El Foro español (Madrid. 1898) (1907-06-30 00:00:00), página 6

tenderse armonizada la ley proyectada con la ya vigente.

Sabido es que el Proyecto parece inspirarse, entre otros principios, en la necesidad de acercar la justicia al justiciable, y como medio de ello ensancha la esfera de acción de los Juzgados municipales, con notable merma de la de los de primera instancia é instrucción.

Es, pues, en esto una reforma de las Leyes Orgánica del Poder judicial de 1870 y de las de Enjuiciamiento civil y criminal, en la parte en que éstas contienen disposiciones especiales que afectan á la constitución de los Juzgados municipales, competencia de los mismos y tramitación de los asuntos á que su jurisdicción alcanza.

Y si la reforma es sólo de esas disposiciones especiales de tales leyes, claro es que, al no decir otra cosa, mantiene en vigor algo de las mismas, que pudiéramos llamar disposiciones generales, bien por estar tratadas en la parte general de aquéllas, bien por referirse en absoluto á toda clase de juicios.

Entre estas disposiciones generales, la que más salta á la vista es la de la aplicación del art. 4.º de la Ley de Enjuiciamiento civil, que, como es sabido, señala los diferentes juicios en los cuales los interesados podrán comparecer por sí mismos ó por medio de sus administradores ó apoderados, pero no valiéndose de otra persona que no sea Procurador habilitado, en los pueblos donde los haya.

Ciento es que ya en la actualidad se viene dando diversa interpretación á este artículo, sin que haya llegado á obtenerse la unidad de criterio, ni acerca de la extensión del concepto de administrador ó apoderado, ni tampoco acerca de la suficiencia de los poderes que ostentan las personas que por otros comparecen en determinados procedimientos. Esto es de lamentar; y si ha podido mirarse con relativa indiferencia en los juicios municipales por la proporcionalmente pequeña entidad de los asuntos sobre que hasta ahora han versado, esa indiferencia debe cesar ya, al elevarse la cuantía del negocio de que puede conocer el Juzgado municipal.

No hay que olvidar que la ley, atendiendo á que en pequeños asuntos no suele ser complicada ni dada á incidencias su tramitación, no ha considerado preciso que en ella intervengan personas peritas ó de práctica reglamentada, así como, atendiendo á cierto principio de libertad, ha dado facultad al interesado para que, en determinados asuntos de no grande entidad, pueda él mismo promover é instar el procedimiento para la declaración y obtención de sus derechos.

Pero al propio tiempo, y sin menoscabo de esa libertad, la ley ha querido evitar la posible é injusta competencia que contra el que ha hecho de la petición de justicia una profesión, sometiéndose á estrechas reglas de diversa índole y á posibles responsabilidades, pudieran oponer determinados especuladores de la ignorancia ajena, sin aptitud probada oficialmente, sin reglamentación alguna en el ejercicio de su dudosa práctica y sin subvención de ninguna especie para las cargas públicas.

En otros términos, la ley ha dicho al ciudadano que puede comparecer por sí ante el Juzgado municipal; pero cuando esto no quiera hacerlo ó no pueda, por su impericia, por sus ocupaciones ó por otras causas, y quiera ser representado por otro, éste ha de ser ó su administrador apoderado, ó un Procurador habilitado en los pueblos donde los haya; pero nunca una persona extraña, de esas verdadera y no muy licitamente asalariadas, que se han dedicado á explotar la candidez, con gran detrimento de los intereses del justiciable y no muy buen éxito en el resultado de su causa.

Pues bien; nosotros entendemos que tal mandato mantiene su vigor por ser disposición general de las no modificadas por la proyectada ley. Pero, tanto porque en la práctica han nacido ya ciertas corruptelas que no mantienen muy pura la observancia del precepto, cuanto porque con la nueva esfera de acción de los Tribunales municipales se lleva á éstos cuestiones de mayor significación, es preciso que un terminante mandato de la proyectada reforma vele por el cumplimiento del antedicho precepto y evite que la facultad del justiciable le haga caer en manos de esos agentes, zurupetós ó dilletanti, que ya hoy no hacen á menudo sino embrollar los asuntos, produciendo mayores dispelidos que los necesarios, y cuyo número—si actualmente no es escaso—habrá de aumentar ante la codicia de la mayor importancia que en lo sucesivo han de tener los asuntos de que entiendan los jueces municipales.

Si el interesado quiere valerse por sí mismo, hágalo en buen hora; pero si quiere valerse de otro, que éste no pueda ser un advenedizo, verdadero merodeador de Juzgados; que sea una persona de reconocida aptitud, con responsabilidad notoria, sometido á las debidas reglas y que por su profesión tribute al Estado; Procurador, en una palabra.

Es de desechar, pues, que antes de que el Proyecto se apruebe sea adicionado con un precepto que, disipando toda duda, consagre la vigencia del art. 4. de la Ley de Enjuiciamiento civil, así como es de esperar que, si llega á ser ley aquel Proyecto, los señores Jueces municipales y sus auxiliares cuiden mucho de que tal precepto se cumpla, evitando la posible intervención, de esos intrusos de la justicia, que faltos de una verdadera profesión acechan á los incultos, prometiéndoles grandes beneficios si aceptan su intervención, pero que sólo consiguen su provecho propio, sin ninguna ventaja para el litigante, cuyo asunto han involucrado y cuyos gastos hacen aumentar de manera lastimosa y digna de castigo.

Esto es lo que, por hoy, queremos decir del Proyecto de referencia. En su fondo y alcance, ya lo estudiamos; pero antes quisieramos conocer el concepto que á nuestros lectores merece, y para ello les rogamos no vacilen en comunicarnos sus opiniones, sean cuales fueren, pues de ellas, como de las aspiraciones de nuestros representados, queremos hacernos eco en todo momento, y mucho más en cuestiones de la importancia de la presente.

El Procurador Español.