El Foro español (Madrid. 1898) (1899-10-20 00:00:00), página 10

RESOLUCION

DADA POR EL FISCAL DEL TRIBUNAL SUPREMO Á LAS CONSULTAS QUE, EN VIRTUD DE SU CIRCULAR DE 30 DE MAYO ÚLTIMO, LEHÁNDRIGIDO LOS SEÑORES FISCALES DE LAS AUDIENCIAS, SOBRE INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DE DIVERSOS ARTÍCULOS DEL CÓDIGO PENAL Y OTRAS LEYES REPRESIVAS ESPECIALES, DE LA DE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL Y DEL JURADO. (1)

Art. 136, Cód. pen. (Toledo).

29.—Para incurrir en el delito de traición, previsto en el art. 136 del Código penal, bastará cualquier género de inducción, ó será preciso que ésta sea directa y pueda resultar eficaz, así por el valor, carácter e importancia de los medios empleados, como por las circunstancias, prestigio y autoridad de inductor.

El art. 136 no usa la palabra «directamente», como lo hace el 13 al hablar de los autores por inducción. Y este silencio del texto consultado, con relación á dicho adverbio, no puede menos de estimarse intencional. Opina, por tanto, este Centro que, no distinguiendo el artículo, debe entenderse comprendida en su texto lo mismo la inducción directa que la indirecta, así la que fué bastante por sí sola para provocar la guerra, como la que coadyuvó á su declaración, aun cuando no fuera causa única determinante de ella.

Art. 224, Cód. pen. (Palencia).

30.—Un Ayuntamiento intenta hacer efectivo un reparto de consumos utilizando algunos medios establecidos, pero sin haber obtenido la aprobación superior de una manera expresa; y como al fin no alcanzase el éxito que esperaba, ni aun por la exacción directa de los vecinos que pagaron hasta el tercer trimestre, acuerda el aumento de las cuotas para recaudar el cuarto, con propósito de remunerar los servicios del herrero y castrador, por falta de consignación en el presupuesto municipal, y procede á la cobranza por la vía de apremio contra los morosos: ¿será responsable del delito previsto en el art. 225, ó por lo menos del que castiga el 224 del Código penal?

Este Centro entiende que debe alcanzarle al Ayuntamiento atendido la responsabilidad que establece el art. 225 del Código penal, pues, por muy loable que fuera su propósito de remunerar debidamente los servicios prestados por las personas que se indican, y para cuya satisfacción no existía en el presupuesto municipal la consignación correspondiente, no estando autorizado por quien procedía el medio contributivo empleado al efecto, la exacción llevada á cabo no pue de menos de calificarse de ilegal, según los términos del precitado artículo, y comprenderse, por ende, dentro de sanción penal.

Art. 250, Cód. pen. (Lugo).

31.—Calificando el art. 250 del Código penal de reos de sedición á los que se alcen en determinadas condiciones para impedir la libre celebración de las elecciones populares en alguna provincia, circunscripción ó distrito electoral, los hechos que integran esta figura de delito serán de la competencia del Jurado, no obstante hallarse excluidos de su conocimiento los delitos electorales.

El alzamiento público y tumultuario para impedir por la fuerza ó fuera de las vías legales la libre celebración de las elecciones populares en alguna provincia, circunscripción ó distrito electoral constituye una de las formas del delito de sedición, que es la prevista en el número 1º del art. 250 del Código penal. Y como según el núm. 1º del art. 4º de la ley del Jurado, son de la competencia de este Tribunal, entre otros delitos, «los de sedición, sin distinción ni limitación alguna, y, por otra parte, no pertenece este delito á la clase de los electorales, sino á la de los comunes que tienen su definición y castigo consignados en el Código penal ordinario, de haf que, á juicio de este Centro, es inquestionable la competencia del expresado Tribunal para conocer del delito á que la consulta se refiere.

Art. 263, Cód. pen. (León).

32.—Unos agentes de la autoridad tratan de entrar de noche en el domicilio de un particular —fuera de los casos y con las condiciones que la ley permite— y el particular resiste y atenta á dichos agentes. ¿Se habrá infringido el art. 263 del Código penal?

No cabe contestar en términos absolutos, sin riesgo de posible error, la consulta que en las antecedentes líneas se hace. En opinión de este Centro, la obediencia á los Poderes públicos y la sumisión á los actos de los agentes de la autoridad se impone á todos los ciudadanos como garantía del orden público y del interés social; y por lo mismo, la resistencia grave que se les opone, la agresión que contra ellos se comete se presume siempre como constitutiva del delito de atentado, cualquiera que sea la mayor ó menor informalidad ó irregularidad de la orden que ejecutan, ó del mismo acto á cuya ejecución proceden. Pero si á la violación rotatoria y flagrante de la ley se agregara por parte del agente de la autoridad el uso á la vez ilegítimo de la fuerza, la resistencia que se opusiera por el ciudadano hollado en su derecho y en su persona habría de constituir un acto de legítima defensa, subordinado en su apreciación jurídica á las condiciones ó circunstancias que hubiesen concurrido en su ejecución con arreglo al núm. 4º del art. 8º del Código penal.

Art. 265, Cód. pen. (Cuenca).

33.—Siendo la multa la última de las penas de todas las escalas y debiendo imponerse la señalada por la ley al delito, cuando ésta es conjunta de arresto mayor y multa como en el delito del art. 265, y hay que bajar de la pena personal por ser el procesado, v. gr., menor de diez y ocho años y mayor de quince, ¿deberá imponerse como pena una doble multa, una en equiva-