El Foro español (Madrid. 1898) (1905-02-10 00:00:00), página 5

Según el primero de los aludidos cuadros, por Real orden fecha 13 de Diciembre de 1904, esto es, tres días antes de cesar el Sr. Sánchez Toca en el desempeño de su carrera, fué promovido á la Tenencia fiscal de la Audiencia provincial de San Sebastián D. José García y Valladares, Secretario, á la sazón, de la de Guadalajara, en el turno cuarto de los establecidos en el art. 42 de la Ley adicional á la orgánica del Poder judicial...

¡Qué legalidad más aparente!... ¡Qué infracción legal más cierta e irrefutable!

En efecto: el art. 53 de dicha ley, al que se hace la oportuná referencia en el 42 precitado, autorizaba esos duples ascensos en Secretarios que, como el Sr. García Valladares, llevasen sirviendo su cargo el tiempo allí prescrito. Pero el art. 2.º del Real decreto de 22 de Diciembre de 1902, de esa lundabilísima disposición ministerial que cerró ó trató de cerrar la puerta al favor, al ordenar que las vacantes correspondientes á los turnos cuartos de los arts. 41 al 44, ambos inclusive, de la Ley adicional, se otorgasen á la antigüedad absoluta ó de servicios en la carrera, modificó y derogó radical y totalmente las prescripciones legales que antes regulaban los nombramientos por el tan repetido turno cuarto.

Así se entendió por el mismo Sr. Dato, autor de la reforma, durante todo el tiempo de su gestión; así lo interpretó también el Sr. Santos Guzmán, que no decretó ascenso alguno sino á favor de los que ocupaban los primeros números en las respectivas escalas inferiores, y así, por último, lo vino estimando el propio Sr. Sánchez Toca, quien, en los muchos meses de su jefatura en la casa de la calle de San Bernardo, se atemperó igualmente, en los ascensos que otorgaba, al justo criterio de la antigüedad, única norma legal de la materia desde el sabio decreto Dato, que, al cerrar, rapito, esa puerta falsa del favor, con todos sus portiches—permitáseme la frase—cuál el del célebre art. 53, preanotado, si quité armas á la arbitrariedad ministerial, nos las dió muy vigorosas á los funcionarios postergados, para que, en forma de argumentos contundentes e irrefutables, pudiésemos elevar á los Poderes públicos respetuosa, pero enérgica protesta, contra las manifiestas infracciones de la ley. Habráse quizá creído que censuramos, de modo absoluto, el precepto del aludido art. 53 de la adicional precitada, y no es así ciertamente. Sabido es que los preceptos de las leyes responden, é deben responder, á las conveniencias y necesidades de los paises y los tiempos para que se dictan; factores de conocimiento tan preciso para juzgar de la bondad y justicia de aquéllas, que sin tenerlos presentes, mal puede apreciarse si les adornan ó no tales cualidades esenciales, porque lo bueno en un pueblo es malo en otro, y lo conveniente en un período de la Historia, dadas las circunstancias de la institución ó organismo para que se legisla, sería altamente perjudicial en otra época. Pues bien; aquella facultad excepcional, verdaderamente extraordinaria, en el art. 53, comentado, otorgada al Poder ministerial, respondió, á no dudarlo, á conveniencias de organización de una clase que entonces se creaba, cual era la de Secretarios de las nuevas Audiencias, á que dió vida dicha Ley adicional; conveniencias que no podían escapar á la reconocida perspicacia del autor eminente de dicha ley. Pero, ¿conocieren hoy, al cabo de veintidós años de vigencia de aquélla, tales motivos circunstanciales?... No, ciertamente; y la misma parquedad con que se ha hecho uso del que hoy podríamos llamar odioso privilegio, del que sólo disfrutaron en ese largísimo periodo de tiempo, y con, á su vez, largos intervalos entre uno y otro nombramiento, tres únicos funcionarios, los señores Gallego Blanco, en 1890 ó 91; Dávila Godoy, en 1893, y García Valladares, en 1904, así lo demuestra.

Y no se diga que hablamos ahora y que callamos entonces: los duples ascensos de los Sres. Gallego y Dávila estaban estrictamente ajustados á los preceptos legales á la sazón vigentes, siquiera no militasen en su apoyo las mismas razones en que el Legislador se inspiró, y obedecieran acaso al favor con que los interesados contase en las esferas ministeriales, en las épocas respectivas; mientras que el ahora concedido al Sr. García Valladares, está, repetimos, en abierta oposición á las disposiciones vigentes. Por eso clamamos, aunque sea en el vacío...; pues siempre es tiempo perdido, y equivale á predicar en el desierto, cuanto hemos hecho y hagamos, pues acostumbrados venimos á que no repercutan en los altos Centros las quejas de los humildes.

Bonita situación, pues, la de los funcionarios judiciales y fiscales postergados; el movimiento en la carrera es hoy casi nulo, porque las escalas sufren terrible paralización desde que el mismo Ministro tan innovador, Sr. Sánchez Toca, adoptó el criterio de no jubilar á los Magistrados y Jueces que exceden de setenta y sesenta y cinco años de edad; lo cual, practicado hace ya más de un año, trae, como necesaria consecuencia, el estancamiento de los que servimos en las escalas inferiores, llevando en ellas quince y veinte años, y la pérdida completa de todas nuestras legítimas esperanzas. Transcurrieron los años, y siempre observamos faltarnos aún muchos números para llegar al ansiado y suspirado uno; y si datos fidedignos, que tratamos de aquilatar y comprobar, son exactos, á muchos ó á algunos de los que vienen figurando á la cabeza de las escalas aludidas se les computan, para determinar su antigüedad de servicios totales en la carrera,