El Foro español (Madrid. 1898) (1904-03-30 00:00:00), página 9

Cada año nombraba cuatrocientos cincuenta ciudadanos, de conocida probidad, para que ejerciesen en todos los Tribunales las funciones de jurado ó jueces de hecho, y hacía inscribir sus nombres en un registro público, llamado Album judicum. Si la acusación era admitida se ponían cédulas con dichos nombres en una urna, y en presencia de las partes el juez de la cuestión sacaba por suertes el número de jueces que la ley señalaba para aquellas especie de juicio. Podían recurarse libremente por el acusador y el acusado los que craysen sospechosos, mientras no se agotase el número de cuatrocientos cincuenta, con tal que resultase número suficiente para el juicio. Las defensas de los Abogados duraban á veces muchos días. Los jueces fallaban de viva voz en audiencia pública, y las más de las veces daban sus votos por cédulas reservadas, que examinaba el pretor y publicaba por sentencia la opinión de la mayoría. En el Jurado romano había garantías de capacidad e imparcialidad en los jueces de hecho, ya porque el pretor elegía dichos jueces, ya porque no los tomaba sino del orden ecuestre ó del senatorio, ó de ambos, y siempre prefería los que, además de la edad y el censo que exigía la ley romana, reunían la circunstancia de haber obtenido alguna magistratura. Así vemos que en las causas célebres que ha defendido el principio de la oratoria romana, Marco Tulio Cicerón, natural de Arpino, apellidado Padre de la Patria, que nació el año 654 de la fundación de Roma, había jueces de hecho de tanta reputación como Marco Porcio Catón, orador sobresaliente y gran general; Hortensio, los Scévolas y otros. En esta época, que corresponde al sistema llamado de las fórmulas (formula) ó procedimiento ordinario (ordinaria judicia), encontramos una alteración radical en la Organización del Poder jurídico. Consiste ésta, como acabamos de ver, en haber extendido entre los ciudadanos el poder de ser Juez. La plebe se había emancipado del monopolio de la justicia patricia, y el ciudadano llegó á ser juzgado por sus iguales.

En este procedimiento formulario se planteara la cuestión litigiosa ante el Magistrado, que resolvía previamente los aspectos jurídicos del caso concreto, y daba una fórmula ó sentencia condicional, en la cual autorizaba al Jurado para absolver ó condenar, según estuviesen ó no probados los hechos controvertidos, y determinados con la mayor precisión. El jurado, simple ciudadano convertido en Juez, no tenía otras atribuciones que las que el Magistrado le confería. Fuera de los términos de la fórmula no tenía poder.

La redacción de las fórmulas era el punto esencial, el capital del procedimiento. El análisis y encadenamiento de las diversas partes de que consistaban eran admirables, así como la claridad, la rectitud y la precisión de sus términos. Se empleaba, en fin, en su redacción todos los recursos de la Ciencia jurídica (1).

Las fórmulas se incorporaban en la jurisprudencia, se inscribían en el Album y se exponían al público.

Notables escritores, entre ellos Hegel, Mayer, Pérez Pujol y otros, sostienen que el Jurado romano debía renacer con las necesidades de los tiempos modernos, y el ilustre catedrático Santa María de Paredes dice que «tal vez si el Jurado se organiza hoy aprovechando las enseñanzas del antiguo procedimiento formulario, cesen las quejas de los modernos jurisconsultos contra una institución que simboliza el apogeo del Foro más ilustre del mundo».

En la Edad Media nos encontramos con los pueblos germanos, que invadieron la España en el siglo V de nuestra Era, y cuya sangre se mezcló también con la nuestra. De estos pueblos nos refiere el historiador filósofo Tácito (2) «que tenían costumbres guerreras: las madres y mujeres de los germanos acompañaban á éstos á los combates, llevaban víveres á los combatientes, los excitaban á la pelea, y participaban, en una palabra, de sus fatigas y peligros, tanto durante la paz como en tiempo de la guerra. Ejércitos hubo que, después de desordenados, consiguieron la victoria gracias á los esfuerzos y súplicas de las mujeres, que les rogaban que no se deshonrasen con una huida vergonzosa».

En la infancia y sencillez de estos pueblos guerreros, que no eran tan bárbaros como se cree, el pueblo se reunía en sus juntas y asambleas, que presidía el Rey, príncipe ó caudillo; se presentaban las acusaciones y se decidían las causas criminales; el Presidente indicaba la sentencia que le parecía justa, y el pueblo armado la aprobaba, sacudiendo todas sus jabalinas ó picas, ó bien la desaprobaba sin otra señal que el murmullo; á los traidores, los tránsfugas y á los cobardes, se les imponía la pena de muerte. Aquellas juntas, aquella intervención del pueblo armado en la administración de justicia, eran una especie de consejos de guerra, cuyo objeto principal era el de mantener y fortificar la subordinación militar. Al extenderse los germanos por la Europa modificaron sus costumbres con la cultura y civilización que iban adquiriendo de los pueblos vencidos, y aunque conservasen algunas instituciones, siempre permitieron á los conquistados regirse por las que éstos tenían. Su sistema judicial se eclipsó ante el contacto de la civilización romana.

El Jurado moderno, el que se halla establecido con más ó menos extensión y condiciones en Espa-

(1) Ortolan, part. II, tit. II, De las axiones.
(2) De moribus germanorum, cap. XVIII.