdian á ser de mejor condición los opositores derrotados en la provisión de las plazas del Cuerpo de aspirantes que los mismos compañeros suyos que en buena y franca lid les vencieron, y vendrá á ser ese título de derrotados—que si alguna vez corresponde á la desgracia, casi siempre le obtiene la impericia—más lucrativo y beneficioso que el de triunfador.

Y esto en manera alguna puede admitirse como justo, ni equitativo, ni conveniente. Prescindamos de convencionalismos, y reconocamos lealmente que esas aprobaciones colectivas alcanzadas en todo género de oposiciones al amparo de unas costumbres que contradice y repugna al verdadero concepto de la oposición, y que sólo han servido para falsear este medio de acreditar la aptitud científica, es una concesión de mera cortesía que los Tribunales otorgan con limitada benignidad á los opositores vencidos, que no debe en manera alguna admitirse como acreditativa de méritos dignos de estima, ni menos acreedores á lucrativas recompensas.

Ninguna objeción se me ocurre hacer á las disposiciones de los párrafos 3.º, 4.º y 5.º del artículo que vengo examinando, y paso á exponer las que á mi juicio podían establecerse, con ventaja para la justicia y para el bien público, en sustitución de las contenidas en los párrafos 1.º y 2.º que dejo impugnados.

Como primera garantía de éxito en tal empeño, comenzaré por rechazar desde luego ese criterio de uniformidad en que vienen inspirándose todas nuestras leyes, y que á mi juicio constituye la más grave tacha de todas ellas.

Obstinarase en aplicar al último villorio de España iguales disposiciones legales que á las más cultas y populosas de sus capitales, es una lamentable quimera en la que se malogran y estorblizan los mejores propósitos y las más loables iniciativas de nuestros legisladores y gobernantes; regular con igual criterio las condiciones de los Jueces municipales de Madrid y los de la última aldea ó parroquia de Galicia, es aceptar de antemano una base inicial completamente falsa y deleznable, que arrastrará al fracaso cuantas disposiciones se funden en ella.

Bien sabemos que la ley debe tener carácter general; pero esta condición de la ley no impide que en ella se tengan en cuenta las circunstancias particulares de los lugares en que ha de regir, ni obliga en manera alguna al legislador á prescindir de las exigencias de la realidad, que cuando son olvidadas en la ley, se imponen á pesar de todo, y la desprestigian.

Si aplicamos esta doctrina tan científica como práctica á la determinación de las condiciones, que deben reunir los Jueces municipales del territorio español, pronto advertiremos, que siendo como son muy diferentes las obligaciones, las facultades y las responsabilidades de esos funcionarios, según hayan de desempeñar su cargo en las capitales de provincia de gran población, en las de partido judicial ó en las demás poblaciones que no ostenten ninguna de esas categorías, deben ser también y lógicamente muy diversas las garantías que en cada uno de esos supuestos deben serles exigidas.

Tenemos, pues, como base cierta y sólida para la resolución acertada del problema plantead, la necesidad de clasificar los Juzgados municipales en los tres grupos siguientes:

1.º Juzgados municipales de las capitales de provincia de gran población.
2.º Juzgados municipales de las demás capitales de provincia y de las de partido judicial.
3.º Juzgados municipales de las demás poblaciones.

No es ciertamente necesaria ninguna alegación para justificar la racionalidad de la clasificación expuesta. Todos sabemos que los Jueces municipales vienen obligados á sustituir á los de primera instancia en ausencias, enfermedades y vacantes; todos sabemos también la gravedad y trascendencia de las funciones á éstos últimos encomendadas, gravedad y trascendencia que se multiplican en relación con la importancia y extensión de los territorios sujetos á su jurisdicción; y es, por tanto, indispensable que los llamados á ejercer esas funciones, siquiera sea transitoriamente, ofrezcan garantías de aptitud, independencia e imparcialidad, muy semejantes á las que se exigen á los que en propiedad y permanentemente las desempeñan.

De igual modo, todos sabemos que las funciones de los Jueces municipales de las poblaciones de escaso vecindario y en las que no reside el Juzgado de instrucción, son en general de escasa trascendencia y de más escasa aplicación, y consiguientemente, que su ejercicio apenas exige más requisitos que un mediano entendimiento al servicio de una buena voluntad.

Aceptados estos principios cuya impugnación considero difícil empresa, y prescindiendo de mayores amplificaciones que ni el tiempo consiente ni la materia exige, me permito proponer la modificación del art. 3.º