El Foro español (Madrid. 1898) (1904-08-10 00:00:00), página 10

publicación del presente Real decreto en la Gaceta.

Será requisito indispensable para dar curso á la reclamación, el que se formule dentro del mismo plazo que queda fijado por el art. 5.º de este Real decreto, y que fundamente el agravio de su derecho en estimar que la efectividad de la asimilación de que disfrutaba es de las establecidas ó reconocidas expresamente en una ley ó por cumplimiento de una ley, citando concretamente en su instancia el artículo de la ley por cuya virtud su asimilación fué otorgada ó reconocida.

Las reclamaciones así producidas se remitirán, con los expedientes personales de los interesados, á la Sala de gobierno del Tribunal Supremo, á fin de que sobre revisión de dichos expedientes informe si la asimilación de que se trata es de las establecidas ó reconocidas expresamente por ley ó en cumplimiento de ley.

Por tanto, en los casos de no justificar más que por disposiciones reglamentarias del Poder ejecutivo el otorgamiento ó reconocimiento de la asimilación, toda la materia de la consulta á la Sala de gobierno quedará reducida, respecto á dichos expedientes, á motivar la determinación de si, en el orden legal, puede concederse á las disposiciones reglamentarias invocadas eficacia para derogar ó modificar las leyes, ó suspender al menos su aplicación, no obstante lo preceptuado en el art. 18 de la Constitución del Estado, los arts. 4.º y 5.º del Código civil y apartados 1.º y 2.º del art. 7.º de la Ley orgánica promulgada en 15 de Septiembre de 1870.

Art. 8.º A toda resolución ministerial reconociendo el derecho á la efectividad de la asimilación, habrá de preceder siempre este informe de la Sala de gobierno del Tribunal Supremo; y, en caso de disconformidad en la resolución con el dictamen de la Sala de gobierno, será requisito indispensable para su validez el que se publique en la Gaceta, juntamente con el dictamen de dicha Sala.

Art. 9.º El escalafón de las carreras judicial y fiscal, hoy unidas, comprenderá exclusivamente los nombres de los Jueces, Magistrados y Fiscales que se encuentren en condiciones legales para servicio activo; y su precedencia en cada clase se determinará por las fechas de las posesiones judiciales y por el mayor tiempo de servicio cuando la ley lo exija.

En cada una de las categorías del escalafón judicial figurará también, á continuación, el nombre de cada funcionario, en casilla separada, la expresión del destino que esté desempeñando, ó la situación personal en que se encuentre. En este escalafón, dentro de cada categoría, no llevarán número sino los que por razón de antigüedad en la misma quepan dentro de la respectiva numeración de plazas de la plantilla oficial. Los que excedan en esta ordenación del número de plazas de dicha plantilla, serán señalados con comillas en la columna destinada á la numeración del orden.

Art. 10. Se procederá á inmediata revisión del escalafón judicial, al efecto de que la rectificación anual del mismo, que ha de publicarse, á más tardar, en 31 de Diciembre próximo, resulte ajustada á la disposición del presente Real decreto.

Art. 11. Se publicará á continuación de este Real decreto el texto íntegro de la consulta de la Sala de gobierno del Tribunal Supremo, y del voto particular del Presidente de su Sala primera acerca de las presentes disposiciones, al efecto de que sirva de base para legislación orgánica de esta materia al cesar el actual período transitorio de anormalidad en el escalafón que motiva el presente Real decreto.

AL SEÑOR MINISTRO DE GRACIA Y JUSTICIA

Resolución injusta.

Nuestro antiguo suscriptor D. Cristóbal Banares, Actuario del Juzgado de primera instancia del Puerto de Santa María, que lleva treinta y un años de servicio, ha sido declarado renunciante por abandono de destino.

Este funcionario, que sirvió durante veinte y ocho años una Escritanía del Juzgado de Mora de Rubielos, del que también era Secretario de gobierno, fué promovido en el turno de antigüedad y destinado al del Puerto de Santa María, donde permaneció veinte meses desempeñando, por falta de personal, las tres Secretarías adscritas á aquel Juzgado, contrayendo por el exceso de trabajo una anemia cerebral que le obligó á solicitar licencia por un mes, que le fué concedida. Como la dolencia persistiera, pidió y obtuvo algunas prórrogas de la Audiencia de Sevilla, y últimamente, y en vista de que su estado de salud no le permitía dedicarse á las ocupaciones propias de su cargo, solicitó otra, á la que acompañaba certificación facultativa acreditando esta circunstancia, y que le fué igualmente otorgada. Transcurrida ésta, el Juez le impuso una multa de 100 pesetas y le apercibió con la pérdida del destino si no verificaba su presentación dentro del término de cinco días.

El interesado alegó la imposibilidad de poseerse de su cargo por el mal estado de su salud, y entabló recurso ante la Audiencia de Sevilla, sin que se le haya comunicado el acuerdo recaído, pero por Real orden de 28 de Mayo de 1903 fué declara-