El Foro español (Madrid. 1898) (1907-10-21 00:00:00), página 3

lo son civilmente en relación con el acusado del delito de modo principal ó subsidiario (artículo 19 en relación con los números 1.º, 2.º y 3.º, artículo 8.º, ambos del Código penal), toda vez que, decretada la exención de los presuntos culpables, si bien desaparece la responsabilidad criminal, queda subsistente la civil de modo subsidiario en cuanto á los guardadores legales de los exentos, y aun contra estos mismos de manera directa en los casos previstos en la ley.—3.º Los que sin actos de cooperación delincuente participan lucrativamente de los efectos del delito, ó poseen la cosa que haya de ser restituida, salvo los beneficios de la reivindicación y el derecho de repetir contra quien corresponda (artículo 121 y siguientes del Código).—4.º Las personas en cuyo favor se hubiese preavido el mal, en el caso de exención previsto en el núm. 7.º del artículo 8.º del Código, y el Estado, la Provincia ó el Municipio siempre que en dicho caso de exención el daño se hubiese causado con el asentimiento de la autoridad ó de sus legítimos representantes.—5.º Los dueños de establecimientos de hospedajes ó de otra clase, las empresas y el Estado, en cuanto á las indemnizaciones civiles que correspondan por los delitos cometidos en sus dependencias, siempre que hubiere habido infracción de reglamentos; y en caso de ser responsable el Estado, que no limiten ó impidan esa responsabilidad las leyes especiales administrativas.—6.º Los dueños de casas de huéspedes respecto á la restitución de los efectos robados ó hurtados en la forma previnida por el artículo 20 del Código penal.—7.º Los amos, maestros, personas ó empresas dedicadas á cualquier género de industria, por delitos en que incurran sus criados, discípulos ó dependientes, en el desempeño de su servicio ó obligaciones, y no por cualquiera otra especie de delitos. (Sentencia del Tribunal Supremo de 2 de Diciembre de 1878.)—8.º Los herederos y causahabientes de los que por el ministerio de la ley son responsables civil ó criminalmente (art. 125 del Código.)

En cuanto á las personas á quienes las leyes atribuyen el ejercicio de la acción civil, enumeramos las siguientes: 1.º El Estado, á quien hoy representan los individuos del cuerpo de Abogados, que han reemplazado al Ministerio público en el ejercicio de esas acciones.—2.º El Ministerio fiscal á nombre de los intereses sociales, cuyos funcionarios habrán de ejercitar en los procesos la acción civil, salvo el caso de renuncia expresa del ofendido ó damnificado.—3.º El ofendido por el delito, bien directa ó bien indirectamente, que podrá deducir la acción referida, ya ante los tribunales del orden civil, con la limitación en este último supuesto establecida en el artículo 111 de la ley de Enjuiciamiento criminal.

Por último, conviene recordar en la materia: 1.º Que para que sea exigible la responsabilidad civil en sus diversos aspectos, es preciso que haya sentencia condenatoria del presunto culpable (sentencia del 24 de Febrero de 1873); pues caso de absolución no procede tal responsabilidad (sentencia de 3 de Enero de 1877); sin que en nada contrarie esa doctrina la reserva que pudiese hacer el Tribunal de lo criminal á la parte actora (sentencia de 10 de Mayo de 1879).—2.º Que ejercitada la acción penal en la causa, no es posible proponer un pleito sobre indemnización de perjuicios, sin quebrantar los efectos y el alcance de la cosa juzgada (sentencia de la Sala de lo civil del Tribunal Supremo de 23 de Febrero de 1839).—3.º Que la prisión sustitutoria, cuando haya lugar á la responsabilidad civil en los casos en que procede por la exención de la criminal del presunto reo, no se extiende á la persona del subsidiariamente obligado, caso de insolencia, por que el art. 50 del Código penal no habla más que de los acusados contra quienes hubiere recaído sentencia, y no de los subsidiariamente responsables; y 4.º Que las acciones civiles que surgen de los delitos se extinguieren por la renuncia expresa, por la cosa juzgada y por la prescripción, debiendo estudiarse en el asunto, á más de las disposiciones de la ley de Enjuiciamiento criminal, lo prevenido en el cap. II, tít. XVI, libro 4.º y capítulo III, tít. XVIII del propio libro del Código civil vigente.

P. GONZÁLEZ DEL ALBA.
Presidente de Sala de la Audiencia de Madrid

Los testigos y los Jueces.

I

Sobre este punto publiqué hace muchos meses varios artículos en nuestra simpática Revista El Foro Español. Ahora me permite continuar el estudio de tan importante materia, previa la venia del Sr. Barrio y Moruyta y perdón del lector.

En el plano donde alcanza ó puede alcanzar la imputabilidad de los actos de carácter criminal, que empieza afirmando la posibilidad lógica de la intervención de una persona en el delito, hasta la existencia de evidentes motivos para atribuirle la comisión de hechos castigados en el Código, se ofrecen en escala ascendente, una serie de suposiciones, datos y motivos que deciden el criterio de la presunta responsabilidad, fundado todo en el natural valor de las actuaciones ya practicadas, que dan margen á la citación, detención, procesamiento, prisión ó libertad del inculpado. Cada uno de esos momentos del proceso, requiere una resolución fundada, que si ha de ser, además, justa, requiere el examen detenido de las diligencias que se aportaron al proceso, entre ellas como más frecuentes, las declaraciones de testigos que acaso exijan nuevas y urgentes citaciones. Teniendo en cuenta la situación legal en que se encuentre la persona á quien se impute el delito, así será mayor ó menor la necesidad de citar á los testigos con brevedad. De esta pauta no puede el Juez salir y á ella debe someter su trabajo.

Descartados los deberes del Juez en punto tan importante y supuestas la oportunidad y urgencia de sus resoluciones, necesita la prestación de auxilio de los funcionarios encargados de cumplirlas con la efí-