El Foro español (Madrid. 1898) (1901-03-20 00:00:00), página 7

La Cárcel de Mujeres de Madrid

Entre los plausibles propósitos que se propone llevar á la práctica el nuevo y popular Alcalde de Madrid, Sr. Aguilera, se halla el de derribar el vetusto y antihigiénico edificio en que está instalada la Cárcel de Mujeres de Madrid, conocida vulgarmente por La Catedra, y construir una nueva en los terrenos inmediatos á la Cárcel Modelo. El costo de la obra parece que será de tres á cuatro millones de pesetas.

Falta hace que desaparezcan ese y otros edificios en la mayor parte de las poblaciones de España, siquiera por caridad hacia los empleados y presos que se ven obligados á habitárselas.

POR INTERÉS DE LOS PROCURADORES

¿Procede la cuenta jurada contra los herederos de los clientes?

A nosotros nos parece indudable.

Sin embargo, el Juez del distrito de Buenavista, D. Manuel del Valle y Llano, es de opinión contraria, y acaba de denegar una cuenta jurada por un Procurador á unos testamentarios como representantes de los herederos de un Litigante, y lo que es más aún, ha denegado igualmente el requerimiento que aquél pretendía para que, en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 1.062 del Código civil, no prosigan las operaciones particionales mientras no paguen ó afiancen el crédito.

Lo más extraordinario del caso es, que ese mismo Procurador ha formulado la misma pretensión ante el Juzgado del Congreso, y ha prosperado.

¿Cuál de los dos Jueces tiene razón? Nosotros creemos que el del Congreso, entre otras muchas razones, por las brevísimas que pasamos á exponer. Queremos, sin embargo, consignar antes un detalle: el Juez de Buenavista se escuda con decisiones de la Audiencia; hemos procurado averiguar el caso, y al Procurador se le dice en la escribanía del Sr. Aguilar, que esas decisiones han emanado de un expediente seguido á instancia del Procurador Sr. Pintado; acudimos á éste, y nos manifestó que á él se le negó una jura en esas condiciones, pero que por tratarse de pequeña cantidad no apeló, y que no tiene noticia de que la Audiencia sostenga semejante teoría, porque en ella se admiten las cuentas juradas contra testamentarios, y herederos. ¿De quién es, pues, en definitiva el error, de la Sala de lo civil ó del Juez Sr. Valle? No lo sabemos; igualmente censurable sería en el uno-que en la otra, pero hacemos la aclaración para que, en caso de ser la Audiencia, se vea el sistema de poner allí remedio, y en caso de ser el Juez, se haga entender á éste cuál es la verdadera doctrina, y que no achaque á sus superiores lo que es su propio, y, en nuestro concepto, equivocado criterio.

Ahora bien; el art. 8.º de la ley de Enjuiciamiento civil concede á los Procuradores el derecho de jurar las cuentas á los clientes, y éstos, por lo tanto, vienen obligados á pagarlas en la forma que allí se establece, y esta obligación, con todas las del causante de una herencia debe contraerla el heredero, puesto que con arreglo al art. 661 del Código civil, los herederos suceden al difunto por el hecho sólo de su muerte en todos sus derechos y obligaciones. ¿En dónde está la excepción á este principio?... El Juez del distrito de Buenavista tiene la palabra, ó puede decirnos la lección que respecto á este asunto ha recibido de sus superiores, pues francamente confesamos que nosotros no la tenemos aprendida todavía.

Y se nos ocurre preguntar: ¿Concediendo el citado art. 8.º igual derecho á los Procuradores que á sus herederos, y aunque no estuviera claro el precepto del art. 661 del Código civil, por qué á ese derecho de cobrar en esa forma de los herederos del Procurador no ha de corresponder el deber de pagar en la misma á los herederos de los litigantes?...

Por otra parte, no es justo creer que, habiendo perdido el Procurador el derecho de cobrar por ese procedimiento sumarísimo y por el solo hecho de la muerte del cliente, siga ostentando el deber de pagar las cuentas de escribanía y demás por el mismo sistema, y ya sabemos que, aun muertos los clientes, los Procuradores se ven amenazados con la cuenta jurada y no pocas veces se les han embargado las fianzas por Escribanos, Abogados ó Relatores, lo cual, de ser atinada la teoría que combatimos, constituiría una verdadera ley del embudo, cuyo derogación deben pedir á gritos los Procuradores.

De todos modos, no conviene en manera alguna á los intereses y derechos de los Procuradores que tales teorías se sustenten, como tampoco conviene al prestigio de los Tribunales que lo que se acepta en el Juzgado del Congreso se rechace en el de Buenavista, porque nosotros creemos que no hay más que una ley y la misma para todos los Juzgados de España, y el criterio judicial debe ser uniforme en todos ellos.

Por lo demás, á nosotros la cosa nos parece de las que vulgarmente se llaman de clavo pasado, por más de que á la Audiencia ó al Sr. Valle les parezca otra cosa.

Sin embargo, tal vez estemos equivocados; también creíamos que un administrador judicial, y sin más fianza que el estar nombrado por el acreedor, no tiene derecho, por sí y ante sí, y sin autorización del Juzgado, para derribar los muros de una fábrica, arrancar una maquinaria, trasladarla desde Zaragoza á Aranjuez, utilizarla por su cuenta y con sustancias químicas que la destruían, según todo ello se probó con actas notariales y dictáme-