El Foro español (Madrid. 1898) (1905-08-21 00:00:00), página 3

no empezará á regir la ley hasta cumplirse los noventa días siguientes á aquél en que se haya dado cuenta á las Cortes de su publicación.

Por razones justificadas de utilidad pública, el Gobierno, al dar cuenta á las Cortes, ó por virtud de propuesta que en éstas se formule, podrá declarar prorrogado ese plazo de noventa días, ó dará al asunto el trámite y curso ordinario de un proyecto de ley, si alguno de los Cuerpos Colegisladores así lo proponerá al Gobierno en acuerdo en forma.»

Bien poco, en verdad, se ha tenido presente en este caso aquel exquisito cuidado que debe ponerse siempre en la confección de las leyes, y que el Rey Sabio encarecía con estos magistrales ordenamientos: «Que sean fechas con razón y las palabras delas que sean buenas et llanas et paladinas, de manera que todo home las pueda entender bien et reten er en memoria.»

Difícilmente se encontraría un precepto legal más oblicuo e intrincado y de más recodos y salidas que el tal art. 17, y eso que algunas leyes recientes ofrecen, con lamentable frecuencia, espléndido surtido de textos inextricables; pero debemos reconocer, francamente, que dicho artículo es un acabado modelo en su género.

Hay en él términos y materia para todos los criterios e interpretaciones, principalmente si se vuelve la espalda al Poder legislativo, á la Constitución del Estado y á los Reglamentos de los Cuerpos Colegisladores, y se acude al socorrido recurso, que ya entre nuestros antiguos comentaristas se conocía, con la irónica frase de Advocatorum versutias.

Librenos Dios de poner glosas y escolios á semejante disposición legal, pues si hubiéramos de recoger y consignar cuanto acerca de ella hemos oído, habría para llevar un abultado tomo.

Y como todo lo que tiene un vicio de origen lleva fatalmente en su existencia los gérmenes de la descomposición, bien pronto ha evidenciado la realidad que ese famoso art. 17 no se sustraía á semejante principio biológico.

Precisamente, á punto de expirar el plazo de ocho meses que se había fijado en dicho artículo para llevar á cabo una labor tan complicada, pudo observarse, con la demostración de la experiencia, que aquél resultaba insuficiente sin duda alguna, y para remediar el primer conflicto que ofrecía en la práctica tan impremeditada disposición, el Sr. Marqués del Vadillo, Ministro de Gracia y Justicia á la sazón, presentó á las Cortes, con fecha 21 de Noviembre de 1900, un proyecto de ley prorrogando, en realidad indefinidamente—esto era lo más sensato,—el plazo preciso de ocho meses, que marcaba el art. 17 tan repetidamente citado.

En el preámbulo de ese proyecto de ley se sincera el Gobierno de haber cumplido en su primera parte el precepto legal, remitiendo á la Comisión de Códigos todo lo referente á los proyectos de reforma de la Ley orgánica del Poder judicial y su adicional, y de las Leyes de Enjuiciamiento civil y criminal, y dicho Sr. Ministro, á este propósito, exponía á S. M. lo siguiente:

«Pero con sólo fijar la atención en la importancia y transcendencia, que envuelven, por abarcar la organización completa de los Tribunales de justicia y todo el enjuiciamiento en materia civil y penal, se comprende la absoluta imposibilidad de que termine la Comisión de Códigos su interesante labor en tiempo oportuno para que la reforma pueda ser publicada en la Gaceta, en el plazo que en la Ley de Presupuestos se señala.

»La misma Comisión ha hecho presente al Gobierno esta imposibilidad, para que arbitre el medio legal de vencerla, y el Ministro que suscribe cree que éste no puede ser otro que el señalamiento de un nuevo plazo, concedido por el Poder legislativo. No es posible limitar este plazo á tiempo determinado, porque el trabajo encomendado á la Comisión codificadora no puede sujetarse á cálculo alguno para fijar la fecha, ni aun aproximada, en que podrá darlo por terminado.»

A pesar de la mesura y circunspección con que se produce en el anterior preámbulo—como acostumbra á hacerlo siempre—el Sr. Marqués del Vadillo, la censura aparece bien diáfanas y expresiva, y resulta de todo punto justificada, por la notoria imprevisión que revela el art. 17 de la Ley de Presupuestos de 31 de Marzo de 1900.

Para subsanarla, en lo que cabe, se promulgó la Ley de 21 de Enero de 1901, que dice así:

«Art. 1.º Se prorroga por tres meses más el plazo señalado en el art. 17 de la Ley de Presupuestos de 31 de Marzo último (1900), para que el Gobierno formule y publique en la Gaceta oficial los proyectos de reforma de la Ley sobre organización del Poder judicial y su adicional, y de las de Enjuiciamiento civil y criminal.

Art. 2.º Para la computación del plazo total de once meses, á que queda ampliado el de ocho fijado en la expresada Ley de Presupuestos, se descuentará todo el tiempo que la Comisión general de Codificación tenga en su poder los proyectos de reforma para ejecutar su informe.»

Es decir, que todavía no se ha abierto, ó al menos no corre, el plazo legal, y no puede nadie extrañarse de que así sea, pues de otra suerte, transcurridos desde la promulgación de la Ley de 31 de Marzo de 1900 más de cuatro años y medio, resultaría un verdadero sarcasmo hablar seriamente de once meses en la fecha en que nos encontramos.

Al tratar de semejante particular, no ha mucho que varios apreciables periódicos han incurrido ciertamente en sendas equivocaciones, de todo pu-