El Foro español (Madrid. 1898) (1905-12-11 00:00:00), página 5

formar de la conducta profesional de funcionarios, auxiliares y dependientes, y señalarían un camino cierto y seguro para dirigir los pasos de los inspectores en la corrección de faltas y abusos. El carácter reservado de estos informes obedece á no crearle la enemiga, que humanamente es muy posible, y que tantos perjuicios puede acarrear en la práctica de las respectivas profesiones; por otra parte, no tendría esto carácter inquisitorial, porque una vez comprobado el abuso, pública sería la defensa, y no se impondría corrección alguna sin previa audiencia de todos los interesados.

Respecto á este particular y relacionado con lo que acabamos de proponer, insistimos en la idea que algunas veces hemos expuesto desde las columnas de esta Revista, de que en cada Juzgado y por el Secretario sería conveniente se llevara un libro en el que por los interesados se estampasen las quejas que tuvieran, si no querían esperar á recibir aquellas invitaciones y en previsión de que no las reciban, y en las que por los Letrados de las partes pudiesen estamparse los errores judiciales en que se pueda haber incurrido y que estimen dignos de corrección.

Estos libros debieran examinarse periódicamente y proveer en su consecuencia, sin perjuicio de esa otra invitación particular y privada á todos cada vez que se trate de una inspección general.

También debiera llevarse otro libro en el que por todos, lo mismo Letrados que funcionarios, pudieran anotarse las deficiencias ó contradicciones legales con que en la práctica se tropieza, cuyo libro podrá servir en gran escala para promover la pronta y constante reforma de las leyes, contribuyendo poderosamente á su perfeccionamiento y progreso.

De este modo, muchas cosas que quedan ocultas y olvidadas entre los folios de los autos saldrían á luz, y sobre la utilidad que para el legislador tendrá todo esto, la Administración de Justicia aparecería limpia y transparente, tal como cuadra á los altos y justificados respetos que á todos debe merecernos.

Vea el Sr. Landeira si lo que proponemos, inspirados en un movimiento general de opinión, es digno de que él lo tome por su cuenta, y si consigue su implantación, crea que unirá á su nombre, ya ilustre por más de un concepto, uno de sus mejores lauros, y merecerá bien de la justicia y de los hombres.

Francisco de la Torre, lo fué á requerimientos de muy apreciados colegas.

Yo no quería que viera la luz, porque no gusto tratar materias que no entiendo bien. De todas suertes, no hice más que expresar lo que pensaba hacer en el asunto, caso de que la Superioridad nos comunicara instrucciones precisas, ó algún compañero no señalase otra marcha más fácil, expedita y adecuada, dentro, claro es, del más estricto sentido legal, que fué el que me sirvió á mí de norte ó guía.

Y á este efecto, cúmpleme manifestar al Sr. de la Torre:

1.º Que el Interventor á que me referí en el insinuado artículo se halla autorizado por Real decreto de 24 de Junio de 1890, á cuyas prescripciones debemos atenernos en la administración de los fondos carcelarios, cual ordena el de 19 de Enero último.

2.º Que no es exacto propusiera yo el nombramiento de un Secretario de entre los Vocales de la Junta, porque esto hubiera sido un absurdo; ya que semejante cargo lo ha de desempeñar el de Gobierno del Juzgado respectivo, que lo es nato de la enunciada Junta, conforme á lo dispuesto en el artículo 6.º del Real decreto de 22 de Mayo de 1899; por lo que huelga manifestar que no puede corresponder tal cargo á un vigilante de la prisión preventiva, pues estos funcionarios serán designados tan sólo si las Juntas lo creyeren conveniente, para que las ayuden en las operaciones de contabilidad, con el mero carácter de auxiliares.

3.º Que el Tesorero del Municipio no puede serlo á la vez de la Junta, sino un Vocal que se elija de su seno, según el espíritu de la Real orden de 16 de Mayo del presente año; y

4.º Que el pago del contingente carcelario no tiene carácter judicial, sino administrativo, como sucede con el de la provincia, cupo de consumos y otras derramas congéneres, porque las cantidades que se abonan por esos conceptos están prescriptas y reglamentadas por la Administración activa para levantar cargas esencialmente públicas, presupuestadas por la propia entidad. Y de ser así, pruébalo, con harta evidencia, el que no exista artículo alguno en el Decreto arriba indicado de 24 de Junio, que confiera facultades ejecutivas en ese sentido al Presidente y Ordenador de pagos de la Junta de Prisiones de Madrid. Las Diputaciones que enumerá y el Ayuntamiento de la Corte, vienen obligados á ingresar antes del 20 de cada mes las sumas necesarias en la Tesorería de dicha Junta, siendo ellos los competentes para emplear, cerca de los pueblos morosos, los apremios que estimen, si hubiere menester, los cuales ostentan la cualidad que he apuntado; y al igual ocurrirá con los Alcaldes en sus relaciones con las Juntas locales de partido, por el

SOBRE EL MISMO TEMA

El artículo que publiqué en esta Revista titulado Los nuevos Ordenadores de pagos, que se sirve comentar mi distinguido amigo y compañero don