El Foro español (Madrid. 1898) (1904-11-10 00:00:00), página 4

tución del Estado y á los Reglamentos de los Cuerpos Colegiados, y se acude al socorro recurso, que ya entre nuestros antiguos comentaristas se conocía con la irónica frase de Advocatus veritatis.

Libérenos Dios de poner glosas y escolios á semejante disposición legal, pues si hubiéramos de recoger y consignar cuanto acerca de ella hemos oído, habría para llenar un abultado tomo.

Y como todo lo que tiene un vicio de origen lleva fatalmente en su existencia los gérmenes de la descomposición, bien pronto ha evidenciado la realidad que ese famoso art. 17 no se sustraía á semejante principio biológico.

Precisamente, á punto de expirar el plazo de ocho meses que se había fijado en dicho artículo para llevar á cabo una labor tan complicada, pudo observarse, con la demostración de la experiencia, que aquél resultaba insuficiente sin duda alguna, y para remediar el primer conflicto que ofrecía en la práctica tan impremeditada disposición, el Sr. Marqués del Vadillo, Ministro de Gracia y Justicia á la sazón, presentó á las Cortes, con fecha 21 de Noviembre de 1900, un proyecto de ley prorrogando, en realidad indefinidamente—esto era lo más sensato,—el plazo preciso de ocho meses, que marcaba el art. 17 tan repetidamente citado.

En el preámbulo de ese proyecto de ley se sincera el Gobierno de haber cumplido en su primera parte el precepto legal, remitiendo á la Comisión de Códigos todo lo referente á los proyectos de reforma de la Ley orgánica del Poder judicial y su adicional, y de las Leyes de Enjuiciamiento civil y criminal, y dicho Sr. Ministro, á este propósito, exponía á S. M. lo siguiente:

«Pero con sólo fijar la atención en la importancia y transcendencia que envuelven, por abarcar la organización completa de los Tribunales de justicia y todo el enjuiciamiento en materia civil y penal, se comprende la absoluta imposibilidad de que termine la Comisión de Códigos su interesante labor en tiempo opportuno para que la reforma pueda ser publicada en la Gaceta, en el plazo que en la Ley de Presupuestos se señala.

»La misma Comisión ha hecho presente al Gobierno esta imposibilidad, para que arbitre el medio legal de vencerla, y el Ministro que suscribe, cree que éste no puede ser otro, que el señalamiento de un nuevo plazo, concedido por el Poder legislativo. No es posible limitar este plazo á tiempo determinado, porque el trabajo encomendado á la Comisión Codificadora no puede sujetarse á cálculo alguno para fijar la fecha, ni aun aproximada, en que podrá darlo por terminado.»

A pesar de la mesura y circunspección con que se produce en el anterior preámbulo—como acostumbra á hacerlo siempre—el Sr. Marqués del Vadillo, la censura aparece bien diáfana y expresiva, y resulta de todo punto justificada, por la notoria imprevención que revela el art. 17 de la Ley de Presupuestos de 31 de Marzo de 1900.

Para subsanarla, en lo que cabe, se promulgó la Ley de 21 de Enero de 1901, que dice así:

«Art. 1.º Se prorroga por tres meses más el plazo señalado en el art. 17 de la Ley de Presupuestos de 31 de Marzo último (1900), para que el Gobierno formule y publique en la Gaceta oficial los proyectos de reforma de la Ley sobre organización del Poder judicial y su adicional, y de las de Enjuiciamiento civil y criminal.

Art. 2.º Para la computación del plazo total de once meses, á que queda ampliado el de ocho fijado en la expresada Ley de Presupuestos, se descontará todo el tiempo que la Comisión general de Codificación tenga en su poder los proyectos de reforma para evacuar su informe.»

Es decir, que todavía no se ha abierto, ó al menos no corre, el plazo legal, y no pueda nadie extrañarse de que así sea, pues de otra suerte, transcurridos desde la promulgación de la Ley de 31 de Marzo de 1900 más de cuatro años y medio, resultaría un verdadero sarcasmo haber seriamente de once meses, en la fecha en que nos encontramos.

Al tratar de semejante particular, no há mucho que varios apreciables periódicos han incurrido ciertamente en sendas equivocaciones, de todo pun- to excusables, y que nada tienen de extraño, atendi- da la confusión general que reina en este enmara- ñado asunto. Unos, suponían que el plazo marcado había expirado ya—cosa á primera vista muy natu- ral, después del largo tiempo transcurrido—y que, por tanto, la Ley de 31 de Marzo de 1900 en este punto había caducado ó prescrito; y otros, por el contrario, se mostraban alarmados y temerosos de que se publicase en la Gaceta oficial, de un momen- to á otro, según decían, el proyecto reformando la organización judicial—que en forma de libro acaba de editarse,—incurriendo, sin duda, en tales equi- vocaciones por no tener presente la Ley complementaria de 21 de Enero de 1901, que dejamos transcrito.

En nuestro sentir, pueden estar tranquilos los que se preocupan e inquietan ante el temor de una sor- presa (1). Hasta tanto que la Comisión de Codifica-

(1) El Heraldo de Madrid del 9 de Mayo último (plana 1.ª, columnas 3.ª y 4.ª), al resaltar la entrevista de una Comisión de Letrados con el Ministro de Gracia y Justicia, sobre la ponencia de la reforma de la Ley orgánica, atribuye al señor Sánchez de Toca las declaraciones siguientes: «Ese antepro- yecto formará parte, en cumplimiento de la Ley de Presu- puestos, de otros proyectos de ley de Enjuiciamiento civil y criminal... Cuando los tres estén ultimados, se reunirán los Presidentes de las tres Secciones de la Comisión de Códigos, para copiarlos y darles uniformidad. Hecho esto, será llegada la hora de que yo examine esa nueva Ley orgánica, que, repito, no es mía, y, una vez estudiada por mí, la llevaré á Consejo de Ministros.»