El Foro español (Madrid. 1898) (1903-07-20 00:00:00), página 3

Mas no, basta que esta opinión mía sea la más ajustada á derecho y justicia, sino que es preciso que como tal se declare por el legislador cierta y obligatoria, á fin de impedir que, por no participar de ella algunos de los señores Presidentes de Audiencia territorial, y por entender que se hallan en la obligación de impedir ó poner obstáculos á las traslaciones cuyas causas no se aleguen ó no se justifiquen conforme á la excitación antes recordada que se les hace en el preámbulo del decreto de 1889, se nieguen á tramitar ó á informar favorablemente las instancias que por su conducto eleven los funcionarios de su territorio.

Pasemos á otro punto. El artículo 1.º del decreto de 22 de Junio último acepta, con notoria justicia, la antigüedad de servicios en la carrera como norma para fijar la preferencia entre dos ó más funcionarios que soliciten una misma vacante; pero este principio, que por sí sólo bastaría llevarlo á sus últimas y naturales consecuencias, para integrar la independencia y emancipación del Poder judicial, tan valientemente iniciada en el decreto de Diciembre anterior, ha quedado obscurecido y más que obscuroscido falseado, al subordinar su aplicación á las conveniencias del «buen orden y régimen de los Tribunales», frase de legítima filiación burocrática, muy semejante á todas las demás que se adoptan para conservar las facultades discrecionales, no justificadas, del Poder central.

Ante esta excepción tan ambigua, preciso es desechar ilusiones engañosas, y reconocer que en muchos, si no en todos los casos en que soliciten una misma vacante dos ó más funcionarios, «el buen orden y régimen de los Tribunales» determinará fatalmente que debe ser adjudicada al aspirante más recomendado.

No hay en esta afirmación propósito de ofender á persona alguna, y menos aún, al gobernante—ilustre por derecho propio—autor del decreto que analizo; lejos de ello, yo bien sé, y conmigo lo saben todos los españoles de buena fe, que si al presentarle á resolución cualquiera de esos expedientes de traslado, advirtiera que había dos ó más solicitantes para el mismo cargo, resolvería siempre en justicia y á favor del más antiguo; pero prescin- diendo de convencionalismos, ¿habremos de creer que ningún ministro, y menos aún los que como el actual, tiene á su cargo y atiende labor tan difícil y abundosa, puede ocuparse personalmente de esas minucias, que á pesar de serlo, pueden ofender tantos y tan respetables sentimientos, perjudicar intereses sagrados y ser causa de escépticismo, desconfianzas y rivalidades?

Precisamente para evitar estos inconvenientes, son muy ventajosas y recomendables las disposiciones legales en que se consignan los derechos de un modo absoluto, ó determinan, cuando esto no es posible, garantías que impidan la aplicación indebida de las reglas de excepción.

Hubiérase establecido en el decreto que examinamos la preferencia absoluta de los más antiguos, y buen cuidado tuvieran, cuantos intervienen en los expedientes respectivos, de respetar ese derecho, ante el temor de la reclamación del perjudicado y la consiguiente corrección del jefe superior; hubiérase preceptuado siquiera la obligación de comunicar al preterido los motivos de interés público en que se había fundado su preterición, y todavía hubiéramos adelantado bastante; pero adoptar como justificación de la discrecional resolución ministerial, la invocación generalísima «del buen orden y régimen de los Tribunales», sin determinación alguna, para negar un derecho que la ley proclama, es simplemente reconocer, al lado de ese derecho legítimo, el privilegio que ha de atropellarle.

Nada quiero decir respecto al art. 4.º del decreto consabido que, al reiterar la disposición que sobre el mismo particular á que se refiere consignan las vigentes leyes, pone al funcionario judicial, con crueldad inaudita, en situaciones tristísimas, que ha de sortear pidiendo al favor y al compañerismo lo que la ley le niega; y termino suplicando al señor ministro de Gracia y Justicia que en la futura ley orgánica del Poder judicial, que todos esperamos con impaciencia para ver asegurada y consolidada toda su abundante y moralizadora labor, tenga en cuenta las precedentes observaciones, si no considera conveniente atenderlas antes, ampliando y aclarando su decreto sobre traslaciones en la forma necesaria para que produzca los excelentes resultados que con él se propuso, y para que contribuya á asegurar la independencia de los funcionarios judiciales, fomentando en ellos el amor á la ley y á la justicia, y el desdén al favor y al privilegio.

VIPEGÓN,
Morella 10 Julio 1903.
Juez de primera instancia.

LA JUSTICIA MUNICIPAL

En el afán de reformas, se había lanzado la idea de la creación de un nuevo organismo, encargado de todos los registros, pasando, por tanto, el del estado civil á constituir una parte de las funciones del mismo; pero, según el proyecto, y de ello nos felicitamos, continuará desempeñándose por los Juzgados municipales, que desde la creación de dichos registros han venido funcionando á satisfacción de todos, no obstante ser ésta una materia muy delicada, y de gran transcendencia para la vida social.