El Foro español (Madrid. 1898) (1904-10-10 00:00:00), página 2

lo más, en semejante caso, admitieron circunstancias atenuantes.

Una sola excepción á este rigor se ha producido el año último; ella debe ser la regla consagrada por la ley (1).

Y como sería injusto dejar soportar á un tercero el perjuicio (por mínimo que pueda ser en semejante caso), causado por el acto cometido en esas lamentables circunstancias, vosotros decidiréis que la reparación será abonada, bien por el Municipio de origen del autor de este acto, bien por el de su domicilio.

Haciendo esto, señores, permitiréis á la humanidad penetrar por una más ancha puerta en nuestras leyes penales, y daréis un comienzo de satisfacción á las ideas de mejoramiento social que germinan ahora en todos los corazones, penetrados de verdadera justicia.

Tengo el honor, en consecuencia de someteros la proposición siguiente:

El art. 64 del Código penal debe ser así modificado:

«No existe crimen ni delito cuando el procesado se encuentra en estado de demencia al tiempo de la acción, ó cuando ha sido impulsado por una fuerza irresistible ó por las ineluctables necesidades de su propia existencia ó de la de aquellas personas que legal y naturalmente tiene el deber de alimentar.»

El art. 136 de la ley de 5 de Abril de 1884 debe ser así modificado:

«Son obligatorias para los Ayuntamientos las costas siguientes: Las indemnizaciones debidas á terceros por reparaciones de perjuicios ocasionados por aquellos actos cometidos por los indigentes originarios del pueblo, perseguidos ante los Tribunales en razón de sus actos, pero absueltos por aplicación del art. 64 del Código penal, salvo recursos ulteriores contra ellos si hubiere lugar.»

Yo os ofrezco, señores, la expresión de mi profundo respeto.

PAUL MAGNAUD,
Presidente del Tribunal civil de Château-Thierry (Aisne)

El ruido que han suscitado los fallos del Presidente Magnaud, se debe principalmente á la rareza de sentencias equitativas y humanas en la jurisprudencia francesa (2). En lo que especialmente concierne á la aplicación del art. 64 á casos como el de Luisa Ménard, la interpretación del Tribunal de Château-Thierry aparece tan señalable, sólo porque es única.

Si no hubiera vestido este carácter de excepción, no hubiese tampoco provocado ni comentarios, ni críticas, ni entusiasmos, ni vituperios, y es seguro también que la sentencia de 4 de Marzo de 1898 no habría sido apelada por el Fiscal general del Tribunal de Amiens.

Ahora bien: si las decisiones de un Juez de primera instancia pueden sucumbir ante una jurisdicción superior que opone—Código en mano—la legalidad á la humanidad; si las sentencias dictadas con arreglo á la verdadera justicia deben ser aniquiladas por los fallos inspirados en una justicia de tradición y de convención, el Presidente Magnaud y sus imitadores (¡si les llega á tener!) se aplicarán vanamente á hacer triunfar el derecho á la vida.

Este derecho perecerá siempre á manos de aquellos Magistrados resuelto á reponer su doctrina á nombre de fórmulas y de textos de la ley: la letra una vez más matará el espíritu.

El Presidente Magnaud, instruido por la experiencia, procura conjurar el peligro.

Aunque como Magistrado no ha creído traspasar sus facultades ni olvidar su deber interpretando la ley con equidad, ante la actitud del Fiscal general y de los Jueces de apelación, se ha dado cuenta que entre las doctrinas de sus Considerandos y las instrucciones de la Audiencia, sus compañeros de la Magistratura no vacilarán en la elección, que no será ciertamente favorable á la causa de los desgraciados. Entonces es cuando forma el proyecto de obtener la modificación de la ley, de modo que su texto y sus disposiciones obliguen en lo sucesivo á la Sociedad legalmente, y sin que haya posibilidad de discutir ó de contestar, á admitir el derecho al pan. Con este objeto, usando de su derecho de ciudadano, dirige una petición á la Cámara de Diputados (1).

El art. 64 del Código penal, es útil recordarlo, dice: «No hay ni crimen ni delito, cuando el procesado se halla en estado de demencia al tiempo de la acción ó cuando ha sido á ella violentado por una fuerza á la cual no ha podido resistir.»

Puesto que, según los legistas más rigorosos, la violencia no es otra cosa que toda fuerza física ó moral, que no se puede ni prever, ni evitar, y á la cual es imposible resistir, ¿por qué no especificar en la ley que el hambre es, en primer lugar, una violencia irresistible, un caso de fuerza mayor?

Penetrado de esta verdad, el Presidente Magnaud pide á la Cámara que añada al art. 64 estas palabras: «ó por las ineluctables necesidades de su

(1) Se refiere Magnaud á su sentencia absolutoria de Luisa Ménard. Véase pág. 28.—(N. del T.)
(2) Y en la española. Aquí, en efecto, permanecemos aún en la edad romana; esclavos de las formas, de los ritos, de la letra muerta; el Juez con dos conciencias, una como funcionario, otra como individuo, y en oposición ambas.—(N. del T.)

(1) El derecho de petición le sanciona también la vigente Constitución de la Monarquía española.—(N. del T.)