El Foro español (Madrid. 1898) (1901-05-10 00:00:00), página 5

tivo en la sucesión abintestato de éste? A primera vista parece que el silencio de la ley respecto á este punto, indica la extinción de ese derecho en cuanto la herencia haya de desfervirse por ministerio de aquélla en defecto de testamento; pues de una manera expresa y particular se refiere únicamente al caso que sobrevivan el cónyuge y hermanos ó sobrinos del difunto; robusteciéndose más esta opinión con el mismo texto de la ley, por cuanto el artículo 942, comprendido entre los que regulan la sucesión abintestato cuando á ella sean llamados los hijos naturales, declara expresamente que éstos percibirán en la misma sucesión la parte de bienes que les asignan los arts. 840 y 841 en concurrencia con los descendientes y ascendientes legítimos. Es así que los hijos naturales reconocidos gozan de igual concepto de herederos forzosos que el cónyuge viudo: y que respecto á ellos se hace la reserva expresa que se omite en cuanto á este; luego la interpretación restrictiva de la ley conduce necesariamente á la negación al cónyuge sobreviviente de percibir su parte de usufructo como legítima, cuando á la sucesión abintestato del premuerto concurren descendientes ó ascendientes legítimos ó hijos naturales reconocidos, quedando postergados al quinto llamamiento; ó en su caso entrará en la sucesión en la forma prescrita por el art. 953.

Innegable es que esta conclusión resulta absolutamente errónea, pero tampoco cabe duda de que se halla por completo conforme con el texto de la ley. Ahora, atendido el espíritu de esta, no es admisible, en modo alguno, esa conformidad, de no llegar á la inexplicable contradicción de otorgar al viudo ciertos derechos en la sucesión testamentaria del cónyuge difunto y negárseles en la legítima.

A nuestro juicio, el cónyuge viudo, tanto en la sucesión testamentaria como en la abintestato, tiene y puede ejercitar los derechos que le reconocen los arts. 834 y 836, habiendo de aplicarse para la división de la herencia las reglas expuestas en la materia de legítima para la apreciación y deducción de la que en usufructo haya de corresponder á aquél.

La última afirmación que hace el Sr. Unceta, es que el Tribunal Supremo es la única autoridad competente para fijar la norma jurídica en esta interesante cuestión.

Acaso la jurisprudencia del Tribunal Supremo ¿es en la actualidad fuente de ley obligatoria? Bastaría para contestar á esta pregunta invocar el párrafo segundo del art. 6.º del Código civil... Cuando no haya ley exactamente aplicable al punto controvertido, se aplicará la costumbre del lugar, y, en su defecto, los principios generales del derecho.

Dr. Nicolás López R. Gómez
Catedrático de Derecho internacional en esta Universidad.

JUSTICIA Y PROCEDIMIENTOS

La administración de justicia, por la organización de los Tribunales y por las leyes procesales que aplica, no satisface las necesidades de la época presente. En el transcurso de un siglo se ha cambiado por completo el carácter de la vida en todas las esferas de la actividad humana.

El descubrimiento de los modernos inventos ha ensanchado el círculo, engrandeciendo el Comercio, la Industria y la Agricultura, produciendo, como natural consecuencia, no sólo mayor número de conflictos de derecho que exigen la intervención de los Tribunales, sino también la necesidad de que la resolución sea pronta, porque la marcha rápida, para ser ordenada, demanda la reglamentación de los organismos sociales.

Hoy se contrata telegráficamente y se administra la justicia á paso muy retardado; las transacciones son muy frecuentes, sobre todo tratándose de derechos reales, y la administración de justicia no puede permanecer estacionada. Toda institución que no va al compás de los movimientos progresivos que marca el tiempo, es una rueda que dificulta y se opone á la buena marcha de la máquina social. Esto, desgraciadamente, le sucede á nuestra vetusta institución; no se halla á la altura de la época, y, por lo tanto, deja de llenar los fines propios y de inspirar la confianza que debiera.

La justicia es temida, y no sin razón; el propietario rural huye de ella como de un apestado, asustado por los exorbitantes gastos á que dan lugar los farragosos pleitos, y tiene que transigir (cuando no allanarse) derechos sagrados que le asisten en aras de la economía. Y en evitación de disgustos, perdiendo con ello lo que legítimamente le pertenece, el comerciante acude con frecuencia, escogitando, como medio de solucionar sus diferencias, al arbitraje extrajudicial, y solamente demanda justicia. ¡Triste es decirlo! El que por apremios ineludibles se ve compelido á ello, considera la intervención de la justicia como una verdadera calamidad.

En previsión de dispendios, los moribundos, al dejar esta misera tierra y separarse de los seres queridos, consignan en las últimas disposiciones, como precepto de ley, cláusulas en las que ordenan se diriman las diferencias que puedan entre ellos surgir amistosamente, estableciendo como sanción penal la intervención de los Tribunales en la testamentaria.

¿Quién es el culpable de éste estado de cosas? ¿Por qué la administración de justicia ha perdido en parte la pública confianza y se halla en vías de perderla por completo? Qui lo sa...

Tres cargos le dirigen la opinión imparcial y