El Foro español (Madrid. 1898) (1903-10-30 00:00:00), página 6

haber cumplido veinticinco años y observado buena conducta moral, ser Abogado ó apto para el ejercicio de la fe pública (1), y no ser incapaz ó incompatible, conforme al art. 474 de la ley orgánica.

Siempre se ha creído necesario, por la importancia de la fe pública, rodear á sus depositarios de las mayores garantías de rectitud y acierto, y á tal fin se han exigido, para ser Escribano, gran número de requisitos (2). Selección en científica lid, nacionalidad, estado, edad, ciencia, independencia, probidad; todo eso ha sido cuidadosamente procurado por la legislación de varios siglos para los más castigados, constantes y necesarios auxiliares de la Administración de Justicia; siempre, en todo caso, sin excepción. Estaba reservado á un decreto del siglo xx abandonar tal previsión y dejar la puerta abierta al favor, que es, por lo común, la nagación de la Justicia.

De hoy más, podrá darse el caso de que sean suficientes unos pocos conocimientos teórico-prácticos de procedimientos judiciales, en amigable consorcio con el apoyo de un señor de Junta de Colegio (siempre Escribano de término, y de capital de Audiencia territorial, por más señas, que ésta, como otras muchas prerrogativas, son terreno vedado para los Escribanos rurales) para que á los tres años, contados desde el 5 de Febrero último, se sea Escribano de un partido judicial, si se cuenta con el placet del diputado por el distrito.

Si hay quien lo dude, lea los artículos 10 y 31. Nada de títulos, ni de incapacidades, ni de incompatibilidades, ni de lides científicas, ni siqueira de nacionalidad. ¡Hurra al cosmopolitismo liberal!

Mas como el comentario de tales preceptos daría excesiva extensión al presente artículo, y se trata

(1) El artículo agrega: «ó haber aprobado, antes de la fecha de este decreto, las asignaturas exigidas en el art. 26 del reglamento de 10 de Abril de 1891».

Las palabras subrayadas demuestran el carácter transitorio de esta disposición, que implica una expresa derogación del aludido reglamento.

(2) Así dicen las Partidas, que... «los escribanos... deben ser hombres libres ó cristianos, de buena fama... sabedores de escribir bien... de provisión... vecinos de aquellos lugares onde fueren escrivainos... é... legos, porque han de hacer casas de pesquisas, ó de otros pleitos en que cae pena de muerte ó de hidalgo lo que non pertenece al clero» (Ley 2, Tit. XIX, Part. III), y que para cerciorarse el Rey de la buena conducta del que iba á nombrar, había de informarse de hombres buenos de la misma vecindad (Ley IV). Preceptos análogos encontramos en la Novísima Recopilación (I-4-5), que exigía personas expertas, de confianza, idóneas y suficientes, y condenaba al que diese fe en audiencia «ni de otras cosas», careciendo de título, como usurpador de funciones.

No es posible, ni siquiera citar aquí el simio de disposiciones á que aludimos; pero pueden verse, como principales, las Reales órdenes y Reales decretos de 17 de Marzo de 1834, 13 de Abril de 1834, 18 de Abril de 1834, 23 de Enero de 1851, 9 de Septiembre de 1857, 20 de Septiembre de 1868, 9 de Octubre de 1884, 29 de Noviembre de 1867 (art. 6.º), 12 de Agosto de 1884 (artículo 5.º), y eso que este Real decreto se refiere á los Escribanos habilitados, que entonces eran todos nombrados con tal carácter; los planes de estudios desde el año 1880, la Real orden de 22 de Febrero de 1896 y Real decreto de 20 de Mayo de 1891.

de una de las novedades introducidas por el decreto del Sr. Dato, á las cuales, como habrán observado los lectores, dedico atención preferente, lo cierro, para empezar el siguiente con el tema aquí plantead.

Licenciado Manuel Maynar Barnolas.
Borja 17 Octubre 1903.

EXCMO. SR. MINISTRO DE GRACIA Y JUSTICIA

UN INCOMPATIBLE

Don Ramón Barroeta, Presidente de la Audiencia provincial de Madrid, á raíz de haber sido amenazado por V. E. á consecuencia del incidente suscitado en la Sala que preside, entre él y el Letrado D. Andrés Aragón, que actúa de defensor—que es además periodista de los que usan una imparcialidad que á algunos ha molestado en ocasiones, y que es el único Abogado que desempeña la habilitación en una relatoria de esta Audiencia—renunció la Sala de gobierno y tomó el acuerdo de declarar incompatible el cargo de Relator-habilitado con el ejercicio de la profesión de Abogado.

Sea cualquiera la competencia de esa Sala de gobierno para adoptar tal acuerdo, y aparte de la mayor ó menor oportunidad de tomarlo al día siguiente de aquél suceso y á instancia del interesado en él, nos parece justo, como justo sería hacer otro tanto con los Fiscales sustitutos y con cuantos desempeñan cargos en la Audiencia; pues, como sin duda pensó éste al tomar tal acuerdo, es conveniente quitar toda apariencia de que, por razón de la intimidad de relaciones que se establece con los Magistrados, pueda pensarse por nadie que esto alguna vez venga á recaer en detrimento de la causa de la Justicia.

Repetimos que nos parece muy justa tal determinación; pero es el caso, señor ministro, que nosotros entendemos que la misma incompatibilidad alcanza á D. José Morote, Abogado en ejercicio de este Colegio é hijo político del propio excelentísimo señor Presidente de esta Audiencia, D. Ramón Barroeta, en cuya compañía vive, y que además de ser el habilitado pagador de los señores Magistrados, figura, según nuestras noticias, como auxiliar segundo de la secretaría de esa misma Audiencia con mil pesetas de sueldo, á lo que entendemos se opone, entre otras disposiciones—y aparte las consideraciones de otro orden que se tuvieran en cuenta para declarar la incompatibilidad del Sr. Aragón, aplicables al caso del yerno del Sr. Barroeta—el núm. 3.º del art. 874 de la ley orgánica del Poder judicial, que declara incompa-