El Foro español (Madrid. 1898) (1905-05-10 00:00:00), página 3

veinticuatro horas siguientes al acto de su detención, tiene que ser puesta en libertad ó á disposición de la autoridad judicial. Nadie podrá entrar en el domicilio de una mujer, sin el consentimiento de ésta. La correspondencia de la mujer es inviolable. La mujer no podrá sufrir pena de confiscación de bienes, y sólo podrá ser privada por causa justificada de utilidad pública y previa indemnización. La mujer no será molestada por sus opiniones religiosas ni por el ejercicio de su culto, que se ha de hacer sin manifestaciones públicas que no sean las de la religión católica, que es la religión del Estado español.

La mujer es libre de elegir la profesión que guste y de aprenderla como mejor le parezca. Y lo mismo que el hombre, no está obligada á pagar contribuciones que no sean votadas por las Cortes ó por las Corporaciones legalmente autorizadas para imponerlas.

Las condiciones que el art. 1.º de la Constitución señala para reconocer el carácter de español (nacer en territorio de España, ser hijo de padre ó madre españoles, obtener carta de naturaleza, ó ganar la vecindad en cualquier pueblo de la Monarquía), son las mismas para el hombre y para la mujer.

Lo propio sucede con la pérdida de la nacionalidad. Pero la mujer española que casa con un extranjero, adquiere por este casamiento la nacionalidad del marido; mas disuelto el matrimonio, la viuda podrá recobrar su nacionalidad propia y originaria, volviendo al territorio nacional, declarando su voluntad de recabar aquella nacionalidad y renunciando á la protección del pabellón extraño.

La Constitución reconoce por igual al hombre y á la mujer los derechos políticos, que son el de emitir sus ideas y opiniones por palabra y por escrito, sin sujeción á la censura previa; el de reunión pacífica; el de asociación para los fines de la vida humana; el de petición; el de elección de cargos públicos; el de admisibilidad á esos empleos y cargos, según el mérito y la capacidad de la persona; el de ser procesados y sentenciados sólo por Juez competente y conforme á leyes anteriores al delito; el de ser presos sólo por mandamiento de Juez competente; el de no ser compelidos á mudar de domicilio ó residencia, sino por mandato de autoridad competente y en los casos previstos por las leyes; el de fundar y sostener establecimientos de instrucción ó de educación; el de ejercer las profesiones para las cuales habilita el título que sólo da el Estado y conforme á lo que éste determine; el de defender la patria con las armas cuando sea necesario, y el de contribuir á los gastos nacionales, provinciales y municipales, en proporción de sus haberes.

A pesar de estas declaraciones, y antes de la promulgación del Código civil de 1889, regía el artículo 52 de la Ley de Matrimonio civil de 1870, que estableció la obligación de la mujer casada de recabar de su marido (y en defecto de éste del Juez) el permiso para la publicación de sus obras literarias ó científicas. El Código actual ha prescindido de tal exigencia.

Las leyes orgánicas y el Código civil han desen- vuelto los principios y artículos de la Constitución, sobre todo, en lo relativo á los derechos políticos y á las obligaciones de carácter público.

Por aquellas leyes, la mujer española carece de voto electoral, y, por regla general, está incapacita- tada para el desempeño de cargos públicos; lo cual no quita para que pueda ser Reina y Regente del Reino, como ha sido muchas veces en los tiempos antiguos y modernos.

También ahora puede desempeñar y desempeña comisiones administrativas (generalmente de educación y Beneficencia, como la instrucción de par- vulos, la persecución de la trata de blancas, etcéte- ra, etc.), y aun algunos cargos más modestos de ciertas carreras del Estado, como las del Profeso- rado de instrucción primaria y normal, la del ser- vicio de Telégrafos y la del servicio de Cárcelcs de mujeres. Esto último en proporciones insignifican- tes y de verdadera excepción.

Las leyes militares excusan y prohiben el servi- cio militar á la mujer española.

Entrando en el terreno propio del Código civil, hay que advertir que la prioridad del nacimiento en los partos dobles, cualquiera que sea el sexo del nacido, da, al nacido primeramente, los derechos que la ley reconoce al primogénito. Pero esta dis- posición del Código civil de 1889, supone que sea conocido perfectamente cuál de los dos gemelos nació antes. Ignorándose esta prioridad, tendrá que aplicarse la ley 12, título XXXIII, partida 7.ª, que dispone, para este caso, que si los nacidos fueren varón y hembra, se entenderá que el varón nació primero; y que si los nacidos fueren varones, ambos habrán por mitad el heredamiento y honra de primogénito.

El art. 33 del citado Código de 1889, establece que si se duda entre dos ó más personas llamadas á sucederse quien de ellas ha muerto primero, el que sostenga la muerte anterior de una ó de otra debe probar el hecho, y que, á falta de prueba, se pre- sumen muertes al mismo tiempo, y no tiene lugar la transmisión de derechos de uno á otro.

De este modo queda rectificada la ley 12, título XXXIII, partida 7.ª, citada antes.

Las Leyes desvinculan las de 1820, 86 y 41, y lue- go los arts. 108 y 114 del Código civil vigente, han