El Foro español (Madrid. 1898) (1906-04-30 00:00:00), página 4

tas, con un interés de 10 por 100 anual, bajo la condición de devolver el préstamo en todo aquel año, en una ó varias entregas, siendo de su cuenta las costas judiciales, si á tal reclamación hubiere lugar.

No cumplida la devolución, en el año 1885, el acreedor preparó la ejecución, pidiendo al mismo tiempo embargo preventivo, por decirse que el deudor tiene atenciones de igual género sin satisfacer, y conforme el Juzgado con tal petición, embarga 700 cántaros de vino, depositándolos en un señor Alonso Blanco, que juega principal papel en este asunto.

Pocos días después de practicado el embargo, acreedor y deudor convienen en que el Sr. Prieto pagaría al Sr. Gil, lo más pronto posible, 6.500 reales á cuenta de principal, intereses y gastos causados; por el rastro, convinieron en otorgar escritura hipotecaria, en la que se fijaría como plazo para solventar la deuda el de tres años; autorizaba además el acreedor para que el deudor vendiera libremente el vino embargado; pactándose, como consecuencia, la suspensión del procedimiento.

A virtud de este acuerdo, el Sr. Prieto vendió, sin oposición del depositario, parte del vino embargado, entregando al Sr. Alonso, en concepto de representante del acreedor, la cantidad convenida de 6.500 reales.

En nueva conferencia, confirmaron el acuerdo, quedando citados para el 30 de Enero del año 86, á fin de firmar la escritura, y á cuyo efecto el acreedor llevaría nota de los gastos causados.

Mas dicho día no se presentó el acreedor y sí su representante, Sr. Alonso, al que el Sr. Prieto propuso entregar á cuenta 3.500 reales para completar el principal, proposición que aceptó el Sr. Alonso, dando el correspondiente recibo, en concepto de representante de D. Vicente Gil, y á cuenta de la deuda con el mismo contraída; estas cantidades le fueron entregadas al Sr. Gil por el Sr. Alonso.

A pesar de estos hechos, el procedimiento ejecutivo contra el Sr. Prieto seguía su curso, y en el mes de Marzo siguiente se despachó ejecución, á instancias del Sr. Gil, por el principal de 10.000 reales, intereses y costas.

Requerido de pago el deudor, y como manifestase haber pagado ya el principal, negándose á duplicarlo, el Juzgado embargó las 2.500 pesetas que se hallaban en poder del acreedor, más el vino sobrante del anteriormente embargado, constituyendo todo ello en depósito del Sr. Alonso.

Formula oposición el Sr. Prieto, alegando vicios de nulidad en el procedimiento, novación, espera y promesa de no pedir, consignando ante el Juzgado 2.584 reales para los intereses, con la protesta de suplir en el momento de la liquidación cuanto necesario fuese para el completo pago.

Deshacida la oposición en Octubre del año 1886, se dicta sentencia de remate, mandando seguir adelante la ejecución.

Y aquí empieza lo curioso del asunto, porque el procedimiento de apremio incoado ha durado cerca de veinte años, pues aun el año 1904, pidieron los herederos del Sr. Gil ampliación de embargo á prettexto de restar debiendo el Sr. Prieto 2.000 pesetas, á pesar de haber adjudicado al acreedor en tercera subasta y por 3.750 pesetas, fincas que el perito del ejecutante había tasado en 13.000 pesetas.

Y como curiosidad, también he de añadir que los autos ejecutivos constan de más de 600 folios, con un cortejo de 85 escritos del ejecutante, 65 mandamientos y exhortos, etc., etc.

No pudo conformarse el Sr. Prieto con la resolución que desechara la oposición, y entabló el correspondiente juicio declaratorio, para ventilar ampliamente su derecho, basándose en el art. 1479 de la ley Procesal, que deja á salvo el derecho de las partes, negando á las sentencias en el ejecutivo el carácter de cosa juzgada, y fundándose también en la disposición transitoria 1.ª del Código civil, pidió la aplicación del Derecho antiguo.

Fundamentaba el Sr. Prieto su demanda en las leyes de Partida y Enjuiciamiento civil, en cuanto la novación y el pago son medios legítimos de extinción de las obligaciones contractuales.

Alegaba asimismo, en orden á la persona á quien se había hecho el pago, el principio jurídico de que «nadie debe enriquecerse torcidamente en daño de otro», y la ley 5.ª de Partidas.

En cuanto á la naturaleza del préstamo, sostenía, basándose en la misma legislación, la gratuidad de este contrato, siendo agregación del mismo el pacto de intereses, sin que la falta de pago de los mismos pueda afectar á la extinción del principal ya pagado, máxime habida cuenta de su condición de ilíquida, y afirmando que en ningún caso pueden los intereses pactados devengar nuevo interés, estando, por tanto, pagado el deudor, en cuanto á principal, mes y medio antes de ser despachada la ejecución, restando tan sólo la liquidación de intereses, que en ningún caso podían producir nuevo interés, teniendo en cuenta la legislación antigua.

Aplicaba, además, esta legislación á la imputación de pagos, deduciendo que expresamente por el deudor, ó tácitamente por su silencio, el pago debió imputarse al principal, por ser la deuda más grave, ya que los intereses, por la preceptuación de la ley de 14 de Marzo de 1856, no devengan interés alguno.

En cuanto á la espera y promesa de no pedir, la alega el Sr. Prieto como subsidiaria de la novación en el caso de no ser estimada, por el hecho de haber pactado antes de la presentación de la demanda.