El Foro español (Madrid. 1898) (1902-09-10 00:00:00), página 6

petencia, salvo los casos previstos en el art. 87 de la propia ley.

Art. 6.º Tampoco son susceptibles de recurso en la vía gubernativa los acuerdos de las Diputaciones y Comisiones provinciales que versen:

1.º Sobre la materia á que se refiere el art. 144 de la ley Municipal.

2.º Sobre las cuestiones de agravios de que tratan los arts. 138, regla 7.ª, y 140 de la ley Municipal, ya se trate de impuestos y arbitrios ordinarios, ya de arbitrios extraordinarios. Sin embargo, las resoluciones dictadas por los Gobernadores sobre las dudas y cuestiones relativas á la validez y legitimidad de los recargos ó arbitrios municipales, pueden ser apeladas ante el Ministerio de la Gobernación, según lo preceptuado en el art. 135 de la ley de 2 de Octubre de 1877.

3.º Sobre las cuentas de gastos e ingresos por obligaciones carcelarias falladas con arreglo á lo dispuesto en el artículo 7.º del Real decreto de 14 de Marzo de 1886.

4.º Sobre la responsabilidad de los Alcaldes y Concejales en cuanto á los débitos por contingente provincial, en armonía con lo establecido en el art. 27 de la ley de 28 de Junio de 1898, y en el art. 13 del Real decreto de 5 de Mayo de 1892.

Art. 7.º Igualmente carece este Ministerio de competencia, según lo dispuesto en el párrafo último del art. 5.º de la ley sobre el ejercicio de la jurisdicción contencioso-administrativa, para conocer de las materias comprendidas en los arts. 82, 83 y 84 de la ley de 25 de Septiembre de 1865, en las cuales pone término á la vía gubernativa la resolución del Gobernador ó el acuerdo de la Diputación, y no procede, por tanto, el recurso de alzada ante este Ministerio, sino el contencioso ante el Tribunal provincial, según declaró terminantemente la Real orden dictada por la Presidencia del Consejo de Ministros en 4 de Marzo de 1895.

Las materias comprendidas en dichos artículos, y que hacen referencia al ramo de Gobernación, son las siguientes, deducidas las que se han modificado por leyes posteriores:

4.º Uso y distribución de los bienes y aprovechamientos provinciales y comunales.

5.º Repartimiento y exacción individual de toda especie de cargas generales, provinciales y municipales.

5.º Cuotas con que corresponda contribuir á cada pueblo para los caminos en cuya construcción ó conservación se hayan declarado interesados dos ó más.

4.º Reparación de los daños que causen las empresas de explotación en los caminos á que se refiere el párrafo anterior.

5.º Instrucciones y usurpaciones en los caminos y vías públicas y servidumbres pecuarias de todas clases.

6.º Resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados por las obras públicas.

7.º Deslinde de los términos correspondientes á pueblos y Ayuntamientos cuando estas cuestiones procedan de una disposición administrativa ó estuvieren consignados en documento público, mientras su alteración no se justifique con otro posterior de igual valor ó por los medios legales que el derecho reconoce, y, desde luego, previa conformidad de las partes, según se hace constar en jurisprudencia constante recada sobre estos asuntos.

8.º Insalubridad, peligro ó incomodidad de las fábricas, talleres, máquinas ó oficios y su remoción á otros puntos, en lo que sea de la competencia de los Ayuntamientos, respetándose la legislación especial acerca de este punto.

9.º Demolición, reparación de edificios ruinosos, alineación y altura de los que se construyen de nuevo.

10. Cumplimiento, inteligencia, rescisión y efectos de los contratos y remates celebrados con la Administración para toda especie de servicios y obras públicas, provinciales y municipales.

11. Deslinde y amojonamiento de los montes públicos en lo que afecta á la competencia provincial y municipal, reservando la acción de otros Ministerios y las demás cuestiones de derecho civil que correspondan á los Tribunales competentes.

Art. 8.º Compete á la jurisdicción contencioso-administrativa el conocimiento de las cuestiones sobre contratación provincial y municipal, en la forma que se determina en el art. 51 (reformado por Real decreto de 12 de Julio de 1902) de la instrucción de 26 de Abril de 1900, en su virtud, los acuerdos de las Diputaciones provinciales sobre los asuntos que dicho artículo señala serán reclamables únicamente ante el Tribunal contencioso-provincial, salvo los casos que contra los mismos proceda el recurso ante el Gobierno, con arreglo al art. 87 de la ley Provincial vigente.

Cuando se trate de acuerdos municipales sobre la materia, la providencia del Gobernador pone término á la vía gubernativa, con la única excepción que establece el mismo citado artículo de la dicha instrucción, en sus párrafos tercero y cuarto, respecto de los contratos para los servicios de limpieza y alumbrado públicos; en su consecuencia, contra el acuerdo que adopte un Ayuntamiento sobre reclamación de pagos, deducida por el contratista, procederá recurso en el plazo de treinta días ante el Gobernador de la provincia; y cuando por la Corporación municipal y la expresada Autoridad se reconozca que se hallan cumplidas las obligaciones del contratista, los ulteriores recursos para hacer efectivo el pago, procederán ante el Ministerio de la Gobernación. Si no existiere dicho reconocimiento, el recurso contra la providencia del Gobernador será el contencioso-administrativo.

Art. 9.º Los recursos de alzada en la vía administrativa, que establece el art. 187 de la ley Municipal, en relación con el 77 de la misma ley, contra la imposición gubernativa de multas, procederán, en primer término, ante el Gobernador, y contra su providencia ante este Ministerio, cuando la imposición se funde en infracciones de Ordenanzas de los pueblos, ó en resoluciones generales del Ayuntamiento en la materia, ó en reglamentos para el régimen de la policía urbana y rural y seguridad de las personas.

La vía gubernativa terminará con la providencia del Gobernador en todos los casos en que se trate de imposiciones de multas fundadas en infracciones de cláusulas de concordias y mancomunidades entre Ayuntamientos para disfrute de aprovechamientos de toda clase, así como las basadas en infracción de las condiciones, mediante las cuales los propietarios de fincas ceden el producto de las mismas al común aprovechamiento. El recurso contra la providencia del Gobernador será el contencioso-administrativo.

Art. 10. Contra los acuerdos de los Gobernadores, de las Diputaciones y Comisiones provinciales en materias no comprendidas en los artículos anteriores, podrá utilizarse, por aquel á quien perjudiquen, el recurso de alzada ante el Ministerio de la Gobernación.

Art. 11. Todo recurso de alzada contra providencias de