El Foro español (Madrid. 1898) (1905-10-30 00:00:00), página 10

ALGUNAS OBSERVACIONES SOBRE EL PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE LOS TRIBUNALES

De las traslaciones.

Los artículos 234 al 237 de la ley Orgánica provisional del Poder judicial establecen las causas de traslación de los Jueces y Magistrados, echándose de menos dos cosas que, consignadas en la ley, pondrían un freno al arbitrio ministerial: es la una, el no fijar taxativamente esas causas; es la otra, que en los expedientes que se instruyen para llevarla á efecto, no se da audiencia al funcionario contra quien se signe, ni se le admiten, por consiguiente, pruebas de descargo.

No hay dificultad para precisar las susodichas causas, porque la experiencia demuestra, como ocurre respecto á los delitos, cuáles son los hechos que deben servir de motivo para las traslaciones, sin que baste el indicar una frase tan elástica, y que á tan distinta interpretación se presta, como la previnida en el art. 285, que dice: «Cuando circunstancias de otra clase ó consideraciones de orden público muy calificadas exigieren la traslación»; frase de sentido muy general, y que, sin duda, sirve de base algunas veces á que se tome por causa de traslación la que realmente no lo es; máxime cuando se refieren á cargos desempeñados por funcionarios, cuyas funciones, aun ejercidas con justicia, pueden molestar á personas influyentes.

En cuanto á lo segundo, ¿qué menos se puede pedir en estos expedientes que el dar audiencia al funcionario contra quien se incoen, para que pueda desvanecer los cargos que le resulten, si son falsos, como con frecuencia puede ocurrir? Ese derecho se concede hasta al reo, por muy grave que sea su delito; y, en cambio, á los pobres Jueces y Magistrados no se les oye, sino que se les instruye el expediente en la sombra y en el misterio; y la primera noticia oficial que de él tiene es la Real orden en que, sin rodeos ni explicaciones, se le dice secamente que recoja sus bártulos y que vaya con la música á otra parte. ¿Es esto justo? ¿Es esto lógico? ¿Es esto legal? De ningún modo; porque no es justo, ni lógico, ni legal que se conceda el derecho de defensa á todo ciudadano, y no al Juez ó Magistrado, que, por el hecho de serlo, parece, según esa teoría, que renuncia á uno de los derechos más nobles y más sagrados: al derecho de defensa.

Pues bien: este derecho, que está al alcance de todos, no lo pueden utilizar dichos funcionarios, por la sencilla razón de que no está previsto en la ley Orgánica, ni en el Reglamento del procedimiento administrativo ante el Ministerio de Gracia y Justicia, ni en ninguna otra disposición posterior.

Acaso se dirá que no es necesario consignarlo en las leyes, porque, de hecho, no se abusa de la facultad de trasladar, y que no habiendo abuso, no hay para qué prevenirlo; pero desgraciadamente no es así, puesto que no siempre se verifican las traslaciones con estricta sujeción á la ley; y no hablamos de memoria: baste recordar que no obstante de disponerse en el art. 10 de la ley de Presupuestos de 30 de Junio de 1895, que se exigieran para las traslaciones los requisitos prescritos por el Real decreto de 24 de Septiembre de 1889, por otro de 16 de Julio del mismo año, es decir, á los diez y seis días de promulgada aquélla, fué derogada, estableciéndose que las antedichas traslaciones podían acordarse por necesidades del servicio apreciadas y resueltas por el Gobierno.

Ahora bien: si de un modo tan público y tan notorio se deroga una ley por un Real decreto á los pocos días de su promulgación, ¿qué confianza han de inspirar esos expedientes tramitados sin citación y audiencia de los funcionarios á quienes afecta?

Todos estos inconvenientes se orillan señalando taxativamente las causas de traslación y estableciendo que éstas no se decreten sino en virtud de expediente instruido con audiencia del funcionario contra quien se signe, para que pueda destruir los cargos que se le hagan, si son falsos; y, por último, estatuyendo que no pueda acordarse traslación alguna sin que sea propuesta por la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo, previo informe de la Sala de Gobierno de la Audiencia de que el funcionario dependa, y que, cuando los informes de las dos Salas no fueren conformes, tenga que formularse la propuesta por el Tribunal Supremo en pleno.

No sabemos los fundamentos que hayan tenido para exigir que los Registradores de la propiedad no puedan ser trasladados sin previo expediente con su audiencia, como lo disponen los artículos 308 de la ley Hipotecaria y 290 de su Reglamento, y, en cambio, no se den las mismas garantías á los Jueces y Magistrados.

A éstos se les debe exigir la más estricta responsabilidad cuando faltan á sus deberes, pero también es justo que se les dé independencia, que es el sublime complemento de la responsabilidad; puesto que, de otra suerte, los predichos funcionarios, en ciertas ocasiones, por cumplir con sus deberes y huir de responsabilidades, suscitarán el enojo de aquellos que disponen de medios para que la traslación se efectúe.

Y como en el proyecto de ley Orgánica que se publicó en la Colección legislativa, no se subsa-