El Foro español (Madrid. 1898) (1902-08-30 00:00:00), página 2

tajas para todos, y señaladamente para el obrero, son evidentes, ¿podrá subsistir en lo sucesivo? Tal es la primera duda que sugiere la reforma, y cuya resolución ofrece grandes dificultades.

Si atendemos al texto de la nueva ley, es indudable que el concesionario—que muy bien pudiera ser profano en todos los oficios y artes de la edificación—ha de celebrar un contrato especial con cada uno de los oficiales, ayudantes, auxiliares, peones de cuadrilla y jornaleros que han de contribuir con su trabajo á la total ejecución de la obra. ¿Es esto posible? Y aunque lo fuere, ¿graduada de ello beneficio alguno para las clases trabajadoras? Evidentemente, no. Precisamente, una de las pocas garantías de los obreros bajo el régimen de trabajo observado hasta ahora, radica y arranca de la inmediata relación con sus respectivos maestros, y al privarles de ella ó dificultarla, evidentemente se les perjudica, sin beneficio alguno para los patrones.

Reconociéndolo así, como han de reconocerlo todos los interesados, continuarán aplicando el uso corriente, y á fin de aplicar aparentemente la nueva ley, pero burlándola en realidad, el contratista principal y el obrero habrán de firmar los contratos que ordene y disponga el maestro especial de cada oficio. Es decir, que hasta ahora, y en esta primera aplicación, la nueva ley no servirá para otra cosa que para enseñar á las clases inferiores á eludir los mandatos del legislador.

Pero no es esto sólo. Todavía, aun siendo los contratos simulados, pues los autorizan personas que en verdad no los concertaron, ha de buscarse y consignarse en ellos, por acuerdo y conveniencia de ambas partes, y por exigencias de la necesidad, alguna cláusula adecuada para dejar su cumplimiento á la buena fe de los interesados, haciendo imposible su ejecución por la fuerza; y ha de hacerse así, porque de otro modo, tales contratos no podrían otorgarse.

Nada más fácil que probar esto; aun el oficio principal de la edificación, ó sea el de albañilería, ofrece, durante las diversas épocas de la construcción de que se trate, labor bastante para un número de obreros muy diverso, y constantemente variable por multitud de contingencias imposible de calcular y prever. La equivocación padecida por el ingeniero ó arquitecto-director de la obra en cualquiera diseño ó cálculo, el retraso por causa de fuerza mayor en la llegada de materiales, las variaciones que en el primitivo proyecto se introduzcan, tal vez por necesidad, las mismas variaciones atmosféricas y otras mil causas, imposibilitan todo cálculo encaminado á determinar con mediano acierto el tiempo que serán utilizables los servicios de cada obrero. Y si esto ocurre con respecto al oficio de albañilería, que es el principal de la edificación, ¿qué ocurrirá, y cómo se fijará la duración de los contratos con los obreros pintores, cerrajeros, carpinteros, vidrieros y otros que intervienen en la obra en muy distinta época, para servicios especialísimos, de muy variable duración, que ni siquiera puede fijarse cuando serán necesarios ni cuáles serán su importancia y dificultad, y que en gran parte se prestan en el taller, y ya ejecutados se llevan á la obra principal? ¿Qué analogía ni uniformidad existe entre todas esas múltiples y diversas manifestaciones de la actividad humana, que pueda servir de base común para someterlas á la idéntica y simplicísima legislación que se pretende aplicarlas? Ninguna, absolutamente ninguna.

Lo que sucederá si nos obstinamos en mantener la reforma, es que el obrero perderá durante el tiempo que se fije su contrato la inapreciable facultad que hoy conserva, de variar constantemente de taller y de patrono en busca de las escasas ventajas que en alguno de ellos puede encontrar; lo que sucederá es que el patrono, ante las contingencias y perjuicios que esta nueva obligación legal le impone —sin perjuicio de burlarla de acuerdo con el obrero, á quien también perjudica,—tomará pretexto de ella para elevar el tipo de sus proposiciones en todas las obras públicas, con grave perjuicio de los intereses del Estado; y lo que sucederá, en definitiva, es que patronos y obreros, lejos de agradecer, censurarán con sobrado motivo esa nueva traba legal que á nadie favorece y á todos perjudica, y concertarán los medios para eludirla y sortear sus consecuencias.

Este resultado estéril y aun perjudicial de la ley que examinamos, demuestra una vez más la dificultad y los peligros que entraña la intervención del poder público, en las relaciones jurídicas que nacen de la prestación y contratación de servicios personales, pues tal intervención supone siempre una privación mayor ó menor de la libertad individual humana, que jamás puede justificarse ni menos compensarse, por el aseguramiento temporal de mezquinos intereses materiales.

Cuando el hombre celebra contratos á que sirven de materia su fortuna y patrimonio, puede el Estado, á título de garantizador del derecho y de la buena fe, obligarle sin consideración á que cumpla lo convenido, pues con ello y en el peor caso, únicamente sufrirá el obligado los perjuicios materiales á que dio lugar por su escasa previsión, y que deben justamente imponerle en beneficio del orden social; pero cuando el hombre contrata sus personales servicios, el Estado no debe intervenir sino para garantizar la libertad de los contratantes, siempre, en toda ocasión y momento, y sin más excepciones que las que impongan la moral y el orden público.