El Foro español (Madrid. 1898) (1904-08-10 00:00:00), página 2

civil del propósito del extranjero de fijar su residencia ó domicilio en territorio español, así como del fin con que pretende domiciliarse en España. (Art. 110 de la Ley de Registro civil.)

Después de hecha la inscripción antes dicha, el extranjero que quiera gozar de la ciudadanía española tendrá que probar ante el Juez municipal, y con intervención del Ministerio público, que ha ganado la vecindad, y asimismo deberá renunciar, ante aquellas autoridades, la nacionalidad que antes tenía.

Esto, además de prevenirla el art. 102 de la Ley de Registro civil de 1870, lo sanciona el art. 25 del Código civil de 1889, que impone también el juramento de acatamiento y fidelidad á la Constitución política española.

Luego procederá la inscripción del nuevo español (con especificación de todo lo anteriormente señalado) en el Registro civil (Registro especial de ciudadanía), debiendo realizarse todo ello á instancia del interesado.

Es vecino, según el art. 12 de la Ley Municipal de 2 de Octubre de 1877 vigente en España, «el español emancipado que reside habitualmente en un término municipal y se halla inscrito con tal carácter en el padrón del pueblo».

El art. 14 dispone que la cualidad de vecino sea declarada de oficio, ó á instancia de parte, por el Ayuntamiento respectivo.

Y el art. 15 dice que «el Ayuntamiento declarará de oficio vecino á todo español emancipado que en la época de formarse ó calificarse el padrón, lleve dos años de residencia fija en el término municipal».

Por último, el art. 16 dispone que el Ayuntamiento declarará vecino á todo el que lo solicite... siempre que «pruebe que lleva en el término municipal una residencia efectiva y continuada por espacio de seis meses, á lo menos».

De todas estas disposiciones se deduce, en primer término, que el cambio de ciudadanía ó nacionalidad exige rigurosamente la voluntad manifiesta del interesado y la renuncia de la nacionalidad anterior de éste. Luego vienen la inscripción en el Registro y para ella la demostración de la vecindad del que la solicita.

Pero el particular de la vecindad aparece rodeado de toda clase de oscuridades.

La ley que de ella trata especialmente es la Municipal, y ya se ha visto cómo en los principales artículos antes citados, se parte siempre del supuesto de que para ser vecino es preciso ser antes residente en el término municipal.

El residente, conforme á la Ley Municipal, sólo puede ser vecino ó domiciliado. Y para ambas cosas es preciso ser español. (Art. 11.)

El habitante de un término municipal que no es residente, es transeunte. (Art. 11, primera parte.)

Por manera que, rigurosamente hablando y con arreglo al texto de esa ley, parece que los extranjeros en España sólo pueden ser transeuntes.

Sin embargo, la letra del art. 16 es de tal amplitud, que parece que autorizadamente el Ayuntamiento á declarar vecino á todo el que lo solicite, sin más condición que la de una residencia efectiva de seis meses. Cabe dudar si aquí la palabra residencia tiene una significación estricta legal que corresponda al concepto de residente, sancionado por el art. 11 de la Ley Municipal, ó si significa algo equivalente á morada y asistencia ordinaria en un lugar, como la define el Diccionario de la Academia.

De este último modo, el extranjero que viviera ordinariamente en España por espacio de seis meses, ¿podría ser declarado vecino y luego español?

Dos leyes vigentes, en mayor ó menor parte, podrían resolver las dudas de la Ley Municipal de 1877. Estas leyes son el Real decreto de 17 de Noviembre de 1852, que definió la condición de los extranjeros en España, y la ya citada Ley de Registro civil de 1870, que consagra todo su título V á las inscripciones de ciudadanía.

El Real decreto dice que los extranjeros que no hayan obtenido carta de naturaleza ó ganado vecindad en España, son domiciliados ó transeuntes. Estos son los que no tienen residencia fija prolongada por tres años en España. Los domiciliados son los que tienen esta residencia (esta palabra está usada en su acepción más general y académica), ó se hallan establecidos con casa abierta. Por este decreto la palabra domiciliado tiene una significación distinta de la que le da la Ley Municipal de 1877 en su art. 12, párrafo 2.º Pero en el Decreto de 1852 no hay una sola palabra sobre el modo de ganar y probar la vecindad un extranjero.

La Ley de Registro civil (como ya se ha indicado) presta á explicar cómo el extranjero ha de conseguir la vecindad. El art. 102 se limita á decir que el extranjero prestará ante el Juez municipal de su domicilio, «justificación bastante de los hechos en virtud de los cuales se gana vecindad».

Y luego añade que, «de los hechos comprendidos en la justificación practicada y de la renuncia de la anterior nacionalidad, deberá hacerse mención en el asiento respectivo».

El art. 110 establece que los extranjeros que quieran fijar su residencia ó domicilio en territorio español, deberán declararlo así ante el Juez municipal del pueblo en que piensen residir, quien procederá en el acto á la correspondiente inscripción en el Registro de ciudadanía. Igualmente constará en la inscripción el objeto que se proponga el extranjero al fijar su domicilio en España. La ley añade que este objeto puede ser el de ejercer un