El Foro español (Madrid. 1898) (1902-10-20 00:00:00), página 8

Y tal decreto fué la última palabra del legislador respecto á la capacidad de adquirir de las Comunidades citadas hasta la publicación del Código civil.

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Con mayor ó menor extensión, prohibiciones ó limitaciones análogas á las de adquirir en el citado decreto establecidas, tenían en nuestra legislación no pocos precedentes, tales como el constituido por la ley XVII, tít. XX de la Novísima Recopilación—dictada previa consulta del Consejo pleno y con dictamen del Procurador del reino y de los tres Fiscales,—cuya estricta observancia, con la de otras que la precedieron, inspiradas en la misma doctrina y con igual tendencia, fué encarecida por Real cédula de 13 de Febrero de 1783, en virtud de considerarse la adquisición de bienes por parte de los religiosos profesos y de sus Comunidades, «no tan sólo opuesta á la absoluta incapacidad de los monjes, sino repugnante á la solemnne profesión monástica, en que los religiosos, de uno y otro sexo, renuncian al mundo y á todos los derechos temporales, dedicándose á Dios desde el instante en que hacen sus tres sagrados votos.»

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La procedencia de una categórica respuesta negativa á la primera de las cuestiones antes enunciadas, parecenos, pues, inquestionable, ya que cualquiera que fuere el olvido en que, para su aplicación, se tuviese en distintas ocasiones al citado decreto de 15 de Octubre del 68, no podían derogarse las leyes sino por otras posteriores, sin que prevaleciesen nunca en contra de ellas el desus ni la costumbre ó la práctica en contrario, según lo establecido en la ley XI, tít. II, lib. III de la repetida Recopilación. Y que sólo al facedor de la ley, ó al que esté en su lugar, era lícito espaladinarla. (Ley XIV, tít. I, p. I.)

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Sabido es y evidente, que no pueden contradecirse ó vulnerarse por nadie los preceptos de prohibición general de las leyes, «é ca si algo se hiciese contra ley, no puede nadie excusarse por la no saber». (Ley II, tít. II, lib. III. Recopilación mencionada.) Y según la ley I, tít. IV, p. V, los actos y contratos declarativos de adquisiciones de bienes, valores, acciones ó derechos no son válidos cuando el sujeto á quien se da «fuese de aquellos á quienes las leyes defenden que lo no puedan tomar».

Ahora bien: la nulidad de los actos ó de los contratos contra ley es absoluta y de pleno derecho. No es que tales actos y contratos sean anulables ó susceptibles de invalidación. Es que no pueden tener, ni en ningún momento tienen, realidad ó existencia jurídica; de modo que, por ello, no necesitan ni pueden anularse. Tales actos y contratos no son susceptibles de producir, ni nunca producen legalmente efectos, como nulos de suyo, con nulidad radical que nunca se subsana. Quod nullum est, nullum prodit effectum. No convalecen por el transcurso del tiempo.

Quod abinitio nullum est, comvaescere non potest, tractu temporii. No pueden confirmarse ni legalmente ser reconocidos, porque nunca tuvieron legal existencia, y lo que nunca existió, no es susceptible de confirmación ni reconocimiento (Laurient). Porque á realizar otro igual equivaldría reconocer ó declarar validez á un acto contrario á las leyes.

Y como es de orden público esa total y absoluta ineficacia de los contratos y actos contra legem, debe ser pronunciada en cualquiera momento en que la validez y realización de ellos se reclame en juicio, sin que para tal pronunciamiento imprescindible, jamás concluya el tiempo hábil; pues no procediendo respecto á tales actos y contratos la confirmación expresa—como indicado queda—mismos, es claro, procede la tácita.

Por eso, aunque no sean repulsidos desde luego los juicios contradictorios únicamente fundados en actos ó convenios á la ley contrarios—ya que ninguna demanda debidamente formulada debe a limine rechazarse de plano, si no lo manda la ley expresamente,—deben los juegadores pronunciar en tales juicios oportunamente la inexistencia ó ineficacia de tales actos y contratos.

La contestación afirmativa á la segunda de las cuestiones formuladas en el principio de este escrito, parecenos también indiscutible, por tanto.

No defendemos ni impugnamos el mencionado decreto ley de 15 de Octubre de 1868, respecto al cual la crítica fué siempre muy contradictoria. Ni afirmamos aquí ni negamos que los preceptos de tal decreto y los de las varias disposiciones de su tendencia fuesen, como aseguran algunos, inconvenientes y funestos, atentatorios á la inmunidad y libertad eclesiástica, sin el ascenso y concordato pontificios, en mengua ó menoscabo de la indudable fecunda acción civilizadora de la Iglesia como institución religiosa, administrativa y política, y de los eminentes servicios por la Iglesia, sin duda, prestados al progreso humano. Ni aquí negamos ni afirmamos que fuesen dichos preceptos, como decían otros, indispensables para acabar con los daños que el progreso económico produjo la falta de circulación, ó el estancamiento de la riqueza. Que no nos hemos impuesto la investigación ó el estudio, en estas líneas, de cuestión tan espinosa y delicada como instructiva y curiosa.

¿Pero no es indudable que, aun cuando dictado en circunstancias anormales, sin intervención eclesiástica, y aunque fué en distintas ocasiones re-