El Foro español (Madrid. 1898) (1904-11-10 00:00:00), página 3

Nada me hubiera extrañado que el Gobierno de S. M., inspirándose en las necesidades de la patria, hubiese traído aquí todas aquellas soluciones que hubiese estimado convenientes; pero de esto á lo que ha sucedido, hay grande diferencia, y determina una cosa que causa maravilla; porque cuando el Gobierno de S. M. no había pensado absolutamente en la reforma de los Tribunales; cuando esta cuestión era completamente ajena á la misión que tiene en los momentos actuales de regenerar la situación económica del país; cuando, además, en esto el propio Gobierno había encargado á la Comisión de Códigos las reformas de las Leyes de Enjuiciamiento civil y criminal, y otras que después detallaré; en estas circunstancias, el Gobierno de S. M., con muy buen acuerdo, guardó silencio respecto de este punto, ya en los presupuestos; ya en la ley del articulado, y no dijo una sola palabra; pero el Sr. Montero Ríos, por su iniciativa parlamentaria, trajo aquí, cuando ya se discutía el presupuesto de Gracia y Justicia, una enmienda que contiene toda una reforma esencial de los Tribunales de justicia y de su jurisdicción, extendiéndose á cosas y puntos completamente extraños á la misión del Gobierno en estos momentos.

Después de indicar que ya se ocuparía de la situación parlamentaria que creaba al Gobierno dicha enmienda al art. 17, añadía: «Por ahora me basta decir que no representa la iniciativa del Gobierno, que es producto de la iniciativa parlamentaria de un Sr. Senador, y añadiré algo más, diré que cuando el Congreso de los Sres. Diputados acaba de recabar y reivindicar su función legislativa para esta clase de proyectos, el Gobierno de Su Majestad, que comenzó viendo con agrado aquella manifestación, en pocos días ha cambiado completamente de opinión, y lo que antes le pareció poco aceptable, ha acabado por llenarlo de flores y de elogios.»

Y en este orden de consideraciones, evidenciando, no sólo la contradicción que existía en los actos de la Comisión de Presupuestos del Senado—que tiene la explicación de todos sabida,—sino también, y esto es más grave aún, entre lo votado por esta Cámara y lo resuelto por el Congreso, reservándose el mismo—para tratar de estas cuestiones en el fondo—todas sus facultades legislativas, concluía dicho Sr. Senador con estas significativas palabras: «Note el Senado lo inevitable del conflicto, que ya se ha hecho notar en la otra Cámara. Reivindicada por el Congreso su función legislativa, viene aquí el articulado de la Ley de Presupuestos. Y en el articulado de la ley, ¿no presentó la Comisión del Senado la misma fórmula del Congreso? Es indudable. Luego la Comisión de Presupuestos, en el primer estudio que hizo del artículo de dicha ley, vino á coincidir en la forma y en el fondo, con el acuerdo del Congreso de los Diputados. Pero, ¡aquí de las cosas que pasan por debajo de la tierra, como los cables eléctricos! Eran pasados escasamente cinco ó seis días, cuando la Comisión retiró el dictamen respecto al artículo 17 y presentó el que ahora se discute, admitiendo la enmienda que había presentado D. Eugenio Montero Ríos, y acompañándola de todas las bases que habían constituido aquella primera enmienda, y contra la cual ha votado el Congreso de los Diputados.»

Pero veamos ya los términos en que está redactado el célebreísimo art. 17 de la Ley de Presupuestos del Estado para 1900, que lleva fecha de 31 de Marzo del mismo año, y cuyo texto literal es como sigue:

«Art. 17. El Gobierno, oyendo á la Comisión de Códigos, formulará y publicará en la Gaceta oficial, en el término de ocho meses, un proyecto de ley de reforma de las Leyes orgánicas del Poder judicial y su adicional, y del Enjuiciamiento civil y criminal, ajustado en su parte substancial á las adjuntas bases.

Una vez publicada la reforma, el Gobierno dará cuenta de ella á las Cortes, si estuvieran reunidas, ó en la primera reunión que celebren, con expresión clara de todos los extremos en que haya alterado lo informado por la Comisión de Códigos, y no empezará á regir la ley hasta cumplirse los noventa días siguientes á aquel en que se haya dado cuenta á las Cortes de su publicación.

Por razones justificadas de utilidad pública, el Gobierno, al dar cuenta á las Cortes, ó por virtud de propuesta que en éstas se formule, podrá declarar prorrogado ese plazo de noventa días, ó dará al asunto el trámite y curso ordinario de un proyecto de ley, si alguno de los Cuerpos Colegisladores así lo propusiera al Gobierno en acuerdo en forma.»

Bien poco, en verdad, se ha tenido presente en este caso aquel exquisito cuidado que debe ponerse siempre en la confección de las leyes, y que el Rey Sabio encarecía con estos magistrales ordenamientos: «Que sean fechas con razón, y las palabras de ellas que sean buenas et llanas et paladinas; de manera que todo home las pueda entender bien et retener en memoria.»

Difícilmente se encontrará un precepto legal más oblicuo é intrincado y de más recodos y salidas que el tal art. 17, y eso que algunas leyes recientes ofrecen, con lamentable frecuencia, espléndido surtido de textos inextricables; pero debemos reconocer, francamente, que dicho artículo es un acabado modelo en su género.

Hay en él términos y materia para todos los criterios é interpretaciones, principalmente si se vuelve la espalda al Poder legislativo, á la Consti-