El Foro español (Madrid. 1898) (1900-01-30 00:00:00), página 5

BOLETÍN DE LA SEMANA

Presidencia del Consejo de Ministros.—Real decreto de Indulto.—Artículo 1.º Las penas de reclusión, cadena, presidio y cualquiera otra de privación de libertad que estén sufriendo en los presidios ó cárceres del reino, los condenados en las causas seguidas en Barcelona con motivo de los atentados de la Gran Vía, del teatro Liceo y de la calle de Cambios Nuevos, se conmutarán en las de extrañamiento perpetuo ó temporal según sus grados.

Art. 2.º Los ministros de la Guerra y de Gracia y Justicia, oyendo, si lo estiman necesario, á los respectivos tribunales sentenciadores, resolverán las dudas que en cada caso pudiera suscitarse la aplicación de esta gracia, según la diferente situación de los penados respecto del cumplimiento de su condena.

Art. 3.º Se otorga indulto de toda pena principal y accesoria á todos los reos que sufran condena de cualquier género por razón de alguno de los delitos cometidos con ocasión del ejercicio de los derechos individuales garantizados por la Constitución en las dos secciones 1.ª y 3.ª del capítulo segundo, título 3.º, libro 2.º del Código penal, con la sola excepción de lo que pueda afectar á la acción privada ó á las indemnizaciones ó derechos que correspondan á terceros interesados.

Dado en Palacio á 25 de Enero de 1900.—María Cristina.—El Presidente del Consejo de ministros, Francisco Silvela.

EL CÁNCER JUDICIAL

X

Divididas andan las opiniones de los técnicos, acerca de la bondad y de la eficacia que pueda reconocerse en la reforma de la organización judicial propuesta por persona de tanta autoridad y de tantos prestigios como el Sr. Montero Ríos, con motivo de la discusión ante la Cámara alta del presupuesto de gastos correspondiente al Ministerio de Gracia y Justicia.

Sin desconocer la economía que de su implantación resulta, si son exactos los datos estadísticos concernientes al personal que requiere, comparándolos con la organización de los servicios actuales; sin abordar el exámen de esa reforma, bajo su aspecto intrínseco, en lo que más directamente atañe á sus efectos y á sus consecuencias en el terreno de los hechos, en la manera de funcionar los Tribunales, en la buena administración de justicia, en una palabra, no proponiéndonos ahora afirmar resueltamente si nos inclinamos en pro ó en contra del proyecto mantenido por el ilustre canonista, una vez más hemos de dolernos y nos dolemos de la apatía y de la indiferencia un día y otro día demostradas ante el estado lamentable en que, lustros ha, se encuentra entre nosotros la Administración de justicia, acerca de cuyo mejoramiento, á tenor de lo que demandan las condiciones de nuestra cultura y de nuestro progreso, no se descubren rayos de esperanza, ni se observan corrientes vivificadoras en aquellos centros que de ello debieran preocuparse seriamente, como en la casa de la Sonora, en el Senado y en el Congreso de los Diputados.

Aunque lisa y llanamente, sin discusión de ninguna especie, se reconozcan todas las ventajas inherentes á la sustitución de los Tribunales impersonales por los Tribunales colegiados; aunque no existieran los gravísimos inconvenientes que otros ven surgir del hecho de confiar durante espacios trimestrales los Juzgados de primera instancia á los Jueces municipales sustituidos por sus suplentes en las funciones de la justicia municipal; aunque fuese muy considerable el alivio económico que reforma semejante reportará á las arcas vacías del Tesoro y á los bolsillos agotados del contribuyente, el cambio de postura que con ello se opera- se, la aparición de un nuevo aparato escénico que de ello resultase, no serían bastantes á calmar el desasosiego, la inquietud, el terror, el espanto y el pánico que de la inmensa mayoría, mejor dicho, de la generalidad de los ciudadanos se apodera, consciente ó inconscientemente, con fundamento sólido ó sin él cuando como demandantes ó como demandados, como acusadores ó como acusados, tienen que ponerse en contacto con nuestros organismos judiciales.

Y subsisten y siempre subsistirán esos sentimientos de desconfianza y de hostilidad en la opinión pública hasta que el espíritu público no vea, no sienta, se convenza y se persuada de que, de hecho y de derecho, se hallan garantizadas la ilustración, la laboriosidad y la rectitud de los juzgadores y de sus auxiliares, en todas las esferas, desde las más modestas á las más elevadas.

Solamente puede encontrarse una garantía de esa índole y naturaleza en una buena ley de responsabilidad judicial, que se aplique sin contemplaciones ni miramientos, que sí favorecen ó pueden favorecer á los intereses políticos de los partidos y de las banderías, se oponen al enaltecimiento y á la dignificación de nuestros Tribunales que, hoy más que nunca, debieran estar revestidos de aquellos prestigios que únicamente se derivan de una verdadera independencia, de una cultura sólida y de una integridad profesional exagerada que imitúlceen toda clase de presiones bastardas, vengan de donde vinieren, y resistan á las tentaciones, por seductoras que sean, y á las concupiscencias, por irresistibles que aparezcan.