El Foro español (Madrid. 1898) (1902-08-30 00:00:00), página 4

tos de escaso interés. Mas nuestro legislador, dando una vez más notoria prueba de la escasa confianza que le inspiran los funcionarios del Estado, y queriendo extremar la garantía de todos los derechos, sin observar que cuando estos medios garantizadores son dispensicios sólo pueden aprovechar á las clases ricas, establece contra los laudos de ese Tribunal inferior los recursos de apelación ante la Audiencia y de casación ante el Tribunal Supremo de Justicia. Nada menos que esto.

Destácase con gran relieve los resultados prácticos de esta disposición.

¿Es que el fallo de la comisión local favorece al obrero, y, aunque sea justo, perjudica al patrono rico y soberbio? Pues este utilizará, antes de emplearle, todos esos recursos de la ley; y el gran número de apelaciones que habrá de esta clase, y las mil dudas que en su tramitación se han de suscitar, dará lugar á que los fallos definitivos se aplacen indefinidamente.

¿Es que el fallo perjudica al obrero y éste le considera injusto? Pues habrá de acatarle, por carecer de medios y relaciones para averiguar cuándo y cómo ha de utilizar los recursos que para impugnarle le concede la ley, y ante el horror que justamente le produce la necesidad de acudir personalmente ó nombrar representante que le defienda en la Audiencia respectiva y ante el Tribunal Supremo. Y en verdad que este horror está justificado, porque si las personas más ilustradas de España no saben todavía—porque el legislador no lo ha dicho—los medios y formas para utilizar esos recursos ¿cómo ha de saberlo un infeliz obrero?

¿Necesitará éste obtener previamente la declaración de pobreza? ¿Habrá de ser representado en juicio por Abogado y Procurador?

Nada de esto sabemos. Y si el patrono rico no tendrá dificultad en tratar de averiguarlo para retardar el cumplimiento del fallo que le fué desfavorable, el pobre obrero, que sólo de su trabajo vive, quedará imposibilitado de emplear en tan difíciles y enojosas investigaciones, el tiempo que necesita para ganar el pan de su familia, y habrá de renunciar á esas ilusorias garantías que á sus derechos ofrece generoso el legislador.

Resulta, pues, que esa nueva ley que el Poder público ha dictado con el loable propósito de beneficiar á las clases obreras, sólo sirve, por su fondo y por su forma, para perjudicarlas, privándolas de las más preciosas ventajas que hoy disfrutan en la para ellas desventajosa lucha por la existencia.

Y no podrá ser de otra manera. Pretender, como se pretende, asimilar la legislación sobre el arriendo de los servicios personales del hombre á la que rige sobre el arrendamiento de tierras de pan llevar, es error gravísimo en teoría, y en la práctica utopía irrealizable, de consecuencias funestas e inevitables. Y al consignarse en las leyes equivocación tan tremenda, sólo servirá para demostrar una vez más que el único criterio racional y posible para regular la contratación y arriendo de los servicios del hombre, del ser inteligente y libre, ha de arrancar del más profundo y fervoroso respeto á esa misma libertad que, por ser substancial á la naturaleza humana, jamás puede ser limitada sino por la propia y espontánea voluntad del que la disfruta.

Y en verdad que para proteger el Estado ó el Gobierno, en su cualidad de poderoso patrono á las clases obreras, no es preciso, ni es bastante, como queda demostrado, que olvide e infrinja esta doctrina, cuya bondad pregon la experiencia, y, lejos de ello, fácilmente hubiera logrado tan loable y caritativo fin, con sus propios medios e intereses, y sin buscar los ajenos que debe respetar, sustituyendo los arts. 1.º y 2.º del Real decreto consabido por otro concebido en los siguientes términos:

«Los directores facultativos de las obras que en lo sucesivo se ejecuten por cuenta del Estado, de las provincias ó de los municipios, y que hayan de adjudicarse por subasta, incluirán en los respectivos presupuestos nota expresiva y detallada del precio de los jornales calculados á todos y cada uno de los diversos obreros y todos los operarios que hayan de contribuir á la obra de que se trate, y la duración de su jornada.

»Dicha nota se formulará por el funcionario facultativo á quien corresponda, consultando las condiciones de la localidad en que la obra se ejecute y las costumbres y precios allí corrientes en los mismos oficios, procurando que los salarios mínimos que en ella se consignen sean bastante para atender al sustento de una familia obrera.

Las Juntas locales de reformas sociales, al resolver, en única instancia, las desavenencias que puedan surgir entre el concedionario de la obra ó los maestros de los diferentes oficios y sus jornaleros, sobre el precio de los trabajos, se ajustarán á lo que, sobre el particular, establezca la nota referida, formada por el director facultativo de la obra, sin que el resultado de esta prueba pueda ser contradicho ni anulado, sino por el contrato especial y escrito entre los litigantes, en que se establezcan diferentes precios ó jornadas de los que aquella expresa.»

Y ahora, digan los trabajadores si es este proyecto ó es el decreto de 20 del actual el que más favorece á sus intereses, y digan los intelectuales con cuál de ellos cumpliría el Estado mejor y más eficazmente su delicada e importante misión en el difícil y peligroso problema obrero.

VIPEGÓN.
Juez de primera instancia.
Morella, 24 de Junio de 1902.