El Foro español (Madrid. 1898) (1907-07-20 00:00:00), página 9

por lo apuntado, hay que llamarla así. Con ese precepto ó conjunto de preceptos legales, que hemos convenido en llamar reforma de la justicia municipal se dice ¡qué sarcasmo! que se concluirá con el caciquismo, cuando el más míope ve que únicamente se hace cambiar de forma de ejercerlo, antes la presión se ejerce sobre los Jueces de primera instancia y los Presidentes de Audiencia Territorial, y ahora se ejercerá sobre las Salas de Gobierno porque aquí ya no hay nadie que no sepa lo que vale el gesto airado de un Ministro de Gracia y Justicia y más el de un Presidente del Consejo.

Ese gesto, significa un traslado que desequilibra para años el presupuesto inelástico del Magistrado, la jubilación á destiempo, y otras cosas análogas, y ante prospectiva tal ¿qué va á hacer la Sala de Gobierno? nombrar como se le indique y callar.

Que la Ley en cuestión es la última y refinada expresión del caciquismo, lo revela el mayor número de años que señalan á la duración del cargo, ese rasgo del autor, reformador ó inspirador de la Ley, es la más completa expresión del gran cacique, lo quisiera todo para sí, para ahora y para luego, y para conseguirlo, lo quiere hasta para cuando caiga. Se quiere una prueba de lo que digo, pues todos los hombres políticos mi- nistrables de Presidentes del Consejo, del Congreso, ó cosa análoga en su reciente reunión á instancia del Señor Maura, para apresurar la discusión de varios pro- yectos de Ley, y entre ellos el que me ocupo han pedi- do que el término que en el proyecto se señala á la duración de jueces y fiscales, se amineore, es decir, que no se les arrebate por una eternidad, que eternidad es en España ocho años, tratándose de estabilidad del po- der ejecutivo, la posibilidad de ejercer de caciques en beneficio de sus amigos ó correligionarios.

Ese hecho retrata al platino el criterio que inspira la Ley y el de sus impugnadores oficiales. De los efectos de la Ley, en cuanto á los Escribanos, no quiero decir nada, parecería que lo hacía inspirado por la pa- sión, no hay seguramente uno solo en Madrid que no sea un amigo y parecería tributo rendido á la amistad, pero cuanto ellos han dicho en su exposición al Senado, es perfectamente justo, algo y aun algo más han podi- do decir. Cuando llega el momento de decir la verdad debe decirse entera.

Nada amigo de censurar, sin que al lado de la cen- sura vaya formulado claramente mi pensamiento acer- ca de la cuestión tratada, voy á decir lo que á mi enten- der debiera haber sido la reforma de la llamada justicia municipal.

Entiendo que es condición indispensable de toda Ley que de ello trate, se base sobre una moralidad social indiscutible, que de tal modo ese sello, lleve impreso en todos y cada una de sus disposiciones, que esa cir- cunstancia sea reconocida por todos sus impugnadores sin excepción alguna.

Para que ese carácter se destaque, resplandezca, en una ley de tal índole, es de precisión absoluta, que el ó los encargados de administrar justicia, de dar reali- dad al derecho, á la Ley, sean independientes e inamo- rables en absoluto, que únicamente pueda moverlos, su falta en el cumplimiento del deber, porque si por un jurado del cual la razón más suspicaz rechace como absurda la idea de parcialidad, de tal modo entiendo yo que debe basarse la administración de justicia y creo firmemente, que esa es la aspiración de todo el que desea la regeneración de la sociedad en que vivimos.

Con la síntesis expresada en las anteriores líneas, no creo que haya quien sin pasión razoné que no esté conforme. Ahora bien, ¿cúenne estas condiciones la ley en cuestión? Evidentemente, no. La falta el distintivo moral, porque los ciudadanos no pueden convencerse, aun cuando se lo prediquen frailes Francisco, ni soli- darios catalanes, que quien debe su nombramiento al favor no incline la simbólica balanza hasta el pestillo en que se encuentra una carta, una tarjeta, un volante de recomendación, aun cuando en la contraria se lean claramente las palabras razón, justicia, derecho. El Juez, sea el que quiera, salvo contadísimas excepciones, no tiene independencia, debe el cargo al que lo eligió ó se impuso para que lo eligieran. No tiene inamovilidad porque la ley limita la duración á ocho años que segura- mente quedarán reducidos á cuatro, y aun estos ha- brán de regatearse y posiblemente reducirse; es más, dentro de ese término, el Gobierno se reserva la facul- tad de trasladarlo dentro de la misma capitalidad, en las poblaciones donde haya más de un Juez municipal, esto aparte también de qué por razones especiales que la Sala de Gobierno no está obligada á expresar entre sus aspirantes á la judicatura, que son al parecer los llamados en primer término á ser preferidos para el nombramiento de Juez municipal, puede elegir otro que no tenga esa cualidad, lo cual equivale á decir, «pa- ra quien quiera que sepa leer entre líneas», serán nom- brados jueces municipales y fiscales aquellos que cuen- ten con la protección de un cacique grande ó chico, según sea la localidad, donde haya de servir sus intere- ses, no los sociales, como hasta aquí ha sucedido.

Demostrado que la ley referida no se basa en los principios fundamentales expresados, esenciales en toda ley de organización del poder judicial, está evi- denciado que la que pronto estará vigente, es peor que la anterior, y que en vez de titularse de reforma de la justicia municipal (mejor se diría de primera instancia) siquiera para no insistir en el galicismo, debiera llama- rse de desorganización. En una palabra, sintetizan- do, para no hacer más extenso este artículo, la ley nue- va, es el primer paso dado para hacer de la adminis- tración de justicia, como lo es la administración general, un funcionamiento que se mueva á voluntad y capricho del político imperante.

APOLINAR PÉREZ GARCÍA

IX.

Por ser la más deficiente la expondremos brevem- ente, aplaudiendo la iniciativa gubernamental tratando de dotar á los Juzgados municipales de personal idóneo e independiente, sintiendo que la reforma no haya sido más radical. El exigir dos años de vecindad para desempeñar un cargo que debe ser totalmente imparcial e independiente no nos parece bien, porque además de tener por su base el orden de preferencia,