El Foro español (Madrid. 1898) (1903-11-20 00:00:00), página 9

Otro particular de sentido más práctico toca estudiar con relación á esta materia.

¿Cuál de las partes, en un juicio criminal, se halla individualmente más obligada á proponer la resolución de la cuestión prejudicial ante el Juez ó Tribunal civil, ó Contenciosoadministrativo competente?

El precepto expreso de la ley dice las partes. Estas lo son, en el procedimiento criminal, querellante y querellado, denunciante, denunciado y el Ministerio público, en aquella clase de delitos que está llamado á intervenir.

Tal designación genérica de la ley nada resuelve, y más bien de la generalidad de su dicción parece que sólo se desprende la existencia de un derecho en las partes para utilizar el trámite que exige la cuestión prejudicial; pues si se quiere que dicha designación tiene carácter preceptivo para aquéllas, por comprenderles la sanción de que transcurridos los dos meses del plazo de suspensión, el Tribunal que la decretó la alzará y continuará el procedimiento, parecía lo natural que, simultáneamente, se previniera el perjuicio respectivo para cada parte, lo cual no se enuncia, quedando la cuestión encomendada á la interpretación doctrinal.

A este fin haremos un ligero examen de la estructura del juicio criminal, y quizá de este análisis hallemos elementos para formular una opinión concreta y autorizada.

La acción penal pública y la privada, con cuyo ejercicio se pretende la represión de un delito, son en cada caso particular los factores que inician y sostienen el procedimiento criminal, cuyo origen más remoto, esencial y único, es el propio hecho delictivo, para obtener ejecutivamente tal represión como único y propio fin de aquél, y en el que las acciones se resuelven, ya en beneficio ó perjuicio, respectivamente, de actor y reo.

Aún podemos añadir más:

Fin directo de la acción penal, respecto del acusado. La evidencia de su culpabilidad, la declaración de la misma y la imposición de su represión. No diremos que entre estos términos haya una verdadera gradación de estados sucesivos en el ejercicio de la acción durante el período de trámite; pues obtenida la primera, los demás son efectos simultáneos; pero nos parece orden lógico de apreciación que, iniciándose aquél con una imputación de culpabilidad, ésta se demuestre en el procedimiento, se declare en la sentencia y se corrija, finalmente, con imposición de las penas determinadas en la ley.

Fin directo respecto del denunciante. El objeto propuesto por el mismo al proceder á su ejercicio, que son, en resumen, los mismos efectos procesales mencionados en el párrafo precedente, aparte de la reparación del daño causado, restitución de la cosa, indemnización de perjuicios que diesen relación á los intereses privados del actor, ya cuando es parte ó aun cuando no lo sea, si la acción penal se ejerce de oficio, para obtener simultáneamente con la represión pública aquellos otros efectos de la responsabilidad meramente civil y privada. Todo ello obliga al denunciante, querellante ó parte actora, en general, á justificar, en el curso y ejercicio de la acción, la pertinencia de su invocación si ha de obtener indicados fines.

En mérito á estas consideraciones, y siguiendo nuestro análisis, preguntamos: Cuando surge del trámite criminal la existencia de la cuestión prejudicial motivo de su suspensión, ¿tal estado transitorio no equivale, en orden á los fines del procedimiento á intereses y situación de las partes, á una verdadera condición suspensiva en aquél y una presunción juris tantum de la improcedencia de la acción e ín culpabilidad del denunciado?

Lo primero, indudablemente es cierto durante el periodo de dos meses de la suspensión acordada, y mientras se subsista, en todo caso, la cuestión prejudicial por el Tribunal á quien corresponda su conocimiento, aun cuando declaremos que esta apreciación de equivalencia tiene por base únicamente la analogía de efectos que produce una condición de esta clase en las obligaciones contractuales, y los provocados en el ejercicio de la acción penal por el acuerdo judicial de dicha suspensión.

Lo segundo lo suscribimos con igual convicción. No será muy evidente el carácter penal de la acción, ni tan indubitable la culpabilidad del acusado, cuando uno y otro efecto jurídico y real del hecho denunciado extraen el conocimiento íntegro del mismo de su propio Tribunal, para requerir las declaraciones de otro, en particulares que han de ser precisamente determinantes, según letra de la ley, de la culpabilidad ó inocencia del denunciado, de la existencia ó inexistencia del delito que nosotros decimos.

Todo ello bajo uno ó otro concepto, ya por el efecto suspensivo y oportunidad de la presunción mencionados, la acción queda enervada, por lo cual entendemos se halla individualmente más obligado á requerir la declaración del Tribunal, al que fueron remitidas las partes, el querellante ó denunciante, ya que, ejercida por los mismos la acción, directamente les afecta su prevalecimiento.

En sentido contrario á esta solución hallamos, con respecto al denunciado, que su interés en acudir al Tribunal llamado á resolver la cuestión prejudicial, deriva de la necesidad de hallar, en la declaración que aquélle exige, un elemento legal de su inculpabilidad, que pueda ser ulteriormente en el procedimiento criminal una excepción eficaz pa-