El Foro español (Madrid. 1898) (1899-08-30 00:00:00), página 2

Congratulémonos de que los progresos de los tiempos nos hayan traído á una situación y estado social en que, si el sentimiento del honor, aquilatado por la cultura, vive y perdura cada vez más exaltado y enaltecido, leyes penales prudentes y sabias fijan, en orden de equidad y de justicia, sanciones severas, pero humanas. Aplicarlas debidamente es lo que importa; que la pena no debe quedar como ilusoria amenaza en el texto frío de la ley, sino caer sobre el que la merece y demanda, como prenda segura de enmienda, garantía de serena paz y de orden público y saludable advertencia para lo futuro, que evite posibles y dolorosos extravíos.

JOSÉ GARCÍA ROMERO DE TEJADA,
Juez de primera instancia del distrito del Congreso de esta Corte.

LA PRENSA Y LOS TRIBUNALES MILITARES (1)

Es el asunto que más llama la atención en estos días el relativo á la intervención que los Tribunales militares tienen en la actualidad para conocer de delitos que, de existir, se han cometido por medio de la prensa periódica.

La Gaceta de Tribunales no puede ocuparse del asunto bajo el aspecto por el cual le han tratado los periódicos políticos; pero sí debe hacerlo en lo relativo al punto de vista jurídico.

El Decreto-ley de 6 de Diciembre de 1868 suprimió los fueros especiales. El ideal de la justicia ha de ser seguramente tomar como signo de progreso aquella reforma tan acertadamente llevada á cabo hace más de treinta años.

En el transcurso de ellos cuántas mudanzas en todos los organismos sociales! y también cuántos hechos que han ido mermando las facultades de la jurisdicción ordinaria!

No examinamos los preceptos legales, relacionados con la Justicia militar, de 1.º de Diciembre de 1868, 8 de Febrero de 1869, 30 de Noviembre de 1872, 4 de Junio de 1873, 19 de Julio de 1876 y otros. Pasamos por alto la ley de 15 de Julio de 1882, que concedió autorización al Gobierno para redactar y publicar las leyes de organización, atribuciones y procedimientos de los Tribunales militares y los Códigos penales para el Ejército y la Armada; la ley de 10 de Marzo de 1884 sobre organización y atribuciones de los Tribunales de Guerra; el Código penal para el Ejército del mismo año; la Ley de Enjuiciamiento militar de 1886, y el Código penal de la Marina de Guerra de 1888. Llegamos por fin al Código de Justicia militar aprobado por Real decreto de 27 de Septiembre de 1890.

En su art. 7.º, tantas veces comentado, se dispone lo que con referencia al caso que nos ocupa importa conocer, y es lo siguiente:

• Por razón del delito, la jurisdicción de Guerra conoce de las causas que contra cualquiera persona se instruyan por:

...... 7.º Los de atentado y desacato á las autoridades militares y los de injuria y calumnia á éstas y á las corporaciones ó colectividades del ejército, cualquiera que sea el medio para cometer el delito, siempre que ésto se refiera al ejercicio de destino ó mando militar, tienda á menoscabar su prestigio ó á relajar los vínculos de disciplina y subordinación en los organismos armados.

• Son autoridades para este efecto los militares que, por razón de su cargo y propia jurisdicción, ejerzan mando superior ó tengan atribuciones judiciales ó gubernativas en el territorio ó localidad de su destino, aunque funcionen con dependencia de otras autoridades principales.

• Lo son también los Auditores, Jueces y Fiscales en el desempeño de su cargo, ó con ocasión de él.

• En tiempo de guerra, ó previniéndose para ella oficialmente, serán asimismo considerados como autoridades militares los Comandantes de cuerpo de ejército, división, brigada y columna, operando separadamente en lo que comprende el territorio que ocupen de continuo ó accidentalmente, hasta donde alcance su acción militar, y los Oficiales de cualquier clase destacados para algún servicio, siendo dentro de la localidad ó zona en que deban prestarlo, siempre que allí no exista una autoridad militar constituida.

Con arreglo á ese artículo, los Tribunales de Guerra entenderon que los delitos cometidos por medio de la prensa (uno de los que bajo la locución cualquier medio expresa el referido art. 7.º) que constituyen injuria á autoridades militares, etc., no podían corresponder al conocimiento de la jurisdicción ordinaria, perdiendo de vista aquel sabio precepto contenido en la sentencia del Tribunal Supremo de 12 de Diciembre de 1884, según el que la injuria á una autoridad militar, para que pueda ser perseguida por la jurisdicción de Guerra, es menester que se contenga ó exprese en escrito á ella dirigida, y claro es que no puede tener tal carácter la que se supone cometida por medio de la prensa. En el mismo sentido se dictaron los autos de 3 de Abril de 1889 y 24 de Noviembre de 1890.

Pero el Tribunal Supremo, al decidir las cuestiones de competencia que se suscitaron con ocasión de aplicar el art. 7.º del Código de Justicia militar, estableció en sus autos, formando constante, uniforme y no derogada jurisprudencia, la siguiente doctrina, que tomamos del auto de 9 de Agosto de 1895:

• Considerando que el art. 4.º de la ley de 20 de Abril de 1888 estableciendo el juicio por Jurados, atribuye expresa y terminantemente á dicho Tribunal competencia privativa para conocer, entre otros delitos, de los que se cometan por medio de la imprenta, grabado u otro medio mecánico de publicación, exceptuando tan sólo, por razón de la materia, los de lesa majestad é injuria y calumnia á los particulares, y por la calidad de las personas responsables, según el art. 5.º, aquellos cuyo conocimiento corresponda al Tribunal Supremo con arreglo á la Ley Orgánica del Poder judicial, ó sean los enumerados en el artículo 281 de la misma;

• Considerando que el Tribunal del Jurado, tanto por la generalidad de su jurisdicción, como por estar compuesto,

(1) De nuestro querido colega la Gaceta de Tribunales.