El Foro español (Madrid. 1898) (1904-09-20 00:00:00), página 3

Cabo y Salgués; al primero le impidieron ir á Madrid los altos deberes del importante cargo que desempeñaba; al segundo sólo le fue posible verificarlo por muy pocos días, y ya tarde, con motivo de las huelgas de Santander, y en cuanto al último, no cabe dudar que, en las desfavorables condiciones en que se encontró, realizó un trabajo merítísimo, que si por el momento no dio el resultado apetecido, sentó los jalones para fáciles y viables sucesivas gestiones.

Ruego, pues, encarecidamente, á aquellos que estén conformes con las ideas emitidas, se sirvan manifestármelo sin pérdida de tiempo, así como también si están dispuestos á contribuir á los gastos que su realización ocasione, designando al propio tiempo aquellos compañeros á quienes crean oportuno designar para formar parte de la Comisión, procurando que sean varios, para que, en defecto de alguno, puedan los demás sustituirlos.

Por mi parte, me entenderé con los designados, haré el cálculo de la cantidad que pueda gastarse, la distribuiré entre los adheridos, y cuidaré de avisar á todos, para que, poniendo en juego los elementos de valía de que dispongan, contribuya cada uno en la medida de sus fuerzas al mayor éxito de nuestros trabajos.

Como ofrecí y cumplí en otra ocasión, rendiré á su tiempo cuenta detallada de los gastos realizados y que realice, prestándome desde luego á ser intermediario entre todos los compañeros que estén conformes con el pensamiento expuesto, y la Comisión que se designe.

Acordada la apertura de las Cortes para el 3 del próximo Octubre, excuso encarecer á todos la conveniencia de no perder momento en enviarme su adhesión, suplicándoles lo hagan también aquellos que reiteradamente me la han manifestado.

ANTONIO DE LARA DERQUI,
Juez de primera instancia.

Osuna, 14 de Septiembre de 1904.

VENTA DE LA COSA COMÚN

Cuestiones de la más transcendental importancia se suscitan cuando se trata de poner en práctica el precepto contenido en el art. 404 del Código civil, que, como es sabido, ordena se venda la cosa común y se reparta el precio entre los comuneros, en el caso de que aquélla sea esencialmente indivisible y no conviniere su adjudicación á uno de ellos, indemnizando á los demás.

La que hoy nos proponemos estudiar es la siguiente: Si judicialmente se declara que la comunidad debe disolverse y venderse la cosa por ser indivisible, ¿cuál es el procedimiento adecuado para realizar la enajenación?

El Código civil, al parecer, no marca procedimiento, y así se ha sostenido por muchos y respetables jurisconsultos, puesto que expresa lacónicamente el derecho, pero sin declarar explícitamente la forma procesal de su ejercicio, siendo por tal aparente omisión objeto de las más acerbas censuras.

La jurisprudencia no arroja luz alguna sobre este punto; pues las varias sentencias que existen relativas á la comunidad de bienes, sólo se refieren á la afirmación y fijación del precepto del art. 404 ya citado, al concepto de las cosas indivisibles y á otras cuestiones de este género, pero sin resolver la cuestión propuesta, debido, á nuestro juicio, á que simplemente se ha solicitado la declaración de estado de disolución de la comunidad, pero sin disentir el procedimiento, cuestión que habrá surgido en el período de enajenación, no habiendo podido aquel alto Tribunal hacer declaración sobre puntos no discutidos.

Los escritores andan divididos. Unos resolvién- dose por el procedimiento de apremio del juicio ejecutivo; otros por los trámites de las subastas judiciales; algunos por los establecidos para la enajenación de bienes de menores, y otros, en fin, declarándose en estado de perplejidad y confesando que ninguno de ellos les satisface, por haberse establecido para casos distintos, que no suelen guardar la debida relación de analogía con la disolución de la comunidad.

El procedimiento establecido para el apremio de los deudores en juicio ejecutivo no puede ser aplicable al caso propuesto, porque por muy respetables que sean los derechos de un comunero á obtener la disolución de la comunidad, nunca podrá entenderse en buena hermenéutica legal que el legislador quiso otorgar ese derecho aun á trueque de hollar los derechos dominicales, no menos sagrados, de los dueños, que no otra cosa significaría el uso de ese procedimiento inquisitorial, equiparándolos al deudor moroso, al condenado en costas ó al poderdante que no facilite fondos á su Procurador, y exponiéndolos á ver mermada considerablemente su participación con las rebajas del tipo de la segunda y tercera subasta por ausencia de postores, tal vez preparada y amañada por sus condóminos con siniestros propósitos.

Y no cabe tampoco dar la razón á los que afirman que en general dentro de la ley procesal, siempre que se trata de enajenar bienes inmuebles, se ordenan los trámites de este procedimiento; porque si partimos del supuesto de omisión en la ley, habríamos de suplirla con los medios establecidos (cos-