El Foro español (Madrid. 1898) (1903-06-10 00:00:00), página 11

Burgos, Valladolid, Valencia y Sevilla, sin que hasta ahora se hayan recibido en el ministerio los expedientes, á pesar de lo que dispone el art. 14 del Real decreto orgánico de 5 de Febrero, en su párrafo segundo, que dice así:

«El anuncio se hará por término de treinta días naturales, y las solicitudes documentadas de los aspirantes se remitirán dentro de otro plazo igual al ministerio de Gracia y Justicia, por conducto del Presidente de la Audiencia territorial, á que corresponda la vacante, acompañadas de los informes que previamente hayan emitido la Sala de Gobierno y la Junta directiva del Colegio.»

Con arreglo á la convocatoria el plazo de presentación de solicitudes venció el 17 de Marzo, y el segundo plazo igual de treinta días, dentro del que se debieron remitir los expedientes al ministerio, terminó el 16 de Abril; es decir, que hace mes y medio que está cumplido el precepto legal.

Comprenderán los Presidentes de esas Audiencias que, al fijar el legislador tales plazos, ha tenido por objeto evitar dilaciones y que las vacantes estén el menor tiempo posible sin proveer, en obvición de perjuicios á la Administración de justicia y al servicio público, y los más obligados á cumplir el Real decreto de 5 de Febrero y hacer que sea una verdad su observancia, creemos que son los Presidentes de las Audiencias.

Asamblea del Notariado rural.

El día 4 de Junio, y en el salón de actos del Colegio de Notarios de esta corte, se celebró otra Asamblea del Notariado rural, que tuvo por objeto, según vemos en la Gaceta de Registradores y Notarios, recabar de los poderes públicos las indispensables y urgentes reformas que el Notariado rural reclama, para que sea un hecho y no una quimera el ejercicio de sus funciones en los pequeños centros de población, y por lo tanto, se circunscribió á discutir cuanto á ellos afecta y es conveniente á los intereses de las dilatadas regiones, cuyo estado económico y jurídico representa triste, pero gráficamente, la inacción y la pobreza de los que recibieron su investidura para dar forma legal y fecunda al continuo movimiento de la riqueza, bajo cualquiera de sus formas.

Personal de la Magistratura.

Ha sido jubilado, á su instancia, D. Joaquín Serna, Presidente de Sala de Audiencia territorial.

Han sido trasladados: á la plaza de Fiscal de la Audiencia provincial de Lugo, D. José Antonio Parga, que lo es de la de Orense; á esta plaza, D. Juan Puig, que lo era de aquélla.

Secretaría de Sala vacante.

Una en la Audiencia territorial de Barcelona, por defunción de D. Juan González, la cual debe proveerse por oposición y solicitarla del Presidente de aquella Audiencia dentro del plazo de treinta días, á contar desde el 2 de Junio.

Sobre el reparto.

Se nos asegura que, á pesar de lo que dispone la regla 6.a del art. 37 del Real decreto de 5 de Febrero, en Sevilla continua haciendoose el reparto como anteriormente se realizaba, por el repartidor, cobrándose dos pesetas de derechos, una por el reparto á Juzgado y otra para el que se hace entre Escribanos.

Conocemos el celo del digno Decano de aquel Colegio de Eseribanos, y no dudamos que procurará que se cumpla el decreto en toda su integridad.

Lotería.

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LA HACIENDA Y LOS TRIBUNALES

UNA RESOLUCIÓN IMPORTANTE

Pareciéndonos perfectamente fundados los razonamientos que expone nuestro querido colega Gaceta de los Tribunales en el artículo que bajo estos epígrafes publica en su número último, creemos conveniente su reproducción.

Dice así:

«Los que, tanto en España como en el extranjero, se dedican al estudio especial de las materias financieras, reconocen la necesidad de la existencia de un derecho económico del Estado; es decir, de normas jurídicas indispensables para rodear de garantías la eficacia de la Administración económica, al mismo tiempo que los intereses comunes que se hallan en sus manos y los privados con que se relaciona.

Por eso dichos escritores piden variaciones en la legislación civil, con referencia á la capacidad para contratar, al término para la prescripción, etcétera; modificaciones en el penal, estatuyendo diferentes delitos y aumentando la penalidad en otros; reformas en el derecho ritual, sometiendo algunas materias al procedimiento contencioso-administrativo, no obstante ser cuestiones de propiedad, exigiendo el apurarse la vía gubernativa, prohibiendo se proceda al embargo de bienes del Estado y otras varias.

Mas si todos los autores están conformes en solicitar esta especialidad, existe todavía una unanimidad más perfecta entre los mismos, al censurar enérgicamente la práctica de este derecho, que todos los Estados, por disponer de la fuerza, convierten bien pronto en odioso privilegio; el Estado se ha abrogado la calidad de menor; y, como dice Oanga-Argüelles: «¡La calidad de menores que los gobiernos se atribuyen, es bien chocante; ellos, que dirigen á los demás, que son tutores, se declaran en minoridad para garantirse contra su propio abandonol!»

Estos privilegios, como ha dicho el Sr. Piernas, verdadera autoridad en la materia, engendran la