El Foro español (Madrid. 1898) (1899-09-30 00:00:00), página 5

la suspensión del ejercicio de la abogacía no puede fundarse en un auto de procesamiento.

Según el art. 26 del Código penal vigente, también de 1870, para cuya aplicación fue dada tres más tarde, y quince días después de su reforma la Ley orgánica del Poder judicial vigente, es la suspensión del ejercicio profesional una pena, quinto lugar de la escala de las correccionales, que se impone como accesoria á tenor del art. 28, cuando la misma ley especialmente no la aplica.

Y nosotros preguntamos, ¿cómo y en qué forma puede imponerse legalmente una pena? ¿Puede llevarse á efecto, por ventura, dicha imposición, simplemente por medio de un auto de procesamiento?

El art. 1.º de la Ley de Enjuiciamiento criminal vigente (14 de Septiembre de 1882), dice: No se impondrá pena alguna por consecuencia de hechos punibles cuya represión incumbe á la jurisdicción ordinaria, sino de conformidad con las disposiciones del presente Código ó de leyes especiales, y en virtud de sentencia dictada por Juez competente. Si la suspensión de la abogacía, como de cualquiera otra profesión, es, con arreglo á lo que preceptúan los artículos 26 y 28 del Código penal vigente, siempre una pena principal ó accesoria, ¿cómo se impondrá, pues, por auto de procesamiento, sin infringir el art. 1.º de la vigente Ley de Enjuiciamiento criminal?

Desde nuestra Constitución soberana de 1812, hasta la de 1876, en su art. 16, viene afirmándose en nuestras leyes fundamentales del Estado el principio reconocido y aceptado igualmente por todas las legislaciones, de que nadie puede ser sentenciado sino en la forma que las leyes prescriban. ¿Y cuál es el procedimiento establecido por las leyes españolas? «No se impondrá pena alguna», dice el artículo 1.º de la Ley de Enjuiciamiento criminal, sino de conformidad con las disposiciones del presente Código ó de otras leyes especiales.

La aparente generalidad del núm. 3.º del art. 873 de la vigente Ley Orgánica del Poder judicial está circunscrita, en nuestra humilde opinión, al ingreso de Letrado en el ejercicio profesional, porque entonces únicamente es cuando la prohibición del ejercicio de la abogacía nos convierte en una pena establecida por nuestro Código, que, como queda demostrado, no puede imponerse más que por sentencia de Juez competente.

El art. 29 de los Estatutos para el régimen y gobierno de los Colegios de Abogados del territorio de la Península, etc., de 15 de Marzo de 1895, dice: «Los Abogados que se hallen procesados cuando se defendan á sí propios...»; luego, como escribe un notable comentarista (la Redacción de la Revista de Tribunales, de Madrid), pueden defender á otros, porque si los autores de los Estatutos no hubieran querido decir esto, habrían empleado otra forma, por ejemplo: «cuando se defendan por sí, ó cuando se defendan ellos mismos», ó para mayor claridad, según nuestro concepto, «que (y no cuando) se defendan á sí mismos». Y observe-se que los Estatutos han sido promulgados en 15 de Marzo de 1895, es decir, quince años después que la vigente Ley Orgánica del Poder judicial, cuyo art. 873 venimos estudiando.

Muy lejos siempre de nuestro ánimo, al hacer de nuestros Códigos y sus disposiciones más interesantes estos breves estudios, ni acabados, ni estimables de seguro por nuestra reconocida falta de competencia, pero siempre sinceros, con que llenamos estas páginas, pues escribimos para convencer y no para deleitar, sacar á colación las múltiples alegaciones que en el orden de la teoría, y aun del sentimiento, pudieramos aducir.

¿A qué demostrar lo demostrado? Lo cierto es que, científica y legalmente, desde el auto de procesamiento á la sentencia judicial hay un abismo, un caos inmenso de vacilaciones y dudas, como desde la presunción á la duda. Por el auto se deciden los incidentes ó puntos esenciales del procedimiento; por las sentencias, la cuestión criminal definitivamente.

¿Cómo podrá la ley en ningún caso conceder á un auto los efectos propios, peculiares, finales, en una palabra, de la sentencia?

A mayor abundamiento podemos citar, en comprobación de la doctrina que venimos sosteniendo, la Real orden de 1886 (1), que, sin embargo de sus especiales puntos de vista, no puede menos de considerarse como un notable precedente legal en la materia que nos ocupa.

Dice así la citada Real orden que, en honor á su texto verdaderamente digno de elogio, reproducimos con especial satisfacción:

«He dado cuenta á la Reina (q. D. g.), del expediente instruido en este Ministerio con motivo de una Exposición que á consecuencia de haberse abstenido la Sala segundá de la Audiencia de Barcelona de dictar providencia sobre un escrito presentado en defensa de un reo, y firmado por un Abogado preso á la sazón por desacato, ha elevado la Junta de Abogados de aquella ciudad, en solicitud de que se declare que no puede privarse total ni parcialmente á un Abogado del ejercicio de su profesión, sino en los casos expresamente prescritos en la ley y en la forma previnida en la misma. En su virtud, y considerando que ninguna disposición legal establece que la prisión preventiva, cuyo objeto es el de asegurar el fallo de la justicia, sea incompatible con el ejercicio de la abogacía:

»Considerando que el preso (2) no puede ser privado, antes de que recaiga sentencia ejecutoria, de los derechos que no sean incompatibles con la falta de libertad; S. M., entera- rada de todo, oído el parecer del Tribunal Supremo de Justicia, y de conformidad con el dictamen del Consejo de Estado en pleno, ha tenido á bien resolver que el Abogado preso ó detenido puede ejercer su profesión de la manera que sea compatible con la prisión.»

Entendemos, pues, en vista de todas las razones expues-tas, que el auto de procesamiento, cualquiera que sea el delito que lo motive, no es causa legal suficiente para sus-

(1) Con esta misma fecha se publicó otra Real orden en la que, ocupándose también del ejercicio de la abogacía, se afirma incidentalmente que debe suponerse al presunto reo en el goce de sus derechos, mientras no recaiga la sentencia ejecutoria correspondiente.
(2) Con menos razón indudablemente el procesado.