El Foro español (Madrid. 1898) (1899-04-10 00:00:00), página 2

En política es jefe del partido conservador en Barcelona y ha sido Diputado provincial por la ciudad condal cuatro ó cinco veces, Diputado á Cortes por la misma y una por el distrito de Berga, y Senador por las Sociedades Económicas de la circunscripción de la capital de Cataluña. Hoy es Senador vitalicio.

Es Comisario regio del Consejo provincial de Agricultura, Industria y Comercio e individuo de mérito de la Sociedad Económica barcelonesa de Amigos del País y de la del Fomento del Trabajo Nacional, habiendo ocupado además otros muchos cargos reservados al mérito y cuya sola enumeración nos llenaría mucho espacio.

Tal es el Ministro que para el departamento de Gracia y Justicia ha designado el Sr. Silvela. De su inteligencia, de su severidad, rectitud y energía nos es dado esperar mucho, y Dios sabe cuánto nos alegraremos de no vernos defraudados en nuestras esperanzas, pues sólo El sabe el dolor que nos causa el tener que estampar censuras para quienes solo quisieramos tributar elogios, puesto que de ser estos justos, significarían una legítima satisfacción para quien los mereciese, y un bien indudable para la administración de justicia, por cuya independencia y moralidad venimos luchando.

INAMOVILIDAD JUDICIAL

Desde la promulgación de la ley provisional sobre Organización del Poder judicial de 1870, diferentes disposiciones han alterado y modificado sus preceptos en lo que á la inamovilidad judicial se refiere, disposiciones que las más de las veces han obedecido á las corrientes de la política moderna ó á las genialidades de algún engrudo político á quien señalará más de una vez con el dedo la honrada y sufrida Magistratura española. Pero desde que el Tribunal Contencioso-administrativo declaró en su sentencia de 4 de Febrero de 1891 subsistentes y en vigor las disposiciones de aquella sabia ley, cuyos principios habían sido robustecidos por el decreto de 14 de Enero de 1874, y admitidos por la ley adicional de 1882, mereció los honores de la santidad de cosa juzgada la inamovilidad judicial, que es—como dice aquel cuerpo legal—el derecho que tienen los Jueces y Magistrados de no ser destituidos, suspensos, trasladados ni jubilados, sino por algunas de las causas que en aquella ley se expresan.

No siempre, sin embargo, se ha respetado esa inamovilidad, y algunos funcionarios de muy avanzada edad recuerdan todavía épocas tristes en que los Jueces de primera instancia eran llamados á la presencia de altos funcionarios, increpados con dureza, y trasladados desde luego á los confines de la Península, cuando no á las islas Canarias, que parecen estar reservadas para los desheredados de la influencia; así se explica que con desconsoladora frecuencia se use la fórmula de «Ha tenido á bien trasladar...» omitiendo el fundamento legal de la traslación, arrojando una nota infamante sobre el expediente del funcionario, y dando más de un motivo al recurso que autoriza el art. 240 de la Ley Orgánica del Poder judicial, siquiera el uso de esa medida salvadora esté vedado á los funcionarios de la administración de justicia por las dificultades que presenta y los perjuicios que presupone para el porvenir.

Para corregir en lo posible estos abusos, y hermanar los intereses de los funcionarios de la carrera judicial, se dictó el Real-decreto de 24 de Septiembre de 1889; en el que se dispuso que los funcionarios de la carrera judicial que no hubiesen ingresado por oposición sólo podrían ser trasladados por expediente gubernativo, á instancia de los interesados y por permuto; añadiendo que no podrá accederse á las traslaciones interesadas por los funcionarios, sin que hubiese transcurrido un año desde la fecha de la última traslación. Pero esta disposición inspirada en móviles rectos que todos aplaudieron sin reservas, fué falsada posteriormente dándole la interpretación caprichosa que convino á los encargados de su aplicación. Con efecto, diferentes casos se han presentado en la práctica de traslaciones de Jueces de primera instancia electos, decretadas contra su voluntad, habiéndose querido justificarlas con la inocente alegación de que el referido Real decreto no puede ser ni es aplicable á los Jueces electos; pero es tan trivial esta argumentación, que ha de caer por su base á poco que se medite con la razón serena y la recta aplicación de los saludables principios en que se inspira la hermenéutica legal.

No puede caber duda alguna de que el espíritu que informa al precitado Real decreto no es otro que el de conceder la mayor garantía posible á la inamovilidad de los funcionarios que no ingresaron en la carrera judicial por oposición, é impedir que algunos Jueces tuvieran medio seguro de disfrutar largo tiempo las comodidades de su casa por medio de sucesivas y periódicas traslaciones; admitir, pues, que los Jueces electos están en aptitud legal de ser trasladados libremente dentro del término posesorio, y por la sola voluntad ministerial, es tanto como reconocer que cada veinte y nueve días puede expedirse una nueva traslación, es tanto como declarar que pueden decretarse doce traslaciones en un año con grave daño de los intereses del Tesoro y del régimen de los Tribunales de justicia, y es admitir como buena una fórmula que convierta á los funcionarios de esta carrera en verdaderos automatas, y en blanco de venganzas y odiosidades; y esto que pugna con el contexto del citado Real decreto, jamás pudo permitirlo ley alguna sin reconocer de antemano un evidente desequilibrio moral.

Otra interpretación, muy original por cierto, se ha dado á aquella disposición, cual es establecer distinciones entre los funcionarios de oposición y los del cuarto turno, contrariando así el espíritu de aquélla, que era, á no dudarlo, alcanzar la codiciada igualdad