El Foro español (Madrid. 1898) (1902-02-20 00:00:00), página 7

dactaron enérgica protesta contra el Sr. Barroeta, quien creemos que en lo sucesivo no olvidará los respetos que se deben á los letrados, que al fin y al cabo son compañeros suyos, que no por llegar á ser Presidente de Sala se deja de ser abogado, y por eso, los vuelillos y las insignias de la justicia se colocan sobre la toga del letrado y no sobre la levita ó sobre otro traje especial.

Por cierto que vimos en estas sesiones lo que no se suele ver; al letrado D. Miguel Guillén con toga, y cubierta la cabeza con el birrete delante del Tribunal. Nos pareció muy bien, y muy conveniente en estos tiempos, donde tanto se desconocen ó olvidan las prerrogativas, fueros y derechos de los abogados y hasta las consideraciones que se les deben.

Así, para que se vayan enterando,

QUEJAS Y COMENTARIOS

COMUNICADO

De Pola de Siero hemos recibido uno, suscripto por D. Manuel Vázquez, quien nos ruega su inserción, bajo el siguiente título:

Abogados, Procuradores y Escribanos de los Juzgados fuera de las capitales de provincia, hay que defenderse.

No le publicamos íntegro por su mucha extensión, pero, atendiendo á la importancia que reviste para las personas aludidas, haremos de él un breve resumen, dando á conocer la cuestión de que se trata.

Radicando los bienes de una capellanía colativa en términos de dicho Juzgado, acudieron al mismo varios interesados solicitando la adjudicación de las fincas, con sujeción á lo dispuesto en el título II de la ley de Enjuiciamiento civil, y, en su día, comunicados los autos al Abogado del Estado, según se previene en el art. 1.109 de la misma ley, éste, en vez de evacuar el traslado conforme á lo prevenido en el art. 1.113, propuso al Juzgado de Siero la inhibitoria ante el de Oviedo, capital de la provincia, fundándose en que, según él, está vigente el art. 57 de la ley adicional á la Orgánica del Poder judicial, fecha 14 de Octubre de 1882.

No accediendo á la inhibitoria el Juzgado de Siero, y sosteniéndola el de Oviedo, fueron á su tiempo los autos á la Audiencia como superior común, y opinando allí el Fiscal que el citado artículo 57 está vigente, y que, por lo tanto, los Juzgados de las capitales de provincia donde residen las Audiencias son los únicos competentes para entender de todos los pleitos en que tenga interés el Estado, la Audiencia, sin otro fundamento que el aducido por el Fiscal, falló, de acuerdo con éste, que está vigente el artículo, y que, en su consecuencia, los Juzgados de las capitales donde residen hoy las Audiencias son los únicos competentes para entender en los mencionados pleitos.

El Fiscal razónó de esta manera su dictamen: Anque la ley de Enjuiciamiento civil establece la competencia de los Juzgados donde radiquen los bienes de las capellanías, la ley adicional, como posterior á la civil, derogó ésta en todo lo que la contradice, como sucede con la competencia establecida por el repetido art. 57; y aunque Camacho, autorizado por una ley para reformar la organización de los servicios del Estado, por el decreto de 16 de Marzo de 1886 encomendó al Cuerpo de Abogados del Estado la representación y defensa de este en todos los pleitos que le interesen, quitándolo á los Fiscales de las Audiencias de lo Criminal que lo tenían antes por la ley adicional ya mencionada, como no derogó expresamente el artículo 57, ni contradijo á este más que con un cambio de funcionarios para representar al Estado, el art. 57 continúa vigente, sin más alteración que la de haber sustituido los Abogados á los Fiscales de las Audiencias.

Al razonar así el Fiscal, olvidóse de que la contradicción entre el decreto posterior de Camacho y el artículo de la ley adicional no puede ser más esencial y manifiesta, puesto que, ante todo, los Abogados dependen del Ministerio de Hacienda, y los Fiscales de las Audiencias dependen del Ministro de Gracia y Justicia; y, por otra parte, los Fiscales antedichos eran noventa y tantos, como las Audiencias de lo criminal, y residían en otras tantas poblaciones diferentes; y los Abogados no son más que cuarenta y nueve, que residen en las cuarenta y nueve capitales de provincia. Y es por esto sólo evidente que, si contradecir es derogar, la derogación del art. 57 no podía ser más manifiesta.

Pero lo más grave es que el Fiscal se olvidó también, ó al menos no hizo mención, del art. 26 de dicho Real decreto, que dice: «Quedan derogadas todas las disposiciones generales ó particulares anteriores al presente decreto, y que se refieran á la organización, atribuciones y servicios de la Dirección de lo Contencioso.» No podía darse, pues, una derogación más explícita del art. 57, que la contenida en ese olvidado art. 26.

Y como si ese fuese poco, publicóse del mismo Ministro la Real orden de 9 de Abril del mismo año 1886, en cuyas dos primeras disposiciones se mandó que los referidos Abogados «se encargasen desde luego de la representación y defensa del Estado ante el Tribunal Supremo, Audiencias territoriales y de lo criminal, y Juzgados de primera instancia y de instrucción de las capitales de provincia, y que desempeñasen igualmente esas funciones ante las demás Audiencias de lo criminal y Juzgados de primera instancia y de instrucción, comprendidos en el distrito de la respectiva Audiencia territorial, hasta que se provea á dichos Tribunales del personal necesario de Abogados del Estado, pudiendo, entre tanto, delegar dichas facultades en los liquidadores del impuesto de derechos reales y transmisión de bienes, de las localidades correspondientes á las Audiencias y Juzgados de que se trata.»

El Fiscal no hizo mención tampoco en su dictamen de la Real orden que precede, á pesar de que, como complemento del decreto de 16 de Marzo anterior, es para el caso de que se trata decisiva en absoluto.