El Foro español (Madrid. 1898) (1905-06-30 00:00:00), página 6

de ninguna suerte se impida la libre enseñanza y el trabajo de mujeres y niñas en todas las labores propias de su sexo, aun cuando lo prohibieran las Ordenanzas de los Gremios; y la otra, que «para mayor fomento de la industria y las manufacturas, sea libre la facultad de todas las mujeres de trabajar, tanto en la fábrica de hilos como en todas las demás artes en que quieran ocuparse y sean compatibles con el decoro y finanzas de su sexo».

El Real decreto de 1834 deroga los exclusivismos de los Gremios y toda clase de monopolios pretendidos ó ejercidos por éstos, estableciendo que «ninguna Ordenanza gremial podrá contener disposiciones contrarias á la libertad de la fabricación, á la de la circulación interior de los géneros y frutos del Reino ó á la concurrencia indefinida del trabajo y de los capitales».

Y el Real decreto de 1836 restablece la vigencia del Decreto de 8 de Junio de 1813 sobre «libertad de fábricas y ejercicio de industria útil»; Decreto que había sido derogado por la Reacción de 1823.

Después de esto, merece especial consideración el hecho de que en ninguna de nuestras Constituciones políticas del siglo xix (y menos en la vigente) se haya hecho especial mención de la libertad del trabajo ó industria de los españoles. Todas esas Constituciones parten del supuesto de su existencia, consagrada explícitamente por las leyes especiales antes citadas.

El art. 2.º de la Constitución de 1876 trata de aquella libertad (para proclamarla) sólo en relación á los extranjeros (respondiendo á otra teoría que no es del caso explicar), porque supone siempre corriente e indiscutible el derecho de los españoles que no específica el Código citado.

Lo mismo sucede con el derecho de propiedad. El art. 10 de la Constitución vigente lo da por supuesto y anterior á la Constitución, y se contrae á prohibir la confiscación de bienes y á sancionar el principio de la expropiación por causa de la utilidad pública y por autoridad competente, previa siempre indemnización.

Contrastan estas disposiciones de la Constitución sobre el particular de la libertad general de trabajo ó industria, con lo que la misma Ley dice en su art. 13, respecto de la libertad de profesión. La Constitución proclama absolutamente el derecho de toda clase de personas, varones ó hembras, nacionales y extranjeros, de elegirla, y á todos reconoce el derecho de aprender la profesión que elija como mejor le parezca. Pero añade que «al Estado corresponde expedir los títulos profesionales y establecer las condiciones de los que pretendan obtenerlos y la forma en que han de probar su aptitud».

Por esta puerta vienen las limitaciones que ponen fuera de la ley general ó común á las mujeres y á los extranjeros, los cuales unas veces no pueden ejercer la profesión que eligieron, como los españoles varones, y otras veces, para poderla ejercer, necesitan pruebas y condiciones distintas á las que rigen para los nacionales.

Así puede decirse que la Constitución española distingue la profesión de la industria y el trabajo en general, y que el citado art. 13 de la misma está escrito para consagrar la colocación de grados por el Estado y para limitar el principio absoluto consagrado en las Leyes de 1811, 1813 y 1834.

El dato es de transcendencia, aun fuera del orden particular objeto de estos especiales estudios sobre la libertad profesional de la mujer.

Al amparo de las leyes citadas, la mujer española entró en la vida digna y expansiva del siglo xix, como labradora, obrera y artesana, en condiciones análogas á las del varón de su propia clase, si bien con las atenuaciones y diferencias consignadas en la Ley civil de que anteriormente se ha hablado.

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Pero dentro ya de aquélla centuria, el Estado facilitó á la mujer medios especiales de vida en el orden profesional, aprovechado particularmente p. r la clase media.

En este sentido tienen importancia las Escuelas Normales de Maestras, el Conservatorio de Música y Declamación, el régimen de estudios de Matronas, las oficinas de Telégrafos, el Cuerpo de empleados de Cárcel y el de funcionarios y auxiliares del Resguardo.

Las matronas del Cuerpo del Resguardo de Consumos se consideran —conforme al Reglamento de 1885—como auxiliares del Resguardo, dedicadas al registro del personal femenino que trate de introducir en las poblaciones géneros sujetos al impuesto.

Estas matronas dependen de los Jefes del Resguardo, y, según el Reglamento mencionado, tendrán preferencia para ser nombradas tales, las huérfanas y viudas de empleados del Resguardo ó individuos del Ejército.

En cuanto al servicio oficial de Telégrafos por mujeres, hay, que registrar la Real orden suscrita en 31 de Julio de 1884 por el Ministro de la Gobernación, que resolvió que se extendiesen á las mujeres las disposiciones del Real decreto de 22 de Abril anterior, y el Reglamento para la aplicación del mismo de 8 de Junio, relativo al servicio oficial telegráfico, admitiéndose con carácter de auxiliares y de temporeras del mismo á un cierto número de mujeres solteras ó viudas, mayores de diez y seis años, las cuales habrían de prestar servicio de día, así en Madrid como en provincias.

En el preámbulo de aquella Real orden, se decía lo siguiente: