El Foro español (Madrid. 1898) (1904-10-20 00:00:00), página 3

en las columnas de la Prensa (1)—que por intentar algo parecido á la reforma que ahora se proyecta, aunque en menor escala, tuvo que salir del Ministerio de Gracia y Justicia el Sr. Montero Ríos en 6 de Julio de 1893, última vez que fué Ministro, entrando á reemplazarle en ese departamento el Sr. Capdepón? Y ¿quién se opusieron principalmente á sus proyectos? Pues el actual Presidente del Consejo, Sr. Maura, que en aquel Gobierno liberal era Ministro de Ultramar; el insigne D. Germán Gamazo—de impercedera memoria,—que á la sazón desempeñaba la cartera de Hacienda, y el eximio orador D. Segismundo Moret, que también estaba encargado del Ministerio de Fomento.

Pocas veces se ha visto un movimiento de opinión más unánime, formidable y compacto que el que se produjo en 1893 contra las bases sobre organización judicial presentadas entonces. El partido liberal las rechazó, como no podía menos de suceder, puesto que implicaban un reto lanzado al Sr. Alonso Martínez é iban contra la propia obra codificadora realizada por el mismo partido, que tan beneficiosos resultados producía en orden á la buena y pronta administración de justicia; y el partido conservador, á su vez, con la intervención parlamentaria de su ilustre y malogrado jefe, el Sr. Cánovas, y del benemérito exministro Sr. Cos Gayón, las impugnaron abiertamente, coincidiendo en este punto los dos grandes partidos gubernamentales de la Monarquía, inspirados ambos en idénticos patrióticos sentimientos en pro de la justicia.

Por su parte, las clases profesionales secundaron bríosamente ese movimiento de hostilidad á las bases presentadas en dicho año de 1893.

En Madrid se reunió por aquella época una Junta magna de Letrados, á la que asistieron las representaciones de veintiaseis Colegios de Abogados, publicando un folleto, donde insertaron las actas de las sesiones celebradas.

Veamos lo que dijo esa Junta magna, pudiendo muy bien nosotros transcribir aquí sus palabras, cuando han sido leídas por un señor Senador y escuchadas por el Senado en pública sesión (2):

«De sus trabajos—los de la Junta magna—háse deducido que dichos proyectos (los del Sr. Montero Ríos) son en absoluto imposibles de llevar á la práctica sin causar un grave trastorno en la administración de justicia, sin quitar á los Tribunales el prestigio y decoro de que, por sus augustas funciones, están revestidos en todos los países civilizados, y que su planteamiento dificultaría la mar-

(1) La reacción jurídica, artículo publicado en La Correspondencia de España el 16 de Mayo último.
(2) Diario de Sesiones del Senado, núm. 164, correspondiente al 29 de Marzo de 1900.—Discurso de D. Manuel Danvila.

cha normal de los procesos y sustanciación de las actuaciones judiciales. Del propio modo, entienden que la suma que como economías se indican en los mencionados proyectos, no pasa de ser una oferta gratuita, pues dejan de incluirse partidas cuyo abono es de imprescindible necesidad y que la práctica demostraría de una manera evidente su necesario pago, y, por tanto, el mayor gasto del servicio.»

En otro lugar se inserta lo siguiente, que constituye uno de los acuerdos de la Junta magna de Letrados, y fué leído también ante el Senado por el Sr. Danvila:

«Que la organización de Tribunales proyectada por el Sr. Ministro de Gracia y Justicia—que lo era el Sr. Montero Ríos—es en el orden económico incompatible con el angustioso estado de nuestra Hacienda, y más aún con la disminución de gastos ofrecida, irrealizable en la práctica, perturbadora en el orden social y nada científica, imponiéndose como consecuencia la necesidad de buscar y preparar en las bases su plan, un todo armónico, que, sin perturbaciones esenciales de ningún género y en consecuencia con el estado actual de nuestro derecho, sea de realización inmediata...»

Y en dicho folleto, la Junta de los 27 Colegios de Abogados concluye dando las gracias, entre otros motivos, por la cooperación que la habían prestado, á los Sres. Cánovas del Castillo, Sagasta, Cos Gayón, Isasa, Villaverde, Romero Girón, Canalajas, Azcárate, Barrio y Mier, Puigcerver, Capdepón, Dato, Linares Rivas, Labra, Hernández Iglesias, Lastres, Muro y González Blanco.

Y así transcurrieron desde entonces siete años, sin ningún consejo de reforma judicial, hasta que en Marzo de 1900 resurge el malhadado propósito de sacar adelante los Tribunales de partido, con ocasión de la aprobación de los presupuestos del Estado, que habían de regir en 1.º de Abril siguiente, cuando las angustias del tiempo apremiaban y las necesidades del orden económico exigían acelerar la discusión.

El Congreso de los Diputados aprobó el 13 de Marzo el articulado de dichos presupuestos, remitiéndolo inmediatamente al Senado, cuya Comisión de Hacienda dió dictamen con urgencia el día 14, que fué impreso en el mismo día y repartido á los señores Senadores.

El dictamen de la Comisión del Senado estuvo de conformidad en un todo con lo acordado por el Congreso, y en su consecuencia, dicha Comisión hizo suyo el art. 17 remitido, que decía literalmente lo que sigue: «Art. 17. Para la reforma de la Ley orgánica del Poder judicial y su adicional, así como las de Enjuiciamiento civil y criminal, el Gobierno presentará á las Cortes los correspondientes proyectos de ley, no pudiendo plantear esta re-