El Foro español (Madrid. 1898) (1904-06-10 00:00:00), página 10

tima de las reglas indicadas, la Sala de gobierno y la Junta del Colegio habrán emitido informe.

No es nuevo en nuestra legislación este precepto, por lo que hace referencia á la Sala de gobierno (1), y sólo lo es, en parte, respecto de las Juntas directivas de los Colegios de Escribanos (2).

Poca importancia doy en estos casos á los informes de los Cuerpos consultivos, porque me he convencido de que todavía la tienen menor para el Gobierno, y porque esos informes oficiales sólo pueden basarse en datos oficiales, que rara vez harán visibles, entre los aspirantes, diferencias que no pueden apreciarse por los documentos unidos al expediente. Además, si en tiempos pasados estaba justificado que en el expediente se informase acerca de las condiciones, méritos, circunstancias, antecedentes, moralidad, conducta y laboriosidad de los aspirantes, y los servicios que hubiesen prestado á la administración de justicia, porque de todo eso podía depender el nombramiento, hoy el informe resulta innecesario y estéril. Trátase, según reza el artículo, de proveer la Escritanía por el turno de antigüedad, ó por el de traslación, establecidos por el mismo Decreto; pues bien, en el primer caso, ha de concederse la vacante al más antiguo en la categoría inferior inmediata, lo cual consta al Ministro, no sólo por el expediente ahora formado, si que también por el personal de cada uno de los Escribanos, que obra en el Negociado correspondiente; en el segundo, la designación es discrecional para el Ministro, y no hay disposición alguna que establezca prioridad por circunstancias, antecedentes, méritos ó servicios, entre los que acrediten ser de igual categoría á la vacante, y, por tanto, el informe resultará en la práctica un mito, y la influencia la única realidad.

Finalmente, ya que el Decreto fija un plazo á la Subsecretaría para anunciar la vacante, á los interesados para presentar sus instancias y á las Audiencias para remitir los expedientes, ¿no convenía fijar otro plazo, tan largo como se creyere necesario, para que la Real orden de nombramiento se firmase y publicase en la Gaceta? Porque, créame el lector, á pesar de todas aquellas precauciones, todavía se retrasan algunos nombramientos mucho más de lo que desearían los interesados.

Fija el art. 15 el plazo de treinta días, contados desde la fecha del nombramiento, dentro del cual, el Escribano electo deberá tomar posesión del cargo, y agrega que este término sólo podrá prorrogarse por otros treinta días, y si no se poseaone dentro de cualquiera de ellos, se entenderá desde luego que no acepta el nombramiento, proveyéndose la vacante en el turno que corresponda.

Ciertamente que son pocas cuantas reglas y preceptos se dicten para evitar una indefinida situación de vacante de Escribanías, y así lo tenemos repetido en distintas ocasiones; pero la disposición que nos ocupa la consideramos de exagerado rigor.

Debiérase, en nuestra opinión, haberse salvado el caso de imposibilidad justificada pues es principio general de derecho que nadie es responsable de no ejecutar lo imposible; ad impossibilita nemo tenetur.

Por otra parte, es regla universal de procedimiento que los términos de prescripción empiecen á correr desde la notificación al interesado, y no desde la fecha del acuerdo; ahora bien, puede darse el caso de que la notificación al Escribano electo no se haga dentro de los treinta días, contados desde el nombramiento, tanto más, cuanto que las resoluciones del Ministerio de Gracia y Justicia referentes al personal de Escribanos, se publican por la Subsecretaría trimestralmente.

En ambos casos, resultará una tremenda injusticia, en orden al derecho constituyente, privar al interesado de un cargo legítimamente adquirido, quizá á costa de grandes sacrificios (1).

(1) Más en armonía con la justicia resultan las disposiciones históricas, en lo que concierne al punto de que tratamos.

La Real orden de 10 de Septiembre de 1868, fijaba (art. 1.) para la toma de posesión el término de setenta y cinco días desde la publicación en la «Gaceta» de los nombramientos, que se entenderán caducados en cuyo caso.

El Real decreto de 29 de Noviembre de 1867 (art. 9.), reproduce, en cuanto al plazo, lo preceptuado en la disposición anterior, y agrega que, en el último caso—eso es, de no tomar posesión en el aludido plazo de setenta y cinco días,—sin necesidad de nuevo expediente, se procederá por el Ministerio de Gracia y Justicia al nombramiento de otro de los mismos aspirantes.

La Real orden de 7 de Junio de 1877, declaró que los Escribanos habituales nombrados conforme al Real decreto de 12 de Julio de 1873, deberán tomar posesión en el término de veinte días desde la fecha del nombramiento, sin perjuicio de reducirlo, en caso plausible, á la conveniencia del servicio, lo que podrá, ó de conceder á los interesados las prórrogas que soliciten, si la misma conveniencia del servicio lo consenta (*), siendo bastante para la toma de posesión una vez comunicadas las órdenes de nombramiento, la presentación de la credencial que se entregue al interesado, y que dentro de sesenta días, á contar desde la citada fecha, exhiban al Juez el correspondiente título; faltando á esos requisitos, se entenderá que renuncia,

(*) Una triste experiencia ha demostrado que, eso de la competencia del servicio, es una márgenes que se irían los legisladores de aquellos tiempos para fines no muy plausibles.