El Foro español (Madrid. 1898) (1900-06-10 00:00:00), página 11

D. Santiago Ballesteros Olba, por D. Florentín Fernández Rodríguez, en reclamación de 2.500 pesetas.

D. Ladislao Redondo de Zúñiga, por D. Cipriano López Manzanares, en reclamación de 1.500 pesetas.

D. Julián Rídruejo, por D. Ignacio Sáinz de Aja, para que le abone 17.000 pesetas.

Doña Cecilia Sanz, por el Banco Hipotecario, sobre pago de 200.000 pesetas.

D. Julián Fuentes, por D. Francisco Rodríguez García, para que le abone 370 pesetas.

D. Cayo Quiñones de León, por Doña María Serrano Díaz, para que le satisfaga 17.500 pesetas.

D. Lorenzo Quintana y Moscoso, por D. Francisco Verdier Roscol, para que le pague 1.275 pesetas.

D. Francisco Otaola García, por D. Nicolás Rodríguez Romero, en reclamación de 8.300 pesetas.

D. Evaristo Bravo, por D. Teodoro José Trigo, para que le satisfaga 648 pesetas.

D. Pedro Rivera, por Doña Encarnación Encina y Ordénez, en reclamación de 15.000 pesetas.

D. Manuel González Aguado, por D. Ernesto Pereda y García, para que le pague 3.000 pesetas.

JURISPRUDENCIA

CIVIL

Recurso de casación por infracción de ley de 14 de Octubre de 1898.—(Gaceta del 31.) Declaración de pobreza.—Se declara haber lugar al interpuesto por D. Alejo Campillo contra sentencia de la Audiencia de esta corte, y se resuelve:

Que para denegar los beneficios de la pobreza en el caso del art. 16 de la ley de Enjuiciamiento civil, no deben computarse al litigante las rentas de su consorte, porque la acumulación de tales rentas á los demás productos con que cuente para vivir, tan sólo está permitida en el caso del art. 18 de la propia ley, siendo entonces preciso que los productos acumulados equivalgan al triple jornal de un bracero para que la denegación de aquellos beneficios sea procedente.

Recurso de casación por infracción de ley de 15 de Octubre de 1898.—(Gaceta del 31.) Impugnación de derechos procesales.—Se declara no haber lugar al interpuesto por D. Andrés Unzueta y D. Joaquín Marcó contra sentencia de la Audiencia de Burgos, y se resuelve:

Que cualquiera que sea la inteligencia que se dé al art. 355 de los Aranceles judiciales de 4 de Diciembre de 1883, como las copias simples á que se refiere y cuyos folios han de regularse para el efecto de los derechos devengados por la extensión que tengan los documentos de donde son sacadas, no puede entenderse que sean otras que las literales, es evidente que ninguna aplicación tiene al caso del presente recurso, en el que las presentadas por el Procurador no fueron reproducción exacta de algunos de los documentos que acompañó con su demanda en el pleito á que este incidente se refiere, y que, según el precepto estricto del 72, debió el actuario examinar y reconocer dichas copias para poder dar debida cuenta al Juzgado á los efectos legales consiguientes, y no exigir por hoja de éstas más que los 20 céntimos designados en dicho artículo, único aplicable, tanto por la expresada razón, cuanto porque la regla de interpretación y criterio establecida en el 357 obliga á resolver las dudas que puedan ocurrir en sentido favorable á los litigantes; y

Que el art. 361 de los Aranceles, en relación con el 8.º de la ley de Enjuiciamiento civil, expresamente condenan á los auxiliares y subalternos que cobren derechos mayores de los debidos, entre otras responsabilidades, á pagar las costas que se ocasionen hasta el completo resarcimiento.

Recurso de casación por infracción de ley de 15 de Octubre de 1898.—(Gaceta del 31.) Pago de pesetas.—Se declara no haber lugar al interpuesto por doña Josefa de Mauzanedo contra sentencia de la Audiencia de esta corte, y se resuelve:

Que son inadmisibles los motivos del recurso en que se plantean cuestiones que no fueron ni pudieron ser objeto de pronunciamiento especial en la sentencia reclamada conforme á lo dispuesto en el núm. 5.º del art. 1.729 de la ley de Enjuiciamiento civil.

Recurso de casación por infracción de la ley de 18 de Octubre de 1898.—(Gaceta del 31.) Defensa por pobre.—Se declara no haber lugar al interpuesto por D. José Díaz contra sentencia de la Audiencia de esta corte, y se resuelve:

Que partiendo el recurrente de una afirmación contraria á la que hace la Sala sentenciadora apreciando en conjunto las pruebas, no basta para su discusión en el fondo la sola cita del núm. 7.º del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil, si á la vez no se alega el error de hecho ó de derecho en que se supone ha incurrido al apreciarlas, y cuando en tal omisión se incurre, no es admisible el recurso, según establece el núm. 9.º del art. 1.729 de dicha ley; y

Que siendo discrecional en la Sala sentenciadora, según el art. 659 de la citada ley, la facultad para apreciar la prueba testifical, no se da, contra la apreciación que haga, el recurso de casación.

Recurso de casación por infracción de ley de 18 de Octubre de 1898.—(Gaceta del 31.) Reivindica-