El Foro español (Madrid. 1898) (1904-08-30 00:00:00), página 3

de la Australia el sistema de contratación, como si tuviera la misma transcendencia social que si se tratase de los juegos del foot ball ó del baccarrat, y dice entusiastasmodo: nos queda la satisfacción de haber dado una idea y la esperanza de verla hábilmente desarrollada; sin tener aquello en cuenta, esto es, que ni la idea es nueva, ni el sistema que rige en aquellos Estados, y que tiene su defensa, se parece nada al suyo, que no tiene ninguna, ni aun por la equivalencia que le encuentra con el Registro de actos de última voluntad, porque éste puede ser útil y hasta es necesario, toda vez que no hay ni sería serio que hubiera ningún precepto legal que obligase al testador á notificar á nadie la revocación ó modificación de sus testamentos, como sucede con los poderes, para que dejen de surtir efecto. El testador otorga y modifica su última voluntad cuantas veces quiere, sin que hasta su muerte tenga efecto alguno lo que dispone; y claro está que el legislador le ha preocupado la facilidad con que podían ser desconocidas las últimas disposiciones, por el secreto en que deben de permanecer, y ordenó la creación de ese Registro, de utilidad social y familiar indiscutibles, buscando en el Notario autorizante un mediador para cumplir los fines del Registro; pero sin declarar la nulidad de los actos no registrados, que esa es materia de Derecho civil y no administrativo; en todos los demás Registros creados y por crear, no tiene por qué preocuparse el legislador de la indolencia del que no pone su derecho á salvo, después de enseñarle los efectos de su incuria y las ventajas de su actividad.

Según testimonio del ilustre publicista uruguayo Sr. Mayada, Catedrático de Notariado de la Universidad de Montevideo, en el Brasil, los Tabeliones ó Escribanos llevan dos libros, uno llamado de registro, donde se consignan y asientan los documentos habitantes de la personería y los que sirven de antecedentes á la escritura, y otro que se denomina de notas, y es propiamente el protocolo donde se asientan y autorizan las escrituras. En el Uruguay, la Ley de 28 de Mayo de 1900 ha creado y reglamentado el Registro general de poderes, mandando en el art. 2º que de los poderes otorgados en la República se tome razón, y por el art. 6º que los conferidos en el extranjero, y las sustituciones y revocaciones, ampliaciones, limitaciones, suspensiones y renuncias de los mismos, deberán inscribirse en la República, y que los poderes otorgados en el extranjero que se presenten para la inscripción, se transcribirán íntegramente en el Registro.

Tengo entendido, por referencias, que en México se sigue el procedimiento notarial del Brasil, de protocolar los poderes; pero en parte alguna tiene el Notario, Escribano, Tabelión, ó como se denominne, ninguna clase de obligaciones para que la ley se cumpla, sino la puramente profesional y la de protocolar, en su caso, los actos de dicha índole que le fueren al efecto presentados, y esto es lo natural.

¿Es alguno de estos dos sistemas el predilecto del Sr. Nocetti? No señor. Aquí es preciso ser más reformadores, no contentarse con declarar que no perjudicarían á tercero las revocaciones no inscritas, que es todo lo que sin violencia del Derecho civil pudiera el Registro amparar; hay que ir más lejos, sin andarse por las ramas, y allá vamos. Dice nuestro Código que los contratos se perfeccionan por el mero consentimiento, y desde entonces obligan, no sólo al cumplimiento de lo expresamente pactado, sino también á las consecuencias que, según su naturaleza, sean conformes á la buena fe, al uso y á la ley; que las escrituras públicas hacen prueba, aun contra tercero, del hecho que motiva su otorgamiento y de la fecha de ésta; y que el mandatario queda obligado por la aceptación á cumplir el mandato, y responde de los daños y perjuicios que, de no ejecutarlo, se occasionen al mandante (arts. 1.258, 1.218 y 1.718); pues hay que saltar por todo y declarar nulo el poder que, siendo válido y con fuerza de obligar conforme á dichos artículos, no se inscriba rutinariamente en el Registro de poderes. ¡Oh!

Dice también el Código civil, en sus arts. 1.732 al 1.736, por cuántos modos se acaba el mandato, y establece, para los casos de revocación y renuncia, lo que deben hacer mandante y mandatario para garantía de sus respectivos derechos; pues, no, señor, porque hay algunos que descuidan el hacer lo que la ley previene, y luego sufren perjuicios inherentes á su apatía, es preciso que alguno haga lo omitido por ellos, y que sólo á ellos daña ó aprovecha, ¿quién ha de ser sino el Notario autorizante? Palo á él, y que se preocupe de hacer inscribir en ese Registro de poderes todas las dichas relaciones jurídicas, que se suscriba á la Gaceta y que tenga muy presente, bajo su responsabilidad, las anotaciones y revocaciones que en ella se publiquen; pues no faltaba más. ¡En fin, humoradas de verano!

Esto y lo de revocar los poderes por acta sí que es novísimo; cualquier día se pide que se revocuen por acta los testamentos y las donaciones. Sin duda, por ahí debe comenzar la regeneración de la patria. ¡Un Registro más, una rutina más, un Negociado más! Eso, sin duda, será muy modernista; pero no aparece por ningún lado la utilidad, porque, aquí dentro de casa, no se dan ni en grande ni en pequeña escala esos casos de utilizar poderes revocados, á sabiendas de que lo están; y si en el extranjero se abusase de los poderes otorgados en España, el Registro de aquí, las notas de la Gace-