El Foro español (Madrid. 1898) (1904-06-30 00:00:00), página 4

Mas, prescindiendo de esto, que no es el principal objeto de mi artículo, he de limitarme á lo que constituye su tema, ó sea, á lo relacionado con los semiabogados, Procuradores y semiprocuradores, Abogados de flamantísima promoción.

El desenvolvimiento de todo negocio judicial, puede decirse, con bastante propiedad, que consta de dos partes: una externa y otra interna. Se refiere la primera á la marcha del asunto en el tiempo, con sus términos que se cumplen, notificaciones que se reciben ó exigen, plazos prorrogables ó improrrogables, esos pequeños incidentes que, sin alterar la esencia debatida, necesitan, sin embargo, estar constantemente fijas en ellos la atención activa de alguien; y ésta viene siendo la misión tradicional confiada á los Procuradores. Es relativa la segunda al hábil planteamiento de la cuestión, á su dirección suprema, al alegato profundo y razonado; tal es el encargo encomendado hasta aquí al Abogado.

De conocimientos más extensos y más completa educación jurídica, debe llevar siempre el Abogado la superior dirección de cualquier asunto, por mediana que sea su cuantía, dejando al Procurador el papel de agente que cuida de su mecanismo, ya que otra cosa no le permiten su base actual científica, ni su práctica meramente superficial, haciendo con ello descansar al Abogado de la grave tarea que por sí solo constituye el desarrollo de las arduas cuestiones de Derecho que cada negocio representa.

Por otra parte, el aspirante á Procurador á quien se le exijan todos los estudios que señala el proyecto de reforma para llegar al término de su modesta carrera, ó hará un esfuerzo extremo, hasta lograr la licenciatura en Derecho, ó emprenderá otras vías que, más en armonía con los medios que están á su alcance, le conduzcan con mayor facilidad al objeto que apetece. Parece como si lo que se propone en el proyecto tendiese realmente á la supresión de tan útil rueda del mecanismo procesal.

Quédese, pues, todo lo relativo á estos particulares como hasta aquí: el Procurador, con su fianza á responder de los negocios que se le encomienden, con su carácter principal de agente ó mandatario de quien le apodera; consagrado el Abogado á la alta inspección de los asuntos, á la demostración científica ante los Tribunales de justicia de estar ajustados á Derecho los que se le confían y defiende. Lo contrario, por desnaturalizar la índole de las atribuciones que á cada una de estas carreras corresponde, sería en extremo perturbador, anárquico y perjudicial para ambas, sin que responda tampoco lo que se trata de innovar á ningún fin esencial.

Por último, con respecto al juramento que, según el Sr. Sánchez de Toca, deberán prestar estos profesionales al empezar á ejercer su carrera, debo decir que tan extraña reforma la considero ineficaz, retrasada é impropiá de estos tiempos. Nada tiene que ver, ni en nada se relaciona el ejercicio de esta noble profesión con la política de un país, ni con su forma de gobierno. Republicano serviente, ó reaccionario enragé, se puede ser á la vez honra y gloria del Foro de la patria... No debiera en modo alguno prosperar disposición tan retrógrada

Mariano Segura,
Abogado.

SOBRE EL ABONO DE PRISIÓN PREVENTIVA

La Ley de 17 de Enero de 1901, sobre abono de tiempo de prisión preventiva en las causas criminales, fué una novedad laudable, obra merítisima, al intentar la solución de uno de los problemas más complicados de la ciencia penal contemporánea.

Mas si al aspecto penal se une el sociológico, podrá observarse que la cuestión que se trata de resolver es hondísima, y que dista mucho de estar abatida por completo, y se observará también su dualidad, si se tiene en cuenta que el abono de tiempo de prisión preventiva se debe, lo mismo al preventivamente preso con justicia, posteriormente demostrada, que al que ulteriores pruebas presentan en calidad de inocente.

Tratándose del primer caso, un condenado á pena correccional tendrá por cumplida en ésta todo el tiempo de prisión preventiva, y el que lo sea á pena afflictiva tendrá en su abono la mitad, al tenor del texto de la Ley. En verdad que aquí no hay lugar á dudas; pero vengamos al segundo caso: el inocente que ha estado en reclusión preventiva un tiempo determinado, ¿qué tiene en su abono?... Nada.

La citada Ley enmudece ante tal pregunta, y se reduce á garantir los derechos adquiridos de los culpables, abandonando, en absoluto, los no me nos respetables de los inocentes.

¿Por qué tal conducta en nuestra legislación criminal? No puede creerse que desconozca la importancia del asunto, ni la injusticia en la omisión de su planteamiento y estudio. No puede sospecharse siquiera la creencia de que con la Ley precitada haya terminado felizmente y dado de mano en definitiva á punto tan complicado y pródigo en discusiones. No. Es de creer que el legislador conoce el problema en toda su magnitud y en su bifurcación inmediata. Pero ocurre que, decidido el primero de sus aspectos, al llegar al segundo, más difícil y más propio del sociólogo que del penalista, éste encuéntrase dudoso, y, fuera de su centro, concluye proclamando la insolubilidad. Y, en efecto,