El Foro español (Madrid. 1898) (1902-08-30 00:00:00), página 3

Mas, por lo visto, en nuestro país se entienden las cosas de otro modo, y al paso que nuestras leyes consienten que en las relaciones y contratos sobre intereses materiales, adopten y elijan los ciudadanos las garantías y formas que quisiesen, imponen ahora para la contratación de servicios personales reglas y limitaciones que vienen á confiscar, contra toda razón y conveniencias, la libertad individual de los contratantes, y sumen al obrero, siquiera sea por el tiempo limitado que se fije en el contrato, en una situación que por lo angustiosa y triste, recuerda la antigua servidumbre. Y aquí puede observarse hasta qué punto es desventajosa para el obrero la situación que viene á crear la nueva legislación, en los pocos casos en que pueda aplicarse. Formalizado el contrato de trabajo, cuando convenga al patrono su rescisión, podrá lograrla aun sin motivo alguno, allanándose en el caso menos afortunado á satisfacer al obrero los jornales estipulados, que ya procurará que no sean muchos; mas si la resolución conviene al obrero, por motivos particularísimos que no sean de los previstos en la obligación, habrá de renunciar á su conveniencia ante la imposibilidad de satisfacer al patrono la indemnización correspondiente, y habrá de soportar resignado los perjuicios y amargura que le ocasiona su verdadero secuestro de su voluntad, que con propósito de favorecerle y perjudiciándole en realidad, le impone ahora el legislador. Es decir, que mientras el patrono sólo compromete en esa obligación que el Estado le impone, unas cuantas pesetas de las que puede desprenderse sin quebranto alguno, el obrero compromete y sacrifica en esa misma obligación y durante un plazo más ó menos largo, nada menos que su libertad, ó sea el atributo más esencial y preciado de su personalidad humana.

Además de esto, ¿podrá negarse que los perjuicios que sufren los obreros y los patronos, bajo el actual régimen de libertad, aun incluyendo los casos de extremada mala fe de unos ó otros, jamás igualarán á los que puedan sobrevenir, cuando por virtud del contrato celebrado, hayan de permanecer en constante relación contra su deseo y voluntad, hombres ya desenvidos y aun enemistados?

Y, por último, si para intervenir el Estado en la lucha económica social, limitando la libertad individual, se invoca y alega como supremo argumento, que no son libres los servicios que se ofrecen y prestan bajo el apremio de ineludibles necesidades, ¿no es evidente que por la nueva legislación podrá utilizarse esa misma angustiosa situación del obrero para arrendar sus servicios durante largo plazo y por precio muy inferior al que fuese justo? Bajo el régimen de libertad hasta ahora vigente, podría el obrero verse obligado alguna vez á dar su trabajo por el misero pedazo de pan que para vivir necesita, pero desde el momento mismo de celebrar ese contrato desventajoso, conserva su libertad absoluta para rescindirle y le rescinde, en efecto, en muy próxima ocasión; pero bajo el sistema novísimo podrá ocurrir que el hambre de un día, oblique al desgraciado trabajador á suscribir y contratar el hambre de un año.

Creo haber demostrado, que el decreto de 20 de Junio sobre contrato de trabajo, en cuanto impone á los concessionarios de obras públicas la obligación de fijar la duración de los contratos que con los obreros celebren, es obscuro, de aplicación muy difícil e inconveniente, y perjudicial para los intereses de las clases obreras.

Veamos ahora las reglas de procedimiento que se fijan para su ejecución, y que se contienen en el art. 2.º Dícese en él, que en esos mismos contratos se consignará «que todas las cuestiones que sufran por su incumplimiento, se someterán á la comisión local de reformas sociales, que funcionará como árbitro presidido por la autoridad gubernativa, contra cuyos laudos podrán utilizarse los recursos que establece la ley de Enjuiciamiento civil.»

El primer inconveniente y motivo de censura que ofrece este precepto, es de limitar arbitrariamente la libertad de los interesados, para la elección de los árbitros que resuelvan su discordia. ¿Por qué razón ni con qué legítima autoridad ha de obligarles la ley á someter sus diferencias á esa junta cuyos individuos tal vez no merezcan confianza alguna á ninguno de los interesados, cuando precisamente el fundamento principal y esencialísimo del juicio arbitral, es la confianza absoluta de cada una de las partes en los jueces que elijan? ¿Acaso en muchas ocasiones, no hallaría el obrero y el patrono otros medios más expeditos y breves para solventar su desacuerdo?

Pero prescindiendo de todo esto; vayamos á la aplicación del precepto, é imaginemos al pobre obrero, averiguando en pueblo extraño, qué personas constituyen esa comisión local de reformas sociales á que ha de pedir justicia, inquiriendo después dónde habita, más tarde la hora en que puede tener el honor de verlos y, por último, la forma en que ha de presentar su reclamación.

Terminada esta peregrinación, en la que seguramente empleará algunos días y perderá los jornales á ellos correspondientes—cuyo valor excederá en no pocos casos al importe de su reclamación,—se reunirá y resolverá la Junta, casi siempre en justicia, lo que haya de hacerse. Lo más sencillo y conveniente para todos, sería no conceder ulterior recurso contra esta resolución, pues si las apelaciones ocasionalmente mayores males que beneficios, aun en negocios de gran cuantía, bien se advierte que son siempre perjudiciales cuando se refieren á asun-