El Foro español (Madrid. 1898) (1899-06-10 00:00:00), página 2

tuario cuantas personas presenciaran las diligencias, acta que, previa remisión de testimonios á la Superioridad, al Fiscal, se archivaría en el Juzgado. No se nos oculta que envuelve cierto riesgo la innovación, mas la rectitud probada de los Jueces y la discreta y celosa vigilancia de las Salas y del Ministerio público, bastaría á evitar toda ocultación ó abuso. En cambio, ¿qué ventaja tan inmensa, qué alivio de trabajo, qué holgado proceder dedicando la atención el Tribunal á cuantos asuntos por su importancia la requiera toda entera?

Pero no es en los Juzgados de instrucción donde, por deficiencias de la ley, se retrasa más la marcha de los asuntos criminales. En esta primera etapa, dicho se está que del celo del Juez depende, en la mayoría de los casos su anhelado término; mas concluso ya el proceso, pendiente del superior conocimiento de la Audiencia, es donde la paralización se advierte y prolonga en demasia, y pudiera y debiera evitarse. ¿Cómo no se ha hecho? Ciertamente que no tiene disculpa.

Reciente la publicación de la Ley de Enjuiciamiento, fresca aún la tinta de sus últimas ediciones, estudiadas con el mayor interés por los nuevos funcionarios encargados de aplicarla; la Fiscalía del Tribunal Supremo solicitaba ya en 1883 mayor brevedad en los trámites, interesando la supresión del plazo de pase al Ponente, sustituido por el traslado á la acusación para que pudiera, ó calificar desde luego, ó demandar el sobreseimiento, ó en revocación, con otro caso, del auto de conclusión del sumario, la práctica de otra é indicada diligencia.

En la propia solicitud insistieron después en su Memoria los Sres. Isasa en 1885, Martínez del Campo en 1893, Aldana en 1894, y en el pasado año el señor Sánchez Román, de gratísima memoria, sin que sus autorizadas y valiosas indicaciones merecieran ser atendidas por el poder legislativo. Introdúzcase, pues, sin titubeos esta reforma, y veremos acelerarse en más de dos meses la marcha de los procesos.

Y si con esta saliente y ventajosa rapidez habrían de sustanciarse desde los comienzos las causas en la Audiencia, todavía hallamos otra reforma de la ley, indicadísima, hacedera y urgente.

Abierto el juicio oral, ocurre muchas veces que la vista se suspende indefinidamente por imposibilidad de comparecer y asistir á él uno de los procesados. ¿No es realmente sensible el incidente? ¿No implica y envuelve demora tal irreparable perjuicio con su dolorosa incertidumbre á cuantos sujetos al procedimiento y con el ansioso y justificado afán de que su suerte se resuelva pronto, ver pasar en vano meses y años sin que su suplicio tenga término? ¿Qué recuerdo van á tener, por otra parte, de los hechos los testigos, ni qué ejemplaridad ó eficacia en definitiva la pena si transcurren varios años sin celebrarse la vista de la causa, ora por impedimento probado, ora por obligada ausencia de uno de los procesados?

La razón, la equidad y la justicia demandan y aconsejen que en caso tal se emplee el sistema más conforme al Código procesal y al derecho de los procesados, juntamente con el del interés público, ó sea el seguido cuando existe algún procesado declarado en rebeldía, suspender en cuanto al enfermo impedido ó ausente el juicio y continuarlo respecto á los demás. De este modo no habría paralización posible y se salvaría este verdadero escollo de la ley, cada día más sentido y al que nunca se puso remedio.

La suspensión de las vistas en general en los juicios orales, y con más motivo en las llamadas á entender el Tribunal popular, sigue constituyendo á ciencia y paciencia de todos una rémora constante y una dificultad á diario, surgida en la administración de justicia. Cuando la motiva la no comparecencia del procesado, en libertad provisional, mediante fianza, ó con la obligación apud acta, contraída de presentarse al primer llamamiento, dicho se está que decretando la detención de aquél queda asegurada la substanciación de la vista para el primer señalamiento; cuándo faltan peritos ó testigos puede, y hacerlo suelen, en obsequio á la más expedita y rápida administración de justicia, renunciar á su examen el Ministerio público, la acusación privada ó la defensa, y á la discreción del Tribunal queda entonces suplir con el atento examen de sus declaraciones escritas la falta; pero, ¿y cuando es forzoso suspender una vista más ó menos importante para la cual resultan convocados gran número de factores, jurados, testigos y peritos, y el motivo de la suspensión es la ausencia del Letrado?

Que el caso es tan sencillo como frecuente, sabemos todos, y nos consta también que tal incomparecencia no resulta las más de las veces muy justificada (dicho sea sin desdoro de la togada clase, á la cual otorgamos y nos hemos complacido con tributar siempre respetuosa consideración y merecidos elogios); por lo mismo creemos que no siendo dado, como en lo civil, citar á la vista después de una y otra suspensión, empleando la curialesca fórmula de «con Abogados ó sin ellos», sería preferible al recurso de las correcciones disciplinarias, en todo caso depresivo y violento, cuando no inútil, porque á la cortesía del Tribunal débese generalmente el que se alcen después, el confiar á las Juntas de gobierno de los Colegios, y que de cargo de ellas corriese, como disposición de buen orden del mismo, el que en caso de imposibilidad de asistir el día señalado el Letrado defensor, de oficio, ó el de nombramiento, si con la antelación necesaria no hubiera sido sustituido, concurra otro en su lugar para que nunca por falta de Abogados deja de celebrarse una vista.

Parecerá esta precaución quizás excesiva; hallará muchos algo fuerte eso de establecer cierto orden de letados sustitutos ó de reserva para el mejor funcionamiento de los Tribunales; pero consulte todo aquel á quien bien no le pareciese la medida, las estadísticas; infórmese del considerable número de juicios suspendidos en las Audiencias uno y otro día, los perjui-