El Foro español (Madrid. 1898) (1900-08-20 00:00:00), página 12

6 de Abril de 1895 y 6 de Julio de 1896, y las Resoluciones de 7 de Octubre de 1882, 29 de Noviembre de 1884, 9 de Noviembre de 1888, 20 de Octubre de 1891, 4 de Febrero de 1897 y 21 de Junio de 1899, ha dictado la siguiente:

Resolución.—Considerando que la cuestión sobre que versa el presente recurso gubernativo consiste en resolver, si declaradas nulas por Sentencias del Tribunal de lo Contencioso las ventas efectuadas por el Estado de los terrenos ocupados por la antigua muralla de Alicante, puede el Registrador cancelar en virtud de la misma Sentencia, las inscripciones de los actos y contratos de transmisión de dominio relativas á los mismos terrenos, extendidas á favor de terceras personas:

Considerando que las inscripciones cuya cancelación pretende el recurrente han sido hechas en virtud de escritura pública:

Considerando que, según el precepto claro y terminante consignado en el art. 82 de la ley Hipotecaria, las inscripciones ó anotaciones preventivas, hechas en virtud de escritura pública, no se cancelarán sino por providencia ejecutoria, contra la cual, no se halla pendiente recurso de casación, ó por otra escritura ó documento auténtico, en el cual exprese su consentimiento para la cancelación, la persona á cuyo favor se hubiese hecho la inscripción ó anotación, o sus causahabientes ó representantes legítimos:

Considerando que, con arreglo al precepto consignado en el art. 313, núm. 4.º de la Ley Hipotecaria, está prohibido a los Registradores de la propiedad cancelar inscripción alguna, anotación preventiva ó nota marginal, sin que se presente el título y se cumplan los requisitos que exige la misma ley, declarando además que dichos funcionarios son responsables civilmente de todos los daños y perjuicios que ocasionen por las cancelaciones que practiquen con infracción de dicho precepto:

Considerando que para practicar la cancelación de que se trata, sólo se han presentado como documentos cancelatorios la relacionada sentencia del Tribunal de lo Contencioso, y un mandamiento expedido por el Juez de primera instancia, á solicitud del Delegado de Hacienda, ordenando al Registrador que practique las cancelaciones que interesa este último funcionario:

Considerando que la mencionada sentencia no reúne el carácter y los requisitos que exige el art. 82 de la ley Hipotecaria, porque se limita á declarar la nulidad de las ventas otorgadas por el Estado, si ríen igual declaración sobre los actos y contratos de la transmisión del dominio de los terrenos vendidos á favor de personas distintas de las que compraron del Estado, ni ordenar, por consiguiente, la cancelación de las inscripciones correspondiente á tales actos y contratos:

Considerando que el mandamiento expedido por el Juez de primera instancia no reúne el carácter procesal que exige el citado art. 82 de la ley Hipotecaria, porque las resoluciones judiciales que, conforme á esta ley, tienen la eficacia de títulos cancelatorios, son las que la de Enjuiciamiento civil declara susceptibles de recurso de casación en cierto estado del procedimiento, y han quedado firmes, según la propia ley de Enjuiciamiento; y bajo este supuesto, es evidente que la que ordenó dicho mandamiento no se halla comprendida entre estas últimas, siendo, por el contrario, una resolución de puro trámite, sin otro alcance ni trascendencia que la de facilitar el estricto cumplimiento de la sentencia firme del Tribunal de lo Contencioso, sin poder extenderse á dar por resuelta cuestiones no controvertidas ni decididas en dicha sentencia:

Considerando que el precepto consignado en el art. 24 del Real decreto de 14 de Noviembre de 1894, en que también se funda el recurrente para exigir la susodicha cancelación, es inaplicable, porque se refiere á casos completamente distintos del presente, toda vez que en aquel se trata de la nulidad ó rescisión de la venta de bienes del Estado acordada por la Administración activa y de la cancelación del contrato anulado por la misma Administración, cuando la finca haya de quedar en poder del Estado, ya para continuar amortizada, ya para enajenarse con arreglo á las leyes, y en el caso actual se trata de una venta declarada válida por dicha Administración y anulada por el Tribunal de lo Contencioso, y las fincas que han sido enajenadas no han de quedar en poder del Estado, ni como amortizadas, ni para procederse á su venta ó enajenación:

Considerando que los argumentos aducidos por el recurrente en demostración de la competencia de la Administración activa y contenciosa para anular la venta de fincas efectuadas por el Estado como sujetas á la desamortización, á pesar de los preceptos de la ley Hipotecaria, carecen de aplicación también en el presente caso, porque ni el Tribunal de lo Contencioso ha declarado nulos los actos y contratos de transmisión de los terrenos vendidos á favor de terceras personas, ni tampoco ha ordenado la cancelación de las inscripciones de tales actos y contratos:

Considerando que igualmente son inaplicables al presente caso los argumentos aducidos por el recurrente, fundados en hallarse inscrito á nombre del mismo el dominio título de dichos terrenos, vendidos por el Estado con anterioridad á la inscripción de las ventas otorgadas por éste, porque encaminados tales argumentos á demostrar el mejor derecho del recurrente sobre tales terrenos y la ineficacia del derecho de los terceros adquirentes, ni los Registradores, ni sus superiores jerárquicos en el orden administrativo, tienen competencia para declarar la subsistencia ó la nulidad de ningún derecho inscrito, ni tampoco para ordenar la cancelación de asiento alguno del Registro, pues sus facultades se limitan taxativamente á practicar las cancelaciones ordenadas en virtud de sentencia firme de los Tribunales, ó consentidas en documento auténtico por las personas á cuyo favor se hubiesen practicado los asientos que se trata de cancelar.

Considerando que no es cierto, según afirma el recurrente, que por la negativa del Registrador se infrinjan los artículos 85, 84 y 86 de la citada ley reformada de 22 de Junio de 1894, que tratan de la ejecución y cumplimiento de las sentencias firmes del Tribunal de lo Contencioso, puesto que semejante negativa no recae sobre el cumplimiento de declaraciones contenidas en el fallo pronunciado por dicho Tribunal en el pleito promovido por el recurrente, sino sobre otras cuestiones que no han sido controvertidas ni decididas en el mismo, y en todo caso, los expresados preceptos no pueden interpretarse ni aplicarse en el sentido de ser derogatorios de las prescripciones claras y terminantes de la ley Hipotecaria, que son de derecho común ó privado sobre los requisitos necesarios para cancelar las inscripciones de actos y contratos celebrados entre particulares al amparo de ese mismo derecho, y sin intervención alguna de la Administración del Estado, á la cual clase pertenecen los asientos que pretende cancelar el recurrente.

La Dirección general ha acordado revocar la providencia apelada y confirmar la nota denegatoria del Registrador que ha motivado el presente recurso.