El Foro español (Madrid. 1898) (1901-12-30 00:00:00), página 2

atención sobre cosa tan trivial, como es el uso de armas, que nada creemos haya legislado sobre este punto, pudiendo suponerse por algunos que no pudiera licitamente usarla una autoridad judicial sin permiso de la gubernativa, siendo tantos los casos y circunstancias difíciles y obligaciones en que se puede encontrar para garantizar su persona y el servicio sagrado que en la sociedad presta, y que en ningún caso debe quedar vejado ni menospreciado. Otro tanto, y á éstos va la observación dirigida, puede ocurrir con los alguaciles ó subalternos. Llevan en muchos casos la representación del Juez; son, como decían las Partidas, «el Ministro inferior de justicia, encargado de hacer ejecutar las órdenes de los Tribunales y Jueces, debiendo de ser sigilosos, entendidos, leales y forzados»; practican, por orden del Juez, despojos, lanzamientos, embargos, detenciones y traslados de presos de una á otra dependencia, con peligro y riesgo de su persona, é ignoramos que haya disposición alguna que les autorice, ni en qué forma, á usar y utilizar las armas, ni siquiera en defensa.

Con frecuencia se han instruido causas por amenazas á los Escrivanos y alguaciles al practicar diligencias por delegación. Motines y desatacos hubo recientemente en muchas poblaciones, que hacían necesario custodiar al Juez y defender las oficinas del tumulto que amenazaba con armas e instrumentos. Faltan al Juez medios de reclamar el auxilio de la fuerza que está en las capitales concentrada, ó se niega ésta por tener encargado otro servicio como urgente, y es justo que, aprendiendo del pasado, se contrarresten esas influencias y opresiones, no quedando nunca desamparada la persona del Juez y sin medios de imponer y ejercer su autoridad. Debe de legislarse de una manera clara y precisa, reglamentando los servicios que, como policía judicial, han de hacer los alguaciles y elementos con que cuenta para cumplir su misión, más propia que las faenas domésticas en que se les emplea muchas veces. Creemos de necesidad se adapte un uniforme general en toda España, con atribución de uso de armas de bolsillo para su defensa, ganando con ello en prestigio y respeto.

No menos influyen en el Juzgado la categoría y comportamiento de los Auxiliares ó Escrivanos, parte integrante de la administración judicial. Tan abandonado se ha tenido este importante brazo, que creemos que cuanto se ha dicho y censurado de la mala administración de justicia, ha sido motivado por su abandono y deficiencias. Deber es, pues, atender y mejorar este personal, siquiera sea por lo que al Juez pueda desprestigiar. Es precaria la situación de todos los Actuarios de los Juzgados de entrada, é imposible sostener un mismo arancel para las distintas categorías de Juzgados, por la distinta naturaleza y número de asuntos civiles y criminales de unos y otros, creyendo de necesidad urgente señalarse sueldo por el Estado para quitarles el carácter de interesados que hoy llevan á los pleitos, procurando que éstos se hagan duraderos y enredosos. Esto, unido á la oposición para el ingreso hoy establecida, moralizará cuanto es preciso esta rama principal de la buena y recta administración de justicia.

Ansiosos de llevar el prestigio de los Jueces á la mayor altura posible, no escatimamos, como decíamos al principio, sus múltiples deberes ni inmediatas responsabilidades, para remediar la negligencia y abandono en que aquellos incurran.

Como eficaz medida, para estimular al buen empleado, y conocer y castigar al torpe y negligente, debiera establecerse una inspección directa y obligada á los Juzgados, no sólo como hoy se hace por medio del Cuerpo Fiscal, limitado á lo criminal, sino estableciendo un negociado central en el Ministerio, de personal de la carrera y de mayor categoría y años de servicios efectivos que los cargos investigados, haciendo visitas periódicas trimestrales ó semestrales, con facultad de imponer correcciones leves, con aprobación de las Salas de gobierno, que, repetidas, pudieran retrasar el ascenso por dos ó cuatro años, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y criminales hoy establecidas.

Claro es, que estas exigencias deben ir pagadas con mayores garantías en la ley, para asegurar su tranquilidad y consideración. Existen, fuera de los casos de delito penado en el Código penal, faltas que hoy quedan impunes y que deben castigarse. Nos referimos á la exagerada libertad y derecho que se tiene y se usa con frecuencia, de hacer falsas denuncias e infundadas quejas contra los Jueces, por su abandono e impericia, que la malicia ó el rencor le atribuyen. Investigado el caso, y conocida la improcedencia de la queja, nada se manda contra el denunciante, para corregir tales excesos y poner cortapisá á esa mal usada libertad. Debe, en todo caso, imponerse fuertes multas á los que así obran; pues en ello casi siempre se satisface un odio y se procura vejar ó molestar, siquiera sea pasajeramente, la autoridad del Juez, que debe ser respetadísima, dentro de sus funciones, mientras cumpla su deber.

No se nos oculta, que más que todos los derechos, mal ó bien ejercitados, desacreditá á la Autoridad los errores por ella cometidos, siendo partidarios de que se establezca, como en otros países, la indemnización en metálico, como único medio de reparar los daños y perjuicios causados por los errores judiciales en causas criminales por una detención ó prisión indebida.

S. MORO,
Mota del Marqués.
Juez de primera instancia.