El Foro español (Madrid. 1898) (1900-02-20 00:00:00), página 6

Vengamos al enriquecimiento torticero. Nunca se ha visto invocarlo tratándose de contratos: el pacta sunt servanda y los preceptos de las leyes aplicables á cada uno, constituyen las razones poderosas, irrefutables, en que se apoya la necesidad de consumarlos, porque siendo el cumplimiento de los mismos consecuencia legítima de la voluntad concordada de las partes, hay que aceptarla ó negar la premisa de que se deriva la mediación del consentimiento. La teoría de la utilidad, peligrosa siempre en derecho por mezquina (lo cual convierte muchas veces los litigios en vanas disputas de legeleyos y sofistas, según alguien notó) explicará cuando más la causa del contrato, pero no determina el motivo esencial de su cumplimiento. En cambio, considerándola autores y leyes ya en sí misma ó en relación con otros principios, verhigracia, el de enriquecerse torcidamente, la reputan fuente abundantísima de obligaciones no contractuales, por cuya razón habrá llegado la oportunidad de exponerla con la amplitud que se desee al puntañizar cualquiera de ellas. Su invocación en respecto diverso, aparecerá tan extraña en boca de un letrado, como verá un ingeniero midiendo un camino con medida de líquidos ó áridos. Más aún: la regla 17, título 34 de la P. 7.a, que prohibe el enriquecimiento torticero, no se refiere á la consumación de ningún contrato, sino precisamente á todo lo contrario, á su incumplimiento, el cual «enriqueciendo casi siempre torticeramente» á una de las partes con perjuicio de la otra, por fuerza ha de resolverse en la indemnización de daños.

Resumiendo: á Villanueva le corresponden la acción de mandato contraria, para reembolsar las 30.000 pesetas que anticipó en el desempeño de su cometido, y la de gestión de negocios, para reintegrarse de las 20.000 restantes que satisfizo con posterioridad al banquero Torre.

Víctor Lavandera.
Abogado.

Nota. Se diferencia la subrogación de la cesión en que la primera no perjudica al acreedor cuando no ha sido pagada la deuda totalmente (nemo contra se subrogasse censetur, artículo 1.918 del Código civil), y puede ejercitar sus derechos por el resto con preferencia, mientras que el cesionario al concurrir con el cedente es preferido á éste ó á sus causahientes á título particular, tanto en el caso de garantía como en el de solvencia presente ó futura del deudor; la cesión no produce efectos contra tercero sino después del reconocimiento ó aceptación del deudor (art. 1.526); la subrogación no requiere ninguna de esas dos formas; la cesión de un derecho litigioso da lugar al retracto (art. 1.535), pero no la subrogación; al cesionario se le concede la evicción para reclamar el precio con daños y perjuicios (art. 1.529); el subrogado tiene la condición utilebi para repetir solamente lo pagado; el cesionario ostenta la acción del acreedor primitivo y al subrogado le compete además la negotiorum gestio; el cesionario puede reclamar el total de la deuda adquirida, y el subrogado únicamente lo que pagó, por ser la una acto de beneficencia y la otra de especulación. (Bernard.)

ES INJUSTO

(Para el Sr. Ministro de Gracia y Justicia.)

En alto grado estimamos que lo es lo que está sucediendo con motivo de ciertas denuncias formuladas por el director de la Revista de Tribunales de Sevilla.

Se denuncian ciertos hechos más ó menos correctos, atribuidos al Juez del distrito de la Magdalena de aquella capital, D. José Crespo, y la Sala de Gobierno de la Audiencia de Sevilla, entendiéndose el decoro de la clase de la manera vulgar y permisiva que censurábamos en dos artículos que bajo ese título publicamos en nuestros números 17 y 70, lo primero que se la ocurre es ordenar que se procease por calumnia al autor de la denuncia.

En el orden natural y legal de las cosas suele ocurrir lo contrario, pues el orden de proceder es cuando se denuncia un delito perseguible de oficio, incoar el oportuno proceso contra el presunto delincuente, y si el denunciante no prueba su denuncia, entonces es cuando procede la causa por calumnia. Aquí, como se trata de un compañero, se establece de hecho una excepción en favor suyo, que de derecho es inadmisible, y partiendo del supuesto muy cómodo para el que en definitiva pudiera ser delincuente, de que el Juez Sr. Crespo es intangible para sus superiores, mientras no se pruebe préviamente que se ha logrado llegarle al bulto, se invierten los términos jurídicos y se empieza por procesar por calumnia al denunciante, para que si este sale bien del proceso, el Juez quede envuelto en otro, aunque á nosotros se nos antoja que por más de que el dilema de que á la inocencia del denunciante corresponde la culpabilidad del denunciado es incontestable, ya se encontrarán aquí un resquicio para escapar una vez más de la fuerza de la lógica, y aunque se reconozca la inocencia del Sr. Rodríguez Lemus, no se hará nada contra la majestad inaccesible del Juez Sr. Crespo. Y una vez triunfante este sistema, cualquiera se atreverá en lo sucesivo á hacer la menor indicación contra la rectitud de ciertos funcionarios, verdaderos señores de hacha y cuchillo, con facultades omnímodas de colgarnos en las almenas de cualquier Código.

El procedimiento podrá ser cómodo, repetimos, para el denunciado, pero creemos que es contrario á la dignidad y prestigio mismo de la magistratura, que pide á gritos, que desde el momento en que la honra de uno de sus miembros se pone en entredicho, se depure su conducta, sin perjuicio de que si la denuncia resulta falsa se haga caer sobre el denunciante todo el rigor de la ley. Pero á nadie se le ocurra que si á un Juez se le acusa de una manera solemne, formal y pública de prevaricador