El Foro español (Madrid. 1898) (1900-05-10 00:00:00), página 12

que haya dado la casualidad que se empiece á seguir el procedimiento contrario, cuando viene á redundar en beneficio de un poderoso.

El asunto creemos que es interesante para los Procuradores en general, y que estos deben ver la manera de que de una vez para siempre se desvanezcan errores involuntarios, como en los que han incurrido los señores Magistrados de la Audiencia de Ciudad Real, y que tanto pueden perjudicarles.

Ellos verán, pues, si les conviene que la teoría se propague; por lo que á los interesados respecta, tenemos entendido que agotarán hasta los últimos recursos, más que por ellos, que nada ya podrán sacar, por sus compañeros, por más de que temen, como es muy natural en este país, que todos sus derechos queden convertidos en el humildísimo del pataleo.

RESOLUCIÓN
dada por el Fiscal del Tribunal Supremo á las consultas que, en virtud de su circular de 30 de Mayo último, le han dirigido los Gres. Fiscales de las Audiencias, sobre interpretación y aplicación de diversos artículos del Código penal, y otras leyes repressivas especiales de la de Enjuiciamiento criminal y del Jurado.

Art. 96 (Badajoz).

84.—¿Cuándo empezará á contarse la duración de la pena de inhabilitación especial temporal del derecho de sufragio, y cuándo la de la pena de suspensión del mismo derecho, impuestas en virtud de lo prevenido en el art. 97 de la ley Electoral de 26 de Junio de 1890?

Nada dice sobre el particular consultado ni el referido artículo de la ley Electoral ni otro alguno de la misma. Igual silencio guarda el art. 51 del Código penal (que señala cuándo empieza á contarse la duración de las penas), en lo que á las de inhabilitación y suspensión atañe. No están comprendidas en el primer párrafo, pues que éste se refiere sólo al caso en que el reo estuviere preso, y por ser dichas penas inferiores á la de prisión mayor, según la escala general del art. 26, en poquísimo delitos, por no decir en ninguno de los castigos con aquellas penas, procederá la prisión provisional del acusado. Tampoco se hallan comprendidas en los párrafos segundo y tercero, toda vez que éstos se refieren tan sólo á las penas privativas ó limitativas de la libertad.

Opina, sin embargo, este Centro, que en virtud de aquel principio axiomático de interpretación legal, ubi cedem est ratio cadem debe esse dispositio juris, la duración de la pena de inhabilitación temporal del derecho de sufragio, así como la de suspensión del mismo derecho, deberá contarse desde el día en que el reo empieza á cumplir realmente la condena lo cual sucederá desde el en que la sentencia que prime, debiendo cuidar los señores Fiscales de pedir al Tribunal, si éste no lo hubiere acordado, que se publique la sentencia en el Boletín Oficial de la provincia en que el hecho penal se hubiere cometido, y de que se remita un ejemplar de este periódico á la Junta central del censo, con arreglo á lo dispuesto en el art. 105 de la ley de 26 de Junio de 1890.

Falsedad electoral (Almería).

85.—Inocuada causa por falsedad en unas actas electorales, ¿puede llevarse á cabo su ocupación desde luego y antes de que surtan sus efectos en la Junta de escrutinio correspondiente, impidiendo que en ella sean computadas y tenidas en cuenta; ó deberá esperarse á que la Junta termine sus funciones para ser entregadas al Juez que instruya tal sumario?

Si se tiene en cuenta que, según lo prevenido en el último párrafo del art. 66 de la ley Electoral de 26 de Junio de 1890, no le es dado á la Junta de escrutinio anular ninguna acta ni voto; que sus atribuciones están limitadas á verificar, sin discusión alguna, el recuento de los votos emitidos, ateniéndose estrictamente á los que resulten computa los por las Mesas electorales se, y á las actas de las respectivas votaciones, se comprenderá fácilmente que aun cuando se haya denunciado al Juzgado, antes de verificarse el escrutinio, la falsedad de alguna ó algunas de dichas actas, no es posible llevar á cabo la inmediata ocupación de las mismas e impedir que surtan sus efectos, ya que á la Junta le precisa tenerlas á la vista para el recuento de votos, y que por ningún motivo ni pretexto le es licito, ante el absoluto e incondicional precepto de la ley, anular, como se ha dicho, acta ni voto alguno. Entiende, por lo mismo, este Centro, que hasta tanto que termine la Junta su cometido no cabe reclamar ni entregar las actas cuya falsedad se haya denunciado.

IV.—Ley de explosivos de 10 de Julio de 1894.

Art. 11 (Oviedo).

86.—El art. 14 de la ley dispone que, confirmado por la Audiencia el acto de conclusión del sumario, se comunicará la causa al Fiscal para que en el término de tres días pida el sobreseimiento ó califique en su caso.

Si el sumario es deficiente y es precisa la práctica de alguna diligencia para el esclarecimiento del hecho ó culpabilidad del procesado, ó no hubiere declaración de culpabilidad contra determinada persona, podrá acordarse á instancia de dicho Ministerio la revocación del auto.

La disposición final de la ley de explosivos de 10 de Julio de 1894 manda aplicar las establecidas en el Código penal y en las leyes de Enjuiciamiento y del Jurado, pero tan sólo en lo que no se hallen expresamente modificadas por la presente ley.

Pues bien, del cotejo de ésta con la de Enjuiciamiento criminal, observase que los artículos 626 y 627 de la última han sido notoriamente modificados por la primera, la cual, en su art. 41, sin el pase previo al ponente por el resto del término del emplazamiento, ni comunicación de los autos al Ministerio fiscal ni al querellante particular para que expresen su conformidad con el auto de terminación del sumario ó pidan la práctica de nuevas diligencias, manda que, llegados los autos á la Audiencia, esta, en el término del tercer día, confirme el auto de terminación del sumario ó acuerde, si lo estima indispensable, practicar las diligencias que, solicitadas por las partes acusadoras, hayan sido denegadas por el Juez. Estas son las únicas diligencias que pueden practicarse después de terminado el sumario, y sólo puede acordarlas el Tribunal de oficio, cuando estime que son indispensables para el esclarecimiento del hecho y de la responsabilidad de los culpables. Una vez, pues, confirmado por el Tribunal el auto de conclusión del sumario, y comunicados los autos al Fiscal, sólo cabe que éste solicite el sobreseimiento, la inhibición ó la apertura del juicio, conforme así terminantemente se preceptúa en el párrafo tercero del expresado artículo.