El Foro español (Madrid. 1898) (1903-09-10 00:00:00), página 6

tado se obstine en mejorar la próspera situación de los Registradores, encomendándoles muy llevaderos trabajos, mientras reserva á los Escribanos, sin retribución alguna, trabajos penosísimos y de graves responsabilidades.

Es, en verdad, injusto e irritante que el Parlamento, invocando las angustias del Tesoro, rechace una enmienda en que se propone el aumento de 500 pesetas á algunos pocos funcionarios que, sin mejora alguna, han prestado diez años de servicios, y que, pocos días después, ese mismo cuerpo legislativo apruebe, sin discusión, que el Estado entregue un millón de pesetas á otros funcionarios de no mejores merecimientos, que en igual período de tiempo conquistan posiciones económicas ventajosísimas, y que desde su ingreso obtienen y disfrutan prerrogativas y privilegios.

Es inmoral, en grado superlativo, que el Estado, únicamente por su conveniencia egoísta, se atreva á organizar un servicio público en condiciones tales, que hace imposible la austera imparcialidad del funcionario que lo desempeña, como ocurre ahora con la liquidación del impuesto de Derechos reales, cuyos recalcadores se hallan naturalmente inclinados á forzar la recaudación para obtener mejores rendimientos.

Y es clarísimo, evidente e incontestable, que esa parcialidad de los liquidadores da amplia margen á que se perjudiquen, ó puedan perjudicarse alternativamente, los intereses del Estado ó de los particulares, y constantemente los intereses de la justicia y de la equidad.

Y no se diga que la probidad de los Registradores previene y evita bastantemente que se consumen tales agravios; pues esa garantía, cuya solidez soy el primero en reconocer, desaparece de hecho y queda cancelada cuando el Registrador, usando de sus atribuciones y aprovechando su próspera situación económica, deja el despacho del Registro al sustituto durante días, y semanas, y meses, y años, como ocurre con frecuencia.

Todos los males señalados se evitarían encargando á los Jueces de primera instancia la liquidación del impuesto de Derechos reales, sin señalarles retribución alguna, directa ni especial, por el desempeño de tal servicio.

De este modo el Estado percibiría íntegros los rendimientos de aquella tributación; aumentaría sus totales ingresos en la cantidad que hoy destina á los Registradores que le recaudan, cantidad no despreciable seguramente, y que se aproximará, si no excede, de un millón de pesetas cada año, y podrá con esto mejorar la organización de los servicios preferentes ó la dotación de los funcionarios peor retribuidos.

No hay en mi proposición tendencia exclusivista ni egoísmo alguno, y antes al contrario se inspira en un principio de alta equidad y de moralidad austera.

¿Es que se considera mejora preferente, entre las muchas de que está necesitado el organismo judicial, la de asignar sueldo á los Secretarios y Escribanos? Pues dédiquese á esta atención, que hoy no se atiende por falta de recursos, esa cantidad que se obtenga con la reforma que indico.

¿Es que se estima más urgente elevar los sueldos de los Jueces y Magistrados, ahora mezquinos e insuficientes, según han reconocido todos los partidos y todos los gobernantes? Pues atiéndase á esta necesidad con aquella suma.

¿Es que se juzga más equitativo y apremiante restablecer las antiguas subvenciones—convenientemente reducidas en compensación de otros beneficios—á los Registradores de menores rendimientos? Pues aplíquese á ello la consabida cantidad.

Lo que no debe hacerse por más tiempo, y es lamentable que se haya hecho hasta ahora, es invertirla y distribuirla entre aquellos funcionarios que desempeñen pingües destinos, en retribución de un servicio que difícilmente puedan cumplir con acierto, dada su organización actual.

No se aleguen, para rebatir esta reforma, los inconvenientes de distraer á los Jueces de sus augustas funciones, rebajar su dignidad imponiéndoles deberes que á su alto carácter repugnan, y otros argumentos tan dignos de atención en teoría, como imposibles de atender en la vida real, cuando no es próspera y si apremiante la situación del Erario público.

Bien sabemos todos que en cualquiera orden de cosas resultan las funciones tanto más perfectas cuanto más especiales y adecuadas son los órganos destinados á satisfacerlas; pero todos sabemos también que esa especialidad y pluralidad de organismos no puede adoptarse en España, porque exige gastos cuantiosos que su presupuesto no puede soportar.

Además, no debe olvidarse que muchas de las objeciones apuntadas son perfectamente ilusorias y convencionales. Mucho convendría, en efecto, que á los Jueces se les destinara exclusivamente al desempeño de las funciones propias de su misión; ¿pero acaso ocurre esto ahora? ¿Acaso no intervienen hoy los Jueces y Magistrados en servicios totalmente ajenos, y que repugnan á su carácter? ¿Acaso no coadyuvan de mil modos y maneras en la recaudación de ese mismo impuesto de Derechos reales, cuya legislación actual les impone deberes y les exige responsabilidades? ¿Qué dificultad puede haber, pues, en que unos y otros se aumenten, si de tal modo pueden evitarse injusticias y mejorarse los servicios públicos?

¡Que no es misión propia de los Jueces la recaudación de los tributos! ¿Acaso lo es de los Registra-