El Foro español (Madrid. 1898) (1903-11-10 00:00:00), página 10

sin que haya comparecido en este Tribunal Supremo la otra parte;

Resultando que D. Teodoro García Obispo promovió ante el Juzgado de primera instancia del distrito de Palacio de esta corte, contra doña Dolores Rueda Simó, juicio declarativo de mayor cuantía sobre reclamaciones de ciertos honorarios devengados por aquél como perito, cuyo pleito fué resuelto por el Juzgado absolviendo á la demandada doña Dolores, que había estado representada por el Procurador D. Felipe Jiménez y García de la Plaza;

Resultando que interpuesta por el actor D. Teodoro García Obispo apelación de la mencionada sentencia, se tramitó la alzada ante la Sala primera de lo civil de la Audiencia de este territorio y Relatoria-secretaría de D. Trifino Gamazo, hoy recurrido, sin que se hubiese personado en esta segunda instancia la parte apelada, hasta que, dictada sentencia revocatoria de la del Juzgado y notificada á la doña Dolores Rueda personalmente, su dicho Procurador D. Felipe Jiménez y García de la Plaza presentó escrito interesando testimonio del aludido fallo para interponer recurso de casación;

Resultando que el referido Relator secretario D. Trifino Gamazo juró la cuenta de los derechos por él devengados y suplementos que hizo en las diligencias comunes de la susodicha apelación, pidiendo se requiriese al pago de su importe al Procurador de la apelada D. Felipe Jiménez y García de la Plaza, en virtud de cuya pretensión la Sala dictó, con fecha 28 de Octubre último, providencia acordando que se librase orden al Juzgado para hacer saber al Procurador expresado que en el término de quinto día pagase con las costas la cantidad de 451 pesetas 88 céntimos, sin perjuicio de que, si se creía con razón para ello, impugnase la cuenta una vez que la hubiese solventado dentro de dicho plazo, haciéndose en otro caso efectiva la sume por la vía de apremio, para lo cual se daba comisión en forma al Juzgado; resolución que se notificó á dichos Relator y Procurador, presentándose por éste, en 3 de Noviembre último, escrito fechado en 29 de Octubre anterior, impugnando la cuenta sin haber hecho el pago, en vista de lo cual la Sala decretó, en 4 del citado Noviembre, que luego que el Procurador D. Felipe Jiménez consignase en el término de segundo día el importe de la cuenta jurada, se acordaría lo que procediese, y no habiéndose hecho la consignación se libró al Juzgado la orden acordada, la cual fué devuelta cumplimentada, acompañándose el importe de la referida cuenta y costas, siendo aquél entregado bajo recibo al Relator D. Trifino Gamazo, é impugnada después la cuenta por el mencionado Procurador, se acordó por la Sala que informase el D. Trifino lo que estimase conveniente á su derecho;

Resultando que evacuado el informe dicho, la Sala, en vista de él y de la oposición del Procurador Jiménez, dictó auto con fecha 16 de Diciembre último, declarando no haber lugar á la impugnación formulada por dicho Procurador, con imposición de todas las costas al mismo, resolución de la cual suplicó el D. Felipe Jiménez, dando con ello lugar á que, previos los trámites correspondientes, dictase la Sala, en 5 de Enero último, otro auto que declaró no haber lugar, con las costas al Procurador D. Felipe Jiménez, á la súplica interpuesta por el mismo en su escrito de 23 de Diciembre próximo pasado, del auto de 16 del propio mes, y mandó se estuviese á lo acordado en el mismo;

Resultando que con el depósito de 88 pesetas, don Felipe Jiménez y García de la Plaza ha interpuesto recurso de casación por infracción de ley, como comprendida en el número primero del artículo 1.692 de la de Enjuiciamiento civil, fundándole en los tres motivos siguientes:

1.º Haber infringido la Sala, por indebida aplicación, el art. 350 de los Aranceles judiciales, pues que el recurrente no llegó á personarse en la apelación interpuesta por D. Teodoro García Obispo, ni fué parte en ella, no pudiendo reputarse por tal acto el hecho de pedir certificación para entablar el recurso de casación, cumpliendo instrucciones de su parte, á quien ya fuera notificada la sentencia, requisito indispensable para que el citado texto arancelario fuese aplicable, no siendo tampoco admisible el fundamento de que la representada por el recurrente utiliza lo actuado en la apelación, pues la remisión del apuntamiento al Tribunal Supremo es obligación que de oficio impone á la Sala el art. 1.708 de la ley de Enjuiciamiento civil para conocimiento de aquél, sin llegar á poder de la parte;

2.º Infracción del art. 5.º, núm. 5.º, de la ley de Enjuiciamiento civil y de los 882 y núm. 4.º del 885 de la orgánica del Poder judicial, en cuanto se acordó el embargo de la fianza del recurrente para responder de gastos causados en una apelación en que no ha sido parte; y

3.º Que en todo caso el derecho que concede el art. 350 de los Aranceles, es á la parte personada anteriormente, pero nunca al Relator que cobró ó tiene derecho á cobrar á la parte personada ya.

Visto, siento Ponente el Magistrado D. Vicente de Piniés;

Considerando que, dados los términos del artículo 350 de los Aranceles judiciales, al temor del que para que existan costas comunes que respectivamente deban pagar los interesados en un pleito, es menester que éstos se hayan personado en el mismo, la única cuestión promovida por el