El Foro español (Madrid. 1898) (1905-08-21 00:00:00), página 8

ción corroborado en varias resoluciones, principalmente en la de 20 de Marzo del año actual, sosteniendo que las circunstancias negativas no deben justificarse, ni hay en las leyes procedimiento para ello. Quizá se observe que la inexistencia del perjuicio salta á la vista, sin necesidad de comprobantes; pero el examen de la partición sólo revelará la exactitud ó error de la operación aritmética, sin poner nunca de relieve la ocultación de bienes en el inventario, la diferente valoración de los mismos, los amaos de la adjudicación, la certeza de las bajas, la procedencia de las fincas, etc.

De mediar perjuicio, nadie que lo cause caerá en la cándidez de llevarlo á los números, cuando puede envolverlo en artificios que hagan difícil su descubrimiento en la vía contenciosa, é imposible en la jurisdicción voluntaria.

Aunque el Juez hallase agravio, nada podría hacer para reformarlo en un expediente, desarrollado, como todos los de esa clase, inter volentes, donde no cabe suscitar ninguna cuestión sin convertirla en contencioso. Ni tiene facultades siquiera para negar la aprobación. Porque la ley le manda presentarla en el caso más grave del juicio voluntario ó necesario de testamentaria, cuando existe conformidad entre los interesados. Dicho se está que no suscribimos la opinión del comentarista (1) que explicando la palabra aprobará de la ley rituaria dice: «Aunque imperativa para el Juez, no podemos persuadírnos de que cuando se trate de personas necesitadas de protección legal para evitar que por su inexperiencia ó incapacidad sean perjudicadas, se vea el Juez dispensado de protegerlas, de acuerdo con la Ley...; si no se ha procedido con arreglo á derecho no debe el Juez prestar su aprobación, ya que no puede considerarse dispensado de conceder á los menores toda la protección que las leyes ordenan por su inexperiencia.» Pues olvida el ilustre Magistrado que no se debe proceder de oficio en los asuntos civiles (Sentencia del Tribunal Supremo de 18 de Enero de 1979). Además, no habiéndose previsto en el art. 407 de la misma el caso de practicar sin contienda los interesados las operaciones divisorias, á lo cual proveyó la Orden de 6 de Noviembre de 1868, sino tan sólo el de existir contención, como se reconoce en la resolución de 10 de Enero de 1878, era preciso sustanciar el juicio necesario de testamentaría comenzando por prevenirle con la incantación de bienes y papeles, haciendo luego el inventario y avalúo judicialmente, después el nombramiento de contadores (en pro de los designados por el testador ó de otros), y presentando, en fin, la partición al Juzgado, para que las partes la prestaran su asentimiento, ó la impugnasen alegando agravios que se entablaban en el juicio ordinario correspondiente. La protección del Juzgado se manifestaba desde el primer momento y continuaba en los puntos esenciales hasta donde podía llegar racionalmente; llevarla más allá, equivaldría á sembrar la discordia en medio de la paz, convertir al Juez en parte interesada y alterar el sosiego de las familias, en nombre de una Justicia abstracta, inspirada en la idea deleznable del libre arbitrio, sin otros móviles positivos y justificados. Porque entonces el perjuicio consistiría únicamente en un error numérico, fácil de encontrar y remediar siempre con suplementos á metálico, en cuyo extremo vienen á parar de ordinario las rescisiones. Y á la postre, semejante error se hace imposible, pues la partida última de la adjudicación refleja si se agotó el caudal inventariado con las distribuciones verificadas, ó sobra ó falta algo para completarlas. La Ley ampara al menor, ausente é incapaz, con el juicio necesario de testamentaria, imposibilitando la ocultación de bienes y su verdadera procedencia, la valoración con diferente criterio, las deudas supuestas, las bajas injustificadas, etc.; extremos todos donde podían encubrirse perjuicios grandes é indemostrables. Asentadas sólidamente las bases de la partición, como las operaciones restantes son matemáticas en su fondo, se hallan comprobadas por sí mismas, y en su forma no las rige la justicia, sino la conveniencia particular de cada uno.

Pero toda litis debe tener un término en el procedimiento, y consiste en una resolución final: el contrato judicial, que se forma en el juicio ordinario, á sus comienzos con la litis contestatio, y en el necesario de testamentaría á su conclusión, en virtud del asentimiento expreso ó tácito de los herederos á las particiones, tiene el Juez que perfeccionarlo por sentencia, fijando su contenido de obligaciones y derechos en caso de discordia, y por auto reforzando el consentimiento de las partes si llegaron á conformidad, elevándolo á la categoría de cosa juzgada. He aquí el fundamento de la aprobación judicial y su alcance.

Víctor Lavandera,
Notario.

(Continuará.)

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Ha sido nombrado Vocal de la Comisión general de Codificación, con destino á la Sección segunda, D. Eduardo Dato Iradier.