El Foro español (Madrid. 1898) (1899-07-10 00:00:00), página 4

praventa, tales como omitir y, por consiguiente, deroga el tanteo, retracto y amortización, derechos que, como dice el Sr. Gómez de la Serua, odiosos por todos los jurisconsultos, sólo pueden ser defendidos en el terreno de la política, no en el de la justicia.

La Partida sexta abarca la sucesión testada é intestada; la guarda de los huérfanos en sus dos especies, de tutela y curatela; el beneficio de restitución in integrum y conforme á la naturaleza, sustituye la antigua troncalidad por el método de suceder establecido por Justiniano, mucho más justo. Pero la admiración que sus redactores sentían por el Derecho romano, les indujo á tratar principios que ya no tenían aplicación en el estado de las costumbres y del Derecho, como la cuarta Falcidia, la Trebolánica, la división de la herencia en doce partes, la cuarta marital y privar de la testamentificación pasiva á los hijos sacrificios, adulterinos é incestuosos, que genéricamente califica de fornecinos. «Nin se puede establecer por heredero á ninguna persona que fué nacida de dañado coito, que quiere tanto decir como de vedado ayuntamiento, así como de parienta ó de mujer religiosa.»

La séptima Partida contiene la legislación penal, y en esta parte se procuró desterrar el bárbaro rigor de algunos suplicios. Así, prohibe la pena de muerte apedreado, crucificando ó despensando al delinquente; establece que á ninguno se le pueda señalar en la cara con hierro candente, ni sacarle los ojos, ni coartarle las narices; y el título treinta y dos encierra varias reglas sobre la gracia de indulto, concedida, entre otros motivos, «por grandí alegría que ha en sí, así como por nascencia de su hijo (del Rey), ó por victoria que aya auído contra sus enemigos, ó por amor á nuestro Señor Jesu-Christo, así como lo usan á fazer el Vier-nes Santo».

VII

Los sucesos políticos del presente momento histórico dieron una nueva fisonomía á la legislación patria, y D. Alfonso XI, conciliando los elementos nacional y romano no contradictorios, publicó su colección con el nombre de Ordenamiento Real de Alcalá el 28 de Febrero de 1348, y la imprimió un marcado carácter procesal. Consta esta colección de treinta y dos títulos, divididos en ciento veinticinco leyes, y no obstante su brevedad, puede decirse que en aquellas circunstancias nada dejó que desechar. Sustituye la parte de contratación romana por otra parte espiritual y filosófica; mas llevada á la exageración, se incurre en otro extremo lamentable, aún sentando «que sea valedera la obligación ó el contrato que fueren fechos en cualquiera manera que parezca que alguno se quiso obligar á otro é hacer contrato con él.»

Establece para la compra-venta y contratos semejantes la rescisión por lesión; veda todo género de usuras y castiga á los usureros con la pérdida de la mitad de su patrimonio y al reinidente con la pérdida total; varía el sistema de testamentificación aceptado por las Partidas, derogando los tres principios capitales de la legislación romana. Pero donde se extiende algo más el Ordenamiento de Alcalá es en la parte que podemos llamar de derecho público, pues á su reforma principalmente se encaminó el pensamiento generador de las leyes del biznieto de D. Alfonso el Sabio. Las pocas leyes de Derecho penal siguen inspirándose en principios morales, castigando los cohechos de los Jueces, «porque los dones mueven á los Juegadores á librar mas ayna los pleitos, como non deven..... é pechen lo que tomaren doblado.»

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Precedente que sin duda alguna se tuvo muy en cuenta para formar la nueva Recopilación, que se hizo en el reinado de Felipe II, fué el Ordenamiento Real y Leyes de los Ordenamientos, formado por el Dr. Alonso Díez de Montalvo, distinguido jurisconsulto que gozó de gran confianza con los Reyes Juan II y Enrique IV, quienes premiaron sus relevantes servicios nombrándole oidor de sus Consejos y su refrendario, asignándole como pensión vitalicia 30.000 maravedís anuales. Este extremo es negado por escritores como el Dr. Espinosa, Solón de Paz, Fernández de Mesa, el P. Burriel, y los doctores De Manuel y Asso; mas el epígrafe de un ejemplar de la edición de Huete, que se conserva en la Biblioteca Nacional, disipa toda incertidumbre, y si fuéramos más escrupulosos en este punto, tenemos el testimonio de su contemporáneo Bernáldez, capellán del Arzobispo D. Diego Deza, que lo ratifica, y la nota inserta al final de la edición de Zamora de 1485.

Es comprensivo, de pura doctrina jurídica, el prólogo, en el cual expone los motivos que le indujeron á su formación y á adoptar el plan desarrollado. El Ordenamiento está seccionado en ocho libros, ciento quince títulos y mil ciento treinta y tres leyes.

El libro primero trata de materias religiosas; y en los títulos que epigrafa «Que ninguno haga figura de Cruz donde se puede pisar», «Que en las iglesias no se den posadas», «Que los señores temporales ni Concejos no perturben la jurisdicción de la Iglesia», «Que los Reyes son Patrones de todas las iglesias de sus Reynos», «Que los Questores y Demandadores no puedan apremiar á los pueblos porque hoyan sus sermones», «De los estudios generales y de los perdones», encontró prueba irrecusable de su celo por la pureza de las costumbres, castidad y benevolencia, á la vez que recta justicia.

El libro segundo se ocupa de las leyes políticas; organización judicial y en parte administrativa, y en él se reglamenta para las Audiencias y Chancillerías; los derechos de los Escribanos; que se den buenas posadas á los Procuradores de las Cortes; que el Alguacil no dé tormento, ni haga daño á los presos y suelte luego á los que no tengan culpa; el juramento de los carceleros; que ni el clérigo, ni el religioso, sean Alcaldes ni Abogados; la vigilancia de la administración