El Foro español (Madrid. 1898) (1900-04-30 00:00:00), página 11

curso, así como tampoco los que se refieren á la inscripción): 1.º, porque la sentencia que el solicitante invoca no ordena la cancelación; y 2.º, porque además la cancelación supone la extinción de un derecho sin transmisión del mismo á tercera persona.

El Administrador Delegado de la Sociedad interpuso recurso contra la nota, contrayéndolo á los dos expresados motivos, solicitando se decrete la cancelación luego de subsanados sus defectos, exponiendo que si bien la sentencia no ordena de una manera taxativa la cancelación, la dispone virtualmente, que procede la cancelación con arreglo al artículo 79 de la ley Hipotecaria; y que no es exacto que la cancelación suponga la extinción de un derecho sin transmisión del mismo á tercera persona.

Oído el Registrador, sustuvo su calificación, apoyándola en lo que disponen los artículos 20, 77, 78, 79 y 80 de la ley Hipotecaria y 66, 67, 68, 69 y 70 de su Reglamento.

El Juez Delegado desestimó la pretensión del recurrente, y el Presidente de la Audiencia, en virtud de apelación, confirmó la resolución apelada; pero entendiéndose denegada la cancelación pretendida, por no haber sido solicitada ante el Juez y en la forma procedente».

De esta resolución apeló el recurrente ante la Dirección de los Registros, y este Centro directivo pidió copia literal de la inscripción cuya cancelación se solicita, que se unió al expediente; y vistos los artículos 2.º, 3.º, 79, 80 y 82 de la ley Hipotecaria y la sentencia del Supremo de 20 de Marzo de 1897, dictó la siguiente:

Resolución.—Considerando que en la sentencia firme presentada por la referida Sociedad para solicitar la cancelación de la inscripción extendida á favor de dicha Diputación, de los terrenos que le fueron concedidos en dicha ensenada, no se declaró la nulidad de esta inscripción, ni se decretó su cancelación, á pesar de que una y otra pretensión fueron objeto de debate en el pleito, y así lo reconoció el Tribunal Supremo al resolver el recurso de casación interpuesto contra dicha sentencia, con las siguientes palabras consignadas en el 4.º de los considerandos de su sentencia: que la referida Sociedad no funda su acción en la nulidad de la inscripción en el Registro de la Propiedad efectuada en favor de la Diputación de los terrenos de la Herrera, sino en que el dominio de la Diputación se había extinguido con anterioridad aun á la inscripción;

Considerando que, si bien no procede la cancelación de la referida inscripción mientras no se llenen los requisitos esenciales que exigen los artículos 79, 81 y 82 de la ley Hipotecaria, la verdad es que en la sentencia dictada por la Audiencia de Pamplona se declaró que á la Sociedad general del puerto de Pasajes correspondía el dominio de los terrenos ganados al mar como consecuencia de las obras construidas y que se construyeran en dicho puerto en los términos y condiciones en que el Decreto de 8 de Febrero de 1870 y Ley de 12 de Mayo del mismo año le concedieron á la Diputación provincial de Guipúzcoa, y ésta cedió á la citada Sociedad general del puerto de Pasajes, sin que dicha Diputación provincial conservara ni pudiera ostentar sobre los mismos ningún derecho, como consecuencia de los que en su día puede tener sobre los terrenos que fueron de la Herrera, compuestos hoy en los ganados al mar, y esta última declaración modifica sustancialmente el contenido de la inscripción practicada á favor de la Diputación, bajo cuyo supuesto no puede desconocerse que el expresado documento judicial es inscribible, con arreglo á lo dispuesto en el num. 2.º del art. 2.º de la ley Hipotecaria, siempre que la parte interesada solicite del Registrador la práctica del asiento correspondiente;

La Dirección general ha acordado que no procede, en virtud del relacionado testimonio de la sentencia dictada por la Audiencia de Pamplona, cancelar la inscripción primera de la finca num. 217 del término municipal de la villa de Pasajes, titulada «terrenos situados en la bahía llamada de la Herrera», extendida á favor de la Diputación provincial de Guipúzcoa, sin perjuicio de que los interesados soliciten, si así les conviene, que, con arreglo á lo dispuesto en el número 2.º del art. 2.º de la ley Hipotecaria, se inscriba dicho documento en cuanto declare que la Diputación provincial de Guipúzcoa, no conserva ni puede ostentar derecho alguno sobre dicha finca.

JURISPRUDENCIA

CIVIL

Recurso de casación de 8 de Octubre de 1898.—(Gaceta del 24.) Reclamación de herencia.—Se declara no haber lugar al interpuesto por doña Francisca Prieto contra sentencia de la Audiencia de la Coruña, y se resuelve:
Que son en absoluto inadmisibles los recursos que no se fundan en hechos aceptados como ciertos en la sentencia.

** Recurso de casación de 8 de Octubre de 1898.—(Gaceta del 24.) Rendición de cuentas.—Se declara no haber lugar al interpuesto por quebrantamiento de forma por D. Bernardo Portuondo contra sentencia de la Audiencia de esta corte, y se resuelve:
Que para otorgar el recibimiento á prueba en la segunda instancia de los juicios, en los casos que señala el art. 862 de la ley de Enjuiciamiento civil en sus números 2.º y 4.º, es necesario que la causa de no haberse practicado toda ó parte de la propuesta en la primera instancia no sea imputable al que la solicite, y en el caso de alegar un hecho hasta entonces ignorado, es preciso, para admitir su justificación, que sea de notoria influencia para la resolución del pleito.

** Recurso de casación de 8 de Octubre de 1898.—(Gaceta del 24.) Entrega de cantidad e intereses.—Se declara no haber lugar al que interpuso por infracción de ley D. Teodoro Eugenio Castelot contra sentencia de la Audiencia de esta corte, y se resuelve:
Que no se han infringido los arts. 949 y 950 del Código de Comercio, como se alega, porque en el pleito ni se ha tratado de discutir la gestión del demandado como codirector de una Agencia, ni cuestión alguna que afecte al contrato, sino de un acto singular realizado por aquél, cual fué el de la retención indebida, en su poder de cierta suma, y