El Foro español (Madrid. 1898) (1903-09-10 00:00:00), página 5

subsistan y perduren tantos defectos, tantas incongruencias y tantas injusticias, de análoga importancia á la que voy á señalar.

A virtud del art. 3.º de la ley de Presupuestos de 1868, se encomendó á los Registradores de la propiedad la liquidación del impuesto de Derechos reales, sin que por entonces hubiera motivo alguno racional para impugnar tal acuerdo; y si varios muy atendibles para justificarle.

Pero transcurrieron los años; se transformó y ensanchó aquél tributación; se elevó igualmente á una muy respetable cantidad la comisión de su cobranza, y el legislador español, apático y ocioso, apegado á la rutina y refractario al estudio, consiente y tolera todavía que esa cantidad continúe un año y otro año engrosando las fabulosas obvenciones de los Registradores de la propiedad, y que ese servicio aumente el abrumador trabajo de sus oficinas, mientras deja á los Jueces de instrucción en la holganza y en la indigencia, y reserva á los Escribanos rurales penosísimos trabajos sin retribución alguna.

¿Qué otra explicación, que no sea la lamentable apatía de nuestros gobernantes, puede darse á esa incongruencia tan ostensible y tan contraria á la equidad?

Cuando el impuesto de Derechos reales tenía escasa importancia; cuando el premio de su cobranza era insignificante; cuando todavía eran proporcionados á los sueldos de los demás funcionarios del Estado los honorarios que percibían los Registradores, bien estaba que á éstos se encuadernara liquidar dicho tributo y se les asignara recompensa por él; pero cuando todas esas circunstancias se transforman; cuando se advierta la próspera situación de aquellos funcionarios, que es injusto, no es arbitrario, no es indisculpable que el Estado se obsigne en favorecer todavía más á sus más afortunados servidores, aumentando sus fabulosos emolumentos, mientras que otros no menos dignos que ellos ni menos competentes, ven nublados sus necesarios prestigios entre las sombras y los apremios de su pobreza?

No me propongo favorecer los intereses de ninguna clase determinada en perjuicio de otra alguna, ni se limita mi intento á aumentar la nómina de unos empleados, disminuyendo la de los demás; no.

Mi propósito no es otro que proseguir la obra comenzada, señalando á los Poderes públicos una injusticia grave, que en su propia vida y organización consiste, y que da lugar á irritantes desigualdades, por sí tiene á bien remediarla, como debe hacerlo, sin preocuparse en poco ni en mucho de las entidades, clases ó personas á quienes puede favorecer ó perjudicar su conservación ó su remedio.

Supuesta la necesidad en que el Estado se halla de tener en cada partido judicial un representante suyo, encargado de liquidar y recadar el impuesto de Derechos reales; supuesto también que ese funcionario ha de ostentar la competencia necesaria para aplicar con acierto la complicada legislación que rige aquel tributo, y atendiendo, por último, á que el premio de su cobranza y el trabajo que su liquidación exigen no son bastantes, en general, para justificar el nombramiento de delegados especiales para ese único objeto, dedícese claramente, y así lo comprendieron nuestros legisladores, que la única forma de conciliar todos los intereses no podría ni puede ser otra que encargar aquel servicio, como accesorio, á alguno de los empleados públicos que ejercen en los partidos ó distritos otras funciones principales ó permanentes.

Los únicos funcionarios que en tales condiciones se hallan son los Notarios, los Escribanos, los Registradores de la propiedad y los Jueces de primera instancia.

Compréndese, sin esfuerzo, que se desistiera de encomendar á los Notarios la liquidación y cobranza del impuesto; porque siendo muchos, y residiendo en diferentes y muy apartados lugares, habría de hacerse difícil la uniformidad en el servicio, su alta inspección y la conducción y entrega de los capitales; y compréndese también que se presciniera de los Escribanos de actuaciones; por algunas de las razones apuntadas, y además por la muy poderosa de que gran número de ellos no poseen los títulos adecuados para acreditar y garantizar su competencia en tan delicada materia.

Quedaba reducida la elección entre los Registradores y los Jueces de primera instancia, y el Estado, con notorio error, como voy á demostrar, y en el que todavía persiste, dió la preferencia á los primeros.

No adivino las razones que tuvo en cuenta para hacerlo así, ni menos comprendo en cuáles se fundó para retribuir el servicio asignando á los recaudadores del impuesto una parte aliquota de las cantidades recaudadas; pero es lo cierto que ambas cosas se acordaron, y que ambos acuerdos subsisten.

Varias son las injusticias y evidentes las inmoralidades que tal sistema origina, y graves los perjuicios que al Estado y los particulares produce.

Es, en verdad, notoriamente injusto que constando, como consta, al Estado que los Registradores de la propiedad son sus funcionarios mejor retribuidos, los asigne todavía importantes emolumentos, mientras consiente que los Jueces de primera instancia perciban sueldos mezquinos e insuficientes, como ese mismo Estado reconoce.

Es, en verdad, notoriamente injusto que el Es-