El Foro español (Madrid. 1898) (1900-09-10 00:00:00), página 11

que, de no ser así, se daría el caso de que se acordase el sobreseimiento sin haberse resuelto la recusación, con los inconvenientes y peligros que llevaría consigo el que se pusiera término á la causa encontrándose en entredicho y sometida á discusión la imparcialidad de uno ó más de los Jueces. La práctica, pues, que, según se expresa en la consulta, se sigue en la Audiencia de Madrid de suspender el curso del proceso cuando llega la oportunidad de citar para la vista á que se refiere el art. 652, sin que se haya resuelto la recusación, es la más conforme con los preceptos de la ley y con la naturaleza del caso.

El remedio que se indica para corregir algunos de los abusos á que la recusación se presta, pertenece á la esfera del derecho constituyente; pero es digno de anotarse para cuando se trate de la reforma de la ley Procesal.

Art. 101, ley de Enj. crim. (Tarragona).

92.—La autorización de la Diputación provincial y el dictamen de dos Letrados que exige el art. 86 de ley Municipal para entablar pleitos los Ayuntamientos á nombre de los pueblos menores de 4.000 habitantes, ¿son también requisitos necesarios para que dichos Ayuntamientos puedan querellarse en causa criminal?

La palabra pleitos la emplea indudablemente el art. 86 de la ley Municipal en su acepción más general y amplia, ó sea en la de litigio judicial entre partes, proceso ó cuerpo de actos sobre cualquier causa, civil ó criminal; y en tal sentido debe entenderse que los Ayuntamientos de pueblos menores de 4.000 habitantes necesitan autorización de la Diputación provincial para formalizar instancia como querellantes en causa ó pleito criminal; tanto más, cuanto que el ejercicio de la acción penal por parte de esas Corporaciones es asunto siempre grave y que puede afectar de modo importante al interés colectivo que aquellas representan. Si la ley hubiera querido limitar el requisito de la autorización superior á la materia civil, lo hubiera expresado y, al no hacerlo, se deduce, como obligada consecuencia, que la locución de que se vale abraza lo civil y lo criminal, con arreglo á su propia y general significación, sin otras excepciones que las que menciona el último párrafo del citado art. 86, entre las cuales no figura la demanda criminal, ó sea la interposición de querella por delito.

Art. 110, ley de Enj. crim. (Gerona).

93.—¿El trámite de calificación del delito comienza desde que se manda abrir el juicio público, ó después de presentar el Fiscal el escrito oportuno formulando las conclusiones provisionales?

Puede tener importancia la cuestión propuesta (aun cuando nada dice sobre ello el consultante) con relación al artículo 140 de la ley de Enjuiciamiento criminal, según el que los perjudicados por un delito ó falta que no hubieren renunciado su derecho podrán mostrarse parte en la causa, si lo hicieran antes del trámite de calificación. Pues bien, siendo el epígrafe del título primero del libro 3.º de la ley de Enjuiciamiento criminal «De la calificación del delitos», es evidente que el trámite aludido empieza con el primero de los artículos de dicho título, ó sea el 649, que preceptúa que cuando se mande abrir el juicio oral debe comunicarse la causa al Fiscal, ó al acusador privado en su caso, para que califiquen por escrito los hechos. Por lo tanto, desde que el Tribunal ha dictado el correspondiente auto mandando abrir el juicio y comunicar la causa al acusador, ya público, ya privado, ha quedado definitivamente concluso el trámite de sumario, y comenzado el juicio oral con el de calificación del delito; y ya no puede el perjudicado por el hecho punible mostrarse parte en la causa para ejercitar la acción penal y civil que procedan.

Art. 110, ley de Enj. crim. (Ciudad Real).

94.—Habiendo desistido un querellante de ejercitar la acción en una causa al darle traslado de la calificación del Ministerio fiscal, podrá admitirse la de un tercero que alega ser perjudicado en la misma?

La contestación á esta consulta se halla en el art. 410 de la ley de Enjuiciamiento criminal, según el cual el perjudicado por un delito, que no hubiere renunciado su derecho, puede mostrarse parte en la causa si lo hace antes del trámite de calificación, pero sin que por ello se retroceda en el curso de las actuaciones.

Y como el trámite de calificación del delito para el acusador particular empieza precisamente cuando ha sido devuelta la causa por el Fiscal con sus conclusiones provisionales (art. 651 de la ley citada) no habrá inconveniente, demostrada que sea debidamente su calidad de perjudicado, en que se le pase la causa, por igual término que fué concedido al Fiscal, para que forme el correspondiente escrito de calificación, y en el modo y forma que el 630 determina.

Art. 110, ley de Enj. crim. (Gerona).

95.—¿Puede reservarse el derecho para mostrarse parte en el proceso al ofendido, al ser enterado del que le asiste, ó necesariamente ha de contestar en ese acto afirmativa ó negativamente?

Ni uno ni lo otro: pues, con reserva ó sin ella, al ofendido por el delito, que no hubiere renunciado expresamente su derecho, le asiste el de mostrarse parte en la causa mientras no quede definitivamente concluso el trámite sumarial, ó sea antes que el Tribunal mande abrir el juicio oral y comunicar la causa á los acusadores para que califiquen por escrito los hechos, que es cuando empieza el trámite de calificación á que se refiere el art. 110 de la ley de Enjuiciamiento criminal; y no hay derecho, al enterar al perjudicado del que le asiste, á exigirle que conteste necesariamente si renuncia ó no al mismo, toda vez que la ley lo mantiene en él hasta la definitiva conclusión del trámite sumarial, según queda expuesto.

Art. 118, ley de Enj. crim. (Logroño).

96.—Si un procesado, en uso de la facultad que le concede el art. 118, otorga poder para que le represente en la causa á un Procurador, ¿será indispensable que éste, al personarse, ó al ejercer los recursos del art. 221, ó formular las pretensiones de que trata el 534, presente el poder bastanteado en forma, ó puede prescindirse de este requisito?

El art. 118 de la ley de Enjuiciamiento criminal dispone que los procesados deberán ser representados por Procurador y defendidos por Letrados que pueden nombrar desde que se les notifique el auto de procesamiento. Pero ni este artículo ni el 221, ni el 534 ni otro alguno del libro 2.º de la ley de Enjuiciamiento criminal, que al sumario se refiere, exige que el poder del Procurador esté bastanteado por Letrado; y, claro es que, si el legislador hubiese querido que en todo caso el poder del Procurador estuviese adornado de aquel requisito, lo hubiera exigido así expresamente, como lo ha hecho con relación al escrito de querella en el art. 277; entiende