El Foro español (Madrid. 1898) (1905-07-31 00:00:00), página 12

Audencia de Mallorca (es la citada de 13 de Enero de 1864) con la de 10 de Julio de 1861, se hallan ambas en perfecta armonía. Y habiéndose dignado la Reina (q. D. g.) resolver de conformidad con lo manifestado en el preinsento dictamen, de Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de la Gobernación, lo digo á V. S. para los efectos correspondientes.

De estas disposiciones legales se colige, de un modo obvio, que las autopsias judiciales no están sujetas á las formalidades exigidas por la Real orden de 20 de Julio de 1861, ni, por consiguiente, á la regla primera que establece el transcurso de veinticuatro horas desde la defunción.

Como podría objetarse que la ley del Registro civil, interpretada en cierto sentido, prohíbe toda clase de autopsias dentro de aquel término, es conveniente copiar los artículos en que pudieran fundarse tales objeciones, con el objeto de ver si, en realidad, se infiere ó no de los mismos ese aserto.

«Art. 75. Ningún cadáver podrá ser enterrado sin que antes se haya hecho el asiento de defunción en el libro correspondiente del Registro civil del distrito municipal en que ésta ocurrió, ó del en que se halle el cadáver, sin que el Juez del mismo distrito expida la licencia de sepultura, y sin que hayan transcurrido veinticuatro horas desde la consignada en la certificación facultativa...»

«Art. 77. El facultativo que haya asistido al difunto en su última enfermedad, ó en su defecto el titular del Ayuntamiento respectivo, deberá examinar el estado del cadáver; y sólo cuando en él se presenten señales inequívocas de descomposición extenderá en papel común, y remitirá al Juez municipal, certificación en que exprese... y señales de descomposición que ya existan...»

Ante todo, es de notar que estos artículos no se ocupan de señalar el plazo en que hayan de ejecutarse las autopsias; sólo tratan de cuando el cadáver puede ser inhumado; y no es lo mismo enterrar un cadáver que hacerle la autopsia; deduciendo, como secuela necesaria, que los preceptos de la ley del Registro civil que se acaban de exponer, no son incompatibles con los de las Reales órdenes de 13 de Enero y 17 de Abril de 1861.

No obstante, podría acaso argumentarse que las mismas razones que han impulsado al Legislador á exigir el término de veinticuatro horas para el enterramiento, son de exacta aplicación á las autopsias, puesto que parten de la base de evitar que se inhumé una persona viva; y, desde el momento en que se verifica la autopsia, si la persona vive aún, fallece en el acto de la operación.

Este argumento, que, á primera vista, tiene solidez, pierde su eficacia al ser examinado con detención, porque no hay paridad en ambos casos.

Son, sin duda, casos distintos, por no tratarse en ellos de circunstancias idénticas. Para el enterramiento, ha dispuesto la ley que no se expida el certificado de defunción hasta que el cadáver no presente señales inequívocas de descomposición; lo cual ha estatuido con el fin de evitar posibles abusos: con el fin de impedir que se causen perjuicios, si en algún caso llega á darse un certificado de defunción á la ligera, por fórmula, y acaso sin haber visto el cadáver. Para la autopsia judicial basta que se informe por el facultativo que hay un cadáver; no impone la ley otra formalidad.

Ahora bien: desde el momento en que para ejecutar estas diligencias basta que se informe que la persona ha dejado de existir; sólo cuando, para poder afirmar esto, fuera necesario el transcurso de las veinticuatro horas desde la defunción, sería también forzoso que no pudiera ejecutarse la autopsia hasta que transcurriera aquel término; pero es un hecho indudable que la ciencia posee medios para que se pueda dictaminar en el sentido de que una persona es cadáver antes del vencimiento del repetido término; hay signos evidentes de la muerte desde los primeros momentos de acercar: la cesación definitiva de los latidos del corazón, la rigidez ó tuesura cadavérica, etc.

A más de lo expuesto, conviene fijarse en que el art. 443 de la ley de Enjuiciamiento criminal no señala plazo para que la precitada operación se eje- cute, sino que lo único que exige es que haya un cadáver; y sobre todo, por último, si alguna duda cupiera en esta interesante cuestión, la desavenec- ría de todo punto el art. 366 de la propia ley procesal, que á continuación se transcribe:

«Las diligencias prevendidas en este capítulo y en el anterior, se practicarán con preferencia á las demás del sumario, no suspendiéndose su ejecución sino para asegurar la persona del presunto culpable ó para dar el auxilio necesario á los agravados por el delito.»

Este artículo se halla inserto en el capítulo II, título V, libro II de dicha ley, en el que asimismo se trata de las autopsias, á las que, por tanto, es aplicable la preferencia establecida en él, sin que deba esperarse á plazo alguno.

No puede interpretarse de otro modo esa disposición legal; el interpretarla de otra suerte, da por resultado su incumplimiento.

Luego, aun en la hipótesis de que se creyese que el término de las veinticuatro horas, señalado para los enterramientos por la ley del Registro civil, es aplicable á las autopsias judiciales, no lo sería en la actualidad, porque, de conformidad con lo pre- venido en el art. 5.º del Código civil, las leyes se derogan por otras posteriores, y la de Enjuiciamiento criminal es posterior á la del Registro civil.

Por otra parte, es lógico que, en lugar de demo- rarse las repetidas operaciones, se ejecuten á la mayor brevedad, por cuanto que así se obtienen datos de gran valor para la comprobación del delito y averiguación del delincuente, que quizá hecha más tarde no se aportarían, y se evitan los inconve- nientes que trae consigo la putrefacción.

No creemos necesario extendernos más en este punto; el susodicho art. 366 desarrolla la última palabra del legislador en la materia: conste, pues, que las autopsias judiciales pueden y deben prac- ticarse, siempre que sea posible, antes de que trans- curran las veinticuatro horas desde el fallecimiento.

JUAN MORENO Y NARANJO,
Juez de primera instancia.

Arrecife, 21 de Junio de 1905.