El Foro español (Madrid. 1898) (1900-01-20 00:00:00), página 2

Diputado Sr. Bergamín, se levantan en el Parlamento á sostener la aspiración de tantos, rellieada en las dos bases votadas por otra Asamblea de Abogados reunida en Julio último, presentadas al Congreso de Diputados y acogidas con entusiasmo por hombres de distintos partidos políticos, por lo oportuno de su aplicación y solidez de sus fundamentos; cuando con fuerza avasalladora se impone el planteamiento de la instancia única y el juicio oral, para los asuntos civiles y su conocimiento por las Audiencias provinciales: en este momento histórico y en abierta oposición, mejor en osada rebeldía, el Sr. Montero Ríos con tenacidad admirable pero ineficaz, vuelve de nuevo con sagacidad y sutileza innegables, á querer buscar en el Senado español apoyo para la redención de su pensamiento, que ley en 1870 no pudo aplicarse y proyecto en 1893 ocasionó la caída de su autor del alto sillón de Ministro de Gracia y Justicia, que en aquel entonces ocupaba.

Y necesariamente, la suerte que correrá la reforma, será como antes, desdichadísima, porque las legítimas energías que á ella se opongan, serán difíciles de vencer, que en la lucha quedará gravemente lesionado el crédito y seriedad de un tan eminente jurisconsulto como el Sr. Montero Ríos.

¿Y por qué una y otra vez y siempre ese malhadado proyecto encuentra resistencias tales y ocasiona protesta vigorosa en la opinión penta que ajena á mezquinos intereses y privados egoismos, sólo se inspira en los fecundos principios de la ciencia y en los altos y elevados fines de la buena administración de justicia?

Pues sencillamente, porque el tal proyecto no responde á necesidad ni finalidad alguna, científica, política ni económica.

La ciencia jurídica al sancionar hoy la instancia única y los tribunales colegiados para toda clase de asuntos civiles y criminales, exige y demanda como carácter esencial de dichos tribunales, la permanencia y estabilidad que los dignifique y aleje de misticas influencias de localidad que bastarean su augusta misión, dándoles esa independencia de la política, tan anhelada y nunca cumplida.

Prescindir de ese carácter como el Sr. Montero Ríos pretende, convirtiendo esos tribunales en ambulantes, es despojarles de la majestad y prestigio de que deben estar rodeados, es un golpe rudo á su independencia, entregándolos y someténdolos á la política, á la política pequeña, ignorante y egoísta de campanario.

¿Dónde se habrá inspirado el autor del proyecto para entender que el decoro y respetabilidad del magistrado puede sostenerse y ser compatible con ese continuo traqueteo por trochas y veredas mal cuidadas é imposibles de tránsito en determinadas épocas del año, de los Jueces, que han de constituir el Tribunal de Partido en ridiculez peregrinación y á merced de las pasiones é instintos insanos de familias é interesados á quien una errónea organización les proporciona el modo de impedir por cualquier medio, el que el asunto se falle y la justicia prevalezca?

Y á este juez errante, objeto y ocasión de burlas, lleno de molestias, mal alojado, mal pagado, pues el aumento de sueldos que el proyecto consigna no es ni en tres veces más suficiente á suplir los gastos de tan continuados viajes y sostener al par la casa y familia que se deja abandonados se le exigirá moralidad, rectitud, sacrificios, prestigio e independencia, como si esto fuera compatible con la situación de sirviente que se le coloca obligado quizá á codearse por la noche en la posada que se hospeda, (por no haber otra) con los mismos que al día siguiente han de ser por él juzgados, ó por lo menos á tolerar en silencio mortificante las palabras fuertes y bromas groseras de los arrieros y trajinantes, que comparten aquel hogar con un sacerdote de la justicia, al que por verle allí le considerarán casi su igual, desapareciendo el temor respetuoso que siempre debe inspirar la autoridad judicial, en el ejercicio de sus augustas funciones.

En otro orden de consideraciones que el examen del proyecto sugiere, nos preguntamos: ¿En qué principio jurídico podrán basarse esos recursos de nulidad ante las Audiencias territoriales de lo actuado por los jueces municipales, recursos que en la práctica han de resultar un sarcasmo para los derechos del ciudadano, por lo casi imposible de su ejercicio en la mayoría de los casos?

¿Y esa residenciación ó comparecencia del juez instructo ante el Tribunal de Partido á responder de sus actos ante funcionarios muchas veces inferiores á él en orden jerárquico y en bochornoso cotejo con testigos é interesados que se atreven y se atreverán de seguro á negar rotundamente la práctica de una diligencia que no convenga á sus fines?

¿Y ese abandono de los juzgados de 1.a instancia á los jueces municipales, y lo más grave á fecha fija, para lo cual se guardarán las querellas que la pasión y el odio engendran, y la resolución de ciertos asuntos que la conciencia recta de un juez imparcial nunca hubiera sancionado?

En el orden político-administrativo el proyecto que examinamos tiene un marcado carácter centralizador, opuesto en un todo á las corrientes dominantes y ocasión de serias perturbaciones en el orden público, al pretender despojar á treinta y cuatro capitales de provincia, de organismos por los cuales han hecho cuantiosos sacrificios y que hoy ostentan un medio seguro de ingreso que había de desaparecer radicalmente, constituyendo además un irritante privilegio á favor de catorce capitales que tengan Audiencias territoriales, á las cuales se encomienda por el autor del proyecto el conocimiento de un sin número de asuntos, hasta el extremo de que en el orden penal sólo quedará para los tribunales de partido el entender en los delitos contra la propiedad y los llamados de sangre, obligando con su flamante proyecto á ciudadanos que distan setenta ó ochenta leguas de la audiencia territorial respectiva, vengan á estas á dirimir si fue injusta, descueto ó atentado una cuestión tenida con el alcalde ó alguacil de su respectivo pueblo.

Pero se dirá, todos esos inconvenientes y otros muchos que pudieran señalarse del sistema, se compensan con la economía que se produce y aparte de que la razón económica no sería nunca suficiente para justificar una reforma que desorganizando los tribunales de justicia, casi los anula y por lo menos los desprestigia, tampoco esa razón aparece por ningún lado, pues fundase la economía en la supresión de dietas de jurados y testigos, y éso es puramente ficticio, pues habrá testigos y sobre todo jurados que, distando diez ó doce leguas de la capital del juzgado se les obligará á permanecer cinco, seis ó más días en ella para constituir tribunal, y necesariamente, ó habrá que indemnizarlos ó renunciar á que aquél pudiera funcionar, y se repetirá el caso lamentable de los procesamientos de 1872 á jurados que no acudían á formar tribunal por no abonarles dietas.

La economía es, por tanto, ficticia y bien podía no haber olvidado el Sr. Montero Ríos, que respecto de testigos, jurados y sus dietas, hay propuesta una reforma que sin suprimirlas, produce un cincuenta por ciento de economías en