El Foro español (Madrid. 1898) (1898-01-30 00:00:00), página 2

que se ventilan más frecuentemente ante los Tribunales no suelen prestarse á verdaderos escaecios literarios, salvo, por lo que se refiere al orden penal, cuanto atañe á delitos contra la personalidad, así como en el civil lo concerniente á familia y relaciones que de ella se derivan, á causa de haber materias tan refractarias á la poesía como los contratos, y en general, todo aquello que sea de íntima conexión con la propiedad; mas tengase en cuenta que no pedimos, ni posible es conseguir, que los escritos sean sin excepción alguna joyas literarias; diéramos como bastante que su construcción gramatical fuese intachable, si bien precisa reconocer que aun el que no lo sea puede hallar en parte disculpa cuando por la perentoriedad de los términos se redactan en brevísimo plazo; ejemplo, aquellos que se presentan en la celebración del juicio oral modificando conclusiones como resultado de la nueva fase que allí mismo tome un proceso en virtud de las declaraciones prestadas durante el acto; pero estos son casos excepcionales y cuando se dispone, como en la generalidad de ellos, de tiempo suficiente, tiene ancho campo la fantasía para demostrar su riqueza siempre que resulte conciliada con la brevedad precisa.

Y he aquí cómo llegamos á otra de las causas que influyen no poco en el mal que venimos lamentando. Quizá se deba en gran parte esta maremagnum á la extensión inmotivada de los escritos, con perjuicio notable de la claridad y muchas veces de la lógica, por la rutina ya establecida, y de que jamás protestaremos lo suficiente, de exigir los honorarios con arreglo al número de pliegos escritos. ¿Por qué, si la petición puede formularse en uno solo, han de llenarse varios fatigando la imaginación locamente? ¿Qué fin se persigue de este modo sino el mal fundado pretexto de cobrar más porque más se escribe? ¿Es esto considerarse escritores ó escribientes?

Apenas el ánimo deducir las consecuencias que lógicamente se derivan de este aserto, y dejamos de consignarlas porque no encajan en los límites impuestos á este artículo. Bástanos hacer notar la influencia que tan viciosa rutina ejerce en la forma de los documentos judiciales, y llamar una vez más la atención de nuestros compañeros para que lo eviten aquellos á quienes puedan alcanzar estas censuras.

Y ahora podrá decirsemos con razón sobrada, al leer este artículo, que no cumplimos fielmente lo de procure ser en todo lo posible el que ha de reprender, irreprosible; no importa, siempre cabe la disculpa de contestar: «haz lo que digo y no hagas lo que hago.»

ECQUIEL ROMERO Y MARTÍNEZ.
Abogado.

QUEJAS Y COMENTARIOS
LOS PROCURADORES

El Resumen del 17 de este mes, recogiendo una pregunta que El Nacional dirigió el dia anterior al señor Ministro de Gracia y Justicia, relacionada con los Procuradores y ciertos acuerdos de alguna Sala de gobierno que no citaba, vertió, á nuestro juicio, la verdadera doctrina que debe regir en la materia.

«Las leyes—decía el primero de los periódicos citados—no pueden querer que se inforren agravios sin medio alguno de reparación...»

Y con efecto: hemos procurado enterarnos de lo que aquellos colegas no han hecho más que esbozar, encontrándonos con que el asunto tiene cierta gravedad, mayor aún si, como parece, la Sala de gobierno del Tribunal Supremo es la única llamada á conocer de las fianzas de todos los Procuradores de la nación por una disposición no muy antigua, facultad que antes tenían las respectivas Audiencias; y aunque esto no fuera cierto, también tendría el asunto gravedad, porque esas Audiencias tomarían unas la doctrina de la Sala de gobierno del Supremo y otras no, creando así la confusión y el caos.

Es el caso que la Sala de gobierno del Tribunal Supremo, confundiendo la suspensión de un Procurador que establece el art. 883 de la ley orgánica del Poder judicial, por disminución de sus fianzas, con la cesación á que se refiere el 884 por otras causas (la renuncia voluntaria, la muerte ó una sentencia ejecutoria, no pueden ser otras), decreta la cesación y la manda anunciar para los efectos de la cancelación de la fianza.

De aquí se ha seguido ya un caso en el que el interesado, cuidándose más de lo que consideró su derecho lesionado que de reponer su fianza para evitar dificultades, acudió al Ministerio solicitando la revocación de aquel acuerdo gubernativo, entendiéndolo que son atribuciones del Ministro por las razones que aduce El Resumen, y en que nosotros convenimos, corroborándolo, si fuese cierta, la disposición encomendando al Supremo el conocimiento de los expedientes de fianza de todos los Procuradores de la nación, porque ministerial habrá sido, y no existiría razón para intervenir de un modo dejando de hacerlo de otro. Y otro caso ocurre, en el cual, pensando en la reposición de la fianza, no se cuidaron de reclamar del acuerdo, encontrándose, al venir completándola, con trabas y dificultades por razón del término de los seis meses en la publicación de edictos.

Eso demuestra claramente que no debe alterarse la ley cuando se limita á establecer la suspensión, en cuyo estado cualquier momento es oportuno para volver á ejercer, lo que no sucede con la cesación, cuyos perjuicios pueden ser inmensos para los interesados, mientras que los de la suspensión son menos y no alcanzan á tercero, pues éstos tienen expedito su derecho para reclamar sin llamamiento alguno.

Se impone, pues, á nuestro juicio, una disposición ministerial que libre á los Procuradores de tamaño perjuicio, ya sea sólo la Sala de gobierno del Tribunal Supremo la facultada á conocer de los expedientes de todos los de España, ó ya intervengan también en ellos las respectivas Audiencias.