El Foro español (Madrid. 1898) (1903-07-30 00:00:00), página 6

to al agraciado, le entrega la credencial refrendada y reintegrada en forma y da la orden para que, previo juramento, se le ponga en posesión del cargo. ¿Pero acaso la ley le concede preferencia por eso? ¿Acaso dice cuándo debe servirse á uno y cuándo á otro Juez, ya que servirlos al mismo tiempo es imposible?

Hago gracia á los lectores de las situaciones difíciles y embarazosas en que puede hallarse el Juez municipal de Alfoz por su doble dependencia, y de los conflictos jurisdiccionales á que tal estado de cosas puede conducir; pero sí manifestaré que del propio modo que el párrafo cuarto del art. 18 de la ley orgánica del Poder judicial prohíbe se reúnan en un mismo partido pueblos que correspondan á diferentes provincias, se podía y debía prohibir, por idénticas ó parecidas razones á las que tal precepto aconsejaron, que en un mismo término municipal hubiera pueblos que pertenecieran á partidos diferentes.

Y decimos que se podía y debía prohibir esto, porque aun cuando la letra de la mencionada ley orgánica nada expresa concreta y terminantemente sobre dicho particular, en el espíritu vienen á establecer esa doctrina los artículos 11 y 12 de aquélla.

¿Habrá llegado el momento, pues, de que desaparezca este estado incomprensible y anómalo, que tanta confusión y desorden causa, y que ningún beneficio conocido produce?

A la patriótica y fecunda labor que el dignísimo señor ministro de Gracia y Justicia está llevando á cabo, ¿no podrá unir la de enmendar el yerro de referencia, y dando honor al art. 14 de la ley Procesal en lo que le comprende, y á la vista los artículos 17 y 18 de la supradicha ley orgánica, hacer el agregó ó la segregación que más procediere?

La conveniencia pública, el orden, la buena administración de justicia, piden con verdadera necesidad y razonable empeño que cese el contrasentido legal jurídico de que un Juez municipal, como el de Alfoz de Lloredo, tenga al mismo tiempo dos inmediatos superiores, pertenecientes á partidos judiciales distintos.

MANUEL GARCÍA ÁLVAREZ,
Juez de primera instancia.
San Vicente de la Barquera, Febrero del 903.

LA INDEPENDENCIA JUDICIAL

A continuo estamos leyendo en la prensa diaria, y á fuerza de repetirse el hecho se considera natural, que el gobernador civil ó el ministro tal, ó el presidente de todos ellos, ha llamado la atención del Fiscal de tal Audiencia sobre lo que se escribe en este periódico, ó lo que sucede en aquel sitio, ó lo que se canta en determinada zarzuela, y acostumbrados estamos á ver que los Fiscales sumisos obedecen, formulan la denuncia, y se forma el proceso, y hasta el Fiscal de que se trate se constituye en adlátore del Juez, é inspecciona, y toma parte activa en la causa, ni más ni menos que si se tratase de un delito gravísimo, de esos que convienen hondamente á la opinión pública.

Y esto, que, como decimos, por la fuerza de la costumbre pasa, ya desapercibido, constituye un sistema revelador de un mal muy grave, al que es preciso acudir.

Porque, una de dos: ó los Fiscales que por deber legal tienen que leer los periódicos, para ver si en su redacción se ha cometido algún delito y tienen que denunciar los que en cualquiera forma se cometen, andan muy reacios en el cumplimiento de sus deberes, ó el Poder ejecutivo viene ejerciendo cierta intrusión en el judicial y en provecho propio.

Se nos dirá que en la imposibilidad de que un Fiscal se entere de todo, los gobiernos no hacen más que denunciarles aquello que urge reprimir, y que todavía no ha llegado á su conocimiento; pero esto, que en algún caso particular puede ser cierto, y de hecho lo es en general, porque los funcionarios del Ministerio fiscal no pueden tener la omnisciencia y presencia de Dios, no lo es en los repetidísimos casos á que nos referimos; aparte de que los políticos no denuncian, porque la denuncia sabido es que puede acarrear responsabilidad al denunciante, sino que prudentemente se limitan, al parecer, á llamar la atención del Fiscal, y éste, sin hacer constar la indicación, sino como cosa propia, denuncia el hecho, en cumplimiento de un deber, al Juzgado correspondiente.

Y prueba que así es, el hecho de que hay periódico que se denuncia á los quince días de publicado; que en la prensa se dice, por informes de los propios políticos, que les parece la cosa muy natural, que el Fiscal fué llamado con este objeto; que, en fin, es rara la circular de los Fiscales del Supremo que no obedece, sobre todo en la represión de ciertos delitos políticos, á inspiraciones de los presidentes del Consejo de ministros.

De este modo, una política determinada podrá ganar, pero el prestigio del Poder judicial pierde notablemente; pues las gentes concluyen por ver en sus funcionarios, en muchos casos, más que el verdadero representante de la Justicia y amparador del Derecho, al instrumento dócil, fácilmente manejable de los políticos, que á menudo sirven más al interés de partido que á la conveniencia de la nación.

Y este mal es preciso desarrugarlo. Sabemos que los gobiernos tienen resortes poderosos que poner en práctica para hacer valer tales intrusio-