El Foro español (Madrid. 1898) (1903-11-20 00:00:00), página 8

CUESTIONES PREJUDICIALES

La ley no define lo que son cuestiones prejudiciales; quizá estimó su concepto demasiado claro, y omitió enunciarlo al ocuparse de su trámite en el procedimiento criminal.

Creemos que no holgaría tal definición en la ley ritual respectiva, siquiera para obtener un criterio legal aproximado de distinción de la diversidad de casos en que ha de conocer ó no de los mismos el Tribunal de lo criminal, cuya resolución hoy, á este fin, no tiene más justificación que la referencia, demasiado vaga y extensiva, de la relación más ó menos íntima de la cuestión prejudicial con el hecho punible, ó según sean ó no determinantes de la culpabilidad ó inocencia del acusado.

Esta referencia á particulares muy susceptibles de impugnación en cada caso, es el escollo opuesto al de las dificultades de hallar en la definición legal una tesis exactamente comprensiva de todas aquellas cuestiones prejudiciales que podrán afectar al procedimiento criminal en los términos y aspectos procesales que previenen los arts. 3 al 7, inclusivos, de la ley de Enjuiciamiento referida. Con ello se ha optado, á nuestro juicio, por el criterio de estudio más factible á error, ante el numeroso casuismo que pueden provocar los hechos concretos de aplicación.

El concepto, pues, de la cuestión prejudicial, ha de ser puramente doctrinal y ex-lege.

No nos proponemos enunciarlo en estas líneas, alusivas á un tema demasiado vedado á nuestra incompetencia, y si de él nos ocupamos, no lo hacemos bajo la expectativa de un éxito lisonjero para la opinión en que aquéllas se informan, siendo quizá el único estímulo que nos anima á su publicidad la iniciativa que á este estudio prestó el doctorísimo compañero de Ponferrada, D. Rosendo López, á quien el autor de estas líneas escuchó atinadas referencias sobre esta materia.

Las cuestiones prejudiciales, por su propia denominación, significan cuestión judicial previa, resuelta por trámite anterior; por eso no se dice simplemente cuestión previa, término más comprensivo y general.

Ahora bien: ¿á qué términos, elementos ó partes del proceso han de afectar las cuestiones prejudiciales para ser estimadas tales?

La ley dice solamente, al referirse á las mismas para atribuir su conocimiento al Tribunal de lo criminal, que guarden ó no íntima relación con el hecho punible, de tal modo, que racionalmente sea imposible su separación; ó que sean determinantes de la culpabilidad ó inocencia del acusado, defiriéndose en este último caso su conocimiento á Tribunal distinto.

En estos términos de la dicción legal ya se advierte que la relación de la cuestión prejudicial con el hecho justiciable ha de ser directa, ya por afectar á la propia naturaleza de aquél, ó por la posibilidad de ser determinante de la culpabilidad ó inocencia del acusado.

Por este último particular comenzamos nuestro análisis.

La cuestión prejudicial exige una declaración de derecho, cuyo fin próximo entendemos no es el de apreciar la culpabilidad ó inocencia del acusado, porque entonces serían declaraciones simultáneas y de un solo Tribunal, sino que tal declaración ha de versar sobre la apreciación de antecedentes legales del hecho punible, que determinen su naturaleza jurídica á los efectos ulteriores de poderlo estimar ó no definitivamente, en el procedimiento criminal, como susceptible de represión.

Es decir, la declaración explícita en que queda resuelta la cuestión prejudicial base de la subsistencia de la acusación, supone la implícita para el procedimiento criminal de la culpabilidad ó inocencia del acusado, cuyos efectos se depurarán en tal procedimiento por los medios de trámite propios y por el Tribunal que afirma ó niega, en el ejercicio de su propia competencia, aspectos tan esenciales de la acción penal.

El que levanta los frutos de un predio y es acusado de hurto, opone á la imputación la cualidad de dueño de aquéllos, ya como usufructuario de los mismos ó en otro concepto, presentando títulos que, por no ser auténticos, motivan la suspensión del trámite criminal, para que el Tribunal de lo civil competente aprecie ó no en definitiva, por el procedimiento oportuno, si en efecto el autor del hecho denunciado es ó no dueño.

Reconocida á su favor tal cualidad, dicha declaración, que es la propia y esencial del Tribunal civil, provoca, al ser certificada en el procedimiento criminal, la evidencia de un motivo de inculpabilidad, que resuelve á los efectos de la represión penal la inexistencia de la acción punitiva, que aun cuando cierta y real en su ejecución, no lo es en su aparente cualidad delictiva que revistió en la iniciación del procedimiento, por haberse demostrado fué ejecutada en uso de las facultades inherentes al dominio ó posesión.

Aparte ya de esta distinción, que no es de orden fundamental, puesto que una vez reconocida la existencia de una cuestión prejudicial su solución ha de afectar al procedimiento criminal, la declaración previa exigida tiene que ser el fundamento de la acusación ó exculpación, y en tal sentido será como dice la ley, determinante de la culpabilidad ó inocencia del reo; postulado de aquella declaración, afirmativa ó negativa, implícita y exclusivamente de la existencia del delito perseguido.