El Foro español (Madrid. 1898) (1900-09-30 00:00:00), página 11

RESOLUCIÓN
dada por el Fiscal del Tribunal Supremo á las consultas que, en virtud de su circular de 30 de Mayo último, le han dirigido los Sres. Fiscales de las Audiencias, sobre interpretación y aplicación de diversos artículos del Código penal, y otras leyes represivas especiales de la de Enjuiciamiento criminal y del Jurado.

Arts. 217 y 218, ley de Enj. crim. (Vitoria y Albacete.)

101.—¿Son apelables los autos denegatorios de procesamiento?

En la primera parte de esta Exposición encontrarán los Sres. Fiscales la contestación á esta importante consulta.

Arts. 222 y 647, ley de Enj. crim. (Alicante.)

102.—Antes de ejercitar el recurso de apelación contra los autos de los Jueces, ¿tendrá necesidad el Ministerio fiscal de ejercitar el de reforma?

El precepto del art. 222 de la ley de Enjuiciamiento criminal es absoluto y terminante: el recurso de apelación no podrá interponerse sino después de haberse ejecutado el de reforma. Y se comprende que así sea para todas las partes, para el querellante particular, para el acusado y para el Ministerio fiscal. ¡A que apelar al superior, con las molestias, gastos y dilaciones que toda alzada produce, si el mismo inferior puede reconocer por sí mismo el error en que haya tal vez incurrido, emendar el verro reponiendo ó reformando la providencia ó auto en que se haya cometido, haciendo así innecesaria la apelación? Pero entiende esta Fiscalía que el término de tres días que fija el art. 214 de la ley para interponer el recurso de reforma no deberá empezar á contarse para el Fiscal que no esté en el mismo lugar del Juez instructor hasta el día siguiente al en que reciba el testimonio de la providencia ó auto, por analogía á lo dispuesto en el art. 647 con respecto al recurso de apelación, toda vez que en uno y otro caso es la misma la razón de la ley.

Art. 280, ley de Enj. crim. (Murcia.)

103.—En la vista de los recursos de apelación ante las Audiencias, ¿debe informar primero el defensor del recurrente, como disponen los arts. 885 y 898 de la ley de Enjuiciamiento criminal, respecto de los recursos de casación, ó ha de hacerlo antes el Fiscal, como parece indicar el art. 250 de la misma ley?

Lo que disponen los arts. 885 y 898 acerca del orden en que han de hacer uso de la palabra del Fiscal y las demás partes no puede ser aplicable á la vista del recurso de apelación, porque en el de casación el interés del recurrente es el que predomina, hasta el punto de que el art. 907 le autoriza para desistir, mientras que el Fiscal no tiene más interés que el de la ley y su intervención está subordinada, en cierto modo, á la voluntad del que interpuso el recurso, á que puede el recurrente poner término por el desistimiento; mas, durante la tramitación de la causa, el Fiscal es el que lleva la acción pública y su carácter de acusador lo tiene en cuenta el legislador para concederle prioridad al emitir dictámenes en trámites de ley y al formular conclusiones por escrito y sostenidas de palabra.

Acaso responda á este criterio la disposición del art. 250, pero, sea lo que quiera, la interpretación más ajustada al texto legal es la de que se conceda la palabra por el orden en que menciona á las partes dicho artículo, ó sea la de que hable primero el Fiscal, sea ó no apelante, ya que otra cosa no tendría fundamento alguno en que apoyarse. Sin embargo, la práctica de los Tribunales no es uniforme.

Art. 240, ley de Enj. crim. (Madrid.)

104.—El querellante particular por delito que sólo cabe perseguir á instancia de parte, que desiste de su acción, sin que conste que haya obrado con temeridad ó mala fe, ¿deberá ser condenado en las costas, o procederá que éstas se declaren de oficio? La práctica no es igual en cada una de las Secciones de esta Audiencia, pues mientras unos declaran las costas de oficio, fundándose en que, según lo que dispone el último párrafo de este artículo, únicamente cabe esa condena cuando está demostrada la mala fe y la temeridad, otras condenan al que desiste, apoyándose en que la ley no ha previsto el caso del desistimiento, para el cual nada establecen materia de costas; y no habiendo llegado la sazón de poder juzgar acerca de si hubo ó no temeridad ó mala fe, debe satisfacer las costas causadas el que promovió un procedimiento que, sin su instancia, no hubiera existido.

La contestación la da el mismo art. 240, en su último párrafo. Según él, serán condenados el querellante particular ó actor civil al gago de las costas cuando resulte de las actuaciones que han obrado con temeridad ó mala fe. De manera, pues, que se ha de estar al resultado que ofrecazcan las actuaciones para decidir acerca de este particular. Al acusador privado, lo mismo que al actor civil, sólo se les puede imponer aquéllos concurriendo una de dos circunstancias: temeridad ó mala fe; luego, cuando éstas no existen, la condena de costas será improcedente.

Esta regla general es aplicable al caso de que un querellante particular, por delito de los que sólo á instancia de parte pueden perseguirse, desista de su acción, en uso de la facultad que le concede el segundo párrafo del art. 274 de la ley de Enjuiciamiento, porque este precepto le declara sujeto únicamente á las responsabilidades que le resultaren por sus actos anteriores, sin imponerle ninguna especial: de donde se deduce que, en cuanto á las costas, se ha de estar á lo que dispone el citado art. 240, y procederá imponérselas en el solo caso de que de lo actuado hasta el desistimiento aparezca que obró con temeridad ó mala fe; sin que quepa decir que no ha llegado la sazón de juzgar acerca del particular, porque la sazón es aquella en que el Tribunal resuelve definitivamente poniendo término á la causa en cualquiera de las formas previstas por el legislador.

Arts. 243 y 244, ley de Enj. crim. (Vitoria.)

105.—Podrá el Ministerio fiscal solicitar la regulación de los honorarios excesivos, aun cuando no los impugne el obligado al pago, siempre que por no ser suficientes los bienes embargados para cubrir las responsabilidades pecuniarias pueda quedar sin hacerse efectiva la multa?

Hechas la tasación y regulación de costas, dice el art. 245 de la ley de Enjuiciamiento criminal, se dará vista al Ministerio fiscal y á la parte condenada al pago, para que manifiesten lo que tengan por conveniente en el término de tres días, y añade el 244, que si se tachare de ilegítima ó excesiva alguna partida de honorarios (sin expresar por quién concretamente, lo cual supone que esta impugnación lo mismo puede hacerla el Ministerio fiscal que la parte condenada al pago), el Juez ó Tribunal, antes de resolver, podrá pedir