El Foro español (Madrid. 1898) (1904-06-30 00:00:00), página 5

tal parece, si se reflexiona circunstancialmente; mas si se abonda y penetra en tal materia, desligándose por un momento de contingencias y dudificaciones que genera la vida de nuestra sociedad, se encontrará un fondo injusto é inmoral, productor de amarguísimas reflexiones y de sinceras protestas. Pero aún es preciso llegar más adentro: ¿es ciertamente insoluble el problema? En una palabra, ¿carecemos de medios para indemnizar al que ha estado en prisión preventiva debido á notorio error?... Es aventurado responder categóricamente, pues á nadie se oculta que es éste el blanco de la cuestión.

En buena y normal filosofía, es el presente uno de los casos más claros é indubitados de resarcimiento. Todo el que ha sido sujeto pasivo de un daño, ha de ser satisfecho y reintegrado por el sujeto activo del mismo, aunque se trate de una actividad inconsciente, como acontece con la que desarrolla el Estado al recluir al presunto culpable, posterior inocente.

La razón de deber es indiscutible. La sociedad está obligada á indemnizar al que por su prevención de seguridad ha experimentado un mal, al que ha sufrido las fatigas carcelarias, por ahorrar á sus conciudadanos las que les ocasiona la duda del delito impune.

Pero bien; el deber se reconoce, la obligación no se discute, la necesidad de cumplirla no se satisface, y hé aquí la injusticia y la inmoralidad, que vive porque una apatía científica no aporta los medios para combatirlas.

Preciso es vencer tan fatal pasividad, y pues el mal existe revestido de gravedad, búsquese el remedio, aunque haya de salirse del campo de las leyes positivas y penetrar decididos en los de la sociología y de la ciencia económica.

La prevención es el primer carácter de los sistemas penológicos actuales, y se determina expresamente en la reclusión anterior del presunto culpable, cuya evidente delincuencia sólo ha de ser probada por el Tribunal colegiado. En tanto la causa incoada no llega á tal grado de su proceso, nada justifica la conducta del Estado al encarcelar á uno de sus individuos, como no sea la seguridad del orden amenazado, la tranquilidad de todos, que parece significa más que el dolor de uno solo.

Y es, sin duda, aceptable esta previsionaria medida, en cuanto al que la realice se obligue á pasar por todas sus consecuencias y á aceptar todas las sanciones que dimanan de un acto de tanta transcendencia social.

En el caso de que esa presunción de culpabilidad se confirme, las consecuencias de los actos previos favorecen al Estado, pues tal confirmación corrobora las sospechas y los indicios anteriores, y justifica plenamente tal uso de soberanía. Pero si ocurre lo contrario, como puede acontecer, y de hecho acontece, ¿ha de permanecer el Estado indiferente á las resultas de sus actos? ¿Es acaso persona irresponsable? En modo alguno: es una persona jurídica; tiene derechos, con obligaciones recíprocas ineludibles. ¿Ha de ejercer los primeros y no estar á las segundas? No. ¿Cómo ha de ser precisamente el Estado, donde encarnan el derecho y la armonía social, quien así falte á las leyes de la moral y de lo justo?... No debe ser tal cosa, y lo es, sin embargo, en el caso práctico del abono de prisión preventiva.

Cuando las sospechas, los indicios, las presunciones del Juez que procesa han resultado erróneas, según demostración del Tribunal superior, el Estado no se preocupa nada por satisfacer y reintegrar al individuo que indebidamente y por su causa permaneció recluso, alejado de la vida honesta, sufriendo el lucro cesante y el daño emergente. No le indemniza de modo alguno, y contentarse con ponerlo en libertad, sin fijarse en que le debe todo el tiempo de injusta prisión preventiva, que tiene que buscar una manera adecuada de resolver esta duda, que no puede zafarse de tal obligación sino negando y escarneciendo todos los principios de la justicia y la equidad en que se cimentan sus poderes directivos.

Pese á tan tristes reflexiones, es preciso convenirse, palpando la realidad, que existe en nuestra vida social, al lado de otras muchas, esta tremenda y aniquilante injusticia.

Y esos poderes soberanos, que muchas veces se arrogan más de lo que deben, son los llamados á remediar estos males, que, patentizados con un poco de filosofía natural, pueden curarse con modestas medidas administrativas.

En este terreno de modalidad práctica, el Estado habrá de indemnizar económicamente—pues no hay otro medio—al recluso por previsión equivocada y al que, ratificada su culpabilidad, tenga cumplida de más la pena impuesta con la prisión preventiva.

Esto último es frecuentísimo. Es de todos los días que en el juicio oral se imponga una pena sobradamente pagada con la prisión preventiva, y—sin hablar de la injusticia de estos sumarios eternos—infírese de lo dicho que ese tiempo de más ha de abonarse por completo.

Aunque sea repetir lo dicho, hay que recalcar que el Estado hálase más que nadie obligado á realizar el derecho, ya que tal función constituye su fundamento, y que con el mero hecho de no indemnizar á los que perjudica, se pone en contradicción con los mismos principios que proclama.

Ya es hora de que entremos á determinar los medios de que puede y debe valerse el Estado para satisfacer esta necesidad social.