El Foro español (Madrid. 1898) (1905-10-30 00:00:00), página 5

Derecho escrito de Aragón, como dicen, sin duda equivocadamente, los redactores del Apéndice, pues no existe disposición alguna terminante que en aquella forma lo disponga, si bien es exacto que la jurisprudencia de los Tribunales se muestra conforme con la doctrina del territorio. Esta especialidad es una de las discrepancias más notables que existen entre la legislación regional y el Código civil, reconocida por los propios autores del proyecto, puesto que el derecho común declara y confirma en los artículos 1.315, 1.319, 1.820 y 1821, que los que se unan en matrimonio tendrán que otorgar sus capitulaciones antes de celebrarlo, que las alteraciones en las capitulaciones matrimoniales deberán tener lugar antes de celebrarse el matrimonio, que después de celebrado no se podrán alterar aquéllas, ya se trate de bienes presentes, ya de futuros, y que las capitulaciones y sus modificaciones se harán constar en escritura pública otorgada antes de la celebración del matrimonio.

No consenten las breves observaciones que venimos haciendo al proyecto de Apéndice aragonés, disentir extensamente si «la Comisión estaba obligada á mantener tal especialidad, fundándose en la consideración elemental de que la realidad se impone sobre las lucubraciones metafísicas», ó si aceptando el criterio de las legislaciones de Francia, Italia y España en treinta y nueve provincias, debió seguir el sistema más generalizado. «Si los que van á casarse—dicen los redactores—no quieren regular el régimen de sus bienes porque no los tienen á la sazón, justo es que si andando el tiempo los adquieran establezcan su régimen. Si, aun teniendo bienes en aquella época y habiendo otorgado su capitulación, resulta que, por imprevisiones, por no conocerse todavía á fondo los futuros consortes, ó porque las obras humanas no son siempre perfectas, establecen pactos defectuosos ó inadecuados, justo es, también, que enmienden sus errores, en lugar de condenarse á la pena perpetua de quedar sometidos á ellos por los días de su vida.»

Al primer aspecto de la cuestión planteadá se puede seguramente contestar con el párrafo segundo del art. 15 del propio proyecto, que dice: «Si los consortes no otorgan contrato de matrimonio..., la sociedad queda sujeta á lo establecido como orden legal en el Apéndice»; es decir, que se regulará por los principios de la sociedad tácita expuestos en el estudio anterior, criterio que nos parece más racional y justo que el contradictorio que más adelante formula el mismo proyecto. Al segundo punto, es suficiente indicación la sospecha de que las conveniencias de los esposos ó las imprevisiones y defectos del pacto primero sirvieran para modificar la anterior capitulación, no en beneficio del cónyuge perjudicado, si lo hubiere, sino en interés del prójimo que necesitará mayor libertad que la primariamente concedida. Además, es normal y comprensible que en la capitulación que se otorgue después de contraído el matrimonio, así como en la modificación ó derogación de la hecha antes, según expresa el art. 71 del Apéndice, puedan los cónyuges, aunque sean menores de veinte años, proceder sin la intervención de sus padres, de las personas llamadas á representarles ó de su tutor, único medio que evitaría algún tanto posibles combinaciones, y en cambio, se exija por el mismo artículo esa intervención en el documento matrimonial, otorgado antes de la celebración del matrimonio?

La capitulación matrimonial—expresa el art. 70 del proyecto, refiriéndose á los 1.321 y 1.324 del Código civil—se formalizará en escritura pública, si alguno de los contrayentes aporta bienes raíces ó muebles, enyo valor total de los que tengan ambos cónyuges exceda de dos mil quinientas pesetas. Si no excede de esta suma el valor de los muebles y no hay Notario en el pueblo, la capitulación podrá formalizarse ante el Secretario del Juzgado municipal, asistido de dos testigos, exigiéndose al autorizante que comunique los otorgamientos dentro de los quince días siguientes al Presidente de la Audiencia territorial de Zaragoza.

Esta sustitución del Secretario del Ayuntamiento por el del Juzgado municipal, nos parece muy prudente y más oportuna que la doctrina sustentada por el Derecho común.

Entusiasta aplauso merece también el art. 72 del Apéndice, que en su primera parte reconoce á los aragoneses la facultad de someterse total ó parcialmente al régimen establecido en el proyecto, ó á alguno de los que se regulan en el Código general.

Termina, en fin, la Sección primera del capítulo III del tan repetido Apéndice, enumerando los pactos ordinarios y comunes admitidos por el Derecho aragonés, que son el acobar ó dote propiamente dicha, el exceso, reconocimiento, firma ó aumento de dote, la aportación de los bienes muebles como raíces, inmuebles ó sitios y viceversa, la hermandad llana y el agermanamiento, los heredamientos y el casamiento en casa; todos los cuales analizaremos en los sucesivos artículos. Asimismo, tendrén validez la renuncia de los bienes gananciales y de las aventajas, la renuncia al derecho de viudez, la consideración de parefetales á determinadas aportaciones de la mujer, y la delegación notarial hecha por el marido á favor de su esposa para que administre los bienes de la sociedad conyugal ó algunos de ellos.

Luis Moutón y Ocampo.