El Foro español (Madrid. 1898) (1906-09-10 00:00:00), página 2

de los que, ejerciendo profesiones de mucho más difícil aprendizaje, más penoso ejercicio, más elevada finalidad y merecedoras de más alta consideración social, disfrutan, sin embargo, de emolumentos muy inferiores á los de un regular carpintero y nada superiores á los del último peón de albañil. Carta tenemos á la vista en que el Director de un Colegio muy anunciado en la prensa madrileña, ofrece á un Licenciado en Ciencias (exigiéndole, por supuesto, la posesión del título correspondiente), por ejercer su profesión en un extraviado lugarejo, la enorme cantidad de 25 pesetas mensuales, que después dice podrán llegar á 75 y sin cobrar los meses de verano. ¡Qué esplendidez!

Pues bien; á esos proletarios, mil veces más dignos de la protección social aunque sus quejas sean, como ya hemos dicho, menos ruidosas, olvida completamente la nueva ley, puesto que de otro modo, si al obrero manual le deja libre de todo embargo la cantidad de diez reales diarios, algo más hubiera dejado á aquéllos, no sólo porque su misión social es más elevada, sino porque imprescindiblemente tienen que hacer muchos mayores gastos de vestido y calzado, y hasta porque el ejercicio mismo de sus profesiones, resulta gravado con elevadas cuotas contributivas que no paga el obrero y que no podrán quizás comprenderse en el último párrafo del art. 2.º de la nueva ley, dada la redacción de éste, pues aunque gravan (y mucho) al individuo, no puede decirse sean gravámenes ó impuestos directos sobre el salario, ó á lo menos, esto podría dar lugar á muchas dudas y litigios.

Además, una vez decidida la reforma del artículo 1.449 de la ley de Enjuiciar, es de lamentar no se hubiera aprovechado la ocasión para eximir de toda clase de embargo, como instrumentos necesarios para el arte ó oficio, los libros y aparatos más indispensables del médico, ingeniero, profesor ó Abogado, ya que en contra de la respetable opinión del Sr. Manresa y de nuestras tradiciones jurídicas, hemos visto sostener lo contrario á un Secretario judicial Letrado, que, para vergüenza de la clase, decía no se necesitaban libros para el ejercicio de la Abogacía, por habérselo oído, según también decía, á un Procurador, que opinaba en contra del Sr. Manresa y de Alfonso el Sabio (Ley 3.ª, título X; y Ley 1.ª, título II, Partida 2.ª).

Por otra parte, como las leyes, según antiguo precepto de nuestro Derecho, no han de hacerse para casos que raramente se presenten en la práctica, sino para los comunes y corrientes, no puede olvidarse, cuando se trate de tocar á la materia de embargos y ejecuciones, que la mayoría de éstos, sobre todo cuando se hacen por pequeñas cantidades, suelen llevarse á cabo en beneficio de infames usureros ó comerciantes de mala fe, que con los intereses y clandestinidad de la usura ó la adulteración y escasa medida de los artículos han cobrado ya, multiplicado por un alto coeficiente, el importe de la deuda, que aún se supone existente.

Y estas consideraciones deberían bastar para admitir, si no en todos, en la mayoría de los casos, sin perjuicio de acatar el precepto general del artículo 1.911 de nuestro Código, un verdadero beneficio de competencia, como en rigor admite, pero solo para determinadas clases sociales, la ya citada ley de 12 de Julio y de cuya moralidad no puede dudarse, cuando las leyes canónicas, que deben ser fiel desarrollo de los más puros principios morales, lo admitieron siempre para los clérigos, como lo admitió nuestro Derecho patrio, eximiendo de todo embargo hasta cien cabezas de ganado para los criadores, y casa, armas y caballos para el caballero; siendo de advertir que aun hoy mismo existe algo en cierto modo análogo para determinadas personas jurídicas y poderosas compañías mercantiles, contra lo que no se admiten ejecuciones ó se modifica mucho la tramitación de éstas.

Claro es no pretendemos que, como se dice acaba de hacer el Sultán de Turquía perdonando á sus súbditos las deudas contraídas con particulares, ó como hicieron nuestros Reyes hasta 1834, concediendo á su arbitrio moratorias para el pago, pueda el Soberano ó el legislador hacer ilusorios legítimos derechos privados; pero de esto á que se arbitre medio de evitar vejaciones injustas y la multiplicación de casos de extrema miseria en beneficio de viles usureros y explotadores, que son, en la mayoría de los casos, los únicos beneficiados, creemos hay inmensa distancia.

Otros abusos se cometen aún á la sombra de las facultades que conceden al acreedor los artículos 1.454 y 1.455 de la ley de Enjuiciamiento civil, por entenderse en algunos Juzgados que el acreedor puede designar á su arbitrio los bienes que hayan de embargarse, prescindiendo (por lo menos en los casos que el funcionario encargado del embargo le parezcan dudosos) de las exenciones del art. 1.449 bajo su responsabilidad, muchas veces ilusoria, así como en otros se entiende la facultad de pedir ampliación del embargo en el sentido de que, acordada la retención de la parte embargable de sueldos ó pensiones, después de cobrar el ejecutado la parte libre, puede irse á su casa, y encontrando en ella dinero metálico, como dice el artículo 1.447, aunque sea el resto del mismo sueldo ó pensión, apoderarse también de ese dinero, con lo cual resultan ilusorios los escasos derechos que la ley concede al deudor.

Mucho más podríamos decir aún sobre el mismo tema, pero creemos suficiente lo ya dicho para demostrar las deficiencias de la nueva reforma, que infringe la igualdad debida ante las leyes de todo país culto, por no tratar desigualmente á personas