El Foro español (Madrid. 1898) (1902-07-10 00:00:00), página 3

en muchas ocasiones justifican sobradamente nuestras acciones aquel triste privilegio.

Bastará para probarlo, recordar las vicisitudes porque ha pasado en España la interesante cuestión que nos ocupa, y la resolución que ha merecido en la ley, que en verdad es tan original, tan desatentado y tan incongruente y perjudicial para los fines á que se encaminaba, que bien puede asegurarse, sin temor de incurrir en exageración, que representa uno de los errores más inexplicables de la legislación universal.

En efecto; después de mantener largas discusiones, tan profundas y luminosas como hayan podido celebrarse en las naciones más adelantadas, sobre las ventajas e inconvenientes de los diversos sistemas de enjuiciar, acabamos por proclamar las excelencias del sistema acusatorio; pero al darle forma y cabida en la ley, olvidamos por completo su propia naturaleza, que hasta aquel momento había sido objeto de los más prolijos estudios, y prescin- dimos ó relegamos á término muy secundario el elemento característico, propio y esencial de ese mismo sistema, ósea la acusación, cuya representación corresponde al Ministerio Fiscal, y limitamos su intervención á los últimos y decisivos trámites del juicio. Es decir, que concluimos por establecer en la ley un novísimo sistema acusatorio sin acusadores, no adivinado hasta entonces por legislador ni jurisconsulto alguno.

Y aunque inmediatamente hubimos de notar, como no podía menos de suceder, los gravísimos daños de tan tremendo error, es lo cierto que van trascurridos veinte años sin que le hayamos subsa- nadado.

Realizará, pues, una obra por todo extremo meritoria el Ministro y el Gobierno que complete e integre los Juzgados de Instrucción, poniendo en ellos representantes del Ministerio fiscal, alma del vigente sistema acusatorio, y más perfecta sería la reforma, y doblemente digna de alabanza, si á la vez se establecieran en ellos defensores de pobres retribuidos por el Estado.

No me es posible, dado el objeto y límites de este trabajo, argumentar en defensa de esta última reforma; pero, á reserva de ocuparme de ella en oportuna ocasión, he de limitarme ahora á indicar el grave error e incongruencia en que incurre nuestra actual legislación al ofrecer al pobre su protección con imprudente larguezza, para que defienda acciones civiles de legitimidad muy dudosa, y que en definitiva se traducen en la adquisición de bienes materiales de escasa importancia, casi siempre, mientras le niega los medios adecuados para defender su libertad, su honra, tal vez su vida. Y en verdad que este error, siempre grave, exige inmediata y urgente rectificación en la época actual, si realmente se desea suavizar las asperezas que ofrece la cuestión social y fomentar el amor y la caridad entre las diferentes clases sociales; pues bien se advierte que esa desmesurada protección que el Estado concede á los pobres para litigar contra los ricos, y que ocasiona á éstos vejámenes injustos e irritantes, les inspira odio y menosprecio hacia las clases desheredadas; y ese abandono en que estos se encuentran cuando se ven sujetos á un procedimiento criminal, les origina tan irremediables perjuicios, que se traducen también en odios y rencores contra las demás clases que en tan calamitosas circunstancias les niegan su protección y caridad.

El ideal de organización de los Tribunales debe ser, á mi modesto juicio, el que queda indicado: al lado del Juez el Fiscal, y al lado de ambos el defensor de pobres. Y no se argumente con los dispendios que esta organización ocasionara, pues teniendo en cuenta que el cargo de defensor sería aceptado, con retribución muy modesta, por los Abogados naturales y residentes en los términos jurisdiccionales de los Juzgados; atendiendo á que un solo Fiscal podrá cumplir los fines de su ministerio en más de un Tribunal, y que pudiera desti- narse al pago de estos servicios la enorme suma que hoy se invierte en dietas e indemnizaciones de testigos, peritos y Jurados, probablemente la indi- cada reforma produciría economías importantes, á la par que mejoramiento indudable en la adminis- tración de Justicia.

Y con lo dicho paso á ocuparme del segundo punto, que sirve de materia al presente artículo. «Laméntanse los Fiscales—dicese en la Memo- ria,—de que después de tantos años de regir la ley procesal, no se aplique por los Jueces el pro- cedimiento adecuado á los delitos flagrantes, sin que, por lo visto, sea dado evitar tan lamentable olvido del mandato de la ley.»

Ciertísimo. Pero no se crea que este olvido obedece á ignorancia ó desidia de los Jueces de instrucción, ni á prevención alguna que éstos tengan contra ese procedimiento especial que, lejos de aumentarles, les simplifica su misión. Nada de eso. Si el procedimiento especial que la ley señala para los casos de flagrante delito ha caído en desuso, se debe á que leyes posteriores han limitado mucho su aplicación, y se debe también, y muy principal- mente, á que en la práctica no ha satisfecho los propósitos loables que el legislador perseguía al establecerle.

Comprende sin dificultad que, á partir de la promulgación de la ley del Jurado, carece de toda finalidad práctica la aplicación de ese procedimiento especial á todos los delitos castigados con penas correccionales, cuyo conocimiento corresponde al Tribunal popular, pues debiendo hacerse el señala- miento de las vistas de estas causas en las épocas y previos los requisitos que dicha ley seña-