El Foro español (Madrid. 1898) (1906-02-28 00:00:00), página 4

la pena debe acompañar siempre al delito y como nacer de él mismo, esto es, que debe ser INELUDIBLE; y más adelante, al ocuparse de los efectos de la pena, nos dice que ha de recaer directamente sobre el agente del crimen, pues la misma pena penitenciaria es aceptable en cuanto, afectando á la persona del reo, le corrige mejor. Consecuentemente con tal doctrina, preciso es reconocer que el pago de las responsabilidades, por lo mismo que tiene carácter penal, debe hacerse por el mismo condenado. De otra manera raciocinar, nos conduce á hacer la pena eludible. A evitar esto es á lo que debe aspirarse por todos los funcionarios de la Administración de Justicia, cada uno dentro del círculo de sus funciones, porque así se santifica el cargo.

Pero discurrámos con lógica. ¿Se quiere admitir, violentando para ello algún tanto la ley, el pago hecho por un tercero? Si; pues entonces hay que equipararle al condenado; es decir, que lo que no se permite á éste, que es alterar el orden del artículo 49, tampoco debe consentirse al tercero, pues de lo contrario, resultaría éste de mejor condición que aquél, lo cual sería un absurdo.

En la Administración de Justicia nada hay que sea incorrecto y anormal; por el contrario, todo su organismo y resoluciones se mueven al unísono movimiento de la más estricta igualdad, dentro de los mismos preceptos y condiciones. Y no existiendo, como no existe, precepto alguno que expresamente favorezca al tercero de que venimos hablando, no hay por qué concederle ese privilegio para pagar sólo aquello que lleva tras de sí la prisión subsidiaria. Esto es claro y no necesita demostración.

Y si el orden penal pasamos al civil, una vez más quedará demostrada la firmeza y pureza de nuestras afirmaciones. El art. 1.092 del Código civil establece una línea divisoria entre las obligaciones civiles que nacen de los delitos y las que nacen de los contratos, y dice de una manera clara que las que nazcan de los delitos se regirán por las disposiciones del Código penal. Pretender aclarar el concepto, y alcance de este artículo, sería tarea inútil, dada la pureza y sencillez de su expresión; siendo preciso reconocer que tales palabras no pueden decir otra cosa que negar en absoluto la aplicación de las disposiciones del orden civil referentes á la extinción de las obligaciones, cuando se trate de la extinción de la responsabilidad penal, perfectamente definida en el Código de este orden.

De lo expuesto pueden deducirse las conclusiones siguientes:

Primera, que el orden señalado en el art. 49 no puede ni debe alterarse bajo ningún concepto ni pretexto.

Segunda, que el pago de las responsabilidades que nacen de la comisión de un delito, es propio y exclusivo del condenado.

Tercera, que en la hipótesis de admitirse en beneficio de éste la consignación hecha por un tercero, debe sujetarse siempre al orden establecido en el art. 49, porque no hay razón ni fundamento para aplicar al procesado un artículo y falsearle con el 3.º y 4.º, que carecen de aplicación para estos casos las disposiciones del Código civil, dado el precepto del art. 1.092, y por consiguiente, amoldar á ellos los preceptos de aquel cuerpo legal resultarán siempre impertinentes e inútiles.

J. ALONSO.

BOLETIN DE LA SEMANA

LEGISLACION

GRACIA Y JUSTICIA.—Real decreto de 5 de Febrero de 1906 restableciendo las disposiciones que sobre ascensos de los funcionarios de las carreras judicial y fiscal contiene el de 22 de Diciembre de 1902.—(Gaceta del 7 de Enero.)

Parte dispositiva:
«Artículo 1.º Se restablecen en todo su vigor las disposiciones que sobre ascensos de los funcionarios de las carreras judicial y fiscal contiene el Real decreto de 22 de Diciembre de 1902. En su consecuencia, las vacantes correspondientes á las categorías desde Magistrado de Audiencia territorial de fuera de Madrid á Juez de ascenso, ambas inclusive, se proveerán: la primera y segunda, en los funcionarios de la categoría inferior inmediata que, no habiendo renunciado previamente y por escrito su derecho al ascenso, ocupen el primer lugar en los escalafones respectivos. El Gobierno no hará uso de la facultad que le confiere el párrafo 8.º del art. 44 de la ley adicional á la orgánica del Poder judicial. La tercera y cuarta, en la forma prevista en el art. 8.º del Real decreto de 24 de Septiembre de 1889, que dispone que «para cubrir las vacantes cuya provisión corresponda al turno tercero», en las categorías á que se refieren los artículos 41 al 45, inclusive, de la ley adicional á la orgánica, se nombrará á los funcionarios de la clase inmediatamente inferior que, reuniendo las condiciones exigidas por la legislación vigente para el ascenso, cuenten el mayor número de años de servicio en la carrera y no tengan nota alguna desfavorable en su expediente personal. Sólo se respetará el derecho que para los cesantes y excedentes determinan los artículos 2.º y 18, extensivo además á los Secretarios de Sala de Gobierno de las Audiencias que con anterioridad á la publicación