El Foro español (Madrid. 1898) (1902-11-20 00:00:00), página 5

el núm. 2.º del art. 14 y párrafo primero del 308, y detiene ó pone en prisión al Juez delincuente, á partir del supuesto de haber cometido el delito dentro de su partido, en donde sólo era un simple particular; la Audiencia de lo Criminal del Juez delincuente, partiendo del contrario supuesto, las incoa también por su parte y no nombra un Juez municipal para que las continúe, haciéndolo ella por sí propia, como puede, según tenemos demostrado en el comentario al art. 308, vallándonos de los medios que marca el art. 183 y siguientes. En tal estado, ¿procederá el requerimiento de inhibición, del Juez á la Audiencia y de la Audiencia al Juez, para decidir la competencia á que se refiere el art. 326 de la ley Orgánica? Es indudable; porque una de las autoridades tiene que ser incompetente para conocer del sumario. ¿Pero en qué forma deberá sustanciarse la competencia? A virtud del art. 22, ó del 37 y siguientes? También es indudable que debe ser con arreglo al primero, porque se trata de las funciones inherentes á los Jueces instructores durante el sumario, las cuales desempeñan las Audiencias de lo Criminal, cuando por sí propias lo inician, equiparándose á dichos Jueces, y no puede ser con arreglo al segundo de dichos artículos, por estar especial y terminantemente excluida en el primero, que establece distintas reglas de tramitación.

En nada se desvirtuaría lo expuesto, si en vez de seguir la Audiencia por sí propia el sumario, nombrase un Juez especial para que lo continuara, pues aunque éste obraría con jurisdicción propia ó independiente, según el párrafo 8.º del artículo 308, nunca dejaría de ser en representación de aquélla y haciendo las veces de la misma, y en tal sentido deberán dirigirse los Jueces recíprocamente el requerimiento de inhibición.

Y de todo ello se desprende que la decisión de la indicada competencia correspondería á la Audiencia territorial, si ambas autoridades contienen- dientes estuvieren dentro de su demarcación, ó al Tribunal Supremo en todo caso, según la escala establecida en el art. 20. Entre tanto que se sustancia la competencia, cada uno de los contendientes practicará en el sumario las diligencias necesarias para comprobar el delito y aquellas otras que considere de reconocida urgencia, según dispone el párrafo 2.º del art. 22, absteniéndose de cualesquiera otras para no incurrir en la responsabilidad que marca el art. 390 del Código penal.

Con arreglo al núm. 3.º del art. 19, las Audiencias de lo Criminal podrán promover y sostener competencias, tanto positivas como negativas, durante la sustanciación del juicio en los casos siguientes: 1.º Ya con Jueces ordinarios que no pertenezcan á sus respectivas circunscripciones.—2.º Ya con Jueces especiales, sea cual fuere el punto en donde estén constituidos ó ejerzan su jurisdicción.—3.º Ya entre ellas mismas, sin distinción de si están ó no dentro de la misma demarcación de una Audiencia territorial.—4.º Y ya con Tribunales especiales, cualesquiera que sea su clase y población en que estén establecidos, sin otra excepción que la de los eclesiásticos; pudiendo en 5.º y último lugar, sostenerlas, aunque no provocarlas, con la Administración.

El primer caso queda demostrado en el párrafo anterior, debiendo añadir que, aunque la Audiencia estuviese, conociendo en juicio oral de la causa, cuando fuese requerida de inhibición por el Juez, no por eso dejará de ser la competencia procedente, con sujeción á las reglas del art. 22, por la razón bien sencilla de que el sumario, como la base del juicio para fijar la competencia, atrae á sí al plenario, y mal podría la Audiencia estar segura de haber sido competente cuando instruyó dicho sumario, si tal competencia se la disputara un Juez de instrucción, estando el instruyéndolo por su parte, considerándose más competente para ello. Si á esto se agrega que, de no admitirse como procedente la competencia en dicha forma, tendría que sustanciarse en otra más dilatoria, cual es la declinatoria de jurisdicción á que se refiere el número 1.º del art. 666, bien la provocase el Ministerio fiscal, bien el procesado ó bien la parte civil, en uso de las facultades que respectivamente les conceden los números 4.º y 6.º de dicho artículo 19, máxime si se interpusiera después el recurso de casación de que habla el 676, se comprenderá lo procedente y preferible que es aceptarla en la primera de dichas formas, para evitar retrocesos que redundarían en desprestigio de la Administración de justicia. Y por último, si se toma en consideración que el acusador particular no puede interponer la inhibitoria, haciendo uso del art. 26, porque se lo prohíbe el núm. 5.º del 19, ni tampoco el Ministerio fiscal á virtud del núm. 4.º del mismo, por estarle prohibido durante el sumario por el art. 23, quedará evidenciado que no cabe otra forma de interponer la competencia que la establecida en el art. 22. Mas previendo pueda decirse que todas estas consecuencias se sacan á partir del requerimiento hecho por el Juez á la Audiencia, y no viceversa, forzoso es ocuparse de este otro punto de partida, para evitar toda cavilidad en contra de la única competencia posible, que es la marcada en el citado art. 22.

Vamos á invertir el caso: al acusador particular le está prohibido durante el juicio oral interponer la inhibitoria, por igual razón que durante el sumario, y si bien es cierto que la misma Audiencia, sin excitación de nadie, puede provocar la competencia, de conformidad con el párrafo 1.º del artículo 25, oyendo previamente al Fiscal, con arreglo á