El Foro español (Madrid. 1898) (1907-08-30 00:00:00), página 7

en ellos cantidades de importancia, lo son en grado mucho mayor, aun preseñándose de que repetimos y aun preseñándose también de que interin exista la lotería nacional, podrá el legislador español tener autoridad para reglamentar el juego de azar, pero no para prohibirlo, pues nadie puede ir contra sus propios actos, forzoso es reconocer que la empresa de prohibir tales juegos (como debe hacerse una vez aceptado el principio) de un modo absoluto, es sin duda, difícilísima, cuando en todas las calles y plazas, desde la capital de la monarquía, hasta los más ignorados villorrios, en cafés, teatros, casinos, paseos y en todas partes, en fin, se juega, y se permite y autoriza el juego de azar en grandes ó en pequeñas cantidades, siendo los dos polos entre los que están comprendidos los jugadores, como lo están todas las clases sociales; los Ministros por un lado organizando Bolsas y loterías y los barquilleros, entreteniendo millares de párvulos, por el otro.

El Código, sin embargo, facilita el medio de que una jurisprudencia sensata ó inspirada en los costumbres y necesidades de la época, deslinda perfectamente los campos, pues según sus artículos 588 y 594, cometen delitos los banqueros y dueños de casas de juego, así como los jugadores que concurren á dichas casas, y sólo son responsables de una falta ó mera infracción de policía, los que en sitios ó establecimientos públicos, toman parte en juegos de azar.

Verdad es que la demasiada importancia concedida á la letra de la Ley inspiró sentencias como la de 15 de Octubre de 1880, según la cual, (dicho sea con las salvedades y el respeto debido), lo más grave, es decir, el juego escandaloso con entrada libre en el local y sin garantía ni conocimiento de las personas que en él intervienen, es simple falta, mientras que merece la consideración de delito, el que se verifica en lugar cerrado y entre personas conocidas con cierta garantía de respetabilidad y edad como individuos de sociedades permanentes organizadas con la aprobación y bajo la alta inspección de las autoridades. Ciento es esto; pero lo es también que la comparación de los artículos del Código antes citado, parece dar base suficiente para que el delito esté caracterizado por la existencia de la casa de juego y aun quizás por la de los banqueros y dueños de casas de juego.

Estos, el tipo inmoble del banquero de oficio, que mil veces hemos censurado y combatido en estas y otras Revistas, aterrados ante el espectáculo de desolación y lágrimas, que, cual nuevos Atílas, dejaban tras de sí, á su paso triunfal, seguidos del asqueroso séquito de rufianes que los escoltan, por las ya pobres y esquilmandas poblaciones gallegas, son en nuestra humilde opinión, los que deben marcar con su presencia la línea divisoria entre el delito y la simple incorrecta ó falta.

Existiendo verdaderos banqueros ó dueños de casas de juego, profesionales, no avecinados y domiciliados en el lugar donde se juega, á ninguna conciencia recta puede repugnarla la persecución y el castigo de actos, que realizados entre personas conocidas y de antiguo avecinadas en una misma población, alternando todos en las ventajas y desventajas del juego, podrá, sin duda, censurarse y reprenderse, pero no hay duda llevan en sí mismo cortapisas y garantías que forzosamente han de limitar, cuando menos, sus deplorables efectos.

Con una definición bien meditada de «banquero ó dueño de casa de juego», á los efectos del Código, comprendiendo por supuesto á los que sin salir del lugar de su residencia pudieran servir de agentes ó testaferrros de aquéllos; la supresión absoluta del art. 594; y la ampliación del delito de estafa para comprender á los que jueguen con personas conocidamente incapaces, así como en el mismo, ó en el de alzamiento ó malversación en concepto de cómplices ó coautores á los que jueguen ó hayan jugado en determinado plazo y pasando de cierta cantidad con los autores directos de los mismos, siempre que les constara manejar los intereses ajenos, no sólo se haría más que con todas las circulares y medidas gubernativas para la persecución del juego, sino que, lo que es aún más importante, se procuraría tranquilidad de conciencia y honrosa concepción á muchos funcionarios públicos, hoy quizás atados de pies y manos por mil convencionalismos y prejuicios para cumplir siempre y en todo caso noble y sinceramente sus importantes deberes que debe ser y es sin duda el mayor deseo de todo funcionario digno y honrado.

EL LICENCIADO AGUILERAS.

Ley de Justicia Municipal

Dudas y Observaciones

No pretendo hacer un estudio de los preceptos de esa ley ni tampoco aspiro á que estas notas se tomen como velados comentarios á su articulado; sólo quiero poner á la consideración de los lectores de nuestra querida Revista esos pequeños linares ó deficiencias de expresión que motivaron las observaciones y dudas que ligéramen e habré de exponer. Bien sé que todas ó la mayor parte se aclaran ó resuelven sin gran esfuerzo de inteligencia y acaso baste para ello un regular sentido práctico, pero de todos modos no puede negárseles una palmaria demostración de lo ligero con que se ha procedido en asunto de tan extraordinaria importancia.

Dice el párrafo 2.º del art. 1.º que el Tribunal Municipal ha de componerse del juez con dos adjuntos. Ahora bien, en todo tribunal ó asamblea es obligada la intervención de un Secretario. El que lo es del Juzgado ¿no ha de formar parte en la composición del Tribunal, al objeto de certificar de sus acuerdos...? indudablemente así debe suponerse y así sucederá, pero no estaba por demás que el párrafo comentado lo dijese de un modo expreso. Los nombramientos de Jueces y Fiscales municipales y sus suplentes corresponden á las salas de gobierno de las Audiencias Territoriales según el párrafo 2.º del art. 4.º y el 5.º, y aun cuando este último dispone que se harán con asistencia de los Decanos de los Colegios de Abogados y Nota-