El Foro español (Madrid. 1898) (1904-08-10 00:00:00), página 6

exacto lo que establece el penúltimo inciso del 1.226, puesto que allí dice «que los herederos ó causahabientes del obligado podrán limitarse á declarar si saben que es ó no de su causante la firma de la obligación»; lo que presupone que á ellos, á los causahabientes, podrá compelérselas á esos reconocimientos.

Y no obstante, esto no es exacto, por más que á primera vista parezca desprenderse del contexto de la ley.

Por el contrario, la misma ha deslindado perfectamente los campos, y es lógica en sus consecuencias.

Fija en primer término el precepto absoluto, incontrastable, de que la confesión judicial ó extra-judicial ha de referirse siempre á hechos personales del confesante. Prescinde de enfermismos y preceptúa que el principio de la personalización de los hechos, es requisito esencial para su validez. Luego toda confesión que no reuna esta circunstancia, inherente á su naturaleza, es nula, ineficaz. La ley, como se ve, rechaza las medias tintas:

Establece dicha ley, al tratar de los documentos privados, que sobre éstos, cuando hayan sido otorgados por el causante, puedan los herederos ó causahabientes limitarse á declarar si saben que es ó no de aquél la firma de la obligación. Porque el heredero, el que de otro trae causa, puede, no reconocer, porque esto es imposible; no afirmar si el documento es ó no cierto, porque tal cosa es irrealizable, dada la facilidad con que la letra se imita ó se simula, sino únicamente declarar que tiene conocimiento, que le consta que su causante ha otorgado aquella obligación ó estampado aquella firma. ¿Cuántas veces no se enteran los hijos de los documentos de deber que otorgan sus padres? ¿Cuántas otras á la mujer le consta, hasta por haberse consultado su marido, que suscribió un papel determinado, una carta? Pues á tal conocimiento, á esta noticia de los actos de otro, que á la vez es un hecho personalísimo del que declara, es á lo que se refiere el Código en su art. 1.226.

No se debe preguntar, pues, al causahabiente ó heredero, si aquella firma es ó no cierta, si es ó no de su causante, lo que constituiría una diligencia nula, cualquiera que fuese el sentido en que se contestará, dado el precepto imperativo del artículo 1.231; á lo que dicha pregunta debe referirse, ó mejor limitarse, es á si sabe que su causante extingiera aquel documento ó estampara aquella firma. La supuesta antinomia legal que algunos creen ver, no existe.

En una palabra: al autor del documento es á quien procede preguntar si es ó no cierto; al heredero ó causahabiente, si tiene conocimiento de que lo haya extendido ó suscrito aquél. Pero preguntar á estos últimos si reconocen como cierto y valedero el documento en cuestión, es conducirles á que aseveren lo que muy bien pueden ignorar, ó á que nieguen una cosa que tal vez sea cierta; encerrándoles en el primer caso, si muestran vacilación ó dan una contestación dudosa, en una afirmativa; y en el segundo, esto es, cuando nieguen la certeza del documento, haciéndoles incurrir en una acción ruin y vergonzosa, á lo menos en apariencia, caso de que se probara la autenticidad del documento por que se les pregunta.

FRANCISCO PENICHAT Y LUGO,
Juez de primera instancia.

REGISTRO DE PODERES

Inspirados en lo que la práctica de la vida y el desarrollo de los asuntos en su aspecto legal aconsejan, y deseosos de cooperar en cuanto nos sea dable en todas aquellas reformas que entendemos sumamente beneficiosas y urgentes, no hemos titubeado ni po: un momento en solicitar el apoyo de esta respetable publicación, insertando en sus columnas este modesto trabajo, que á título de orientación no más sometemos al estudio y análisis de los lectores de esta Revista.

No ha podido el legislador prever todos los escollos que la incesante marcha del tiempo va creando paulatinamente, á medida que el derecho va desenvolviéndose, y por esta razón, sólo el referido factor tiempo es el único que va sucesiva y lentamente poniendo de relieve dichos errores, que barrenan la obra legal y que rodean de peligros constantes todos aquellos intereses que, colocados al imperio de nuestras leyes, y bajo su consiguiente salvaguardia, necesitan de una protección más eficaz y positiva.

Entrando en materia, diremos que vamos á ocuparnos del Contrato de Mandato, de su renovación y de garantizar muy de veras la eficacia de este acto jurídico.

Como quiera que la mayoría de los lectores de esta ilustrada Revista son personas peritas en cuestiones jurídicas, y además la materia que viene á desarrollarse en este trabajo está al alcance de cualquier inteligencia medianamente cultivada, renunciamos á empezar por donde debiéramos, ó sea aportando ligeras ideas de lo que es el contrato de mandato, sus clases, etc., etc., hasta llegar al punto de su revocación, que es el objetivo que se persigue preferentemente en estas líneas.

La costumbre suele ser con frecuencia elemento generativo de errores, que al menos observador y filósofo han de alarmarle, siquiera medite muy á la ligera sobre los problemas que dan á luz tan