El Foro español (Madrid. 1898) (1905-05-30 00:00:00), página 10

LA JUSTICIA MUNICIPAL

Dice El País, y está bien dicho:

«Datos curiosos.

Algunos periódicos se han ocupado estos días en los trabajos que, para la confección de las ternas de Jueces y Fiscales municipales, se realizaban en el Ministerio de Gracia y Justicia. Según dichos colegas, la labor de selección de nombres era difícilísima, tanto que, agobiado el Ministro por las cartas, tarjetas, volantes y recomendaciones verbales que sobre él pesaban, y temeroso, por otra parte, de los disgustos, sinsabores y malos ratos que los recomendantes desairados ó insuficientemente atendidos le preparaban, había decidido re elegir á ocho ó nueve de los actuales Jueces y esquivar de este modo la tormenta que, forzosa e inevitablemente, había de estallar apenas conocidos de un modo oficial los nombramientos. Pero nuestras noticias son más amplias y concretas, pues, según parece, las dificultades que para la elección de Jueces se presentaron desde los primeros momentos, se han hecho extensivas á los cargos de Fiscales y Jueces suplentes, que, sin constituir un verdadero momio, tienen también un número de solicitantes verdaderamente aterrador. Trátase, pues, de reelegir igualmente á los que en la actualidad desempeñan dichos puestos y que, como puede verse, constituyen la más acabada prueba del imperio de la yernocracia.

Son, en efecto:
Juez municipal del distrito de la Universidad, D. Honorio Valentín Gamazo, sobrino del señor Maura.
Juez suplente del distrito de Palacio hasta hace muy pocos días, D. Carlos Cortezo, hijo del Ministro de Instrucción pública.
Fiscal del mismo distrito, D. José María Barreneu, hijo de un Magistrado del Tribunal Supremo.
Fiscal del distrito de la Latina, D. Pascual Domenech, hijo de un Magistrado del Tribunal Supremo.
Juez del distrito de la Inclusa, D. Cristóbal Bordón, sobrino del Ministro de Gracia y Justicia.
Juez del Hospital, D. Mariano Ordóñez, yerno del Sr. Romero Robledo.
Fiscal del Centro, D. Gabriel Usera, hijo de un Magistrado de la Audiencia territorial.
Juez de Chamberí, D. Eugenio Montero Villegas, hijo de D. Eugenio Montero Ríos.
Fiscal del Hospicio, D. Víctor Cobián, hijo de un Magistrado del Tribunal Supremo.
Juez del Centro, D. Luis Aldecoa, hijo del Presidente de la Sala de lo civil del Tribunal Supremo.
Juez suplente del mismo distrito, D. Joaquín de Montes y Jovellar, hijo del general Montes Sierra y Gentilhombre de Palacio.

Ahora bien; conocidos los apellidos que anteceden y la relación de parentesco que hemos expresado, ¿puede extrañarse á nadie que el Sr. Ugarte pase las de Cain, como vulgarmente se dice, para dar entrada en los Juzgados y Fiscalías á muchos de los que lo tienen solicitado, y que por sus condiciones de aptitud y capacidad son tan dignos de ocupar los puestos á que aspiran como los que en la actualidad los desempeñan? A nosotros no nos sorprende ni nos sorprendería que, de no prosperar la reelección, sustituyesen otros yernos á los que probablemente continuarán en sus puestos todo el próximo bienio.

Pero nos aflige, nos produce verdadera pena, ver que todo, hasta la administración de la justicia, se concede y reserva á la influencia política, á la recomendación del poderoso, sin dejar un solo puesto para el humilde, para el modesto trabajador que, por vivir en la obscuridad y no ostentar un apellido ilustre, tiene que renunciar por siempre á cargos que por lo visto sólo han sido creados para los hijos de los políticos y de los Magistrados del Tribunal Supremo.

Sin perjuicio de que esto pueda originar en la práctica de los asuntos algún conflicto cuya solución no se encuentre en las leyes.

¿No opina lo mismo el Sr. Ministro de Gracia y Justicia?»

TRIBUNALES

NOTAS DE LA DECENA

Parecen reproducirse las cuestiones sobre mejor derecho á títulos nobiliarios, que tanto que hacer dieron á los Tribunales en la centuria pasada.

En el mes pasado se han resuelto por el Supremo y la Audiencia dos casos completamente iguales: aquél, sobre mejor derecho al Condado de Priego; éste, sobre el Condado del Castillo y Marquesados de San Felipe y Santiago.

La cuestión resuelta por el Tribunal Supremo es la siguiente: ¿Es causa de pérdida de los derechos al mencionado título el hecho de dejar transcurrir el plazo de doce meses, señalado por el decreto de Mon de 1846, cuando este derecho está fundamentado en la ley 2.º, tit. XV de la Partida 2.ª?

O en otros términos: ¿la infracción de un precepto administrativo, es suficiente para la pérdida de un derecho basado en las leyes sustantivas?

Inútil es decir ni pretender extractar los informes pronunciados por los Sres. García Prieto y Ca-