El Foro español (Madrid. 1898) (1906-06-30 00:00:00), página 3

la doctrina establecida por la Dirección del ramo, no puede contratarse sobre bienes correspondientes al matrimonio, ó á cualquiera de los cónyuges, una vez disuelta la sociedad conyugal, hasta que se practique la liquidación de ésta.

Al recurrir el redactor ante la Dirección de los Registros, manifestó en el oportuno escrito que no había encontrado resolución alguna del indicado Centro que estableciese la doctrina á que añude la Presidencia; antes bien, que existían otras resoluciones, como las de 24 de Abril de 1885, 30 de Junio de 1887, 15 de Junio y 30 de Diciembre de 1892 y 4 de Enero de 1893, que establecen que la disolución de la sociedad conyugal no modifica la capacidad del adquirente para disponer de los bienes adquiridos durante el matrimonio á título gratuito, ni implica la necesidad de que se le adjudiquen previa liquidación de tal sociedad, etc.

La Dirección, con vista de los fundamentos expuestos por el Notario, declaró inscribible la escritura, estableciendo la doctrina de que puede sub-hipotecarse una hipoteca legal bastantes años después de disuelto el matrimonio que la originó.

No hay duda de que, tanto el Presidente como el Registrador, estaban en lo cierto en el terreno del derecho constituyente: sin la liquidación del haber consorcial del primer matrimonio de Doña A, no era fácil calificar con el debido acierto la eficacia de su crédito hipotecario; porque podía haber sucedido muy bien, máxime si se atiende al lapso de tiempo que transcurrió desde la constitución de la hipoteca legal hasta que la misma se sub-hipoteca, de que Doña A estuviera reintegrada por completo del crédito cuestionado, y por una de esas desdías, por uno de esos abandones tan incomprendibles, pero frecuentes, no se hubiera cancelado el gravamen. El asiento de inscripción constituía entonces un estado de derecho falso, con arreglo á la legislación común, aunque válido para terceros, conforme á la ley Hipotecaria.

Pero vengamos á las hipótesis, y donde digo hipótesis, léase experiencia, realidad de la vida.

Los herederos de Don B, voy á suponer los tenía, se enteran de la sub-hipoteca de Doña A, y como á ésta se le reintegró de su haber, según documento fehaciente que obra en poder de ellos, la invitan á que cancele el gravamen, y si se niega á verificarlo, el pleito es inevitable; ó bien, esos mismos herederos, aunque Doña A no esté pagada de tal crédito, deducen el oportuno juicio para que se declare prescripta la acción real hipotecaria; y si la sentencia es favorable, cual suele serlo en la mayoría de estos casos, por referirse el asunto á hechos que por lo regular nadie impugna, á menos que se pruebe la interrupción del tiempo necesario para que prescriba la mencionada acción, el Juzgado no tiene más remedio que decretar la cancelación soli-
citada, y, por tanto, la sub-hipoteca queda anulada ipso jure.

Y en tal caso, las consecuencias para el prestamista Don D son fatales, si la Doña A carece de otros bienes con qué asegurarle la cantidad recibida del mismo.

Ciento que en el último supuesto la Doña A reclamará su aportación á los herederos del Don B; pero la índole misma de la tesis nos lleva como por la mano al punto de donde se debía haber partido, ó sea, á la liquidación de la sociedad conyugal, la que, tarde ó temprano, tiene que practicarse indefectiblemente.

Por eso esta liquidación previa la considero tan esencial, que sin ella juzgo un semillero de litigios, un plantel abundante de sinsabores y disgustos toda testamentaria y sus incidencias, no sólo para el cónyuge sobreviviente y los herederos del prematuro, sino también para terceros interesados.

Conozco de dos abintestatos que se sustancian entre hermanos de distintos matrimonios, en los que se han promovido varios incidentes, así en las piezas principales como en las de administración; y son tan grandes las suspicacias, odios y enconos que han suscitado entre ellos esos juicios, que no me extrañará que el mejor día vengan á las manos. Y todo, ¿por qué? pues por no haber practicado sus padres las correspondientes liquidaciones, y á su tiempo, los hijos, la división y adjudicación del acervo común en legal forma. Hicieron las cosas sin formalidad alguna, se repartieron los bienes particularmente, á la buena de Dios, sin otorgar ningún documento ni satisfacer á la Hacienda su adeudo, y las consecuencias no pueden ser otras.

Y lo peor es que en el Código civil no he encontrado disposición alguna que prescriba, de una manera terminante, como requisito sine qua, la liquidación de la sociedad consorcial, sobre todo si son objeto de contrato, por parte del cónyuge viudo, los bienes matrimoniales, y con más motivo si contrae segundas nupcias.

Al contrario, he visto un artículo, el 1.431, que admite toda clase de pruebas, en defecto de inventarios, para practicar la liquidación de los bienes gananciales de dos ó más matrimonios contraídos por una misma persona, al objeto de determinar el capital de cada sociedad. Y aunque los comentaristas dicen que es punto menos que imposible se dé el caso á que se contrae este artículo, ya han ocurrido varios y complicados, con todas sus dolorosas secuelas (1)

En una tercería de mejor derecho en que intervino, disté sentencia, que confirmó la Superioridad, en uno de cuyos considerandos sintetizé los obs-

(1) Véase el núm. 10 de la Revista de Tribunales, del año 1996, pág. 152.