El Foro español (Madrid. 1898) (1900-04-20 00:00:00), página 4

la seguridad siempre de que nuestra humilde palabra habría de ser vox clamantis in deserto cuando se dirigiera al poder central, esclavo de la política, nos ha obligado á desistir de nuestros propósitos. Hoy que el pueblo español en masa significa ostensiblemente su deseo de una eficaz regeneración, como medio de reponerse de sus recientes quebrantos, con motivo de las guerras internacional y coloniales que se ha visto obligado á librar; hoy que la nación entera manifiesta sus tendencias á intervenir en la administración pública en sus diferentes esferas; y en asambleas, en meetings, en la prensa y en todas partes se habla de reformas; hoy que el Gobierno parece dispuesto á recoger y dirigir los vientos levantados contra el caciquismo, cáncer social y obstáculo permanente á las mejoras necesarias, no hemos de continuar en nuestros pesimismos, dejando de emitir opiniones sobre reformas jurídicas que, después de todo, han de sentar mejor en labios de quien recibió la patente de perito en la ciencia del Derecho, que en los de comerciantes, industriales de otro género y agricultores que no tienen motivos para poder apreciarlos en sus efectos.

A nuestro juicio, y dicho sea á título de mera indicación dirigida á la ilustrada Comisión de Códigos, que actualmente, según informes de la prensa diaria, tiene puestas su inteligencia y su mano en las leyes procesales, con el fin de importar á ellas cuanto los adelantos de la época reclaman; de descartar de las mismas todo cuanto implique diligencias inútiles, y de modificar sus preceptos armonizándolos con la aspiración legítima de tener justicia pronta y económica, parecemos que dicho Cuerpo jurídico debiera fijar bien su atención, entre otras disposiciones de que sucesivamente iremos ocupándonos, en las que sancionan y regulan el beneficio de la pobreza y la imposición de costas.

Las prescripciones legales, por virtud de las que se administra gratuitamente la justicia á los pobres, están inspiradas ciertamente en principios de la más sana moral, base esencial, origen y fundamento de todo derecho. Por ellas se facilita á los desheredados de la fortuna su acceso á los Tribunales; pero, miradas bajo el prisma de la filosofía jurídica, suponen un retroceso evidente en los adelantos de la época moderna; son la negación más explícita del carácter de generalidad de las leyes; y constituyen un perjuicio gravísimo para los que, sin merecer la denominación de pobres, se ven precisados á sostener en juicio sus derechos negados por otro, ó á libertarse de obligaciones injustamente exigidas. La ley no puede ni debe distinguir entre ricos ni pobres: ante ella todos son iguales; y lo mismo debiera administrarse gratuitamente la justicia á los que carecen de bienes que á los que poseen elementos de riqueza, cualquiera que sea su importancia. ¿Con qué razón se establece distinción entre aquéllos y éstos? Resultado de ello es la violación del principio que consagra la igualdad legal, con sus funestas consecuencias; pues si al rico se exige el pago por su entrada y estancia (digámoslo así) en el augustó templo de la justicia, y al pobre no, son ciertamente de diferente condición, no obstante ser iguales en el concepto nominativo de litigantes; resultado de ello es también que lo que es carga y gravamen para el primero que, vencido en juicio, pierde, además de la cosa litigiosa, parte de su capital sano en costas, aunque no se haga expresa condenación de ellas, es gracia para el pobre que, perdiendo el pleito, no ganará nada; pero queda en el mismo ser y estado en que entró en él; y resultado final de esta desigualdad es, que el pobre, amparado en sus beneficios, puede molestar á su placer al coltigante que no pueda ostentar tal carácter, hasta obligarle á cederle parte de sus bienes ó á cruzarse de brazos tolerando la infracción de las leyes, hasta en el caso de que ésta suponga usurpación de sus derechos, ante el temor de ver mermado su capital en la contienda judicial que entablara ó aceptara para ponerlos á salvo.

Razones son éstas bastante poderosas para mover el espíritu público hasta determinar la aspiración unánime de cuantos sientan verdadero amor á la justicia, en el sentido de que su administración sea gratuita para todos, ya que, como virtud sublime arraigada por innato modo en el ser humano, por cuanto en él se refleja algo de la esencia divina, verdadero sol de justicia, todos tenemos igual derecho á su disfrute, y el Estado debiera satisfacer cuantos gastos se ocasionaran en el ejercicio de esa virtud, á fin de que resplandeciera en todo su vigor y utilidad el principio de la igualdad ante la ley. No desconocemos, sin embargo, las dificultades de orden económico que en los momentos actuales de la vida nacional se oponen á ello; y mientras puedan ser vencidos éstos, tarea no difícil si los Gobiernos pusieran á contribución la buena fe necesaria para conseguir este legítimo desideratum del pueblo, cuyos destinos les están confiados, preciso se hace reformar los preceptos reguladores del llamado beneficio de la pobreza; beneficio relativo, pues si favorece al pobre, se convierte en perjuicio considerable para los que no lo son, en el sentido legal de esta palabra.

Algo se ha hecho, en época no remota, para evitar tal perjuicio; algo se ha hecho por el art. 17 de la ley de Enjuiciamiento civil vigente, dejando al criterio judicial la apreciación de la pobreza por los signos exteriores de la persona que solicita tal declaración ó por el desahogo en que viva ésta; por el art. 20, limitándola al caso de utilizarse para litigar derechos propios y no los adquiridos á título de cesión; y por los artículos 42 al 50, concedien-