El Foro español (Madrid. 1898) (1902-12-30 00:00:00), página 2

y se siga repitiendo el caso de que en Madrid, por ejemplo, se pueda dar el de que ocupen altos puestos individuos de ilustración notoria y de excelentes cualidades y todo lo que se quiera, con seis ó siete años de servicios en la carrera, no en la categoría siquiera, mientras que otros con las mismas condiciones de ilustración y honradez, y además con méritos reconocidos, llevan veinte ó más años de Jueces de entrada ó ascenso, ó estancados toda la vida en una categoría, mientras por encima de ellos saltan los favorecidos de la política.

Al honrar hoy nuestras columnas con el retrato del Ilustre estadista, no hemos de enumerar sus méritos jurídicos y personales, porque es muy conocida su biografía y la acaban de publicar una vez más todos los periódicos con motivo de su reciente nombramiento de Ministro de Gracia y Justicia; por eso nos limitamos á ponerle, á manera de orla, íntegro, el texto de ese Real decreto de que es autor, y por el que le felicitamos sinceramente.

Dice así:

MINISTERIO DE GRACIA Y JUSTICIA

EXPOSICIÓN

SEÑOR: La legislación orgánica de nuestros Tribunales se halla hace tiempo necesitada de reforma. A la ley de 15 de Septiembre de 1870, que, dictada como provisional, continúa en gran parte vigente, y á la adicional de 14 de Octubre de 1882, ha venido á unirse un cúmulo de disposiciones administrativas que han creado un estado de derecho confuso, fragmentario y hasta en ocasiones contradictorio; el cual, por sí solo, aconsejaría la inmediata adopción de medidas encaminadas á simplificar, ordenar y armonizar preceptos tan varios y discordes. Pero, además, las enseñanzas de la experiencia en el tiempo que llevan rigiendo las citadas leyes; el progreso de los estudios jurídicos, y los ejemplos legislativos de otras Naciones, imponen también la reforma que el Gobierno aspira á someter á las Cortes, previa la aprobación de V. M.

Establecer en los Tribunales la unidad de procedencia, fijando la oposición como medio único de ingreso, salvo los casos excepcionales en que las altas jerarquías de la Magistratura se abren á méritos eminentes, contrariados en el foro ó en la cátedra; modificar las condiciones actuales de la oposición de ingreso, dando mayor importancia á los ejercicios prácticos que al examen verbal, y estableciendo un verdadero noviciado que aquilate la vocación y aptitud de los aspirantes, adscribiéndoles por tres años á los Tribunales de justicia en concepto de Auxiliares; consolidar el principio de la inamovilidad, con todos sus naturales desarrollos, en lo tocante á la regulación de traslaciones y ascensos; asegurar la independencia de los Jueces en el ejercicio de sus importantísimas funciones; imponerles severa disciplina, regulando su responsabilidad por medio de preceptos positivos y eficaces, que sean contrapeso indispensable de la absoluta independencia, son los principios fundamentales de la reforma legislativa proyectada.

Antes de emprenderla, conviene atender á necesidades urgentes que puedan satisfacerse en la esfera reglamentaria. Uno de los puntos en que la experiencia prejuzga del resultado de los preceptos legislativos de 1870 y 1882, es el relativo á los ascensos.

Dejaron estas leyes amplio campo á la libertad ministerial en los diferentes turnos establecidos, y aunque el fin que en ellas se perseguía era, sin duda, recompensar el mérito, otros han sido los efectos. El uso de los turnos de elección, dando origen á rápidas carreras, ha ocasionado injustificadas postergaciones, acostumbrando á funcionarios cuya constante norma de vida debe ser el derecho, á esperar del favor adelantos en la carrera que sólo debieran emanar de los servicios; ha quebrantado la satisfacción interna, tan necesaria en la Magistratura como en la Milicia, y ha destruido el legítimo y saludable espíritu de cuerpo. Urge modificar semejante estado de cosas, separando de la Administración de Justicia las influencias de la política y robusteciendo la independencia de los Jueces y Magistrados.

A este propósito responde la renuncia de los turnos de elección, substituyéndolos por la aplicación constante del principio de antigüedad, que aunque intrínsecamente no sea perfecto, es el que ahora reclaman las circunstancias, si se han de remediar aquellos males, y el más propio para restablecer la normalidad en los ascensos y para crear nuevos hábitos que excluyan el favor. Lo abona también la consideración de que el mérito extraordinario es de suyo excepcional y raro, é importa más atender á lo normal y ordinario, toda vez que no se legisla para las excepciones ni faltan medios á los Gobiernos, de otorgar, á quienes los merezan, honores, distinciones, sin producir postergaciones injustificadas é irritantes.

Mas para que sea equitativa la aplicación del criterio de la antigüedad, es menester que no influya en ella, en perjuicio de funcionarios apartados del servicio activo por motivos ajenos á su voluntad, á consecuencia de economías y reducciones en los organismos judiciales, la interpretación, demasiado liberal acaso, que se ha venido dando al art. 5.º del Real decreto de 24 de Septiembre de 1889, y también se hace necesario que los funcionarios que sirven en comisión plazas de categoría inferior, no