El Foro español (Madrid. 1898) (1905-02-28 00:00:00), página 2

los Abogados y Procuradores, y proponiendo en su sustitución el título XIV, que denomina: De la COMPARECENCIA Y REPRESENTACIÓN DE LOS JUSTICIA- BLES ANTE LOS TRIBUNALES.

No vamos á distraer la atención del lector, examinando detenidamente el aspecto gramatical de la nueva denominación; por más que conviene no abandonar nunca, como cosa baladí, cuanto se refiere al estilo en la redacción de las leyes.

Desde luego implicaría verdadero atrevimiento, contrario al preceptivo arte de escribir correctamente, si no fuera descuido inexplicable, emplear en un texto legal (ó que al menos aspira á serlo), vocablos no autorizados por la docta Corporación encargada de la pureza y esplendor del lenguaje: la palabra justiciables, exótica en nuestra legislación y que ahora se intenta ingeniar en ella, no está admitida por la Real Academia de la Lengua, ni figura, por tanto, en el Diccionario de la misma, puesto que se trata de un adjetivo importado de Francia, donde se usa también como sustantivo, y cuya palabra se ha reproducido literalmente y con el mayor desenfado por nuestros galicianistas.

Dada su estructura, se habría de ver en mucho aprieto quien pretendiese razonada y filológicamente incluirla en nuestro léxico oficial, no ya como sustantivo, ni siquiera como adjetivo, teniendo en cuenta la precisa significación del verbo activo ajuiciar (antiguamente justiciar), de que tendrá aquélla que derivarse; pues significando este verbo, según su primera acepción, «condenar» y también, según la más usual y corriente, «castigar al reo con la pena de muerte», mal se puede compadecer semejante significación gramatical con la que se atribuye al galicismo justiciables, indebidamente introducido en la Ponencia.

Cuánto más sencillo, y sobre todo más castellano, hubiera sido emplear las palabras litigantes ó partes, que lo fueran en los juicios; porque las alteraciones en el idioma, así como los cambios y mudanzas en la legislación, necesitan justificarse cumplidamente y responder siempre á razones y principios más graves y fundamentales que el veleidoso y frívolo espíritu de novedad.

Desgraciadamente, la mayor parte de los artículos que comprende el mencionado título XIV, además de los inconvenientes que entrañan en su fondo, dejan mucho que desear en materia de redacción clara, concisa y vigorosa, como puede comprobarse, en presencia del texto original (1), de suyo más persuasivo que cuanto en su crítica pudiera aducirse.

En mal hora se ha trastornado por completo en la reforma todo el título XXI de la vigente Ley orgánica, en el que campa dignamente el méto- do, la claridad y concisión, aparte del fundamento racional en que sus disposiciones se apoyan.

Reconocido en dicha ley el principio de la necesa- ria intervención profesional, preceptúa su artículo 856 que los que fueren parte en juicios civiles ó en causas criminales, serán representados por Procuradores y dirigidos por Letrados, unos y otros legalmente habilitados para el ejercicio de la profesión en los Tribunales en que actúen; y el artículo 856 exceptúa de tal obligación, por razones de todos conocidas, los actos de jurisdicción voluntaria, los de conciliación, los juicios verbales y los juicios de faltas, en que es potestativo de los interesados valerse de la asistencia y de los auxilios, tanto de los Procuradores como de los Abogados, sin quebranto ninguno de la parte contraria, aun- que fuere condenada en las costas.

Ciertamente, para elevar el valor ó interés liti- gioso en los juicios verbales y en los de menor cuantía (que es lo de verdadera conveniencia á los litigantes), no era necesario ni modificar siquiera los expresados artículos, sino llevar tan sólo, en su caso, las variaciones aconsejadas por la experien- cia á la Ley de Enjuiciamiento civil, evitando así involucrar en la de Organización judicial lo meramente procesal con lo constitutivo y orgánico, achaque frecuente de la Ponencia.

Viéndolo ya á lo que en ésta se establece sobre la representación y defensa judicial, no queremos hacer una mera referencia á su disposición capital, ó sea al art. 363 del proyecto, sino reproducirlo en toda su integridad, á fin de que se adquiera acabado y exacto juicio, tanto sobre el fondo como la forma del mismo.

Hé aquí lo que literalmente dice:

«Art. 363. Todos los que tengan el derecho ó la obligación de intervenir en cualquier concepto en un asunto judicial, pueden comparecer ante el Juzgado ó Tribunal que de él conozca, por sí mismos ó representados por un Procurador ó Abogado.

Se exceptúan los recursos de casación, así en lo civil como en lo criminal, en los cuales las partes habrán necesariamente de comparecer por medio de Abogado.

Queda, pues, suprimida en todos los asuntos judiciales, excepto en los mencionados en el párrafo anterior, la necesidad de la doble representación de Procurador y Abogado.»

Renunciámos de buen grado á hacernos cargo de la extraña redacción del desarticulado precepto que se deja transcribir.

Respecto de su contenido, como puede observarse, queda por completo á merced de las partes, lo mismo en lo civil que en lo criminal, valerse ó no de un Procurador ó Abogado que las represente y defienda, y precisamente en una sola persona,

(1) Ponencia oficial.—Artículos del 863 al 891.