El Foro español (Madrid. 1898) (1899-04-20 00:00:00), página 5

su mejor inteligencia, su principio generador con el sistema y las reglas en que el procedimiento se desenvuelve, para aplicarlo conforme á su naturaleza, sin sutilezas, á que á veces inducen los particulares, ni subterfugios, á que se entrega otras veces el juzgador, dejando de observar la legalidad en los trámites; prolongando más allá de lo indispensable su duración; desviando, en una palabra, el procedimiento de su índole propia y de su carácter jurídico.

El juzgador no debe olvidar un solo instante lo elevado de su misión; en representación del poder público, sus funciones son la aplicación del Derecho; y necesitando éste de amparo y defensa contra sus violaciones, los Tribunales lo afirman con sus declaraciones, así cuando lo reconocen en favor de alguno de los contendientes en los litigios, como cuando absolvén o condenan en materia criminal. Y como el hecho que provoca el juicio necesita, para su esclarecimiento, la sumisión á las formas procesales, mal cumplirán sus deberes el que con tal ocasión no las observe con diligente esmero, ó en las decisiones no aplique fielmente el Derecho que regula las relaciones entre los ciudadanos en las diversas condiciones de la vida.

El Ministro que subscribe se complica en reconocer que, en general, los funcionarios del orden judicial tienen por elementales estos principios; se inspiran en ellos como reglas de conducta, y no suelen dar lugar á las correcciones de diversos géneros que la ley previsionalmente ha señalado para enmendar deficiencias ó castigar abusos; pero no dejan desgraciadamente de advertirse corrupciones que apartan de la indispensable aplicación de aquellos principios; y no faltan en algún caso transgresiones de los mismos, que se cometen y se lamentan, aunque no siempre puedan conducir á que sea efectiva la responsabilidad judicial, por circunstancias que no desconocen los que de ordinario intervienen en los diversos actos de la administración de justicia. A tales desviaciones y corrupciones pueden haber contribuido diversas causas: la insuficiencia del saber; la desidia ó la fatiga en el trabajo; los ardides de los litigantes ó la habilidad de sus defensores, sin que haya siempre perspectiva para disculparlas; las influencias políticas y, aun tal vez, en alguna ocasión, bien que menos frecuente, las de otra clase, nunca ninguna de tales causas susceptible de atenuación; pero, augusta la misión de administrar justicia, todo ello es poco y ninguna vigilancia será excesiva para mantenerla en su condición legal y elevarla al mayor grado de perfección en su desempeño.

La necesaria reforma de la ley orgánica del Poder judicial, que no en todas sus partes se ha podido aplicar en cuanto se refiere á la organización de los Tribunales, á pesar del evidente progreso que encierran los principios que le sirven de base, y por virtud de ella el establecimiento de los Tribunales colegiados en todos sus grados; la no menos necesaria de las dos leyes de Enjuiciamiento, particularmente la civil, librándolo del casuismo que contiene, para simplificarlo con la acertada abreviación de sus reglas, como en las leyes de otras naciones acontece, sin dejar las obscuras ni incompletas; el establecimiento de una jurisdicción especial y de un procedimiento brevísimo, así para las cuestiones mercantiles como para las á que dan lugar la propiedad literaria, la artística y la industrial, objeto á mundo de usurpaciones, jurisdicciones especiales que, nacidas por razón de la materia, no vulneran el saludable principio de la unidad de fueros; la también necesaria reforma del Jurado, no para falsearlo, sino para depurarlo de los defectos que ha puesto de relieve la experiencia, y otras que deberán ensayarse en su día, no podrán menos de contribuir al mejoramiento de la administración de justicia en nuestro país; pero mientras tales reformas no se realicen, de una parte por el necesario retardo que ha de producir en obra de tan alto interés social la necesaria intervención del Parlamento, y de otra el estado del Tesoro público, es indispensable, dentro de nuestro actual estado legal, corregir prácticas que no guardan conformidad con el espíritu y la letra de las leyes vigentes, y extirpar de raíz corrupciones que tal vez se iniciaran sin malaicién, pero que, al conservarse y extenderse por la influencia del ejemplo ó por los alientos de la impunidad, han producido los perjudiciales efectos que lógicamente acompañan á toda desviación en la fiel observancia de la ley, y por modo especial en las de procedimiento en que tanta importancia tienen las formas.

No corresponde, ciertamente, á los Presidentes de las Audiencias, sino en casos taxativamente determinados, intervenir en los juicios, y de ello deben sistemáticamente alejarse cuando aquella expresamente no lo imponga, sin que jamás les sea licito, en forma directa ni indirecta, la más leve recomendación en sentido personal y en negocio concreto; pero es altísima su función inspectiva sobre los Magistrados, los Jueces y los auxiliares y subalternos, para que todos llenen cumplidamente sus deberes, objeto para el cual está escrito, entre otras disposiciones legales, el art. 586 de la Ley Orgánica del Poder judicial, con la referencia que, entre otras, contiene á los números 11, 12, 13 y 15 del 584; debiendo además tenerse presente para su uso la facultad que concede el párrafo segundo del art. 585, sin perjuicio de acudir también á la del primero del propio artículo en los casos, que es de desechar sean raros, en que así se interese á la recta administración de justicia. Corresponden tales atribuciones y facultades á la función inspectiva que al poder público es inherente, y que la ley ha delegado con acierto, como garantía contra todo abuso, en los Presidentes del Tribunal Supremo y de las Audiencias, quienes, como elevados funcionarios del orden judicial, ofrecen la doble garantía de su competencia por sus dilatados servicios y su práctica, y de su independencia por la superioridad de su posición jerárquica; más que, por razón de esa misma posición oficial, tienen deber más estrecho e interes que más legítimamente debe estimularse en que en todos los Tribunales resplandezcan el amor á la justicia, el respeto á la ley y el debido celo en el cumplimiento de los deberes inherentes á este ramo del servicio público.

No puede descender el Ministro que subscribe á señalar las varias incorrectitudes que, con más ó menos precisión, denunciadas unas por la opinión pública, y más ó menos concretamente formuladas otras en quejas deducidas ante este Ministerio, conviene con toda urgencia hacer desaparecer en la esfera judicial, y que resultan más frecuentes en los Juzgados que en los Tribunales de categoría superior, los cuales por su parte deben contribuir á rectificar las prácticas que, poco conformes con el espíritu ó el precepto escrito de las leyes procesales, tengan ocasión de advertir cuando á su conocimiento y decisión lleguen los autos y expedientes instruidos por sus inferiores jerárquicos; pero debo llamar la atención de los Presidentes de Audiencia acerca de las que, como más generales se lamentan, y algunas de las cuales, aunque á primera vista puedan parecer de orden secundario y que no debieran ser ocasión de llamamiento á la atención de los superiores jerárquicos, requieren no obstante que así se haga, porque en materia judicial no hay vicio ni transgresión sin trascendencia, ni omisión ó extravío que, aunque se hayan hecho usuales, dejen de perturbar la naturaleza propia del procedimiento.

Por esto es necesidad de primer orden, sobre todo en los Tribunales unipersonales, el estudio directo del asunto por el mismo juzgador, el cual debe rigurosamente redactar que, aun para las providencias de mera tramitación, se dé cuenta por nada más que por el funcionario que á tal efecto la ley establece, salvo el caso de verdadera imposibilidad, y nunca por los dependientes de los actuarios, para no engendrar las quejas que se han levantado contra su intrusión en el negocio de los despachos judiciales, y cuidar de que en las decisiones de mayor importancia, sobre todo las que han de contener fundamentos de hecho y de derecho, unas y otras se redacten únicamente por quien las dicta con autoridad propia, pues nada excusa el confiar á otras personas la consignación de los fundamentos de hecho, sin advertir que cualquiera omisión, inexactitud, mutilación ó caprichosidad en su expresión han de conducir forzosamente á errores lógicos y legales, y por tanto, á la injusticia en el fallo.

En este conviene que el juzgador acredite su perfecto conocimiento del Derecho y su más estricta imparcialidad. La cién-