El Foro español (Madrid. 1898) (1899-07-30 00:00:00), página 6

que se substraiga de la competencia del Jurado el grave y complicado problema que la culpabilidad entraña; pero como las innovaciones que en este sentido se proponen han de ser estudiadas al exponer lo que á la forma de las preguntas del veredicto se refiere (art. 76), limitase el presente Resumen á consignar aquí esta observación genérica, dejando para el lugar oportuno y propio la exposición detallada y precisa de la materia.

Art. 4.º Es objeto de muy encontradas opiniones la cuestión relativa á las causas de que el Tribunal del Jurado debe conocer.

Comenzando por la tendencia más general que se advierte en las Memorias parciales, ó sea la de restringir la competencia del Jurado, se dice que convendría determinar ésta, no sólo por la índole y naturaleza jurídica del delito, si que también por la importancia y gravedad de la pena, excluyendo desde luego de su conocimiento aquellos hechos delictuosos para los que interese la acusación penas de destierro, represión, suspensión, arresto, caución y multa en cantidad menor de 2.500 pesetas. Los funcionarios que proponen esta innovación entienden que con ella el Tribunal del Jurado no intervendrá en procesos que no respondan á la solemnidad de formas de esta clase de juicio, á los gastos que se producen innecesariamente, y á las incomodidades que á los jurados se ocasionan.

Siguiendo el mismo criterio de restricción, un funcionario representante del Ministerio público, aboga por que se excluyan de este artículo las causas por delitos que, como el de violación, no pueden perseguirse si se da el caso de perdón de la parte ofendida en cualquier estado del juicio; cuya reforma, á su entender, evitará la reunión inútil del Tribunal del Jurado, con no despreciable economía de gastos y molestias. Otra razón, no menos digna de tenerse en cuenta, es la lealdad constante del Jurado en los delitos contra la honestidad, que tanto afecta á la familia y consiguientemente á la sociedad.

Varios indican también la conveniencia de que se excluyan de este artículo los delitos de imprudencia punible, y en general los hechos de poca importancia por su entidad ó por su naturaleza, y no falta tampoco quien propone la reforma de que se eliminen de la lista de delitos que el art. 4.º contiene, los relativos al ejercicio de los cultos, el duelo y los cometidos por medio de la imprenta, fundándose en que muy pocas veces se dará para ellos un veredicto de culpabilidad.

Importante de suyo y digna de atento examen es, en fin, la modificación que algunos funcionarios, partidarios también de que se restrinjan las facultades del Jurado, proponen relativamente al delito de robo. Fijándose en los inconvenientes y dispéndios gastos que necesariamente origina la constitución del Jurado, en la conveniencia de evitarlos cuando se trata de hechos de escasa entidad, y en la paradoja jurídica que resulta de reunir, como ha sucedido ya, un Tribunal tan numeroso y solemne para conocer de robos cuya cuantía no pasaba de 50 céntimos de peseta, creen de absoluta necesidad muchos de los funcionarios que informan modificar el art. 4.º de la ley respecto á esta clase de delitos, estableciendo un límite, en razón á la cuantía, que pudiera ser de 500, 100, ó cuando menos 25 pesetas, para determinar por él la competencia del Jurado ó la de los Tribunales de derecho.

Claro es que este inconveniente había de desaparecer en gran manera si se estableciese una nueva base, más en armonía con lo que la ciencia y el progreso moderno reclaman, para la definición y clasificación de los hechos punibles; por razón de su gravedad, reduciendo á simples faltas muchos de los que hoy se consideran como delitos; y fundándose en esta doctrina, íntimamente relacionada con la materia del art. 4.º, algunos funcionarios echan por qué sea pronto una realidad, beneficiosa para los intereses de la justicia, la proyectada reforma del Código penal. Uno de ellos indica, sin embargo, que la mejor reforma de dicho artículo sería sustituirle con los números 1.º y 2.º del 661 de la ley de Enjuiciamiento criminal de 22 de Diciembre de 1872.

Por último, las reformas dignas de especial mención que se proponen en sentido favorable á la ampliación de la competencia del Jurado, son:

Reférese la primera á la conveniencia de que se sometan al conocimiento del Jurado, además de los que ya figuran en el art. 4.º, los delitos definidos y penados en la ley Electoral, según lo estaban en la de Enjuiciamiento de 22 de Diciembre de 1872, atendiendo á la índole especial de ellos, y principalmente al espíritu que informa la ley del Jurado.

La segunda es que se amplíe la lista del art. 4.º de la ley, con los delitos de disparo de arma de fuego, atribuyendo su conocimiento al Jurado. Hay que convenir en que el disparo de arma de fuego puede muy bien constituir cualquiera de los delitos de parricidio, asesinato u homicidio frustrado ó intentado, y que para definirlos y apreciarlos exactamente se necesitan conocimientos jurídicos, debiendo, por lo tanto, ser excluidos de la competencia del Jurado.

A estas opiniones sirve de principal fundamento la prudente consideración de que esos delitos, por la gravedad que revisten, pena que se les asigna ó íntima relación que suelen tener con los delitos indicados, es muy difícil distinguir á priori si deben seguir igual suerte que ellos, incluyéndolos en el catálogo del artículo de que repetidamente se hizo mérito.

Art. 6.º Respecto á su contenido no se proponen enmiendas. Sólo algunos—muy pocos funcionarios—dicen que podría resolverse una duda que es fácil se presente en la práctica; y es que, en causas por delitos privados, en las cuales no interviene el Ministerio fiscal, después de practicada la prueba en el juicio, dé lugar á que se modifique la calificación en el sentido de que el hecho constituya delito público, y en tal caso el Fiscal tenga que intervenir en el asunto. Como la ley nada expresa acerca de esta eventualidad, parece oportuno se consegne en la misma que el juicio se retrotraiga, dando intervención en la causa al representante del Ministerio público. Es muy atinada la observación, pues fácilmente puede perseguirse, á instancia de parte, la calumnia ó injuria que no constituyan delito privado, y sí de los comprendidos en los artículos 269 y 270 del Código penal, que como delitos públicos han de perseguirse de oficio.

Art. 7.º En relación con las teorías restrictivas ya expuestas en el art. 4.º acerca de la competencia del Jurado, en algunas, aunque muy pocas, de las Memorias elevadas á este Ministerio se vierte la idea de que convendría modificar el artículo 7.º de la ley, subrayando del conocimiento del Jurado los delitos frustrados y tentativos, por cuanto su debida y exacta apreciación envuelve siempre un problema jurídico, ajeno siempre á las atribuciones, carácter é instrucción de los Jueces de hecho.

Art. 9.º Se propone, en síntesis, las siguientes reformas: Que se consigne en el número 3.º, como circunstancia imprescindible para ser jurado, la de "entender, hablar y escribir el castellano", en sustitución de la frase "saber leer y escribir", que la ley vigente emplea. Se quiere, con esta modificación, negar aptitud para el cargo á los que, aun pudiendo estar incluidos en el precepto de la ley, tal como hoy se halla redactado, son torpes y rudos, sin que sepan leer más que en determinados caracteres impresos ni escribir otra cosa que su nombre, lo cual resulta notoriamente insuficiente para desempeñar, con medianía acierto, las funciones que se les encomiendan. Que para ser jurado se exija el requisito de poseer un título académico, sin que en la Memoria exprese el único funcionario que informa sobre tal extremo el fundamento de esta innovación, pues sólo se limita á exponerla.

Que en el párrafo tercero del núm. 4.º del artículo á que nos referimos se reconozca sólo como capacidades, para los efect-