El Foro español (Madrid. 1898) (1904-02-20 00:00:00), página 4

nador, como infranqueable dique opuesto á la arbitrariedad y al capricho.

Sin embargo, las leyes no pueden descender á definir todos los que la experiencia ha evidenciado como posibles dentro de la vida de relación jurídica, y entonces otorgan sus poderes, digámoslo así, al juzgador, para que los resuelva con arreglo á la equidad, que es la religión del que juzga, teniendo en cuenta la naturaleza y circunstancias accidentales de los hechos ó motivos suficientes que provo- can su intervención, dentro de ciertos límites esta- tuídos por las mismas con anterioridad.

Así, en la instrucción de los sumarios, verbigrá- tia, habremos de recorrer la trayectoria que la de Enjuiciamiento criminal determina, según sea la clase del delito que se persiga; pero como en ocasiones integran á éste factores y elementos tan complicados y heterogéneos, que escapan á todo cálculo previo, el Juez, para llegar á su desembro- miento, obra con arreglo á su criterio, más ó me- nos acertado, porque en esto, como se comprenderá, entra por mucho la sindrésis de cada uno, sin que el legislador enumere las diligencias que han de practicarse, por ser imposible fijarlas a priori sin incurrir en el defecto, harto peligroso, del ca- suismo.

A los Jueces, pues, se nos concede carta blanca, y permítaseme la palabra, para el mejor resultado de las actuaciones sumariales, sin rebasar, como es natural, los lindes del referido Código, á la ma- nera como el facultativo procede en la forma que lo exijan las condiciones particulares y etiología de cada enfermedad, en combinación con la diate- sis del paciente, aunque defiriendo siempre el plan curativo á las prescripciones de la ciencia médica, que es su ley.

Otras veces guarda la misma silencio en un pun- to concreto de cierta materia. Por ejemplo: el Có- digo civil ha derogado la 61 de Toro (III, título XI, libro X de la novísima recopilación), y, por tanto, no existiendo hoy precepto alguno que prohíba á la mujer casada ser fiadora de su marido, es indu- dable que la fianza que constituya aquélla será vál- ida y eficaz en derecho. Pues bien; aquí quedará asimismo al prudente arbitrio del citado funciona- rio el declarar, ora la validez del contrato, ora la nulidad, según sus circunstancias especiales, ante probables abusos del poder marital, que vienen á traducirse casi siempre en perjuicios irreparables para su consorte.

Y así en otros muchos casos que se presentan á nuestro estudio, en los cuales el criterio judicial es el único medio que existe para desenvolver y apli- car la doctrina jurídica, por silencio intencionado ó defectos de los cuerpos legales, interpretando su espíritu con arreglo á los principios cardinales en que se asientan, viniendo entonces á ser los Jueces una especie de intermediarios entre la ley y el indivi- duó ó la sociedad, según el orden de relaciones en que sus iniciativas sean requeridas.

Habremos notado también que ese criterio ha de subordinarse, á veces, á las reglas de la sana críti- ca, sobre todo en la apreciación de la prueba tes- ticial.

Declaro que no conozco semejantes reglas, y por más que las he buscado no he podido encontrarlas todavía; y cuenta que debieran existir, porque la ley las sanciona como norma ó pauta á que debe- mos atemperarnos, y es obvio que nuestra condición profesional, tratándose de funciones regladas, debe ser uniforme y única, como únicos y uniformes son los eternos principios de la justicia que adminis- tramos.

En fin, por vía de antecedentes, basta y sobra con lo dicho, aparte cuestiones doctrinales, para dar fijeza y alcance á lo que á continuación ex- preso.

El art. 546 de la ley de Enjuiciamiento dice:

El Juez ó el Tribunal que conozciera de la causa, podrá decretar la entrada y registro, de dia ó de noche, en todos los edificios y lugares públicos... etcétera.

De aquí se infiere, por modo claro, que para ello es necesario, como regla general, que exista una causa previa de la que arranque ó se derive el re- gistro; siendo la mente del legislador, á no dudar, garantir la inviolabilidad del domicilio, sancionada por la ley fundamental como uno de los más pre- ciados derechos individuales.

Y pregunto yo: ¿por qué no se estableció á su vez la excepción, autorizándose la entrada y regis- tro sin previa causa, cuando motivos muy califi- cados así lo aconsejasen?

No falta quien crea, por haber de todo, que no se hizo así por temor á los abusos, que en la mate- ria particular á que me contraigo serían de verda- dera transcendencia. La solución no me satisface, porque precisamente los Jueces permanecemos siempre extraños á los maquillajes manejos del caciquismo, que son el plantel más fecundo de toda clase de demasías, y nos mantenemos en actitud neutral como la ley misma, cuya augusta sereni- dad es nuestro más firme baluarte, en medio de las luchas y pequeñeces de las distintas banderías po- líticas.

No; lo que sucede aquí es que tenemos otro caso á resolver por medio del arbitrio judicial, en el más genuino sentido de esta palabra, á cuya dis- creta decisión quedan sometidos los fundamentos graves y perentorios que pudieran abonar el acuerdo, ó por mejor decir legalizarlo, cuando no haya causa que le sirva de base.