El Foro español (Madrid. 1898) (1900-07-20 00:00:00), página 2

tibilidad con todo cargo público; pero estas ideas tan elementales, á mi modo de ver, fácilmente desarrolladas y definidas en mi pensamiento, no deben ser expuestas hoy, dado el carácter inicial de este brevísimo trabajo, con toda su extensión y detalle.

Yo parto de la realidad aceptada por todos los que se dedican al ejercicio de la profesión; afirmo sus causas más principales y pregunto: ¿debe permanecer la abogacía española indiferente á sí misma?

Esa lucha estéril y sin esperanza de provecho algo á que he aludido antes, demuestra bien á las claras que el abogado español está dispuesto á romper los viejos moldes de su tradicional idiosincrasia, extremando, si es preciso, sus energías, hasta conseguir bien pronto ese legítimo bienestar que merece, tanto por su elevada misión social, como por los sacrificios é imponderables esfuerzos de su larga carrera.

¿Qué es, pues, lo que la abogacía española necesita para redimirse de la postración en que se halla? En aprovechar sus fuerzas e iniciativas dirigiéndolas por el verdadero camino de la rehabilitación está la clave de su remedio, más aún de su engrandecimiento y prosperidad.

Tiene la abogacía en todos los países cultos muy reconocida importancia, hasta el extremo de que en todos se considera como una institución precisa para el mantenimiento del orden social, como una fundamental garantía del libérrimo ejercicio de todos los derechos individuales, como el primero y más indispensable factor para la necesaria armonía que ha de existir entre los intereses individuales y colectivos. En la conciencia de todos, abogados y legos, está, y no puede menos de estar, la afirmación indiscutible de que, sin el concurso del abogado, es imposible la recta e imparcial administración de la justicia. ¿Por qué olvida esto la abogacía española?

He dicho al principio de este ligero estudio, que los abogados españoles fueron, y debían ser, los primeros facultativos de nuestro país, y después de las consideraciones expuestas, parécesme que nadie, si procede con la debida sinceridad, le es permitido sostener lo contrario. ¿Qué otros facultativos si no prestan diariamente al Estado el valioso concurso de sus reconocidas ilustración y competencia?

A partir de las afirmaciones que anteceden, yo no puedo menos de creer que formuladas por el abogado español sus pretensiones colectivas, los poderes públicos cederían al fin, máxime si la pretensión se inspiraba, como es natural, en los dignos y prudentes límites de la razón y el derecho. ¿Niega alguien, por ventura, que la paralización inmediata de los tribunales de justicia, con todas sus inevitables consecuencias, no sea, después de la súplica respetuosa, un gran peligro, con el que, en manera alguna, los poderes del Estado pueden transigir?

Expedito el camino, y sin contingencia posible que malogre el resultado de la empresa, nada podría justificar la inacción y el retroceso al infructuoso aislamiento de donde para satisfacción de ajenas pretensiones, hemos al fin escapado.

Hay, pues, que seguir otros rumbos. El porvenir de la abogacía española no es fuera de ella, sino que hay que buscarla en ella misma, que tiene fuerzas y elementos, más que suficientes, para obtener el triunfo.

JOSÉ MARÍA ORTEGA CONTRERAS
Abogado.
(Continuado.)
(De La Justicia, de Córdoba.)

LA REORGANIZACIÓN JUDICIAL

VIII

Determina la base segunda del proyecto ministerial la organización del Tribunal Supremo, en el que se pretende crear una nueva Sala, que se llamará de lo contencioso administrativo. Esta reforma merece nuestros plácemes, pues es anómalo y anticientífico que la Administración, parte en esta clase de asuntos, sea á la vez Juez en ellos, como hoy acontece, al decidirlos y fallarlos por medio de funcionarios que de ella nacen y á ella pertenecen.

Como en estos renglones no hacemos más que trazar líneas generales, huelga entrar en detalles que, si llega el día en que se desarrolle en artículos el pensamiento de las bases, será la oportuna ocasión de examinar.

IX

Iniciamos en párrafos anteriores nuestra disconformidad con la base tercera, que trata de la competencia de las audiencias, y así mismo indicamos la conveniencia de suprimir las territoriales, estableciendo una en cada capital de provincia, como medio de descentralizar la Administración de justicia. También hicimos presente cuál debía ser en materia civil, por lo que al fallo de los asuntos se refiere, la competencia de estos tribunales.

Partiendo de estas bases admitimos que se les atribuya, como hace el proyecto, el conocimiento de los incidentes de recusación de algunos de sus individuos y de los jueces de instrucción de lo civil de su territorio; la resolución de las cuestiones de competencia entre dichos jueces, y de las que se promuevan entre jueces municipales que no tenga superior común más inmediato; al conocimiento de