El Foro español (Madrid. 1898) (1902-10-20 00:00:00), página 7

te, ya oportunamente se habrían apreciado en la sentencia recurrida hechos en verdad valiosos para la presunción de que el demandado incluyó realmente en su día la cantidad declarada. Véanse, mientras, el pliego en cuestión, con el papel en blanco que el actor afirmaba contenía, pesaba bastante menos de lo que aparecía en la oficina de origen; lo anotado por ésta convenía con el peso del sobre con los billetes que indicaba el remitente; además, se tomaban muy acertadamente en consideración precedentes útiles: si en varias ocasiones había ocurrido valerse el deudor de ese modo de envío para remesas cantidades, sin protesta ni observación ninguna del acreedor, y éste en el caso de autos escribía á X «pidiéndole, con cierta urgencia, los fondos obrantes en su poder», era lógico pensar que aquél, de buena fe, los remitiera de igual modo.

De esas apreciaciones probatorias hace mérito la sentencia de casación; y si, como se ve, hallamos acertada la confirmación de los inferiores, también la encontramos algo que nos suscita reparos en nuestra humilde opinión; es ello, que, según el Supremo, Z «dejó de emplear la debida diligencia para cerciorarse de la integridad del pliego antes de estampar el recibo».

Y pensamos: por mucha diligencia que ponga el que recibe un pliego de valores, ¿cómo podrá cerciorarse para aceptar la entrega de lo que contiene el sobre sin romperlo ó abrirlo, que es precisamente lo que en Correos no se le permite hacer si no ha firmado?

Sobre este particular de que el receptor esté obligado á emplear tal ó cual diligencia al recibir un pliego que se le envía, so pena de incurrir en la responsabilidad de que sirva su omisión para robustecer la palabra escrita del que envió, que dice que lo enviado era tanto ó cuanto; sobre esa decisión se presenta también otro orden de ideas que, aunque algo sutiles, no dejan de hacer mella en el ánimo imparcial; en un motivo del recurso estaban concisa y suficientemente consignadas las ideas á que aludimos: «la culpa ó negligencia—decía el recurrente—sólo puede ser apreciada cuando existe obligación, y ninguna pesaba sobre Z acerca del particular, ni podía imponérsele á X por el hecho de remitirle un pliego con valores declarados».

Aunque no es exactamente el mismo caso, ese origen de obligaciones en hechos extraños nos recuerda una que frecuentemente se da: aparece un periódico, la empresa ó director envía números á todo el vecindario, y advierte que considerará suscriptores á quienes no lo devuelvan, siendo de ordinario la forma de entrega que acostumbran los repartidores echarlo por bajo de las puertas. Un vendedor va entregando anuncios, que deja en las casas de igual manera que el repartidor, y dice que volverá á recogerlos; y ó bien anuncios y periódicos son entregados á criados, y cuando los vienen á ver los amos, ya se olvida quién los entregó; ¿tiene el vecino que tomarse la molestia y el trabajo de enviar á la Redacción el número y guardar el aviso respectivamente, ó apechugar con la suspiccion y tolerar las quejas del mercader ambulante? Indudablemente que no.

Claro es que el indicado motivo de casación tampoco prospera; la sentencia engloba apreciaciones diversas á ese respecto en esta forma: «la irresponsabilidad de X no se deriva aisladamente de la falta de diligencia atribuida á Z, sino principalmente del consentimiento que éste prestó, revelado por sus actos, de aceptar el pago en la forma empleada por aquél».

Pero esto no nos explica qué mayor grado de diligencia es ese que pesa sobre el consignatario, cuando se afirma que falta en el que promovió la demanda.

MANUEL BOSCH.

CUESTIONES PRÁCTICAS

Lo son, porque en la práctica no dejan aún de presentarse, con alguna frecuencia, á las decisiones de los Juzgados y de los Tribunales, la de determinar si durante el plazo ó período de tiempo comprendido desde el 15 de Octubre de 1868 hasta la promulgación del Código civil, se hallaban las Comunidades religiosas legalmente investidas de la capacidad de adquirir, la de precisar si en caso negativo deben los juzgadores pronunciar la inexistencia ó ineficacia de los actos y contratos declarativos de adquisiciones de bienes, valores, acciones ó derechos en favor de Comunidades religiosas—realizados ó otorgados durante el expresado plazo,—cuando la validez ó realización de aquellos actos ó contratos se reclame en juicio, aun cuando en él no se solicite por los demandados declaración de tales, falta de existencia ó eficacia.

** Después de muchas alternativas y vicisitudes por que antes habían legalmente pasado la testamentificación activa y la pasiva, y la facultad de adquirir y poseer bienes de los religiosos profesos, el decreto pertinente de 15 de Octubre de 1868—elevado luego á ley en 20 de Junio del 69—derogó en todas y cada una de sus partes el de 26 de Julio anterior, que había autorizado á las Comunidades religiosas para adquirir y poseer bienes y valores de toda especie, y restableció la fuerza ó vigor del art. 38 de la ley de 29 de Julio de 1887, que sólo individualmente concedió á las monjas el indicado derecho.