El Foro español (Madrid. 1898) (1899-06-20 00:00:00), página 2

El deudor es citado para que comparezca al reconocimiento de firma; no va ni se excusa, á pesar de haberse extendido la diligencia de citación con el mismo personalmente, ó de haberse dejado la cédula á su madre ó á su mujer en su propio domicilio. A la ley no le basta esta prueba de la mala fe ó de la irresponsabilidad del acreedor; es preciso darle tiempo para que piense bien lo que ha de hacer, y ha de citársele por segunda vez, en la misma forma que la primera; pero tampoco acude ni se excusa, presentando una certificación de un médico que diga que le duele la cabeza, ó hablando en los términos de la ley, no alega justa causa que le impida asistir al despacho del Juez en el dia señalado; y aún no ha llegado la hora de que se proceda contra él con seriedad y energía, aún esto no es bastante tampoco. Sólo si ha precedido protesto ó requerimiento al pago, por acta notarial ó en acto de conciliación, sin haberse opuesto tacha de falsedad á la firma, consiente la ley que, después de dos citaciones, se despache mandamiento de ejecución contra los bienes del deudor. No existiendo estas garantías, se obliga al acreedor á pedir tercera citación, y si no comparece el citado, entonces es cuando el pobre acreedor puede solicitar que se declare confeso al deudor en la legitimidad de la firma de la obligación, para el efecto de despachar la ejecución (parágrafo 2.º, art. 1.431). Y añade la ley en el párrafo inmediato: «El que manifieste que no puede asegurar si éso no suya la firma (negativa que no admite el art. 1.226 del Código civil, porque todo el mundo está obligado á asegurar una u otra cosa, como es exigible á personas dotadas de razón), será interrogado por el Juez acerca de la certeza de la deuda, y si la confesare, se mandará despachar la ejecución.» No cabe candidaz mayor que la de esa pregunta subsidiaria, pues no es fácil que el que pone en duda ó niega abiertamente su firma, reconoce la deuda que toma su origen probatorio en aquélla; y sólo esperar la confesión y dirigir la pregunta, acusan inexperiencia de la realidad.

Todo esto de las tres citaciones es sencillamente intolerable; y la misma razón hay para que sean tres, que para que sean siete, como siete fueron las Partidas de Alfonso el Sabio, por ser siete los días de la semana, y porque el Padre nuestro contiene siete peticiones, con los demás fundamentos de igual peso que de esa división dió su autor.

Los resultados prácticos de estos tres llamamientos, son invertir en ellos más de medio mes, que es lo que se tarda en hacer la declaración de confeso, en redactar la demanda ejecutiva, en dictar el auto despachando la ejecución, y en llevar á efecto el requerimiento de pago al deudor y el embargo en su caso, suelen exceder del mes entero; y figúrese el que leyere lo que será capaz de hacer un deudor de mala fe, advertido con un mes de anticipación de que le van á requerir de pago y á embargar bienes.

Verdad es que casi nunca tiene que prepararse con tan escaso tiempo, porque negando la firma á la tercera citación, ya no hay ejecución posible, y si un juicio que ha de tardar en ser tramitado tres, cuatro ó cinco meses (sólo en el Juzgado, y si no se interpone apelación de la sentencia, en cuyo caso hay que doblar el tiempo), sin embargo previo y con una condena de costas problemática y á discutir.

Desde el punto de vista metálico, las tres citaciones y las diligencias consiguientes á ellas no cuestan menos de 200 á 300 pesetas, repartidas entre papel timbrado, pagos al Estado, sellos, Escribanía, Procurador y Abogado. ¿Y quién las paga, se dirá?

He aquí lo mejor: 1.º Las paga el acreedor, si el deudor consigna la cantidad debida antes de que se despache la ejecución contra él; y como á la ejecución se llega mucho después del reconocimiento de la firma, son excusados los comentarios. La ley no cree que debe satisfacerlas el deudor que no pagó voluntariamente sus obligaciones al tiempo de su vencimiento, y que se dejó citar judicialmente una vez, ó dos ó tres para reconocer su firma; y las paga el acreedor por tener la desgracia de serlo. 2.º Las paga también el acreedor (por variar), si el deudor niega la firma y es necesario entablar demanda ordinaria, á no ser que la sentencia contenga condena de costas contra el demandado y en ella se incluyan (lo cual no siempre sucede), las correspondientes á esas diligencias preliminares. Y 3.º Las paga el acreedor, si el deudor resulta insolvente ó sus bienes no cubren las responsabilidades en que sea condenado.

Hemos visto en la práctica el caso de una obligación pequeña, de 2.000 pesetas, vencedera en cuatro plazos de 500 pesetas y constante en un documento privado, que exigió del acreedor por cada vencimiento parcial tres citaciones para el reconocimiento de firma; porque el deudor consignaba el plazo después de ser citado por última vez y antes de que se le declarase confeso y se despachara ejecución; y es claro que le costaba el dinero al acreedor, que veía mermadas sus 500 pesetas en más de una tercera parte, por lo cual el segundo vencimiento se sometió á su deudor, se dejó poner el yugo, y aceptó en pago lo que quiso darle el favorecido por la ley, el niño mimado del Enjuiciamiento civil.

¡Y pensar que estos males remediables, que estos tremendo agravios á la justicia inferidos por sus mismos sacerdotes y representantes, en daño de la pública moralidad y con escándalo de la conciencia indignada, permanecen sin corregir en las leyes años y años, sin que le parezca á nadie urgente el remedio!

ANTONIO SOTO Y HERNÁNDEZ.
Abogado.

(Se continuará.)

COMENTARIO AL ART. 243
del Código civil

«Si por causa de incapacidad no entrare el tutor en el ejercicio de su cargo, el consejo de familia proveerá