El Foro español (Madrid. 1898) (1901-08-20 00:00:00), página 3

confianza? No, y mil veces no. Mientras la justicia se administre como ahora, solamente los locos ó los prófugos ó los obligados por fuerza irresistible acudirán á los Tribunales en defensa de sus derechos; y esos desgraciados quedarán mientras pleitan entregados, sin limitación, á las exigencias de la curia, y si á ellas se resisten, sufrirán mayores perjuicios aún y labrarán su propia ruina.

¡Triste confesión, que resulta más amarga, y más cierta, hecha como está, por un Juez, que á la vez ha sido ó es litigante!

Y no se pretenda atenuar este gravísimo mal de nuestra justicia, obligando á los litigantes á satisfacer los derechos arancelarios de los auxiliares, en papel de pagos al Estado, pues con ello subsistirá la causa principal, que da margen al abuso, y subsistirán también los temores y las desconfianzas. Los males arraigados jamás se curan sino con radicales remedios, y el remedio radical aquí, es la absoluta y total y definitiva supresión de los Aranceles judiciales, en todos los Tribunales, de todos los funcionarios y para todos los negocios.

Pocas palabras hemos de emplear para demostrar que los Jueces y los Letrados y los Procuradores, muy poco pueden hacer, y nada hacen para evitar esos errores de los Aranceles ó los otros errores ó abusos en que, al aplicarlos, puedan incurrir los auxiliares.

Respecto á los Jueces, bastante harán con dictar, por sí mismos, los autos, sentencias y providencias de importancia y con recibir las declaraciones de gravedad. Además, ¿qué se diría del Juez que eficazmente, sin reclamación de parte legítima, fiscalizara la minuta de un Escritano, que tal vez durante cuatro ó cinco meses no hubiera tenido otro negocio de pago, y durante ese mismo tiempo hubiera tramitado treinta ó cuarenta sumarios de oficio?

Esta es otra gravísima dificultad que el sistema actual ocasiona, pues mientras algunos funcionarios disfrutan, como hemos visto, rendimientos exorbitantes y escandalosos, otros, que trabajan infinitamente más que aquéllos, y contraen muy superiores responsabilidades, arrostran una vida tan misera, y sufren privaciones tan insoportables é imposibles, que no ya honradez, sino santidad es precisa, para que se contengan en los límites y procedan con la corrección que la dignidad de su cargo y el prestigio de los Tribunales exige.

Tampoco pueden protestar, y de hecho no protestan los Letrados y Procuradores, de los errores ó abusos que los auxiliares judiciales cometan al aplicar los Aranceles; pues se lo impiden, no sólo consideraciones de compañerismo, y á veces de consideración justificadas, sino también el convencimiento en que se hallan de los graves perjuicios y dificultades que en el ejercicio de sus cargos puede oponerles, dado el sistema actual, un Escritano enemigo.

Esta es la realidad de las cosas; y así, en toda su crudeza, debe exponerse en trabajos como el presente, pues no es racional esperar aciertos en ninguna clase de reformas, si previamente no se averigüan y señalan los males y daños que con ellos han de evitarse.

VIEGON,
Juez de primera instancia.

TUTELA DE LOS MENORES CASADOS

Con este interesante epígrafe y la firma del ilustrado escritor D. Francisco Penichet y Lugo, apareció en el núm. 28 de esta Revista un bien escrito artículo, refiriéndose á otro que no conocemos, publicado en la Enciclopedia Jurídica. Sostiene el autor en dicho trabajo lo siguiente, en síntesis:

1.º Que el inciso de un tutor del art. 317 del Código civil, supone la necesidad legal de que la tutela que tuviere el menor antes de su emancipación, continúa, si bien paralizada como se paraliza la patria potestad en sus efectos, cuando un menor de edad contrae matrimonio.

2.º Que de la misma suerte que cuando el menor emancipado necesita de la intervención de su padre ó madre, si viven, cuando quiere gravar ó vender sus bienes inmuebles ó tomar dinero á préstamo, resurgiendo entonces la autoridad paterna de la misma suerte y obedeciendo á igual principio, re-surge la tutela cuando se trate de un menor que carece de padres y se haya hallado sometido á ella.

3.º Que la ley es perfectamente lógica y armónica en sus instituciones, y ni la patria potestad ni la tutela se extinguen en absoluto por el casamiento del menor; cesan en su ejercicio, pero perduran siempre, y tan es lógica como que al hablar de las causas de la extinción de la tutela en el artículo 278, no nombre la emancipación entre las que la extinguen.

4.º Que en tal concepto, y puesto que la ley no habla de tutores especiales de los emancipados, y no existiendo más formas de tutela que la testamentaria, la legítima y la dativa, racionalmente es de suponer que cuando los nombra, cualquiera que sea el momento en que lo verifique, ha de referirse al tutor que amparó al menor con su protección, al que designó el padre, la madre ó testador que dejó al menor manda de importancia, al que la ley llama al ejercicio del cargo por los vínculos de la sangre, al que el consejo designó por falta de unos y otros.

Después de sentar esas afirmaciones el ilustrado articulista, dice lo siguiente: Las supuestas antinomias que algunos pretenden encontrar en el ci-