El Foro español (Madrid. 1898) (1907-02-20 00:00:00), página 3

»Al señor Decano suplico tenga por hecha en forma mi adhesión al Montepío que se trata de constituir.
»Dios guarde á V. E. muchos años.
»Madrid 8 de Febrero de 1907.

L. BARRIO Y MORAYTA.»

Muchos de mis amigos mostrarán también su adhesión al Montepío, á pesar de la falta de ambiente con que nace y de los defectos de su Reglamento. Quiera Dios que, á pesar de todo, pueda vivir, que si así no es, la culpa no será nuestra, que tanto hemos transigido y hasta tolerado, sino de quienes han impuesto su criterio por contar con la fuerza del número, de ese número compuesto generalmente de quienes no se les ve por el Colegio más que cuando son movidos por el B. L. M. de un personaje, y por los enemigos encubiertos del Montepío, que han tratado de infiltrar en él desde el principio, ponzona de muerte.

Veremos si aun en el reducido terreno á que entre aquéllos y la tacañería de la Junta del Colegio nos ha limitado podemos comunicarle vida con nuestros entusiasmos, comunicando á la vez energía para ello á aquellos compañeros que, aun queriéndolo de buena fe, como nosotros, de nosotros se han separado, seducidos por cantos de sirena.

Y á buen seguro que, de haber prosperado nuestro criterio, no hubieran hecho los del bando opuesto lo que en prueba suprema de buena fe hacemos ahora nosotros de ir á sumarnos con ellos, lo que, después de todo, nos proporcionará, cuando menos, la satisfacción de que, sobre no habernos atendido, no se nos pueda culpar por nuestro retranqueo del fracaso que pudiera sobrevenir.

L. B.

La causa de la bomba.

FUNDAMENTOS DE UN AUTO

No sólo por la importante cuestión legal que entraña, á partir del vivo interés que ha despertado en la opinión, sino por los razonamientos y premisas planteadas, que hacen en extremo curioso el problema jurídico, copiamos á continuación las conclusiones legales en que se basa el auto dictado por la Sección 4.a de nuestra Audiencia provincial, resolviendo el incidente surgido respecto á si la competencia para conocer del atentado contra SS. MM. el 31 de Mayo último corresponde al Jurado ó al Tribunal de Derecho.

Por la prensa política supimos oportunamente que la representación y defensa de Francisco Ferrer Guardia, uno de los encartados en dicho proceso, se entabló recurso de súplica contra el auto de 3 de Octubre que, al abrir el juicio oral, declaró la competencia del Tribunal de Derecho; que la propia representación y la de los demás procesados, al evacuar el trámite de calificación ó de conclusiones sostuvieron la oposición del primero, y que, citadas las partes á comparecencia, expusieron: El recurrente que, debiendo determinar la competencia la gravedad respectiva de los delitos perseguidos, era evidente que en el caso actual, más grave penalidad alcanzan los asesinatos que los delitos de regicidio en grado de frustración, y, por lo tanto, á tenor de la propia calificación fiscal, el Jurado era el competente, por estar el asesinato comprendido en su competencia, y aún aparece más claro ésto por la ley de 10 de Julio de 1894, estableciendo penalidad para los atentados en que se empleen sustancias ó aparatos explosivos: y el señor Fiscal, por el contrario, sostuvo, á su vez, la competencia del Tribunal de Derecho, ya en razón á que esta ley no hizo otra cosa que reformar el Código penal, agravando las penas en los delitos á que se refería, ya en cuanto á que dicha ley de explosivos se refiere á atentados contra las personas, y en tan genérico concepto no cabe, á su entender, que estén comprendidos los delitos cometidos contra el Monarca, ya en cuanto á que el delito de lesa majestad ni el de regicidio están incluidos en la ley de 28 de Abril de 1888, restableciendo el juicio por Jurados.

La Sección de Derecho, de la que es Presidente y Ponente en la causa el digno magistrado D. José García Romero de Tejada, resolvió lo que sigue:

Considerando que si en buenos preceptos jurídicos es sabido que á las leyes orgánica y rutinaria corresponde fijar de consumo el Tribunal ó Tribunales que, en orden de competencia, son los llamados á conocer de los hechos delictivos á los efectos de su justa y preestablecida represión, no menos cierto es que dicha competencia y procedimiento se determinan muy principalmente por el carácter, gravedad, naturaleza e índole que á los propios hechos delictivos le atribuye la ley sustantiva penal.

Considerando que esto sentado, limitando el razonar, presente al caso de autos, forzoso es convenir, que sobre el concepto que hayan merecido los hechos á la parte acusadora, que aun sobre la determinación que la ley penal común concede al delito de regicidio en grado de frustración, que hoy se persigue, de asesinatos múltiples, lesiones de diversa gravedad y número, daños de distinta cuantía, etc., producidos, está el carácter típico y substancial, con figura propia que el delito iniciado y sus conexos acusan, ó sea, de verdadero atentado anarquista cometido y perpetrado por medio de explosivo; atentado que, bajo el punto de vista repressivo, ha sido objeto singular por parte de los poderes públicos de severas leyes especiales, vigentes una, derogadas otras; en cuanto al marcado rigor que las informaba, quiso el legislador otorgarlas prudente limitación de tiempo; tales fueron la ley de 10 de Julio de 1894 y la de 2 de Septiembre de 1896, con sus Reales decretos complementarios, prorrogada en su vigencia por el Real decreto de 6 de Septiembre de 1899.

Considerando que si es visto, pues, que contra los execrables atentados de esta índole, se ha dictado y existe una ley especial encaminada, ante todo, á la defensa social, garantizando en primer término la vida de las personas amenazadas de continuo y en las sombras, procurando por modo eficazísimo la reintegración del derecho hondamente perturbado, ora agravando para ello las penas reservadas á los culpables, ora simplificando el procedimiento, ora, por último, penando hasta aquella indirecta inducción que á título de apología del crimen á