El Foro español (Madrid. 1898) (1902-07-20 00:00:00), página 7

Los Delegados pueden concederles permiso para ausentarse por ocho días.

La Dirección general podrá concederles licencia por un mes, previa solicitud del interesado, siempre que alegue y acredite justa causa. El Ministerio podrá prorrogarlas y concederlas por un plazo mayor, previo informe de la Dirección.

En ningún caso se concederá licencia si no queda sustituto en el Registro.

Caducará la licencia de que no se haga uso dentro del mes de su concesión.

Los Delegados darán cuenta en todo caso á la Dirección de la fecha en que los Registradores usen de la licencia, y del día en que vuelvan á encargarse del Registro, para anotarlo en los respectivos expedientes personales. Siempre que los Registradores necesiten ausentarse del pueblo de su residencia con el objeto de entregar en la capital de la provincia los fondos recaudados por el impuesto de Derechos reales, podrán hacerlo sin obtener previamente licencia, pero dando parte por medio de oficio al Juez delegado para que éste dé cuenta á la Dirección, así del día en que se ausente, como del motivo que á ello les obliga.

En este caso no podrán invertir los Registradores más que el tiempo que prudencialmente necesiten para verificar la entrega.

Art. 4.º Quedan derogados los Reales decretos de 21 de Septiembre y 4 de Noviembre de 1901 y demás disposiciones que se oponen al presente.

PARA LA APLICACION DEL INDULTO

El Subsecretario del Ministerio de Gracia y Justicia, D. Luis Silvela, ha trasladado á los Presidentes y Fiscales de las Audiencias una Real orden, fecha 14 del corriente, en la que, resolviendo dudas ocurridas en la aplicación del indulto últimamente concedido, se establece lo siguiente:

Primero. Que sin aguardar á que esté terminado el sumario, debe aplicarse el precepto contenido en el art. 9.º del Real decreto de 17 de Mayo último, siempre que los Jueces instructores en quienes la jurisdicción radica, á tenor de lo dispuesto en el artículo 14 de la ley de Enjuiciamiento criminal, tengan, bien por las diligencias que precedan al auto de procesamiento, ó ya por las con posterioridad practicadas, elementos suficientes de juicio para determinar si al hecho que se persigue le alcanzan los beneficios del referido artículo, teniendo para ello presente que la pena no ha de ser la taxativamente señalada al delito en el Código penal, sino la que habrá de corresponder al delincuente, y en su caso se presume impondría el Tribunal sentenciador en vista de las circunstancias modificativas de la responsabilidad penal.

La interpretación contraria daría lugar al absurdo, que no ha establecido el Real decreto de indulto, de poner en contradicción evidente sus artículos 2.º y 9.º, consintiéndose la anomalía de indultar por el primero de la totalidad de la pena á los sentenciados á la de arresto mayor, menor ó de multa, siendo evidente que al imponer tales condenas se tuvieron en cuenta, como no podía menos, las circunstancias modificativas de la responsabilidad penal, y no desistir de la acción, según ordena el segundo de los artículos citados, por no poderse apreciar las circunstancias modificativas en delitos que, apreciados éstos, no podrían ser castigados con pena superior á las relacionadas.

Deseando que en la aplicación de la gracia se tengan siempre presentes, no sólo los preceptos jurídicos, sino los dictados de la equidad, ha de estimar V. E. que la pena á que se refiere el artículo 9.º del Real decreto de 17 de Mayo último, es la que en su día fuera impuesta al delincuente.

Segundo. Como observará V. S., el aludido precepto contenido en el art. 9.º del Real decreto tiende, como su misma redacción lo expresa, no á conceder un perdón ó una gracia de pena ya impuesta, sino el olvido absoluto y total del hecho punible que está aún sin juzgar. Debe estimarse que dicho precepto borra el delito impidiendo la ulterior tramitación del sumario bajo el supuesto legal de la no existencia del hecho punible, y, por consiguiente, al aplicarse dicho art. 9.º, no deben ser tenidas en cuenta ninguna de las circunstancias ó excepciones mencionadas en el art. 6.º, establecidas todas ellas para los casos en que exista sentencia ya firme, ó que pueda serlo en la forma y modo que en el mismo se indica. Por este motivo, y para distinguir la parte del decreto que á indulto propiamente dicho se refiere, de la que estatuye el desistimiento de la acción, se ha consignado este último precepto en el art. 9.º, correlativo y posterior á todas las disposiciones de indulto total ó parcial, y singularmente al art. 6.º, en que se consignan las excepciones ó limitaciones que imponen optar á los beneficios otorgados.

La redacción de dicho artículo da á entender, sin ningún género de duda, que los casos ó circunstancias que en el mismo se citan se refieren á las causas ya falladas; y si bien es verdad que algunas de dichas circunstancias, como la de reincidencia, pudiera apreciarse al desistir de la acción, la ficción legal de la no existencia del delito y la equidad acusejan que no se tengan en cuenta, por lo mismo que es la que más pudiera perjudicar á los acusados, y evitando así la contradicción de estimarse como determinante de la aplicación de la gracia, esa circunstancia de las contenidas en el art. 6.º tantas veces referido, y prescindir de otras como la de haberse dictado sentencia firme ó que pueda serlo por voluntad del delincuente, cosa totalmente imposible cuando el procedimiento se halla en periodo sumarial; y

Tercero. No puede coartarse en absoluto el