El Foro español (Madrid. 1898) (1904-12-30 00:00:00), página 6

mento dado; y lo que menos deberíá solicitarse de los Poderes públicos, es que se simplificase. El trabajo sería improbo, lo comprendo; constituiría una labor complicada é ingrata, esa de la selección; pero facilitaría mucho el estudio de la ley, que se haría entonces más amable, digámoslo así, evitándose torcidas interpretaciones, recursos y pleitos.

—¿Y los criterios; dónde me deja usted los criterios?

—¡Ah! Es cierto. ¡Los criterios! ¡Cuánto pudiera decir á usted de ellos!

—¡Y yo también!

Después cambiamos de conversación.

Sin embargo, no dejaba de acordarme de eso de los criterios, pensando que en los múltiples actos que informan la vida oficial ó particular de las personas, no siempre aquella palabra es producto de un juicio sereno y arraigado, de lo que se llama un convencimiento, sino de un capricho que erige en categoría de criterio al mismísimo amor propio en cuerpo y alma.

Pero esto será objeto de otro artículo, que titularé «Criterios y opiniones».

ANTONIO BERGALÍ,
Juez de primera instancia.
Belchite, Diciembre de 1904.

PARA "EL FORO ESPAÑOL,"

Una nueva esperanza... ¿Se convertirá en una nueva decepción?...

Ya se anuncia que el digno y celoso Diputado á Cortes por el distrito de Orgiva, mi ilustre paisano D. Natalio Rivas y Santiago, individuo de la Comisión de Presupuestos del Congreso, formula este año, como en el anterior presentó, voto particular al dictamen de la Subcomisión de Gracia y Justicia, en el que propone el aumento de sueldo de los funcionarios judiciales y fiscales.

No necesitan, ciertamente, justificación alguna, la tristísima situación actual de los funcionarios judiciales y fiscales aludidos, y la muy urgente necesidad de que, para remediar aquélla, en algo siquiera, se les aumenten, un poco al menos, sus exigüas, sus mezquinas dotaciones. Y tan es esto imperiosa y razonable demanda, que no sólo coinciden en ella los que la formulan, sino que la apoyan cuantos se ocupan en señalar los males que aquejan á nuestra administración de justicia, pues hoy es desgraciadamente de todos conocido el estado de penuria de la inmensa mayoría de los Jueces españoles, verdaderos héroes en el cumplimiento de sus sagrados deberes.

Que el Erario español es pobre... cierto, por desdicha de todos; pero... ¿lo es tanto que no pueda afrontar la carga de la suma, relativamente insignificante, de aumento en el presupuesto que pondría esa pequeña elevación de haberes, con tanta insistencia reclamada, no sólo por los que sufrimos resignados la escasez (único premio quizá de nuestras responsabilidades sin cuento, de nuestra diaria improba labor y hasta de las calumnias de nuestros sistemáticos detractores), sino por la misma opinión pública, que á voces proclama la justicia de nuestra petición? No; y prueba de ello, es que otros muchos servicios de los que al Estado incumbe llenar, que, aunque importantes, no son, ni pueden ser tan transcendentes como el de la administración de justicia, primordial función de aquel, están dotados, si no con larguezas, con mucha mayor holgura que el siempre escatimado presupuesto de justicia.

Pasan los años y los años, y continúan inalterables las cifras de éstos, que vienen trasladándose como automáticamente de unos á otros, constituyendo un presupuesto monificado; como en momia ó cadáveres antiguas, hay peligro de que se convirtieran algún día los pobres Jueces españoles y sus familias, de perdurar, lo que, á pesar de todo, no espero, las actuales dotaciones, y el creciente y extraordinario aumento de precio de los artículos de primera necesidad. Sabido es que han encarecido muchos de éstos en un 80, un 40 y hasta un 50 por 100; y que, en cambio, los sueldos, que nunca fueron muy sobrados, continúan estacionados hace más de cincuenta años, y mermados, aún más, con los crecientes descuentos que nos azotan...

Y como dice muy bien mi distinguido compañero, el que oculta su nombre bajo el seudónimo de Vípegón, en su notable escrito inserto en el número de esta Revista correspondiente al 10 del actual, y á cuya instancia me adhiero, para que mi firma figure á su pie, de haber de continuar para los funcionarios de justicia en España las dotaciones mezquinas y ridículas con que hoy se pagan sus importantísimos servicios, preciso sería, con lógica irrefutable, aunque con manifestada tiranía, exigir á aquéllos la acreditación de una renta anual con que poder subvenir decorosamente á sus necesidades, ya que el Estado les tenía desamparados.

Vaya, pues, á las columnas de El Foro Español, ese centinela avanzado en el estadio de la Prensa española, de los intereses y de los prestigios de la clase judicial, esta nueva queja, tan fundada como amarga, del último de los funcionarios de aquélla y aboguemos todos, unidos—si algún día puede lograrse unión entre nosotros—en apretado haz, cual lo hace valientemente Vípegón, por la mejora de nuestros sueldos, primera y más transcendental de las bases en que cimentarse pueda una buena organización de Tribunales.

DR. JOSÉ MUÑOZ BOCANEGRA,
Abogado fiscal.
Córdoba, 19 Diciembre 1904.

BOLETIN DE LA SEMANA

LEGISLACION

GRACIA Y JUSTICIA.—Real orden de 19 de Diciembre de 1904, disponiendo que desde luego se observen los plazos posesorios señalados en la Ley