El Foro español (Madrid. 1898) (1906-08-20 00:00:00), página 2

6.º Reducción á faltas mayores los delitos de poca importancia y valor.

7.º Que su presupuesto no produzca superávit á la cantidad asignada por el Estado para esta atención.

8.º Haber decoroso á sus funcionarios.

9.º Que no produzca excedencias en su personal.

10.º Que sean sus Tribunales fijos y no ambulantes.

11.º Ingreso en la carrera, previa oposición y práctica acreditada.

12.º Ascensos periódicos, por rigurosa antigüedad, en la categoría inmediata inferior.

Al primer golpe de vista intelectual aparece cierta antinomia entre los anteriores doce principios fundamentales, mas no desmayemos por ese primer efecto; con intentar cohonestarlos nada perdemos; y si no lo alcanzamos, otro podrá tener mejor fortuna; y en último caso, por lo menos demostraremos que no nos son indiferentes las reformas, á las que rendimos el tributo que nos obliga la clase á que pertenecemos, aunque sea con un pequeño átomo de nuestras iniciativas y facultades, dando señal de vida.

En semejante empresa, mucho tendremos adelantado, como piedra angular del edificio, con que se apruebe por el Senado la proposición de ley del Sr. Alonso Castrillo, reformando algunos artículos del Código penal, y ésta se aprobará como lo ha sido por el Congreso, si no se atraviesa el picaro enemigo de nuestros días.

En dicho supuesto, dividiríamos los Tribunales en cuatro clases, ó sea Municipales, de Partido, Superiores y Supremo; á su vez, los de Partido los subdividiríamos en las categorías de Entrada, primer Ascenso, segundo Ascenso, Término y de Madrid y Barcelona. Los Superiores, en las categorías también de Entrada, primer Ascenso, segundo Ascenso y Término.

Además, existirían en los referidos Tribunales de Partido un Juez, que sería Presidente del mismo á la vez que Juez de instrucción de los asuntos civiles y criminales de mayor entidad, y á su lado otro Juez de instrucción para los asuntos civiles contenciosos, en cuantía de 250 á 1.000 pesetas, y para lo criminal de los sumarios de aquellos delitos, que pasarían á ser faltas mayores por la proposición de ley antes aludida; siendo estos últimos Jueces aspirantes á la Judicatura, ó meritorios á la misma con sueldo; además, tendrían el carácter de Abogados Fiscales y, como tales, intervendrían en los juicios orales y públicos, correspondientes á las faltas mayores de la competencia de los Tribunales de Partido, con lo que practicarían constantemente en ambas materias y en los dos órdenes Judicial y Fiscal de la carrera, dando prueba de su preferente aptitud para lo sucesivo.

La constitución y facultades de los expresados Tribunales, á grandes rasgos serían:

De los 9.552 Municipales, en lo civil y hasta cuantía de 250 pesetas, tendrían derecho las dos partes litigantes á nombrar cada uno un amigable componedor, que, en unión del Juez municipal y, en todo caso, éste como amigable componedor por ministerio de la Ley, y del Secretario del Juzgado, y por los trámites del art. 827 y siguientes de la ley de Enjuiciamiento civil, sentenciarian en juicio oral y público y en única instancia, sin otro recurso que el de casación, y caso de rebeldía de una de las partes, sería el amigable componedor de la rebelde el Fiscal municipal y Secretario, resolverían, en juicio oral y público y en única instancia, las faltas de la competencia de estos Tribunales, sin otro recurso que el de casación, simplificándose en los dos órdenes de materia los procedimientos y continuando percibiendo derechos sus funcionarios, sin perjuicio de ponerlos á sueldo, para lo cual quedasen apercibidos.

La de los 508 Tribunales de Partido, hoy Juzgados de primera instancia á instrucción, estarían constituidos, en materia civil y cuantía de 250 á 1.000 pesetas, con dicho Juez Presidente del mismo y amigable componedor por ministerio de la Ley, y con otros dos con igual carácter, nombrados por las partes litigantes, y caso de rebeldía de una, el Abogado Fiscal, ciñendo su procedimiento á dicho art. 827 y siguiente, con el Secretario además, conocerían en única instancia y juicio oral y público, sentenciando sin otro recurso que el de casación.

Y en materia criminal, para los sumarios por delitos que pudieran calificarse de faltas mayores, dicho Presidente, dos Jurados, el Abogado Fiscal, el Secretario, ó Secretario respectivo, pues éste actuaría también en el sumario con dicho Abogado Fiscal, en funciones de Juez de instrucción, de estos delitos de poca importancia, en lo que no vemos incompatibilidad alguna esencial, y de sus sentencias sólo cabría el recurso de casación.

A su vez, el precitado Presidente, como Juez de instrucción, sentenciaria los pleitos civiles en cuantía de 1.000 pesetas en adelante, y los sumarios por los delitos restantes en unión del Secretario.

La de los 95 Tribunales Superiores, instalados en las mismas poblaciones y locales en donde estuvieron las antiguas Audiencias de lo criminal, con las categorías que les corresponden por su historia e importancia local, con el personal preciso, conocerían en única instancia y en juicio oral y público ó con jurados, de los asuntos civiles contenciosos, superiores á 1.000 pesetas, y de los restantes delitos de mayor entidad, con el solo recurso de casación de sus sentencias.