El Foro español (Madrid. 1898) (1905-09-20 00:00:00), página 7

Desarrolla á continuación en el título II el proyecto de Apéndice, el matrimonio con relación á los bienes, y después de explicar el motivo por el cual trata en el libro I de la sociedad conyugal en sus diferentes manifestaciones y del derecho de viudez, separándose del sistema adoptado por el Código civil común, divide aquélla en tática y paccionada, considerándola de la primera clase «si los cónyuges no otorgan contrato de matrimonio, ó se limitan en el que otorguen á consignar sus respectivas aportaciones, sin hacer ninguna manifestación acerca de cuál haya de ser el régimen aplicable á los bienes».

Los artículos 18 á 21 del proyecto detallan los bienes que son peculiares de cada cónyuge, y su relación, siquiera no sea tan clara como la del Código general, no difiere de éste substancialmente. Reputa bienes comunes el Apéndice, además de los determinados en el art. 1.401 del Código civil, los de naturaleza mueble y los asimilados á ellos, los derechos y acciones en general, las joyas ingresadas en el matrimonio como procedentes de regalos cruzados entre los esposos cuando eran simplemente prometidos, las sumas tomadas del fondo social e invertidas en beneficio particular de uno de los cónyuges para pago de sus deudas anteriores al matrimonio, y las cantidades sacadas del mismo fondo para atenciones ó mejoras de las fincas peculiares; todo de acuerdo con las disposiciones de las Observancias 12.ª, 33.ª y 53.ª De jure dotum.

Consecuencia de la autoridad que la Ley aragonesa concedió siempre al varón dentro del matrimonio, no se le exige que haya cumplido diez y ocho años para que sin consentimiento ni asistencia de otras personas pueda representar la sociedad conyugal y administrar los bienes comunes de la misma y los pertenecientes á cada uno de los esposos; criterio completamente opuesto al sustentado por el art. 50 del Código civil. Únicamente se resolverán á su muerte los arrendamientos de inmuebles, y se anularán las anticipaciones de mercéd en razón de ellos, cuando su consorte no hubiese consentido los contratos y le causen perjuicio. Dispone además como dueño de las propiedades muebles; ejercita las acciones de su mujer aun contra la voluntad de ésta; enajena, permuta y grava sin la concurrencia de la esposa los bienes en que pudiera corresponderle viudedad, quedando siempre á salvo el derecho de la mujer; en cambio son nulas las liberalidades que otorgue durante su última enfermedad y las constituidas en estado de salud si tiene hasta su muerte la posesión de los objetos en que consistan.

Son cargas y obligaciones de la sociedad conyugal aragonesa, el sostenimiento de la familia, la subvención de las atenciones particulares de cada consorte y la satisfacción de las deudas anteriores al matrimonio procedentes del marido ó de la esposa.

Admitense como válidos, en contra de lo prescrito en el art. 1.334 del Código civil, que declara nula toda donación entre los cónyuges durante el matrimonio, exceptuando los regalos móvicos hechos con ocasión de regocijo familiar, todos los contratos celebrados entre marido y mujer durante la unión, pudiendo no definitiva dotar el esposo á su esposa en todos sus bienes y donarle y venderle los sitios ó inmuebles, y liberar á su vez la mujer á su consorte sus bienes peculiares, con la excepción de los raíces que hubiere recibido en concepto de axobar ó dote, y sin que en ningún caso respondan las propiedades inmuebles de la mujer ni la mitad que le pertenece en las comunes, de las deudas contraídas por el marido en su provecho propio y con ocasión de vicios y dilapidaciones. En Aragón, además, son desconocidos los bienes parafernales.

Luis Moutón y Ocampo.
Abogado.

(Continuará.)

PARA LOS FUNCIONARIOS JUDICIALES

II

Terminó el escrito que sirvió de exordio ó de prefacio á éste, con la afirmación de lo conveniente que sería, á mi juicio, la formación de un programa indicador de lo que la experiencia de los funcionarios judiciales acredita que debe ser objeto de modificación ó reforma en nuestras leyes.

Y cumpliendo la promesa que hice en dicho escrito, me atrevo á manifestar que el mencionado cuestionario—para cuya oportuna formación no habrá de sobrar tiempo, pero aún queda el indispensable si se aprovecha como debe aprovecharse—debe ser indicador:
De las comisiones, antinomias, obscuridades, deficiencias ó defectos de expresión de los preceptos legales.
De la extensión mayor á la que hoy tiene que al arbitrio judicial debiera concederse.
De la limitación, en ciertos casos, del principio de que sólo á instancia de parte pueden y deben resolver, en los asuntos civiles, los Tribunales y Jueces.
Del modo de abreviar la tramitación de los asuntos judiciales, y de evitar el excesivo coste de ella, aminorando los perjuicios y las molestias que irrogan.
De los medios de impedir que se abuse de la innovación y de la obligada sustanciación, en los