El Foro español (Madrid. 1898) (1901-10-20 00:00:00), página 9

QUEJAS Y COMENTARIOS

PARA LA AUDIENCIA DE MADRID

EN EL JUZGADO DEL CONGRESO

PLEITO VIEJO

Ahora que por el Procurador de este Colegio don Pedro Gauna se ha interpuesto un recurso de queja, en nuestro concepto injusto, contra el Juzgado del Hospicio, porque éste, interpretando rectamente la ley, se ha negado á admitirle un escrito de reforma en unos autos en que no era parte, y fundándose la negativa precisamente en esta circunstancia, nos parece llegada la hora de llamar la atención no sólo de la Audiencia, sino hasta del Ministro, acerca de lo que sucedió hace tiempo en este Juzgado, con motivo del pleito á que venimos aludiendo, sin que se haya conseguido entrar en una normalidad, sino por el contrario, enervándose cada vez más una especie de pugilato de opiniones contradictorias que, como se verá, se vienen sosteniendo entre varios Juzgados de Madrid, con grave detrimento de los intereses de los litigantes; pugilato que, por otra parte, podrá ya estar resuelto sin las dilaciones de que haremos mención, sin entrar á calificarlas y dejándolas íntegras, como todo lo que en síntesis vamos á exponer á la consideración de la Sala que entiende en el referido recurso de queja, y para que la sirva de ilustración al resolver éste, y de todos modos para que en su vista adopte las resoluciones que estime más oportunas, y que ni indicar queremos siquiera.

En Marzo de 1892, D. Antonio Giraldes inició ejecución contra D. Juan García Rodrigo, para pago de un crédito, al que se afectó como garantía la participación de 12.500 pesetas, que correspondían al deudor en una finca que, en unión de otros dos hermanos, poseía en la carretera del Pardo, y de cuyo embargo se tomó anotación en el Registro de la Propiedad. Este crédito figura hoy á nombre de D. Enrique Bausells, á quien le cedió el Sr. Giraldes.

Entendido éste de que se seguía ejecución hipotecaria contra los tres hermanos García Rodrigo en el Juzgado del Congreso, Escritanía de D. Ezequiel Ariazmendi, á instancia de D. Manuel Ávalos, como tutor del menor D. Hilario Ruiz Guerrero, pidió y obtuvo oficio para el referido Juzgado, interesando de él que, en caso de venta de la finca hipotecada, se retuviese á disposición del del Hospicio las cantidades que sobresan de la participación del ejecutado D. Juan García Rodrigo, ó sea la tercera parte, previa liquidación que se hicie con sujeción á lo que previene el art. 114 de la ley Hipotecaria, á cuyo oficio se contestó por el del Congreso que se tendrá presente lo interesado.

La misma petición hicieron desde otros Juzgados, entre ellos el de Buenavista, á petición de otros tantos acreedores del mismo deudor; pero es el caso, que después de transcurrir mucho tiempo, y á fuerza de oficios exhortatorios, de que luego haremos mérito, se dice por el Juzgado del Congreso que sobra sólo una cantidad relativamente insignificante, y se pide que los demás Juzgados canceleen los embargos practicados para que á la compradora de la finca, que es á quien representa el Sr. Gauna, la quede libre de toda carga, y los Juzgados del Hospicio y Buenavista se oponen á cancelar, fundados en que la liquidación de capital, intereses y costas realizadas en el Juzgado del Congreso, aprobada por el Juez suplente en aquella época Sr. Gallardo, y autorizada por el Sr. Arizmendi, estaba mal hecha y redundaba en perjuicio de los demás acreedores, pues aparte del volumen extraordinario que habían adquirido aquellos sencillos autos ejecutivos de una hipoteca corriente, y á pesar de haberse contestado por el mismo Juzgado del Congreso, á los oficios exhortatorios, que se tendrá en cuenta lo que se interesaba, ó sea el art. 114 de la ley Hipotecaria, no se había tenido presente tal disposición, porque ésta dice que la hipoteca no asegurará en perjuicio de terceros más que los dos últimos años de intereses y la parte de anualidad corriente, y aquí, sabiendo que se iba á ocasionar ese perjuicio, se habían pagado diez años de intereses, y además, y esto es lo más sorprendente, porque también en perjuicio de esos acreedores se habían pagado no sólo esos intereses y el capital y las costas del ejecutante, sino también LAS COSTAS DEL EJECUTADO (!!) á pesar de lo terminantemente dispuesto en contra en el párrafo 2.º del art. 1.520 de la ley de Enjuiciamiento civil, y máxime habiéndose defendido dicho deudor en concepto de pobre en la temeraria oposición que á la demanda hizo, dirigido por el conocido Abogado D. Luis Martorell.

Y no sólo es esto, sino que ni aun lo que sobra se ha conseguido que se ponga á disposición de los Juzgados exhortantes, pues entendió el del Congreso que no debía poner la cantidad á disposición del primer Juzgado que reclamó, y que resulta ser también el primero que anotó el embargo, y por el crédito más antiguo en igualdad de circunstancias, según resulta del certificado de cargas que obra en aquellos voluminosos autos, cosa que, al entender del Juzgado del Hospicio, debía hacer, dejando libre su acción al que se creyera perjudicado, para interponer la correspondiente tercera de mejor derecho, sino que por el contrario, entiende aquél que deben todos ir á ese mismo Juz-