El Foro español (Madrid. 1898) (1901-08-30 00:00:00), página 8

indefinidamente la entrega de bienes á los herederos si había de esperarse, para que ésta se hiciera, á que las demandas se terminaran por sentencia firme; resultando, como consecuencia forzosa, que el derecho declarado en el art. 1.082 del Código civil con relación á los acreedores reconocidos como tales, y la suspensión de la entrega ordenada en el 1.093 de la ley procesal, vendría de hecho á hacerse extensivo á todos aquellos casos en que se formulara cualesquiera clase de demanda contra los abintestatos.

Otra cosa distinta es, tratándose de acreedores que presenten un título que justifique de un modo cumplido su derecho; porque entonces se parte de una base segura, de documentos auténticos, los cuales son suficientes para que se intervengan, ya en un sentido, ya en otro, los bienes de los dendeores, como ocurre en los juicios ejecutivos, en los concursos, quiebras, aseguramiento de bienes litigiosos, etc.

Los acreedores personales contra un abintestado no pueden tener más derechos que aquellos que lo sean contra otra clase de personas; y el acreedor personal que no presente título que tenga apareja de ejecución, no puede obtener que ésta se despaiche, ni que se embarguen bienes á su deudor. El acreedor personal, cuando no presenta título de aquella naturaleza, no puede intervenir los bienes del dendor, ya por medio de anotaciones preventivas, ya por medio de embargos, sino cuando obtenga sentencia firme condenándole al pago de la cantidad que reclame, ó sentencia condenatoria en cualquier instancia, ó presente documento del que resulte la existencia de la deuda con otros requisitos, y en los demás casos en que se llenen las prescripciones legales.

El legislador, para poner trabas á los bienes de los poseedores, exige que haya datos por los cuales los Tribunales puedan cerciorarse de que, por lo menos, asiste al que reclama algún derecho á ellos, y no de otra manera; porque entonces la propiedad y posesión serían perturbadas á instancia de cualquier litigante de mala fe, que, por desgracia, abundan mucho.

II

De lo manifestado en el número anterior, se infiere que, en el caso de que se trate, el Juez tenía el deber ineludible de cumplir con el art. 1.002 de la ley de Enjuiciamiento civil, entregando los bienes á los declarados herederos por auto ó sentencia firme; á no ser que se hubiera solicitado en forma la intervención judicial por los que tienen derecho á ello, ó fuere promovido el abintestado á instancia de los acreedores, ó que acreedores reconocidos se opusieran á la partición; y, por con siguiente, el Juez no incurre en responsabilidad civil al hacer entrega de los bienes á los herederos, en el caso de referencia.

III

El Tribunal Supremo de Justicia, en el considerando primero de su sentencia de 23 de Marzo de 1899, define de un modo magistral los casos en que el Juez incurre en responsabilidad civil, con motivo del ejercicio de sus funciones, y á la letra dice así:

«Considerando que, según los arts. 260, 261 y 262 de la ley sobre Organización del Poder judicial, los Jueces y Magistrados incurren en responsabilidad civil siempre que por ignorancia ó negligencia inexcusables causen á las partes en el ejercicio de sus funciones perjuicios estimables ó que puedan apreciarse en metálico, dictando providencias manifiestamente contrarias á la ley, ó omitiendo algún trámite mandado observar por la misma, bajo pena de nulidad, y siempre que al perjuicio acompañe la circunstancia de ser irreparable dentro del procedimiento en que se hubiere ocasionado, porque requiriendo los arts. 266 de la ley Orgánica citada y 903 de la de Enjuiciamiento civil como condición precisa para promover el juicio de responsabilidad, que el actor hubiere utilizado á su tiempo los recursos legales contra la resolución en que se suponga causado el agravio, ó hubiere reclamado oportunamente de ella durante el juicio, pudiendo hacerlo...»

IV

Atendiendo á las precedentes consideraciones, entendemos que el Juez de que se trata no ha incurrido en responsabilidad civil por el solo hecho de entregar los bienes á los declarados herederos, aunque estuviera pendiente la demanda de reclamación de honorarios.

Y respecto á si es ó no exigible tal responsabilidad con motivo de la resolución que dictara en los autos últimamente expresados, no podemos emitir opinión por desconocer los errores en que haya incurrido, y si en aquellos autos se utilizaron todos los recursos legales; por cuanto este conocimiento debe servir de base á la aplicación que haya de darse á las disposiciones insertas en el mencionado considerando.

Y, para concluir, debemos hacer constar que no basta el dato de que la superioridad revocase el fallo del inferior para afirmar que exista responsabilidad civil, porque el error es patrimonio de todos los hombres: todos los errores no originan tales responsabilidades; y la simple revocación no las prejuzga, pues la verdad legal sobre responsabilidad civil sólo se pronuncia en la resolución firme que se dicte en el juicio ordinario que ha de seguirse con el exclusivo objeto de exigirla.

JUAN MORENO Y NARANJO,
Juez de primera instancia.