El Foro español (Madrid. 1898) (1906-03-20 00:00:00), página 4

Entendemos que esto es la verdadera temeridad, la que la ley exige para la imposición de costas.

Pero resulta á veces que el demandado se ve obligado á impugnar la demanda, porque en ella se le reclama el cumplimiento de una obligación ó derecho, mucho más oneroso que los que realmente debe cumplir; y durante el curso del pleito aduce pruebas y argumentos suficientes para demostrar al Juzgado lo exagerado que ha sido el actor al formular su demanda, y como consecuencia lógica, el Juzgado, al dictar sentencia, condena al demandado en términos distintos á los solicitados por el actor y hasta por el mismo demandado, pues resulta de la prueba practicada que el actor no tiene derecho á todo lo que pide, pero alcanza á más de lo que el demandado reconoce. ¿Pueden imponerse en este caso las costas al demandado? Entendemos que no; y no obstante, podemos citar casos en que fueron impuestas al demandado las costas del juicio.

No hace mucho tiempo se vió en la Audiencia de Barcelona una apelación de esta naturaleza.

En un juicio sobre accidente del trabajo, la parte demandante pedía se conceptuara la lesión recibida como causa de incapacidad permanente y absoluta para toda clase de trabajo y, por lo tanto, comprendida en el núm. 2.º del art. 4.º de la ley de 80 de Enero de 1900, y que se condenase, como lógica consecuencia, al patrono demandado á que hiciese efectiva la indemnización á que dicha incapacidad da lugar, ó sea el salario completo de dos años.

El Juzgado no dió lugar á tal pretensión y consideró la incapacidad como comprendida en el párrafo 3.º del citado artículo, y condenó al patrono demandado al pago de las costas. ¿Se halla esta condena de costas ajustada á derecho?

Entendemos que el Juez sentenciador infringió la ley 8.ª, título 22, Partida III del Código de Alfonso el Sabio; la ley 2.ª del título XIX del libro XI de la Novísima Recopilación, y otras muchas que no recordamos, cuyo criterio ha venido corroborando por sentencias del Tribunal Supremo de 18 de Abril de 1884 y 31 de Diciembre de 1885, que afirman: «no pueden imponerse las costas de la primera instancia al litigante que vence en todo ó en parte, ó á aquel á quien se absuelve de alguna de las reclamaciones de su adversario».

Es evidente que la doctrina jurídica que estas leyes y jurisprudencia sientan, se halla en contradicción manifiesta á la sustentada en la sentencia á que antes nos hemos referido, y que en casos muy repetidos podríamos citar, cuyo criterio, á nuestro entender, no es ni puede ser el que se deriva de tales disposiciones legales: porque si las costas son un castigo que la ley impone á la temeridad de los litigantes, si esta temeridad ha de ser apreciada de un modo claro y terminante durante la tramitación del pleito, si esta temeridad ha de ser objeto de ciertos hechos ó acciones cometidos por el litigante, es de absoluta necesidad que ante todo aparezca por una ú otra parte la tal temeridad, y ésta no resulta en hechos ó casos como el á que nos referimos; porque mal puede haber temeridad por parte del demandado, al oponerse á una demanda á la que no se da lugar en la sentencia, y se le condena en términos mucho menos onerosos que los pretendidos por el actor.

Mucho más podríamos decir referente á la improcedencia de la expresada condena de costas en casos como el de que nos ocupamos; pero creemos oportuno, en gracia á la brevedad, dar por terminado el presente, sobre cuyo objeto seguiremos analizando jurisprudencia completamente contradictoria, y en la cual aparece casi siempre condenado el litigante que menos bríos ha tenido en demostrar su absoluta buena fe, tenga ó no derecho á lo que reclama, ú obligación de hacer ó no hacer lo que le demandan; pero casi siempre, como hemos dicho, observaremos contradicción con las disposiciones legales.

EDUARDO ZAMORA RAMÓN.

El Foro Español es una Revista independiente, porque dirigida por personas de profesión libre, ni tiene el traslado de suscripción, ni se le puede tapar la boca con el ascenso; teniendo además probadas, que veja á sus campañas de moralidad y prestigio con las persecuciones ni con la prisión.

La proposición de ley del Sr. Alonso Castrillo

Nunca entendimos cómo podía dejarse de aplicar y por qué deja de aplicarse á las sustracciones de leñas, la prescripción del segundo apartado del artículo 617 del Código penal, comprendida en las salvedades del párrafo tercero del art. 580.

Es, á nuestro juicio, inadmisible aquella sutil distinción, según la cual no debe ser aplicada, ni puede aplicarse dicha prescripción, sino á los casos en que el sustractor se propuso, como fin principal, causar un daño. (¿Ni quién, en muchas ocasiones, sería capaz de determinar si ocurrió ó no tal cosa?)

Es notoriamente ilógico, é injusto, que se castigue con la pena de arresto mayor, como reo de delito, á quien movido, no por insano deseo de causar un mal, sino por el de proporcionar un pedazo de pan á sus pequeños hijos, arranca ó tala en un monte un haz de leña, casi inservible y de valor pequeñoísimo; se apodera de él, y de él se lucra, mientras se castiga con la pena de cinco á quince días de arresto menor, como autor de una falta, á quien por grosero espíritu de destrucción ó ruin venganza ocasiona un daño en un monte y se apodera luego de las leñas que arrancó ó taló para causarlo, utilizando lucro hasta veinte pesetas.