El Foro español (Madrid. 1898) (1904-01-20 00:00:00), página 8

do á los gobiernos la facultad de proveer todas ó algunas de las vacantes de las categorías superiores, en Letrados de reconocido y notorio mérito.

¿A qué razón de justicia, de equidad ó de conveniencia pública responde esa excepción tan generalmente aceptada? Jamás he podido averiguarlo.

¿Es que se considera necesario ó conveniente, para mantener á los funcionarios judiciales ajenos á toda bastarda aspiración y exclusivamente consagrados al cumplimiento de sus deberes austeros, arrancarles toda esperanza de mejora que no se funde en su virtud y constancia en el servicio? Pues acéptese, como yo acepto, esta doctrina en toda su pureza, sin reservas ni excepciones, y establézcase la antigüedad como único medio para ascender, desde el último Juzgado de entrada, hasta la presidencia del Tribunal Supremo.

¿Es que se considera que los individuos que constituyen la carrera judicial y fiscal carecen de la ilustración y pericia bastantes para desempeñar por sí solos sus altos cometidos, y necesitan del auxilio de jurisconsultos de mayor competencia, que á modo de injertos robustezcan de tiempo en tiempo los Tribunales superiores, para endurecer los ensueños que los Jueces inferiores cometieron y que pudieran confirmar sus jefes? Pues preciso es convenir en que el remedio es poco eficaz y sobrado acomodaticio, y podía y debiera sustituirse con ventaja, exigiendo á todos los Jueces y Magistrados la pericia que deben tener, y privando de su empleo á los que carezcan de ella.

Pero, ¿á qué discutir sobre convencionalismosridículos, que exigen argumentaciones complicadas y tortuosas, que jamás conducen al descubrimiento de la verdad?

Hablemos el lenguaje de la sinceridad, prescin- diendo de alardes de modestia, que todo alarde repugna; examinemos con serenidad aquella original doctrina cuya aceptación coloca el Poder judicial en situación desairada y humillante, y pronto advertiremos que ese turno de libre elección para proveer algunos de los altos cargos de la carrera judicial en Letrados extraños á ella, únicamente puede defenderse como grata prerrogativa del Poder ejecutivo, pero jamás como disposición justa y moralizadora, ni como medida de buen Gobierno.

¿Cómo ha de aceptar persona alguna imparcial y sensata, que entre los mil funcionarios que constituyen el orden judicial y fiscal no haya el número suficiente para desempeñar, con la pericia necesaria y sobrada, todos los cargos de los Tribunales superiores, mientras los cuerpos facultativos de Registradores, Notarios, Abogados del Estado y otros, que se constituyen de igual modo que aquél, proveen constantemente á la nación de diputados eloquentes, de directores enciclopédicos y de ministros universales?

Eso no es verdad, y así es preciso decirlo.

Lo que hay es que los citados funcionarios del Estado, apenas toman posesión de su cargo pueden afiliarse, y generalmente se afilian, al partido político de su preferencia, en el que prestan servicio y adquieren relaciones y obtienen rendimientos que les permiten lucir todas sus aptitudes, y facilitan su justo encumbramiento, mientras que los Jueces y Magistrados, tan pronto como prestan el juramento anejo á su sacerdocio, han de renunciar, abjurar y poner término á sus ideales y relaciones de carácter político, y recluirse en el humilde pueblo de su destino, donde arrastran una vida de austeridad y aislamiento obscuro y modestísimo; lo que hay es que los aludidos funcionarios, tan pronto como adquieren los merecimientos para ello precisos, solicitan y obtienen del país, mediante la elección, la representación en Cortes, obligado punto de partida para conquistar las más encumbradas posiciones sociales, al paso que la inmensa mayoría de los Magistrados y Jueces, si alguna vez les ofrecen los electores esa representación, han de renunciar á ella, porque su sueldo mezquino no les consiente disponer de las cantidades más precisas para sostener la lucha en los comicios, y menos aún para privarse, durante el tiempo de su mandato, de esa misma retribución modestísima que necesitan para vivir.

Si, pues, resulta probado con toda evidencia que el ingreso en la carrera judicial lleva aneja la imposibilidad de alcanzar otras posiciones que las muy modestas que ella ofrece, ¿por qué razón de justicia se nos ha de privar de muchos de sus cargos principales, en beneficio de otras profesiones libres, cuyo ejercicio no impone limitación de derecho alguno, y, antes al contrario, facilita la realización de las más atrevidas aspiraciones?

Hay más todavía. Fúndanse, los partidarios de ese turno de libre elección, en la conveniencia de llevar á los Tribunales superiores jurisconsultos eminentes de grande y merecida fama, que aporten el concurso de su ciencia para la acertada resolución de aquellos conflictos jurídicos que, por su importancia y dificultad, han motivado la apelación de los interesados contra la sentencia que les puso término en la primera instancia. Y siendo esto así, ocurre preguntar: ¿Acaso un catedrático de Derecho penal, ó un criminalista eminente, que tal vez no hayan sostenido jamás juicio civil alguno, estarán más capacitados y pueden ofrecer en una Audiencia territorial más garantía de acierto que las que ofrece un Magistrado medianamente discreto, que pasó su vida entera en el estudio y resolución de los negocios de naturaleza civil, y que estudió con afán y constancia todas las sentencias que en ellos dictó y las que ocasionaron las apelaciones que contra ellas se interpusieron?