El Foro español (Madrid. 1898) (1899-05-20 00:00:00), página 2

pedazo de tierra, por todos cultivado, y que era el sostén y la esperanza de sus inocentes pequeñuelos.

¿No envuelve tal procedimiento de apremio cruel, despiadado, implacable, tremenda injusticia?

Nosotros salváramos este lamentable error de la ley estableciendo desde luego y para siempre que cuando la pena impuesta á virtud de un proceso fuere correctional, en ningún caso habrán de exceder las costas de la sexta parte de la fortuna del inculpado.

Y como nuestro propósito no es otro que indicar simplemente aquellas reformas que sin variar sustancialmente ni en su fondo el texto, ni siquiera en su actual numeración y estructura el articulado de la ley entendemos debieran inmediatamente introducirse, vamos á pasar al examen del segundo extremo ó orden de particulares que al principio apuntamos.

II

El atento examen del nuevo orden de enjuiciar, la enseñanza diaria del sistema acusatorio, hace años admitido en nuestro derecho, demuestra por sí solo elocuentemente á tolo el que algo se fije en su ordenada función, en su virtual eficacia, en su desenvolvimiento ante los Tribunales, lo mismo de derecho que populares, que el procedimiento actual tiende de natural modo, y por consubstancial y propia esencia de la institución misma á la mayor, á la más simplicísima sencillez. De aquí que (sin adelantar en este momento y lugar, idea alguna que más acomodado le tenga en el siguiente, porque á la rapidez en el obrar, ora en cuanto á la instrucción, ora respecto al juicio criminal se refiera), vengán á la memoria y resulten indicadísimas reformas que importa en la ley introducir.

Modificado grandemente ante el judicial criterio el valor y eficacia de los diferentes medios probatorios, con la sustitución en el juicio de la prueba pasada, por esa otra que fuera de toda limitación ni regla ha de llevar á la conciencia del juzgador el convencimiento de la culpabilidad ó de la inocencia del acusado, dicho se está que, separándose también las partes contenientes de afejas prácticas é inveterados y rotos moldes, han de ajustar hoy á este campo bien diverso sus pruebas.

¿Á quién no sorprende y extraña, pues, por poco versado que esté en lides forenses, ese inusitado alarde, ese prurito y lujo de testigos traídos por las defensas á la vista de cualquier proceso, no ya de mediana resonancia (que van teniéndola muchos, sin que ello demuestre la verdadera é interesada intervención de la opinión pública en la administración de justicia, sino el atractivo bastardo y superficial de lo dramático, no menos opuesto á la circunspección y seriedad que inspira el augustó ejercicio de tan elevada función), sino hasta de los más triviales?

Esto no obstante, una y otra vez llenanse las listas que acompañan á los escritos de conclusiones de nombres y más nombres, y se demanda é interesa del Tribunal la comparecencia de testigos y más testigos.

En su virtud, en obligado cumplimiento de la ley, el agente de negocios y el bracero, individuos de institutos armados, cuya citación lleva tras sí su apartamiento de las filas con perjuicio de la seguridad pública, y el presidiario, á quien se facilita en los azares del transito medios de evasión, se presentan y desfilan uno tras otro en estrados, á expensas del Erario, que no está, sabido es, en situación de tales dispendios, para no decir, en su mayor parte, nada aprovechable ni útil, para no suministrar en la depuración de los hechos el más tenue rayo de luz, ó para ser bonita-mente renunciados á las primeras de cambio por quien con tanto empeño interesó desde los comienzos y como de necesidad imprescindible su presencia.

¿Puede esto tolerarse? En modo alguno. En nuestro sentir, convendría otorgar ciertas facultades á las Salas (únicas que pueden juzgar con acierto de la notoria improcedencia de la rueba), armonizando los sagrados derechos de defensa con los intereses de la administración de justicia y de la causa pública, para corregir disciplinariamente la extemporánea citación de un testigo, y hasta para declarar de cargo y cuenta de quien hubo de interesarla los gastos originados.

JOSÉ GARCÍA ROMERO DE TEJADA.
Abogado fiscal de la Audiencia de Madrid.
(Se continuará.)

INAMOVILIDAD JUDICIAL (1)

De las incompatibilidades

Para completar el estudio de las diferentes causas por que debe decretarse la traslación de los funcionarios de la administración de justicia, réstame examinar la de las incompatibilidades.

Con posterioridad á la publicación de nuestras leyes orgánica y adicional de 1870 y 1882, diferentes disposiciones se han dictado por los centros ministeriales, siendo de todas ellas la más digna de mención la Real orden de 14 de Febrero de 1889, que decretó la incompatibilidad de los Jueces y Magistrados para servir en la provincia á que pertenecieran los pueblos de su naturaleza, y que, contrariando legítimas aspiraciones, causó no pocos perjuicios con las traslaciones que por aquel entonces se decretaron; escaso fue el tiempo de su vigor, y al fin fué derogada, siguiendo desde aquel entonces, y como únicos preceptos, las disposiciones de las ya enunciadas leyes.

Tengo en esto de las incompatibilidades una opinión que no vacilo en exponer, aun á riesgo de que algunos la califiquen de irrealizable. Yo creo que las incompatibilidades no debieran existir bajo ninguna forma, y que los funcionarios de la administración de justicia debieran gozar de completa libertad para servir aun en los pueblos de sus naturalezas, cual sucede con otros funcionarios del Estado; la creencia de que el

(1) Véase el núm. 49.