El Foro español (Madrid. 1898) (1907-03-11 00:00:00), página 10

nicipales. Es urgente poner remedio á eso, pues si en las grandes poblaciones por el considerable número de juicios, obtienen crecidas dietas, en las pequeñas no sucede así y hoy, al conocer de hechos de relativa importancia deben cobrar lo que corresponde con arreglo á las actuaciones, pero no dos pesetas. Ya que se les obliga á trabajar, debemos mirar por su retribución y no acordarnos sólo de los deberes y no de los derechos. ¡Dos pesetas por todos los derechos! pueden salir á real por sesión, es decir como en los cinematógrafos.

JOSÉ ROVIRA
Juez.
Vinaroz, Enero 1907.

Abogados del Estado.

Bajo este título, escribe nuestro querido colega La Ley lo siguiente:

«Entre las muchas labores inútiles y molestias innecesarias que consumen el tiempo, el dinero y la paciencia del público que tiene que ver con la Hacienda, las exigencias de los abogados del Estado ocupan un lugar preferente y contribuyen en gran manera á hacer abordable la Administración y vejatorios sus procedimientos.

Unas veces desconocen los abogados del Estado la fe notarial, exigiendo que en la sustitución de poderes, íntegramente transcripta por los notarios, se presente el original sustituido para que la abogacía del Estado lo pueda compulsar. Otras veces (en reclamaciones hereditarias) obligan á que se asocien al here- dero testamentario los acreedores también testamen- tarios. Tan injustificadas exigencias han dado lugar á que el tribunal gubernativo de Hacienda haya revoca- do en 1.º de Septiembre de 1904 un acuerdo de esta clase en que cierta abogacía del Estado sostenía estas ilegales exigencias en contra de una interesada, á quien con ellas se hizo perder mucho tiempo y gastar mucho dinero dilatando la resolución sobre el fondo del asunto.

Hasta hace muy poco tiempo, se desconocía también la fe judicial, exigiéndose que en los testimonios libra- dos por los respectivos escribanos se pusiese el visto bueno del juez. Así se originaban gastos y dilata- ciones por las nuevas diligencias que esta pretensión exigía. Esta corruptela fué remediada por la Real orden del Sr. Navarro Reverter, fecha del 10 de Sep- tiembre último, y publicada en la Gaceta del 19 del mismo mes. Pero el mismo remedio prueba el abuso.

Actualmente la abogacía del Estado exige que los testimonios se adicionen expresando que los autos quedaron firmes, como si no siendo pudieran ser expedidos los citados documentos. Este abuso se co- mete y se tolera aun cuando no se puede alegar para justificarlo ni sombra de razón ni asomo de legalidad.

También en la actualidad gozan de exención, clara y expresamente determinada en la respectiva ley y reglamento de Derechos Reales, las herencias entre ascendentantes y descendientes ó entre cónyuges, inferiores aquéllas á 1.000 pesetas, y, sin embargo, se obliga á los interesados á obtener del Liquidador la declara- ción de exención, como si pudiera valer más lo que dice el liquidador como lo que dice la ley.

Pero así se pierden días y se originan gastos por honorarios y nois del liquidador.

En cuanto á los informes en los expedientes que para tal objeto se remiten á los abogados del Estado, nosotros, que estamos en diario contacto con la Admi- nistración, podemos observar con qué tranquilidad se escriben los más absurdos y contradictorios conside- randos, sin otro propósito que el de servir la conve- niencia de resolver en pro ó en contra.

Expedientes pudiéramos citar que sirvieran de asombro por la extravagancia de los argumentos ju- rídicos en ellos empleados para fundar resoluciones ministeriales de tal calibre, que gracias al misterio en que suele éstas permanecer, es como pueden ser dic- tadas impunemente.

Pero aun siendo tantos y tan repetidos los casos en que las abogacías del Estado no parecen tener otra misión que la de mirarlo todo al trasluz para encon- trar mejor una manera de entorpecerlo todo, aun es- tando nosotros tan acostumbrados á observar sus abusivos procedimientos, no ha podido menos de llama- rnos la atención el anuncio publicado en la Gaceta del 10 del actual. En este anuncio se requiere á unos pre- sentadores de título de la Deuda para que manifiesten el objeto con que los dedicaron á constituir una inscripción nominativa, cuya conversión se pretende ahora.

En esto de inscripciones se había afinado tanto, que parecía imposible ir más allá. Según recientes disposiciones, á cada conversión, cobro de interés, etcétera, etc., que con ellas se haga, hay necesidad de presentar las escrituras fundacionales, las certifica- ciones de cumplimiento de cargas, etc., etc. Pero to- dos estos requisitos parecen pocos á los abogados del Estado que, no contentos con depurar el hecho adminis- trativo, se entrometen á averiguar las intenciones. No otra cosa representa el requerir á unos represen- tadores para que declaren con qué objeto constituyer- on en inscripción unos títulos de la Deuda.

Así, el que quiera dar á sus valores la seguridad que el Estado les ofrece por medio de su conversión en inscripciones, se guardará muy bien de hacerlo para no tener el día de mañana que demostrar ante los abogados del Estado la intención con que consti- tuyó aquéllas.

Y si la abogacía del Estado exige esta declaración de intenciones cuando el que constituyó las inscrip- ciones esté difunto, caso que puede ocurrir con mucha frecuencia, no sabemos qué documento probatorio y fehaciente será dable presentar.

Con estas cosas se logra aumentar cada día la odiosidad y el temor que inspiran al público las ofici- nas de la Administración del Estado, de las cuales se huye como de la peste. Es un hecho incontestable el