El Foro español (Madrid. 1898) (1898-09-20 00:00:00), página 6

ría corresponde, á su más exacto y fiel cumplimiento estamos obligados; en lo que á las especiales se refiera, la alhuesión más decidida y la más firme cooperación de nuestra parte. Mis observaciones sólo tienden, dentro del más profundo respeto á lo establecido ó que se estableciese, á discutir el asunto con relación á la época, bien próxima por cierto, de su ratificación ó reforma.

Entre dos jurisdicciones puede estar la duda: entre la ordinaria y la militar; y aun con referencia á aquélla, cabe elegir entre la ordinaria de los Tribunales de derecho y la ordinaria con el Jurado.

Creo que esta última no ha de tener muchos defensores entre los hombres de ley. Fué aceptada y decretada por la de Julio de 1894; pero la de Septiembre de 1896, con unanimidad de pareceres, antes discordes, reformó este punto esencial y sustrajo de la competencia del Jurado el conocimiento de los delitos que persigue. Se nota en esto un movimiento de opinión uniforme. Inglaterra, dando al delito su verdadero carácter de atentado contra la seguridad interior, ha sometido el conocimiento de las causas á que déces lugar su comisión á una sumaria jurisdicción. Francia reduce cuanto puede la jurisdicción del Jurado para estos delitos, y previene en sus códigos y decretos, aun los de imprenta, la jurisdicción correccional, á pesar de la minoración de la penalidad, á los Tribunales con Jueces de hecho. Los demás países que han legislado sobre la materia siguen este mismo movimiento á favor de los Tribunales de derecho. Si, pues, se reconoce no ser muy adecuados ni á propósito para los fines que las leyes se proponen, ni el Jurado histórico ni el Jurado filosófico-político, cómo ha de creerse que pueda servir para el caso el Jurado de instrucción? Me refiero á países extranjeros.

En cuanto á nosotros, sería una verdadera anomalía pensar en la intervención del Jurado, prescindiendo de opiniones doctrinales, y me refiero á las que constituyen ley en nuestro actual estado. Si ella decidiese su preferencia por el Jurado, la acataríamos y cumpliríamos bien y fielmente, con mayor escrúpulo, si posible fuese, aquellos que no creyéramos en su bondad. Pero si la ley vigente y la doctrina en ella sancionada no acepta el Jurado para los delitos de la misma ó de análoga índole, ¿en qué principios científicos, de opinión, ni de tradición, ni de respeto á lo usado y consentido podría fundarse una ampliación de atribuciones, precisamente cuando la legislación de otros países tiende á la restricción? No son hoy de la competencia del Jurado los delitos que compren meten la paz del Estado, los que ofendan el derecho de gentes, los que se cometan contra la Constitución, los de lesa majestad, los de atentado contra la Autoridad y sus agentes, resistencia y desobediencia á los mismos, los desacatos, insultos, injurias y amenazas á la Autoridad, y los mismos actos contra sus agentes y demás funcionarios públicos. Solamente el error de considerar delito privado contra las personas ó en daño de las cosas, el alzamiento contra el orden social para propagar por el crimen y el terror el anarquismo, pudo inducir por un momento á creer que debiera, en nuestro actual estado jurídico, someterse á la competencia del Jurado el conocimiento de tales delitos. Esta sería la novedad; no la de agrupar los hechos criminales que se persiguen entre los de su propia índole, aunque menos graves, que se cometen contra la Constitución, las instituciones y la Autoridad pública.

Otros fundamentos distintos y de mayor importancia tiene la duda entre la competencia de la jurisdicción ordinaria y de la militar. Nuestra tristísima historia de desasosiego y de revueltas nos tiene acostumbrados, por de pronto, al recurso de la jurisdicción militar como suprema y el más adecuado para la represión breve y energética de los delitos que alteran la paz pública ó que de un modo grave la amenazan ó comprometen. Desde la ley de 17 de Abril de 1821 la serie de disposiciones á tal fin encaminadas no es de breve enumeración; y en todo tiempo, y bajo el imperio de doctrinas de gobierno más ó menos favorables á la libertad individual y á los dogmas del derecho común, la opinión general prestó su asentimiento y su apoyo al empleo y ejercicio de esos medios energéticos de represión contra malhechores y rebeldes.

Aun en los casos de este mismo delito de rebelión en que la ley y la jurisprudencia distinguieron las de carácter militar de la común, las necesidades de los tiempos indujeron á discurrir exquisitas analogías y á comprender por su virtud entre las de carácter militar, sometidas, por tanto, á la jurisdicción de guerra las de paisanos, cualquiera que fuese el número de éstos, siempre que se manifestasen con cierta apariencia de organización y como pretendiendo constituir fuerza y organismo contra el establecido por la Ley (1). Á estas ideas y á este imperio de las circunstancias ha obedecido, sin duda, la vigente encomendando á la jurisdicción de guerra el conocimiento de aquellos delitos, causados por su gravedad producen mayor alarma; porque, en efecto, se trata de una organización que amenaza y atropella al organismo social y político por cuantos medios la maldad puede sujecirse, prefiriendo siempre los de mayor efecto y terror. No repugnará, pues, á nuestro estado jurídico y social mantener la competencia de la jurisdicción militar en ciertos delitos más graves cuando de la ratificación ó reforma de la Ley hubiera de tratarse.

Nadie extrañará, sin embargo, que desde este sitio alce mi voz en defensa de la jurisdicción ordinaria, como doctrina, y por razón de las ventajas que pudiera ofrecer.

No es para despreciada la de su generalidad, ni tampoco la de su unidad. Las excepciones necesitan justificación; la regla común por sí misma está justificada, y donde la unidad se rompe las dudas y conflictos son casi inevitables. Por otra parte, la energía y precisión y el ánimo en todos los Jueces han de considerarse iguales, sin lisonja ni peligro de equivocación. Nuestros Jueces civiles jamás tuvieron á los malhechores. En ese punto, como en todo, nuestra historia jurídica no desmerece de la de ningún otro país. Se trata—tal es al menos mi opinión, que en cuanto llavo expuesto he procurado poner de relieve—de no dar á la propaganda de la utopía ó de la maldad por el crimen mayor relieve del que realmente tiene, aun bajo el aspecto de la criminalidad, y por esto sólo si hubiese una jurisdicción más común y ordinaria que la así denominada, á esa creería yo que convendría atribuir la persecución y castigo de esos delitos. El argumento mismo de la organización la favorece. La jurisdicción ordinaria tiene, más que otras, obligación estrecha de investigar y conocer las relaciones del crimen para depurar su origen, sus motivos, sus conexiones y complicidades. Tendrá que caminar un poco más despacio si la investigación ha de dar resultados; pero ella tiene medios de que otras no tan fácilmente disponen, y tradición y costumbres que no se crean en el momento que se necesitan. Por estas y otras consideraciones que á vuestra ilustración no se ocultan y que no parece necesario detallar más, la jurisdicción ordinaria, dispuesta siempre á cumplir su deber, lo cumplirá, como en casos de análoga importancia acontece, si los Poderes públicos entiendan que, transcurrido el término de la Ley vigente, ó cuando lo creyese oportuno, ella fuése la encargada de la persecución y castigo de los delitos que aquélla enumera, ó de los que, con más técnica definición y más cabal contenido, se definiesen y enumerasen entre los de carácter público que nuestro Código penal sanciona y castiga.

Réstame decir algo del procedimiento, y lo haré con suma brevedad.

El ordenado y prescrito en la Ley de Enjuiciamiento criminal para los casos de delito in fraganti, tendrá oportuna aplicación en los casos de esta clase que pudieran ocurrir.

La acción popular es innecesaria: la maldad podrá quizás utilizarla como dificultad y estorbo en el proceso; la Ley debe no admitirla en los que se instruyen sobre comisión y para castigo de los delitos á que nos referimos, como no lo admite la Ley in-

(1) Entre otras disposiciones legales, puede verse la Real orden circular del Ministerio de Gracia y Justicia al Ministerio Fiscal de 17 de Enero de 1873.