El Foro español (Madrid. 1898) (1905-08-30 00:00:00), página 11

negaron efecto á la costumbre como fuente de la legislación jurídica del país, si bien admitieron la del lugar, pueblo ó tierra como primer elemento del Derecho supletorio, exclusivamente «cuando no haya ley exactamente aplicable al punto controvertido» (art. 5.º y párrafo segundo del 6.º); consagran los jurisconsultos aragoneses la costumbre jurídica como fuente substancial de su Derecho civil, teniendo en cuenta el carácter esencialmente consuetudinario de la legislación del país. Clasifican la costumbre en local, comarcal y territorial, según se observe en el Municipio, en el partido judicial ó en la región aragonesa (provincias de Zaragoza, Huesca y Teruel), apreciando los Tribunales su existencia y vigor cuando fuese contradicha.

Caluada la legislación aragonesa en la más absoluta libertad de pactar, no es extraño que el proyecto reconozca al axioma jurídico Standum est chartae toda la importancia que produce en las relaciones privadas de los ciudadanos, determinando en el art. 4.º que los jueces «fallen ante todo por el tenor de las cláusulas de los documentos públicos ó de los privados debidamente autenticados, que los interesados aduzcan», siempre que no sean contrarias al Derecho natural. A falta de documentos aplicarán los Tribunales la costumbre local, la comarcal y la territorial, las disposiciones del Apéndice, y, en último término, el Código general y las demás leyes de la Nación, sin que uno ni otras puedan suplir instituciones reguladas en el Apéndice con carácter típico distinto, aunque figuren en él con denominaciones análogas, ni aquéllas excluidas expresamente; con lo que se obtiene el alejamiento discreto, pero injusto, del Código general en este punto.

No habrá sido ciertamente este art. 4.º el que menores dificultades haya producido en la ponencia al tratar de redactarlo. La Comisión, con un espíritu elemental de altéza de miras, nada dice acerca del asunto; pero por los interesados habla la historia jurídica de Aragón, que manifiesta el desacuerdo de los tratadistas aragoneses respecto del sentido é interpretación del aforismo Standum est chartae.

Desde Diego de Sayas, que al frente de los Fueros dice que estar á la carta significa que el Fuero no está sujeto á comentarios ni interpretaciones sutiles y metafísicas, hasta el insigne Costa que muy recientemente determinó que el sentido que entre el pueblo tienen aquellas palabras, es el de anteponer sus títulos, sus capitulaciones, sus cartas á las costumbres y á los Fueros, conforme el adagio jurídico pactos rompen fueros, ha corrido por las cátedras y escuelas multitud de opiniones más ó menos fundamentales acerca de la celebrísima expresión Standum est chartae. Blancas dejó es-

crito que el axioma se adoptó para advertir que los Fueros no admiten interpretación extensiva; Savall y Penen dicen que consagra la libertad que tienen los contratantes para pactar aquello que mejor les plazca; Martón y Santa Pau, que significa que se debe estar al contexto del documento y á lo pactado en él, con preferencia á toda prueba en contrario; Ripollés, Vocal de la Comisión de Códigos en representación de Aragón, manifestó en el discurso de apertura de la Universidad de Zaragoza en 1888, que el Standum est chartae determina el principio de libertad de pactar. Y por último, el Sr. Gil Berges, Presidente de la Comisión, que ha redactado el proyecto de Apéndice al Código civil, en el Congreso de jurisconsultos aragoneses declaró francamente que todo el Derecho aragonés es supletorio, no teniendo eficacia sus reglas más que en el caso de que el contrato, expresión de la soberanía individual, no disponga las cosas de otro modo. Este ha sido, como se observa desde luego, el criterio que ha aceptado la Comisión al redactar el repetido art. 4.º del Apéndice.

Por lo demás, la libertad amplísima para contratar declarada en el proyecto—consecuente con la tradición del país—se reconoce también en principio, si bien dentro de un espíritu de prevención y entredicho injustificado, y en un solo aspecto de la vida civil, por el propio Código común al tratar de la organización económica de la sociedad conyugal (artículos 1.315 y siguientes).

Los artículos 5.º á 7.º del proyecto consideramos que serán suprimidos al discutirse el Apéndice. De otro modo, resultaría derogado el título preliminar del Código con relación á Aragón, en sus artículos 11 y 9.º; sin que sirva de justificación la creencia de que la ley de 11 de Mayo de 1888 admitió la coexistencia con el Código general de varias legislaciones provinciales, cuando lo que determinó fué que los proyectos de leyes respectivos contendrían únicamente las instituciones forales que conviene conservar (artículos 6.º y 7.º), y de ningún modo la formación de nuevos Códigos, ni mucho menos la modificación ni interpretación alguna de los preceptos de la ley civil general.

El art. 8.º del proyecto, dedicado á fijar la calidad de aragoneses para los efectos del Apéndice; el 10, que señala las causas por las que se pierde aquella calidad, y el 11, que determina los medios de recobrar la naturaleza de aragoneses, pueden sostenerse sin grave dificultad tal como están redactados; no así el art. 9.º, que amplía la calidad de aragoneses á las Corporaciones, Asociaciones y fundaciones cuya representación resida y funcione en Aragón; desde el momento que el art. 36 del Código civil declara que las Asociaciones de interés particular, sean civiles, mercantiles ó industriales, á las que la ley conceda personalidad propia inde-