El Foro español (Madrid. 1898) (1899-06-30 00:00:00), página 3

El ideal no está representado por ninguna de las conclusiones apuntadas, que sólo son una transacción con la vigente, apetecible por la economía de tiempo y de dinero, y por las seguridades y medidas de protección que el acreedor encontraría.

El ideal es el despacho de ejecución por toda clase de documentos públicos y privados, de los que aparezca la existencia de una deuda, exigiendo al acreedor, cuando se trate de los segundos, la prestación de fianza suficiente, ó la consignación de un depósito de metálico proporcional á la cantidad de lo reclamado, y que responda siempre de los daños y perjuicios que se produzcan al deudor, en el caso de ser falso el documento.

Aspiración que no tiene nada de utópica é irrealizable, debe ser también extender los testimonios notariales de legitimidad de firmas á las que autorizan los documentos privados, toda vez que no pugna con su naturaleza, ni en ello habrá perjuicio alguno para la clase de Fedatarios ó Notarios.

Así como hoy, un funcionario público de los citados, no tiene el menor inconveniente en subscribir, al pie de una partida de la iglesia parroquial ó de la certificación de un Juzgado municipal, un testimonio dando fe de que conoce y considera legítimas las firmas y rubricas de los Curas ó de los Secretarios y Juez puestas en aquellas, podría hacerse con los documentos privados subscritos por particulares, para lo cual bastaría que los Notarios llevaran un libro de registro de firmas de cuantos quisieran valerse de ellos para estos fines, é hicieran la comprobación, cotejando la registrada con la exhibida, como hacen los Bancos y Sociedades para pagar talones de cuentas corrientes y para devolver depósitos, á veces de muchos miles de pesetas. Si el procedimiento no gusta, podrá escogerse otro: el de que los Notarios prescriban la firma de las obligaciones y dieran fe de su presencia.

Dando fuerza ejecutiva desde luego á estos documentos, sin necesidad de reconocimiento por el deudor, ni de prestar fianza, se haría un bien á la causa de la justicia y se facilitaría la tramitación de los juicios ejecutivos, llevando el progreso á ley tan picada de polilla.

Los derechos notariales de esa clase de testimonios, aun aumentándolos, de 2 pesetas que hoy se pagan, á 5 ó á 10, se darían con gusto, y podrían constituir un ingreso para los Notarios, no despreciable.

Todavía el ideal perfecto va más allá. Consiste en el despacho de la ejecución, sin fianza alguna, y sin otra garantía que la que tenemos todos: los nacidos de que no nos han de matar, denunciar falsamente, ni quemar la casa el Código penal, los Tribunales encargados de su aplicación y el fondo de moralidad y de bondad que existe en el corazón de la mayoría de los hombres.

La comisión de falsedades por particulares, y el uso ó presentación en juicio, con intención de lucro y a sabiendas, de los documentos que las contengan, tienen su castigo en los artículos 315 y siguientes del citado Código, y el autor de tales delitos ha de sufrir una severa privación de libertad y multa de 500 á 5.000 pesetas en unos casos y de 250 á 2.500 en otros.

Y como el sistema de prevenciones y trabas para im-

pedir que la voluntad actúe en el sentido del mal, es un sistema desacreditado; y el criterio repressivo es el único que no está reñido con la libertad y el único digno de países civilizados, el ideal sería el despacho de toda ejecución fundada en documentos privados sin previo requerimiento al deudor para que reconozca la firma y sin fianza alguna; y para el que abusando de esta libertad presentara documentos falsos, la persecución como delincuente, el presidio como penas y las costas como litigante de mala fe.

Después de tanto prevenir la Ley de Enjuiciamiento en estas materias, ha tenido que dejar sin prevención posible, porque se le escapan de entre las manos las afirmaciones que sobre la existencia de las deudas hacen los acreedores que presentan documentos públicos y privados. ¡Cuántas veces las escrituras notariales acreditan derechos cancelados posteriormente por actos distintos! Y sin embargo, aquellas escrituras son títulos ejecutivos, y la existencia de la deuda no tiene fuera de la prueba de su origen (pero no de su continuación) otro fundamento que el dicho del actor. Claro que si el demandado demuestra la extinción de la obligación, viene luego la condena de costas contra el demandante como única sanción de la ley, y si el condenado es ó se hace insolvente, las costas las paga el demandado (se entiende las causadas á su instancia); lo cual está demostrando que la desconfianza de la ley respecto de la legitimidad de los documentos privados es infundada y no resuelve nada, ya que con documentos reconocidos cabe que al tiempo de su presentación las deudas no sean ciertas, y tiene aquella que dejar todo esto para el fondo del juicio y exigir al actor la censurada protesta de abonar pagos legítimos.

Creo haber señalado alguna de las deficiencias de la ley procesal en cuanto al tema de estos artículos, é intentado la exposición de aquellas reformas que para su corrección y emienda pudieran adoptarse con las naturales modificaciones que á espíritus más observadores y juiciosos se les ocurra.

ANTONIO SOTO Y HERNÁNDEZ,
Abogado.

Mayo 1899.

POR LOS JUECES POSTERGADOS
(CARTA ABIERTA)

La escala cerrada (1)

Sr. Director de El Foro Español.

Mi distinguido compañero: En el núm. 52 de su ilustrada Revista, respecto al 10 del actual, he leído la carta que le dirige el Ilustrísimo Juez de Almodóvar del Campo, Sr. D. Miguel Suáez y Gómez, mi digno compañero de oposición y de carrera, á quien no tengo el gusto de conocer personalmente, y si sólo por haber ojeado alguna de sus bien escritas publicaciones.

(1) Véase el núm. 49.