El Foro español (Madrid. 1898) (1900-10-30 00:00:00), página 10

RESOLUCIONES
de la Dirección general de los Registros civil y de la Propiedad y del Notariado.

Resolución de 31 de Marzo de 1900.—(Gaceta del 22 de Abril)—Resolviendo el recurso gubernativo interpuesto por el Notario D. Agustín Rodríguez, contra la negativa del Registrador de la propiedad de Villanueva de la Serena á inscribir una escritura de constitución de hipoteca.

ANTECEDENTES.—Los cónyuges D. Pedro Murillo y doña Micaela Mera, otorgaron en 2 de Octubre del 98 una escritura, en la que, después de manifestar esta última que su padre D. Julián le había entregado por donación gratuita «de una manera confidencial y privada, sin que llegara á acreditarse en documento alguno», 625 pesetas en efectivo, y que teniendo esta cantidad, así como el importe de una finca de su propiedad que había vendido, el carácter de parafernal, que hacen un total de 4.000 pesetas, entregaba á su marido esta suma en administración, constituyendo éste en garantía de su devolución, hipoteca especial sobre determinada finca.

Presentada en el Registro, fué suspendida su inscripción en cuanto á las 625 pesetas «procedentes de la donación gratuita en efectivo que, según se expresa en el mismo documento, hizo á Micaela Mera su padre Julián Mera, por no haberse justificado dicho extremo, y repútese, mientras esto no tenga efecto ganancial dicha cantidad, según el artículo 1.407 del Código civil.

Interpuesto recurso por el Notario autorizante y oído el Registrador, el Juez Delegado confirmó la nota de suspensión, fundándose en las Resoluciones de 50 de Junio de 1888, 2 de Diciembre de 1889, 8 de Noviembre de 1882 y 28 de Enero de 1885.

De la del Juez Delegado, apeló el recurrente para ante el Presidente de la Audiencia, que confirmó aquélla y la Dirección general, vistos los arts. 1.261, 1.274, 1.354, 1.584 y 1.407 del Código civil, y 63, 168, 180 y 181 de la Ley Hipotecaria y el 3.º de la Instrucción para redactar instrumentos sujetos á Registro, ha dictado la siguiente

RESOLUCIÓN.—Considerando que en el convenio de hipoteca celebrado por los cónyuges D. Pedro Murillo y D.ª Micaela Mera, no consta la certeza de la causa que motiva la obligación contraída por el marido á favor de la mujer, la cual causa consiste en que las 625 pesetas entregadas por aquélla á éste, pertenecen á la primera con dominio exclusivo como parafernales, porque la simple entrega material de dicha cantidad (único hecho de que da fe el Notario autorizante), no prueba por sí solo que la mujer haya adquirido el dominio de la misma, y que tenga, por consiguiente, el carácter de parafernal.

Considerando que hallándose prohibidos los contratos de mera liberalidad entre cónyuges durante el matrimonio por el art. 1.354 del Código civil, no basta para que se reputen válidos los celebrados á título oneroso, como es el de hipoteca, la mera afirmación hecha por uno de los cónyuges de la causa ó del hecho que motiva la obligación contraída á su favor por el otro consorte, sino que es necesario además la prueba de la existencia de semejante causa, con tanto más motivo cuanto que, con arreglo al art. 1.407 del citado Código, todos los bienes que poseen los cónyuges durante la sociedad matrimonial se reputan gananciales, mientras no se pruebe que pertenecen privativamente al marido ó á la mujer.

Considerando que no es cierto, como afirma el Notario recurrente, que la disposición general consignada en el citado art. 1.407 deba tener aplicación solamente al tiempo de la disolución de la sociedad conyugal, porque ni en ella se establece distinción alguna entre los bienes que existen constante el matrimonio y los que resulten al disolverse éste ó la sociedad conyugal, ni por el lugar que ocupa en el correspondiente capítulo del Código, puede inferirse lógicamente que el legislador quiso reservar su aplicación al caso de disolverse dicha sociedad y proceder á la liquidación de los bienes de la misma.

Considerando que, siendo necesario para la validez del referido contrato de hipoteca que conste el título de adquisición del dominio de la cantidad entregada por la mujer al marido, con arreglo á la doctrina del art. 1.261 del Código civil, y habiendo omitido el Notario recurrente, con infracción de lo dispuesto en el art. 5.º de la citada Instrucción, dicha circunstancia en la escritura de cuya inscripción se trata, es evidente que el Notario recurrente no se ha ajustado á las formalidades y prescripciones legales al autorizar el convenio sobre hipoteca celebrado entre los citados cónyuges.

La Dirección general ha acordado: 1.º, que no há lugar á declarar que la escritura autorizada por D. Agustín Rodríguez Mellado en 5 de Octubre de 1898, se halla extendida con arreglo á las formalidades y prescripciones legales; 2.º, que el defecto de que adolece dicho documento es insubsanable, con arreglo al art. 69 de la Ley Hipotecaria, y 3.º, que se confirma la providencia apelada y la nota del Registrador en cuanto fueron conformes con la presente resolución.

RESOLUCIÓN
dada por el Fiscal del Tribunal Supremo D. Salvador Viada y Vilaseca, á las consultas que, en virtud de su circular de 30 de Mayo último, le han dirigido los Sres. Fiscales de las Audiencias, sobre interpretación y aplicación de diversos artículos del Código penal, y otras leyes repressivas especiales de la de Enjuiciamiento criminal y del Jurado.

Art. 383, ley de Enj. crim. (Toledo.)

111.—El imbecil ó loco, está capacitado para comparecer en juicio criminal, y defendirse en él de las imputaciones que se le dirijan? ¿Puede, por lo tanto, tener lugar el juicio si al tiempo de su celebración consta de una manera evidente la falta de razón del acusado? ¿Convendría extender á este caso la disposición del art. 585 de la ley de Enjuiciamiento criminal, aun cuando la demencia fuera anterior á la comisión del delito?

La responsabilidad criminal es personalísima, y todo aquel que es acusado de un delito tiene el derecho de defenderse por cuantos medios la ley ponga á su alcance. Cuando la locura del procesado sobreviene ó se acredita después de abrirse el juicio oral y antes de que se celebren las sesiones públicas, que parece ser el caso que se consulta, procederá practicar lo que disponen los arts. 580, 581 y 582, salvo que la resolución habrá de acordarse en la sentencia que ponga término al juicio. En el caso aludido, es de creer que estén ya designados el Abogado y Procurador para la defensa del