El Foro español (Madrid. 1898) (1898-09-10 00:00:00), página 11

vos 2.º, 3.º y 5.º se alegan bajo el concepto de que el heredero sucede al difunto en todos sus derechos y obligaciones; porque esta regla está limitada en el caso presente por virtud de aquel precepto, de tal suerte, que aun cuando la vida de Pérez fuese de hecho heredera de su marido, no estaría obligada á responder con sus privativos bienes de las deudas que el mismo hubiera dejado:

Que el hecho cierto de que D. Joaquín Pérez, juntamente con su mujer, retrotrayieran de los cónyuges D. Casimiro Félez y Doña Teresa Larrea el campo de Peñalengua, no demuestra por sí solo que sea errónea la apreciación de la Sala sentenciadora, según la cual aparece que esa finca, como las demás de que se trata, fueran aportadas al matrimonio por la mujer; toda vez que pudo tener ese origen la finca, pudo ser retrovendida por ambos cónyuges, y después reencarnarse, sin que la concurrencia del marido á esos actos le haya hecho perder su calidad originaria;

Y, finalmente, que la competencia de la Administración activa para conocer de expedientes de apremio contra los dadores á fondos públicos no excluye la de los Tribunales ordinarios para conocer de las cuestiones civiles, y entre ellas la relativa al dominio de los bienes que fueron ó hubieren sido objeto de la ejecución; y que tan indudable como ésto es que el dueño de tales bienes pueda á su libre arbitrio ejercitar las acciones que le correspondan, ya en forma de tercera, ya en forma ordinaria con separación del expediente de apremio, sin que á esa libre facultad se oponga el núm. 4.º del art. 2.º de la instrucción citada por el recurrente, porque este precepto se limita á reconocer el derecho del tercerácia á que se suspenda el apremio contra los bienes por el mismo reclamados; siguiéndose de todo lo expuesto que el fallo recurrido no comete las infracciones alegadas en el cuarto motivo del recurso, y que tampoco desencuele la doctrina de que nadie puede ir contra sus propios actos, que en el motivo 2.º se invoca, porque el hecho de no haber utilizado la tercera para estorbar el apremio administrativo, ni implica de parte de los demandantes la renuncia de su acción, ni el reconocimiento de derecho alguno á ella opuesto.

SENTENCIA de 11 de Mayo de 1898 (Gaceta de 20 de Julio).
Adjudicación de bienes de una capellanía.—Se declara no haber lugar al recurso de casación interpuesto por Doña María de las Nieves Vallejo y Orive en pleito con D. Nicolás Vallejo Matute, D. Manuel y D. Valeriano Vallejo y Pasqual y Doña Marcela Vallejo y Pérez, asistida de su esposo D. Luciano Herce Caraza, sostenido en el Juzgado de primera instancia de Haro y en la Sala de lo civil de la Audiencia de Burgos, y se resuelve:
Que con arreglo al art. 3.º de la ley de 15 de Junio de 1856, los interesados que dentro de veinte años, á contar desde la publicación de la de 19 de Agosto de 1841, no reclamaron la adjudicación de los bienes de capellanías con arreglo al art. 1.º de esta última ley, perdieron todo derecho y se transmite éste á los parientes siguientes en grado;
Que si bien Doña María de las Nieves Vallejo solicitó en Enero de 1852 la adjudicación de los bienes de la capellanía en cuestión, lo hizo, no como heredera y representante legal de su padre fallecido, D. Isidoro Vallejo, que era el que á la publicación de la expresada ley de 1841 tenía preferente y exclusivo derecho, sino conjuntamente y en iguales condiciones que sus primos don Dionisio y D. Pedro Vallejo, padres respectivamente de D. Manuel y D. Valeriano Vallejo y Pasqual y de D Nicolás Vallejo Matute y de Doña Marcela Vallejo Pérez, como parientes todos más próximos y en igual grado en la línea llamada;
Que la Sala, al estimar que Doña María de las Nieves Vallejo no hizo la reclamación de su derecho preferente en virtud de los artículos primeros de las leyes de 1841 y 1856, no incurre en el error de hecho que le atribuye el motivo 3.º del recurso; y que al declarar que los bienes de la capellanía corresponden por terceras partes á la recurrente y á los herederos de D. Dionisio y de D. Pedro Vallejo, que con ella los reclamaron en 1852, y que en aquella fecha eran á la par de ella los parientes siguientes en grado á D. Isidoro Vallejo, que no utilizó su derecho, llamados por el art. 3.º citado, lejos de infringir los mencionados artículos 1.º de la ley de 19 de Agosto de 1841, y 1.º y 3.º de la de 15 de Junio de 1856, como se alega en los motivos 1.º, 2.º y 4.º del recurso, se ajusta perfectamente á ellos;
Y que habiendo obtenido su derecho D. Dionisio y D. Pedro Vallejo por medio de la petición que hicieron en 1852 en unión de la recurrente, y en virtud de los artículos 2.º y 3.º de la ley de 1856 que lo declaraba, lo transmitieron á sus herederos respectivos D. Manuel y D. Valeriano Vallejo, y D. Nicolás y Doña Marcela Vallejo, de conformidad con las leyes y doctrina que en los tres últimos motivos del recurso se suponen infringidas.

SENTENCIA de 12 de Julio de 1898 (Gaceta de 22 de Julio).
Competencia.—Se declara corresponder al Juzgado de primera instancia de Toro el conocimiento de la demanda deducida por D. Julio de la Higuera en reclamación de pago de cantidad á D. Miguel Ibarr y Bernat, vecino de Barcelona, y se resuelve:
Que el conocimiento de los juicios en que se ejercitan acciones personales compete al Juez del lugar donde la obligación deba cumplirse; y que, con arreglo al art. 1.500 del Código civil, debe pagarse el precio de una venta en el lugar donde se haga entrega de la cosa vendida, salvo pacto en contrario;
Y que la demanda deducida por D. Julio de la Higuera tiene por objeto la cobranza de una parte del precio en que vendió varias partidas de grano, entregadas por el mismo en su domicilio á disposición del comprador, por lo cual compite su conocimiento al Juez de Toro, en cuyo distrito tuvo lugar la venta y entrega del grano, sin que para ello sea obstáculo la circunstancia de no haberse presentado la demanda sin comprobantes de sus fundamentos, porque sobre la existencia del contrato hay indicios suficientes para los efectos de establecer la competencia, derivados de las manifestaciones hechas por el demandado y de los documentos presentados por el mismo al suscribir este incidente.

CRIMINAL

RECURSO DE CASACIÓN (11 de Mayo de 1898). Infracción de la Ley de Policía de ferrocarriles.—Se declara no haber lugar al interpuesto por D. Daniel Aranda y Murto, como denunciante contra sentencia del Juez de instrucción de Albacete, en apelación de la del Juzgado municipal de la citada población, pronunciada contra D. Alfonso Vera y León en el juicio de faltas, y se resuelve:
Que D. Alfonso Vera y León ha usado de su perfecto derecho al colocar en el almacén y muelle inmediato al mismo, de que viene disfrutando y de que está en posesión, los paquetes de paja para prender después á su embarque, y que esta colocación, indispensable para poder utilizar su finca, es transitoria y eventual, no pudiendo por lo tanto repartirse como acopio ó instalación definitiva, por cuya razón el hecho denunciado no cae bajo la sanción del parrafo sexto del art. 1.º, ni del art. 5.º de la Ley de Policía de ferrocarriles;
Que la paja, por más que sea materia combustible, no lo es inflamable, según declaración de los peritos de ambas partes, y la significación que á esta palabra da el Diccionario de la lengua; y por lo tanto, es lícito colocarla á mayor distancia de 5 metros, á partir de la vía, según el art. 5.º de dicha ley, tanto más cuanto que el almacén, colocado á la debida distancia, de conformidad con lo dispuesto por el art. 5.º citado, se halla completamente cerrado con tapias y tejido, por cuya razón no es fácil que puedan introducirse las chispas que desprenden las máquinas, por lo cual, sin duda, no se opuso á su construcción por la Empresa del ferrocarril para el uso que de él viene haciéndose por la Empresa;
Que tampoco se ha determinado, en cuanto á los objetos colocados en la faja del terreno que hay frente al almacén, y entre éste y la vía, si el punto en que estaban colocados era en la parte