El Foro español (Madrid. 1898) (1898-08-30 00:00:00), página 11

mera instancia de Lugo y Sala de justicia de la Audiencia de Palma de Mallorca, y se resuelve:

Que reclamada por el recurrente la herencia de D. Juan Pastor, de quien se dice heredero por serlo de D. Miguel Benasuar, y estimado por la Audiencia que á los demandados les fueron adjudicados los bienes que poseen por virtud de la transacción de 8 de Octubre de 1556, en que intervino también el citado D. Miguel, es evidente que no impugnada dicha apreciación probatoria por el recurrente en la forma debida, queda subsistente el hecho sentado por la Audiencia, y en su virtud, fuera de lugar la acción de petición de herencia ejercitada en la demanda, e inaplicables al caso las leyes y jurisprudencia que en los motivos 1.º y 4.º se invocan como infringidas;

Que igualmente lo son las que se citan en el motivo 2.º, toda vez que estimada como extinguida la acción de petición de herencia por el contrato de transacción mencionado, en el que fué uno de los convendios el D. Miguel Benasuar, de quien dimanan los derechos del recurrente, no se trata en la sentencia de la prescripción de dicha acción, sino de la que nace del repetido convenio, cuya nulidad se pide subsidiariamente por el demandante, siendo, por tanto, debidamente aplicadas las invocadas en el tercer motivo, por tratarse de la personal que se deriva de dicho contrato.

SENTENCIA de 24 de Junio de 1898 (Gaceta de 19 de Julio). Competencia.—En la inhibitoria de jurisdicción, propuesta por el Juzgado de primera instancia del partido de Vich al de igual clase del distrito del Centro de esta Corte en el conocimiento del expediente sobre alimentos provisionales á Doña Juana Francisca Ripoll y Varola y exacción de los mismos, se declaró que el conocimiento del expediente sobre alimentos provisionales á Doña Juana Francisca Ripoll y exacción de los mismos corresponde al Juez de primera instancia del distrito del Centro de esta Corte, al que se remitían sus actuaciones para los efectos del derecho, devolviéndose al de Vich el testimonio que ha remitido; y condenamos á los síndicos del concurso de D. Juan Cuni y al Juez de primera instancia de Vich, D. Pedro Samora y Aragón, al pago, por mitad, de las costas ocasionadas en esta competencia á Doña Juana Francisca Ripoll, siendo de cuenta de D. Juan Cuni, para, en su caso, las originadas á su instancia, y lo acordado, y se resuelve:

Que si bien el art. 1.218 de la Ley de Enjuiciamiento civil atribuye á los síndicos la facultad de representar al concurso, ejercitando las acciones y excepciones que le competan, hallándose, por el contrario, el concurso incapacitado para la administración de sus bienes, según precepto del art. 1.914 del Código, es evidente que aquellos ninguna acción pueden ejercitar que sea extraña á los intereses del propio concurso; y que donogada la acumulación á éste del expediente de depósito y alimentos provisionales de Doña Juana Francisca Ripoll por sentencia que esta Sala dictó en 10 de Julio de 1896, resulta desligado de los intereses de aquél, y sin acción consiguiente los síndicos del mismo para promover esta competencia que, aun cuando se resolviera á favor del Juzgado de Vich, en nada alteraría el estado del expediente sobre que versa en relación con el concurso;

Que á mayor abundamiento, que dicha competencia aparece promovida respecto de un juicio fenecido dentro de los límites de los de su orden y con ocasión de apremios realizados para el cobro de los alimentos provisionales señalados en el expediente de depósito á Doña Juana Francisca Ripoll, contra lo terminantemente preceptuado en el art. 76 de la Ley de Enjuiciamiento civil; por todo lo cual, y aun prescindiendo de la causa que dio origen al depósito y de la condición que en primer término reguló la competencia para conocer de estos juicios, según el número 20 del art. 63 de la expresada ley, resalta la temeridad con que los síndicos del concurso de D. Juan Cuni y el Juez de Vich han promovido y sostenido esta competencia;

Y que los actos realizados por la representación de Doña Juana Francisca Ripoll dentro de concurso no iban encaminados á otro fin que al de lograr el cumplimiento de lo acordado por el Juez del Centro de esta capital, ó sea á lo mismo que se pretendía por medio de exhortos, para que los síndicos abonasen á la interesada el importe de los alimentos, sin que dichas gestiones impliquen consiguientemente el reconocimiento de la competencia del Juzgado de Vich para conocer del expediente en que se acordaron aquéllos.

SENTENCIA de 5 de Mayo de 1898 (Gaceta de 19 de Julio).—Se declara no haber lugar al recurso de casación interpuesto por D. Toribio de Larrea y González y otros en pleito seguido con D. Juan James Rosserawine sobre pago del precio de una venta, en el Juzgado de primera instancia de Lugo y en la Sala de lo civil de la Audiencia de Oviedo, y se resuelve:

Que la sentencia recurrida, lejos de infringir, se ajusta á lo dispuesto en el art. 1.091 del Código, citado en el motivo 1.º, puesto que siendo condición expresa del contrato de 5 de Noviembre de 1890 que la venta de la mina Ricardo quedaría resuelta definitivamente y consumada y con carácter irrevocable, y los compradores obligados á obtener el precio á los ocho días de serles notificada por el vendedor la resolución definitiva y ejecutoria que declarase la nulidad de la concesión de la otra mina titulada Manuela, es indudable que dictada la Real orden en que la Administración declaró la mencionada nulidad, y haga saber á los compradores, adquirió para ellos fuerza de ley la obligación de entregar el precio en el término convenido de los ocho días;

Que el segundo motivo es improcedente, puesto que correspondiendo á la Administración, conforme á la legislación especial vigente, el otorgar y anular las concesiones mineras, según reconoce el mismo recurrente, es claro que la Real orden que anuló la titularidad Manuela—contra la cual, por lo demás, no se alega que proceda á ella haya utilizado recurso alguno—tiene el carácter que la Sala sentenciadora le atribuya de definitiva y ejecutoria, y por tanto, que se ha llenado por el vendedor la condición de que se hizo depender su derecho al percibo del precio, y que al estimarlo así dicha Sala, no ha podido infringir los artículos de la ley Hipotecaria y su reglamento invocados en dicho motivo; puesto que dichos preceptos reguladores de los derechos de los particulares, se hallan subordinados á las declaraciones que sobre ellos se hagan por los Tribunales ó Autoridades competentes, y á los compradores de la mina Ricardo, á quienes fué trasmitido por los vendedores los derechos que tenían sobre ella, incumbe ahora hacer valer la eficacia y transcendencia de la resolución administrativa dictada en el ejercicio de sus facultades exclusivas, sin que esto supuesto pueda estimarse la infracción del art. 1.445 del Código, alegada en el tercer motivo por los recurrentes, que son los que están explotando la mina á que dicha resolución afecta;

Y que la Sala se ajusta á los términos del contrato de 5 de Noviembre de 1890, cuyos términos son claros y no dejan dudas sobre la intención de los contratantes, y que, además de esto, el haber gestionado el recurrido para llevar al Registro de la propiedad los efectos de la Real orden de 29 de Octubre del mismo año, no puede significar de su parte más que el propósito de desvanecer la oposición al pago del precio, iniciada por los recurrentes en su correspondencia, procurando con ello evitar un litigio, en cuyo concepto tampoco se han infringido los artículos 1.281 y 1.283 del Código civil, invocados en el motivo último.

CRIMINAL

RECURSO DE CASACIÓN (27 de Abril de 1895). Lesiones.—Se declara no haber lugar al interpuesto por Manuel López Ángel contra sentencia de la Audiencia de Guadalajara, y se resuelve:

Que la sentencia recurrida no incurre en el quebrantamiento de forma del núm. 2.º del art. 912 de la ley de Enjuiciamiento criminal, porque al calificar el hecho procesal, determinar la responsabilidad de los acusados, é imponerles la pena correspondiente, ha resuelto todos los puntos que fueron objeto de la acu-