El Foro español (Madrid. 1898) (1901-10-30 00:00:00), página 5

3.ª Secretarios de las Audiencias de término, con 7.500.
4.ª Secretarios de las Audiencias de ascenso y Vicesecretarios de las de término, con 6.250.
5.ª Secretarios de las Audiencias de ingreso, Vicesecretarios de las de ascenso y Secretarios de los Juzgados de instrucción de término, con 5.000.
6.ª Secretarios de los Juzgados de instrucción de segundo ascenso, con 4.000.
7.ª Secretarios de los Juzgados de instrucción de primer ascenso y Vicesecretarios de las Audiencias de ingreso, con 3.500.
8.ª y última, Secretarios de los Juzgados de instrucción de ingreso, con 3.000.

Para pertenecer á ésta carrera, será indispensable el título de Abogado. Su ingreso será por oposición, y por la última categoría, y los ascensos, por antigüedad rigurosa. Se aplicarán á esta carrera, con las modificaciones necesarias, las disposiciones que rijan en la judicial respecto á la manera de premiar méritos especiales, á excedencias, jubilaciones, traslados, separaciones y destituciones, dietas, incompatibilidades e inamovilidad.

Los Secretarios judiciales tendrán á sus órdenes el personal auxiliar que fuere preciso, dotado con sueldo fijo y una consignación para material.

Esta organización supone un aumento de importancia en el Presupuesto de gastos—tal vez el 30 por 100 respecto al vigente—por la mayor dotación de los Magistrados, Jueces y Fiscales; porque se pone á sueldo á los Secretarios y sus auxiliares, y por razón del material de las Secretarías. Para atender á ese aumento, y en lugar de los derechos de Arancel que se suprimirían, habría de crearse el que yo llamo «impuesto de tramitación», y se encargaría á los Secretarios de los Juzgados de instrucción la legalización de todos los documentos que hubieren de hacer fe fuera de la provincia donde estén otorgados.

Estarian sujetos al impuesto de tramitación todos los asuntos civiles que se promovieran ante el Tribunal Supremo, las Audiencias y los Juzgados de instrucción; las apelaciones interpuestas en los Juzgados-notarios y los recursos de casación. Se haría efectivo este impuesto por medio de pólizas timbradas al efecto, que podrían ser de diez y nueve clases, la más barata de cinco pesetas y la más cara de mil, por acomodarse á la cuantía del asunto, y se presentarían necesariamente adheridas al primer escrito de los interesados, á los cuales no se les volvería á pedir nada más por este concepto durante la sustanciación del negocio. Según mis cálculos, basados en el movimiento de asuntos durante el quinquenio de 1887 á 1891, ese impuesto produciría al Tesoro de cuatro y medio á cinco millones de pesetas al año.

Las legalizaciones que hacen ahora las Notarías pueden ser, sin inconveniente alguno, confiadas á los Secretarios de los Juzgados de instrucción, y los derechos, siempre modicos, que á esa diligencia se asignasen, serian satisfechas por medio de pólizas especiales. Carezco de datos para calcular las utilidades que por este concepto obtendría la Hacienda; mas acaso llegasen á 400.000 pesetas anuales, á juzgar por lo que, según mis informes, importan los sellos de legalizaciones vendidos en el Colegio Notarial de este territorio en los años últimos.

De todas suertes, es seguro que con los productos de ese arbitrio, con los del impuesto de tramitación y con lo consignado actualmente en el presupuesto para el personal y material de los Tribunales, habrá más de lo necesario para plantear la organización que propongo.

Si esto se hiciera, todos saldríamos beneficiosos; la administración de justicia, porque al ser más económica y rápida ganaría mucho en honra y prestigios; los litigantes, porque nunca les costaría la póliza de tramitación tanto como los derechos que hoy tienen que abonar á los Auxiliares de los Tribunales y Juzgados, y nosotros, en fin, por el pequeño aumento que nuestros actuales mezquinos haberes habríamos de experimentar.

Complemento, al par que este requisito indispensable para el planteamiento de este plan de organización judicial, habría de ser la reforma de las leyes de Enjuiciamiento criminal y civil, y del Código penal, en el sentido de ampliar la esfera de las faltas para que caigan dentro de esa denominación muchos hechos indebidamente calificados hoy como delitos; de simplificar algunos trámites y suprimir otros en los juicios ordinarios y universales, haciéndoles más breves y sencillos; de reducir á un solo tipo los juicios sumarios, que ahora tienen tramitación especial y distinta; de acomodar al Código civil la ley adjectiva; de conceder al Juez alguna mayor iniciativa en los asuntos civiles y confiar más en su prudencia y celo en los criminales para evitar ese enorme número de sobreseimientos, que tanto desprestigia á los Tribunales á los ojos de ciertas gentes; de hacer más rápidos los sumarios, descartando de ellos multitud de diligencias innútiles, debidas tan sólo al criterio de desconfianza en que se inspira la ley vigente; y de privar al Ministerio fiscal de ese poder absoluto con que la exageración del sistema acusatorio le ha investido al poner en sus manos la proclamación de la inocencia de quien acaso un Tribunal colegiado, vistas las pruebas, reputara culpable.