El Foro español (Madrid. 1898) (1898-05-10 00:00:00), página 3

corta de marco, y fueron denominados navis mare piratico navigans, y posteriormente corsarios, de donde viene el nombre de guerra en corso con que esta lucha hoy se conoce.

En el siglo xviii la guerra en corso se convierte de lucha privada en lucha pública, autorizada por los Gobiernos con el propósito de destruir el comercio de las potencias enemigas, estando autorizados los corsarios para apoderarse de la propiedad del enemigo aunque la protegiese bandera neutral, amparando los Gobiernos estas empresas, porque entonces carecían de navíos militares, y por ser fuente de riqueza para ellos, pues hacían pacto con los corsarios de partir las presas. Tal era el desbarajuste que este estado de cosas causaba, que las naciones, comprendiendo todas por sus propios intereses que esta situación era insostenible, procuraron legitimar el corso por leyes y reglamentos, obligando á los corsarios á prestar caución, declarándoles responsables de los actos cometidos fuera de la autorización obtenida; pero todo ello, hecho con la mejor intención y con el propósito de cortar los abusos, no tuvo otro resultado que dar ocasión á que, al amparo de estas disposiciones, se cometieran mayores.

En el año 1785 se llegó á un tratado entre Rusia y los Estados Unidos, en el que se convino no conceder comisión alguna á las naves armadas en corso que las autorice á destruir los buques mercantes ó á impedir el comercio, y en la guerra que Rusia sostuvo de 1767 á 1774 declaró ésta que no armaría el corso; pero posteriormente, en 1787, apeló á este recurso á pesar de dicha declaración.

En tiempos de la Revolución francesa se trató por la Asamblea Nacional de esta cuestión, por iniciativa del Diputado Kersaint, y se invitó al Poder Ejecutivo á entablar negociaciones con las potencias para suprimir el armamento en corso, trabajos que no dieron resultado alguno práctico.

Por los Estados Unidos en 1823, y su Presidente entonces Monroe, se propuso un convenio internacional para regularizar los principios de neutralidad comercial y marítima, durante las negociaciones hasta 1830, sin que se tomase acuerdo entre las potencias marítimas para abolir el corso, aunque todas ellas expresaban hallarse animadas de los mejores deseos.

Poco después, en 1826, y con ocasión del Congreso de Panamá, se hicieron también gestiones, que dieron idéntico resultado, y llegamos ya al último paso antes del Congreso de París, que fué en 1854, á la terminación de la guerra de Crimea, cuando el Ministro americano lord Clarendon manifestó que los Estados Unidos no podían acceder á la abolición del corso, á menos que las demás naciones avanzaran un paso más, aboliendo la captura en el mar de la propiedad privada del enemigo, como lo está por tierra, y ya entonces declararon algunas potencias que nunca ellas permitirían en sus países el armamento del corso.

Retírase en 1856 el Congreso de París, y en él, y á propuesta del plenipotenciario francés, Conde de Walewski, se fijaron en la declaración de 16 de Abril los siguientes principios: 1.º Queda abolido el corso.—2.º La propiedad enemiga cubierta por pabellón neutral debe ser respetada, con excepción de lo que se considere como contrabando de guerra.—3.º No es secuestrable la mercancía neutral, aun cuando esté cubierta por pabellón enemigo; y—4.º El bloqueo sólo es obligatorio cuando sea efectivo.

Subscribieron este convenio entonces Austria, Francia, Inglaterra, Prusia, Rusia, Cerdeña y Turquía, y más tarde todas las demás naciones, negándose solamente á ello España, los Estados Unidos y México, y acerca de la no adhesión de España debe darse una explicación, porque en este caso el silencio pudiera interpretarse malévolamente. No se adhirió, no porque entendiera que la guerra de corso era licita, pues condenada está y estaba por casi todos los tratadistas de derecho internacional de todos los países, sino porque encontró deficiente ese convenio; España quería que se llegase más alla, pues entendiéndole que no hay ninguna diferencia en los principios jurídicos de la guerra terrestre y la marítima, quería aplicar á ésta las mismas reglas de inviolabilidad que rigen respecto de aquélla, por considerar tan ilícito e injusto el apresamiento de un barco mercante hecho por uno de guerra como por un corsario, y exigía que se consignase la más absoluta prohibición para apresar barcos mercantes, pues con lo contrario no se venía á otra cosa sino á colocar en circunstancias y condiciones señaladamente ventajosas á las naciones que tenían poderosas escuadras de guerra; y al reservarse España este derecho, no hacía más que contraerrestar esta fuerza para compensar el daño que las naciones bien armadas en marina de guerra pudieran hacer á las más débiles en este punto.

Por estas mismas razones, cuando los Estados Unidos fueron invitados á suscribir la declaración de París, el Secretario de Estado, Alarey, justificó la negativa de su Gobierno, declarando que éste sería siempre fiel á sus proposiciones anteriores, subordinando el abandono del armamento en corso á condición de que se suprimiese el derecho de captura de los buques mercantes por los navíos de guerra.

Vemos, pues, que en esta ocasión las tres naciones que no se adhirieron lo hicieron por razones de verdadera justicia, conservando una independencia en este punto que las colocó al lado de la razón y el derecho, aunque á primera vista pudiera parecer otra cosa.

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En la situación actual, en la presente guerra con los Estados Unidos, precisamente entre dos naciones que no suscribieron el convenio de París, es evidente de toda evidencia que tanto uno como otro Estado y, á pesar de todo cuanto pensan, dijesen é hiciesen las demás potencias, están en completa libertad de armar ó no armar el corso, y por nuestra parte reconocido