El Foro español (Madrid. 1898) (1907-04-10 00:00:00), página 9

mitadas de idéntica manera á la preceptuada en los artículos 27 y 28 de la ley de 18 de Junio de 1870, estableciendo reglas para el ejercicio de la gracia de indulto en los casos en que la propuesta es formulada por los Tribunales sentenciadores, omitiéndose la consulta de éstos y abreviando cuanto sea posible los plazos de trámite, á fin de que los efectos de las penas de que se trate no rebasen el límite racional del tratamien- to progresivo á que obedecen.

Art. 6.º Quedan derogadas cuantas disposiciones se opongan á la ejecución de lo preceptuado en este Real decreto.

HACIENDA.—Real orden de 22 de Marzo de 1907, apro- bando el Reglamento para el régimen interior del es- tablecimiento de las minas de Almadén (Gaceta del 26).

Real orden de 25 de Marzo de 1907, declarando que las Sociedades de obreros propiamente dichas no se hallan comprendidas en el n.º 1.º del art. 198, en rela- ción con el n.º 2.º del 195, de la ley del Timbre (Gaceta del 26).

LO CRIMINAL
en las Audiencias territoriales (1)

La Real orden-circular expedida por el Ministerio de Gracia y Justicia con fecha 6 del pasado mes, una vez orillados, hasta cierto punto, en los Presupuestos ge- nerales del Estado, los obstáculos de orden puramente económico que á ello se oponían (sin que pueda decir- se otro tanto de la anacrónica nomenclatura conserva- da), ha venido á reivindicar, con muy buen acuerdo, la primitiva y adecuada organización de las Audiencias territoriales en el particular importante de la Justicia en lo criminal, puesto que se restablece la virtuali- dad de los arts. 641 y 642 de la Ley Orgánica del Poder judicial, relacionados íntimamente con el contexto de la adición de 14 de Octubre de 1882, complementaria de aquélla.

La Ley de Presupuestos de 5 de Agosto de 1893 y el Real decreto para su ejecución de 29 del propio mes, al cambiar la denominación de las Audiencias de lo criminal por la de provinciales, no se detuvo aquí, sino que modificó también las Salas de lo criminal en las audiencias territoriales.

Realmente, para reducir, como se redujeron por en- tonces, cediendo á la avasalladora corriente de las economías, más bien que á razones inspiradas en el mejoramiento de la Administración de justicia, nada menos que cuarenta y seis Audiencias de lo criminal, y para denominarlas provinciales, sin otro motivo que el de conservar una sola en cada provincia, no había necesidad ninguna de que desapareciesen las Salas de lo criminal establecidas en las Audiencias territoriales convirtiéndolas en Audiencias provinciales, con su Presidente Fiscal y Magistrados propios, que era lo mismo que crear una Audiencia dentro de otra Au- diencia, acrecentando con ello trastornos y dificultades en el funcionamiento de tales organismos, que se han ido salvando con la buena voluntad y el concurs de todos, y merced á las acertadas decisiones del Tribunal Supremo (1), puesto que las Leyes Orgánicas, igualmente que la de Enjuiciamiento criminal, contie- nen disposiciones relativas á las Salas de lo criminal, tratándose de Audiencias territoriales, pero no hablan nunca de Audiencias provinciales, ni establecen la separación y exclusivismos irreflexivamente introduci- dos desde 1893 entre partes integrantes de un todo armónico y constitutivas del mismo organismo judi- cial.

Es verdad que nunca se pensó en que las cosas llegarán á este punto, sin querer dar á la modificación llevada á cabo otro alcance que el de un mero cambio de nombre (por más que esto tampoco fuese indispensa- ble al fin de las economías, que era lo que se perse- guía); pero el caso es que, por una parte la estructura del presupuesto, y por otra las exigencias ó formalida- des de la Intervención y Contabilidad del Estado, die- ron lugar á que los Presidentes de Sala de lo criminal de las Audiencias territoriales tomaran la denomina- ción extraña de Presidentes de Audiencia provincial, y los Magistrados adscritos á aquellas Salas se deno- minaran también Magistrados de la Audiencia provin- cial, creándose así un estado de cosas anómalo e irregu- lar, injustificado en todos conceptos, y en cierto modo mortificante (aunque sin propósito de parte de nadie), entre unos y otros Magistrados, cuando, tanto los de lo civil como los de lo criminal, todos tienen el mismo sueldo é idéntica categoría.

Bien pronto se hubieron de tocar los inconvenientes de tal innovación, que están en la conciencia de todo el que conoce estas materias, y, en su consecuencia, hace ya tiempo que, por diversos Ministros de Gracia y Justicia, se procuró volver al razonado sistema y situación legal anteriores á 1893, en cuanto á la orga- nización de las Audiencias territoriales, si bien los fre- cuentes cambios políticos y la consiguiente disolución de Cortes impidieron en varias ocasiones realizar tan saludable aspiración.

Por fin, los Presupuestos del Estado han suprimido, en el personal de Audiencias territoriales, la especifi- cación de Magistrados destinados á las Audiencias provin- ciales, comprendiéndose todos ellos en un mismo concepto, sin distinción ninguna, según consta en el artículo 2.º, capítulo 3.º de la Sección 3.ª (2); y, por consiguiente, habiendo cesado ya los motivos que anteriormente dieron origen á las anomalías indicadas,

(1) Por acuerdo de la Sala de gobierno del Tribunal Supre- mo, de fecha 23 de Septiembre de 1893, las Audiencias provin- ciales situadas en las capitales donde existen Audiencias terri- toriales, se hallan subordinadas en todas las atribuciones y colocadas en el mismo lugar que las antiguas Salas de lo criminal.
(2) En armonía con la nueva estructura de los presupuestos el art. 3.º del mismo capítulo y Sección, que se refiere á las Au- diencias provinciales, sólo comprende las 34 establecidas en ca- pitales de provincia que no tienen Audiencia territorial.