El Foro español (Madrid. 1898) (1899-03-20 00:00:00), página 2

que en el caso excepcional del art. 242, y que en todos los demás sean impugnables ante los Tribunales ordinarios, despojando, por consiguiente, al recurso del carácter estrecho que al mismo daba una apelación, si fuera esto lo que cupiera hacerse, y dejándose el amplio campo de la impugnación, no reglamentada en los estrechos moldes antes expuestos.

Cabe alzarse de los acuerdos del Consejo de familia ante el Juez de primera instancia, dice la ley, ó lo que es lo mismo, caben impugnarse dichos acuerdos, cabe discutirlos ante la autoridad judicial. ¿En qué forma y por qué medios? Esto es lo que no dice el artículo, lo que no podía decir dado el lugar donde se encuentra; esto es lo que vendrá á determinar en el día de mañana una ley de procedimientos, y esta es la incógnita que es preciso eliminar hoy, deducíendola de los enunciados de la ley y de las aclaraciones de la jurisprudencia.

Por suponer lo contrario de lo que decimos, por haber entendido varios tratadistas que la palabra alzada se ha empleado como sinonimia de apelación, han sobrevenido innumerables dificultades en la práctica. Se ha atribuido á torpeza del legislador lo que ha sido tan sólo producto de meditado estudio, y ha querido crearse un molde único para los múltiples casos que pueden surgir en la práctica, sin comprender que tal propósito es sencillamente imposible.

Partiendo de tan errado supuesto, se ha considerado que la alzada de los acuerdos del Consejo debe someterse á la tramitación de las apelaciones para los juicios verbales, habiéndose dado el caso imposible parece tan sólo el anunciarlo! de que en esa forma, la de la apelación en dichos juicios, se haya sustanciado la remoción de un tutor testamentario; esto es, de aquélla persona que hubo de merecer la omnímoda confianza del testador, sin tener en cuenta que en el trámite de esas apelaciones nada puede discutirse propiamente ni probarse, y sin parar mientes además en que no caben recursos á su vez contra lo en ellas resuelto, aparte de los extraordinarios de responsabilidad civil ó criminal contra el Juez que en las mismas hubiere entendido. Y llegado el caso práctico, y visto por el juzgador la enormidad jurídica que significaba el que una contienda que afecta á la personalidad civil se substanciara en un juicio que propiamente no podían tenerse por tal, despojado como se halla de una primera instancia propiamente dicha, pues que no puede considerarse así la tramitada ante el Consejo cuando no se ha sometido á una forma ritraria, fué admitido un recurso de casación en un juicio que por su naturaleza lo rechaza, y al que naturalmente se declaró no haber lugar por el Tribunal Supremo de justicia, resultando lo tramitado un verdadero engendro, en el que no sabe qué admirarse más: si lo laberíntico de la tramitación ó lo inadecuado de la forma.

Huyendo, por tanto, de admitir una tramitación ya desechada por el Tribunal Supremo, y tratando de salvar el callejón sin salida de la segunda instancia de los juicios verbales, donde resultaba, á mayor abundamiento, que de estarse á los trámites estrictos de la ley fenecía en aquélla la contienda, pudiendo ocurrir que la materia litigiosa tuviera verdadera importancia, fué que algunos tratadistas se decidieran por la forma de los incidentes para resolver el referido trámite de la alzada, aconsejando otros que debía adoptarse el juicio ordinario, soluciones que nada aclaraban en concreto; pues, á contraria sensu, era posible que ocurriese que cuestiones verdaderamente balsádies tuvieran que ventilarse en tramitación complicada y difusa. Por otra parte, el Tribunal Supremo, temeroso sin duda de prejuzgar problemas de tramitación en derecho constituyente, que no está llamado á dilucidar, ha venido limitándose en las contiendas que han surgido, á resolver aquellos puntos en que por razón de su misión tenía que entender; y en la materia que nos ocupa se ha concretado á estatuir, por auto de 24 de Noviembre de 1892, «que contra las resoluciones del Consejo de familia sólo cabe la alzada ante el Juez de primera instancia; ó lo que es lo mismo, á repetir el enunciado del artículo que venimos comentando.

De una manera casi indirecta ha venido á resolver el problema la Real orden de 22 de Abril de 1890: establecida en ella el papel que debe usarse en las diligencias de constitución del Consejo de familia, en las actas del mismo y en las actuaciones á que den lugar las alzadas contra sus fallos; disponiéndose en el cuarto de sus números que en los casos de apelación para ante el Juzgado de primera instancia de las resoluciones y acuerdos del Consejo, se esté para el papel que deba emplearse á lo que disponen los artículos 36 y 42 de la ley sobre el impuesto del timbre (98 y 106 de la vigente). Es decir, que el impuesto fiscal deberá regularse por las reglas de la jurisdicción contenciosa, y aun cuando se limita lo ordinario á la cuantía del papel, armonizando este extremo con las reglas generales del procedimiento, parece deducirse que las contiendas que en tal sentido surjan, procede sustanciarlas en el juicio que determine la importancia de las mismas.

A poco que se medite sobre lo que dejamos expuesto, se comprende la razón de lo que afirmamos; no es posible que sean objeto de un mismo juicio, de idéntica tramitación, el asunto baladí é insignificante que por su simple exposición resuelve el buen sentido, que aquel otro que puede envolver una verdadera cuestión de derecho, ó que tiene necesidad para su esclarecimiento de múltiples y complicadas probanzas. Quédese para la solución del primero la segunda instancia del juicio verbal con su brevisima comparecencia, con su sencilla y fácil exposición; pero resérvese para lo segundo el juicio ordinario de mayor ó de menor cuantía con su amplio término probatorio, la multiplicidad de sus escritos y lo extenso de sus alegatos; que no de igual manera ha de sustanciarse la procedencia ó improcedencia de que se adquiera un sencillo juguete, por ejemplo, para el menor de edad, que el que se realice la venta de unos inmuebles para adquirir valores públicos, la negativa ó consentimiento para que contraiga matrimonio el sujeto á tutela, ó cualquiera otra de esas decisiones, que muchas veces resuelven, por manera fatal, todo el futuro destino de una existencia.

No creemos necesario extendernos en más consideraciones sobre un particular de suyo tan claro, y que soluciona la más somera y fútil lógica; las mismas razones que abonan en Derecho procesal las tres clases