El Foro español (Madrid. 1898) (1902-08-10 00:00:00), página 11

así como que esté tan enterado de lo que dicen los periódicos profesionales, y más aún el último número de El Foro Español, cuyo artículo precisamente es de los pocos que no ha reproducido ningún otro periódico.

Y nada más; porque desde el momento en que las cuestiones se personalizan, no tenemos derecho á molestar al público con lo que seguramente calificaría de pequeñeces; y después de todo, como la carta de por sí sola es también injuriosa, nosotros veremos si nos conviene ó se nos obliga á dar tal importancia á esta cuestión, que lleguemos hasta el extremo de poner los medios para que los Tribunales aclaren cuanto ahora pudiera aparecer entre nebulosidades.

LOS INDULTOS GENERALES

Es ya número obligado de todo programa de festejos para celebrar algún fausto suceso de la familia real, la concesión de un indulto general, por el que se rebajan considerablemente las condenas de multitud de penados, y quedan los demás en libertad, muchos de ellos sin haber comenzado á cumplir las penas que les fueron impuestas. Y como si esto no bastara á la soberana arbitrariedad ministerial, se conceden también amnistías, no por delitos determinados que sean poco repulsivos á la conciencia pública, sino por todos los delitos, cualquiera que sea su naturaleza, castigados con determinadas penas.

Es verdaderamente triste que esto ocurra, y aún es más doloroso que se consienta sin protesta de la conciencia social, ya que esos indultos y amnistías, en la forma que vienen concediéndose, son una negación del derecho de castigar que á la sociedad corresponde y en cuya representación le ejerce el poder público.

Los indultos generales están condenados por la ciencia penal. Podrán admitirse los indultos particulares, en atención á la naturaleza del delito cometido, á la cuantía de la pena impuesta, ó á las condiciones individuales del reo, y eso por razones referentes unas á la misma ley penal y otras á los encargados de aplicarla; pero los indultos á granel no tienen en su abono razón alguna de justicia, de equidad ni de conveniencia pública. Son, en una palabra, altamente inmorales, y vamos á demostrar que también son ilegales.

La Constitución vigente señala, entre las facultades del Rey, la de indultar á los delincuentes con arreglo á las leyes. Así se consigna en el artículo 54, núm. 3.º, y en los mismos términos estaban redactados los artículos 171, núm. 13, de la Constitución de 1812; 47, núm. 3.º, de la de 1837; 45, núm. 3.º, de la de 1845, y 73, núm. 6.º, de la de 1869, con la salvedad, en ésta, de lo dispuesto en el art. 90, respecto de los Ministros. La misma Constitución del 69 establecía en su art. 74, número 5.º, que el Rey necesitaba estar autorizado por una ley especial para conceder amnistías e indultos generales. Esta cita es importantísima para demostrar de modo evidente nuestro aserto, porque la Constitución del 69 estaba en vigor cuando se dictó la ley de 18 de Junio de 1870, que es la que hoy regula el ejercicio de la gracia de indulto. Tenemos, pues, que la facultad de indultar está condicionada por las leyes y determinadamente por la indicada de 18 de Junio de 1870, la cual no autoriza ni podía autorizar, dado el precepto constitucional vigente al ser dictada, la concesión de indultos generales. En su consecuencia, los decretos por los cuales se conceden estos indultos, infringen el art. 54, núm. 3.º, de la vigente Constitución de 1876, al infringir su ley complementaria. Diferencia hay, y no pequeña, entre la Constitución del 69 y la del 76, en el caso que nos ocupa, puesto que aquella exigía, como hemos visto, para la concesión de cada indulto general, autorización previa por una ley especial, y ahora bastaría modificar en amplio sentido la de 18 de Junio de 1870 para que el Poder ejecutivo pudiera conceder los indultos generales que á bien tuviera.

En cuanto á las amnistías, aunque sean esas que aparecen disfrazadas en los decretos de indulto general, cabe afirmar que sólo el Poder legislativo puede concederlas, porque no están comprendidas entre las prerrogativas reales, y es axiomático que un Rey constitucional no tiene más facultades que las que la Constitución le otorga ó reconoce.

Hemos dicho que para la concesión de indultos generales bastaría hoy modificar en amplio sentido la ley de 18 de Junio de 1870; pero nadie pensará seguramente en esa modificación, pues aunque va por ese camino la arbitrariedad ministerial, no la acompaña la opinión pública, y menos la opinión ilustrada. Bien lo demuestran los preceptos constitucionales citados, á los que se puede añadir el artículo 52, núm. 10, del proyecto de Constitución de 1856, que prohibía al Rey conceder indultos generales. También los prohibía expresamente el Real decreto de 7 de Diciembre de 1866, «por rechazarlos la doctrina como opuestos á la conveniencia y á la justicia,» según se decía en el prólogo de aquel decreto.

¿Cuándo los rechazarán nuestros Gobiernos de ahora como los rechazan la ciencia, la opinión y las leyes?

W. DORAL.