El Foro español (Madrid. 1898) (1903-07-20 00:00:00), página 4

Después de asignarles al proyecto esta competencia á todos los Juzgados en general, establece una división esencial, creando unos Juzgados municipales grandes, casi tanto como los de primera instancia, y otros pequeños, es decir, con menos facultades de las que hoy tienen.

Alguno creerá que esta diferencia obedecerá, sin duda, al principio tan manoseado de acercar la justicia al justiciable, y por tanto, que la mayor competencia se habrá conferido á aquellos pueblos que, por estar distantes de la capitalidad del partido, se les ocasionaría mayores gastos al tener que acudir al Juzgado de primera instancia.

Al pensar así, se obraría con lógica; pero no ha sido éste el criterio del autor del proyecto, sino que, por el contrario, las poblaciones favorecidas son aquellas que tienen Juzgado de primera instancia, y los demás pueblos quedan, por el contrario, mermados de atribuciones.

Comprenderíamos esta diferencia cuando el trabajo en los Juzgados de primera instancia fuera tan abrumador que se hiciera necesaria una ayuda, y por tanto, surgiera la necesidad de la división del trabajo, naciendo un Juzgado de primera instancia pequeño, que es lo que hoy ha creado el autor del proyecto; pero cuando los Juzgados de primera instancia no tienen asuntos de qué conocer porque no se litiga, y no hablamos por hablar, sino que la estadística lo está demostrando, el exceder los Juzgados de primera instancia es lo mismo que preparar su muerte, y más valiera que así se hiciere, y no dejar un organismo agónico.

El afán de considerar que España no es más que Madrid, y que lo que aquí acontece tiene que ocurrir en todas partes, es lo que, sin duda, ha movido al autor del proyecto á esa división; si, por el contrario, hubiera prestado un poco de atención á la geografía judicial y á su control la estadística, hubiera visto cómo haciendo verdadera vida de anacoreta, es como pueden mantenerse la mayoría de los Escribanos que se les denomina rurales.

Si estos funcionarios sobran, es más humanitario decirlo; pero si tal se hiciera, ¿quién serían entonces las personas que se encargarían de formar más de ochenta mil sumarios anuales? El Escribano es muy bueno cuando levanta esa carga pesadísima; pero, en cambio, todos los dardos de la ira son pocos contra él cuando se trata de la justicia civil, llamada de rico.

Con esta división, al conceder á unos pueblos una justicia municipal hasta 1,500 pesetas, y á otros nada más que hasta 250, se crea una desigualdad verdaderamente irritante. ¿En razón de qué principio filosófico, cuando un vecino de El Escorial, por ejemplo, litigue por 1,500 pesetas, se le ha de conceder la justicia municipal, y en cambio á uno de Aranjuez, cuando litigue 251, tie-

ne que acudir á Chinchón, y ante el Juez de primera instancia, con necesidad de Abogado y de Procurador?

No será ciertamente la importancia de la población; no será tampoco el que pague menos tributos al Estado; no será que en su localidad abunden menos las capacidades; dependerá no más que del capricho ministerial, del deseo de uniformar, del desenrido del estudio de las necesidades sociales.

Entre las cuestiones sometidas al conocimiento de los Jueces nombrados de Real orden, merece en primer lugar que fijemos la atención en la facultad tercera, ó sea, «conocer en juicio verbal de las contiendas entre partes, cuya cuantía no exceda de 1,500 pesetas, en la forma que se dirá en la base siguiente».

Usa este número un lenguaje ambiguo, y no sabemos si lo que ha querido decir es que conocerán de los juicios ordinarios declarativos hasta 1,500 pesetas, ó si conocerán de todos los juicios hasta esa cantidad; pues á esas dos interpretaciones se presta la frase «de las contiendas entre partes».

En ambos casos resulta que la subida desde 250 pesetas, de que hoy conocen, hasta 1,500, se ha sextuplicado, y no comprendemos, como ya hemos indicado, á qué puede obedecer, puesto que por mucho que la riqueza del país y el movimiento de la misma haya aumentado, no llega hasta ese extremo; bien es verdad que lo mismo podía haberse señalado 1,000 pesetas que 2,000, puesto que, como la cifra se ha fijado á voluntad y sin estudio, no obedece á ningún criterio.

El Colegio de Escribanos de Madrid informó que la cuantía podía elevarse á 500 pesetas; estamos conformes, y creemos que aumentar la cuantía en un 100 por 100 es aumento de consideración.

Mas si este número tercero hace referencia á toda clase de juicios, entonces la cuestión encierra una transcendencia que afecta á todas las clases sociales, y especialmente á las mercantiles.

Todos sabemos que los juicios verbales no pueden celebrarse en un solo acto, sino que las necesidades de la vida son más imperiosas que todas las leyes, por categóricas que sean; la prueba no puede traerla el demandado, porque la misma ley no le da medios, y así á los testigos no puede llevarlos á la fuerza; ciertos documentos no le está permitido obtener copia, sino que para todo ello es menester que el Juzgado, usando de la fuerza que á su ministerio le está conferida, mande y ordene se faciliten los medios probatorios estimados pertinentes.

Claro es que al lado de esta dilación justa y necesaria, surge el abuso por el litigante de mala fe, y, ó no comparece y es necesario hacer la declaración de rebeldía, que es larga, ó si comparece puede solicitar pruebas, á las que antes nos hemos