El Foro español (Madrid. 1898) (1903-06-10 00:00:00), página 6

poder público, mediante el trámite de la aprobación judicial.

Aunque parecen los dos casos distintos, hay contradicción entre ambas resoluciones, por la diferente manera de apreciar el art. 1.057 del Código en cada una de ellas. Fíjalo en toda su extensión la primera, sin distingos ni limitaciones; pero la segunda lo restringe á términos que no consiente la ley ni la buena doctrina. En efecto:

El espíritu del precepto analizado consiste en delegar la facultad de división, que el legislador apellidó simple, quizá para diferenciarla de la más amplia de distribución, que concierne al testador, ó tal vez para no dejar duda sobre el más estrecho círculo á que se reduce en el nuevo derecho la esfera de acción en que podía moverse el comisario, á tenor de las leyes de Toro.

Mientras se mire la cuestión solamente por el lado de la facultad utilizada ó delegada á que se refieren los artículos 1.056 y 1.057 del Código civil, veráse que el testador puede distribuir su herencia con la amplitud de mejoras colaciones y legados, debiendo limitarse el comisario á dividirla según las reglas del testamento ó de la ley; pero siempre nos encontraremos con que ha de comprender todos los bienes y derechos, conforme al art. 639 del mismo cuerpo legal; en cuyo sentido no se concibe que hayan de quedar fuera de partición las aportaciones matrimoniales y los gananciales.

No hay, pues, en la ley las distinciones y restricciones que la Dirección señala.

Para poder hallarlas se necesita examinar la cuestión desde otro punto de vista. Considerado el matrimonio, á partir de los romanos, como juris communiicatio divina et humana, había de producir forzosamente cierta confusión en los patrimonios de los cónyuges (con la entrega de dote, parafernales, etc.) é imprimir á los bienes el carácter de propiedad social. De aquí hubo de sacarse la consecuencia de liquidar simultáneamente la sociedad conyugal y la herencia del premuerto, y esta práctica, repitiéndose constantemente, se convirtió en una especie de tradición jurídica, que la Dirección recoge en su resolución de 26 de Diciembre de 1893, declarando que el contrato de partición supone, como elementos indispensables, un caudal determinado y valorado, su liquidación, conforme á reglas que han de tener por base las deudas, aportaciones matrimoniales, colaciones, gananciales, etc., y la distribución y adjudicación del haber que arroja esa liquidación.

A pesar del enlace íntimo, necesario, entre la liquidación de herencia y sociedad conyugal, se reconocerá que son dos cosas completamente distintas. Pero el rigor lógico debe llevarse hasta las últimas consecuencias.

Conforme á la doctrina sentada en resoluciones de 8 de Abril de 1863, de 23 de Noviembre de 1888 y de 25 de Febrero del actual, cabe incluir en un mismo título varios contratos cuando la ley no lo prohíbe.

Admitido que bien sea el fundamento de los referidos arts. 1.056 y 1.057 la autoridad en la persona ó la potestad en los bienes que la ley reconoce al causante de la sucesión, no tiene éste facultad (ni puede por ende delegarla) para liquidar la sociedad conyugal y fijar los derechos de otro (1).

Una vez liquidada (con razón ó sin ella) al propio tiempo que la herencia, el llamado á quejarse únicamente será el cónyuge superstitie, al ser asignada sin su voluntad su parte de socio; mas nunca los herederos, que mayores ó menores vienen obligados á respetar los actos del testador y comisario, hasta cierto punto.

Y si el cónyuge sobreviviente, lejos de reclamar contra la liquidación de su haber, la aprueba, por la liquidación de la herencia han de pasar los sucesores, mientras no se perjudiquen sus legítimas ó se infrinjan las disposiciones testamentarias.

La una comienza donde la otra concluye, rigiéndose cada cual por sus propias reglas de fondo y de forma. Conviene, sin embargo, tener presente que con la liquidación de la sociedad conyugal queda fijado el inventario y realizada la operación primera de la partición de herencia, lo cual ya cae dentro de las facultades del contador testamentario ó causante, por cuyo motivo no pueden los herederos impugnar el resultado que arroje, en tanto no demuestren que al determinar el caudal partible se les irrógó perjuicio en las legítimas.

Las reglas por que se rige en el fondo la liquidación de la sociedad conyugal se hallan comprendidas en los artículos 1.418 á 1.431, 1.010 á 1.034 (2) y 1.365 á 1.380 del Código civil, por expresa disposición de su art. 1.428.

Las concernientes á la forma de la misma no son las de la partición de herencia (como prescribe el art. 1.708 del citado cuerpo legal para las sociedades comunes); el Código guarda silencio sobre el particular, y en defecto de formalidades expresas, hay que recurrir á las generales de la contratación, ya que en materia de solemnidad es todo de interpretación estricta.

Con arreglo al art. 155 del repetido Código, el padre ó madre representan á sus hijos, y cuando median entre ellos intereses encontrados corresponde la representación á un defensor ad hoc (artículo 165). Cumplidos estos requisitos, queda su-

(1) Sánchez Román opina que esa liquidación debe formar parte de las operaciones de testamentaría, y corresponde á los albaceas. (Derecho civil, tomo V, pág. 850.)

(2) Conocida á la mujer el beneficio de inventario y deliberar á los efectos del art. 1.418, núm. 1º, para que la aceptación de gananciales supuestos no la haga responsable de las deudas.