El Foro español (Madrid. 1898) (1907-01-30 00:00:00), página 7

El artículo 7.º de la ley del Jurado le servía para argumentar del modo siguiente:
El precepto ordena conocer el Tribunal popular de los delitos conexos; es así que con los regicidios frustrados son conexos los asesinatos, y de éstos entiende el Jurado; luego debe conocer de esta causa dicho Tribunal.
Y afianzando más esta argumentación, citaba el artículo 6.º de la misma ley, por la que si la atribución de Tribunal ha de verificarse por la calificación más grave, es indudable que éste ha de ser, por razón del delito de asesinato, ya que el cometido es uno complejo, con arreglo al artículo 90 del Código penal.
El Fiscal, Sr. Becerra, para destruir la argumentación de la defensa, atribuyó á error la triple finalidad de la ley de 1894, sosteniendo que para nada ha reformado el procedimiento de tramitación.
Negó asimismo que el artículo 1.º pudiese comprender los regicidios, puesto que personas se denominan, según el Diccionario, á los seres humanos racionales, únicamente cuando no se les puede distinguir por su nombre.
El legislador—sigue diciendo—no pudo comprender en ese concepto al Rey, y para ello basta fijarse en la estructura del Código penal, castigando en título aparte los delitos de esa majestad, de aquellos otros que titula, gráficamente contra las personas.
La ley del Jurado excluye de su conocimiento los delitos de esa majestad, y se demuestra no comprende estos delitos en otros análogos, porque el párrafo 2.º del artículo 4.º expresamente excluye estos delitos del conocimiento del Tribunal popular cuando son cometidos por medio de la imprenta.
Por último, entiende asimismo que el delito principal cometido es el de regicidio frustrado, siendo circunstanciales y accidentales los asesinatos.
El auto de la Sala, firmado por los Sres. Romero de Tejada, Albaladejo y Toledo, decide la competencia á favor del Tribunal de Derecho, y motiva su resolución después de detenido estudio de la cuestión de derecho ante él planteadas, distinguiendo el fin principal ó móvil del delito y los resultados de los hechos practicados, para establecer como norma de competencia ha de entender el Tribunal á quien le está atribuido el conocimiento del hecho que se propuso cometer el delincuente, independientemente del resultado que obtuviese.
Por esta razón, el fin principal fue el regicidio y el decide la competencia.

AUTO.

De todo un poco

El ilustrado compañero Sr. Rovira Argandoña se dolía en el núm. 323 de esta Revista, del modernísimo sistema de enjuiciar del siglo XX, refiriéndose á la tramitación de la pieza separada de responsabilidad civil en las causas criminales y á su resultado anómalo y extraño cuando el encartado es absuelto, y se encuentra de bobilis bótilis con la titulación de sus fincas en el bolsillo, arreglada y corriente, sin haberse gastado un céntimo.
Tiene razón el Sr. Rovira; pero á pesar de ello, creo que los preceptos de la ley, referentes al caso concreto propuesto, se prestan también á que ese mismo procesado no se vaya á su casa de rositas, si se acomoda la interpretación de tales preceptos á las distintas situaciones en que aquél ha de encontrarce necesariamente dentro del trámite sumarial, ya que, durante la sustanciación de la causa, los embargos tienden sólo á asegurar las responsabilidades pecuniarias que puedan declararse en definitiva; y que después, ó sea, una vez firme la sentencia, se encaminan á realizar esas mismas responsabilidades. Son, pues, los momentos diferentes, cada uno de los cuales tiene sus puntos de vista distintos. Por tanto, entiendo que durante el periodo instrucional, no procede hacer otra cosa que practicar el embargo de bienes, depositarlos en forma y cumplir lo prevenido en el art. 601 de la ley, si pertenecen á la clase de somovientes; y si á la de inmuebles, ordenar se describan y haga constar su cabida y medida superficial con arreglo á la instrucción de 9 de Noviembre de 1874, si no estuvieren hechas conforme á ella.
En algunos Juzgados, además, se mandan tasar los bienes, con el fin de conocer el valor de cada finca y poder distribuir entre las mismas la cantidad exigida al procesado para asegurar las responsabilidades de que me ocupo, á los efectos de la anotación del embargo en el Registro; pero semejante avalúo, sobre no ser ese el momento oportuno para decretarlo, no es tampoco de necesidad, por cuanto los Sres. Galindo y Escosura, en sus Comentarios á la ley hipotecaria (tomo III, página 263), opinan que en los mandamientos de anotación de embargo no hay necesidad de distribuir entré las fincas el importe del crédito u obligación, sino que basta consignar la cantidad total porque se asegura el pago, por no regir para aquella clase de asientos el principio de la especialidad. Con cuyo parecer estoy conforme.
Si los bienes no resultasen inscritos á nombre del procesado ni de ninguna otra persona, entonces se tomará anotación de suspensión. (Regla 2.ª del art. 42 del Reglamento hipotecario.)
Y basta con esto, porque los repetidos bienes están ya asegurados con el embargo y depósito, y, en su caso, con tal anotación.
Se me objetará que el art. 604 de la ley rituaria dispone precisamente la anotación preventiva, y que para cumplirla, si las fincas no se hallan inscritas á nombre del presunto culpable ni de ninguna otra persona y carece aquél de titulación, precisa antes suplir su falta, con el fin de verificar dicha inscripción y extender luego la anotación preventiva; á lo que contesto que la ley toma por base para sus enunciados, supuestos fundamentales de derecho, como afirma Lioy, definiendo sólo lo que debe ser; y que al prescribir la de Enjuiciamiento criminal la anotación, da por sentado que los bienes están inscritos á nombre de la persona contra la que se dirige el procedimiento, porque eso es lo legal; luego, á contrario sensu—opondrán algunos—cuando no lo están, quiere esa misma ley que se inscriban para colocar al sujeto activo del delito en las condiciones de normalidad en que debe hallarse en todo momento con relación al trámite sumarial.
Esto, que sería un argumento atendible dentro de la esfera de la ley hipotecaria, donde sus múltiples operaciones giran á base de la inscripción, no lo es aquí; por-