El Foro español (Madrid. 1898) (1904-05-30 00:00:00), página 7

plirlo, por aquello de que priori tempore potior jure.

Pero ya sabemos todos, y esto es una verdad desgraciadamente, hasta dónde nos arrastra y conduce la incuria y el abandono.

Unos por indolencia, que se da como nota característica de nuestro pueblo, y á mi juicio con razón; otros por rutinarias preocupaciones, y los más por desconocimiento de lo que sus mismos intereses demandan, dejan transcurrir días, meses y aun años sin llevar sus títulos al Registro; y si lo verifican, por lo general es sólo en el instante del apuro, en el crítico momento del apremio, cuando acaso sepan que se les va á promover un litigio, cuando necesiten vender ó celebrar algún otro contrato, ó impulsados por exigencias de otra índole, nacidas en el seno de la familia, no sin satisfacer antes á la Hacienda el impuesto sobre derechos reales, con la multa correspondiente, que podían haberse evitado.

Yo creo que esta apatía, esta desidia, funesta en todos los órdenes de la vida, corregiríase declarando la inscripción obligatoria de una manera franca y paladina, hasta el punto de no permitir la celebración de ningún acto ó contrato, á base de bienes inmuebles ó derechos reales, sin que aparezca inscripto el título correspondiente; ordenando al propio tiempo que, cuando aquél adolezca de defectos insubsanables y se deniegue el asiento, entere de tal circunstancia el Notario á la parte que vaya á obligarse como deudora ó en otro modo; y si á pesar del aviso insiste en celebrar la convención, pudiera autorizarse, haciéndolo constar en la escritura misma.

Acaso se me objete que esto es, sencillamente, un absurdo. Pero yo probaré lo contrario.

Lo que sucede es que temblamos y nos conmovemos cuando se propone alguna reforma radical, no pareciendo sino que hemos caído en el fetichismo de la ley.

Seamos lógicos. El Registro no es una institución de marcado saber individualista, como quieren algunos; el Registro, por su contextura orgánica y por los fines que persigue, es una institución de carácter social, como lo es también el Registro civil, el mercantil y el de actos de última voluntad, en tanto en cuanto que la suma de operaciones que en el de que se trata se practican, nos señalan el estado y movimiento de la riqueza pública, sus rumbo y orientaciones, para, de ese modo, llegar al último jalón, que nos proporcionará, en definitiva, un exacto y minucioso índice, denunciador de su progresivo adelanto ó retraso. Por tanto, el legislador debe proveer á cuanto se relacione con la más cumplida y acertada realización de esas funciones, que al fin constituyen la síntesis del flujo y reflujo de nuestras fuerzas vivas; es decir, de nuestra potencialidad.

Y esto así, ¿qué inconveniente habría de haber en que se declarara obligatoria la inscripción, sin que los Notarios pudieran autorizar los contratos, interín no se llenara aquel requisito previo? ¿Qué razón de orden público ó de otro género se opondría á ello?

Se dirá que la ley no debe adelantarse, en su previsión é inteligencia, á la de los interesados, y pues que la inscripción sólo aprovecha á los mismos, ellos han de cuidar y tratar de poner á salvo sus derechos ante los perjuicios que la falta de Registro pudiera originarles.

Cierto; pero comprendase que la ley ha de mirar más alto que todo eso; que no debe medir la falta de Registro sólo por consideraciones personales, como he dicho antes, sino por lo que su preponderante concepto y finalidad significa y supone dentro del sistema adoptado, que tiende y se encamina al desarrollo y fomento del crédito territorial, que es de carácter público, y, por tanto, de indiscutible preferencia sobre el interés individual.

Por otra parte, ¿no está previsto que mientras un acto ó contrato no satisfaga el impuesto de derechos reales y transmisión de bienes, no se admita á inscripción?

Pues tómese en cuenta, si á extremar razonamientos vamos, que la inscripción es de estricto derecho civil, y en realidad de verdad, á nadie puede privarse de ella sino por medio de una ley ó de una ejecutoria, cual ha declarado el centro directivo, y como consecuencia de este principio incusco tampoco deben imponérsele trabas y limitaciones, que á tanto vale el exigir un desembolso anterior al interesado, que ninguna relación guarda con el acto que intenta llevar á cabo en el Registro.

Empero la ley fiscal ha hecho, para asegurar los ingresos en las arcas del Tesoro, lo que la Hipotecaria no ha querido ó no se ha atrevido á hacer, aunque en otro orden, para garantir intereses más sagrados é importantes todavía.

Y ya que me he referido á la ley del impuesto sobre derechos reales, manifestaré que los elevados tipos contributivos que establece es otra de las rémoras que alejan y apartan á los contratantes del Registro, aunque tarde ó temprano han de satisfacer dicho impuesto con eres; pero por de pronto tratan de retrasar, y retrasan cuanto pueden, ese momento.

Así bien es remora para el otorgamiento de escrituras y consiguiente extensión del asiento en la repetida oficina, el precio que alcanza el Timbre del Estado, sobre todo en contratos de poca entidad; porque entre el citado impuesto, papel sellado, derechos del Notario y honorarios del Registrador, ascienden á una cantidad de relativa importancia, que retrae y desalienta á los ciudadanos.