El Foro español (Madrid. 1898) (1905-08-21 00:00:00), página 6

de cambiar el infinitivo estar por el pretérito haber sido, á fin de que resplandezca en toda ella la igualdad más absoluta.

DIRECCION DE LOS REGISTROS (1)

GLOSAS

II

Concluíamos el anterior artículo haciendo notar que la aprobación judicial de las particiones era forzosa, y no pasaba, por tanto, de un trámite meramente formalario e inútil.

Así lo reconoce la Dirección en términos que no dejan duda.

Por Resolución de 14 de Junio de 1897, declara que la aprobación judicial de particiones hechas extrajudicialmente en los casos que procede conforme al Código civil y ley de Enjuiciamiento, es un requisito que tiene sólo por objeto dar mayor solemnidad ó autenticidad á las operaciones, sin exigir ni implicar el examen de la validez de su contenido por el Juzgado, el cual viene obligado á llenar ese requisito, según los artículos 1.081 y 1.085 de la ley procesal, cuando los interesados manifiestan su conformidad ó no promueven oposición en tiempo hábil; y en virtud del carácter formalario de semejante aprobación, además de no poder equipararla á las resoluciones que dictan los Tribunales bajo su responsabilidad, previo examen del caso, quedan sometidas las operaciones divisorias, como los otros documentos, á la calificación del Registrador.

Todavía, con mayor claridad si cabe, proclama en la de 24 de Diciembre de 1900, que la resolución judicial aprobatoria de particiones no es suficiente para subsanar los vicios de nulidad de que adolecen, porque atendido el carácter meramente formalario y ritual de la misma, derivado del precepto del legislador que la impone al Juez como ineludible, cualesquiera que sean los defectos internos ó externos que las operaciones contengan; ni cabe parangonar tal resolución con los demás proveídos dictados con responsabilidad, apreciando los hechos con arreglo á las leyes, pues sólo produce el efecto de dar carácter de documento público á los actos sobre que recae, conforme á la doctrina deducida de la propia ley de Enjuiciamiento y confirmada por resoluciones de 14 de Junio de 1897 y de 28 de Julio de 1899; hallándose, en consecuencia, sometidas semejantes particiones á la calificación de los Registradores.

Non bis in idem, y por eso la Dirección, al ver que la ley no permite á los Jueces examinar de oficio las particiones, reserva la apreciación de las mismas á los Registradores.

Este modo de considerar la intervención judicial en el caso cuestionado, como un requisito de forma, ya es muy antiguo. La Resolución de D. Carlos IV, fecha 4 de Noviembre de 1791, ó ley 10, título 21, libro X de la Novísima Recopilación, dice: «Con el fin de evitar que el caudal de los pupilos y huérfanos se disipe en diligencias judiciales y en costas, que por lo común causaban los llamados Poderes generales de menores y defensores de ausentes, cuyos oficios por gravosos se han consumido en muchos pueblos del reino, adoptó el mi Consejo el medio de conceder permiso á los testadores, para que tan pronto como fallezcan, formen los apre- cios, cuentas y particiones de sus bienes los alba- ceas, tutores ó testamentarios que señalen, como sujetos imparciales, íntegros y de su total confianza; cumpliendo después los testamentarios con presentar las diligencias ante la Justicia del pueblo para su aprobación, y que se protocolicen en los oficios del Juzgado.»

Por si hubiere alguna duda, prescribe una nota puesta al pie de esa ley: «En Real resolución de 20 de Enero de 1792 se declara que cuando el padre nombra en su testamento contador y partidor extrajudicial, y las partes están conformes en que tenga efecto, no debe impedirse por la Justicia, aun cuando haya menores ó ausentes; quedándola (1) salvo el acto de aprobación de la cuenta y adjudicaciones que se practiquen por el comisionado, y el poder reparar entonces cualquier agravio que justamente se notase, por ser esto lo más conforme á las leyes y á las amplias facultades que por ellas se conceden á los testadores, y señaladamente á los padres, efecto de la patria potestad.»

Combinando las disposiciones de estas leyes con la teoría romana, que extendía la intervención del Juez en algunos asuntos al fondo de los mismos para decidirlos y la limitaba en otros á la interposición de su autoridad para imprimirles solemnidad mayor (2), ha nacido la siguiente doctrina, muy generalizada entre nuestros antiguos autores:

«Cuando el testador no practicó por sí, ó por medio de otro, la partición entre sus hijos, lo ha de hacer todo el Juez, habiendo menores ó ausentes, pues entonces se procede de oficio por la Justicia; pero en otro caso, ó si hay conformidad entre los interesados, se aprueban las operaciones por el Juez, interponiendo su autoridad y judicial decreto

(1) Esto es, cesando, según la acepción antigua de la palabra quedar.
(2) Tal vez parte de aquí mostrarse al indicar que la jurisdicción voluntaria debiera llamarse honoraria con más propiedad.