El Foro español (Madrid. 1898) (1898-06-30 00:00:00), página 3

observadas, y como por otra parte el Senado-Consulto Veleyano era demasiado genérico, tuvo necesidad Justiniano de reproducir en la Novela 134, capítulo 8.º, la prohibición de que la mujer fuese fiadora de su marido, salvo el caso de que el dinero se emplease en beneficio de ella (..... si qua mulier crediti instrumento consentiat proprio voto, aut scribat, et proprium....; ju-bemus multatenses hujusmodi....; sed illa esse ac si neque scriptum esset; nisi manifeste proberit, quia pecuniae in proprium ipsius mulieris utilitatem expensae sunt.)

 Nótese que Justiniano reproduce unas leyes que habían caído en desuso, sin duda porque eran contrarias á la manera de ser á las aspiraciones de aquella sociedad, con la que al fin y al cabo transige, permitiendo la fianza de la mujer á favor de su marido, si el contrato resultare provechoso para la fiadora, y conceder esto es casi concederlo todo.

 Tales son, en resumen, el Senado-Consulto Veleyano y la Auténtica si qua mulier, que los autores citan como precedentes de la Ley 61 de Toro. En otro artículo, sin embargo, examinaré algunos puntos de la legislación española que también tratan de la materia.

 ANTONIO CARRASCO.
 Abogado.

(Continuará).

LAS FICCIONES EN LA LEY

 Nos proponemos tratar en este artículo de un punto interesantísimo, á nuestro modo de ver, de las ficciones en la ley, es decir, de lo supuesto, de lo que no es y parece ser, y á pesar de no ser se consigna en ella, se establecen principios, se deducen consecuencias, se crean relaciones, surgiendo derechos y deberes, pero partiendo todo ello de una base falsa, de un principio convenido y convencional, creando así un estado de derecho contrario á lo que no solamente la lógica reclama, sino á lo que la ley y los Códigos deben ser, en los que sólo lo real debe tener cabida, y para nada que cree relaciones de derecho puede ni debe partirse de suposiciones ni ficciones más ó menos admisibles y dispensables en otros órdenes de la vida, pero de todo punto inadmisibles en las leyes por que hemos de regirnos.

 La mayor, sin duda alguna, de todas las contenidas en nuestras leyes civiles, es la adopción inserta hoy en el vigente Código civil en el cap. V, tít. 7.º del libro I., á pesar de la discusión que sobre este punto hubo y de lo mucho que se abogó por su desaparición al tener lugar ya la redacción del proyecto de Código del 51 y de lo que después se ha trabajado en este mismo sentido.

 Definen esta institución de común acuerdo los tratadistas de Derecho civil como una ficción de la ley, por la cual se supone que un hijo es tal aunque no lo sea naturalmente, conviniendo así con la voz proficiamien-to con que se la designa en las Partidas, y tomando, por tanto, esta base, combatimos la adopción por considerar que el legislador no debe fingir nada, que el poder legislativo no es tan omnímodo que pueda inventar la situación jurídica de las personas, que venga á sustituir su estado natural por una relación jurídica ficticia, sino que debe limitarse á tomar las cosas y las personas tal como son, porque de suponer hijo de una persona á otra que no lo es; y siguiendo por este camino, ¿por qué no había de admitirse como abuelo á quien no lo es, como hermano á quien no lo ha sido nunca, y, por último, como esposa á la que hasta entonces permaneció ajena á esta virtud? Es decir, que si reconocemos al legislador con facultad y atribuciones tan amplias é ilimitadas, forzosamente vendríamos á parar á un estado tal de confusión, que no podríamos nunca darnos cuenta de nuestra verdadera situación jurídica.

 Cierta que esta institución es muy antigua; pero esto nada dice en favor de su existencia hoy, que, aparte de lo alegado, no tiene razón de ser. En la antigua Roma estaba justificada por varios motivos. Las leyes Julia y Papia Popea concedían ciertas y determinadas prerrogativas y derechos á los padres que tenían tres hijos, y los que no los tenían por naturaleza los adoptaban, y de este modo obtenían la dispensa de algunos tributos; otras leyes concedían especiales derechos á los plebeyos, y en este caso el que no lo era se hacía adoptar por uno que lo fuese; y, por último, tan frecuente era allí la adopción, que, en confirmación de ello, la historia nos presenta al Emperador Augusto adoptando á Tiberio y á Agrippa, y á Claudio adoptado por Nerón anteponiéndole á su hijo natural, y en muchos casos, sobre todo en el Imperio, posponiendo para las sucesiones los hijos naturales á los adoptivos, dando preferencia así á la estirpe sobre la sangre; pero todo ello tiene explicación en Roma, dada la organización especial de la familia y considerando que esta ficción era allí más de derecho público que privado, pues que en ella intervenían muchas veces hasta los comicios.

 Nuestro Código civil acepta la adopción todavía con más libertad, si se quiere, que en aquellos tiempos, pues en Roma no podían adoptar los impúberes imponentes, limitación en la que se ve el deseo de dar todos los visos posibles de verdad á la ficción de que el adoptado era hijo del adoptante, punto del cual el Código ha prescindido por completo.

 Desde luego que, al admitirla, lo ha hecho como no podía menos con ciertas restricciones, respecto á la edad de adoptante y adoptado, personas que pueden y no pueden adoptar, etc.; pero en cambio abre la mano en cuanto concede al adoptado el derecho de usar el apellido del adoptante, llegando, á nuestro entender, en este punto, al colmo de la ficción, pues es cosa que sólo á los verdaderos hijos corresponde, ya que ellos solos tienen derecho, disponer de ella como pudieran disponer de cualquier objeto de su propiedad.