El Foro español (Madrid. 1898) (1904-04-20 00:00:00), página 6

sido planteado ni siquiera conocido hasta el siglo XIX. Cuando la invasión francesa en 1808, era popular entre las personas entendidas la división jurídica de los puntos de hecho y los del derecho, y se formó una gran masa de opinión en favor de separar en el Foro el conocimiento de ambos. La llamada Constitución de Bayona ó Estatutos de Bayona, llamada así porque se hizo en Bayona (Francia), y se publicó en 6 de Julio de 1808, ha consignado la institución del Jurado en el artículo 106. Dicha Constitución, que fue jurada ante el arzobispo de Burgos por José Bonaparte, hermano de Napoleón, no han podido plantearla los franceses por las atenciones de la guerra. En esta gloriosa época de la guerra de la Independencia, reanimado el espíritu público con el sentimiento nacional de la defensa de la patria, convocó en el mes de Junio de 1810, la Junta central, Cortes generales y extraordinarias, que se reunieron en Cádiz, en las que estaban representadas todas las provincias y Juntas de España, así como las ciudades y villas con voto en Cortes y las colonias que teníamos en América y Oceanía. Estas célebres Cortes discutieron y aprobaron la primera Constitución Española que se promulgó en dicha ciudad de Cádiz el 19 de Marzo de 1812, la cual consta de 384 artículos, firmada por 184 diputados de todas clases sociales, nobles, sacerdotes, catedráticos, Abogados y militares, en cuyo Código se proclamó el principio de la Soberanía de la Nación y los derechos de Fernando VII y de su descendencia al trono de España. La Comisión que redactó dicha Constitución para la Nación española, insinuó en el discurso preliminar la conveniencia que, según su opinión, resultaría de perfeccionar la Administración de Justicia, separando las funciones que ejercen los Jueces en fallar á un mismo tiempo sobre el hecho y el derecho; mas haciendo cargo de que el hacer una revolución total en el punto más difícil, más transcendental y arriesgado de una legislación, no era obra que pudiera emprenderse entre los apuros y agitaciones de una convulsión política, y de que ni el espíritu público ni la opinión general de la Nación podían estar dispuestos para recibir sin violencia una novedad tan substancial, hasta que la libertad de imprenta, la libre discusión sobre materias de gobierno, la circulación de obras y tratados de Derecho público y jurisprudencia fuesen el verdadero y proporcionado vehículo que llevarse á todas las partes del cuerpo político el alimento de la ilustración, no pudiendo menos de manifestar francamente que reconocía la imposibilidad de plantear por entonces el método conocido con el nombre de juicio de jurados, que debía dejarse al progreso natural de las luce el establecimiento de un sistema que no podía ser útil sino cuando fuese fruto de la demostración y del convencimiento, y que sólo en el caso de que las Cortes creyesen con el tiempo que convenía hacer distinción entre los Jueces del hecho y del derecho, habrían de establecerla en la forma que mejor estimasen.

Los sabios legisladores de aquella época se conformaron con las ideas emitidas por dicha Comisión, y por razones de prudencia ó precaución, temores de la falta de suficiente ilustración y recelos de variar demasiado de una sola vez, no se determinaron á plantear la institución del Jurado, y sólo como posible lo anunciaron para el porvenir.

El artículo 807 de dicha Constitución de 1812, dice textualmente lo que sigue: «Si con el tiempo creyeren las Cortes que conviene haya distinción entre los Jueces del hecho y del derecho, la establecerán en la forma que juzguen conducente». Se ve, pues, por el contenido de dicho texto, que aquellas Cortes Constituyentes, que no han dudado, como partidarias del régimen parlamentario, en proclamar el principio de que «la soberanía reside esencialmente en la Nación, á la que pertenece exclusivamente el derecho de establecer sus leyes fundamentales», vacilaron en cuanto al establecimiento del Jurado, y no se resolvieron á plantearle para ninguna clase de delitos. Esto obedecía, sin duda, á que dichos legisladores miraban con gran respeto el Jurado como institución jurídica, como institución de justicia, sin confundir lo político con lo judicial, necesitando ambiente de ilustración para que funcione regularmente, pero no es esencial para la existencia del régimen parlamentario. La referida Constitución de 1812 estuvo solo en vigor hasta el año 1814, en que volvió el Gobierno absoluto, que duró hasta la sublevación de Riego en Ca- bezas de San Juan, el 1.º de Enero de 1820; propaga- dada luego por todas partes, hizo reaparecer el régimen constitucional en España. Esta nueva época constitucional de 1820 á 1828, fué de agitación e intranquilidad por los violentos odios de los opuestos bandos, y causa principal de la poca dura- ción de la misma.

En cuanto á la institución del Jurado, objeto esencial de nuestro estudio, adelantó más que en 1812. Las Cortes de 1820 creyeron que había llegado el tiempo de hacer distinción entre los Jueces del hecho y los del derecho; pero antes de acceder á la admisión definitiva del Jurado para toda clase de delitos, se hizo un ensayo del Jurado, estableciéndole sólo para los delitos de imprenta. La ley de 22 de Octubre de 1820, á que signó la adicional de 12 de Febrero de 1822, fué la primera disposición legal que estableció el Jurado en España, pero solamente para los referidos delitos de imprenta. El Jurado se estableció doble, como en Inglaterra, de acusación y de calificación. El ensayo fué un completo fracaso, lo que no debe de extrañar si tenemos en cuenta el estado social de aquel período de tiempo, lleno