El Foro español (Madrid. 1898) (1902-12-20 00:00:00), página 4

sión, es, con arreglo á lo que preceptitan los arts. 26 y 28 del Código penal vigente, siempre una pena principal ó accesoria, ¿cómo se impondrá, pues, por auto de procesamiento, sin infringir el art. 1.º de la vigente ley de Enjuiciamiento criminal?

Desde nuestra Constitución soberana de 1812, hasta la de 1876, en su art. 16, viene afirmándose en nuestras leyes fundamentales del Estado el principio, reconocido y aceptado igualmente por todas las legislaciones, de que nadie puede ser sentenciado sino en la forma que las leyes prescriban. ¿Y cuál es el procedimiento establecido por las leyes españolas? «No se impondrá pena al uno, dice el art. 1.º de la ley de Enjuiciamiento criminal, sino de conformidad con las disposiciones del presente Código ó de otras leyes especiales.»

La aparente generalidad del num. 3.º del art. 875 de la vigente ley Orgánica del Poder judicial está circunscrita, en nuestra humilde opinión, al ingreso del Letrado en el ejercicio profesional, porque entonces únicamente es cuando la prohibición del ejercicio de la Abogacía no se convierte en una pena establecida por nuestro Código, que, como queda demostrado, no puede imponerse más que por sentencia de Juez competente.

El art. 29 de los Estatutos para el régimen y gobierno de los Colegios de Abogados del territorio de la Península, etc., de 18 de Marzo de 1893, dice: «Los Abogados que se hallen procesados cuando se defendan á sí propios...»; luego, como escribe un notable comentarista (la Redacción de la Revista de Tribunales, de Madrid), pueden defender á otros, porque si los autores de los Estatutos no hubieran querido decir esto, habrían empleado otra forma, por ejemplo: «cuando se defendan por sí, ó cuando se defendan ellos mismos», ó para mayor claridad, según nuestro concepto, «que (y no cuando) se defendan á sí mismos». Y observezse que los Estatutos han sido promulgados en 18 de Marzo de 1893; es decir, quince años después que la vigente ley Orgánica del Poder judicial, cuyo art. 875 venimos estudiando.

Muy lejos siempre de nuestro ánimo, al hacer de nuestros Códigos y sus disposiciones más interesantes estos breves estudios, ni acabados, ni estimables, de seguro, por nuestra reconocida falta de competencia, pero siempre sinceros, con que llenamos estas páginas, pues escribimos para convencer y no para deleitar, sacar á colación las múltiples alegaciones que en el orden de la teoría, y aun del sentimiento, pudieran aducir.

¿A qué demostrar lo demostrado? Lo cierto es que, científica y legalmente, desde el auto de procesamiento á la sentencia judicial hay un abismo, un caos inmenso de vacilaciones y dudas, como desde la presunción á la duda. Por el auto se deciden los incidentes ó puntos esenciales del procedimiento; por las sentencias, la cuestión criminal definitivamente.

¿Cómo podrá la ley en ningún caso conceder á un auto los efectos propios, peculiares, finales, en una palabra, de la sentencia?

A mayor abundamiento, podemos citar, en comprobación de la doctrina que venimos sosteniendo, la Real orden de 1886 (1), que, sin embargo de sus especiales puntos de vis-

ta, no puede menos de considerarse como un notable precedente legal en la materia que nos ocupa.

Dice así la citada Real orden, que, en honor á su texto, verdaderamente digno de elogio, reproducimos con especial satisfacción:

«He dado cuenta á la Reina (q. D. g.) del expediente instruido en este Ministerio con motivo de una Exposición que, á consecuencia de haberse abstenido la Sala segunda de la Audiencia de Barcelona de dictar providencia sobre un escrito presentado en defensa de un reo, y firmado por un Abogado preso á la sazón por desacato, ha elevado la Junta de Abogados de aquella ciudad, en solicitud de que se declare que no puede privarse total ni parcialmente á un Abogado del ejercicio de su profesión sino en los casos expresamente prescritos en la ley y en la forma prevista en la misma. En su virtud, y considerando que ninguna disposición legal establece que la prisión preventiva, cuyo objeto es el de asegurar el fallo de la justicia, sea incompatible con el ejercicio de la Abogacía;

«Considerando que el preso (1) no puede ser privado, antes de que reciba sentencia ejecutoria, de los derechos que no sean incompatibles con la falta de libertad; S. M., enterada de todo, oído el parecer del Tribunal Supremo de Justicia, y de conformidad con el dictamen del Consejo de Estado en pleno, ha tenido á bien resolver que el Abogado preso ó detenido puede ejercer su profesión de la manera que sea compatible con la prisión.»

Entendemos, pues, en vista de todas las razones expuestas, que el auto de procesamiento, cualquiera que sea el delito que lo motive, no es causa legal suficiente para suspender á un Abogado en el ejercicio de la profesión. Otra cosa sería, en nuestra opinión humilde, pero imparcial y severa, borrar de todos nuestros Códigos, en un solo instante, aquellos fundamentales preceptos por todo el mundo aceptados y reconocidos, que á un tiempo son la garantía más solemne de nuestros derechos individuales, la más preciada y hermosa conquista de los tiempos modernos.

JOSÉ MARÍA ORTEGA CONTRERAS

COLEGIO DE ABOGADOS DE MADRID

LA JUNTA DE AGRAVIOS

Desgraciadamente, viene siendo añeja costumbre que en esta clase de reuniones el gremio de Abogados madrileños dé espectáculos poco edificantes, sin que en ellas resplandezca la cordura de que los hombres de ley debieran dar ejemplo.

Señalada la Junta de agravios para el día 17, á las cuatro, en el local del Colegio de Abogados, notábase gran expectativa, pues se sabía de antemano que en el seno de la Junta clasificadora habían dominado dos tendencias, que dividieron en goce de sus derechos mientras no recaiga la sentencia ejecutoria correspondiente.

(1) Con menos razón, indudablemente, el procesado.