El Foro español (Madrid. 1898) (1905-11-30 00:00:00), página 2

sólo dos oficiales, el del Secretario y el del Tesorero, abiertos y llevados con toda formalidad y con las casillas necesarias para hacer constar: en el del primero, número y cantidades de los libramientos, sean de ingreso ó pago, y las fechas y nombres del Ordenador y el de á quien se pague ó quien ingrese y los conceptos; y el del segundo, lo propio, y la casilla de lo que se retiene por el impuesto de utilidades, conservando el Secretario las matrices de cargaremes y libramientos y los justificantes de los ingresos, firmados por el Tesorero, y éste los recibos de los interesados. Esto no quiere decir que el Ordenador de pagos, Vocales de la Junta y demás empleados, lleven los libros auxiliares que les convengan, de carácter particular y no obligatorios, por lo tanto. Disiento también en el parecer de que los cargos de Tesorero y Secretario recaigan en los Vocales, pues creo que deben ser cargos retribuidos, pudiendo ser Secretario un vigilante de la Cárcel, y Tesorero, el del Ayuntamiento ó persona de confianza de la Junta. La retribución no puede ser grande, porque es pequeño el trabajo y escasos los fondos, y más bien como gratificación consignada en el propio presupuesto carcelario. Como garantía para el Ordenador de pagos, no estará demás que éste dé cuenta en cada sesión de la Junta carcelaria del balance del mes, y así constará en el libro de actas que lleva el Escribano encargado de este servicio, el movimiento de fondos.

Disiento también en cuanto al apremio de los pueblos morosos, pues no debe ser administrativo, sino judicial, y las razones son claras: si el Juez es Ordenador de pagos, tiene que serlo de los ingresos sin distinción, es decir, ya sea el ingreso voluntario, ya fruto del apremio; y si el que apremia es Juez, ó sea tiene jurisdicción para embargar, es absurdo que requiera el auxilio ajeno; además, si el Gobernador, si los Ingenieros Jefes de Caminos y de Montes, y si los Alcaldes, para apremios, acuden por ley á los Jueces, ¿no sería absurdo que éstos acudieran al apremio administrativo? Todo esto, aparte de lo desacreditado é intútil que resulta el apremio administrativo y lo eficaz que resulta el judicial. No veo, pues, obstáculo para que, finada la mensualidad, se providencie el acuerdo comunitario á los pueblos morosos, y terminado el plazo se diete auto de ejecución contra el Alcalde y Concejales responsables de la mora. Lo que hoy se hace no es obstáculo á lo que propongo, porque cambiada la ordenación de pagos y todo el mecanismo que subsigue á la confección y aprobación de los presupuestos carcelarios, tiene naturalmente que cambiarle el actual modo de ser, ya con respecto al personal como á los ingresos, pagos, y, como antes decía, al ingreso coactivo, ó sea mediante apremio, que, como ordenado por el Juez, tiene que ser judicial; y que no puede ser ordenado por otro, lo demuestra el ser él el único que oficialmente conoce el descubierto.

Creo que deben venir instrucciones sobre todo esto, y la razón y la lógica así lo demuestran; pero me temo que no vengán, ó vengan tarde, y gracias si no es con daño; y, por lo tanto, no está demás que nos ocupemos del caso, expresando los procedimientos que pensamos seguir, siquiera para que haya algo de unidad, si conseguimos ponernos de acuerdo, ó conocamos diferentes procedimientos para que cada cual acepte el que le parezca mejor.

FRANCISCO DE LA TORRE,
Juez de primera instancia.
Noviembre, 1905.

JUNTAS LOCALES DE PRISIONES

Dada la proximidad—1º de Enero—en que las Juntas locales de Prisiones, en sus respectivos distritos, han de entrar en la plenitud de las funciones que les concedió el Real decreto de 19 de Enero último, urge, á mi sentir, que por quien corresponda, bien por el Ministerio de Gracia y Justicia ó por la Dirección general de Prisiones, se dicten las disposiciones procedentes para que éstas tengan un indicador que les sirva de norma y puedan todos marchar al unísono al comenzar á ejercer esas funciones que les señaló la predicha disposición en sus artículos 23 y 24, y no se dé el anarquismo, que sería de lamentar, que siendo unas mismas las atribuciones, fueran distintos los procedimientos de ejecución.

Establece el Real decreto ya dicho, en el artículo 23, «que recaída aprobación en los presupuestos carcelarios, estos fondos serán administrados por las Juntas locales de Prisiones, á las que se concede igual atribuciones que tiene la de Madrid, y cuyos Presidentes ejercerán las funciones de Ordenadores de pagos»; y añade en el 24: «para auxiliar á la Junta local en sus funciones administrativas, podrá ser designado, á las órdenes inmediatas de la misma, un empleado de plantilla de la Cárcel, con el carácter de Administrador ó Auxiliar de contabilidad».

El Real decreto de 24 de Junio de 1890 que reorganizó la Junta local de Prisiones de Madrid, concedió á la misma facultades para que formulara cada año un proyecto de presupuesto referente á los gastos por los conceptos que enumera; estableció los cargos de Tesorero y Contador, que se elegirían por la misma Junta entre los individuos de su seno, en la primera sesión que celebrara; que las Diputaciones provinciales y Ayuntamiento de Madrid consignaran antes del 20 de cada mes las