El Foro español (Madrid. 1898) (1907-03-11 00:00:00), página 6

go por la naturaleza del Tribunal en donde ejerza sus funciones.

La fianza así constituida no puede responder más que á descubiertos, consecuencia del cargo y para evitar dudas, la Ley Orgánica en su art. 882 dispone que «la fianza de los procuradores responderá de las multas que se les imputiere, de las cantidades recibidas de sus clientes para gastos judiciales y de cualquiera otra responsabilidad civil, criminal ó disciplinaria que contrajeren en el ejercicio de su profesión».

Esta garantía debe ser en todo momento la misma, y, por tanto, si de la fianza se ha hecho pago de una responsabilidad de las arriba indicadas, hay necesidad de reponer las garantías ó quedar en suspensu el Procurador; de no ser así, bastaría para menoscabo de la clase que los Procuradores de mala fe no quisieran pagar minuta ninguna, se cobraran de la fianza, y ésta, por modo tan sencillo, desaparecería bien pronto.

Esta forma de liquidación parcial de la fianza y su reposición no ofrece dudas, pues en la Ley se muestra bien regulada; mas cuando aquéllas surgen en la liquidación total de las mismas, ya por muerte del procurador, bien por cesación en el cargo.

En este caso, la Ley preceptúa que se anuncie en los periódicos para que, en el término de seis meses, puedan hacerse las reclamaciones que contra el Procurador hubiese.

Pasado dicho término, se devolverá el depósito si no hubiese reclamación.

Si se reclamase justamente y en tiempo oportuno, se reintegrará á los acreedores con la parte necesaria.

La Ley parece indicar que nunca las responsabilidades del acreedor han de llegar al importe de la fianza ni mucho menos sobrepasarle, pero la realidad se encarga de demostrar el error de la Ley, y entonces no sabemos si debe existir la prioridad en el pago ó entrar á prorrateo los acreedores.

Lo que, desde luego, para nosotros es indudable, es la naturaleza que éstos deben tener; no pueden ser acreedores comunes, tienen que ser de aquellos á que la fianza responde, es decir, los clientes por anticipos hechos para gastos judiciales, y los acreedores que tengan su origen del ejercicio de la profesión, por eso la Ley exige que se reclame justamente, y el art. 882, arriba copiado específica con claridad el objeto de la fianza y el fin á que corresponde.

El mezclar acreedores ó reconocer preferencias á favor de comunes, sería ir contra el principio que informa esta materia, que exige sean pagados en primer término, y con exclusión de todo otro los acreedores por razón de la profesión, y después si quedase, sobrante entregarlo al Procurador ó sus causahabientes si no hubiera reclamaciones por deudas comunes contra la misma.

La Ley marca un plazo de seis meses para formular las reclamaciones, y no indica dentro de cuál ha de procederse al pago, por lo que siguiendo el principio general de nuestras leyes procesales, debe hacerse en el más breve posible.

En este punto no está el Tribunal Supremo muy en armonía con la Ley, pues la realidad se encarga de presentarnos casos en los cuales no se liquidan las fianzas á pesar de transcurrir años y años.

El perjuicio que á los acreedores se causa no es necesario demostrarlo y se desnaturaliza la fianza que no responde á su objeto desde el instante que queda á la discreción del superior el determinar la manera y tiempo para pagar.

Si las reclamaciones son justas y hay dinero ó valor que lo represente, páguese enseguida; si no existe bastante, ó quiere establecerse prelación, hágase, y ya sabrán los acreedores hasta dónde pueden cobrar; todo es preferible á esa parsimonia, con la cual resulta que el acreedor no puede dirigir su acción contra otros bienes que el Procurador pueda tener y en los que pudiera hacer efectivos sus derechos por no haber regulado la Ley con detalles esta materia, en la cual debe poner su atención el Tribunal Supremo y el Ministro de Gracia y Justicia para que sin necesidad de leyes ni grandes reformas, sino por Real orden, dicte disposiciones que llenen este vacío lamentable, de la misma forma, como resolvió la Real orden de 29 de Octubre de 1890, las dudas sobre la cuantía y forma de completar las fianzas.

Para el Instituto de Reformas Sociales

Ley de Accidentes del Trabajo.

Es un contrasentido lo que se observa estudiando lo que dispone el art. 4.º de la ley de 30 de Enero de 1900, en relación con el art. 11 de la misma, pues no se comprende cómo su autor pasó por alto la contradicción palmaria que existe entre ambos: se ordena en el primero de los artículos citados, que se indemnizará con una suma igual al salario de un año, diez y ocho meses y dos años al obrero que se inutilice en el trabajo, y luego el artículo 11 nos dice que para el cómputo de las obligaciones establecidas en esta ley, se entenderá por salario el que efectivamente reciba el obrero en dinero ó en otra forma descontándose los días festivos; entonces ¿para qué se dice en el art. 4.º que el obrero percibirá un año, diez y ocho meses y dos años? Admitiendo que el año tiene sesenta y cinco días festivos, resultará que el obrero que tenga derecho á percibir un año de jornal quedará reducido á nueve meses y veinticinco días, es decir, pierde dos meses y cinco días, quedando incumplido dicho artículo: en la indemnización de diez y ocho meses, pierde el obrero tres meses y ocho días, percibiendo únicamente quince meses, y en la de dos años pierde cuatro meses y diez días que suponen una suma muy respetable, pues calculando que el Patrono pague á razón de tres pesetas por día, la indemnización, ya sea por la inutilidad para el trabajo habitual, ya por la absoluta y permanente para todo trabajo ó por fallecimiento, sufre un perjuicio el obrero, de 200 pesetas en el