El Foro español (Madrid. 1898) (1905-12-11 00:00:00), página 6

principio de que donde existe igual razón, debe existir la misma disposición de derecho.

Pero ¿había dudado formalmente de esto el señor de la Torre?

Convengamos, pues, en que no es tan descabellado como afirmé el que los apremios los despache la Autoridad local, por ser de su privativa incumbencia.

Así tiene que ser, y no de otro modo.

Réstame decir á mi ilustrado amigo, en cuanto á esto, que si los Ingenieros Jefes de Caminos y de Montes, etc., recurren á la Autoridad judicial, es en casos diametralmente opuestos al que me vengo refiriendo; lo verifican al objeto de que aquella haga efectivas resultas que se han impuesto á particulares, cuyo procedimiento está taxativamente marcado en la Ley rutinaria civil.

No hay, por tanto, términos hábiles para la comprensión.

Y si lo desea, discutiremos el punto largo y tenido, que á mí no me duelen prendas cuando llega la ocasión.

* * *

Por lo domás, lamento muy de veras esta situación anómala que se nos ha creado frente á los Alcaldes. Con ello no se ha hecho más que establecer un dualismo perjudicial, contraproducente, peligroso, que ha de dejar las cosas peor que estaban, cual asevera con acierto el Sr. de la Torre.

Se coloca al Juez, como Ordenador de pagos, vis á vis del Alcalde de la capitalidad que ha de formar el presupuesto carcelario; esto es, que ha de trazar el camino, que ha de señalar la ruta que aquél ha de seguir.

El primero no es político, no puede serlo por su cargo; el segundo lo es precisamente por el suyo. Bien se echan de ver cuáles serán los resultados de esa amalgama inconcebible, de ese extraño matriaje, que lleva en sí el lágamo de la discordia y de la descomposición.

A mí no me sorprenderán los acontecimientos, porque lo tengo todo descartado, incluso el que no vendrán las tan cacareadas instrucciones, que parecía natural se nos hubieran notificado ya á estas fechas.

Para terminar, manifestaré á algunos colegas que relacionan el art. 23 del repetido Decreto de 19 de Enero con el 6.º del de 24 de Junio, para deducir que las Juntas locales son las que han de formar los presupuestos carcelarios, que la interpretación no me satisface.

Vemos por qué.

El precitado art. 23 dice: Recata aprobación en los presupuestos carcelarios, ESTOS FONDOS SERÁN ADMINISTRADOS, etc. De manera es que con arreglo á una buena hermenéutica, PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LOS MENCIONADOS FONDOS ES PARA LO ÚNICO QUE SE ORGANIZAN Á LAS JUNTAS IGUALES ATRIBUCIONES QUE TIENE LA DE MADRID.

Ni una línea más, ni una línea menos.

Y por si esto no fuera bastante, ahí tenéis la Real orden de 14 de Agosto, en cuyo número 2.º se lee: ... los Ayuntamientos (sic) y Diputaciones provinciales, AL HACER SUS PRESUPUESTOS CARCELARIOS...; lo que demuestra, á mayor abundamiento, que en la mente del Ministro de Gracia y Justicia, como en la de todo el mundo, está el que las indicadas Corporaciones son las que han de continuar confeccionándolos. Esto no tiene duda.

El número 6.º de esa misma Real orden se presta también á confusiones sin cuento. Vione á estatuir que una vez publicadas en la Gaceta las plantillas aprobadas del personal de Prisiones, la Presidencia del Consejo de Ministros las remitirá al de la Gobernación, para que se dicten las disposiciones necesarias al total cumplimiento del tantas veces repetido Decreto de 19 de Enero del año actual.

¿Qué disposiciones son esas? ¿Acaso las que esperamos?

Averígüelo Vargas.

Por de pronto á mí me cogerán sentado, por si acaso.

Opino que para acabar de una vez con este magnum, lo mejor fuera consultar las dudas que nos asaltan con el Consejo Penitenciario, y Dios con todos.

ANTONIO BERGALI,
Juez de primera instancia.
5 Diciembre 1905.

Noticias

Comisión general de Codificación.

Han sido nombrados Vocales de dicha Comisión: con destino á la Sección 1.ª, D. Rafael María de Labra; y á la 4.ª, D. Joaquín González de la Peña.

Personal de la Magistratura.

Ha sido promovido á la plaza de Presidente de Sala de la Audiencia territorial de Valladolid, D. Diego Espinosa de los Monteros, Presidente de la provincial de Lugo.

Ha sido trasladado á la plaza de Presidente de la de Lugo, D. José Escolano, electo de la de Orense.

Han sido nombrados: Presidente de la de Orense, D. Antonio Martínez Ruiz, Magistrado de la territorial de Palma, electo; y para esta plaza, D. José Godoy, cesante de igual categoría.

Ha sido jubilado, á su instancia, D. Hipólito del Campo, Presidente de la Audiencia provincial de Santander.

Han sido pronovidos: en el turno primero, á la plaza de Presidente de la provincial de Santander, D. Marcelino González, Magistrado de la de Alicante; y en el segundo, á la de