El Foro español (Madrid. 1898) (1905-11-30 00:00:00), página 10

que no puede tolerarse con el carácter de indefinido que va tomando.

Los Procuradores, en su Revista profesional se han quejado, y con razón, de que, por deshacer el hermoso salón de Procuradores, destruyendo una monumental montera de cristales que valía muchos miles de pesetas, sólo para que los Presidentes del Tribunal Supremo tengan un jardín más (hay otros en el edificio) para solazarse, se les haya lanzado por los pasillos, obstroyendo éstos con sin número de mesas y sillas, que en cuanto se van, quedan á merced del primer ocupante, y por entre las que pululan cuantas personas van á la Audiencia, y hasta los propios litigantes, con grave riesgo de que desaparezcan documentos importantes y hasta los mismos autos, lo cual ha sido tanto más extraño cuanto que antes en el salón no se permitía la entrada ni siquiera á los Abogados, y ahora nada se teme y todo se abandona ante la imprescindible, por lo visto, necesidad de... ¡otro jardín!

Es más: la parte de antiguo claustro, grande y espaciosa, que hay delante del Colegio de Abogados, es de propiedad exclusiva de éste, y el Sr. Presidente del Tribunal Supremo, D. Eduardo Martínez del Campo—según tenemos entendido,—no se cuidó de contar con la Junta de ese Colegio para invadirlo con aquellas mesas, recientemente retiradas, de modo que casi era imposible penetrar por allí. ¿No le parece al Sr. Canalejas que se debió hacer algo para evitar que á los Abogados les tomasen... el terreno? Porque el disgusto por todo esto ha sido general.

En una palabra: que según el común sentir, las obras, ni por su importancia, ni por su duración, responden á la enorme cantidad que cuestan, que en gran parte sólo son, en opinión de muchos, destrozos inútiles, y que las molestias y peligros que ocasionan son infinitos, y, en fin, que por quien corresponda debe ponerse término á una situación con la que padecen muchas cosas.

CUESTIÓN DE CONFIANZA

«Escríba la reseña que antecede, hemos recibido la visita de D. Joséfa Naranjo, viuda del Sr. Dissler, la cual nos manifiesta que, contra su voluntad, retiró su Abogado D. Isidro Raso la acusación en la causa en que ella era parte.»

(De El Imparcial)

Bajo el epígrafe de «El suicidio de un loco», y en su sección de Tribunales, El Imparcial del 24 de este mes publica el párrafo que transcrito queda:

Graves reflexiones nos sugiere su lectura, porque el acto realizado por el Letrado aludido viene á poner sobre el tapete una cuestión transcendentalísima para el ejercicio de la profesión.

El Abogado que se encarga de la dirección de un asunto, ¿es mero servidor de la voluntad que le designa? ¿subroga, por el contrario, la personalidad del cliente, hasta el punto de hacer lo que crea más adecuado, aun en contra de los deseos de su defendido?

La ley parece inclinarse á este segundo extremo; ante ella, la representación legal de los individuos que ejercitan sus derechos es la única que tiene voz, y las protestas que pudieran formularse por los interesados, en nada desvirtuarían los actos realizados por quien ostente la representación de los ejercitantes de derechos; pero la ley parte de un principio tácito, la absoluta conformidad del defensor con su defendido, y por ello, como su órgano oficial considera al que fué designado para defender los derechos de un tercero, que por ministerio mismo de la ley no puede dirigirse por sí á los Tribunales, ni defendere ante ellos.

El dilema, pues, establecido, ¿cómo debe resolverse? ¿por cuál de los dos extremos se debe optar?

Entendemos que por ninguno; el problema es de pura conciencia, y según como se entienda el deber profesional, así habrá de resolverse en cada caso, pero nunca, á nuestro juicio, con radicalismos.

No pueden admitirse radicalismos, porque ni el Abogado es un asalariado, mero ejecutor de un deseo ó de una orden, ni la ley le constituye en tutor de nadie, ni menos considera como incapacitados á los que acuden á la Justicia. El Abogado pone su ciencia al servicio de los que de ella necesitan; debe, pues, mantener su criterio frente al de su patrocinado si con él no conforma; mas también es consejero y no dictador, y no puede hacer imponer sus ideas á quien á él se confía.

No es posible olvidar, ni por un momento, que el ejercicio de la profesión de la Abogacía, como la del Médico, la del Notario y, en general, todas las profesiones liberales, se basan y se fundan en la confianza mutua, mantenida por el cliente con el abandono tácito de la defensa de sus derechos en la persona que en un principio la inspiró, sostenida por el Abogado con la frecuente comunicación y consulta previa en los momentos decisivos, excepto, claro está, los casos en que, bien escritos ó verbales, tenga la plenitud de poderes que confunden las personalidades.

Y esta plenitud de poderes, que en todos los casos debiera preceder al cargo de un negocio, es, á nuestro juicio, de absoluta necesidad cuando se sostienen acusaciones en que pueden chocar violentamente los deseos del perjudicado con la resultancia de la prueba.

Si esta plenitud de poderes no existe, si el perjudicado no abdicó la voluntad en su defensor, si la