El Foro español (Madrid. 1898) (1902-05-30 00:00:00), página 4

señor Fiscal—que examinamos,—la conveniencia y aun necesidad de incluir en el Código, como delito especial, el uso de armas prohibidas, y sancionarle con la pena proporcionada.

Pero ante este propósito, digno de alabanza, sin duda alguna, nos ocurre preguntar: ¿es que nada puede hacerse, hasta que se reforme el Código, para estirpar ó reducir esa funesta manía de usar armas, siquiera sea en las poblaciones de corto vecindario? Pues, si así no fuere, vale más renunciar á toda esperanza de remedio y resignación, á soportar con virilidad las consecuencias de tan bárbara costumbre, pues si la reforma del Código Penal, impuesta con apremio desde el año 76 para evitar su incongruencia con la Constitución fundamental del Estado no ha podido hacerse todavía, es inocente abrigar la esperanza de que se active y realice en breve plazo, nada más que para evitar que se maten alevosia ó impremeditadamente unos cuantos centenares ó millares de labriegos.

Pero es el caso que, en mi humilde juicio, no existe semejante imposibilidad, y, lejos de ello, el Estado, sin necesidad de calificar como delito el uso de armas prohibidas, puede, desde luego, adoptar para impedirlas medidas suficientemente eficaces y de inmediata aplicación.

En efecto; el art. 591 del Código vigente, en su número 3.º, castiga con la pena de 5 á 25 pesetas de multa á los que usaren armas sin licencia, y se consignó en el Código, para atajar el mal que lamentamos, y como prudente transacción entre las sanciones excesivas, que el Reglamento y las Reales órdenes de los años 1824, 1844 y 1846, se faltaban el hecho y el silencio que, respecto al mismo, guardaron los Códigos de 1848 y 1850.

Es sabido y notorio que ese precepto legal, cuya vigencia es indudable, ha caído en desuso, y desconociendo por ello el legislador si la sanción que contiene es suficiente y adecuada para reprimir el hecho á que se refiere, carece de todo fundamento para sustituirla con otra más grave y rigurosa.

Resulta, pues, que en vez de permanecer inactivos ante tan grave mal, esperando, para procurar su remedio, á que el legislador tenga ocasión de elevarle á la categoría de delito, lo que debe hacerse es aplicar, desde luego, la ley vigente en que se halla previsto, y únicamente cuando se demuestra que esta es insuficiente e ineíficaz, deberá el legislador sustituirla por otra más grave y aflictiva.

Se me preguntará seguramente qué medios han de aplicarse y ponerse en práctica para descubrir y comprobar el uso de armas prohibidas, para aplicar al culpable la sanción legal; y á esta pregunta sólo se me ocurre contestar, que deben aplicarse los mismísimos medios que se aplicarían para perseguir el hecho cuando se declare delito; y como la denuncia y el registro son los más adecuados, á ellos debe acudirse, desde luego, sin dilación y sin vacilaciones.

¿Es que estos medios, por ser los únicos posibles, será lícito emplearlos cuando la ley califique como delito el uso de armas? Pues también lo será ahora, que sólo merece el calificativo de falta. ¿Es que ofrece dificultades y puede dar lugar á abusos su aplicación bajo la ley vigente? Pues los mismos y aún más graves ofrecerá bajo la ley reformada.

Sabido es que todas las reformas, por justas y beneficiosas que sean, ofrecen en su planteamiento obstáculos y dificultades que es preciso vencer y orillar con prudencia y energía.

Reconocidos y comprobados los gravísimos males que al orden público y al bienestar social ocasiona la funesta y generalizada afición al uso de armas mortíferas, debe el poder público aplicar, sin contemplación alguna, los medios que las leyes tienen establecidos para castigar y reprimir tan pernicioso costumbre, excitando el celo y aumentando la actividad de la fuerza benemérita de la Guardia civil, de los Alcaldes y Jueces de instrucción de los pueblos, para que, bajo la inspección y dirección de sus respectivos Jefes, persigan sin descanso el uso de tales armas, y sometan á sus poseedores á la sanción de la ley; estableciendo solemnidades y garantías para la destrucción de las que se ocupen; poniendo restricciones al ejercicio de la industria, de su venta y construcción, á fin de evitar, como ahora ocurre, que sean muchas las ferias de los pueblos en que no se encuentra un solo despacho de libros, sin que en ninguna falten tres ó cuatro de temibles armas, y ejerciendo vigilancia árdua y eficaz sobre los establecimientos de bebidas alcohólicas y sobre sus asiduos concurrentes.

Y si por pueriles miramientos y respetos excesivos á derechos no bien definidos y de dudosa utilidad, nada de esto puede hacer el Estado, entonces sería preferible que confesase su impotencia, é hiciera saber á esos desgraciados labriegos que en forma de pistola, revólver ó faca, llevan entre las vueltas de su faja la matrícula para el presidio ó el ingreso en el hospital, que ante la imposibilidad de ofrecerles facilidades para que ejerziten el derecho de ilustrarse, no quiere oponerles dificultades para que ejerziten el derecho de romperse el alma.

VIEGOS,
Morella, 14 de Mayo de 1902.
Juez de primera instancia.

RESPONSABILIDAD JUDICIAL

A pesar de la multiplicidad de disposiciones hoy vigentes sobre responsabilidad judicial, y de la excesiva dureza y crueldad de muchas de ellas, casi