El Foro español (Madrid. 1898) (1899-04-30 00:00:00), página 3

han merecido las censuras de la crítica imparcial. Muy frecuente ha sido la permuta de funcionarios de la Península con los de Ultramar, y aun entre los mismos de la Península, sin que rara vez haya sido graciosa, y no imponga ningún quebranto para uno de los permutantes, por lo mismo que variaba la situación de aquéllos, cuando no la diferencia de edad ó una próxima jubilación.

He conocido á un funcionario que percibió una suma respetable, por permitir una plaza de Magistrado de Audiencia territorial por una de Fiscal de Audiencia provincial que desempeñara un ex-funcionario de Ultramar, y hasta recuerdo el formal ofrecimiento de una indemnización, que luego dejó de satisfacer, dando lugar á las habilllas y comentarios consiguientes. No vale señalar, y yo no señalo; duéleme, y no poco, sacar á plaza estas miserias de la gente vana; pero heme propuesto hablar con ruda franqueza, y justo es que al estudiar el derecho de permuta, muestre los vicios de que adolece, para que, remediándolos en lo posible, se eviten casos como los apuntados, que redundan en desprestigio del Poder judicial.

Establecido el derecho de traslación en la forma que dejo expuesta en la anterior carta, y reconocido el del funcionario más antiguo á ocupar la vacante anunciada, bien es poner limitaciones al derecho de permuta, limitaciones que pudieran consistir en impedir su ejercicio á los que figurasen en el primer tercio de la escala de su categoría, pues de otro modo sería muy factible que, funcionarios que desempeñaban puestos codiciados y que tenían la seguridad de ser promovidos en no lejana época por su antigüedad, favoreciesen con la permuta á determinado compañero, perjudicando á otros más antiguos, aparte de que esa misma antigüedad daba derecho al primero á acudir á concurso de traslación y obtener otro preciado puesto.

También la edad debiera ser una limitación al derecho de permuta, pues que parece indudable que, á funcionarios que esperan su jubilación para muy próxima época, habla de importar poco dejar transcurrir ese tiempo en términos poseedores y licencias, y favorecer entre tanto á algún estimado compañero, cuando no á solicito pariente; niéguesele, pues, ese derecho y obligueseles á que esperen en santa calma la resolución del expediente de jubilación, ó á que ejerziten, si les convinieren, el concurso de traslación.

Á cambio de estas limitaciones, debieran suprimirse esos precisos informes de las Salas de gobierno, que sin obedecer á principio científico alguno, oponen dificultades que algunas veces pueden ocasionar no pocos perjuicios.

Justo y equitativo pareceme que los funcionarios de Ultramar aspiren á regresar á su país natal y á continuar en el prestando sus servicios, ya que la unificación decretada hace tiempo les otorga ese derecho, en justa reciprocidad al concedido á los funcionarios de la Península para pasar á aquellos destinos; pero no es justo tampoco que la concesión de aquellos derechos perjudique los intereses de los que no han gozado las ventajas de un pingüe sueldo, y si solo las mezquindades anexas á los cargos peninsulares. Para hermanar en lo posible aspiraciones opuestas, concédase á los funcionarios de Ultramar que deseen pasar á la Península el derecho de acudir al concurso de traslación, anunciándose á este fin una de cada tres vacantes que á la misma corresponden, ó sea una de cada nueve del total de vacantes, bien que exigiendo á esos funcionarios determinado número de años en la respectiva categoría.

Presumo que no faltará quien pueda argumentar que este sistema de los concursos ofrece serias dificultades por el abandono que presupone de los cargos judiciales desde su vacante á su provisión. No hay tal abandono; cargos de verdadera importancia como alguna Presidencia de Audiencia provincial existió vacante mucho tiempo en no lejana época, apesar de las protestas de la prensa periódica, y no por ello se ha alterado, que yo sepa, el servicio público; pero todo puede armonizarse fijando el plazo de quince días en los concursos para funcionarios de la Península, y el de cinco para la propuesta y el nombramiento. Ahora bien; para los concursos concedidos á funcionarios de Ultramar, pudiera disponerse que aquellos á quienes conviniera pasar á la Península, lo solicitaren desde luego del Ministerio, sin esperar la vacante, y surgida ésta, solo restaría pasar las solicitudes presentadas al Tribunal Supremo para la propuesta y nombramiento, quedando los prétendidos para vacantes sucesivas; esta forma, será si se quiere un concurso especialísimo, que más tiene de simple traslación, pero bondades tiene de uno y otro sistema, y sobre todas ellas las de abreviar tiempo, que de otro modo sería interminable, y la de oponer obstáculos al triunfo de las recomendaciones políticas, á que fuerza es dejar reducidas á la impotencia.

JOSÉ SERRANO PEREZ,
Juez de primera instancia.

LA CIRCULAR DEL MINISTRO
y la baja curia

Tan notable por todos conceptos nos parece la última circular del Sr. Durán y Bas, que no pudimos resistir al deseo de publicarla íntegra, como lo hicimos en el número anterior. Mucho, pues, podíamos hablar en elogio de este trabajo, pero preferimos fijar nuestra atención y la de nuestros lectores en uno solo de sus párrafos, en el que señala un grave mal que aqueja á la administración de justicia en España, y que nosotros consideramos tan enorme, que no vacilamos en afirmar que es la clave de la podredumbre en que algunos tribunales aparecen envueltos, y por lo tanto, en nuestro concepto, es la reforma más urgente que debe acometer el Sr. Durán y Bas.

Es este señor Abogado viejo, encanecido en el noble