El Foro español (Madrid. 1898) (1900-01-20 00:00:00), página 8

interpuesto por D. Andrés Coderch y Menán en cuanto al segundo de los motivos alegados como fundamentos del mismo; se admite el propio recurso respecto de sus demás motivos y se resuelve:

Que según el artículo 609 de la ley de Enjuiciamiento civil y la jurisprudencia constante del Tribunal Supremo, la apreciación de la prueba de cotejo de letras y firmas es de la exclusiva incumbencia de la Sala sentenciadora, que con perfecto derecho puede por sí misma hacer ese cotejo, sin que tenga que sujetarse al dictamen de los peritos y contra la que no cabe consignadamente recurso de casación.

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Sentencia de 30 de Septiembre de 1898.—(Gaceta de 19 de Octubre).—Revalidación de un contrato y otros extremos.—Se declara no haber lugar al recurso de casación por infracción de ley, interpuesto por doña María del Carmen Huero, contra sentencia de la Audiencia de Valencia y se resuelve:

Que la falta de consentimiento en los contratos desvirtúa en absoluto los efectos de los mismos cualquiera que sea la calificación jurídica que merezcan.

Que no apareciendo en un contrato privado la firma del supuesto donante u obligado y no habiendo sido reconocida su legitimidad por los demandados, es evidente que no tiene en sí la fuerza y eficacia que á esta clase de documentos atribuye el artículo 512 de la ley de Enjuiciamiento civil.

Que la estimación del crédito y fe que merezcan los testigos, según el artículo 659 de la ley de Enjuiciamiento civil y la jurisprudencia repetida del Tribunal Supremo, queda arbitrio racional del juzgador; y

Que la validez y solemnidad de los documentos de esta naturaleza no depende de la intervención de los testigos que se hacen figurar como presenciales del acto; sino de la justificación de los hechos que en tales documentos se consignan.

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Sentencia de 30 de Septiembre de 1898.—(Gaceta de 19 de Octubre).—Resolución de contrato.—Se declara no haber lugar en parte al recurso de casación por infracción de ley, interpuestos por D. José Filiquier y D. José Jaumandreu, contra sentencia de la Audiencia de Valencia, y se resuelve:

Que reconocida por la Sala sentenciadora, en virtud de las practicadas en el juicio, la certeza de los hechos capitales en que se fundaba la demanda, es evidente la procedencia de la acción recesoria, así como las declaraciones que contiene la sentencia, relativas á la rescisión del subarriendo conforme á lo prevenido en los artículos 1.554 y 1.556 del Código civil; y

Que es doctrina constantemente reconocida y declarada por el Tribunal Supremo, que á toda condena de daños y perjuicios, ya provengan de incumplimiento de un contrato ó esté determinada por la ley, ha de preceder justificación bastante de la realidad y existencia de los daños y perjuicios que se demanden.

RESOLUCION

DADA POR EL FISCAL DEL TRIBUNAL SUPREMO Á LAS CONSULTAS QUE, EN VIRTUD DE SU CIRCULAR DE 30 DE MAYO ÚLTIMO, LE HAN DIRIGIDO LOS SEÑORES FISCALES DE LAS AUDIENCIAS, SOBRE INTERPRETACION Y APLICACIÓN DE DIVERSOS ARTÍCULOS DEL CÓDIGO PENAL Y OTRAS LEYES REPRESIVAS ESPECIALES, DE LA DE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL Y DEL JURADO.

Indudablemente el párrafo segundo del art. 499 se redactó, á juicio de esta Fiscalía, con notoria impropiedad, pues lo que se quiso decir fué seguramente que la aprobación dada al matrimonio, por los padres ó personas á quienes se refiere el artículo anterior extingue la acción penal, ó la pena si se hubiere ya impuesto al culpable. De esta nuestra opinión se infiere que no es el Poder ejecutivo quien debe conceder el indulto, sino que éste se considera otorgado por ministerio de la ley desde el momento en que las personas á quienes se refiere el artículo aprueba el matrimonio contraído; si esta aprobación recae hallándose pendiente la causa, deberá el Tribunal acordar desde luego el sobreseimiento libre de la misma, con sus naturales consecuencias, por hallarse extinguida la responsabilidad penal del culpable; y si se diese después de fallado el proceso, deberá declararse extinguida ó remitida la pena y acordar desde luego el licenciamiento del penado.

Art. 530. Cód. pen. (Tornel).

72.—Comete delito de hurto el que, al ir á hacer efectiva una cuenta, recibe una cantidad mayor que la que le fuera d bida, y apercibido en el acto de la equivocación sufrida por él que la pagó, retiene la cantidad que resulte de más, aprovechándose de ella.

Al tratar el Fiscal que estas líneas escriba análogo caso al consultado, en su obra Código penal concordado y comentado, 4.ª edición tomo III, pág. 418, tuvo ya ocasión de manifestar que no se había presentado aquél todavía en nuestra jurisprudencia, pero que la francesa lo había resuelto en sentido negativo, fundando esta opinión (de la que participa también el Fiscal en que, según los términos del art. 379 (330 de nuestro Código), no se es culpable de hurto sino cuando se toma fraudulentamente la cosa mueble ajena: de lo que resulta, por una parte, que la sustracción ó apoderamiento, ó sea el cambio de pueso, y la aprehensión manual sin la voluntad del dueño, es uno de los elementos constitutivos del delito de hurto; y, por otra, que este apoderamiento ó sustracción, según el sentido preciso y legal de la palabra tomar, á la que corresponden dichos sustantivos, no puede existir, desde el momento en que la cosa, basc d l nuto, ha sido entregada voluntariamente por su dueño á la persona inculpada; sin que nada importe que tal entrega se haya hecho por error y que de este se haya aprovechado el acusado consciente y fraudulentamente; ni que el fraude empezara en el