El Foro español (Madrid. 1898) (1907-10-31 00:00:00), página 2

la responsabilidad civil del culpable, ó de terceros responsables tan sólo civilmente. Y hay quien, llevando la teoría á un límite casi ideal, opina que, caso de insolvencia, el Estado debiera responder de esa clase de indemnizaciones.

Frente á esa escuela, oponen otros tratadistas, que los Tribunales de lo criminal no tienen en buenos principios, otra competencia que la encaminada á conocer del delito, determinando la persona ó personas responsables, é imponiendo la represión personal correspondiente siendo lo relativo á indemnización ó reparación materia propiamente civil, encomendada, por tanto, á Tribunales de orden bien distinto. Concézase—dicen—enhorabuena la restitución, que al fin, si se encuentra en poder del culpable la cosa ajena, ésta viene á ser verdadero cuerpo del delito; pero, ¿cómo resolver con competencia perfecta sobre reivindicaciones, indemnización, y menos sobre actos imputables á terceros, no criminalmente responsables...?

Y, á decir verdad, la esencia de estas últimas teorías se aceptó en nuestro Derecho al publicarse la ley de Enjuiciamiento criminal de 1872. Subsistió, es verdad, el art. 18 del Código penal; pero el ejercicio de la acción civil por el Ministerio fiscal venía en los procesos limitado al caso de ser damnificado el Estado (art. 11 de dicha ley), por lo cual, en las sentencias no debía resolverse acerca de tal extremo, si no hubiese sido debidamente reclamada la indemnización civil (art. 88). Cierto es que la jurisprudencia del Tribunal Supremo (sentencia de 20 de Junio de 1874 y 4 de Mayo de 1875), fué opuesta á esas doctrinas; pero el texto legal era claro y terminante, siquiera el de la ley de Enjuiciamiento fuese antinómico con el del Código penal de 1870.

Hoy la discordia ha desaparecido: el art. 108 es explícito y concordante con el 18 del Código penal, y la teoría de que el Fiscal, por su propio Ministerio, ha de reclamar, salvo renuncia del ofendido, el derecho de restitución, reparación é indemnización, es, á la verdad, terminante. Lo que no vacilamos en asegurar es que, admitido el procedimiento acusatorio, si el Fiscal no ejercita esa acción, los Tribunales no podrán nunca decretarla de oficio en sus sentencias, ni aumentarla en modo alguno sobre la fijada por el Fiscal, extremo que no vemos resuelto en la jurisprudencia, que se ha limitado á establecer que las cuestiones de esa índole no son motivo legal del recurso de casación. (Sentencias de 14 de Enero y 15 de Abril de 1893).

Otra tercera opinión, que á nuestro entender es la más aceptable en el terreno, por supuesto, de la teoría, es la que pudieran llamar intermedia de la que acabamos de exponer. Bien está—dicen sus partidarios—que en el proceso mismo, y sin solicitud ni gestión del ofendido, se resuelva sobre la responsabilidad criminal del acusado, y la que por restitución, indemnización ó resarcimiento á él le sea exigible; pero cuando se trata de responsabilidad de terceros, no criminalmente responsables, no es el Fiscal quien de oficio debe representar, salvo caso de incapacidad, la persona de quien en puridad reclama el cumplimiento de simples obligaciones, reguladas en el Código civil, y conforme á los preceptos en él consignados, acerca de las obligaciones nacidas del dolo ó de la simple culpa jurídica. La ley Orgánica del poder judicial ha tenido buen cuidado—añaden—de no asignar á los Fiscales la representación en juicio de las personas sui juris, y como la reclamación no es contra el acusado en juicio criminal, sino contra terceros civilmente responsables, ni el proceso parece lugar adecuado á tales discusiones, ni aun siéndolo tiene perfecta personalidad el Ministerio público.

En la segunda parte de este artículo, al exponer las conclusiones que habremos de deducir de las teorías expuestas, nos haremos cargo de esa escuela y expondremos algunas consideraciones acerca de las leyes penales positivas en la materia.

V

Sintetizando la doctrina que hemos expuesto sobre la responsabilidad civil, se aprecia desde luego que es cosa bien distinta aquella responsabilidad que es exigible al criminalmente indicado como autor, cómplice ó encubridor de un delito, y con motivo ú ocación del acto ilícito, que la que es meramente civil en su esencia jurídica, y á la cual, por virtud de principios establecidos en las de ese orden, viene obligado el sujeto del derecho no criminalmente responsable, en modo alguno ante la ley penal. La restitución, reparación del daño efectivo que la acción punible causase, y la consiguiente indemnización de los perjuicios producidos por el delito, estudiados en relación con los autores, cómplices y encubridores, ¿es por ventura, en Derecho, lo mismo que la restitución de la cosa no irrevocable, ó el resarcimiento por la participación lucrativa en los efectos del delito, exigible á persona no ligada con aquéllos en la realización del acto criminal por los vínculos de la co-delincuencia? ¿Es asimismo semejante á esa clase de responsabilidades la del tercero por los actos del menor, del loco, del dependiente, del discípulo, etc., etc.?... evidentemente no, pues aun siendo cierto que el delito, en toda la extensión jurídica de ese concepto, es lo que genera é integra tal responsabilidad civil, cuando ésta se requiere de modo directo del criminal responsable, parece como que la acción penal, desenvolviéndose dentro del proceso, responde al justo principio de que la gestión de los poderes públicos, encomendada al Fiscal, debe, no limitarse á restaurar con la pena el orden moral conturbado, sino también á hacer que el delincuente restituya lo indebidamente adquirido y repare é indemnice los daños materiales que fueron obra de su voluntad culpable. La responsabilidad civil es algo así cuando del criminalmente responsable se trata, como sombra que se proyecta, como parte de un todo que no debe fraccionarse, como la componente, en fin, de la unidad delito que á veces integra, al lado del mal moral, el daño material, tangible, efectivo y cierto. Mas la responsabilidad de los terceros en nada se asemeja á la atribuida al culpable. El título originario de ella en orden al sujeto no es, á la verdad, el delito, pues en la totalidad de los casos surge de un principio de Derecho civil, y estriba en una presunción juris ten-