El Foro español (Madrid. 1898) (1904-12-10 00:00:00), página 5

ó del que de éstos sea designado jefe á la muerte del padre; el segundo derecho de los acogidos se concreta á la administración de los bienes comunes, que les permite intervenir en toda venta, compra ó hipoteca que de los mismos se realice; el tercero hace mención al requisito indispensable de vivir juntos con los acogientes, consultándoles todo aquello que sea de beneficio positivo de la casa, y el último se refiere á la necesidad de alimentarlos con lo preciso para la subsistencia, y en proporción á los elementos de vida de la familia.

Las obligaciones de los acogidos se limitan á respetar á sus adoptantes, teniéndoles la consideración que la edad y la práctica humana les enseña; á trabajar sin retribución pecuniaria, en beneficio de la sociedad, lo que sus fuerzas les permitan, y á sostener el orden de sucesión universal de bienes establecido al constituir el acogimiento, con objeto de que la familia continúe indefinidamente; lo que se logra, pactando, como se hace en la generalidad de los casos, que á la muerte del jefe de la asociación, su hijo ó hija contraiga matrimonio con la hija ó hijo de la familia acogida, siendo los demás descendientes dotados al haber y poder de la casa; y no existiendo sucesión de una ni otra parte, se designan como herederos uno ó varios de los acogidos, bajo los deberes que todos estipulen.

La costumbre consuetudinaria del Alto Aragón, procura sostener el acogimiento el mayor tiempo posible, sin que surjan grandes disensiones; pero hay veces en que, no obstante la buena voluntad de los individuos de la sociedad, la diferencia de caracteres y la mala administración de los bienes comunes producen el rompimiento definitivo, con el concurso de las dos condiciones siguientes: 1.ª, que medie justa causa, y 2.ª, que el consejo de parientes crea oportuna la disolución.

Separadas las dos ó más familias que constituyeron el acogimiento, la forma de liquidar los bienes de la asociación es muy sencilla: se entregan á los acogidos las propiedades que hubieran aportado á la sociedad y la mitad de las adquiridas durante el acogimiento; se les ofrece una indemnización en metálico previamente pactada, que unas veces se paga al contado y otras á plazos determinados, y se les concede, por último, una ó más fincas pertenecientes á la comunidad, todo de acuerdo con los parientes, cuyo consejo decidirá las dificultades que se inicien, lo mismo que la porción de bienes que se debe asignar á cada una de las partes.

LUIS MOUTÓN OCAMPO,
Abogado.

SOBRE LEGISLACIÓN DEL TRABAJO

Injusticias sociales.

La ley debe ser, y generalmente es, la fórmula expresiva de la justicia. ¿Por qué lo legal no es siempre lo justo, sin embargo de que á la obra divina—la justicia—propende perdurablemente la obra humana—la ley?—Observad que la voluntad de los más, está regida por la voluntad de unos pocos; pensad que los que gobernán son falibles y que, impulsados por el instinto de propia conservación, niegan á la mayoría, mientras pueden resistirla, ciertos derechos que podrían contrarrestar su fuerza; no hay, no puede haber otras razones fundamentales que expliquen el hecho de no ser la ley paralela de la justicia.

En nuestro país se ha reconocido al cabo el derecho del obrero á ser indemnizado en caso de accidente; pero sólo se ha hecho ese reconocimiento cuando se ha impuesto el progreso social á las conciencias más conservadoras; cuando en la lucha filosófica sostenida durante siglos entre la clase burguesa y la proletaria—lucha necesaria y lógica, puesto que el trabajo tiende á la emancipación, por ser una carga, y el capital, por ser un beneficio; tiende á la tiranía—va logrando la victoria la clase proletaria sobre la burguesa; cuando en ocasiones sin cuento se impone la fuerza legítima, con apariencia de ilegítima, de los de abajo á la fuerza ilegítima, con apariencia de legítima, de los de arriba.

En suma, que no por reconocimiento espontáneo, sino por conquista, se ha convertido en precepto legal el principio jurídico del riesgo profesional sobre que descansa el derecho de indemnización por accidente. Por eso se otorga el derecho limitadamente, y por eso también se otorga limitadamente la garantía.

Hé aquí un caso, del que tuve casual conocimiento, notoriamente demostrativo de mis aseveraciones.

Sucedió un minero, víctima de la explosión de un barreno, en la mina donde prestaba sus servicios. Su padre, único inmediato pariente que le sobrevivió, única persona que, en su caso, tenía derecho á la indemnización, quedó falto de los medios de vida que su hijo arrancaba al miseró jornal, y fué tal y tan intensa la emoción dolorosísima causada en él por aquel accidente bárbaro y sangriento, que, según certificación facultativa, enloqueció de incurable locura.

La indemnización, sin embargo, le fué negada por el patrono, porque, con arreglo á los artículos 5.º, 4.ª disposición, y 10, núm. 3.º, de la Ley de 30 de Enero de 1900, es indispensable, para que