El Foro español (Madrid. 1898) (1902-02-20 00:00:00), página 8

Los Abogados del Estado tienen que representar y defender á éste en todas las Audiencias y en todos los Juzgados de España, sin excepción alguna, pudiendo, en casos dados, delegar en los liquidadores derechos reales y transmisión de bienes, que son hoy los Registradores de la Propiedad.

Citó, sí, el Fiscal en su dictamen una Circular que dice haber dirigido á los Abogados del Estado, en 1.º de Marzo de 1895, el Director de lo Contencioso, encargándoles que no dejasen de reclamar la competencia de los Juzgados de las capitales. Pero á cien leguas se ve que esa Circular, estando como están vigentes las leyes citadas de Camacho, no tiene, en absoluto, ningún valor en la materia, porque el Director de lo Contencioso no tiene facultades para hacer leyes ni para modificarlas en lo más insignificante.

A mayor abundamiento, y con relación á la actualidad, sabido es de todo el mundo que por el decreto de 16 de Junio de 1892, art. 4.º, fueron suprimidas las Audiencias de lo criminal, establecidas por la ley adicional tan repetida, y es evidente que, suprimida la obra hecha por esta ley, sin expresarse que quedaba vigente nada de la misma, quedó de hecho derogada toda ella, incluso el absurdo artículo 57. La disposición de éste estaba subordinada á la existencia de las Audiencias de lo criminal, y, al desaparecer éstas, quedó aquel artículo como letra muerta, porque, al caer lo principal, arrastra consigo lo accesorio, si no se lo exceptiona expresamente. Y en el decreto del 92 nada se exceptió.

Está, por lo tanto, fuera de toda duda, que mientras estén vigentes las leyes de Camacho y no se restablezcan las Audiencias de lo criminal, el art. 57 de la ley adicional, no sólo no está vigente, sino que no puede estarlo.

Como prueba de que así lo entendieron en todas partes, debe tenerse en cuenta que, desde las leyes de Camacho, los pleitos sobre bienes de capellanías vienen siguiéndose en los Juzgados donde radican los bienes de cada una.

Tal es, en resumen, el contenido del comunicado que se nos remite, creyendo nosotros que no anda descaminado el comunicante, y que se trata de asunto demasiado importante para ser resuelto con la ligereza con que parece que lo ha tratado la aludida Audiencia.

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Con el aviso se acompañará la cantidad que prudencialmente se considere necesaria para gastos y honorarios, que serán siempre relativamente reducidos.

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