El Foro español (Madrid. 1898) (1900-10-20 00:00:00), página 5

dad en el pensamiento, nace un legítimo deseo de averiguación, que se apunta con una serie de preguntas, y se resuelve después á emplear los recursos oportunos y útiles para salir de dudas.

Todo lo que se ofrece con carácter anómalo, sentado que lo normal obedece á los buenos principios y leyes que informan el pensamiento, requiere explicación, no así de una manera superficial y borrosa, sino en el fondo y esencia de las cosas traducida en forma que imponga una información sin vacilación alguna, sea afirmativa ó negativa, que de ambas maneras se alcanza la posesión de la verdad subjetiva, que recibe el nombre de certeza, y sobre cuyas bases se sientan las resoluciones justas de los Tribunales. Con tan sencillas operaciones se abre al espíritu mayor campo de observación, y se agrandan los motivos de percepción de los hechos sometidos á la comprobación de los Tribunales, dando por resultado, con escasas excepciones, el descubrimiento de los delitos y de los delincuentes.

Por si no he sabido expresar mi pensamiento con la precisión y claridad debidas, y expuesto á repetir frases y conceptos, diré que la mejor garantía para interrogar con éxito á los testigos la tiene el Juez en el conocimiento de leyes lógicas, que son innumerables, y que al aplicarlas en la vida judicial, producirán el resultado de no perder inútilmente el tiempo y se penetrará en el sentido de las palabras y en la razón de la actitud de los testigos, por el uso constante de principios extendidos en el pensamiento educado conforme al buen sentido, como fundamento de los actos y omisiones de los hombres y manera de ser de las cosas todas que invitan á la reflexión. Y con estas previas armas, fácil será notar, al aplicarlas al resultado que ofrece la declaración del testigo, cuándo lo conocido obedece á principios fijos ó cuándo existe motivo para dudar de que hayan sido cumplidas. De aquí lo que me permite llamar susceptibilidad lógica, que significará un espontáneo asentimiento ó inmediata oposición á cuanto ocurra alrededor del Juez según que sus impresiones y juicios primeros, determinen una opinión favorable ó adversa al reconocimiento de aquellos inmutables principios.

Así como es un principio general de derecho que, cesando la razón de la ley, cesan sus disposiciones, de la misma manera cuando los hechos que invitan al Juez á juzgar no están suficientemente fundados en los principios á que obedece por lo común las cosas y los actos, como el juicio se encuentra con hechos reales y de efectividad plástica, que no puede negar porque la materia los impone á los sentidos, el buen criterio lógico y legal exige una satisfactoria explicación de los motivos á que debe su vida el hecho; y para acudir á esta necesidad el pensamiento, que está abierto á la indagación de la verdad, procurará la ejecución de una serie de actuaciones, que oportunamente decretadas y con tino dirigidas, contendrán argumentos en qué basar un acertado criterio.

MIGUEL SÁIZ GÓMEZ,
Juez de primera instancia.

BOLETÍN DE LA SEMANA

LEGISLACION

INSTRUCCIÓN PÚBLICA.—Real decreto de 27 de Septiembre de 1900, creando una Comisión codificadora de Instrucción pública, encargada de sistematizar, aclarar y armonizar las disposiciones legales vigentes y de proponer las complementarias. (Gaceta del 29.)

—Real orden de 28 de Septiembre de 1900, dictando reglas para dar cumplimiento á lo dispuesto en el Real decreto de 4 de Agosto último, reorganizando los estudios de la Facultad de Ciencias. (Gaceta del 29.)

GRACIA Y JUSTICIA.—Real decreto de 15 de Octubre de 1900, dictando reglas para el pago de indemnizaciones á peritos y testigos. (Gaceta del 16.)

Parte dispositiva:

«Artículo 1.º Los testigos y peritos que comparezcan á declarar ó informar ante las Audiencias provinciales, podrán reclamar ante las mismas la indemnización á que tienen derecho con arreglo al art. 722 de la ley de Enjuiciamiento criminal. La cuantía de dicha indemnización la fijará el Tribunal, teniendo en consideración los gastos del viaje que haya tenido necesidad de hacer el testigo ó perito reclamante, y el importe de los jornales que haya podido perder por su comparecencia.

Art. 2.º Será de cuenta del Estado el abono de las indemnizaciones correspondientes á los testigos y peritos presentados por el Ministerio fiscal, y el de las reclamadas por los que presenten las defensas de los procesados declarados pobres ó insolventes, salvo lo dispuesto en los siguientes artículos de este decreto, y sin perjuicio del derecho á la indemnización, que se hará efectiva al hacerse el pago de las costas en los casos á que se refiere el art. 140 de la ley de Enjuiciamiento criminal.

Art. 3.º Solo tendrán derecho á la indemnización á que se refiere el artículo anterior, por lo que hace á los testigos de las defensas, aquellos que hubiesen ya prestado declaración en el sumario. El Tribunal, sin embargo, haciendo uso de la facultad discrecional que le concede el art. 121 de la ley de Enjuiciamiento criminal, podrá otorgar dicho derecho á aquellos testigos que, sin haber intervenido en el sumario, sean presentados en el juicio oral, cuando en concepto de la Sala sus declaraciones resulten notoriamente útiles para esclarecer la verdad de los hechos que se discuten.

Art. 4.º En ningún caso tendrá el Estado obligación de abonar indemnizaciones á los peritos y testigos que comparezcan en causas en que no sea parte el Ministerio público, por tratarse de delitos no perseguibles de oficio.