El Foro español (Madrid. 1898) (1899-04-30 00:00:00), página 2

ilustres funcionarios que han figurado al frente del Ministerio público se apresuran á demandar en sus memorias las reformas imprescindibles, y ruego tal no se atiende, ni éstas se realizan.

Dediquemos, pues, á materia tan importante la atención que se merece y examinemos, siquiera ligeramente sea, los puntos culminantes del enjuiciar vigente en materia criminal que se muestran más necesitados de enmienda. Y al efecto, en buena razón de método y para más claridad en la exposición, distinguiremos de este modo: los que directamente afectan á la persona ó bienes del enjuiciado, á la forma y manera de ejercitar las acciones ó derechos, y á la rapidez, por último, del procedimiento.

I

Las condiciones y los límites con que ha de acordarse la prisión provisional del acusado, atendiendo tanto á los derechos que la libertad individual y la dignidad humana de consumo exigen y demandan, como á procurar que no logre tampoco aquél eludir la acción de la justicia, ha sido objeto en todo tiempo de la preocupación del legislador y tema para los expositores de inacabables controversias.

Nuestras leyes procesales, sin remontarnos á las codificadas, cuyo simple recuerdo nos llevaría más lejos de lo que nos proponemos, prestaron, cual no podían menos, á este principalísimo extremo singular atención, y tanto el viejo decreto de las Cortes de Septiembre de 1820, como el Reglamento provisionalmente dictado en 1835 para la administración de justicia pronta y cabal, según comenzaba ese monumento memorable, cuyas disposiciones, si carecen hoy de interés, lo tendrán siempre como remembranza histórica del más notable esfuerzo hecho en el orden orgánico por el prestigio, honra y prez de la magistratura, y en el del enjuiciar por la realización de la justicia, cuidaron bien de exigir, el primero, para proceder á la prisión de cualquier español, además de una clara información sumaria, el haber acaecido un hecho que merezca ser castigado con pena corporal (1), y el segundo que, mientras una ley no establezca oportunamente todas las garantías que debe tener la libertad civil de los españoles, á ninguno de ellos podrán ponerle ó retenerle en prisión ni arresto los Tribunales, sino por algún motivo racional bastante en que no haya arbitrariedad (2).

Mas con todas estas sabias previsiones en que vemos disputarse la concordia y el acierto, ora el prudente modo de evitar que se eludiese por el criminal la sanción severa de la ley, ora el respeto merecido á sus propios derechos, la verdad es que la más hermosa prerrogativa humana, la libertad civil, ha corrido evidente riesgo de naufragio en las borrascas de la vida pública. En efecto; ¿quién no recuerda con espanto aquel incalificable precepto, monstruoso engendro de la reacción política de 1820, en mal hora restablecido en todo su vigor en 1836, disponiendo: «Para proceder á la prisión de cualquier español, previa siempre la información sumaria del hecho, no se necesita que ésta produzca una prueba plena ni semiplena del delito ni de quién sea el verdadero delincuente.» ¡Ah! asombra, llena de inquietudes el ánimo y se estremece el cuerpo cual si lo agitaran los escalofríos de colapso dolorosísimo, al pensar cuál sería la suerte del ciudadano bajo el imperio de absurdas, más que draconianas, leyes como esta. Si se quita la necesidad de una prueba semiplena de la existencia del delito y de la posibilidad de atribuir alguna participación en su comisión al delincuente (y cuenta que por prueba semiplena técniase en aquel entonces, según la regla de sana crítica seguida y observada (1), la declaración de un solo testigo), ¿qué es lo que queda debajo de ella, sino sólo meras sospechas, simples conjeturas sobre ambos puntos? ¿Y por meras sospechas, hijas de falsa delación quizás y de las sombras, por simples conjeturas, producto de una imaginación calenturienta, de maliciosas argucias ó de pasión ruin y rastrera, se decretaba la prisión de un hombre por largos días e interminables años, y sepultábase en la hediondez del Saladero, cual allende el Pirineo, en los siniestros torreones de la Bastilla, en dolorosa época en que el sol de la libertad hubo de obscurecerse, también como aquí, tras obscuros nubarrones que, no sólo se descubren en los horizontes del pasado, sino que aún entoncan más ó menos el cielo purísimo de adelantadas civilizaciones y amenegan y descomponen la esplendorosa y vivificante luz de la justicia!

JOSÉ GARCÍA ROMERO DE TEJADA.
Abogado fiscal de la Audiencia de Madrid.

(Se continuará.)

INAMOVILIDAD JUDICIAL (2)

La permuta

La permuta de los destinos es un derecho de que han disfrutado siempre todos los funcionarios del Estado, siquiera ese derecho sufra limitaciones que imponen la naturaleza distinta de los servicios de la administración pública.

En la carrera judicial ha tenido también no pocas limitaciones, y hoy el derecho de permuta no tiene otra limitación que la exigencia del informe favorable de la Sala de gobierno de la Audiencia, cuando los permutoantes prestan sus servicios en un mismo territorio. Pero esa facultad, cuyas ventajas siempre aplanará sin reservas, ofrece no pocos inconvenientes, quizás porque de ella se han originado abusos, que

(1) Escriche: Diccionario razonado. Juicio criminal.
(2) Véase el número anterior.