El Foro español (Madrid. 1898) (1900-09-30 00:00:00), página 12

informe á dos individuos de la misma profesión del que hubiere presentado la minuta impugnada.

Por tanto, á juicio de esta Fiscalía, es indudable el derecho del Ministerio fiscal á solicitar la regulación de los honorarios que estime excesivos, aun cuando no los impugne la parte condenada á su pago, no sólo cuando tenga motivo para creer que los bienes embargados no bastarán para cubrir el importe de la multa, sino también el de las demás costas procesales, que deben ser satisfechas al par que las de la defensa del procesado, sin preferencia entre los interesados, con arreglo al núm. 4º del art. 49 del Código penal.

Excusado es decir que igual derecho que al Ministerio fiscal compete al Abogado del Estado, cuya audiencia es hoy precisa en todos los expedientes de esa clase; y no lo será el advertir que la impugnación de los honorarios de los Abogados, por excesivos, no podrá resolverse, según dispone el artículo 21 de los Estatutos para el régimen y gobierno de los Colegios de Abogados del territorio de la Península, Islas Baleares y Canarias, sin oír previamente por escrito al letrado cuya minuta de honorarios se censurare, aparte de los demás trámites que establece el párrafo segundo del art. 244 de la ley de Enjuiciamiento criminal.

Art. 269, ley de Enj. crim. (Zaragoza)

106.—Formalizada una denuncia y practicada cualquiera diligencia para la comprobación del hecho que la motiva, ¿cabe que después el Juez instructor, por sí, se abstengan de todo procedimiento sin dar cuenta á la Audiencia?

Dispone el art. 269 de la ley de Enjuiciamiento que el Juez o funcionario á quien se hiciere la denuncia procederá ó mandará proceder á comprobar el hecho denunciado, salvo que éste no constituya delito ó que fuere manifestamente falso, pues en cualquiera de estos dos casos, el Tribunal ó funcionario se abstendrán de todo procedimiento, sin perjuicio de la responsabilidad en que incurran si de-estimasen aquéllo indebidamente.

En tal concepto, cuando el Juez no desestima de plano la denuncia, viene obligado á intruir diligencias y, una vez que haya comenzado á practicarlas, ya no podrá ponerlas término sino en la forma establecida para todo sumario en la ley y consultando el auto de determinación con el superior; porque el art. 269 sólo autoriza para abstenerse de instruir diligencias cuando se rechaza á limine la denuncia, pero no es lícito extender esa autorización á otras situaciones no previstas ni tomadas en cuenta por el legislador, como es la de que se prescinda, cuando se intruyan diligencias, de la observancia de los preceptos generales por que todo sumario se rige.

Art. 276, ley de Enj. crim. (Segovia.)

107.—En causa criminal que se sustancia en esta Audiencia por los delitos de homicidio y lesiones graves causadas por imprudencia temeraria, ha comparecido como querellante una señorita menor de edad representada por su padre: muerto éste, ¿debe suspenderse la tramitación del juicio, para cumplir con lo previsto en el art. 276 de la ley de Enjuiciamiento criminal?

Este artículo dispone que «se tendrá por abandonada la querella cuando, por muerte ó por haberse incapacitado el querellante para continuar la acción, no compareciera ninguno de los herederos ó representantes legales á sostenerla dentro de los treinta días siguientes de la citación» que al efecto se les hará, dándoles conocimiento de la querella. Ahora bien, en el caso que se consulta, si la causa se halla, como parece, en periodo de juicio oral, será indispensable para cumplir el precepto transcritó, que se acuerde la suspensión y se cite en forma á la representación de la señorita en cuyo nombre se había interpuesto la querella; y sólo se considerará esta abandonada cuando, hecha la citación, transcurra el plazo de treinta días sin comparecer el citado; pues, aun cuando el derecho á querellarse sea de la expresada señorita, el querellante á nombre de ésta era su padre, y ahora habrá de serlo su causahabiente, es decir, aquel que, por ministerio de la ley, le sustituya en la representación y guarda de la menor, y á ese es á quien deberá hacerse la citación.

Arts 303 y 344... 12, ley de Enj. crim. (Valencia.)

108.—En las causas encomendadas especialmente por la ley orgánica á determinados Tribunales, ¿deben ante estos presentarse precisamente las querellas ó denuncias, á ante el Juez de instrucción que se considere competente para que practique las primeras diligencias, sin perjuicio de cumplir en su caso lo dispuesto en el art. 309 de la ley de Enjuiciamiento criminal? En el primer caso, si el Tribunal ante quien se haya presentado la querella ó denuncia acordase la instrucción del sumario y práctica de determinadas diligencias directamente ó por comisión, ¿existirá la causa de recusación del núm. 12 del art. 54 de la citada ley de Enjuiciamiento criminal?

Si el presunto culpable estuviera sometido por disposición de la ley á determinado Tribunal, ante éste se habrá de presentar inexcusablemente la querella, porque así lo prescribe de modo categórico el art. 272, segundo párrafo, de la ley de Enjuiciamiento criminal; y si la causa no empezo por querella, ó no eran conocidos, cuando se incoó, el carácter y fuero especial del inculpado, procederá cumplir lo que disponen los arts. 305 y 309 de la misma.

La segunda parte de la consulta se resuelve tomando como punto de partida el precepto del art. 305 en su segundo párrafo, el cual dispone que para la instrucción de los sumarios en causas encomendadas por la ley orgánica á determinados Tribunales, podrán éstos nombrar un Juez instructor especial ó autorizar al ordinario para el seguimiento del sumario. Según esto, los Tribunales colegiados no pueden instruir por sí el sumario, en consonancia con el principio de la separación de la instrucción y el fallo, á que obedece la vigente ley y que en varios pasajes se proclama en la exposición que la precede; y, esto sentado, resulta claro que no podrá utilizarse contra el Tribunal ante quien se interponga la querella y que haya de conocer del juicio la causa de recusación número 12 del art. 34, por cuanto ese Tribunal en ningún caso puede ser instructor del sumario.

CORRESPONDENCIA ADMINISTRATIVA

D. Vicente Bel.—Castellón.—Recibido el importe del segundo semestre del año actual.
D. Miguel Antolín.—Logrosán.—Idem el del primer semestre de 1900.