El Foro español (Madrid. 1898) (1907-10-31 00:00:00), página 3

tum, sólo desvirtuada por la prueba contraria. El génesis de la responsabilidad civil está, en el caso de la restitución, en el teorema de que quien de buena fe recibe una cosa hurtada ó robada, que no sea de naturaleza irrevindicable, viene compelido á devolverla; y si de la reparación ó indemnización de los perjuicios se trata, en el sabio axioma de que quien por acción ó omisión no punibles causa á otro un daño, se halla en el deber jurídico de repararlo. Y por lo que hace á la responsabilidad civil subsidiaria de terceros por actos no imputables á ellos, no hay para qué recordar que en el Derecho nos obligamos por las personas, y aun por las cosas que están bajo nuestra potestad, nuestra custodia ó vigilancia y nuestro dominio, responsabilidad atribuida también al Estado como entidad capaz de derechos y obligaciones.

Mas importa mucho establecer que, mientras el criminal responsable nada que no sea su completa inculpabilidad puede alegar para eximirse de la responsabilidad civil, los terceros, civilmente responsables, tanto lo son en cuanto no demuestren que la cosa que han de restituir es irrevindicable, ó que no han llegado á percibir beneficio, en el caso del número 7.º, artículo 89 del Código penal. Y respecto al Estado, siempre en la materia subsistirá el principio de que, tanto es civilmente responsable en cuanto obre por mediación de un agente especial; pero nunca cuando el perjuicio hubiese sido causado por el funcionario á quien propiamente correspondiese la gestión que originó el perjuicio.

Estudiadas en su propia esencia las acciones criminal y civil que surgen del delito, fácilmente se comprende que la acción penal es pública; que su ejercicio viene otorgado á todos los ciudadanos, y que el Ministerio Fiscal, gestor legítimo de la recta administración de justicia, es en el procedimiento acusatorio la personalidad indiscutible que, llevando la voz viva de la ley, ha de demandar el castigo del culpable. La acción civil no es, en verdad, pública; fórmula adecuada para pedir en el juicio criminal intereses del que resulta ofendido materialmente por el delito, íntegra y significa su ejercicio la gestión privada de derechos particulares, muy distintos de los intereses morales lastimados por el delincuente. De ahí que dentro de los principios que informan el concepto de la personalidad Fiscal ante los Tribunales, y siendo una verdad que el Ministerio público no puede representar en juicio á personas sui juris, se aparta de esos buenos principios la teoría de nuestra ley, que obliga al Fiscal á demandar, en nombre del ofendido en los procesos, responsabilidades de carácter civil que, reguladas por lo dispuesto en materia de obligaciones, desaparecen por la renuncia y están á merced de la voluntad de los particulares, que de modo privativo debían ser los llamados á ejercerlo ó no su acción, fuera de los casos en que, según la ley orgánica del Poder judicial, el Ministerio fiscal está obligado á comparecer y sostener en juicios acciones civiles. Únicamente consideraciones morales de otro género, que ya hemos expuesto; la estructura misma del mecanismo procesal, en que el oficio del Juez lo era todo, y el respeto á la tradición de nuestro Derecho, explican que, al implantarse el sistema acusatorio, se haya sancionado expresamente en el art. 108 de nuestra ley de Enjuiciamiento criminal el mandato de que la acción civil y la penal hayan de entablarse en los procesos conjuntamente por el Fiscal, salvo renuncia del particular ofendido.

P. GONZÁLEZ DEL ALBA.

(Se Continuará.)

Los testigos y los Jueces.

(Continuación.)

II

El precepto legal en punto á corregir deficiencias del inferior, es terminante, y responde á los elementales principios que gobiernan la ordenación jerárquica de los Tribunales. Pero es preciso hacer uso de estas atribuciones con gran prudencia y tino, y hasta con relativa bondad dentro siempre de la gradación y ancho límite de la corrección disciplinaria, que consiste en multa desde una cantidad como mínimo hasta otra como máximo, teniendo en cuenta las faltas anteriormente cometidas, la conducta anterior del Juzgado municipal en el desempeño del cargo, la clase de la infracción y las consecuencias producidas por ella en la marcha del proceso, todo para conseguir en primer lugar la enmienda del error, después la prevención de que no se repita en lo sucesivo y por último el castigo de la infracción en la medida y cantidad que cada caso impongan. Porque si bien los juzgadores deben ser porfiados cuando dieren su juicio, como dice la ley 15, título 4.º, Partida 3.º, también deben evitar con el uso prudente de su jurisdicción disciplinaria, que non se leavante entre ellos mal boliccio, nin bandería.

Hay que administrar la justicia disciplinaria con igualdad para todos, sin odiosos privilegios, que debilitan la recta imparcialidad. Al lado de la falta procesal, la oportuna corrección, igual en calidad y proporcional en cantidad á la importancia de aquélla. Ante todo esto. Pero cuidando no traspasar los conocidos límites, porque la provisión recomienda y la experiencia aconseja que una multa á ciertos funcionarios de la justicia municipal, puede ser motivo de juicios dudosos para la seriedad é independencia del Juzgador. El Juez será, sí, porfiado, pero no ligero, á fin de evitar boliccios, ni que se le pueda tachar de amigo de bandertas.

En cada multa impuesta al Juez ó Secretario municipales, no será raro que aparezca protestando como energúmeno un cacique por derecho propio, un amigo que será sucursal del cacique ó un administrador de opulento propietario y de todos modos y entre barreras, se ocultará la figura de un político que disponga de muchos votos, y ante tal importancia un Juez es poca cosa. Lo menos mal que puede ocurrir es que a al Diputado contra ese atrevido Juez del partido. También se dan casos en que se le acusa, sin otro motivo, de enemigo y parcial. De todos modos, si pierde