El Foro español (Madrid. 1898) (1901-07-30 00:00:00), página 4

cretamente se deduce de la conformidad ó contradicción entre ellas, la condición de validez ó nulidad. No obstante la gran afinidad que hay entre estos conceptos, se distinguen: la eficacia surge como consecuencia lógica de la validez, y ambas coinciden siempre en la obligación; por el contrario, hay obligaciones ineficaces que no son nulas; y, gr., las condicionales, cuando la condición no se cumple; y, en una palabra, todas las que, aun sin oponerse á ninguno de los preceptos del derecho, no suele corroborarlas, como el compromiso de asistir á un banquete, ó de viajar por Europa, etc. Más claro: al establecer la ley con el carácter de necesarios ciertos requisitos, no puede menos de dar valor (validez) á los actos en que intervienen, y denegársele quitándoles todo efecto (nulidad) cuando en su formación no concurren (1).

La conocida distinción romana de lex perfecta, minus perfecta et imperfecta, según que declarase nulo el acto realizado contra ella, ó válido; pero imponiendo á los contraventores ya una pena, ya el simple castigo de daños indirectos; si no desapareció en absoluto (arts. 50 y 77 del Código civil), perdió mucha importancia, siendo hoy igual en la mayoría de los casos la sanción en cuanto á la pena principal, y únicamente diversas en cada uno las accesorias de costas, perjuicios, restitución de los objetos entregados, pues se infiigen con mayor ó menor rigor en vista de las circunstancias concurrentes (arts. 1.304 á 1.307 de id.)

Hay, por tanto, que recurrir á la virtualidad de la ley, desenraizada con gran precisión por Modestino: legis virtus ha est, imperare, vetare, permitte re, punire; de donde se ha sacado la división de las disposiciones legales en preceptivas, prohibitivas, permisivas y punitivas. Los autores prescin- den de las dos últimas, porque dentro de lo facultativo no se concibe la trasgresión, y lo punible se extiende á castigar la violación de lo preceptuado ó prohibido.

Todos los actos realizados contra la prohibición de la ley se reputan ilícitos y sin valor, como equiparados á la nada; pues al vedarlos, reprobálos, y no puede, sin contradecirse, reconocerlos ni concederles efecto (Laurent); mas los celebrados en forma distinta de la prevendida, son nulos ó inédidos, según que se omita un requisito esencial para la existencia ó validez de los mismos (2).

(1) Los actos conformes á ley para producir el efecto que les asigna, debe el legislador protegerlos y asegurar la ejecución forzosa de las obligaciones correspondientes, pres- tando el apoyo del poder público. Luego los contrarios á ella merecen ser anulados, á fin de rendir tributo y restablecer su imperio, pues el no invalidarlos equivaldría á mantenerlos, aprobarlos y apoyarlos. (Laurent, id., pags. 78, 74 y 96.)

(2) Las condiciones que la ley exige, son la justificación intrínseca de toda mutación jurídica, y si la voluntad se ejerce dentro de los límites legales, tiende á conseguir el mismo objeto reconocido y determinado por la ley; pero si los traspasa, el efecto jurídico es contrario al fu propuesto. (Bonfant, Instituciones del Derecho romano, pags. 56 y 57.)—Lhering observa que el de echo limita la voluntad al subordinarla á los medios preestablecidos, haciendo depender de una forma de expresión determinada la realización del objeto perseguido, por modo tal, que en caso de omisión, la voluntad queda sin efecto (pág. de realidad). (Ob. cit., tomo III, pág. 182.)

Juntamente con la prohibición expresa, hay otra que debe inferirse en vista de la ratio et occasio legis, mediante una interpretación extensiva de la letra ó analogía del pensamiento (según que el legislador haya ó no observado el caso y pretendido comprenderlo dentro del precepto), consultando los términos taxativos ó ejemplificativos de la disposición, para utilizar con acierto los argumentos á minori ad maius, á sensu contrario, y los principios ubi cadem legis ratio cadem est juris dispositio, cessante ratione legis cesat ipsa lex, inclusio unius exclusio alterius, positio unius non est exclusio alterius (1).

Consistiendo la libertad civil en poder efectuar lo que no veda la ley, se entiende permitido todo lo que no prohíbe (Portalís); pero si el legislador respeta ordinariamente la libertad de los individuos, cuando por razones de orden público establece alguna prohibición, debe mantenerla, sin tolerar jamás que el interés privado se sobreponga al social, ni consentir la infracción; pues le valiera más no dictar disposiciones prohibitorias que favorecer la violación permitiéndola. (Laurent); en cuyo sentido, prohibir es anular los actos contra- rios á la ley, por ministerio de la misma, aunque no contenga cláusula especial de nulidad (Merlín), hasta el punto de privarles de existencia al reprobarlos de continuo, dejándolos reducidos á simples hechos sin trascendencia al orden jurídico (Dunod), que no ligan con ninguna clase de vínculo, ni producen derechos ó obligaciones (Monrécault), ni engendran acción ni excepción, ni cabe autorizarlos ni confirmarlos (Jaubert), excluyendo bien á las claras la forma prohibitiva (ne pent) toda potencia- lidad de hecho y derecho, por la necesidad de amoldarse á la ley é imposibilidad de hacer lo que re- prueba (Dumoulin); lo efectuado no tiene valor, es la nada, si contra fit nihil est quod fit (D'Argenteur). Pareceres tan unánimes y decisivos deben apoyarse en alguna razón evidente; y, en efecto, Laurent la expone, respondiendo la prohibición á un interés general, que expresa, en cuya virtud el legislador interdice determinados actos; forzosamente ha de anularlos si se realizan, para no compro- meter la existencia de la sociedad, pues los indivi- duos no repararían en sacrificar la utilidad de todos á sus conveniencias particulares (2).

(1) Laurent advierte que el legislador usa indistintamente la forma imperativa y prohibitiva; pero la primera es en el fondo prohibitoria. (Idem, pág. 100.) Más clara y precisa nos parece la doctrina del texto.

(2) Idem, pags. 85 y 102.