El Foro español (Madrid. 1898) (1905-01-30 00:00:00), página 5

nos de personas extrañas la resolución de los asuntos familiares, lo cual es contrario al principio del self government, que debe informar á la familia; por eso dice perfectamente Ihering (1): «En ninguna parte la tentativa de reglamentación jurídica sería tan dañosa, ni se expondría tanto á herir el sentimiento moral, que degeneraría en inmoralidad y obscenidad, como en la reglamentación de la familia.»

No hay que olvidar, además, que la autoridad del marido, según la expresión de Bristel (2), es únicamente un droit de gouvernement social, es decir, un gobierno dirigido en vista del interés social y del interés común, y como consecuencia, estimamos conveniente que permanezca incluida en los Códigos civiles; pues además de las razones expuestas en su favor, es necesaria para evitar conflictos y cuestiones que surgirían en el matrimonio si uno de los cónyuges no tuviera la representación y dirección del mismo.

Consecuencia de la autoridad marital es la facultad del marido de fijar la residencia, cuyo derecho le consignan los Códigos civiles (3); pero de esto, apenas disentido, nace la cuestión de si el marido tendrá potestad para llevar manu militari á la mujer al domicilio conyugal. Los autores no están de acuerdo sobre este extremo; y si los escritores italianos suelen negar ese derecho al marido, algunos escritores franceses muy respetables afirman que debe tenerle. Pero si esto en principio creo yo debe sostenerse, en la práctica no puede permitirse, pues la mujer á quien se obliga á volver al domicilio conyugal por la fuerza, será, más que un elemento que coadyuve al cumplimiento de los fines de la familia, un elemento perturbador dentro de ella, que destruirá la labor del marido; y por eso es de alabar la tendencia del Código italiano, pues de sus disposiciones se infiere que el marido no puede ejercitar el derecho manu militari.

CALIXTO VALVERDE,
Catedrático de la Universidad de Valladolid.

ESTAMOS A TIEMPO

Es ley fatal de todos los tiempos que, aun aquellas reformas preconizadas por las más provechosas, tienen su período de decaimiento, porque no pocos dedican su esfuerzo personal á corromperlas; de la misma manera que es axioma harto sabido que las libertades, llevadas á la exageración, degeneran en despótico absolutismo; y esto, que la práctica corrobora á diario y que yo apunté en estas mismas columnas, cuando publiqué mi humilde obra Reformas judiciales, nunca podrá aplicarse con más pertinencia que en la aplicación de la Ley del Jurado.

Con efecto; cuando reapareció en nuestro Derecho procesal esa especial institución de la justicia popular, pomposamente llamada conquista democrática de la época, Jueces y Abogados, jurados y delincuentes, cada cual dentro de su esfera de acción, dedicaron su esfuerzo individual y colectivo al más exacto cumplimiento de aquella ley, hasta que, andando los tiempos, vino el deceimiento racional á todo esfuerzo ilimitado, y la reforma quedó adulterada en su esencia y falseada en sus principios.

¿Por qué causa? Fácil es señalarla: de un lado, la falta de inmediato abono de sus dietas á los jueces de hecho, que los impulsa á huir de la capital de la provincia; de otro, el abuso ilimitado del derecho de recusación que se hace por los defensores y el compromiso personal que asedia á los Jueces municipales para eliminar de las listas á los que tienen reconocida aptitud, é incluir á los que gustan del ejercicio del cargo de jurado á impulsos de imperativos que no resisten á la más prudente observación; y como resultado natural de todo ello, los veredictos inexplicables que algunas veces se dictan, que la opinión sensata comenta con natural sobrecogimiento, y que vienen formando la ola creciente de opiniones que amenaza concluir con aquella institución popular.

Comprendiéndolo así elevadas autoridades del Poder judicial, han intentado poner remedio al mal con oportunas observaciones, pero ninguna, en mi humilde concepto, tan dignas de encomio como las determinadas por el Excmo. Sr. Fiscal del Tribunal Supremo en su respetable Circular de 1.º de Diciembre último, publicada en la Gaceta de 3 del mismo mes; pero como de poco ó nada servirían tan justas prevenciones si los jefes de la administración de justicia, en cada provincia, no coadyuvaran al mejor resultado de aquéllas, comprendiéndolo así los Sres. Presidente y Fiscal de la Audiencia de Almería, han dirigido á sus subordinados elocuentes circulares, que por sí solas bastarían á conquistar una honrosa reputación en la Magistratura, si de antemano no la hubiesen logrado funcionarios tan prestigiosos como D. Leonardo Collado y D. Modesto López Fernández.

Tienen razón estos dignos jefes: hay que corregir el mal en su raíz; precisa imponer la mayor escrupulosidad en la formación de las listas de jurados, á que oportunamente llama el Sr. Collado