El Foro español (Madrid. 1898) (1905-08-30 00:00:00), página 3

en que se hallen las cosas ó el del domicilio del demandado, á elección del demandante; y se establece de tal modo una especie de fuero privilegiado, contrario á la legislación vigente y á los principios de la ciencia del Derecho.

A este propósito, debemos consignar la opinión —muy pertinente al caso—del eminente jurisconsulto D. Manuel Cortina, cuya memoria es para nosotros venerada.

En la luminosa exposición que con fecha 13 de Junio de 1861, y como Presidente de aquella insigne Comisión de Codificación—en la cual nos cupo la honra de prestar servicios auxiliares—dirigió al Ministro de Gracia y Justicia (1), haciendo notar algunos vicios y defectos graves en la Administración de justicia en esa época, y al condenar, como una aberración de tiempos que pasaron, el fuero civil de los militares, se expresaba en los siguientes términos: «Los más altos dignatarios del Estado, la misma Reina, á la cual no querrán ciertamente sobreponerse los que con tanta honra sirven en las filas de nuestro ejército, comparecen ante los Tribunales ordinarios, sin oirse por ello rebajados, ni invocar privilegios, que si se tuvieron en otro tiempo, hoy no pueden subsistir y han desaparecido para siempre.»

Así se expresaba persona de tanta autoridad jurídica y de tan inquebrantable consecuencia monárquica como D. Manuel Cortina.

¿Quién habrá de decir que en el transcurso del tiempo, y al cabo de cuarenta y tres años, se tendrían que invocar, en pleno siglo xx, esas importantes y autorizadas palabras, para oponerlas al anacrónico privilegio que ahora se pretende establecer en la legislación civil?

2.a—Separando del conocimiento de la Sala de lo criminal del Tribunal Supremo las causas por delitos cometidos en el desempeño de sus funciones por los Presidentes de las Audiencias, Presidentes de Sala y Magistrados de las mismas, Fiscales de las Audiencias, Teniente Fiscal y Abogados fiscales del Tribunal Supremo, y Tenientes y Abogados Fiscales de las Audiencias (2); infiriendo, con esa eliminación, un injustificadísimo agravio á la acrisolada rectitud, sabiduría y acierto del más elevado y respetable Tribunal de la Nación.

3.a—Exceptuando igualmente del conocimiento del Tribunal Supremo, constituido en pleno como Tribunal de Justicia, las causas por delitos cometidos en el desempeño de sus funciones por el Presidente, Presidentes de Sala, Fiscal y Magistrados del mismo (3); prescindiéndose también, indebidamente, de la potestad judicial de este augustó Tri-

bunal, en su más alta representación de la Justicia.

4.a—Creación del «Tribunal de responsabilidad personal judicial», ó «Tribunal senatorial de responsabilidad judicial»—pues de ambos modos se le denomina,—formado por nueve Senadores Letrados, que serán Jueces propietarios, y por seis Senadores también Letrados, que serán suplentes, para que conozca de los delitos que cometan en el desempeño de sus funciones los Jueces de instrucción, Magistrados de Audiencia y Tribunal Supremo é individuos del Ministerio Fiscal de estos Tribunales, y de los hechos ú omisiones en que incurran, que sean causa, bastante para su relevación ó destitución (1).

Con esta lamentable confusión de los Poderes públicos, opuesta á la doctrina más elemental sobre el Derecho político, se vulnera abiertamente el precepto fundamental establecido en el art. 76 de la Constitución, que reserva exclusivamente á los Tribunales y Juzgados la potestad de aplicar las leyes en los juicios civiles y criminales.

5.a—Intervención personal y directa de los Ministros de Gracia y Justicia, en la formación y funciones de la Sala de gobierno del Tribunal Supremo, confiriéndoles su presidencia siempre que asistan á ella (2).

Así se rompe con los precedentes legales y se establece una participación extraña de todo punto á la naturaleza del cargo de Ministro y á las atribuciones propias del mismo.

6.a—Modificando la antigua y constante composición de dicha Sala de gobierno del Tribunal Supremo, al disponer formen parte de la misma los dos Magistrados Visitadores (3), á pesar de no tener éstos categoría de Presidentes de Sala, que son los que, con el Fiscal y Presidente del Tribunal, han constituido siempre, en nuestro régimen judicial, esa Sala de gobierno.

7.a—Distinción concedida á los dos Magistrados Inspectores del Tribunal Supremo (en cierto modo mortificante en cuanto á los demás señores), para que, formando Sala con los otros Magistrados del Tribunal, cuando no se lo impidan las funciones de la inspección, tomen asiento después de los Presidentes de la Sala, y antes de los «simples Magistrados» (4).

Esta novedad subvierte el orden de precedencia, que dentro de la misma categoría se determina por la antigüedad en el cargo.

8.a—Atribuyendo á la Sala de lo criminal de las Audiencias (dicho se está que territoriales, únicas que se conservan, puesto que las provinciales se suprimen en absoluto), el conocimiento con Jueces

(1) Véase la Memoria de la Comisión de Codificación, página 261.—Madrid, 1871.
(2) Ponencia oficial. Art. 178, núm. 5.a
(3) Idem. Art. 176, núm. 4.a
(4) Idem. Art. 52.