El Foro español (Madrid. 1898) (1902-11-30 00:00:00), página 5

la declinatoria si la creyese procedente; y si el Juez ó Tribunal no decretan la inhibición, ha de ponerlo en conocimiento del Gobernador de la provincia, como dispone el art. 7.º del Real decreto de 8 de Septiembre de 1887.

Según el núm. 5.º del art. 19, «podrá promover y sostener competencias el acusador privado que estuviera personado en la causa, con tal de que no hubiese hecho todavía ninguna petición que afectase á la misma». Las competencias á que dicho número se refiere no pueden ser otras que las consignadas en el art. 26, bien haciendo uso de la inhibitoria ante el Juez ó Tribunal que creyere competente, para que requiera de inhibición al que esté conociendo de la causa incompetentemente, ó bien de la declinatoria ante este último; pues bajo el nombre de competencias no hay más que estas dos clases, sin que pueda confundirseles con las reclamaciones á que se refiere el art. 23, por partir de diferentes principios. Pues bien: no obstante los términos tan explícitos del expresado número 5.º, no encontramos un caso á que puedan aplicarse, por falta de términos hábiles para ello en las causas, como vamos á demostrar. Si éstas estuvieren en el período del sumario, en vez de la inhibitoria tendrá el acusador particular que entablar la reclamación del art. 23, y si estuvieren en el período del juicio oral, le estará prohibida la declinatoria, por cuanto es una excepción que el artículo 665 y siguientes conceden exclusivamente á los procesados, responsables civilmente del delito, y Ministerio fiscal. Importa poco que el acusador privado se haya ó no abstenido de hacer en el sumario alguna petición que le afectase, porque tal abstención no le priva del carácter de acusador, y los términos del art. 28 no admiten ninguna distinción respecto de su actitud. Es más: aun cuando no se hubiera personado en la causa y como primera intención entablase la inhibitoria ante el Juez ó Tribunal que creyera competente, para que requiriera de inhibición al que estuviera conociendo de ella incompetentemente, como al hacerlo no podía desprenderse del carácter de tal acusador, siempre quedaría sujeto á los términos del art. 23, teniendo que tramitarse su petición con arreglo á ellos durante el sumario. En igual caso, si la causa estuviera en el período del juicio oral, tampoco le sería admitida la inhibitoria á pretexto de no haberse personado en aquélla durante el sumario, por haber consentido la incompetencia, respecto de la que no puede alegar ignorancia, en vista de habérsele instruido del derecho que le concedía el artículo 109 y no deben ser juguete los Tribunales del capricho de los perjudicados por el delito. Únicamente pudiera tener entrada dicha inhibitoria en tal estado, si un extraño la interpusiese haciendo uso del derecho que á todo ciudadano concede el art. 101, y aun en este caso, poco probable, no faltaría quien opinase que la notoriedad del delito debería surtir los mismos efectos del art. 109. De lo dicho se desprende que el núm. 5.º del artículo 19 no puede en manera alguna tener aplicación en las causas, debiendo haberse especificado que se refería únicamente á los juicios de faltas, en los que cabe muy bien que se provoquen de oficio, sin excitación del perjudicado, y que éste, antes de la convocatoria para el día señalado, provoque la inhibitoria ante el Juez que crea competente, contra el que esté conociendo incompetentemente, haciendo uso del art. 27, ó la declinatoria en igual caso, poniendo en juego el art. 32. Por último, debe advertirse que aun cuando el Ministerio fiscal tiene el carácter de acusador, no está despojado por eso del de defensor, según se desprende del art. 107 del Reglamento provisional para la Administración de justicia del año 1835, que está en todo su vigor con respecto á este particular, razón por la cual puede hacer uso indistintamente de los derechos que á cada uno de dichos papeles concede la ley.

Según el núm. 6.º del art. 19, «el procesado y la parte civil, ya figure como áctor, ya aparezca como responsable, podrán promover y sostener competencia, dentro de los tres días siguientes al en que se les comunique la causa para calificación». La ley supone que antes de este tiempo ni el procesado ni la parte civil son partes en la causa, y bajo tal suposición les niega la facultad de poder intentar la inhibitoria á que se refiere el art. 26. Es más: ni aun les permite hacer la reclamación del art. 23, puesto que de ellos no se hace expressa mención en el mismo, sin duda por la misma razón de no reputarles como partes en la causa. No encontramos justificada la ley ni en el uno ni en el otro artículo, y la creemos en este punto enteramente contraria al espíritu del sistema acusatorio, base de la misma. ¿Pues qué, no se debe considerar como parte en la causa al procesado desde el momento de su procesamiento? ¿No principio desde aquel momento á ser blanco de toda clase de investigaciones y vejaciones? ¿Por qué razón se ha de esperar á que se le confiera traslado de la calificación fiscal para que pueda protestar contra la competencia del Juez ó Tribunal que lo haya procesado? ¿No se le conceden otros derechos, como lo son los marcados en los artículos 118, 384, 501 y 517, á partir de la competencia del Juez ó Tribunal instructor de la causa, cuyos derechos constituyen lo esencial de ésta? ¿Pues á qué levantar un edificio sobre una base tan insegura, con la exposición de que al llegar al período del art. 652 se venga al suelo por falta de sólidos cimientos? En hora buena que no se diera entrada durante el sumario, en obsequio á la bre-