El Foro español (Madrid. 1898) (1901-08-30 00:00:00), página 7

Movimiento del personal.

Se han hecho los siguientes nombramientos:
Ayudante segundo del Penal de Santoña, á D. Julián Toldos, Jefe de la Cárcel de Cuenca; idem Jefe de la Cárcel de Cuenca, á D. Mariano Antón, electo del Penal de Santoña.
Vigilante del Penal de Ocaña á D. Mariano Rizahert, del del Puerto de Santa María; idem del Penal del Puerto de Santa María, á D. José María Moreno, del de Ocaña; idem jefe de la Cárcel de Talavera de la Reina, á D. Ignacio Benavas, de la de Torrelaguna; idem de la de Torrelaguna, á D. Manuel Burgos, de la de Talavera de la Reina; idem del Penal de Granada, á D. Antonio María Pérez, de la Cárcel de Málaga; idem de la Cárcel de Málaga, á D. Edmundo Cortés, del Penal de Granada; idem Jefe de la Cárcel de Baeza, á D. Manuel Fernández, electo del Penal de Ceuta, idem Vigilante segundo de la Cárcel de Areys de Mar á D. Eduardo Massi, de la de Motril; idem de la de Motril, á D. Luis García, de la de Areys de Mar; idem Jefe de la de Laguardia, á D. Simeón Calvo.

TRIBUNA LIBRE

SOBRE RESPONSABILIDAD JUDICIAL

RESPUESTA

Para resolver debidamente la cuestión planteadá en el núm. 128 de El Foro Español, correspondiente al 20 de Julio próximo pasado, sobre responsabilidad civil de un Juez, es necesario examinarla bajo los puntos de vista siguientes:

1.º Si el estar pendiente una demanda sobre reclamación de honorarios contra un abintestato impide que se haga entrega de los bienes objeto del mismo á los herederos declarados por resolución judicial firme, estén ó no acumulados los autos de demanda al abintestato.

2.º Si el Juez incurre, en ambos casos, en responsabilidad civil al entregar los bienes á los herederos.

3.º Cuándo incurre el Juez en responsabilidad civil con motivo del ejercicio de sus funciones; y

4.º Resolución de la cuestión propuesta, en vista de las anteriores.

I

El núm. 3.º del art. 973 de la ley de Enjuiciamiento civil estatuye que son parte legítima en los abintestatos, los acreedores que presenten un título que justifique cumplidamente su crédito y no lo tengan asegurado con hipoteca u otra garantía.

Entendemos por títulos que justifiquen cumplidamente el crédito, para dichos efectos, las sentencias firmes, lo convenido en acto de conciliación y los que, con arreglo á lo prescripto en el art. 1.429 de la citada ley, tienen aparejada ejecución.

El art. 1.082 del Código civil preceptúa que los acreedores, reconocidos como tales, podrán oponerse á que se lleve á efecto la partición de la herencia, hasta que se les pague ó afiance el importe de sus créditos. De este artículo se desprende que sólo puede suspenderse la partición á virtud de oposición de los acreedores reconocidos como tales, ya porque lo sean por los herederos, ya porque formen la oposición judicialmente mediante la presentación de un título auténtico, no bastando una demanda que no esté fundada en documentos de aquella naturaleza.

El 1.001 de la ley de Enjuiciamiento civil dispone que, hecha la declaración de herederos abintestato por auto ó sentencia firme, se acomode este juicio á los trámites establecidos para el de testamentaria; y el 1.002, que el Juez mandará se entreguen á los herederos reconocidos todos los bienes, libros y papeles del abintestato, y que el administrador les rinda cuentas, cesando la intervención judicial; que sólo podrá continuar en los dos casos en el enumerados, no refiriéndose al hecho de haber pleito pendiente contra el abintestato.

Y, por último, el art. 1.093 de la propia ley procesal, aplicable á los abintestatos según el artículo 1.001, establece que cuando se haya promovido el juicio á instancia de uno ó más acreedores, no se hará la entrega de los bienes á ninguno de los herederos ni legatarios, sin estar aquellos completamente pagados ó garantizados á su satisfacción.

De las disposiciones legales expuestas se deduce lógicamente que los acreedores que pueden impedir la entrega de bienes á los herederos y oponerse á que se lleve á efecto la partición entre los mismos, son los que, acompañando un título auténtico, promuevan el abintestato, ó se opongan á que se lleve á efecto la partición, al formular la demanda ó durante su curso; no pudiendo oponerse á la referida entrega los demás acreedores, porque, en otro caso, la ley no exigiría requisitos á los efectos mencionados, sino que diría de un modo general y absoluto, que podía impedirse á instancia de cualquier acreedor.

Y esta doctrina es aplicable, tanto al caso de que estén acumulados los autos de demanda al abintestato, como á aquel en que no lo estén; bastando, para convencernos de ello, el examen de los artículos 166 al 187 y 1.008 de la ley de Enjuiciamiento civil que tratan de las acumulaciones de autos en general y de aquellos que tienen lugar en los abintestatos en los que no se consigna, ni en ninguna otra disposición legal, que el hecho de estar acumulados los autos impida la referida entrega; ni podía consignarse en justicia, porque entonces, con demandas temerarias que se promovieran á cada paso contra los abintestatos, los cuales, forzosamente, habían de acumularse á los mismos, tan pronto se solicitara por parte legítima, se dilataría.