El Foro español (Madrid. 1898) (1903-06-20 00:00:00), página 2

la de ascenso y asimilados, tendremos como consecuencia lógica é irrefutable, que el funcionario judicial, de subsistir el decreto del Sr. Dato, estará nueve años de Juez de entrada, cuatro años de Juez de ascenso y cuatro de Juez de término; es decir, que se llegará forzosamente á la Magistratura en diez y siete años, tiempo relativamente corto, comparado con lo que hasta ahora ha sucedido, de ser muchos los que necesitaban esos diez y siete años para ser Jueces de ascenso.

Y tóngase en cuenta que este año no puede presentarse como excepcional en materia de vacantes, y casi puede aceptarse como término medio; pues no sólo han tenido que ser colocados funcionarios excedentes de Ultramar y se han amortizado plazas, sino que, por haberse abierto de nuevo el famoso turno cuarto, ha sido colocado algún Abogado, con lo cual se ha privado de esas vacantes al ascenso de la escala inmediata inferior.

Vean, pues, nuestros compañeros todos, y especialmente aquellos que no se han adherido á la petición de que se suprimieran los turnos de favor, las consecuencias del último decreto; mediten la conveniencia de aceptarlo unánimemente, á fin de reconquistar nuestra mesurada independencia, y estudien el medio de que en las próximas Cortes se convierta dicho decreto en ley del Reino, para ponerlo á cubierto de que sea derogado por un ministro más ansioso de servir á sus amigos que el que para gloria suya lo propuso á sus compañeros de Gobierno y lo llevó á la sanción regia.

UN JUEZ

UN RUEGO

Al Excmo. Sr. D. Eduardo Dato, ministro de Gracia y Justicia.

Los funcionarios del Poder judicial cobran sus mezquinos sueldos notablemente mermados, debido á intervenciones de carácter burocrático, que la lógica y el buen sentido condenan por inútiles y perjudiciales. Pase la del impuesto de utilidades y el timbre; pero lo que no puede pasar, por ser una enormidad, es que sufran descuento por habilitación, que maldita la falta que hace, y giro desde la capital al punto de residencia; tóngase en cuenta que no pueden ejercer la profesión de Abogado ni dedicarse á otras cosas, como los catedráticos, Abogados del Estado, Registradores de la propiedad y Notarios, y que la cédula de un Juez de entrada le cuesta 27 pesetas. Sobre el aumento de sueldo decidirán las Cortes cuando discutan y aprueben los próximos presupuestos; pero mientras esto ocurre, y sin perjuicio, ¿no sería un acto de justicia autorizar que el cobro de haberes lo hiciera en la capital de provincia el funcionario de la carrera que eligiera el Presidente entre los que en ella prestan servicio, y que á los de fuera de la capital se les paga directamente en la administración del Giro mutuo ó en las representaciones del Banco de España recientemente establecidas?

Decídase á ello el nunca bastante ponderado señor ministro, y probará una vez más lo mucho que aprecia al personal de la Magistratura.

PAZ LEY Y ASTREA.

LA REFORMA DE LA JUSTICIA MUNICIPAL

A tantas consideraciones, y de órdenes tan distintos, se presta el proyecto de ley que sobre esta materia ha presentado en el Senado el señor ministro de Gracia y Justicia, que no nos es posible decir en un solo día cuanto respecto al asunto se nos ocurre, limitándonos por hoy á dar nuestra opinión por lo que á los nombramientos de Jueces y Fiscales se refiere.

Y bien puede creérsemos que vamos á cumplir nuestra misión en este punto con gran sentimiento, por ser la primera vez que nos apartamos de la opinión del Sr. Dato, á quien siempre hemos tributado calurosamente merecidísimos elogios, hasta el punto de haberle considerado casi como el ministro único de la Restauración. En esta ocasión, sin embargo, creemos que se ha equivocado ó se ha dejado influir por quienes, viéndolo pregonando el descuaje (según propia frase) del caciquismo, solapadamente tratan de perpetuarle rodeándole de garantías, lo mismo en el orden administrativo, como sucede con el proyecto de ley de Administración local, del Sr. Maura, que ocurrirá ahora en el judicial, con el de que ahora vamos á ocuparnos.

Se venía pregonando que con esta reforma se reglamentaría lo relativo á nombramientos, acortándose la facultad discrecional de que hoy se gozaba respecto á la elección de personas, y que hacía que esos prestos, por lo general, los desempeñasen, no los más aptos, sino los más recomendados.

En este punto es tan pobre la reforma y tan grande el inconveniente de la inamovilidad, teniendo en cuenta aquella escasez de garantías, que puede asegurarse que el mal, en vez de mejorar, se agravará notablemente.

La garantía máxima en los Juzgados de más importancia, es la de que el elegido haya sido Fiscal municipal, Fiscal sustituto ó Abogado en ejercicio durante seis años, para los demás Juzgados, y