El Foro español (Madrid. 1898) (1903-01-20 00:00:00), página 2

que la vida era barata, el dinero escaso, los negocios civiles muchos, y el hogar se abría y sostenía con muy poco, hoy es atrocidad del buen sentido defender tal estado, y peligrosa injusticia sostenerlo, porque no solamente se hallan los Juzgados sin asuntos civiles, sino que las necesidades en todos los órdenes, aumentaron de una manera exorbitante, haciendo imposible la vida del Juez que haya de sufragar los gastos que ella origina, con el modestísimo salario con que se remunera sus importantes servicios.

Si el digno Sr. Ministro de Gracia y Justicia pues, que ha demostrado con recientes disposiciones merecedoras de todo aplauso, su interés por la clase y su espíritu altamente reformador, no pone mano en la expresada obra, será cosa de ir pensando en destino y ocupación que deje más razonable y debida recompensa.

MANUEL GARCÍA ALVAREZ

(San Vicente de la Barquera, Enero de 1903.)

LA DELACION Y LA DENUNCIA

La captura de la familia Humbert ha puesto á discusión como tema, la diferencia que existe entre el delator y el denunciante, obligado por la ley á cumplir el deber que ella impone.

El caso no es nuevo: en el espíritu del pueblo español, siempre anidó un odio execrable contra el delator; y la prensa, que por su misión está obligada á denunciar delitos y faltas, enida mucho hacer constar, cuando las autoridades le invitan á concretar hechos, que no cuadra al periodista el papel de delator.

En derecho existe la misma diferencia que el pueblo nota, guiado por su instinto piadoso, entre el que denuncia un hecho punible y el que delata á un culpable ó presunto culpable.

Ahora, con la ocasión ya dicha, se escribe largo y tendido apropiado del caso; pero nada hemos leído tan sensato, ni que mejor interprete la verdadera doctrina, como el siguiente artículo que publica El Liberal autorizado con la firma del Le-trado del Ilustre Colegio de Madrid D. Antonio Zozaya.

Dice así:

• La delación del señor Cotarelo era un asunto de índole privada; pero este señor ha sometido al juicio público su conducta, y aun se permite llamar encubridores á quienes lamentan su interpretación del deber social. Así, justo es decir que esta interpretación es equivocada, y que ni por mandamiento de la ley ni por imperativo alguno, venía obligado á delatar á los Humbert ni menos en la forma extraña en que lo hizo.

No necesita leer á Dunker Curtius un buen abogado, para saber que, si es inexcusable á todo ciudadano denunciar un hecho punible, no lo es delatar á su autor cuando es previamente conocido el hecho. El sentir popular ha hecho clara esta diferencia. Se denuncia el delito y por ende al autor; no al autor é incidentalmente el delito. Esto es la delación, innecesaria y considerada poco gallarda por quienes entienden que el valor de todo acto moral debe fundamentarse en sus motivos.

En virtud de lo preseptuado en el Libro I, título I de la Ley procesal, no venía el señor Cotarelo obligado á delatar á los Humbert. Ni había presenciado la perpetración del delito, como exige el art. 259; ni había de él tenido noticia por razón de su cargo, profesión u oficio como declara el 262; ni cumplió con lo prevenido en el 264, puesto que no acudió á las autoridades que en él se mencionan, ni en este precepto se obliga á delatar personas, sino á denunciar hechos, y estos hechos eran sobradamente conocidos de las autoridades, sin necesidad de la intervención de una persona oficiosa. Así se demuestra que el delator no obedeció á la ley, sino á su voluntad libérrima ó determinada por bien distintos móviles.

Ni cabe alegar que, de no delatar á los Humbert, hubiera sido el señor Cotarelo enonbridor del delito. El artículo 16 del Código Penal es sobradamente explícito. El delator pudo muy bien abstenerse de poner en conocimiento de las autoridades el domicilio de los Humbert sin ser enonbridor, siempre que lo se aprovechará de los efectos del crimen, ni ocultará sus instrumentos ó el cuerpo del delito, ó albergara ó proporcionara la fuga al culpable, mucho más cuanto ni ejercía funciones públicas ni los delincuentes lo eran de traición, regicidio, partidicio, asesinato, ni reos habituales de hechos análogos. La denegación del permiso á la autoridad judicial no existía. En ningún caso podía ser enonbridor el señor Cotarelo, caso de no enviar á la Embajada francesa el anónimo.

Existe una copiosa jurisprudencia que establece distinción clara entre la delación y la denuncia. Dignas de mención son las resoluciones del Tribunal Supremo de Justicia de 10 de Mayo de 1873 y 2 de Marzo de 1874, en las cuales decide se de un modo palmario que no hay enonbrimiento cuando no hay aprovechamiento ni intención de lucro, aun cuando se presencie el delito ó se acompañe al culpable. La doctrina admitida es la que decide que no puede ser enonbridor quien huye de una delación innecesaria, una vez que el delito es ya conocido.

Abogado es el señor Cotarelo, y parece que no debiera confundir la delación con la denuncia, ni desconocer el alcance de las prescripciones de la ley. Tampoco debiera ignorar que no venía obligado á hacer lo que hizo y que no podemos ser encubridores platónicos quienes opinamos que la delación por merced es siempre sensible y mucho más para quienes sabemos á cuanto nos obligan, con nuestro carácter de ciudadanos, las preeminencias de nuestra boga.

Llevado de esa obcecación, de ese aturdimiento, propios de quien realiza un acto lamentabilísimo, el señor Cotarelo promete hacer una y cien veces lo mismo si es que la ocasión se presenta. Con una basta. Harto mejor sería una contribución muda,