El Foro español (Madrid. 1898) (1905-09-20 00:00:00), página 8

litigios, de temerarios incidentes, de recursos de reposición improcedentes de modo notorio, ó de reusaciones maliciosas ó sin causa.

De las medidas indispensables para que los declarados legalmente pobres no abusen de la declaración de serlo, promoviendo y sosteniendo pleitos temerarios.

De la necesidad de que cuando, mediante impugnación de ellos, se rebajen los honorarios de los Letrados, ó de otros funcionarios, se impongan las costas de las sustanciación de la impugnación, á los Abogados ó funcionarios que solicitaron el pago de los honorarios y derechos impugnados y rebajados, á fin de no dar nunca lugar al absurdo de reconocer la razón que asistió á quienes produjeron la impugnación, para oponerse al mencionado pago y obligarles, en definitiva, á pagos ó desembolsos mayores.

De la conveniencia de autorizar á los Jueces y Tribunales para razonar ó fundamentar, brevemente, sus resoluciones dictadas en forma de providencias, á fin de procurar impedir, ó para rechazar, mediante tales resoluciones, las reusaciones, los incidentes y los recursos que se indican antes.

De la precisión de atribuir á los Jueces municipales el conocimiento y la decisión de los juicios de desahucio cuando las demandas se funden en haber expirado el plazo que, para la duración de los arrendamientos, fijan los artículos 1.577 y 1.581 del Código civil; en destinar la cosa arrendada á usos ó servicios no pactados, que la hagan desmerecer, ó en haberse vendido la finca arrendada mediante contrato no inscrito en el Registro de la propiedad.

De la modificación que debe realizarse de las prescripciones de los artículos 499 y 1.428 de la Ley procesal civil, á fin de que alcancen las medidas y garantías que establecen, á casos que no comprenden y la justicia demanda que se comprendan en ellas.

De los medios de evitar que al amparo de las prescripciones de los artículos 24 y 27 de la ley citada, se reproduzcan dos ó más veces, durante el curso de un pleito, improcedentes solicitudes de declaración de pobreza.

De la necesidad de que en los juicios de menor cuantía se discutan y resuelvan determinadas excepciones, como artículos de previo y especial pronunciamiento.

De tantas y tantas reformas que conviene introducir en la Ley de Enjuiciamiento civil, á fin de impedir que, invocándola, puedan los sofismas ó las argucias de los litigantes, ó de sus directores, ocasionar procedimientos que darían bien triste idea de la Administración de Justicia, si pudieran á culpas de ella ser atribuidos. (Muchos ejemplos

podría ofrecer de lo que indico, á pesar de informar como constantemente informo mis resoluciones, dentro de la ley, la consideración de ser la Justicia anterior y superior á las fórmulas judiciales, y la de que éstas se dictan para facilitar el imperio de lo justo; no para impedirlo, dificultarlo ó retrasarlo.)

De si los Jueces instructores deben ó no juzgar de aquellas causas cuyos sumarios instruyeron. (Modesto es mi voto, pero se pronuncia arraigadísimo en favor de que los Jueces citados debieran ser ponentes en las causas dichas.)

De que los sumarios deben ser sumarios, reducidos, breves, succinctos, compendiosos, reservándose para el Plenario todas las pruebas que deban y puedan para él aplazarse.

De la multitud de casos en que no deben instruirse sumarios, sino brevísimos atestados.

De los en que deben practicarse autopsias y de aquellos en que no son necesarias y por ello no deben exigirse.

De la intervención activa que compete en la instrucción de los sumarios á los funcionarios de la policía judicial para relevar á los Jueces instructores de funciones meramente policíacas, ajenas á su misión y aun opuestas al debido cumplimiento de ella.

De la observancia debida á la prescripción del párrafo 2.º del art. 617 del Código penal.

Del establecimiento de la pena condicional para ciertos delitos...

De las incontables disposiciones, así sustantivas como procesales, que exigen ser prontamente enmendadas.

Y, como recientemente manifestó el Excelentísimo Sr. Ministro de Gracia y Justicia que ha de ser modificado el proyecto de reformas judiciales «en lo que no pueda aplicarse por falta de medios», se hace preciso hagamos observar que resulta en absoluto indispensable no se prescinda del pago de las dietas que consigna el aludido proyecto, reduciendo para ello, si fuera necesario, el número de los Jurados.

En cuanto á lo de que se facilite á los Jueces casa-habitación, amueblada, decorosa, aunque modestamente, por cuenta de los Presupuestos de fondos carcelarios, lo cual se viene realizando en varios partidos judiciales sin orden ni excitaciones para ello de nadie, paréceme que no habrá dificultad para obtener ese Real decreto exigiéndolo, ahora que la Administración de dichos fondos ocasiona á los Jueces trabajo, molestia y responsabilidades.

Y respecto á los ascensos, ¿no sería bien imputar la apertura de turnos para la oposición y para el mérito? Creo exactísimo lo que recientemente dijo en «el eco imparcial de la opinión y de la prensa»,