El Foro español (Madrid. 1898) (1907-11-11 00:00:00), página 2

de concepto, una precisión de términos, un rigor filológico que defiendan la aquella, mediante la previsión anticipada del legislador contra toda sutileza posterior que surja al ser aplicada. Y vamos á demostrar que en eso de la responsabilidad civil, la ley de Enjuiciamiento no ha pecado de prevacuada, sino de poco previsora, y aun de obscura e incomprensible.

El tít. IX del lib. II de la ley de Enjuiciamiento criminal sanciona, como es sabido, la manera de asegurar la responsabilidad civil del procesado, á más de otras responsabilidades que por las costas hayan de serle exigidas, si resultare criminalmente responsable. Ese tít. IX es, por tanto, la forma ritual de dar efectividad á los arts. 18 y núm. 1.º del 49 del Código penal.

Y claro es, la propia ley procesal, que en ese lugar se ocupa de la responsabilidad civil del acusado, venía obligada á decir cómo y en qué forma se habrían de hacer viables en el juicio criminal las responsabilidades civiles de los terceros. A ello se dedica el tít. X. Desde luego se observa que tal responsabilidad de terceros no puede, como la directa de los procesados, asegurarse de oficio por el Juez embargando, ó exigiendo, caso contrario, fianza, sino que el auto ha de ser necesariamente requerido á instancia del actor civil. Que el Fiscal no es jamás actor civil, es indudable; y en el tecnicismo procesal, ese nombre se reserva á quien ejercita la acción privada en demanda de la restitución, reparación ó indemnización, no al Fiscal que debe ser designado por sus propias funciones. Lo que ocurrió al redactar la ley de 1882 es que se copió á la letra el texto de la de 1872, en cuya dicha ley, y según el art. 11, como las acciones civiles sólo se ejercitaban por los Fiscales cuan lo el Estado era el ofendido, resultaba que el Ministerio público era entonces el Abogado particular, el actor civil de una parte. Hoy debió decirse, en armonía con el procedimiento acusatorio que informa nuestro Derecho, que las diligencias prévias de aseguramiento de las repetidas responsabilidades, debían acordarse á solicitud del Fiscal ó del actor civil, si le hubiere, porque á nadie se le ocurriría pensar que el Ministerio público es en los procesos, y dada la conjunción de las acciones penal y civil, un actor particular, ni se acorta á comprender por qué el Juez de oficio puede asegurar la efectividad de las responsabilidades del procesado por los daños del delito, y sea preciso solicitud del Fiscal, que también por su oficio viene obligado, al parecer á reclamar contra terceros para que en el proceso se garanticen tales responsabilidades.

Y es que el tít. X de nuestra vigente ley procesal es un semillero de dudas y vacilaciones, y no responde á un fin racional y científico.

Aparte de que la intervención del Ministerio público en los sumarios es hoy nominal, y por ello no será posible pedir en su oportunidad el aseguramiento de que habla el art. 615 de la ley de Enjuiciamiento, ni formular, ni resolver en pieza separada el incidente, ocurre preguntar: ¿puede el Fiscal al formular sus conclusiones provisionales, fijar la responsabilidad civil de terceros, sin haber en el sumario deducido su solicitud, siendo oído el responsable y recibidas las pruebas encaminadas á demostrar la ausencia de toda culpa jurídica, base de la responsabilidad civil de los terceros? Que el Juez instructor posee facultades resolutivas, siquiera sea de modo provisional, es innegable, que el incidente se promueve en la instrucción es asimismo cierto; y que los autos dictados no son ejecutorios, lo dicen los arts. 618, y 619 620 de la repetida ley; y que las partes podrán reproducir sus pretensiones en el trámite de los arts. 650, 651 y 652, lo consigna por modo expreso el art. 620. Y como reproducir es alegar de nuevo lo ya antes alegado, parece que cuando en el sumario no se ha pedido por el actor civil, ya cuidadosamente distinguido del Fiscal en los citados artículos, la incoación de la pieza separada sobre responsabilidad civil de terceros, el Ministerio público no debía en sus conclusiones reclamar sobre ese extremo puesto que sí tiene, como parte, facultad de reproducir anteriores solicitudes, no las posee para formular un incidente no tramitado en su oportunidad.

Nosotros no nos atrevemos á consignar nuestra opinión, aunque sí creemos inadmisible la de aquellos que entienden que únicamente el actor civil y no el Fiscal, es quien debe pedir el aseguramiento en el sumario de las responsabilidades civiles de los terceros. Si lo mismo el título IX que el X del lib. II de la ley de Enjuiciamiento criminal, tienen por objeto asegurar las responsabilidades de los procesados el uno, y de los terceros el otro; si tratándose de estos últimos ha de formarse un incidente, se han de recibir pruebas, y de resolver provisionalmente, ¿cómo no ha de tener en ello intervención el Fiscal? ¿Cómo ha de privarse á su Ministerio de intervenir el aseguramiento de su acción civil...? Búsquese la razón de lo ordenado en la ley en la impremeditada traslación de los mandatos de la ley de 1872, que no reconocía en el Ministerio público facultades para ejercitar en los procesos acciones civiles á nombre de los particulares, y se comprenderá el silencio de todo aquello que no incumbe al actor civil.

Y esperemos entre tanto que lejanas, pero necesarias reformas, acierten á fijar con claridad los trámites procesales relativos al ejercicio de las acciones civiles contra terceros no responsables criminalmente, y cuya responsabilidad surge de la imprudencia ó negligencia, exentas del dolo, que integra el delito, y aun de la mera culpa jurídica que cae también bajo la sanción del Código penal, puesto que aquella nace de omisiones voluntarias que, según el art. 1302 de nuestro Código civil, son materia de obligaciones.

P. GONZÁLEZ DEL ALBA.
Presidente de la Sala de la Audiencia de Madrid.

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