El Foro español (Madrid. 1898) (1902-12-20 00:00:00), página 3

ciosos turnos segundo y cuarto, que han servido de fundamento, por regla general, á no pocos funcionarios de ambas carreras para ascender rápidamente, colocándose en las primeras escalas, con perjuicio de la mayoría de sus compañeros, no menos acreedores al beneficio, pero no tan afortunados.

El ilustre jefe de la Unión Conservadora y el insigne jurísoconsulto encargado recientemente del departamento de Gracia y Justicia, Sr. Dato, ambos de claro talento, de poderosa iniciativa, amantes de la justicia y prestigio del personal encargado de administrarla, han de fijar su atención en el lastimoso estado de la carrera judicial, muy especialmente en los sistemas de ascenso que en ella imperan, y poner enérgico remedio al mal que se deja sentir, estableciendo el ascenso por rigurosa antigüedad, cuya reforma anhela ver traducida en la ley la inmensa mayoría del personal de ambas carreras, mucho antes que la mejora de sueldos, con ser esta última tan necesaria y urgente.

Desaparezcan, pues, los turnos segundo y cuarto. Si algún funcionario contrae méritos especiales de los comprendidos en el art. 170 de la ley Orgánica del Poder judicial, en relación con el sexto del Real decreto de 28 de Septiembre de 1859, en hora buena se le premie concediéndole un aumento de sueldo, una condecoración ó cualquier otra recompensa; pero nunca el ascenso inmediato, con perjuicio del compañero que le precede en número. Ya se sabe lo que son los expedientes de méritos y la lenidad que en este punto se ha observado, hasta el extremo de motivar la reforma que hace poco tiempo realizó el Sr. Marqués de Teverga, restringiendo estas benevolencias y haciendo que se cumpliese la ley estrictamente.

En cuanto al cuarto turno, nada hemos de decir. En la conciencia de todos están los inconvenientes que en la práctica se dejan sentir y las funestas consecuencias que estos nombramientos producen, matando el noble estímulo de los funcionarios postergados, entibiando su amor al trabajo y llevando el descontento y malestar á la clase, cuando, examinado el escuálafón, se observa, como no puede menos de observarse, con amarga pena, que funcionarios procedentes de unas mismas oposiciones, los unos cuentan diez y ocho años en la categoría de entrada; y los otros, muchos son Jueces de término, no pocos Magistrados de Audiencia provincial y algunos de territorial.

Venga, pues, á la práctica tan saludable y anhelada reforma, y el digno señor Ministro de Gracia y Justicia habrá realizado un inmenso bien á la Administración de Justicia y al personal encargado de aplicarle, que Dios y la patria le premiarán.

S. G.

CUESTIÓN PRÁCTICA (1)

¿El auto de procesamiento es causa legal SUFICIENTE para decretar la suspensión en el ejercicio de la Abogacía?

Bajo este título se escribe lo siguiente en nuestro querido colega La Justicia, de Córdoba:

«La explícita y terminante redacción del art. 875 de la vigente ley del Poder judicial, que exige en su número 3.º, como requisito indispensable para el ejercicio de la Abogacía, no estar procesado criminalmente, suele producir en la práctica verdaderos errores, consubstanciales ligerescas judiciales y disciplinarias, que, aun siendo por fortuna tan poco frecuentes, ocasionarian, muy irreparables perjuicios, de una parte á la severa y rápida administración de la justicia; de otra á los que, con más ó menos acierto, pero con indiscutible y notoria confianza, pusieron sus negocios bajo la dirección del Letrado que motive el proceso.

Al menos aparentemente, el art. 875 de la Ley del Poder judicial de 13 de Septiembre de 1870 no ofrece duda alguna: Para ejercer la Abogacía, dice, se requiere: 3.º No estar procesado criminalmente; pero la verdad es que la suspensión en el ejercicio de la Abogacía no puede fundarse en un auto de procesamiento. Sólo considerando aisladamente los artículos de nuestras leyes y las leyes mismas, é interpretando sus preceptos sin relacionarlos entre sí, puede llegar á la primera conclusión. El estudio detenido de los diversos Códigos, íntimamente relacionados por la unidad fin; el minucioso examen de los preceptos legales complementarios del que nos ocupa, sin embargo de su aparente aislamiento e independencia, y por último, la aplicación de los precedentes á la duda más ó menos fundada, si existiere, de la regla, nos darán indudablemente el criterio opuesto, sustentado sin ambages, con toda la sinceridad y llana franqueza que nos caracteriza, á saber: la suspensión del ejercicio de la Abogacía no puede fundarse en un auto de procesamiento.

Según el art. 26 del Código penal vigente, también de 1870, para cuya aplicación fué dada tres mas tarde, y quince días después de su reforma la ley orgánica del Poder judicial vigente, es la suspensión del ejercicio profesional una pena, quinto lugar de la escala de las correccionales, que se impone como accesoria, á tenor del art. 28, cuando la misma ley especialmente no la aplica.

Y nosotros preguntamos: ¿Cómo y en qué forma puede imponerse legalmente una pena? ¿Puede llevarse á efecto, por ventura, dicha imposición simplemente por medio de un auto de procesamiento?

El art. 1.º de la ley de Enjuiciamiento criminal vigente (14 de Septiembre de 1882) dice: No se impondrá pena alguna por consecuencia de hechos punibles cuya represión incumbe á la jurisdicción ordinaria, sino de conformidad con las disposiciones del presente Código ó de leyes especiales y en virtud de sentencia dictada por Juez competente. Si la suspensión de la Abogacía, como de cualquiera otra profe-

(1) Ahora que se va á someter á la resolución de la Junta general del Colegio de Abogados de Madrid el punto de que trata este artículo, para que se adhiera de una vez para siempre, nos parece oportuno reproducirlo, pues ya le habíamos publicado en nuestro num. 63, correspondiente al 30 de Septiembre de 1899.