El Foro español (Madrid. 1898) (1901-05-20 00:00:00), página 4

exime de razonarle extensamente, porque, sin duda, plumas mejor cortadas que la nuestra lo harán con brillantez, que á ello se presta la materia.

Es indudable que la regeneración de la administración de justicia, base de todas las demás, si la Justicia es el alma de las repúblicas, según la frase elocuente del ilustre Portocarrero, se impone, si han de reunir sus funcionarios los requisitos de ilustración, severidad y rectitud que exige tan delicada misión; pero esa regeneración ha de tener por fundamento ó piedra angular, la absoluta independencia de la política, que ejerce hoy en la Magistratura la perniciosa y fatal influencia que esos taimados arbustos que se adhieren fuertemente á los troncos de árboles robustos y sanos, nutriéndose de su savia hasta que le agotan.

La necesaria y deseada independencia de la administración de justicia, no puede existir hasta que el funcionario no esté completamente seguro de que ni puede esperar mejora en su carrera, merced á la protección del cacique ó personaje político, ni temer los perjuicios de una postergación, traslado ó destitución, si incurre en las iras de aquéllos por no atender sus ruines imposiciones.

Para remover esos malévolos obstáculos que se oponen á la recta marcha de la administración de Justicia, conceptuamos necesario, en primer término, que el ingreso en la carrera se haga por oposición, sin que pueda obtenerse plaza alguna en el Ministerio de Gracia y Justicia que sea, ya de categoría de Juez, hasta haber servido un determinado número de años, cuatro á lo menos, en la carrera.

Si se estima, no obstante, conveniente para los fines de la administración de justicia aprovechar profundos conocimientos en la ciencia del Derecho, adquiridos por una larga y laboriosa práctica en el ejercicio de la abogacía, pudiera concederse un turno, de cada cuatro vacantes, á los Abogados, pero exigiendo condiciones muy especiales, y en todo caso, el ingreso en categoría superior á la de Magistrados de Audiencia territorial de fuera de Madrid.

Creamos sinceramente incomprensible que se desee el ingreso en inferior categoría teniendo un bufete acreditado, por lo que es de presumir que el que lo solicite, busque en la mezquina, pero segura nómina del funcionario, lo que de emolumentos le niega el ejercicio de la profesión.

Otro de los remedios aplicables al mal que lamentamos, sería el que los ascensos en la carrera se concedieran por rigurosa antigüedad, de modo que de cada cuatro vacantes se dieran dos á la antigüedad en la categoría inferior, y las otras dos á la absoluta en la carrera.

No rechazariamos por injusto, antes bien, creamos que sería un estímulo para los funcionarios, que se estableciera un turno de méritos para premiar servicios ó hechos verdaderamente extraordinarios; pero la apreciación de los méritos tenía que hacerse escrupulosamente por el Tribunal Supremo, sin intervención de ningún otro centro ni organismo político, para que la depuración tuviera garantías de imparcialidad y rectitud, y no se convirtiera en un disfrazado turno de favor.

En la conciencia de todos está, que otra de las bases de una buena administración de justicia, es la verdadera inamovilidad de sus funcionarios, sin subterfugio de ninguna clase, y sólo compensada con una severa y eficaz responsabilidad judicial, apreciada en virtud de expediente por la Sala tercera del Tribunal Supremo, que para este fin, el de la declaración de méritos y otros asuntos de índole gubernativa pudiera crearse, si se conceptuara excesivo ese trabajo para la Sala de gobierno de dicho Tribunal.

Aunque á primera vista parezca que descendemos de la alta esfera de los principios en que debe sostenerse cuanto se relaciona con la justicia, al ocuparnos de intereses materiales, estimamos que una de las reformas de más necesidad y urgencia para elevar el prestigio de la Magistratura, es dotar á los funcionarios de medios decorosos de subsistencia, que, al fin y al cabo, de medios materiales ha de vivir el sacerdote de la Justicia, lo mismo que vive el sacerdote de la religión, sin menoscabo de lo sagrado de su ministerio.

Son tan mequinos en la actualidad los sueldos de los funcionarios de la Magistratura, dadas las necesidades y carestía de la vida moderna, aun en los pueblos, y las exigencias que lleva consigo su posición social, que parece hasta milagroso que con ellos puedan humanamente subsistir.

Para justificar este aserto, basta fijarse en el sueldo que disfruta el Juez de entrada, categoría en la que se permanece, por regla general, de catorce á diecisésis años.

Su asignación es la de tres mil setecientas cincuenta pesetas anuales, que con los impuestos legales, habilitación y giro, queda reducida á tres mil ciento; pero aun de esta modesta cifra hay que deducir lo que se ha de abonar por gastos, que no pueden sufragarse de la cantidad consignada como material de los Juzgados. En efecto; goza el Juez de entrada, en concepto de material, la espléndida dotación de 180 pesetas anuales, con la reducción consiguiente por el impuesto legal, habilitación y giro, y de esa cantidad han de satisfacerse los gastos siguientes: el verdadero material del Juzgado, consistente en plumas, tinta, oblas, objetos de escritorio, etc., que puede calcularse como mínimo en 75 pesetas anuales; el pago de la subscripción de la Gaceta de Madrid, que importa 80 pesetas, y el de las salidas á los pueblos del partido para instruir diligencias sumarias en causas graves; porque es de advertir que el Juez, por excepción en