El Foro español (Madrid. 1898) (1903-06-10 00:00:00), página 12

arbitrariedad y la soberbia en aquel á quien se otorgan, y la animadversación en aquellos que los sufren, siendo las excesivas franquicias, de que á menudo abusa la Administración de la Hacienda, causa muy importante del escaso respeto y aun hostilidad que los ciudadanos manifiestan en relación á los intereses del Estado.

Como si estos males no fueran ya de por sí bastantes, nos encontramos con que la Hacienda española es todo cabeza; tiene una Administración central complicada y excesiva, y carece de brazos que en los pueblos se encarguen de la función de administrar, y la deja encomendada á los Ayuntamientos, que necesariamente han de caer del lado del contribuyente.

Considerándole á éste el Estado como un enemigo que siempre ha de obrar de mala fe, ve en todas partes defraudación, y para evitarla procura la fiscalización; pero como carece de recursos, no tiene inconveniente en encomendarla á funcionarios que en nada pueden relacionarse con ella, lo que no es óbice para que les exija una responsabilidad personal que no preceptúa ni para los funcionarios que están bajo su inmediata dirección.

Los Jueces, Escribanos, Registradores y Notarios son para la Hacienda sus mejores auxiliares, y con dificultad podemos recorrer una ley fiscal sin que nos tropiecemos con responsabilidades para estos funcionarios si dejan pasar un documento sin reintegrar, liquidar ó sin satisfacer la contribución, ya sea la industrial, de utilidades, cédula personal, etcétera.

Esto, con ser mucho, podría tolerarse, porque á cosas mayores están acostumbrados esos funcionarios; pero ese privilegio es necesario llevarle hasta sus últimos extremos, y no hay inconveniente en que por un Real decreto, un reglamento ó una simple circular, se modifiquen y deroguen los Códigos substantivos y de procedimiento de nuestra nación.

El no haber pagado, lo más que podrá ser motivo es para el reintegro y la multa, nunca para entorpecer un derecho concedido por las leyes al ciudadano; de otro modo el Estado, sin salir beneficiado, patrocinará el enriquecimiento de un tercero, contra el que se dirige la acción por el contribuyente en descubierto.

Esto, que los Tribunales debían hacer comprender al Estado por sus resoluciones, no aparece con frecuencia, sino que, por el contrario, vemos Jueces que, ateniéndose á la letra de la ley, imponen el criterio del privilegio; y como esto debe desaparecer, es por lo que hoy aplaudimos el auto de la Sala primera de lo civil de la Audiencia de este territorio, que interpreta de un modo justo hasta dónde debe alcanzar la prohibición del art. 61 del reglamento para la Administración de la contribución industrial y de comercio.

Como nada nuevo podemos añadir á los considerandos de esa resolución, creemos que el mejor final de estas líneas será su transmisión literal.

«Considerando que la cuestión motivo de estos autos se dirige á determinar si el art. 61 del reglamento de la contribución industrial (1) vigente es por sí solo bastante no sólo para modificar y adicionar la ley de Enjuiciamiento civil exigiendo un documento más que se ha de acompañar á la demanda, sino también para rechazar y anular cuantiosos derechos nacidos de leyes substantivas del orden civil, como pena por falta de exactitud en el pago de la contribución industrial que oportunamente debiera haber satisfecho el demandante:

Considerando que baste el enunciado de la proposición para que se comprenda: primero, que el citado reglamento, por su condición de tal y el origen de su procedencia, se refería al ejercicio de las leyes de Hacienda, especialmente á la de Presupuestos, con entera independencia de las leyes substantivas y adjetivas del orden civil; segundo, que por razón de su autoridad ó fuerza legal, el dicho reglamento, como emanado de un Real decreto, no puede variar, ni mucho menos suprimir, lo que por leyes anteriores se hallaba ordenado y preestablecido; y tercero, que si bien la falta de cumplimiento de las leyes y disposiciones de carácter fiscal dan lugar á penas análogas y proporciones á las infracciones cometidas por el defraudador, nunca su autoridad se extiende á la privación de los derechos y propiedades en el orden civil, lo cual implicaría el enriquecimiento de uno con perjuicio de otro, y una confiscación de bienes terminantemente prohibida por la ley fundamental del Estado y sus leyes orgánicas; y

Considerando que los Tribunales de Justicia lo han entendido así frecuentemente obedeciendo y cumpliendo el Real decreto con poner la defraudación en conocimiento de la autoridad correspondiente; pero que en el supuesto de que hubiera de interpretarse de modo distinto, su aplicación no tendría lugar en el caso de autos, en donde con la modificación del art. 61 por los 181 y 172 del propio reglamento, el demandante ha justificado con certificaciones autorizadas y traídas á los autos, de modo bastante á los efectos de la admisión de la demanda, que las obligaciones respecto al pago de la contribución industrial de que se trata han sido liquidadas con la Hacienda pública, y declarado exento de las responsabilidades de toda clase:

Se revoca el repetido auto apelado, y se declara cumplido el art. 61 del reglamento de la contribución industrial vigente, á los efectos de la admisión de la demanda.»

(1) Para celebrar actos de conciliación ó promover cualquier demanda ante los Tribunales, será requisito indispensable en la reclamación, si se halla sujeta á la contribución industrial, y la acción que entable tiene relación con la industria, comercio, profesión, arte ó oficio que ejerza, justificar por medio de recibo talonario de la recaudación ó por otro documento que lo acredite, que el deudor se halla al corriente en el pago de la cuota respectiva al tiempo en que devengó los honorarios, todo bajo la responsabilidad personal de los Jueces, Escribanos y Secretarios que permitan la celebración del acto de conciliación ó admitan la demanda sin que preceda la justificación indicada.