El Foro español (Madrid. 1898) (1903-07-20 00:00:00), página 6

«Artículo 1.º La inscripción de las concesiones de minas se verificará en el Registro de la Propiedad en cuyo territorio radique la mina, en el libro del Ayuntamiento en que esté situado el punto de partida para la designación de rumbos.

Art. 2.º Si las pertenencias mineras comprendidas en el título de concesión estuvieren situadas en la circunscripción de dos ó más Registros, se hará constar así en la inscripción, sin perjuicio de que, previa presentación en el otro ó en los otros Registros del título ya inscrito, se abra una hoja en el libro del respectivo Ayuntamiento, en la que se extenderá una breve inscripción de referencia á la primordial, en la que sólo se hará constar el nombre de la mina y su descripción y extensión, tal como resulte del título, nombre y apellido del concesionario, añadiendo después: «Así consta del título expedido por... en tal fecha, inscrito en el Registro de la Propiedad de... bajo el núm..., inscripción primera, folio..., tomó... del Ayuntamiento de...». Por esta inscripción de referencia sólo se devengarán los honorarios señalados en el primer grado de la escala del núm. 7.º del Arancel para las inscripciones extensas.

Art. 3.º En el caso de que la mina se extienda á territorio de dos ó más Ayuntamientos de un solo Registro de la Propiedad, además de la inscripción primordial expresada en el artículo 1.º, se harán inscripciones de referencia en los libros de los demás Ayuntamientos, en los términos expresados en el artículo anterior.»

AGRICULTURA.—Real orden de 5 Julio de 1903, aprobaro el reglamento para la aplicación de la ley de Caza de 16 de Mayo de 1902. (Gaceta de 9 de Julio.)

GOBERNACIÓN.—Real decreto de 8 de Julio de 1903, aprobando el reglamento para la declaración de incapacidades por causas de accidentes del trabajo. (Gaceta del 10.)

LOS TESTIGOS Y LOS JUECES (1)

(Continuación.)

II

Ante todo, desea la ley que, cuando el Juez ordene la citación, pueda lógicamente presumirse que el testigo no sea inútil á la investigación, ó por lo menos que no se desvíe de una manera evidente del fin que se persigue. Así lo expresa el artículo 445 de la ley de Enjuiciamiento criminal cuando, ocupándose del último acto de los varios que constituyen la expresión formal del testimonio, ó sea de extender la declaración, dice: «No se consignarán en los autos las declaraciones de los testigos que fuesen manifestamente inconducentes para la comprobación de los hechos objeto del sumario». Es decir, que discurriendo á posteriori, repela las declaraciones que de un modo claro no ofrezca la más pequeña duda de que nada útil, afirmativo ó negativo, contengan, relacionado directa ó indirectamente con los hechos en su extensión toda y con los que de alguna manera pudieran dar motivo á su comisión, de mayor ó menor importancia, cualquiera que sea el contenido del testimonio, puesto que conforme á lo dispuesto en el art. 2.º de la ley Procesal, el Juez tiene el deber de consignar y apreciar las circunstancias así adversas como favorables al presunto reo.

Para demostrar este efecto negativo de la actuación, el Juez lo hará constar por diligencia, que no contendrá por ciertos motivos eloquentes para elogiarse la actividad judicial en beneficio de la utilidad del sumario, aun cuando muy bien puede ocurrir que al ordenar la comparecencia de tan inútiles testigos, el Juez discurriera con perfecta lógica, dados los elementos que los hechos conocidos le ofrecieran y no tenga culpa de que el resultado de la declaración no correspondiera á las fundadas esperanzas de aquél, ya porque los motivos resultaran después contradichos y negados por los testigos mismos á quienes se atribuyó el conocimiento de ciertos datos, ó ya porque aquéllos no manifestaran lo que sabían; y como el efectismo en el descubrimiento de la verdad, que ha de servir de base para una resolución de los Tribunales, no es razón que el severo juicio puede aceptar, porque en tal caso la justicia se administraría en falaces motivos fundada, cuando esta falta de éxito exista sólo habrá ocasión para lamentar la ineficacia de la citación y la inutilidad del trabajo, mas no para censurar la conducta del Juez, cuyo criterio nació con buen acierto del resultado de actuaciones conocidas y de la aplicación de los principios generales ó que por lo común obedecen las cosas y los actos, sin que pueda ni deba hacerse responsable de haber sido chasqueado en sus naturales esperanzas por no haber sido corroborados ciertos datos, ó por haber faltado el testigo á su deber de expresar la verdad. El resultado no correspondió á legítimos deseos; pero los de la ley se cumplieron al ordenar la cita- ción, y esto es lo que en todo caso puede exigirse á quien debe llevar las disposiciones de aquélla en los puntos de la pluma con que escribe las resolu- ciones judiciales. Si se notara indolencia de juicio y torcida dirección de la actividad, habrá razones para creer que la torpeza en el discurso dio mar- gen á tan ineficaz resultado, por su ligero pensar y superficial criterio al dictar una providencia sin elementos razonables en qué apoyarla, produciendo con ello perjuicio evidente á las personas llamadas á declarar y á la seriedad de los actos judiciales.

Por esto hoy mucha importancia al discurso pre-

(1) Véase el número 193.