El Foro español (Madrid. 1898) (1906-02-28 00:00:00), página 3

EL ARTICULO 49 DEL CODIGO PENAL

Sencilla y clara es la redacción de este artículo y no creíamos que pudiera dar lugar á dudas; pero como quiera que ha llegado á conocimiento nuestro el deseo, por parte de algún interesado, de hacer que se aplique ese artículo en sentido nada conforme con el espíritu ni la letra del mismo, nos obliga á ocuparnos de él para demostrar su recta interpretación y las consecuencias que en otro caso pudieran resultar en contra del fin de la pena.

Nada hay que decir cuando el procesado es solvente y tiene bienes para pagar la multa. Pero cuando el procesado no los tiene suficientes para satisfacer los cinco números del artículo, ¿puede alterarse el orden que señala éste al hacer la consignación? En otros términos, ¿puede aplicarse la cantidad importe insuficiente de las responsabilidades, para sólo aquellos números que llevan sobre sí la prisión subsidiaria, ó deberá guardarse el orden riguroso que establece ese artículo? Las leyes se han escrito para su observancia y á nadie le es permitido alterar el significado de las palabras. Por esa razón, al emplear ese artículo la frase «por el orden», quiere decir claramente que en su aplicación hay que sujetarse á la numeración en él establecida, sin que se pueda alterar por ningún concepto, ni bajo el fútil pretexto de ser otra persona la que pague, según más adelante demostraremos.

Diferentes frases suelen emplear nuestros Códigos para señalar la diversidad de casos que quieren prever y comprenden dentro de un artículo, tales como las «siguientes reglas» en los «siguientes casos», etc., etc., y si en éstos es lícito alternar en su numeración, en cambio no lo es cuando la ley señala numéricamente y con toda claridad el orden que se ha de seguir. A ningún funcionario se le habrá ocurrido seguramente alterar el orden de gravedad de las penas (art. 89 del Código penal), ni trasladar el orden de los Jueces y Tribunales para conocer de las causas por delitos conexos (artículo 18 de la ley de Enjuiciamiento criminal), ni vulnerar los órdenes señalados en los artículos 97, 151, 705, 819 y 821 de dicha ley, ni confundir los del señalado en los artículos 353, 639, 730 y 1.447 de la ley de Enjuiciamiento civil; ni nadie se habrá atrevido á quebrantar caprichosamente el orden preceptuado en los artículos 144, 887, 956 y 1.921 del Código civil, ni en los 580 y 611 del Código de Comercio; y si estos artículos exigen una observación metódica y estricta, no hay motivo para hacer de peor condición al art. 49 que venimos estudiando.

Este artículo, pues, puede decirse que es de los que no necesitan aclaración. El conocimiento del valor gramatical de las palabras es suficiente para producir una interpretación recta y acertada. Sin embargo, hay una Real orden que todavía viene en apoyo de nuestra aseveración, y es la de 17 de Junio de 1879, que preceptúa que cuando los bienes del penado no sean bastantes para cubrir todas las responsabilidades pecuniarias que se les impongan, se satisfarán con arreglo y entera sujeción á lo dispuesto en el art. 49 del Código. ¿Puede pedirse más claridad? Creemos que no.

Pero se quiere eludir el cumplimiento de este precepto, y se acude á una estratagema que no creemos que haya funcionario que la pueda aceptar. Se dice, el penado no tiene bienes, pero tiene un amigo que quiere impedir que sufra la prisión subsidiaria, y con pagar las cantidades todas, menos la cuarta, queda cumplida la sentencia. ¿Puede ser esto? No, de ninguna manera.

En primer lugar la ley no distingue estos dos casos, y no es lícito distinguir al que la aplica, y mucho menos en una forma que viene á quitar á la pena el requisito más principal, cual es que sea personal. Pero hay más: la ley no consiente, ni puede consentir, que un tercero venga á cumplir una pena por otro, y lo único que tolera es que se pague por el condenado, sin pedir explicación de la procedencia del importe de la responsabilidad. Y hasta tal punto ésta es la teoría verdad, que puede sostenerse con firmeza que la consignación no debe admitirse á nombre de un tercero, por la sencilla razón de que se trata de una pena, y ésta siempre es puramente personal. Al menos, en pureza de doctrina, ésta debiera ser la doctrina sentada. Que el amigo quiera favorecer al condenado, enhorabuena; pero que al hacerlo no intente perjudicar á nadie; que pague todas las responsabilidades del art. 49, y queda extinguida la pena; pero admitir que por aquel medio quede incumplida una sentencia, consentir que se burle la acción de la Justicia por ese juego de cubiletes, y autorizar que se conculquen derechos sagrados, cuales son los comprendidos bajo el núm. 4º, eso no se puede esperar de quien sea amante de la Justicia, ni los Colegios de Escribanos deben pasar en silencio y sin protesta que, bajo aquel aspecto, se escamoteen los derechos de los Colegiados.

No creemos que haya nadie que, en buenos principios de derecho, se atreva á sostener que la circunstancia de ser un tercero quien pretenda pagar, autoriza para alterar el orden establecido en el artículo 49; pero si lo hubiera, tendría que ser lógico y admitir la sustitución de las personas en las demás penas, lo cual altera el carácter esencial de éstas sin restaurar el derecho, perturbado por la comisión del delito.

Decía un eminente autor de Derecho penal (1) que

(1) Silvela.