El Foro español (Madrid. 1898) (1907-12-11 00:00:00), página 6

El Ministro ofreció enterarse, y manifestó que esperaba, si ha habido alguna mala inteligencia ó error, corregirlo fácilmente, porque en ningún modo habrá de estar en la intención del Presidente de la Audiencia territorial de Oviedo cosa que se oponga á fines como los preconizados en la pregunta.

A nosotros nos interesa este asunto; pues si el Magistrado no puede dar conferencias, ¿puede escribir artículos en una Revista científica de Derecho?
(De la Revista de los Tribunales)

Jurisprudencia

La Audiencia de Valladolid ha declarado la nulidad de un juicio ejecutivo por haber caducado la instancia en que el actor preparó la ejecución.

Son dignos de conocer los fundamentos de la resolución:

«Considerando que las instancias ó gestiones de toda clase de juicios, se tienen por abandonadas y caduca de derecho, como principio general, si durante la instancia primera deja de gestionarse su curso, pudiendo hacerlo en el plazo de cuatro años según lo preceptúa el art. 411 de la Ley procesal civil, por lo cual, y aplicada esta doctrina á la ejecución originaria de este pleito que á instancia del Sr. C., se despachó contra el Sr. Q., declarándole á la vez confeso para ese solo efecto por auto de 13 de Enero de 1894 y dejándola paralizada el 1.º de Mayo siguiente hasta que el 9 de Octubre de 1906 se insta de nuevo á nombre del propio actor para evitar prescriba la acción, según lo indica en su escrito de la última fecha, es consecuencia lógica, el que tales actuaciones deben entenderse caducadas de derecho y á fines legales.

»Considerando que la omisión en los asuntos caducables de la providencia referida en el art. 413, declaración de la caducidad, en nada empece la existencia legal de ésta con todos sus efectos, puesto que el estado jurídico que ella define, tan sólo lo determina el transcurso del plazo en los casos no exceptuados y únicamente así se concibe si ha de entenderse subsistente de derecho, esto es, sin necesidad de declaración alguna al efecto, ó aunque se omita porque de haber querido expresar lo contrario el legislador, en vez de usar en el art. 411 la locución de «Se tendrán por abandonadas, etc.», lo que parece excluya la precisión de que se declare de hecho, hubiera empleado con más propiedad léxica, la de «Se podrán tener por abandona das, etc.», significando con ello la necesidad de la previa y potestativa declaración.

»Considerando que cualesquiera que sean las responsabilidades de orden disciplinario ó civil que á los Secretarios pueden ser exigibles por su falta en dar cuenta de las actuaciones en los casos y á los fines que indica el art. 413, tampoco puede invocarse contra la existencia legal de la caducidad, porque además de lo ya expuesto, lejos de ser ésta de derecho, sería dependiente tan sólo de la voluntad discrecional del actuario y de que cumpliera aquella obligación con más ó menos oportunidad y según acaso conviniera á la parte interesada, lo que se revela contra el espíritu de justicia y equidad que informa el precepto legislativo del repetido art. 411, en concordancia con las disposiciones análogas que contienen los 312, 408 y 411 entre otros de la ley citada, siendo de notar que la corrección disciplinaria está ya impuesta en estos autos al folio 58 vuelto.

»Considerando que tan de acuerdo con los anteriores fundamentos están los que motivaron y sirvieron de base á nuestra Ley de Enjuiciar en lo civil, incluyendo en ella el título sobre la caducidad y sus efectos que ya el Supremo en sentencia de 24 de Febrero de 1904, establece la doctrina de que dados los términos absolutos del art. 411, que no consiente la suspensión indefinida de los procedimientos, sin causa legal, una vez transcurridos los plazos de ley sin instarles ni impedimento probado para ello, deben los Tribunales declarar de oficio la caducidad aunque los litigantes soliciten de común acuerdo que se estimen los autos en suspensión por convenirse así, lo que demuestra la fuerza y eficacia que concede á la reforma aludida.

»Considerando que la caducidad afecta á todas las actuaciones no practicables de oficio y que puedan ser dañosas á terceros, con su voluntaria paralización por quien las promueve, porque se ha establecido precisamente para que en prudentes períodos de tiempo cese y no se haga indefinida, como antes ocurría, por la mala fe ó incuria de un pleiteante temerario, la situación anormal, incierta y dañosa en que colocaba al contrario deteniendo los asuntos en su curso, lo que ahora se evita ó contiene por ese medio y porque así se desprende del contesto del artículo sobre caducidad, donde con la propia alusión á diligencias judiciales las denomina juicios y pleitos en el art. 411, pleitos y autos en el 412 y autos sólo en los siguientes hasta el 416 inclusive, significando con ello la amplitud de la alusión, lo cual confirma esa misma ley al referirse indistintamente á la jurisdicción contenciosa y voluntaria con la palabra juicio, al tratar en su art. 1.º de la comparecencia en éste, lo que unido á la variedad de acepciones que en nuestra legislación ha tenido esa palabra, de que es buena prueba la Partida 3.ª, título XX, Ley 1.ª, llegando hasta significar con ella la misma jurisdicción, el fuero y la autoridad, convencen el ánimo y avalan la persuasión de que nuestra ley adjetiva no la emplea en el sentido estricto de referirla sólo á diligencias con contienda entablada, sino al más amplio de actuaciones judiciales no practicables de oficio y productoras de algún daño á terceros.

»Considerando que además lo corrobora el que mientras el artículo 411 tan repetido se refiere á toda clase de juicios para la caducidad, el 418 á su vez limita la exclusión de ella á las actuaciones para la ejecución de sentencia, quedando así fuera de tal excepción las que no pertenezcan á esa clase, en justo acatamiento á la regla de hermenéutica inclusio unitis est excludso alterius; lo que ha entendido de igual modo el Supremo Tribunal, según se desprende de la doctrina de la sentencia de 25 de Mayo de 1897, en que al declarar inaplicable la caducidad á diligencias de prevención de abintestato por el solo hecho de ser practicables de oficio y no á requerimiento de parte; se infiere lógicamente que estima susceptibles de caducidad