El Foro español (Madrid. 1898) (1907-11-21 00:00:00), página 9

mo los cometidos por las Autoridades ó funcionarios públicos en el ejercicio ó en posesión de sus cargos.

3.º Los delitos de amenazas á las personas, previstos en los art. 597 y 598 del Código penal, y los de robo con violencia ó intimidación en las personas, ó en lugar habitado, ó en el edificio público ó destinado al culto religioso, ó bien en lugar no habitado, si la cuantía de la sustracción excediere de 25 pesetas; los de hurto y estafa en cantidad mayor de 100 pesetas, ó concurrendose en aquél, sea cualquiera su cuantía, las circunstancias modificativas de los números 1.º y 2.º del art. 533 del Código penal.

4.º Los delitos de incendio y estrago no cometidos por imprudencia, y los sancionados respectivamente en las Leyes de 10 y 21 de Julio de 1904 y 23 de Marzo de 1906.

Art. 5.º Si el reo no hubiese delinquido anteriormente, y el delito cometido no fuese de los exceptuados en el artículo precedente, el Tribunal, por ministerio de la ley, acordará la suspensión de las condenas de arresto mayor ó multa:

1.º Cuando el hecho no fuese totalmente excusable de responsabilidad criminal por la inconcurrencia de todos los requisitos, siempre que se estimase el mayor número.

2.º Cuando el procesado fuese mayor de nueve y menor de quince años y hubiese obrado con discernimiento. En este caso el Tribunal acordará, respecto á la persona del condenado, los pronunciamientos previstos en el párrafo último del número 3.º del artículo 8.º del Código penal.

Art. 6.º El auto por el que acuerde la suspensión de la condena se hará saber al procesado, mandándole comparecer ante el Tribunal constituido en audiencia pública y levantando acta el Secretario, la cual deberá firmar el inculpado si supiera y pudiera hacerlo, consignándose en aquélla las advertencias que el Presidente haya de hacerle en alta voz acerca de las condiciones en que la suspensión se concede y la obligación que contrae el notificado de poner en noticia de la Autoridad los cambios de domicilio y residencia. Si el procesado fuere menor de edad, deberá comparecer acompañado de la persona que ejerza sobre él la patria potestad ó la tutela, y si no estuviese en el lugar de la residencia del Tribunal, ó no fuese fácil su asistencia, estará representado en el acto por el Ministerio fiscal.

Art. 7.º Si á la segunda citación en forma no compareciese el procesado para la diligencia expresada en el artículo anterior, y no excusase debidamente su incomparecencia, se dejará sin efecto el auto de suspensión de la condena y se procederá desde luego á su ejecución y cumplimiento, contra cuya resolución sólo se otorgará el recurso de súplica ante el propio Tribunal del juicio.

Art. 8.º Los Tribunales de lo criminal llevarán separadamente del Registro general de sentencias un libro especial de las suspendidas, en el que se hará constar la parte dispositiva del fallo, el lugar de la residencia del reo y cuantos datos sean necesarios para la debida inspección sobre el cumplimiento ó incumplimiento de la condición en que la condena suspensiva fue otorgada.

Art. 9.º La Sala sentenciadora elevará también inmediatamente al Ministerio de Gracia y Justicia testimonio del auto de suspensión, abriéndose en el Registro central de Penados una sección especial con el epígrafe de «Condenas en suspensión», y en él se anotarán éstas debidamente, haciéndose constar la circunstancia en las certificaciones que se expidan por dicho Registro. Igual testimonio remitirán los Tribunales sentenciadores al Juez Instructor del proceso, quien á su vez lo comunicará al Juez municipal de la residencia del condenado.

Art. 10. Los Jueces municipales del lugar de la residencia del reo llevarán un libro registro, bajo su directa y personal inspección, en el cual se harán constar las variaciones de domicilio y residencias de aquél.

Art. 11. El procesado en situación de condena suspensiva no podrá durante el término de la suspensión ausentarse del lugar de su residencia sin comunicarlo al Juez municipal correspondiente, á cuya autoridad dará cuenta de los cambios de domicilio, todo lo cual se hará constar en el libro registro.

Art. 12. Cuando el procesado cambie de residencia, deberá presentarse en término de tercer día al Juez municipal de su nueva residencia ó vecindad para ser inscrito en el Registro, castigándose la omisión del cumplimiento de esta obligación y de las consignadas en el presente artículo con una multa de 25 á 100 pesetas, según la gravedad de la infracción, la cual impondrá el Juez municipal, sufriendo el condenado la prisión sustitutória caso de insolencia. Contra la imposición de tales multas podrá utilizarse el recurso de alzada ante el Juez de primera instancia. Si los reos en situación de condena condicional fuesen menores de quince años de edad, serán responsables de las multas las personas en cuya potestad ó guarda legal se encuentren.

Art. 13. La suspensión de la condena durará seis años, pero si en el transcurso de ese tiempo, á contar de la fecha del auto de suspensión, delinquiere el condenado, se procederá al cumplimiento de la sentencia acumulándose la pena suspendida á la posteriormente impuesta por el orden establecido en el art. 88 del Código penal.

Transcurridos los seis años sin haber el reo delinquido, el Tribunal declarará prescripta la pena y lo comunicará al Registro central de Penados y á la Autoridad judicial de la residencia del procesado, notificando á éste tal resolución, y haciéndose en los registros del Tribunal sentenciador y Juzgado municipal las oportunas anotaciones.

Art. 14. La suspensión de las penas impuestas en las sentencias, acordada por los Tribunales en virtud de las facultades otorgadas por la presente ley, no es extensiva á las penas accesorias de suspensión de derecho de sufragio, cargo de Jurado ó otro de carácter público, de cuyos derechos quedará privado el condenado, en la manera y forma que las leyes prescriben.

Art. 15. Contra el auto en que los Tribunales sen-