El Foro español (Madrid. 1898) (1903-11-30 00:00:00), página 6

autor domiciliado fuera de España, ó por otro modo cualquiera análogo, fácil sería llevar la tranquilidad á muchos que hoy, indefensos, temen el agravio periodístico, no fácil siempre de evitar, ni aun con la mejor voluntad de los directores, que quizás después se consideran obligados á no desdecirse, en acatamiento del falsísimo concepto del valor, que como evidenció Dicenta en su popular zarzuela Curro Vargas, es ya hoy, por desgracia, moneda corriente en nuestra triste y abatida sociedad.

¿Esperaremos en vano esta reforma, que hasta cabría dentro del vasto campo de la interpretación como otra más esencial del art. 556, que por lo reciente nadie olvida?

LEANDRO DE SARALEGUI Y AMADO,
Abogado.

LA REFORMA DE LA LEY HIPOTECARIA

La lectura del proyecto de reforma de varios artículos de la ley Hipotecaria y el de creación de los Tribunales industriales, ha causado penosísimo efecto en el cuerpo de Escribanos, porque demuestran no sólo la desconsideración más absoluta, sino olvido completo de los importantes servicios gratuitos que prestan sus individuos.

No hay proyecto de ley, no hay disposición ministerial ó resolución de los Tribunales en que se trate de las atribuciones del Escribano ó de la interpretación de los Aranceles, que no se haga en daño del mismo; no parece sino que se aspira á que eso que se ha dado en llamar justicia gratuita empiece por el Escribano, privándole de derechos y no dándole sueldo, pero, en cambio, exigiéndole responsabilidades de todo género por cualquier infracción del procedimiento ó retraso en la tramitación.

Fijándonos en el proyecto de ley Hipotecaria, resulta que, á pesar de los años transcurridos, y cuando tantos otros yacen en el polvo del olvido en los archivos de las Cámaras legislativas, el que nos ocupa goza del privilegio de que, de tiempo en tiempo y con más ó menos extensión, se reproduzca, lo cual hace sospechar que detrás de él se encuentra el interés de los Notarios por llevarse las declaraciones de herederos y otros expedientes, como con notoria publicidad se ha sostenido en sus Revistas y Asambleas, y cuyas conclusiones fueron objeto de solicitud al ministerio.

¿Qué razón fundamental se alega para dividir el expediente de declaración de herederos, dando la mitad de su conocimiento á los Notarios, y la otra mitad al Tribunal de justicia? Ninguna.

¿Es asunto judicial? Indiscutiblemente; y lo prueba el que el mismo proyecto no puede por menos de reconocer la necesidad de oír al Ministerio fiscal, y de que los Tribunales sean los que en definitiva dicten la resolución que proceda. Pues si esto es así, no cabe, en buenos principios, dividir la jurisdicción.

Hasta ahora habíamos visto que el recibir declaración á testigos tenía carácter de función judicial; y si el proyecto prospera, tendremos al Notario investido del carácter de autoridad, dando fe al mismo tiempo de lo que consigne en las declaraciones de los testigos, facultad omnívima de que no goza el Juez, que imprescindiblemente ha de hallarse asistido de Escribano que dé fe, con lo cual resultará el Notario con más atribuciones que la autoridad judicial.

Ordénase, además, que el expediente se protocolice. ¿Para qué?

Lo ignoramos.

Y sólo se explica por la rutina con que aquí se hacen las cosas; pues hoy los archivos judiciales se encuentran perfectamente organizados.

Además, el autor del proyecto olvida una cosa. Muchas de esas declaraciones de herederos en que se comprende la pequeña propiedad, se hacen hoy en concepto de pobre, previa la sustanciación del oportuno incidente: ¿las hará luego el Notario? Parecenos que no, porque éste no está acostumbrado á trabajar gratis.

En la aprobación de la escritura de particiones se dice que se remitirá de oficio al Juzgado y sin más trámites que la manifestación en la secretaría del Juzgado, por término de ocho días, devolviéndose también de oficio al Notario remitente, con el auto aprobando la partición.

Cuando es necesaria la aprobación judicial, es, por lo regular, porque hay menores cuyos padres tienen intereses opuestos á los de sus hijos, y es preciso el nombramiento de defensor. ¿Cuándo se hará éste si la escritura se remite ya otorgada?

Se habla de la remisión de oficio al Notario. ¿No podrá saberse la interpretación que da á esta palabra el autor del proyecto? Nosotros sabemos la que tiene en la ley de Procedimiento; pero como aquí todo se hace en daño del Escribano, causa reoelo su empleo con tanta repetición.

Muchísimo podríamos decir en contra del proyecto, pero no tenemos tiempo para más.

No tenemos que hacer más que recordar á la clase lo ocurrido en ocasión idéntica en 1890 y 1894.

Por fortuna, la Comisión que ha de dar dictamen en el proyecto de ley Hipotecaria ahora presentado, se compone de eminentes jurisconsultos de la corte que ejercen la abogacía, y, por tanto, conocen perfectamente la materia entregada á su estudio y el trabajo gratuito que pesa sobre los Escribanos, y esto es garantía firme de que han