El Foro español (Madrid. 1898) (1902-12-10 00:00:00), página 4

nosotros el mal de los firmones, de que se quejan los Notarios—detrás de cada cual hay una porción de individuos que redactan escrituras que aquéllos firman,—no es justo, humanitario ni de buen compañerismo el evitar que cada colega, poco ó mucho, gane lo que honradamente pueda, atemperando su modo de vivir á las escasas utilidades que su profesión le reporte.

COMENTARIO AL ART. 19 DE LA LEY DE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL (CONCLUSIÓN)

»Considerando que la ley de Enjuiciamiento criminal distingue las atribuciones de los Jueces de instrucción de las facultades de los Tribunales que han de conocer en los juicios orales, y así como no permite á los primeros que invadan la esfera de acción de los segundos, no consiente á éstos avocar á sí el conocimiento ó formación de los sumarios, durante cuyos períodos proceden los indicados Jueces con plenitud de competencia, para entender en dichos sumarios y de las incidencias que en los mismos puedan promoverse, sin que obste á ello lo que la ley preceptúa en orden á cuestiones prejudiciales, ni basten razonamientos de mayor ó menor analogía para desvirtuar terminantes y concretas disposiciones de la ley, relativas á la sustanciación y fallo de las competencias:

»Considerando que, una vez establecido por el artículo 19 de la ley de Enjuiciamiento criminal que podrán promover y sostener competencias los Jueces de instrucción durante el sumario, ya no es posible dejar de obedecer y cumplir dicha prescripción legal, cuyo texto no admite ni consiente interpretaciones más ó menos ingeniosas, pero que alteren su claro e indudable sentido, no pudiendo tampoco invocar principios de derecho que resultan inaplicables ante el explícito precepto indicado:

»Considerando que, si bien ya no es necesaria la cita de ninguna otra disposición de la ley de Enjuiciamiento criminal, es lo cierto que en el art. 25 de la misma se vuelve á reconocer la competencia de los Jueces de instrucción para dictar autos relativos á estos conflictos jurisdiccionales, tanto que se determinan los recursos que pueden utilizarse contra dichos autos, en armonía con lo prescrito en el art. 12 de la repetida ley, lo cual, además, obtiene otra nueva confirmación en lo dispuesto en el artículo 51 de la propia ley, que, con relación á las competencias que la Administración suscita, admite que se dirijan éstas, no sólo contra los Tribunales, sino contra los Jueces, y así también se expresa en el art. 116 de la ley de Enjuiciamiento civil, á que hace referencia el 51 de la de Enjuiciamiento criminal:

»Considerando que no es fundado suponer que los autos de inhibición que dictan los Jueces de instrucción, y que la ley determina que sean apelables, sólo pueden referirse á aquellas diligencias preventivas que dichos Jueces practican en casos especiales para que no desaparezcan los efectos del delito y no se oculten los autores del mismo, porque tal suposición no ha podido encontrar apoyo alguno en el art. 25 de la ley de Enjuiciamiento criminal, que expresamente trata de los autos que los Jueces de instrucción dicten, inhibiéndose á favor de otro Juez ó jurisdicción:

»Considerando que los distintos efectos que produce el requerimiento de inhibición, según se halle ó no en sumario un proceso criminal, suspendiendo ó no el procedimiento, obedecen á las necesidades y carácter especial de cada cual de dichos períodos en las causas criminales; pero lejos de autorizar la tesis de que sólo las Audiencias son Tribunales que conocen en juicio oral de los procesos, son los llamados á sustanciar las competencias con la Administración, demuestran, por el contrario, que la ley reconoce, acomodándose á la realidad de las cosas, que caben los conflictos jurisdiccionales en uno y en otro caso, y por ello distingue la autoridad judicial que ha de intervenir respectivamente en los mismos:

»Considerando que el Tribunal Supremo, que es la autoridad que de manera irrevocable y soberana resuelve los conflictos jurisdiccionales, no sólo entre los Jueces y Tribunales ordinarios, sino entre éstos y otras jurisdicciones especiales, ha reconocido en numerosas decisiones la competencia de los Jueces de instrucción para conocer de estas cuestiones cuando se promuevan durante la formación de los sumarios, y que no haciendo la ley distinción entre dichas competencias y las que suscita la Administración, las cuales decide el Poder Real previa consulta al Consejo de Estado, sino por el contrario, refiriéndose y comprendiendo á todas, sería ilógico establecer entre unas y otras injustificadas diferencias que no autoriza su texto, rompiendo la armonía del sistema legal:

»Considerando que, por respetable que sea cualquiera otra jurisprudencia que no proceda en estos asuntos de los Tribunales de justicia, no puede invocar á su favor el art. 76 de la Constitución del Estado, que establece «que á los Tribunales y Juzgados pertenece exclusivamente la potestad de aplicar las leyes en los juicios civiles y criminales», y que aquí se trata de la inteligencia e interpretación y aplicación de la ley de Enjuiciamiento criminal en un incidente surgido en un proceso y