El Foro español (Madrid. 1898) (1902-07-30 00:00:00), página 6

de 16 de Diciembre de 1893, sólo podrán invocarlo los parientes que estén dentro del tercer grado del segundo ascendiente ó del hermano del descendiente al fallecimiento del primer ascendiente, pues si no existiera ninguno de dichos parientes en la época de dicho fallecimiento, dejaría de existir dicho beneficio, por sobreentenderse que los bienes reservables los había heredado libremente el primer ascendiente, por analogía de caso al de que trata el art. 971, aplicando la regla general del art. 6.º

Decíamos en nuestro anterior comentario, y lo reproducimos ahora, que para mayor claridad del mismo debía haberse redactado en la forma siguiente:

«El ascendiente que heredare de su descendiente bienes que éste hubiese adquirido por título lucrativo de otro ascendiente, se halla obligado á reservar dichos bienes en favor de los parientes que estén dentro del tercer grado de éste, pudiendo disponer libremente de los demás que heredare de dicho descendiente, en cuanto éste no los gravare con alguna carga que pudiera perjudicar á su legítima, como heredero necesario del mismo.

Si los bienes que el ascendiente heredare de su descendiente los hubiese adquirido éste por título lucrativo de un hermano, se hallará también obligado á reservar dichos bienes en favor de los parientes de éste, pudiendo disponer de los demás que heredare de dicho descendiente, en cuanto éste no los gravare con alguna carga que pudiera perjudicar á su legítima, como heredero necesario del mismo.»

Redactado de esta manera, hubiera estado su inteligencia al alcance de todas las medianías, y no hubiera dado que hacer tanto á las capacidades privilegiadas; pero el legislador, que supuso á éstas á mayor altura de conocimientos, á juzgar por la fama conquistada en el Foro y en la prensa, creyó más conveniente expresarse en términos más técnicos y concisos, aunque algún tanto abstractos, para elevar el conocimiento del Derecho por la vía de sus principios fundamentales, al nivel de como se encuentra en otras naciones más adelantadas, relegando á dichas capacidades la noble tarea de explicárnoslo á las medianías. La redacción del artículo, dijimos al principio, y repetimos ahora, no puede ser más concisa, gramatical y científica, digna de la cultura del legislador.

Nota. Este trabajo está copiado en su mayor parte del comentario al art. 811, comprendido en la obra de Sucesiones testamentarias y de abintestato, publicada por el que suscribe, sin más que ligeras citas aclaratorias, cuya obra está vendiendo en su propia casa, en el pueblo de Tomelloso, provincia de Ciudad Real, á seis pesetas cada ejemplar, remitiendo todos los pedidos bajo certificado y francos de porte, siempre que se le hagan acompañando dichas seis pesetas por libranzas del Giro Mutuo ó en sellos de Correos. Giro Mutuo tiene este pueblo con todos los de España.

URBANO LÓPEZ DE HARO,
Tomelloso 8 de Julio de 1902.

BOLETÍN DE LA SEMANA

LEGISLACION

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS.—Condiciones que han de regular el trabajo entre obreros y concesionarios.—Real orden de 20 de Junio de 1902. (Gaceta del 22.)—En dicha Real orden se dispone que en toda concesión de obras públicas que se otorgue por el Estado, la provincia ó el Municipio, habrá de quedar stipulado en el contrato entre obreros y el concesionario, la duración del trabajo y precio del jornal, y los requisitos para su denuncia ó suspensión.

Todas las cuestiones que surjan por incumplimiento de dicho contrato se someterán á la Comisión local de reformas sociales; siendo esto aplicable á los contratos que se celebren por el Estado, la Provincia ó Municipio cuando las obras se ejecuten por administración.

Si las Diputaciones provinciales ó Ayuntamientos infringieran lo dispuesto, se les exigirá la responsabilidad administrativa en que hubieran incurrido.

GRACIA Y JUSTICIA.—Real orden circular de 20 de Junio de 1902. (Gaceta del 22.)—Dicha circular resume que ni ante el Derecho racional, ni ante el positivo, ni ante la jurisprudencia de nuestro primer Tribunal, las simples coligaciones y huelgas de trabajadores en que no se produzcan violencias ó amenazas, no determinan materia de responsabilidad criminal.

La ley de Asociaciones de 1887 faculta á los trabajadores á que se asocien y coliguen para fin tan humano como mejorar las condiciones del trabajo con que atienden el diario sustento.

La asociación es perfectamente lícita, y si produce la huelga, se ejerce un derecho que no puede ser prohibido ni sometido á juicios mientras no surja la excepción que para el abuso, es decir, para la violencia y amenaza establece el art. 556 del Código.

Por lo tanto, los funcionarios públicos que sin concurrir el mencionado abuso, atentaren de cualquier modo contra el ejercicio de aquel derecho, quedarán incurso en la sanción que para tales