El Foro español (Madrid. 1898) (1907-11-11 00:00:00), página 7

rrespondrá á los primeros la Notaría impar que pueda resultar.

Art. 4.º Todas las Notarías vacantes de tercera clase de la referida provisión extraordinaria que no hayan sido solicitadas por Aspirantes, se proveerán, con arreglo al párrafo 4.º del art. 3.º del citado Real decreto de 8 de Agosto, en Notarios excedentes, y, en su defecto, en no excedentes, por orden de antigüedad.

Art. 5.º La prohibición de concursar Notarías que consigna el párrafo 2.º de la circunstancia 3.ª del artículo 7.º del Real decreto de 23 de Mayo de 1904 no será aplicable á los Aspirantes ni á los Notarios en propiedad que concurren á la provisión extraordinaria del repetido Real decreto.

Art. 6.º Los protocolos de las Notarías amortizadas, por haber sido suprimidas en anteriores demarcaciones, permanecerán en los respectivos Archivos generales, y por ningún concepto constituirán el Archivo de las nuevamente creadas en la vigente demarcación, aun cuando éstas lo hayan sido en las localidades donde fueron suprimidas aquéllas.

Art. 7.º Quedan derogadas todas las disposiciones legales que se opongan á lo prevenido en el presente decreto y en el 8 de Agosto último.

Estado actual de los Escribanos de los Juzgados.

PEOR QUE LA POLICÍA Y LOS SECRETARIOS DE AYUNTAMIENTO

(Continuación).

En nuestro modesto trabajo anterior consignábamos, aunque muy á la ligera, lo que debe ser la organización judicial en los tiempos actuales, así como también con indiscutibles y autorizados testimonios de la ciencia jurídica, demostramos que todos los funcionarios públicos, entre los cuales sobresale nuestra profesión, deben de encontrarse retribuidos, enumerando al paso que para dignificar una institución ó una carrera, como pomposamente se quiere denominar al cargo de Escribano de los Juzgados, se hacía necesario crear la personalidad de estos depositarios de la fe judicial, concediendo á los mismos algo, sino todo, de funciones propias, pues reducidos á la categoría de auxiliares del Juez parecen más bien escribientes de aquél, como los conoce el vulgo.

Vamos á examinar ahora sumariamente las funciones que el Derecho llamado orgánico confía á estos funcionarios. Estos que nada perciben del Estado, absolutamente nada, puesto que hasta el título de su carrera les cuesta dinero, los exige el Estado, á quien sirven gratuitamente, en los asuntos de pobre y en las causas criminales y exhortos de otros Juzgados, una contribución.

Además, declara incompatible su cargo con otro cualquiera cargo retribuido con fondos del Estado, Provincia ó Municipio, les inhabilita para ser Concejales, Alcaldes y Diputados, en una palabra, los coloca en una interdicción ó muerte civil. No paran aquí los casos: el Derecho orgánico referido les exige además que asistan con traje conveniente, se supone que quiere decir decente, todos los días al Juzgado media hora antes de la señalada por el Juez para audiencia pública, sin que le sirva de excusa no tener asuntos para el despacho allí; todo lo cual resulta un colmo, pues si los derechos se conceden para el cumplimiento de los respectivos deberes ¿qué derechos nos concede á los Escribanos el Estado? ninguno, sino es el del pataleo y el perecer de inanición cuando por desgracia, no entran asuntos de rico en el Juzgado, con los que poder atender á las necesidades perentorias y diarias de la vida; todo esto sin contar con que no haya algún Secretario de gobierno intruso y ajeno á la carrera, que se quede con lo mejor para él y arrebate al Escribano, en propiedad, á quien costó una carrera y luego unas oposiciones, un pedazo de pan.

Además resulta depresivo para el funcionario público ó sea el Escribano el tener que solicitar en forma de favor ó limosna de los Procuradores la retribución de sus servicios y aun de los particulares. Todos estos creen ver un ogro en el Escribano; creen que su cuenta es excesiva, piensan si habrá intentado estafarles, se enteran á veces de las interioridades económicas del fedatario, y no son por cierto tales hechos para cosechar prestigios y respetos.

Debido á tales causas pensó Bravo Murillo en la dotación de los Jueces, que antes percibían derechos de arancel, puesto que, si se quiere que se respete al funcionario, es necesario que el Estado y los gobiernos, á los que más interesa, no sólo lo deseen, sino que lo procuren, con lo que además se ganaría en la moralidad del funcionario.

Hoy á éste, todo cuanto le rodea conspira para hacerle malvado, cruel y suspicaz, y enemigo del público reposo, puesto que si no existen negocios hay que procurarlos, con el estado actual de cosas.

El derecho constituye un elemento educativo y de cultura de los pueblos, (vease á Arhens) y por tanto cumple al legislador anticiparse á lo que de él exige la mayor cultura de la época, enemiga declarada del pago de costas y otras zarandajas que pugnan con la moral social, puesto que la justicia, según nos refiere el exímio Azcárate en sus explicaciones de Cátedra hace más de veinte años, debe ceder el puesto á la justicia popular, á la que acompaña de ordinario una cualidad muy provechosa y sobresaliente, el sentimiento, elemento ético de que de ordinario no se encuentran adornados los Tribunales de derecho.

En efecto, el pago de costas que en varios y contados casos se hacen efectivas, extiende la acción de una pena en torno de seres inocentes el cónyuge, los hijos menores de edad á los que se arrebata el pedazo de pan añadiendo á la desventura del jefe de la familia, tal vez á su desgracia, una manera inconcebible de aumentar ésta, sumiendo en la miseria á una familia y lanzándola acaso por los caminos del delito y de la deshonra.

La justicia debe ser absolutamente gratuita, puesto que el cumplimiento de tal necesidad es el primero y