El Foro español (Madrid. 1898) (1903-11-20 00:00:00), página 10

ra, justificar su inocencia y la improcedencia de la acusación.

Ahora bien; entre el interés de uno y otro hay un aspecto de relatividad mayor ó menor, que se resuelve en perjuicio del actor cuando se considera que, si no utiliza el trámite civil ó contencioso-administrativo correspondiente, y se alza la suspensión, queda desprovista la acción que ejercitó de un elemento de justificación que el Tribunal de lo criminal no lo ha de suplir, ya que la ley omite significar, para este caso, si al resurgir el procedimiento la cuestión prejudicial será conocida en el propio trámite criminal.

No abrumamos más la atención del lector que ha soportado la lectura de estas líneas, y para finalizar este trabajo, cuyo desarrollo exige pluma más autorizada, debemos manifestar nuestra duda acerca de la competencia del Tribunal de lo criminal para conocer definitivamente sobre un hecho al que afecta una cuestión prejudicial que exige la declaración de otro Tribunal, no impetrada á su tiempo por ninguna de las partes, después de reconocerse explícitamente, por la suspensión acordada, la necesidad indefectible de aquella declaración para un fin tan esencial como el de justificar la culpabilidad ó inocencia del acusado, y se advierte, por otra parte, la imposibilidad de suplir aquélla el Tribunal de lo criminal, á tenor de lo que dejamos dicho.

En la duda nos confirma la lectura del art. 7.º de los citados, que al ordenar á dicho Tribunal se atempera á las reglas del derecho civil ó administrativo en las cuestiones prejudiciales que deba conocer, ni este precepto ni otro alguno le reintegra en una competencia que desconoció al acordar la suspensión, ni tampoco dice la ley si tales reglas son las del derecho substantivo ó adjetivo, referencia que sólo dice relación al caso en que deba de conocer de la cuestión prejudicial y no para el de la suspensión, cuyo conocimiento ya se remitió á otro competente, y al alzarla, dice la ley, continuará el procedimiento, estrictamente el criminal, que fué suspendido.

LICENCIADO FRANCISCO DE LA IGLESIA PINILLA,
Escribano de Ponferrada.

REFORMA DEL CÓDIGO PENAL

Proyecto de reforma de algunos artículos del Código penal, leído en el Senado:
Artículo 1.º El art. 459 del Código penal se modifica en la forma siguiente:
«Art. 459. Incurrirán en la pena de arresto mayor en su grado máximo, á prisión correccional en su grado medio y multa de 50 á 2.500 pesetas.

Primero. El que habitualmente faltare á la moral y á las buenas costumbres, excitando, favoreciendo ó facilitando la prostitución ó la corrupción de toda persona menor de veintitrés años.

Segundo. El que para satisfacer los deseos de un tercero con propósitos deshonestos, facilite medios ó ejerciera cualquier género de inducción en el ánimo de menores de edad, aun contando con su voluntad, y el que mediante promesas ó pactos le indujere á dedicarse á la prostitución, tanto en territorio español como para conducirle con el mismo fin al extranjero.

Tercero. El que valiéndose de engaños, violencias, amenazas, abuso de autoridad ó cualquier otro medio coercitivo, indujere á una persona mayor de edad á satisfacer los deseos de un tercero con propósitos deshonestos.

Cuarto. El que por los medios indicados en el número anterior retuviere contra su voluntad en prostitución á una persona, obligándola á cualquier clase de tráfico inmoral, sin que pueda excusarse la coacción alegando el pago de deudas contraídas.

Si en la perpetración de los delitos que se enumeran en este artículo, fueren excitadores ó favorecedores cualquiera de las personas que se determinan en el art. 465, la pena será la de prisión correccional en sus grados mínimo y medio. Estos delitos, aun cuando se hubieran cometido en todo ó en parte en el extranjero, quedan sujetos á las sanciones penales establecidas en este artículo.»

Art. 2.º El art. 456 se adiciona con el párrafo siguiente:
«Se conceptúa como hecho de grave escándalo y transcendencia el cooperar ó proteger públicamente un hombre á la prostitución de una ó varias personas, participando de los beneficios de semejante tráfico ó haciendo de ellos modo de vivir. Los reos de este delito serán castigados con la pena de arresto mayor en su grado máximo ó prisión correccional en su grado mínimo, y multa de 100 á 1.000 pesetas, ó destierro en sus grados medio y máximo, y multa también de 100 á 1.000 pesetas.»

Art. 3.º El art. 466 queda redactado del siguiente modo:
«Art. 466. Las personas comprendidas en el artículo precedente y en el 459, además de las penas en ellos señaladas, incurrirán: el padre ó madre, en la pérdida de la patria potestad, á tenor de lo que dispone el art. 169 del Código civil, y las restantes en la interdicción del derecho de ejercer la tutela y ser miembros del Consejo de familia.»
Madrid 9 de Noviembre de 1908.—El ministro de Gracia y Justicia, Francisco de los Santos Guzmán.