El Foro español (Madrid. 1898) (1902-01-10 00:00:00), página 5

claro de la ley, ó suponer y fingir en armonía los artículos del Código con las pretensiones inflexibles de las cartas del amo ó jefe político de la comarca. Y esto, que es la entrada de la carrera, es la marcha de toda ella; porque no se deja al funcionario libertad de pedir en concurso otro Juzgado de su categoría que le librara de aquel vasallaje. Hoy ni siquiera se anuncia cuándo vaga un Juzgado, ni el motivo de ello. Antes de los ocho años de incompatibilidad por servicios que la ley concede, se originan en los Jueces motivos y razones bastantes para cambiar de distrito. Y tan legítimos derechos en todos los servicios se niegan al Juez si no acude al gran hombre que lo persigue como una sombra; con el mayor secreto se distribuye el personal según el favor con que cuenta, concediéndose los mejores sitios y ventajas de comunicación, mercados y comodidades á un advenedizo que acababa de llegar, negando el traslado al Juez que, llevando diez ó doce años de servicio en la carrera, lo solicita por motivos de salud, proximidad á centros de enseñanza para llevar sus hijos, ó otros legítimos motivos para salir de un Juzgado que, bien clasificados, vendrían á ser considerados como de corrección ó castigo.

Con gran tesón debe pretenderse que se anuncien todos los meses las vacantes que existan, y en concurso darse á los de igual categoría que lo soliciten, dando preferencia á los años de servicio y buenas notas en el expediente; será llevado obligado aquel funcionario en sus ascensos donde haga falta vigilar por una determinada política, teniendo á veces, aun estando en condiciones, que esperar la vacante de un puesto donde haya intereses afines, brindando así una protección interesada y cobrada con la libertad é independencia del funcionario.

Estas y otras muchas razones defienden el ingreso por oposición, no porque siempre demuestre la competencia absoluta, no; sino porque es la manera de tener que responder ante su propia conciencia de sus actos; que no se deba el puesto á nadie que quiera compartir luego el cargo, y que el funcionario que todo lo debe á sus propios méritos tendrá orgullo y estímulo en su carrera.

Es claro que no debe negarse un puesto, que podía ser en categoría de Juez de ascenso, al Abogado ó Catedrático que demuestre vocación y lleve veinte años ó quince de ejercicio de la profesión en capital, ó haya publicado tratados de Derecho, declarados como méritos en Universidades ó Academias, y esto dentro del cuarto turno nada más. Y á propósito de la abogacía, es de justicia se declare incompatible el cargo de Registrador, por la excesiva y desigual competencia que hace á los demás Abogados.

Es preciso implantar, para de una vez apartar el señuelo engañoso del favoritismo, el riguroso ascenso por antigüedad absoluta, como único medio de conseguir un orgulloso y robusto plantel de hábiles Jueces; á pesar de tener algún defecto, no hay otro medio de atajar la arbitrariedad ministerial, foco de infección que corrompe y aniquila todo esfuerzo sano y toda iniciativa honrosa.

Nada puede hacer perder la independencia, más á un empleado, sea del orden que quiera, que ver cómo por la intriga saltan por encima de él y ganan mejores puestos los que han venido después que él á la carrera, y tienen menos años de servicios.

Y esto, que tan peligroso es, se da hoy en la Judicatura diez años antes de venir á la carrera; cuarenta aspirantes á la Judicatura están esperando plaza desde el año 1890, sin haberse podido colocar, habiéndose, en cambio, nombrado libremente triple número de Abogados extraños á este Cuerpo en ese tiempo, habiendo ascendido alguno de los que no pudieron ingresar en aquella oposición. Esto es más eloquente que cuanto pudiéramos hablar, para borrar de nuestras viejas y malas costumbres políticas.

Queremos la verdadera independencia del poder judicial, el aislamiento absoluto de la política de partidos, viéndolo á ser un verdadero poder y organismo dentro del Estado.

Deber es, para conseguirlo, exigir que los principales puestos de la escala, como la suprema dirección é inspección, se concedan sólo al personal de la carrera. No hay razón ninguna para que el Presidente y Fiscal del Tribunal Supremo sean cargos políticos, como hoy se consideran, al ser de nombramiento libre.

Es un verdadero absurdo que se ofrezcan reformas y mejoras en este ramo de la Administración, sin quitar este vicioso origen que se pone á la cabeza de su más alta significación. Si quisieramos emplear los energícos tonos que hoy se acostumbra para censurar abusos de los Gobiernos, diríamos que ni un día más debía subsistir para ningún digno funcionario, ese vasallaje y desmerecimiento que con tales nombramientos se da á la carrera, obligándoles al papel de comparsas, al considerar que su hermosa misión, que su elevado ministerio y sus imperecederos designios y atributos de dar á cada uno lo que es suyo y ser la garantía de la libertad y la honra de los ciudadanos, tiene que variar ó puede tener una significación distinta ó una desigual interpretación cada dos ó tres años, según ocurra una crisis política, porque así varía la más alta representación del Poder judicial, según sea la política conservadora ó liberal. Al hacer políticos dichos cargos, llevan á ellos personas que, aunque de talento, no tienen condiciones ni amor á la carrera, y lo más grave aún, que tienen obligación en aquel sitio de servir á los intereses políticos que