El Foro español (Madrid. 1898) (1902-10-20 00:00:00), página 9

legada ó olvido absoluto y total abandono—luego que la restauración de la Monarquía restableció cordiales relaciones entre la Iglesia y el Estado,—el tantas veces citado decreto de 15 de Octubre del 68, es ley de aplicación inexcusable por los Juzgados y por los Tribunales á los actos y contratos á que afecte, realizados ó otorgados desde el citado dia 15 de Octubre hasta la promulgación del Código civil?

¿No lo es que deben estar y están las leyes ante todo y sobre todo; y que á su aplicación, sin excusa ni pretexto, se obligan los juzgadores bajo juramento, mientras no se deroguen?

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Desde el dia 15 de Octubre de 1868 hasta la promulgación del Código civil—y porque tal estudio no conduciría á nuestro designio ó propósito, prescindimos aquí de estudiar si existe ó no motivo para la duda, racional á lo menos, de si acontece lo mismo después de tal Código, especialmente cuando se trate de adquisiciones no autorizadas expresa y previamente por los diocesanos para ser impuladas en la congrua dotación de los convenios—las Comunidades religiosas no pudieron adquirir, legalmente, bienes ni valores de ninguna especie... «ni tributos ni gravámenes sobre bienes raíces, ya consistan en la prestación de alguna cantidad de dinero, bien en otra especie».

Irritos, nulos é ineffectos desde su principio, como contrarios á la ley por falta de capacidad de uno de sus sujetos, y sin valor ni efecto, en definitiva, por lo que hace al derecho en ellos consignado en favor de tales personas ó entidades incapaces, fueron los actos ó contratos declarativos de adquisiciones de bienes ó valores por las Comunidades religiosas, realizados ó otorgados desde el dia 15 de Octubre del 68 hasta la publicación del Código civil. Y forzoso é inexcusable es que los Jueces y Tribunales así lo pronuncien y declaren, cuando quiera que la validez y realización de tales actos y contratos ante ellos se reclame en juicio, aun en los casos en que, sin solicitar tal declaración, los obligados-demandados se limiten á pedir su absolución en los juicios, sólo al efecto alegando, por ejemplo, la excepción de no hallarse cumplidas las condiciones suspensivas, mediante las cuales se obligaron en favor de las Comunidades.

Que es notorio el principio de derecho de que los Jueces y Tribunales deben sentenciar en conformidad á lo alegado y probado en los juicios por los litigantes, con la limitación de no estimar en sus sentencias la existencia de excepciones no alegadas, ni por tanto, discutidas en los pleitos; pero obvio es, sin duda, que tal limitación no puede referirse ó decir relación, ni dice relación ó se refiere sino á las excepciones particulares y personales que, conforme á las leyes, puedan oponer los demandados á las pretensiones de los demandantes, y de ningún modo á las que surgen ó nacen de una genérica, taxativa y terminante prohibición de la ley, de interés general y de orden público, que no es lícito á nadie eludir, y cuya infracción claro es que, como guardadores de la observancia de las leyes, no pueden amparar ni explícitamente consentir en sus resoluciones los Jueces ni los Tribunales.

Que nunca debe faltar la precisa congruencia entre las pretensiones de los litigantes y las resoluciones judiciales; pero en éstas pueden los Jueces, sin rebasar su competencia, decidir de aquéllas, bien sólo en estricta consideración á las razones y fundamentos oportunamente aducidos por las partes, ya en atención á otras razones ó á distintos fundamentos doctrinales y legales aplicables.

Que cuando se pide por los demandados que se les absuelva de las pretensiones contra ellos deducidas, congruentes con las sentencias totalmente absolutorias, las cuales implican la decisión de todas las cuestiones debatidas en los pleitos.

Y que si bien es un axioma del procedimiento que no debe concederse en las resoluciones judiciales á los litigantes más de lo que ellos hubieren oportunamente interesado que en tales resoluciones se les otorgase, en el caso del antes indicado ejemplo, superior, sin duda, sería al de tal axioma el imperio del precepto legal sustantivo, de general y absoluta prohibición mencionado al principio —el del decreto-ley del dia 15 de Octubre del 68,—á los efectos del forzoso, ineludible pronunciamiento expresado al citar tal ejemplo, aunque pudiera entenderse que, por excepción, implicaba tal pronunciamiento concesión ó otorgamiento de más de lo pedido por los litigantes, lo cual en rigor no ocurriría, realizándose, como debía realizarse, no en la parte dispositiva ó fallo de la resolución que habría de contenerlo—que es donde las decisiones judiciales declaran los derechos discutidos y resuelven las cuestiones debatidas en los pleitos, y que no contendría en la decisión del repetido caso del expresado ejemplo más que la absolución por unas ó otras razones interesadas por los demandados,—sino en los considerandos de tal resolución, sólo como razón ó fundamento de su fallo absolutorio.

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Firme y resueltamente juzgábamos no equivocarnos, al deducir de cuanto queda expuesto las contestaciones—á nuestro juicio lógicas y naturales consecuencias de ello—que consignadas quedan, á las dos cuestiones al principio propuestas.

Tenemos noticia, sin embargo, de sentencia de esta Audiencia no acomodada á esas contestaciones. Pero no conocemos los considerandos de ella,