El Foro español (Madrid. 1898) (1906-01-10 00:00:00), página 8

existentes en poder de particulares; declarando los protocolos propiedad del Estado, é imponiendo á los Notarios la obligación de conservarlos como Archiveros de los mismos y bajo su responsabilidad. Basta la mencionada ley del Notariado por sí sola para honrar la grata memoria del Ministro de Gracia y Justicia que la refrendó, Excmo. Señor D. Santiago Fernández Negrete.

El Reglamento vigente para la ejecución de dicha ley, es el de 9 de Noviembre de 1874, dado por el Poder ejecutivo de la República, refrendado por el Ministro de Gracia y Justicia de aquella época, Sr. Alonso Colmenares. Consta de 124 artículos y una disposición transitoria; precede al articulado una exposición concisa, en que se dice que el sistema de la Ley se mantiene inalterable, si bien se modifican ciertos procedimientos puramente formalistas, que se parte de las bases de dicha ley, y que el Reglamento, en resumen, no es otra cosa que una colección de preceptos de cuanto han enseñado los casos prácticos, la ciencia y el constante estudio de los medios que pueden conducir al perfeccionamiento de la institución notarial. Este Reglamento ha derogado el de 30 de Diciembre de 1862, publicado en la Gaceta de 1.º de Enero de 1863, y las demás disposiciones dictadas con posterioridad á la publicación de aquél, en cuanto se opongan á la ejecución del mismo.

Pues bien: con estos precedentes examinemos ahora los textos de los artículos 80 de la Ley y 88 de su Reglamento, que son los que se refieren á legalizaciones judiciales.

El art. 30 de la repetida ley del Notariado dice así: Las escrituras autorizadas por Notario harán fe en la provincia en que resida. Para hacerla en las demás provincias, deberá ser legalizada la firma del Notario autorizante por otros dos Notarios del mismo partido judicial, ó por el V.º B.º del Juez de primera instancia, que pondrá el sello del Juzgado. El texto es claro, tanto por su interpretación literal como por su espíritu: la Ley da el mismo valor á la legalización extrajudicial como á la judicial. Del contenido del artículo se desprende que, teniendo el mismo valor y produciendo los mismos efectos una y otra legalización, era postestativo en los interesados valerse de una u otra forma, pues no otra cosa ha querido significar el legislador al emplear en la redacción de dicho artículo la conjunción ó. No es, pues, con arreglo á la ley del Notariado, la legalización del Juez de primera instancia en los documentos notariales, una legalización subsidiaria para el caso sólo de no haber en el partido dos Notarios colegiados que legalicen dicho documento, sino una forma distinta de legalizar que tiene la misma eficacia y valor jurídico, y que, por lo tanto, hace igual fe en las demás provincias. La Ley, al emplear la conjunción ó, ha querido facilitar á los interesados el cumplimiento de dicho precepto, dejándolos en libertad de usar la forma de legalización que mejor les conviniere.

Explicado el contenido y alcance del art. 30 de la ley del Notariado, veamos lo que dice el art. 88 del citado Reglamento para la ejecución de la misma.

El texto del referido art. 88 es como sigue: Cuando con arreglo al art. 30 de la ley no existiesen en el distrito dos Notarios que legalicen, lo hará el Juez de primera instancia con su V.º B.º y el sello del Juzgado; pero además se pondrá el del Colegio á que se refiere el artículo anterior. Como se ve, este artículo discrepa en su contenido y esencia del artículo 30 de la Ley, y le modifica notablemente. Este, lejos de dejar al arbitrio de los interesados el usar cualquiera de las dos formas de legalización expresadas, sólo cuando no existiesen en el distrito dos Notarios que legalicen, lo hará el Juez de primera instancia con su V.º B.º y el sello del Juzgado. Se impone, pues, una condición para que el Juez legalice, cual es la de que no han de existir en el distrito dos Notarios que lo verifiquen. Como cada partido judicial constituye distrito de Notariado, según el art. 3.º de la Ley, es preciso para la legalización judicial, que no haya en todos los pueblos del partido los dos indispensables Notarios colegiados que legalicen. Este artículo del Reglamento se ha prestado á diversas interpretaciones, opinando algunos que la palabra distrito debe entenderse cabeza de distrito ó partido, y otros, por el contrario, ateniéndose al texto literal, dicen que distrito es todo el partido, y que éste le componen, no sólo la cabeza, sino todos los pueblos pertenecientes al mismo. Para resolver, pues, las dudas ocurridas en la práctica y armonizar los referidos textos legales, se ha publicado en la Gaceta del 25 de Noviembre próximo pasado una Real orden del Ministerio de Gracia y Justicia, fecha 28 de Octubre último, después de oída la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo y de acuerdo con lo informado por la Dirección general de los Registros civil, de la propiedad y del Notariado, y que conviene tener muy presente, no sólo los Jueces de primera instancia, sino los Notarios para su aplicación en la práctica. Dice así el contenido de dicha Real orden: S. M. el Rey (q. d. g.) ha tenido á bien disponer, que los Jueces de primera instancia deben legalizar la firma de cualquier Notario en su partido judicial, siempre que fuesen requeridos para ello y no existan en la cabeza de partido otros dos Notarios que puedan legalizarla. Esta Real orden es la vigente, la última palabra en materia de legalizaciones, que ha conciliado los opuestos textos legales de la legislación notarial antes explicados. El requerimiento de que habla esta nueva disposición legal, basta en nuestra opinión con que sea verbal por los propios interesados.