El Foro español (Madrid. 1898) (1899-11-10 00:00:00), página 9

para sentencia,» porque el juicio verbal no es un pleito ordinario, propiamente dicho, ni preceptúa semejante citación; pues si los pleitos tienen establecidos en la ley diferentes términos que señalan perfectamente los periodos y dan lugar á que se diga «cualquier estado,» el juicio verbal no tiene más que un sólo acto ó período que no dá entrada á la frase «cualquier,» y todo lo que no se utilice en ese acto relativamente á la acumulación para arrancar la competencia ó conocimiento del negocio, no puede invocarse después no debiendo olvidar que la acumulación, supone en el Juez que la decreta la facultad de conocer de los pleitos acumulados, y aquí resultaría lo contrario, no pudiendo ser por eso de más absoluta aplicación el art. 163 que el 186 y 187, por lo que desnaturalizaría el asunto: además, la acumulación no tiende á destruir nada de lo actuado y aquí se destruiría todo, dejando de conocer el Juez municipal, y no pudiendo conocer el de primera instancia en el estado de las actuaciones.

Otra razón apoya la tesis sustentada, y es la de que, así como tratándose del juicio de menor cuantía, si no se utiliza con oportunidad el art. 686, no puede hacersele variar después de clase; así el juicio verbal tampoco ha de cambiar de naturaleza por artificios de acumulación que sólo puedan tender á la incompetencia, cuando ésta no se utilizó á tiempo.

Ciento que por abusos cometidos entre prestamistas y prestatarios, sumisos éstos á la dura ley de la necesidad, al cabo de largo tiempo cometíendolos produjeron ciertas resoluciones superiores que hicieron camino en la materia; pero una cosa es el abuso que puede dar lugar á no pararse en medios para cortarle por aquello de que «el fin justifica los medios,» y otra el uso legal que es justo amparar.

Sobre que en los casos aludidos no era ni es el mal no acumular los juicios al celebrarlos, sino que se acumularan y sigan acumulando al ejecutarlos, á ciencia y paciencia no ya de los demandados, obedientes, vuelve á repetirse, á la imperiosa ley de la necesidad, sino de las dependencias oficiales á que se encomendaba y encomienda esa ejecución, obligadas á conocer la ley y sumisas también á desobedecerlas, lo que quiere decir que no se ha evitado el mal que con aquellas resoluciones se propusieran los que las dictasen y en cambio se ha creado una dificultad á la recta interpretación y buen sentido de la ley.

EL CÁNCER JUDICIAL

VIII

Lejos de discutir y de poner en duda la importancia de las funciones que dentro de nuestros organismos judiciales se hallan confiadas al Ministerio fiscal, formamos en las filas de los que más enaltecen y de mayor transcendencia consideran los servicios prestados por los muy dignos y muy ilustrados individuos que al Ministerio público pertenecen, lamentando sin cesar aquella funesta medida que, fundándola en razones de carácter exclusivamente económico, llevó á cabo la supresión de los llamados Promotores fiscales, cuya intervención en las diligencias de carácter, así civil como criminal, tramitadas en los Juzgados de primera instancia á instrucción, no ha tenido después, ni tiene hoy, nada que haya venido á suplirla, ni á llenar el inmenso vacío sentido en la administración de justicia, desde que desaparecieron tales funcionarios.

Partiendo, pues, de una confesión como la que acabamos de dejar consignada en las precedentes líneas, cumpliremos la oferta hecha en nuestro anterior trabajo, hablando con to la ingeniosidad acerca de lo que sentimos y creamos conveniente respecto á los Abogados fiscales sustitutos, Abogados fiscales y Fiscales municipales.

Independientemente de la algarada en días pasados producida, y felizmente calmada ya, por determinados rumores de que se hicieron eco diferentes periódicos, políticos y profesionales, rumores cuya solidez y fundamento no han aparecido por ninguna parte, dicho sea en honra y para satisfacción de los ilustradísimos compañeros que han pertenecido y pertenecen á esa dignísima clase de funcionarios judiciales, por todo extremo laboriosos y activos, hace muchísimo tiempo ya que ve- nimos considerando como una reforma conveniente y necesaria que se declare incompatible el cargo de Fiscal sustituto con el ejercicio de la Abogacía en asuntos criminales que deban sustanciarse por la Audiencia provincial en la que prestan sus servicios. Aparte la razón que nace y brota de aquel célebre aforismo histórico de que «no basta que la mujer de César sea hermana, sino que es necesario que lo parezca,» verdaderamente causa el efecto y no encaja en la conciencia moral el hecho de que unas mismas personas ocupen alternativamente, ora los bancos de la acusación, ora los de la defensa, porque parece como que puede pasar el compañerismo en el ánimo del acusador, predisponiéndole en favor del procesado ó procesados defendidos por amigo carinoso, mucho más, si antes este cariñoso amigo desde la mesa destinada al Fiscal ha favorecido al reo ó reos cuya defensa hubiera estado á cargo del que llamado está á sostener la acusación en el juicio en que actúan como contrarios dos Abogados fiscales sustitutos, debiéndose la defensa, no al turno de oficio, sino al libre nombramiento del procesado que lo haya hecho, quizá por la inspiración de que las simpatías que unen á su letrado con su acusador mejoren su situación respecto del último en el acto del juicio. Si no parece bien, cuando no hay sombra de miras interesadas, como sucede en la generalidad de los casos, puesto que la inmensa mayoría de los procesados carecen de holgada posición económica que les permita remunerar debidamente los trabajos de un buen escrito de conclusiones, de una prueba con habilidad pro- puesta, con acierto dirigida al practicarse y un informe brillante, razón por la que pocos criminalistas consiguen rendimientos considerables de su penosa labor, claro está que no ha de salir tampoco muy bien parada en la opinión del vulgo, de los que habitualmente acuden á las vistas á las Salas de lo Criminal, de los que no pueden ni saben apreciar la delicadeza y la dignidad de los Letrados, comprendiéndolos en las censuras, por lo común inmerecidas e infundadas, con qué se trata de zaherir á la curia y á los curiades, la probidad profesional