El Foro español (Madrid. 1898) (1899-05-30 00:00:00), página 1

EL FORO ESPAÑOL
REVISTA JURÍDICO-ADMINISTRATIVA

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SUMARIO

Reformas legislativas: Ley de Enjuiciamiento criminal, por don José García Romero de Tejada, Abogado fiscal de la Audiencia de Madrid.—La herencia morosa, por D. Mariano Peniche y Lugo, Juez de primera instancia.—Influencia del Cristianismo en la ciencia del Derecho (continuación), por D. A. Escamilla y Rodríguez, Abogado.—Asociación general de socorros de Funcionarios del Poder judicial. A constituirse.—Boletín de la semana (legislación).—Lo impone el complementismo.—Asamblea de Escribanos.—Noticias.—Quejas y comentarios: El Juez de Castropol.—Jurisprudencia.—Correspondencia administrativa.

REFORMAS LEGISLATIVAS (1)

Ley de Enjuiciamiento criminal

Prudentemente limitadas, de igual modo, por las partes las pruebas á lo más conveniente, á lo preciso, para llevar cada una al ánimo del Tribunal el convencimiento de la certeza de los hechos objeto del debate en el juicio criminal, el puntualizar éstos en las conclusiones, con arreglo á derecho, es materia á no dudar delicada y de capitalísimo interés, si han de ser comprendidas después, ora con la debida separación y claridad en el veredicto, ora resueltas con acierto en la sentencia.

Que nuestra Ley Procesal acusa deficiencias y confusión lamentable en sus disposiciones á estos respectos, es evidente. Dada la paridad que existe, y que muchos expositores procuran demostrar, en orden á la ritualidad entre el juicio civil y el juicio criminal, comparando el acta de acusación al escrito de demanda, y el de defensa en oposición á aquél, al de contestación en autos ordinarios, semejanza que parece confirmarse y se acentúa en el sistema actual de enjuiciar, la verdad es que no se alcanza cómo, al dar la ley la pauta ó norma para formular tales solicitudes, determine taxativamente, tratándose de la acusación, los extremos que ha de comprender, llegando su minuciosidad á numerar sus incisos, y nada diga en cuanto á las defensas, otorgándolas una peligrosa libertad de acción, é iniciando, por lo tanto, ella misma, y desde luego, desigualdades en la lid é irregularidades en la forma, causa eficiente, esperada y segura de confusión y de errores.

Así, en su art. 650, prescribe que el escrito de calificación fiscal habrá de limitarse á determinar, en conclusiones precisas y numeradas, los hechos punibles, su calificación legal, participación que en la ejecución de aquéllos tomaron los acusados, circunstancias concurrentes y penas aplicables; y en el caso de que el acusador privado ó el Ministerio público sostuvieren la acción civil, habrán de mencionar además la cantidad reclamada por daños ó perjuicios, y á quién ó á quiénes, con expresión de motivo ó concepto, toca exigírsela.

¿No era natural, obligado y lógico que, guardando exactísima correlación, se ordenara, respecto á la defensa, el cumplimiento á su vez de idénticas formalidades? Pues lejos de eso, recordemos lo que á la letra dispone el art. 652:

«Seguidamente se comunicará la causa á los procesados y á las terceras personas civilmente responsables, para que en igual término (bástabale decir y forma) y por su orden, manifiesten también, por conclusiones numeradas y correlative á las de la calificación que á ellos se refiera, si están ó no conformes en cada una, ó, en otro caso, consignen los puntos de divergencia.»

Pues bien: este último y particular extremo de la disposición y del copiado texto, insignificante, trivial al parecer, y en el cual no han parado su atención reformadores ni tratadistas, es causa de constantes errores en la práctica; y la razón es bien sencilla: si los Tribunales de derecho han de redactar las sentencias consignando las conclusiones definitivas, tanto de la acusación como de la defensa, y los hechos que estuvieran enlazados con las cuestiones que hayan de resolverse en el fallo haciendo declaración expresa y terminante de los que se estimen probados (1), y, por

(1) Véase el número anterior.

(1) Artículo 142.