El Foro español (Madrid. 1898) (1900-08-20 00:00:00), página 11

instruyó otro expediente de deslinde y amojonamiento del terreno de su propiedad en la Montaña, en el cual se comprenden los citados tres jornales; y en 1880, el expresado Conde solicitó y obtuvo, mediante acuerdo del Jefe económico de la provincia, la redención del censo á que dicho terreno venía sujeto, y consolidó de esta suerte el dominio directo y útil del mismo.

Derruida la muralla que sobre tales terrenos se construyó en 1808: vendidos éstos por el Estado en 1880 é impugnada su venta por D. José de Rojas, en nombre de su padre el Conde, que los reclamaba como de su propiedad particular, el Tribunal gubernativo del Ministerio de Hacienda acordó, en 1894, desestimar las instancias formuladas y declarar válidas y subsistentes, con todas sus consecuencias, las subastas por aquél impugnadas.

Contra este acuerdo interpuso D. José de Rojas recurso contencioso-administrativo, y el Tribunal, considerando que el Conde de Casa Rojas había consolidado los dos dominios, y que por dicho acuerdo se alteraba un estado posesorio creado por la misma Administración y se anulaba el acuerdo de 1880, «supuesto que al declarar válidas las subastas de las fincas de que se trata, no sólo se desconoce el dominio pleno que sobre ellas ostentaba el demandante, sino que se deja sin efecto la redención del censo y la transmisión del dominio directo hechas en su favor por la misma Administración, volviendo sobre resoluciones firmes, hoy irrevocables, dicho Tribunal dictó sentencia en 1897, declarando nulo, por ser contrario al de 1880, hoy firme e irrevocable, el acuerdo dictado por el Tribunal gubernativo del Ministerio de Hacienda en 7 de Agosto de 1894, y nulas asimismo las ventas efectuadas por el Estado del terreno ocupado por la antigua muralla de Alicante, contra las cuales han venido reclamando el Conde de Casa Rojas y sus causahabientes».

Con el fin de que la expresada sentencia tuviese cumplimiento, se expidió por la Delegación de Hacienda de Alicante, en Marzo del 99, una certificación, en la que se detallan las ventas hechas por el Estado de parte de terrenos enclavados en la Montañeta que ocupó la muralla, y se hace constar que estas «enajenaciones hechas por el Estado y las inscripciones posesorias que á su favor se hicieron, han de ser objeto de cancelación en el Registro de la propiedad, aun cuando hubiesen pasado sus transmisiones á terceros adquirentes, quedando desde luego al libre dominio y albedrío del Excmo. Sr. Marqués del Bosch», y que el Delegado de Hacienda consiente en nombre del Estado en la cancelación de dichas inscripciones «así como de cualquiera otra inscripción posesoria que apareciese á nombre del Estado dentro del perímetro de la antigua muralla de la Montañeta».

El Delegado de Hacienda remitió la certificación al Juzgado con la sentencia del Tribunal, para que ordenase al Registrador la cancelación «de las inscripciones hechas á favor de los adquirentes de bienes del Estado que exprese la adjunta certificación, cuyas ventas han sido declaradas nulas, así como las inscripciones posesorias hechas á favor del Estado por sentencia del Tribunal de lo Contencioso administrativo».

En su virtud, el Juzgado expidió mandamiento «para que tengan lugar las cancelaciones que se interesan, así como cualquiera inscripción posesoria que apareciese á nombre del Estado», y el Registrador puso al pie la siguiente nota: «Canceladas las inscripciones de posesión á favor del Estado, y las de venta á favor de D. José Rico y de D. José María Olmos en cuanto á las fincas que han resultado inscritas á nombre de dichos adquirentes en el tomo, folio, número é inscripciones que se expresan al margen de la descripción de cada una de ellas. Suspensiva en cuanto á la de D. José Ferrer, por no encontrarse el folio y tomo en que está inscrita, y no expresar el documento esta circunstancia. No admitida en cuanto á las demás fincas, porque en virtud de haber pasado las de D. Leopoldo Laussat, Vicente Hernández y José Gadea, por título gratuito á un tercero, se han extinguido los asientos cuya cancelación se ordena, según el art. 77 de la ley, y no consentir en la cancelación de su asiento el tercero, ni ventilado si está comprendido en la excepción del art. 54 de la misma ley; y respecto de la de D. Antonio Más, D. Francisco Samper, D. Francisco Díaz, D. José Candela, D. José Cataluña, y la otra de D. José Rico, porque transmitidas á título oneroso, no pueden perjudicarse los derechos adquiridos, según el art. 54 de la ley.»

D. José de Rojas, Marqués del Bosch, interpuso recurso contra la nota precedente, solicitando se deje sin efecto «en cuanto deniega la cancelación de las inscripciones extendidas á favor de terceras personas» sobre los terrenos de su propiedad, y se disponga «que proceda á verificarla sin dilación alguna», exponiendo que no tiene aplicación el art. 54 de la ley Hipotecaria, y fundamentando su pretensión en lo que disponen el art. 24 del Real decreto de 11 de Noviembre de 1864; Resoluciones de 7 de Octubre de 1882 y 9 de Noviembre de 1888; Real orden de 20 de Septiembre de 1852; art. 5º del Reglamento de lo Contencioso de 24 de Junio de 1894; Real decreto de 21 de Febrero de 1867; Reales decretos sentencias de 8 de Febrero de 1882 y 7 de Noviembre de 1884; Sentencias del Tribunal de lo Contencioso de 19 de Enero de 1892, 21 de Marzo y 6 de Abril de 1895, y art. 53 de la ley Hipotecaria.

Oído el Registrador, sustuvo su calificación, apoyándola en la doctrina consignada en las Sentencias del Supremo de 26 de Enero de 1881 y 3 de Marzo de 1884; el art. 24 del Real decreto de 11 de Noviembre de 1864; la ley de Contabilidad de 25 de Junio de 1870; los arts. 82 y 83 de la ley Hipotecaria; las Resoluciones de 29 de Noviembre de 1884, 20 de Octubre de 1894 y 4 de Febrero de 1897, y las Sentencias del Tribunal de lo Contencioso de 9 de Julio de 1891 y 6 de Julio de 1896.

El Juez Delegado dejó sin efecto la calificación del Registrador, que ha sido objeto de reclamación, y acordó se cancelará las inscripciones contrarias al derecho del Conde de Casa Rojas y de sus causahabientes, fundándose en lo que disponen la ley de 25 de Junio de 1870; Real orden de 20 de Septiembre de 1882 y art. 5º del Reglamento de 22 de Junio de 1894; art. 24 del Real decreto de 11 de Noviembre de 1864, y Resolución de 7 de Octubre de 1882.

El Registrador apeló ante el Presidente de la Audiencia, quien confirmó la resolución del Juez Delegado, y el Registrador recurrió á la Dirección, ante la que compareció también el Marqués del Bosch, y pedida por dicho Centro certificación literal de los asientos pertenecientes al caso; y vistos los arts. 85, 84 y 86 de la ley reformada sobre el ejercicio de la jurisdicción contencioso-administrativa y 34, 36, 57, 77, 79, 82, 515, núm. 4º de la ley Hipotecaria; los Reales decretos de 11 de Noviembre de 1864, 21 de Febrero y 29 de Mayo de 1894; los Reales decretos sentencias de 21 de Febrero y 3 de Abril de 1867, 21 de Enero de 1869, 8 de Febrero de 1882 y 7 de Noviembre de 1884; las Sentencias del Tribunal de lo Contencioso administrativo de 24 de Marzo y 9 de Julio de 1891, 19 de Enero de 1892, 21 de Marzo y