El Foro español (Madrid. 1898) (1902-08-10 00:00:00), página 5

tó echar una firma en una circular impresa, son incapaces de imponerse una sola molestia más, por insignificante que sea, porque entonces será necesario dar la razón á los que creen que no es ésta una cuestión tan capital, puesto que si lo fuera no habría uno que dejase de responder; ya que por la vida se hace lo posible y lo imposible.

Y si es verdad que el Arancel mata de hambre á la mayoría de los Actuarios de España, dignos serán de perecer revolcándose en su miseria; que es digno de la muerte el que, por desidia ó por envejecimiento, desoye la voz del nuevo Lázaro que les invita á la vida.

LA CODICIA NOTAFIAL Y LOS SECRETARIOS JUDICIALES

No tiene límites la codicia de la mayoría de los individuos que desempeñan el Notariado en España, según nos ha demostrado D. Joaquín Costa en su libro La reforma de la fe pública. Así hemos visto apifarse y aprestarse á la defensa á un gran número de ellos, cuando el mismo autor del mencionado libro propuso que se pusieran á sueldo fijo á todos los notarios, equiparándolos al de los Jueces y Magistrados, con lo cual, el Estado haciendo suyo el Arancel, obtendría un importante ingreso, que podrá ser destinado á subvencionar á aquellos Juzgados municipales, cuyos funcionarios no obtienen de ellos lo más preciso para subvenir á las necesidades más perentorias de la vida.

Pero no; es preciso que el Estado conserve un Arancel excesivamente elevado y suprima los documentos privados é informaciones posesorias, para aumentar dichos funcionarios los ingresos y se enriquezcan, como si la misión del Estado fuera tal respecto de tan privilegiada institución, puesto que el Arancel no tiene que compensar á los Notarios el trabajo de oficio que no hacen, como sucede á los Escribanos de actuaciones y á los Secretarios de Juzgado municipal en los asuntos de pobre y causas criminales, y estos últimos, principalmente, con la pesadísima carga del Registro civil.

Egoísta, como todas las aspiraciones del Notariado, resulta la Circular del Colegio de Albacete, así como la consignación hecha en el anteproyecto de ley del Registro de la propiedad inmueble, que, si prosperase, pocas informaciones posesorias se harían ante los Juzgados municipales y de primera instancia, como muy acertadamente hace notar nuestro estimado colega la Gaceta de Tribunales, puesto que la mayoría los monopolizarían los Notarios, quedando con ello muchos de los Juzgados municipales rurales en tristísima situación, puesto que se les privaría casi del único ingreso que obtienen, como admirablemente demostró nuestro colaborador D. Federico Rodríguez en su artículo «Toque de atención».

El Secretario de Sagunto, D. Marcelino Záhoner, entiende que «deben de elevarse exposiciones el Ministro de Gracia y Justicia firmadas por los Secretarios que existen en los partidos judiciales, pidiendo que en la reforma de la ley Hipotecaria se dé á todos los Juzgados municipales las mismas facultades, pues no han de ser de peor condición los de cabeza de partido, y que la limitación sea ajustada á la cuantía que hoy alcanza la jurisdicción contenciosa, ó á la que se proyecta extender en las reformas de la ley procesal civil».

A la discreción é iniciativa de los Sres. Secretarios queda el protestar en forma contra tales ambiciones notariales, y en último extremo, pedir la supresión del Notariado, encomendando la fe pública judicial y extrajudicial á los Juzgados municipales y á los actuarios, y que la transmisión de inmuebles tenga lugar ante el Registrador de la propiedad, extendiéndose desde luego las matrices de escritura en los libros del Registro de la propiedad.

Según hace constar D. Joaquín Costa en su libro Reorganización del Notariado, del Registro de la propiedad y de la administración de Justicia, no es el Notariado una de aquellas instituciones constitucionales sin las cuales no se concibe la existencia de ningún pueblo civilizado, al modo, verbi gracia, de los Tribunales de Justicia, la Policía de seguridad ó la Beneficencia pública. Naciones hay que van á la cabeza de la humanidad y en las cuales el movimiento económico é industrial supera al de cualquier otra, y que, sin embargo, no tienen organizada la prueba auténtica ni constituido el Notariado como organismo propio é independiente; en tales países apenas se hace distinción entre documentos privados y documentos públicos, y cuando por excepción reconocen virtud probatoria especial á la autenticidad, no la reciben los contratos de un funcionario constituido en clase de fedatario, á la manera del Notario español, francés ó italiano, sino de un Juzgado ó Tribunal, por el procedimiento de la cessio in jure, idéntico á nuestro acto de conciliación ó á nuestro juicio verbal convenido, ó bien de un empleado dependiente del Tribunal.

(De La Justicia Municipal.)

COSAS DE NOTARIOS

El pago del primer cuatrimestre de 1902, á las pensionistas del Montepío del Colegio Notarial de esta Corte, que debía haberse hecho en el pasado