El Foro español (Madrid. 1898) (1903-04-30 00:00:00), página 9

caso obligarse por la fuerza al hombre de mar á prestar su servicio?

La ley natural, declarando derechos innatos inseparables de la personalidad humana, inalienables é imprescriptibles, los de dignidad personal é independencia (rectamente entendido, por supuesto), nos dicen á gritos que no.

Fundado en estas indiscutibles doctrinas el Derecho positivo de todos los países cultos, concreta las obligaciones de hacer en las de que se ejecute lo pactado á costa del que se obligó cuando se niegue á cumplirlas; y si esto no fuera posible, lo corriente es lo de abonar daños y perjuicios. Esto determina también el art. 1.098 de nuestro Código civil, y aplica, entre otras muchas sentencias del más alto Tribunal de la nación, las de 28 de Mayo de 1874 y 24 de Octubre de 1891, anterior la una y posterior la otra á aquel cuerpo legal, lo cual demuestra no introdujo éste variación alguna esencial en dicho punto.

Verdad es que estas disposiciones son de carácter civil y no mercantil, pero preciso es tener en cuenta que el art. 50 del vigente Código de Comercio eleva á la categoría de leyes mercantiles todas las disposiciones del Derecho común relativas á requisitos, modificaciones, excepciones, interpretación y extinción de los contratos, y á mayor abundamiento, el art. 56 del propio Código especial expresa terminantemente que, cuando alguno de los contratantes deje de cumplir su contrato mercantil, el otro podrá exigirle su cumplimiento por los medios de Derecho, no creyendo que nadie orea medio de Derecho el de obligarle á uno, independientemente de la imposición de penas, á un trabajo determinado y que ha cesado de agradablele, á cuya ejecución, por otra parte, sería imposible en la mayor parte de los casos obligarle, siendo la tentativa sólo manantial de abusos, que la imaginación se resiste á suponer.

Es más, no los Códigos modernos, sino uno que data de 1802, que sigue aún en parte vigente y que ha tenido la triste fortuna de excitar el odio de todos los pensadores, escritores y hombres verdaderamente libres por su carácter opresor y despótico, las célebres y antiguas Ordenanzas de matrículas, van á facilitarnos otro argumento en pro de nuestra tesis.

El art. 14 del título XIV de dichas Ordenanzas impone pena de seis meses de campaña á los matriculados que desertasen en España de los buques mercantes; y siendo esto así, cuando, dada la condición del matriculado dentro de aquellas Ordenanzas, la imposición de tan corto tiempo de servicio puede más bien considerarse como medida puramente gubernativa, es evidente que si de esa manera se reprimía la desertión ó abandono del buque sin cumplir las formalidades legales para su despedida, no puede nunca pensarse, ni aun en aquella época, que al que solicitara su desembarco en forma correcta y oportuna, se le impusiera la obligación de servir en la mar, quizás un tiempo muchísimo mayor que el de los seis meses señalados para el desertor. Consta, pues, que ni en 1802 se opinaba de tan peregrina manera.

Por otra parte, si el Código civil, como no podía menos de ser, aunque llamado á sufrir inmediata y radical transformación en esta parte, con el fin de elevar el nivel moral y social del trabajador reconoce en el art. 1.587 (anque en el artículo anterior pudiera sugerir á su vez la misma duda que el tantas veces citado 635) la facultad de despedirse los criados, menestrales, artesanos y demás trabajadores asalariados que hubiesen sido contratados por un tiempo determinado, ¿cómo había de desconocer esta facultad el Código de Comercio, siendo así que las características del Derecho mercantil son, como nadie ignora, la libertad, las facilidades y la equidad que le dan el carácter de esencialmente progresivo y universal, en frente de lo tradicional y lento en sus progresos que caracteriza el que rige las relaciones jurídicas de la familia y la propiedad.

Es de advertir también que el art. 635 puede y debe interpretarse en otro sentido; pues con los antecedentes que llevamos ligeramente expuestos, no cabe dudar de que la elección del capitán á que se refiere, entre obligarle á cumplir el servicio ó buscar á sus expensas quien le sustituya, se da sólo entre esta última facultad y la de compelir al obligado á la indemnización de daños ó perjuicios, si formalmente requerido se niega á prestar su servicio, aunque esta obligación venga naturalmente condicionada por la solvencia ó insolencia del obligado, como sucede por otra parte en cualquier contrato. En cuanto al primer párrafo de dicho artículo, que dice no podrá rescindir su empeño, etc., claro es que significa no puede hacerlo sin quedar sujeto á las consecuencias jurídicas de su proceder, y no ninguna otra.

Así y todo, nada se perdería con explicar ó aclarar dicho artículo, si bien el mejor medio de evitar la repetición de hechos tan repugnantes como el que motiva este pequeño trabajo, sería sin duda la medida general por que tantas veces hemos abogado, y cuya sola enunciación es su mejor defensa, pues rechaza por su propia naturaleza toda clase de demostraciones esta regla, que vergüenza será algún día de nuestra época no haya sido considerada como axioma de gobierno y organización social:

«Ningún cargo, empleo ni destino público, para cuyo desempeño sea necesario ó conveniente el conocimiento de las leyes, se podrá conceder al que no haya demostrado pública y solemnemente conocerlas, interin exista quien con esta cualidad las solicite.»