El Foro español (Madrid. 1898) (1904-02-10 00:00:00), página 5

pel tan desairado como el de verse en la imposibilidad de dar á nuestro director datos fijos acerca de la clase y cuantía de los ingresos y de los gastos del Colegio, por no poder conseguirlos de sus compañeros de Junta, al objeto de que el Sr. Barrio y Morayta estudiasen un proyecto de Montepío ó algo por el estilo, y partiendo de base segura.

No fué esto posible, y con los datos aproximados que de oídas pudo proporcionar el Sr. García Garamendi, formuló nuestro director algo malo ó bueno, pero factible, y que fué aceptado en una de las reuniones con modificaciones de detalle, quedando el Sr. Garamendi en darle forma de reglamento para llevarla á la General, apoyado por la Directiva. Cuando todos esperábamos ser citados para la lectura del citado reglamento, recibimos un aviso de que el Sr. García Garamendi tenía que irse á Navarra á pasar las Pascuas de Navidad, y desde entonces acá nada hemos vuelto á saber, ni nada se ha hecho, ni llevado á la Junta general. ¿Qué ha sucedido? ¿No agradó el proyecto aprobado á los demás individuos de la Directiva? Debí decirse, por cortesía cuando menos, á quienes lo discutieron y aprobaron antes de llegar á la General; pero sólo el silencio ha seguido antes y después de esa Junta. Para que los colegiales juzguen del proyecto, aunque malo como de casa, le publicaremos en uno de los números próximos, pero sin esperanzas de que reviva, porque está visto que no se quiere hacer nada en ese sentido, no sabemos por qué género de resistencias á lo que alguien llama desmembrar el capital encantado del Colegio, al que no sabemos qué beneficio reporta el acumular y acumular riquezas, mientras muchos Abogados, sus viudas y huérfanos, perecen de hambre.

Y nada más por hoy, que ya es bastante; solamente queremos adherirnos á los que levantan pendón de rebelión, no ya contra las personalidades de la Junta directiva y la anomalía de unos estatutos arcaicos y autocráticos, sino contra la institución misma de los Colegios de Abogados, que tal como hoy están constituidos sólo de rémora sirven al mejoramiento de la clase. Pero como por ahora no hay más remedio que pasar por ellos, al seno del Colegio llevamos nuestra protesta, pidiendo que se lleve á la Junta directiva gente nueva, con ánimo decidido de acabar con esos estatutos y dar desde dentro el golpe de Estado que ha de convertir los Colegios en organismos modernos y útiles, y huyendo de poner al frente de nosotros personajes políticos, que aunque tengan muy buena voluntad, no tienen tiempo, y á menudo tampoco la fuerza de voluntad, de dejar el puesto á quienes, ya que no con mayor inteligencia, pero sí con menos ocupaciones, podrían dedicarse á la reorganización del Colegio, en bien de todos los Abogados de Madrid, y aun de España, si cundiendo el ejemplo y estrechando los vínculos de unos y otros se llegase, como seguramente se llegaría, con el compañerismo de todos y si hubiere iniciativa en alguien, á una unión que sería provechosísima para nuestro mejoramiento material y nuestro ya casi por completo desconocido prestigio moral.

CIRCULAR EXTRAÑA

No queríamos creerlo, porque nos parecía enorme; pero desde el momento en que periódico tan bien informado como El Liberal, aunque al hablar de otro asunto, en su número del día 8, hace referencia á ello, dándolo por cierto, no tenemos más remedio que hablar del asunto, para protestar si en efecto se ha realizado, ó para evitar en la medida de nuestras escasas fuerzas que tal cosa—no sabemos cómo calificarlo—se consume.

Parece ser que se ha enviado ya, ó se trata de enviar, por el ministro de Gracia y Justicia á los Presidentes de las Audiencias una circular reservada, para que le informen acerca de los antecedentes políticos de todos y cada uno de sus subordinados.

Así lo leemos en el popular diario madrileño.
¿Para qué necesita saber el Gobierno las ideas políticas de los Jueces, Magistrados, Relatores, Actuarios y demás funcionarios judiciales? Lo ignoramos; pero desde luego nos parece que esa especie de inquisición ha de ser dañosa á sus intereses, y pudiera resultar atentatoria á los derechos que como ciudadanos les garantiza la Constitución.

No acertamos á dar con la utilidad legítima de la estadística que, por lo visto, se trata de formar con semejante circular.

Entendemos que lo único que á los gobiernos interesa, respecto á los funcionarios judiciales, es si cumplen ó no con toda escrupulosidad la sagrada misión que la sociedad les tiene confiada.

Por lo demás, aquellos funcionarios, como todos los ciudadanos, tienen el perfecto derecho de proferir las ideas políticas que mejor les parezca, desde las más reaccionarias hasta las más avanzadas, y todos son igualmente dignos de respeto; á lo único que vienen obligados es á guardar, en el ejercicio de sus funciones, el juramento de fidelidad que á la Constitución y á las leyes han prestado; llegando hasta el último extremo en este punto, podrá pedirse hasta que no se mezclen en las luchas actuales de la política; pero de eso á creer que tienen el deber de ser ministeriales en todo caso, nos parece demasiado.

Por el camino iniciado se llegaría á querer con-