El Foro español (Madrid. 1898) (1904-02-20 00:00:00), página 3

como aptitud para cargos públicos y para ejercicio de derechos civiles, consagrando ya la legislación vigente esas rebajas de edad aludidas, lo mismo en el Código civil señalando la de veintitrés años para la mayoría, que en instrucción pública, por ejemplo, la de veintiuno para ser catedrático, ¿podríamos ahora sostener, en buena lógica, que deben conservarse y perpetuarse en España, en el servicio activo de la Justicia, Magistrados, Jueces y Fiscales, sino decrépitos, ancianos en toda la extensión de la palabra?...

En cambio una cosa hay evidentemente digna y necesitada de reforma, así en el artículo de la ley vigente como en el proyecto que le modifica, y es el dejar al arbitrio ministerial el acuerdo de la jubilación, aun después de cumplida por el funcionario la edad—excesiva, según creemos y nos parece haber demostrado—respectivamente fijada por el mismo legislador. Así como nadie puede entrar en la carrera, aun teniendo cualidades excepcionales, antes de cumplir los veinticinco años exigidos, nadie debería permanecer en ella después de llegar á los para la jubilación determinados, aunque por excepción conserve su aptitud física e intelectual con más ó menos integridad ó decaimiento. Cuerpos hay, algo similares al nuestro, como el de Registradores de la propiedad, de vida oficial menos activa ciertamente, donde la jubilación á determinada edad es de forzosa y no de potestativa resolución en el Gobierno.

Si, pues, el actual precepto legal dice «podrán ser», y el proyecto de reforma «sólo podrán ser...», la modificación procedente sería consignar así el precepto: Serán necesariamente jubilados, etc.

Y vamos á exponer, aunque sea muy someramente, el segundo punto que nos proponíamos tratar acerca de la proyectada reforma, ó sea el de su oportunidad ó conveniencia.

Cuando la carrera sufre una de sus más tremendas crisis, motivada por el exceso de personal á que dieron margen las supresiones de Audiencias y Juzgados en 1892 y 93 primero, y la pérdida de las colonias ultramarinas después; cuando las escalas sufren una terrible paralización, y los funcionarios que no tuvieron favor, estancamiento tal que, á la frítilera de diez y siete ó diez y seis años de ser Jueces de entrada, alcanzan un Juzgado de ascenso, y á los veinte ó más de servicios, consiguen uno de término; cuando por ello y como consecuencia indeclinable están casi muertos todos los entusiasmos y desencadenadas muchas de las legítimas aspiraciones de los funcionarios judiciales y fiscales, se intenta, no movilizar esas escalas, dando aliento y esperanzas á los que han visto perder el estancamiento y la postergación, y procurando llevar á los Tribunales alguna savia siquiera de las nuevas ideas, de las modernas corrientes del Derecho..., sino todo lo contrario, modificar la ley en el sentido de que sirvan todavía cinco años más Magistrados y Jueces, cuyas aptitudes quiere el Estado utilizar hasta los mismos confines de su senectud, sistema que, de implantarse, traería la consecuencia de que llegasen los actuales funcionarios á Jueces de ascenso á los veinte años ó más de servicios, y á Jueces de término á los veinticinco... ¡Buen porvenir!... Afortunados fueron, por regla general, los que, habiendo ingresado antes en la carrera, participaron de las ventajas subsiguientes á la implantación de la ley de 1882, que al establecer las Audiencias de lo criminal aumentó considerablemente las plazas; desafortunados fuimos, por el contrario, y más que ningunos otros, los que á virtud de las laboriosas oposiciones de 1884 y 85 entramos, para sufrir luego todas esas supresiones antes aludidas, sin ver aumentos jamás y amenazados ahora de una reforma que, elevada á ley, vendría á ser digno remate de la era de desdichas que padecemos.

Con razón, pues, decía El Foro Español, en el número en que copiaba el aludido proyecto de reforma del art. 239 de la ley orgánica, que había producido no pocos comentarios entre la gente de toga, y harto justificados que están, y harto fundadas que son cuantas amargas quejas formulemos por nuestras desventuras pasadas, por nuestra actual situación, y por los temores de lo que se empeoraría si, lo que á pesar de todo no creemos, las Cortes aprobasen la indicada modificación...

José Muñoz Bocanegra.
Abogado-Fiscal.
Córdoba 23 Enero 1904.

EL ARBITRIO JUDICIAL EN LOS REGISTROS DOMICILIARIOS

«Scire leges non hoc est verba earum tenere, sed vim ac potestatem.»
(L. I, ff. DE LEGE.)

En este vagar constante por Códigos y leyes, en que interesamos los Jueces una buena parte de nuestra actividad, deducimos provechosas enseñanzas, que no sólo hacen referencia al punto concreto que en momento dado es objeto de investigación, sino también á otros susceptibles de realidad en la vida, que encajan dentro del proceso evolutivo en que la misma realiza sus primordiales fines.

La misión jurídicosocial de los Jueces y Tribunales, como todos sabemos, se reduce, en síntesis, á aplicar las leyes, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, sin que su acción se extienda más allá de aquellos casos preestablecidos por el Poder sancio-