El Foro español (Madrid. 1898) (1902-07-20 00:00:00), página 2

dos partes en forma de entimema, cuyo antecedente constituye una regla general de derecho, aplicable á los casos análogos al que en la Decretal se resuelve, siendo esta resolución el consignante del entimema. Ahora bien, un Juez eclesiástico eleva preces á la Sede Apostólica, preguntando si ha de ajustarse á las leyes civiles en la resolución de un interdicto de obra nueva, porque sobre este punto no existe ley alguna canónica. Su Santidad el Papa Lucio III responde: Que así como las leyes no se desdichan de imitar á los sagrados cánones, así también los estatutos de los sagrados cánones son ayudados por las constituciones de los Príncipes (1), mandando, por tanto, ajustarse en el fallo del caso consultado á lo dispuesto por las leyes y los cánones.

La parte fundamental de este Rescripto pontificio ¿debe servir de regla general para la resolución de aquellos casos sobre los que no haya legislado la Iglesia? Ecco il problema. Sostienen la mayor parte de los expositores de derecho canónico, tanto españoles como extranjeros, que las leyes civiles, especialmente las procesales, son supletorias de las canónicas, siempre que las leyes de la Iglesia no lo prohíban expresamente, como sucede en determinados casos.

Y, en efecto, la citada disposición de Lucio III reviste un carácter general, incompatible con la restricción intentada por algunos canonistas. Y siendo así, ¿por qué la mencionada Decretal ha de concretarse á las leyes del Emperador Justiniano, y no hacerse extensiva á toda ley secular que no sea contraria á las de la Iglesia? ¿Cuál es el objeto que se propuso el Soberano Pontífice con tan sabia disposición? No es otro que fijar un medio de administrar recta justicia en los casos en que la legislación canónica sea débil; y como esos casos lo mismo pueden ocurrir en el siglo XII que en el siglo XX, de aquí que la Decretal pontificia pueda y deba aplicarse en todo tiempo.

En corroboración de lo expuesto, véase al eminente decretalistas D. Manuel González Téllez, á quien, si no fuese español, se llamaría el príncipe de los decretalistas. Dice así en la nota á la Decretal Intelleximus: «Muchas veces declaran los sagrados cánones que no rechazan el auxilio de las leyes seculares (cap. super specula 28, de privil.), y así los estatutos canónicos reciben auxilio de las constituciones de los Príncipes, y las lides eclesiásticas se resuelven según las reglas del derecho civil, si no se oponen á los cánones y éstos son deficientes; de donde en el presente tratado de la denuncia de obra nueva, como no hay sagrados cánones que establezcan el derecho que se ha de observar en esta parte en las causas eclesiásticas, por eso, tan-

to Lucio III en el presente caso, como Inocencio, Honorio y Gregorio en las Decretales compiladas bajo este título, mandan observar las leyes seculares. Empero, cuando por falta de ley canónica se ha de recurrir ó no al derecho civil ó al derecho patrio, lo exponen Barbosa, Canisio y Mancino en sus obras respectivas.»

El Papa Benedicto XIV, en su obra inmortal De synodo diocesana, libro IX, capítulo XIV, expresa las condiciones requeridas para que las leyes civiles puedan ser supletorias de las eclesiásticas. Estas son sus palabras: «Semejantes leyes (las civiles), si se conocerán á un asunto meramente profano y en nada se oponen á los sagrados cánones, parecen aprobadas tácitamente en el capítulo I, De la denuncia de obra nueva» (1). Por tanto, si las leyes civiles de mera tramitación reunen las dos condiciones señaladas por este sabio Pontífice, podrán aplicarse en aquellos casos en los que la ley eclesiástica sea deficiente.

Compruébase esto mismo respecto de España por los dos Decretos del Excmo. Sr. Bianchi, Nuncio de Su Santidad, publicados en 4 de Junio y 30 de Octubre de 1881, con motivo de la nueva ley de Enjuiciamiento civil publicada en 3 de Febrero y que empezó á regir en 1.º de Abril del mismo año. Se ordena en dichos Decretos, que los Tribunales eclesiásticos observen la ley de Enjuiciamiento civil en todo aquello que no tenga señalado un procedimiento por los sagrados cánones, en conformidad con la Decretal Intelleximus.

Algunos católicos, celosos de la jurisdicción de la Iglesia, creen de buena fe que no puede aceptarse esta doctrina del derecho supletorio, sin hacer á la Iglesia dependiente y sierva de la potestad civil. Y esto es un error. La Iglesia es una sociedad independiente de la civil, perfecta y completa en su género, como lo es la civil en los asuntos de su incumbencia. Más á la manera que ésta puede suplir, y de hecho suple, las deficiencias de su legislación, ateniéndose á las leyes canónicas, sin que por esto abjure de su independencia, así también aquella no renuncia á la suya al sancionar que la ley civil sea supletoria de la eclesiástica bajo determinadas condiciones. En una palabra, la Iglesia canoniza el derecho supletorio en la forma indicada, porque lo estima conveniente, pero no por ordenarlo así la potestad secular.

Para concluir, si se atiende al resultado práctico de la comisión del procedimiento canónico y del civil, es necesario confesar que ha sido y es funestísimo, y que clama al cielo por un pronto y eficaz remedio. Unos Tribunales no aplican más ley que la de Enjuiciamiento civil, expresándolo así en el

(1) Quia vero sicut leges non dedignantur sacros canones imitari, ita et saecorum statuta canonum Principium constitutionibus adjuvantur.

Ejusmodi leges, si rem egentem mere profanam neque ulia ex parte, secuti canonibus adversentur, tacite approbatae videntur in cap. I, De nov. op. nunt.