El Foro español (Madrid. 1898) (1900-03-30 00:00:00), página 10

¡Claro debe ser el asunto, cuando así obra la Compañía del Norte!

En otro pleito que contra la misma Compañía se sigue en el Juzgado de la Inclusa, propúsose por el demandante, como medio probatorio, que el Director de la Compañía absolviese posiciones, y acordado que fué, se presentó en estrados el Jefe de lo Contencioso de la misma, D. Faustino Casas, exhibiendo un poder que le facultaba para comparecer por el Director y declarar en su nombre, lo cual no fué admitido por el Sr. Juez, quien entiende que la absolución de posiciones es un acto personalísimo para el cual no puede otorgarse poder ni comparecer por nadie.

Estimamos muy ajustado á razón el criterio del Sr. Juez de la Inclusa, pues eso mismo se desprende de los artículos 585-587 y concordantes de la ley de procedimientos civiles, y no creemos que el poder de esas entidades, aunque grande, llegue hasta modificar el sistema de enjuiciar, creando uno especial para ellas y sus asuntos.

En breve dictará sentencia el Juzgado de Ocaña en el asunto seguido por D. Eustaquio Yuguero con la Compañía de Madrid, Zaragoza y Alicante, del que conocí antes el Juez del Hospicio de esta corte, que más tarde fué declarado incompetente por la Audiencia.

Por cierto que á pesar de lo que dice el artículo 413 de la ley procesal y de que la Sala mandó enviar los autos originales á Ocaña, la Compañía ha pedido que se declare nulo lo actuado y se tramite de nuevo el pleito. ¡Pedir es!

El Juzgado no ha accedido á tan improcedente petición, y, como antes decimos, dentro de pocos días dará su sentencia.

La publicaremos en cuanto podamos.

RESOLUCIÓN

dada por el Fiscal del Tribunal Supremo á las consultas que, en virtud de su circular de 20 de Mayo último, le han dirigido los Sres. fiscales de las Audiencias, sobre interpretación y aplicación de diversos artículos del Código penal, y otras leyes repressivas especiales de la de Enjuiciamiento criminal y del Jurado.

(Continuación.)

III.—Ley Electoral de 26 de Junio de 1890.

Art. 91. n.º 1.º (León).

82.—Se le atribuye á un Juez municipal el hecho de haber repartido en su distrito el día de la elección candidaturas y dinero, recomendando á determinados candidatos á Concejales. El particular que quiera querellarse contra dicho Juez municipal por creer que ha infringido el núm. 1.º del art. 91 de la ley Electoral, podrá presentar desde luego el escrito de querella ante el Juez instructor, por ser un hecho cometido no como tal Juez, sino como un particular, ó deberá promover el antecujo? En este último caso, ¿tendrá obligación de prestar la fianza que determina el art. 762 de la ley de Enjuiciamiento criminal, ó no deberá prestarla conforme á lo preceptuado en el párrafo 5.º del art. 102 de la ley de 26 de Junio de 1890 y 58 del Real decreto de adaptación de 3 de Noviembre del mismo año?

El antecujo para exigir la responsabilidad criminal á los Jueces y Magistrados es sólo necesario cuando se trata de delitos cometidos por éstos en el ejercicio de sus funciones, ó sea (como dice el art. 243 de la ley provisional sobre organización del Poder judicial) cuando infringieran leyes relativas al ejercicio de sus funciones. El delito, por lo tanto, que el particular sólo puede perseguir mediante querella de antecujo es el que ha cometido el Juez ó Magistrado funcionando como tal autoridad judicial. Comprenédese en este concepto todos los de prevención, expresados nominativam en los artículos 758 y 759 de la ley de Enjuiciamiento criminal; los cometidos contra el ejercicio de los derechos individuales sancionados por la Constitución que á la autoridad judicial hacen relación, y cuantos otros, como los de falsedad, cohecho, usurpación de atribuciones, etc., puedan cometerse por dichos Jueces y Magistrados en el ejercicio de sus cargos, funcionando, repetimos, como tales autoridades judiciales.

Ahora bien, en el caso que el consultante propone, el Juez municipal no delinquió en acto funcional propio, pues que el hecho que se le atribuye, de haber repartido candidaturas y dinero para recabar votos á favor de determinados candidatos, es un hecho enteramente ajeno á las funciones de su cargo, y, por lo tanto, el particular que quiera querellarse por el mismo contra el expresado Juez no necesita promover el antecujo, bastando que presente la querella ordinaria ante el instructor, cual si se tratara de un delito cometido por un simple particular.

Art. 91... 2.º (Santander).

83.—Los médicos titulares de los pueblos, retribuidos con fondos municipales, ¿deberán ser considerados como empleados, agentes ó dependientes de los Municipios, á los efectos del num. 5.º del art. 91 de la ley Electoral de 26 de Junio de 1890?—Su separación, hecha durante el período electoral sin justa causa, ¿constituirá por sí sola el delito de coacción definido en la disposición legal citada?

Como los médicos titulares á que se alude no pueden menos de ser considerados como empleados del ramo de Beneficencia ó Sanidad municipal, y, por tanto, dependientes del Ayuntamiento que los nombra y retribuye, entiende este Centro que su separación, sin causa legítima, verificada en el período desde la convocatoria hasta después de terminado el escrutinio general, constituye el delito definido en el párrafo tercero del art. 91 de la ley Electoral citada.

(Continuación.)

CUADRO SINÓPTICO (1)

de los requisitos que la legislación vigente establece para la adquisición, venta y gravamen de bienes por la mujer casada

    Principio general
    Necesita licencia ó poder de su marido para adquirir por título oneroso ó lucrativo, enajenar sus bienes y obligarse. (Art. 61 del Código civil.)

    Dotales inestimados
    Si es mayor de edad le basta con la licencia de su marido. (Art. 1.861.) Si es menor, además de la licencia marital, necesita la autorización judicial á intervención del padre, la madre ó el que diere la dote, y faltá de todos, con intervención del tutor. (Arts. 61, 317 y 1.861.)

(1) Del último número de La Reforma Legislativa.