El Foro español (Madrid. 1898) (1899-08-10 00:00:00), página 5

que dar cumplimiento á la ley, debiendo, por tanto, continuar el juicio, sin tomar en cuenta la confesión hasta dictar el veredicto que proceda; pero considera conveniente que la ley se modifique y aclare respecto á la confesión del reo, admitiendo, si no el precepto absoluto de la de 1872, el de la vigente Ley de Enjuiciamiento, con lo cual nada se menoscabarian los principios que sirven de base á la institución del Jurado.

Otro funcionario, también Fiscal, recomienda la modificación del texto de este artículo en el sentido de que, al dar cuenta el Secretario del hecho sobre que verse el juicio, omita la lectura de lo que de los escritos de conclusiones provisionales resulte acerca de la calificación, del propio modo que se omite lo relativo á la determinación de las penas. Fundase principalmente al proponer esta reforma, en que estándose prescrito en la ley que al formular las preguntas se omita toda calificación jurídica, resulta un contrasentido que á nada conduzca dar lectura á la calificación, toda vez que los jurados para nada necesitan saber el nombre con que el Código designa los hechos que á su examen y decisión se someten. De realizarse tal reforma, dice, se armonizaría este artículo con el último párrafo del 91, conforme al cual, los informes de las acusaciones y defensas, después de pronunciado el veredicto, han de limitarse á tratar las cuestiones legales, ajustándose necesariamente á los hechos establecidos por el Jurado, pues esta parte del juicio es la única en que con oportunidad pue- de hablarse de Derecho.

Algunos más de los informantes indican que, sin desnaturalizar la oralidad del juicio, convendría adicionar al indicado art. 61 un segundo párrafo, facultando á las partes para pedir, y obtener en su caso, que se consignen en el acta las manifestaciones de los testigos y procesados que lo merezcan por su importancia.

Y, en conclusión, se pide también que se armonicen este artículo, en cuyo examen nos ocupamos, con los 98, 657, 658 y 659 de la Ley de Enjuiciamiento criminal, y singularmente en lo que respecta al interrogatorio del acusado, pues existen algunas diferencias y vacíos entre dicha ley y la del Ju- rado.

Art. 64. Para evitar el inconveniente de que los jurados repugnen y eludan la asistencia á las sesiones por los perjuicios que la exagerada duración de las mismas les causa, dice- se que sería de utilidad práctica reducir aquéllas lo posible, bien sujetando á reglas más precisas la celebración del acto, sin menoscabar el derecho de las partes, bien marcando el tiempo que han de durar los informes de lo que trata este artículo, y que suelen ser exagerados, bien ampliando la facul- tad de suspender dichas sesiones en ocasión oportuna, pu- diendo ser ésta á instancia de las partes, después de leído el veredicto, cuando creyese necesario pedir la revisión, ó al formular la petición de la pena correspondiente si era aquél declaratorio de culpabilidad.

En lo que atañe al contenido de los informes á que aluden los párrafos segundo y tercero, entienden en relación directa con la doctrina que dejamos reproducida al dar cuenta de la emmienda que proponen al art. 61, que como, realmente, no hay hechos probados hasta que el veredicto los declara, deben circunscribirse aquellos informes á apreciar las pruebas, fijar por su resultado los hechos, determinar la participación que en ellos hayan tenido los acusados, la forma en que los reali- zaron, y establecer, en fin, la concurrencia de los que dan motivo á circunstancia de exención, atenuación ó agrava- ción, pero omitiendo la denominación legal, pues de otra suerte vienen á someterse al conocimiento de los jurados, no sólo el hecho, sino también las cuestiones de índole ju- rídica.

En cuanto á las rectificaciones de hechos que á las partes permite la ley en el final de este artículo, abogan algunos in- formantes por que se haga extensiva tal autorización á pun- tos de derecho.

Art. 68. Dos reformas se interesan acerca de este ar- tículo.

Muestran unos partidarios de que se modifique la ley, dis- poniendo en ella que el Presidente del Tribunal no haga el resumen hasta después de formulado el interrogatorio á que ha de contestar el Jurado y de haber sido resueltas las recla- maciones que contra él deduzcan las partes.

Otros proponen que se adicione un párrafo autorizando á las partes para rectificar conceptos equivocados que en el Re- sumen les haya atribuido el Presidente. Reconocen estos fun- cionarios la inopportunidad de una discusión entre las partes y el Presidente; pero consideran arbitrario que si éste, al resumir, atribuye equivocadamente al Fiscal ó á las defen- sas conceptos que no vertieron, no se les conceda el dere- cho de dejar las cosas, con el debido respeto, en su verdadero terreno.

Art. 69. Algunos funcionarios consideran ilusorio el dere- cho de que habla el párrafo primero de este artículo, por cuanto las condiciones que seguidamente se exigen para mante- ner la acusación y la forma en que ésta ha de deducirse, ha- cen poco menos que imposible el ejercicio de aquella facul- tad. En su consecuencia, er en que debiera concederse más tiempo y holgura que lo que la ley determina, para en el caso de que algunos de los concurrentes al juicio sostengan la acusación en virtud de la pregunta que al efecto debe hacer el Presidente.

Asimismo es objeto de crítica en algunas Memorias la fa- culdad omnímoda que se otorga al Ministerio fiscal, constitui- yéndole en supremo Árbitro, hasta el punto de obligar á los Jueces de derecho á dictar auto de sobreseimiento siempre que aquél solicita la absolución. Van estos funcionarios ne- cesidad de que se modifique la ley, pues está en oposición y deja sin efecto los artículos 16 y 76 de la Constitución vigente, aparte el peligroso abuso á que pueden dar lugar las acu- saciones.

En la misma idea abunda un Fiscal, el cual hace ver la ne- cesidad de armonizar el art. 69 de la Ley del Jurado con los preceptos de la de Enjuiciamiento criminal, mostrándose par- tidario de que el juicio concluya siempre por sentencia abso- lutoria, ó condenando, como ésta dispone, y no por auto de sobreseimiento libre.

Como aclaraciones, dignas de mención, al texto del artículo que examinamos, proponen otros que se indique la forma en que ha de acreditarse la capacidad legal del que deseé soste- ner la acusación, para evitar las dudas que pueden surgir cuando el acusador sea extranjero, y que se determine la tra- mitación que debe seguirse. También consideran necesario que la ley exprese en el caso de que los debates sean á puerta cerrada y se retire la acusación, debe declararse la se- sión pública, al efecto de hacerse las preguntas de que trata este artículo, y si alguno comparece á sostener aquélla, cons- tituirse de nuevo en secreta, reproduciendo ante el querellan- te particular, si lo solicitará, la prueba anterior.

Con respecto á la forma en que ha de dictarse el auto de sobreseimiento libre cuando sean varios los procesados y la acusación se retire sólo en cuanto á uno de ellos, continuán- do el juicio para los demás, dicen contados funcionarios que convendría determinar aquélla en la ley, pues no se sabe si ha de ser de viva voz ó si ha de suspendirse el juicio, ó si ha de acordarse en la sentencia ó en el veredicto, formas todas que se suelen adoptar en la práctica.

Art. 70. Apuntadas quedan las reformas que á este articu- lo se proponen al hacer el Resumen de las Memorias en el capítulo 3º del cuestionario, letra (e), Preguntas á los jurados, en cuyo lugar las exponen la mayor parte de los funcionarios que informan. Baste, pues, recordar aquí que aquéllas consis- ten en que las preguntas á los jurados se formulen por la Se- ción de derecho, por el Ponente, que es quien mejor conoce lo actuado, por el Fiscal y las defensas, sometiéndolas luego á la aprobación de los Magistrados.