El Foro español (Madrid. 1898) (1904-08-30 00:00:00), página 9

Sin embargo, no es nada difícil que los supradichos guardas eviten la comisión de estos delitos, bastando para ello que se penetren de su verdadera misión, y, sobre todo, teniendo en cuenta que no están revestidos de atribuciones para alterar el estado posesorio actual; lo que está reservado á los Tribunales de justicia en el procedimiento adecuado.

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO

Varios han sido los casos sometidos á este alto Tribunal respecto al párrafo 2.º del referido artículo 238 del Código penal, de los que citaremos algunos:

En sentencia de 15 de Noviembre de 1877, declaró que había cometido el delito de perturbación un Alcalde que ordenó é hizo que, previo acuerdo del Ayuntamiento, se quitaran en un monte varios mojones que dividían el término de un pueblo con otro, que llevaran á pastar ganados al mismo, y que se quemaran y destrozaran las vides y hormigueros que en sus propiedades tenían varios labradores, causando daños.

En la de 1.º de Mayo de 1878 se declaró que había perpetrado el mismo delito otro Alcalde por el hecho de ordenar que en un monte, en que se acababa de dar posesión judicial, se introdujeran ganados, los que, en efecto, se introdujeron.

La de 8 de Febrero de 1888 consignó la doctrina de que también se realizó dicho crimen por un Alcalde que prohibió extraer grava de terrenos de propiedad particular, á pesar de la facultad conferida para ello por los dueños de las fincas respectivas.

Y, por último, en sentencia del 15 de Marzo del propio año de 1888 se declaró delito de la clase expresada el hecho, realizado por un Alcalde, consistente en destruir los bardos que acotaban un terreno en que había un poseedor desde antiguo, y haber pegado fuego á la leña y ramaje que aquél tenía preparados para la construcción.

Casos en que los referidos guardas pueden hacer uso de las armas.

Estos casos se deducen de la jurisprudencia sentada por el Tribunal Supremo.

En la de 4 de Abril de 1876 se establece que comete delito de disparo de arma de fuego el agente de la autoridad que dispara contra un sujeto por resistirse á obedecer sus órdenes.

Las de 11 de Marzo de 1885, 9 de Febrero de 1887 y 24 de Mayo de 1888, declaran que incurren en el mismo delito los guardias particulares jurados que disparan contra determinadas personas infractoras de la Ley de Caza, con el objeto de evitar su huida, sin que éstas ejecutaren acto alguno de violencia ó amenaza.

Las de 6 de Octubre de 1887 y 7 de Noviembre de 1893, consignan el principio de Derecho de que el ejercicio de la autoridad pública y de sus agentes no autoriza á hacer uso de la fuerza, sino en el caso extremo de ser acometidos y no hallar otro medio de cumplir con su misión y hacerse respetar y obedecer.

Y, en resolución, la de 11 de Marzo de 1903 estatuyó que los guardas de campo no pueden utilizar las armas sino para defenderse de una agresión ilegítima y para prestar á la autoridad y á los particulares el auxilio y amparo que reclamen; declarando, además, que los mismos tienen el deber y la facultad correlative de denunciar á los que ejecuten abusos ó causaren algún daño en las fincas encomendadas á su vigilancia.

De la jurisprudencia expuesta se colige, sin duda, que los repetidos guardas están obligados á obrar con comedimiento y prudencia, no utilizando las armas sino únicamente en los casos extremos, pues de otro modo incurrirán en la responsabilidad consiguiente.

Valor de sus declaraciones.

El art. 101 del reglamento citado nos da la norma sobre el valor probatorio de sus declaraciones. Dice así:

«La ratificación bajo juramento de los guardas jurados en las denuncias hechas por los mismos, harán fe, salvo prueba en contrario, cuando con arreglo al Código penal no merezca el hecho denunciado más calificación que la de falta.»

Por consiguiente, en las faltas sus declaraciones hacen fe, si no hay prueba en contrario, cuando se trata de denuncias hechas por los mismos; pero cuando seponen en cuanto á hechos constitutivos de delitos, las mismas declaraciones serán apreciadas como las que presten, en general, otros testigos.

Cómo deben ser citados en los sumarios.

Deben serlo con arreglo á las prescripciones de los arts. 422 y 423 de la Ley de Enjuiciamiento criminal, ó sea, citarles por condición de sus jefes inmediatos—que son los Alcaldes—cuando residen en punto distinto de la capital del Juzgado, cuando es indispensable su comparecencia ante el Juzgado de instrucción, y comisionar al Juez municipal del término municipal ó al de instrucción del partido en que se hallasen, en los casos del art. 423.

JUAN MORENO NARANJO,
Juez de primera instancia.
Arrecife, 5 de Mayo de 1904.