El Foro español (Madrid. 1898) (1903-04-20 00:00:00), página 10

sentación del Ministerio Fiscal que, á su juicio, procedía confirmar la sentencia absolutoria apelada, por sus propios fundamentos; y pidiendo el guardia denunciante que, con revocación de la expresada sentencia, se condenara á los denunciados, en conformidad á lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley de caza.

1.º Considerando.—Que el párrafo 2.º del artículo 9.º de la vigente Ley de caza preceptúa que en los terrenos que estén visiblemente cerrados ó acotados, sólo podrán cazar los dueños ó arrendatarios, ó las personas á quienes aquéllos autoricen precisamente por escrito. Y que dispone el artículo 50 de la misma Ley, en su apartado ó párrafo 3.º, que el cazador ó cazadores que solo, ó en cuadrilla, entrasen á cazar con armas de fuego en propiedad particular, sin permiso escrito de su dueño ó arrendatario, cuando tal permiso fuere necesario, será castigado, cada cazador, con una multa de 50 pesetas, por la vez primera...

2.º Considerando.—Que terreno visiblemente acotado, tanto quiere decir como terreno con visibles cotos ó mojones, esto es, con cualquiera señal, material y visible, que indique el hecho de la propiedad y la intención del dueño de disfrutarla con exclusión de otros.

3.º Considerando.—Que los hechos que se han declarado probados, en virtud de las manifestaciones hechas en juicio por el guardia denunciante—las cuales constituyen prueba plena, salvo otra en contrario,—y en consideración á no haber sido negado por los denunciados lo que se consignó en la denuncia, ni aun lo que ésta expresa en cuanto á que la dehesa «Monte de la Carbonera» se halla visiblemente acotada, integrau, á juicio del que provee, la falta prevista, y que se manda corregir en el citado párrafo 3.º del mencionado artículo 50, en relación con el también citado párrafo 2.º del artículo 9.º de la vigente Ley de caza, ambos, sin duda, inspirados en el respeto debido al derecho de propiedad, á que ya obedecieron las disposiciones pertinentes contenidas en la Ley de 8 de Junio de 1818, restablecida en la de Septiembre de 1856; en la de 13 de Septiembre de 1837 y en Real orden de 25 de Noviembre de 1847, que derogaron el decreto de 14 de Enero de 1812 y el Reglamento de 8 de Mayo de 1834, en cuanto éstos, por amparar el derecho de caza, causaran al de propiedad cualquiera agravio. Que es obvio y notorio, por lo que expuesto queda, que los preceptos de los repetidos párrafos no se refieren sólo á terrenos cercados por pared continua, ni á los vedados de caza, la razón de cuya existencia y la finalidad y la eficacia de los cuales se hallan realmente en los privilegios que les otorgan los artículos 17, 18, 26 y 27 de la Ley, entre otros. Y que á toda invasión ó á todo acto á ellos contrario, es inexcusable la aplicación de las tantas veces citados párrafo 3.º del artículo 50, en relación con el 2.º del 9.º de la Ley de caza, sin que contra tal aplicación puedan valer ni valgan viciosas prácticas en contrario, ó costumbres sólo en el abuso fundadas, sin título legal ninguno que las justifique, y sin otra autoridad que la tolerancia de algunos dueños de fincas.

4.º Considerando.—Que de los expresados hechos, declarados probados, son responsables los denunciados, en concepto de autores, según lo preceptuado en el artículo 13 del Código Penal, y que las costas procesales se extienden impuestas por la Ley á los responsables de infracciones de la Ley de caza, conforme á lo prevenido en el párrafo 2.º del artículo 28 del mismo Código y en el artículo 46 de dicha Ley.

5.º Considerando.—Que las consecuencias del principio causatorio que informa la Ley de Enjuiciamiento criminal no son en toda su integridad y en todo su rigor aplicables sino al procedimiento para el castigo de los delitos en que existe la única instancia, y no á los procedimientos para la corrección de las faltas, en los que subsisten dos instancias, y dentro de la Ley no se opone excepción ó limitación que coarte la facultad y el deber de los Jueces, que decidan en apelación, para enmendar los errores de derecho en que se hubiera incurrido en la primera instancia.

Vistas las prescripciones legales citadas, los artículos 1.º, 11 y 64 del repetido Código, 14, 142, 239 y 978 de la Ley de Enjuiciamiento criminal, los 31, 45, 47 y 48 de la vigente Ley de caza, los concordantes con unos y otros y los demás preceptos de Ley pertinentes, incluso el del párrafo segundo del artículo 15 de la Ley últimamente citada, que en relación con el del mencionado párrafo segundo del artículo 9.º de la misma, quizá alguien estime, no sin algún fundamento aparente, induktor de confusión y de duda respecto á si la interesada por el denunciante es ó no la sanción penal procedente en el caso acerca del cual decide esta sentencia; pero entiende el que provee no constituye, realmente, sino repetición, confirmación ó corroboración aquél de éste, y que, por tanto, no existe, en realidad, atendible motivo para las indicadas confusión ó duda.

Fallo.—Que en virtud de todo lo antes consignado, y revocando, como revoco, la sentencia apelada, debo condenar y condeno á los denunciados en este procesamiento D. G. S. y S. C. V., mayores de edad y vecinos de esta localidad, á la pena de multa, en cantidad de 50 pesetas á cada uno, á la pérdida de las escopetas con que cazaron en la ocasión origen de la denuncia generadora de estas diligencias, y al pago, por mitad cada uno, del importe de las costas causadas por la sustanciación de estas actuaciones de juicio de faltas, y no á la in-