El Foro español (Madrid. 1898) (1905-05-10 00:00:00), página 4

equiparado á los hijos varones y hembras en el derecho á heredar á sus padres y ascendientes.

Esta misma igualdad se sanciona por el art. 823, referente á la mejora que los padres pueden hacer á alguno ó algunos de sus hijos, disponiendo en favor de éstos de una de las dos terceras partes destinadas á la legítima.

Pero en materia de sucesión de títulos nobiliarios subsiste la legislación antigua (art. 13 de la Ley de 1820), por cuya virtud el varón tiene preferencia respecto á la hembra. Y en 1855, por ley, se ratificó el derecho conocido por el citado artículo 13 de la Ley de 1820, al poseedor de varios títulos y grandezas, para repartir éstas entre sus hijos.

Conforme al vigente Código civil, la mujer es mayor de edad á los veintitrés años cumplidos, y sólo se diferencia del varón, en que si es hija de familia no puede dejar la casa paterna antes de los veinticinco años sin licencia del padre ó de la madre en cuya compañía viva. Se exceptúa el caso de tomar estado ó cuando el padre ó la madre hayan contraído ulteriores bodas.

La mujer puede hacer libremente testamento á los catorce años y casarse á los doce, si bien con licencia de los padres ó del consejo de familia, durante la minoría de edad. Casada, está obligada á vivir con su marido, serle fiel y obedecerle y socorrerle; así como tiene derecho á sus honores y á su representación. Sigue la condición y nacionalidad de sus padres y de su marido.

La madre, en defecto del padre, tiene potestad sobre sus hijos naturales y legítimos no emancipados. Y á las abuelas paterna y materna, mientras se conserven viudas, les corresponde, en defecto de los abuelos paterno y materno, la tutela legítima de los nietos.

La viuda que contrae segundas nupcias pierde la patria potestad sobre los hijos habidos en el primer matrimonio; fuera del caso de que el difunto, en testamento, hubiera dispuesto otra cosa. La mujer puede ser tutora de su marido ó de sus hijos locos ó sordomudos y de sus hijos pródigos. Además, administrará los bienes del matrimonio siempre que sea tutora de su marido, en caso de ausencia declarada de éste ó en el de interdicción civil del mismo. También la viuda es administradora de los bienes matrimoniales en el caso de muerte del marido, y mientras, tiene pleno derecho á dedicar se á la industria que bien la parezca, siempre dentro del orden familiar, garantizado, primeramente, por la autoridad del marido y del padre. Pero necesita licencia ó poder del marido para adquirir ó enajenar bienes, para obligarse, para aceptar ó repudiar herencias y para pedir la partición de bienes. En caso de oposición injustificada del marido, suple la autorización de éste, el Juzgado.

La mujer no necesita licencia para defenderse en juicio criminal ni para demandar ni defenderse en los pleitos con el marido, ni para hacer testamento, ni para ejercer los derechos que le correspondan respecto á los hijos legítimos ó naturales reconocidos que hubiere tenido de otro que no fuere su actual esposo y respecto á los bienes de los mismos.

Las compras de cosas destinadas al consumo diario de la familia son válidas aun sin permiso expreso del marido.

Puede excusarse de seguir á éste á Ultramar ó al extranjero. Es dueña y administradora de sus bienes propios; pero puede ceder la administración al marido, el cual en ninguna ocasión, mientras la mujer fuere menor de edad, tomará dinero á préstamo, gravará ni enajenará los bienes raíces de su esposa, sin consentimiento del padre, de la madre ó del tutor de ésta. La menor de dieciocho años tampoco podrá administrar sus bienes sin la autorización de estas últimas personas, las cuales, además, tendrán que asistirla para comparecer en juicio.

Las donaciones entre marido y mujer son ineficaces. Y no son lícitos los contratos entre ambos durante el matrimonio. Pero antes de éste y con su motivo y señaladamente en lo tocante á los bienes de los esposos, pueden éstos estipular lo que bien les parezca; entendiéndose que los contratantes no podrán estipular nada que sea contrario á las leyes y á las buenas costumbres, ni depresivo de la autoridad que respectivamente corresponde en la familia á los futuros cónyuges.

En esos contratos (llamados capitulaciones matrimoniales) se determina el modo y manera de aportar los cónyuges sus capitales, la administración e inversión de éstos y de sus frutos, y en general, las condiciones de la llamada sociedad conyugal, relativa á sus bienes presentes y futuros.

Cuando no se hace contrato especial se entiende que el régimen acordado es el de la sociedad legal de ganancias, mediante la cual el marido y la mujer harán suyos por mitad, al disolverse el matrimonio, las ganancias ó los beneficios obtenidos indistintamente por cualquiera de los cónyuges durante el tiempo del matrimonio, reputándose ganancias todos los bienes del matrimonio mientras no se pruebe que pertenezcan privativamente al marido ó á la mujer.

La ley tiene establecido que son propios de cada uno de los cónyuges los que aporte al matrimonio como de su pertenencia, los que adquiera durante el por título lucrativo, los adquiridos por retraído ó permuta y los comprados con dinero exclusivo de la mujer ó del marido.

Los bienes propios de la mujer pueden ser dotes ó parafernales. Estos últimos son los que la