El Foro español (Madrid. 1898) (1902-10-20 00:00:00), página 3

Ministro de Gracia y Justicia que, sin duda, como más conocedor del gobierno, se propuso en serio el rescate del Poder judicial y el mejoramiento de su situación económica, cada vez más dolorosa; tan en serio, que la hizo, por decirlo así, cuestión de gabinete, y ante la oposición invencible que halló á su proyecto, por razón de economías mal entendidas que más tarde resultaron dispendios, presentó la dimisión con carácter irrevocable y abandonó el poder. Ningún otro Ministro hizo tanto.

Por eso, en este ramo de la política ó de la gobernación del Estado, hay que hacer justicia al señor Montero Ríos, que, desde el 70 inclusive para acá, es el único Ministro que merece los plácemes del Poder judicial. Todos los demás que vienen pulsando á esta institución, ejerciendo de médicos de cabecera, es verdad que la encuentran anémica por falta de alimentación y que reconocen que el hambre la va extenuando; pero al echar mano á los bolsillos de la nación, dicen que no tienen que darle y que lo que hay se necesita para otros servicios; y toda vez que no hay dinero para curar esa anemia, se les ha ocurrido una nueva fórmula, que es la de hambre y palo. He ahí la fórmula modernísima, inventada por los doctores que tienen á su cargo la curación del Poder judicial, y por eso la labor de más prisa del último Ministro y del actual, hubo de ser la ley de responsabilidad judicial.

¡Habrás visto desatino igual! Pero, ¿á quién vais á exigir responsabilidad, si toda la responsabilidad es vuestra? ¿No sois vosotros los que precipitáis al Poder judicial en la pendiente de la prevaricación, negándole el sustento necesario para la vida y cerrándole todos los caminos de hallarlo á no ser prevaricando?

Esto, que á primera vista parecerá una paradoja, es una triste verdad, como vamos á ver.

En la ley orgánica se asignó á los jueces de instrucción, como mínimo de sueldo, 4.000 pesetas anuales, dotación que se consideró absolutamente necesaria para la subsistencia de dichos empleados, teniendo en cuenta los muchos gastos que el cargo ocasiona y que no pueden percibir otro sueldo, ni en su distrito renta ó utilidad alguna; y de sobresueldo en comisión del servicio, 15 pesetas diarias. Todo ello aparte de lo asignado á cada Juzgado para gastos de material.

Hoy que la vida ha encarecido en todos conceptos, y que los artículos de primera necesidad cuestan doble de lo que costaban hace treinta años, cuando se publicó aquella ley, lo menos que debería percibir de sueldo un Juez de entrada sería 5.000 pesetas; ¿y sabéis cuánto percibe con inclusión de lo asignado al Juzgado para gastos de material? 3.331 pesetas al año. Descontad de esta cantidad: 80 pe- setas anuales de suscripción forzosa á la Gaceta; 20 pesetas también anuales de cédula personal; los gastos de oficina y los de salidas para formar sumarios y practicar otras diligencias judiciales, y le queda bastante menos de lo que da el Estado á un teniente de carabineros; en fin, una mezquindad, con la que se le exige vivan él y su familia con el decoro y prestigio que la clase requiere (1); y cuando se le manda en comisión, en lugar de las 15 pesetas que se le daban antes, ¿sabéis lo que percibe? Los dos tercios del sueldo, ó sea ¡seis pesetas y ciento! Y esto no se le da hasta que termina la comisión, previo opportuno y dilatado expediente; y si el comisionado no tiene con qué anticipar los gastos de viaje y hospedería, irá á pie, se hospedará en la calle y vivirá... como los camaleones.

¿Y queréis tener buenos Jueces? Lo raro es que, á pesar de todo, sean tan buenos; en esto no se parece el Poder judicial á los demás poderes.

Ahora bien; si en cuanto á eso de los emolumentos no se ha respetado la ley orgánica, por lo que toca á las prohibiciones sigue en observancia; y sino, óido á la caja:

•Se prohíbe á los funcionarios del Poder judicial: ejecutar actos u omisiones que les hagan desmerecer en el concepto público; ejercer otro cargo, empleo ó jurisdicción; ser tales funcionarios en el pueblo de su naturaleza ó de su residencia, y donde ellos ó sus parientes tengan otros medios de vivir, ó sea bienes, industria, comercio ó granjería; y además de la prohibición que se les impone de ejercer por sí, ni por sus mujeres, ni á nombre de otro, industria, comercio ó granjería, se les prohíbe también tomar parte en empresas, ni en sociedades mercantiles, como socios colectivos ó como directores, gestores, administradores ó consejeros, y los que contraviniere esto se considerarán como renunciantes del cargo.

Si el sueldo no les llega para las necesidades de la vida, tienen que aguantarse calladitos; no vaya alguien á creer que los funcionarios judiciales tienen la libertad ni los derechos que la ley concede á los demás empleados del Estado: muy lejos de eso, pueden renunciar el cargo óirse para su casa, si la tienen, y sino... paciencia; pues á ellos no se les otorga el derecho de pedir, como á los Gobernadores, ni el de declararse en huelga, como los empleados de Correos y Telégrafos. Para ellos están en vigor los preceptos de la ley orgánica, que les prohíbe: mezclarse directa ni indirectamente en asuntos peculiares de la Administración del Estado; dirigir al Poder ejecutivo, á funcionarios públicos

(1) Hay Juzgados en que el sueldo no llega al Juez para cubrir la tercera parte de los gastos necesarios.