El Foro español (Madrid. 1898) (1902-05-10 00:00:00), página 7

8.ª Que será de cuenta del rematante ó persona á quien se adjudique la finca, el pago de todos los derechos del expediente, tasación y demás hasta la toma de posesión.

Y 9.ª Que no se admitirán posturas que no cubran el tipo de la subasta....

Nada hemos de decir de las condiciones primera y segunda, por ser claros sus preceptos.

Lo ordenado en la 7.ª, se ha sustituido por lo dispuesto en las leyes de 11 de Julio de 1878 y 30 de Junio de 1892, que en lo necesario se copian.

Ley de 11 de Julio de 1878.

Artículo 1.º Los bienes y censos que se vendan por virtud de las leyes de desamortización, sea la que quiera su procedencia y la cuantía de su precio, se enajenarán en adelante á pagar en metálico en diez plazos iguales de á diez por ciento cada uno.

El primer plazo se pagará al contado á los quince días de haberse notificado la adjudicación, y los restantes, con el intervalo de un año cada uno.

Art. 2.º Se exceptúan únicamente de lo dispuesto en el artículo anterior, las fincas que salgan á primera subasta por un tipo que no exceda de 200 pesetas, las cuales se pagarán en metálico al contado dentro de los quince siguientes al de haberse notificado la orden de adjudicación.

Ley de 30 de Junio de 1892.

Artículo 1.º Las fincas sujetas á la desamortización que en la actualidad se venden á pagar en diez plazos iguales, con arreglo al art. 1.º de la ley de 11 de Julio de 1878, se enajenarán en adelante á pagar en cinco plazos de á veinte por ciento cada uno. El primer plazo se satisfará á los quince días de haberse notificado al comprador la adjudicación del remate, y los restantes en igual día de los cuatro años siguientes.

Se ve, pues, que la ley últimamente citada modifica el art. 1.º de la de 11 de Julio de 1878, pero deja en vigor el segundo.

Para cumplir con la condición 8.ª, es indispensable satisfacer todos los derechos de expediente, reintegro del papel, etc., antes del pago del primer plazo, como se infiere de la Real orden del 22 de Febrero de 1899, al consignar en su número 7.º, que en cuanto á la forma de percibir los peritos sus honorarios se atenderá á lo dispuesto en el decreto de 22 de Diciembre de 1868 y Real orden de 26 de Febrero de 1897; de que aquél preceptúa en el art. 2.º que los peritos tasadores percibirán sus derechos directamente, y de una sola vez, de los compradores de los expresados bienes, y que las Administraciones de Hacienda pública no admitirán el pago del primer plazo sin que dichos compradores presenten recibos que acrediten haber satisfecho los derechos de tasación y los devengados en el expediente de subasta; debiendo unirse los recibos al testimonio del remate, que deben conservar aquellas oficinas; de que la Real orden de 26 de Febrero de 1897 establece que los Interventores de Hacienda y Administradores de bienes del Estado no admitan el pago del primer plazo del 20 por 100 de las fincas exceptuadas, sin que los Ayuntamientos interesados, acrediten antes haber satisfecho directamente á los expresados peritos, y de una sola vez, los honorarios del justiprecio, mediante la presentación de los recibos suscritos por aquellos, que deberán quedar unidos al expediente: del art. 5.º del Real decreto de 25 de Junio de 1897, que dice: Notificada al rematante la adjudicación de la finca, no se le admitirá el ingreso del primer plazo sin que justifique previamente con recibo del Administrador de bienes del Estado, haber consignado en poder de éste los gastos de subasta y peritación; y de la Orden de 7 de Julio de 1874, que establece en su disposición primera, lo siguiente: «La Sección de Propiedades tendrá especial cuidado de no extender el cargáreme del importe del primer plazo ó de la totalidad de la enajenación de las fincas, sin que los compradores lo verifiquen igualmente de una peseta en concepto de publicación del Boletín oficial, entregando en la misma Sección los derechos respectivos al Juez de la subasta, exhibiendo el recibo del Escribano por lo que respecta á sus derechos y á los del Progono, y sin que liquiden, por último, el reintegro del papel sellado correspondiente.»

Como quiera que no se admite el pago del primer plazo de la renta, ó el de totalidad en su caso, antes de satisfacer lo expuesto, convendría legislar exigiendo la práctica de una liquidación de lo que por todos conceptos tuviera que abonar el rematador, la que se le notificaría al mismo tiempo que la del pago del precio del remate; á fin de que no ocurra lo que pasa constantemente, que los remata dores ignoran las cantidades que tienen que abonar y cuáles son sus acreedores, exponiéndose algunas veces hasta á ser declarados en quiebra involunta riamente.

Para llevar á efecto dicha liquidación, debiera exigirse que, antes de notificarse el pago, los peritos declararan el importe de sus honorarios ante el Juzgado ó Jefe de la Sección de Propiedades, y se determinara, con igual antelación, el cuartillo por ciento que ha de pagarse al Jefe de aquella Sección, ó á su subalterno; la peseta por la publicación en el Boletín oficial, el reintegro del papel, y derechos de los Jueces, Escribanos y pregoneros.

Así, los rematadores, con conocimiento de causa, podrían hacer el pago de todo á su debido tiempo,