El Foro español (Madrid. 1898) (1899-09-20 00:00:00), página 4

En absoluto confiamos en la rectitud de aquel señor, pero mucho nos tememos que las exigencias de la política le distraigan ó le hagan abandonar el puesto antes de poder hacer nada de lo mucho que se necesita.

¡Lástima grande que el poder judicial tenga que seguir las fluctuaciones de la política, y más aún, de una política tan borrascosa como la española, pues ello es causa de que cuando más falta nos hacen hombres tan observadores y prácticos, como ha demostrado serlo el Excmo. Sr. D. Salvador Viada y Vilaseca, venga un cambio de Gobierno y con él quedan obscurecidos los que un día parecieron ser astros, á cuyo calor seguramente hubieran fructificado las más beneficiosas semillas!

SOBRE LA ORGANIZACION DE NUESTROS TRIBUNALES

Aunque asaltado del natural temor al intentar exponer ideas que, como más, son modestas, muéveme á publicar las que tengo sobre la mejor organización de nuestros Tribunales de justicia y de los demás Cuerpos ó servicios con aquélla más ó menos directamente relacionados, la circunstancia de haberse puesto ahora sobre el tapete, con ocasión del proyecto de Ley de Presupuestos á las Cortes presentado, las cuestiones relativas á la supresión de algunos de los organismos judiciales existentes en la actualidad.

En mi sentir, los Tribunales españoles, así en su organización como en su competencia y atribuciones, deberían constituirse bajo un criterio armónico de unidad ó uniformidad que, á más de obedecer á principios científicos, satisficiera por completo las necesidades de una pronta y buena administración de justicia en nuestro país, guardando siempre relación con las cantidades modestas que á los servicios de aquélla puede dedicar el presupuesto de nuestra desgraciada nación.

Pues bien; en mi humilde opinión, tales fines se llenarían organizando nuestros Tribunales de justicia y asignándoles su respectiva competencia jurisdiccional con arreglo á las bases siguientes:

Primera. El establecimiento ó la constitución de los Tribunales y Juzgados en la forma siguiente: Un Juzgado municipal, como actualmente ocurre, en cada término municipal y en el pueblo residencia del Ayuntamiento respectivo; un Juzgado de partido, que debería, en relación con las bases posteriores, perder los actuales adjetivos de «primera instancia» y de «instrucción», en la población que se señalará como cabeza y centro de la respectiva demarcación ó circunscripción; una Audiencia, que perdería asimismo sus dos actuales calificativos de «territorial» y «provincial», en cada una de las capitales de las cuarenta y nueve provincias de España, y, claro es, el Tribunal Supremo y único en su clase, con residencia en la capital de la nación.

Segunda. En cada Juzgado municipal deberá haber, como en la actualidad, un Juez, un Fiscal y un Secretario; en cada Juzgado de partido, un Juez y dos, ó más, Secretarios, según las necesidades del servicio, perdiendo, por tanto, éstos el antiguo nombre de Escribanos de actuaciones que aún conservan; en cada Audiencia, un Presidente, dos Presidentes de Sala; en su caso, los de sección que fueren necesarios; el número de Magistrados que fuese preciso al buen servicio; un Fiscal con dos ó más Auxiliares, que se denominarian Tenientes fiscales, sustituyendo al Jefe el más antiguo; un Secretario de Gobierno y cuatro ó más, según el trabajo ordinario, Secretarios de Sala; y, en Madrid, el Tribunal Supremo con su Presidente, dos de Sala, veinte Magistrados, Fiscal, seis Tenientes fiscales, el Secretario y Vicesecretario y seis Secretarios de Sala.

Tercera. Aparte de los Juzgados municipales, y esto por excepción é interin otra cosa no consintieran las penurias del Tesoro, todos los funcionarios judiciales y fiscales y los Auxiliares de los Tribunales debían ponerse á sueldo, desapareciendo el actual sistema de derechos de Arancel.

Cuarta. Separación completa de la carrera Judicial, ó Fiscal, y de Auxiliares ó Secretarios, suprimiéndose las actuales asimilaciones, y estableciéndose en la última las debidas escalas, en las que se ingresaría por la categoría de Secretario de Juzgado de partido, pudiéndose ascender hasta Secretario de gobierno del Tribunal Supremo.

Quinta. Continuar formando una sola carrera, por sus íntimas relaciones y por la conveniencia de que todos los funcionarios alternen en las respectivas funciones, y se ejerciten en el uso constante de la palabra ante el público, la Judicial y la Fiscal, señalándose las categorías equivalentes de una y otra, y mejor figurando unidos y mezclados unos y otros funcionarios en los correspondientes escalafones.

Sexta. Reducción del actual número de categorías de la carrera, estableciendo, por ejemplo, siete en vez de las diez ahora existentes, y cuyas siete categorías podrían ser: 1.º, Juez de partido, análogo á la de Teniente fiscal de Audiencia; 2.º, Magistrado de Audiencia; 3.º, Presidente de Sala de Audiencia, Fiscal de idem, y Tenientes fiscales del Tribunal Supremo; 4.º, Presidente de Audiencia; 5.º, Magistrado del Tribunal Supremo; 6.º, Presidente de Sala del Supremo y Fiscal del mismo, y 7.º, Presidente de dicho Tribunal Supremo.

Séptima. Reducción del actual número de Juzgados de España—que es, aproximadamente, el de cuatrocientos ochenta—á otro muy inferior, que podría ser el de trescientos ó trescientos cincuenta.

Octava. Aumento—siquiera por hoy, por las penurias del Tesoro público, no fuese mucho—de los actuales sueldos de los funcionarios judiciales y Fiscales de España, harto reducidos y notoriamente insuficientes para satisfacer, aunque siempre de modo modesto, las crecientes necesidades de la vida en la época actual, pudiendo fijarse de la manera proporcional siguiente: Primera categoría, 6.000 pesetas anuales. Segunda, 8.000. Tercera, 10.000. Cuarta, 12.000. Quinta, 15.000. Sexta, 18.000. Y séptima, 30.000.

Novena. Respecto á competencia jurisdiccional, parécese podría fijarse así: Los Juzgados municipales conoce-