El Foro español (Madrid. 1898) (1904-12-20 00:00:00), página 4

clase; por eso, aquellas censuras reconocían como base una resolución firme de la propia Audiencia de Madrid, que calificó de inusitada la forma de la denuncia presentada por la Fiscalía contra uno de sus miembros, cuyo procesamiento se ha revocado.

Y ha producido revuelo, porque en la Fiscalía no ha bastado el número que enviámos á aquel Centro, sino que se pidió el del Colegio de Abogados y se vino aquí por otro. Han corrido aires de denuncia, y lo que es más, al retrasarse la salida del número anterior, se preguntó al Colegio de Abogados si allí había ido el número, lo que indica que había interés en ver si nos seguíamos ocupando del asunto.

Si es cierto lo de los aires de denuncia, no nos explicamos la causa; se nos dijo que se habló de si era lícito ó no publicar los autos de revocación de los procesamientos y esto, aparte de las consideraciones legales que abonan la publicidad de dichas resoluciones, hay la de moral y equidad de que al que públicamente se le ha considerado como delincuente, públicamente se le debe dejar que se rehabilite; también se nos dijo que la causa era la molestia inferida al funcionario criticado, que es lo que nos sugiere la publicación de estas líneas.

Sea lo que fuere, el criterio general y particular del ilustrado Fiscal de esta Audiencia, Sr. Becerra del Toro, no ha sido ése, ya que no han prevalecido esos malos vientos, de lo que nos congratulamos, para bien de todos.

Sin embargo, queremos y debemos consignar la conveniencia de que se debe ser muy cauto en materia de denuncias, cuando á los funcionarios del propio orden judicial se refieren las noticias sueltas ó artículos que se estimen denunciables, y sólo, en nuestro concepto, debe hacerse cuando hay plena y absoluta seguridad de que se 'ha' delinquido; porque lo que en otro caso se tomaría como error más ó menos lamentable, en éste podría atribuirse á fines particulares, que los que somos de dentro de casa sabemos están muy lejos de la justificación que en todos nos complacemos en reconocer.

Por otra parte, la gestión de las autoridades, sean de cualquier clase, no es indiscutible; el Tribunal Supremo lo ha dicho en infinidad de sentencias, y especialmente en la de 11 de Mayo de 1891, en la que sienta la doctrina de que «la crítica más ó menos acerba de la conducta ó comportamiento de los funcionarios en el ejercicio de sus cargos, es perfectamente lícita, y los juicios y censuras formulados contra las autoridades en la Prensa periódica, siguiendo sean injustos ó infundados, no constituyen injuria si no contienen imputaciones de las que por su naturaleza pueden producir en la opinión la deshonra, el descrédito ó el menoscabo de la persona á quien van dirigidas».

Claro es, que la crítica ha de causar natural molestia al criticado; pero de esto á la injuria penal va gran distancia, y creemos puede llegarse hasta á la ofensa personal sin que se llegue al desacato al funcionario.

En esto, como en muchas cosas de la vida, hay mucho de cuestión de forma.

Además, la crítica judicial es necesaria y conveniente, y así lo reclama el propio prestigio de los Tribunales. Cuando hay, por ejemplo, un funcionario inepto—y conste que hablamos en tesis general—y no se reconoce á sí mismo y pide la exención, no es justo ni equitativo que los errores que él cometa redunden en desprestigio de todos sus compañeros, ni que, cuando la fama, se confunda á todos en la misma nota.

Por eso se da el caso en esta Redacción, que si alguna vez, aunque rarísima, censuramos á algún funcionario judicial, lo hacemos recogiendo impresiones de sus propios compañeros, y casi siempre á instancia de ellos, que se encuentran poco á gusto al lado del criticado ó temen que las habillas y murmuraciones á que dan lugar sus actos manchen sus prestigios, ya que por lo común las gentes, generalizando, envuelven en las censuras más á los cargos que á las personas que los ocupan, hasta el punto de que en el ánimo de ciertas gentes el cargo hace al hombre.

Consté, pues, que esto y sólo esto es lo que tratamos de evitar al ocuparnos, aunque de tarde en tarde, de la gestión de ciertos funcionarios, y aun esto siempre lo hemos hecho y lo haremos guardando á todos el respeto debido, pues entendemos que para decir á uno, v. gr., que se equivoca ó en absoluto que no sirve para desempeñar el cargo que ocupa, y que permaneciendo en él daña los sagrados intereses de la justicia que le están confiados, no hay necesidad, ni de faltar á los respetos que á su autoridad se deben, ni á las consideraciones personales que también deben guardarse con arreglo á la buena crianza. Es el ejercicio prudente de un derecho, que debe respetarse si no se quieren crear ciertas inviolabilidades, que si censurables son en todos, más lo serían en los funcionarios judiciales que tal cosa intentaran, por lo mismo que son los encargados de administrar justicia, que para ser recta tiene que ser imparcial, independiente y no puesta al servicio de nadie, y menos de quienes la tienen en sus manos.

Sentamos, pues, el principio, y de una vez para siempre, de que la gestión judicial no es indiscutible y está sometida, como la de toda clase de funcionarios, á los vaivenes de la crítica, que es perfectamente lícita mientras se mantiene dentro de los límites que las leyes y la corrección imponen; y conformes nosotros con este principio, continuaremos seremos nuestro camino en la seguridad de