El Foro español (Madrid. 1898) (1898-06-10 00:00:00), página 12

SENTENCIA de 11 de Mayo de 1898 (Gaceta de 28 de Mayo).
Competencia.—Se declara que el conocimiento de una demanda sobre declaración de derechos a la mitad de unos bienes, y nulidad de testamento, deducida por Doña Josefa López Carvajal contra varios, corresponde al Juzgado de primera instancia de Mondénoedo, requerido de inhibición por el de igual clase de Jetafo, y se resuelve:
Que el conocimiento de los juicios en que se ejerciten acciones reales, compete al Juez del lugar en que estuvieren situados todos ó parte de los bienes, y el mismo Juez, ó el del domicilio del demandado, si la acción ejercitada fuera mixta;
Que en este pleito se ha ejercitado por la demandante en primer término una acción real, como lo es la encaminada á reivindicar la mitad de los bienes reservables de ciertas y determinadas vinculaciones, justamente con ella una acción mixta, cual es la de nulidad de testamento otorgado por la última poseedora de dichos bienes; y aunque como consecuencia de esta última acción se pide también por la demandante la apertura de la sucesión intestada, claro está que al abintestato había de preceder la nulidad del testamento;
Y que siendo en consecuencia de lo expuesto competente el Juzgado de Mondénoedo para conocer de la acción real y de la mixta, que es prejudicial á la apertura del abintestato, la presente competencia queda decidida á su favor, pero sin que se entienda prejuzgada la competencia para conocer del abintestato, si llegase el caso de abrir este juicio universal.

SENTENCIA de 30 de Marzo de 1898 (Gaceta de 28 de Mayo).
Suspensión de los procedimientos ejecutivos y de apremios.—Se declara no haber lugar al recurso de casación interpuesto por la Compañía de tranvías á vapor de Onda al Grao de Castellón de la Plana, en ejecución de la sentencia recuada en el pleito seguido contra la misma por D. Mateo Vila Tarazona, y se resuelve:
Que el art. 924 del Código de Comercio, que dispone que la declaración de suspensión de pagos hecha por el Juez ó Tribunal producirá el efecto de su suspender los procedimientos ejecutivos y de apremio, y los artículos 1.135 y 1.136 de la Ley de Enjuiciamiento civil, que sancionan el mismo principio general de la suspensión de tales procedimientos, se refieren evidentemente á las actuaciones que constituyen el juicio ejecutivo, ya en su segunda que se denomina procedimiento de apremio, pero no á las que, como en el caso actual, se siguen para el cumplimiento de una sentencia recuada en juicio ordinario, que tienen su denominación propia en la ley y que no son susceptibles de acumulación á los autos sobre suspensión de pagos, los cuales, además, en nada afectan al acreedor en el presente pleito, que no fué citado ni oído para el convenio celebrado por la Sociedad recurrente con sus acreedores, careciendo consignadamente de fundamento los dos primeros motivos del recurso;
Y que al disponer el art. 1.448 de dicha Ley procesal en armonía con lo establecido en los artículos 3.º y 5.º de la ley de 12 de Noviembre de 1869, que no se haga embargo en las vías férreas abiertas al servicio público, ni en sus estaciones, almacenes, etc., que sean necesarios para su uso, ni el material fijo y móvil destinados al movimiento de la línea, tiende exclusivamente al interés general, y no al particular de las Compañías que las explotan, no excluyendo, y antes bien permitiendo que puedan sujetarse á embargo los demás bienes que aquellas posean, si no forman parte del camino ó no son necesarios al movimiento y explotación del mismo; y como quiera que los terrenos embargados, destinados al cultivo de hortalizas y frutas, se hallan en este caso de excepción, es improcedente el recurso fundado en tal motivo.

CRIMINAL
RECURSO DE CASACIÓN (6 de Abril de 1898). Homicidio.—Se declara no haber lugar al preparado por Josefa Campo Jiménez, é interpuso por el Ministerio fiscal, contra sentencia de la Audiencia de Murcia, pronunciada en causa seguida á Manuel Junes López y Domingo Junes Díaz, y se resuelve:
Que en conformidad á lo dispuesto en el art. 340 de la Ley de Enjuiciamiento criminal, y á la constante jurisprudencia de esta Sala, para que sea admisible el recurso de casación por infracción de ley, es preciso que se ajuste exactamente á los hechos establecidos como ciertos en la sentencia recurrida, sin que sea hecho á las partes basar las infracciones que aleguen en deducciones hipotéticas más ó menos fundadas;
Que la infracción del art. 419 del Código penal, única que se aduce por el Ministerio fiscal en su recurso, se hace consistir en que Manuel Junes fué el autor de la muerte violenta de Miguel Illán, y esta afirmación categórica de hechos no encuentra apoyo en el veredicto, donde no sólo no se expresa en parte alguna que el primero matara al segundo, sino que se afirma precisamente lo contrario, toda vez que, si bien se dice que Junes causó al Illán dos contusiones en la cabeza que lo atontaron, y le hicieron caer al suelo sin conocimiento, y que en la creencia de que lo había muerto, lo arrojó la faja al cuello y lo atrajo y arrojó á una acequia próxima, al contestar el propio Júrida á la tercera pregunta, añade que, á consecuencia de estos actos del Junes, no se produjo la rotura de la tráquea y subsiguiente muerte del Illán, cuya aseveración, al par que la contestación negativa de la pregunta tercera, debidamente enlazadas, no cabe entender sino como suena, es á saber: que ni intencionalmente ni con sus actos contribuyó el Junes al desgraciado fin que tuviere el Illán, y al que, contra la hipótesis sostenida por el Ministerio fiscal, bien cabe que le llevará la acción criminal de otra persona;
Y que por lo tanto, que el presente recurso es inadmisible, por estar destinado de base cierta, necesaria para su ulterior discusión legal.—(Gaceta de 19 de Mayo.)

RECURSO DE CASACIÓN (14 de Abril de 1898). Lesiones.—Se declara no haber lugar al interpuesto por quebrantamiento de forma por D. Francisco Álvarez González contra sentencia de la Audiencia de Santa Clara, y se resuelve:
Que ajustada la sentencia recurrida á los términos á que la acusación fué ampliada por virtud del uso que el Tribunal á que hizo de la facultad que le concede el art. 733 de la Ley de Enjuiciamiento criminal, no aparece motivo para que el quebrantamiento de forma señalado en el número 3.º del art. 912 de la expresada ley, en que se fundó el recurso, que debió no ser admitido por omitirse en él el señalamiento en concreto de la falta atribuida.—(Gaceta de 21 de Mayo.)

AVISOS
Con el fin de normalizar de una vez el pago de los señores Subscriptores sin necesidad de dar más plazos ni prórrogas, como por cortesía hemos venido haciendo hasta aquí, esta Administración ha resuelto que en lo sucesivo el plazo máximo para abonar el importe de las subscripciones será el de dos meses, á contar desde el primer día del trimestre ó semestre respectivo, ó de la fecha del cupón de subscripción si se tratase de un nuevo subscriptor. Transcurrido ese plazo, el que atrasa en descubierto será dado de baja e incluido su nombre, apellidos, profesión y domicilio en la lista de subscriptores morosos, que publicaremos en el lugar más visible de nuestra Revista para conocimiento de nuestros buenos abonados, y muy especialmente para el de nuestros compañeros en la prensa, con el fin de que no sean sorprendidos, como nosotros, en su buena fe.
Suplicamos á aquellos de nuestros lectores que no reciban el periódico se sirvan avisarlo á estas oficinas por correo, y por cuenta de esta Administración, pues aunque pueden estar seguros de que la culpa no será nuestra, sin embargo, no queremos escatimar nada para el buen servicio de nuestros abonados.

MADRID, 1898.—Imp. de los Sucesores de Cuesta. Cava-alta, 5.