El Foro español (Madrid. 1898) (1898-06-20 00:00:00), página 9

del estado de sitio; pero en el entretanto, preparad la cámara obscura para darnos una nueva instantánea judicial, que bien pudiera intitularse: Sale el sol por Antequera ó Enero es como Febrero.

Quedáis con Dios, y que Él nos ilumine á los dos; á vos, en vuestras empresas; y para coordinar nuevas tonterías, á vuestro admirador humilde

El Tonto de Capirote.

PRÁCTICAS ILEGALES

Como en todas partes cuecen habas, nos parece oportuno y conveniente reproducir el siguiente artículo de nuestro querido colega sevillano El Derecho:

«Es un principio general de derecho, referente al enjuiciamiento civil, que la jurisdicción en este orden es mercenaria; es decir, que sin que haya quien lo solicite, ejercerla no pueden los Tribunales.

Contados son los preceptos de la Ley de Enjuiciamiento civil que autorizan á los juzgadores á dictar resoluciones sin petición de parte, y tan contados, como que seguramente entre los 2.182 artículos que contiene aquella ley, no subirán de media docena las excepciones al principio general que encabeza esta labor.

Para que los Jueces y Tribunales dicten acuerdos en los pleitos sin solicitud de las partes, para que la jurisdicción civil deje de ser mercenaria, necesario es que algún precepto legal expresamente lo mande; tal ocurre, por ejemplo, con los proveídos mandando unir á los autos las pruebas, declarando la caducidad de la instancia, y otros en los que el legislador se ha cuidado de hacer constar, que el Juez lo dicte de oficio, palabra que no tiene otro objeto que el de marcar expresamente la excepción del principio jurisdiccional.

Sin que perdamos de vista que los Tribunales no pueden proveer de oficio en materia civil sin mandato expreso de la ley, y á mayor abundamiento de pruebas para la demostración de la práctica ilegal en que vamos á ocuparnos, conviene que copiemos literalmente el art. 919 de la Ley de Enjuiciamiento civil, que dice:

«Luego que sea firme una sentencia, se procederá á su ejecución, siempre á instancia de parte, y por el Juez ó Tribunal que hubiere conocido del asunto en primera instancia.»

¿Quién que conozca este precepto del Enjuiciamiento civil, aun cuando ignore que la jurisdicción en este orden es mercenaria, creerá que pueden ejecutarse las sentencias firmes sin instancia de parte? ¿Quién creerá que la ley no es ley, ó que lo que manda no rige?

Pues á quien lo dude que acerque á las Secretarías de Sala de nuestra Audiencia territorial, y verá cómo el más alto Tribunal de justicia en este territorio, el que tiene á su cargo la misión de cumplir y hacer cumplir las leyes á todos los funcionarios del orden judicial, el que sirve de espejo á cuantos adminis-

traran justicia en su demarcación, se olvida con harta frecuencia del siempre á instancia de parte, que subrayamos al copiar el artículo 919.

En su práctica contamos con muchos ejemplos demonstrativos de sentencias mandadas ejecutar por la Sala de lo civil, sin que parte alguna lo solicite.

Quizás el ilustrado Tribunal á que nos referimos, dado el cúmulo de trabajo que sobre él pesa, no haya parado mientes en el mandato expreso del art. 919 de la ley; tal vez los mañosos proveídos que parecen nacidos por generación espontánea, para que se ejecuten las sentencias firmes no instadas por los litigantes, sea obra exclusiva de los Secretarios de Sala; pero es lo cierto que esa práctica á nosotros nos resulta ilegal, y que de serlo nada gana en ella la recta administración de justicia.

Si la Sala de lo civil no ha fijado su ilustrada atención en esos acuerdos providenciales ejecutivos de sentencias cuyo cumplimiento nadie interesó, merece que la fije y deje de autorizarlas. Y por si como nos inclinamos á creer, nacen del maquiavelismo de sus auxiliares, debe de evitarlo, que la ley no se ha hecho para que sirva de escabé al consecuente de fines lucrativos á los auxiliares que deseen siempre convertirla en substancia.

El hecho práctico objeto de esta censura, acace cuando el Tribunal acuerda la caducidad de la instancia.

El Secretario en cuyo oficio radican los autos, y al cumplir con la obligación de dar cuenta á la Sala de haber transcurrido el tiempo para que de oficio se decrete la caducidad, indudablemente ante sí y por sí, prolonga la providencia, haciéndola extensiva al extremo de que se proceda, también de oficio, «á la exacción de costas por la vía de apremio, con lo que resultan dos enormes infracciones legales: la del art. 919 citado, y la del 421 que deja al arbitrio de las partes el pedir la tasación de costas.

Este novísimo sistema curiaresco perfectamente ilegal produce á los auxiliares y subalternos del Tribunal el fin que se proponen: cobrar derechos sin los requisitos de ley que los demás necesitamos, tales como Procurador, Abogado, papel sellado, escritos, etcétera; pero, como todo acuerdo contrario á las leyes, ocasiona perjuicios á los particulares y grave daño á la recta administración de justicia.

Porque tras del proveído ordenando la exacción de costas, va al inferior la certificación del auto de caducidad, la remisión de los autos y la orden mandando hacer efectivas unas costas, ni tasadas ni aprobadas, con lo que se obliga al Juzgado á que infrinja á su vez las leyes, dictando proveídos en ejecución de sentencia sin petición de parte.

¿Quieren los auxiliares y subalternos hacer efectivos, como es muy justo, los derechos devengados en las actuaciones civiles cuyo curso se paraliza en el Tribunal? Pues demandéndolo en forma, que la ley no les ha