El Foro español (Madrid. 1898) (1904-08-30 00:00:00), página 8

arrollan en los artículos que se trasladan á continuación:

«Art. 441. En ningún caso puede adquirirse violentamente la posesión, mientras exista un poseedor que se oponga á ello. El que se cree con acción ó derecho para privar á otro de la tenencia de una cosa, siempre que el tenedor resista la entrega, deberá solicitar el auxilio de la autoridad competente.

Art. 146. Todo poseedor tiene derecho á ser respetado en su posesión; y si fuere inquietado en ella, deberá ser amparado ó restituido en dicha posesión por los medios que las leyes de procedimientos establecen.»

Esto no obsta á que, en el caso de que los guardas vean que una persona trata de desposeer violentamente á otra de la posesión que tenga de una finca rústica ó urbana, auxilien al poseedor, con el objeto de evitar que se consuma el delito de usurpación; pues esta facultad se colige claramente del art. 102 de la adición al reglamento citado.

Consté, y es lo principal que nos proponemos fijar de un modo obvio, que los guardas particulares jurados no pueden en ningún caso, ni aun tratándose de los intereses de las personas que les pagan el sueldo, hacer la justicia por su mano, tomando posesiones de cosas que, á pesar de estar en poder de terceros, crean que pertenecen á los primeros, por ser esta misión reservada á los Tribunales, los que, á su vez, no pueden desposeer á nadie sin que antes sean oídos y vencidos en juicio.

De otra suerte, vendrá á entablarse una constante lucha entre los guardas y los poseedores; y entonces, lejos de ser aquéllos la salvaguardia de los derechos, serían causa de perturbaciones, crímenes y escándalos, guiados, quizá, algunas veces, por móviles distintos á los de la justicia.

Por fortuna, el legislador, solicitó siempre de realizar su misión reparadora con el fin de evitar las perturbaciones jurídicas de carácter criminal que con dicho motivo pueden llevar á efecto los que, como los guardas jurados, ejercen funciones públicas, ha venido á definir como delitos aquellos actos en que los funcionarios, olvidando su verdadera misión, cometen extralimitaciones.

Dicha definición se consigna en el art. 228 del vigente Código penal, que dice así:

«El funcionario público que expropiare de sus bienes á un ciudadano ó extranjero para un servicio ó obra pública, á no ser en virtud de sentencia ó mandamiento judicial, y con los requisitos prevendidos en las leyes, incurrirá en las penas de suspensión en sus grados medio y máximo y multa de 250 á 2.500 pesetas.

En la misma pena incurrirá el que perturbase en la posesión de sus bienes, á no ser en virtud de mandato judicial.»

De aquí se sigue que, para incurrir en el delito que se acaba de definir, son necesarios tres requisitos: primero, que el hecho se realice por funcionario público; segundo, que se expropie de sus bienes á un ciudadano ó extranjero para un servicio ó obra pública, ó se le perturbe en la posesión de los mismos; y tercero, que esto se lleve á efecto sin mandato judicial.

Veamos, pues, si un guarda jurado puede cometer este delito en sus dos distintas formas.

Los susodichos guardas tienen el carácter de funcionarios públicos, porque ejercen sus funciones públicas previo nombramiento de la autoridad competente—que sea el Alcalde,—tanto que por esto son considerados, según queda expuesto, como de Policía judicial; y el art. 416 del antedicho Código penal define á los funcionarios públicos—para los efectos penales—diciendo que son aquellos que por disposición inmediata de la ley, ó por elección popular ó por nombramiento de autoridad competente, participan del ejercicio de funciones públicas.

Para fijar el sentido del segundo requisito, es conveniente determinar la significación gramatical de las palabras expropiación y perturbación.

Expropiar, según el Diccionario de la Academia Española, es desposeer á uno de su propiedad; y perturbar, conforme al mismo Diccionario, es inmutar, trastornar el orden y concierto que tenían las cosas, ó la quietud y sosiego en que se hallaban.

Expropiación es la acción y efecto de expropiar, y perturbación, el trastorno del orden ó concierto de una cosa, ó del estado de quietud en que se hallaba.

De aquí se infiere que los actos de expropiación y perturbación ilegal constitutivos de delito, vienen á ser aquellos que, con relación á los particulares, dan lugar á los interdictos de retener y recobrar; la perturbación se repara por medio del interdicto de retener, la expropiación por el de recobrar.

Pues bien: estos actos, que realizados por particulares originan sólo acciones civiles, siempre que no medie violencia, cuando se llevan á efecto, sin mandato judicial—que es el tercer requisito.—por funcionarios públicos, producen los delitos definidos y penados en el susodicho art. 228: el de expropiación ilegal en el caso del apartado primero, y el de perturbación en la posesión en el del segundo.

Y en estos delitos pueden muy fácilmente incurrir los guardas particulares jurados, porque, como les pagan aquellos cuyos derechos están llamados principalmente á defender, pueden, algunas veces, movidos acaso de un celo exagerado, expropiar á un poseedor legítimo de cosas que, por error, crea pertenecen á sus principales, ó perturbarles en la posesión de las mismas, por entender, en justicia, que con esto favorecen á sus dueños.