El Foro español (Madrid. 1898) (1900-06-10 00:00:00), página 3

camiento de largas postergaciones en las anteriores, parecemos que nadie podrá tachar de injusto y abusivo el ejercicio de tal derecho por el Poder Ejecutivo; pero... sirviendo sólo dicho turno, como en realidad ha venido utilizándose casi siempre para otorgar, de un modo discrecional, ascensos á quienes, además, antes lograron hasta dos y tres promociones seguidas, cual podríamos citar de ello multitud de ejemplos, improvisando así, injustamente, carreras á los privilegiados... esto, lo creemos, y con nosotros lo apreciarán todos los espíritus rectos é imparciales, altamente injusto y de todo punto insostenible.

Las recientes discusiones parlamentarias acerca del proyecto de reorganización de nuestros Tribunales de Justicia, contenido en la enmienda del eminente jurisconsulto y canonista Sr. Montero Ríos; el movimiento general de opinión en capitales de provincia y partidos judiciales con motivo de la presentación de dicha enmienda suscitado, y la discusión en Corporaciones y Revistas jurídicas entablada sobre las respectivas bondades ó inconvenientes de tal ó cual sistema de organización de aquellos, parecemos indicar que ha llegado, ó al menos se aproxima, la hora de llevar á la práctica la reorganización de Tribunales, una de las más reclamadas por la opinión sensata del país, entre todas las reformas de los distintos servicios públicos.

Pues bien; si así es, cual todo, repetimos, nos induce lógicamente á creer, hagamos votos porque las reformas que se acometan, la organización de Tribunales, que en definitiva se plantee, estén cimentadas sobre estas racionales y convenientísimas bases: ingreso único en la carrera Judicial y Fiscal por medio de oposición pública, y en la última de las categorías, reservando, por vía de excepción, una de cada cinco vacantes del Tribunal Supremo para Abogados eminentes ó distinguidísimos y renombrados Profesores de la Facultad de Derecho. Disminución de las aludidas categorías á un número muy inferior al actual, para noble y legítimo estímulo de todos los funcionarios, que así podrán aspirar, como es debido, á ocupar, al cabo de muchos años de servicios, las más elevadas de aquellas. El ascenso único, por rigurosa antigüedad, estableciendo empero, cual es de estricta justicia interín se refundieran los dos actuales escalafones, es decir, mientras los más antiguos en una categoría no lo sean á su vez en la carrera, dos turnos de provisión: el primero, para el funcionario de la categoría inferior á la vacante que contase mayor número de años de servicios en la carrera, y el segundo, para el más antiguo en dicha categoría inferior á la vacante. Que sólo fueran de libre elección del Gobierno, aunque dentro, claro es, de determinadas condiciones, los cargos de Presidente y Fiscal del Tribunal Supremo, ó sean los jefes de la Magistratura y del Ministerio público de la nación. La verdadera inamovilidad de los funcionarios de la carrera en todos los aspectos de aquélla, como garantía eficaz de la independencia de la Magistratura, aunque de igual modo se estableciese y exigiera su responsabilidad más estrecha. Dotación digna y decorosa de los funcionarios judiciales y fiscales, colocándoles así á la altura de su misión, importancia social y deberes, y rodeándoles de los prestigios que tanto han menester, ya que en los tiempos que corremos, tan materializados por desgracia, parecen estar reservados los respetos humanos para las posiciones metálicas, no para las oficiales, por preeminentes que estas sean y por correctos y dignos que fueren los que las ocupan. Jubilación forzosa y no postergativa en el Gobierno, á determinada edad, de los funcionarios, que podría ser, como en otro trabajo pedimos y fundamentamos, sesenta años para los Jueces, y sesenta y cinco ó setenta para los Magistrados. Establecimiento de Tribunales colegiados permanentes en todas las capitales de provincia, con iguales atribuciones todos ellos, y competencia para resolver, en única instancia, lo civil y lo criminal, suprimiéndose, claro es, las Audiencias territoriales, y perdiendo las otras el adjetivo de provinciales, denominándose simplemente Audiencias. Y fijación, estable y definitiva, de las capitales de los Juzgados de instrucción, cuyo número deberá reducirse notablemente, pasando á la categoría de falta muchos hechos insignificantes considerados hoy como delitos, y no teniendo aquellos, en la sucesiva, el improbo trabajo de la resolución y fallo de los asuntos civiles, á tenor de la base precedente.

Con todo esto, y con dar á la ley orgánica de Tribunales que así lo estatuyera, carácter definitivo y permanente y no transitorio y provisional—cual suele acontecer casi siempre en nuestro país á las leyes de esta clase y otras importantísimas,—para evitar, en lo posible, el riesgo de constantes variaciones, que cada año nos amenaza al discurrir se los presupuestos generales del Estado, que deben ser sólo leyes que determinen y prefijen los gastos e ingresos de la nación, y no orgánicas de los Cuerpos y servicios públicos, paréceme habrán ganado muy mucho la administración de justicia, los funcionarios que ostentamos la honrosa investidura de aplicar las leyes, la sociedad en general, y todos los intereses legítimos que se desenvuelven dentro de esta, y que se relacionan, más ó menos directamente, con aquella altísima función del Estado.

¡Plúguese al cielo iluminar á nuestros eminentes hombres de gobierno y á nuestros sabios legisladores para el mayor acierto en las aludidas reformas de los Tribunales españoles, y sacando á