El Foro español (Madrid. 1898) (1899-04-20 00:00:00), página 6

cia, el amor á la justicia y el espíritu de laboriosidad, son tres condiciones esenciales para que la verdad legal brote de las decisiones en los juicios. En cuanto á la primera, debe ser constante la labor para aumentarla, y en sus aplicaciones debe abstenerse el juzgador de todo prejuicio de escuela y de toda prevenção, sea de la clase que fuere, y muy particularmente en los países de legislación foral, á fin de estirarse á aplicar las leyes comunes y las especiales según los casos, con sujeción estricta á las reglas que el derecho positivo tiene establecidas, ya que el precepto escrito, no las opiniones ó banderas particulares, es lo que los Tribunales deben tener por único criterio.

El amor á la justicia, que debe ser constante e inquebrantable, impone como estricto deber á los funcionarios del orden judicial que en su proceder eviten, no sólo la culpable realidad, pero hasta las apariencias de que sobre su conciencia influyan la amistad, la presión moral de los superiores, la política y otros móviles, que no pueden ser más que bastardos. Hasta por propio deseo y por respeto á su dignidad, deben tales funcionarios abstenerse, fuera de los deberes de la cortesía, del trato frecuente que tenga formas de intimidad con personas en la localidad influentíes, y de la permanencia frecuente en lugares públicos que puedan hacerles aparecer como fáciles en el trato y comunicación con toda clase de personas. Harto tiempo deben absorber el estudio y el trabajo en quienes deben llenar dignamente las tareas que las funciones judiciales imponen, para que los que las desempeñan puedan entregarse á cierto género de distracciones, sean ó no propias del común de los hombres.

Inútil es, por lo mismo, decir que Magistrados y Jueces deben rechazar por completo todo linaje de recomendaciones que se les dirijan, no solo por los particulares, sino que ni aun por los superiores, si, lo que no es de creer, se lo permitieran, como tampoco por los defensores de las partes, con el pretexto de mayor ilustración del asunto litigioso ó invocando la costumbre de entregar esquelas instructivas, cuya admisión en más de una ocasión se ha prohibido. Es en los autos donde debe encontrar los elementos de juicio el llamado á decidir en ellos por la autoridad que ejerce, y cede en mengua de su reputación, en Magistrados y Jueces, la suposición de que no saben apreciar bien, sin guía, los méritos que los autos contienen, así como desnaturaliza el procedimiento llevar á ellos privatamente datos ó razonamientos que no sean públicos para la parte á quien puedan perjudicar. En el procedimiento judicial, salvo los casos en que una razón de interés público lo aplaza temporalmente, son de justicia la igualdad entre las partes y la publicidad de todos los méritos.

Interesa en la administración de justicia evitar la prolongación de los juicios, la multiplicación de trámites innecesarios, las providencias que sin absoluta necesidad impiden el ejercicio de los derechos de las personas sobre sus bienes, los incidentes no inmediatamente relacionados con el objeto del juicio, y toda designación poco acertada de personas que, sin ser subalternas ó auxiliares de los Tribunales, hayan de intervenir accidentalmente en las actuaciones. Por circunstancias distintas, son hoy día muy elevados los gastos judiciales; y si los mismos se acrecientan con incidentes ó diligencias no del todo necesarias para el esclarecimiento de la verdad legal, y con los perjuicios que la prolongación de los pliegos ó de las causas criminales ocasionan, no todos podrán acudir á los Tribunales en defensa de sus derechos; y aunque no sea un bien para la sociedad la multiplicidad de juicios, tampoco lo ha de ser que los escasos de fortuna, y que no puedan utilizar el tratamiento de pobreza, hayan de consentir la vulneración de su derecho porque su adversario les sea superior en riqueza ó en posición.

Conviene también evitar el abuso de los embargos y depósitos de bienes que limitan el derecho de propiedad, pues, si á veces este medio precautorio es necesario, á beneficio de él se causan otras veces innecesarias vejaciones con actos que la ley sólo autoriza como garantía contra la astucia ó mala fe. Y conviene igualmente cuando la elección de peritos, liquidadores, administradores ó depositarios de bienes corresponda á los Tribunales, que recaiga en personas de competencia y de moralidad reconocidas, sin que aparezca fundada la sospecha de que en ella ha podido rufliar el favor, y lo que más lamentable sería, algún interés por parte de los que mediata ó inmediatamente puedan ó deban concurrir á la designación.

Retardan siempre el curso de los juicios, pero con causa legítima muchas veces, las cuestiones de competencia. Deben, pues, en todos casos los Jueces, al sostenerlas, tener profunda convicción de que defendan su derecho, así como deben rechazar las pretensiones de las partes cuando las mantengan con temeridad ó malicia; pero siempre han de ser celosos en la defensa de la jurisdicción civil que, como de derecho común, es la normal para todos los individuos del Estado, sin dejar de reconocer la de otras entidades cuando, en verdad legal, el conocimiento de un asunto les corresponde. Y es igualmente preciso que en los expedientes de jurisdicción voluntaria no se tienda á distraer de la contenciosa el conocimiento de actos que en realidad son materia de ella; que no se prolongue la tramitación de los que requieren rapidez por el objeto de los mismos; que no se acrecenten los gastos judiciales, y que no se conviertan en daño de los que están amparados por la ley con la protección judicial, las formalidades con que se da organización á la misma.

No debiera ciertamente existir, pero la realidad del hecho no puede desconocerse, la preferencia que tienen á veces los que á los Tribunales acuden, por determinado Juzgado, cuando en la localidad hay muchos de la propia clase, ó por alguno de los Escrivanos de actuaciones. La mayor igualdad en los repartos, cuando á ellos deban sujetarse los negocios, y la mayor reserva acerca de los turnos, han de ser regla absoluta en este particular, impidiéndose muy celosamente que, con el pretexto de la urgencia en ciertas diligencias judiciales, se acuda para su práctica á Juzgado especial. Semejante tendencia de los particulares es más frecuente que en otros en los actos de carácter preventivo en la jurisdicción civil contenciosa, y en no pocos de la voluntaria, igualmente que en materia criminal para la admisión de querellas. El principio de justicia exige que, sin negarse al uso del derecho la libertad que es propia de quien la ejerce, se evite la desnaturalización de él por lo insano de la intención.

Al parecer humilde, mas por su influencia social importanteísima, la institución de los que hoy se llaman Juzgados municipales, es, sin embargo, una de las más bastardadas. Su reforma sobre bases muy distintas de las actuales se hace tanto más necesaria cuanto más la han apartado de su naturaleza propia, en las grandes poblaciones las esperanzas de crecidos lucros y en las pequeñas los intereses de partido y los locales locales. Por de pronto, es indispensable, para evitar su desnaturalización, que en la próxima renovación de los Jueces municipales propongan los de primera instancia y elija V. S., sin ingenierías extrañas, y menos influencias políticas, personas que sepan comprender que es de paz, de concordia entre convencinos la misión á los Juzgados municipales confiada.

La independencia de posición, la probidad reconocida, el amor á la localidad, el prestigio en ella adquirido por la superioridad de las dotes morales, son las únicas condiciones que en los elegidos han de buscarse; toda recomendación de otro género, no sólo ha de rechazarse, sino que debe juzgarse peligrosa y contraria al espíritu de la institución. Los informes han de pedirse á personas ajenas á la política y libres de todo compromiso de parcialidad ó de todo interés personal, y solicitarse con el único criterio anteriormente establecido; y debe advertir á V. S. que al estimar como mérito su ceo en cenirse á estas instrucciones, me veré obligado á considerar como falta en el servicio cualquiera lentitud ó transgresión en el cumplimiento de ellas.

Necesita á veces la restricción de la libertad de los procesados dentro de las condiciones que la ley de Enjuiciamiento criminal señala, el respeto debido á aquel bien, el más precioso para el hombre después del de la existencia, y que en los pueblos modernos es el que más eficazmente quieren garantizar las leyes, exige por parte de los Tribunales que de la detención y de la