El Foro español (Madrid. 1898) (1900-09-10 00:00:00), página 10

resolver, á los efectos de la represión únicamente, las cuestiones civiles y administrativas prejudiciales cuando éstas se hallen tan íntimamente enlazadas al hecho punible que sea racionalmente imposible su separación.

Aun concurrendo esta última circunstancia, carece el Tribunal de lo criminal de competencia para resolver las cuestiones prejudiciales relativas á la validez de un matrimonio ó á la supresión de estado civil, las cuales deberán ser sometidas en todo caso al conocimiento y resolución del Tribunal eclesiástico o civil competente.

Pero es claro que, la decisión de la cuestión prejudicial, cualquiera que sea su clase, por dicho Tribunal competente, una vez que sea ejecutoria, no puede menos de servir de base á la del Tribunal de lo criminal, como premisa incontrovertible (non bus in idem) de la resolución in iure. De no ser así, quedaría completamente hollado el tutelar principio de res judicata pro veritate habetur, que tanto obliga á los Tribunales como á los particulares. Esto sentado, es indudable que si la cuestión prejudicial se ha resuelto favorablemente al procesado, deducido de forzosamente de esta decisión la inexistencia del delito ó la extinción de toda responsabilidad, procederá decretar el sobreseimiento libre con arreglo al art. 637 de la ley de Enjuiciamiento criminal, si no se hubiese mandado abrir aún el juicio oral; dictándose en otro caso por el Tribunal la sentencia absolutoria que corresponda, ya que, según el mecanismo de la ley procesal vigente, el sobreseimiento sólo es posible antes de la apertura del juicio.

Art. 4.º, ley de Enj. crim. (Tarragona).

89.—Según se resolvió por Reales órdenes de 1.º de Marzo de 1893 y 12 de Febrero de 1896, expedidas por el Ministerio de la Gobernación y fundadas en lo que preceptúa el art. 191 de la ley Municipal, cuando se suspende gubernativamente á un Ayuntamiento por extralimitaciones y abusos en la gestión municipal, aunque los hechos puedan revestir caracteres de delito, los Gobernadores no están facultados para remitir á los Tribunales los expedientes en que haya recaído la suspensión de Concejales, pues solo el Gobierno puede verificarlo, previa la tramitación oportuna y oído el Consejo de Estado. Si el Gobernador, sin la resolución del Gobierno, pasa el expediente á los Tribunales, deben estos abstenerse de incoar causa, ó acordar nulo lo actuado después de incoada, suspendiendo todo procedimiento, hasta que el Gobierno, oído el Consejo de Estado, resuelva?

El art. 191 de la ley Municipal dispone que si el Gobierno entiende que la suspensión de los Regidores no es procedente, revocará por sí y dentro de quince días el acuerdo del Gobernador; en caso contrario, pasará el expediente al Consejo de Estado, oído el cual, y en un plazo que no exceda de cuarenta días, dictará la resolución definitiva. Si hubiere lugar á la destitución, el Gobierno mandará pasar los antecedentes al Juzgado ó Tribunal competente.

En el caso, pues, á que se refiere el anterior artículo, el expediente no puede pasarse á los Tribunales ordinarios hasta que el Gobierno lo disponga; y, si se hace, procederá que se devuelva al Gobernador, en justo acatamiento de la ley, por cuanto falta un trámite que llenar y una cuestión previa que resolver de orden administrativo. No otra cosa dicen las Reales órdenes de 1.º de Marzo de 1893 y 12 de Febrero de 1896, que se citan, recaídas á consulta del Consejo de Estado, cuya jurisprudencia anterior y posterior está conforme, como no podía menos, con lo que el texto legal establece.

Pero hay que tener en cuenta que se trata sólo del expediente de destitución. De lo que ese expediente contenga los Tribunales no deben conocer hasta que se cumpla el requisito de la ley; lo cual no impide que conozcan desde luego de cualquier delito que los Regidores hayan cometido, aparezca ó no del expediente, cuando es objeto de denuncia ó de querella que oblique á proceder á la formación de causa, siempre que á su vez con respecto á ese delito no haya alguna otra cuestión previa que exija decisión administrativa.

Arts. 18 y 641, ley de Enj. crim. (Lugo).

90.—Instruida causa por dos delitos conexos, se sobresee provisionalmente con arreglo al núm. 2.º del art. 641 de la ley de Enjuiciamiento criminal en cuanto al delito de mayor pena, y resultando que el otro se cometió en lugar de distinta circunscripción, procederá que la Audiencia que venía conociendo de ambos delitos se inhiba en favor de aquella á cuya circunscripción corresponde el lugar del delito de pena menor?

El art. 18 de la ley de Enjuiciamiento criminal atribuye la competencia para conocer en primer término de las causas por delitos conexos á los Jueces y Tribunales del territorio en que se haya cometido el delito mayor. Y por más que con respecto á este se haya adictado en oportuno estado auto de sobreseimiento provisional por no existir motivos suficientes para acusar á determinada ó determinadas personas como autores, cómplices ó encubridores del delito que resulte cometido, no es posible dividir la continuidad de un proceso no definitivamente terminado, y por lo tanto, deberá seguir conociendo del delito de pena menor la propia Audiencia que conoció inicialmente de uno y otro.

Art. 62, ley de Enj. crim. (Madrid).

91.—Dispone este artículo que la recusación sólo detendrá el curso de la causa cuando el incidente no se hubiera decidido al ser citadas las partes para la vista de alguna cuestión ó incidente, ó para la celebración del juicio oral. Eso supuesto, procederá la suspensión cuando se cite á las partes para la vista á que se refiere el art. 652, ó sea para solicitar el sobreseimiento ó la apertura del juicio. ¿Puede hacerse con propiedad que el objeto de esa vista sea resolver cuestión ó incidente procesal? ¿Está conforme la suspensión en ese trámite con la mente de la ley? ¿Lo está con su espíritu? La práctica en esta Audiencia es acordar la suspensión. ¿Sería conveniente, para evitar los abusos lamentables, entre ellos, las dilaciones indefinidas á que se presta la recusación, establecer que cada parte solamente pudiera hacer uso de ese derecho una vez en el sumario y otra cuando el proceso se halle en la Audiencia, salvo el caso de que el motivo sobreviniera con posterioridad, debiendo alegarse entonces ante el superior jerárquico, quien, previos los informes necesarios, decidiera de plano y sin ulterior recurso, aumentando el tipo de la multa?

Si con arreglo al art. 62 de la ley de Enjuiciamiento criminal el curso de la causa se detiene cuando la recusación no hubiese sido decidida al ser citadas las partes para la vista de alguna cuestión ó incidente ó para la celebración del juicio oral, parece fuera de duda que la suspensión del procedimiento se impone cuando, pendiente la recusación, llega el momento de citarse para la vista á que se refiere el art. 652, por cuanto es una cuestión, y de la mayor trascendencia, la relativa á si se ha de sobreseer la causa ó si se ha de abrir el juicio oral; y como esa cuestión afecta sustancialmente al procedimiento, es, propiamente hablando, de orden procesal.

La suspensión en ese trámite está además conforme con la letra y con el espíritu del texto legal citado: con la letra, por la razón que se acaba de apuntar; y con el espíritu, por-