El Foro español (Madrid. 1898) (1905-02-28 00:00:00), página 3

pues, en lo sucesivo, ya no tendrá lugar la doble representación judicial, hasta ahora establecida. En este punto, el texto del párrafo primero se entiende lo suficiente, á pesar de que, por la generalidad de sus términos, resulta comprender también (además de las partes) á los peritos y testigos, que asimismo tienen obligación de intervenir en los asuntos judiciales.

Pero al llegar á la excepción, no es fácil precisar lo que el proyecto ha querido decir. ¿Será indispensable en adelante, tratándose de los recursos de casación, la doble representación del Procurador ó Abogado, ó bastará tan sólo comparecer en los mismos por medio de Letrado? Confesamos ingenuamente que es aventurado resolver las dudas que ofrece el art. 363, á que venimos refiriéndonos.

Si se tiene en cuenta lo dispuesto en su párrafo segundo, es necesario tan sólo, cuando de los mencionados recursos se trate, comparecer por medio de Abogado; mas si se atiende á lo establecido en el párrafo último, entonces parece indispensable la doble representación de Abogado y Procurador. La contradicción, pues, no puede ser más palmaria.

Resulta de todas suertes, que, ante todos los Juzgados y Tribunales, incluso el Tribunal Supremo en los demás asuntos que no sean recursos de casación, todos los individuos podrán defenderse á sí mismos, sin necesidad de Letrado. ¿También las mujeres viudas y las solteras mayores de edad ó emancipadas? Hacemos la pregunta, no porque lo exijan los términos absolutos del art. 363, sino para que se vea hasta dónde se llevan en la Ponencia estas atrevidas innovaciones.

Ya al redactarse hace medio siglo nuestra Ley de Enjuiciamiento civil, los eminentes jurisconsultos que componían la antigua Comisión de Códigos, meditaron y dilucidaron, con el auxilio de sus profundos conocimientos, la grave cuestión de la obligatoria intervención del ministerio de los Abogados en los negocios judiciales, que ahora se resuelve de plano y en sentido contrario, con pasmosa facilidad.

El tratadista y Catedrático D. Pedro Gómez de la Serna, que honró también con su ciencia y honorabilidad el Ministerio de Gracia y Justicia, y enalteció más tarde la Presidencia del Tribunal Supremo, en su obra Motivos de la Ley, expone su autorizado criterio en este punto, que era asimismo el de todos sus colegas, los ilustres varones de la citada Comisión, manifestando que «ésta respetó el estado actual de las cosas, y se guardó de hacer innovaciones peligrosas». Porque dejar entregada la defensa de sus derechos á los mismos litigantes, desprovistos de estudios y de conocimientos jurídicos, y arrebatados por la pasión de su propia causa, «equivaldría á que realmente quedarian muchos indefensos, y produciría la anarquía, el desconcierto y la confusión en los Tribunales».

Al proceder en este sentido no defendió la Comisión—se añade—los fueros antiquísimos, las prerrogativas seculares de la clase á que correspondían sus individuos, sino los intereses del país y los de la Administración de justicia.

Después de invocar tan respetable y sana doctrina, cumple á nuestro deber prestarle el mayor acatamiento, sin permitirnos agregar ni una palabra más en favor de la necesaria intervención del ministerio de los Abogados en los Juzgados y Tribunales.

Para bajo otros aspectos, bueno será hacer notar que el criterio que preside el trabajo de la Ponencia, en lo que se relaciona con el ejercicio de la Abogacía, es marcadamente restrictivo y á todas luces contrario á la libertad profesional.

Hasta ahora, para ejercer esa noble profesión, merecedora siempre de la mayor estimación y respeto públicos, se requiere ser licenciado en Derecho, tener veintiún años de edad, hallarse incorporado al Colegio y pagar contribución.

En adelante, según la reforma que con el carácter de progresiva se presenta, añádense mayores trabas y dificultades en el requisito de la edad, aumentándola en dos años, pues la que se fija en la Ponencia para poder abogar, es la de veintitrés, en vez de veintiuno; también se establece otro año (y así se suman tres en este sistema de restricciones), dedicado á la práctica en el bufete de un Letrado, que se acreditará mediante certificación, «en que constará si el pasante conoce suficientemente los procedimientos judiciales, y si por la práctica que haya tenido se halla en aptitud de ejercer su profesión»; se exige, además, que el Abogado presté fianza personal, pecuniaria ó hipotecaria, suficiente á juicio de la Sala de gobierno del Tribunal Supremo, de la Audiencia y del Tribunal de partido, para recoger los autos de la Escrínabía (así dice el art. 367, aunque en la Ponencia no se habla de Escrínabios, sino de Secretarias y Secretarios); y, por último, se le somete á sufrir y pagar, como responsable civil subsidiario, las costas en que sea condenado el litigante pobre á quien defienda, en el caso de notoria sinrazón y mala fe é insolvencia del mismo (1).

¿Y cómo se puede justificar hoy la edad de veintitrés años, que se pretende, cuando ya en la Ley 2.ª, título VI, Partida 8.ª del Código alfonso- nino, á pesar del estado social de la época, sólo se exigían diecisiete años para el ejercicio de la Abogacía, y cuando, además, la vigente Ley orgánica estableció como suficientes veintiuno, no obstante

(1) Ponencia oficial.—Art. 371.