El Foro español (Madrid. 1898) (1904-08-30 00:00:00), página 2

citos otorgantes, serán responsables de las deficiencias de dicho servicio y de autorizar documentos en virtud de mandatos que pudieran estar revocados en España ó en el extranjero. ¡El dislóquie!

Con perdón del articulista, me veo precisado, salvando toda clase de respetos personales, á rebatir sus teorías y hasta los razonamientos que emplea y no sirven luego de fundamento al articulado de su proyecto; porque se escribe tanto, sin protesta, en estos tiempos, que llaman de regeneración y parecen de regresión, sobre reformas y creaciones fantásticas, que bien necesita la ciencia un defensor, siquiera sea de la insignificancia mía, para que cierta índole de trabajos de muy buena fe, sin duda, escritos, pero no madurados ni aquilatados, no extravíen la opinión, ahora fácilmente sugestionable por la indolencia que se apoderó de nuestra raza, y que bien claramente asoma también en el proyecto referido, en cuanto por él se trata de premiar al que deseude garantizar sus derechos conforme á los preceptos legales, descargando la responsabilidad de sus omisiones sobre un funcionario, cuya única misión deferida por la Ley orgánica es dar fe, con arreglo á Derecho, de los contratos y demás actos extrajudiciales.

Sí, Sr. Nocetti; el Notario, según el art. 1.º de la ley de su instituto, no tiene otra misión, y no es pequeña. Se abusó mucho de su carácter técnico y jurídico, comisionándole, sin remuneración por supuesto, cosas y servicios que no le competen, como investigar fundaciones piadosas y benéficas, el pago de los impuestos en los actos y contratos que sirvan de base á otros que por ante él deban establecerse conforme á las leyes sustantivas, y aun el de dar noticia del otorgamiento de actos de última voluntad al Registro de este servicio, que ni funciona ni funcionará nunca bien en la forma que se ha establecido, mientras pueden quedar fuera del Registro, para que los interesados no se molesten, los testamentos ológrafos, para los cuales la Dirección general había ideado un sistema de registro que consta del Real decreto de 27 de Septiembre de 1899, y que se echa de menos en la ley que recientemente se ha promulgado reformando los artículos del Código civil referentes á esta forma de testar.

Entiendo que el Estado no tiene derecho á erigirse en tutor de las personas que gozan de la plenitud de sus derechos civiles, para ocuparse de que los funcionarios lleven por ellas servicios puramente personales, que sólo á ellas ó sus familias pueden interesar; bueno es que haya Registros de todo lo que usted quiera, por más que centralizados son y serán contraproducentes, como lo serían el Registro civil y el de la propiedad si se los centralizase; pero no por eso hemos de convenir en que los funcionarios, de ningún orden, tengan á su cargo y responsabilidad el que los ciudadanos cumplan los deberes que con relación á llevar á esos Registros los actos que en ellos deben anotarse incumbe á los interesados: un paso más, y con igual lógica y fundamento puede hacerse responsables á los Notarios de que se den en el Registro civil los partes previstos para las inscripciones de nacimiento, matrimonio, defunción y ciudadanía, y que se presenten en los Registros de la propiedad los actos y contratos inscribibles.

Al Estado incumbe legislar, determinando la doctrina legal, sus efectos y sus consecuencias; y al ciudadano, que no puede alegar como excusa la ignorancia de la ley, toca el cumplir lo que sea preceptivo y hacer ó dejar de hacer lo que sea postervativo, con los perjuicios que en uno ó otro caso establezca el Derecho. Todo lo demás sería un derecho acomodaticio, con exenciones para la persona favorecida y responsabilidades para quienes nada qué ver tuvieran con aquellos beneficios ni sus consecuencias.

Empieza el Sr. Nocetti en su ilustrado artículo sentando, para fundamentar el proyecto de Registro de poderes, que es muy corriente otorgar escrituras de mandato para un asunto determinado que por causas ajenas á la del otorgamiento no llegan á utilizarse, y no obstante transcurren años y años y el mandatario continúa reteniendo la copia del mandato á disposición de sus personales iniciativas, habiendo ocurrido un sin número de casos, especialmente con compatriotas nuestros en América, que han sido utilizados esos poderes en ocasiones ignoradas por los mismos mandatarios. ¿Y qué se remediaría de todo eso con el Registro de poderes? ¿Tal vez quiere el Sr. Nocetti que, no ya por acta, sino por sí mismos, como se disuelven los azucarillos, ó por medio de conjuro, se revocuen esos poderes cuando no se utilizan y el mandante no se cuida de retirarlos? ¿O tal vez pretende que la ley española obligase también á los Notarios extranjeros á remitir al Registro las copias de las famosas actas de revocación ó de las revocaciones de mandatos otorgadas ante ellos y dar parte del no uso de los otorgados en España? Y si no es así, ¿qué tienen que ver los Notarios españoles con los documentos autorizados en el extranjero en virtud de poderes dados en España, revocados ó no, para obligarlos á todo eso que propone, incluso el pago de la Gaceta? ¿Es usted, acaso, Sr. Nocetti, accionista de la Empresa del periódico oficial? Porque resultaría un negocio loco para ella. ¡Pues no es nada mil setecientas y pico de suscripciones nuevas!

El Sr. Nocetti, que sin duda, es estudioso, habrá leído algo del Registro de poderes que funciona en las Repúblicas de Brasil y Oriental del Uruguay, y le pareció de perlas para traerlo por acá, que al fin otros van más allá, puesto que quieren importar