El Foro español (Madrid. 1898) (1904-06-10 00:00:00), página 4

su propia circunscripción, considérese ó no culpable, pasa mañana á la circunscripción vecina á conocer, como individuo del Tribunal, en los negocios instruidos por el que la víspera le corrigiera á él, y... adivine el lector lo que probablemente ocurrirá. Resultado: que no se impondrá ninguna corrección á los Jueces instructores, y que, si se impone alguna, se aflojarán y llegarán á romperse los lazos de la disciplina y subordinación, del compañerismo y respeto mutuo que deben unir á todos, pero especialmente á los que componen un Tribunal.

Finalmente; todo el tiempo que el Tribunal de partido esté reunido en cada una de las capitales de las circunscripciones, los Juzgados de instrucción habrán de estar desempeñados por los Jueces municipales. ¿Se ha pensado seriamente en la gravedad y transcendencia de esto? Creo que no, porque, de otra suerte, la sola consideración de los peligros que entrañan esas interinidades tan largas, tan repetidas, y, sobre todo, previstas de antemano, bastaría para abandonar definitivamente la organización que se proyecta. A mi juicio, éste es uno de los argumentos más poderosos que se dable aducir contra el Tribunal ambulante. ¡El Juez municipal esclavo del cacique, si cobra sueldo del Ayuntamiento; esclavo de su familia, de las aficiones de toda su vida y de sus propios intereses, puesto que de nada de esto se ha separado; el Juez municipal, rodeado de tantos compromisos, dueño del Juzgado de instrucción durante una gran parte, acaso la mitad, del año!

Después de ésto, puréreme, dicho sea de paso, que no se conservarán en la futura Ley orgánica los innumerables motivos de incompatibilidad que para los Magistrados, Jueces de primera instancia y Fiscales se establecieron en la de 1870 y su adicional.

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A pesar de ser tantos y tan graves los inconvenientes de los Tribunales andariegos, y tan manifiestos y notorios los perjuicios que su instalación habrá de ocasionar, los legisladores de 1900, á cuya perspicaz mirada no pudieron unos y otros pasar inadvertidos, estimaron oportuno conceder al Gobierno la autorización de que trata el art. 17 de la Ley de Presupuestos de aquel año. ¿A qué atribuir esta conducta? A mi modo de ver, no tiene más que una explicación.

La actual organización judicial dista mucho de ser perfecta; así que está en la conciencia de todos la necesidad, cada día más urgente, de modificarla. Entre los diversos sistemas á ese fin estudiados, el que más parece satisfacer las aspiraciones de la generalidad, acaso por ser el que á más intereses favorece, es el que tiene como base ó factor principal los Tribunales de partido; pero se ha creído siempre—y en esa creencia se está, por lo visto, todavía—que la situación económica del país no consiente darles carácter de permanencia, y por eso, sin duda, los autores e inspiradores de aquel artículo 17 deberían decirse: ya que no podemos permitirnos el lujo de tener Tribunales de partido fijos, tengámoslos ambulantes, que, así y todo, habremos realizado una buena obra y mejorado notablemente los organismos judiciales. ¿Es fundada esta opinión? ¿Es cierto que no puede soportar la Hacienda los gastos de los Tribunales de partido permanentes? No; no lo es, y lo voy á demostrar.

Con los créditos concedidos en el presupuesto vigente—Ley de 29 de Diciembre de 1903—para ciertas y determinadas necesidades de la administración de justicia, que luego detallaré, sin aumentarlos en nada, pero dándoles una aplicación diferente, pueden sostenerse 15 Audiencias territoriales, 110 Tribunales de partido permanentes y 400 Juzgados de instrucción, que no más son precisos, en mi humilde juicio, para que, previa una nueva y acertada división territorial, queden debidamente atendidas las exigencias del país, ávido, por lo que se dice, y según la frase puesta en moda, de que la justicia se azaqué todo lo posible á lo justiciable.

Pero, antes de explayar este proyecto, debo hacer algunas aclaraciones, que juzgo indispensables para su mejor inteligencia.

Prescindiendo de cuanto al Tribunal Supremo se refiere, porque si bien es verdad que la organización que acaba de dársele exige mayores gastos, están éstos compensados con la economía resultante de la supresión del Tribunal Contencioso-administrativo, que formaba parte del Consejo de Estado.

Supongo que se reformará el Código penal, en el sentido de ampliar la esfera de las faltas contra las personas y la propiedad; y las Leyes de Enjuiciamiento criminal y civil, en el de simplificar los procedimientos y elevar la chantía de la cosa litigiosa, determinante de la competencia de los Juzgados municipales, pues de que estas reformas se hagan depender el que los Juzgados de instrucción tengan menos trabajo, y la conveniencia y necesidad de disminuir su número.

Presumo también que, por ese mismo motivo, podrán ser suprimidas las Secciones que ahora tienen ciertas Salas en algunas Audiencias territoriales.

Parto del supuesto de que los sueldos de los funcionarios judiciales y fiscales, habrán de ser los que indicaba el Heraldo de Madrid de 6 del mes actual.

Y, por último, conceptúo imposible, ínterin no se utilice otro recurso más productivo que el aumento del papel sellado, que la justicia sea gratui ta, ó, dicho de otra manera, que se ponga á sueldo