El Foro español (Madrid. 1898) (1899-09-20 00:00:00), página 5

rían de los juicios de faltas en materia criminal, y de los verbales en el orden civil, extendiéndose dicha competencia en lo penal, á los hurtos mayores de 20 á 25 pesetas, y á las lesiones cuya duración no excediere de quince días (reformándose, claro es, el Código vigente, no sólo para reducir tales hechos á la categoría de faltas, sino para asignarles la penalidad justa y adecuada); y en lo civil, á las demandas de interés no superior á 500 ó 1.000 pesetas, y limitándose las atribuciones de dichos Juzgados municipales al período de instrucción, llamémosle así, reservando el fallo al Juzgado superior. Los Juzgados de partido conocerían, en única instancia, de los juicios de faltas y verbales procedentes de los municipales de su demarcación, y de la instrucción de los sumarios por delitos como en la actualidad, y de análogo período de tramitación de los asuntos civiles, cuya vista y fallo se reservarían, en única instancia, á la Audiencia de la respectiva provincia. Las Audiencias conocerían, en única instancia, de todos los asuntos civiles y criminales procedentes de los Juzgados de partido correspondientes á la provincia, ó sea de las causas por delito, y de los pleitos por cantidades superiores al límite legal; de aquéllas, en juicio oral y público, con ó sin la intervención del Jurado, según los casos; y de éstos después de la vista pública ante el mismo tribunal; y en recurso extraordinario (al que se añade la Ley de Reforma de asignar su nombre adecuado), de los juicios de faltas y verbales fallados por los respectivos Juzgados de partido; á todos cuyos fines deberían modificarse, en la parte necesaria, nuestras vigentes leyes de Enjuiciamiento civil y criminal y del Jurado. Y el Tribunal Supremo conocería de los recursos de casación en materia civil y criminal, como en la actualidad; pero suprimido, claro es, dicho recurso en los juicios de faltas, y siéndolo, el establecido en materia civil, el solo que cupiese contra las sentencias pronunciadas por las Audiencias en la única instancia de los negocios, siendo además de la competencia del Supremo Tribunal el recurso de revisión, y conservando todas las atribuciones que le confieren las leyes vigentes.

Décima. Las incompatibilidades legales se referirán á la prohibición absoluta de desempeñar cargos judiciales y fiscales dentro de la respectiva provincia, afectando igualmente á los que sirviesen en la de Madrid, con la sola excepción de los que ejercieran sus funciones en el Tribunal Supremo, y respecto á la incompatibilidad por razón de residencia deberá suprimirse, y, de estimarse lo contrario, reducir á cinco el período de los ocho años.

Undécima. En cuanto á jubilaciones, parecenme oportunas y convenientes estas reformas: que fuera forzoso y no potestativo en el Gobierno el decretarlas al cumplir los funcionarios determinada edad, y fijar ésta en setenta años para los que sirvieran desde la categoría segunda á la séptima, ó sea los Magistrados, y sesenta para los de la primera, ó sea los Jueces.

Y duodécima. Determinar con claridad y precisión las reglas oportunas para que fuera una verdad la inamovilidad judicial establecida por las leyes orgánicas; unas de cuyas más importantes reformas serían la de que las traslaciones no pudieran proponerse ni decretarse, sino por causa concreta y justificada, suprimiéndose, por tanto, el número del artículo legal que las autoriza, bajo el concepto genérico de "circunstancias de otra clase ó razones de orden público muy calificadas", frases que se prestan á muy extensas interpretaciones, y la prescripción de ineludible cumplimiento de que siempre se concediera audiencia escrita y se permitiese aducir pruebas de descargo al funcionario en todo expediente gubernativo para traslación, jubilación por imposibilidad física ó destitución del mismo.

Expuestas ya en las anteriores bases mis pobres ideas sobre organización de Tribunales, razonaré, siquiera sea muy ligeramente, y en cuatro palabras, las reformas que propongo.

Casi es innecesario defender lo indicado en la base primera, pues las dos ligeras variantes que supone respecto á lo actual en la supresión de los adjetivos de los Juzgados y Audiencias, son consecuencia necesaria: la de aquéllos, de la variación del procedimiento civil, y la de éstas, de atribuir el conocimiento de los pleitos á los Tribunales establecidos en cada provincia; reformas ambas cuyo concepto se desarrolla en otras bases, y será fundamentado después al razonarse ó explicarse éstas.

En cuanto á la base segunda, como quiera que las modificaciones en ella propuestas de la vigente composición de los Juzgados y Tribunales no son de gran transcendencia, entiendo bastarán dos ligeras observaciones para la defensa de aquélla: propónese la sustitución del actual nombre de Escribanos por el de Secretarios; y siendo esta última palabra más adecuada para designar á estos funcionarios, y viéndose ya aceptada por el ilustre autor de la ley de 1870, Sr. Montero Ríos, y por el mismo Cuerpo auxiliar á quien afecta, son innecesarios otros argumentos en pro de la sustitución. Y en cuanto á la reforma pedida para el Ministerio fiscal, limitáse en esto dicha base á pedir se restablezca el antiguo sistema de Tenientes fiscales, frase que cuadra mejor á los funcionarios de sustitución y delegación de su respectivo jefe que estos importantes Auxiliares ejercen; pudiendo repartirse entre ellos proporcionalmente el despacho de asuntos—como ahora acontece entre el Teniente y los Abogados fiscales,—y supliendo al Fiscal en los casos de vacante, enfermedad, licencia ó otro legítimo, el Teniente fiscal más antiguo, cual sucede en las Salas en la sustitución del Presidente de ella ó de la Sección por el Magistrado más antiguo.

La indicada en la base tercera es doctrina que—digámoslo así—se defiende por sí misma: en la conciencia de todos, y especialmente de los hombres pensadores y con práctica en los Tribunales, está y se abriga la convicción profunda de la gran conveniencia que envuelve y de las sumas ventajas que produciría, sobre todo al prestigio de los mismos dignos Auxiliares, la sustitución de los actuales derechos de Arancel por el sueldo decoroso y suficiente. Y no se diga que tal sistema aumentaría de modo irresistible las cargas de nuestro presupuesto, pues todo era cuestión de elevar lo bastante los tipos del papel sellado destinado á actuaciones judiciales, pues si hoy tiene que