El Foro español (Madrid. 1898) (1898-07-30 00:00:00), página 10

El testimonio de apelación lo expidió el día 11, es decir, tres días después de tener en su mano el escrito de queja. No fue inútil la equivocación del dependiente.

Este hecho singular, sobre el que cabe llamar la atención del Sr. Ministro de Gracia y Justicia, está comprobado.

Así marcha el escandaloso proceso de las misas.

El acusador, que cuando en la Vicaría lo juzgaron culpable, tan rápidamente sufrió todo el peso de la ley, luego ha sido vilmente engañado en los sufragios por su madre, y no ha visto la misma prontitud y rigor contra sus defraudadores ni en el brazo eclesiástico ni, lo que es peor, en la justicia histórica; para todo hay que tener suerte.»

Basta lo dicho por nuestro colega, y los antecedentes que tienen nuestros lectores, para formar idea de la medida en que cada cual ha cumplido con su deber en este proceso.

Después de todo esto, sólo nos queda recomendar el ascenso inmediato para quien ó quienes lo merezcan—pues esos son precisamente los méritos que se tienen en cuenta en este país—para hacerle á uno subir como la espuma, es decir, mejor que la espuma, porque ésta al fin y al cabo baja por propio impulso, y á aquellos no hay quien los mueva si no es hacia arriba.

JURISPRUDENCIA

CIVIL

SENTENCIA de 8 de Junio de 1893 (Gaceta de 5 de Julio).
Competencia.—Se decide en su favor la propuesta por el Juez de primera instancia de Almansa, al de igual clase de Villena, para conocer de un juicio de menor cuantía, deducido ante el segundo por D. Vicente Sánchez Calatayud contra D. José Izquierdo Algarres, por pago de pesetas, y se resuelve:

Que si bien es cierto que para conocer de los pleitos en que se ejerziten acciones personales tiene preferente competencia el Juez del lugar donde la obligación deba cumplirse sobre el del domicilio del demandado, es preciso que al decidirse la cuestión jurisdiccional sea conocido el lugar del cumplimiento, y que para darlo á conocer no bastan las afirmaciones del demandante por sí solas, sino que es necesario que exista algún fundamento ó indicio razonable que lo demuestre, porque de otra suerte quedaría al arbitrio del actor privar al demandado de su propio fuero;

Y que la acción ejercitada en este pleito se funda en la existencia de un contrato de venta que el demandado, á su vez, niega absolutamente; y no habiéndose presentado con la demanda documento alguno que sirva siquiera de indicio para presumir su certeza, hay que estar á la regla de que el Juez del domicilio del demandado, por obligación personal, es el competente para conocer del pleito.

SENTENCIA de 23 de Junio de 1893 (Gaceta de 5 de Julio).
Competencia.—En la inhibitoria de jurisdicción suscitada por el Juez de primera instancia de Cangas de Tineo, al de igual clase del distrito del Congreso de esta Corte, en el conocimiento de la demanda de pobreza entablada ante el último por D. Ramón Blanco Barrero, para litigar con D. Manuel Barrero, como marido de Doña Antonia Blanco, se declara en favor del primero, resolviendo:

Que la competencia para conocer de las demandas de pobreza se regula por la correspondiente al asunto en que haya de utilizarse tal beneficio.

Que la pretensión que anuncia D. Ramón Blanco es la de reclamar, en el concepto de hijo natural, parte de la herencia de D. José Blanco, fallecido en el partido judicial de Cangas de Tineo;

Y que esta solicitud final corresponde al juicio de testamenteria ó de abintestato, cuya competencia, con arreglo al artículo 63, núm. 5.º, es del Juez del lugar del último domicilio del fallecido, que en este caso procede haber sido Otas, del partido judicial de Cangas de Tineo, lugar en que falleció, y no se ha contradicho.

SENTENCIA de 24 de Junio de 1893 (Gaceta de 5 de Julio).
Competencia.—En la entablada por requerimiento de inhibición del Juzgado municipal del distrito del Instituto de Barcelona al de igual clase del de Palacio de esta capital, en el conocimiento de una demanda de juicio verbal deducida por D. José Jubany, contra la Compañía de los Caminos de hierro del Norte, se declara corresponder al primero, y se resuelve:

Que, según la regla 1.ª del art. 62 de la Ley de Enjuiciamiento civil, es Juez competente para conocer de las demandas en que se ejerzitan acciones personales, en primer término, y con preferencia á los demás que establece, el del lugar en que la obligación deba cumplirse;

Que, según doctrina establecida con repetición por este Supremo Tribunal, la devolución de lo pagado por error debe hacerse en el punto en que tuvo lugar el pago indebido;

Y que las obligaciones derivadas del contrato de transporte se cumplen, tanto las que afectan al porteador como las del remitente, en el lugar donde ha de hacerse la entrega de la cosa portada, y en el presente caso resulta, por manifestación expresa de las partes, que las mercaderías facturadas por el actor en Madrid debían entregarse, y realmente lo fueron, en Barcelona; sin que conste que con anticipación á la remesa se satisficiera el precio del transporte en la estación de origen, por lo que debe entenderse que en la de destino, ó sea en la de Barcelona, tuvo lugar en su caso el pago de lo indebido, y por lo tanto, competente al Juez municipal de Barcelona para conocer de esta demanda.

SENTENCIA de 16 de Abril de 1893 (Gaceta de 5 de Julio).
Ejecución de sentencia.—Se declara no haber lugar al recurso de casación por infracción de ley interpuesto por D. Luis Adolfo Cochery, en pleito con la Compañía de los caminos de hierro del Norte, y se resuelve:

Que conforme á lo prescrito en el art. 1.695 de la Ley de Enjuiciamiento civil, sólo puede haber lugar al recurso de casación contra los autos que dicten las Audiencias en los procedimientos para la ejecución de las sentencias, cuando resuelvan puntos sustanciales no controvertidos en el pleito ni decididos en la sentencia, ó se probara en contradicción con lo ejecutoriado; y como en los motivos tercero y cuarto del recurso interpuesto por la representación de D. Luis Adolfo Cochery se plantean cuestiones de derecho extrañas á la índole propia del que autoriza el expresado artículo de la ley procesal, es impertinente la casación del auto recurrido por ninguno de dichos dos motivos, pues no es esta la oportunidad para discutir la extensión, alcance y trascendencia de las relaciones creadas entre los contendientes por virtud del convenio de 12 de Mayo de 1864 y contratos de 16 de Julio de 1865 y de 13 de Febrero de 1878, sino la de determinar lo que la ejecutoria de 13 de Junio de 1893 resolvió sobre esta cuestión, y si el auto recurrido se ajusta ó no á los términos de la misma, que es á lo que se refieren los dos primeros motivos del recurso;

Y que, atendidos los términos como fué planteadá y sostenida dicha cuestión durante la substanciación del pleito y la manera como hubo de entenderla el Tribunal sentenciador, según se