El Foro español (Madrid. 1898) (1902-05-20 00:00:00), página 9

ción, y no al adquirido en el remate: de modo que, si ha sido tasada una finca ó capitalizada en menos de 2.001 reales, no devengan aquéllos derecho alguno; pero debe atenderse al valor adquirido en el remate, respecto á los peritos y demás funcionarios que intervengan en la subasta, no comprendidos en el mencionado artículo.

Esta Real orden, redactada en forma algo confusa, no puedo tener otra interpretación; pues si se hubiese querido decir en ella, que, para el percibo de los derechos devengados por los funcionarios que se detallan en el artículo 192, ha de atenderse al precio del remate y no á la tasación y capitalización, no se prescribiría expresamente que queda subsistente este tipo para los funcionarios que se detallan en el repetido artículo, disposición que creemos injusta, por no haber motivo racional que justifique estas distinciones.

El Escribano no puede cobrar con separación los derechos de expedición del testimonio para que se realice el pago; porque en los asignados en general en el artículo 192, van comprendidos los de libramiento del mismo.

Los derechos á que se refiere este artículo han de distribuirse entre los Jueces, Escribanos y pregoneros que hayan intervenido en la doble ó triple subasta, según se declara en el 195: esto es, en el caso de triple subasta, cada uno de aquellos funcionarios tienen la tercera parte de los derechos tarifados; y la mitad, cuando sólo es doble.

Si el expediente comprende varias fincas, cada rematador debe pagar los derechos correspondientes en la forma expuesta; y los licitadores de aquéllas, en que la tasación ó capitalización no exceda de 2.000 reales, no deben satisfacer derecho alguno á los Jueces, Escribanos y pregoneros.

Podría surgir la duda, sobre si la repetida tarifa está vigente para los Escribanos y pregoneros ó alguaciles, la cual resolvemos afirmativamente, porque el arancel de 4 de Diciembre de 1883, general para aquéllos, no contiene cláusula especial derogatoria, sin que pueda entenderse derogado tácitamente, en atención á que sus disposiciones no son contrarias á la misma, sino que vienen á ser preceptos especiales compatibles con el arancel vigente, á la manera que también lo son las dictadas en el Reglamento para la ejecución de la ley hipotecaria sobre derechos que perciben los Escribanos en los expedientes poseedores.

Pasemos ahora á examinar un punto susceptible de muchas dudas, pero que se puede resolver de un modo lógico, haciendo un examen detenido de las disposiciones legales vigentes: nos referimos al papel que debe usarse en los expedientes de subasta de bienes del Estado que se tramiten en los Juzgados de primera instancia, y forma en que debe efectuarse el reintegro.

En Real orden de 23 de Diciembre de 1855, se resolvió que las diligencias de los expedientes de subasta de bienes nacionales, se extendieran en papel de oficio, y que el reintegro se hiciera regulándolo como del sello 4.º, por su analogía con los instrumentos públicos que designa el art. 6.º del Real decreto de 8 de Agosto de 1851.

De modo que estos expedientes han de entenderse, sin duda, en papel de oficio; más, con relación al reintegro, como el papel que se menciona en la referida Real orden no existe, creemos que debe llevarse á efecto, á razón de una peseta el pliego, fundándonos para ello en que los repetidos expedientes son de naturaleza puramente administrativa, no interviniendo el Juez en los mismos con carácter judicial, sino con el de funcionario administrativo.

Siendo, pues, expedientes de la naturaleza mencionada, el papel en que debieran extenderse es el de una peseta el pliego, clase 11, y, por consiguiente, su reintegro debe ser al mismo tipo, de conformidad con lo dispuesto en el número 4.º del art. 31 de la ley vigente del sello y timbre, que establece esta clase de papel para todos los memoriales, instancias ó solicitudes que se presenten ante cualquier autoridad no judicial.

Se podrá objetar que el reintegro debe ser á dos pesetas por pliego, por ordenar el artículo 336 de la ley citada, el empleo de aquel timbre en los expedientes gubernativos que se instruyen en los Tribunales y Juzgados á instancia ó en interés de particulares; pero esta objeción queda desvanecida con sólo tener en cuenta, que el expediente de subasta de bienes nacionales es administrativo y no gubernativo: es de naturaleza análoga á los que se instruyen entre los Ayuntamientos ó otras Autoridades administrativas y al que se sigue en la Delegación de Hacienda para la misma subasta que debe reintegrarse indudablemente á peseta el pliego; pues sería un absurdo que en expedientes de igual naturaleza se empleara timbre distinto.

Además, no es cierto tampoco que, en todos los expedientes de carácter no judicial que se instruyen en los Juzgados y Tribunales, debe utilizarse papel de á dos pesetas; porque la Real orden de 3 de Julio de 1889, dispone que en los asuntos y documentos que obedecen exclusivamente al régimen interior administrativo de los Tribunales y Juzgados, así como en las solicitudes de licencia de los funcionarios del orden judicial, corresponde aplicar el timbre en la forma que prescriben los artículos 72 y siguientes de la ley, relativos á los documentos de administración; y aquel artículo está reproducido en el 31 de la ley vigente á que hemos hecho referencia: luego, si los asuntos de carácter administrativo de los Juzgados y Tribunales, se reintegran á razón de á peseta, con más mo-