El Foro español (Madrid. 1898) (1903-01-30 00:00:00), página 2

al de quiebra) incapacita al concursado para la defensa de sus bienes y para cualquiera otra que por la ley le corresponda; pero no lo es menos que no se priva en absoluto al quebrado de derechos, y que deslindar en qué casos puede ejercitarlos, es precisamente el extremo cuestionable y que importa dejar esclarecido.

Sentemos como fundamental punto de partida, como verdad inconclusa y como apotegma jurídico, el hecho cierto de que el quebrado en el acto de ser declarado así por resolución judicial, queda de derecho separado e inhibido de la defensa de todos sus bienes presentes y futuros, mientras se halla en estado de quiebra.

Ahora bien: desde luego toca distinguir en la vida legal del quebrado dos momentos históricos, dos ocasiones que han de darse la norma de su capacidad y de su condición jurídica, á saber: una situación del comerciante quebrado en los autos mismos de la quiebra, y otra que se dibuja, muestra y define fuera de ellos, ó sea en actos, reclamaciones, diligencias extrañas á la quiebra. En los autos, y por lo que personal y directamente le afectan, tendrá toda la capacidad que la ley le reconoce; en los otros, ésta le coloca en una especie de interdicción civil que le impide personarse en juicio, á no ser representado por los que están investidos de esa excepcional facultad en su lugar y caso.

Así vemos, con la propia ley Procesal á la vista, muy principalmente en su tít. XIII, lib. II, que del orden de proceder en las quiebras trata en su artículo 1.390, que en caso de oposición á la declaración de quiebra, el quebro lo puede apelar del auto que en su contra se dictare; el 1.393 le autoriza por sí, ó por persona apoderada ó designada al efecto, á presenciar la apertura de su correspondencia intervenida y ocupada; en el 1.348 se le invita á asistir á Junta para ser oído; en el 1.347 se le otorga el derecho de oponerse al nombramiento de síndicos; por el 1.359 se le reconoce facultad para reclamar contra ciertos actos abusivos de la sindicatura, como el 1.364 y 1.365 para impugnar las cuentas y aun demandar perjuicios, y de igual modo le vemos intervenir personal y directa ó indirectamente, cual le acomode, en las diligencias y casos á que hacen referencia los artículos 1.380, 1.383, 1.385, 1.388, 1.390, 1.394, etc., etc., como comprobaríamos con igual detalle, si necesario fuese, situaciones análogas en el concurso; mas obsérvese, repetimos, que todo ello alude y se relaciona á los propios autos de quiebra ó concurso, donde el sujeto á procedimiento juega ó desempeña principalísimo papel. Pero, ¿y fuera de ellos?

En este caso, la cosa varía de todo en todo de aspecto. No olvidemos que sobre el quebrado pesa la interdicción anunciada absoluta dentro de su propio círculo; el quebrado, decíamos, queda de derecho separado e inhibido de la defensa de todos sus bienes presentes y futuros. ¿Qué quiere decir ésto? Que para todo lo que á administrar, todo lo que á la gestión y manejo de sus bienes e intereses afecte, no podrá comparecer en juicio, debiendo por sí hacerlo sus representantes legítimos ó los que deban suplir su incapacidad con arreglo á derecho, que en su caso lo sería el comisario ó depositario primero, la sindicatura después.

Esto, que es de todo punto inconcluso y claro, aparece confirmado por doctrina del Tribunal Supremo de Justicia de 3 de Octubre de 1901, inserta en la Gaceta del 7 de Febrero siguiente, en donde habiendo entablado un quebrado una reclamación por indemnización de daños y perjuicios, dicho Supremo Tribunal confirma su falta de personalidad, diciendo: «que aunque la incapacidad del quebrado para personarse en juicio no es absoluta, conforme el art. 2.º de la ley Procesal, en relación con el 878 del Código de Comercio, que la limita á los actos de administración y dominio, es evidente que alcanza á la demanda del pleito actual, porque teniendo éste por objeto el pago de lo que en sentir del recurrente se le debe por indemnización de daños y perjuicios, la acción entablada constituye propiamente acto de administración que compete ejercitar á la sindicatura, como representante legal del quebrado y sus acreedores, y, por lo tanto, al estimarse en la sentencia la falta de personalidad del recurrente, fundado en dichos preceptos, no infringe el mencionado art. 878 del Código mercantil».

Paréceces la cuestión claramente planteadas, cual nos proponíamos al principio, y sencillamente resulta con la sabia doctrina de nuestro Tribunal de casación. Mas quedamos por indicar otra duda que puede suscitarse, y es la limitación reconocida de la capacidad jurídica del quebrado fuera de los autos de quiebra, y que perdura y se mantiene hasta que no obtiene la debida rehabilitación, ó la declaración se deja sin efecto, ¿no tiene ni admite excepción? La hay realmente, y como es de importancia suma no debemos omitirla, si estas mal perfijadas líneas, á la hóte escritas, han de tener alguna utilidad.

Sabido es que no son acumulables á los juicios universales los ejecutivos, cuando por ellos se persiguen bienes especialmente hipotecados. Luego si tenemos y damos por supuesta la existencia de un juicio universal de quiebra y unos autos especiales sumarísimos de ejecución, contra el deudor declarado en quiebra, pero en los que se persiguen exclusivamente bienes por éste en un tiempo de especial modo hipotecados, ¿quién representará en ellos al deudor ejecutado? ¿Tendrá capacidad legal él para proseguirlos? ¿Han de venir el depositario