El Foro español (Madrid. 1898) (1900-02-10 00:00:00), página 5

REVISTA DE TRIBUNALES

(A VISTA DE PÁJARO)

Algunos suscriptores de Madrid nos escriben interesándonos hagamos de vez en cuando una reseña, aunque sea muy á la ligera, de las causas que se ven en la Audiencia de Madrid, y sólo por complacerles haremos algo, porque en nuestro programa sólo entraba dar cuenta de las vistas más importantes, ya que para los lectores de provincias tienen escaso interés estas crónicas judiciales. Al efecto, nuestro Director me ha encomendado el trabajo de dar una idea de lo que más llame la atención de lo que en la Audiencia pase, y, como sólo alguna que otra vez podremos disponer de espacio para ello, sólo á vista de pájaro podrá dar cuenta de todo eso, y si mis queridos colegas me lo permiten, haré una especie de revista de revistas, ó lo que es lo mismo, que picando de aquí y de allí trasladaré á estas columnas los recortes de la prensa que al mérito de la brevedad renuncien el de reflejar más fielmente la verdad de lo ocurrido, pues no nos queda tiempo para otra cosa. Y dicho esto, véase lo que de más importante escojo y recojo respecto al mes de Enero.

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EXPEDICIÓN DE MONEDA FALSA.—Condena terrible.—En la Sección segunda de la Audiencia provincial se ha visto la causa seguida contra Apolinar Jiménez y Rafaela Sanz, por el delito de expedición de moneda falsa.

Los procesados estuvieron de merienda en una taberna de las afueras de Madrid el día 4 de Noviembre de 1899, y cambiaron en distintos sitios nueve pesetas falsas, cuyo importe devolvieron al ser descubierto el engaño.

El tribunal del Jurado ha pronunciado un veredicto de culpabilidad.

De conformidad con él, la Sala, apreciando la existencia de tres delitos, cometidos cada uno al cambiar las monedas, dictó sentencia, condenando á los culpables á tres años, siete meses y veintiún días de prisión por cada delito.

Aplicando el precepto duro, pero inflexible de la ley, la Sección segunda les ha impuesto por delito tres años, siete meses y veintiún días de presidio y prisión respectivamente. En total: diez años, once meses y un día á cada uno de los procesados.

Un detalle. Los dos procesados habían reintegrado en moneda legítima á las personas que antes las habían recibido como falsas.

Tenemos entendido que se ha interpuesto recurso de casación, pero ¡por Dios, que no los ahorquen!

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EL CÓDIGO CIVIL EN LO CRIMINAL.—En la Sección primera de la Audiencia provincial han comparecido Bernardo y Rufino Cazorla y Julián Doroteo Gómez, acusados del hurto de un cordero.

El acusador público, Sr. Doval, calificó á Julián de autor del delito, apreciando la atenuante de ser menor de dieciocho años, pidiendo para cada uno la pena de 125 pesetas de multa.

El defensor Sr. Molina y Candelero negó que existiera el delito, porque hasta dos meses después no fué reclamado el cordero por su dueño, citando al efecto el art. 612 del Código civil, el cual dispone que el propietario de animales amansados que sean ocupados por otro, sólo tendrá veinte días para reclamarlos.

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LOS ESCRITOS DE LOS ABOGADOS.—Ante el Supremo Tribunal de Justicia, se ha celebrado la vista de un recurso procedente de la Audiencia de Orense.

Se trataba de que declarase la Sala de lo criminal si constituye ó no delito de falsedad en documento público, el suplantar la firma de un letrado en un escrito judicial que debe ir suscrito por él, como es, en el que se pide la libertad provisional de un procesado. Además hay otros antecedentes.

El procesado Procurador del juzgado, se encontraba en la cárcel de Barco de Valdeorras, por hallarse sujeto á un procedimiento criminal por el supuesto delito de denuncia falsa. Interin se decidió esta causa, de la cual fué absuelto libremente, hizo aparecer en los antos un escrito pidiendo su libertad provisional.

Dados estos antecedentes, el Jurado declaró culpable al procesado, y la Sala lo condenó como autor de un delito de falsedad en documento público.

No se conformó el procesado con la sentencia y ha recurrido al alto tribunal, pidiendo á su nombre el letrado Sr. Reza, la casación del fallo, por entender que existe error manifiesto de derecho en la aplicación de los preceptos del Código penal, relativos al delito de falsedad, por parte de la Sala sentenciadora.

El letrado recurrente, Sr. Reza, expuso el sentido del art. 315 del Código penal con arreglo á la jurisprudencia del Tribunal Supremo, seguro de que sólo son documentos públicos los comprendidos en el art. 596 de la ley de Enjuiciamiento criminal, y oficiales los expedidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus cargos.

Analizó después el art. 1.216 del Código civil y el 596 de la vigente ley de Enjuiciamiento, para terminar afirmando que no pueden considerarse como documentos públicos los escritos de letrados.

Y concluyó afirmando que, con arreglo á los artículos 318 y 319 del Código penal y á la jurisprudencia del Tribunal Supremo, tampoco podía constituir el hecho de autos el delito de falsificación en documento privado.