El Foro español (Madrid. 1898) (1902-06-30 00:00:00), página 6

No ofrece tanta facilidad ni siquiera en el orden doctrinal, determinar la forma que debe adoptarse para dictar los autos de procesamiento. Para alejar esta dificultad, suele decirse y es muy admitido, que tales resoluciones deben fundamentarse en datos existentes en el sumario. Pero esto no basta, y más bien que resolver la cuestión, equivale á sortearla y rehirla. Obsérvese que los autos de procesamiento se dictan casi siempre ó con mucha frecuencia, cuando en el sumario existen datos incompletos, cuando no contradictorios, y de la relación de unos y otros deduce el Juez instructor la existencia de los indicios racionales de culpabilidad que la ley exige para acordar el procesamiento de cualquier ciudadano.

Siendo esto así, ¿á cuáles de esos datos debe referirse y mencionar el Juez en el auto de procesamiento? ¿á los que perjudican al procesado ó á todos ellos?

A mi entender, debe referirse á todos; pero no de una manera particularísima, sino en forma general y sintética.

Pongamos un ejemplo y razonemos sobre él. Encuéntrase un hombre apuñalado; uno ó varios testigos aseguran que vieron reñir al difunto con otro hombre, y vieron también cómo éste le hería; niega el hecho el acusado, y otros testigos apoyan su inocencia con noticias dignas de estima y atención, y de todo ello resulta evidente la necesidad de procesar á ese culpable presunto. ¿Deberá el Juez en este caso consignar como fundamento del auto de procesamiento la acusación de esos testigos de cargo, ó deberá hacer mención también de la negativa del acusado y de los testimonios que alega ó ya ha presentado para probar su inocencia? A mi juicio, no debe hacer ni lo uno ni lo otro.

No debe hacer lo primero, porque al hacerlo, parece que el Juez concede cierta presunción de hechos probados á los indicios de cargo, y esto redundaría en perjuicio del acusado y debe evitarse; no debe hacer lo segundo, porque además de representar tal obra un juicio demasiado minucioso y trascedental de todo lo actuado, para el que todavía se carece de bastante fundamento, entrañaría también una comparación y crítica de las pruebas aportadas hasta entonces, y una injusta preferencia á favor de las de cargo; y no debe hacer ni lo uno ni lo otro, porque en realidad nada de ello en particular, sino todo, apreciado en conjunto y provisionalmente por el Juez, constituye el fundamento verdadero y único de tan grave resolución.

Porque obsérvese que, efectivamente, siendo el fundamento legal de los autos de procesamiento la existencia de indicios racionales de culpabilidad contra persona determinada, y quedando á la apreciación del Juez la determinación del momento en que tal clase de indicios existen, es evidente que en el caso propuesto (y análogamente en los demás), el Juez decretará ó no el procesamiento, relacionando el valor de los testimonios de cargo y descargo, las anteriores relaciones entre el muerto y su presunto agresor, los más nimios detalles de la declaración de éste, la explicación que ofrezca para desvirtuar las sospechas ó las acusaciones que sobre él pesan, las condiciones personales de todos los testigos, sus relaciones con las partes; en suma, todos, absolutamente, los datos y detalles e incógnidas que en el sumario existen, todavía incompletos y embrionarios, que el Juez no puede aceptar ni rechazar, que han de ser objeto de comprobación y justificación en el juicio, y á los que debe referirse en el auto de procesamiento de un modo general, para no debilitarlos ni robustecerlos fuera de razón con su opinión personal y siempre valiosa, aun en su carácter de provisional y sujeta á rectificación.

Por todo lo expuesto considero que los autos de procesamiento deben fundamentarse nada más que en la declaración de la existencia de indicios racionales de culpabilidad en perjuicio del procesado, hecha por el Juez en el primer resultado, con referencia á la totalidad de los datos aportados hasta aquel momento al sumario, relacionados entre sí conforme á los principios de crítica racional.

De este modo, se evita y prevé la impunidad de los delitos, no se agrava la situación del acusado, y se evita también el riesgo—siquiera sea remoto—de que el Juez pueda aparecer sospechoso de parcialidad en la instrucción, por mantener la certeza de un hecho determinado, cuya falsedad puede probarse, y que le sirvió de base única para decretar el procesamiento.

Claro está que esta libertad de apreciación á que no puede ponerse traba alguna, determina la necesidad ineludible que el Estado tiene desatendida, y á que debiera prestar extrema solicitud, de que los Jueces posean notoria y bien probada competencia y moralidad, y determina también la conveniencia de facultarlos para ampliar, por razones justificadas, ese plazo fatal y excesivamente angustioso que la ley les concede para decretar el procesamiento y prisión ó la libertad de los culpables presuntos, y que da lugar en muchas ocasiones á que queden sujetos á todos los perjuicios y amarguras del procesamiento, ciudadanos honrados que, acusados por error ó por malicia, no pudieron probar su inocencia en el brevísimo plazo que la ley vigente señala.

Tal vez para evitar la tremenda injusticia y los males que de esto resultan, manténgase en la Memoria del Sr. Fiscal la facultad de los Jueces de instrucción—no declarada en la ley—para revocar de oficio los autos de procesamiento, como puede revocar los de prisión y libertad.