El Foro español (Madrid. 1898) (1902-11-10 00:00:00), página 5

nado en la causa.—6.º El procesado y la parte civil, ya figure como actora, ya aparezca como responsable, dentro de los tres días siguientes al en que se les comunique la causa para calificación.

Habiendo sido Juez municipal en tres bienios, desempeñando en varias ocasiones el Juzgado de primera instancia; Substituto fiscal por otros seis años, durante cuyo tiempo desempeñé la Fiscalía veintiún meses, en las ausencias y enfermedades de los propietarios; Suplente de Magistrado un año, formando Sala cinco meses por denuncia del propietario; Secretario de Audiencia de lo Criminal año y medio; Registrador de la propiedad dos años y ocho meses, y Juez de primera instancia siete años, sin haber podido lograr derechos pasivos, por haberme jubilado contra mi voluntad al cumplir los sesenta y cinco años de edad, y no contármese de los servicios prestados en la Promotoría fiscal siquiera cinco meses que me faltaban para los doce años exigidos como mínimo por la ley, según fallo del Tribunal contencioso-administrativo recaído en mi expediente; no obstante haber citado varios Reales decretos de casos en que fueron estimados iguales servicios, tuve por precisión que agarrarme de nuevo á la profesión de Abogado, hasta hace unos meses, que un buen hijo se empeñó en que la dejara, suministrándolo á sus padres cuanto gana, haciendo el sacrificio de no casarse. Pues bien: habiendo observado en mi larga práctica, como letrado y funcionario, los muchos errores que se cometan en los Tribunales, sin distinción de jerarquías, sobre competencias en lo criminal, no he podido por menos, para entretenerte el ocio, como amante de la ciencia, que tan ingrata ha sido para mí, de escribir el siguiente comentario, con el objeto de evitar en lo posible los entorpecimientos y desaciertos que á menudo se cometen en materia tan delicada, siquiera en honra de la administración de justicia.

El alcance y desarrollo de este artículo son más difíciles de comprender y traducir en actos prácticos que lo que á primera vista parece. Cada número es objeto de un detenido estudio para poder saber los diferentes casos que abraza, la forma en que pueden presentarse y la tramitación á que respectivamente deben sujetarse. Se puede afirmar, sin incurrir en exageración, que es uno de los más artísticos que contiene la ley, por la trabazón y enlace que guarda con los demás que tienden á fijar la competencia entre los Jueces y Tribunales ordinarios y entre éstos y los especiales, á pesar de no estar comprendidos más que los primeros en el epígrafe de este capítulo, porque debe considerarse subordinado al más amplio del título á que pertenece. Vamos, pues, á desmenuzar dicho artículo.

Según el núm. 2.º del art. 19, podrán los Jueces de instrucción promover y sostener competencias durante el sumario, ya entre sí ó ya con otros Jueces de jurisdicción privilegiada, y sostener con la Administración las que ésta les provoque; pero si conocieren de dichos sumarios por delegación, de conformidad con los párrafos segundo y cuarto, y no como Jueces especiales nombrados con arreglo al tercero, todos tres del art. 303 no podrán pro- vocarlas y sostenerlas con ninguna de dichas autoridades, por estarles prohibido respectiva y terminantemente en la Sentencia del Supremo de 18 de Septiembre de 1877, y en el art. 5.º del Real decreto de 8 del mismo mes de 1887, debiendo traer sus funciones á los términos de la delegación, que no pueden ser extensivos á las incidencias de que habla el art. 305. Las que provoquen ó sostengan entre sí ó con otros Jueces de la jurisdicción privilegiada, ya sean positivas ó negativas, se ajustarán á las reglas del art. 22, en relación con el 20, 46 y 50, respectivamente, y no necesitarán oír previamente al Fiscal, porque tal dilación la rechaza abiertamente dicho art. 22, en obsequio á la brevedad del sumario, y una vez resueltos, ya no cabrá la reclamación del art. 23, aun suponiendo que las competencias se decidieran á favor de los que fueren incompetentes, por prohibirse el párrafo primero del citado art. 22, cuya reclamación, después de suscitada la competencia y antes de fallarse, tampoco tendría entrada y sería absorbida por ésta, como de análoga tramitación y de igual resultado, á menos que en dicha reclamación se invocase la competencia á favor de otro Juez distinto á los dos contendientes, en cuyo caso se subordina, cuando menos, invocarse si no se le oyerá en ninguna de ellas. La competencia negativa es la que se ocupa el párrafo segundo del art. 25, y aquí surge de nuevo la duda de si antes de provocarla el Juez municipal debe ó no oír al Ministerio fiscal, cuando no haya precedido reclamación del mismo. Si nos atenemos á la letra de dicho párrafo, hay que resolverse por la negativa, por cuanto á sólo el expresado Juez deja la consideración de su incompetencia; pero si se reflexiona que dicha competencia está sujeta á los mismos trámites que la positiva, según preceptúa el art. 46, habrá que convenir en que, por iguales razones á las expuestas sobre ésta, deberá oír al Fiscal municipal antes de acordar su inhibición á favor de otro Juez. Importa poco que, tanto la una como la otra competencia, tenga que dirigirlas el Juez municipal contra otros Jueces ó Tribunales especiales, pues, según el artículo 50, todas ellas están sujetas á los mismos trámites hasta depurar la escala del art. 20, en cuyo último párrafo es en donde se hallan comprendidas. Y, por conclusión, no debe echarse en olvido que los Jueces municipales pueden también inhibirse en favor de la Administración, cuando