El Foro español (Madrid. 1898) (1901-08-10 00:00:00), página 3

funcionarios, en las condiciones más ordinarias y constantes de la vida.

Formíse ese presupuesto con la necesaria escrupulosidad en las oficinas correspondientes, consultando para ello datos reales, efectivos y ciertos, y el resultado de esta información indicará, con elocuencia abrumadora, la cuantía del sueldo mínimo que debe señalarse á un Juez y sus aumentos graduales; y esos datos también, al ser comparados con la mezquina retribución que hoy disfrutamos, obligará á todos á reconocer y admirar las virtudes y sacrificios de la Judicatura española, que tal vez por ser la rama más robusta y sana de la Administración del Estado, parece que todos ponen empeño en lanzarla en el camino de la desesperación, que derechamente conduce al olvido de los más sagrados deberes y al desprecio de los más amados prestigios.

Tales son las reformas esenciales de organización judicial, que con otras complementarias, pero también importantísimas—de que me ocuparé en artículos sucesivos—considero absolutamente precisas y urgentes, para dignificar la Magistratura y mantener su prestigio á la altura de su misión trascendental.

¡Quiiera Dios que ellas y otras más acertadas se traduzcan pronto, muy pronto, en leyes, único medio de poner coto á muchos males presentes, y prevenir otros muchos que amenazan!

VIRGEN,
Juez de primera instancia.

NULIDAD(1)

(ARTÍCULO 4º DEL CÓDIGO CIVIL)

(Conclusión.)

 Nótese, por vía de ejemplo, que la escritura pública, requisito esencial en las donaciones, censos, sociedades, etc., no pasa de accidental en los casos del art. 1.280 del Código civil; y que la retribución, elemento necesario en el arriendo de servicios (artículo 1.544), se reduce á mero accidente en el mandato (art. 1.711), depósito (art. 1.760), etc., desnaturaliza el comodato (art. 1.741) y pugna con la idea de sociedad (art. 1.665). Hay, pues, aquí mucho de circunstancial.

Los requisitos esenciales subdividense en necesarios á la existencia ó á la validez del contrato. Entre los primeros figuran, según la opinión generalmente admitida (1), consentimiento, objeto, causa y forma (pro solennitate); y entre los segundos, la capacidad legal y el consentimiento válido.

No hay contrato sin consentimiento, porque uno y otro son el concurso de dos voluntades (Savigny), ni sin objeto, porque constituye su materia y fin (Domat), ni sin causa, porque entraña el motivo jurídico de su celebración y justifica la legitimidad del efecto producido (Bonfante), ni sin forma debida, porque cuando se exige en razón de solemnidad, se identifica de tal suerte con el consentimiento, que se reputa no haber éste existido, como no se exprese en los términos previstos en la ley (Laurent). En semejantes casos, el contrato no existe, ni de apariencia ni de nombre, cual indica D'Argentré.

Importa no confundir la total falta de consentimiento con el vicioso: en una hipótesis no media el concurso de voluntades, ni nace convenio alguno; mas si en la segunda, aunque el consentir resulte viciado por error, dolo, violencia ó miedo, y el contrato anulable, en consecuencia. Algo parecido sucede con la incapacidad: la natural, proveniente de no tener el sujeto uso de razón por su poca edad ó perturbación mental, arguye ausencia de voluntad, pues no se concibe ésta sin entendimiento (voluntas intellectum consequitur); en cambio, la civil, que decreta la ley para la mujer casada (2) por respeto al poder marital y á la unidad de la familia, para el menor emancipado por su inexperiencia, para el prodigo por salvar sus intereses, para el interdicto por virtud de la pena, lejos de revelar que no pueden consentir, se reduce á limitar el consentimiento, poniéndole trabas con la intervención del marido, padre ó tutor. También aquí se manifiesta el contrato, siquiera facilite su invalidación el defecto de capacidad. Luego no se refieren á la existencia, sino á la validez de las convenciones.

En rigor, semejantes vicios, sin acusar ausencia

(1) La recogió Demante y reproduce Laurent en su ob. cit., tomo XV, pág. 510. La repite Gianturco en su Sistema de Derecho Civil, vol. I, pág. 162; y Alonso Martínez, que siguió la obra de este autor, la dió cabida en nuestro Código, artículos 1.261 y 1.300.

(2) D. Augusto Comas, en su notable obra La revisión del Código civil, sostiene que éste no caracteriza con precisión las diversas situaciones de los cónyuges, y puedan ser: unas en que no exista autoridad marital, como en el divorcio (arts. 73, 1º y 101) e interdicción (66 de id. y 48 del Cód. pen.); otras en que exista, pero no pue la ejercerse por enfermedad ó ausencia (220, 185, 1.411), ó de poder ejercerse está limitada ya, en general, como si el marido fuese prólogo, profugo, rebelde ó ausente; impuesta, para la aduanaización (66, 215, 1.413, 1.441), ya que la autoridad de este (art. 1.385) se ve restringida multiforme variedad: la gestión de la mujer casada, pues puede obrar con potest del marido (61) ó con su licencia (69, 61, 1.887), ó con autorización judicial (183, 225, 1.412, 41) ó por sí sola (63, 183), y recaer sus gestiones sobre sus bienes (59, 188, 1.884) ó sobre los suyos y los de la sociedad conjugal (225, 1.436), juntamente con los del marido (183, 1.441), ya disfrutando ella sola los productos (50, 1.488) ó en común con su esposo (1.818, 1.818 y 1.401).

(1) Véase el número anterior.