El Foro español (Madrid. 1898) (1902-06-20 00:00:00), página 2

ducción en el reino, venta, transporte ó retención de armas, ya condenados por rebelión ó resistencia, ó por violencia contra los depositarios ó los agentes de la fuerza pública.

Contra los extranjeros, por delitos cometidos en el reino, punibles con más de tres meses de cárcel.

Tratándose de otros delitos, puede el Juez decretar la comparecencia ó la captura, según lo aconsejen las circunstancias; pero atendiendo á no dictar auto de comparecencia mientras no haya reunido indicios bastantes de culpabilidad.

Dentro de veinticuatro horas de haber sido detenido un inculpado, se le recibe declaración, y se comunican los autos al Ministerio público, quien en los dos días siguientes debe presentar unas conclusiones sobre la legitimidad de la detención, pidiendo, ó que este continúe, ó se proceda, por falta de indicios suficientes, á la excarcelación provisional.

La providencia que recaiga á este escrito fiscal, es recurrible por el mismo inculpado y por el Ministerio público.

Existe también el estado de libertad provisional, y está regulado por disposiciones parecidas á las nuestras españolas: con fianzas y otras restricciones que tienden á asegurar la eficacia del procedimiento.

En el período de instrucción caben, como entre nosotros, diligencias de inspección ocular, registros domiciliarios, examen de peritos y testigos, reconocimientos y confrontaciones.

La intervención del Ministerio público en los procesos, es también semejante á la que tiene entre nosotros. Un funcionario fiscal, llamado Procurador del Rey—que promueva, en su caso, la acción penal,—ha de velar por la observancia de las leyes y reglas del procedimiento; por el mantenimiento del orden y de las competencias, y ha de activar las causas. Hará igualmente cumplir las órdenes de los Tribunales, y dará cuenta al Procurador general de cuantos delitos se cometan en su distrito correspondiente.

Cuando el Juez considera terminada la instrucción (sumario), pasa los autos al Procurador del Rey, y éste presenta unas conclusiones en el plazo de tres días.

Entonces, según la importancia del delito y la situación del inculpado, puede decidir el mismo Juez instructor, ó lo ha de hacer un organismo especial, desconocido entre nosotros, que se llama Sala de consejo, y está formada por dos Jueces del Tribunal correcional, designados al principio de cada año; el primer Presidente del Tribunal de apelación y el Juez de instrucción.

Si se le encuentra incompleta la instrucción, vuelven los autos á ese estado. Si entiende que el hecho perseguido no corresponde á la jurisdicción ordinaria, dispone se pasen los autos al Juez competente. Si reconoce que no constituye delito, que no hay indicios bastantes contra el inculpado, que la acción penal ha prescrito ó se ha extinguido de cualquier otro modo, sobreséé (en el tecnicismo italiano, dice la ley declara no haber lugar al procesamiento). Si es falta ó delito que compete al Pretor, se remite ante aquel al inculpado, poniéndole en libertad si se halla detenido, á no ser que al delito corresponda cárcel, y el detenido sea ocioso, vagabundo, mendigo.

También la Sala puede remitir el inculpado al Pretor cuando reconozca que, por causa de edad, de estado mental u otras circunstancias atenuantes, pudiere haber lugar á sustituir las penas correccionales por penas de policía, ó no excediere la pena—de cárcel, confinamiento y destierro local—de tres meses de duración, ó siendo multa de 300 liras.

Si el delito fuere de la competencia del Tribunal correcional, ordena la Sala que pase ante ella el inculpado; y si fuere de la competencia del Tribunal de Assisses, pasan los autos al Procurador general, para que, en el término de diez días presente sus conclusiones sobre la acusación.

Estas conclusiones se presentan ante la llamada Sala de acusación, cuyo funcionamiento pertenece ya al segundo período del proceso, á lo que nuestra ley llama plenario y la italiana denomina del juicio.

Como, según hemos dicho, hay casos en que por la menor importancia del delito y las circunstancias del inculpado puede estatuir ó resolver lo que proceda el mismo Juzgado de Instrucción, las medidas ó disposiciones que entonces pueda acordar éste, son análogas á las que hemos visto que puede adoptar la Sala de Consejo, según lo que arroje lo hasta entonces actuado.

La providencia que la Sala de Consejo ó el Juez instructor haya dictado, con arreglo á las indicaciones precedentes, contendrá el nombre, apellidos, edad, lugar del nacimiento, domicilio y profesión del procesado, la exposición, sumaria y la calificación legal del hecho, la enunciación de motivos, el artículo de la ley aplicable al caso, la indicación del día, mes y año y del lugar en que fué dictada, y la firma del Juez ó Jueces.

Contra algunas de esas resoluciones, bien emanen de la Sala, bien del Juzgado, cabe oposición, deducida por el Procurador del Rey, así como también se puede oponer, en ciertos casos, la parte civil.

Si hay oposición, ésta se eleva á la Sala de acusación.

La Sección de acusación vuelve á examinar la causa como la ha examinado la Sala de Consejo.

Puede disponer una instrucción más amplia—y aun en ciertos casos ella misma, por uno de sus