El Foro español (Madrid. 1898) (1902-07-10 00:00:00), página 4

la, queda por ella anulada con respecto á esa clase de delitos, la facultad que el art. 797 de la procesal reconocía á los Tribunales para despachar con preferencia las causas referentes á delincuentes in fraganti.

Pero queda dicho también que el principal motivo de haber caído en desuso el procedimiento especial, ordenado por ley, para estos casos, radica en los escasos resultados que en la práctica ha ofrecido, y preciso es probarlo.

Nada más fácil que adivinar, ó, mejor dicho, deducir las causas y propósitos que animaron al legislador para adoptar ese procedimiento excepcional. Si el principal objeto del sumario no es otro que comprobar la certeza del delito y la persona que le ejecutó, justificados como quedan ambos extremos en los delitos flagrantes, nada más natural é indicado que abreviar en todo lo posible los trámites y duración del sumario. Si el objeto del juicio no es otro que resolver y determinar la pena que ha de imponerse al culpable, entre la que éste ó su representante solicita, y la que demanda el Ministerio público, nada más procedente y adecuado que prescindir de la celebración de ese juicio, cuando ambas partes están conformes en la naturaleza y cuantía del castigo que ha de aplicarse.

Abreviar el término del sumario y omitir la celebración del juicio en los delitos flagrantes; tales son los fines que el legislador se propuso al incluir en la ley el especial procedimiento que examinamos.

Veamos ahora si tales fines son realizable, y si hubo el necesario acierto en la elección de los medios que la ley establece para satisfacer aquellos fines.

Muy precariamente contribuyen á ello las disposiciones de los arts. 788, 789 y 790 de la ley, pues si se tiene en cuenta lo preceptuado en el 445, preciso es convenir en que la única abreviación que puede obtenerse en el sumario de delito flagrante aplicando aquellos, se reduce á consignar, mediante acta y conjuntamente, las declaraciones de dos ó más testigos presenciales, cuando los haya, y cuando estén conformes en los hechos, pues si entre ellos no existe tal conformidad, lejos de simplificar el trabajo, el empleo de aquella forma especial, más pronto vendrá á aumentarle y á perjudicar la apetecible claridad del sumario.

Tampoco representa economía cierta alguna de tiempo ni de labor en la mayoría inmensa de los casos, remitir la unión de la certificación de nacimiento del procesado, como autoriza el art. 791, pues siendo lo usual y corriente que el hombre dé linca en su pueblo natal, donde habitualmente reside, la aportación de aquel documento puede lograrse en los primeros días, cuando no en las primeras horas siguientes á la incoación del sumario.

Continúa el art. 792 autorizando al Juez para acordar la formación de piezas separadas á fin de no dilatar el castigo de los procesados (cuando estos sean varios) que resulten confesos ó convictos; y no es preciso probar, pues ello es evidente, que si alguna vez se hiciese uso de ese autorización, además de multiplicarse el trabajo y dilatarse consiguientemente la terminación de todos los procedimientos, perderían mucho en claridad, con grave perjuicio de los acusados y de la Justicia.

Ordena, por último, el art. 793, que los Jueces procuren dar por terminado el sumario dentro de los ocho días siguientes á su primera diligencia, cuando no haya necesidad de aguardar el resultado de alguna lesión ó diligencia especial. Y si observamos que ese mismo propósito de terminar cuanto antes los sumarios debe animar al Juez, cualquiera que sea la clase del delito perseguido, porque así lo ordena la ley, y porque en ello van interesados su propio prestigio y los sagrados intereses de la Justicia; y si observamos también que el mayor número de delitos flagrantes son los de lesiones, en que se impone la necesidad de esperar el resultado de éstas, quedará demostrado que este precepto es tan baldío y tan inútil y tan inaplicable como los antes examinados.

Resulta, pues, que con respecto al sumario, esa brevedad, ese aceleramiento que el legislador apetece en los procedimientos por delitos flagrantes, ó no son factibles—como yo creo,—ó no se han adoptado los medios adecuados para darles vida y realidad.

Veamos ahora lo que sucede en la segunda y última parte del procedimiento, ó sea después de terminarse el sumario.

Dispone el art. 797 de la ley, que los Tribunales vean y despachen con preferencia las causas que se refieran á delincuentes in fraganti.

Para cumplir este deber, será preciso que en las Audiencias, ya abrumadas, según todos reconocemos, por un trabajo superior á sus Jueces y á sus medios, se atienda á la nueva y no siempre fácil labor de clasificar los sumarios que se escriban; se distraiga á su personal con las consultas que autoriza (no sé por qué razón) el art. 781, y con la eventualidad que prevé el 796 en su último párrafo, todo lo cual dará lugar, seguramente, á dilatar y complicar, en vez de abreviar y multiplicar, como la ley desea, esa clase de procedimientos.

Pero, en fin, supongamos que todas estas dificultades se han vencido. Se instruyó el sumario con gran celeridad, y al recibirse en la Audiencia se dio inmediata vista al Fiscal, quien la estudió con igual actividad y solicitó una pena correccional.

Parece, pues, que en este caso vamos á recibir las ventajas y recoger los beneficios que se propu-