El Foro español (Madrid. 1898) (1906-07-10 00:00:00), página 10

Tribunal allegará los datos e informes que estime convenientes para proceder con acierto, y decidirá verdad sabida y buena fe guardada.

Art. 5.º Los individuos privados de la facultad de litigar, al tenor de los artículos precedentes, no podrán hacer gestiones de ninguna clase ante las autoridades judiciales, y no se les permitirá el examen de los expedientes que cursan en los Juzgados ó Tribunales. Podrán, empero, gestionar en causa criminal propia. Para las causas civiles en que tengan interés, deberán servirse de apoderado.

Art. 6.º Los individuos privados de la facultad de litigar que contravengan á la prohibición, ó que de cualquier modo intervengan en los procesos indirectamente dirigiendo ó aconsejando á las partes, sufrirán la pena de dos meses á un año de arresto. En la misma pena incurrirán los que se presen- tan á que con su firma litiguen individuos inhabilitados.

Art. 7.º Los cargos de partido y arbitro en causas en que tengan interés personal bajo potestad ajena, no podrán ser conferidos sino á individuos que tengan título de Doctor en Derecho, expedido por una Facultad ó Instituto respectable, ó que sean notoriamente competentes y abonados por haber sido Profesores de Derecho, Magistrados por más de tres años, ó Jueces ó Abogados de honorable reputación por más de cinco años.

Dado en Coburgo (Fusagasugá), á 5 de Octubre de 1908.
E. Reyes.—El Ministro de Instrucción pública, Carlos Cuervo Márquez.

TRIBUNALES

NOTAS DE LA DECENA

El Tribunal Supremo ha fijado en luminosa doctrina el alcance e interpretación del art. 28 de la ley Hipotecaria en relación con el art. 1.524 del Código civil.

Tratábese de ejercer el derecho de retracto entre colindantes.

La finca objeto del litigio fué comprada por don José Rodríguez, presentando el título adquisitivo en el Registro de la propiedad en 9 de Diciembre de 1897.

Dos días después, ó sea el 11, se inscribía la finca, y el 20 de Diciembre D. Francisco Cabrera, colindante, presentaba la demanda de retracto.

La cuestión, pues, que había de ventilar el Supremo la planteara el recurrente defendido por el distinguido Letrado Sr. Alvarez Mon, alegando—entre otros varios—como motivo de casación, la infracción de los artículos 1.524 y 28 del Código civil y ley Hipotecaria, pues sostenía que si el primero preceptúa el plazo de nueve días, contados desde la inscripción en el Registro, este plazo, en virtud del segundo precepto citado, necesariamente había de contarse á partir desde la fecha del asien- to de presentación, toda vez que ésta se considera como fecha de inscripción para todos los efectos.

El Tribunal Supremo rechaza esta teoría, estableciendo como doctrina:

1.º Que el art. 1.524 de Código civil modificó los artículos 1.618 á 20 de la Ley procesal en cuanto se hallen en contradicción.

2.º Que el art. 28 de la ley Hipotecaria sólo puede retrotraer los efectos de la inscripción á la fecha de la presentación á los efectos de garantía y defensa de un tercero, pero en modo alguno tratándose de otros derechos regulados con absoluta independencia de las disposiciones hipotecarias.

3.º Que el asiento de presentación no produce efectos definitivos, siendo necesario tomar como punto de partida el hecho de la inscripción que catégóricamente exige el art. 1.524 del Código civil.

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No es posible ocuparse ni hablar de otra causa que de la conocida con el nombre del... «millón de El Cantinero».

Este proceso, que se ha desarrollado en once sesiones, y siendo doble la última, ha sido para unos «el parte de los montes», para otros la afirmación real de la eficacia del Jurado, fallando con resolución y valentía, según su conciencia, la causa que les tocó en suerte.

Cronista de Tribunales, no he de dar mi opinión; tan sólo creo que el veredicto ha respondido á la expectación con que era aguardado.

Once sesiones y la última doble, doce procesados, trece abogados, millón y pico de reales sustraídos, cartas, telegramas y letras falsificadas y cinco años de duración del proceso.

El desarrollo de los debates, fecundo en incidentes. Los procesados niegan todos su participación, excepto Eugenio Fernández, que confiesa haber recibido el dinero en Avila, por encargo de un ex-Inspector de Policía ya fallecido.

Prueba testifical importante, escasa: el ex-Teniente Robles, espoleado por amarguras de la vida, inculpa á María Reyna, y ésta sostiene sus posiciones en careo que tomó el aspecto de implacable duelo; el perjudicado, que en su primera declaración desembre un nuevo sistema de contabilidad, provocando el regocijo del auditorio.

La pericial inculpa al Eugenio Fernández como autor de la firma falsa del recibo, á Lorenzo Díaz del telegrama de San Sebastián, y establece la posibilidad de que Mariano Conde fuese autor de la falsificación de la letra de cambio, asegurando lo es de las cartas asimismo falsificadas.

La modificación de conclusiones aclara todos los bancos: del banquillo salen Terán y Calzado por retirada de acusación, hecho descartado en cuanto al primero desde la otra vista, suspendida para dar lugar á la información suplementaria.