El Foro español (Madrid. 1898) (1904-10-10 00:00:00), página 3

propia existencia ó de la de aquellas personas que legal y naturalmente tiene el deber de alimentar.»

Los motivos que justifican esta modificación, los suministran los Magistrados que se abstienen de hacer aprovechar á los desheredados los beneficios del art. 64, y los acuerdan á favor de los procesados de clase elevada. Ellos absuelven los «depótomanos» tan fácilmente como condenan á los hambrientos.

Los primeros ceden á la tentación de los objetos de lujo; por excusables que aparezcan, ¿puede sostenerse que sean semejantes á los indigentes que sufren las torturas del hambre?

¿No es evidente que la madre de familia que roba un pan para nutrir á su hijo y alimentarse á sí misma, es digna de mayor interés que la mujer de mundo que roba blondas para adornarse?

Si acordáis la absolución legal para la una pretextando que ha cedido á una locura especial personal, ¿por qué la rehusáis á la otra, que sólo ha obedecido, en suma, al instinto de conservación?...

Y, por otra parte, este instinto de conservación, tan rigurosamente negado por los Magistrados cuando es el hambre en su último grado quien le invoca, ¿no está reconocido por la ley?

¿No procede en su nombre la ley que absuelve á un individuo acusado de haber matado á otro en uso de legítima defensa?

Yo, que puedo matar con plena impunidad á un hombre que amenaza mi vida, ¿no podrá coger un trozo de pan sin el cual la vida se me escapa?

En los dos casos es perfectamente igual el imperio de la necesidad á que se obedece: ¿de dónde viene entonces la diferencia de tratamiento?

Se ve, pues el pensamiento generoso que inspira la petición del Presidente Magnaud. Sin embargo, la Francia contemporánea la considera como una osadía temible.

Esto no hace honor á nuestra cultura.

No solamente, en efecto, varias jurisprudencias extranjeras han desarrollado en sus Códigos, hace ya mucho tiempo, la doctrina del Juez de Château-Thierry, sino que en Francia mismo ha tenido fuerza de ley: en 1791, el Código penal absolvía el robo producido por la extrema miseria.

En cuanto á los pueblos extranjeros que reconocen en la ley los derechos de la humanidad, es la Italia, es la Hungría, es la Alemania, y es, por último, la Suiza, cuyo Código penal dice: «Aquel que por preservarse ó preservar á otro de un peligro inminente que amenace la vida, la integridad corporal, el honor, la propiedad ó algún otro bien, cometiére un acto calificado de delito, no será castigado cuando las circunstancias no permitan evitar éste ni exigir de aquél el sacrificio del bien amenazado. En los demás casos, el Jurado atenuará libremente la pena.»

¿Cómo un principio de pura equidad, que ha entrado jurídicamente en las costumbres de la República helvética y de varias Monarquías, constituirá en la República francesa una innovación subversiva?

Enviada dicha petición, el Presidente Magnaud pide á M. Millerand que se digne presentarla en la Mesa de la Cámara.

El Diputado por París, de acuerdo con el grupo socialista del Palacio de Borbón, y á fin de llegar rápidamente á un resultado legislativo, la transforma en una proposición de ley, que presenta en la sesión de 21 de Marzo de 1899.

Deseando dejar al Presidente Magnaud el honor de su iniciativa, conserva la petición íntegra en el texto del proyecto y en la exposición de motivos: era, pues, la obra personal del Presidente Magnaud la que iba á tener que examinar la Comisión de legislación criminal.

El examen prosigue durante un año. Empieza en Abril de 1900, con la publicación de un informe preliminar redactado por el Diputado Perillier, y concluye con la modificación del art. 64 del Código penal.

Pero el pensamiento y el texto tan preciso del Presidente Magnaud desaparecen: la Comisión parece no haberse preocupado sino de desnaturalizarles ó de atenuarles en la más amplia medida.

De una parte, suprime la disposición del proyecto que se refiere á las indemnizaciones debidas por los Municipios de origen de los indigentes absueltos.

De otra parte, declara imposible definir el caso de extrema miseria. Acordada de antemano la absolución para el hambriento que se apodera de un pan, ¿se extenderá ella, en nombre del derecho á la vida, á los indigentes que roben ropas?

Así, estando de acuerdo con el principio de la reforma, discrepan acerca de su aplicación.

En esta incertidumbre, la Comisión recibe dos textos: uno, de M. Perillier, muy vago, en el que se deja al Juez plena latitud para absolver ó condenar á su antojo; el otro, de M. Cruppi, muy estrecho, limitando la indulgencia de la ley á las sustracciones ó estafas de comidas, y declarando que el caso de extrema miseria puede ser considerado como un motivo de irresponsabilidad.

Entre estas dos proposiciones igualmente tímidas é insuficientes, que se apartan en absoluto del precepto, la Comisión vacila y aplaza su decisión.

En este momento, uno de los principales órganos de la prensa (1) juzga que sería lógico consultar al promotor de la reforma, M. el Presidente Magnaud.

La Comisión parlamentaria había, en efecto,

(1) Le Figaro, 16 de Mayo de 1900.