El Foro español (Madrid. 1898) (1906-01-30 00:00:00), página 8

COMENTARIO

Nada envalentoná más al hombre que la ignorancia, y ella fué la única que hizo al que suscribe sostener ante los Tribunales, y hoy en esta Revista, que los Celadores de los establecimientos penitenciarios no pueden en modo alguno ser considerados como agentes de la autoridad del orden común, según hasta hoy vienen considerándoseles, á los efectos de castigar como atentado las agresiones de que puedan ser objeto por parte de sus compañeros de corrección.

Notorio es, á mi juicio, el error jurídico padecido repetidas veces por los Tribunales de justicia al dar tal carácter de agente de la autoridad del orden común al celador, pues en modo alguno puede reconocerse este carácter, como no se infrinjan los preceptos de la ley penal común que incapacitan al penado, durante el tiempo de su condena, para el desempeño de todo cargo, reñíndose indudablemente, de un modo especial, á todos los que hagan revestir á la persona del sagrado carácter de autoridad ó de agente de la misma, pues de ello es indigno el penado, no sólo durante el tiempo de la condena, sino también después.

Pero no sólo de reconocer este carácter al celador se sigue, á mi juicio, la infracción de la ley común, sino que también las sentencias de los Tribunales que lo reconocen, vienen á admitir el quebrantamiento de la sentencia que condenó al penado que desempeña el cargo de celador, á cumplir la condena en el establecimiento penal en que lo ejerce; pues esta sentencia, como todas, incapacita al penado durante el tiempo de su condena para el desempeño de todo cargo. ¿Y qué supone el carácter de autoridad ó de agente de la misma del orden común, sino el ejercicio de un cargo público, para cuyo ejercicio está incapacitado el penado, por lo menos, durante el tiempo de su condena?

Si el celador pudiera ser considerado con arreglo á la ley como agente de la autoridad del orden común, tendrían en todos los establecimientos penales la misma capacidad los penados para el desempeño de ese cargo, siendo así que, por disposiciones especiales del Ministerio de Gracia y Justicia, y no de ley alguna, en algunos establecimientos se ha establecido, afortunadamente, la Guardia penitenciaria creada por el Real decreto de 12 de Marzo de 1903, y prohibido terminantemente que los penados puedan desempeñar cargos que impliquen funciones administrativas ó disciplinarias.

El celador es, en opinión del que suscribe, un agente de la autoridad, pero de un orden especial; tan especial, como que esos agentes y lo mismo sus subordinados están privados de libertad; están buscando su corrección, que hasta el cumplimiento de la condena la ley no le supone; están, por último, incapacitados por la ley y por la sentencia condenatoria, unos y otros, para el desempeño de todo cargo.

Por ello entiendo que, con arreglo á las disposiciones reglamentarias de ese orden especial, deben castigarse los hechos punibles, en cuanto á lo que supongan únicamente ataques al régimen interior del establecimiento penal, como es lo que suponen los delitos de atentado apreciados por los Tribunales de justicia, con notorio error jurídico, á mi entender, en los delitos de lesiones cometidos en el interior de los establecimientos, los que son de su exclusiva competencia como delitos comunes.

Prueba de lo que sostengo es que los autores de esos delitos son castigados, ó lo fueron al menos los que yo conozco, reglamentariamente á varios días de celda de castigo en el establecimiento por la Dirección del mismo, y viene en su consecuencia á resultar que esos desgraciados han sufrido y vienen sufriendo dos castigos: uno el reglamentariamente impuesto por la Dirección del establecimiento penal, por lo que se refiere á la falta contra el régimen interior del mismo, y otro el impuesto por los Tribunales ordinarios por estimar que el delito de lesiones cometido en la indigna persona de un penado que desempeña el cargo de celador, es constitutivo también del atentado definido y penado en el Código penal común, cual si el penado-celador fuera una autoridad ó agente de la misma del orden común, únicos á los que nuestro Código debe y puede referirse, si se quiere que no contradiga las disposiciones del mismo, que incapacitan al penado durante el tiempo de su condena para el desempeño de todo cargo.

En su consecuencia, el Código penal no puede, á mi juicio, penar como atentado el delito de lesiones cometido en la persona por él incapacitada para poder ser vestida del sagrado carácter de autoridad ó de agente de la misma del orden común, pues ese carácter necesariamente supone el ejercicio de un cargo público.

Demuestra el notorio error que sostengo, de los Tribunales de justicia en este punto, el Real decreto de 12 de Marzo de 1903, creando la Guardia penitenciaria, y el Reglamento provisional para la misma de 11 de Noviembre de 1904.

Lo demuestra, en primer término, porque desde el momento en que por Reales decretos ó por Reales órdenes se imponen reformas en la materia, es porque en ley alguna nada se había establecido sobre la capacidad del penado para el desempeño de cargos que les imprimirían el carácter de autoridad ó de agente de la misma del orden común, carácter indispensable que supone el delito de atentado definido y penado en el Código penal, el que á su vez incapacita al penado durante el tiempo de su