El Foro español (Madrid. 1898) (1903-07-20 00:00:00), página 2

licitud, he de permitirme formular algunas observaciones para interesar la aclaración y ampliación de algunos de sus preceptos, y si á esto no hubiese lugar de momento, para que el señor ministro las tenga en cuenta, si las estima pertinentes; el día no lejano—así lo creemos y á Dios lo pedimos—en que presente á las Cortes el proyecto de ley de organización judicial, que ha de contener y dar estabilidad á todas las parciales y aceradísimas reformas que lleva hechas, y que entonces haga, para convertir en realidad la independencia del Poder judicial, hasta ahora puramente nominal y absolutamente ilusoria.

El primer reparo que me ofrece el nuevo decreto se funda en el hecho de haber restablecido, mediante expresa referencia, el de 24 de Septiembre de 1889.

No es que desconozca la intención loable y los beneficiosos efectos que produjo esta última disposición; pero temo, con sobrado fundamento, que en éste, como en todos los casos en que subsisten disposiciones diferentes sobre una misma materia, surgen dudas y se ofrecen dificultades muy apropiadas para amparar abusos y producir injusticias.

Y no se crea que son pueriles ó infundados mis temores; pues, para justificarlos, basta observar que, á la vista de los dos citados decretos, es difícil deducir si los funcionarios judiciales tienen hoy derecho á solicitar la traslación por su mera conveniencia ó por causas que les convenga reservar, ó si, por el contrario, es preciso que aleguen y justifiquen alguna causa legítima, y enáles merecen esta calificación.

A la vista del preámbulo del decreto citado de 1889, en el que se excita á las Salas de Gobierno de las Audiencias territoriales «para que castiguen con mano fuerte el abuso de tantas instancias de traslados, solicitados por comodidad y á pretexto de fingidas enfermedades», preciso es convenir en que la traslación ha de fundarse en causa legítima y probada; pero si nos fijamos en la exposición que precede al decreto de 22 de Junio último, habremos de creer que no son precisos tales requisitos, y que los funcionarios judiciales pueden solicitar libremente cualquiera cargo vacante, pues así se infiere al observar que en los casos de concurrencia de dos ó más solicitantes para un mismo cargo, se establece la preferencia atendiendo á la antigüedad de sus servicios, y no á la naturaleza é importancia del motivo en que se funde la petición; y al observar también que al decirse en dicha exposición que «ahora es fácil á los funcionarios judiciales ausentarse de las poblaciones donde las vacantes han de resultar para que puedan solicitarlas con la debida antelación», parece reconocerse implícitamente el derecho de dichos funcionarios á solicitar cuantas vacantes ocurran de su categoría, sin más norma ni límite que su propia conveniencia.

¿Cuál de estas dos interpretaciones ha de prevalecer? A mi modo de ver, la última, no sólo por ser la más conforme con la disposición de fecha más reciente, sino también por ser la más equitativa, justa e igualitaria.

Obligar á que los Jueces y Magistrados expresen y justifiquen los motivos que les inducen á solicitar su traslación, es simplemente invitarles á falsear la verdad y confirmar hipócritamente los privilegios y ventajas de los protegidos, en perjuicio de los que carecen del favor oficial; pues en muchas ocasiones, ni es posible ni siquiera conveniente publicar, ni menos intentar la justificación en un expediente, de algunos motivos que al funcionario judicial recto y piondoroso inducen siempre á solicitar su traslación, no ya por su conveniencia, sino aun con grave perjuicio suyo, y únicamente por respeto á los prestigios que en todo momento deben acompañar al representante de la causa de la Justicia.

No es necesario concretar más en este orden de consideraciones para advertir la conveniencia y aun necesidad de interés público de reconocer á los funcionarios judiciales omnívoda libertad para obtener su traslación, siempre que con ello no se perjudiquen derechos preferentes de un tercero, y así lo justifican también la circunstancia particular de que ni la ley, ni el decreto de 1889, ni el recientísimo de que ahora tratamos, determinan cuáles sean las causas legítimas para solicitar la traslación.

Y no podía ser de otro modo, porque aun tratándose de la salud, que sin duda alguna había de merecer la preferencia entre todas las demás, y aceptándose como había de aceptarse, no ya sólo con respecto al funcionario, sino con respecto á los individuos de su familia, ¿cómo podría defenderse en tal supuesto á exigencia censurable y ridícula, y atentatoria á respetos que jamás puede olvidar el legislador, de obligar al Juez ó Magistrado á hacer constar y justificar en un expediente los achaques y dolencias de sus parientes más allegados, cualquiera que fuese su edad, estado, condición y sexo?

Queda por lo expuesto bien demostrada la necesidad de eximir, al funcionario judicial que solicita su traslado, de la obligación de alegar, ni menos justificar, las causas que para ello tuviere, sin que sea obstáculo, al expreso reconocimiento de esa exención el temor al abuso, completamente ilusorio, de las traslaciones voluntarias y por mera comodidad ó capricho; pues bien sabemos todos que los mezquinos sueldos que disfrutan los Magistrados y Jueces no les consiente ejercitar el sport de los viajes, aunque sea muy de su agrado.