El Foro español (Madrid. 1898) (1902-05-30 00:00:00), página 5

todas son ineficaces, y sirven á lo sumo para sacrificar despiadadamente á algún Juez desgraciado, falto de privanzas, en desagravio de la constante impunidad en que quedan los errores ó los desmanes de los demás.

Dedúcese de esta triste conclusión, cuya certeza estimamos bien probada, la necesidad de reformar toda la legislación vigente sobre responsabilidad judicial, para conseguir que ésta sea más proporcionada, más constante, más igual, más justa y de mayor eficacia.

Para conseguirlo, podrían establecerse las siguientes sanciones: correcciones gubernativas leves; correcciones gubernativas graves; recurso de responsabilidad gubernativa civil por error grave y notorio; recurso de responsabilidad criminal.

Las correcciones gubernativas leves serían impuestas de plano por el tribunal superior al funcionario corregido; consistirían en apercibimiento ó multa de 50 á 125 pesetas; no admitiéndose contra ellas más que la súplica ante el tribunal que la acordó. Esta clase de correcciones únicamente podrá imponerse á los Jueces, cuando infringieren las disposiciones de las leyes de procedimiento, cuando fueron negligentes en el cumplimiento de sus deberes, enando faltaren al respeto y consideración debida á sus superiores y cuando intervinieran en las luchas políticas en la localidad en que ejerciesen su cargo, comprometiendo ó haciendo sospechosa la imparcialidad que debe resplandecer en todos sus actos.

En este mismo concepto ó grado de responsabilidad, deberían incluirse las infracciones del procedimiento criminal á que se refieren los números 1.º y 2.º del art. 214 del Código, y otros semejantes que hoy se consideran, con notorio error y grave injusticia, como delitos.

Las correcciones graves serían impuestas, previa la formación de expediente, por la Sala de gobierno de la Audiencia territorial respectiva, á la que se adjuntarían, con voz y voto, un Juez de término, otro de ascenso y otro de entrada del mismo territorio, siempre que el acusado fuera de alguna de estas categorías. Estos Jueces vocales serían nombrados al principio de cada año por el Ministerio de Gracia y Justicia, recayendo precisamente los nombramientos en los funcionarios de mayor antigüedad en la categoría respectiva que no tuvieran nota desfavorable en su expediente.

Las correcciones gubernativas graves serían: multa de 125 á 500 pesetas, y traslación; postergación para ascensos por término de dos á cuatro años; suspensión de empleo y sueldo de dos meses á un año, y separación de la carrera. Estas correcciones únicamente podrían imponerse por graves inmoralidades ó vicios del funcionario que comprometieran el decoro y dignidad de la clase. Contra ellas no sería admisible recurso alguno. Incado que fuera el expediente á instancia del Ministerio fiscal, ó por denuncia de particulares capaces para comparecer en juicio, la Sala de Gobierno resolverá previamente si la falta ó hecho denunciado merece la calificación de leve ó grave para los efectos de la corrección. En el primer caso, la resolvería como corresponda. En el segundo caso, remitirá copia de la denuncia á los Jueces vocales, quienes tendrían derecho á proponer diligencias y practicar averiguaciones de carácter confidencial para la comprobación de los hechos. Para la vista y resolución de esta clase de expedientes se constituirían los Jueces adjuntos en la capitalidad de la Audiencia, los días 1 al 10 de Febrero y Agosto de cada año.

Ya hemos dicho, y creemos haber demostrado, que el recurso de responsabilidad civil que establecen nuestras leyes es un irritante escarnio que se hace del litigante desgraciado que fué víctima de un Juez ignorante. El litigante vencido por grave error de cualquiera Tribunal, pierde, con sobrado motivo, toda fe y confianza en la rectitud de los demás Tribunales; é invitarle á que sostenga un nuevo pleito para probar que ese error é ignorancia son inexcusables, constituye una burla sangrienta que se hace de su desgracia. Si un derecho evidente, reconocido por la ley á su favor, fué desconocido y negado, ¿qué garantía tendrá para probar la justa calificación del error en que el Juez incurrió el negársele? En el primer caso, tratándose de hechos y litigando contra un particular, fué vencido; en el segundo caso, tratándose de apreciaciones y litigando contra un Juez, qué suerte podrá esperar?

Además, aunque obtuviera á su favor una sentencia condenatoria, ¿cómo habrá de hacerla efectiva, si el noventa por ciento de los Jueces son pobres, y, por razón del sueldo, pobres de solemnidad? La indemnización á que, en tal supuesto, habrá de ser condenado el Juez, sería cuantiosa, pues estarían representadas por el importe de los perjuicios, por el de las actuaciones practicadas en el pleito principal, á partir de la sentencia injusta, y por las costas del pleito de mayor cuantía sostenido para exigir la responsabilidad. ¿Acaso resolvería algún problema al litigante ofendido, percibir su indemnización en multitud de insignificantes plazos? Nada de esto es práctico ni viable; todo ello es teórico é irrisorio.

No vacilamos, por tanto, en pedir la supresión de ese recurso de responsabilidad, que para nada útil sirve, sustituyéndole con el que llamaríamos de responsabilidad gubernativa civil, por grave y notorio error, que se ajustara á la tramitación siguiente:

El litigante que estimara que el Juez procedió con grave y notorio error al dictar la resolución de