El Foro español (Madrid. 1898) (1904-05-20 00:00:00), página 2

«Considerando, que toda persona responsable criminalmente de un delito, lo es también civilmente, sin que pueda extenderse la responsabilidad civil, que no sea inherente á la criminal, á más casos y personas que los taxativa y expresamente determinados en los artículos 19, 20 y 21 del Código penal, no estando comprendido, ni remotamente, en ninguno de ellos el agente de Bolsa que intervino, con el carácter notarial que tiene por razón de su cargo, en la negociación de los títulos sustraídos por el procesado, y habiéndose, además, cumplido de parte de aquél en el desempeño de su cometido con todas las obligaciones que le imponen los artículos 95 y 101 del Código de Comercio; porque se aseguró de la identidad y capacidad legal para contratar del vendedor, que era su comitente, é hizo entrega á éste del precio de los valores, que fueron enajenados en ocasión que no existía respecto de los mismos denuncia ni retención alguna como de procedencia ilegítima; no siendo lícito, por tanto, que con motivo de la comisión de un delito y dentro del procedimiento criminal, que es el de que se trata, surja espontáneamente y subsista un responsable civil imaginario, sin virtualidad jurídica con arreglo á la ley penal, y cuando precisamente éste produce una formal reclamación y súplica sobre ese extremo en el oportuno período de la causa, de que no puede ni debe desentenderse el Tribunal al dictar sentencia, puesto que en ella se deberán resolver por el mismo todas las cuestiones referentes á la responsabilidad civil que hayan sido objeto de juicio, con sujeción á lo prevenido en el art. 742 de la ley de Enjuiciamiento criminal, y sin que obstre tampoco á la ineludible observancia de tan categórico precepto ninguna resolución judicial anterior, sea la que fuere, á que no puede atribuirse, con fundamento, la eficacia y el carácter definitivos propios de esta sentencia.»

En la parte dispositiva de la misma se condena al procesado Antonio Ruiz Medrano á la pena de ocho años, ocho meses y un día de prisión mayor, al pago de las costas procesales y á que indemnizase á D. Joaquín Martón, como perjudicado por el delito, en la cantidad de 6.030 pesetas: y al mismo tiempo ordena la Sala que por el Sr. Martón sean devueltos los dos títulos de la Deuda al 4 por 100 interior, series B y C, ó, en su defecto, otros equivalentes, así como las 120 pesetas que recibió por el Juzgado instructor del Hospicio en 18 de Marzo de 1902 con motivo de la causa que ahora definitivamente se falla, cuyos títulos y cantidad consignará en dicho Juzgado el mencionado Sr. Martón en el término de quinto día, igualmente que la suma de 540 pesetas correspondientes á los cupones de los mismos títulos desde 1.º de Abril de 1902 al de 1.º de Abril del corriente año, ambos inclusive; de todo lo cual, una vez consignado, se hará entrega por el propio Juzgado á D. Segundo Sánchez Torres, por no ser este último, en concepto alguno, responsable civil en la expresada causa.

La sentencia dictada por la sección tercera es un trabajo concienzudo y completo, que honra á los dignos Magistrados que la forman y que hemos oído ensalzar en las Salesas, no sólo por ser una acabada labor jurídica, sino porque en ella resplandece la más acrisolada rectitud, inspirada en exquisita imparcialidad, sobre la cual no ha ejercido el menor quebranto la circunstancia de tratarse de un antiguo y distinguido compañero en la Magistratura, como el Sr. Martón, que acaba de ser Presidente de la Sala de la Audiencia de Madrid, y á quien precisamente el Tribunal sentenciador manda que devuelva lo que no debió serle entregado por el Juzgado instructor del Hospicio.»

¿Qué hemos de añadir á lo dicho por El Nacional?... Solamente repetir el título con que encabezamos estas líneas: «Esto es justicia».

Y como dijo Cristo: «El que tenga ojos para ver, que vea, y el que tenga oídos para oír, que oiga».

OPINIONES SOBRE LAS REFORMAS

Allá va una opinión sincera y sencilla, como corresponde á inteligencias que, por no poder dominar las alturas, tienen que limitarse á desarrollar sus aptitudes sobre la superficie de las cosas.

Dejo aparte el problema de la justicia municipal, sobre el que mucho y algo no muy bueno puede decirse; lo de aumentar sueldo á los funcionarios judiciales, que pudiera quedar en proyecto por el argumento Aquiles del estado del Tesoro; ni tampoco hablaré del sueldo de los auxiliares, que si bien es asunto pasado en autoridad de cosa juzgada, tampoco espero que prevalezca.

Limitome á decir que deben respetarse las Audiencias provinciales, una en cada capital, con igual competencia en lo civil para fallar en única instancia los asuntos; en lo criminal, para entender de los juicios de esta clase, con ó sin Jurado, y en lo gubernativo y disciplinario, con idénticas atribuciones, pudiendo dividirse en tres categorías: de entrada, ascenso y término, según fueran las en que no existe territorial, éstas y Madrid.

(1) Obsequiando á nuestro propósito de refejar lo más exactamente posible la opinión que merecen las proyectadas reformas á los funcionarios de las carreras judicial y fiscal, hemos creído conveniente exaltar á cuantos nos favorecen con su representación á que emitan sus prontas opiniones de tan importante asunto, por orden de los dos mejores aspectos: otros, han de inspirarse en los altos intereses de la Justicia, y en este número nos homenajamos publicando las guarrillas remitidas por uno de nuestros distinguidos colaboradores.