El Foro español (Madrid. 1898) (1903-03-30 00:00:00), página 8

Magistrado D. Ricardo Juan Ortiz fué nombrado Juez especial en 12 de Junio de 1900.

Entre otras declaraciones, figuran como principales las prestadas por los curiales D. Eduardo Planet, D. Mariano Manzano (rebelde), D. Eloy Guerrero, D. Eugenio Baraíbar (también rebelde), y por los Relatores D. José García Goñi, Relator-Habilitado, y D. Antonio Núñez de Castro, también Relator-Habilitado, hoy Juez de Villacarrillo (Jaén).

Los cuatro primeros dijeron que los pagos se hacían en vista de las certificaciones expedidas por los Relatores, por lo que se sometieron éstas á reconocimiento por parte de los interesados, siendo sólo el Sr. Goñi el que reconoció todas como legítimas; D. Eloy Guerrero declaró que todas las certificaciones las firmaba en blanco muchas veces el Sr. Goñi y su hijo las llenaba, y que ésto era costumbre hacerlo por notas que se tomaban, pero sin tener presentes los rollos. Así lo confirmó el propio Sr. García Goñi, añadiendo que por la confianza que mediaba no se hacían las comprobaciones. En vista de estas certificaciones, los Sres. Manzano y Planet extendían en la Secretaría las nóminas, sin que al hacer los pagos se comprobase nunca si los testigos, jurados y peritos eran realmente los mismos, sino que era costumbre concretarse á preguntarles el nombre.

Los peritos judiciales confirmaron la falsedad de las firmas del Sr. Núñez, sin que se haya propuesto nueva prueba pericial á consecuencia de la rebeldía del procesado Baraíbar que era el interesado en este punto.

En vista de esto, en 20 de Junio de 1900 se procesó á los cuatro curiales, y al día siguiente al Relator-Habilitado D. José García Goñi, citando en apoyo de este auto el artículo 581 del Código Penal, que habla de la imprudencia temeraria.

Elevada la causa á la Audiencia, se acordó abrir el Juicio oral respecto á los cuatro curiales, sobreseyéndose en cuanto al Sr. García Goñi por auto de 15 de Diciembre de 1900, en el que no se contiene razonamiento jurídico alguno en apoyo de tal resolución.

En 24 de Diciembre de 1900 se dio traslado del sumario al Teniente Fiscal Sr. Mena, para que con arreglo á lo dispuesto en el artículo 649 de la ley de Enjuiciamiento criminal calificase los hechos en el término de cinco días, devolviendo dicha causa con el escrito correspondiente en 12 de Agosto de 1901, es decir, al cabo de ocho meses, diciendo que de los autos se deducía que los procesados sorprendieron ó falsificaron la firma de sus superiores en certificaciones expedidas para las nóminas de supuestos Jurados, peritos y testigos, y de los que realmente lo eran se les entregaron cantidades de menos, cuyos hechos cree constituyen varios delitos de falsedad, como medio de cometer otro de estafa, citando los artículos del Código Penal, el 514 respecto á D. Eduardo Planet y D. Mariano Manzano, y el 315 en relación con el anterior en cuanto á D. Eloy Guerrero, y el 548, número 5.º, en concordancia con el número 3.º del 547 del mismo, con aplicación del 90; solicitando se imponga la pena de diez y ocho años, dos meses y veintiún días de cadena temporal para los dos primeros, y diez años, ocho meses y un día de presidio mayor para el tercero, no calificándose respecto al Sr. Baraíbar á causa de estar ya en rebeldía en aquella fecha.

Las defensas, encomendadas, la de Guerrero al conocido periodista y distinguido Letrado D. José Luis Castillejo, y la de Planet, al ilustre jurisconsulto D. Joaquín Ruiz Jiménez, abogan por la absolución, fundados muy principalmente en los razonamientos que se contienen en un notable escrito de este último, á que hacíamos referencia.

El Abogado del Estado, Sr. Correa, tuvo en su poder los autos para calificación desde el 17 de Agosto de 1901 hasta el 7 de Diciembre, es decir, seis meses, en cuya fecha evacuó el traslado, después de apremiado por la representación del señor Guerrero, que presentó escrito quejándose en 13 de Noviembre de que entre la calificación del Fiscal y la del Abogado del Estado, que con arreglo á la ley debían haberse invertido diez días, hubiese transcurrido un año.

En este escrito el Sr. Abogado del Estado, después de mostrarse conforme con la calificación fiscal, añade que cree que son subsidiariamente responsables por la negligencia que supone; pero haciendo todo género de salvedades respecto á que esa negligencia no supone en su concepto ni se deriva de responsabilidad criminal.

Siguieron los traslados para las defensas, y una vez evacuadas éstas, en el sentido que ya hemos indicado, en 12 de Abril de 1902 se dictó providencia, mandando requerir al Abogado del Estado para que manifestase de un modo expreso quiénes eran esas personas á quienes aludía como meras responsables, señalándole para ello el término de cinco días. El Sr. Correa pidió prórroga de ese término, alegando, para justificar tal pretensión, que para contestar tenía que recibir instrucciones de su superior, la Dirección general de lo Contencioso, accediéndose á tal prórroga por diez días más.

Antes de transcurrir este nuevo plazo, en 17 de Abril el Teniente Fiscal Sr. Mena interpuso súplica de la providencia del 12, alegando que el Abogado del Estado había perdido el derecho de señalar nuevos responsables al no haberlo concretado en el momento de calificar. Oposiéronse las demás partes á tal súplica, pero la Sala, en 29