El Foro español (Madrid. 1898) (1902-05-10 00:00:00), página 3

aquellos casos en que existan indicaciones de delito. Pero aun en el supuesto que desde luego acepto, de que sea conveniente mantener la jurisprudencia establecida, en manera alguna creo necesario, ni útil, ni siquiera conveniente, que los Juzgados hayan de incoar y tramitar un sumario con todos sus requisitos y solemnidades cuando de tales hechos se trata; y antes al contrario, es ridículo, soberanamente ridículo, y demuestra nuestro escaso sentido práctico, que los encargados de administrar Justicia apliquen su actividad y gasten sus energías en tan prolijos trabajos, cuya inutilidad é improcedencia es patente desde los primeros momentos, mientras que otros negocios obscuros, dificultosos é importantes reclaman esa actividad y energías tan estérilmente aplicadas.

Entendiendo así, y amparándonos en los expresos preceptos de la ley, conformes á su vez con la conveniencia pública, considero que sólo deben incoarse y tramitarse sumarios para la averiguación de aquellos hechos que revistan carácter de delito, debiendo limitarse los Jueces municipales ó de Instrucción, cuando se trate de ocurrencias puramente fortuitas, á formalizar un acta en que se consignen sucintamente y en relación los datos principales y las manifestaciones de los interesados, testigos y peritos, cuyo documento, firmado por estos y por el Juez y Secretario, se archivaría en el Juzgado de Instrucción, y serviría en todo tiempo de antecedente para instruir el sumario, si ulteriores noticias ó reclamaciones lo hicieran pertinente.

Haciéndolo así, no se infringiría, y antes bien se cumpliría el precepto legal; quedarían suficientemente garantidos todos los derechos y todos los intereses; no se falsearía nuestra estadística criminal, haciendo figurar en ella un crecido número de sumarios que acusan un grado de criminalidad que por fortuna no existe; se descargaría á los Juzgados, y señaladamente á las Audiencias, de multitud de negocios que embarazan su acción sin provecho alguno; se evitarían trabajos y se ahorrarían actividades que reclaman mejor empleo, y se realizaría, en fin, algo cierto, efectivo, concreto y positivo para contener esa monomanía funesta de toda nuestra administración, de crear dificultades y ocasionar vejaciones á los administrados, aun en aquellas ocasiones desgraciadas y calamitosas en que, por razón de justicia y razón de caridad, debe guardárseles todo género de consideraciones.

No es preciso para realizar tan provechosa innovación promulgar ley alguna; basta para ello rectificar y uniformar la interpretación de la vigente.

Otra de las causas que contribuyen á aumentar sin razón alguna el número de sumarios, es debido también á otra interpretación errónea y generalizada de la ley de Enjuiciamiento criminal, ó mejor dicho, al completo olvido de uno de sus preceptos terminantes.

Créese generalmente—y urge rectificar tan errónea creencia,—que, incoadas en un Juzgado municipal diligencias criminales sobre cualquiera hecho, y, principalmente, cuando de su inicio se ha dado cuenta al Fiscal de la Audiencia respectiva, es obligatorio para el Juez de Instrucción elevarlas á sumario, proseguirlas por todos sus trámites, declararlas conclusas en su día mediante el auto correspondiente, y elevarlas, en fin, al Tribunal superior. Y como quiera que, en la inmensa mayoría de los pueblos de España, son los Jueces municipales personas desconocedoras del Derecho, ocurre con frecuencia que aceptan denuncias é instruyen diligencias sobre hechos verdaderamente nimios y á veces verdaderamente ridículos y grotescos, en los que no existen ni los más remotos vestigios de responsabilidad criminal; y ocurre, igualmente, que, debido á esto y á la práctica aceptada, llegan á las Audiencias, después de haber pasado por todas las solemnidades sumariales en el Juzgado de instrucción, causas criminales en las que no se concibe que haya otra firma de Juez que merezca serlo que aquella que autorice la providencia, ordenando el archivo, sin más trámites, de las diligencias practicadas por el Juez municipal.

Para evitar esta práctica viciosa que convierte á los Tribunales de Justicia en arriete para satisfacer venganzas de campanario y da lugar á la sustanción de más de cuatro mil sumarios anualmente, basta recordar el art. 269 de la ley de Enjuiciamiento criminal, que reconoce á los Jueces de Instrucción la facultad de desestimar la denuncia, bajo su responsabilidad, cuando el hecho en que se funde no revista caracteres de delito; y claro está que esa facultad que compete al Juez de Instrucción, en buenos principios de interpretación legal, dada su pericia y conocimientos no puede, en manera alguna, considerarse prescripta ni anulada, por el hecho de haber aceptado y atendido la denuncia el Juez municipal desconocedor del Derecho y de las leyes.

Creo haber cumplido lo que prometí al comienzo de este trabajo. Nos lamentamos, con razón, del excesivo trabajo que pesa y abruma á los Tribunales y que ocasionan graves deficiencias en la administración de Justicia, y quedan indicadas las medidas que prontamente y de momento pueden adoptarse para aminorar tan grave mal. No es preciso, para su inmediata implantación, la creación de nuevas leyes, sino el recuerdo, la recta interpretación y unánime aplicación de las vigentes. ¿Son prácticas y útiles y hacederas las innovaciones que propongo? Creo sinceramente que sí; y,