El Foro español (Madrid. 1898) (1905-02-28 00:00:00), página 7

que es indispensable tener en cuenta los precedentes, la ocasión, la calidad de las personas, relaciones entre el ofensor y ofendido, y demás circunstancias determinantes de la intención dolosa, fundamento único de la responsabilidad penal.

Con todos los respetos y acatamientos que los acuerdos merecen, pero con la lealtad que una honrada convicción impone, debemos manifestar que esa doctrina está produciendo en la sociedad española resultados desastrosos, pues cada día se apartan más y más los ciudadanos de la justicia, porque se sienten abandonados cuando piden amparo para su honor. El ofendido que ve de un lado la indiferencia, cuando no la burla de la sociedad, y por otra parte se encuentra con que los Tribunales le dicen que no hay agravios en los mayores insultos, no le queda otra solución que acudir al bárbaro recurso de la venganza personal, revestida unas veces de las solemnidades que las buenas formas imponen, y otras con la desnuda ferocidad de la faca ó la navaja, que emplean los que no han alcanzado cultura mayor.

Cuántos siguen de cerca y estudian el desarrollo del fenómeno, se muestran alarmadísimos y reconocen que no hay esperanza de que desaparezcan los duelos, ni los delitos de sangre disminuyan en España, mientras los Jueces municipales aprecian como falta el hecho de pagar una bofetada, y los Tribunales superiores sostengan no es delito llamar en público «canalla» á un individuo, ó decir de hombres y mujeres cosas mucho peores y nefandas, que no reproducimos por propio respeto y debida consideración al decoro ajeno (1).

Nada significa ni importa para exculpar el agravio que hubiese insultos anteriores ó simultáneos, como á nadie ocurre eximir al que hiera en rifa porque recibió lesión de su adversario. El insulto se debe castigar siempre, sin detenerse á examinar condiciones y circunstancias. En el caso de existir ofensas mutuas, lo procedente sería condenar las que hubieran motivado la querella, declarando de modo expreso que las otras no se pueden poner por falta de reclamación adecuada, pero jamás porque sea lícito ni tolerable el hecho.

A este propósito, interesa recordar que los Tribunales, además de restablecer el derecho perturbado, tienen una altísima misión educadora, que no suele estimarse como corresponde, y es de lamentar que eso ocurra tratándose del pueblo español, que tiene tantas deficiencias de instrucción y mayores aún de educación. No habrá esperanza de que se eduque ni enseñe, cuando vea que las palabras más soeces, los conceptos más desvergonzados, pasan sin correctivo por delante del primer Tribunal del país, produciendo la consecuencia triste de que la gente, y en especial la menos culta, entienda que son licitas las frases obscenas, cuando todos tenemos el deber de contribuir á que el pueblo español modere esos repugnantes excesos de lenguaje que tanto le rebajan y envilecen, porque son prueba acabada de falta de educación y de respeto á la propia y á la ajena dignidad, y origen de muchos fenómenos que resultan inexplicables para quien no conozca la verdadera causa que los motiva.

A la vez que esta rectificación en la doctrina penal, es indispensable y urgente también que el Estado ponga mayor empeño en amparar el honor de los ciudadanos, que no vale menos que su vida ó la propiedad, facilitándoles el acceso á los Tribunales sin los sacrificios, molestias y gastos que hoy representa la formalización de la querella. La ley deberá decir que en todos los delitos privados bastará, para proceder, que la persona interesada requiera la intervención del Ministerio público, en condiciones parecidas á las que para los delitos de violación y rapto determina el art. 463 del Código penal.

Por el concursó de las leyes, de los Tribunales y de la opinión pública, se podrá lograr que desaparezca el duelo entre nosotros, como ha concluido en Inglaterra, porque allí existe todo lo que aquí falta, según queda demostrado. Entonces será posible exigir la investigación y castigo del duelo, y no se dará el caso, que es otro fenómeno triste, de que los Jueces tengan que ignorar, como funcionarios, lo que les consta como particulares, sin que por ello merezcan censura; pues todo el mundo reconoce que no hay valor para proceder contra quien se bate por exigencia social inexorable, y todos se prestan á engañar á la justicia. Hasta el Juez instructor, mirando á lo íntimo de su conciencia, siente desfallecida su rectitud y enervada su voluntad, porque se reconoce capaz de incurrir en el mismo hecho que tiene el deber de perseguir.

El duelo no tendrá disculpa y se podrá castigar con severidad, sin escrúpulos ni contemplaciones, cuando el honor de los ciudadanos esté resuelta y eficazmente amparado contra toda agresión, venga de donde vimiera, y lleve el Poder público la función reparadora que hoy, desgraciadamente, sólo se satisface por medio del encuentro personal.

FRANCISCO LASTRES.

(De la Revista Penitenciaria.)

(1) Para comprobar lo que decimos, véanse las sentencias pronunciadas por el Tribunal Supremo en 1 y 7 de Noviembre de 1898; 22 de Febrero de 1894; 3, 5 y 17 de Diciembre de 1902; 24 y 28 de Mayo de 1904. En la mayor parte de ellas, justo es decirlo, lo resuelto fue en contra de la opinión del Ministerio fiscal, que sostiene diverso concepto de la injuria.