El Foro español (Madrid. 1898) (1899-09-20 00:00:00), página 3

quen de la jurisdicción mayor los pequeños delitos contra la propiedad, acabando con la ridiculez de que altos Tribunales se entretengan días y días en depurar hechos tales como hurtos de poquísimas pesetas. En esta parte consigna un párrafo que vamos á transcribir, porque en él, aunque no se dice claramente, parece insinuarse la necesidad de una reforma clara y terminante respecto á las circunstancias que pueden atenuar la responsabilidad criminal en los delitos contra la propiedad.

Dice así:

«Por lo que respecta á los atentados contra la propiedad, su número es sorprendente; mas no se debe perder de vista que en ese grupo se incluyen hechos de escasísima importancia. La mayor parte son en cuantía insignificante; muchos sólo por valor de algunos céntimos. Acausa las subtracciones de leñas sean las que preponderen y más contribuyen á aumentar la cifra total. La carencia de trabajo, la miseria, la necesidad de proporcionar sustento á una desdichada familia, impulsan con frecuencia á ir á coger una carga de leña al monte para mitigar con su miserable importe el hambre de seres queridos. No diré que este acto sea lícito, ni aun pensar lo en la extrema necesidad de que hablan los moralistas, porque la esfera en que éstos se mueven es muy otra de la en que están encerrados los hombres de ley; pero someter á las solemnidades de un juicio oral transgresiones de esa clase, parece desmedido y expuesto á poner en pugna la equidad con la justicia. Varias veces se indicó por los dignos funcionarios que me precedieron en el cargo la conveniencia de derogar la ley de 17 de Julio de 1876, que elevó á la categoría de delito lo que el Código penal castigaba como simple falta, y yo no puedo menos de unir mi ruego al de mis antecesores. Atendiendo á ello, se descargará de trabajo á los Tribunales de lo criminal; se dará, á lo que creo, cumplida satisfacción á la opinión pública, rindiéndose á la par el debido tributo á la justicia y á la equidad.»

Lamentase á continuación del número cada día más creciente de delitos contra la autoridad, y hace presente la acertada opinión, que él también acepta, del Sr. Fiscal de Madrid, de que estas faltas de respeto se deben, de una parte, á vicios de organización de los cuerpos á que tales funcionarios pertenecen, al poco cuidado que se tiene en su nombramiento y, de otra, á las sátiras punzantes de que continuamente es objeto la autoridad en teatros y periódicos.

Quizá lo más notable de esta primera parte del trabajo de que venimos ocupándonos es lo que se dice de los indultos generales, que coincide en un todo con un artículo de esta Redacción que estaba próximo á publicarse y de cuya publicación desistimos, porque preferimos hacerlo, como lo hacemos en otro lugar de este número, de esta parte de la Memoria fiscal.

Ocupase también el Sr. Viada de la inspección sobre la Administración de justicia, y comienza por fijarse en los Juzgados municipales, en los constantes choques entre estas autoridades y las administrativas, provenientes de que en las Ordenanzas municipales se han castigado actos que en el Código penal se enumeran y castigan también entre las faltas. En este punto cree, y con sobrada razón, que no es justo que un solo hecho se castigue por dos autoridades distintas, y por eso opta por la judicial, puesto que es ilegal hasta más no poder el que por unas Ordenanzas municipales puedan quedar derogados preceptos de un Código de carácter tan general como lo es el penal, aparte de la contradicción en que incurren esas mismas Ordenanzas de Madrid, al poner hechos que constituyen faltas de las que el Código enumera, después de haberse dicho en el art. 947 de aquéllas que «si el hecho cometido fuere de los comprendidos en el Código penal en concepto de falta ó de delito, se abstendrá—la autoridad administrativa—de todo conocimiento y remitirá el tanto de culpa al Juez que corresponda».

Aprovecha en este punto la ocasión el Sr. Fiscal del Supremo para censurar á los Fiscales municipales, que, principalmente siendo Letrados y por el afán de lucro, arrastran la dignidad de la toga y el prestigio del Ministerio fiscal, ejerciendo funciones de inspección que sólo son propias de la policía, y anuncia que en adelante será inexorable con los que obrén de tal manera.

Lamentábase de lo larga que resulta en muchos casos la tramitación de los sumarios, prolongando indebidamente la prisión preventiva de los presuntos culpables, la escasez de datos que de algunos resulta, así como del exceso de diligencias inútiles que en otros se practican, debidas casi siempre á peticiones improcedentes de los acusadores privados ó al natural deseo del procesado de aglomerar aún lo que de modo más insignificante cree que le ha de servir de exculpación.

Pasa después á hablar de la inspección que en los sumarios deben ejercer los Fiscales, haciendo ver que los testimonios que á este fin se suelen remitir de los Juzgados suelen ser muy deficientes, y por eso se muestra partidario de que esa inspección sea personal, no creyendo tampoco conveniente la delegación en los Fiscales municipales, que, por lo general, no suelen ser Letrados y, por lo común, tienen vínculos de localidad que pueden ser perjudiciales para la recta, independiente y desapasionada Administración de justicia.

Después pasa á exponer las reformas que estima más urgentes y necesarias en el Código penal y leyes procesales, reformas que aparecen justificadas por los obstáculos con que en la práctica se ha tropezado, y que han hecho presente al Excmo. Sr. Fiscal del Tribunal Supremo, varios subordinados suyos en consulta que le han elevado, concluyendo por exponer los juicios críticos de los Fiscales sobre la institución del Jurado.

Esta es, á grandes, grandísimos rasgos, la última obra del Sr. Viada, y nos causa verdadero sentimiento el no poder insertar íntegras en nuestras columnas sus 242 páginas. Sin embargo, ya hemos anunciado á nuestros lectores que á sermos posible, la mayor parte de aquel trabajo, la más útil y la que más novedad ofrece, ó sea la resolución de consultas, nos honraremos publicándola íntegra.

¿Corresponderá el Excmo. Sr. D. Manuel Durán y Bas, Ministro de Gracia y Justicia, á lo que de él pide el primero y dignísimo representante del Ministerio Público?