El Foro español (Madrid. 1898) (1907-06-30 00:00:00), página 5

del Proyecto de reorganización de la justicia municipal, en la forma siguiente:

Los Juzgados municipales y sus Fiscalías se clasificarán en tres categorías con arreglo á su importancia:
Serán de primera clase los Juzgados y Fiscalías municipales de las capitales de provincia cuya población exceda de 100,000 habitantes; de segunda clase los de las demás capitales de provincia y de todas las capitales de partido judicial; y de tercera clase, los de todas las demás poblaciones.

Queda facultado el Gobierno para reducir, si así lo estima conveniente, sin perjuicio del servicio público, el número de Juzgados municipales que en la actualidad existen en las capitales de provincia de más de 100,000 habitantes.

Desde la promulgación de la presente ley, quedarán incorporados á la carrera judicial y fiscal, los Juzgados y Fiscalías municipales de la clase primera, y serán servidos por funcionarios de ésta, de categorías inferiores en uno y dos grados respectivamente á la de los Jueces de primera instancia del distrito respectivo, en la misma forma que en los demás cargos activos del orden judicial. Dichos funcionarios percibirán los sueldos que por su categoría les correspondan e invertirán en papel de pagos del Estado los derechos arancelarios que en sus cargos devenguen.

Los Fiscales municipales desempeñarán además y en concepto de Abogados fiscales, las funciones que les encomienden los Fiscales de las audiencias respectivas.

Los Juzgados municipales y Fiscalías de segunda y tercera clase se adjudicarán:

1.º A los aspirantes de la Judicatura.
2.º A los abogados que cuenten mayor tiempo en el ejercicio de la profesión, y no estuvieren desempeñando igual cargo en la época de la renovación respectiva.
3.º A los que posean algún título académico obtenido en Universidad del Estado, ó en su defecto en Escuelas especiales.
4.º A los que designe la suerte entre los treinta primeros contribuyentes que supieren leer y escribir.
Este sorteo se verificará ante la Sala de gobierno de la Audiencia.

En el caso de que no siendo Letrado el Juez municipal de la capital de partido, haya de encargarse del Juzgado de primera instancia por sustitución reglamentaria, ejercerá por turno el cargo de asesor el Registrador de la propiedad, y los Notarios del distrito que residan en la capital.

El ejercicio de la abogacía, á los efectos previstos en el número 2.º de este artículo, se acreditará mediante la exhibición de los correspondientes recibos de la contribución industrial, ó, en su defecto, por certificado de las oficinas del orden económico de la provincia.

Para el cumplimiento de lo establecido en el número 4.º, los Presidentes de los Ayuntamientos remitirán á los de la Audiencia, y con la anticipación necesaria, listas nominales de los veinte mayores contribuyentes por territorial y diez por industrial, que lleven de residencia en la localidad dos ó más años sepan leer y escribir, y no se hallen ejerciendo enton ces el cargo de Juez ó Fiscal municipal, ni ningún otro de los que con su ejercicio son incompatibles.

Inmediatamente se publicarán dichas listas en el Boletín oficial de la provincia, y resueltas que sean en el plazo máximo de un mes las reclamaciones que por los vecinos del pueblo respectivos se hubieren formulado, y las excusas que los mismos interesados allegaren, se verificará el sorteo entre los que quedaren de los treinta propuestos, siempre que no resulten ser menos de quince; en otro caso, se adicionará la lista primitiva hasta completarla de nuevo.

El acto del sorteo será público, y uno solo para los cargos de Juez y Fiscal propietarios y suplentes, adjudicándose por su orden á los cuatro primeros contribuyentes que la suerte vaya designando.

VIPEGON
Juez de primera instancia.

IV

La Gaceta del 23 de Mayo último ha publicado el Proyecto de ley reorganizando la administración de justicia en los Juzgados municipales, que el Ministro de Gracia y Justicia ha sido autorizado para presentar á las Cortes, y que el día anterior leyó en la Alta Cámara.

Para que nuestros lectores tormen cabal idea del Proyecto, prescindimos de todo extracto y le reproducimos íntegro en otro lugar de este número.

Gran parte de la Prensa diaria le ha comentado ya, bajo distintos aspectos, ora reconociendo que tiene partes dignas de censura y otras muy recomendables, pero que le falta un necesario complemento que ha de venir en posteriores disposiciones legislativas ó gubernamentales, ora censurándolo sin reservas, por entender que sus preceptos no responden á antigua promesa de desterrar el favor y poner diques al caciquismo.

La índole de nuestra Revista requiere que de tal Proyecto de ley hagamos un estudio de otra especie; requiere un examen eminentemente jurídico, en el que se aprecie y critique algo más que lo que puede percibirse en el primer golpe de vista.

Mas para esto, dado lo reciente de la publicación del Proyecto en el periódico oficial, no hemos tenido tiempo aun de hacer un reconocimiento detenido, del cual hayan de derivarse nuestras imparciales y serenas deducciones.

Es más: queremos, por ahora, reservarnos nuestras propias impresiones, y deseamos antes conocer el concepto que la citada obra legislativa merece en general á todos aquellos á quienes afecta la reforma, y con especialidad á la clase á quien representamos, y de la que somos fiel portavoz y eco imparcial en el estadio de la Prensa.

Pero sin entrar, por hoy, en el estudio del Proyecto, y atendiendo sólo á la innovación que representa y á la modificación que introduce en nuestra Ley procesal, sí hemos de permitirnos llamar la atención acerca de algo que origina dudas sobre la forma cómo ha de en-