El Foro español (Madrid. 1898) (1901-11-10 00:00:00), página 7

lo lamentamos muy de veras, y creemos con toda sinceridad que el proyecto anunciado de ley de responsabilidad judicial no producirá los beneficiosos efectos que en otro caso habría de producir, no regateamos nuestro modesto aplauso á la iniciativa ministerial. Principio quieren las cosas; y aunque sea natural comenzar los edificios por los cimientos, no es mercedor de censura, sino de alabanza, por su buena voluntad y previsión, el que á falta de obreros ó materiales para cimentar, mejor que esperar en la holganza, prefiere acopiar y tener dispuestas, para en su día, las tejas que han de cubrir el proyectado edificio. Sirve, además, tan plausible iniciativa, para hacer constar una vez más, de modo felaciente, que no es la desidia ni la falta de competencia y celo de los ministros, la causa de esos indefinidos aplazamientos de reformas, cuya necesidad es evidente, sino otros defectos de organización de la Administración pública, que imponen trámites forzosamente lentos y laboriosos que no corresponden á la utilidad práctica que reportan.

Pero, así como aplaudo con sinceridad al dignísimo Ministro de Gracia y Justicia, por haber iniciado la reforma de las leyes de Organización judicial—siquiera entienda que no debiera ser lo relativo á la responsabilidad el capítulo primero sino más bien el último de la reorganización ansiada,— he de permitirme hacer algunas consideraciones sobre uno de los extremos que, según los extractos ó informes que adelantan los diarios políticos, contiene la proyectada ley de Responsabilidad judicial; extremo que considero no sólo inconveniente para levantar el prestigio de la Magistratura, sino altamente depresivo para ella, de tal modo, que dudo mucho que en el proyecto se comprenda, y atribuyo más bien la noticia á error de la información periodística.

Me refiero al registro público—que dice va á establecerse—de las correcciones de toda clase que á los Magistrados y Jueces se impongan.

Aunque á primera vista parece justo y aun conveniente que los administrados conozcan la historia y antecedentes de los llamados á administrarles justicia, nada más lejos de la verdad que esa apariencia seductora; pues así como el simple ciudadano que cumple una condena queda reintegrado en todos sus derechos, por enorme y atroz que sea el crimen que cometiera, y nadie tiene derecho á arrojarle al rostro su pasado delito, así también el Juez, el Magistrado, el funcionario público, cualquiera que sea su clase y condición, queda limpio de toda mancha cuando su falta ha sido sancionada mediante la pena ó corrección señalada por la ley.

¿Es que las faltas ó omisiones ó desaciertos de Jueces y Magistrados producen mayor perturba-
ción en el orden social que las cometidas por cualesquiera otros funcionarios? Pues castiguense con el rigor adecuado, con el más despiadado rigor, si así es preciso; que en este punto nada hemos de regatear. Pero impuesta una pena ó corrección, y cumplida que sea por el Juez, queda totalmente revistada para la sociedad la falta en que incurrió, y solamente los Tribunales gubernativos de su clase ó los del orden judicial, tendrán derecho á aportar á los posteriores expedientes ó causas los antecedentes del culpable, á los efectos de determinar la reincidencia y graduar la nueva pena; pero nada más.

Crear ese Registro público, es tanto como expedir á los cuatro vientos, y sin limitación de número, el pasaporte amarillo del Juez castigado ó corregido; es perpetuar y agrandar sin razón ni justicia, ni caridad y sin beneficio para el orden social, la afrenta ó mortificación que siempre entraña para el hombre pendumoroso la pena ó la corrección; es quitar todo estímulo al arrepentimiento y á la enmienda; es herir, en lo más fundamental, los sentimientos de decoro y dignidad; es desconocer la natural relación entre el mal causado y el castigo sufrido; y es, en fin, restar y no aumentar los prestigios y los respetos á los funcionarios de la Justicia.

Mediante ese Registro público, cada grupo de localidad conservará en su poder una nota auténtica de las correcciones sufridas por el Juez del distrito, y aunque éstas sean antiguas y aunque sean leves, y aunque sea una sola, leída ó comunicada al oído, en el rincón del casino ó en la tertulia de la farmacia; comentada, exagerada y propalada siempre en creciente aumento, dará lugar á que se inviertan los términos naturales de la relación entre los ciudadanos y su Juez, y aparecerá éste ante sus administrados más bien como reo que como juzgador.

No; no es posible, ni es conveniente, ni es justo que tal Registro se establezca con carácter público; sería ese el golpe mortal que acabara con los ya escasos prestigios judiciales; arrancaría del orden judicial á los más dignos, á los más rectos, á los más honrados y celosos, que jamás podrían aventurarse á figurar en un Registro de sospechosos y se quedarían los menos escrupulosos, los menos susceptibles, los más utilitarios, los que, acostumbrados á oír constantemente censurar y defender sus errores ó arbitrariedades en las encrucijadas de los expedientes, y con el apoyo del padrino, les preocupa, antes que la estimación pública y de sus compañeros, las delicias de la nómina.

No; no es posible que tal reforma prevalezca, ni siquiera se proponga; y en tal supuesto, la combatiremos. Pero si nos equivocamos, si por desgracia la obra del dignísimo Ministro actual, como obra