El Foro español (Madrid. 1898) (1901-11-30 00:00:00), página 11

de Cáceres, á la cual se han adherido 152 de estos, que suponen 466 individuos, sin contar con 832 alguaciles que, sujetos también á derechos arance- larios, se han mostrado conformes y firmado dicha pretensión.

Por último, concretándonos á la brevedad posi- ble, diremos que es muy sensible que después de quedar plenamente demostrada la conveniencia de la supresión de los Aranceles judiciales, haya quien los defienda, los cuales, por su propio decoro, deberían aborrecerlos; defensa que, por más que em- pleen ampulosas frases en su alabanza, son á todas luces sin ningún valor; olvidan, acaso, estos de- fensores las palabras subrayadas en este escrito, pronunciadas por el Excmo. Sr. Ministro de Gracia y Justicia? Pues si no las olvidan y persisten en defender los Aranceles, no hay que extrañar que se diga ó se piense de ellos, que no será más que para que sigan rigiendo en su beneficio particular y único, con perjuicio del público que los abomina y aborrece.

LUIS OCAÑA,
Alguacil.
Ciudad Real 19 de Noviembre de 1901.

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A esta carta acompaña una relación nominal de los alguaciles partidarios del sueldo, que asciende á 832, y que remitiremos al Sr. Ministro de Gracia y Justicia.

CLINICA JUDICIAL

JURAMENTO MILITAR

El estudio in clinice de la carrera de Jurispru- dencia es tan conveniente á los facultativos del distintivo rojo, como á los togados con muceta amarilla la práctica del hospital ó de la mesa de disección. También en derecho hay casos clínicos y no pocos patológicos. Propóngome presentar varios á los lectores de El Foro Español.

Y, como en la casa de salud y en la sala de ope- raciones se estudian los casos, sin orden, según se ofrecen, así yo, humilde practicante jurídico de la clínica judicial española, comienzo la publicación de mis observaciones por el caso más reciente de los que conozco, ocurrido ha pocos días en uno de los tribunales ordinarios de la corte.

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Un distinguido oficial de la Guardia civil, que había intervenido por razón de su cargo en cierto proceso, compareció, vistiendo el uniforme de su Instituto, y en calidad de testigo, en el juicio oral.

—¡Juráis por Dios decir verdad en todo lo que supiriérais!—hubo de preguntarle el Presidente.
—Juro por mi honor—contestó el testigo.
Y como el Presidente exigiera al oficial que prestase el juramento por Dios, y el testigo invo- case su derecho á prestarlo por su honor, se llegó, según parece, á apercibir de procesamiento (!) al oficial.

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Ahora bien; nos enseñaron en la Facultad las complicadas reglas de las leyes de Partida para juramentar á los testigos, según que se tratase del católico secular, del sacerdote, del caballero del hábito de Santiago, del militar, etc., y hemos aprendido después que, según el art. 452 del Có- digo de Justicia militar, «los oficiales de todas las armas é Institutos del Ejército, cualquiera que sea el fuero del Tribunal ante el que comparezcan, prestarán juramento por su HONOR».
¿Cabe duda de que el oficial y no el Presidente tenía razón? Pues basta saber que es posterior en ocho años al de Enjuiciamiento criminal ordinario el Código militar, y que existe en éste un art. 750 derogatorio de cuantas disposiciones anteriores se opusieran á las de dicho Código, para adquirir el convencimiento de que la plancha no ha sido del aludido oficial.

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¿Que esa excepción ó privilegio es un anacro- nismo?
¿Que desde el momento que Diputados y Sena- dores pueden no jurar, y prometer sólo el cumpli- miento de su cargo, el privilegio del art. 452 del Código militar no puede ya simbolizar la conside- ración y prestigio que en otras épocas se le supuso para los oficiales de mar y tierra?
¿Que, como decía el ilustre marqués de Rubalcav- va, Presidente de la Comisión Codificadora de 1865, aquel privilegio no tiene razón de subsistencia en nuestros días, cuando la ley común no reconoce privilegios para declarar, y cuando el juramento de los testigos, por alta que sea la jerarquía mil- itar, se exige en la ley inglesa y en los Códigos de la Armada y del Ejército de Francia, á tal punto, que su omisión produce nulidad?
¿Que las mismas ordenanzas del Ejército limita- ban á las causas puramente militares la exención del juramento?

Esas y otras razones que se me ocurren, serán muy abonadas en derecho constituyente; pero de prevalecer contra ley en los Tribunales, supondrían un estado morboso en el organismo judicial, al que conviene no dejar de aplicar la siguiente pres- cripción:
«A los Tribunales y Juzgados pertenece exclusi-