El Foro español (Madrid. 1898) (1903-08-30 00:00:00), página 7

y el propósito inquebrantable del Sr. Santos Guzmán en cuanto á que la Administración de Justicia sea en el Archipiélago de las islas afortunadas una realidad. —«Me propongo—decía—dentro de las angustias del presupuesto, mejorar la situación de los funcionarios que allí sirven, dotándoles de un sueldo de residencia y procurando les sea abonado por el Tesoro el importe de los pasajes de embarque. Y sobre todo, para evitar que aquella Audiencia y aquellos Juzgados estén siempre indotados de personal, seré inflexible en no tolerar que, á prettexto de prórrogas de posesión, los electos esperen su traslado á la Península, sin llegar á posesionarse de sus cargos».

Es, á la verdad, muy doloroso lo que con la provisión de las vacantes de Jueces, Fiscales y Magistrados en aquellas islas, viene ocurriendo. Recuerdo siempre con pena que al presentarme, no hace muchos años, á poseerme del cargo de Fiscal del territorio, llevaba vacante la fiscalía más de ocho meses; no había Teniente fiscal, ni fué posible conseguir le hubiese en los catorce meses de mi permanencia; y, por último, el Abogado fiscal, único de la dotación asignada á aquel Tribunal, estaba tan enfermo, que falleció á poco tiempo.

Pues bien; el servicio de la Justicia, por la forma especial de celebrarse allí los juicios orales y por jurados, requiere un personal de Fiscales mayor que el actualmente asignado; y si, siendo insuficiente, jamás está completo, claro es que la administración de la justicia, ante las exigencias del sistema acusatorio, en el cual la acción fiscal es alma y vida, claudica precisamente en su base.

Por expresa disposición de la ley, sólo se celebran ante la Audiencia de Las Palmas los juicios orales y de Jurado procedentes de Gran Canaria, que comprende únicamente dos Juzgados: el de la capital y el de Guía. Las causas instruidas en los Juzgados de Tenerife, Laguna, Orotava, Arrecife y La Palma, son vistas en la capital que da nombre al Juzgado, para lo cual cada cuatri-mestre la sección de Magistrados, auxiliada por un Fiscal, se traslada desde Las Palmas al punto de la celebración del juicio. Y, claro es, con un personal de Fiscales constituido por un Fiscal y dos auxiliares, y que de ordinario está en cuadro, es absolutamente imposible que el servicio sea cumplidamente desempeñado, lo que asimismo ocurre con los Magistrados, cuyo número jamás está completo, produciéndose con ello sensible retraso y grave perjuicio á la pronta y cumplida administración de la justicia, y justificadas censuras en aquellas honradas gentes á la crónica imprevisión de los gobiernos.

Pensar que la Audiencia de Canarias sea algo así como penitenciaria donde van los desprovistos del favor y los huérfanos de toda influencia, es inconcebible tratándose de cosa tan intangible como lo es el sacerdocio augusta de la Justicia; creer que es discreto nombrar, para lograr mejoramiento en la carrera, funcionarios allí destinados que, con prórrogas de posesorias, consiguen acomodarse en la Península, nos parece la consagración del desorden orgánico de los Tribunales, y ya ya siendo llegada la hora de restablecer la normalidad del derecho, precisamente en aquello que es su integración más legítima: la Justicia.

Alguien llegó á indicar—atento siempre á las consabidas y tradicionales angustias del Erario público—que las vacantes de Canarias se proveyesen por concurso entre los funcionarios de la inmediata categoría inferior, sin que se entiendiese consolidado el ascenso hasta los cuatro años de residencia en las islas, merced á cuyo procedimiento jamás resultarían indotados aquellos Tribunales, y la mejora de sueldo y categoría compensarían, sin gravar al presupuesto, las molestias del traslado. Esta sería necesariamente, como modificación de la ley orgánica, una tarea legislativa, que desde luego no habría de verse realizada en mucho tiempo. Algo así estableció el decreto de 3 de Octubre de 1889, y los buenos deseos del Sr. Canalejas no tuvieron práctica y fructuosa realidad, porque aunque parezca increíble, lo particular y que resulta afecto á la circunstancialidad personal del momento, posee en este clásico país de la influencia la no envidiable, aunque envidiada virtud, de dar al traste con leyes y decretos de carácter general.

Y no obstante, con la firme perseverancia en el obrar, con la absoluta negativa de trasladar á los funcionarios electos para Canarias durante los términos posesorios, con el abono por el Estado de los extraordinarios gastos de embarque y el aumento de las dietas por las salidas periódicas á las otras islas del Archipiélago, ó con la concesión de una mejora en sus haberes por residencia, el mal quedaría pronto y definitivamente remediado, sin quebrantos para los funcionarios ni menoscabo para los altísimos intereses de la Justicia.

Las lecciones de la experiencia son, ó deben ser, regla del discreto obrar en la vida, y avisos saludables que, requiriendo á la voluntad, la muestren el recto camino que evita tardíos arrepentimientos y contricciones extemporáneas... Es hora de aprovechar durísimas lecciones, repetidamente recibidas, y no es la Justicia, en su funcionamiento, lo que menos importa á la felicidad de los pueblos.

Y claro es, los hombres de buena voluntad habrán de estimar en lo que representa la labor del ministro, si ella se encamina derechamente á que en aquella región hermosa, donde aún alienta nuestro espíritu y se habla nuestro idioma, la Justicia sea administrada pronta, cumplida e imparcialmente,