El Foro español (Madrid. 1898) (1902-08-30 00:00:00), página 1

EL FORO ESPAÑOL
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LORENZO BARRIO Y MORAYTA
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de los Ilustres Colegios de Madrid, Granada, Bilbao, Jaén y otros
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toda la correspondencia

SUMARIO
I. El contrato de trabajo, por Vírgilón, Juez de primera instancia.—II. Los Aranceles judiciales, por D. Wenceslao Donal, Juez de primera instancia.—III. BOLETÍN DE LA SEMANA (Legislación).—IV. Companeros, por D. Francisco de la Iglesia, Abogado y Escribano.—V. En la Cárcel Modelo. El gabinete antropométrico, por D. E. Cerero Trizaga.—VI. NOTICIAS.—VII. Semblanza de... X, por D. Muriano Segura.—Correspondencia administrativa.

EL CONTRATO DE TRABAJO

Si en toda clase de leyes son condiciones recomendables y preferentes la claridad de sus preceptos y la brevedad y sencillez de los procedimientos y trámites para su ejecución, bien se advierte que ambos requisitos dejan de ser apetecibles para convertirse en necesarios, cuando se trata de leyes que interesan á las clases más humildes y menos ilustradas de la sociedad, y alcanzan y afectan al número inmenso de relaciones jurídicas que esas mismas clases establecen y mantienen en la vida social.

Mas esta elemental doctrina, cuya certeza teórica y práctica utilidad son notorias, ha quedado tan completamente olvidada y preferida en el Real decreto de 20 de Junio, sobre contrato de trabajo, que, para desgracia nuestra, y sin que nadie pueda evitarlo, este primer ensayo legislativo, encaminado á suavizar los rigores y crueldades de la lucha económica, ha de ser, por la obscuridad de sus mandatos y por la complicación de sus procedimientos, un nuevo motivo de agravios y dificultades en las relaciones entre el capital y el trabajo, y lejos de aliviar, como se propone, la situación de las clases obreras, vendrá, en definitiva, á perjudicarlas, perjudicando también, y muy gravemente, los intereses del Estado, que los Gobiernos deben proteger con todo celo y cuidado.

Pasemos á demostrarlo.
Establece el art. 1.º del Real decreto citado, que, «en toda concesión de obras públicas que se otorguen por el Estado, la Provincia ó el Municipio, se obligará el concesionario á estipular, mediante contrato con los obreros, la duración del servicio, el número de horas de trabajo y el precio del jornal».
Nada nuevo se establece con respecto á estos dos requisitos; pues son tan elementales y rudimentarios, que desde los tiempos más primitivos han tenido observancia en todos los pueblos, ya que á nadie ha podido ocurrirsele jamás prestar ni contratar servicio alguno sin determinar previamente en qué ha de consistir, y sin fijar su remuneración ó pago.
La gran novedad del decreto, estriba en que, á partir de su fecha, los concesionarios de obras públicas han de fijar la duración del contrato de servicios que con los obreros celebren. Y aquí, que comienza la novedad, comienzan también las dudas y las dificultades.
Figurémonos—y sirva de ejemplo para mayor claridad—que la obra contratada es la construcción de un edificio público. Sabido es que en la edificación intervienen obreros de numerosos oficios; albañiles, canteros, carpinteros, pintores, herreros, etcétera, etc., quienes concurren á la obra simultánea ó sucesivamente, y en periodos continuos ó alternativos. Hasta ahora, el concesionario ó contratista adjudicaba particularmente á los maestros de los diversos oficios la parte de la obra referente á cada profesión, y ellos se entendían á su vez con sus obreros y auxiliares, simplificándose así, por la división del trabajo, las múltiples dificultades que de otro modo habían de sobrevivir, y garantizándose á la vez la bondad de las labores y el más acertado empleo de los trabajadores en cada una de ellas, por la mayor pericia de esos especialistas y el mejor conocimiento que tienen de sus obreros y auxiliares.
Esta práctica, hasta ahora seguida, y cuyas ven-