El Foro español (Madrid. 1898) (1905-04-10 00:00:00), página 9

Tribunal alemán goza del derecho de representar á las partes en los negocios sometidos al Tribunal del Imperio.

Bajo la autoridad de éste funcionan dos jurisdicciones que, en cierto sentido, son dependencias suyas, á saber: la mencionada Cámara disciplinaria de los Abogados y la Cámara disciplinaria Imperial, igualmente compuesta de siete miembros, cuatro de ellos Jueces en el Tribunal del Imperio y otros tres altos funcionarios. Esta última conoce en segunda instancia de las faltas contra el deber profesional cometidas por funcionarios alemanes.

f) Tarifas de honorarios y derechos.—Por una Ley de 27 de Septiembre de 1899 se estableció la tarifa vigente de emolumentos de los Abogados Procuradores. La tasa entera se eleva de 4 marcos á un máximo de marcos por fracciones de 2.500, 5.000, 10.000 y 25.000, siguiendo una escala; se reduce á dos décimos y un décimo en ciertos procedimientos, como venta forzosa, distribución entre varios acreedores, etc. Para la aplicación é inteligencia de esta ley debe tenerse á la vista la de 7 de Julio de 1879, que especifica minuciosamente en 93 artículos, distribuidos en siete secciones, cada uno de los casos de honorarios y suplidos de los Abogados Procuradores (1).

DR. LEOPOLDO GONZÁLEZ REVILLA.

(De la Revista de los Tribunales.)

TRIBUNALES

A VEINTE DÍAS FECHA

Una indisposición, no grave por fortuna mía, me impidió cumplir con mis lectores en el número pasado; hoy resarciré la omisión ampliando estas notas.

La Sociedad minera de Cabairceno, en Santander, dueña de un ferrocarril áereo para el transporte del mineral, colocó un caballeté en una finca propiedad pro indiviso de varios señores. Los dueños interpusieron interdicto de recobrar la posesión, que ganaron. Así las cosas, la Sociedad compró una de las partes de la finca, y notarialmente propuso á los demás comuneros el arrendamiento por seis años de la finca, PARA HACER EN ELLA CUANTO QUIRIERE, con la obligación de dejar la finca al fin del arrendamiento en el ser y estado que antes tuviera.

Otorgado el contrato, la Sociedad colocó de nue-

vo el caballeté que había provocado el interdicto; pero uno de los conducños, á pesar de citársele para la reunión, apercibiéndole que le pararía perjuicio de no asistir, no se conformó con la colocación del caballeté y demandó á la Sociedad, que perdió el pleito en primera y segunda instancia, recurriendo de esta última bajo el patronato y dirección del Sr. García Prieto.

El Tribunal Supremo casa la sentencia, estableciendo la siguiente doctrina, sintéticamente extractada: 1.º Que conforme las partes en que el arrendamiento de la finca constituye un acto de administración, la única cuestión á resolver es si el acuerdo de la mayoría es ó no obligatorio para el condenado demandante. 2.º Que si bien es cierto que los arts. 394, 397 y 399 del Código civil facultan á los participes para servirse de la cosa en común, disponer de ella conforme á su destino, y no hacer alteraciones sin consentimiento de los demás, atribuyéndoles la plena propiedad de su parte y la de los frutos y utilidades que le corresponda, pudiendo disponer de ella en cuanto á la parte que se les adjudique al cesar la comunidad, es igualmente cierto, que á tenor del art. 398, el ejercicio de estos derechos hallase subordinado á los acuerdos que para la administración y mejor disfrute de la cosa en común adopte la mayoría, á menos que se demuestre fuesen gravemente perjudiciales á los interesados, es en consecuencia obligatorio para todos el acuerdo de la mayoría para dar en arrendamiento la cosa, siempre que no exista perjuicio grave, ni se altere por el contrato su esencia y naturaleza, de modo tal que á la terminación del mismo pueda ser devuelta en la misma forma que se recibió al arrendarla. 3.º Que acordado arrendar la finca á la Sociedad para el uso que conviniera, la permanencia del caballeté no constituía gravamen de verdadera servidumbre, sin constituir alteración de la finca, pues los aprovechamientos de pastos y roso no los hubiese impedido la colocación del artefacto, y los comuneros obtuvieron con el arrendamiento lucro mayor del natural de la finca. 4.º Que las anteriores consideraciones arrojan como consecuencia necesaria que el acuerdo de la mayoría era obligatorio para el demandante y lo fué desde que se tomó, porque su calidad de conducño le hacía conocer el objeto de la junta, que se le hizo saber al ser citado para la misma; no pudiendo, por tanto, ostentar el carácter de tercero, á los efectos del artículo 1.227 del Código civil.

(1) Véase Société de Legislation comparee, Annuaire de 1890, pág. 76 y siguientes.

La Sala tercera del mismo Tribunal entiende de un curioso asunto. El Banco de Valls se encargó de la construcción del muelle interior de Tarragona, debiendo terminar las obras en el plazo de tres