El Foro español (Madrid. 1898) (1903-09-30 00:00:00), página 3

sencillas, pero prácticas, que impedirían el triunfo de la manifiesta mala fe, y hemos llamado la atención de los Jueces y Tribunales para que no consentan lo que la ley prohíbe, y que, no obstante, se ejecuta.

Nada, sin embargo, hemos conseguido; las pobrezas son, cual la langosta, una plaga que invade el cuerpo judicial; y ya hoy, de seguir los Tribunales las prácticas iniciadas, veremos á los millonarios litigar como pobres, y harán bien si se les deja.

El Estado ha procurado evitar que se le burlen sus derechos por no usar papel timbrado, colocando al Abogado del Estado para que vigile y se oponga al reconocimiento del beneficio á favor del solicitante; pero esa defensa es ineficaz, porque ese funcionario, quizá por su mucho trabajo, no presta la merecida atención á esos expedientes, limitándose á un trabajo meramente burocrático.

Al Escribano se le impide toda gestión, y los Jueces, al ver lo poco que el defensor del Estado gestiona, no conceden tampoco gran importancia á estos preliminares del juicio, reservando su actividad para la decisión del fondo, y cuando ya la condena de costas no tendrá eficacia, por la bien urdida insolencia del condenado al pago.

Y debido á ello, ó tal vez por el estudio especial que en este sentido se hace, vemos que cada día el abuso es mayor, y se emplean las pobrezas en asuntos para los cuales es imposible que se den, pero que la realidad nos los presenta con demasiada frecuencia.

De nada ha servido que el Tribunal Supremo, con sus terminantes sentencias de 23 de Noviembre de 1893 y 21 de Enero de 1894, entre otras, haya restablecido la buena doctrina «que es imposible existan concursos y quiebras de pobre, mientras no se haya demostrado en los respectivos expedientes que todos y cada uno de los acreedores tenga derecho individualmente para gozar este beneficio, y que es absurdo que se declare pobre al síndico, aunque lo sea, mientras los demás acreedores tengan bienes», porque en otro caso no habría concursos ni quiebras de rico, pues el remedio era bien conocido: buscar un pobre de solemnidad para representar á aquella masa de acreedores.

El que no existan muchos bienes ó ninguno en el activo, no puede justificar la pobreza, porque entonces resultaría que cabría litigar como pobre el ejecutante, cuando en el juicio ejecutivo no hubiera embargados bienes suficientes; el concurso y la quiebra son juicios establecidos en favor no sólo del concursado, sino más bien de los acreedores; en él litigan todos, y mientras todos no sean pobres, el juicio debe tramitarse en el papel sellado correspondiente.

Pues con ser tan claros estos principios, la generalidad de los juicios universales se presentan redactados en el papel del sello de oficio y con la promesa de presentar la demanda ó presentándola, y no gestionando nada en ella; sabiendo que el Juez no puede proceder de oficio, y que el Abogado del Estado nada pedirá, siguen los concursos y las quiebras disfrutando de papel y servidores gratuitos, siendo para ellos un hecho la difícil cuestión de la justicia entera á cargo del Estado, gratis, como función eminentemente jurídica que tanto preocupa á los legisladores.

Y como el ejemplo cunde, ya no son los concursos y las quiebras; ya también se declaran pobres las suspensiones de pagos, y aun cuando esto parezca imposible al que conozca nuestras leyes, sin embargo, deben ser letra muerta para Jueces y Abogados del Estado, porque las suspensiones de pagos de pobre se tramitan en los Juzgados de España.

Y decimos que es imposible con la ley en la mano, aun cuando se den en la práctica, porque los artículos 870 y 871 del Código de Comercio, reformados por la ley de 10 de Junio de 1897, dicen lo siguiente: «El comerciante que poseyendo bienes suficientes para cubrir todas sus deudas, prevé la imposibilidad de efectuarlas á las fechas de sus respectivos vencimientos, podrá constituirse en estado de suspensión de pagos»; y «también podrá el comerciante que posea bienes suficientes para cubrir todo su pasivo, presentarse en estado de suspensión de pagos»; es decir, que el primer requisito, la cualidad indispensable para obtener la suspensión de pagos, es que se tenga bienes para cubrir el pasivo; y si se tienen bienes, es imposible el ser declarado pobre.

Con esto habrá suficiente para rechazar á priori toda demanda de pobreza; pues no hay que olvidar que la ley no sólo concede la facultad al Juez, sino que se le impone como un deber el rechazar á limine las demandas que no contengan los requisitos del art. 28, entre los cuales está el de acompañar los recibos de la contribución del último trimestre, y claro es que en ese recibo ha de constar la cantidad satisfecha, que rarísimamente han de ser inferiores á los tipos marcados en el caso 4.º del art. 15, el cual tiene por epígrafe general el siguiente: «Sólo podrán ser declarados pobres...»; por consiguiente, si ese recibo es por cantidad superior, tenemos una pobreza que á priori no puede serlo, y constituirá un escarnio para la Justicia el que á sabiendas se tramita.

Pero aún hay más: en las suspensiones de pagos el que pide la suspensión ocupa el lugar del demandante: es el que pide quien solicita, y por tanto, no se puede dar curso á esa petición en papel de oficio mientras no haya obtenido con antelación la declaración de pobreza, pues así lo establece el