El Foro español (Madrid. 1898) (1900-02-28 00:00:00), página 11

ción de que resplendeciese aún más claro el inmaculado prestigio de los Tribunales.

Si no aceptan nuestra indicación, nosotros nada perdemos, y en cambio su inercia habrá de perjudicarles, porque en cuestiones tan delicadas como esta no cabe alegar una opinión contraria á la general; ellos precisamente están obligados para obrar dignamente á ostentar la que nosotros defendemos.

Y en caso de que nada hagan en este sentido esos dignos funcionarios, si no toman esta iniciativa, al Sr. Ministro de Gracia y Justicia toca ver la razón que asiste á los muchísimos que opinan como nosotros é implantar la reforma cuanto antes, porque las cuestiones de prestigio no admiten dilación, puesto que á todos interesa que ni por un momento se duda de que nuestros Tribunales funcionan con la transparencia y rectitud de que nosotros jamás hemos dudado.

RESOLUCIONES

de la Dirección general de los Registros civil y de la Propiedad y del Notariado.

Resolución de 16 de Diciembre de 1899.—(Gaceta de 7 de Enero de 1900.)—Resolviendo el recurso gubernativo interpuesto por el Notario D. Enrique Molar contra la negativa del Registrador de la Propiedad de Figueras, á inscribir una escritura de insolutumdad.

ANTECEDENTES.—Don Juan Aiguaviva, natural y vecino de Lladó, dispuso por testamento que sus deudas é injurias fuesen satisfechas á la mayor brevedad, y legó, á quien pude da corresponder legítima, la cantidad necesaria, á cada uno de sus hijos, á saber: Pedro, Ricardo, Lamberto y Dolores, en pago de su legítima, 400 libras, y á su esposa doña Ana, el usufructo universal de todos sus bienes durante su vida, instituyendo heredero á su hijo Joaquín en los siguientes términos: «Instituyo heredero universal de todos mis bienes habidos y por haber, después de la muerte de mi referida esposa, conservando mi nombre, á mi hijo Joaquín, pudiendo disponer libremente de todos mis bienes, en sus hijos, si los iene.»

Fallecido el testador é inscrito el testamento con el inventario en el Registro y fallecida su esposa y cancelado en su virtud el derecho de usufructo que había adquirido, el heredero D. Joaquín Aiguaviva, para pagar á su hermano D. Ricardo, á cuenta de su legítima, otorgó á favor de éste una escritura de insolutumdad, en la que manifestó: que por no haber adquirido de la herencia paterna cantidad alguna y por no poder enajenar ni gravar los bienes hereditarios, según la cláusula de institución de heredero, no tenía más remedio, para pagar las deudas hereditarias, como son las legítimas, que adjudicar bienes de dicha herencia; y que en su virtud y como pago cedia á su hermano una porción de terreno, cuyos linderos expresa, perteneciente al citado don Joaquín, por la institución de heredero otorgada á su favor por su nombrado padre en el calentado testamento, inscrito en el Registro.

Presentada la escritura, el Registrador denegó su inscripción por no acompañarse la carta de pago del impuesto, y porque estando inscrita la finca matriz á favor del insolutumdante, con la restricción de que sólo puede disponer de ella entre sus hijos, si los tiene, es necesario que previamente inscriba dicha finca á su nombre para pagar legítima, ó con obligación de pagarla en metálico, á su elección, en virtud de escritura, en la que, concurriendo todos los partícipes, se le adjudique en tal concepto; adjudicándose con separación los demás bienes que han de estar sujetos á la indicada restricción; habiendo transcurrido treinta días hábiles.

El Notario autorizante de la expresada escritura de insolutumdad, interpuso recurso contra la anterior nota, prescindiendo del primer defecto, y solicitando se declare que dicho documento se halla extendido con arreglo á las formalidades y prescripciones legales, y que, por lo tanto, es inscribible; exponiendo, entre otras razones, que siempre ha sido permitido al heredero enajenar bienes de la herencia para pagar deudas del testador sin el consentimiento de los legítimarios, según declaró el Tribunal Supremo en Sentencia de 7 de Octubre de 1896.

Oído el Registrador, sostuvo su calificación, invocando en su apoyo la doctrina contenida, en las Resoluciones de 2 de Septiembre y 4 de Octubre de 1895.

El Juez delegado revocó la nota denegatoria y declaró inscribible la escritura, por estar extendida conforme á derecho, fundando su resolución en que las legítimas tienen el carácter de deudas de la herencia, y el heredero en Cataluña puede satisfacerlas en metálico ó bienes hereditarios y está en la obligación de pagarlas, aunque el testador le impusiera el gravamen de no enajenar y gravar bienes, para que á su muerte pasasen íntegros á terceras personas; fundándose en los principios que informan las Leyes 144, párrafo 44.º, título único, libro 30, y 58, único, Digesto, auténtica Res que; Ley 5.º, Cód. Córnum de legatis; Nov. 59, cap. I; sentencia del Tribunal Supremo, fecha 7 de Octubre de 1896, y resolución de la Dirección general de 6 de Mayo de 1895.

El Presidente de la Audiencia, en virtud de apelación del Registrador, confirmó la resolución del Juez delegado, aceptando sus propios fundamentos, y la Dirección general: Vista la Constitución 2.ª, tít. 5.º, libro 6.º, vol. 1.º, la Ley 52, título 28, De inoficioso testamento, del Código Repetitio practicantis, las sentencias del Tribunal Supremo de 5 de Noviembre de 1876 y 7 de Octubre de 1896, y las resoluciones de 6 de Mayo, 2 de Septiembre y 4 de Octubre de 1895, la Dirección general de los Registros ha dictado la siguiente

Resolución.—Considerando que la citada Constitución, después de establecer que la legítima para todos los hijos e hijas no sea sino la cuarta parte de los bienes del difunto de cuya sucesión se trate, concede al heredero el derecho de pagarla, á su elección, con dinero, estimado el valor de los bienes del difunto, ó con propiedad inmueble, sin exigir, como pretende el Registrador, la previa conformidad ó consentimiento de todos los legítimarios y sin imponerle restricción ni limitación alguna; por lo cual es obvio que puede adjudicar á cada uno de éstos, en pago de su legítima, los bienes inmuebles que sean suficientes para ello, sin perjuicio del derecho de los expresados legítimarios, reconocido en la Sentencia de Tribunal Supremo de 3 de Noviembre de 1876, de promover el juicio voluntario de testamentaria para intervenir en el inventario, avalúo y liquidación del caudal hereditario si temen verse perjudicados en su legítima, ó de reclamar en el juicio correspondiente el suplemento de ésta