El Foro español (Madrid. 1898) (1902-08-30 00:00:00), página 7

tal del foro, porque no está valuado en dinero el dominio directo, ni hoy puede valirse judicialmente, porque no hay base para la capitalización, como la tienen los censos por el art. 1.611 del Código civil, de cuya disposición están excluidos expresamente los foros por el párrafo último del mismo artículo. No cabe, pues, duda alguna de que la base para la regulación de derechos en los expedientes de apeo y prorratoe es la misma pensión foral.

Con lo expuesto queda indicado uno de los mayores males de la administración de justicia, acaso el que más contribuye á su desprecio. Y el remedio es sencillísimo. Claro es que el más radical sería la fijación de sueldo á los auxiliares; pero mientras esto no se haga, bastaría ponerles algunas trabas, para evitar el exceso en la percepción de derechos, aunque no los impugnen los interesados, único caso este de la impugnación en que ahora pueden intervenir los Jueces para fijar los derechos devengados. Oblíguense á éstos, á los Jueces, á exigir que los auxiliares pongan en los autos nota expressiva de los derechos que devenguen y de los que perciban; facultéseles para adoptar de oficio las medidas conducentes á la recta aplicación de los Aranceles, y con esto, y con modificar el artículo 306 y suprimir el 72 de los mismos, ganarían mucho los intereses de los litigantes, los generales de la administración de justicia y el prestigio de los Jueces.

Pero los citados artículos 72 y 306 merecen párrafo aparte.

El primero de esos artículos señala veinte céntimos por hoja de los escritos, de las copias que se acompañen con ellos y de cualquier otro documento que los Escribanos examinen ó reconozcan. Justo y equitativo es que á estos y á todos los funcionarios se les retribuya su trabajo; pero no es equitativo ni es justo que se concedan derechos por actos que no se realizan, ni hay necesidad de realizar, ni significa nada que se realicen ó no. ¿Por qué ni para qué ha de examinar un Escribano los escritos y documentos que presenten las partes litigantes? Quien tiene que examinarlos y estudiarlos es el Juez, pero el Escribano ¿para qué?

Y en cuanto á las copias, tampoco tienen los Escribanos que examinarlas y confrontarlas con los originales, porque esto lo hacen y de ello responden los Procuradores ó las partes que las presentan, según preceptúa el art. 515 de la ley de Enjuiciamiento civil. De modo que el Escribano no tiene que hacer otra cosa con los escritos, documentos y copias que se le presenten, que pasarlos desde su mesa á la del Juez, cuando no es la misma mesa la que sirve para ambos, como sucede en algunos Juzgados. Y no se crea que son un grano de anís los derechos que en muchos casos se perciben por la aplicación del art. 72. Pudieramos citar algunos en que ese trabajo ha valido al Escribano ocho ó diez mil pesetas, ó más. Lo mismo puede decirse del art. 306, el cual señala á los Procuradores setenta y cinco céntimos por cada hoja de las copias de los escritos, apuntamientos y documentos que presentan en juicio ó facilitan á las partes ó letrados. Este artículo convierte en duros para los Procuradores las pesetas que el 72 concede á los Escribanos, y aunque es cierto que aquellos merecen alguna retribución por la extensión de copias, en ningún caso debiera de pasar de cien pesetas, pues cuando son muchas las que tienen que presentar, por ser muchos los demandados, las hacen imprimir, y con treinta, cuarenta ó cincuenta pesetas, pagan lo que á ellos les vale seis, ocho ó diez mil duros.

Así, como suena (1). En cambio, el Juez que entiende en alguno de esos pleitos y tiene que tratarle, estudiarle y resolverle, á la vez que otros muchos asuntos, percibe al año tres mil ciento veinte pesetas. Esto es grandemente escandaloso e inicuo, y bien merecía que los ministros de Gracia y Justicia se ocuparan en ello para remediarlo. Pero, ¿cómo se han de ocupar en estas pequeñeces nuestros ministros? No; es más propio de esos personajes políticos perder el tiempo en preparar el discurso de apertura de los Tribunales, único trabajo que suelen hacer para justificar la permanencia en el cargo y la percepción del sueldo.

Sin embargo, hubo y puede haber honrosas excepciones. ¿Será el Sr. Montilla una de ellas?

Ya lo veremos.

WENCESLADO DORAL.

BOLETIN DE LA SEMANA

LEGISLACION

MINISTERIO DE ESTADO.—Real orden de 23 de Julio de 1902. (Gaceta del 30.)

Creados por la ley de Presupuestos de 12 de Mayo último, una plaza de Juez de primera instancia en Santa Isabel; otra de oficial segundo de Administración en ese Gobierno, Letrado con el carácter de Fiscal, y otra de Oficial de Administración de quinta clase, Secretario del Juzgado; modificados por lo tanto, los preceptos del Real decreto de 11 de Febrero de 1888, que asignaron á diversos empleados del orden gubernativo, intervención en el judicial, y siendo necesario dictar las convenientes reglas, así para que desde luego exista

(1) En el Juzgado de Haro se tramita un pleito en el que devengó el Procurador del demandante once mil y pico de duros por las copias, y el Escribano percibió ya por el examen de ellas quince mil y pico de pesetas.