El Foro español (Madrid. 1898) (1903-08-10 00:00:00), página 10

sea aplicado el Código por los Juzgados municipales, y aun por los Tribunales superiores, y sin embargo, sólo en cortadísimas excepciones se ha procedido con relativo rigor.

Para afirmación tan categórica nos fundamos en varios hechos:

1.º Desde 1883 á 1900—no se han publicado más estadísticas—ó sea en diez y ocho años; la Audiencia de Madrid no ha intervenido más que en 19 infracciones de las leyes sanitarias.

2.º En el mismo año pasado, de los millares de expedientes incoados en las tenencias de alcaldía por infracción de las Ordenanzas y leyes análogas, sólo 144 han pasado al Juzgado municipal.

3.º Y en las tenencias de alcaldía, aparte los casos castigados con apercibimiento y represión y de los sobreseimientos, se han impuesto 4.562 multas, que importaron 27.523 pesetas, ó sean poco más de seis pesetas por infracción. Verdad que entre los multados están los desdichados vendedores ambulantes, á quienes no se les impone penas fuertes.

Con estos datos hay motivo para declarar que las leyes y Ordenanzas no se cumplen, ni aun por excepción.

Pero hay más. Los alcaldes tienen el deber legal, que les ha recordado muchas veces el ministerio de la Gobernación, no sólo de vigilar, penar y entregar á los Tribunales á quienes defrauden, sino también de hacer públicos sus nombres, y es sabido de todos que tal disposición—terminantemente obligatoria—fué cumplida unas semanas, y al poco tiempo el Municipio resolví quebrantarla.

Resumen: que las leyes y las disposiciones accesorias no se cumplen cuando dañan á los que están ó defrauden, no aplicándoseles más que penas que representan un débil quebranto en sus ganancias.

Y cuando «especialicemos» estas investigaciones por industrias ó sustancias, veremos nuevos casos de culpable lenidad.

JUAN JOSÉ MORATO.

Hasta aquí el artículo del distinguido colaborador del Heraldo de Madrid, en el que por vez primera apareció el trabajo que dejamos copiado, y que da una idea triste del celo que toda clase de autoridades en Madrid despliegan para castigar estafas y fraudes tan grandes, como que contribuyen poderosamente á propagar el epíteto de Ciudad de la Muerte, con que es ya conocida en el extranjero la capital de España.

Por su parte, las autoridades judiciales de Madrid harían bien en vindicarse de la parte de censura que les alcanza, promoviendo por sí mismas la acción de la justicia, y poniendo en juego su policía, á la par que estimulando la acción gubernativa.

Aquí, donde tantas circulares se prodigan, y donde tanta actividad se despliega en denuncias de periódicos y en la persecución de otros delitos políticos, á instancia de ministros y gobernadores, que se preocupan de intereses de bandería más que de cosas tan importantes como la salud pública, no estará de más que las autoridades judiciales, que á menudo son movidas por las ejecutivas, hagan por si un escarmiento en esos industriales asesinos lentos de los madrileños.

El Ministerio fiscal tiene atribuciones para ello, conforme, entre otras disposiciones, á los números 7.º, 8.º y 16 del artículo 838 de la ley orgánica del Poder judicial, empezando por promover cuantos procesos dimanan de los hechos denunciados en el citado trabajo, ya que aún no han prescrito los delitos que los originan.

Y hacemos la recomendación muy especialmente al joven Teniente Fiscal de la Audiencia, señor D. Antonio María de Mena, hoy encargado interinamente de la Fiscalía, no dudando que, dado su afán plausible de intervenir en todas las causas de que la prensa se ocupa, llevará su reconocido celo á este punto, en el que, por más de que á los políticos influyentes, ocupados sólo en hacer favores á quien bien les sirve, no les preocupa esto, que es bastante más importante que los delitos políticos ó electorales, en que tan enérgicos se muestran en eso de estimular la acción judicial.

CENTRO JURÍDICO DE «EL FORO ESPAÑOL»

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