El Foro español (Madrid. 1898) (1902-03-30 00:00:00), página 6

se da el caso de confiar á tres Magistrados y dos funcionarios Fiscales (1) el estudio, tramitación y fallo de cerca de 1.500 asuntos durante el año. Ni que poseyeran el don de ubicuidad seriales fácil llenar su cometido con la brevedad y exactitud que la ley desea. Así se observa que muchos infelices procesados, que tienen perfecto derecho á que sus procesos sean resueltos prontamente por lo menos, sufren muchos meses y años prisión provisional, y acaso después de tanto sufrir sean absueltos, dándoles una ejecutoria de honradez después de haber sido privados de libertad más tiempo del que rigurosamente demanda la ley procesal y hasta la caridad. Esto sin contar la probable falta de reposo intelectual en el juzgador, abrumado por multitud de procesos que solicitan su reflexiva atención y sereno juicio, y que los apremios del tiempo pueden dar margen á que la justicia sufra las consecuencias del aturdimiento, penetrando en el recinto donde aquélla exige reposo y exquisito cuidado para hallar la verdad de que es efecto inmediato.

Me propuse ser sincero, y he dicho lo que me propuse, sin entender que de esta manera ofenda ni remotamente la susceptibilidad de nadie. Hable de la Justicia y de los Jueces, y sólo deseo que aquélla no se esconda cuando éstos la pidan con razón derecha, huyendo de todo lo que signifique alusión á persona alguna, para conducir mis pobres juicios por senderos más desinteresados. Y con esto termino, pidiendo perdón al paciente lector por tantas lamentaciones que ha sufrido, y rogando á los Poderes públicos que no desoigán las quejas de los Jueces; que prescindan de solicitar de ellos otra cosa que no sea Justicia, y que los traten con más caridad, pero también con toda clase de severidades cuando lo merezcan por actos ú omisiones no ajustados al deber.

MIGUEL SAIZ GOMEZ,
Juez de primera instancia.

TRIBUNALES DE HONOR Y TRIBUNALES DE JUSTICIA

Prescinidiendo ahora de la cuestión fundamental que este título plantea, y cualesquiera que sea la variedad de opiniones que la institución de los tribunales de Honor suscite, es lo cierto que todos cuantos tratan de este interesantísimo tema parten de una base común: la de asignar á los Jueces de honor y á los ordinarios una órbita perfectamente distinta y definida, pudiendo muy bien afirmarse que los primeros hayan precisamente su razón de ser en la necesidad de llevar la efectividad de una sanción más allá de los límites á que alcanza el brazo de la Justicia, propiamente dicha.

¿Conviene ampliar el campo de los tribunales de Honor? ¿Debe aumentarse su número, introduciéndolos en todos los cuerpos profesionales, á semejanza de lo que sucede entre militares? Cuestiones son estas muy arduas, y que sobre haber sido ya tratadas por la Revista, están fuera de lugar en esta sección. Si tratamos de pasado este punto, es porque á ello nos obligan dos hechos, que caen perfectamente dentro de los dominios de la crónica.

Uno de llos ha circulado todos estos días por la prensa de información, y se refiere á una sentencia dictada por el Consejo de Oficiales generales en el proceso seguido al Capitán que fué del regimiento de Asturias, D. Antonio Fernández de Córdova. Tal sentencia ha sido absolutoria, y claro es que ha recaído juzgando de los mismos hechos de que conocieron los Jueces del tribunal de Honor, que acordaron la separación del Ejército del citado señor Oficial, con todos los requisitos y elementos de convicción que el Código de Justicia militar exige.

Por virtud de estos hechos plantéase un problema verdaderamente trascendental, que nos consta preocupa hondamente al notable jurisconsulto don Eduardo Cobián, que ha sido quien ha obtenido, tras brillante defensa, la sentencia absolutoria á favor del Sr. Fernández de Córdova.

¿Cuál de los dos fallos debe prevalecer? He ahí un tema que me limito á enunciar, y que bien merece la atención de las autoridades en Derecho. Desde luego salta á la vista una verdad inconcusa: la de que el procedimiento probatorio seguido en el juicio que ha terminado con una absolución, tiene indudablemente la ventaja sobre el que procedió al fallo del tribunal de Honor, de ser más lento, más reflexivo, más suficiente bajo el punto de vista procesal, no siendo temerario afirmar que el juicio del tribunal de Derecho, consecuencia de una tramitación adecuada, es menos ocasionado á error que el dictamen de Jueces jóvenes (los compañeros del procesado), atentos principalmente al honor de la bandera é influídos, tanto ó acazo más que por ninguna otra consideración, por la de quitar hasta el más insignificante pretexto, por consecuencia del cual pudiera caer sobre la pureza del uniforme la más ligera sombra.

Porque es preciso no olvidar, que los Jueces de Derecho, al dictar su fallo absolutorio, se han determinado en virtud de una absoluta carencia de prueba acusatoria, prueba que seguramente faltó también á los Jueces de honor; y que si éstos no tienen prueba tasada de ningún género, también aquéllos gozan de una facultad discrecional, sin más límite que la propia conciencia para apreciar los hechos en su conjunto.

(1) La Audiencia de Ciudad Real, por ejemplo.