El Foro español (Madrid. 1898) (1901-02-28 00:00:00), página 7

conceder importancia secundaria á la contestación, así también es peligroso el mirar el sumario como baluarte de la verdad, haciendo caso omiso de lo que no resulte de sus páginas.

Cometido un hecho que reviste caracteres de delito, comienza el Juez instructor á instruir el sumario, y como primera medida se adopta la de declarar secreto el procedimiento, en especial para el inculpado. La mayoría de las diligencias se practican á espaldas del mismo, y si bien en algunos casos admite la ley la intervención del acusado, no lo hace con aquellas garantías precisas á sus derechos. Así, por ejemplo, el art. 333 de la ley de Enjuiciamiento criminal dice: que cuando el practicarse las diligencias de inspección ocular haya alguna persona procesada, podrá presenciarlas ya sola, ya asistida de un defensor, y se le concede el derecho de hacer las observaciones que estime oportunas. He aquí un caso que, á nuestro juicio, es de los que más encajan en la indicada reforma. ¿Reúne la diligencia así practicada todos los requisitos necesarios para que pueda tomarse en consideración de un modo absoluto para las resoluciones del juicio? En manera alguna. Hay que tener en cuenta en éste como en todos los casos la realidad, y no dejarse llevar de idealismos que están en discordancia con ella. El proceso de ordinario carece de Abogado en el período sumarial, y como también en la mayoría de los casos suele carecer de instrucción, y por su situación de la independencia necesaria, resultará que raras serán las veces que su intervención en la diligencia pueda ser provechosa para sus derechos, y sería una verdadera crueldad que la ley diera valor de cosa juzgada á una diligencia practicada en estas condiciones.

Por otra parte, esto sería atentatorio á la soberanía del Tribunal en la apreciación de las pruebas, el cual, por virtud de este precepto, se vería obligado á aceptar como indiscutible el resultado de una diligencia, cuya eficacia, en suma, no será otra que la apreciación del Juez instructor consignada en la diligencia de inspección; con lo cual, en cierto modo, se daría á éste participación en el juicio, quebrantando profundamente lo que hay de más esencial en el sistema acusatorio. Creemos, por lo tanto, que no es posible admitir esta reforma que, como otras, tiende á desnaturalizar el procedimiento y á entromizar subrepticiamente el sistema inquisitivo, hoy desterrado de todas las legislaciones, en las que el progreso ha dejado sentir su beneficioso influjo.

XXX

En igual caso se encuentra, como ya anteriormente hicimos notar, lo relativo á facultar al Juez de instrucción para entender en el sobreseimiento, apertura de juicio, determinación de la competencia y proposición de pruebas, sin que sea preciso repetir aquí lo que entonces dijimos. No es este el camino para llegar á la realización de la justicia y corregir los males que hayan podido observarse en el sistema acusatorio. Cierto que frecuentemente se observa que los testigos se desdiken en el acto del juicio de las declaraciones prestadas en el sumario, y aun concedemos que en la mayoría de los casos se ajusten aquellas declaraciones más á la verdad, pero no por esto hay que condenar un sistema que lleva en sí ventajas indudables por todos reconocidas. Para evitar esto, hay que ahondar más, buscar las raíces del mal; hay que tener presente que el problema es muy complejo y son muchas las concepciones que llevan á este resultado, algunas ajenas al procedimiento, pero que dejan sentir su influencia en la esfera de los Tribunales. Colóquense al frente de los Juzgados de lo criminal Jueces que sientan vocación por esta rama de la Justicia, reservando los demás para lo civil; forme un cuerpo de verdadera policía judicial, desconocida casi en absoluto entre nosotros; eleve el nivel moral e intelectual de las clases populares mediante la enseñanza obligatoria y otras medidas análogas, y ya no estarán tan solos en su obra los Tribunales de Justicia; ya los ciudadanos cooperarán de un modo más efectivo á que esto se realice; ya será casi ineficaz que testigos venales falten á la verdad en el juicio, pues los hechos criminosos alcanzarán un grado de depuración que hoy es imposible en muchos casos lograr.

XXXI

Como las reformas que se indican en la base 8.ª han de producir radicales alteraciones en la ley de Enjuiciamiento criminal, paréceanos indudable que la reforma se habrá de traducir en una nueva ley de Enjuiciamiento. Llegado este caso, creemos natural que se aproveche para reformar la ley del Jurado, incluyéndola en aquella. Ambas, como dice la Fiscalía del Tribunal Supremo en la Memoria del año 1892, constituyen el Código de Procedimientos criminales, y preceptos incluidos en la ley del Jurado son de observación así mismo en las causas que no se ven ante este Tribunal, según ha declarado el referido Tribunal por boca de su Fiscal, según puede verse en la Memoria correspondiente al año 1893. Por ello, y ya que se ponga mano en estos Códigos, paréceanos lógico que no contiendan separadamente, sino que se forme uno solo con ellos.

¿Y en qué sentido habrá de reformarse la ley del Jurado? Punto es este que, de estudiarlo detenidamente, habría de invertirse mucho tiempo, y sería repetición de lo que tenemos expuesto en los Comentarios á dicha ley, que estamos publicando.