El Foro español (Madrid. 1898) (1907-02-20 00:00:00), página 10

bien, teniendo presente que los antecedentes penales no deben traerse al sumario, según la ley procesal, hasta la declaración de procesamiento, y de ser la reforma de resultados eficaces, deben desde allá ser traídos con anterioridad, pues á los autores de hechos que revistan los caracteres de una simple falta, no se les puede procesar, y resulte de todo una subversión del procedimiento que indirectamente se impone sin precepto expreso. Pero la mayor dificultad, lo de imposible práctica, está en la traída de antecedentes sobre las condenas por faltas.

El Excmo. Sr. Fiscal del Supremo, en su circular, resolvía el conflicto dejándolo en pie. Venía á decir que tales datos se aporten de los Juzgados correspondientes. Esta frase, ó mejor dicho, el uso que de ordinario se hace de esta frase y la de «á los efectos consiguientes», serán siempre muy socorridas, pero dejan á todo el mundo á oscuras casi siempre. ¡Qué Juzgados son esos! El hurto puede haberse cometido en cualquier punto de España y del mundo. La reincidencia no es una circunstancia de localidad; existe la propiedad ajena en todas partes, y las sentencias de los jueces de faltas se archivan en los Juzgados municipales en donde se dictan, y no es de suponer que se pretenda el que llegado el caso se pidan los datos necesarios á todos los Municipios de España e islas auyacentes; esto á nadie puede ocurrírselle, y sin embargo, la cuestión queda en pie, el problema sin resolver, Catilina á las puertas de Roma, y el Senado... deliberando.

Urge, pues, la solución de parte de los gobernantes. La creación de un Registro por algunos apuntada, aunque fuese provincial, sería costosa e inútil.

Sólo una práctica solución hallamos, y la habremos de estampar aquí para que, al menos, sea conocida su sencillez.

De toda sentencia dictada en juicio de faltas sobre hurto, se remitirá testimonio comprensivo de la cabeza y parte dispositiva al Juzgado municipal del pueblo de la naturaleza de los condenados.

He aquí el Registro necesario á que se habrá de acudir. He aquí lo que proponemos POR SI HAY QUIEN LO RECOJA Y ATIENDA, ELEVÁNDOLO Á PRECEPTO LEGAL.

SABESTANI.

Arévalo 1º Febrero 1907.

(Se continuará.)

El derecho de propiedad y la reforma de algunos artículos del Código penal

La reforma llevada á cabo por la ley de tres de Enero último en el Código penal, convirtiendo en faltas algunos que se consideraban delitos contra la propiedad, me parece, en cuanto á este extremo se refiere, demasiado cautelosa, efecto sin duda del temor á menoscabar los prestigios del derecho á la propiedad, tan cuidadosamente mantenidos por el legislador. Pero el rigorismo penal, que en ocasiones puede ser conveniente y aún necesario para la defensa de lo que es indispensable para la convivencia social, no es más que una ficción jurídica que la realidad muchas veces rechaza por insostenible y contraproducente. El derecho á la propiedad no es por sí más sagrado ni aun más necesario que el derecho á la vida, á la seguridad e integridad personal, al respeto debido y al honor, quizá el más desamparado de todos los derechos, los cuales son tan inmanentes y tan respetables como aquél.

Si defensa social necesita el derecho de propiedad que es para la persona, tanta precisa ésta para sí misma, y exageradamente la nota de represión contra ladrones y hurtadores, no hacemos más que aplicar un remedio enérgico contra el peligro social que nos alarma, por entender que perturba más hondamente la sociedad y de ningún modo penar en justicia la perversidad de un hecho por lo que tiene de inmoral; pues aparte de que no es peor quien ataca al derecho de propiedad que quien viola los demás, dentro de aquel es muchas veces más criminal el hurtador de lo indispensable para la víctima, que el ladrón de lo superfluo y abundante y el concussionario, el malversador, el que usurpa, y aun el que daña, todos los cuales, en definitiva, son violadores de la propiedad, tienen en casos determinados más perversidad que el que roba. Lo que hay es, que estas y otras formas de delinquir contra la propiedad, ofrecen, en general y apreciados en conjunto, un peligro menos inmediato y material, y por ser menos temibles, la defensa social no necesita ser tan severa, razón fundamental para la determinación de las penas, puesto que de entrar en el campo de la ética, sería necesario castigar á veces con mayor rigor una asta que un robo y un daño á la propiedad, causado por móviles mezquinos, mucho más que un hurto insignificante realizado para cubrir una apremiante necesidad.

No es decir con esto que se prescinda de la intención del delinquente, inseparable siempre del delito, sino que unas formas ofrecen mayor peligro que otras, y es necesario precautelarlas con más energía; pero la intención del agente debe siempre relacionarse con el derecho infringido, y el legislador, extremando la idea de defensa, ha venido padeciendo un error al considerar al derecho de propiedad como una esencia jurídica integral y absoluta como la vida del individuo, olvidando que el derecho á vivir extirctamente hablando, es el único derecho que tiene este carácter por ser indivisible. Y como consecuencia de este error, del mismo modo que el que hiere á otro con intención de matarle, se le castiga muy justamente por el delito de homicidio frustrado y no por el de lesiones, se ha creído en el caso de panar como delito toda apropiación de lo ajeno contra la voluntad de su dueño, por mínima que sea, porque atenta contra la propiedad, como si la propiedad no fuera divisible hasta lo inapreciable, y por lo tanto, su negación jurídica no debiera ser asimismo penada como simple falta hasta un límite ó cantidad, que sólo la realidad de las cosas y la práctica de la vida pueda señalar prudencialmente.

Al que le quitan la vida, le privan por completo de todo; no hay división posible por ser la negación absoluta del derecho individual; justo es, pues, que se castigue como delito todo ataque á este derecho integral que supone una negación completa y absoluta de la persona, el animus necandi que es la idea de matar, de suprimir á un individuo; pero qué relación tiene este derecho, único indivisible por su esencia, con el de propiedad, que como todos los otros, y aún más, se fracciona indefinidamente? Pues en virtud del error de que hemos hablado, nacido de una exagerada y mal entendida defensa social se ha creado otro animus necandi para la propiedad, estableciendo que todo ataque á la misma se considere delito, represión excepcional y privilegiaria, puesto que toda lesión á la persona ó toda ofensa para su honor, por ejemplo, no lo son.