El Foro español (Madrid. 1898) (1903-09-30 00:00:00), página 4

art. 22; y no cabe decir que todas las diligencias que se practican son urgentes, y por tanto, que se practicarán sin exacción de derechos, puesto que urgente será alguna diligencia particular (en este caso el haber presentado la suspensión á las cuarenta y ocho horas del vencimiento de una obligación no satisfecha); pero considerar todo el juicio como urgente, es un absurdo que pugna no sólo contra todo principio legal, sino aun con el sentido común.

Sin embargo, en la práctica vemos esas suspensiones; y como para ello han tenido que violarse de una manera evidente principios legales, consideramos oportuno que las Juntas directivas de los Colegios de Escribanos mediten la cuestión para que, por sus Decanos, en virtud de las atribuciones concedidas por el art. 48 del Real decreto de 5 de Febrero actual, puedan exigir las responsabilidades que tan manifiestas resultan; pues no hay que olvidar que á los Escribanos afecta al mismo tiempo que al Estado el que, de manera tan burda, se vean privados de sus emolumentos y del impuesto del timbre.

Si como nosotros piensan los Colegios, ordenen á sus colegiados les comuniquen los casos que ocurran, y no será difícil el que, al castigar la tolerancia, se evite ese abuso.

De las notificaciones en el domicilio del Procurador.

El doctor Presidente de Sala de la Audiencia de la Coruña, Sr. García Romero de Tejada, autor de la celebrada obra El libro del Jurado, se ocupa en su último número de lo que sirve de epígrafe á estas líneas, punto emparo que tiene dos caras.

En realidad, es un abuso que las notificaciones se hagan en el despacho de los Procuradores, porque esto recarga las cuentas y puede dar lugar á suponer que el aumento del doble de derechos no lo sufren los Procuradores, sino sus clientes; pero para poder precisar si hay abuso en lo dicho, es preciso tener en consideración igualmente las tareas de tales funcionarios, en relación con la presentación, cuenta oral y provisión de escritos.

Prescindiendo de que por regla general sólo se acostumbra á cumplir los términos legales en los urgentes ó improrrogables, cuando empero no se cumplen, con la ley en la mano sabe matemáticamente el Procurador que, según el art. 315 de la ley Procesal, la cuenta se dará en el mismo día en que se presenten los escritos ó tengan estado los autos, y no siendo posible, en el siguiente; que las meras providencias se dictarán en seguida de darse cuenta, y todo lo más dentro de dos días (artículo 316); y con respecto á los autos y sentencias, ya marca igualmente y en sus diversos capítulos, la ley de Procedimientos, los plazos en que deben dictarse tales resoluciones.

Ahora bien: atento el Procurador á una providencia de substanciación, ya sabe con lo expuesto que todo lo más dentro de cuatro días de haber presentado un escrito, ha de conocer la providencia, á menos que presentándose en la Escritanía, el actuario, porque sí, y en vista del art. 260 de la propia ley, quiera demorar la notificación hasta el siguiente día, en cuyo caso el Procurador sabe que dentro de cinco días ha de tener conocimiento de la providencia, y siendo celoso en el ejercicio de su cargo, se presenta á recoger la notificación al cabo de un día y de otro y otro, hasta completar los cinco, y aun más; pero sea porque se retrasé la cuenta ó la providencia—y á pesar de los recuerdos del Procurador tarda en dictarse la providencia—se aburre el Procurador, que tiene naturalmente otros quehaceres, y más si se trata de poblaciones de importancia, donde las distancias son mayores, y como consiguientemente no puede ir á la Escritanía día tras día, al fin se corona ello con la notificación á domicilio, ó sea á los diez, quince, veinte días ó más, de haber presentado el escrito, y no hay que preguntar quién tiene la culpa de esto, porque el Procurador, en espera de la providencia, no ha de ir continuamente y día tras día á la Escritanía; y lo que pasa con una providencia pasa con un auto y hasta con una sentencia; que salen muchas veces cuando menos se piensa, ó sea cuando el actuario ó el civilista ha podido ó querido ocuparse del asunto, ó cuando el Juez ha podido ó querido igualmente despacharlo; prescin- diendo de que si el actuario se acuerda de despachar sus negocios no olvidando el Arancel, recuerda perfectamente que la notificación en Escritanía vale una peseta y fuera de ella dos y tres, conforme cantan los arts. 83 y 84 de los aranceles.

Joaquín Más.
Gerona.

EL TRASLADO DE MENA

¿Qué hay del traslado que se anunció del Teniente Fiscal de la Audiencia de Madrid, ó de la excelencia que él mismo dijo, con buen acuerdo, que iba á pedir, en vista de la acerba crítica que de su gestión ha hecho la prensa reflejando el estado de la opinión?

El tiempo pasa, y lo único que ocurre es que don Antonio María de Mena no ha vuelto á parecer por la Fiscalía; esto resultará menos molesto para aque-