El Foro español (Madrid. 1898) (1898-12-30 00:00:00), página 3

bien afamado comentarista incurre en redundancias, que pueden dar lugar á confusiones, es ésta una. Para evitar dichas confusiones, bastará fijarse en estas reglas: 1.º Los herederos mayores de edad, ó menores representados por sus padres, bien sean voluntarios ó forzosos, cuando el testador no haya hecho la partición ni encomendado á otra persona que la haga ó haya fallecido ab intestato, pueden hacerla por sí mismos ó nombrar persona que la haga ó provocar el juicio voluntario de testamentaria. Y 2.º Si son menores de edad y no pueden estar representados por sus padres, bien por no tenerlos ó por ser éstos incompatibles, entonces, en igualdad de casos á los de la regla anterior, será indispensable el juicio necesario de testamentaria, según el art. 1.041 de la repetida Ley de Enjuiciamiento civil, del que no podrán evadirse más diligencias que las á que se refiere el 1.048 de la misma; debiendo advertir que, respecto de los casos á que se refiere la 1.ª regla, le está prohibido al Juez toda intervención, como no se le pida con arreglo al artículo 1.059 del Código, si bien podrá acordar, á instancia de cualquiera de los interesados, una prórroga á los contadores ó la declaración de estar terminadas las facultades de los mismos, á virtud del 910 que ha venido á limitar y aclarar el 1.075 y 1.076 de la prenotada ley, según puede verse en el comentario de los artículos 905 y 906.

URBANO LÓPEZ DE HARO.
Abogado.
Ciudad Real 28 de Junio de 1898.

BOLETÍN DE LA SEMANA

GRACIA Y JUSTICIA: Real decreto de 9 de Diciembre de 1898. (Gaceta del 10.)—Redactando el párrafo 4.º del artículo 65 del Reglamento orgánico de la Dirección de lo Contencioso y Cuerpo de Abogados del Estado de 9 de Agosto de 1894, en la forma siguiente:
«Terminados los tres ejercicios, el Tribunal, teniendo á la vista los expedientes de los opositores, procederá á su clasificación definitiva y formará una relación de todos los aprobados por el orden de preferencia ó mayor mérito. Inmediatamente el Presidente del Tribunal elevará al Ministro la propuesta de los que ocupen los primeros lugares, en número igual al de las vacantes que en aquel día existan en el Cuerpo, á fin de que sean nombrados. Los individuos que ocupen los lugares siguientes hasta el número de 25 constituirán el Cuerpo de Aspirantes y ocuparán las vacantes que en lo sucesivo vayan ocurriendo por el orden de calificación.»

GUERRA: Real decreto de 21 de Diciembre de 1898. (Gaceta del 22.)—Disponiendo lo siguiente:
Artículo 1.º Durante el año de 1899 podrán ser llamados al servicio activo, con arreglo á la ley de 17 de Agosto de 1885, 300 individuos de la inscripción marítima.
Art. 2.º Cada uno de los Departamentos de Cádiz, Ferrol y Cartagena contribuirán con el contingente que expresa el adjunto cuadro.
Art. 3.º Las incorporaciones á los buques de la Armada se verificará á medida que lo exijan las necesidades del servicio.

LOS JUECES Y LA POLITICA
(Del libro recientemente publicado «El Criterio Judicial»)

Á tan insana atmósfera que contra los Tribunales se va formando, y sin duda, por la infundada desconfianza que sus actos merecen, débese el hecho, que presenta escasas excepciones, de que á ningún Diputado ó candidato le sea indiferente el nombramiento de Juez del partido que representa ó desea representar en Cortes. Sin que ningún político deje de estimar en lo que vale la independencia del Juez, el de oposición ansiará, como es justo, un Juez independiente de la presión oficial hasta el punto que esté dispuesto á sacrificar sus propios intereses en aras de su deber. Por el contrario, el candidato que con el apoyo oficial cuenta y que esto no le impide ser amantísimo de la recta justicia, no verá con malos ojos cierta flexibilidad, «no incompatible con aquella rectitud», que le proporcione algunas deferencias oficiales de la justicia, pues, según él, en nada padece ésta, produciendo en cambio algunos efectos cotizables con utilidad el día de la elección. En política se cotiza todo, y el dios Éxito bien aprovechado tiene ante el elector culto ciego.

Abundan respetables hombres, muy serios y de una intachable corrección, que no creen incompatible la dignidad del Juez con cierto descuido y negligencia en algunos asuntos que de cerca ó de lejos pueden tener relación con la política. Inspirados en la creencia de que los Jueces son servidores del Gobierno, estiman, llenos de convicción profunda, como Posada Herrera, que no hay empleado público que pueda negarse á auxiliar al Poder ejecutivo en sus fines y deseos. Frequentemente en vísperas de elecciones la pretensión de que el Juez procese determinados Ayuntamientos por un hecho que, si bien estiman todos que no presenta los caracteres del delito que exige la Ley de Enjuiciamiento criminal, como al fin el Gobierno persigue no más fin que quitar de en medio á varios concejales que le estorban para ganar la elección en la localidad, se pretende que los Tribunales les auxilien y juzguen en el sumario como presuntos criminales, para después de las elecciones venir á parar en el sabido sobreseimiento. Se trata, pues, de una comedia política y de que el Juez haga el papel de barba. ¡Y después se dirá que se respeta la independencia judicial!

Es frecuente creer entre los mal consejados que se permiten el lujo de adquirir pujos del poder, sólo por el hecho de ser candidatos encasillados, que los Jueces y Magistrados tienen el deber de protegerles en sus trabajos electorales, interpretando en determinados casos la ley procesal en armonía de sus deseos. Tales auxilios son muy poderosos. Por eso se solicitan sin perjuicio de asegurar en todas partes que el Juez es suyo. A estos respetables políticos se les contesta con un sencillo non possumus que ordena el num. 4.º del art. 7.º de la ley procesal sobre organización judicia