El Foro español (Madrid. 1898) (1906-06-11 00:00:00), página 7

honor, á otro cualquier incidente de importancia en la vida del hombre, no es razón legal para ausentarnos de nuestro puesto, aunque sea por breves días, sin preceder la oportuna petición y concesión de licencia por la Audiencia territorial, la cual no acostumbra á concederla si no es por causa de enfermedad acreditada por certificación facultativa, en la que suelen aducirse dolencias imaginarias para dar forma con una ficción que deficiencias de la ley hacen necesaria, á lo que sencillamente ésta debiera autorizar en la siguiente ó parecida forma:

«Los Jueces de instrucción podrán usar cada año de quince días de licencia con sueldo entero, ó bien de dos licencias de ocho días cuando lo juzguen conveniente, dando cuenta al Presidente de la Audiencia territorial, del día en que comiencen á usar de ella y del en que vuelvan á encargarse de la jurisdicción.

CARLOS CARRASCO Y MALDONADO,
Juez de primera instancia de Almadén.

El Secretariado judicial y las reformas orgánicas (1)

XI

Obligaciones del Escribano como tal.—Diligencia de presentación: cuándo procede: nota ó diligencia.—Dar cuenta de términos: cuándo ha de hacerse constar por diligencia.

Para el estudio de la obligación del Escribano, cuarta de las enumeradas en el art. 17 del Real decreto de 5 de Febrero de 1903, que comentamos, interesa á la debida claridad, descomponerla en dos:
a) «Anotar en los autos, cuando los términos sean fatales, el día y hora en que se les presenten los escritos...»
Este precepto concuerda con el § 4.º, art. 17 del Real decreto de 20 de Mayo de 1891; con el § 3.º, art. 481 de la ley Orgánica, y con el apartado primero del art. 260 de la ley de Enjuiciamiento civil, si bien emplea la palabra perentorio, en vez de fatal; y discrepa del art. 206 de la ley de Enjuiciamiento criminal, según el que, en todo caso, habrá de ponerse nota de presentación de las pretensiones escritas que reciba.
Ya sé yo que esta discrepancia se explicará alejando la mayor importancia de los asuntos criminales, el interés del Estado en las transgresiones de la ley penal, y la urgencia de tales actuaciones; pero aparte de que hay procesos criminales de importancia microscópica, y civiles en los que se decide la fortuna de una familia y la honra de un apellido; aparte de que hay cuestiones personales que sólo afectan al interés de los particulares, y procesos civiles en que es parte el Estado, por medio de los Representantes de la Ley y de los Abogados de la Hacienda, y aparte de que son muchas las pretensiones escritas en procesos criminales, que se formulan después de largo tiempo de incoados aquéllos, no obstante haber podido serlo mucho antes ó mucho después, lo que patentiza que no son tan urgentes, mientras en lo civil los hay de índole tan urgente, que el más pequeño retraso puede hacerlos ilusorios, yo me complazco en hacer notar aquí, como habré de hacerlo en otros pasajes de estos comentarios, lo cuidadoso que es el legislador para los intereses del litigante—y conste que es lo menos que puede hacer en obsequio de aquellos á quienes exige unas costas verdaderamente escandalosas,—y lo poco mirado que es para aumentar el trabajo gratuito del Escribano. Porque no es un secreto para nadie, que el Escribano casi nunca cobra sus derechos en asuntos criminales.

¿Y cuáles son los términos fatales ó perentorios? No lo dice el decreto, pero considero que serán aquellos que, de transcurrir sin presentar escrito, pueden irrogarse perjuicios á la parte, como sucede con los llamados improrrogables por los artículos 310, 311 y 312 de la ley de Enjuiciamiento civil, y con los prorrogables en que todavía no se haya solicitado prórroga, teniendo en cuenta que, según sentencia del Tribunal Supremo de 10 de Diciembre de 1864, y el primer requisito del art. 306 de la ley de Enjuiciamiento civil, los términos prorrogables transcurridos sin solicitarse prórroga dentro de ellos, se hacen improrrogables.

La apreciación de la fatalidad ó perentoriedad, no creo deba dejarse en absoluto al criterio del Escribano; antes bien, entiendo que, cuando lo solicite la parte que presente el escrito, y á su costa, debe extender la diligencia de presentación, del mismo modo que hay que darla recibo, conforme al segundo apartado del citado art. 250; pues pudiendo á dicha parte irrogarse perjuicios con la no presentación del escrito, inapreciables á la sola vista de los asuntos, único dato con que cuenta el Escribano, puede éste omitir la diligencia de presentación y causarle con ello un daño inconsciente.
Hay otro caso en el que yo me permito aconsejar á mis compañeros que extiendan diligencia de presentación, aun cuando, dada la legislación vigente, no puedan cobrar por ella derechos. Yo la he puesto siempre que el escrito que se me ha presentado no llevaba fecha corriente. Con ello se aleja toda sospecha de incumplimiento de la obligación tercera, dar cuenta, de que ya nos hemos ocupado.
El Sr. Manresa (1) dice que suele hacerse por abu-

(1) Véanse los números 203, 205, 208, 210, 214, 217, 223, 224, 271 y 901.

(1) Obra citada, página 500 del tomo I.