El Foro español (Madrid. 1898) (1900-05-10 00:00:00), página 10

dictó providencia acordando que el escrito se uniera al rollo de su razón, teniendo por hechas para su día las manifestaciones expuestas y ordenando se pusiera diligencia por la Secretaría del estado en que se hallaban las diligencias con referencia á la marginación de honorarios de los funcionarios sujetos á Arancel. Del resultado de esta diligencia se deduce una de estas dos cosas: ó que dos Actuarios que han intervenido en la causa y los Alguaciles no habían puesto tampoco sus derechos al pie de las firmas y lo hicieron al ver el camino que el asunto llevaba, supuesto que nosotros queremos negar en absoluto, ó que el Procurador del querellante continuó sin fijarse bien, porque de lo contrario no hubiera dicho que ninguno de los funcionarios que intervinieron en el proceso habían llenado aquel requisito; por cierto que aparece que él lo había cumplido, y suponemos que lo iría cumpliendo en el transcurso de la causa y no cuando la tuvo en su poder para instruirse de la tasación.

El resultado de todo esto fué que en 20 de Marzo último los Sres. Magistrados D. Federico Montoya, D. Bernardo Longre y D. Francisco Martínez, dictaron auto en virtud del cual las cuentas de los Letrados Sres. Peñuela y Arredondo, que ascendían á 3.000 pesetas cada una, las dejaron reducidas á 300 nada más y las de los Procuradores en masa quedaron excluidas, de donde resulta que un pequeño olvido por parte de unos laboriosos funcionarios, y en nuestro concepto, y dicho sea con todos los respetos debidos, unos cuantos errores en que creemos incurrió la Sala, dejaron reducida una tasación de costas de unas 12.000 pesetas, á unos pocos miles de reales que no sabemos si habrán llegado á cuatro. Y ahora digamos ustedes si El Imparcial ó su propietario ha tenido ó no suerte, y si el olvido de unos infelices y el error en que, en nuestro humildísimo concepto, incurrieron tan dignos Magistrados, no le equivale á uno de los premios mayores de la lotería Nacional.

Nada decimos del bajonazo dado á los honorarios de los Letrados, entre otras razones por la poderosa de que su compañero Sr. Valencia sólo percibió 800 pesetas, y sólo nos lamentamos de que no se haya oído al Colegio de Abogados, para que dicataminase sobre el particular.

Vamos, pues, á examinar el fundamento legal de la exclusión de los derechos de los Procuradores, único objeto de este artículo, no por lo que particularmente pueda haber perjudicado á los en este caso interesados, sino porque á la defensa de los Procuradores todos de España convienen que se aclare el problema aquí debatido.

Véanse los considerandos que al caso se refieren:

«Considerando respecto á los demás funcionarios comprendidos en la tasación que, según lo dispuesto en el artículo 183 de los vigentes aranceles judiciales para lo criminal, disposiciones similares posteriores y práctica constante de los Tribunales, todos los funcionarios que cobran sus derechos conforme al arancel, tienen la obligación, de incluible cumplimiento, de hacer constar al pie de la firma con que autoricen la diligencia ó actuación judicial en que los devenguen, sin cuyo requisito ó solemnidad no son exigibles ni abonables; que, en su virtud sólo deben ser comprendidos en la tasación de costas aquellas que, según queda dicho, han cumplido en los autos el deber y llenado los requisitos mencionados.»

Contra este auto los Procuradores interpusieron recurso de súplica, al que se contestó por providencia del 27 de Marzo con un no há lugar; nuevo escrito de súplica y nueva providencia con nuevo no há lugar, y ahí tienen ustedes dos Letrados y dos Procuradores con menos suerte que el flamante Ministro de Obras Públicas, á los que la de éste ha reventado, pues los Abogados se pierden 2.700 pesetas cada uno y los Procuradores más de 500 por cabeza.

Ahora bien, veamos las razones que, en nuestro concepto, abogan á los Procuradores, y que todos los de España, haciendo causa común, debían sostener para evitarle perjuicios como los que hoy sufren sus compañeros de Ciudad Real.

En los Aranceles que rigen para lo criminal, y, sin duda, por lo exiguo de las cantidades asignadas á los funcionarios, y especialmente á los Procuradores, no creyó el legislador oportuno establecer ninguna disposición de carácter penal, y por eso vemos que en el referido art. 183, si bien dice que se harán constar los derechos al pie de las firmas, no establece sanción alguna, al contrario de lo que ocurre en el art. 358 del Arancel para los asuntos civiles, que por lo mismo que es para éstos, no debe aplicarse á los criminales que tienen los suyos, y cuya diferencia se explica por la mayor importancia de los derechos en lo civil y por otras razones que más adelante expondremos. Además el párrafo final del art. 242 de la ley Procesal, que es posterior á aquellos aranceles, al decir cómo ha de hacerse la tasación, de que hablan los números 1.º y 2.º del 241, prescinde del artículo 183 de éstos, y en vez de decir respecto á los funcionarios sujetos á arancel que sus derechos se regularán por los guarismos que figuren al pie de las firmas, como seguramente diría si se concediese á ese artículo la extensión que le dió la Sala, dice que se regularán en vista de las minutas y justificantes, y aquí unas y otros se presentaron hasta por parte de los Procuradores, señalando el número del arancel y fecha con respecto á cada diligencia. Además, ni en dicho art. 242 ni en otro alguno de la ley Procesal, se impone el deber de anotar al pie de las firmas los derechos ni se señala tampoco la penalidad impuesta por la Audiencia á los Procuradores citados, quienes, aunque no tuvieran otras razones en su favor, siempre podrían os-