El Foro español (Madrid. 1898) (1906-02-20 00:00:00), página 5

porque en cuanto al mismo se patentiza con suficiente claridad que la principal intención del prestamista, aparte la relacionada con el lucro, fué la de apremiar por este medio al deudor al cumplimiento de la obligación principal y castigar su morosidad, previendo además con esta sanción cualquier daño que por morosidad pudiera inferirse:

«Considerando que en cuanto á dicho extremo tampoco son de estimar los motivos 5.º y 6.º del recurso, porque el precepto del art. 1.178 del Código civil es inaplicable al caso en que se trata de cantidades debidas por razón de una sanción penal; porque esta misma consideración es aplicable respecto de los preceptos contenidos en los artículos 1.756, 1.895 y 1.901 del referido cuerpo legal, y porque pagado el capital é intereses de éste, por virtud del procedimiento ejecutivo, no puede sostenerse que el deudor haya dejado incumplida la obligación, siquiera lo haya sido irregularmente, por haber dado lugar á dicho juicio;
«Se revoca la sentencia recurrida.»

Ahora bien; el único considerando de la nueva sentencia, así como el fallo de la misma, son de tal importancia, completando armónicamente la doctrina sustentada, que asimismo los reproduzco íntegros, en su parte esencial:

«Considerando, además, que procede equitativamente la moderación del 28 por 100 de los intereses de los intereses, dejándolos reducidos á un 2 por 100, dado el importe extraordinario á que han ascendido las cantidades satisfechas por D. R. L. F. al cumplir irregularmente su obligación;
«Fallamos: que debemos declarar y declaramos que... el prestamista sólo está obligado á abonar alguna cantidad á... el deudor, si resultase saldo á favor de éste, después de deducidos el importe del capital de 8.000 pesetas, interés del mismo, á razón del 28 por 100, y gastos del juicio ejecutivo é interes del 2 por 100 de los intereses no abonados en la forma prevenida en el contrato; no hacemos especial condenación de costas.»

Esta nueva jurisprudencia, norma de interpretación de los preceptos del Código, pone algún dique á la usura en sus leoninos contratos, estipulados en momentos de ahorro y desesperación.

Lo que precisa, lo que urge es una ley que complete la obra y redima—como decía el Sr. Canalejas—al siervo de la usura, más desgraciado que el siervo de la gleba de los tiempos feudales.

En el Congreso hay una proposición de ley del Sr. Azcárate sobre la materia. Esa ú otra realmente eficaz, es lo que precisa y en término perentorio.

AUTO.

BOLETIN DE LA SEMANA

LEGISLACION
(Conclusión.)

Art. 4.º El Gobierno sólo podrá conceder permutas notariales cuando los interesados reúnan las circunstancias establecidas en el art. 37 del Reglamento general del Notariado, en el Real decreto de 23 de Mayo de 1904 y en la Real orden de 18 de Julio del mismo año. Dentro de estas condiciones queda subsistente la facultad discrecional del Gobierno para concederlas ó denegarlas.

Art. 5.º Se continuará llevando en la Dirección un solo libro de turnos para todas las Notarias que figuran en la demarcación, señalándose los turnos rigurosamente dentro de cada categoría por el orden fijado en el art. 3.º, y según la fecha de la vacante, que los Decanos comunicarán en su caso á la Dirección dentro de los tres días de ocurrida. La Dirección determinará el turno de las vacantes que ocurran en la misma fecha.

Los Aspirantes presentarán sus solicitudes á la Dirección dentro del plazo de veinte días, de su anuncio en la Gaceta, y en los veinte días siguientes la Dirección elevará al Gobierno la respectiva propuesta.

Las Notarias que se anuncien á cualquiera de los turnos segundo y tercero y no sean provistas por falta de Aspirantes, ó por carecer éstos de las condiciones legales, se anunciarán y proveerán siempre en el primero de oposición.

Art. 6.º Los Aspirantes al Notariado desempeñarán interinamente las Notarias que estén vacantes, conforme al art. 5.º del Reglamento del Notariado, hasta su provisión definitiva. El nombramiento se hará por la Dirección general de los Registros, y deberá recaer en el que entre los solicitantes tenga superior categoría y mejor número en el escalafón.

Art. 7.º Las Notarias, para todos los efectos legales, seguirán clasificadas en la siguiente forma:
De primera: las de capitales de provincia y poblaciones mayores de 30.000 habitantes en su término municipal, según el último censo de la población.
De segunda: las de poblaciones donde exista Juzgado de término ó de ascenso, no comprendidas en el párrafo anterior, y las demás de 10.000 habitantes, según dicho censo.
De tercera: todas las demás.

Art. 8.º En las poblaciones donde existan dos ó más Notarios se repartirá entre ellos la autorización de documentos que se refieran á actos y con-