El Foro español (Madrid. 1898) (1901-08-30 00:00:00), página 2

ces de primera instancia conocerían á las personas residentes en los pueblos de su distrito, y por tanto, nadie más indicado que ellos para proponer las que consideraran más aptas y en condiciones más recomendables para el desempeño de tales cargos.

Esa presunción fué el primer error del legislador, pues la inmensa mayoría de los Jueces, por razón del poco tiempo que residen generalmente en un mismo distrito, por razón de sus muchas ocupaciones, por razón de las distancias y no fáciles medios de comunicación entre la capital y sus pueblos, apenas conocen á ningún vecino de estos.

Previendo y queriendo sortear esta primera dificultad, concedió el legislador á los Jueces de primera instancia el derecho de pedir informes á las personas que les merecieran confianza, y estimaron que habían de informar con imparcialidad; con lo que, en vez de evitar, duplicó la dificultad. Porque, ¿á qué personas van á pedir informes los Jueces en pueblos donde á nadie conocen? Y aunque se hallen en relación con algunos vecinos de ellos, esas relaciones serán bastantes para que el Juez tenga fundada confianza de que los informantes procederán con verdadera imparcialidad?

Impónese desde luego la contestación negativa á esta pregunta, pues en la inmensa mayoría de los casos ocurrirá que los informes se inspirarán en los deberes políticos de los requeridos para prestarlos, y según estos sean republicanos, carlistas, liberales ó conservadores, á esos mismos matices políticos corresponderán las personas que recomienden, sean ó no aptas y abonadas para el desempeño del cargo de Juez municipal.

Resulta, pues, que ni los Jueces de instrucción se hallan en condiciones para hacer por sí, con mediano acierto, la designación ó propuesta de Jueces municipales, ni tampoco disponen de medios adecuados y eficaces para suplir y vencer tal dificultad con informaciones de suficiente garantía.

Además, todos convienen ya en que hoy, dada la actual organización de la justicia y de la administración en los pueblos, el cargo de Juez municipal tiene un carácter marcadamente político; y yo me atrevo á añadir, que mientras no se varíe sustancialmente esa organización vigente, no sólo tiene tal carácter el cargo de Juez municipal, sino que es preciso y conveniente que lo tenga.

No se me oculta la gravedad de esta afirmación; pero convencido de su certeza, no vacilo en hacerla, rindiendo culto, una vez más, al propósito firme de exponer en este trabajo la verdadera situación de las cosas, único modo de hallarlas remedio.

Todos sabemos hoy, aunque pocos lo digamos en público, que la mayor calamidad que puede sobrevivir á un pueblo es la desavenencia y enemistad de su Alcalde con el Juez municipal. Cuando esto ocurre, cada uno de ellos emplea toda diligencia en perseguir y vejar á los amigos de su contrario, utilizando al efecto todos los medios que pone á su alcance la autoridad que ejercen; sobrevienen entonces las falsas denuncias, las injustas sentencias, las multas improcedentes y excesivas; se fomentan y generalizan los odios, se quebranta y prostituye el principio de autoridad; vive el pueblo en continua alarma y en continua guerra; se personalizan y enconan los rencores y rivalidades, y acabán por traducirse en gravísimos delitos, cuyas funestas consecuencias dan al traste, para mucho tiempo, con la tranquilidad y la paz del vecindario.

Y como quiera que á esta situación violenta se llega poco á poco, paso á paso, aun tal vez sin darse cuenta de ello las personas que la ocasionan, es difícil, si no imposible, evitarla, como es difícil é imposible, sin gran esfuerzo, detener el descenso de un cuerpo que se despeña por un plano inclinado.

Pero todavía hay más.

Supongamos que un Juez, de ciencia propia ó por referencias fidedignas, se capacita para hacer la propuesta de Jueces municipales con el debido acierto, y efectivamente la hace con la rectitud é imparcialidad apetecibles. ¿Es que los propuestos pertenecen al partido que ocupa el Gobierno? Pues se dirá que aquel Juez es ministerial ó ha obedecido á presiones superiores. ¿Es que los favorecidos son de otro partido distinto? Pues se dirá que el Juez es enemigo del Gobierno, ó tal vez de las instituciones; y en ambos casos resultará en definitiva, que el prestigio del Juez se quebranta, y se aminora y reduce la confianza que á todos, absolutamente á todos, debe inspirar, y á cuya conservación debe atenderse siempre con el mayor esmero y diligencia.

Bajo otro punto de vista, aunque por razones muy análogas, esa facultad de que venimos tratando perjudica la autoridad del Juez que la ejerce. En efecto, los nombrados á virtud de su propuesta, se consideran, más bien que subordinados, amigos ó protegidos ó correligionarios suyos, y esta suposición, sobrada de fundamento racional, coarta la libertad del Juez de instrucción para corregir y castigar á los que, por su voluntad y por haberlos el propuesto, desempeñan los Juzgados municipales. Porque, gacaso tendrá un Juez de instrucción la libertad necesaria para corregir y castigar á un Juez municipal que no quiera serlo,—á quien á pesar de su negativa y por creerlo conveniente lo propuso y fué nombrado;—si este Juez, contra lo que era de esperar, comete cualquiera falta? ¿Dejará de tener en esta gran parte de culpa el único llamado á sancionarla y penarla?

Por último, entendemos que los Jueces no deben dar nada, absolutamente nada, graciosamente; lo único que deben dar es justicia. Poner en sus ma-