El Foro español (Madrid. 1898) (1904-12-30 00:00:00), página 4

Esas diferencias, ¿mejoran ó empeoran las bases? Materia es ésta de un minucioso análisis. Sin acometerlo por ahora, si es necesario recoger un equivocado concepto, un profundo error, relativo á la naturaleza del Poder judicial, que se desprende de las contradicciones señaladas con los números 4 y 5 en el meritísimo trabajo del Sr. García Díaz, y de las cuales habla en los términos siguientes:

4.a Creación del «Tribunal de responsabilidad personal judicial», ó «Tribunal senatorial de responsabilidad judicial»—pues de ambos modos se le denomina,—formado por nueve Senadores Letrados, que serán jueces propietarios, y por seis Senadores también Letrados, que serán suplentes, para que conozca de los delitos que cometan en el desempeño de sus funciones los Jueces de instrucción, Magistrados de Audiencia y Tribunal Supremo é individuos del Ministerio fiscal de estos Tribunales, y de los hechos ó omisiones en que incurran, que sean causa bastante para su relevación ó destitución.

Con esta lamentable confusión de los Poderes públicos, opuesta á la doctrina más elemental sobre el Derecho político, se vulnera abiertamente el precepto fundamental establecido en el art. 76 de la Constitución, que reserva exclusivamente á los Tribunales y Juzgados la potestad de aplicar las leyes en los juicios civiles y criminales.

5.a Intervención personal y directa de los Ministros de Gracia y Justicia en la formación y funciones de la Sala de gobierno del Tribunal Supremo, confiriéndoles su presidencia, siempre que asistan á ella.

Así se rompe con los precedentes legales y se establece, por primera vez, una participación extraña de todo punto á la naturaleza del cargo de Ministro y á las atribuciones propias del mismo.

Hay en la primera una ilógica manifesta, y una disminución considerable en el concepto que la alzeta del Senado merece. La responsabilidad debe ser exigida grado por grado, siguiendo la jerarquía. ¿No estará capacitado el Tribunal Supremo para apreciar la responsabilidad de un Juez de primera instancia? ¿Por qué razón sustraer los hechos de éste al conocimiento de aquél? No hay ningún precepto de lógica, ningún rigor de sistema científico que lo aconseje. En cambio, los inconvenientes son notorios. Si algo faltaba para que los Tribunales sufrieran de plano el maléfico influjo de la política, esto lo pone. Es más lícito, y, sobre todo, encaja mejor en una realidad triste, que no podríamos suprimir aunque todos callaran, el sospechar de la imparcialidad de nueve Senadores que de la justicia del Tribunal Supremo. El Senado, por su parte, no debe tener funciones judiciales sino para examinar la conducta de aquellos funcionarios que no tienen más superior jerárquico que los Cuerpos Colegiados, en quienes se resume la soberanía nacional, sin otra coparticipación que la del Rey.

Análogo razonamiento puede hacerse con respecto al cargo conferido al Ministro de Gracia y Justicia. En cuanto á las relaciones de los Poderes ejecutivo y judicial, no hay más que un sano criterio de reforma: la progresiva separación. Aproximarnos, fundirlos, es un retroceso. Ya la vecindad presente de uno y otro crea corruptelas visibles: de ahí la tendencia á encerrar los ascensos en un riguroso turno de antigüedad. Las preferencias, las predilecciones, aun nacidas de la amistad, son ilícitas. Preciso es no olvidar que es país el nuestro donde se realiza con inusitada frecuencia el hecho de salir de su bufete los Abogados para el Ministerio de Gracia y Justicia, y los Ministros de Gracia y Justicia para sus bufetes. El paso por la poltrona no es siempre infructuoso. El sentido público se inquieta ya vivamente por esa promiscuidad de actividades, que, aun siendo honrada, abona la sospecha. Aumentar la intervención de los Ministros en los Tribunales de justicia, es añadir al error—no hay otra manera cortés de designarlo—que hoy se comete, con aquel transido, una inmensa gravedad y una ardua tentación.

X.

INTELIGENCIA DE LA LEY HIPOTECARIA

Se ha dado en decir que la Legislación Hipotecaria es difícil e intrincada, poco menos que un laberinto de Creta, donde se pierden y desorientan muchos jurisconsultos que buscan en ella los fundamentos de una demanda, de un recurso gubernativo ó de una consulta; la he oído calificar de las matemáticas del Derecho, como el escollo do se estrellan los principiantes; el caballo de batalla de unas oposiciones (1), y, en fin, es tanto el miedo que le teníamos en aquella época, de feliz recordación, en que éramos estudiantes, más por el dicho que por el hecho, sin duda, que palidecíamos ante la sola idea de que la suerte nos deparara en el examen una leccioncita de éstas.

Declaro, con la franqueza que me es peculiar, que no comprendo bien, ahora se entiende, el por qué de semejantes temores.

No es extraño origine dudas tal legislación, por la especialidad de sus disposiciones, por hallarse encadenadas éstas á otras que precisa aplicar, y que no siempre constituyen una declaración expresa y terminante del derecho que se trata de hacer

(1) Aunque no de las á la Judicatura celebradas en 1889 y 1890, en cuyo programa hubo sólo un tema que se ocupaba de la materia.