El Foro español (Madrid. 1898) (1903-09-10 00:00:00), página 2

bio al Juez solo para cargar con las consecuencias del fracaso de los procesos.

Claro está, y nadie lo niega, que el art. 838 de la ley orgánica del Poder judicial, en sus números 7.º, 8.º y 15, da á los Fiscales intervención directa en todos los sumarios, pero jamás en la proporción que algunos se abrogan, obscurciendo casi en absoluto la gestión del Juez y mezclándose en todo caso con actividades dignas de mejores causas. Esos preceptos confieren á los Fiscales la facultad de promover la formación de causas criminales por delitos y faltas, cuando tengan conocimiento de su perpetración; pero esto es, y así lo dice la ley, «si no las hubiesen comenzado de oficio aquellos á quienes corresponda». Por consecuencia de ello, los Fiscales deben ser muy parcos en promover precipitadamente esas causas; pues con ello, si no dan tiempo á que los Jueces, en cumplimiento de su deber, las promuevan por sí mismos, les causarán cuando menos una molestia, pues les expondrá á pasar ante los ojos de sus superiores y de las gentes como negligentes en el cumplimiento de la elevada misión que la sociedad les tiene confiada. Verdad es que por virtud de los mismos preceptos legales que dejamos citados, pueden «pedir á los Juzgados y Tribunales del territorio en que ejerzan sus funciones, y que están subordinados al Tribunal á que pertenezcan, las causas y negocios terminados, para ejercer su vigilancia sobre la Administración de Justicia y promover la corrección de los abusos que puedan introducirse»; pero esto, en nuestro concepto, no autoriza para llevar esa vigilancia á las causas y negocios sin terminar, hasta el extremo de absorber por completo la misión del Juez, dejándole relegado á segundo lugar y casi convertido en figura decorativa ó á manera de estampilla para refrendar los actos de aquél. Ciento, en fin, que esos artículos de la ley orgánica les confiere la misión de ejercitar la acción pública en las causas criminales formadas por delitos perseguibles de oficio; pero esto, á nuestro modo de entender, no significa más que el Ministerio Fiscal es una de las partes del juicio criminal que puede pedir, pero no convertirse en ejecutor de lo que pide, no obstante la autoridad de que el Fiscal está investido para que se respete la que la ley confiere al Juez en unión de la necesaria independencia al dictar sus resoluciones, único modo de que luego en justicia, y una vez terminada la causa, pueda el ministerio público hacer uso dignamente de esa otra facultad que le confiere el núm. 15 citado del art. 838 de la ley orgánica, para promover la corrección de los abusos que puedan observarse en la Administración de Justicia.

Nosotros sabemos, y así queremos creerlo, que las intrusiones que ya se sienten y que tanto molestan á algunos Jueces, no se deben hoy por hoy á otra cosa que á un exceso de celo, lableable en cuanto revelador de una buena intención, pero corregible en cuanto á que su consentimiento una y otra vez podría dar lugar á un estado de hecho contrario á derecho, si, pero en cierto modo autorizado por la costumbre, y del que pudieran aprovecharse en el porvenir funcionarios menos dignos que los actuales, de los que ningún cuerpo ó institución pueden verse libres, y los cuales tratarán por ese modo de adquirir méritos, fundados más que en la realidad de los actos realizados, en la populachería que la prensa proporciona en los procesos de que se ocupa; fingidos méritos que, bien manejados por un buen padrino político, servirían para improvisar carreras, en perjuicio de aquellos que, sin esa tutela fiscal innecesaria, podrían hacer resaltar sus verdaderos merecimientos.

Por esto, pues, y no tanto por lo que ocurra en el presente, sino por la mala semilla que se siembra y que dará sus frutos en el porvenir, conviene que por quien corresponda se dicten las medidas necesarias para que, ni con buena intención ahora, ni con mala idea después, se traspase por nadie en el orden judicial la esfera de acción que á cada funcionario corresponde.

DE LAS NOTIFICACIONES
EN EL DOMICILIO DEL PROCURADOR

Pocas leyes como las adjetivas, no obstante el cuidado con que por regla general, y persuadido el legislador de su importancia, aparecen redactadas, ofrecerán más dudas en su aplicación en la práctica y se prestarán, con hallarse dispuestas para evitarla, á más ambigua interpretación y tergiversaciones peligrosas, que las ritimarias.

La procesal civil ofrece á cada paso buena prueba de nuestro aserto, que nada tiene de aventurado, y el particular que el epígrafe de estas líneas indica, en los términos más precisos consignados en ella, ha dado lugar en más de un Tribunal á tenerse por privilegio de clase lo que en realidad no pudo tener cabida, ni soñaron siquiera los autores del texto aludido.

La sección 3.ª del tit. VI del libro I trata de las notificaciones, citaciones, emplazamientos y requerimientos, y como era natural, después de precisar los requisitos que en cada una de expresadas diligencias han de cumplirse para que tengan eficacia legal, y después de determinar el funcionario, hora y ocasión y tiempo de realizarlas, consignase el lugar donde han de tener efecto. Y á estos respectos previenen los artículos 264 y 265, que las noti-