El Foro español (Madrid. 1898) (1899-06-30 00:00:00), página 2

Pero sigamos presentando casos hipotéticos, y dándolos la necesaria solución, ateniéndose siempre á procurar la realización del derecho del acreedor, sin atropellar los fueros de la persona demandada, en lo que la razón y la aspiración á lo justo aconsejan.

Primer supuesto.—El deudor comparece á la presencia judicial, y sin juramento (hay que suprimirlo), niega la legitimidad de la firma, ó lo que es igual, redarguye de falso el documento criminalmente, puesto que para este caso no tiene ni debe tener aplicación la falsedad civil. Si el acreedor insiste en la legitimidad del documento privado, y el deudor no hiciera uso de su derecho entablando la acción criminal en descubrimiento del delito y de su autor, según lo ordenado en el art. 514 de la Ley de Enjuiciamiento civil, se le recibirá por el Juez á aquél la prueba pericial caligráfica que ofreciere, debiendo suscribir el dictamen favorable á la legitimidad dos peritos, al menos, y sirviendo de documento indubitado el cuerpo de escritura que el deudor escribiera en el acto, dictado por el Juez (art. 608 de la citada ley). Tanto la manifestación del acreedor, de que sostiene la autenticidad del título de deber, como la extensión del cuerpo de escritura por parte del deudor, tendrán lugar en el mismo acto de la primera comparecencia del último, si á ella asistiere el acreedor, y en otro caso cuando éste lo solicite.

Todas las diligencias relacionadas con el dictamen caligráfico se practicarán en un término breve, que no exceda de cinco ó seis días á lo sumo. El Juez, apreciando este dictamen según las reglas de la sana crítica [art. 632], y sin estar obligado á sujetarse á él, decidirá si estima ó no procedente el despacho de la ejecución, y si la despacha seguirá el juicio ejecutivo su curso. Toda sentencia de remate recaída en asunto que tenga por base un documento privado, redarguido de falso criminalmente por el deudor, sin que posteriormente haya entablado la acción criminal formulando la correspondiente querella, contendrá además de la condena de costas la imposición de una multa proporcional á la cuantía del litigado, que no pase de la mitad de esta suma; reservando al actor sus derechos para perseguir la afirmación de falsedad como calumniosa.

El auto despachando la ejecución no prejuzgará cuestión alguna de las que acerca de la legitimidad ó falsedad del documento privado, pueda suscitarse el deudor demandado en el período de oposición; fuera de este caso, el demandante no vendrá obligado á practicar nueva prueba en el juicio sobre dichas cuestiones.

Si el Juez entiende que el título presentado por el actor no reúne los requisitos que el art. 1.435 enumera (cantidad liquidada en dinero ó en especie, que exceda de 250 pesetas y plazo vencido), denegará el reconocimiento de firma, y no consentirá la práctica de ninguna diligencia, acordándose así por primera providencia con los recursos de reposición y apelación del artículo 1.441, cuyos recursos serán también utilizables contra el auto denegatorio de la ejecución.

Segundo supuesto.—El deudor comparece á la diligencia de reconocimiento de firma, y ni la reconoce ni la niega, entrando en esa serie de vaguedades y de incoherencias que hoy se emplean por los deudores y se toleran por los Jueces. Es el caso del que dice que no tiene seguridad absoluta, que por un lado se parece y por otro no se parece, etc.

Como los tribunales de justicia son incompatibles con estas habilidades groseras, y en ellos todo debe ser serio y razonado, no cabe admitir en la ley la posibilidad de que una persona, frente á un documento en el que aparece su nombre y apellido con una rubrica, y en el que hay fechas, nombres y antecedentes sobrados, no pueda asegurar que el documento es legítimo ó es falso. Se me cita el caso de una persona de muchos negocios, un banquero ó un bolsista que firma en el día un excesivo número de obligaciones y endosos, y que no conoce su firma ni tiene antecedentes de los negocios que realiza; pero esto para mí es un caso imaginario e inverosímil, y no hay hombre de negocios que no tenga registros, asientos y libros copiadores de lo que hace, que puede consultar antes de acudir á la presencia judicial, sobre todo si se le dice al citarle y se hace constar en la cédula el negocio de que se trata y la persona que insta el procedimiento como acreedora.

Si la contestación del deudor es evasiva, el Juez de oficio le apercibirá de tenerlo por confeso, y si persiste en su actitud, declarará legítimo el documento para el efecto de despachar la ejecución; imponiendo, además, en el acto al apercibido desobediente una multa de 100 pesetas.

Tercer supuesto.—El deudor reconoce su firma. El Juez despachará la ejecución dentro de las veinticuatro horas siguientes por toda la cantidad que el documento privado exprese, ó por la que en el escrito solicitando el reconocimiento haya asegurado el acreedor serle en deber. El despacho de la ejecución irá seguido de las demás diligencias á que se refieren los artículos 1.442 y siguientes del Enjuiciamiento.

Se dirá probablemente; ¿pero ¿y la demanda? ¿El juicio ejecutivo no va á empezar como todos los demás, por medio de una demanda, de acuerdo con los artículos 524 y 1.439? Desde luego, no hay para qué alterar esta práctica, aun cuando sí conviene suprimir esa protesta de abonar pagos legítimos, que la ley exige y que es una reminiscencia del sistema formulario; pues lo cierto es que si el fondo ha de ser algo más que la forma, con protesta y sin ella todo el mundo debe abonar á su deudor pagos legítimos, para no cobrar dos veces enriqueciéndose con lo ajeno.

El escrito de reconocimiento de firma, ó sea el primer escrito que se presente, debe ser la demanda (que en ningún caso podrá estar extendida en más de un par de pliegos de papel sellado, con los que sobra primera materia para decir cuanto es necesario); y el reconocimiento del documento privado, en los casos que sea preciso, se pedirá en ella; por un otro sólo apartado, resolviéndose á él antes de dar curso á lo principal y con suspensión de todo otro procedimiento, del mismo modo que dispone el art. 29 para reclamar y unir á los autos la certificación de la contribución que se paga antes de dar curso á la demanda de pobreza.

Me abstengo de entrar en otro orden de consideraciones, porque se referirían ya más especialmente al juicio ejecutivo y su tramitación, estando limitado este artículo á los documentos privados y su preparación como títulos ejecutivos.