El Foro español (Madrid. 1898) (1902-04-20 00:00:00), página 8

recen criminales tolerancias legales, en las que jamás pone coto el poder público.

La administración de Justicia, función la más delicada, es uno de los ramos en que más hondas raíces tiene el mal, y uno de los verdaderos orígenes de nuestra perturbación moral y del estado de lamentable postración en que el pueblo se encuentra.

Salvo las iniciativas de algunos funcionarios, en la administración de Justicia se realizan verdaderas enormidades contra las leyes de procedimientos y abusos intolerables é invasiones de la ley Orgánica de tribunales. Nadie está en su puesto. Pocos son los que cumplen con sus deberes.

El Juez instructor es el que menos instruye sumarios. El Escriptano, atento á los beneficios de lo civil, desatiende por completo la tramitación de las causas criminales, de las que no le preguntéis su estado porque no sabría qué responder.

El Juez, sin embargo, es el director de la instrucción, y su auxiliar y fedatario, el actuario que refrenda y cumple los proveídos judiciales.

No hay en la ley Orgánica, aparte la intervención fiscal, otro funcionario cuya intervención sea autorizada.

La excesiva tolerancia, la acumulación de trabajos, la resistencia contra aquello que no produce, presentó en escena una persona subalterna, un amanuense, que con el tiempo y por el abandono de los ministros y de los altos funcionarios de la magistratura, ha llegado á convertirse en árbitro definidor y alma de la instrucción de las causas criminales.

La honra, la vida, los intereses de los ciudadanos que la ley ha encomendado á la función del Juez, rodeánele de todos los prestigios, vienen á caer en manos de un chico, de un adolescente, de un hombre que desconoce por completo los fundamentos del derecho criminal, y que, en materia de enjuiciar, no sabe lo que es un procedimiento, ni el carácter verdadero y científico de este derecho adjetivo. Manosea unos cuantos artículos de la ley que se refieren á las diligencias sumariales y á la manera de declarar testigos é informar peritos, y aquí está todo.

Con estos conocimientos, aprendidos en fuerza de copiar declaraciones dictadas por el que antes fué escribiente, y ha pasado á la categoría de oficial, se considera ya apto para dirigir un sumario, y sus jefes y los mismos Jueces no tienen reparo en entregarse á él y dejarle obrar.

Tenemos al oficial convertido en director del sumario, y confeccionador único é irresponsable de la trama del diligenciado, para abrir la contienda del juicio público.

Esta es la causa prima de tantos delitos que quedan en la impunidad, y el motivo de tantos sobrescimientos libres como se registran en nuestros anales judiciales.

El oficial de mesa, para nuestras clases trabajadoras y para los innumerables analfabetos, es una verdadera institución, á quien acuden los cuidados con la famosa papeleta de citación, miedosos y mansos, y siempre esperanzados de que él allanará todas las dificultades, para que el hecho imputado no tenga consecuencias en el orden criminal. Su libertad, con argumentos decisivos solicitada, á él se la deben. Sus confidencias íntimas, sus consejos, son atendidos como si fueran verdades evangélicas.

Nada significa el Juez, á quien ven un momento, ó no lo ven, exceptuando las causas graves ó aquellas en que la política está muy interesada; el escribano para ellos no existe, ó es una figura decorativa de quien para nada se cuidan y á quien seguramente no llegan á conocer.

El oficial de mesa lo es todo, y á él acuden los cuidados como su salvador, y hay que convenir que lo es.

Ahora bien; este vicio de organización y funcionamiento de la Justicia en lo criminal está tan vulgarizado, es cosa tan corriente, que desde el ministro que lo sabe, hasta el pobre acusado por lesiones ó por hurto de una mata de garbanzos, de un paneillo ó de una cesta de uvas, ¿no constituye una verdadera infracción de la ley y una violación de sus preceptos escritos?

¿Cómo quiere el ministro de Gracia y Justicia exigir responsabilidad á los funcionarios sin antes imponer á todos el deber y corregir esta epidemia y este estado infeccioso de la institución que se enseñore del organismo y que ha infeccionado toda la sangre?

Cuidese primero de imponer la autoridad del deber á quien lo tiene por razón de su cargo, y si le parece necesario ese funcionario, que hoy es irresponsable en la ley, pero único factor en la práctica, reconózcase atribuciones ó márguele punto de atribuciones.

Si así no puede hacerse, destrúyase el abuso y obliguese con energía á los jueces y á los actuarios la directa y personal intervención en las funciones sumariales con absoluta prohibición de otras personas.

A. A.

(De El Derecho.)

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A lo dicho por el colega sevillano no tenemos que añadir más, sino que, lo que lamenta respecto á lo criminal, sucede también en muchos casos (y salvo honrosas excepciones), con lo civil en Madrid y en otras grandes capitales.

Pero no hay que esperar reforma alguna en este punto, porque son muchos los Jueces y Escriptanos;