El Foro español (Madrid. 1898) (1898-09-30 00:00:00), página 2

va aumentando, y todos ellos ayudan en no pequeña parte al desempeño de las funciones de su ministerio, y mucho más cuanto que estos sustitutos, jóvenes en su mayoría, hay que suponerlos llevados allí por sus aptitudes y vocación, y con ánimos para trabajar poniendo su inteligencia y facultades al exclusivo servicio de la misión que aceptaron á impulso de sus aficiones, y no para gozar de las ventajas del cargo ni para aprovecharse de lo que á su sombra puedan adquirir.

Claro está que, por razón de los respetos que el Ministerio fiscal siempre merece, nunca ocurre que uno de sus funcionarios sea apremiado para la devolución de la causa, y mucho menos cuanto que, como generalmente el procesado no nombra defensor hasta que es requerido á ello, después del trámite de calificación, no tiene ó no suele tener hasta entonces quien en su nombre defienda sus derechos y pida el exacto cumplimiento de cuanto á ellos concierne.

Tras de la dilación que el trámite de instrucción produce, cuando al fin se devuelve la causa por el Fiscal, ó en su caso por la parte acusadora, hágase á veces pidiendo la devolución del proceso al Instructor para la práctica de diligencias más ó menos necesarias; y si el Tribunal las estima procedentes, dicta auto revocando la terminación y acordando la devolución pretendida, con lo cual hálase de nuevo la causa en estado de sumario con todos los inconvenientes y todas las dilaciones que antes he apuntado, dándose con frecuencia el caso de que esas diligencias pedidas por las acusaciones y acordadas por el Tribunal tarden en su práctica más que el sumario mismo.

Si, por el contrario, las acusaciones están conformes con la terminación del sumario, propondrán la confirmación, y una vez que el Tribunal lo acuerde, mandará traer la causa á la vista, diligencia llamada visita comúnmente, y dentro de los tres días siguientes á su celebración dictará auto mandando abrir el juicio oral ó decretando el sobreseimiento.

Abierto el juicio oral, se comunica la causa al Fiscal para que por escrito, y por término de cinco días, califique los hechos, cuyo término es suficiente para ello, teniendo en cuenta que ya antes, y durante el tiempo que tuvo por conveniente, tomó la correspondiente instrucción; pero á pesar de ello rara vez, por no decir ninguna, es devuelta la calificación á los cinco días justos, sino después de muchos más, y en ello se invierte con exceso un tiempo equivalente á la suma de todos los términos establecidos por la ley para todos los trámites desde que el sumario es elevado hasta la apertura del juicio.

Lo mismo podemos decir en cuanto á la acusación privada ó al actor civil, cuando interviene, si bien ya respecto de éstos es más factible el apremio, y puede con mayor facilidad ser aplicado el art. 215 de la Ley de procedimientos criminales, procediéndose á la recogida de autos, imponiéndose multa ó procesándole por desobediencia.

Calificada ya la causa, se entrega también por cinco días á los procesados y personas civilmente responsables; y claro es que si entendemos y antes hemos dicho que ese término es suficiente para el Fiscal y acusador, que ya anteriormente pudieron instruirse del sumario y reunir datos para tener preparadas sus calificaciones, resulta escaso para el defensor, que en tan poco tiempo ha de tomar sus notas de la causa, hacer su estudio, proponer sus pruebas y conferenciar previamente con su defendido para hacer la preparación de sus elementos de defensa, y careciendo de esa instrucción, que ya de antemano tiene la parte ó partes contrarias, es decir, que el defensor en sólo cinco días ha de hacer cuanto los acusadores hicieron, y algo más, en los dos plazos que la ley les concede y la prórroga que ellos se tomaron. Decimos esto porque así resulta, pero no con el fin de disculpar el que también los defensores apuren los términos hasta donde pueden, haciendo con frecuencia necesario el apremio, que con ellos se emplea más frecuentemente, á veces instado por el acusador ó querellante.

Y en esta suma de dilaciones que venimos apuntando, omitimos de propósito las que se ocasionan por la habilitación de Procurador y Abogado de oficio para la representación y defensa del procesado, pues esto, así como las originadas por la copia de escritos en limpio, recogida de firmas, etc., nos llevaría á otro orden de consideraciones en que ahora no queremos entrar.

Devuelta la causa por el último defensor, y siendo necesaria la continuación del juicio, el Tribunal señalará día para la vista, teniendo en cuenta la prioridad de otros procesos y el tiempo preciso para las citas.

GABRIEL LÓPEZ OLÍAS.
Abogado.

(Se continuará.)

SEGUNDO Y CURIOSO ESTADO
tomado de los escalafones de la carrera judicial rectificados en 31 de Diciembre de 1897

    NOMBRES
    TIEMPO DE CARRERA
    Edad

    Anos.
    Meses.
    Días.
    Años

    Funcionarios con categoría de Presidentes de Audiencia territorial

    Expósitos. (Págs. 195 y 196.)

    D. Joaquín López Chicoy.
    43
    3
    17
    70

    Patricio Collado y Lapesa.
    39
    10
    2
    69

    Francisco González Chía.
    39
    18
    67
    67

    Segismundo Carrasco y Morcet.
    38
    9
    68
    68

    Manuel Zanón Augiex.
    37
    27
    69
    69

    Francisco Bernard y Ramírez.
    35
    8
    1
    62

    Miguel Sanz y Urtasún.
    34
    6
    22
    63

    Antonio Fernández Montejano.
    34
    6
    22
    68

    Bernardo Cónsul Escudero.
    34
    5
    11
    62

    Maximino Rodríguez Guerrero.
    34
    5
    1
    65