El Foro español (Madrid. 1898) (1899-08-10 00:00:00), página 3

lugar á dudas, pero en la generalidad de los casos, no; mientras que por la condición de las personas que, teniendo uno puedan aspirar á otro, y por el fin que siempre es el lucro, no puede ser definido con toda precisión y claridad el carácter jurídico de la obligación contractual.

Como es natural, la responsabilidad y aportación de bienes á la Sociedad trae la diferencia entre ellas, y de aquí su división en universales, generales y particulares.

Al primer grupo corresponden aquellas en que los socios, al constituirlas, afectan todos sus bienes presentes y futuros que adquieresen, fuere cualquiera su concepto; al segundo, aquellas que llaman al fondo común todas las ganancias que los socios adquieran de sus bienes ó industria, y al tercero, aquellas que sus bienes ó negocios, fijándolos de antemano.

Las Sociedades, dentro de esta división y clasificación, también llevan su denominación especial por la índole genérica del negocio.

Define el contrato de Sociedad un ilustre jurisconsulto, autor de valiosa obra, en la forma siguiente: «Es un contrato preparatorio, consensual bilateral ó plurilateral y oneroso, por el cual dos ó más personas reúnen sus capitales, sus industrias, ó ambas cosas, para dedicárselas á un objeto ó negociación hechos cualesquiera, con el fin de obtener un lucro común y divisible entre ellos según las reglas estipuladas».

AGUSTÍN RETORTILLO Y DE LEÓN.
Abogado.

CUOTAS DE LOS ABOGADOS (1)

Leo en el número 837 de su periódico La Ley que tiene sobre la mesa una copia del reparto de cuotas contributivas entre los Abogados del Ilustre Colegio de Madrid, de cuyo documento dice que es curiosísimo, á la par que escandaloso. Nunca pensé que mis aficiones á la prensa, que tuve cuando niño, volverían á renacer en mí cuando camino para viejo; pero como decía Rousseau: he visto las costumbres de mi época y éstas me lanzan de nuevo á emitir una idea que pudiera ser útil: la contribución impuesta al que ejerce la abogacía y demás cargos emanados de ésta, no resulta equitativa por hacerse su exacción con las mismas bases de las demás contribuciones industriales, esto es, el reglamento de 28 de Mayo de 1896; el error está en la forma de cobrar el tributo; si el Colegio de Madrid cuenta con 516 Abogados, yo preguntar: ¿cuántos de este número son fallidos y apremiados? Algunos ciertamente

(1) Este artículo se publicó por primera vez en nuestro querido colegio La Ley, y le reproducimos con tanto más gusto cuanto que algo muy parecido á lo que aquí se pide hemos sostenido nosotros en conversaciones particulares en el Colegio de Abogados de Madrid.

El colega respete el seudónimo bajo el que dice se oculta un nombre ilustre; mucho nos alegraríamos conocer á éste, pero sepá que aquí también tiene campo donde batallar.

habrá. En el Colegio de Abogados de Granada figuran próximamente 120 individuos, de los cuales 49 están entre fallidos y apremiados. Si esto no es escandaloso, ¿qué lo será entonces?

Hoy que por los políticos sólo se habla de regeneración, de salvar el país, de que nueva era de dichas sea el lemitivo que nos haga olvidar las desgracias presentes, urge regenerarlo todo, pero con mano dura y severa; y el que sea un pillete, cualquiera que sea su influencia, su cargo ó categoría, debe tirársele al rincón de los malvados, para que desde allí no infesté la parte sana de la sociedad.

Concretémonos á nuestro principal objeto, cual es la contribución de los Abogados, para que éstos satisfagan puntualmente sus cuotas al Estado, lo que se podrá conseguir fácilmente, variando la forma de la tributación, y estableciendo unas disposiciones breves parecidas á las siguientes:

Artículo 1.º La abogacía no está sujeta á la agrupación como las demás industrias.

Art. 2.º Los Abogados contribuirán al Estado con sólo el 16 por 100, sin más recargos, de sus productos.

Art. 8.º La contribución se satisfará en la forma siguiente:

A. Los Abogados al final de los escritos jurarán sus derechos y se unirá á dichos escritos, en pólizas del Estado, el importe del 16 por 100 del valor jurado, cuyo importe pagará el Abogado, el Procurador ó la parte; en el caso de satisfacerlo cualquiera de estos dos, el Letrado no podrá exigir más cantidad que la jurada, deducida lo que en pólizas haya pagado la parte ó el Procurador; si el Abogado exigiera mayor cantidad que la jurada, incurrirá en responsabilidad criminal y queda obligado á devolver el doble.

B. En la jura del final de los escritos especificará el Abogado lo que sea por el escrito, por instrucción ó por consultas á que dé lugar el mencionado trabajo.

C. Cuando la parte pagará el 16 por 100 del total reclamado por el Letrado, esto se disminuirá de los honorarios de aquél; que no podrá reclamar más que su jura deducido el importe de la Hacienda.

D. En cuanto á los informes orales, en la diligencia que se estampe por el Secretario ó Escribano, y que firmará el Letrado, hará constar el importe de sus honorarios, y antes de informar se entregará las pólizas, que se unirán á la mencionada diligencia.

E. En cuanto á las consultas por escrito, los Letrados tendrán que cumplir como si se tratara de la disposición primera de este artículo. Cuando sean orales, acompañarán al recibo las correspondientes pólizas, expresando su número en el texto del recibo.

Art. 4.º En todos los casos las pólizas se inutilizarán con sellos ó rubricas, y se coserán para hacer imposible su arranque sin deterioro del papel á que vayan unidas.

Art. 5.º Los Jueces y Tribunales, cualesquiera que sean su categoría, no admitirán demanda ni escrito de ninguna clase en que no estén cumplidas las anteriores disposiciones.

Art. 6.º El Juez ó Tribunal, Secretario ó Escribano que