El Foro español (Madrid. 1898) (1904-10-20 00:00:00), página 2

primera vez en nuestro sistema judicial los Tribunales de partido, base cardinal de la reforma que ahora se proyecta, observábase claramente que no basta consignar en el papel organismos jurídicos, por grande que sea el entusiasmo y convencimiento de su autor, si el concurso de la opinión les falta, si las personas competentes no están persuadidas de su bondad, si no vienen á llenar una necesidad universalmente sentida, y si las problemáticas ventajas, que encarecen, resultan en verdad muy inferiores á los males y trastornos, que habrían de traer indefectiblemente consigo.

Pocas enseñanzas de la experiencia aparecerán más eloquentes y provechosas que lo han sido en el presente caso, por más que ellas no hayan producido el natural desencanto, ni mitigado siquiera ardimientos aislados, que se estrellan constantemente ante la repugnancia invencible de la generalidad de las personas desapasionadas y tranquilas, sin contar con el ostensible desvío de aquellas otras que se muestran reservadas en forma bastante significativa.

Treinta y cuatro años han transcurrido desde que es letra muerta el precepto legal, que creaba los Tribunales de partido en nuestro régimen judicial, habiendo sido impotente, en tanto tiempo, el imperativo categórico de la ley para imponerse á las exigencias de la realidad misma.

«El 15 de Septiembre de 1870—así se expresaba en 1872 el autor de la propia reforma (1)—vine á decirles que aquel día se promulgaba la ley en que las Cortes Constituyentes habían autorizado que se asentasen los sólidos cimientos sobre que había de levantarse el grandioso monumento de las instituciones judiciales del país. Hoy vengo á comunicaros que este monumento estará muy pronto concluido y consagrado á los augustos fines de su fundación.»

Ciertamente, no nos regocija el desengaño ajeno; pero bueno será tenerlo en cuenta, para no creer ahora en ciertas proezas, ni dejarse alucinar por nuevas ilusiones, hoy más distantes de la realidad y de la conveniencia, que en aquella época.

Se pudo entonces aspirar, con indiscutible legitimidad y no pocas razones, á implantar los Tribunales de partido—claro está que permanentes, que eran los que la Ley de 1870 establecía, y no ambivalentes, como ahora se pretende, incurriendo en una substancial contradicción,—siendo así que por ese tiempo no había que suprimir otros organismos judiciales para el plantamiento de aquéllos.

No vamos á examinar aquí dichos Tribunales de partido, que merecen capítulo aparte. Baste á nuestro propósito dejar consignado, que, si ellos no pudieron establecerse cuando era la sazón y el momento oportunos, es de todo punto inconcebible pretender estatuirlos una vez organizadas, como lo están, con gran provecho para la buena administración de justicia, las Audiencias de lo criminal ó provinciales; porque una cosa es llenar, en ocasión propicia, el vacío que se experimentase en la organización judicial, y otra muy distinta destruir en sus sólidos cimientos y en toda su arquitectura «el grandioso monumento de las instituciones judiciales del país», reduciéndolo á un montón de ruinas.

Esa podría ser, en todo caso, obra de una revolución violenta ó de una dictadura desatentada, pero no cabe presentarla como labor gradual y progresiva de una mesurada y saludable reforma.

Por todo ello, es muy de extrañar que en el largo período de 1870 á 1882 se dejase pasar, en la mayor inercia, la oportunidad de la reforma, y á destiempo se despliegue después una persistencia y tenacidad, que contrasta con la conducta anteriormente observada.

Cuando se trató en las Cortes del establecimiento de las Audiencias de lo criminal, estatuidas por la Ley adicional de 14 de Octubre de 1882, cuyo planteamiento, igualmente que el de la Ley procesal de 14 de Septiembre del mismo año, debe la patria á los desvelos y trabajos meritorios del insigne Ministro de Gracia y Justicia D. Manuel Alonso Martínez, con la cooperación de ilustres jurisconsultos, tampoco se opusieron frente á esas nuevas instituciones jurídicas los Tribunales de partido, ni se demostró por nadie que éstos fueran superiores y preferibles á aquéllas.

Y así transcurrió el tiempo, aclimatándose las nuevas Audiencias, y dando los mejores resultados el juicio oral y público, el principio acusatorio, la única instancia y todo el sistema procesal vigente, preciosa conquista del progreso jurídico, que en este punto nos ha elevado al nivel científico de las naciones más cultas y adelantadas.

Y cuando en 1893 los nuevos organismos funcionaban con regularidad, moviéndose sus resortes y engranajes sin rozamientos ni sacudidas, se pretendía, sin requerimiento alguno de la opinión, ni vulgar ni técnica, el planteamiento de los infortunados Tribunales de partido, aprovechando la favorable coyuntura de hallarse su constante mantenedor al frente del Ministerio de Gracia y Justicia, al que le elevaron, muy justa y merecidamente, los eminentes servicios prestados á la obra de la codificación española con las diversas leyes del año 1870.

Lo que entonces ocurrió es público y notorio. «Pues qué, ¿no sabe todo el mundo—se ha dicho