El Foro español (Madrid. 1898) (1905-05-20 00:00:00), página 2

madre conjuntamente ó cada uno de éstos por separado. En este último caso, el que reconozca no revelará el nombre de la persona con quien hubiere tenido el hijo, ni expresará circunstancia alguna por donde pudiera ser reconocido.

Son hijos naturales los nacidos fuera del matrimonio de padres que al tiempo de la concepción de aquéllos pudieron casarse. Los demás hijos que no fueran naturales ó legítimos se considerarán como genéricamente ilegítimos, y sólo tendrán derecho á exigir de sus padres los auxilios necesarios para la subsistencia, la instrucción elemental y la enseñanza de una profesión, arte ó oficio.

El reconocimiento de hijos naturales sólo podrá exigirse, por regla general, en vida de los presuntos padres y sobre los datos antes indicados.

No se admite en juicio demanda alguna que directa ni indirectamente tenga por objeto investigar la paternidad de los hijos ilegítimos en quienes no concurre la condición legal de naturales. Se exceptúan el caso de que la paternidad ó maternidad se infera de una sentencia firme en proceso criminal ó civil, ó cuando resultare de documento indubitado del padre ó de la madre que expresamente reconozcan la filiación.

Tratándose de la mujer, el Código autoriza la investigación de la maternidad, además de los dos casos anteriores, cuando se conoce el hecho del parto y la identidad del hijo.

La Ley de Enjuiciamiento civil de 1881, hoy vigente, en su libro tercero (Jurisdicción voluntaria) contiene varias importantes disposiciones favorables á la mujer, soltera ó casada. Entre esas disposiciones merecen particular consideración las referentes á los depósitos de personas y las habilitaciones para comparecer en juicio.

Antes de promulgado el vigente Código civil debían estimarse las disposiciones de la misma Ley de Enjuiciamiento relativas al nombramiento y discernimiento de los cargos de tutores y curadores, así como al suplemento del consentimiento de los padres, abuelos ó curadores para contraer matrimonio; pero todo esto ha desaparecido y ahora rige lo que antes ligeramente se ha expuesto sobre tutelas y casamientos.

El depósito de personas puede ser de mujer casada que se proponga intentar ó haya intentado demanda de divorcio ó querella de amancebamiento contra su marido; ó de mujer casada contra la cual haya intentado su marido demanda de divorcio, ó querella de adulterio ó acción de nulidad de matrimonio; ó de mujer soltera, mayor de veinte años, que trate de contraer matrimonio contra el consejo de sus padres ó abuelos; ó de los hijos de familia, pupilos ó incapacitados que sean maltratados por sus padres ó tutores ó obligados por los mismos á ejecutar actos reprobados por las leyes; ó de huérfanos que hubiesen quedado abandonados por la muerte, ausencia indefinida en país ignorado ó imposibilidad legal ó física de la persona que lo tuviese á su cargo.

En todos estos casos intervendrá el Juzgado para dar seguridad á la persona que la reclame, depositándola en lugar de confianza, bajo el amparo de persona de responsabilidad y poniendo al depositado en condiciones de ejercitar libremente ante los Tribunales de Justicia los derechos y acciones que le correspondan y deseé hacer valer.

La mujer llevará consigo la cama y ropa de su uso diario. Con ella irán sus hijos menores de tres años. Y disfrutará de los alimentos provisionales que el Juez decrete.

Las habilitaciones que para comparecer en juicio debe dar el Juez cuando es solicitado para ello, proceden en los casos siguientes:

Cuando los padres ó el marido se hallasen ausentes, sin que haya motivo racional bastante para creer próximo su regreso; cuando los padres ó el marido se negaran á representar en juicio al menor ó la mujer; cuando sea demandado el que pida la habilitación y cuando se siga á éste gran perjuicio de no promover la demanda que desea.

En todos estos casos, el Juez procede, oyendo al Fiscal.

No necesita habilitación el hijo ni la mujer casada para litigar con su padre ó marido.

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Todo lo que se acaba de exponer es lo que dispone la ley común de España, en los momentos actuales. Por bajo de ella está la legislación foral (ó sea la especialísima de Aragón, Cataluña, Navarra y Vizcaya) reconocida por ahora por el Código civil de 1899 (art. 12), aunque con ciertas reservas.

Estas son las consignadas en los arts. 8.º al 11, y en el 14 del citado Código, que establecen que las leyes penales, las de Policía y las de seguridad pública obliga á todos los que habiten el territorio español; que lo mismo sucede con las leyes relativas á los derechos y deberes de familia, ó al estado, condición y capacidad legal de las personas, cuyas leyes obligan á todos los españoles, donde quiera que se encuentren; que los bienes muebles están sujetos á la ley del país del propietario y los inmuebles á las del país en que están sitos, si bien las sucesiones legítimas y las testamentarias, tanto respecto al orden de suceder como á la cuantía de los derechos sucesorios y á la validez intrínseca de sus disposiciones, se regularán por la ley de la persona de cuya sucesión se trate, cualquiera que sea la naturaleza de los bienes y el país en que éstos se encuentren; que las formas y solemnidades de los contratos, testamentos y demás instrumen-