El Foro español (Madrid. 1898) (1899-11-20 00:00:00), página 4

dos. Pero si con sinceridad se desea una verdadera revolución en todos los servicios del Estado; si se quiere evitar el desorden, la inmoralidad y el despilfarro, causa de nuestros infortunios; si el pueblo se ha de ir acostumbrando á la cosa pública, aiviando las energías necesarias de la masa neutra; si la justicia ha de ser alguna vez en España una verdad con todos sus atributos de prontitud, facilidad y economía; si los Tribunales han de inspirar confianza al país, ahuyentando la repugnancia que hacia la curia sienten las gentes, cesen las anécdotas humorísticas que contra ella corren de boca en boca; si se quiere matar el caciquismo en España y separar por completo la política de nuestros Tribunales, no hay otro medio que el propuesto. ¿Qué a-usta en este sistema? Que los adjuntos, por ejemplo, deban su cargo á la suerte y al azar. ¿A los rutinarios y empíricos opuestos á toda obra de mudanzas y transformaciones por egosismos y de conveniencia personal ó de partido, se les puede contestar? Y los que en juicio oral y única instancia ejercen cargos tan importantes que con un sí ó un no, deciden de la vida, de la honra y hacienda de un individuo? ¿El servicio militar, tan odiado y temido por todos hasta el punto de hacer los mozos mil extravagancias con su cuerpo por no alcanzar la talla exigida, y otros, arruinarse una familia por eximir ó redimir á un hijo del servicio? A pesar de esto, cuando tienen lugar los sorteos en todas las localidades, ¿no vemos que todo el mundo acude á presenciarlos con el mayor orden y respeto? ¿Se ha visto alguna vez en ellos una falsedad, algún desorden?

La oralidad. El procedimiento escrito en las actuaciones judiciales es un lujo que sólo sirve para amontonar resmas y más resmas de papel, que después nadie lee, y aparte de lo improbo del trabajo que supone para el actuario, y el tiempo malgastado en él, ocasiona continuos incidentes sobre la forma en que se ha de redactar.

La lógica severa impone que la oralidad del juicio, una vez admitida en lo criminal debe admitirse también en lo civil, pues no se comprende que habiéndose establecido para lo más y para lo principal, cual es la vida y demás derechos personales, se niegue para lo menos y lo accesorio. Versando toda materia de controversia sobre cuestiones de hechos, ¿qué importa para la oralidad del juicio, que estos afecten á un asunto del orden civil ó penal? Los mismos medios de prueba establece una ley ritual que la otra. Por consiguiente, una vez que obren en el Juzgado la demanda y la contestación proponiendo cada parte los medios de que intentan valerse, ¿qué inconveniente puede haber en señalar día para la celebración del juicio después que el demandante conozca los términos de la contestación?

La independencia de estos Juzgados es una garantía de rectitud e imparcialidad, puesto que, debiendo el cargo que ejerce el Juez, no al favor ni á la influencia, sino á sus propios méritos que una vez demostrados en su expediente, la Junta le discierne el nombramiento y de cuya virtualidad no puede dudarse, teniendo en cuenta que ésta se compone de muchos hombres eminentes por su saber y prestigio, y que cada uno pertenece á distinto partido. Si á este luez se le concede la garantía de que una vez obtenido el cargo no puede ser removido sino por virtud de un delito, se habrá adelantado mucho por este lado.

Á los que digan que son muchos los negocios que á estos Juzgados se les asigna, y que por consiguiente no tendrían tiempo de despacharse con la oportunidad debida, como á los que sostengan lo contrario de que no son bastantes para retribuir á los funcionarios que intervengan, se les puede contestar que el ensayo durante dos años pudiera dar la razón á unos y otros, y reformarse en esta parte del modo más conveniente á los intereses encontrados que se hubieran producido.

Para terminar lo relativo á estos Juzgados, ocupémonos de dos cuestiones que parecen las más trascendentales, y son, si los Jueces han de ser retribuidos por el Estado como funcionario social, ó si han de ser pagados por arancel; y la otra es si por virtud de esta reforma se perjudican los tan cacareados derechos adquiridos.

En cuanto á la primera, poco hemos de decir. Si en lo gubernativo, en lo político y hasta en lo judicial existen muchos funcionarios del Estado que cobran por arancel, porque se establezca en la ley uno más ¿qué inconveniente puede haber? No negamos que la administración de Justicia sea uno de tantos atributos de los que deban estar á cargo del Estado, pero de esto se deduce que el pago ha de ser de cuenta suya también. De ningún modo; y prueba de ello son otras funciones, tales como la enseñanza primaria y otras que nadie ignora, cuyo pago no lo hace suyo. Además hay infintos ciudadanos para quienes los Tribunales sobran. ¿Con qué derecho vais á obligarlos al pago de un funcionario establecido para que se ocupe en las trifulquerías de nuestros litigantes temerarios y de mala fe?

El que no consuma una cosa, ya sea esta material ó inmaterial, no tiene obligación de pagarla; esto es lo lógico y lo justo, aunque otra cosa digan los egoístas mercenarios de la tradición y la rutina; y á medida que nos hayamos emancipado de ella, la inteligencia humana que no reconoce más claridad que la que le entra por la luz de su conciencia y su razón, desechará estos fanatismos, como Jesucristo en su sana doctrina deseó las de su tiempo, espaciéndola por el mundo sin que todavía hasta nosotros haya llegado.

Derechos adquiridos. Si por tal se entiende todo el orden de cosas producidas por los gobiernos precedentes, es inútil pretender regenerarnos, ¿por qué? ¿Qué personal, qué organismo del Estado se va á tocar que no tenga éste carácter? Pero se dirá: no se trata de esos, se trata de aquellos servicios para cuyo desempeño se exige á los individuos ciertas y determinadas condiciones físicas, morales e intelectuales, que para adquirirlas hay que consumir previamente, y gastar durante muchos años una gran dosis de inteligencia, tiempo y dinero, y sería una gran injusticia expropiar-