El Foro español (Madrid. 1898) (1904-08-20 00:00:00), página 3

Mas demos de barato todo esto. Prescindamos de la opinión del Tribunal Supremo y opinemos, con la Real orden, que aun en las cuestiones de competencia que se susciten, ó en las dudas que ocurran durante la sustanciación del sumario, el Juez instructor debe oír al Ministerio fiscal y á las partes que figuren en la causa. Claro es que esta opinión es difícil concordarla con el art. 28 de la ley, pues en cuanto el Ministerio fiscal ó el acusador particular se enteren de que el Juez no es competente, reclamarán ante el Tribunal superior para que resuelva de plano y sin ulterior recurso, y el Juez se quedará viendo visiones al observar que el asunto se le marcha de las manos sin dar su parecer. Claro es, también, que como la mayoría de los Juzgados no residen donde se halla el Fiscal, y la audiencia que expresa el art. 34 supone la entrega de la causa, pues el volumen de ésta se tiene en cuenta para la fijación del término de dicha audiencia, si el proceso ha de remitirse al Fiscal, es forzoso paralizar su tramitación, acazo largo tiempo, en contra de lo que ordena el art. 22 en su segundo párrafo. Claro es, igualmente, que si el procesado es considerado como parte en la causa, tendrá que ser oído, y para ello tendrá que dárselle conocimiento de las diligencias practicadas, aun cuando aún debieran permanecer para él secretas. Claro es, del mismo modo, que el art. 84 de la ley no habla de los casos en que los Tribunales dicten auto de inhibición á favor de otro Tribunal, porque estime la competencia de éste, sin que se haya suscitado la cuestión, sino que se refiere únicamente al caso de un Tribunal ante quien se proponga la inhibitoria, es decir, que se le pida se declare competente y requiera de inhibición á otro Tribunal que conozca del asunto; lo cual es todo lo contrario...

Mas prescindamos de estas pequeñezas, y opinemos como la Real orden que comentamos. ¿Por qué ésta no ataca de frente la cuestión, disponiendo que las autoridades judiciales de los diferentes órdenes de la jurisdicción ordinaria se abstengan de dictar auto alguno de inhibición á favor de otra jurisdicción sin previa audiencia del Ministerio fiscal? Esto sería lo más sencillo, lo más lógico, lo más derecho.

Hoy los Jueces de instrucción podrán decir: «Esa Real orden no reza con nosotros; es un mandato á la Fiscalía; ¡parece una circular de la del Supremo!... ¡Que los Fiscales no tengan por válida nuestras inhibiciones sin su previa intervención!... Bueno; ¡que no las tengan! ¡Que apelen!... Y después que apelen... ¡que muestren su conformidad con nuestros autos, por estimar sus fundamentos justos, y serán aprobados por las Audiencias, á las que tampoco se les ordena los declaren nulos!»

¿Y el art. 3.º?... ¿Se concibe que ocurra el caso de que pasadas las actuaciones de un proceso al Ministerio fiscal para ser oído, se limite su representante á acusar recibo?... ¿Recibo de qué?... ¿De la audiencia? ¿De los autos?

Se concibe que un Fiscal acuse recibo del testimonio del auto de inhibición dictado por el Juez, porque se lo ordena expresamente el art. 647. Y también se concibe que cuando, no sólo esté conforme con la opinión del Juez, sino que crea que el hecho es más claro que la luz del sol, no apele y se calle, y el auto quede firme.

Frecuentemente ocurre que á las playas arroja el mar un cadáver humano, que en los primeros momentos no es identificado. Instruyen al mismo tiempo diligencias la jurisdicción de Marina y la ordinaria; la primera, porque sabe que en aquellos lugares zozobró una embarcación extranjera días pasados; la segunda, porque mientras no tenga motivos para suponer que la muerte de aquel hombre fué debida á un accidente marítimo, tiene obligación de instruir el oportunúo sumario, según repetida y, ya en los últimos años, unánime jurisprudencia del Tribunal Supremo. Practicadas las primeras diligencias, se identifica el cadáver, justificándose plenamente que el ahogado era uno de los tripulantes de la lancha que zozobró, y el Juez, en cumplimiento de lo que el art. 25 de la ley previene, dicta el auto de inhibición y remite testimonio del mismo al Fiscal. Según lo hasta ahora establecido y observado, el Fiscal acusaba recibo y no apelaba. Ahora será forzoso que apele, aunque le conste la justicia del auto, para que no se anote su modo de obrar en su expediente, y apelará y pedirá en la apelación se declare nulo el auto y se devuelva al Juzgado el sumario y en él sea oído (no obstante las dificultades ya dichas), y diga que está conforme con la inhibición y se decrete de nuevo ésta.

Ya decimos que no censuramos la opinión que juzgue conveniente sea oído previamente el Ministerio fiscal antes de toda inhibición. Al fin y al cabo, así está estatuido para las inhibiciones á favor de la Administración del Estado en el Real decreto de 8 de Septiembre de 1887, no obstante decirse en la exposición del mismo que «basta con el recurso de apelación para que, cuando lo concepción oportunamente, lleven (el Ministerio fiscal y el acusador privado) el conocimiento de las cuestiones de competencia á la Audiencia ó Sala respectiva».

Lo que creemos es que tal doctrina es contraria á la ley (dicho sea con todo el respeto debido) y á la jurisprudencia del Tribunal Supremo, y que la Real orden del 11 de este mes no ha resuelto en de-