El Foro español (Madrid. 1898) (1899-11-20 00:00:00), página 11

Recurso de casación de 30 de Septiembre de 1898. (Gaceta de 15 de Noviembre).—Robo.—Se declara no haber lugar al interpuesto por Ramón Rivera Rodríguez, contra sentencia de la Audiencia de Ponce, y se resuelve:
Que la Audiencia provincial de Ponce, al imponer al procesado recurrente la pena de dos años, once meses y once días de presidio correccional, como autor de un delito de robo, comprendido en el núm. 4.º del art. 526 del Código penal de Cuba y Puerto Rico, en relación con el último apartado del núm. 5.º del citado artículo, no infringió esta disposición legal, como pretende el recurrente, en el único motivo del recurso; porque según dicho párrafo, a los que roban en lugar habitado no llevando armas ni excediendo el valor de lo robado de 1.250 pesetas, se le impondrá la pena señalada en los dos casos anteriores en su grado mínimo; y siendo el grado medio de presidio correccional, el mínimo señalado en los dos párrafos anteriores, que comprende desde dos años, cuatro meses y un día, a cuatro años, dos meses, la impuesta por la Sala sentenciadora, se halla dentro del grado medio de esta pena.

Recurso de casación de 30 de Septiembre de 1898. (Gaceta de 15 de Noviembre).—Homicidio.—Se declara no haber lugar al interpuesto por Custodio Escobales y otros, contra sentencia de la Audiencia de Cáceres, y se resuelve:
Que según el art. 13 del Código penal, se reputan autores de un delito los que toman parte directa en su ejecución, los que fuerzan o inducen directamente a otros a ejecutarlos, y los que cooperan a la ejecución del hecho por un acto sin el cual no se hubiese efectuado; y
Que afirmándose en las preguntas segunda, tercera, cuarta y quinta del veredicto del Jurado que los procesados recurrentes son culpables de haber acometido, en unión de otros, armados de chuzos y palos, a Marcelino Parra, cooperando de este modo directamente a que uno de los que le acompañaban le infligieran una herida que le produjo al día siguiente la muerte, no cabe dudar la participación de todos ellos como autores del delito de homicidio, aun cuando conste que solo uno produjo la herida determinante de la muerte, porque la acometida de todos, armados de las mismas armas, y con unidad de propósito, revela la participación directa que tomaron en la riña, de la que resultó el homicidio, y la cooperación necesaria que prestaron para que el delito se perpetrara.

Recurso de casación de 30 de Septiembre de 1898. (Gaceta de 15 de Noviembre).—Homicidio.—Se declara no haber lugar al interpuesto por Ramón Romero y si al que ha deducido por adhesión el Ministerio Fiscal, y se resuelve:
Que las contestaciones afirmativas contenidas en las preguntas primera y segunda del veredicto del Jurado, en las que se consigna de un modo expreso que los disparos de arma de fuego dirigidos por el recurrente á Antonio Inigo fueron por consecuencia de una disputa de juego, y que los hizo después de haber sido agredido con una navaja por el Inigo, y de haber recibido tres heridas leves en la pelea que sostuvieron cuando salieron desata- dos por la disputa del juego, excluyen la concurrencia de la ejecución del hecho de la circunstan- cia eximente de responsabilidad total ó parcial de propia defensa, estimable sólo cuando precede agresión no provocada e inesperada, que sea necesario repeler o impedir, lo cual no sucede en el hecho origen del presente recurso, por la situación de desafío y riña en que voluntariamente se habían colocado los dos contendientes; y
Que la Audiencia provincial de Cáceres, al estimar como concurrentes en el hecho la primera y tercera de las circunstancias del núm. 4.º del art. 8.º del Código penal, incurrió en la infracción de ley y en el error de derecho invocado por el Sr. Fiscal en su adhesión al recurso interpuesto por Ramón Romero Gilarte.

QUEJAS Y COMENTARIOS

Hemos oído asegurar que algunos de los actuales Jueces municipales de esta Corte, no guardan con los Letrados, que á sus Juzgados acuden á cumplir deberes profesionales, las debidas atenciones, negándoles á veces, no ya lo que son derechos consignados en las leyes, sino hasta aquellas deferencias que se deben al compañero.
También hemos oído que no hace muchos días un joven abogado de este Colegio acudió ante el Juzgado municipal del Hospital á defender á unos extranjeros que celebraban juicio de faltas, y el Juez no le permitió hablar en defensa de sus clientes, fundándose en la rara teoría de que el juicio de faltas es verbal y personalísimo.
El abogado en cuestión formuló sus protestas de lo que prometió dar conocimiento al Ilustre Co- gio de Madrid.
Pero parece que la función tavo segundo acto, pues en el mismo Juzgado y día, después del juicio antes mencionado, celebróse otro en que el denunciado llevó para su defensa un conocido Letrado, á quien el Juez no tan sólo no concedió intervención en las pruebas para interrogar á los testigos, sino que ni aun con él guardó la atención de invitarle á subir al estrado y sentarse como siempre han hecho los Jueces municipales de Madrid con los abogados, (que después de todo pueden hacerlo hasta por facultad que les da la ley) y si le permitió informar en defensa, fué después de invocar y hacer recordar sus derechos y la práctica constante, la que tampoco aconseja que como se hizo en el juicio aquel, se consignase en el acta el informe de la defensa antes que el dictamen del fiscal.
Hoy que estamos en vísperas de que se ensanchen los círculos de acción de los Juzgados muni-