El Foro español (Madrid. 1898) (1901-05-10 00:00:00), página 6

autorizada, que por su importancia pueden reducirse á los siguientes: la administración de justicia es lenta, es cara y no ofrece las necesarias garantías á la defensa de los derechos que está llamada á amparar.

No cabe hacer cargo personal á los Jueces, porque en todos predomina el deseo del acierto y tienen perfecto conocimiento de su deber, penetrándose de la importancia de la misión que desempeñan. La responsabilidad es toda entera de la organización y del procedimiento.

La lentitud y el sinnúmero de actuaciones que existen, no puede evitarlas el Juez, que ha de obedecer la ley que previamente las establece; él no puede rechazar incidentes que aquélla admite; no puede limitar el término probatorio; no puede poner coto al excesivo número de escritos; ni puede, en fin, enfrentar la malicia y la mala fe. Si estuviese la ley en armonía con las circunstancias y el espíritu que informa esta época, entonces podría la institución cumplir debidamente con su misión; pero no se ha hecho así; para ello se impone forzosamente, como remedio al mal que lamentamos, la organización verdad de los Tribunales de Justicia y una radical modificación que simplifique el procedimiento en nuestras leyes de enjuiciar.

LEODEGARIO UNCETA,
Juez de primera instancia.
Villacarrilido 11 de Abril de 1901.

BOLETÍN DE LA SEMANA

LEGISLACION

INSTRUCCIÓN PÚBLICA.—Real decreto de 12 de Abril de 1901, introduciendo algunas reformas en la enseñanza oficial. (Gaceta del 14.)

GRACIA Y JUSTICIA.—Real orden de 25 de Abril de 1901, declarando caducadas las licencias, términos posesorios y sus prórrogas otorgadas á los funcionarios de las carreras judicial y fiscal. (Gaceta del 26.)

—Real decreto de 29 de Abril de 1901 (Gaceta de 1 de Mayo), relativo á la provisión de plazas de Jueces y Fiscales municipales.—Parte dispositiva:

«Artículo 1.º Las propuestas y nombramientos de los Jueces y Fiscales municipales en el próximo bienio se sujetarán á lo prevenido en el art. 1.º del Real decreto de 10 Abril de 1899, debiendo los interesados solicitar aquellos cargos de los respectivos Juzgados y Fiscalías antes del 10 de Mayo próximo, sin perjuicio de cumplir los demás requisitos exigidos en el art. 2.º del citado decreto.

Art. 2.º Los funcionarios excedentes de Ultramar que pretendan Juzgados y Fiscalías municipales, justificarán su situación acompañando indispensablemente el traslado o testimonio de la Real orden expedida por este Ministerio que acredite hallarse en aptitud para ingresar en la carrera judicial-fiscal de la Península.

Art. 3.º Los Juzgados y Fiscalías municipales servidos por funcionarios excedentes de Ultramar que vacaren durante el bienio, se proveerán, en primer término, en aspirantes de la judicatura, Abogados, en la forma que previene la ley orgánica del Poder judicial y la circular de 23 de Abril de 1895, y, en su defecto, en los excedentes á que este decreto se refiere.

Art. 4.º Se declara subsistente el Real decreto de 10 de Abril de 1899 en todo lo que no se oponga á las disposiciones del presente.»

—Real decreto de 29 de Abril de 1901 (Gaceta de 3 de Mayo), estableciendo dos Registros de la propiedad en la circunscripción territorial que ahora forma el de Sevilla.

GOBERNACIÓN.—Real orden de 25 de Abril de 1901. (Gaceta del 28), disponiendo:

«1.º Que los Ayuntamientos no pueden mostrarse parte en las causas criminales que en defensa de sus intereses se promuevan; debiendo, cuando adquieran el convencimiento de que se ha cometido un delito público que afecte á los intereses que representan, denunciarlo ante el Tribunal competente para que el Ministerio fiscal promueva la acción de la justicia; y

2.º Que si se mostraran parte en causa criminal, promovieran ó instaran su curso, nombrando al efecto Abogado y Procurador, deben pagar de su particular peculio todos los gastos que se originen los Alcaldes y Concejales que lo hagan.»

PARA EL SR. PRESIDENTE DE LA AUDIENCIA

SOBRE LOS FISCALES SUSTITUTOS

De algunos de estos funcionarios se han dicho cosas graves en El Correo Español; concretamente se han señalado las incompatibilidades que tienen con arreglo á la ley Orgánica, y con respecto á uno de ellos, se ha invocado nada menos que el Código de la conciencia.

Siendo V. E. Fiscal de esta Audiencia, con algo mucho menos concreto que lo que ahora se ha dicho, hubo bastante para mover su celo y hacer un escarmiento. Nosotros aún no dudamos de que ahora se hará lo mismo, y así conviene que sea, pues la tardanza en estos asuntos perjudica altos prestigios, dando lugar á rumores tan infundados como los de decirse que por todos los sistemas imaginables se quiere echar tierra al asunto, y que al efecto, hasta han mediado promesas de puestos, á cambio ó con la esperanza del silencio de algún diario de gran circulación.

Verdad es que también se dice que la denuncia no obedece al amor estricto y desinteresado de la