El Foro español (Madrid. 1898) (1907-02-20 00:00:00), página 4

su ejecución inclina; y en tal sentir, parece lógico entender y deducir que á sus singulares preceptos toca atenerse, no á los de la ley común, considerados, á no dudar, al promulgarse aquella como ineficaces, deficientes, válidos; importa, por otra parte, también, no perder de vista, para el supuesto, sobre el que razonamos, aquel principio fundamental de nuestro Código, que al hallarse con el caso excepcional de un delito ó delitos productos de la acción voluntaria del agente, pero distintos en su realización á los propósitos que le movieron á dilinquir, colocáse á su vez el legislador para pescarlos en la propia excepcional situación del culpable y castiga el delito ó delitos cometidos de modo y cuantía muy diferentes á los que preestableciese, prescindiendo para ello de toda regla, de toda consideración de medio á fin, de sus efectos, sirviéndole de punto de partida y de norma el delito intencional, único que el culpable se propuso ejecutar.

Considerando que precisamente en estas propias actuaciones, refiriéndose de modo expreso al caso actual, el Tribunal Supremo de justicia dictó una resolución, siquiera no haya sido invocada por el Ministerio público, conocida de las partes, puesto que de ella hubieron de instruirse, y que antes de recurrir del auto á su tenor dictado por la Sala, comprenderían que no le era dado á ésta contradecir resolución, en fin, que haciendo resaltar la consideración subjetiva del delito, la naturaleza é índole del de regicidio que el criminal quiso ejecutar sin contenerle las consecuencias que el medio empleado podía producir, con completa abstracción de toda legislación especial, resulte de antemano la cuestión surgida, prescribiendo «que al propio criterio deberían los Tribunales de la jurisdicción ordinaria, ajustarse si se suscitaren dudas dentro de ella, entre la competencia del Jurado y los Tribunales de derecho para resolverla en favor de éstos, porque excluido en absoluto de la competencia de aquél, el delito de regicidio, la atracción, sólo podrá determinarse en su caso por otro delito igualmente intencionado de mayor pena, y ni por razón de su intencionalidad, al menos en su principal propósito, ni por cabar mayor pena, podría pretenderse sustraer de la competencia del Tribunal de derecho el delito de que se trata».

No ha lugar á suplir ni enmendar el auto de tres de Octubre último, estese á lo acordado en él, y tan luego sea firme esta resolución dire cuanto para prover sin demora á lo que en orden de sustanciación corresponda en derecho. Los señores del margen lo acordaron y firman en Madrid á 19 de Enero de 1907.

Precepto de aplicación legal para las condenas de costas.

Es opinión común que, aun cuando se hallan derogadas las leyes de Partida, así como todos los cuerpos legales, usos y costumbres que constituyen el derecho español en las materias que son objeto del Código civil, precisamente por no haberse éste ocupado, poco ni mucho, de la de costas en los litigios, se halla en vigor, y es de directa e ineludible aplicación, la ley 8.ª, título 22 de la partida 3.ª; y pues que, y á mayor abundamiento, nada dice la ley procesal sobre este punto, al ocuparse especialmente, en su título XI del libro I de la tasación de dichas costas.

Indudable es que la materia no debía, ni podía ser tratada en un Código de procedimientos; en éstos no se regulan derechos, si no se establecen reglas para hacerlos efectivos, y la condena de costas determina y fija la situación jurídico-moral de uno de los litigantes, lo que exige una especial declaración sobre tal extremo.

A confirmar esto que decimos, concurre la circunstancia de que en algunos casos la ley procesal fija la condena de costas en determinadas sentencias; pero es únicamente cuando se trata, por decirlo así, de juicios de hecho, en los cuales no se definen derechos de ningún género, como pasa en los interdictos y desahucios. Por eso los fija en estos casos particulares, pero absteniéndose de dar una regla general que ha de ser objeto de un precepto perfectamente sustantivo.

A nuestro entender, presenta reglas fijas y precisas en el asunto el Código civil, siendo una errónea, y hasta si se quiere ilegal costumbre, el citar la ley 8.ª, título 22 de la partida 3.ª. Esta es una ley anticuada y caduca, cuyo enunciado es ineficaz para las modernas aplicaciones del derecho, al que ofrece, el cuerpo legal antes citado, un precepto amplio y de extensos linderos, para la regulación de responsabilidades de aquellos que, por su temeridad, mala fó descuido, dan lugar á los costosos dispensios de un pleito.

La materia que nos ocupa cae de lleno dentro de la culpa ó negligencia, que desarrolla el Código civil en el capítulo 11, título 16 del libro 4.º, y que directamente dimana de las obligaciones que se contraen sin convenio, ó sea de los quasi contratos; dicho cuerpo legal los define en su art. 1887 como los hechos licitos y puramente voluntarios, de los que resulta obligado su autor para con un tercero, y á veces una obligación recíproca entre los interesados, y precisamente este último sucede en la litis pendencia desde que se entabla la demanda y surge el vínculo de derecho que sujeta á los contendientes á las consecuencias del litigio.

La teoría de la culpa, aceptada por el derecho romano, se deslinda y determina en el Código Alfonso con verdadera precisión. La ley 12, título 33 de la partida 3.ª, define la culpa lata, que equipara al dolo, como aquélla á la cual caracteriza lo excepcional de la conducta de su autor, que se separa en su criterio de la manera general de entender las cosas, ó, á lo menos, como la mayoría de los hombres las interpretan.

Dada esta teoría es indudable que todo aquel que incurre en el defecto es acreedor al condigno castigo, y así lo estatuye el art. 1902 del Código civil: «el que por acción ó omisión, dice, causa daño á otro, interviniendo culpa ó negligencia, está obligado á reparar el daño causado.» El precepto, dada la generalidad de su concepto, se ajusta perfectamente, ó, mejor dicho, es de aplicación directa á los contendientes en un litigio.

De dos maneras, por dos medios, puede demostrarse la mala fe de un justiciable. Compareciendo, ó no compareciendo en un pleito. En ambas, si su sinonización es manifiesta, debe satisfacer, en el primer caso, los gastos que