El Foro español (Madrid. 1898) (1900-04-30 00:00:00), página 5

defensa de clientes acusados en juicio de faltas, aparte de no guardar con ellos las atenciones que como compañeros se merecen.

Varios rumores han llegado hasta nosotros en los que se manifestaba que era frecuente el caso de que se diesen por olvidados la Real orden de 26 de Agosto de 1843, el art. 1.º de la de 7 de Julio de 1868 y las 28 y 30 de los vigentes Estatutos de los Colegios de Abogados, y recientemente hemos dado cuenta de la queja elevada al Colegio de Madrid por el Sr. Abril y Ochoa, á quien parece que el Sr. Juez municipal del Hospicio denegó el derecho de asistir á un juicio de faltas y hasta le privó de presenciar el acto.

Para conocimiento de todos, y deseando que tales casos no se repitan, sino que, por el contrario, sean por todos los Jueces municipales reconocidos los derechos, tanto de los Abogados como de los que su defensa soliciten, insertamos á continuación una comunicación de la Presidencia del Tribunal Supremo que se ha publicado en el Boletín Oficial de la provincia de Madrid el día 6 de Marzo último, cuyo texto podrán invocar los que, en su caso, lo necesiten, y que dice como sigue:

«PROVIDENCIAS JUDICIALES.—AUDIENCIAS PROVINCIALES.—Secretaría de Gobierno.—El Excmo. Sr. Presidente del Tribunal Supremo, se ha servido comunicar al Ilmo. señor Presidente de esta Audiencia, con fecha 12 del actual, la resolución de la Sala de Gobierno de aquel Supremo Tribunal, que literalmente copiada dice así:

»Ilmo. Señor: Instruido expediente ante la Sala de Gobierno de este Tribunal Supremo con motivo de queja presentada al Presidente de la Audiencia territorial de la Coruña por varios Letrados del Juzgado de Cambados, solicitando se dejase sin efecto la resolución del Juez de primera instancia de dicha localidad, prohibiendo la asistencia de asociados á los juicios de faltas, la expresada Sala que tengo el honor de presidir, haciendo uso de la facultad que le confiere el art. 5.º de la ley provisional sobre organización del Poder judicial, ha acordado declarar en sesión celebrada en este día y de conformidad con el dictámen del Sr. Fiscal, que es postasitivo en los interesados valerse de asociados, sean o no Letrados, para la celebración de los juicios de faltas con arreglo á lo dispuesto en el art. 858 en relación con el número 3.º del 856 de la mencionada ley, si bien deberá satisfacer los honorarios ó derechos que aquéllos devengasen la parte que utilizará sus servicios, aunque fuese condenada en costas la contraria; disponiendo al mismo tiempo dicha Sala, para que exista sobre punto tan importante la debida uniformidad, que se haga saber á los Presidentes de las Audiencias territoriales la expresada resolución, á fin de que la comuniquen á los Jueces de primera instancia e instrucción de sus respectivos distritos, quienes á su vez lo habrán de circular á los Jueces municipales de su partido.

»Lo que comunico á V. I. para que tenga el debido cumplimiento lo acordado por la mencionada Sala de Gobierno y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 12 de Febrero de 1900.—S. de Isasa.—Sr. Presidente de la Audiencia territorial de esta corte.

»Lo que se publica en el Boletín Oficial de esa provincia, para el debido conocimiento de las Autoridades judiciales á que hace referencia la preinserta disposición del Tribunal Supremo.

»Madrid 26 de Febrero de 1900.—De orden de S. S., el Secretario de Gobierno, Juan M. de Cápua.»

Creamos que con esto se desvanezcan todas las dudas y no se repetirá el caso de que un Letrado, requerido para defensa en juicio de faltas, tenga que retirarse sin poder cumplir su misión, porque así lo acuerde el Juez municipal.

REVISTA DE TRIBUNALES

LAS COMPAÑÍAS DE FERROCARRILES
ANTE LOS TRIBUNALES DE JUSTICIA

Con fecha 12 del pasado mes, la Sala primera de esta Audiencia, ha dictado sentencia resolviendo la apelación y la discordia de que ya nos hemos ocupado. Dicha sentencia contiene los considerandos que copiamos, y dicen así:

«Considerando que, según el art. 524 de la ley procesal, existe defecto legal en el modo de proponer la demanda cuando no se fija con claridad y precisión lo que se pide y la persona contra quien aquella va dirigida, lo que no ocurre en lo que da origen á estos autos, puesto que en ella se pide que se condene á la Compañía á pagar el valor de la falta, avería y demérito causados en las mercancías del actor por las malas condiciones del transporte, para cuya liquidación y determinación al ejecutarse la sentencia podrán servir de base las declaraciones de personas competentes con conocimientos prácticos en esta clase de gérmenes, con cuvas palabras se refiere claramente al juicio de peritos, pues estos son las personas prácticas y competentes que se dice en la demanda, con lo cual queda fijado con la debida claridad lo que en ella se pide y la persona contra quien se dirige; considerando que en la ley de Enjuiciamiento, al tratar de la ejecución de las sentencias se dictan reglas para los casos en que la condena consista en el pago de daños o perjuicios ó de otras cantidades líquidas, lo que demuestra igualmente la imprudencia de la excepción estimada en la sentencia apelada, sin que tampoco sea necesario fijar la cantidad que se pide para determinar la clase de juicio que haya de seguirse según autorizan los artículos 490 y 491 de la citada ley; considerando que una vez desestimada la excepción propuesta procede devolver los autos originales al Juez de primera instancia para que dicte, respecto del fondo ó materia principal del litigio, la sentencia que estime justa en razón á que esta Sala carece de jurisdicción para hacerlo, toda vez que no se puede privar á las partes del derecho que tienen á las dos instancias, ni, en su caso, de la práctica de las pruebas que podrían utilizar en la altaza con vista del aprecio que la sentencia del inferior hubiese hecho en cuanto á las practicadas en la primera, además de que puede ser distinta la situación de los litigantes como apelantes ó apelados; considerando que las Salas de lo civil de las Audiencias, no tienen otra jurisdicción, por regla general, á la que está sometido el caso de autos, que las que les atribuye la apelación interpuesta, y como esta lo es de una sentencia que sólo se refiere á la excepción dilatoria, absteniéndose expresamente de falar sobre el fondo, no hay materia apelada respecto á lo