El Foro español (Madrid. 1898) (1899-08-20 00:00:00), página 6

de su percepción todas sus aspiraciones ulteriores». Cada contrato tiene un objeto peculiar y propio, que constituye su esencia, y le distingue de los demás: el arrendamiento confiere el disfrute de una cosa mediante cierto precio, por el préstamo comodato se adquiere el uso de otra, etc.; si suprimimos el canon en el primero y el uso en el segundo, desfiguramos sus circunstancias características, y borrada la línea diferencial que los separa, se convierten respectivamente en precario y en depósito. Con la renta vitalicia ocurre algo parecido; cuando se desconoce su objeto, que no es otro diverso del indicado, puede resultar un censo vitalicio (consignativo ó reservatorio) cuya naturaleza se aproxima bastante á la del contrato anterior, prescindiendo, por supuesto, del carácter aleatorio é irremisible de aquéllo.

Ahora bien, al establecerse en favor de doña Juana Santamarina la exigua pensión de doscientas cincuenta pesetas, nadie creerá que trató por este medio de procurarse la subsistencia hasta el fin de sus días, pues con el producto de unos tres reales diarios no se vive, y menos en el período de ancianidad: luego falta un elemento principalísimo del contrato de renta vitalicia. Cierto que el cesionario se obligó á «vivir siempre en compañía de la cedente, cuidarla y asistirla, proporcionándola vestido, alimento y lo demás que necesitara según su clase», con lo cual parece suplirse la insignificancia de la pensión y llenarse el objeto del contrato; pero no se olvide que semejantes cargas se estipularon á calidad de condiciones ó de pactos agregados, por cuyo motivo no afectan en nada á la esencialidad de la obligación primordial, como no influye el interés en el préstamo simple, ni la retribución en el depósito, ni las modalidades infinitas de tiempo, lugar, etc., en los mil convenios á que se adjuntan. Aun pretendiendo despojarlas de la significación secundaria con que figuran estampadas en el documento aludido, no se lograría el propósito de hacerlas requisitos necesarios, porque ellas no tienen punto alguno de contacto, ni ofrecen la más remota analogía con la pensión que exige el art. 1.802 del Código civil para constituir la renta vitalicia. Apelando al rigor de los principios quizá se demostrase cumplidamente que las cargas establecidas no se armonizan con el contrato de renta vitalicia; pero no necesitamos detenernos en este particular cuando los términos se han invertido en la escritura con una torpezza tan grande que los esenciales aparecen como accidentales y viceversa.

La novación posterior, lejos de salvar ninguna de las dificultades apuntadas, todavía las acrece, porque el aumento de setenta pesetas (valor medio de las siete hengues de maíz y centeno), no equivale ni con mucho á los gastos de alimentación, ropas, etc.; y en consecuencia, si pudieramos darle retroactividad para fijar el sentido de un contrato, otorgado seis años anteriormente, bastaríanos al objeto de probar con razones incontestables que no hay manera posible de creer en la existencia de una renta vitalicia, ni antes ni después de novada. Que la denomine así ó de otro modo el Notario, no resuelve el problema. Con efecto, una vez nada más califica de renta vitalicia el contrato, y eso meramente de soslayo (al cumplir el precepto del art. 6.º de la Instrucción del 74), en parte tan secundaria del instrumento como la de comparecencia, apellidándole cesión de alif en adelante. ¿Por qué, pues, ha de prosperar en tal respecto el calificativo primero y no el segundo, que, aparte de repetirse con frecuencia en la primitiva escritura y en la posterior, hállese en el punto muy adecuado de la stipulación donde se consignan las obligaciones y derechos de los otorgantes? Si al uno le abona el referido art. 6.º, en cambio el otro apóyase en el art. 9.º, núm. 4.º de la misma, que ordena consignar sin inexactitud la clase del acto ó contrato, cuyo requisito se omitió enteramente, si no se admite el nombre de cesión. En vista de la dualidad de calificaciones, debemos averiguar cuál de las dos responde fielmente á la verdad del caso.

Acabamos de advertir que la última tendría indudable preferencia sobre la primera si nos atuviéramos sólo al sentido material de las palabras, ensalzado por algunos mucho más de lo que merece. Todavía en la época primitiva del Derecho romano estricto, cuando regía el principio de las XII Tablas, Uti lêngua nuncupasset, ita jux esto, y conforme á él lo que ligaba á los hombres eran las fórmulas sacramentales, la religión de la letra, jurisconsultos como Cicerón sostuvieron que no debía buscarse ahí la raíz de las obligaciones, sino en el fondo de la razón y de la conciencia. Bastantes años después inicióse una tendencia contraria con la célebre ley del Ordenamiento de Alcalá, de carácter marcadamente espiritualista, rectificada por alguno de nuestros contemporáneos en cierta dirección muy razonable; y habrá quien, prescindiendo de estas corrientes tan fecundas en principios, se atreva á retrogradar cerca de veinte siglos para volver al vano formalismo de la palabra? Aparte del anterior argumento histórico, que tilda de anacrónica semejante manera de interpretación, existe otro filosófico, inducido de la necesidad de explicar los preceptos legales, no obstante el discutirlos, reactualizar y corregirlos personas jurisprudentas; pues, en efecto, coligese de aquí bien á las claras que no se podría aceptar sin previo examen el contexto literal de un acto otorgado por dos rudos labriegos y extendido por un notario antiguo perteneciente á la famosa edad no muy lejana en que se compraban los oficios de escribanos mediante el precio de tres ó cuatro mil maravedís.

Como los particulares no son árbitros de dar á sus convenciones una denominación legal distinta de la que les corresponda según su índole (sentencia del Tribunal Supremo de 2 de Julio de 1872), resulta absurdo desde el punto de vista jurídico calificar el acto á que nos referimos de simple cesión de bienes, pues las partes no se hallaban en ninguno de los casos previstos por los artículos 1.175 y 1.526 del Código civil; y sólo parece tolerable dicho calificativo gramaticalmente hablando, en cuya acepción equivale á transferir ó traspasar. De acuerdo con los buenos principios, el Tribunal Supremo declaró que la transmisión de un derecho por precio cierto es un contrato de venta, infringiendo esta doctrina la Sala que lo denomina cesión (sentencia de 25 de Abril de 1867), y que el hecho de ceder una persona sus bienes bajo el cumplimiento de ciertas cargas constituye donación condicional (ídem de