El Foro español (Madrid. 1898) (1900-04-20 00:00:00), página 8

excepto las mineras y las que, encargadas por arrendamiento ó concierto de servicios propios del Estado, tengan estipulada con él la exención de la contribución industrial. Esta excepción no afecta á los conceptos de la tarifa 2.a

B. De las que perciban las Compañías anónimas que exploten tranvías y demás concesiones, no siendo de ferrocarriles, sean ó no revertibles al Estado ó á los municipios.

5.º El 7 por 100 de las utilidades que obtengan las Compañías anónimas de ferrocarriles y las dedicadas á la explotación de canales y á la navegación.

4.º El 6 por 100.

A. De las que obtengan las Sociedades de producción y consumo.

Quedan exceptuadas de este impuesto las Sociedades cooperativas de crédito, de producción y consumo de las clases obreras.

B. De los beneficios líquidos anuales que obtengan las Sociedades cooperativas de crédito.

5.º El 2 por 100 de las primas de los seguros efectuados ó que efectúen en España las Compañías de seguros de incendios, nacionales ó extranjeras, y todas aquellas cuyo fin sea la reparación ó indemnización de daños ó perjuicios sobre las cosas ó propiedades, cualquiera que sea su organización.

6.º El 0,50 por 100 de las primas de seguros, nuevos ó antiguos, efectuados en España por las Compañías regulares de seguros de vida; las de accidentes, y las cooperativas de seguro, las marítimas y las de transporte, cualquiera que sea su organización.

Art. 9.º Se considerará al Estado como acreedor del tanto por 100 de dividendo, interés, prima, beneficio ó utilidad que, conforme á las tarifas de esta contribución, le corresponda á los vencimientos respectivos, con todos los derechos que, contra la entidad ó persona deudora, reconoce el derecho común, civil y mercantil, y además con la preferencia para el cobro que corresponda al Tesoro, según las leyes.

Donde haya hipoteca, ésta garantizará el derecho de la Hacienda en la extensión, tiempo y forma que el contrato inscrito garantice el del prestamista, sin que valga pacto en contrario y con los beneficios de la hipoteca legal por una anualidad que para los impuestos que gravan á los inmuebles concede el art. 218 de la ley Hipotecaria.

Los Notarios lo advertirán así á las partes contratantes al final de las escrituras que tengan por objeto obligaciones de esta especie.

Art. 10. El ejercicio de las acciones que haya de entablar la Hacienda ante los Tribunales, corresponde á los Abogados del Estado.

Art. 11. También corresponde á los Abogados del Estado la gestión de esta contribución en cuanto las utilidades imponibles se derivan de actos ó contratos consignados en escrituras ó otros documentos sujetos al impuesto de derechos reales.

En su consecuencia, al practicar las liquidaciones tomarán razón, en libros dispuestos para este objeto, de todos los datos que dichos documentos arrojen para conocer la cuantía y fecha en que sea exigible el impuesto.

Igual obligación tendrán los Registradores de la propiedad encargados de la liquidación de derechos reales.

El reglamento determinará el premio de liquidación que abonará el Estado por este servicio.

Art. 12. Los Escribanos actuarios, bajo su responsabilidad personal y directa, notificarán al Abogado del Estado, en el plazo y forma que fijará el reglamento, las sentencias de remate dictadas en juicios ejecutivos seguidos en virtud de confesión judicial del deudor ó de documento á cuyo pie no conste la nota de liquidación del impuesto de derechos reales, á fin de que dicha Abogacía tome los datos oportunos respecto de la cuantía y fecha en que sea exigible esta contribución para que se persiga el pago de ella dentro ó fuera de los autos, según procediere.

Art. 16. Los Registradores de la propiedad darán declaraciones de los honorarios devengados en cada trimestre, sin perjuicio de que las oficinas de Hacienda, á falta de tal declaración trimestral, liquiden provisionalmente la contribución por la última presentada.

Si no lo hiciere en el plazo de 15 días, después de haber realizado aquella, incurrirá en una multa de la cuarta parte de la utilidad obtenida.

SILUETAS JUDICIALES

EL ABOGADO DE POBRES

¡Con qué medrosa esperanza se acerca estos días á la mesa de Salas (1) en el Colegio de Abogados! Llega y le pregunta sigilosamente:

—¿He tenido plaza?

Una sonrisa de triunfo ilumina su rostro al oír la contestación; y cuando media hora más tarde sale por el portalón del antiguo palacio de Doña Bárbara de Braganza, parecèle que aquel es todavía marco chico para destacar su figura de Abogado.

Un mundo de alegrías y de ilusiones pasa y repasa por aquel cerebro joven, donde todavía bailan extraña y confusa danza los Garofalos, los Lombrosos y los Ferri, hasta que llega el mes en que por fin ha de empezar el ejercicio.

—Señorito, han traído ésto, y tiene usted que firmar aquí—le dice un día la criada.

—¡A ver! ¡A ver!

Lo primero que hace es firmar en el librejo del Procurador que le presentan, estamparlo por primera vez delante de su nombre la soñada abreviatura de Lic.º. Después tira de la cuerda floja que sujeta la causa, y clavando los codos en la mesa, abre el primer folio y se enfrasca en la lectura.

Cuando ha pasado una hora larga termina la lectura, porque... ya no hay más escrito. Se ha leído hasta la pieza de insolencia del procesado.

—Bueno, ¿y qué?—se pregunta preocupado,—Antolín Pérez ha cogido un haz de leña en el monte de San Martín de Valdeiglesias; confesó su delito en el acto; la Guardia civil le sorprendió con la leña; el fiscal le pide dos meses...; ¿qué voy á decir yo aquí?

(1) Don Cristóbal Salas es un antiguo oficial de Secretaría del Colegio de Abogados de Madrid, y persona muy amable y laboriosa. (Nota de la Redacción.)