El Foro español (Madrid. 1898) (1904-11-10 00:00:00), página 7

Art. 6.º En consonancia con lo preceptuado en el art. 96 de la Ley orgánica del Poder judicial, los Aspirantes tendrán preferencia por el orden riguroso de su calificación para ser nombrados Jueces y Fiscales municipales, propietarios ó suplentes, Secretarios y Vicesecretarios de Juzgados municipales en poblaciones que excedan de 12 000 habitantes, y Abogados fiscales sustitutos de Audiencias territoriales ó provinciales. El nombramiento se hará, según los casos, por los Presidentes ó los Fiscales, que podrán igualmente destituir-los por justa causa, y previa formación de expediente, con audiencia del interesado, que podrá alzarse del acuerdo ante el Ministro de Gracia y Justicia, el cual resolverá sin ulterior recurso.

Art. 7.º Los Aspirantes podrán ser nombrados, por el orden riguroso de su colocación en la propuesta del Tribunal, para desempeñar interinamente Secretarías y Vicesecretarías de Audiencias provinciales, Juzgados de primera instancia e instrucción de entrada, y percibirán el sueldo á estos cargos asignado, pero no consolidarán la categoría ni adquirirán derecho alguno sino cuando, transcurridos los dos años de práctica, hayan obtenido calificación favorable de aptitud.

Podrán, pues, ser separados de dichos cargos mediante justa causa, y previa formación de expediente, con audiencia del interesado.

Art. 8.º El Ministro de Gracia y Justicia dictará las disposiciones necesarias para el cumplimiento de este Real decreto.»

ENTRE DOS FUNCIONARIOS JUDICIALES

SEGUNDA PARTE

Seguí con toda atención el interesante diálogo (1), muy confiado de que tan discretos e ilustrados interlocutores llegarían á perfecto acuerdo y hallarían justa y satisfactoria solución al importante problema planteado; pero es lo cierto que mis esperanzas resultaron al fin fallidas, y que quedó el problema, al terminar la discusión, tan embrollado y obscuro como estaba al comenzarla.

Bien se comprende por lo dicho, que para reglamentar los ascensos en la carrera judicial—que es la cuestión debatida—ni acepto la inflexible doctrina del funcionario antiguo, que defiende sin excepción el criterio de antigüedad como el único posible y moralizador, ni me satisface en manera alguna el proyecto formulado á grandes rasgos por el funcionario moderno.

Se ha dicho muchas veces, y es verdad, que el acertado planteadimiento de las cuestiones de derecho equivale á su acertada resolución; y al recordar este principio, nada tiene de extraño que no hayamos encontrado todavía la justa sentencia de nuestro pleito, porque hasta ahora tampoco hemos sabido formular los escritos de conclusiones con la sinceridad, claridad y precisión apetecibles, y en este caso absolutamente indispensables.

Sin darnos cuenta de ello, é infundidos por el concepto erróneo que todos tenemos acerca de los deberes del funcionario público, hemos acabado por admitir, como cosa que no admite discusión, que merece recompensa el Juez ó Magistrado que, por cumplir todas las obligaciones de su cargo, se distingue y sobresale entre los demás Magistrados y Jueces que, por malicia, negligencia ó ignorancia, dejan incumplidas esas mismas obligaciones.

Este es el error inicial de que hasta ahora hemos partido al plantear nuestro problema, y la causa principal y tal vez única de no haberle encontrado solución.

¿Cómo ha de ser justo—se dice—que perciban igual sueldo, disfruten iguales prerrogativas, y alcancen en el mismo plazo análogos mejoramientos, el Juez inteligente, activo y probo, que el Juez inepto, negligente y venal? Pues si esto no es justo—como evidentemente no lo es,—nada más fácil para evitarlo que recompensar á los Jueces buenos, anticipando su ascenso, y castigar indirecta y eficazmente á los malos, retrasando el suyo. Mas esta cuenta va errada.

Al aceptar el cargo, nos obligamos libre y voluntariamente á desempeñar con diligencia y rectitud ciertas y determinadas funciones y deberes, remuneradas por el Estado con obvenciones y preeminentias determinadas también. ¿Es que cumplimos esas obligaciones fiel y honradamente? Pues por ello, solamente tenemos derecho á que el Estado nos mantenga en el disfrute de la pensión ó sueldo que nos ofreció y de las demás preeminentias á nuestro cargo anexas. ¿Es que dejamos incumplidas esas obligaciones, faltando visiblemente á lo pactado ó porque nuestras facultades no nos bastan para cumplirlas? Pues el Estado no sólo tiene el derecho, sino el deber de aplicarnos sin contemplación todas las cláusulas penales que en el contrato se consignaron (correcciones disciplinarias), y á rescindirle completamente si aquéllas no son bastantes para domar la torcida voluntad del funcionario malsino.

Mediante la aplicación de este sencillo criterio, que es el único justo y legal, desaparece esa injusticia que tanto nos alarma, y no hay peligro ni dificultad alguna en aceptar el principio de antigüe-