El Foro español (Madrid. 1898) (1904-04-20 00:00:00), página 7

de pasiones y odios, y enconada lucha que duró hasta la intervención francesa acordada en el Congreso de Verona.

Hablando del Jurado, dice un insigne escritor, bien conocedor de aquella época, que «no había para el Jurado escrito culpable si el autor tenía las mismas opiniones que los jurados, ni había escrito inocente si el autor era de otra bandera». Por tal motivo, y con muy buen sentido y previos informes de las Audiencias, no le extendieron á los demás delitos. Desde 1823 á 1833 volvió otra vez el Gobierno absoluto. En 10 de Abril de 1834 se publicó el llamado Estatuto Real, obra sólo del Poder ejecutivo, que no tuvo por esto el carácter de una verdadera Constitución. En 13 de Agosto de 1836 se restableció la Constitución de 1812. En esta época se dio nuevo y más poderoso impulso á las ideas del Jurado. El Excmo. Sr. D. Álvaro Gómez Becerra, ministro que fué del despacho de Gracia y Justicia en 1835 y 1836, y Magistrado del Tribunal Supremo, decía en un folleto sobre el estado del Poder judicial, hablando del Jurado: «Lo habrá algún día (el Jurado); pero este día está lejano, y antes de que llegue ha de haber largas contiendas y debates muy reñidos, porque á la sombra de la cuestión de oportunidad se han de defender obstinadamente preocupaciones envejecidas, y el espíritu estacionario, si no de retroceso, ha de disputar á palmas el terreno, que en lo principal de la cuestión no puede sostener sin desdoro y encliccimiento». La teoría del Jurado era cada vez más conocida y aceptada con más favor. En tal estado se convocaron Cortes Constituyentes, con el objeto de ver si había de regirse la Nación por la Constitución de 1812 ó dar otra conforme á las necesidades públicas. Reunidas las Cortes, hicieron la Constitución promulgada el 18 de Junio de 1837, la que es considerada como una revisión y enmienda de la de 1812.

En la Constitución de 1837 el Jurado ocupa un lugar mucho más alto que en las anteriores, ya para los delitos de imprenta, ya también para todos los delitos comunes. El art. 2.º de dicha Constitución dice así: «La calificación de todos los delitos de imprenta corresponde exclusivamente á los jurados;» y el art. 1.º adicional del mencionado Código, preceptúa que «las leyes determinarán la época y el modo en que se ha de establecer el juicio por jurados para toda clase de delitos». Las Cortes Constituyentes de 1837 han resuelto, como se ve, la cuestión de fondo respecto á la institución del Jurado; pero aplazaron indefinidamente la época en que habían de aplicarse sus principios.

En 10 de Abril de 1844 se dió un Real decreto sobre libertad de imprenta, que consta de 112 artículos, siendo ministro de la Gobernación el marqués de Peñafielorda. El art. 74 del referido Real decreto dispone que «en cada juicio de calificación de un impreso se compondrá el Jurado de los doce jueces de hecho que, después de excluidos los que hayan sido recusados por las partes, resulten en la lista con números bajos, y lo presidirá el Juez de primera instancia ante quien se hubiere entablado la denuncia». Reunidos todos los jueces, el Presidente del Tribunal, poniendo las manos en el libro de los Santos Evangelios, les recibía juramento con la siguiente fórmula: ¿Juráis á Dios fallar en justicia? Los jueces respondían, puestos en pie: Si juramos. El Presidente pronunciaba entonces las siguientes palabras: Si así lo hiciéreis, Él os lo premie, y si no, os lo demande. Terminado este acto, el propio Presidente decía: Abrese el juicio. El Jurado, pues, estaba aquí perfectamente organizado para entender en los delitos de imprenta, cuyos escritos se dividían en cuatro clases: subversivos, sediciosos, obscenos ó inmorales. Las penas consistían en multas más ó menos crecidas, según la naturaleza del delito, y la privación de honores, distinciones ó oficios públicos. La Constitución de 1837 fué derogada por otra promulgada en 23 de Mayo de 1845, en sentido restrictivo, suprimiéndose el Jurado, y en 6 de Julio del mismo año de 1845 se dió un Real decreto sobre delitos de imprenta, que reformó completamente el anteriormente citado de 10 de Abril de 1844. El art. 4.º dice lo siguiente: «La calificación de los delitos de imprenta y la aplicación de la pena se harán en lo sucesivo por un Tribunal compuesto de cinco Jueces de primera instancia y un Magistrado, Presidente».

Después de la revolución de Septiembre de 1868, fueron elegidas por sufragio universal Cortes Constituyentes, las que redactaron y sancionaron la Constitución de 1.º de Junio de 1869, promulgada en 6 del mismo mes, que consta de 112 artículos y dos disposiciones transitorias, basada en principios democráticos; estableció como forma de gobierno la Monarquía. Dicha Constitución consigna el principio necesario para el establecimiento del Jurado en España, no sólo para los delitos políticos, sino también para los comunes determinados por la ley. El art. 93 del citado Código dice así: «Se establecerá el juicio por jurados para todos los delitos políticos, y para los comunes que determine la ley. La ley determinará también las condiciones necesarias para desempeñar el cargo de jurado». La ley provisional de Enjuiciamiento criminal, compuesta de 962 artículos y una disposición final, de 22 de Diciembre de 1872, refrendada por el ministro de Gracia y Justicia de entonces, el excelentísimo Sr. D. Eugenio Montero Ríos, estableció el Tribunal del Jurado, compuesto de 12 Jurados y de tres Magistrados, que conocía de las causas por delitos á que las leyes señalaban penas superiores, en cualquiera de sus grados, á la de presidio mayor, según la escala contenida en el art. 26