El Foro español (Madrid. 1898) (1903-01-10 00:00:00), página 11

ha de acompañar durante toda su vida, ese aumento constituye un gravamen constante, ajeno á los rendimientos de su bufete. Dada la base fija, el Abogado comprendido en ella pagará siempre la cuota ó cuotas de aumento, no por lo que gane en su bufete, sino por la representación política que tuvo.

Establecida la base fija de la posición social del Abogado, la cuota ó cuotas que por ese motivo se le recargassen serían también permanentes, con independencia de las utilidades del bufete, y sólo podría verse libre de ese recargo si viniese á peor fortuna ó se empobreciese, pues de otro modo, el gremio de Abogados seguiría eternamente haciéndose copartícipe de las utilidades que su compañero recogiese de sus bienes, y por los cuales contribuye á las cargas del Estado.

Y respecto á la base fija de la antigüedad en el ejercicio de la profesión, no sólo es permanente e inalterable, sino que es progresiva, puesto que á medida que el tiempo avanza, la antigüedad es mayor y la contribución ha de aumentarse, con lo cual se producirá el escándalo de que puedan llegar á satisfacer las primeras cuotas, aun cuando trabajen poco ó nada, los decanos de la profesión, mientras contribuyen con escasa suma los Abogados bulliciosos, activos y llenos de vida, que tengan sus despachos muy nutridos de negocios.

¿Hay algo más contrario y opuesto al concepto equitativo de la agremiación que el establecimiento de bases fijas, mediante las cuales, no por resultado de investigaciones, sino por la aplicación inexorable de aquéllas, se obligue á gran número de Abogados, por virtud de circunstancias ajenas á su profesión, al pago perenne y constante de determinadas cuotas, y á un aumento contrario á la razón y á la piedad respecto á los que sean más antiguos?

Así, pues, nosotros sostenemos que todo lo que sea establecer bases fijas, permanentes e invariables, derivándolas de circunstancias y condiciones ajenas al ejercicio profesional, pugna con el concepto fundamental de la agremiación, la basta- rdea y la hache repulsiva e intolerable, no pudiendo prevalecer ni aprobarse.

He aquí desarrolladas las reclamaciones que formulan los que suscriben.

Vamos contra las bases, porque son el fundamento del reparto, hecho con arreglo á ellas.

Si fueren intangibles y de obligatoria aceptación, el juicio de agravios no tendría finalidad alguna; porque una vez consentidas las reclamaciones, resultarían estériles sólo con que los clasificadores hubiesen cuidado de colocar á cada agremiado dentro de las bases que le correspondiesen.

Por ello es inconcluso que las bases se puedan impugnar, pues constituyen la clasificación y los agremiados pueden reclamar contra ésta, como se consigna en el art. 96 del Reglamento.

Una cosa es la clasificación y otra la cuota señalada al agremiado, distinción clarísima que se hace en el artículo que acabamos de citar.

La clasificación se realiza según las bases, y la cuota se fija por virtud y consecuencia de la clasificación.

Un agremiado puede recibir agravio al clasificarle, nacido de las bases, y puede recibirllo también de la determinación de su cuota.

Por eso hay que distinguir entre la clasificación efectuada mediante las bases y el reparto hecho, distribuyendo la suma total en diversas cuotas.

Y todo ello, la obra completa e íntegra de la Junta clasificadora, bases y clasificación, reparto y cuotas, todo cae de lleno dentro de las facultades y prerrogativas soberanas de la Junta general del gremio; todo se puede discutir y analizar, aplaudiéndolo, censurándolo ó corrigiéndolo, y, sobre todo, puede y debe resolver el gremio constituido en Jurado y por mayoría de votos, como se preceptúa en el párrafo segundo del art. 98 del tan nombrado Reglamento.

¡Pues no faltaba más sino que los Síndicos y clasificadores, porque recibiesen de sus compañeros el encargo de confeccionar un proyecto de reparto, pudiesen establecer cuantas bases de clasificación se les ocurrriesen, aunque fuesen disparatadas, ilegales y absurdas, y que el gremio no tuviese más remedio que sancionarlas y aflojar el bolsillo, pagando á tan caro precio el desacierto de haber nombrado tales Síndicos y clasificadores!

¿Creen estos señores que el mandato de sus compañeros de agremiación significa una autorización definitiva e incondicional para que puedan disponer á su capricho del dinero de aquéllos?

De ningún modo puede esto admitirse. Los Síndicos y clasificadores, con arreglo á su criterio y á su conciencia, pueden establecer bases para la clasificación y hacer el reparto; pero siendo mandatarios del gremio, sin infalibilidad y disponiendo de intereses ajenos, por ley, por razón y hasta por delicadeza, están obligados á someter su obra íntegra, ó sean las bases, la clasificación y el reparto al examen del gremio; porque cuando se manejan intereses ajenos, no se deben sostener criterios de soberbia, ni atribuirse soberanías que no se tienen, sino que, por el contrario, se debe hacer gala de modestia y de amplitud de miras, dando facilidades para toda clase de prudentes soluciones.

Eso de que sean clasificadores, sin el voto de ningún Síndico, que son los que representan al gremio, tengan la asombrosa y atrevida pretensión de saber más que todos los agremiados y de resistir sus quejas al considerarse perjudicados, es un espectáculo tan nuevo como lamentable.