El Foro español (Madrid. 1898) (1905-07-10 00:00:00), página 9

Jueces en los asuntos civiles y criminales de que conozcan, y desempeñar las comisiones que les confieran con arreglo á derecho.

No es cosa fácil precisar de qué manera debe auxiliar al Juez el Escribano; y bien merecía la pena de que el legislador nos hubiera sacado de dudas (1).

Observese que no se trata de dictar resolución de ninguna clase, ya que tal facultad es privativa de la jurisdicción, cuyo ejercicio, en los Juzgados, corresponde exclusivamente al Juez.

Por otra parte, las notificaciones, citaciones, emplazamientos y requerimientos, dar cuenta de las pretensiones de las partes, diligencias de presentación de escritos, extender y autorizar actuaciones ó resoluciones, dar copias ó testimonios, llevar los libros de su Escritanía; todo esto constituye la materia propia de otras obligaciones, contenidas en números distintos del mismo artículo.

¿Cuál es, pues, la materia propia del primer inciso de este número primero?

No lo dice nuestro Decreto orgánico, y lo callan también las leyes y sus disposiciones complementarias; deficiencia censurable, á nuestro modo de ver, que puede dar lugar en la práctica á exigencias inmoderadas, cosa bien distinta por cierto de los auxilios debidos.

El segundo inciso de este número primero del art. 18 que comentamos, no es menos enigmático que el anterior. Dice así: «...y desempeñar las comisiones que les confieran»—los Jueces—con arreglo á las leyes.

Este precepto carece de precedente en nuestra legislación y parece guardar relación con el último párrafo del art. 254 de la Ley de Enjuiciamiento civil, por virtud del cual los Jueces sólo podrán someter á los Escribanos el recibir las declaraciones y presidir los actos de prueba en los casos autorizados por la Ley.

Ahora bien: ¿qué comisiones pueden conferir los Jueces á los Escribanos con arreglo á las leyes?

No he encontrado aún un solo artículo en las leyes ni preceptos administrativos, que las determinen; y lo que si afirmo es que, en los cuatro años que llevo de Escribano, no he sido comisionado por el Juez para la práctica de ninguna diligencia; y no ha estado la causa en la evidente limitación de mis facultades, pues ha habido algunos, tan bondadosos conmigo, que ni siquiera se dieron cuenta de aquélla, y depositaron en mí su confianza en asuntos mucho más importantes que la delegación para la práctica de ciertas diligencias. Yo, sí, he desempeñado mi cargo dando fe de actuaciones practicadas por Jueces municipales (1), Alguaciles (2), individuos de la Policía judicial (3), etc., etcétera., comisionados por el Juez para tales actos; pero en tales casos es evidente que el comisionado no es el Escribano, que al dar fe del acto desempeña su función propia, sino el Juez municipal, el Alguacil, el Policía, etc., que ejercen en aquellos momentos una función que no les corresponde más que por delegación ó comisión del Juez de primera instancia é instrucción.

Queda, pues, esta primera obligación del Escribano, en sus dos incisos, en completa indeterminación. Y lo más triste del caso es que, como en España nadie se toma la molestia de estudiar para legislar, mucho más tratándose de la vilipendiada clase de Escribanos, resulta que, desde que se publicó la Ley orgánica, los dos Decretos orgánicos del Cuerpo han copiado la disposición (en su primer inciso, pues ya hemos dicho que el segundo es obra del Sr. Dato), y los proyectos todos de Organización de Tribunales la van prohijando, como inconcusa, evidente, insustituible e intangible.

La segunda obligación del Escribano, según nuestro Decreto orgánico, es guardar secreto en todas las materias y casos de su cargo que lo exigen.

Es ésta una de las obligaciones más características del Escribano; pero no tiene antiguos y copiosos precedentes. «...E aquella nota no la muestra...» decía la Ley segunda, libro I, título VIII del Fuero Real. «...Los escribanos... deben ser, omen... de piedad...», dijo la Ley segunda, título XIX, Partida III. Y todos los preceptos posteriores han seguido tan saludable ejemplo.

El éxito de gran número de actuaciones, cual sucede con las de carácter preventivo, depende del secreto con que se guarden, y sería evidentemente absurdo que el Escribano, depositario de la fe pública, faltase á esa confianza que la sociedad ha puesto en él.

Pero adviértase que ese secreto, á que el Escriba no viene obligado por el número segundo del artículo 18 del Real decreto de 5 de Febrero de 1903, ha de guardarse solamente en las materias y casos que lo exigiesen (ó exigieren, según el párrafo segundo del art. 481 de la Ley Orgánica). En ello se dife-

(1) Hay cargos en los que no es necesaria la explicación del concepto de auxiliar, y hasta el hacerlo resultaría una redundancia. Así, los Tenientes y Abogados fiscales son considerados sólo como auxiliares de los Fiscales (Ley orgánica, artículo 766); y es obvio que sus funciones son las mismas que las asignadas al Fiscal á quien auxilian, limitados á los negocios de conocer por delegación, y sin más requisito que ajustarse á las instrucciones recibidas, si las hubo.

(2) Como en los embargos. (Artículo 1.442 de la Ley de Enjuiciamiento civil.)

(3) Como en la diligencia de autopsia. (Artículo 353 de la Ley de Enjuiciamiento criminal.)