El Foro español (Madrid. 1898) (1907-11-30 00:00:00), página 3

Anticipándole las gracias quedan de V. afectuosos compañeros. q. s. m. e..
Manuel Cobo Canalejas.—Fulgencio Muzas.—Angel Angulo.—Joaquín Ferrer.—Guillermo P. Herrerro.—Juan García Inés.—Galo Suárez Coronas.—Federico González del Rivero.—F. Grases Vidal.—Antonio Aguilar.

Las informaciones de posesión y las actas notariales.

Hace bastantes años que los títulos supletorios del dominio son la cabeza de turco en que se ensayan muchos aspirantes á legisladores. Perdido el respeto á la memoria de los ilustres juríscultos que redactaron la Ley Hipotecaria ya no se limitan los reformistas á pedir que se mejore ó complete su obra, corrigiendo las deficiencias denunciadas por la práctica; aspiran á algo más radical, á demoler la obra legislativa de 1861, sustituyéndola por un sistema caprichoso que prescinde de los buenos principios jurídicos y hasta de los dictados de la justicia, y no tiene otro norte ó guía que el de aumentar los medios económicos de una clase de funcionarios, dignos sin duda de consideración, pero no en mayor grado que otros servidores del Estado.

Con el pretexto de que los Escribanos y Secretarios judiciales hacen con las informaciones competencia á los Notarios, se pretende desnaturalizar este título supletorio.—que es un verdadero juicio—y se trata de que el hecho civil de la posesión se justifique por medio de acta notarial. Así lo solicitan del Ministro de Gracia y Justicia los Notarios del Colegio de Zaragoza en instancia reciente que aparece en una Revista profesional.

La pretensión no es nueva. Ya llegó años atrás á las Cortes, motivando dos dictámenes favorables que no llegaron á discutirse. La instancia de los Notarios aludidos pone la cuestión sobre el tapete, y nos invita á estudiarla.

Elevémonos pues á las regiones del derecho constituyente y preguntémonos: ¿Debe la posesión continuar justificándose por medio de expediente judicial ó debe permitirse su justificación por medio de acta notarial? Nuestra opinión sincera, formada después de nueve años de práctica como Registrador, es que debe continuar el sistema vigente con algunas reformas de detalle. ¡Indicaremos brevemente las razones en que nos fundamos, examinando al propio tiempo la que alegan los reformistas.

La posesión como hecho jurídico no será nunca materia propia de un acta notarial porque las actas de esta clase tienen por objeto consignar los hechos y circunstancias que presenten los Notarios, y el hecho de la posesión no lo presenta este funcionario, que se limita á oír las manifestaciones del poseedor y de los testigos. Si el hecho que se consigna en el acta no fué presentado por el Notario, limitándose éste á dar fe de las declaraciones de los testigos, el documento que se otorgue no es más que un acta de referencia, análoga á las que se autorizan en época de elecciones y que tan poco crédito han merecido siempre.

El hecho posesorio, aunque aparezca sencillo en muchos casos, es en otros muy complejo, y exige interrogar envidiosamente á los testigos acerca de las circunstancias indicadoras de la posesión á título de dueño. De ahí la solemnidad de la audiencia pública, la intervención del Ministerio Fiscal y de otras personas que con arreglo á la Ley deben ser citadas, y como resultado de todo un auto judicial en el que se resume y concreta el juicio formado acerca de la posesión. Las actuaciones en que se acredita la posesión constituyen en conjunto un verdadero juicio y este nombre le dan los autores de la ley Hipotecaria en la notable exposición de motivos que aparece al frente de la misma.

No se diga que en la práctica tales solemnidades quedan reducidas á algo más sencillo que el acta notarial patrocinada por el proyecto, porque hasta que cualquier interesado reclame su observancia para que su cumplimiento sea inclinable. Y como las formalidades legales son garantía de los derechos, el acta notarial no puede inspirar, hablando en términos generales, la misma confianza que el expediente judicial.

Básquese enhorabuena toda la sencillez imaginable en la justificación del hecho posesorio, pero no se supriman los trámites indispensables del juicio, no se sustraiga el asunto al conocimiento de la autoridad judicial encargada de custodiar los derechos civiles, y no se dificulte la interposición de los recursos que puedan enmendar dentro de la vía gubernativa los errores que se hayan cometido en un auto poco meditado de aprobación.

La legislación vigente ofrece todas las garantías al par que facilidades para el público. Si se exceptúa la certificación gubernativa, cuya obtención es en muchos casos difícil y en otros imposible por el estado de los amillaramientos, (1) el poseedor no necesita salir del pueblo de su domicilio para ultimar el expediente. Si prospera el nuevo proyecto, el interesado tiene que acudir á tres Oficinas distintas situadas muchas veces en pueblos diferentes: al Registro para obtener la certificación de estar ó no inscritas las fincas; al Ayuntamiento para conseguir la certificación del amillaramiento; y á la Notaría para que se extienda el acta de posesión. Y apenas de un procedimiento tan molesto—en el que no debe pasar desapercibida la obligatoria citación de los propietarios colindantes—eltercerlo perjudicado por la inscripción que se pretende sólo puede oponerse á ella promoviendo un juicio declarativo, mientras que hoy puede formular su oposición dentro del mismo expediente con arreglo al artículo 327 del Reglamento.

Puede pues afirmarse que entre el procedimiento vigente, sencillo, racional y lógico y el proyectado por los reformadores hay la misma diferencia que entre los insignes autores de la Ley Hipotecaria y los nuevos Licurgos que redactaron el dictamen de la Comisión del Senado.

¡Y en apoyo de obra tan descabellada invocan los

(1) De la certificación gubernativa no se han preocupado los Notarios, pero si el proyecto llegase á ser ley, ya verían cuántas informaciones iniciadas fracasarían irremisiblemente por imposibilidad de obtener aquel documento,