El Foro español (Madrid. 1898) (1904-10-20 00:00:00), página 4

forma, ni aun con carácter provisional, sin el curso de los Cuerpos Colegisladores.

En 17 del propio mes de Marzo se leyó y pasó á la Comisión correspondiente una enmienda, con diez extensas bases, del Sr. D. Eugenio Montero Ríos al art. 17 del dictamen relativo al articulado de la Ley de Presupuestos generales de ingresos y gastos para 1900.

La estrategema parlamentaria, en tales circunstancias, estaba bien preparada y dispuesta; el momento no podía ser más crítico y mejor escogido, ni la situación para aquel Gobierno, que quería sacar adelante la obra financiera del Sr. Villaverde, más apurada y comprometida: ó se aceptaba la enmienda ó se diferían los presupuestos, cosa fácil de lograr por cualquier Senador que se lo proponga, pero mucho más todavía si ese Senador tiene la representación, como la tenía, de todo un partido de oposición, pues era á la sazón el jefe de la minoría liberal de la alta Cámara.

En presencia de tan grave conflicto, ante ese caso de fuerza mayor, el Gobierno cedió, y la Comisión, por tanto, retiró su dictamen para modificarlo, como lo hizo, aceptando las diez bases del Sr. Montero Ríos, dándose lectura, en su consecuencia, del famoso art. 17 nuevamente redactado, el 24 de Marzo.

El Senado, á la altura á que habían llegado las cosas, hallándose el plazo tan avanzado y teniendo necesidad de intervenir Comisión mixta de ambos Cuerpos Colegisladores, no estaba para una discusión amplia y detenida, como la gravedad é importancia del asunto exigían.

Sin embargo, el entonces Presidente del Tribunal Supremo, Sr. Isasa, con la autoridad de su elevado cargo en la Magistratura española, y el distinguido Abogado y Senador Sr. Danvila, formularon la más viva impugnación al proyecto, dejando consignada así su enérgica protesta contra la consabida reforma judicial.

De este modo, por fin, logró salir del claustro materno, después de una laboriosa gestación de tantos años.

VÉRITAS.

VIPEGÓN, REHABILITADO

Como no podía menos de suceder, se ha sobreseído libremente la causa formada, á instancia de un poderoso cacique de Barcelona y á virtud de querella del Fiscal del Supremo, contra nuestro querido amigo y compañero Vipegón, cuya suspensión se ha levantado, haciéndose de nuevo cargo del Juzgado, con cuyo motivo son innumerables las pruebas de simpatía que está recibiendo, así como las felicitaciones que se le dirigen por la gallarda actitud que adoptó y por la energía con que ha sabido rechazar los cargos gratuitos y maliciosos que el influyente fabricante le dirigió, por no haberse prestado á poner la ley á su servicio y no al de la justicia.

Ni siquiera se ha llegado al proceso, porque la valiente declaración prestada en el sumario por nuestro amigo ha bastado para esclarecer su derecho y la completa justificación de sus actos.

Con la entereza de quien tiene conciencia de sus deberes y sabe velar por la dignidad profesional, ha sostenido el Juez Sr. Vipegón que el auto objeto de la querella era suyo, gracias á Dios, acompañando las cuartillas que sirvieron de minuta, con el fin de que no se dude de la paternidad de aquella resolución; hizo constar su opinión de que ese auto, en cuanto al fondo, le suscribirían con él todos los Magistrados y Jueces dignos de serlo, y que los que no le dictaran en igualdad de circunstancias incurrirían en el delito de prevaricación, por ignorancia inexcusable, que define el art. 365 del Código; que ni el Fiscal ni nadie tiene, en su concepto, facultad para imponer á los Jueces regla alguna para determinar, conforme al art. 295 de la Ley de Enjuiciamiento civil, si lo acordado por otro perjudica ó no la competencia del exhortado; que, en efecto, hubiera perjudicado su competencia el acordar por segunda vez el depósito de una máquina de vapor ya depositada, porque sería anular el primer depósito hecho por él (arts. 445 y 1.758 del Código civil); que con ello hubiese suspendido un procedimiento de apremio entablado para hacer efectiva una sentencia firme, no ya á virtud de una tercería, único caso en que la ley consiente tal suspensión, sino á virtud de una simple manifestación, hecha por un tercero (que muy bien pudiera ser cómplice del ejecutado), de que iba á entablar un juicio ordinario para reclamar la cosa embargada. Hizo constar su respetuosa pero enérgica protesta por la suspensión de que era objeto, que sólo puede acordarse, conforme al art. 222 de la Ley orgánica, cuando el Juez ha sido procesado con arreglo á los últimos incisos del 258, debiéndose incoar los sumarios por uno de los tres medios establecidos en el 246 de dicha ley; que el hecho de negarse un Juez á cumplimentar un exhorto de otro, no puede considerarse jamás como delito de denegación de auxilio, que sólo puede perpetrarse cuando un funcionario público se niegue á cooperar á la ejecución de un acuerdo de un Juez u otra autoridad, y aun concediendo que se considere como autoridad al Juez exhortante y como mero funcionario al Juez exhortado (que ya es conceder), tampoco en tal sentido es delito de denegación de auxilio la negativa de éste á cumplimentar la providencia de aquél, siempre que la funde en la defen-