El Foro español (Madrid. 1898) (1907-01-30 00:00:00), página 9

y adecuado para que la efectividad de las responsabilidades pecuniarias fuera un hecho?

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Otra pregunta: ¿a quién debe otorgarse la indemnización en causas sobre muertes violentas, al cónyuge sobreviviente ó á los herederos de la víctima?

En cierto proceso sobre homicidio recayó sentencia condenatoria, fijándose en 5.000 pesetas la cantidad que debía abonarse como indemnización á los herederos del interfecto. Éste era casado, sin hijos, y no había otorgado testamento, por lo cual sus sucesores legítimos en esta región eran sus hermanos, y así lo declaró el Juzgado (Fueros 1.º y 2.º De successoribus ab-intestate, unico De rebus vinculatis y Observancia 7.ª De testamentis), dictándose en su día auto de adjudicación de bienes á favor de aquéllos, en cumplimiento de la precitada ejecutoria.

La infeliz viuda ponía el grito en el cielo, lamentándose amargamente de que no le hubiera correspondido nada en la adjudicación y que los bienes del culpable fueran á parar á manos de sus cuñados, los cuales hicieron en vida todo el mal que pudieron á su desgraciado marido. Y convengamos en que la pobre mujer se quejaba con sobrada razón.

Para evitar esos y otros inconvenientes, entiendo que la indemnización de perjuicios debe concederse siempre al cónyuge sobreviviente, si no estuviere separado del premuerto por sentencia firme de divorcio, cuya circunstancia se acreditará en el sumario, así como si deja ó no hijos ó descendientes legítimos, porque si bien éstos resultan perjudicados por el delito, quien de una manera directa sufre sus dolorosas consecuencias es el cónyuge supérstite, y así lo aconsejan de consumo la moral, el derecho y la filosofía.

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La Gaceta de ayer publicó la ley reformando el Código penal, acerca de la que se ha hablado y escrito mucho.

Por ahora sólo manifestaré que tal reforma no ha de simplificar la labor de los Juzgados, como suponen algunos, sino que, por el contrario, ha de aumentarla, pues tanto en unas lesiones como en hurto, aun cuando quedan reducidos en definitiva á la mera categoría de falta, habrá que instruir el conducente sumario.

Y se comprende que así sea por lo que respecta á las lesiones, ya que su curación es muy eventual y está subordinada á complicaciones que pueden sobrevenir, debidas á la diatasis del paciente ó á otras concausas, que sería prolijo enumerar (1), por lo que habrá que llegar en ocasiones hasta el procesamiento del inculpado, sin perjuicio de dejarlo después sin efecto si se obtiene la sanidad dentro de los quince días.

(1) Puedo citar el hecho de un casero de Azpeitia que recibió un hachazo en la cabeza, que le produjo una herida grave, por virtud de cuya calificación se procesó y prendió al agresor; empero, con gran sorpresa de todos, curó poco después de los siete días. En cambio otro individuo, convaleciente de una afeción gripal, á quien se le infirieron varias heridas de arma blanca en un brazo, de pronóstico leve, falleció á consecuencia de la gran hemorragia de sangre que tuvo, la cual determinó finestas complicaciones, dado el estado de debilidad en que se hallaba.

Por lo que hace á los hurtos, militan también razones de un orden legal indiscutible.

Véamolo: A un Juez de instrucción le denuncia A que su convecino B le ha sustraído una petaca. A la denuncia tiene que recaer la necesaria providencia; pero en ésta no se ha de acordar sólo, y ante todo, la tasación pericial de la petaca, sino también que se reciba declaración al perjudicado, que acaso tenga que suministrar datos para el avalúo de aquélla, explique el hecho, designe testigos de preexistencia, etc., y tales actuaciones no pueden llevarse á cabo sin antes ordenar la formación de sumario, pues la Fiscalía del Supremo Tribunal de Justicia tiene declarado, resolviendo una consulta de la Audiencia de Zaragoza, que una vez que se hayan comenzado á practicar diligencias, ya no se las podrá poner término sino en la forma estatuida por la ley rituaría; y como la nueva de que me ocupo no ha modificado en nada las reglas del procedimiento, de ahí que opine en el sentido que acabo de exponer.

Y lo mismo ocurrirá cuando la denuncia se produzca ante un Juez inferior.

Ahora bien: ¡se han de reclamar sin excepción los antecedentes penales del presunto culpable, cuando el valor de lo sustraído no exceda de diez pesetas al objeto de conocer de una manera fehaciente si fué ó no penado con anterioridad por delitos de robo ó hurto, ó dos veces en juicio de faltas sobre hurto!

No dudo en contestar afirmativamente, porque no en toda ocasión los denunciantes, ni aun el propio Juez, tienen noticias de la existencia de esos antecedentes, sino se reclaman á donde deban, pues en otro caso sería fácil ocurrir que se declarease el hecho falta, celebrándose el oportuno juicio, y luego resultara que el individuo castigado sufrió condena anterior por hurto ó robo, y aun cuando entonces tendría que abrirse sumario por el mismo hecho que dio margen al juicio, el cual quedaría anulado, sin embargo, conviene que esto no suceda por consideraciones que están en el ánimo de todos.

Cuando el autor del hurto no sea vecino de la capitalidad del Juzgado ó de algún pueblo del partido, y sí un mendigo que va de paso ó un vendedor ambulante, entonces con más motivo procede reclamar dichos antecedentes, porque la experiencia me ha enseñado que esos sujetos que vagan de un lado para otro, sin rumbo fijo, han tenido, ó tienen casi todos, cuentas pendientes con la justicia.

En resumen: que la reforma de ningún trabajo nos des carga; esto sin contar con las apelaciones de los juicios de faltas que llevarán sobre nosotros y los recursos de casación que se interpondrán seguramente, que todo pre dicia, como dijo el otro, y es necesario sumarlo al cargo para convencernos de la verdad de mi afirmación y del error en que se encuentran los que piensan lo contrario.

De todas suertes, aplaudimos la reforma, porque al fin integra un progreso notable para la vida jurídica del país, digan lo que quieran sus impugnadores.

ANTONIO BERGALI,
Juez de primera instancia.

14 Enero 1907.