El Foro español (Madrid. 1898) (1903-07-10 00:00:00), página 7

—Real orden de 26 de Junio de 1903, autorizando á los individuos de las Juntas directivas de los Colegios de Procuradores de los Tribunales del Reino para que puedan usar una medalla como distintivo de clase en los actos oficiales. (Gaceta del 28.)

LA REFORMA DE LA JUSTICIA MUNICIPAL

LOS ESCRIBANOS Y LOS LETRADOS

Continuamos hoy nuestra labor de combatir las pretendidas reformas del Sr. Dato en este punto, que sobre ser deficientes, echan por tierra las buenas disposiciones de que, al parecer, estaba aquel animado respecto al cuerpo de Escribanos, al dictar su decreto de 5 de Febrero último.

El aumentar la competencia de los Juzgados municipales hasta en los asuntos cuya cuantía no exceda de 1.500 pesetas, y el reservarles los interdictos y desahucios, cuando el valor de la cosa á que aquéllos se refieren no exceda, de 8.000 pesetas, ó el valor de la renta anual no pase de 2.000, equivale á la completa ruina de Escribanos rurales y no rurales, sin provecho alguno para el público, ó lo que es lo mismo, á la disolución del cuerpo de Actuarios, porque no creemos que haya uno solo que pueda ni quiera seguir muriendo por la justicia.

Esa reforma, aparte de su mayor ó menor utilidad en otro orden de ideas, sólo puede implantarse poniendo á sueldo á los Escribanos; y para convenirse de ello hubiese bastado al señor ministro, con una cosa tan sencilla como ver el libro del Reparto de los Juzgados de Madrid, en el que consta que hay actuaria que apenas si le corresponden un par de mayores cuantías al año, alguno de los cuales, por lo general, se transige; y de los menores cuantías, la mayoría son menores de 1.500 pesetas, así como las reclamaciones ejecutivas.

Y si esto ocurre en Madrid, centro de la vida de la nación y del movimiento de los negocios, ¿qué no ocurrirá por las provincias y por los pueblos? Véase, pues, cómo es materialmente imposible que la tal reforma subsista, si no va acompañada de la necesaria y tantas veces pedida, del sueldo del actuaria.

Por otra parte, al público no le interesa que le abrevien trámites si le restan garantías, y ya vimos que las que ofrece la manera de proveer esos Juzgados no es de las más eficaces, sin que eso de los Jueces ó consiliarios adjuntos valga para nada que no sea introducir mayores confusiones, lla- mando á juzgar en materia civil á personas de menores garantías y responsabilidad aún que el Juez mismo, y máxime cuando hasta puede darse el caso de que no haya apelación.

Hasta ahora las quejas que la justicia municipal ocasionaba eran grandes, y la desconfianza hacia que en más de un caso, y á pesar de los mayores gastos, muchos acumulaban sus acciones contra un solo individuo, hasta que, pasando de 250 pesetas, pudiese ir á primera instancia; en lo sucesivo se perpetuarán dichos males, aumentándolos en buen grado, y ni el público ganará nada, ni la mayoría de los funcionarios subalternos judiciales podrán sobrevivir—así puede decirse—á tal reforma.

Hasta la Gaceta de los Tribunales, que tan refractaria se mostró á la idea del sueldo del actuaria, acoge ahora en sus columnas artículos en que se habla con simpatía de aquel sueldo, ante la perspectiva de que se convierta en ley la pretendida reforma, y hace un llamamiento, al que nosotros acudimos gustosos, para luchar todos unidos contra lo que á todos perjudica; pero convénzase la Gaceta de que si no se llega al sueldo, si no esta reforma, otra vendrá que afente también á la vida del actuaria, porque ello depende de que el Arancel encaeece y hace imposible el pedir justicia, y toda simplificación en la administración de ésta sin el sueldo, necesariamente ha de constituir una merma en los derechos de los Escribanos.

Y lo que decimos de los Escribanos, decimos de los Letrados; no abundan tanto los asuntos de mayor cuantía para que les sea indiferente el que los de menor se reduzcan á la categoría de juicios verbales, donde no es precisa la dirección de Letrado, y donde sus derechos no pueden ser incluidos en tasação para que los pague la parte contraria. Es, pues, cuestión ésta, en la que Abogados y Escribanos deben unirse, si no quieren caer juntos y ser víctimas de esa reforma que, sin remediar los males de los unos, aumenta los de los otros.

Por lo demás, hay que convencerse de que el problema que hay que abordar con valentía es el de la justicia gratuita, atendiendo el Estado exclusivamente á esta obligación, que es su fin principal, á cuyo efecto no hay más que hacer que en los Presupuestos generales no figure esta partida en el último y más vergonzoso rincón, mientras que en la lista civil y otras atenciones que de ella dimanan, en culto y clerio, y en milicia á ilusoria marina, se derroche el dinero hasta el extremo de que, siendo España la nación más pobre de Europa, sobre todo en los dos primeros extremos, es la que más gasta.