El Foro español (Madrid. 1898) (1904-09-10 00:00:00), página 4

luntad de los litigantes. En estos casos se contarán dichos términos desde que los litigantes hubieren podido instar el curso de los autos (1). Será obligación del Secretario ó Actuario, en cuyo oficio radiquen los autos, dar cuenta al Juez ó Tribunal respectivo. Inuego que transcurran los términos señalados en el art. 411, para que se dicte de oficio la providencia correspondiente (2). Si los autos se hallaren en primera instancia y resultare de ellos que han transcurrido los cuatro años sin que ninguna de las partes hayan instado su curso pudiendo hacerlo, se tendrá por abandonada la acción y el Juez mandará archivarlos sin ulterior progreso.

En este caso serán de cuenta de cada parte las costas causadas á su instancia (3). Cuando los autos se hallaren en segunda instancia ó en recurso de casación, luego que transcurran los términos respectivos, se tendrá por abandonado el recurso y por firme la sentencia apelada ó recurrida, mandando devolver los autos al Tribunal ó Juez inferior, con certificación del auto en que se hubiere dictado esta resolución, para los efectos consiguientes.

En estos casos, las costas de la instancia caduca serán de cuenta del apelante ó recurrente. De estos autos podrá el demandante, apelante ó recurrente, pedir reposición ó suplicar dentro de cinco días, si creyere que se ha procedido con equivocación al declarar transcurrido el término legal, en cuya virtud se hubiere tenido por caduca la instancia, ó se hallare en el caso del art. 412. No podrá fundarse la pretensión en ningún otro motivo (4). Este recurso se sustanciará conforme á lo provenido en los arts. 378 y 379, admitiéndose al que pida la reposición la justificación que ofrezca sobre el hecho en que la funde, concediéndose á este fin un plazo que no podrá exceder de diez días (5).

Estas disposiciones no serán aplicables á las actuaciones para la ejecución de las sentencias firmes. Tales actuaciones podrán promoverse hasta conseguir el cumplimiento de la ejecutoria, aunque hayan quedado sin curso durante los plazos señalados en el art. 411 (6). La caducidad de la primera instancia no extingue la acción, la cual podrá ejercitarse de nuevo en el juicio correspondiente y entablando nueva demanda, si no hubiese prescripción con arreglo á derecho (7).

II. ¿SON DE APLICACIÓN ESTOS PRECEPTOS Á LOS CONCURSOS Y LAS QUIEBRAS?—Aunque el Tribunal Supremo los ha declarado aplicables en dos de las tres sentencias que después mencionaremos, únicas que, con referencia á este punto, lleva dictadas hasta la fecha tan alto Tribunal, somos de parecer que las transcripciones disposiciones reguladoras de la caducidad de la instancia no pueden tener encaje en los concursos y en las quiebras. Fundamos nuestra humilde opinión en las siguientes consideraciones:

1.ª Ni el concurso ni la quiebra tienen verdadero carácter de juicio. Comúnmente se les llama juicios universales; pero es tan sólo para distinguirlos de los juicios singulares, en cuyo sentido quizás la ley acepta también la denominación de juicio, pues no puede seriamente sostenerse que el procedimiento establecido para los concursos y las quiebras reúna las condiciones necesarias para merecer tal concepto.

El juicio se caracteriza por tres elementos ó periodos que necesaria y conjuntamente han de ocurrir, á saber: la litis contestatio (determinada por la demanda y respuesta, y en su caso la réplica y duplica), las probanzas y la sentencia. Cualquiera de estos tres requisitos que falte dejará de haber juicio, como ha ocurrido con la conciliación, calificada por la actual ley de acto y no de juicio, por faltarle el requisito de la sentencia.

Ahora bien; ¿concurren los requisitos dichos en el procedimiento de los concursos y quiebras? Poco esfuerzo se necesita para demostrar que no. Bastará recordar que de ordinario, esto es, en la mayoría de los casos, no hay oposición á la declaración de concurso (1) por parte del deudor ni de los acreedores (2), ni se impugnan los acuerdos de las Juntas. ¿Dónde están entonces la demanda, la contestación, las pruebas, y, sobre todo, la sentencia, que por llevar implícita la función de juzgar es lo que más caracteriza el juicio? Con razón dice el digno Catedrático de la Universidad Central D. Tomás Montejo (3), que más bien que como juicios propiamente tales deben ser consideradas estas clases de actuaciones como «procedimientos de protección» para dar á cada uno lo que le corresponda».

Podrá objetarse que en el desenvolvimiento de la tramitación pueden surgir cuestiones, tales como la oposición á la declaración de concurso, las impugnaciones á los acuerdos de las Juntas, la reclamación por terceros de bienes que, aunque encon-

(1) Art. 412 de la Ley de Enjuiciamiento civil.
(2) Art. 418 de idem.
(3) Art. 414 de idem.
(4) Art. 416 de idem.
(5) Art. 417 de idem.
(6) Art. 418 de idem.
(7) Art. 419 de idem.

(1) Nos confímos aquí al concurso para no alterar el plan de la obra, y también porque cuanto digamos en este capítulo puede aplicarse á la quiebra.
(2) Recuérdese que en el concurso voluntario pueden los acreedores oponerse á la declaración de concurso para que se deje sin efecto, por creerla improcedente, ó para que se haga en su lugar la declaración de quiebra (art. 1.170 de la Ley de Enjuiciamiento civil), y que en el concurso necesario, además de los acreedores, puede también oponerse el deudor (artículo 1.162 de la misma ley).
(3) Apuntes de procedimientos judiciales tomados de las explicaciones de dicho Profesor.