El Foro español (Madrid. 1898) (1903-10-20 00:00:00), página 2

eludido siempre su cumplimiento, suponiendo que se refiere á los pleitos de menor cuantía, sin tener en cuenta que esta clase de juicios no pueden ser confundidos nunca con aquellos pleitos, porque en ellos sólo se limita el beneficio á la rebaja del 50 por 100, y en los otros, ó sean los que la ley califica de juicios de menor cuantía, además de esa rebaja del 50 por 100 gozan de los otros beneficios consignados en el párrafo 4.º del artículo citado.

Triunfantes hasta ahora han sido los mantenedores del abuso, sin embargo de que ya la Sala segunda de la Audiencia territorial de esta corte, en pleito muy reciente sobre costas indebidas por mala interpretación del art. 347 de los Aranceles judiciales, ha vuelto por los fueros de la razón y de la Justicia, dándole su verdadera y genuina interpretación, sucediendo lo mismo con alguno que otro Juez de claro entendimiento y amante de la Justicia, como el de Madridejos, por ejemplo, y hasta con el Tribunal Supremo, porque éste, como no podía menos de suceder, ha revelado su criterio en igual sentido en providencia dictada á consecuencia de una impugnación de costas en tasación practicada en el mismo Tribunal, en autos sobre admisión de un recurso de casación; y si no existe sentencia alguna todavía que forme jurisprudencia, ha consistido en que pocos han sido los litigantes que, sin reparar en gastos, se hayan puesto en frente de componentes y de consideraciones de clase; y si alguno se ha atrevido, ha tropezado con el obstáculo con que se parapetan los que á todo trance tratan de impedir, con éxito hasta ahora, que el más alto Tribunal de la nación tome cartas en el asunto, porque temen, y con razón, que sometido á su fallo el litigio, siente de una vez la jurisprudencia que ponga término al abuso que les proporciona grandes beneficios y pingües utilidades, y ese obstáculo, tras del cual se parapetan con toda mala fe y á sabiendas de que no viene al caso, es el número 3.º del art. 1.694 de la ley de Enjuiciamiento civil, que no permite el recurso por infracción de ley en los juicios ejecutivos, porque suponen que el pleito suscitado con motivo de una impugnación de costas por indebidas, en tasación practicada en juicio ejecutivo, es un incidente de tales juicios, para sacar la consecuencia de que no procediendo en éstos el recurso de casación, tampoco se concede en los incidentes de dicho juicio, sin tener en cuenta lo absurdo del argumento, toda vez que nunca esos pleitos han podido ni pueden ser jamás considerados como incidentes de un ejecutivo, puesto que la ley Procesal, en su artículo 1.480, prohibe tan terminantemente los incidentes en esa clase de juicios, que sólo en ellos admite los de competencia y los de acumulación á un juicio universal. Luego es el colmo de la mala fe calificarlos de tales incidentes; porque si la ley no los admite, no pudo el Juez substanciarlos, y con ello se demuestra de modo claro y evidente que los tales pleitos sobre impugnación de costas, aunque dimanantes, claro está, del juicio en que se han causado, ya sea de mayor ó de menor cuantía ó ya ejecutivos, no es incidente, sino consecuencia, que es muy distinta cosa, y que nada de común ni de relación tiene con la cuestión objeto del litigio, naciendo independientes y desligados por completo del asunto principal, en los cuales, después de terminados por sentencia, no puede promoverse otro juicio sobre el mismo objeto.

La ley excluye del recurso de casación á los juicios ejecutivos, porque la sentencia que en ellos se dicta no es definitiva, toda vez que á los litigantes se les reserva el derecho de discutir en juicio ordinario lo que ha sido objeto de la disensión en la ejecución, ó las excepciones que tuvieran que oponer fuera de las señaladas en el art. 1.447. Y en los autos seguidos sobre impugnación de costas por no debidas en juicios, ya sean declarativos, ya ejecutivos, es definitiva la sentencia, porque ya no puede promoverse otro juicio sobre el mismo asunto; y no sólo por esto se adquiere el convencimiento de que esos efectos no pertenecen al número de los excluidos del recurso de casación, sino hasta por los mismos términos en que está redactado el número 3.º del art. 1.694, porque sí dice que no se dará el recurso en los juicios ejecutivos ni en los posesorios, ni en los demás en que, como en aquéllos, después de terminados, puede promoverse otro juicio sobre el mismo objeto, que es el motivo de la no admisión, claro es que lo da y lo concede en todos cuantos ya no pueda promoverse ese otro juicio, menos en los de menor cuantía y en los de desahucio, cuando la renta anual no exceda del límite que le señala.

Y si contra las sentencias dictadas en esos pleitos no cabe el recurso de casación, ¿qué aplicación tendría entonces el art. 1.699 de la ley Procesal, cuando reduce el depósito, en el caso de infracción de ley, á la sexta parte de las 1.000 pesetas, cuando la cuantía litigiosa sea inferior á 3.000? Porque los de menor cuantía no son, porque están permanentemente excluidos; los ejecutivos y los demás en que después de terminados pueda promoverse otro juicio sobre el mismo objeto, no son tampoco, porque también están expresamente excluidos. ¿Cuáles serán entonces esos pleitos, si no lo fueran ellos y los demás análogos?

Se impone, pues, una resolución que de una vez corrija este intolerable abuso, y ninguno más á propósito que el de una circular aclaratoria, que en uso de sus atribuciones de alta inspección, puede y debe dictar V. E., mientras que las sentencias del Tribunal Supremo vayan sentando jurisprudencia, si volviendo, como es de esperar, por los fue-