El Foro español (Madrid. 1898) (1903-04-20 00:00:00), página 5

otra parte, ejercen las funciones fiscales en las cuestiones que se promuevan entre la jurisdicción de Marina y otras jurisdicciones.

En cambio, el artículo 35 de la Ley de organización y atribuciones de los Tribunales de Marina, limita á prevenir la formación de causas por delitos de la competencia de la jurisdicción de Marina, las facultades de los Generales con mando de fuerzas, autoridades de Marina que no ejerzan jurisdicción, Comandantes de buques, Jefes de cuerpo ó de establecimientos, pertenecientes á la Marina, todo oficial que mande fuerzas destacadas y todo marino que tenga autoridad ó mando independiente.

La jurisprudencia del Tribunal Supremo también ha venido á corroborar el expresado principio, pues en 6 de Julio de 1878 se resolvió que los Comandantes de Marina de las provincias no pueden promover competencias; y en 21 de Septiembre de 1886 se declaró que los Jueces de la jurisdicción ordinaria no pueden requerir de inhibición á los Ayudantes de Marina, porque éstos no tienen jurisdicción propia.

La tramitación de las competencias, de que venimos hablando, es sencilla, pues en el caso de que un Juez instructor de la jurisdicción ordinaria tuviese conocimiento de que por la de Marina se instruye causa por delito que compete á la jurisdicción del primero, dirigirá atento oficio al Comandante general de Apostadero ó de Escuadra, ó al Capitán general de Departamento de quien dependa jurisdicionalmente el instructor, exponiéndole las razones en que funde su competencia.

La autoridad requerida reclamará la causa, si no obra en su poder, y previa audiencia del Auditor, de las partes y del Fiscal, manifestará al requirente si se inhibe el conocimiento del asunto ó si mantiene la competencia; debiendo, en el primer caso, remitirle las diligencias instruidas, y en el segundo, ambos darán cuenta, con remisión de testimonios, al Tribunal Supremo para que resuelva lo que proceda.

Cuando los Jueces de instrucción de la jurisdicción ordinaria entiendan en causa de la de Marina, deben inhibirse á favor del Capitán general de Departamento ó autoridad jurisdiccional correspondiente; notificará el auto al Fiscal de la Audiencia, y, así que sea firme, remitirá la causa á la autoridad competente, después de dar cuenta con testimonio literal del auto de inhibición á aquel Tribunal.

Si los Jueces instructores de la jurisdicción ordinaria son requeridos por autoridades de Marina, que según lo expuesto tengan atribuciones para ello, tramitarán la competencia en la referida forma; pero si el requerimiento fuere hecho por Comandantes ó Ayudantes de Marina, ó por cualquiera otra autoridad que no sea Capitán general de Departamento, Comandante general de Apostadero ó de E-cuadra, puede optar por uno de los dos caminos siguientes: ó negarse en absoluto á tramitar la competencia, ó exponer en anto las razones en que se funde para no tramitarla, y dar cuenta, con remisión de testimonio, al Tribunal Supremo, pero limitado aquél á la improcedencia de dar curso á la competencia, por no ser entablada por la autoridad que puede hacerlo según la Ley.

Debemos también tener presente que, de conformidad con lo prescrito en los artículos 22 de la Ley de Enjuiciamiento criminal y 24 de la de Enjuiciamiento militar de Marina, mientras no se decida la competencia, cada uno de los Jueces instructores seguirá practicando las diligencias necesarias para comprobar el delito, y aquellas otras que considere de reconocida urgencia; pero esto debe entenderse, sin duda, cuando se entable por las autoridades de Marina, facultadas por la Ley; de modo que si un Comandante ó Ayudante de Marina la formula, el Juez de instrucción debe seguir actuando en el sumario de la misma manera que si no se hubiese promovido, por cuanto que la competencia que suspende ó limita en algo la jurisdicción del Juez es la deducida legalmente; por cuya razón el artículo 390 del Código penal define como delito el hecho de continuar el procedimiento el funcionario público requerido legalmente de inhibición, sin esperar á que se decida la contienda jurisdiccional; de donde se infiere que cuando el requerimiento no se hace en forma legal, tal como cuando parte de autoridad que carece de la jurisdicción correspondiente, no hay infracción ni, por consiguiente, delito.

JUAN MORENO Y NARANJO,
Juez de primera instancia.
Arrecife, 14 Septiembre 1902.

EN FAVOR DEL SUELDO DEL ACTUARIO

La Gaceta de Tribunales, órgano oficial de los Escribanos de España, según dice, en su afán de que no desaparezca el Arancel, no sabe expresar más que no conviene á la clase la retribución, sin reparar que con las estadísticas judiciales á la vista probado queda que la inmensa mayoría no protestan y se mueven para que un centinela avance, sin dejar pasar hora, diga á los poderes públicos la necesidad de que los servicios de oficio deban ser recompensados por la sociedad en cuyo favor se prestan, porque no pueden desprenderse al año de la insignificante cantidad de quince pesetas.