El Foro español (Madrid. 1898) (1904-03-20 00:00:00), página 10

porque el citado artículo dispone explícitamente que el Juez exija fianza bajo su responsabilidad; y en el segundo, porque quedarían los bienes abandonados, sin custodia, y como consecuencia caerían por su base todas las garantías que el legislador ha establecido para asegurar en sus derechos á los interesados, y, sobre todo, á aquellas personas que, por circunstancias especiales, no pueden administrar en debida forma sus bienes: menores, incapacitados y ausentes.

De lo dicho se deduce que el único medio de cumplir con la ley y de aplicar rectamente sus preceptos, consiste en nombrar un administrador que constituya obligatoriamente fianza, puesto que desde el momento en que se dejase al arbitrio de aquél su prestación, podría negarse á ello, y daría así por resultado el que quedaran indefensos intereses legítimos; y sólo en el caso de que el Juez no la exija, es cuando debe incurrir en responsabilidad.

No es justo ni equitativo que contraiga responsabilidad el funcionario que no exija garantías, cuando la ley no da medios coercitivos para compelir á su prestación; es absurdo, antijurídico y hasta inmoral, el estimar que el Juez comete falta por no hacer cumplir aquello que no puede llevar á efecto, y que no depende de su voluntad.

Tenemos, pues, que es claro y evidente que el administrador está obligado á garantir el buen desempeño de su cargo, porque el absurdo no debe presumirse en las leyes, y para que el Juez incurrá en responsabilidad por no llenar ciertos requisitos, es necesario que tenga facultad para hacerlos cumplir.

Sin embargo, no desconocemos que podría decirse que del art. 1.009 se infiere que el cargo repetido de administrador en los abintestatos no tiene carácter forzoso, y mucho menos la fianza, al disponer que, si cuando corresponde no se cumpla ésta, será reemplazado por otro que la dé cumplida; pero, con todo, nosotros entendemos que este artículo viene sólo á imponer una pena, consistente en relevar del cargo á aquellas personas que, como el cónyuge sobreviviente, tienen derecho preferente para su ejercicio, sin que esto obste á que se exijan las responsabilidades pertinentes, y entre ellas la criminal, sobre todo cuando no se encuentra persona que, de un modo voluntario, la constituya; aparte de que, en todo caso, el susodicho artículo sería sólo aplicable cuando no se cumplía la fianza.

Debe también no perderse de vista la consideración de que las obligaciones de los administradores judiciales consisten en hacer ó llevar á efecto actos personalísimos, á que no puede materialmente compelérseles; pero, en cambio, ya que esto no es posible, procede y deben incurrir en las responsabilidades consiguientes, y entre ellas en la criminal.

Los mismos argumentos podemos aplicar á los depósitos y administraciones que se constituyen como consecuencia de los embargos practicados en conformidad con lo estatuido en la ley de Enjuiciamiento criminal, por cuanto que el art. 614 de ésta dispone, según hemos dicho, que en todo lo que no esté previsto en la misma sobre fianzas y embargos, se aplicará lo prescrito en la legislación civil; siendo también obligatoria la constitución de fianza en lo criminal, porque el art. 806 declara que el Juez determinará, bajo su responsabilidad, si el administrador ha de afianzar el buen cumplimiento del cargo.

No podemos menos de volver á insistir en que en todos los casos expresados es obligatoria la fianza; pues de otra suerte, con no prestarla se eludiría el cargo fácilmente, á no ser que el Juez quisiera incurrir en responsabilidades.

Las leyes se promulgan para que sean cumplidas en todas sus partes, y desde el momento en que se admitiese la teoría de que el cargo de depositario ó administrador judicial no es obligatorio con prestación de fianza, caerían por tierra todas las garantías que el legislador ha establecido para asegurar los derechos de los interesados en los juicios ejecutivos, embargos preventivos, testamentarias y abintestatos, responsabilidades pecuniarias en las causas, etc.

Réstanos decir, por último, para terminar, que en los casos en que haya que nombrar administradores judiciales de bienes de ausentes en ignorados paraderos, habrá que hacer aplicación de la mencionada doctrina; esto es, que debemos partir de la base de que esos cargos son obligatorios; pues de otra suerte, cuando no hubiera personas que voluntariamente se ofrecieran á desempeñarlos, quedarían abandonados los bienes.

JUAN MORENO Y NARANJO,
Juez de primera instancia.
Arrecife 5 de Febrero de 1904.

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