El Foro español (Madrid. 1898) (1904-08-10 00:00:00), página 5

que D. A. B. realízase ninguno de los actos que nuestra Ley de Registro civil y el art. 25 del Código civil de 1889 precisan como absolutamente indispensables para que el extranjero que haya obtenido carta de naturaleza ó ganado vecindad, goce de la nacionalidad española.

Además, la declaración que D. A. B. hace en su testamento abierto, lejos de ser renuncia explícita de su nacionalidad francesa, es una ratificación de ésta.

Y en cuanto á la renuncia ó declinación de las leyes francesas en materia testamentaria, sin que el renunciante abandone su carácter nacional originario, hay que tener en cuenta lo dispuesto en el párrafo segundo del art. 10 del Código civil, en armonía con la explícita jurisprudencia francesa, que suple la deficiencia del Código de Napoleón sobre este particular.

Nuestro Código establece con toda claridad que la materia testamentaria y los derechos sucesorios se rigen por la ley nacional de la persona de cuya sucesión se trate. La única manera que un extranjero tiene de excusar en España precepto tan terminante, es recazar la nacionalidad española.

Aparte de esto, debe tenerse en cuenta que la renuncia de las leyes francesas aludidas en la consulta (y que sin duda se refieren á las condiciones y circunstancias de los legados, porque respecto de las legítimas sería imposible estimar este punto como materia beneficiosa exclusivamente para el testador), nunca podrá considerarse aplicable á testamento distinto de aquel en que fué consignada y en cuya vista se determinó el testador.

Por tanto, es evidente que si aquel testamento fué sustituido por otro ú otros, de ninguna suerte podrá incluirse en estos últimos la cláusula de renuncia que no se consignara en ellos de modo explícito, y que, como ya se ha dicho, nunca bastaría para quitar al testador el carácter de francés, y mucho menos para atribuirle la nacionalidad española, á los efectos del art. 10 de nuestro Código civil.

Tal es mi parecer, que respetuoso someto á dictamen de mejores razonamientos y superior autoridad.

RAFAEL M. DE LABRA.
15 Mayo 1904.
(Brevista de los Tribunales.—Madrid.)

DE LA CONFESION JUDICIAL

Con verdadero temor entramos en el examen de estamateria, que con tanta lucidez ha sido tratada en las páginas de la presente Revista. No creemos que sobre la misma, doctrinalmente hablando, pueda añadirse una sola palabra á las que ya se han dicho; pero ante los escollos de la práctica surgen dificultades, que ni el más perspicaz de los ingenios cabe prever.

Indudable es que nuestros medios de prueba han sufrido verdadera y profunda modificación con las disposiciones del Código civil. Espíritus ligeros han supuesto que este cuerpo legal incurrir en constantes contradicciones al tratar de los mismos, y la fuerza de la rutina y de la costumbre nos impulsa á fijarnos siempre en las disposiciones de la Ley procesal cuando de pruebas se trata, siendo así que la mayor parte de ellas están modificadas y han pasado á la categoría de cosas que fueron, que han dejado de existir.

Lo más transcendental de las disposiciones del Código en la confesión, por ejemplo, ha sido la de limitar, tanto la judicial como la extrajudicial, á hechos personales del confesante. Antes también podía referirse á los que no lo fueran, concediéndose tan sólo al actor ó demandado que debiera evocar la diligencia, la facultad de negarse á contestarlas (art. 587 de la Ley de Enjuiciamiento civil); pero hoy, aun en el supuesto de que lo hicieran, carecería de validez el acto, ó lo que es lo mismo, sería nulo, que nulos son todos aquellos ejecutados contra lo dispuesto en la ley, según se establece en el art. 4.º del citado Código.

Es la confesión el medio de prueba más poderoso que existe en derecho; ni aun la escritura pública puede comparársele. Se trata de una probanza subjetiva, animada; es el documento vivo y palpable, permiteánsenos la perifrasis, y destruye aun lo establecido en el público, en cuanto perjudique á aquél que la presta. De aquí lo taxativo del precepto.

Este criterio estricto no informaba anteriormente á nuestra práctica procesal. Hechos no personales, extraños al confesante, podían ser aseverados por éste y tenían la misma fuerza probatoria que cuando se trataba de los propios. Pero tal sistema era dado á errores y confusiones, y con verdadero sentido filosófico ha sido suprimido de la ley.

Hay quien, no obstante, supone antinomia entre el precepto del art. 1.231 del Código y los 1.225 y 1.226 del mismo cuerpo legal. ¿Cómo es posible, preguntan, que sea cierto el precepto del primero, cuando admite la ley que reconozcan el documento privado los causahabientes del que suscribió la obligación? ¿Cabe negar que si el hijo reconoce el documento hecho por el padre (y tal documento no puede suponerse acto personal del declarante), quepa negar fuerza de escritura pública á ese documento privado? Una de dos: ó la confesión puede versar sobre hechos no personales del confesante, ó el documento privado no puede ser reconocido más que por quien lo hizo. Si lo primero, no es cierto lo que dispone el art. 1.231; si lo segundo, es in-