El Foro español (Madrid. 1898) (1905-07-20 00:00:00), página 7

desarrollo y eficaz aplicación de las leyes.

Pero no debe ser así; de pocos lustros á esta parte alborean nuevas teorías, fundadas no en bellos ideales, sino en concepciones que son deducciones de estados de derecho, que se abren camino en naciones extranjeras merced á la pureza de sus principios, que se impondrán en ellas como ley en no lejano plazo, y que llegan á la nuestra como ecos armoniosos que vivamente impresionan y tienen realidad en el fondo de doctrinas ya admitidas.

Si el hombre es una fuerza viva, la primera y más importante en la sociedad, representando un verdadero capital, que por lo mismo interesa no sólo conservar, sino perfeccionar, evitando los mil y mil peligros de todo orden que contra él conspiran, en lo que sean prevenibles, á la sociedad, al Estado mejor dicho, interesa é incumbe prevenir y proteger, llegando á tener fuerza de ley é imponerse por la misma cuanto hasta aquí quedó sujeto únicamente á su cuidado con el carácter de auxilio y protección, que no por misericordia y caridad oficial le corresponde, sino por ministerio de la misma ley natural y humana.

El fundamento de esta teoría social encuentra en nosotros mismos, y lo prueba la evolución lenta, pero al fin realizada, en nuestro derecho.

La teoría de la culpa y negligencia contenida en nuestro Código civil, ha sufrido una grandísima transformación, y de acuerdo con lo reclamado por la opinión y las corrientes del derecho de otras naciones, se ha llegado á considerar y admitir en beneficio del individuo, que los gastos que por riesgo profesional se produzcan, por lesión, accidente ó muerte del mismo, deben ser sumados á los de producción, y por tanto quedar á cargo de aquel bajo cuya dirección se produce.

Se promulgó la Ley de Accidentes del trabajo, y desde entonces de lleno entraron en ella los innumerables casos antes discutidos, según que hubiere habido omisión, ó culpa ó negligencia por parte del trabajador que sufre el daño.

Pues bien: si es ya un hecho, en cuanto al individuo aisladamente considerado, la responsabilidad por actos de una profesión, arte ó industria, en quien los ejecuta, prescindiendo de los antiguos distingos, sigamos el camino de las lógicas deducciones, y veremos que si el Municipio, la Provincia y el Estado responden principal ó subsidiariamente, según los casos, como un patrono más, no pue de interrumpirse esta línea recta de responsabilidad cuando hay daños, cuando hay perjuicio evidente, y no hay persona de ello á primera vista responsable, siendo el daño ó perjuicio á causa de beneficios en una u otra forma prestados á la sociedad.

Este tema, que ligeramente estamos esbozando, ha sido abordado de una manera magistral, planteadando con toda claridad las bases del problema, por el gran maestro de sociología D. José Canalejas, en un extenso y compendiado á la vez—por la diversidad de cuestiones que encierra—notabilísimo discurso, lleno de sabias esperanzas, pronunciado recientemente en ocasión solemne.

Sostiene en él el Sr. Canalejas, que podrán oponerse á la realización de estos ideales reparos económicos, pero no pueden suscitarse velos en nombre del derecho á las novísimas consagraciones jurídicas de las responsabilidades subsidiarias del Estado.

¿Cómo admitir—sigue—que si en la escuela, en el cuartel, en la oficina, en el taller oficial, en el hospital, en la cárcel pública, la inuria determina un contagio, ó una intoxicación, ó un accidente que pudo evitarse, se gire el importe de las indemnizaciones del daño á cargo de la irresponsable fatalidad? Los daños causados por hechos que pudo y debió evitar la diligencia y previsión de gobernantes y funcionarios públicos, como el puente que se hunde, el edificio que se derrumba, sepultando al transeúnte, ¿serán indiferentes para el Estado?

Las anteriores palabras demuestran eloquentemente la necesidad de un avance, de un paso más allá en esta cuestión de responsabilidades, hoy palabra en boca de todas las gentes, pero sin acertar á comprender ni á definir su verdadero sentido, alcance y ocasiones sobre todo, en que ha de hacerse efectiva; porque ha de tenerse muy en cuenta que no cabe confundir, y son cosas muy distintas, la responsabilidad civil ó penal del Estado, y la social, digámoslo así, por hechos ó actos que á la sociedad en general afectan. La primera, tímidamente reconocida en nuestra ley, y de manera obscura y difícil en los procedimientos para hacerse efectiva, y la segunda, de un concepto mucho más amplio y elevado, mucho más humanitario y de realización posible solamente en un grado de perfección del derecho á que, por desgracia, no hemos todavía llegado.

La vida moderna, en sus múltiples manifestaciones y anhelos crecientes por la civilización y refinamiento, no puede desoir en la esfera del derecho la voz del caído, del que perdió sus fuerzas y energías, ó su vida tal vez, en aras y en holocausto de la holgura y bienestar de los demás, proporcionándole algo que por ley de compensación siquiera debe corresponderle, y que debe ser más que un triste lecho en un hospital, ó una estancia en un asilo, que sólo como caridad y sin otro título se le ofrece al desgraciado que de ello necesita.

Es preciso que la exacción de responsabilidades sea siempre un hecho, cualquiera que sea la persona ó entidad individual ó colectivamente responsable, y de aquellos daños, de aquellas omisiones ó falta de prevenciones que adoptadas lo hu-