El Foro español (Madrid. 1898) (1904-04-20 00:00:00), página 8

del Código penal; de las causas por delitos comprendidos en el título II y en los capítulos 1.º, 2.º y 3.º del título III, libro 2.º de dicho Código; de las causas por delitos definidos y penados en la ley Electoral, y de las causas por delitos cometidos por medio de la imprenta, grabado u otro medio mecánico de publicación, exceptuándose los delitos de injuria y calumnia, cometidos por estos medios contra particulares. Este ensayo del Jurado, hecho en tiempos turbulentos, no ha dado buenos resultados. Absoluciones escandalosas se produjeron en todas partes. En Valencia fue necesario instruir 269 procesos contra 600 jurados, en Zaragoza 110 contra 159, por transacciones poco honrosas con el acusado y sus defensores, á fin de ser recusados (1); algunos han llegado al extremo de consentir ser procesados por no desempeñar el cargo de jurado.

Por tan tristes experiencias y poderosas razones sociales, se dió, á raíz de la Restauración de la Monarquía, el Real decreto de 3 de Enero de 1875, refrendado por el ministro de Gracia y Justicia Sr. Cárdenas, suspendiendo la observancia de dicha ley en lo relativo al Jurado y al juicio oral y público en los Tribunales de derecho. En 15 de Febrero de 1876 se reunieron Cortes Constituyentes por sufragio universal, las que formaron una nueva Constitución, promulgada en 30 de Junio del mismo año, que es la vigente; consta de 89 artículos y uno transitorio. El art. 79 dice: «Los juicios en materias criminales serán públicos, en la forma que determinen las leyes». El título IX, que trata de la Administración de Justicia, no menciona el Jurado.

En 1883 se presentó á las Cortes un proyecto de ley para restablecer el juicio por jurados, siendo ministro de Gracia y Justicia el Sr. Romero Girón, cuyo proyecto no llegó á ser ley. En 28 de Noviembre de 1886, siendo ministro de Gracia y Justicia D. Manuel Alonso Martínez, se presentó otro proyecto de ley estableciendo el juicio por jurados, el cual prosperó después de grandes debates en las Cámaras, consiguiendo la aprobación de éstas y la sanción regia, publicándose en 20 de Abril de 1888 la vigente ley estableciendo el juicio por jurados, refrendada por el referido señor ministro Sr. Alonso Martínez. Esta ley rige en la Península, Baleares y Canarias desde 1.º de Enero de 1889. Está basada en la de 1872, pero modificada en algunos puntos, tales como la competencia del Jurado, que la determina por razón de la materia y no de la pena, mejorándose también el mecanismo de la formación de las listas y el modo de hacer las preguntas á los jurados.

La ley de 1.º de Enero de 1900, publicada en la Gaceta del día 2, introduce una adición en materia de competencia del Jurado. Dice textualmente dicho artículo: «El número 2.º del art. 4.º de la ley de 20 de Abril de 1888, que establece el juicio por jurados, se adiciona con el párrafo siguiente: «Se exceptuarán también las causas por delitos de injuria y calumnia á las autoridades civiles, militares ó eclesiásticas, ó á las colectividades del Ejército, de la Armada y de la Iglesia».

Las disposiciones últimamente citadas constituyen el derecho vigente en España en materia de Jurado, terminando aquí la reseña histórica de esta institución, por haber llegado al último momento histórico, que forma el derecho positivo, llamado también vigente.

Conforme á la citada ley del Jurado de 20 de Abril de 1888, se compone hoy en España el Tribunal del Jurado de doce jurados y de tres Magistrados ó Jueces de derecho, y se reúne periódicamente para conocer de los delitos que la ley determina de su competencia. Asisten además, á sus audiencias, dos jurados en calidad de suplentes, para los casos de enfermedad u otra imposibilidad análoga de alguno de los jurados.

La condición de ser par el número de jurados, expone á la frecuencia en los empates. Necesitándose la votación de la mayoría para formar veredicto, la condena ha de ser por mayoría de dos votos cuando menos; ó sea siete contra cinco.

Los hechos acerca de los cuales ha de emitir el Jurado su juicio definitivo, unos son esenciales, ó sean constitutivos por sí de delito, y otros circunstanciales, ó sean modificativos total ó parcialmente de la criminalidad. Los Magistrados hacen en derecho las calificaciones correspondientes de los hechos que los jurados conceptúen probados, é imponen en su caso á los culpables las penas que con arreglo al Código procedan, declarando así mismos las responsabilidades civiles en que los penados ó terceras personas hubiesen incurrido.

Las funciones de jurado son obligatorias, y no pueden ser ejercidas más que por españoles de estado seglar. Los requisitos que la ley exige para ser jurado, son: 1.º Ser mayor de treinta años. 2.º Estar en el pleno goce de los derechos civiles y políticos. 3.º Saber leer y escribir. 4.º Ser cabeza de familia y vecino en el término municipal respectivo, con cuatro ó más años de residencia en el mismo. El que tuviera algún título académico ó profesional, ó hubiese desempeñado algún cargo público con haber de 9.000 pesetas ó más, aun cuando no fuese cabeza de familia, podrá ser también jurado si reúne las demás condiciones. Tienen igual capacidad los que fueron ó hubieren sido concejales, diputados provinciales, diputados á Cortes ó senadores, y los retirados del Ejército ó