El Foro español (Madrid. 1898) (1904-03-20 00:00:00), página 9

duda alguna, que el cargo de depositario y administrador judicial es obligatorio, y sólo puede rehusarse por justa causa.

En efecto: si en los juicios ejecutivos no fuera aquél obligatorio, se dejarían sin eficacia en algunos casos, y principalmente en las localidades pequeñas, las providencias sobre embargo de bienas, bastando para ello que, por amistad con el deudor ó por otros motivos, se pusiesen de acuerdo los que pudieran desempeñarlo, para no aceptar, viéndose así hacer que quedasen en la inseguridad y sin garantías los derechos de los acreedores.

Aunque antes de la promulgación del Código civil no había ningún precepto legal que consignara de un modo expreso la obligación de aceptar las depositarias y administraciones judiciales, los Tribunales lo venían interpretando en este sentido, como se infiere de la sentencia del Tribunal Supremo, de 29 de Marzo de 1879, al declarar que había incurrido en desobediencia grave un depositario judicial de bienes embargados, por negarse, sin causa legítima, á ejercerlo.

La falta de cumplimiento de esta obligación se halla, por consiguiente, definida como delito comprendido en el art. 265 del Código penal; lo cual está asimismo confirmado por sentencia del propio Tribunal, de 31 de Diciembre de 1872, en la que se condenó por igual delito á cierto sujeto que no aceptó la depositaría de bienes embargados por un impuesto personal.

Es más: como en lo administrativo, en el procedimiento de apremio para hacer efectivas las deudas á favor del Estado, de la provincia y del Municipio, ocurre con frecuencia que no se encuentran depositarios, por las enemistades y odios que acarrea, ha habido necesidad, para evitar dudas é interpretaciones erróneas, de consignar en el art. 77 de la instrucción del ramo que el cargo de depositario es obligatorio, y que se contrae responsabilidad criminal por el delito de desobediencia, en el caso de negativa á la prestación de este servicio.

Del mismo modo lo han venido entendiéndolo los autores; así el Sr. Escriche, en el tomo IV, página 978, de su Diccionario de Legislación y Jurisprudencia, dice: «Cualquiera puede ser compelido á ser depositario judicial, no teniendo excusa legítima que le exima de este cargo»...

Don Benito Gutiérrez, en el tomo V, pág. 262, de su obra Códigos ó Estudios fundamentales sobre el Derecho civil español, consigna lo que á continuación se expresa: «Los secuestros se dirigen á dos distintos fines: unos se hacen en virtud de embargo de bienes de los deudores, y otros con motivo de haber de asegurar algunas cosas sobre las que se ha promovido pleito.

»En los primeros, lo que en la actualidad se observa es que, hecha la traba, si los bienes fueron muebles, se depositan en persona abonada del pueblo, á tenor de lo dispuesto en la ley primera, título XXX de la Novísima recopilación, sin que nadie pueda excusarse de la admisión de este encargo, no estando exento de cargas vecinales ó teniendo alguna excepción»...

Podríamos continuar citando las opiniones de otros autores eminentes en el mismo sentido; pero esto sería un trabajo innecesario, sobre todo hoy, después de las prescripciones insertas en el Código civil. De éstas se colige, de una manera obvia, el carácter obligatorio del cargo de que se trata; pues no otra cosa se viene á decir en el art. 1.787, al consignar: «que el depositario de los bienes ó objetos secuestrados no puede quedar libre de su encargo hasta que se termine la controversia que lo motivó, á no ser que el Juez le releve de ello por causa legítima...», sin que pueda objetarse que esto hace referencia al caso en que haya mediado aceptación; porque, aparte de que no existe disposición alguna que la exija, el Código, al ocuparse de otros cargos de naturaleza obligatoria, como ocurre en la tutela, no hace tal declaración de un modo directo, sino que se deduce indirectamente de otras prescripciones, disponiendo en el art. 202 que los cargos de tutor y protutor no son renunciables sino en virtud de causa legítima y desarrollando los motivos de exonsa, plazo y forma de alegarlas.

Ahora bien: ¿será aplicable lo expuesto á las testamentarias ó abintestatos? La contestación afirmativa es indudable, porque según el art. 1.785 del Código civil, el depósito judicial se llama secuestro; éste tiene por objeto, con sujeción al 1.786, tanto los bienes muebles como los inmuebles; tiene lugar el mismo cuando se decreta el embargo de bienes ó el aseguramiento de bienes litigiosos, y uno de los fines de los referidos juicios es poner en seguridad los bienes objeto de ellos.

En suma; el administrador judicial de una testamentaria ó abintestato es un verdadero depositario, y, por consecuencia, le son aplicables sus prescripciones.

Vamos á ocuparnos ahora del punto relativo á si en los referidos juicios universales tienen que prestar forzosamente fianza los administradores, y nos encontramos con que el art. 967 de la ley procesal civil ordena que la presten bajo la responsabilidad del Juez; luego la constitución de la fianza es obligatoria.

Si se interpreten de diverso modo las prescripciones legales; si se sostuviera que la prestación de aquélla es voluntaria, ¿qué haría un Juez cuando en una testamentaria ó abintestato no encontrase persona que quisiera darla? No puede seguir sino dos caminos: ó nombrar un administrador sin fianza, ó no nombrar ninguno, y en ambas hipótesis incurrirá en responsabilidad; en el primer caso,