El Foro español (Madrid. 1898) (1902-02-28 00:00:00), página 6

GRACIA Y JUSTICIA.—Real orden de 11 de Febrero de 1902, dictando reglas para la confección de los Reglamentos notariales. (Gaceta del 12.)—Parte dispositiva:

«1.º El Montepío será único para cada colegio, sin poder formarse secciones distintas.

2.º Los Notarios son libres de pertenecer ó no al Montepío, y dejarán de corresponder á él si renuncian ó pasan á otro colegio. En cualquiera de estos casos harán efectivas las cuotas que por cualquier concepto y como tales asociados les corresponda satisfacer hasta el día de la renuncia ó cese.

3.º Si algún Montepío no pudiera con los recursos establecidos en los actuales reglamentos pagar íntegramente sus pensiones, se observará para conseguirlo lo siguiente:

I. Se fijarán estas definitivamente reduciéndolas proporcionalmente á lo que asciendan los recursos reglamentarios.

II. Constituirán los fondos de los Montepíos las cuotas de ingreso, el número de céntimos por folio y cualesquiera otros recursos que establezcan las Juntas generales al reformar los reglamentos.

III. Si á pesar de lo establecido en los párrafos anteriores, los recursos de los Montepíos no bastasen para pagar el importe de las pensiones, se repartirá por las Juntas directivas entre todos los Notarios pertenecientes al Montepío la cantidad que se estime precisa á llenar dicha atención. En ningún caso podrá exceder lo que por tal concepto corresponda pagar á cada Notario de la suma establecida en el artículo 141 del Reglamento general. Si aun así no pudieran pagarse íntegras las pensiones, la diferencia que resulte no podrá ser reclamada por los pensionistas de los Montepíos.

4.º Los colegios, en Junta general, reformarán los reglamentos de sus Montepíos antes del 1.º de Abril próximo, sometiéndolos con urgencia á la aprobación de la Dirección general.

5.º Los derechos y obligaciones que se deriven de los reglamentos á que se contrae la regla anterior, sin perjuicio de su aprobación por la superioridad, se retrotraerán á 1.º de Enero del presente año, y las Juntas, una vez que se les comunique dicha aprobación, preceptuarán las medidas que consideren más oportunas para su inmediata y eficaz observancia, como si viniese rigiendo desde la fecha indicada».

—Real orden de 12 de Febrero de 1902 (Gaceta del 13), fijando la interpretación que debe darse al art. 30 del Real decreto de 13 de Enero último, sobre abono, por los Notarios, del 50 por 100 de los derechos por autorización de documentos.—Parte dispositiva:

4.º Que el deber de abonar el 50 por 100 de todos los derechos se impone sólo al Notario que en el término municipal en que resida, ó en otro en que no resida ningún Notario, autorice documentos, cuyos otorgantes ó requirientes todos sean vecinos ó domiciliados del lugar en que otro ó otros Notarios del mismo distrito ó del colindante tengan su residencia legal y ésta sea distinta de la del autorizante.

2.º Que aquel deber no es extensivo ni aplicable al Notario que autorice, como se ha indicado, documentos, cuyos otorgantes ó requirientes sean vecinos ó domiciliados del lugar en que resida otro ó otros Notarios del mismo distrito ó del colindante, cuando éstos no desempeñen personalmente su cargo á causa de estar en uso de licencia u otro motivo legal, ni tampoco con relación á las actas en que se hagan constar hechos ocurridos en el lugar en que se autoricen aquellas.»

LA COMISION DE CODIGOS

Hace año y medio que el Sr. Marqués del Vadillo, cumpliendo escrupulosamente el precepto del artículo 17 de la ley de presupuestos de 1900, pasó á la Comisión de Códigos para estudio, deliberación e informe, los proyectos de reformas judiciales. Tres meses bastaron al ministro de Gracia y Justicia para la formación de esos proyectos, con articulado y todo, lo cual demuestra que no se trata de obra de romanos; pero al pasar á la indicada Comisión debieron convertirse en tela de Penélope, porque si no es en tejer y destejer, no se sabe en qué se ocupó la Comisión durante el largo tiempo transcurrido desde que los recibió.

Con más actividad, el Sr. Marqués de Teverga construyó el tejado de la responsabilidad judicial para cubrir el edificio ruinoso de la actual administración de justicia, en vez de apoyarle y cubrir con él el edificio en proyecto, separando así las distintas partes de las reformas orgánicas, que debieran constituir un todo armónico.

Pero no es esto lo peor, sino que la Comisión, con su censurable negligencia, está causando incalculables daños. Los sufren en primer lugar, los Jueces de primera instancia, algunos de los cuales permanecen en la carrera solamente por la esperanza de que las proyectadas reformas mejoren algo, cuando sean ley, su situación económica, porque hoy no pueden vivir con nueve mensualidades del sueldo que se les asignó hace medio siglo; y digo nueve mensualidades, porque las tres restantes las lleva ó se queda con ellas el Estado ó el demonio, por descuento, habilitación, suscripción á la Gaceta de Madrid ¡hasta esol y cédula personal. Esto, aparte de los gastos de sus frecuentes traslados, de los sacrificios que les impone la desproporción entre la posición social que les da la importancia de su cargo, y la miserable situación económica en que los coloca la mezquindad de su sueldo, y otras mil cosas que no mencionamos porque no nos propomemos únicamente demostrar la insuficiencia de la dotación de esos funcionarios, tan sufridos como mal tratados.

Sufren también daño las personas que tienen que acudir á los Tribunales de justicia para obtener la declaración y efectividad de sus derechos, porque, sabido es que ahora son escandalosamente caros los litigios. Y esta carestía, redonda en desprecio de la administración de justicia, y de los mismos Jueces, porque á ella contribuyen los de-