El Foro español (Madrid. 1898) (1902-04-10 00:00:00), página 5

Cesan, pues, las dudas en la materia, y tanto el Sr. Novoa como cualquiera otro, tendrá que inclinar la cabeza ante esa interpretación que, en sustancia, viene á corroborar lo que yo afirmaba: esto es, que el tutor, correspondiente á la organización tutelar que al menor ampara antes de la emancipación, es el que, por ministerio de la ley, está llamado á intervenir en esos actos, para los que la misma no considera completa la personalidad jurídica del indicado menor.

Entiende dicho superior Tribunal, que el matrimonio produce de derecho la emancipación del menor, con las limitaciones consignadas en el artículo 59 del Código, las que implican «la existencia» de una tutela para todos los actos á que dicho artículo se refiere, cuyo poder de protección lo ejerce el padre ó la madre del menor, y á falta de ambos, su tutor, que conserva al efecto su carácter y autoridad, aun después del matrimonio de aquél, como se infiere del texto de dicho artículo, en relación con el 815 y 278.

¿Ve, pues, el Sr. Novoa cómo si cesó la tutela en su ejercicio, por el matrimonio del menor, perderá siempre, hasta que éste llega á la mayoría de edad? ¿Ve cómo una de las razones que abonan esta interpretación, es que la ley, al hablar de las causas de la terminación de la tutela, en el artículo 278 del Código civil, no nombra la emancipación entre las que la extinguen?

No soy yo ya el que lo dice, es el primer Tribunal de la nación; y al tener la honra de haber pensado de la misma suerte que los conspicuos Magistrados que la constituyen, ha de permitirseme que perdure en mi opinión, por más respetables que me parezcan las de todos los otros que de dicho asunto se han ocupado.

Y concluyo: sin tener antecedente alguno de que determinada persona hubiera opinado de distinta manera que yo (sino puramente lo que hubo de escribirse en el primitivo artículo), donde se trató de la materia, que vió la luz en la «Enciclopedia Jurídica», y donde su autor hubo de limitarse á plantear el problema), ni que se hubiera publicado ningún libro que de la cuestión tratase: refiriéndome tan sólo á esa masa anónima que constantemente abomina y se queja de nuestro Código civil, al que supone hallar en flagrante delito de contradicción á cada paso, empleé la frase de que tales supuestos provenían del desconocimiento de sus preceptos. Tal pensé y tal sigo pensando, por más que ni entones ni ahora concreté el caso, pues me refiero tan sólo á los que, por puro puritano, se complacen en poner de relieve contradicciones del texto legal, que en realidad no existen. Mas lo aseguro por mi palabra honrada: ignoraba que se hubiesen hecho trabajos determinados por individuos que, aun opinando tan contrariamente á mí, que veo en el Código civil un verdadero monumento nacional, que ilustrará nuestra época, me merecen todo género de consideraciones, por la lucidez e importancia de sus escritos.

Pero que quede sentado: no es el tutor á que se refiere el artículo 317 del Código un defensor de que muy bien podrá la autoridad judicial proveer al menor emancipado que quiera contratar sobre sus bienes inmuebles, ó tomar dinero á préstamo, no; es el tutor que funcionó con el organismo de la tutela, según así lo ha declarado el Tribunal Supremo, lo que no sólo responde al carácter privado de la institución, sino á la letra de los preceptos de aquel cuerpo legal.

FRANCISCO PENICHEY Y LUGO,
Juez de primera instancia.
Arrecife, 22 de Marzo de 1902.

POR DECORO

Desde hace algún tiempo, raro es el día que no se formulan quejas amargas, y con graves acusaciones contra determinados funcionarios del orden Judicial; y el Parlamento unas veces y la prensa periódica otras, pregonan sin atenuación y con tintas recargadas, las debilidades, las negligencias, los desaciertos, las incorrecciones y aun los delitos de los encargados de administrar Justicia, y á quienes, como guardadores que son del orden social, debe exigirse con mayor rigor, fortaleza de ánimo, actividad, pericia y virtud.

Esas acusaciones continuadas revelan necesariamente uno de dos males graves, que á su vez ha de producir, ó, mejor dicho, ya está produciendo, un tercer mal gravísimo y que á toda costa urge contener. O los tribunales de Justicia están prostituidos, ó la malicia pública los ha elegido como materia de difamación, y en ambos casos, esa campaña ruda y demasiado generalizada, no produce, no puede producir, el solo y justo efecto de señalar á los Jueces indignos, sino el lamentable resultado de salpicar de todo á todo el organismo judicial, debilitando el respeto, la consideración y la confianza que es preciso inspire á todos los ciudadanos, si ha de cumplir los altos fines que le están encomendados.

No basta ya que, en vista de las denuncias, y para depurarlas, se instruyan expedientes; no basta siquiera que á las faltas comprobadas se apliquen los correctivos ordinarios, ni menos es justo que cualquier bastardo interés desatendido por los Jueces, ó cualquiera animosidad de temerario litigante, baste para poner en la picota de la vergüenza pública al Juez digno y honrado. Si á esto hemos de limitarnos, cada día será mayor nuestro des-