El Foro español (Madrid. 1898) (1903-08-30 00:00:00), página 1

EL FORO ESPAÑOL
REVISTA JURIDICO-ADMINISTRATIVA
A la que, por voluntad expresa de la mayoría de los Jueces y Actuarios de España, está confiada su representación y defensa
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SUMARIO
I. De la intervención de los Tribunales de justicia en materia electoral, por Mariano Segura, Abogado.—II. Breve indicación de algunas reformas convenientes á la Administración de Justicia, por Ricardo Pavón, Juez de primera instancia de Baena.—III. Justicia municipal, por Pedro Otero, Juez de primera instancia.—IV. El pica-pleitos y sus auxiliares.—V. El desdierro de los Jueces, por Un ex-fiscal de Canarias.—VI. Noticias.—VII. Situación de la mujer en el Derecho penal, por Dionisio Díez Enríquez.

DE LA INTERVENCIÓN DE LOS TRIBUNALES DE JUSTICIA EN MATERIA ELECTORAL

Conocidas son de todo el mundo las discusiones habidas ante la Comisión correspondiente del Congreso, y ante el Congreso mismo en pleno, de algunas actas en extremo escandalosas, por revelar muy claramente el cúmulo de atropellos e ilegalidades cometidos para sacar á flote la candidatura de personalidades determinadas, así como también se conoce la resolución que sobre ellas recayera, por lo que no necesito recordar ahora ni lo uno ni lo otro. En la conciencia de los que se preocupan de los asuntos públicos está la convicción del justo fallo que ha debido darse en algunas ocasiones, y que, sin embargo, no fué el que se dictó por quienes les competía hacerlo.
Esto consiste, sencillamente, en que la pasión es mala consejera en asuntos de justicia; y como de pasión política no pueden estar exentos los que al arte de gobernar consagran todo su tiempo, y como de justicia es realmente, y debe serlo, el que á cada uno se le otorgue lo que en derecho le corresponde, tanto en materia electoral como en cualquier otro orden, y estoy por decir que en aquél más aún por su transcendencia y la ejemplaridad que de ello resultara, voy á indicar la solución que debiera adoptarse, eu mi modesto sentir, para dar mayores garantías de respeto á la libertad del sufragio, impidiendo su descrito, evidente ya en muchas partes.
La solución que propongo no es otra que la de encomendar á una Comisión del Tribunal Supremo el conocimiento y resolución de aquellas actas de diputados y senadores que contuvieren protestas de alguna gravedad; á las Audiencias las de igual índole relativas á los diputados provinciales, y, por último, á los Jueces de instrucción las que en idéntico caso se encontrasen referentes á consejales que hubiesen de ejercer funciones dentro del partido que á cada uno de aquéllos corresponde.
¿No serían mayores las garantías de acierto en estas cuestiones, acostumbrados á juzgar como lo están los Magistrados y Jueces? ¿No inspiraría á todos más confianza su fallo?... Porque, en último término, ¿qué es un acta discutida sino un pleito, para cuya favorable resolución emplea cada contrincante los medios que estima convenientes, legítimos alguna vez, violentos y arbitrarios en gran número de casos? Pues resuelvanse estos litigios en conciencia por aquellos que, como misión principalísima de su vida, tienen la del jus suum cuique tribuendi, y no por personas que ni tienen por cos-