El Foro español (Madrid. 1898) (1900-10-10 00:00:00), página 11

de Heredia, y de D. José Ruiz de Morales, sobre contrato de la fábrica de fundición de plomos nombrada la «Santísima Trinidad», según aparece de una nota pegada al margen de la inscripción hipotecaria autorizada por Joaquín Fernando Fernández.»

Don Fernando Herrera interpuso recurso contra la nota de suspensión, solicitando se ordene la cancelación suspendida, exponiendo que procede dicha cancelación con arreglo á los artículos 8.º de la ley Hipotecaria y 72 de su Reglamento, doctrina de las Resoluciones de 27 de Febrero de 1875, 31 de Marzo de 1878 y 28 de Enero de 1882 y párrafo 2.º del artículo 97.

Oído el Registrador, sustuvo su calificación e informó que por tratarse de actos anteriores á la ley Hipotecaria, no tienen aplicación los preceptos de la misma.

El Juez delegado acordó, para mejor proveer, que el Registrador expediese certificación literal de la nota que motivó la denegación recurrida y otros particulares, éste las expidió, y habiéndose unido testimonio del actuario haciendo constar que en el Archivo no aparecen los autos civiles ni tampoco asiento alguno en los libros de repartimiento, por datar el más antiguo de los repartidos, con posterioridad al formado con arreglo á la Real orden de 1.º de Junio de 1868, dicho Juez delegado revocó la nota del Registrador. Este apeló para ante el Presidente de la Audiencia, que confirmó la resolución del Juez delegado, y en virtud de apelación del Registrador, la Dirección general, después de mandar unir varios documentos al expediente, y vistos los artículos 412 de la ley Hipotecaria de 8 de Febrero de 1861, y 77, 88 y 411 de la vigente y 307 del Reglamento para su ejecución y el Real decreto de 31 de Enero de 1862, ha dictado la siguiente:

RESOLUCIÓN.—Considerando que la cuestión sobre que versa el presente recurso consiste en resolver si para la inscripción de la escritura de cancelación otorgada por D. José de Burgos y Real, con fecha 24 de Octubre de 1882, de la hipoteca constituida por la escritura de 4 de Agosto de 1834, á favor del mismo, como representante de la casa de don Manuel Agustín Heredia, en liquidación, es un obstáculo la nota á que se refiere el Registrador, firmada por el Escribano D. Joaquín Fernando Fernández, como encargado de la Contaduría de hipotecas, por enfermedad del Contador, en la que se hace mención de una providencia judicial prohibitoria de la cancelación de dicha hipoteca;

Considerando que, no hallándose extendida la expresada nota en las hojas de los libros de gravámenes de la referida Contaduría, sino en una cuartilla de papel del llamado de barba, pegada con una oblae al margen del asiento del toma de razón de la referida escritura de constitución de hipoteca de 1834, no puede reputarse como tal asiento de dichos libros, y en su consecuencia, no puede producir ninguno de los efectos legales que determinan los artículos 411 de la ley Hipotecaria y 307 del Reglamento general para su ejecución, ni servir, por tanto, de obstáculo para la inscripción de la escritura cancelatoria de dicha hipoteca de 1882, toda vez que los expresados artículos, que son las únicas disposiciones legales que existen sobre la materia, no reconocen fuerza ni eficacia legal más que á los asientos contenidos en los libros de la antigua Contaduría de hipotecas;

Considerando, á mayor abundamiento, que dicha nota no está fechada ni foliada, ni consta mencionada en la diligencia de cierre del expresado libro, ni se ha estampado en ella el sello del Juzgado, ni reúne, en fin, ninguno de los requisitos y formalidades establecidas por el art. 412 de la ley Hipotecaria de 8 de Febrero de 1861 y Real decreto de 31 de Enero de 1862 para garantizar la autenticidad de los asientos extendidos en los libros encuadernados y en las hojas sueltas de la Contaduría de hipotecas, y para evitar las intercalaciones y suplantaciones en dichos libros y hojas.

La Dirección general ha acordado que la nota consignada en la cuartilla de papel que aparece pegada al margen del asiento de toma de razón de la escritura de 4 de Agosto de 1834, no es obstáculo que impida la inscripción de la escritura de cancelación que ha motivado el presente recurso, conformándose en estos términos la providencia apelada.

JURISPRUDENCIA

CIVIL

Recurso de casación por infracción de ley de 15 de Noviembre de 1898.—(Gaceta de 7 de Diciembre.)

Pago de cantidad.—Se declara no haber lugar al interpuesto por D. José María Artola y otros, contra sentencia de la Audiencia de Pamplona, y se resuelve:

Que la competencia atribuida por los artículos 32 y 31 del decreto de Extranjería de 17 de Noviembre de 1852 á los Tribunales extranjeros, en los casos á que se refiere, no excluye la de otros, dados los términos genéricos del 33; interpretación que no desvirtúa el art. 42 de la ley de Extranjería en Ultramar de 4 de Julio de 1870, y que es á la vez una consecuencia lógica de la negativa de cumplimiento en España de una sentencia extranjera el que se administre la justicia que se pida á los Tribunales españoles, á quien de otra suerte no puede hacer efectivos sus derechos;

Que la sentencia que condena á varios socios colectivos, juntos y cada uno solidariamente, al pago de cantidad, no infringe los artículos 127 y 237 del Código de Comercio, cuando dicho fallo no implica desconocimiento de lo preceptuado en el segundo de los citados artículos, sino que la subordinación de la responsabilidad de los bienes particulares de los socios colectivos ha de ser objeto del procedimiento de apremio;

Que la declaración de quiebra hecha por un Tribunal extranjero no produce efecto en España mientras no se autorice su cumplimiento, por lo que, faltando este requisito, al imponer el pago de intereses legales de la deuda contraída por el comerciante cuya quiebra fué declarada por un Tribunal de aquella clase, no se infringe el art. 884 del Código de Comercio; y

Que tampoco es de estimar la infracción del principio de derecho internacional, según el cual, y