El Foro español (Madrid. 1898) (1905-10-20 00:00:00), página 8

Nosotros conocemos casos prácticos en que, al esperarse Magistrados visitadores en ciertas poblaciones, varias personas recibieron instrucciones de sus jefes políticos para que se presentaran á aquéllos formulando cargos falsos contra Jueces y Magistrados que creían les servían de impedimento para sus fines políticos.

Pues si esto ha ocurrido en el estado actual de la legislación, ¿qué no pasará en el día de mañana cuando sepan que, puestos de acuerdo y con un plan bien combinado, han de conseguir, no sólo la traslación del Juez, sino su suspensión?

Y no se diga que hay compensación con la mitad del sueldo que durante ésta se concede al suspendido por el art. 677, pues al dejar reducido al funcionario á percibir únicamente esa pensión, que hasta se le llama alimenticia, se le rebaja en su dignidad, á la par que se le lleva á la miseria, porque ya es de suponer cómo podrá satisfacer las necesidades más perentorias de la vida con la mitad del sueldo, cuando aun con la totalidad de él, dada su exiguidad, arrastra una vida harto penosa.

En la segunda parte del art. 676 se consigna otra disposición absurda: que aun no mereciendo corrección el funcionario, después de terminado el expediente, se le debe trasladar.

Claro es que al no imponerse corrección disciplinaria, ha de ser porque no ha cometido falta el funcionario; y, á pesar de esto, se ordena su traslado, como si el traslado no supusiese nada para el que lo sufra; es un pequeño detalle que en algunos casos equivale á una multa de tres mil pesetas, y á que se altere el plan de vida de toda una familia: la educación de sus hijos.

No creemos posible que estas prescripciones, examinadas detenidamente y á la luz del Derecho, puedan prevalecer; es necesario corregir las infracciones que realicen los Jueces y Magistrados; pero no lo es menos que se le den en sus cargos las garantías necesarias; que sepan que cumpliendo con sus deberes no se les ha de molestar porque se le ocurra á cualquiera ponerle en entredicho: ésta es la manera de dar independencia al Poder judicial, que es la garantía de la paz pública.

En el art. 266 del mismo proyecto se señalan las correcciones disciplinarias que pueden imponerse á los funcionarios de que nos venimos ocupando, entre las cuales se encuentran la represión simple, la represión calificada y la suspensión de empleo y privación de sueldo; no pudiendo ésta exceder de doce meses, con arreglo al art. 272; de suerte que, hasta para imponer una represión simple, se exige la instrucción de expediente con audiencia del interesado, recursos ante los Tribunales superiores, etc.; y en cambio, para llevar á efecto una de las correcciones más graves, como lo es la suspensión, basta que se inicie el expediente; y de esta manera, desde el principio, de plano, sin audiencia del denunciado, se ve éste suspendido por tiempo ilimitado, que puede pasar, por consiguiente, de doce meses: el tiempo que dure la tramitación del expediente, y ya se sabe que su duración es elástica, aun suponiendo la mejor buena fe en el Tribunal que ha de resolverlo: pues ocurre en ciertos procesos que la malicia y el enredo de los denunciantes hacen que se demoren aquéllos para que los Jueces procesados continúen suspendidos.

Sin duda, la razón para suspender en el caso objeto de este comentario, es la de evitar que el funcionario pueda abusar de su cargo respecto á aquellos que declaren en su contra; mas ésta no es causa que obligue á tomar determinación tan grave, pues lo único que puede temer el testigo, es que en algún asunto en que sea ó pueda ser parte, el Juez ó Magistrado proceda con parcialidad; pero este inconveniente se origina por otro medio más sencillo que armonice los encontrados intereses entre el ciudadano y el Juez, por otra forma de que hay precedentes en las leyes: estableciendo que esos funcionarios tienen ineludible deber de abstenerse del conocimiento de los asuntos de todas clases en que sean parte ó tengan interés evidente los que hayan de declarar ó declarado como testigos en esos expedientes; y ya así, sabe perfectamente el testigo que, aunque declare lo que crea, no ha de sufrir perjuicios, puesto que la ley le da el derecho de recusar al funcionario contra quien declare, si no se abstiene; no habiendo de este modo términos hábiles para creer que no puede deponer con entera libertad.

En el precitado proyecto, tratándose de responsabilidades más graves, ó sea por razón de delito, se deja, por el art. 674, al arbitrio del Tribunal senatorial el suspender ó no al funcionario contra quien se inicie el expediente de responsabilidad al iniciarse el mismo; de donde se sigue que cuando la responsabilidad es más grave, puede el Juez ó Magistrado continuar ejerciendo sus funciones; y, por el contrario, en un expediente de corrección, que puede versar sobre faltas levesísimas, es indispensable acordar la suspensión desde el principio.

No creemos necesario exponer más argumentos para demostrar que los artículos 676 y 677 referidos deben ser modificados en armonía con los principios jurídicos, dando á los funcionarios judiciales, al menos, las garantías que se conceden á todo ciudadano: el derecho de defensa y el de no ser condenados sin ser oídos y vencidos en el procedimiento ordenado.

No desconocemos que es necesario que las disposiciones orgánicas de Tribunales deben basarse en la responsabilidad judicial y en que se tomen todas las medidas convenientes para que se haga efectiva; pero también es lógico y moral que se dé