El Foro español (Madrid. 1898) (1902-06-30 00:00:00), página 11

Nombramientos de Notarios.

Por permuta han sido nombrados Notarios: de Puentearce, D. Gerardo Saro, y de Sasamón, D. Vicente Hornillos.
Han sido nombrados Notarios: de Puerto de Cabras, don José Hernández, que lo era de Antigua, y de Artajona, don Angel Aldabe, que lo era de Santa Eulalia.

Personal de la Magistratura.

Se han dictado varios decretos, jubilando á D. Francisco González Chía, Magistrado de la Audiencia provincial de Madrid.
Nombrando para esta vacante á D. Primitivo González del Alba, Presidente de la Audiencia provincial de Granada.
Promoviendo á Presidente de la Audiencia provincial de Granada á D. Buenaventura Muñoz y Rodríguez, Presidente de la de Santander.
Nombrando para esta vacante á D. Pascual del Río y Laredo, Fiscal de la misma.
Idem Fiscal de la Audiencia de Santander á D. Lisardo Sánchez Cabo, Magistrado de la Coruña.
Idem Magistrado de la Audiencia provincial de la Coruña á D. Hilarión Real y Pelaez, fiscal de Lugo.
Promoviendo á Fiscal de Lugo á D. César Augusto Cortés y Enriquez, Magistrado de Jaén.
Jubilando, accediendo á sus deseos, á D. Nemesio Almanzora y Andino, Magistrado de la territorial de Pamplona.
Promoviendo para esta vacante á D. Francisco Martínez Cantero, que lo es de Málaga.
Jubilando, accediendo á sus deseos, á D. Pablo Mauro Campos y Pérez, Magistrado de Tarragona.
Trasladando á Magistrado de la Audiencia de Tarragona á D. Daniel Esteller y Pellicer, que lo es de Lérida.
Nombrando, á su instancia, Magistrado de la Audiencia de Málaga á D. Rafael García Vázquez, electo de la de Badajoz.
Promoviendo á Magistrado á D. Marcelino Eduardo García de Juan, Juez de primera instancia de Logroño.
Idem en turno primero á Magistrado de la Audiencia de Badajoz á D. Leopoldo Jiménez Escribano, Juez de primera instancia de Vitoria.
Declarando excedente á D. Blas Mesa y Mesa, Teniente Fiscal de Zaragoza.
Promoviendo á Teniente Fiscal de Zaragoza á D. Jenaro Barrón y Jiménez, Juez de primera instancia de la misma capital.
Promoviendo á Magistrado de la Audiencia de Badajoz á D. Pablo Simón y Hernández, Juez de Loeza.
Nombrando Presidente de la Audiencia territorial de Valencia á D. Bernardo Cónsul.
Idem Fiscal de la de Valencia á D. José Serrano.
Idem Presidente de Sala de la de Cáceres á D. Jesús Ferreiro.
Idem Fiscal de la de Barcelona á D. Pedro Higueras.
Promoviendo á Presidente de Sala de la Audiencia de Valladolid á D. Luciano Obaya.
Idem Fiscal de las Palmas á D. Pablo Arráiz.
Idem Presidente de Sala de la Coruña á D. José García y Romero de Tejada.
Nombrando Juez del distrito del Congreso de Madrid á don Joaquín Beneyto.
Idem Magistrado de Pamplona á D. Juan Campoy.
Idem Fiscal de la de Bilbao á D. Hipólito Valdés.
Idem Magistrado de la de Albacete á D. Tomás Martín Galán.
Idem Magistrado de la Coruña á D. Benito Rodríguez Celis.
Promoviendo á Teniente Fiscal de la Audiencia de Valladolid á D. Manuel Puga y Fernández.

CON COSTAS

Contra los escritos de reforma

Lo que viene ocurriendo en el punto que vamos á tratar, y sobre todo en los Juzgados de Madrid, es cosa que ya llama la atención.

Antiguamente, era muy raro el caso en que un Juez denegase una reforma, condenando en costas al que la pedía; para esto se necesitaba que la temeridad fuese muy manifiesta, y había entre los antiguos Jueces una especie de cortesía hacia los litigantes que pedían reforma de sus acuerdos, que les impulsaba, aun en caso de negativa, á no imponerles las costas. Un Juez viejo nos decía á nosotros en cierta ocasión, que no accedería á una reforma que de él habíamos solicitado, pero que estuviésemos tranquilos respecto á las costas, porque su modestia por una parte y su educación por otra, le vedaban el hacer uso de esa facultad en materias en que su ilustración pudiese flaquear.

Y realmente, la conducta de aquel Juez debiera imitarse, y en este punto se debía ser parco, pues abusando de aquella facultad y originándola en sistema, pudiera sospecharse que se trataba de conquistar por la fuerza patente de infalibilidad, y cerrar la boca de los litigantes ante el temor de esas costas.

Nosotros suprimiríamos el recurso de reforma, á la par que aumentaríamos la responsabilidad de los Jueces por sus errores; pero dado que aquel recurso existe, no puede tener otro objeto que ver de evitar á los litigantes los gastos de una apelación; pero si no solamente se niega la reforma, sino que se hace siempre con imposición de costas, y se permite, como ocurre casi siempre, que el Abogado contrario ponga un mineral por el escrito de oposición, se hace tasación, etc., etc., entonces este recurso, casi inútil por ser ante el mismo que dictó el acuerdo recurrido, casi anula el recurso de apelación, sobre todo, tratándose de cosas de poca importancia, recurso que muy pocos se atreverán á entablar después de sufrida tan dura lección.

Es preciso que los Jueces comprendan que si en todas sus resoluciones deben poner en el lado, éstas deben prestarles especial atención, puesto que tratándose de solicitudes que van contra sus propias resoluciones, es muy fácil, y hasta muy humano y razonable, que si la justicia que preside el auto de reforma no está muy clara, se atribuya esa condena á efectos de un amor propio excesivo, que