El Foro español (Madrid. 1898) (1900-09-10 00:00:00), página 9

denegación de la participación en el precio no se funda en el desconocimiento del derecho que á percibir laudemio asiste á todo señor del dominio directo, sino en la circunstancia de no haberse justificado que los terrenos vendidos estuvieran sujetos al censo invocado para formular la petición que se ha denegado;

Que no cabe siquiera la posibilidad de infringir por falta de aplicación una disposición legal que carezca de eficacia obligatoria por haber caído en desuso;

Que la doctrina que sobre el derecho de amortización se supone derivada de la Constitución 2.ª, título 31, libro 4.º, volumen 1.º, es notoriamente inaplicable á las ventas efectuadas por causa de expropiación forzosa con destino á la reforma y ensanche de poblaciones, porque en tal caso el precio de la expropiación se da en equivalencia de todos los derechos dominicales, de tal suerte, que el terreno expropiado queda completamente libre de todo gravamen, á tenor de lo dispuesto en el art. 50 de la ley de 10 de Enero de 1879; y siendo esto así, es claro que de la venta, aunque por ella salga el terreno vendido del comercio libre, no puede nacer el derecho de amortización que presupone la subsistencia del dominio directo, por consistir tal derecho en la facultad por parte del dueño á exigir que la finca vendida á una mano muerta salga de su poder, ó bien, á su elección, en que se aumente el importe de la pensión;

Que, según el núm. 3.º del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil, no constituye incongruencia, la circunstancia de otorgarse á una parte menos de lo pedido por la misma;

Que de las sentencias del Supremo de 27 de Junio de 1887 y 18 de Febrero de 1896, no se infiere ni cabe inferir que la prueba supletoria de la existencia de los censos entifúnticos, sea tan sólo admisible cuando además de faltar la escritura de su constitución se prueba la pérdida de ese título originario, pues la doctrina contenida en dichas decisiones, se reduce á negar eficacia á la prueba supletoria, cuando conste acreditado que no se constituyó el censo mediante la escritura pública requerida por la ley;

Que si bien es inconcluso que la propiedad se reputa libre, á menos de probarse lo contrario, y que es preciso demostrar la identificación de las fincas que se supongan gravadas con un censo para que el gravamen se declare y reconozca, no se infringen estas reglas de derecho cuando la declaración del gravamen se funde en la prueba de su existencia;

Que el reconocimiento de una obligación preexistente hecha extrajudicialmente por el obligado, hace prueba en contra suya, á no mediar en el reconocimiento error ó otra justa causa que lo inva-

lide, según claramente se deduce del artículo 1.231 del Código civil, que da valor probatorio á la confesión extrajudicial, en relación con el 1.238, á tenor del cual se considera ese acto como un hecho sujeto á la apreciación de los Tribunales, conforme á las reglas sobre la prueba; y

Que esto mismo es lo que se deduce de las leyes 81, del título De probationibus et presumptionibus, del Digesto; 5.ª y 18 del Código, título Non numerata pecunia, y especialmente de la Novela 119, según la cual no debe darse crédito á la simple mención que de un documento se haga en otro posterior, á menos de probarse la obligación, pudiendo por ello consistir esta prueba en el reconocimiento escrito de obligaciones también escritas con anterioridad.

RESOLUCIÓN

dada por el Fiscal del Tribunal Supremo á las consultas que, en virtud de su circular de 30 de Mayo última, le han dirigido los Sres. Fiscales de las Audiencias, sobre interpretación y aplicación de diversos artículos del Código penal, y otras leyes repressivas especiales de la de Enjuiciamiento criminal y del Jurado.

(Continuación.)

c) Ley de Enjuiciamiento criminal.

Arts. 3.º, 4.º y 5.º (Vitoria).

37.—¿Pueden declararse de oficio las cuestiones prejudiciales, ó al menos las relativas á la validez de matrimonio y supresión de estado civil?

Entiende esta Fiscalía que tanto las cuestiones civiles prejudiciales referentes á la validez de un matrimonio ó á la supresión de estado civil, como las demás que fueren determinantes de la inocencia ó culpabilidad del procesado, pueden declararse de oficio por el Tribunal que conoce de la causa, no sólo porque la ley no lo prohíbe, sino porque no cabe obligar á un Tribunal á dictar un fallo, si en su ciencia y conciencia estima que la declaración de culpabilidad ó inocencia del procesado se hace imposible sin la previa resolución por quien corresponda de la cuestión civil ó administrativa determinante de una u otra.

Arts. 3.º, 4.º y 5.º (Vitoria).

38.—La resolución por los Tribunales competentes de las cuestiones prejudiciales, deberá servir de base á la ulterior del Tribunal de lo criminal, siempre y en todo caso, ó sólo cuando haya recaído en asunto sobre validez de matrimonio ó supresión de estado civil? Caso afirmativo, ¿deberá sobreseerse libremente, cualquiera que sea el estado del proceso, cuando la resolución de la cuestión prejudicial sea favorable al procesado?

Al preceptuar el art. 3.º de la ley de Enjuiciamiento criminal que, uno obstave lo dispuesto en los artículos anteriores, las cuestiones civiles prejudiciales referentes á la validez de un matrimonio ó á la supresión de estado civil se definirán siempre al Juez o Tribunal que deba entender de las mismas y su decisión servirá de base á la del Tribunal de lo criminal, ha venido á establecer, á nuestro juicio, tan sólo una excepción al principio consignado en el art. 5.º, de que la competencia de los Tribunales de lo criminal se extiende á