El Foro español (Madrid. 1898) (1898-01-20 00:00:00), página 6

sores, que por las circunstancias indicadas y obras que no hay para qué mencionar, el impulso que se dé á la función de dichos Fiscales municipales no ha de asegurar en todos los casos un éxito lisonjero. Esto, no obstante, no hay más remedio que intentarlo y mantenerlo con perseverante energía, si no se quiere abandonar una empresa en la que venimos obligados á cooperar con alausa solicitud; y de esa manera nos quedará la íntima satisfacción de haber prestado á la causa de la sociedad un servicio más de los innumerables que abrillantan la historia del Ministerio fiscal.

Nos encontramos precisamente en la época en que los Ayuntamientos de toda la Nación han de llenar las hojas de empadronamiento especial de Jurados y remitirlas á las Juntas municipales para que éstas puedan cumplir, en la primera quincena del presente mes, lo que ordenan los arts. 14, 15 y 16 de la ley de 20 de Abril de 1888, como así lo establece el art. 1.º del enunciado Real decreto.

La ocasión, por tanto, es la más abonada para que V. S. se dirija á los Fiscales municipales de esa provincia á fin de averiguar si todos los Ayuntamientos han llenado esa formalidad, remitiendo las hojas formadas con arreglo al modelo que oportunamente se circuló. Las noticias que acerca del particular le comuniquen los expresados Fiscales municipales darán la parte de las instrucciones que les habrá de transmitir, á objeto de que, por ignorancia ó por reprobable apatía, no se malogre el pensamiento del Poder público, al propio tiempo que V. S. levanta acta de las resistencias que se opongan al cumplimiento de ese deber, para imponer ó solicitar que se imponga el correctivo que la importancia del caso demanda.

De las facilidades ó dificultades que se ofrecan, de los inconvenientes que sobrevengan y de las medidas que adopte, habrá de hacer V. S. expresión en la Memoria que redactará en el período y con sujeción á lo previsto en el art. 15 de la ley adicional á la orgánica, para que esta Fiscalía pueda, á su vez, informar en sazón oportuna al Gobierno de S. M.

No habrá de las demás listas que se formen en las cabezas de partido judicial y en las Audiencias, porque remitidas en la ley á época todavía lejana, me propongo esperar á que esa época se aproxime para ocuparme de ellas. Entretanto, no debemos perder de vista todas y cada una de las disposiciones del referido Real decreto de 8 de Marzo, obra á que el Ministerio fiscal prestó su concurso con sus informes, con sus advertencias y con el fruto de su experiencia, consignados en consultas y documentos de que este Centro ha dado conocimiento al Gobierno.

Desde que se implantó el Jurado se notó la escasa intervención que la ley concedía á nuestro Ministerio en las operaciones preliminares á la constitución del Tribunal y hasta la pretensión absoluta en la Junta de partido, que tiene una misión tan importante, como es la de depurar las listas municipales; preferencia á que no es fácil encontrar explicación satisfactoria. Si no se formularon quejas, se hicieron observaciones dirigidas á evidenciar que no era posible ejercer influencia para evitar los defectos que se lamentaban, cuando se nos despojaba de los medios eficaces para procurar conseguirlo. La insistencia en la observación surtió sus naturales efectos.

No era dable concedernos una intervención directa, porque eso equivalía á modificar la ley; pero se nos proveyó de recursos indirectos, discreta y sabiamente exequibidos. El Real decreto en cuestión es una concesión al Ministerio fiscal y una deferencia á sus indicaciones. A este honor hemos de corresponder, exigiéndolo, si es preciso, nuestro celo para justificar que nuestras peticiones eran razonables, y que, otorgándolas, se procura satisfacer necesidades evidentes y no ficticias.

Relativamente á la recusación, que es otro de los puntos cardinales, según se ha dicho, en materias de Jurado, también hay en la colección de Memorias de esta Fiscalía repetidas instrucciones y consejos á los Sres. Fiscales de las Audiencias, que éstos, de seguro, tienen muy presente y en debida ejecución. Dos son las situaciones procesales en que la recusación se puede utilizar por el Ministerio fiscal: una, al verificarse el sorteo para la designación de los 36 jurados y 6 suplentes que han de actuar en el cuatrimestre; y otra, al dar principio las sesiones del juicio y sorteárselos los 12 jurados y dos suplentes que han de formar el Tribunal. En la primera se ejercita el derecho alegando causa; en la segunda sin ella; y aquí tengo que añadir de nuevo al decreto de 8 de Marzo que, con sus acertadas disposiciones, permite que los Fiscales tomen parte activa y fructuosa en actos á que antes sólo podían acudir con carácter formulario y casi como meros espectadores.

Al establecer el art. 17 de dicho Real decreto que los Jueces remitan copias de las listas que forman las Juntas de partido á los Fiscales de las Audiencias y que éstos pidan noticias á las Autoridades locales, funcionarios y entidades que ofrezcan garantía de una información imparcial, acerca de las condiciones de los que figuran en las referidas listas, abre más amplios horizontes á la acción del Ministerio público y pone en sus manos un resorte de fuerza extraordinaria, que era muy necesario. No es potestativo, sino preceptivo, que el Fiscal pida esos antecedentes, y visto de los medios que aquéllos le proporcionen, ya le es dable realizar el ideal á que de largo tiempo se venía aspirando.

Con tales noticias, será ya factible pedir se eliminen del sorteo á que se refiere el tercer párrafo del art. 44 de la ley á los que, por virtud de aquélla, resulte que se hallen incurso en alguno de los casos de incompatibilidad que enumeran los artículos 10 y 11 de la misma. Para justificarlo, podrán los señores Fiscales presentar los mismos documentos que hayan recibido de las personas investidas de carácter oficial de quienes procedan los informes, y es de esperar que las Audiencias ó secciones accedan á la eliminación, puesto que, inspiradas en idéntico espíritu que el que anima al representante de la ley, pueden hacerlo de plano, sin producir complicación ni dilación alguna.

Empezado el sorteo, entra el período de la recusación con causa. El Fiscal ha de ser en eso sumamente rigido y escrupuloso. La recusación con causa sólo puede emplearse por los motivos que especifica el artículo 12 de la ley citada, y todos pueden concretarse en un solo concepto: circunstancias que lleven en cierta presunción de la parcialidad del recusado. Con los informes y antecedentes que posee el funcionario Fiscal debe ser inflexible y no tolerar que pase nadie que no esté enteramente limpio de sospecha legal. Singularmente, los casos 4.º y 5.º del aludido art. 12, que son los que la experiencia acredita que más se descuidan, deben ser objeto de su estudio para oponer la correspondiente protesta cuando esté informado de su existencia, porque permitir que entre en formar parte de la lista del cuatrimestre individuos unidos por vínculos de amistad á los procesados, ó que son sus enemigos, ó que tienen interés directo ó indirecto en la causa, es llevar, en su día, al Tribunal votos de antemano conocidos en determinado sentido.

Comprenderá V. S. cuán interesante es la función que al Fiscal incumbe ejercer en esa oportunidad.

El mencionado art. 44 de la ley, en sus párrafos segundo y quinto, no hace obligatoria la presencia del Fiscal en ese sorteo; pero del contexto del art. 17 del Real decreto de 8 de Marzo se deduce que aquél no puede excusar su asistencia. Yo estimo tan necesario que el Fiscal asista, que desde luego no vacilo en establecerlo como regla constante, aplicable á todos los casos sin excepción alguna, y doy á ese concuro personal tal importancia, que consideraré la omisión en el cumplimiento de esa obligación, que así deberá reputarse ya desde hoy por los funcionarios del Ministerio fiscal, como merecedora de severo correctivo.