El Foro español (Madrid. 1898) (1899-12-10 00:00:00), página 10

gado del Estado contra el auto dictado por la Audiencia de Cádiz, en causa seguida á D. José Castillo, y se resuelve:

Que los autos que dictan las Audiencias de lo criminal declarándose competentes ó incompetentes por virtud de requerimiento formulado por los Gobernadores civiles, no son susceptibles de recurso alguno, según expresamente lo determina el artículo 12 del Real decreto de 8 de Septiembre de 1887, aplicable al caso, por virtud de lo dispuesto en el art. 117 de la ley de Enjuiciamiento civil, al que se refiere el 51 de la de Enjuiciamiento criminal.

** Recurso de casación de 6 de Octubre de 1898. (Gaceta de 16 de Noviembre).—Lesiones.—Se declara no haber lugar al interpuesto por Ramón de P. Martorell, contra sentencia del Juzgado de instrucción de San Feliu de Llobregat, y se resuelve:

Que no es discutible en casación, por no estar sometido á regla de derecho positivo, el arbitrio que el art. 620 del Código penal confiere á los Jueces para imponer las penas correspondientes á las faltas de que conocen, según las circunstancias del caso, que son las condiciones de su realización, y no las atenuantes ó agravantes señaladas para los delitos.

** Recurso de casación de 6 de Octubre de 1898. (Gaceta de 16 de Noviembre).—Homicidio.—Se declara no haber lugar al interpuesto por Clemente Casado Ochoa, contra sentencia de la Audiencia de Vitoria, y se resuelve:

Que es preciso determinar el pensamiento y circunstancias que movieron la voluntad del agente, y las condiciones de éste para poder apreciar su responsabilidad en el mal que resultó y su verdadero carácter.

Que ni el juez municipal se hallaba en las funciones que le confiere el núm. 2.º del art. 271 de la ley provisional, sobre organización del Poder judicial, ni la obligación de detener á ciertas personas que impone el art. 492 de la ley de Enjuiciamiento criminal puede extenderse hasta privar de la vida al que sin ejecutar actos de agresión ni de resistencia violenta y peligrosa, sólo tendría contra sí el no haber contestado á las voces de, «¡Alto á la Autoridad!», que le daban los que vigilaban en las inmediaciones del sitio de la ocurrencia; y de consiguiente, el disparo que produjo la muerte, no se hizo en cumplimiento de un deber, sino con extra-limitación notoria del mismo; que se hallaba concretado á la detención en los términos naturales y racionales que las leyes consienten, y la actitud de la víctima no justificaba la violencia de la medida; y

Que puesto que al intento de lograr fines de justicia, se unió el recurso de agravios recibidos y el temor de su repetición, que no equivale á la actualidad del riesgo en que se viera el agente, este hecho prueba á su acto del desinterés y la pureza de intención que se alegan.

RESOLUCION

DADA POR EL FISCAL DEL TRIBUNAL SUPREMO Á LAS CONSULTAS QUE, EN VIRTUD DE SU CIRCULAR DE 30 DE MAYO ÚLTIMO, LE HAN DIRIGIDO LOS SEÑORES FISCALES DE LAS AUDIENCIAS, SOBRE INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DE DIVERSOS ARTÍCULOS DEL CÓDIGO PENAL Y OTRAS LEYES REPRESIVAS ESPECIALES, DE LA DE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL Y DEL JURADO (1).

obvio que, sabedores los Concejales interinos del auto de sobreseimiento por el testimonio expedido por actuario, y requeridos en forma por los Concejales propietarios para que cesaran en sus cargos, la continuación en ellos les hacen responsables del delito de prolongación de funciones, comprendido en el art. 856 del Código, sin que pueda servirles de exculpación la consulta previa que tuvieron por conveniente hacer á la autoridad supe ior civil de la provincia, ante el texto y el espíritu de la ley, que en ningún caso la requiere, y cuya tendencia es precisamente la de poner coto á semejantes dilaciones y abusos.

Art. 399. Cód. pen. (Vitoria).

47.—El hecho de ofrecer á un testigo cierta cantidad para que declare falsamente en determinado sentido, cuya cantidad se niega á aceptar, ¿constituirá una tentativa del delito de soborno comprendido en el art. 890?

No estima este Centro que la disposición del artículo 399 del Código penal, relativa al cohecho, sea aplicable á los testigos: porque si el legi-lador hubiera querido comprenderlos en ella, los habría mencionado especialmente, como lo ha hecho con los peritos; y por otra parte, tampoco desempeñan un servicio público, por razón de cargo ú oficio, como estos últimos, y también los jurados, árbitros, arbitradores ó hombres buenos, de que hace el artículo taxativamente mérito. El hecho, pues, de ofrecer á un testigo cierta cantidad para que declare falsamente en determinado sentido, cuya cantidad se niega á aceptar, hace responsables al que lo ejecuta de autor por inducción del delito frustrado de falsa testimonio, ya que con la promesa ú frecimiento de dádiva (acto de verdadera inducción), practicó por su parte todo cuanto debiera producir como resultado el delito, no produciéndose éste, sin embargo, por causa independiente de su voluntad, cual lo fué ciertamente la negativa del testigo á aceptar la cantidad ofrecida,

Art. 401. Cód. pen. (Palma).

48.—¿Incurre en responsabilidad criminal el Secretario de Ayuntamiento que accediendo á exigencias del Alcalde, que tuvo parte principal en su nombramiento da á éste una porción de su sueldo?

El cohecho de que aquí se trata no es el del artículo 396 del Código, en que el ofrecimiento ó la entrega tie- nen por objeto que el funcionario público ejecute un acto relativo al ejercicio de su cargo constitutivo de

(1) Veanse los núms. anteriores.