El Foro español (Madrid. 1898) (1899-10-10 00:00:00), página 8

resultado producido, sea cual fuere la clase y número de instrumentos ó armas con que se hayan aquellas causado. Por lo tanto, las inferidas á una misma persona, sin solución de continuidad, con arma blanca y de fuego, constituyen un solo delito de lesiones. Pero como á la vez el disparo de arma de fuego contra determinada persona, produzca ó no lesiones, constituye el delito especial del art. 423 del Código, de ahí que en el caso propuesto proceda la apreciación de dos delitos únicamente, y la aplicación del art. 90, por ser el uno medio de cometer el otro.

Art. 122. Cód. pen. (Ciudad Real).

25.—Si en causa por delito de robo confiesa el procesado que entregó á un tercero una cantidad procedente de aquél, declarada su culpabilidad por el Jurado, ¿a quién debe entregarse dicha cantidad?

Si de las pruebas del juicio resulta acreditado que ese tercero á quien dice el procesado haber entregado la cantidad robada le recibió efectivamente, aunque ignorando su procedencia (particulares que la consulta no expresa), no cabe duda, qué por aquel sabido principio ubicumque sit res pro domino suo clamat, traducido en precepto legal en el párrafo segundo del art. 122 del Código, debe ser aquél la restituida al perjudicado de cuyo poder se sustraio, aun cuando el tercero la hubiera adquirido por medio ó título legítimo. Mas si éste hubiere negado la entrega del dinero y no se hubiere acreditado ésta en modo alguno, es claro que no habrá términos hábiles para obligarle á restituir lo que no constare haber recibido.

Art. 129 Cód. pen. (Cádiz).

26.—Los niños deportados de Cuba, que se encuentren en la cárcel privados de libertad, ¿serán responsables, si se fogan, del delito de quebrantamiento de condena, si se hallaban en aquella situación por virtud de medida gubernativa?

Como quiera que para que exista el delito de quebrantamiento de condena, á que se refieren los diversos números del art. 129 del Código penal, es preciso que el fugado se halle cumpliendo una pena que le haya sido impuesta por sentencia firme, en cuyo caso no se encuentran los individuos á que la consulta se refiere, pues que su deportación y encarcelamiento se acordaron tan sólo como medida gubernativa, es obvio que al fugarse de su encierro no incurrieron en responsabilidad criminal.

Art. 182... I. Cód. pen. (Almería).

27.—Concedido indulto total de la pena principal, ¿queda el indultado relevado del pago de las costas procesales correspondientes al Estado?

La ley provisional estableciendo reglas para el ejercicio de la gracia de indulto, de 18 de Junio de 1870, sólo llama indulto total la remisión de todas las penas á que hubiese sido condenado y que todavía no hubiese cumplido el delincuente (artículo 4.º de dicha ley).

El indulto de la pena principal, aun cuando lo sea de la totalidad de la impuesta al culpable, que es un indulto parcial según el tectinismo de la propia ley.

Ahora bien, al establecer su art. 6.º que el indulto de la pena principal llevará consigo el de las accesorias que con ella se hubiesen impuesto al penado, salvo las que indica, se refiere indudablemente á las comprendidas en los arts. del 53 al 63 de la sección tercera, capítulo III del libro I.º del Código, cuyo epígrafe dice: «Penas que llevan consigo otras accesorias», entre las cuales no están incluidas las costas procesales.

Opina, por lo tanto, este Centro que para que el indultado de la pena principal se entienda relevado del pago de las costas correspondientes al Estado, es preciso que el decreto de concesión se le exima expresamente de esta última pena.

Art. 132... 4.º Cód. pen. (Vitoria).

28.—Podrán aplicarse los indultos así que los Reales decretos de concesión se publiquen en la Gaceta, ó deberá esperarse á que los comunique al Tribunal el Excmo. Sr. Ministro de Gracia y Justicia.

Es práctica ordinariamente observada en la concesión de los indultos generales, á que creamos se refiere también la consulta, que en la última de sus prescripciones se exprese que por el Ministerio de Gracia y Justicia, y los de Guerra y Marina en su caso, se dictarán las disposiciones oportunas para el cumplimiento del Real decreto de concesión; y dicho se está que cuando así suceda, los Tribunales deberán esperar, antes de hacer aplicación de la Real gracia, que por el Ministerio de Gracia y Justicia se les comunique ésta con las instrucciones correspondientes; y lo propio entendemos que deberá practicarse, cuando de indultos particulares se trate; y ésta es la práctica que hemos visto generalmente observada en los Tribunales de justicia.

(Se continuará).

JURISPRUDENCIA

CIVIL

SENTENCIA de 13 de Julio de 1898 (Gaceta de 17 de Septiembre). Pago de cantidad.—Se declara haber lugar al recurso de casación por quebrantamiento de forma, interpuesto por D. Martín Dionis, contra sentencia de la Audiencia de Zaragoza, y se resuelve:

Que siendo un precepto de carácter general el contenido en el art. 2.º de la Ley de Enjuiciamiento civil, al tenor del que únicamente pueden comparecer en juicio los que estén en el pleno ejercicio de sus derechos civiles, debiendo suplir la incapacidad de los que no se hallen en este caso sus legítimos representantes, sólo podrá reconocerse al menor D. Antonio Oliván y García capacidad para comparecer en juicio por medio de Procurador, si, con arreglo al fuero aragonés, estuvieron los mayores de catorce años y menores de veinte en esa plenitud de derechos civiles; mas como quiera que no sólo no es así, sino que, por el contrario, según las mismas disposiciones legales citadas en la sentencia recurrida, tienen restringida su capacidad para contratar como no intervengan sus padres, ó en defecto de éstos autorización del Juzgado ordinario, es evidente que sin infringir, lo mismo la Ley Procesal que los preceptos forales, no es posible reconocer al don Antonio Oliván y García capacidad, ni consiguientemente personalidad para comparecer en juicio, ni por tanto á su Procurador directamente nombrado por él mismo, puesto que aquella no consiente que un menor de edad litigue por sí, y sería contrariar los segundos si se admitiera que el menor á quien se le prohibe contratar podía comprometerse por un mandato ó por las obligaciones recíprocas que surgen entre las partes en todo pleito sin la garantía del juez;