El Foro español (Madrid. 1898) (1904-09-10 00:00:00), página 6

créditos, cuando no sean todos de una misma clase; y todas las diligencias sucesivas de incautación de los bienes y su enajenación, no son más que ejecución del derecho ya definido de los acreedores.

No faltará quien diga que hasta tanto se verifique el reconocimiento y la graduación de los créditos, no quedan éstos realmente definidos. Aunque así fuera, siempre resultaría exceptuado de la caducidad cuanto se actúase con posterioridad al trámite dicho de reconocimiento y graduación, además de que para esos trámites no se requiere instancia de parte, como hemos visto, por confiarlos la ley de oficio al Juez, y no ser, por tanto, caducables, á tenor del antes citado artículo 412.

4.a Por virtud de la cesión de bienes que el deudor hace á sus acreedores, al presentarse en concurso, se crea un estado de derecho parecido al de comunidad, que, haciendo imprescriptibles los derechos de los acreedores sobre tales bienes, ha de hacer por fuerza incaducable el procedimiento establecido por la ley para efectivarlos.

5.a Por último, el concurso, además del interés privado de los acreedores, tiene un interés público ó social, por el cual interviene el Ministerio fiscal, según hemos tenido ocasión de ver en el capítulo XI, y es indispensable, una vez firme la declaración de concurso, averiguar y declarar si el deudor es ó no culpable por los hechos que le han conducido á situación tan extrema, para en su caso perseguirle criminalmente.

Este aspecto público del concurso se opone á su caducidad, porque, de admitir ésta, quedarían impunes los fraudes que tanto alarma á la sociedad, interesada en que desaparezcan, ó, cuando menos, que no se repitan con frecuencia.

III. DECLARACIONES DEL TRIBUNAL SUPREMO SOBRE ESTE PARTICULAR.—Tres son los casos de que hasta la fecha ha conocido tan alto Tribunal. En el primero de ellos se declaró por sentencia de 6 de Junio de 1895 «que no puede estimarse caducada la instancia cuando, por haberse llegado á un convenio entre deudor y acreedores, no hay términos hábiles para instar su curso mientras exista aquél pendiente de cumplimiento».

En otra sentencia reciente, fecha 2 de Junio de 1908, se ha declarado por el mismo Tribunal «que existiendo un verdadero concurso, promovido después de transcurrido el año fijado en el convenio celebrado sobre la manera de asegurar el pago de lo debido á los acreedores, pero sin que existiera acuerdo alguno sobre quita y espera ó forma de realizarlo; y este concurso, después de nombrado Administrador y Síndicos, es el que quedó pendiente de tramitación ulterior, cuando se había pedido la celebración de Junta para reconocimiento de créditos (1); hay, por tanto, que referir la caducidad á dicho juicio de concurso, puesto que ésta fue la tramitación que se dió á las diligencias sucesivas, que no aparecen limitadas al cumplimiento de lo convenido, ni sobrescidas por ningún otro acuerdo que á ellas pusiera término; y como los concursos tienen el carácter de juicios, y la sentencia de 6 de Junio de 1895 se refiere á un caso diametralmente contrario, es manifiesto que es improcedente el recurso, aunque no fueran perfectamente apreciables todas las razones aducidas por el Tribunal sentenciador, puesto que, de todas maneras, ha sido rectamente aplicado el art. 411 de la Ley de Enjuiciamiento».

Y en otra sentencia más reciente aún, fecha 9 de Diciembre de 1903, se sienta la siguiente doctrina:

«Considerando que si bien, contra lo alegado en el motivo primero del recurso, se extiende la caducidad de la instancia á toda clase de juicios, y, por tanto, á los universales, según ha declarado ya este Tribunal Supremo en observancia del artículo 411 de la Ley de Enjuiciamiento civil, no basta para declararla el mero transcurso del tiempo determinado en dicho precepto legal, sin que los interesados que sean ó puedan ser partes en el juicio insten su curso, pues, conforme al texto y recto sentido del siguiente art. 412, es preciso que la causa de la paralización sea imputable á la negligencia de las mismas partes litigantes, por lo cual, como también ha declarado este Tribunal Supremo y se alega en apoyo del recurso, no corren los términos establecidos para la caducidad de la instancia en los juicios universales que se hallen pendientes de las actuaciones que por ministerio de la ley han de practicarse de oficio en interés colectivo de las partes á quienes puedan corresponder los bienes de la herencia, quiebra ó concurso (2), siendo, en consecuencia de ello, manifiesto, en caso de quiebra, que estando confiada exclusivamente á la acción judicial, aunque su ejercicio no sea requerido por parte alguna, la adopción de las medidas adecuadas para asegurar los bienes del quebrado y convocatoria de los acreedores, hasta que, celebrada la primera Junta, se constituya la Sindicatura

(1) Este trámite es de oficio (arts. 1.252 y 1.258 de la ley), y no necesitando, por tanto, excitación de parte, no debe imputarse el abandono al deudor ni á los acreedores para declarar en su perjuicio la caducidad de la instancia.

(2) Aquí ya reconoce el Tribunal Supremo que hay en los concursos y en las quiebras actuaciones de oficio, y que mientras se esté pendiente de ellas no cabe la caducidad, que es precisamente lo que hemos sostenido en la segunda de las consideraciones antes expuestas para negar la aplicación al concurso de las disposiciones que establecen y regulan la caducidad de la instancia.

Comprobamos en que la alta sabiduría de dicho superior Tribunal desea señalar aún más esta doctrina á medida que se le vayan presentando nuevos casos, y acabará por reafirmar en absoluto la caducidad de la instancia en el procedimiento especial de los concursos y quiebras.