El Foro español (Madrid. 1898) (1898-12-20 00:00:00), página 4

se significa la persona de quien se deriva algún derecho respecto al que este derecho representa; la frase causa habiente se compone del sustantivo causa, el principio que produce alguna cosa, y del participio activo habiente, el que tiene. Luego si la ley habla del causa habiente del menor se refiere al que tiene, al que trae su causa, el origen de su derecho de éste, no a aquél de que el menor lo traiga ó lo tenga, pues que se trata de una expresión activa, no pasiva. La frase es tan gráfica, repetimos, expresa tan bien la idea que el legislador se propuso, que creemos estarían de más todas las explicaciones que del particular diésemos.

Serán nulos, por tanto, todos los contratos que en estas condiciones pudieran tener lugar, y acción de nulidad por consiguiente la que en tal caso pudiera ejercitarse: ¿pero, á quién, cómo y durante qué tiempo corresponderá el ejercicio de esta acción? Ideas son estas, que á nuestro entender, exigen explicación expresa.

Supongamos que el tutor, faltando á las prescripciones de este artículo, contratase con el menor antes de fenecido el plazo de los quince días que en el mismo se señala como límite de la prohibición, y que resultando dicho contrato beneficioso para éste y altamente perjudicial para aquél, quisiese anularlo. ¿Ca- bría el que esto ocurriese? La contestación la tenemos en el art. 1.302, donde se establece, que si bien los obligados principal ó subsidiariamente en los contra- tos, pueden ejercitar la acción de nulidad, no podrán hacerlo los capaces cuando aleguen la capacidad de aquellos con quienes contrataron. Recibe por tanto, en este caso el tutor, el condigno castigo cuando faltan- do á su deber y al imperativo categórico de la ley, trata de crear un vínculo de derecho con una persona que relativamente á él se halla incapacitada para con- traerlo.

Pero la cuestión cambia por completo de aspecto cuando sea el propio menor quien solicite la nulidad. Él, el incapaz para contratar á la sazón, lo ha verifi- cado con el que posee su capacidad completa, que es el tutor, el contrato es nulo y prosperable la acción de nulidad planteadá en esta forma.

Mas un tercer aspecto puede ofrecer la cuestión, que tendrá lugar cuando el Consejo acuerde pedir la nulidad del contrato celebrado en estas circunstancias. No puede dudarse que por más que la tutela haya fene- cido, deje de subsistir aún para la vida civil esta en- tidad; su vida jurídica se prolonga hasta que hayan terminado los quince días que marca la ley, y todo viene á demostrarlo: ¿acómo si no esa facultad de poder denunciar todos los delitos que se relacionen con el ejercicio de la tutela hasta que se extinga ese término? Su funcionamiento en lo que á la institución se refiere ha terminado, pues que ha terminado ésta; pero sus facultades de vigilancia se prolongan, y entonces cabe el que, si lo cree procedente, ordene al protutor que re- presente en juicio y pida la nulidad de lo contratado, ya porque perjudique al menor, ya porque entienda inmoral el consentir que éste se enriquezca por inco- rrecta forma; y entonces tiene aplicación lo dispuesto en el art. 1.304 del presente Código, y entonces el me- nor estará obligado á restituir aquello que recibiera en cuanto le produjo beneficio.

Doctrina admirable, no hay que negarlo, es la con- tenida en el artículo objeto de este comentario. En él se desarrolla el más amplio principio de protección á los huérfanos, y con él se justifica la desaparición en nuestro Derecho de la restitutio in integrum; el procla- ma la prohibición fundamental de la tutela, esto es, que el tutor contrate nunca con el tutelado, y confiere por último al Consejo esas facultades discrecionales sobre el pupilo, base y fundamento de la institución.

No creemos, como algunos comentaristas, que los preceptos contenidos en el artículo sean aplicables á los incapacitados, ¿por más que no se les nombre, por- que la razón respecto á éstos es la misma que respecto á los menores.? No, y cien veces no; el origen filosó- fico del precepto es la sugestión producto de la supe- rioridad de edad, del cariño racional del menor hacia su tutor, del constante roce y contacto. ¿Puede esto producirse en los vesánicos, en los interdictos ó en los pródigos, alejados unos en los manicomios, reclusos los otros en sus prisiones, aptos los últimos para todos los actos de la vida, menos en lo que respecta á sus intereses? No lo creemos, y no hay que suponer un descuido en el legislador, allí donde la lógica san- ciona un precepto.

Un único aspecto nos resta que examinar en la cuestión de nulidad que tratamos, el tiempo de prescrip- ción de la acción ejecitable. Para poder dilucidar este punto de verdadera importancia, tenemos que buscar los antecedentes legales del mismo.

Dice el art. 1.263 que no pueden prestar consentimiento para los contratos, entre otros, los menores no emancipados; y el 4.º, que serán nulos todos los actos ejecutados contra lo dispuesto en la ley. Luego, el contrato celebrado por el menor será nulo por el sim- ple hecho de haber sido realizado por el mismo, por más que no haya mediado intimidación ó violencia en las personas, ni error, dolo ó falsedad en la causa.

Al menor, llegado á la mayor edad, no le asisten, á pesar de sus derechos de mayoría, hasta pasados quin- ce días de haber cesado la tutela, facultades para con- tratar con el tutor; así como el Consejo, á pesar de haber fenecido la tutela, no termina su vida jurídica hasta concluido dicho término para lo que se refiere á la defensa de los intereses del tutelado; luego éste, el menor, continúa en su calidad de tal en lo que á con- tratar con el tutor respecta.

Si esto es así, y no cabe de ello dudarse, pues que existe la prohibición de la ley y la facultad concedida al Consejo, aunque para determinado género de cosas, por el número 4.º del art. 275, el tiempo de prescrip- ción de la acción que nos ocupa es el de cuatro años, contados desde que el menor salió de la tutela, según se dispone en el citado art. 1.301, y no el de quince,