El Foro español (Madrid. 1898) (1901-07-20 00:00:00), página 4

que no pueden tener otro objeto que hacer ilusorio y hacer imposible ese derecho consignado en la ley, y salvar de esta manera indirecta, irritante á hipócrita, á los Jueces ignorantes.

Éstamos examinar la última forma ó modo de exigir responsabilidad á los Jueces y Magistrados, ó sea el recurso de responsabilidad criminal.

Para el ejercicio de este derecho ofrece la ley á los prejudicados más facilidades y protección; pero en cambio, este recurso es precisamente el más susceptible de abusos y de iniquidades, porque como ya hemos dicho que para los Jueces se han creado delitos artificiales castigados con penas durísimas, resulta en definitiva la monstruosidad jurídica de que al Juez ignorante ó prevaricator que compromete la fortuna de un ciudadano, sea casi imposible aplicarle sanción alguna, mientras que al Juez que omitió ó retardó un trámite meramente formal del procedimiento y con el que no causó perjuicio alguno á nadie (ratificación de prisión, elevar á prisión la detención, recibir un regalo, etc.), puede ser suspendido en su empleo durante cuatro años y ser reprendido públicamente.

Vemos, pues, que esa pródiga legislación sobre responsabilidad judicial resulta ineficaz, ilusoria é injusta, y, por tanto, y á pesar de ella, tienen sobrada razón los que piden una ley eficaz que ponga dique á las arbitrariedades ó errores graves de los Jueces prevaricadores ó ignorantes, petición que con todo entusiasmo suscribimos, y para cuya realización expondremos en el artículo siguiente los medios que estimamos más adecuados y eficaces.

VIPEGÓN,
Juez de primera instancia.

TUTELA DE LOS MENORES CASADOS

Con este título aparece un bien meditado articulo en el núm. 3 de la Enciclopedia Jurídica. Cuestión compleja, ocasionada á errores, es la que en el mismo se dilucida, y como íntimamente ligada con la materia contractual, está llamada á ofrecer verdaderos problemas en la práctica.

Es la emancipación un estado de derecho, por el cual el menor de edad se equipara al mayor en todo lo que se refiere á su estatuto personal. Dicho estado, dice el art. 317 del Código civil, habilita al menor para regir su persona y bienes como si fuera mayor, pero con las limitaciones de que no podrá tomar dinero ó préstamo, gravar ni vender bienes raíces sin consentimiento de su padre, á falta de éste sin el de su madre, y por defecto de ambos sin el de un tutor. Y de aquí, de este precepto tan claro y sencillo, han deducido algunos que, al hablarse de un tutor, tratándose precisamente de persona que ha salido ya de la tutela, la ley se refiere á un tutor único, independiente del organismo tutelar que amparó al menor durante su minoría, y que nada tiene que ver con el indicado organismo.

Nada menos que esto, á nuestro entender.

Aparte de que la ley ha querido huir del escollo de la tutela única, que tan perniciosos efectos ha producido en la práctica, prescindiendo de que hoy la materialidad del tutor es un simple rodaje de la tutela, existe el que ésta, la protección de los huérfanos y desvalidos, reside en el Consejo de familia, según expresamente se consigna en el artículo 269 del Código civil, y que los tutores vienen á ser simples ejecutores de lo dispuesto por el Consejo. No existe antinomia alguna entre los preceptos de la ley. Los artículos 59, 317, 1.352 y 1.359 del indicado Código, responden todos al mismo pensamiento: el de la existencia de la institución tutelar, tal cual se desarrolla en el libro primero, título IX, que de la tutela trata. Suponer, por tanto, la extinción de ella por el simple casamiento del menor, es un absurdo. No se extingue, se paraliza, como se paraliza la patria potestad en sus efectos, cuando un menor de edad contrae matrimonio. Y de la misma suerte que éste, el menor que conserva sus padres, rige su persona y bienes como si fuera mayor, y sólo necesita de la intervención de aquéllos cuando quiere gravar ó vender sus bienes inmuebles ó tomar dinero ó préstamo, resurgiendo entonces la autoridad paterna, de la misma suerte y obedeciendo á igual principio, resurge la tutela, cuando se trate de un menor que carece de padres y se haya hallado sometido á ella. La ley es perfectamente lógica y armónica en sus instituciones: ni la patria potestad ni la tutela se extinguen en absoluto por el casamiento del menor; cesan en su ejercicio, pero perduran siempre, y tan es lógica, como que al hablar de las causas de la extinción de la tutela en el art. 278, no nombre la emancipación entre las que la extinguen.

No emplea la ley una locución, no hace uso de una frase que haga suponer la existencia de un tutor único. Bueno fuera que tal ocurriese, si dispusiera que, tratándose de menores que tuvieran padres, se les nombrara un defensor, cuando casados y siendo menores de edad, quisieren tomar dinero ó préstamo ó contratar sobre sus bienes. Pero no existiendo tal precepto, y siendo el padre ó la madre quienes deben autorizarse para tales actos, lógico es suponer, como decíamos antes, que sea su antiguo tutor el que deba prestar su aquesencia cuando dichos padres no existan.

Además, dada esa tutela especial, ¿quién habría de ser el que nombrara á tal tutor? ¿Quién le po-