El Foro español (Madrid. 1898) (1902-04-30 00:00:00), página 3

de ser el único posible y eficaz, por las razones apuntadas, es también, por otras muchas, el más adecuado y que ofrece mayores garantías para el éxito de las reformas. La extraordinaria extensión que hoy alcanzan las ciencias jurídicas y los dificilísimos problemas que cada una de ellas entrañan, hacen poco menos que imposible que ningún juríconsulto, por eminente que sea, reuna iguales conocimientos y domine suficientemente todas las ramas del Derecho; aun suponiendo que esta condición concurre, tampoco es posible que un Ministro, en el breve término que ocupa el cargo ordinariamente y con las múltiples atenciones a que ha de atender, pueda estudiar y capacitarse de todos los elementos de información que siempre preceden á las reformas de las leyes; y, por último, los antecedentes de cada hombre público les ofrecen mayores ó menores facilidades para determinadas innovaciones, alejando ó acumulando sobre ellos suspicacias políticas que, en nuestro país, son bastantes, en muchos casos, para producir el fracaso de una reforma conveniente. Y si de esto cuyera duda alguna, dígalo la injustificada prevención con que la opinión pública acogió el propósito del dignísimo Ministro, Sr. Marqués de Vadillo, de reformar la ley del Jurado, y que se manifestó ostensiblemente, cuando todavía se ignoraba la naturaleza y tendencia de la reforma.

Vemos, pues, que todos, absolutamente todos los términos, datos y antecedentes dignos de atención, concurren de consuno á afirmar, de modo expreso y categórico, la necesidad de separar y discernir, y no confundir ni aglomerar el inmenso trabajo que es preciso realizar en el Ministerio de Justicia, y la necesidad igualmente imprescindible de realizarle sucesivamente, tomándolo á su cargo el digno Ministro actual y los demás que le sucedan, aquella parte de la difícil obra que les corresponde, atendidos sus especiales estudios, sus aficiones, sus declaraciones y su política significación.

Aceptada que fuera en lo fundamental nuestra idea, ninguna dificultad habrá de ofrecer la distribución entre el actual y los futuros Jefes del departamento, de los diversos proyectos que integran la trascendental reforma que se impone de todas las principales leyes vigentes, pues ella surgiría espontánea en cada caso por la discreta relación y concurrencia de los diversos factores que hemos señalado para determinarla. Y así—valga de ejemplo—¿quién dudará que al actual dignísimo Ministro señala unánimemente la opinión para realizar, dados sus antecedentes democráticos, la reorganización de los Tribunales de Justicia, dignificando la magistratura mediante el ingreso y ascenso en ella por oposición y por antigüedad? ¿quién dudará, recordando recientes declaraciones hechas en ocasión solemne y acogidas con marcada complacencia por la opinión, que igualmente le incumbe realizar la reforma del Jurado, purgándola de vicios y defectos que serán causa de su desprecio? ¿quién dudará que cualquiera que sea la concurrencia de proyectos de los demás Ministros que soliciten la atención del Parlamento, son los indicados suficientemente importantes para merecer su preferencia? y ¿quién dudará, por último, que el Ministro que logre realizar las reformas indicadas, de excepcional importancia social, además de prestar relevante servicio á su patria y facilitar la gestión de sus sucesores, obtendrá para sí la gloria de su nombre y el aplauso de sus conciudadanos?

¡Ojalá que estas indicaciones, formuladas no ya en son de consejo, ni menos con propósito de adulación y halago, sino como expresión tan torpe como sincera de mi profundo convencimiento y de los deseos de la opinión pública, fueran atendidas! Si todavía después de atenderlos y satisfacerlos, los apremios del tiempo y las dificultades de la labor dejaran margen para ejecutar algunas otras mejoras, ya esbozadas en ocasión reciente; desde el sitial de la Fiscalía del Tribunal Supremo—y á cuyo estudio dedicaremos seguidamente nuestra entusiasta voluntad,—bien podría afirmarse que no había sido infructuosa para el bien del país la crisis laboriosa de Marzo último.

VIPEGÓN,
Juez de primera instancia.
Morella, 16 de Abril de 1902.

BUENA COSTUMBRE

De algún tiempo á esta parte venimos observando que algunos litigantes publican los escritos de conclusiones formulados por sus letrados y los reparten con profusión.

Nos parece excelente la idea, que no puede tener otro objeto que el mismo que el legislador se propuso al establecer la publicidad de los debates en la segunda instancia y en lo criminal en los juicios orales, ó sea, el que la opinión pública pueda juzgar por sí misma los asuntos sometidos á la resolución de los Tribunales, así como el grado de justicia, en que se inspiran las sentencias de éstos.

El litigante que publica el escrito de conclusiones, hecho y firmado por su abogado, escrito que después de todo, no es otra cosa que un resumen de lo actuado y el juicio que de lo mismo se desprende, no hace otra cosa sino someter su causa al fallo de la opinión, y por eso, para completar la idea, que repetimos nos parece excelente, debiera á continuación publicarse la sentencia recaída.

Sabemos que á ciertos Jueces no les parece tan