El Foro español (Madrid. 1898) (1901-07-10 00:00:00), página 4

taria con la contenciosa, de la que por consecuencia necesaria ha de resultar una sentencia imperfecta, por ser provisional, y darse sin perjuicio de tercero y con reservas para los litigantes.

Practicada tal información por el Juez de primera instancia, solicitado al efecto inter colentes y no inter invitos, por no haberse abierto aún el juicio ni invitado para él al demandado, ¿qué diferencia hay entre ella y la información que se práctica en un acto de jurisdicción voluntaria? Sólomente una; la de no ser parte en la misma el ministerio fiscal, precisamente porque si no hay empeñada todavía, hay promovida al menos una cuestión entre partes conocidas y determinadas. Pero esta misma razón de diferencia viene á calificar de más innecesaria dicha información; pues si los interdictos llevan envuelta en sí la necesidad de prevenir cuestiones de orden público, y el orden público afecta por directo modo á la sociedad, parece que no debiera prescindirse de su más genuina representación; y si se excluye su intervención por haber persona conocida contra quien se dirige la acción interdictal, ¿por qué se admite y practica la información previa á la admisión de la demanda sin el concurso de ésta? O tal información sirve para algo, ó no sirve para nada; si no es de influencia notoria en el juicio, debiera suprimirse en absoluto, entrándose de lleno en ésta, dejando que el actor pruebe dentro del mismo los extremos de posesión y despojo con audiencia y discusión del demandado; si es de influencia en el juicio la información, su práctica á espaldas del despontante, real ó supuesto, constituye una infracción del principio que enseña, que nadie puede ser condenado sin ser oído. De otra parte, si la información aludida se da solamente para que se persuada de la existencia del despojo y posesión, el Juez, al admitir éste la demanda, forma ya un prejuicio condenado por las prescripciones del derecho, del que difícilmente se deshace, cualquiera sea la resultancia del proceso interdictal, aunque no sea por otra cosa que por no caer en la contradicción en que incurriría declarando no haber lugar al interdicto, después de haber demostrado con la admisión de la demanda que, á su juicio, el actor se hallaba en la posesión y que había sido despojado de ella, ó que había sido víctima de un engaño por los testigos de que se valió el demandante.

La calificación de sumarísimos que se da á los juicios interdictales es, en nuestro concepto, errónea, mientras no se declare expresamente que no es necesaria en ellos la intervención de los Abogados, comprendiendo ésta entre las excepciones del artículo 10 de la ley de Enjuiciamiento civil, ó no se determine que, en caso de condena de costas, no deben incluirse en la tasación los honorarios de aquéllos. No hay duda de que son sumarísimos los interdictos por voluntad del legislador, toda vez que se dejan reducidos á la categoría de juicios verbales, menores y más breves aún que los plenarios de este nombre, por ser de prueba, limitada á los únicos medios de confesión, documentos y testigos; pero en la práctica son juicios extensos y de estructura monstruosa, por deficiencias de la misma ley, pues no prohibía la intervención de los Abogados en la forma dicha anteriormente, y dada la amplitud concedida á éstos para exponer de palabra los hechos referentes á la posesión y despojo (cuando no entran en el terreno del derecho), invierten en esta labor largas horas y días y más días, con el sano propósito, las más de las veces, de devengar muchos honorarios; por regla general, y salvas algunas excepciones, hacen esto en la reproducción de la demanda, y en la contestación, con sus correspondientes réplica y dúplica, en las que lo menos es el punto litigioso y lo más el inmoderado afán de ensayarse en torneos intelectuales y lucir dotes oratorias; y dada la limitación de pruebas aludida, los interdictos resultan verdaderas caricaturas de un juicio, de cabeza deformé y pies diminutos, á semejanza de esas figuras ridículas que se nos dan en las revistas satíricas y en las cajillas de fósforos. Ya el Tribunal Supremo de justicia, en algunas de sus sentencias, se ha visto en la necesidad de poner mano en el asunto, declarando que no sean de abono más honorarios y derechos que los correspondientes á tres sesiones; y algunas Audiencias territoriales, interpretando recientemente preceptos similares al contenido en el artículo 1.644 de la ley de Enjuiciamiento civil, relacionado con el 1.656, han decidido que en los casos en que, según ésta, es potestativo y no obligatorio valerse de Abogados, las devengaciones de éstos deben ser de la exclusiva cuenta de quien utiliza sus servicios y no de los condenados en costas; pero con esto no está andado todo el camino que conduce á la regeneración de las prácticas forenses; es necesario algo más, es preciso dar reglas para la unificación del criterio judicial en este sentido.

Mientras la ley de un modo claro, y con disposiciones que no den lugar á torcidas interpretaciones, no determine que en los interdictos no es preciso valerse de Abogados, y que los que se valen de ellos tienen la obligación de abonarles sus honorarios, como sucede en los juicios verbales ordinarios, aquéllos no serán nunca sumarísimos, y subsistirá el perjuicio de que los condenados en los juicios posesorios no queden en condiciones de acudir á otros plenarios sobre la propiedad ó posesión definitiva, por haber consumido ya una parte considerable de su capital en los gastos del interdicto, ó se vean obligados á renunciar á sus derechos por no hacer mayores dispendios, permitiendo, las más