El Foro español (Madrid. 1898) (1900-09-20 00:00:00), página 12

exclusivamente la defensa contraria, con ello nos bastaría para dar por rebatidos sus argumentos; pero queremos apurar los nuestros... etc.»
Y nada más, por hoy.

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EL ARTICULO 317 DEL CODIGO CIVIL

En el Juzgado del Hospicio, y escribanía del señor Taracena, doña Ana María Oppenheimer, en representación de su hijo menor de edad D. Pablo Lubelza, pidió autorización para vender un inmueble en el que éste tenía parte de propiedad; el Fiscal pidió hipoteca la madre bienes propios á responder del producto de esa venta, y á falta de aquellos bienes se concedió la autorización, depositando el precio en el Banco de España, á nombre del menor; emancipado éste en la misma escritura pública de venta, por ser mayor de diez y ocho años y en uso del derecho concedido en el número 3.º del artículo 314 del Código civil, é inscrita esta emancipación en el Registro, por dos veces se pidió, y por dos se negó por el Juzgado, la entrega de dichos bienes al citado menor emancipado; la última vez se pidió reforma, fundada en que no impugnándose por nadie la emancipación hecha por estar en forma legal, nadie—en concepto del recurrente,—podía ni debía estorbar los efectos que á aquel acto señala el artículo 317 del Código civil, según el cual, desde el momento de la emancipación el menor queda hábil para regir su persona y administrar sus bienes como si fuese mayor de edad, exceptuándose sólo el caso en que quiera tomar dinero á préstamo, gravar ó enajenar bienes inmuebles, para lo que necesita el permiso del padre, madre ó tutor que le emancipó; y que aunque aquí no se trataba de estas excepciones, sin embargo, á mayor abundamiento, la madre, que había emancipado, había comparecido ante el Juzgado para dar á su hijo toda clase de permisos. Invocabábase además en el escrito las leyes 4.ª y 5.ª del título XI de la Partida V, en que el Código actual se inspiró, y las sentencias del Tribunal Supremo de 28 de Noviembre de 1869, 29 de Julio de 1867 y otras, concluyendo por hacer ver los gravesísimos perjuicios que se irrogaban al Sr. Lubelza por las negativas del Juzgado.

El Fiscal, en su dictamen, se adhirió á lo pedido en dicho escrito de reforma, añadiendo que si bien el mismo Ministerio Fiscal, alirse á realizar la venta, pidió hipoteca de los bienes de la madre para responder del precio, y que á falta de aquellos éste se depositó á nombre del menor, no era menos cierto, que por virtud de actos posteriores la situación legal del citado menor había variado totalmente, toda vez que su madre, en uso de un perfectísimo derecho que la ley la concedía, y en la forma preceptuada por la misma, emancipó á aquél, el cual aceptó la emancipación. Concluía el señor Fiscal salvando su responsabilidad por los perjuicios que se decía se estaban originando y diciendo que, no obstante su informe, el Juez, en su mayor ilustración, resolvería lo que estimase más ajustado á derecho.

Y el ilustrado Juez D. Eusebio Martín Ruiz estimó como más ajustado á derecho denegar también la reforma, «considerando que, si bien el artículo 317 del Código civil concede al menor emancipado la facultad de regir su persona y bienes como si fuera mayor, le prohibe, no obstante, hasta que llegue á la mayor edad, tomar dinero á préstamo, gravar ó vender sus bienes inmuebles y disponer libremente, con daño y perjuicio de sus propios intereses, de los bienes que le son propios (1), pues el permiso y autorización concedidos por la disposición legal ya citada, ha de entenderse que ha de ser para lo que estrictamente le fuera necesario con referencia á la administración de sus bienes, y cuando de disposición de ellos libremente se trate, como intenta ejecutar el menor, ha de someterse á las disposiciones generales que regulan la manera y forma en que los menores pueden disponer de dichos intereses (2).»

También hay otro considerando, que se funda en que la primera vez no se recurrió contra la negativa del Juez; pero no lo ocapiamos, por tratarse de la clase de expediente de que se trata, y de estar conforme con la nueva petición y reforma solicitada el Ministerio Fiscal, por lo que no hay ni siquiera que exponer á la consideración del público la razón legal de dicho considerando, quedando encerrada la cuestión jurídica á debatir en el que dejamos trascrito.

CORRESPONDENCIA ADMINISTRATIVA

D. Luis Domínguez.—Ciudad-Rodrigo.—Recibido el importe de su suscripción correspondiente al actual semestre.
D. Cecilio López.—Ramales.—Remitidos los números que pidió.
D. José Colomer.—La Bisbal.—Recibido el importe de su suscripción correspondiente al primer semestre de 1900.
D. Juan Sánchez Molina.—Villanueva de la Serena.—Idem el del primer semestre de 1901.
D. Baldomero Rodríguez.—Puebla de Sanabria.—Pagada su suscripción del actual semestre.
D. Urbano Huidobro.—Navarrete.—Idem id.
D. Ignacio Muriel.—Tamames.—Queda pagada su suscripción hasta fines del año 1900.
D. Manuel Capdevila.—Santa Coloma de Farnés.—Idem id.
D. Juan Manuel Iglesias.—Orense.—Recibido el importe de los semestres segundo de 1899 y primero de 1900.
D. Pedro Calvo.—Coruña.—Idem el del actual semestre.
D. Miguel Durá.—Denia.—Idem el del segundo semestre de 1899 y de todo el 1900.

(1) Como no es permitido ningún género de comentarios en esta sección, nos contentaremos á recomendar la atenta lectura de los artículos referentes al caso, para comprobar si existe la limitación á que se refiere lo que dejamos subrayado.
(2) Volvemos á hacer la misma recomendación.