El Foro español (Madrid. 1898) (1906-08-10 00:00:00), página 9

erudición y elocuencia que le distinguen en el foro madrileño.

He aquí la doctrina de la sentencia:
1.a La cuestión propuesta ha de limitarse, con independencia del juicio que en el orden moral haya formado la Sala del juicio ejecutivo, á determinar el alcance jurídico de la demanda interpuesta á nombre del Sr. Prieto.
2.a Es indiscutible en todo ejecutivo el derecho de las partes á promover el ordinario (art. 1.479 de la ley Procesal) sobre la misma cuestión.
3.a No es arbitrario en las partes el determinar la naturaleza del ordinario, sino limitada á la cuestión de fondo, relativa á la obligación base del ejecutivo, esto es, á la certeza del crédito que le dió origen y á si en realidad era debido; con las demás cuestiones de carácter sustantivo, y de tal modo relacionadas con la principal, que puedan contribuir á su virtualidad, á fin de suplir las deficiencias propias del carácter sumario del juicio ejecutivo.
4.a En lógica consecuencia, el art. 1.479 no debió autorizar ni autoriza, el que en el procedimiento ordinario se discuta sobre faltas, más ó menos transcendentales, cometidas en la litis ejecutiva, ni sobre defectos del título, que durante su procedimiento y en el mismo pudieron y debieron tratarse y resolverse únicamente; además, que la ley otorga el oportuno recurso de casación, utilizado en tiempo.
5.a Despachado, por tanto, ejecución, si se dicte sentencia de remate sin haberse opuesto el deudor, el ordinario queda limitado al extremo de ser ó no ser cierta la deuda y exigible el crédito de origen; en tanto que opuesto el deudor en tiempo, aunque la sentencia de remate se funde en desechar las excepciones de carácter sustantivo alegadas, el ordinario puede versar sobre estas mismas excepciones.
6.a Que basada la demanda ordinaria en excepciones sustantivas y defectos de procedimiento, todos ya alegados en la oposición como dendor, sólo á aquellos ha de limitarse la materia legal del juicio ordinario.
7.a Que á pesar de la doctrina expuesta, el hecho de ser objeto del pleito los vicios procesales, aconseja poner de relieve la improcedencia de tachar viciosos en otro pleito la tramitación de autos ejecutivos, ni la venta de bienes, aunque en realidad lo sea, por quien, siendo parte, pudo oponerse y no utilizó los recursos legales en el mismo.
8.a Que asimismo el embargo preventivo fué consentido sin protesta, siendo improcedente calificarlo ahora de nulo el mismo interesado que entonces lo aceptó.
9.a Que la enajenación de fincas fué posterior á la sentencia de remate, pasando á poder del ejecutante, por adjudicación judicial á nombre del dueño, sin que éste recurriese contra ella, constituyendo así título de dominio AUNQUE EL ACTO FUERE DETECTUOSO, consentido como todos los proveídos allí citados, y sin haber hecho uso de los recursos legales del segundo apartado del art. 1.506 de la ley Procesal, por lo que no puede calificarse de ilegal y nula.
10.a Que la existencia de la novación y el nuevo contrato tenga existencia real y tan conocida que no deje lugar á duda, resultando siempre de modo expreso la voluntad de las partes; y si fuere hecho bajo condición, se cumpla ésta previamente. (Ley 15, título 18, Partida 5.)
11.a Que la novación no se ha probado legalmente, pues las conferencias en que apoya la excepción el actor, la promesa de otorgar escritura hipotecaria, autorización de venta del vino embargado y promesa de suspensión del ejecutivo, no probadas documental ni testificalmente del modo concreto y claro que deben probarse las novaciones, no autorizan á declarar la existencia del contrato, y aun admitida tal novación, resultaría bajo la base de una condición—la hipoteca—que no se realizó, fuese por quien fuese, por lo que no existiría la novación.
12.a Que el pacto ó promesa de no pedir, queda también improbado por las razones expuestas en el anterior y por tener el mismo fundamento de prueba.
13.a Que el pago es el medio más natural de liberar la obligación, quedando hecho cuando se hace al acreedor, á persona autorizada ó á un tercero sin autorización, si redundá en beneficio del acreedor, probándose estos extremos por todos los medios eficaces en derecho.
14.a Que si bien se ha probado que el deudor pagó el principal al depositario judicial, expresando lo hacía como representante del acreedor y á cuenta del crédito, y asimismo intereses, costas y gastos, todo ello antes de pronunciarse sentencia de remate, este supuesto no es bastante para dar por extinguida la obligación del deudor, mientras á la vez no aparezca demostrado el extremo, también preciso para la cancelación legal, de haberse satisfecho lo debido á quien correspondía recibirllo.
15.a Que negado por el ejecutante el percibo de ese crédito hasta serle entregado por orden judicial, así como no consta que dicho depositario tuviese poder del acreedor, según se deduce de lo contradictorio de la prueba sobre este extremo realizado.
16.a Que en el orden legal, de más estrechos límites que los de la conciencia, no puede estimarse probado que el ejecutante fuere pagado cuando el deudor afirma, pues á ello se opone lo que consta de las diligencias practicadas, ordenando la entrega y demás documentos que obran en los ejecuti-