El Foro español (Madrid. 1898) (1902-07-10 00:00:00), página 7

mo relaciona el texto del art. 556 con el 189 del mismo Cuerpo legal, que define las Asociaciones ilícitas, y el 13 de la Constitución, que consagra el derecho del ciudadano á asociarse para todos los fines de la vida humana.

Por tanto, ni ante el derecho racional, ni ante el positivo, ni ante la jurisprudencia de nuestro primer Tribunal, encargado de fijar soberana é inapelablemente la verdadera inteligencia de la ley, las simples coligaciones y huelgas de trabajadores en que no se produzcan violencias ó amenazas, no determinan materia de responsabilidad criminal. Pero bien entendido que, aun cuando el abuso se condiciona y califica por la violencia y la amenaza de parte de los trabajadores, también puede existir cuando los patronos ó empresarios acuden, á su vez, á medios que dan por resultado abaratar el precio del trabajo.

«Si, pues, en uso de la facultad que reconoce el art. 13 de la Constitución, y cumplida la Ley de Asociaciones de 1887—añade,—los trabajadores se asocian y coligan para mejorar las condiciones del trabajo con que atienden al diario sustento, la asociación es perfectamente lícita, y si se produce la huelga ó la abstención colectiva del trabajo, se ejerce un derecho que no puede ser cohibido ni sometido á juicio, mientras no surja la excepción que para el abuso, es decir, para la violencia y la amenaza establece el art. 556 del Código; antes bien, los funcionarios públicos que, sin concurrir el mencionado abuso, atentaren de cualquier modo contra el ejercicio de aquel derecho, quedarán incurso en la sanción que para tales atentados señalan los arts. 229, 230 y 231 del mencionado Cuerpo legal; mas tenganse muy en cuenta que lo dicho se refiere á las coligaciones y huelgas, cuya trascendencia sólo afecta á las relaciones privadas entre los asociados y los patronos, pues si por ellas hubiera de producirse la falta de luz ó de agua en una población, suspender la marcha de los ferrocarriles, privar de asistencia á los enfermos ó asilados de un establecimiento de Beneficencia, sin previo aviso á las autoridades, para que éstas puedan evitar tan graves perjuicios, en estos casos dichas autoridades tendrían el derecho de requerir á los huelguistas, á fin de que no desatendieran esos servicios, de orden público unos y de humanidad otros, y la oposición ó desobediencia á ese requerimiento constituiría un hecho criminal, y, por tanto, generador de delincuencia, debiendo asimismo los señores Fiscales no echar en olvido, llegada que sea la oportunidad, lo que dispone el Real decreto de 15 de Febrero de 1901 sobre servicio de ferrocarriles.»

CELEBRACION DE MATRIMONIOS ILEGALES

OTRA CIRCULAR

Con tanta frecuencia como escandalosa impunidad han venido, muchos Jueces municipales y Obras párrocos, cometiendo el delito que prevé y pena el art. 293 del Código de Justicia militar, que el escándalo repercutió en el palacio de las Cortes y que ha motivado la Circular de la Fiscalía del Tribunal Supremo, que dice así:

«Denunciado en el Congreso de los Diputados que en algunos Juzgados municipales se han autorizado matrimonios civiles en que figuraban como contrayentes individuos del Ejército á quienes estaba prohibido celebrarlos hasta después de cumplir el tiempo de servicio activo, y que por semejantes transgresiones no se han hecho efectivas responsabilidades ni siquiera se han incoado sumarios, estimo de mi deber llamar la atención del Ministerio público, para que tan pronto tengan conocimiento sus dignos funcionarios de hechos de la índole de los denunciados, ejerciten la acción fiscal y procedan por los trámites legales á su comprobación y castigo, pues V. S. coincidirá seguramente con esta Fiscalía en que tales hechos son constitutivos del delito comprendido en el artículo 493 del Código penal, y generadores, por tanto, de delincuencia.

Conoce V. S. perfectamente que constituye el fondo de la materia punible contenida en el artículo citado, la desobediencia á los preceptos legales que regulan la celebración de los matrimonios y la falta de cuidado en su observancia; y que las sanciones en él señaladas al Juez municipal que autoriza matrimonio prohibido, tiende á hacer eficaces las reglas establecidas; ór el legislador en la ley sustantiva, que es en la que tales preceptos tienen adecuado lugar; hallándose tan en absoluto subordinado el art. 493 del Código penal á las declaraciones de aquella en materia de tanta trascendencia, que para su aplicación en cada momento y en cada caso habrá necesariamente que acudir á sus disposiciones.

Sería inoportuno en la ocasión presente examinar todas las que de esta manera se ocupan. Semejante trabajo resultaría fatigoso, no siendo, además, necesario para el objeto de esta circular por todo extremo concreto, pues se contrae á las que dicen relación á los matrimonios de los reclutas en servicio activo. Respecto de éstos, la ley de Reclutamiento y Reemplazo del Ejército de 1885, reformada en 1896, es terminante. En su art. 12 dice:
«Los individuos que se hallen prestando servicio activo en los Cuerpos armados, los de la reserva activa, los mozos en Caja, mientras se hallen en