El Foro español (Madrid. 1898) (1903-06-20 00:00:00), página 10

á la ley debían haberse invertido diez días, hubiese transcurrido un año.

En este escrito el señor Abogado del Estado, después de mostrarse conforme con la calificación fiscal, añade que cree que son subsidiariamente responsables por la negligencia que supone; pero haciendo todo género de salvedades respecto á que esa negligencia no supone en su concepto ni se deriva de responsabilidad criminal.

Siguieron los traslados para las defensas, y una vez evacuadas éstas, en el sentido que ya hemos indicado, en 12 de Abril de 1902 se dictó providencia, mandando requerir al Abogado del Estado para que manifestase de un modo expreso quiénes eran esas personas á quienes aludía como meras responsables, señalándole para ello el término de cinco días. El Sr. Correa pidió prórroga de ese término, alegando, para justificar tal pretensión, que para contestar tenía que recibir instrucciones de su superior, la Dirección general de lo Contencioso, accediéndose á tal prórroga por diez días más.

Antes de transcurrir este nuevo plazo, en 17 de Abril el Teniente Fiscal Sr. Mena interpuso súplica de la providencia del 12, alegando que el Abogado del Estado había perdido el derecho de señalar nuevos responsables al no haberlo conocido en el momento de calificar. Opusíeron las demás partes á tal súplica, pero la Sala, en 29 de Abril de 1902, tuvo á bien volver sobre su acuerdo.

Señalada la vista para el 25 de Noviembre de 1902, se suspendió á instancia del Fiscal, quien apoyó su solicitud en el hecho de que, no habiéndose podido citar personalmente al procesado señor Manzano, y habiéndose hecho por edictos, no se había manifestado en éstos que la cita era precisamente para la asistencia al juicio oral. Posteriormente se señaló para el día de hoy, en que, por fin, se verá esta causa, si no ocurre alguna cosa nueva que motive otra dilación.

Sólo nos resta decir que los tres procesados no rebeldes sufrieron larguísima y penosa prisión preventiva, cuyo término pidieron con insistencia sus defensores en escritos, entre los que se distingue uno que, con fecha 21 de Julio de 1900, se presentó, suscrito por el Procurador D. Pedro Ramírez y el Letrado Sr. Ruiz Jiménez, cuyo escrito hubo necesidad de recordar á los tres meses en otro de 4 de Octubre, y del que entresacamos algunos párrafos; pues con ellos se explican los hechos objeto de este ruidoso proceso, el funcionamiento que se seguía en la Audiencia para verificar los pagos, y el criterio de las defensas.

Dice así: ..................... «... Empezamos por declarar que no nos consta de manera oficial y fehaciente en qué consiste la acusación contra el Sr. Planet, á pesar del derecho que tiene éste á conocerlo, no sólo por precepto de la ley, sino en estricta observancia á la circular de 16 de Septiembre de 1898, que el Ilmo. Sr. Fiscal de la Audiencia dirigió á los Jueces de instrucción del territorio; únicamente, por referencias oficiosas y por lo que la prensa periódica ha dicho, sabemos que el proceso versa sobre pagos indebidos de indemnizaciones y dietas á testigos, jurados y peritos. Es decir, que el delito que se persigue es, por lo visto, el que definen y castigan los artículos 405 y 406 del Código penal; delito que consiste en sustraer, ó consentir que otros sustraigan, los caudales ó efectos públicos que un funcionario público tuviera á su cargo por razón de sus funciones, ó en dar ocasión á que por abandono ó negligencia se efectúe por otra persona la dicha sustracción. Para el delito que define, el artículo 405 del Código señala, según la cuantía de la malversación, la pena de arresto mayor en su grado máximo á la de cadena temporal; y para el que se halla comprendido en el artículo 406 señala como pena la de multa equivalente al valor de los caudales ó fondos sustraídos.

¿Qué participación ha tenido el Sr. Planet en los hechos objeto de la investigación sumarial? Esto nos preguntamos y la contestación no se nos oculta. El Sr. Planet, según sabemos por él mismo, era el pagador por encargo ó delegación, cuya legitimidad se discutirá en su día. Pero esto no basta para deducir que el Sr. Planet era un funcionario público, que por razón de sus funciones tuviera á su cargo caudales ó efectos públicos, ni tampoco para estimar, por que se haya evidenciado la existencia de algún pago indebido, que él ha sustraído ó consentido que otros sustraigan los caudales que le estaban confiados.

»Para el abono de dietas á jurados é indemnizaciones á peritos y testigos, el ministerio de Gracia y Justicia hace, con cargo al capítulo V, artículo 1.º del presupuesto, consignaciones bimestrales de la cantidad que por cálculo aproximado se considera necesaria para este servicio, cuyo cálculo se hace teniendo en cuenta la cantidad invertida en el bimestre anterior. El portero mayor Prieto es el encargado por la Presidencia de la Audiencia para firmar el libramiento y hacer efectiva la cantidad que se presenta, la cual ingresa en la cuenta corriente del Banco de España, que el Secretario de gobierno tiene abierta en este establecimiento con el título de «La Secretaría de gobierno de la Audiencia de Madrid». Hecho el ingreso, el Banco facilita un resguardo provisional, que se canjea al siguiente día por el definitivo. No resulta hasta aquí que los caudales públicos se encuentren en poder del pagador señor Planet por razón del cargo. Veamos ahora cuán-