El Foro español (Madrid. 1898) (1901-07-10 00:00:00), página 5

de las veces, que la iniquidad tome asiento en el trono augusteo de la Justicia.

La declaración de competencia para entender de los interdictos á favor de los Jueces de primera instancia, en todo caso, y cualquiera sea la cuantía de lo litigioso, es, á nuestro modo de entender, un contrasentido jurídico y atentatorio, en determinadas ocasiones, á los respetos debidos á la jerarquía judicial. Si en aquellos sólo puede tratarse del hecho de la posesión, dejando el derecho para los juicios plenarios, y para resolver cuestiones de hecho, no son necesarios los conocimientos del derecho, sino la aplicación de reglas y principios fáciles que están al alcance de todos, debieran estar confiados los interdictos á los Jueces ó Tribunales municipales, con lo que bastaría para prevenir y evitar los perjuicios apuntados en el párrafo anterior. De no ser así, procedería que, cuando el valor de lo que se litiga no exceda de la cantidad determinada, ó que se determine en lo sucesivo para regular la competencia de los Jueces municipales, se dejará á estos entender en los interdictos, considerados, no como tales juicios sumarios, sino plenarios con todas sus consecuencias; con lo que se evitaría que en determinados casos estos jueces inferiores vengan á dejar sin efecto fallos dictados por sus superiores jerárquicos, ó que estos invadan la esfera de acción de aquellos, entendiéndose en actos de jurisdicción contenciosa de cuantía insignificante, caso que puede darse en práctica con sólo que el vencido en el juicio interdictal, por no tener fuerzas para más, ó por evitarse mayores gastos, pidiera en juicio verbal declarativo la propiedad ó posesión definitiva, prescindiendo de la acción subsidiaria de daños y perjuicios.

La limitación de pruebas otorgada por la ley á los interdictos, es, en nuestra humilde opinión, irregular. Bueno que, en obsequio á la brevedad, se prescinda de algunos de los medios concedidos por el art. 578 de la ley de Enjuiciamiento civil á los litigantes; pero, ¿qué papel juegan en dichos juicios los documentos? Ninguno, absolutamente; fuera de las actas notariales, que tienen por objeto principal fijar hechos, en los documentos se consagra el derecho ó las obligaciones de los que concurren á su otorgamiento; y si en los interdictos no es lícito tratar del derecho, no vemos la razón de mantener en ellos la prueba documental. De desear sería que se suprimiera esta, sustituyéndola por el reconocimiento judicial. Por regla general, los actos constitutivos, real ó supuestamente de despojos, están ligados con el derecho de servidumbre; por rara casualidad dejan de presentarse en los interdictos como documentos, planos del lugar en que se realizó el hecho perseguido para la ilustración del Juzgado, ó de proponerse como prueba el reconocimiento judicial que algunos Jueces admiten, violando el precepto contenido en los artículos 1.644 y 1.656 de la ley de Enjuiciamiento civil, y cuando así no sucede, el Juez lo decreta por providencia para mejor proveer; hechos que demuestran la necesidad ó conveniencia de utilizar este medio de prueba, por cuya razón sería de gran utilidad la reforma en el sentido antes expresado, es decir, sustituyendo el reconocimiento judicial á la prueba de documentos, toda vez que aquél sirve más que este para la comprobación del hecho posesorio.

Si por la palabra juicio, en el concepto legal, se entiende, según la definición más exacta de los tradicistas del derecho, «la controversia y decisión legítima de una causa, ante y por el Juez competente que la dirige y determina con su sentencia definitiva», á cuya sentencia «se da también el nombre de juicio», y los fallos que se dan en los interdictos no merecen otro alcance que el de provisionales, falta, á nuestro entender, uno de los requisitos esenciales á los interdictos para llamarse juicios; éstos son simulacros de juicio, mas no juicios acabados y perfectos; si las sentencias interdictales no cierran la puerta á otros juicios sobre la posesión, como derecho, ó sobre propiedad, en los que no puede alegarse la excepción de cosa juzgada, nada juzgan aquéllas. Si, como prescribe el art. 1.658 de la ley de Enjuiciamiento civil, han de contener dichas sentencias la expresión de sin perjuicio de tercero, y las consiguientes reservas para los litigantes, no merecen el carácter de definitivas, porque la definición que en ellas se hace lleva en sí una condición suspensiva, como la llevan las resoluciones dadas en los actos de jurisdicción voluntaria, confundiéndose bástimosamente con éstas.

Al dignísimo Sr. Ministro de Gracia y Justicia y á la ilustrada Comisión de Códigos, á quienes está confiada la reforma de la ley de Enjuiciamiento civil por el art. 17 de la de Presupuestos generales del Estado vigente, llamamos la atención sobre las precedentes consideraciones, ya que las leyes, por su carácter de generalidad, se han de hacer para que rijan, no sólo en la capital de la monarquía, sino también en los pueblos, en donde por ser todo más pequeño, hasta la justicia se empequeñece y se somete á los egoismos de los caciques y demás personas obligadas á servirla. No son estas humildes reflexiones producto de un estudio apasionado en sentido de oposición á los preceptos legales, ni entrañan la tendencia de demostrar condiciones de comentaristas, que ni poseemos ni aspiramos á poseer: son hijas de la experiencia alcanzada en largos años de práctica en la honrosa profesión que ejercemos. El autor de estas líneas conoce Juzgados, en donde por cada juicio ordinario se dan veinte interdictos, por las ventajas de sus procedimientos privilegiados. Conocemos juicios sumariés