El Foro español (Madrid. 1898) (1904-08-10 00:00:00), página 3

oficio ó profesión, el de arraigarse y vivir de sus rentas ó otro cualquiera».

Pero ni este art. 110, ni el 102, determinan cómo se ha de hacer oír esta declaración del propósito del extranjero de arraigar y vivir en España, para lograr la declaración de vecino. Ni dicen, por incidencia, algo referente á la condición y tiempo del arraigo para abonar la solicitud de la vecindad. Ni indican el tiempo necesario, á partir de la declaración del extranjero referente á su propósito (inscripción en el Registro municipal), para que se entienda que, por el transcurso de un cierto número de años, se obtiene la vecindad, que es preciso registrar para que los extranjeros gocen de la consideración y derechos de españoles.

Con tales deficiencias, hay que volver los ojos á la legislación anterior á 1870. Ninguna de las leyes municipales que precedieron á la de 1870 (que en el particular de que aquí se trata es absolutamente la misma de 1877 antes examinada), ninguna define la vecindad ni se refiere al extranjero.

Estas leyes son: el capítulo I, título VI de la Constitución de 1812; la Ley de 3 de Febrero de 1823, para el gobierno económico-político de las provincias; la Instrucción de 30 de Noviembre de 1853, para los Subdelegados de Fomento; el Real decreto de 23 de Julio de 1835 sobre arreglo provisional de Ayuntamientos; la Ley de Ayuntamientos de 14 de Julio de 1840; la análoga de 9 de Enero de 1845; la del propio carácter de 5 de Julio de 1856, y el Real decreto de 21 de Octubre de 1866.

En todo el período referido de setenta años, aparece la Real orden de 17 de Noviembre de 1852, fijan los derechos y obligaciones, así como la condición civil de los extranjeros domiciliados y transeúntes en España.

El art. 27 de esta Real orden relaciona al extranjero con los cargos municipales; pero, como antes se dijo, sus declaraciones son confusas, aun en la mera relación municipal á que se contrae el artículo citado. Mucho más en lo que pudiera transcender á orden más general, como es el de la naturalización y el de la nacionalidad.

Hay, pues, que acudir á la Novísima Recopilación; con tanto mayor motivo, cuanto que el Tribunal Supremo de Justicia, en sentencias de 1859, 1861, 1863 y 1868, tiene reconocida la vigencia de parte de la ley 8.º, título XI, libro VI de aquel Código ó compilación.

Esta ley dice que se considera como vecino el extranjero que hubiere obtenido carta de naturaleza, ó se convirtiese en este reino al catolicismo, ó estableciese aquí su domicilio viviendo sobre sí, ó que pidiere y obtuviera vecindad en algún pueblo, ó se casara con mujer natural de estos reinos y se domiciliaria en ellos, ó arraigara comprando y adquiriendo bienes raíces y posesiones en España, ó el que siendo oficial viene á morar y ejercer su oficio en este país, ó el que mora y ejerce en él oficios mecánicos ó tiene tienda en que venda por menor ó tenga oficios de Concejo, públicos, honoríficos ó cargos de cualquier género que sólo pueden usar los naturales, ó el que goza de los pastos y comodidades que son propios de los vecinos, ó el que mora diez años con casa poblada en estos reinos.

Sería muy discutible afirmar que cualquiera de las condiciones señaladas en la referida ley de la Novísima basta hoy para que un extranjero pueda ser considerado como español. Algunas de esas condiciones son notoriamente inaceptables.

Pero el Tribunal Supremo, en las sentencias antes aludidas, precisa alguna circunstancia de dicha ley, que, aun dentro de la segunda mitad del siglo xix, acreditan el hecho de habérsele acreditado un extranjero.

La sentencia de 14 de Noviembre de 1859, dice «que entre las circunstancias que acreditan estar los extranjeros acreditados en estos reinos, se cuentan la de morar en ellos con casa poblada por diez años, la de arraigarse comprando bienes raíces y posesiones y la de tener cargo de cualquier género que sólo puedan usar los naturales».

La sentencia de 29 de Agosto de 1861, refiriéndose á la ley antes citada de la Novísima, dice «que deben ser tenidos como acreditados en España los extranjeros que, viviendo sobre sí, establecen su domicilio en el país, sin que para ello obste la doble inscripción en los Registros que previene el Real decreto de 17 de Noviembre de 1852».

La sentencia de 17 de Diciembre de 1863, dice «que el extranjero que en documento público se titula vecino y habitado de un pueblo de España, fundado en haber adquirido posesiones en dicho pueblo, según la ley 8.º, título II, libro VI de la Novísima, pierde su fuero, no pudiendo después reclamarlo».

Y la sentencia de 23 de Julio de 1868, dice «que la circunstancia de haber un extranjero ejercido un oficio ó industria por cierto número de años en una población, no supone por sí sola vecindad, sino domicilio».

Por manera que, en defecto de disposiciones concretas y terminantes, hay que atenerse á las de la Novísima, interpretadas y aplicadas por el Tribunal Supremo, á lo cual debe acompañar un acusado sentimiento por la enorme inferioridad que estas vaguedades y estos anacronismos determinan en la legislación española, respecto á la general del mundo contemporáneo, en un particular importantsísimo de la vida y trato universal de las gentes, contradiciendo los antecedentes históricos de nuestro país que le acreditaron como expansivo, cuan-