El Foro español (Madrid. 1898) (1905-06-10 00:00:00), página 7

asimismo decretar la detención de la persona que cita para ser oída y no comparece ni justifica causa legítima que se lo impida, en armonía con lo dispuesto en los arts. 486 y 487 de la ley citada.

«Art. 495. No se podrá detener por simples faltas, á no ser que el presunto reo no tuviese domicilio conocido ni diese fianza bastante á juicio de la autoridad ó agente que intente detenerle»

Este artículo es tan claro, que es innecesaria toda explicación; bastando sólo exponer que no es delito la detención, aunque el hecho que la motive resulte falta, si revestía caracteres de delito, á la manera que, como queda dicho, no lo es aun en el caso de que se demuestre en el curso del proceso que el hecho no es punible bajo ningún concepto.

La detención puede acordarse por auto ó providencia, puesto que la ley no exige formalidad alguna especial, como lo preceptúa respecto á la prisión y ratificación de la misma; y es obvio que no se exija este requisito, cuando hasta un particular puede detener; mas es conveniente que, cuando la dictan los Jueces y Tribunales, lo verifiquen en forma de auto, por afectar á la libertad de los individuos.

Tampoco hay disposición que exija que se notifique al detenido su detención.

«Art. 496. El particular, autoridad ó agente de Policía judicial que detuviere á una persona en virtud de lo dispuesto en los precedentes artículos, deberá ponerla en libertad ó entregarla al Juez más próximo al lugar en que hubiere hecho la detención, dentro de las veinticuatro horas siguientes al acto de la misma.

Si demorase la entrega, incurrirá en la responsabilidad que establece el Código penal, si la dilación hubiere excedido de veinticuatro horas.»

Este artículo reproduce el párrafo segundo del 4.º de la vigente Constitución.

En el art. 212 del Código penal se establece la sanción penal del precedente; y á la letra dice:

«Incurrirá respectivamente en las penas superiores en grado á las señaladas en el art. 210 el funcionario público que, no siendo autoridad judicial, y no estando en suspensos las garantías constitucionales, detuviese á un ciudadano por razón de delito y no lo pusiese á disposición de la autoridad judicial en las veinticuatro horas siguientes á la en que se hubiese hecho la detención»

Si el funcionario público pone en libertad dentro de las veinticuatro horas á la persona que él ha detenido por razón de delito, por desvanecerse los caracteres racionales de tal que al principio presentaba, no incurre en la responsabilidad de este artículo; porque, para que ésta exista, es indispensable, con arreglo á la Constitución y al artículo que se comenta, que el detenido no se entregue al Juez más próximo ó no sea puesto en libertad en el plazo de veinticuatro horas; pero sí puede incurrir en la del art. 370, si le pone en libertad; constituyendo el hecho delito siempre que se justifique que por ese acto dejó maliciosamente de promover la persecución y castigo de los delincuentes.

Si alguno de los funcionarios de Policía judicial pone en libertad á un detenido por estimar que no hay delito, en vista de que se hayan desvanecido los caracteres que de tal presentara al principio, y no lo participa al Juez competente, en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 284 de la Ley de Enjuiciamiento criminal, incurrirá en las correcciones disciplinarias prescritas en el 295 de la misma ley; la cual responsabilidad, según se colige de este artículo, es más ó menos grave, atendido á que la demora sea por más ó menos de veinticuatro horas; exigiéndose en este último caso que la dilación sea por un tiempo mayor del necesario: doctrina que está sancionada por el Tribunal Supremo en sentencia de 27 de Enero de 1885 respecto á una detención dejada sin efecto por un Alcalde antes de finalizar las veinticuatro horas; sentencia que también determina, de un modo obvio, que no se incurre en responsabilidad criminal por el solo hecho de poner en libertad al detenido dentro de veinticuatro horas.

JUAN MORENO Y NARANJO,
Juez de primera instancia.
(Se concluirá.)

EL MONOPOLIO DE LOS JUZGADOS MUNICIPALES

En el número anterior dimos cuenta de los apuros del Ministro para designar los Jueces municipales, venciendo el bloque de los sobrinos y yernos de Ministros y ex Ministros é hijos de Magistrados que disfrutaban actualmente los Juzgados municipales, y al efecto copiábamos un artículo de El País muy oportuno y muy bien escrito. Pues bien; el Sr. Ugarte no ha podido vencer la yernocracia y se ha decidido por el estancamiento, y en su consecuencia, podemos decir, como el tenor de La Bruja: «Todo está igual; parece que fué ayer.»

Y ahí va la lista de los que han de seguir regentando los Juzgados municipales de Madrid, sin que por esto desconozcamos las excelentes cualidades que pueden concurrir en los elegidos; pero nos duele el que, si para el año que viene no ha amainado su influencia, haya necesidad de reformar la ley orgánica en el sentido de hacer vitalicios los cargos, que por algo aquella ley quiere que se renueven cada dos años: