El Foro español (Madrid. 1898) (1898-09-10 00:00:00), página 10

fringida al reconocerse la acción del demandante para reivindicar dichos bienes;
Y que lo es igualmente el cuarto, porque no se indica siquiera sentencia alguna de este Tribunal de la que se derive la supuesta doctrina en que se apoya dicho motivo.

AUTO de 7 de Mayo de 1898 (Gaceta de 20 de Julio). Admisión.—Se declara no haber lugar á la del recurso de casación interpuesto por D. Diego Wladimir Guerrero en pleito con don Eduardo Heredia Guerrero, seguido en el Juzgado de Santafe y Sala de lo civil de la Audiencia de Granada, y se resuelve:
Que á más de no ser recurrible en casación la sentencia de que se trata, sino después de utilizada contra ella sin éxito la súplica que autoriza el art. 759 de la Ley de Enjuiciamiento civil, el recurso interpuesto por D. Diego Wladimir Guerrero, se limita á alegar la infracción del art. 25 de dicha Ley de Enjuiciamiento civil, suponiendo para ello que se ha justificado cumplidamente el estado de pobreza del recurrente, siendo así que el Tribunal sentenciador estima que el interesado no la probado que con posterioridad á la primera instancia, durante la que se defendió como rico, hubiese venido al estado de pobreza, sin que para ello alegue error alguno de hecho ó de derecho contra la apreciación de la prueba, por lo que, de conformidad con lo prescrito en el núm. 9.º del art. 1.729 de la expresada ley, es enteramente inadmisible.

SENTENCIA de 10 de Mayo de 1898 (Gaceta de 20 de Julio). Revocación de un testamento.—Se declara haber lugar al recurso de casación interpuesto por D. José Sanz Planas, D. Juan Canaldas Masagüé y D. Antonio Nolla Masagüé, hoy sus herederos, en pleito con D. Pedro Gispert y Gispert y D. Meliton Ber- gés Casellas sobre revocación de un testamento, seguido en el Juzgado de primera instancia de Reus y la Sala primera de lo civil de Barcelona, y se resuelve:
Que para desestimar la demanda se funda principalmente la sentencia recurrida en que la escritura pública de 11 de Agosto de 1892, por no conocer institución de heredero, y por no haber transcurrido, cualquiera que sea la fecha á que se atienda, el plazo de diez años fijado en la ley 27, libro 6.º, título 23 del Código de Justiniano, no puede revocar el testamento nuncupativo que Doña Antonia Masagüé y Dalmau había otorgado en 21 de Julio de aquel año;
Que si bien es cierto que en Cataluña, con arreglo á las disposiciones del Derecho romano, que, como supletorio, rige en el antiguo Principado, la institución de heredero constituye la solemnidad interna del testamento, necesaria para su validez; es indudable igualmente que, conforme á dicha legislación, á la canónica y al Usatge accusatoris (Constitución 2.º, título 16, libro 3.º, volumen 1.º); de aplicación en esta materia, el testamento abierto debe otorgarse ante un Notario y dos testigos llamados y rogados, formalidades que reúne la escritura de 11 de Agosto, en la que manifestó explícitamente la otorgante su propósito de revocar en absoluto el testamento, reproduciendo al efecto las palabras de la cláusula ad caecitatem en el consignadas;
Que estando conformes las partes en todo lo que se ha expuesto, y siendo prescripción legal que la voluntad del hombre es variable hasta su muerte, no cabe en manera alguna desconocer la inaplicación de la citada ley del Código á la cuestión del pleito y la eficacia de la escritura de 11 de Agosto para anular el testamento otorgado, porque no se trata de una mera declaración ante testigos ó en acta, sino de una escritura pública, que, según se ha indicado, está revestida de todas las formalidades y requisitos exigidos para la expresión solemne de la última voluntad; porque es precepto fundamental del derecho vigente en Cataluña, admitido por la jurisprudencia, y que está de acuerdo con lo que el moderno Código civil establece en el art. 737 y siguientes, la revocabilidad de los testamentos si para ello se observan las mismas solemnidades con que se otorgan; y, finalmente, porque no existe disposición prohibitiva de que tenga lugar la sucesión intestada, cuando, como sucede en este caso, una persona se limita á dejar sin efecto alguno el testamento que había otorgado, revelando así su deseo de que le sucedan por ministerio de la ley las personas ligadas con ella por los vínculos de la sangre;
Y que, por lo tanto, la sentencia, al declarar lo contrario, aplica indebidamente la ley 27, Código De testamentos, e infringe el mencionado Usatge accusatoris y las disposiciones y doctrinas que se invocan en los motivos 1.º, 2.º, 4.º, 5.º y 6.º

SENTENCIA de 10 de Mayo de 1898 (Gaceta de 20 de Julio). Excepción de incompetencia.—Se declara que el Juez de primera instancia de Villafranca del Panadés no ha debido admitir el recurso interpuesto por D. Jaime Estève y Jaca contra sentencia del mismo Juzgado revocando la del Juzgado municipal de San Angat de Sagarrigues en el juicio de desahucio seguido contra el recurrente por Doña Antonia Rafal y D. José Paret, y se resuelve:
Que el recurso de casación, así el de infracción de ley como el de quebrantamiento de forma, sólo se da contra las sentencias definitivas ó contra las que tengan tal concepto, según los artículos 1.689 y 1.690 de la Ley de Enjuiciamiento civil;
Que aun cuando la resolución impugnada revista los signos externos de una sentencia definitiva dictada en la segunda instancia de un juicio de desahucio, en realidad no lo es, porque el Juez de Villafranca, absteniéndose de resolver la cuestión de fondo, como en todas las demás que se debatieron en el juicio fué sometida por virtud del recurso de apelación, se limita á declarar la competencia del Juez municipal por razón de la materia, dejando pendiente el juicio para que éste lo falle con arreglo á derecho;
Y que, por lo expuesto, el recurso es improcedente y no debió admitirse, conforme al art. 1.754, en relación con el núm. 1.º del 1.752 de la citada ley.

SENTENCIA de 10 de Mayo de 1898 (Gaceta de 20 de Julio). Tercera de dominio.—Se declara no haber lugar al recurso de casación interpuesto por el Ayuntamiento de Paracuellos de Jiloca en pleito con Doña María y Doña Josefa Antonia Pérez y Jiménez, sostenido en el Juzgado de primera instancia de Caudete y la Sala de lo civil de la Audiencia de Zaragoza, y se resuelve:
Que por regla general, conforme á la observancia 30, De jure dotium, la mujer casada no responde con sus privativos bienes en Aragón al pago de las obligaciones contraídas por el marido, y que á esta regla no se opone la doctrina establecida en sentencia de 11 de Febrero de 1870; porque refiriéndose, no á tales bienes, sino á los comunes de la sociedad conjugal, declaró en subsistencia que, habiendo acreedores del marido, no puede la mujer reclamar la mitad de dichos bienes en propiedad y la otra mitad en usufructo, cual si fueran gananciales, siendo así que hasta la disolución y liquidación de la sociedad no cabe afirmar si resultan ganancias ó pérdidas;
Que la observancia 29 del mismo título, De jure dotium, no hace responsable á la mujer de todas las obligaciones contraídas por el marido, sino tan solamente, y en parte, de las cosas tomadas por él mismo á préstamo en beneficio de la familia; siguiéndose de ello y de lo expuesto en el anterior considerando, que el fallo recurrido no comete las infracciones alegadas en el motivo 1.º del recurso, toda vez que una responsabilidad contraída en el desempeño de un cargo concejil, como era la imputable á D. Joaquín Pérez, no pudo válidamente hacerse efectiva con bienes privativos de su mujer, máximo caso, además de no proceder de un préstamo, ni siquiera aparece que la cantidad de que resultó deudor se hubiera invertido en provecho de la familia;
Que según la observancia 12, De testamentis, no están los herederos en Aragón obligados más allá de lo que alcanza el haber hereditario; y siendo tan explícito ese texto legal, resulta evidente que no se han cometido las infracciones que en los moti-