El Foro español (Madrid. 1898) (1900-09-20 00:00:00), página 9

disponiendo que se atengan los tribunales al Fuero Juzgo, al Fuero Real y á las Partidas y los diferentes fueros especiales de algunas provincias, hicieron de España un maremagnun legislativo, perdiéndose juristas y tribunales en el fárrago inmenso de infinitas leyes, todas vigentes y á veces contradictorias, como dadas á diferentes generaciones, con diferente cultura, tendencias y necesidades, mediano entre algunas la enorme distancia de doce siglos.

Tal estado de cosas no podía subsistir por mucho tiempo, vencido que fuese el régimen antiguo, ya en lucha desesperada con las nuevas ideas político sociales lanzadas al mundo por la sangrienta revolución francesa. Ahogadas las Cortes de Cádiz por el imbécil Fernando VII y sepultados en presidio los hombres del 23, España se retrasó en el concierto jurídico más de medio siglo, pues hasta el 51 que se formuló el primer proyecto del Código civil que no llegó á discutirse, no aparece nada nuevo en medio de tanto malo. Por fin el año 61 se publicó la por tantísimos conceptos notabilísima ley hipotecaria, en la que se asegura ya de una manera efectiva los bienes de la mujer casada, desechando para siempre las antiguas y añejas hipotecas ocultas y generales que á fuerza de querer asegurar mucho, no aseguraban nada, perjudicando á la misma que querían garantir.

Promulgada la Constitución del 69 y proclamada la tolerancia religiosa, se imponía la necesidad del matrimonio civil para aquellos que no comulgaran en la religión cristiana; y en efecto, dicha ley se dio el año 70. El matrimonio, por su naturaleza es perpetuo é indisoluble, decía el art. 1.º de dicha ley, como enérgica protesta contra los que alimentaban teorías disolventes. El matrimonio que no se celebre con arreglo á esta ley, no producirá efectos civiles con respecto á las personas y bienes de los cónyuges, afirmaba en su art. 2.º, haciendo obligatoria su celebración, no solamente á los disidentes, sino á los católicos, perturbando con esto las conciencias de la casi totalidad de los españoles. Por esta ley, reflejo de las de Toro, la mujer no podía ni administrar sus bienes, ni contratar, excepción hecha de las compras que al contado hiciese de bienes muebles, y las que al fiado realicen de cosas dedicadas al consumo diario y de joyas que se usaran con conocimiento del marido. Una prohibición había altamente injusta, la de no poder publicar la mujer obras literarias sin licencia de su marido; censura previa marital, odiosa, é injustificada. Después de doce siglos, vuelve á concederse á la madre la patria potestad sobre sus hijos, negada por tanto tiempo con ciega pasión.

El decreto de 9 de Febrero del 75 vuelve á darle efectos civiles al matrimonio canónico, obligatorio para los que profesan la religión cristiana, reservando el civil para los que ostensiblemente no pertenezcan á ella; decreto que se ajustaba mejor que la ley, que en parte derogaba, á la realidad de las cosas; y al sentir de la mayoría de los españoles, llegando el Tribunal Supremo en su sentencia del 28 de Octubre del 79, á declarar que eran legítimos los hijos de matrimonio canónico celebrado el 72.

Tras la generosa tentativa del 82, por fin se publicó la ley de bases de 11 de Mayo de 1888, trazando el alcance que había de tener el vigente Código civil que, reformado apenas nacido, nos está rigiendo, sin llevar en cambio visos de que se cumpla el último número de la disposición adicional.

No cumple á la índole de este trabajo el hacer minucioso examen de todas las reformas que el Código establece en lo referente á la sociedad conjugual; baste decir, que con arreglo á la base 4.ª se atiene al derecho antes constituido, si bien con arreglo á la base 22 que la transformado completamente el derecho anterior en cuanto al contrato sobre bienes con ocasión del matrimonio, por lo que pasamos á dedicarle algunas consideraciones.

Ya deslindado con claridad en el matrimonio donde termina el sacramento y donde empieza el contrato, era fácil apreciar si los que aportan sus bienes, su industria y su trabajo por medio del matrimonio, deben encerrarse en un mismo círculo sin consultarles su voluntad, ni tener presente las mil y mil conceausas que en determinados casos se pueden encontrar marido y mujer, ya por su educación, ya por su edad, ya por la diferencia de capital aportado, ó ya por último por las diversas condiciones económicas y directivas de los que se unen para siempre, ó sí, por el contrario, lejos de trazarles por igual y con anterioridad el patrón á que todos sin excepción han de ajustarse al contraer matrimonio en lo referente á los bienes, tanto aportados como adquiridos, se les debe dejar que libremente modulen las condiciones económicas de esta sociedad, dentro de los requisitos esenciales que regulan los contratos y los particulares de esta especial sociedad.

Hasta el vigente Código civil, la mujer era socia del marido sin poder dejar de serlo, y bajo condiciones que ella no había estipulado; la rica y la pobre, la económica y la pródiga, la joven y la vieja, todas eran lo mismo ante la ley, como si todas se unieran en matrimonio con los mismos estímulos, con el mismo capital, con la misma edad, con la misma educación, con los mismos hábitos y con el mismo hombre. La propiedad, la administración y disfrute de los bienes privativos de cada cónyuge ó adquiridos durante dicha sociedad, no es cosa inmutable como el sacramento, que debe regir por igual á todas las clases sociales, sea cual fuese la condición en que se hagan. Esto, que la ley ha venido realizando por tanto tiempo, no debía ni po-