El Foro español (Madrid. 1898) (1905-04-30 00:00:00), página 11

Ya que no pudo aprobarse la proposición de ley Azcárate contra la usura, los Tribunales han empeza- do, con caluroso aplauso de la opinión, á poner coto á las demasias de tales señores.

El dignísimo Juez del Congreso, Sr. Beneyto, redujo la liquidación de un préstamo percibido en el año 1890, por cantidad de 8.000 pesetas, y que pasados diez años, y habiéndose pagado 21.000, restaban aún las pesetas que constituían el capital del préstamo.

Apetada la sentencia por el prestamista, se encargó de su confirmación ante la Audiencia el Sr. Canalejas, y la Sala primera confirma con las costas, estableciendo doctrina muy curiosa. Acepta el considerando del Juzgado en el que se consideraba el interés del 28 por 100 al año por demora en el pago como cláusula penal; el que consignaba el principio jurídico de que nadie debe enriquecerse en daño de otro, consignado en jurisprudencia del Tribunal Supremo, y establece como doctrina la del art. 1.154 del Código civil, que establece la facultad del Juez para modificar la pena cuando la obligación principal hubiera sido en parte ó irregularmente cumplida por el deudor.

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Procesan á una señora por adulterio; pide reforma del auto y subsiguiente apelación, y la Audiencia confirma el auto con las costas, y plantease en la exac- ción de las mismas la siguiente cuestión: ¿Qué bienes han de sufragar estas costas? ¿Los privativos de la mujer ó los que constituyen la sociedad conyugal?

Amplia fué la discusión sobre este punto sostenida por los Sres. Doval y Merino ante la Sección segunda de lo criminal de esta Audiencia; ésta resolvió la cuestión declarando deben sufrir la carga los bienes propios de la mujer, porque los bienes, según su naturaleza, están afectos á diversas obligaciones (arts. 1.408, núm. 1.º, y 62 del Código civil); porque son actos propios de la mujer, y sólo subsidiariamente pueden responder los gananciales al litigar contra el marido (art. 50 del Có- digo y sentencia del Tribunal Supremo de 26 de Enero de 1897); porque las costas tienen el carácter de pena (arts. 26 y 47 del Código penal) y el de co- rrección impuesta por la temeridad (arts. 450 y 240 Ley Enjuiciamiento criminal y 258 de la procesal ci- vil), y porque en concepto de condena pecuniaria debe sufragarla los bienes propios (art. 1.410 del Códigocivil).

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Solamente en la Sección primera ha empezado á funcionar el Jurado, ocupándose hasta ahora en vul- gares delitos, que ni por sus circunstancias ni por el desarrollo del juicio merezcan especial mención. El resto del tiempo lo ocupan los Tribunales en el cono- cimiento de las causas exceptuadas del Jurado. Entre éstas, culminan dos que si por su calificación—lesiones y estafa—no son de tenerse en cuenta, lo merecen muy señaladamente por el sistema de defensa adop- tado en ellas por el Sr. Castillejo, que se separa de la negación de los hechos imputados, muletilla con la que se defienden casi todos estos delitos.

Acusábase á José Galvanes, conductor de tranvía de los llamados cargrejos, del atropello en la Puerta de Atocha de una anciana que sufrió como consecuencia la fractura del brazo. Es lo curioso del caso, que á raíz del suceso la atropellada declaró que en el momento de pasar el tranvía sufrió un vahído, cayendo junto al vehículo, y siete meses después, vuelve á declarar que el tranvía la había atropellado, siendo lo del mareo pura fantasía. Tan contradictorias declaraciones, ampliadas en ambos sentidos por el resto de la prueba, plantearon delicadísimo problema en la apreciación total de la misma, puesto que el dilema se encerraba en averiguar cuál de las declaraciones era la cierta. Con mucha fortuna y no acostumbrada habilidad, el señor Castillejo logró llevar á la Sala el convencimiento de que la perjudicada decía verdad en la declaración pri- mera, prestada á raíz del suceso, y en consecuencia ab- solvió al conductor, quedando relevada la Compañía de la responsabilidad subsidiaria que se le exigía, á la que también defendía el Sr. Castillejo.

El otro asunto de estafa á que me he referido y que también defendió el Sr. Castillejo, es el siguiente: Un platero concertó con un dueño de casa de préstamos, que éste le cedería alhajas para cubrir el escaparate, y si alguna de éstas se vendiese, repartirían el produc- to en la proporción que establecieran.

El negocio marchaba á las mil maravillas, y el plate- ro cumplía religiosamente su contrato, entregando el producto de las ventas, hasta cierto día en que pidió prórroga para pagar un saldo. Por este hecho fué acu- sado de estafa y procesado.

En el acto del juicio, el Fiscal y el acusador privado, que coincidían en un todo con aquél, acusaron con brío, pidiendo el máximo de la pena y cuantiosa indemnización; y el defensor, Sr. Castillejo, fundándose, entre otras razones, en que el procesado no había aparenta- do comisión, demostró tratarse única y exclusivamente de un contrato puramente civil, para cuyo cumplimien- to dan medios las leyes civiles, previa la liquidación de la sociedad.

La Sala, conforme con tal doctrina, absolvio al pro- cesado.

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PROVINCIAS. Por el Juzgado de Puente Arzobispo se ha fal'ado recientemente un asunto, en el que pre- sumo habrá de entender la territorial de esta corte en apelación. Discuten la interpretación que debe darse al núm. 3.º del art. 1.569 del Código civil, como causa de desahucio y la determinación de lo que se entiende por precio en un arrendamiento.

El administrador de la testamentaria del Marqués de Lineros celebró contrato de arrendamiento de una