El Foro español (Madrid. 1898) (1901-11-20 00:00:00), página 11

particionales, por haberse faltado á la ley que en este caso era el testamento, y ser nulo, con arreglo al art. 4.º del Código civil, todo acto contrario á aquélla, es nulo el poder que se dió al administrador por los legatarios, en quienes no concurría la condición exigida, y máxime conteniendo tal documento la falsedad de que los otorgantes representaban las siete dozavas partes que el testador exigió para que pudiera hacerse tal nombramiento; lo que no creemos es que el Notario tuviese la obligación de hacerles acreditar ante él la existencia y concurrencia de tales circunstancias, porque ni la ley ni el reglamento del Notariado le imponen ese deber sino sólo el de dar fe de lo que ocurre en su presencia, quedando para los otorgantes la responsabilidad de sus manifestaciones y de sus actos.

Por lo que se refiere á lo ocurrido en el Juzgado con motivo del nombramiento de nuevo administrador, diremos que éste es un mandatorio, y, por tanto, por la petición de su remoción y su acuerdo por el Juzgado, quedó revocado el mandato, y por tanto, según el art. 1.735 del Código civil, el simple nombramiento de nuevo administrador revoca el del anterior, suponiéndose en este caso por la tácita, que hasta los que se opusieron al nombramiento del judicial consintieron en él desde el instante en que no recurrieron de la providencia en que se confirmaba su nombramiento aumentándole la fianza. Igualmente entendemos que contra la revocación del mandato no se da recurso alguno, pues, según el art. 1.732 del citado Código, por la revocación acaba el mandato, y no es modo de acabarse el seguir ejerciendo actos de administración, todos los cuales son perfectamente nulos, así como nulo es el recurso de apelación interpuesto por el administrador, pues á nadie puede obligarse á tener, contra su voluntad, un determinado mandatario, y aunque la ley procesal consigna esos recursos, es para las partes, y entendemos que aquel no era verdadera parte en aquel litigio, y aparte de que la ley procesal no puede hacer más que señalar, en general, los procedimientos, y es una ley adjetiva sobre la que está la ley sustantiva, que es el Código Civil, que dispone que el mandato acabe desde el momento mismo de su revocación. Es más, respecto á los actos y documentos otorgados por ese administrador después de saber que ya no lo era y utilizando el tiempo que duraba la tramitación de los recursos que utilizaba, dado el perjuicio originado, tal vez fuese causa hasta de responsabilidad criminal.

Los actos del otro administrador, realizados desde que se le pidió aumento de fianza, son válidos si en definitiva la aumentó, pero no en otro caso, porque aquel aumento era una condición impuesta para seguir administrando, y no podía seguir si la condición no se cumplía.

El pago hecho por un extraño para acabar con el concurso es perfectamente válido, conforme al art. 1.158 del Código Civil, teniendo la eficacia de extinguir la obligación, conforme al 1.156, y habiéndose pagado, incluso las costas, debía haberse dado por terminado el juicio, según el 1.445 de la ley de Enjuiciamiento civil, siendo nulo todo lo posteriormente actuado y de cuenta de quien lo actuó; véanse, entre otras, las sentencias del Tribunal Supremo de 3 de Junio de 1897, 24 de Octubre de 1894 y 4 de Noviembre de 1897.

Y, por último, respecto á que continúe en la administración ese administrador doblemente procesado, nos parece un hecho inaudito, gravísimo, del que pueden derivarse serias responsabilidades, sin que nos sea posible concebir que un Juzgado consenta tales cosas.

Esperamos que el comunicante nos dé nombres y detalles para consignar el hecho en nuestra sección de Quejas y Comentarios, y, en cumplimiento de nuestra misión moralizadora llamar la atención del Ministro de Gracia y Justicia, Presidente y Fiscal del Supremo, para que hagan uso de todas las energías que el caso requiera y sea cualquiera la categoría de las personas comprometidas.

LA REDACCIÓN.

QUEJAS Y COMENTARIOS

EXTRAÑA SENTENCIA

Sin necesidad de hacer preámbulos, que el lector fácilmente adivinará, vamos á ocuparnos, aunque no sea más que ligeramente, de una sentencia dictada por el Juez de primera instancia de Castellón de la Plana, D. Miguel Burguete Giner, en un juicio declarativo de menor cuantía.

He aquí los hechos objeto del pleito:

En una casa, propiedad del demandante, encontró la demandada unos tres mil duros en metálico, queafortunada mano guardó sigilosamente en las paredes. El demandante reclamó amistosamente á la demandada la entrega de la parte del hallazgo que legalmente le correspondía, y ésta suscribió un documento privado comprometiéndose á pagar á aquél 600 duros, firmando como testigos, á ruego de la interesada por no saber firmar, dos individuos que se encontraban presentes, renunciando el demandante y su familia á reclamar la parte que les correspondía por dicho hallazgo una vez satisfecha dicha cantidad.

No habiendo cumplido su compromiso la demandada, el demandante preparó la acción ejecutiva contra ella, la cual niega entonces haber suscrito el documento por más que hay testigos que decla-