El Foro español (Madrid. 1898) (1905-06-30 00:00:00), página 5

tener en cuenta que tales desdichas son un efecto de la causa.

¿La causa?... Bien conocida es: radica por modo principal en la manera ó forma como el Estado desarrolla y aplica sus actividades con respecto á sus administrados.

Por eso afirma Laccossagne que las naciones tienen los criminales que se merecen, interpretando á contrario sensu determinados principios de psicología social y política en que dichas entidades deben inspirarse para la mejor realización del derecho.

Pero no es toda la culpa de nuestros gobernantes; hay que ser justos y lógicos.

El problema es vastísimo: comienza el enunciado por la educación del ciudadano en sus varios aspectos; prosigue por el hogar doméstico, por la familia, que es la célula de la patria, según el ilustre Unamuno, en cuya constitución, como sabemos, caben todas las iniciativas, todas las tendencias y todas las orientaciones en que se desenvuelve la vida; y concluye por el Estado, como sociedad organizada para el cumplimiento de sus peculiares fines.

La solución acertada de ese problema... la estamos esperando todavía.

De todas suertes, la redención del sér inteligente y libre la encuentro perfectamente razonada en el Tratado de las degeneraciones, de Morel.

La dificultad está en la práctica.

Por lo demás, yo no creo en la sentencia de Malthus, ni menos en el biologismo Spenceriano; pero creo en que existe una ley injusta que condena á las criaturas al dolor, cuyos fatales efectos debemos atenuar en lo posible, ya que no sea fácil remediarlos, aceptando el criterio humano de Vaccaro y Novicov y la definición que Vincent imaginó de la sociología, al decir que es la filosofía del bienestar.

Mas para ello debemos principiar por regenerarnos en todos los órdenes, buscando en el trabajo fe, en la verdad patria y en la libertad amor, cual expresa el Rector de Salamanca, y sólo así nos haremos españoles y hombres.

Y pasarán á la historia los del arroyo.

Entre tanto, seguiremos siendo un pueblo empobrecido y malandante.

ANTONIO BERGALI,
Juez de primera instancia.
29 Mayo 1905.

LA CUESTIÓN SOCIAL

EL PROBLEMA JURÍDICO DE LA MUJER (1)

CAPITULO II

I

La legislación contemporánea española consagra en principio el derecho de la mujer á dedicar sus esfuerzos al trabajo que mejor le acomode. Por eso nuestras leyes no hacen salvedad alguna ni sancionan excepción de ninguna suerte en lo tocante á las artes y los oficios. Pero al llegar á los cargos públicos, y sobre todo á los que llevan aneja cierta jurisdicción, se rectifican del modo que se ha dicho antes, extremándose la preocupación del legislador, al punto no sólo de hacer imposible que la mujer sea Concejal de un Ayuntamiento, sino de prohibir que pueda ser depositaria de los fondos municipales.

Luego, cuando se trata de las llamadas profesiones liberales, nuestras leyes vacilan y se contradicen, con la atenuante de amparar especialmente profesiones para uso exclusivo de la mujer. Este último particular hay que relacionarlo con el interesantísimo de la educación y la instrucción femeninas en España.

La absoluta libertad de oficios data en nuestra Patria de tres soberbias leyes del segundo período de nuestra Revolución política y social contemporánea. Estas leyes son: 1.a, la de 6 de Agosto de 1811, que, incorporando los Señoríos jurisdiccionales á la Nación, al mismo tiempo que reconoció los territoriales como propiedades particulares, abolió toda clase de privilegios exclusivos, privativos y prohibitivos; 2.a, la de 8 de Febrero de 1813, que afirmó el derecho de todo español á ejercer cualquier industria ó oficio útil sin necesidad de examen, título ó incorporación á los gremios respectivos, cuyas Ordenanzas quedaron derogadas; y 3.a, la de 8 de Junio de 1813, que proclamó el derecho de todo propietario á cerrar sus fincas y á cultivarlas y explotarlas del modo y manera que mejor le pareciese, prohibiendo además la tasa de los jornales y la limitación del comercio de granos.

Con estas disposiciones hay que relacionar, de una parte, las Reales cédulas de 12 de Enero de 1779 y 2 de Septiembre de 1784 (que es la materia de las Leyes 14 y 15, tit. XXIII, libro VIII de la Novísima Recopilación), y de otro lado, los Decretos de 20 de Enero de 1834 y 6 de Diciembre de 1836.

Las Reales cédulas citadas mandan: la una, que

(1) Véanse los núms. 265 y 266.