El Foro español (Madrid. 1898) (1903-06-30 00:00:00), página 7

substancia que un fondo nulo y huero, acaso revestido de campanadas formas, como una hermosa obra, pero sin seso.

¿Qué personas deben de ser llamadas á declarar en el proceso criminal? Contestá el art. 410, y dice: «Todos los que residan en el territorio español, que no estén impedidos, tendrán obligación de concurrir al llamamiento judicial para declarar cuanto supieran sobre lo que les fuere preguntado, si para ello se les cita con las formalidades prescritas en la ley». No puede exigirse más exactitud en el lenguaje ni más precisión en el pensamiento. Antes de ordenar la citación del testigo es preciso discurrir acerca del motivo por que se le cita y el concreto fin para que fué citado. Si se dice que para declarar, no saldriamos de dudas. Lo que se quiere saber es si el Juez ha meditado acerca de la causa procesal de la citación, no sólo para buscar actuación útil, sino además para legitimar las molestias y gastos, en algún caso no significantes, que se imponen á los ciudadanos, obligándoles, en nombre de la ley, á personarse ante el Juez, quien jamás debe ser indiferente en este punto, exiliendo cuánto pueda tener origen en el capricho, antojo y flojedad de juicio, que son enemigos naturales de la justicia. La orden de citación exige, antes de acordarla, un fundado raciocinio, que dará autoridad al mandato para imponer el deber de la comparecencia, y la sanción en su caso, no quedando los derechos del testigo á merced de la irreflexión judicial.

No desempeña el Juez sus funciones para ejercerlas con facultad de hacer ó dejar de hacer, según sus particulares impresiones, porque está sujeto siempre á imperativas reglas, ya en lo que directamente expresa la ley en su natural lenguaje, ya en lo que contengan por virtud de una derecha interpretación, que esclavizando la voluntad del juzgador, impone determinado criterio á su inteligencia, y á su conciencia precisa resolución. De este deber no puede sustraerse al ordenar la comparecencia de testigos, ganando con ello la prontitud y la seguridad del procedimiento, que rechaza lo impertinente y superfluo, y además los derechos de todos, que lo tienen perfecto para no imponerles otras cargas que las necesarias. Por esto al imponer el artículo 410 el deber de concurrir al llamamiento, añade que «para declarar cuanto supieran sobre lo que les fuere preguntado», suponiendo que al juzgar sobre la oportunidad de la declaración, por lo menos ha de estar convencido de que el testigo no será totalmente ajeno al conocimiento de los hechos, sus circunstancias, el delincuente y las suyas, ó sea á los fines que el sumario persigue según el artículo 299 de la ley; y desde tal afirmación, que une al testigo con el fin del proceso, hasta corroborar en todo ó parte cuanto se crayera que el testigo pudo ver, oír ó conocer de algún modo, se pasará por una serie de actos de mayor ó menor utilidad probatoria, pero la declaración no será improcedente y nacerá de un juicio exacto, sin que haya motivos para consular al Juez por su resolución.

Señala la ley un punto de apoyo para que el Juez marche por buen camino y no ordene citar personas separadas y ajenas á los hechos. Esto es lo principal, y como criterio afirmativo, lo hará de personas que estén en condiciones de proporcionar utilidad á la investigación, huyendo de una sistemática tendencia al efectismo, porque entonces dejaría de ser Juez imparcial para encariñarse demasiado con éxito, cuando la verdad, único fin que persigue, sólo puede hallarse mediante afirmaciones. Quiero decir que el Juez que instruye y prepara elementos de convicción, puede discernir con razón respecto de la probable utilidad de los testigos, teniendo en cuenta el conocimiento de los hechos, sin salir de cuanto ellos puedan significar, sin pararse demasiado á discurrir respecto de los fines del proceso. Conocerá los hechos que están fuera de él por el auxilio de los sentidos, que le proporcionarán materiales bastantes para caminar con acierto. Conocida la forma como el Código califica un hecho ya conocido, en todo ó en parte, los testigos han podido percibirlos. Obligarles á declarar, será un derecho y un deber del Juez; pero ¿quién podrá y deberán ser citados?

Miguel Sáiz Gómez,
Juez de primera instancia.

(Continuará.)

SOBRE EL ÚLTIMO DECRETO

CLARIDAD

Siempre es buena; pero en este asunto la estimamos, además, necesaria para poner, si es posible, término á lo que, sin ser polémica, tiene con ella singular parecido, ya que al emitir opiniones sobre una obra que de tan alto viene, se han formulado, aunque á vuelta de rodeos y círculos, peticiones más ó menos indirectas que, de ser atendidas, desvirtuarían la disposición ministerial, estirándola ó ennegriéndola cual si fuera un acordeón, y como si sus preceptos, claros y precisos, fueran á sonar de ese modo más á gusto á los oídos de la mayoría.

Llegado este caso parecemos, cuando menos, de conveniencia, desvincular el derecho de opinar, y decir sin rodeos y por cuenta propia: que el decreto de 22 de Diciembre último, que casi todos recibimos con el respeto que se merece y con el más