El Foro español (Madrid. 1898) (1898-04-30 00:00:00), página 11

la sesión ó Junta del Censo antes de transcurrir las diez horas que la ley marca, por no ser cierto alegar cualquier pretexto para ello, sino que es necesario que existan causas graves y suficientes, las cuales no se han justificado, según afirma el Tribunal á quo, como debían serlo;
Y que afirmándose como hecho probado en el tercer resultando que el acta de la segunda sesión se supone inciertamente que los candidatos y Presidente hicieron protestas y nombramientos de varios Interventores, no puede dudarse que tales hechos caen bajo la sanción del núm. 4.º del citado art. 83 de la Ley Electoral, siendo responsables todos los que con su firma autorizaron aquella acta, así como también lo es además el Alcalde Presidente, por no huberos cuidado de que aquel documento fuese firmado por todos los que componían la Junta del Censo.—(Gaceta de 13 de Abril.)

RECURSO DE CASACIÓN (26 de Febrero de 1898). Estafas y falsificaciones de documentos oficiales.—No ha lugar al recurso interpuesto por Manuel María Antonio de León y García, contra sentencia de la Audiencia de Pamplona, y se resuelve:
Que la sentencia resuelve sobre todos y cada uno de los puntos que fueron objeto de la acusación y de la defensa, por cuanto calificados los hechos de seis delitos de falsificación de documentos oficiales, ejercitadas como medios de cometer los seis delitos de estafa, es evidente que la sentencia resolvió acerca de lo solicitado por la defensa en sus condiciones alternativas;
Que como consecuencia de ello se penó un delito más grave del acusado, sin alterar la naturaleza de los hechos justiciables, aparte de que la ley, en el núm. 3.º del art. 912 de la Enjuiciamiento, se refiere exclusivamente á cuando se pena un delito más grave que el que ha sido objeto de la acusación, pero no á la calificación de la defensa;
Y que no existe contradicción entre las preguntas dirigidas al Jurado y las contestaciones dadas por éste á aquéllas, toda vez que no hay incompatibilidad entre el hecho de la falsificación de un documento y la comisión, por este medio, del de estafa que se propuso realizar el culpable.—(Gaceta de 22 de Abril.)

RECURSO DE CASACIÓN (26 de Febrero de 1898). Hurto de pinos. No ha lugar al recurso interpuesto por Serafín López Sánchez, contra sentencia de la Audiencia de la Coruña, y se resuelve:
Que es requisito indispensable, para que sea admisible un recurso de casación, que el que le interponga respete los hechos declarados probados en la sentencia recurrida y su natural sentido, á cuyo precepto legal se ha faltado en el presente caso, al fundirse en que el procesado no tuvo intención de hurto, supuesto que contradice el hecho y el sentido natural y gramatical del fallo, que dice que el pino fue cortado y llevado para aprovecharse de él, términos que hacen notoriamente inadmisible el recurso, porque determinan con claridad el fin de la doble acción de cortar y substraer.—(Gaceta del 22 de Abril.)

RECURSO DE CASACIÓN (2 de Marzo de 1898). Robo y dos homicidios.—No ha lugar al recurso preparado y admitido de derecho en beneficio de Dionisio Ramón Guidí, Agustín Molero y José Vilches, contra sentencia de la Audiencia de Granada, y se resuelve:
Que la sentencia dictada por la Audiencia de Granada en 19 de Noviembre de 1897, por la que se condena á la pena de muerte á los procesados, está ajustada á derecho, porque los hechos ejecutados y que consigna el veredicto del Jurado, constituyen, como dicha sentencia afirma, un delito de robo, del que resultó la muerte violenta de los Sres. Christoffeau e Isabel Troyano, ejecutada en la morada de los efectivos con alevesía, siendo reincidente el Dionisio y estando embriagados los procesados al tiempo de cometerlo, cuyo delito complejo está comprendido en el núm. 1.º del art. 516 del Código penal, y castigado con la pena de cadena perpetua á muerte;
Y que aun descartada en la comisión del hecho perjudicó la circunstancia agravante de premeditación apreciada por la Audiencia sentenciadora, por aparecer desvirtuada por la atenuante que estima la sentencia de embriaguez no habitual, todavía existen circunstancias agravantes, en número y en entidad, que no pueden ser compensadas por la única atenuante estimada en favor de los procesados, por lo que la pena aplicable es la más grave, de conformidad con lo que dispone la regla 4.ª del art. 81 del Código penal.—(Gaceta del 22 de Abril.)

RECURSO DE CASACIÓN (4 de Marzo de 1898): Atentado.—Ha lugar al recurso interpuesto por Ramón Espelt Casals, alias Carbó, contra sentencia de la Audiencia de Barcelona, y se resuelve:
Que el Secretario del Ayuntamiento no se hallaba en el ejercicio de sus funciones cuando fué herido, y que, aparte de que no consta que la cuestión que con el tuviera el procesado se refirió ó no al ejercicio de funciones propias de su cargo, no aparece de la sentencia con claridad excluyente de toda duda que fuera la causa determinante del acto agresivo del recurrente, y no lo produjeron principalmente la actitud ofensiva que tomara Juan Casals y el obstáculo que dicho Secretario tratará de poner á la intentada cometida del Espelt, por lo que queda sin afirmación de hecho suficiente un elemento integrante del delito de atentado, ó sea el de que la agresión tuviera por causa el ejercicio de las funciones de dicho Secretario;
Y que cuando no consta un elemento integrante de un delito, no cabe declarar su existencia, por lo cual la sentencia reclamada, en cuanto ha penado al recurrente por el delito de atentado, ha cometido el error de derecho y la infracción legal que ha sido motivo del recurso.—(Gaceta del 22 de Abril.)

RECURSO DE CASACIÓN (5 de Marzo de 1898): Contrabando de opio y tentativa de cohecho.—Ha lugar al recurso interpuesto por el chino Tan Cimbón, como querellante, contra sentencia de la Audiencia de Cebú en la causa seguida por los expresados delitos á Juan Navas Sioco, y se resuelve:
Que por decreto dictado en 13 de Diciembre de 1848 por el Gobernador Capitán general de las islas Filipinas, Superintendente Delegado de Hacienda, y aprobado por Real decreto de 18 de Septiembre de 1847, después de declararse renta estancada, así en lo directivo y administrativo como en lo judicial, el consumo del opio ó anfón, se establece en su art. 4.º que sólo el asentista podrá introducir, beneficiar y vender opio para su consumo en dichas islas, sufriendo los contraventores, además de la pérdida del artículo aprendido, la pena de 500 pesos de multa por la primera vez;
Que el hecho declarado probado en el resultado primero de la sentencia del Juez de primera instancia, aceptado como tal, menos en su último inciso, en el fallo recurrido, consistente en haber el procesado Juan Navas Lim Sioco (alias Sioca), transportado en el baroto de su propiedad dos latas que contenían opio, de haber saltado con ellas á tierra y de haberlas ocultado entre unas malezas en el sitio de Jaumangán, constituye notoriamente el delito de contrabando, definido y penado en la disposición antes citada, puesto que lo determina la introducción fraudulentamente verificada de aquel producto, con el manifiesto propósito de beneficiarse con el en perjuicio del asentista; sin que obste á su existencia legal, realizada ya con la introducción en tierra de la mercancía en cuestión, el que el procesado la reembargara después cuando supo que le perseguían los somatenes, y la arrojara al mar por temor de ser sorprendido con ella, toda vez que este acto, posterior al delito, no puede desvirtuar la naturaleza de éste, ni estimarse, según lo ha entendido el Tribunal sentenciador, como propio y voluntario desistimiento del culpable que la realidad de los mismos hechos contradice;
Que el establecido también como cierto en la sentencia reclamada de haber tratado el procesado de sobornar al Teniente de somatenes cuando fué detenido por éste, entregándole 10 pesos con objeto de que le pusiera en libertad, no constituye el delito frustrado de cohecho, como pretende el querellante recurrente,