El Foro español (Madrid. 1898) (1904-08-20 00:00:00), página 2

contingencia de que con un i inhibición inmotivada puedan privar á la respectiva Audiencia del conocimiento de la causa que sea de su competencia, porque la misma ley tiene establecidas las precauciones necesarias para evitar tal abuso, ordenando en los arts. 12 y 25 que los autos que dicten los Jueces de instrucción inhibiéndose á favor de una jurisdicción especial, serán apelables para ante la respectiva Audiencia, é imponiendo á aquéllos la obligación de poner tales autos en conocimiento del Fiscal, en la forma que determina el art. 646 (por testimonio especial), á fin de que pueda utilizar dicho recurso, como debe hacerlo si lo estima procedente, en cumplimiento de la obligación que le impone el art. 838 de la Ley orgánica del Poder judicial de sostener la integridad de las atribuciones y competencias de los Juzgados y Tribunales.

Se ve por lo copiado que la opinión del Tribunal Supremo al dictar la citada sentencia era contraria á la doctrina, que supone que la audiencia del Ministerio fiscal es requisito previo á todo auto de inhibición dictado en el sumario; y se confirma esto teniendo presente que en el fallo de la misma sentencia se acuerda, que el Juez de instrucción decrete, lo que estime procedente sobre el requerimiento de inhibición, hecho por la jurisdicción de Guerra, «procediendo en la forma que determina el art. 22 de la Ley de Enjuiciamiento criminal»; es decir, sin la audiencia del Ministerio fiscal y de las demás partes que figuren en la causa que ordena el art. 34, obrando motu proprio.

Esta opinión del Tribunal Supremo se halla conforme con la que la Fiscalía del mismo expuso en la Circular de 15 de Septiembre de 1883, pues en ella se reconoce la posibilidad de que se dicten autos de inhibición sin intervención del Ministerio fiscal, si bien reconociendo se interponga la apelación, á tenor de los arts. 12 ó 25 de la ley, cuando el Ministerio fiscal no hubiere tenido intervención ó hubiera opinado en contra de la procedencia de dicho auto.

Que el art. 34 de la ley no es aplicable á los casos en que los Jueces de instrucción promuevan ó sostengan cuestiones de competencia, lo declaran terminantemente varias sentencias del Tribunal Supremo. La de 14 de Noviembre de 1883 reconoce que puede un Juez de instrucción, espontáneamente ó al primer requerimiento que se le dirija, juzgarse incompetente y acordar inhibirse, sin que entonces haya cuestión de competencia todavía, ni sea preciso tramitarla, á no ser que, acogiéndose los interesados al recurso que la ley en su citado art. 25 les facilita, acudan en apelación al superior inmediato y éste determine que sostenga su jurisdicción y se sustancie y resuelva el asunto de la manera y por quien en el expresado título de la Ley de Enjuiciamiento criminal esté prescrito.

La sentencia de 27 de Junio de 1884, declara que las dudas que pueda haber sobre la respectiva competencia de los Jueces instructores se resuelvan siempre de plano por las reglas determinadas en los arts. 22 y 23 de la vigente ley, artículos que el 50 declara aplicables á las cuestiones de competencia entre jurisdicciones de diferente orden.

La sentencia de 17 de Julio de 1884 dice: que «si bien los Jueces de instrucción pueden promover y sostener cuestiones de competencia durante el sumario, porque les autoriza para ello el art. 19 de la Ley de Enjuiciamiento criminal, han de hacerlo necesariamente en la forma que ordena el art. 22 de la misma ley», como lo exigen la índole y el objeto del sumario; y que faltan á esta prescripción legal los Jueces que dan á la competencia «la sustanciación establecida para los que pueden promover en virtud de inhibitoria los Tribunales ó Audiencia de lo criminal después de terminado el sumario».

Por si alguna duda cupiera, las sentencias de 29 de Octubre, 15 (dos) y 17 de Noviembre y 1.º de Diciembre de 1898, cuyos razonamientos y fallos son idénticos, declaran: que el art. 34 de la ley se refiere á la decisión de la inhibitoria propuesta ante los Tribunales de lo criminal, cuyo título no corresponde á los Jueces de instrucción, según el art. 65 de la Ley adicional á la orgánica del Poder judicial y á los 27 y 28 de ésta».

Y á pesar de esto, la Real orden que ha motivado estas líneas ordena á la Fiscalía mantenga que ninguna inhibición de la jurisdicción común se tenga por válida y eficaz, sin haber cumplido en ella el trámite de intervención del Ministerio fiscal, según el art. 34 de la ley, y amenaza con el expediente de responsabilidad y la anotación de su conducta en el expediente personal á los funcionarios de dicho Ministerio que, al cumplirse el trámite de dar vista, se limiten á acusar el recibo...

¿En qué se funda la Real orden para este mandato? Oíd el preámbulo: «Felizmente la jurisprudencia del Tribunal Supremo ha venido á suplir estas deficiencias y eliminar toda duda respecto de ello, desde que por su auto de 4 de Octubre de 1893 declaró ser necesario en estos casos oír previamente al Fiscal.»

¡Ya lo saben nuestros lectores! La jurisprudencia del Tribunal Supremo se condensa, en ese auto de 4 de Octubre de 1893. Las sentencias por nosotros citadas no tienen valor alguno (1).

(1) En apoyo de ellas podríamos citar multitud de resoluciones de cuestiones de competencia dictadas por el Tribunal Supremo, en las que éste dió por válida la tramitación observada, aunque se hubiera omitido la audiencia previa del Ministerio fiscal en los Juzgados de instrucción. Creemos que en la casi totalidad de los casos se omitió tal audiencia, que el auto de 4 de Octubre de 1893 considera requisito indispensable, no sólo en las inhibiciones, sino en toda resolución que en materia de competencia acuerden los Jueces, pues motivó dicho auto, no una inhibición de un Juez á favor de otra