El Foro español (Madrid. 1898) (1898-01-20 00:00:00), página 7

La recusación perentoria, ó sin causa, que autoriza el art. 56 de la ley, consiente al Fiscal mayor libertad. Dícese que de esta facultad abusan los Letrados defensores, porque acreediendo á la defensa el derecho del Fiscal cuando éste no lo ejercita, y siendo el representante de la ley, por punto general, desconocedor de las personas, es relativamente fácil, á los defensores formar el Tribunal popular á su gusto, recusando á los más íntegros e independientes ó á los que menos confianza les inspiren. Eso se dice con visos de verosimilitud; eso he visto también en las pasadas Memorias que informaron algunos Fiscales; y, por consiguiente, es de temer por ese lado un peligro serio cuando no una triste realidad. De hoy más, si el caso se reproduce, alguna vez será por otras razones, pues también acerca de este particular la situación del Ministerio público ha cambiado.

El art. 19 de tantas veces citado Real decreto de 8 de Marzo previene que, publicada en el Boletín oficial de la provincia la lista de los Jurados y supernumerarios que han de actuar en el entramiento, según dispone el art. 48 de la ley, los Fiscales de las Audiencias adquirirán un ejemplar de dicho Boletín, y pedirán antecedentes de los individuos que aquella lista contenga, en la forma que expresa el art. 17, y para los fines de ejercitar, en interés de la justicia, la recusación perentoria al verificarle el sorteo para la constitución del Tribunal del Jurado.

He aquí un medio concedido al Fiscal para que pueda desbaratar los planes y maquinaciones que, á la sombra de los preceptos de la ley, se hayan fraguado en daño de la justicia. Llegado el día señalado para el juicio, el Fiscal conoce todo cuanto importa conocer de los individuos que se van á sortear, y su discreción y finura harán lo restante.

Aun en los casos en que no haya logrado adquirir antecedentes completos, no conviene que entregue, sin luchar, la recusación á la parte contraria. El instinto adquirido en la práctica de los negocios criminales le servirá de guía, y los gestos, las actitudes ó las manifestaciones que sorprendan ó de que se aperciba, le significarán la oportunidad de recusar. Todo menos permanecer inactivo; desde que, de principio el juicio tiene dos objetivos á que consagrar su atención: la imparcialidad del Tribunal de hecho por medio de la depuración de todo elemento sospechoso ó dañado, y el triunfo de la verdad, sea ésta favorable ó adversa para el procesado; que lo mismo cumple el Fiscal su misión e igual gloria reporta cuando acusa y persigue al verdadero criminal que cuando defiende y ampara al injustamente perseguido.

Por último, el tercer período culminante para el éxito de la institución es el de las preguntas. Esta función, encomendada al Presidente de la sección de derecho, entraña una dificultad superior á toda ponderación. Hay que tener en cuenta tantas consideraciones y hay que combinar tantos puntos de vista, que bien se puede asegurar que es uno de los momentos más delicados y más críticos del juicio por jurados. En muchos casos, los mismos hechos pueden ser contestados de distinta manera, según la forma en que se redacten las preguntas. Los Sres. Fiscales han de tener en esta parte un cuidado diligente y hasta nimio, si cabe la palabra.

No sólo las preguntas han de ser claras, breves, precisas, homogéneas, exentas de todo accidente innecesario ó de construcción dudosa, despojadas de elementos que, incluidos en una sola pregunta, se prestén á contestaciones diferentes y libres de palabras ó juicios técnicos, ó de uso poco frecuente, sino que no han de adolecer de una inflexibilidad tal, que impida individualizar el hecho con relación á las circunstancias de la persona inculpada, y al medio en que se realizó; y como las preguntas, á tenor de lo que prescribe el artículo 70 de la ley, se han de formular con arreglo á las conclusiones definitivas de la acusación y de la defensa, salva la facultad excepcional y condicionada que el art. 75 otorga á los Presidentes de la Sección de derecho, importa en gran manera que la acusación pública no se encierre en un criterio puramente subjetivo y estrecho, cuando los hechos sean susceptibles de ser mirados bajo otros aspectos, porque no hay que perder de vista que el Jurado es un organismo que reacciona facilmente por naturales inclinaciones á la benignidad cuando de cientos de delitos se trata; y la más vulgar prudencia aconseja evitar que, huyendo de un extremo, caiga, en otro, donde tal vez no negaría si los problemas de hecho y las consecuencias legales que puedan vislumbrar los jurados, se presentaran con más amplitud y en la forma más expansiva, que fuere procedente.

Otra observación he de hacer sobre la materia en que me ocupo. Recientes y repetidas sentencias de este Supremo Tribunal traían á nuestro Ministerio líneas de conducta acerca de particularidades que hasta ahora no habían sido objeto de instrucciones de esta Fiscalía.

Con sujeción al art. 76 de la ley, en relación con otras, el hecho principal sobre que se pregunte al Jurado, ha de ir precedido de la frase: «N. N., es culpable, etc.» Pues bien; eso, no sólo rige en la primera pregunta, y en cuanto al hecho principal, sino con respecto á otros más ó menos accesorios ó secundarios que, á su vez, integren los elementos de un delito; y ha sucedido que, negada por el Jurado la primera pregunta, y afirmada otra que contenía hechos en sí productores de determinada delincuencia, se ha considerado el veredicto de inculpabilidad total, porque faltaba en la referida pregunta el concepto de la culpa.

Donde quiera que en las preguntas del veredicto se coloque un hecho que pueda ser productor de un delito, debe ir precedido de la indicada frase «es culpable», pues de lo contrario se va á la impunidad, á pesar de la contestación afirmativa del Jurado.

Todas esos defectos, y cuantos otros noten los señores Fiscales, deben ser objeto de su reclamación y protesta para interponer, en su caso, el recurso de casación por quebrantamiento de forma, á fin de que por vicios de redacción no sobrevengan veredictos que pugnen con la justicia y con el juicio de la opinión pública, de que los Jurados deben ser encarnación viva.

No me lisonjeo de haber conseguido mi propósito, reducido en esta ocasión á acudir en defensa de un interes social que pudiera verse seriamente amenazado, y á amparar, como lo creo de mi deber, el prestigio de instituciones legales, contra alarmas que no cabe ni sería prudente desechar. Si el esfuerzo no alcanza hasta donde la voluntad quiere que llegue el propósito, el celo y la ilustración de los Sres. Fiscales suplirá seguramente las deficiencias de mis indicaciones.

Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 5 de Enero de 1898.—Felipe Sánchez Román.—Sr. Fiscal de la Audiencia de...

MARINA: Real decreto de 8 de Enero de 1898. (Gaceta del dia 9.)—Se fijan detalladamente las edades y condiciones que regirán en las convocatorias sucesivas para el ingreso por oposición en la Escuela Naval, disponiendo que las oposiciones sean semestrales. Se dispone además que la Escuela Naval proceda á proponer al Ministro las reformas que deban sufrir las asignaturas que en ella se cursan, teniendo en cuenta las bases que se consignan en este Real decreto. Las reformas establecidas en este decreto empezarán á regir desde el primer semestre de 1898, y el curso de torpedos, máquinas y motores para los Oficiales-alumnos en Septiembre del 99.

GRACIA Y JUSTICIA: Ejercicio de la gracia de indulto. (Gaceta del dia 12.)—Se permite por la pena de cadena perpetua la de muerte impuesta por la Audiencia de