El Foro español (Madrid. 1898) (1902-06-30 00:00:00), página 5

su aplicación resulte beneficio probable en vez de perjuicio cierto para la causa de la Justicia, como puede acontecer en muchos casos, y es facilísimo probar.

Supongamos que á las altas horas de la noche se comete un homicidio en un pueblo que dista ocho ó diez horas de la capital del distrito. Practica el Juez municipal respectivo las más urgentes actuaciones, en las que transcurre toda la noche, y á las primeras horas del siguiente día remite al de instrucción el correspondiente oficio en que le participa el suceso, así como el fallecimiento del herido y la prisión y confesión del agresor. En el supuesto indicado, llegará ese parte á poder del Juez de instrucción en las primeras horas de la noche del día siguiente al en que ocurrió el suceso, y suponiendo que por las condiciones climatológicas y topográficas del territorio pueda emprender la marcha en seguida (lo que es total y absolutamente imposible en muchas regiones de España), llegará al sitio de la ocurrencia para instruir esas diligencias urgentísimas á las cuarenta ó cincuenta horas de haberse perpetrado el delito.

Si el Juez de instrucción, que se encuentra en caso semejante al propuesto (que con gran frecuencia ocurre), es muy escrupuloso en el cumplimiento de sus deberes, y además tiene, por desgracia suya y de todos, escasos alcances para aplicar las leyes, y las interpreta inexorablemente conforme á sus literales preceptos, organizará presuroso su viaje para cumplir la obligación que la ley le impone, siquiera sea en aquella ocasión perfectamente inútil; y para cumplirla, sin finalidad alguna al interés de la Justicia, dejará, con grave perjuicio de ésta, abandonado el Juzgado por tres ó cuatro días.

Pero si el Juez interpreta la ley como debe hacerlo, conforme á los dictados de la razón, y considera que sus preceptos se han escrito para administrar Justicia y no para probar la resistencia física de los encargados de administrarla, seguramente decidirá, en el caso citado, expedir orden al Juez municipal con las indicaciones que la más escrupulosa previsión aconsejen para que ultime y remita las diligencias y la persona del acusado, y prescindirá de un viaje que, en las circunstancias expresadas, además de ser perfectamente inútil, ha de ocasionar los perjuicios consiguientes á la suspensión, durante algunos días, de todos los actos que, por señalamiento anterior, habrían de celebrarse en el Juzgado de instrucción.

¿Y cuál de esos dos Jueces habrá cumplido mejor y más discretamente con su deber? A mi entender, el segundo.

Deduzco de lo expuesto, que la obligación que el art. 318 de la ley de Enjuiciamiento criminal impone á los Jueces de instrucción, es exigible, como así se infiere de sus términos, no tanto cuando se trata de delitos de gravedad, sino principalmente de delitos de difícil comprobación ó que causen alarma, y para cuyo descubrimiento y persecución son precisos los mayores conocimientos y autoridad que, respecto al Juez municipal, ostenta el de instrucción; y deduzco también que el abuso señalado en la Memoria de la Fiscalía sobre este particular, es, por las razones apuntadas, mucho menor de lo que á primera vista pudiera creerse, pues al calcularle, se tiene en cuenta nada más el número de veces en que los Jueces de instrucción no se constituyen en los lugares en que se perpetran delitos de carácter grave, y se omite desconocer de ellos los numerosísimos casos en que no es posible, ó es perfectamente innecesaria, su presencia.

Trátase también en esta parte de la Memoria, de la conveniencia de fundamentar, con datos resultantes del sumario, los autos de procesamiento cuya trascendencia es notoria, y los de terminación del sumario, prescindiendo de rutinarios formalismos.

Con respecto á los autos de conclusión fundados en la creencia del Juez instructor de no ser necesaria ó útil la práctica de unas diligencias, creo sinceramente—tal vez por el instintivo horror que me inspira todo trabajo inútil,—que la ley se equivocó al exigir la forma de auto para consignar tal declaración, que sólo debiera ser objeto de una providencia; porque si el único fundamento de ella es la opinión personalísima del Juez, ¿qué resultancias ni qué alegaciones de derecho que no sean esa misma opinión, darán materia á los necesarios resultandos y considerandos que constituyen, por expresa disposición de la ley, la forma externa de las resoluciones judiciales designadas con el nombre de autos? Evidentemente ningunos; y la prueba más concluyente de ello es que los modelos más afortunados de esta clase de resoluciones, no ofrecen, en sus redondeados y artificiosos períodos, otra idea que esa misma creencia y opinión del Juez, expuesta y repetida en diversas formas.

Por tales motivos, creo que esas resoluciones podrían consignarse en simples providencias, sin que por ello se causara perjuicio alguno á ninguna clase de intereses; y haciéndolo así, se ahorrarían tantas horas de trabajo inútil y tantos pliegos de papel de oficio como sumarios se instruyen.

Cosa muy distinta es cuando se declara que los hechos que dieron lugar á la iniciación del proceso no constituya delito, pues esta clase de resoluciones, por su naturaleza y por su importancia, deben fundamentarse con las consideraciones de carácter jurídico y principios de interpretación, que justifiquen cumplidamente por qué razones y motivos el Juez considera ahora que no constituyen delito los mismos hechos que antes persiguió como tales.