El Foro español (Madrid. 1898) (1900-04-20 00:00:00), página 5

do facultades á los Abogados á quienes toca en turno la defensa de los que pretenden utilizar dicho beneficio, para rechazarla en determinados casos; pero esas disposiciones son insuficientes para llegar adonde nos llaman las conveniencias jurídicas. Los signos exteriores de la pobreza ó riqueza, como dependientes las más de las veces de los litigantes, pueden inducir á los Jueces al error en su apreciación; la cualidad de cesionario puede ocultarse por procedimientos que en la práctica hemos visto emplear; y la facultad de aceptar ó rechazar la defensa concedida á los Letrados, nada dice en relación al fin que se persigue por ella, pues, salvas honrosas excepciones, ó el que litiga es verdaderamente pobre, yentonces tarde ó nunca encuentra quien le defienda, ó asegura al Abogado sus honorarios, en cuyo caso tendrá dispuesta casi siempre su dirección, aunque para otorgarla sea preciso faltar á los preceptos de la más recta justicia.

Es preciso algo más que esas disposiciones para poner coto á los males que, amparados en una pobreza real ó ficticia, pueden irrogarse á los litigantes ricos, por los que no lo sean ante la ley; y ese algo está relacionado con lo que constituye el punto segundo del presente estudio, con la imposición de las costas procesales. Déjase ésta al arbitrio de los Jueces y Tribunales, juntamente con la apreciación de la buena ó mala fe de los que contienden en juicio, á nuestro modo de entender, sin razón alguna; antes bien, con infracción manifiesta de los preceptos de la moral. La investidura judicial no es bastante á borrar la condición humana; el Juez, no por serlo, deja también de ser hombre, y como tal, expuesto al error y á las pasiones; la buena ó mala fe que se castiga con las costas del proceso es un acto intrínseco del ser racional; es un movimiento anímico de esos que se elaboran en el santuario de la conciencia, en el que no es dable penetrar sino á Aquél que con su escrutadora mirada puede conocer lo que sucede en los más recónditos ángulos del alma. «De las cosas internas no pueden juzgar los hombres, sino Dios»; y la facultad discrecional concedida á los Tribunales para apreciar la temeridad ó bondad de los actos de los litigantes, va contra ese santo y racional apotegma; pues si es cierto que, á veces, los actos humanos de carácter externo son vehículo por donde puede llegar á conocer el interior de las personas, no es menos cierto que las apariencias engañan, y lo que en determinados casos parece ser inspirado por la malicia, puede tener su origen y fundamento en sentimiento contrario. En honor á la verdad, hemos de consignar que, por regla general, los encargados de administrar la justicia no hacen uso de esa facultad, y sólo en los casos en que taxativamente la ley lo determina hacen expresa condenación de costas; pero también hemos visto á algunos funcionarios abusar de ella; y si está en lo posible que los Jueces aprecien erróneamente la buena ó mala fe, debe evitarse que así suceda.

De otra parte, ¿qué razón hay para que en unos casos los fallos condenatorios lleven consigo la imposición de costas y en otros no? Si en aquéllos la ley hace suspensión de la facultad de apreciar la buena ó mala fe de los litigantes, ¿por qué no la ha de hacer de un modo absoluto y en todos los casos? A nuestro juicio, los fallos que se dicten en los pleitos; aquéllos en que se condena al demandado á dar ó hacer alguna cosa, ó al demandante á perpetuo silencio, deben contener siempre la imposición de costas para el vencido. O los que inician ó aceptan el litigio tienen razón en sus demandas ó excepciones, ó no la tienen: si lo primero, no es justo que se haga declaración en conformidad con sus pretensiones, y se los deje con el perjuicio consiguiente á los gastos de su defensa necesaria; si lo segundo, el pago de las costas debiera considerarse como una pena accesoria á la principal que supone el fallo condenatorio é imponerse siempre al que dió lugar ó mantuvo la contienda jurídica sin justicia. Esto es lo lógico y racional; lo contrario es absurdo á todas luces.

Se nos objetará, quizá, que con la reforma de la ley de Enjuiciamiento civil en este sentido no quedarían evitados los perjuicios aludidos anteriormente, toda vez que poco puede importar al declarado pobre una condena que, por su insolencia, ha de ser ilusoria; verdad; pero si se estableciese la prisión subsidiaria para el caso de no poder hacerse efectivo el importe de las costas, ya mirarían los que sienten afición á los pleitos de no arriesgarse á ellos por temor á la pena, y no se interrumpiría con la frecuencia que en la actualidad sucede, el orden jurídico que se perturba siempre en las cuestiones litigiosas. Nada hay que pueda oponerse á esta determinación: tan criminal es (más criminal aún) el que á sabiendas de su falta de derecho muove pleito á otro, haciéndole gastar parte de su capital en costas judiciales, contando con la impunidad, que el que sale á un camino á robar á sus semejantes, pues al fin éste se expone á pagar caro su atrevimiento. ¿Es que hay ocasiones en que los litigantes creen de buena fe que les asiste la razón en sus pretensiones? Pues desde el momento en que los Tribunales declaran que no la tiene, deben ser castigados por el pago de las costas á que dió lugar; que «el que tantamente pecha, tantamente se condena».

La reforma que apuntamos encaja perfectamente dentro de los principios del derecho penal; ¿adónde íbamos á parar, si se admitiera como disolución para los hechos criminosos la ignorancia de los preceptos legales? No estamos conformes con