El Foro español (Madrid. 1898) (1905-02-28 00:00:00), página 4

ser á su promulgación la mayor edad legal ordinaria, la de los veinticinco años?

Tampoco, en verdad, puede haber razón que impida á los licenciados en Derecho dedicarse al ejercicio de la profesión, para la que están legalmente habilitados en virtud de un título oficial, á costa de grandes esfuerzos y sacrificios adquirido, exigiéndoles, fuera del plan de estudios bajo el cual emprendieron su carrera, un nuevo requisito, tan dilatorio é ineficaz, como lo es el año de práctica ilusoria, que en la Ponencia se impone.

El conocimiento de los procedimientos judiciales, pedido una vez más (como si el proyecto se refiriese á otro país diferente del que organiza la enseñanza), lo tienen ya acreditado debidamente con el estudio y aprobación de la respectiva asignatura y con la reválida del grado; y esa práctica de un año asistiendo á un bufete (á que sólo se puede conceder importancia prescindiendo de la realidad), es, sin duda, muy inferior á la que se adquiere en una Abogacía de pobres, acudiendo á diario ante los Tribunales y educando el espíritu de la juventud con los imperiosos estímulos del despacho de los negocios, las enseñanzas de la experiencia y el ejercicio asiduo del Foro.

Las decantadas certificaciones de pasantía y práctica, que la Ponencia oficial ofrece como una novedad, hace mucho tiempo que están desacreditadas y mandadas retirar, y ya nadie las admite como medios de demostrar la aptitud profesional.

El insigne jurisconsulto D. Manuel Cortina, inolvidable Decano del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, por cuyo bufete desfilaron centenares de jóvenes Letrados, y á quien se reconocía una superioridad profesional indiscutible, en la luminosa exposición que dirigió como Presidente de la antigua Comisión de Codificación al Ministro de Gracia y Justicia, en 18 de Junio de 1861 (que con otro motivo hemos invocado antes de ahora), decía á este propósito lo siguiente:

«Las certificaciones son una decepción; cuando más, y esto las menos veces, significan que los que las obtienen han asistido por más ó menos tiempo al estudio de un Letrado de mucho ó poco crédito, donde todo lo más que han hecho ha sido leer un pleito viejo, que sirve como de cartilla obligada para todos los que asisten al mismo estudio, saliendo de él tan ignorantes del Derecho y de la práctica como entraron.

Esta es la verdad, la triste realidad, lo que sucede y sería grave falta ocultarlo.»

No se contenta la Ponencia con restaurar esa ineficaz restricción, sino que, además, conmina á los que expidan tales certificaciones con toda clase de responsabilidades, según expresa en su núm. 3.º, párrafo segundo, el art. 855, que dice así: «Los Abogados que expidiesen estas certificaciones, se rán, por lo menos, disciplinariamente responsables por la deficiencia ó inexactitud en que en ellas hayan incurrido.»

¿Y cómo se iba á entrar, y por quién, en esa apreciación superior y de conciencia? ¿Qué procedimiento se habría de seguir para ello? ¿En qué situación, por demás desairada, no quedarían, cuando todo eso aconteciese, tanto el Letrado á quien afectase la certificación como el que la hubiera expedido?

A pesar de tan depresivas precauciones, sería difícil encontrar Abogado ninguno, de la importancia que se quiera suponer (y cuanto más efectivo fuese su mérito, mayor sería su tolerancia y benignidad), que tratándose al fin y al cabo de compañeros, aunque jóvenes y sin experiencia, á quienes acoge en su despacho, fuese capaz de expedir contra ellos certificación de ineptitud. Esto, en todo caso, podría hacerlo algún Zoilo, si lo hubiese; pero nunca, seguramente, ningún Aristarco.

¿Y qué sucedería, por ventura, si la certificación fuera adversa? ¿Se iba á inhabilitar indefinidamente en el ejercicio de la profesión al licenciado en Derecho que se pudiera encontrar en semejante caso? La Ponencia no dice nada sobre este punto, ante el temor, sin duda, de que la lógica, dentro del absurdo, condujera indefectiblemente á mayores y más injustos agravios.

No deja de serlo también la impropia y enojosa carga que se quiere imponer á los Letrados, obligándoles á recoger por sí los autos de las Secretarías, para conducirlos á sus respectivos despachos. Es verdad que esta inadmisible y nada técnica tarea, con la cual creemos no se aspirará al enaltecimiento y lustre de la profesión, se tiene muy buen cuidado de reservarla graciosamente á los pasantes, que podrán ser habilitados al efecto (como si no fueran dignos compañeros y no perteneciesen á la misma clase), sin duda para que vayan adquiriendo, durante el año de pasantía, las aptitudes y pericia que requieren las nobles y honrosas lides forenses.

Y por si esto no fuera bastante, todavía en la desdichada reforma de que venimos tratando, lejos de dispensar digna ayuda y generosa protección á los Abogados jóvenes, que dirigen sus primeros y difíciles pasos por las asperezas de la vida profesional, se les impone otra nueva e injusta vejación, en menoscabo de sus intereses, y, lo que es peor, con detrimento de su conocida profesional. A esos heroicos principiantes, cuya clientela está formada de menesterosos, se quiere castigar, en premio á sus meritorios oficios, con el pago de las costas, que habrán de abonar por insolencia de su parte, cuando se declare haber ésta procedido con temeridad.

Ciento que el Abogado de gente rica, por muy