El Foro español (Madrid. 1898) (1898-08-10 00:00:00), página 2

to de conclusiones, previo estudio del proceso por tiempo determinado, y en la acusación oral por espacio de una hora; con esto no se daría el caso, alguna vez ofrecido en la práctica, de que Jueces que demostraran verdadera erudición y práctica en el ejercicio de su cargo, llegaran por ascenso al Ministerio fiscal con absoluta ignorancia de los debates forenses y olvido total del ejercicio de la palabra.

Acaso no falte quien argumentar pueda que tales ejercicios presuponen larga tarea, imposible de terminar cuando el número de opositores fuese tan considerable como lo fué en las últimas oposiciones; pero no hay temor de que así suceda, si se tiene en cuenta que el ejercicio escrito puede apreciarlo el Tribunal privadamente, y además la garantía de que con la exigencia de esos ejercicios disminuirá seguramente el número de opositores.

A muchas reformas prístase también la constitución del Tribunal que ha de juzgar los ejercicios. Ignoro la razón y fundamento de que formen parte de él entidades extrañas á la carrera judicial; y sin que sea mi ánimo menoscabar la autoridad de esas personalidades, entiendo que fuera más lógico encomendar la tarea de juzgar á los opositores al Tribunal Supremo en pleno, confiriendo al Presidente del Tribunal la facultad de designar media hora antes de comenzar el ejercicio escrito de cada veinte opositores el Magistrado que había de juzgarlos, á quien se impondría el deber de dar cuenta ante el pleno en resolución motivada: así se destruiría el pernicioso sistema de las recomendaciones, que parece ser condición inherente á toda aspiración, siquiera ésta se subordine al público certamen.

Alarma y contrista el ánimo ver el número de recomendaciones que se cruzan en esos períodos de tiempo en que las oposiciones congregan á gran número de aspirantes en la capital de la monarquía. Apenas ver el regocijo de los que cuentan con elevado influjo, y el abatimiento de los que no tienen más apoyo que sus conocimientos; pero conocimientos que por misterio incomprensible parece incompatible las más de las veces con el influjo personal. Hay que evitar ese mal y destruir sus perniciosos efectos; hay que dar á la juventud la fundada esperanza de que será juzgada con serena imparcialidad, y es preciso conferir al Tribunal el derecho de propuesta; pero libremente y sin las restricciones que anejas crónicas comentan, sin perjuicio de satisfacer á la opinión pública exponiendo en la Secretaría del Tribunal los trabajos de los opositores y el fallo de aquél.

Afecto verdaderamente fraternal profeso al sufrido Cuerpo de aspirantes á la judicatura, víctima del pernicioso sistema de ampliación de plazas: ¡ojalá que en día no lejano realicen sus legítimas aspiraciones, y formen fila en esta humilde, pero bonrosa carrera, tan necesitada de juveniles energías!

JOSÉ SERRAMO PÉREZ,
Juez de primera instancia.

FIANZA DE LA MUJER CASADA (1)

Comentario al art. 1.361 del Código civil

VIII

Base 1.ª de la ley de 11 de Mayo de 1888.—«Por virtud de esta base—continuó el Sr. López de Haro,—reducida á conservar, en cuanto fuere posible, nuestro antiguo derecho, sin otro alcance que el de regularlo y aclararlo, quedó asimismo reducida la facultad de la mujer, por los artículos 1.361 y 1.387, á sólo los contratos de enajenar, gravar é hipotecar sus bienes, descartándose en absoluto el de fianza, etc.» Para evitar torcidas interpretaciones de concepto, lo mejor es copiar íntegra la base, que dice así:

«El Código tomará por base el proyecto de 1851, en cuanto se halla contenido en éste el sentido y capital pensamiento de las instituciones civiles del derecho histórico patrio, debiendo formularse, por tanto, este primer cuerpo legal de nuestra codificación civil sin otro alcance y propósito que el de regularizar, aclarar y armonizar los preceptos de nuestras leyes, recoger las enseñanzas de la doctrina en la solución de las dudas suscitadas por la práctica, y atender á algunas necesidades nuevas con soluciones que tengan un fundamento científico ó un precedente autorizado en legislaciones propias ó extrañas, y obtenido ya común asentimiento entre nuestros jurisconsultos, ó que resulten bastante justificadas en vista de las exposiciones de principios ó de método hechas en la discusión de ambos Cuerpos Colegiados.»

Esto ordena la base 1.ª, que el legislador recoja y formule en el Código civil, no sólo los preceptos de las leyes existentes, regularizándolos, aclarándolos y harmonizándolos entre sí, tomando como punto de partida el proyecto de 1851, sino también las enseñanzas de la doctrina, las soluciones científicas ó prácticas, las reglas contenidas en otros Códigos, ya sean propias ó extrañas, y la opinión autorizada de nuestros jurisconsultos; todo para resolver las dudas y cuestiones que aún no se hubiesen concretado en un precepto legal, y atender á las nuevas necesidades sociales. Aquí se da ancho campo á cierto género de innovaciones que respondan á un fin social, y cuya eficacia haya comprobado la experiencia; á cierto género de reformas, viables en la práctica, que estén de acuerdo con los sanos principios de la moral y de la filosofía. Además, el proyecto de 1851, que es el punto de partida, al determinar los derechos y obligaciones de los cónyuges (artículos 57 al 74), fijó su capacidad jurídica, de la misma manera que después vino á fijarla la Ley del Matrimonio civil; y el proyecto de 1882 es, en su libro 1.º, título 3.º, capítulo 1.º, sección 3.ª, el antecedente del Código que hoy rige (libro 1.º, título 4.º, capítulo 1.º, sección 4.º), llegando aquél á establecer, de igual modo que éste, la libertad de estipulación en cuanto á la ad-

(1) Véase el número anterior.