El Foro español (Madrid. 1898) (1902-03-10 00:00:00), página 5

lencio, para que no trascienda al público, llevan como meritisima labor algunos Notarios de esta corte, porque muy delante de ellos están la Comisión de Códigos y los votos de los Diputados, que no comulgan en esos altares donde la razón es ofendida.

Esta idea la sometemos, primero á los Colegios de Escribanos, y después á los de Abogados, para que digan si les parece practicable y, en caso afirmativo, siendo conveniente á los intereses del Estado, debe comenzar á seguida la activa propaganda, y, como saludable sabia, venga á robustecer nuestra organización, y yo espero que este pensamiento, lanzado modestamente, será acogido en las alturas donde se forja el rayo que va luego á dar su luz en la Gaceta de Madrid, y causará grandes mejoras, ya que los que hoy se mueven solamente se preocupan de su particularísimo provecho, de dañar á los Escribanos sin beneficiar á Notarios desheredados, señalando un nimio valor á los intereses generales: queruntur multi fortuna adversa.

Insisto en latín, porque reanima mi espíritu el recuerdo de la España romana bajo el imperio de Augusto y la jefatura del Proconsul, por ser época aquella en que nuestros antecesores poseían ambas fes y nos intitulaban tabelliones, de los que decía Marcial: Nondum lingua suum dextra peregit opus; volviendo á reaparecer después de cuarenta años de eclipse y de extravíos, unidas las dobles funciones que en tiempo del Rey Sabio existían en aquellos cursores, y desde esta fecha se conocieron ya con el nombre de Escribanos públicos ó Notarios; y dejó la pluma colocando esta última frase latina que hace rato estaba brotando de sus acerados puntos: Amicus Plato, sed magis amica veritas.

Fulgencio Muzas.
Madrid 4 de Febrero.
(De la Gaceta de Tribunales.)

ARTÍCULO 241 DEL CÓDIGO CIVIL

Para enseñanza de los juristas y profanos que deseen conocer el alcance de la disposición primitiva contenida en el artículo que encabeza estas líneas, vamos á ocuparnos de una sentencia del Tribunal Supremo, que no siendo publicable en la Gaceta por haberse dictado en sustitución de la casada y revocada por el recurso, es difícil que llegue á oídos de muchos que acaso tengan interés en saber su doctrina.

El caso resuelto es, en breves palabras, el siguiente:

En pleito seguido por un tutor contra los vocales del Consejo de familia que votaron la remoción del cargo que aquél venía desempeñado por voluntad del testador, dictóse por el Juzgado de primera instancia que conocía en el asunto, la oportuna sentencia, en la que, por considerar que las causas alegadas por el Consejo de familia para acordar la remoción del tutor, si bien eran indiscutibles, por estar conformes ambas partes litigantes en la realidad de su existencia, no podían estimarse suficientes para adoptar tan grave resolución, se declaró nulo el acuerdo del Consejo de familia, conforme solicitaba el tutor, sin hacer expresa condenación de costas, porque no era de estimar que los vocales que votaron el acuerdo impugnado obraran con notoria malaicia, como dice el art. 241 del Código Civil.

Apelada esta sentencia por el presidente del Consejo de familia, y no por los demás vocales demandados, se remitieron los autos á la superioridad, dictando ésta nueva sentencia, en la que teniendo en cuenta, no el fondo del asunto resuelto en la primera instancia, el cual estimó la Audiencia no haber lugar á resolver, sino la forma en que el acuerdo había sido tomado, declaró sin fuerza ni vigor el expresado acuerdo, por ser contrario á la ley, en virtud de no reunir la mayoría de votos necesaria para que pudiera prevalecer, por lo que juzgó conveniente, y así lo hizo, imponer particularmente las costas de ambas instancias al presidente del Consejo de familia, que mantenía el pleito á nombre de los menores apelantes.

Recurrido este segundo fallo por los expresados menores, el Tribunal Supremo, en sentencia de 2 de Abril del año 1900, casó y anuló en todas sus partes la sentencia de la Audiencia territorial, pronunciando en su lugar un tercer fallo, en el que declarando no haber lugar á la remoción del tutor por no haberse acreditado en los autos que las causas alegadas para acordarla, hubiesen irrigado perjuicio á los menores, se impusieron todas las costas particularmente al presidente del Consejo de familia, porque, como dice en su último considerando, el art. 241 del Código, según el cual pueden imponerse las costas á los vocales del Consejo de familia que hubiesen obrado con notoria malaicia, debe aplicarse en el presente caso condenando en las costas á los individuos del Consejo que votaron en favor de la remoción y han sido demandados en el pleito, toda vez que el acuerdo carece de fundamento legal y sería motivo, si las menores hubiesen de sufragar los gastos del litigio, para que su modesta fortuna, por culpa de los encargados de conservarla, experimentase injustificada disminución.

Es decir, que la doctrina contenida en esta sentencia, establece como norma, que deben ser condenados personalmente en las costas del pleito los vocales del Consejo de familia que votan un acuerdo impugnado por el tutor, cuando por cualquiera circunstancia la resolución adoptada no prevalece