El Foro español (Madrid. 1898) (1899-08-10 00:00:00), página 6

Art. 75. Para salvar la contradicción que existe entre los artículos 75 y 76, por cuanto el primero concede al Presidente la facultad de formular preguntas que requieten de la prueba, aunque no hubiesen sido comprendidas en las conclusiones de la acusación y de la defensa, y el segundo atribuye esta misma facultad al Tribunal, propónse la reforma del art. 75 en el sentido de conceder la expresada facultad al Presidente, pero con acuerdo del Tribunal, y con la limitación de que las preguntas versen precisamente sobre el mismo hecho que dio lugar al juicio, puesto que, de permitirse, como parece se permite, dados los términos en que está redactado el artículo, proponer preguntas que tiendan á la declaración de culpabilidad sobre otros hechos, sin más restricción que la de que no tiendan á declarar la culpabilidad del acusado por un delito más grave que el que fué objeto de la acusación, puede suceder que el procesado sea juzgado y condenado por nuevos delitos, siempre que estos no resulten más graves, sin haber sido acusado y sin haberse defendido, conciliando el principio de que “á nadie puede condenarse sin orde.”

Art. 76. A más de la contradicción ya apuntada entre este artículo y el 75, acerca de la cual se llama la atención, encareciendo la necesidad de armonizar las disposiciones en ambos contenidos, es opinión casi unánimemente consignada en las Memorias de las Audiencias que conviene desaparezca de las preguntas que al Jurado se dirijan el concepto que entraña la palabra culpable, para evitar los escrúpulos y repugnancias que los Jueces de hecho muestran al resolver problemas tan complejo. Creése que sustituyendo la fórmula que hoy determina la ley por esta otra: “N. N., realizó los hechos?...”, etcétera, ó una análoga encaminada sólo á averiguar la participación del reo en el hecho justiciable, se salvarían los inconvenientes y repugnancias de los jurados que en la práctica se advierte.

También es tendencia muy generalizada entre los funcionarios que informan la de modificar la ley, subrayando de la competencia del Jurado la facultad de entender en lo que atañe á las circunstancias modificativas de la penalidad, fundándose en que la debida apreciación de las mismas exige conocimientos de derecho que no están al alcance ni dentro de las atribuciones de los jurados.

Art. 77. Se propone como reforma, no sólo conveniente, sino necesaria, la de autorizar la suspensión del juicio, ó por lo menos, conceder un breve espacio de tiempo, para que las partes puedan capacitarse del contenido de las preguntas que debe leer el Presidente en alta voz, y hacer, en su caso, las reclamaciones que autoriza el segundo párrafo de este artículo. De otro modo considerábase ilusorio el derecho de reclamar por la imposibilidad de formar concepto exacto, sin más estudio que una simple audición.

Art. 79. Con el objeto de prevenir posibles contingencias y evitar dudas que en la práctica ocurren, considera necesario un Fiscal que se determine en la ley quién ha de sustituir como Presidente al jurado que hubiese salido el primero en el sorteo, caso de indisposición, y si la mayoría de votos á que alude el artículo ha de ser absoluta ó relativa, consignando además quién debe decidir la votación cuando resulte empate.

Art. 80. Tres formas distintas se proponen para sustituir la que hoy establece la ley respecto á la deliberación de los jurados, y son:

1.a Que la deliberación se lleve á efecto sin asistencia del público, pero con la intervención de la Sección de derecho, del Fiscal y de los defensores de las partes, encomendando al Presidente la misión de aclarar en el acto las dudas que ocurran, y dar á los jurados las explicaciones que pidieren.

2.a Que la deliberación de los jurados sea presenciada por uno de los Magistrados, no con el fin de influir en ella, sino con el de mantener á aquéllos dentro de los límites que la ley señala.

3.a Que la deliberación tenga lugar ante el público y en el mismo local del juicio, encomendando al Presidente la facultad de dirigir la discusión, pero sin tomar parte en ésta. Se apoya esta reforma en la conveniencia de que cada uno de los jurados responda ante sus conciudadanos, moralmente siniestra, ya que la ley los hace irresponsables, del acierto y honra, de que con han desempeñado su cometido.

Art. 81. Combatiendo el sistema de la publicidad del voto entre los jurados que la ley vigente adopta en el artículo pretendido, abogan algunos funcionarios por que se introduzca la reforma de hacer secreta la votación del veredicto, disponiendo que el Jurado emita su voto por medio de bolas blancas y negras, para determinar respectivamente las contestaciones afirmativas y negativas.

Los que proponen esta reforma se inspiran en la conveniencia de evitar que los jurados se coliban por el temor de que el procesado pueda realizar contra ellos algún acto de venganza si llega á tener noticia de los que votaron en contra suya, y también en la necesidad de hacer verdaderamente independiente y personal el voto, impidiendo la influencia de los fuertes sobre los débiles, sin menoscabar en nada la autoridad del veredicto.

Art. 90. En algunas de las Memorias se solicita la reforma de la ley en lo que al contenido de este artículo se refiere. Pronunciado el veredicto y consentido por las partes, la terminado—se dice—la misión propia de los jurados, es innecesaria su presencia, y, por lo tanto, debiera permitirseles que se retiraran después de firmar la oportuna acta, continuando el juicio sólo ante la Sección de derecho.

Art. 92. Censura el Presidente de una Audiencia la forma en que está redactado este artículo, manifestando que, á su entender, la frase “el Fiscal y las partes podrán variar en el acto sus conclusiones,” debiera sustituirse con esta otra de carácter imperativo: “el Fiscal y las partes deberán, etc.,” porque si las declaraciones del veredicto no se ajustan á las conclusiones provisionales, necesariamente se han de modificar estas últimas en ese período del juicio con sujeción á las primeras. Sólo, añade, puede darse un caso de excepción, y es cuando las partes pidan, y, á su instancia ó de oficio, acuerden los Jueces de derecho la revisión del veredicto.

Art. 93. Las disposiciones de la ley, en lo que toca al tiempo que se concede á los Magistrados para deliberar y dictar sentencia, después de los informes ó de pronunciado el veredicto si éste fuere de inculpabilidad, se consideran perjudiciales para los fines de la justicia, y, por lo tanto, necesitadas de reforma. No pocos de los Presidentes y Fiscales entienden que convendría modificar este artículo, y en consonancia con él, el segundo párrafo del 97, concediendo á la Sección de derecho el término ordinario de la Ley de Enjuiciamiento criminal para pronunciar y publicar el fallo correspondiente en vez de hacerlo en el acto como la ley manda, con lo cual se llenaría esta importante función sin precipitación y con el debido estudio.

Cuanto á la forma en que han de tener lugar los actos de deliberar y de dictar sentencia, dicen otros funcionarios, siguiendo la opinión de Bertini y censurando el contenido de este artículo, que aquélla debiera ser pública, informando primero al Tribunal el Magistrado ponente. Siendo público—añade—el proceso del Jurado desde que se abre el juicio oral, no hay razón para justificar que la sentencia se dicte secretamente.

Art. 94. Una reforma digna de mención y que habría de abreviar considerablemente el acta, y en consecuencia la duración del juicio, á las veces pasado y fatigoso para los jurados, se propone con perfecta unanimidad de pareceres, y es la de que se prescinda de insertar en el acta de la última sesión las conclusiones de la acusación y de la defensa, puesto que los escritos originales van unidos al rollo del proceso, y es inútil, por tanto, transcribirlos como dispone este artículo.