El Foro español (Madrid. 1898) (1898-12-20 00:00:00), página 5

como opina un distinguido comentarista, y vamos á demostrarlo.

Si cualquiera, abusando de la inesperiencia de un menor, contrata con él, el contrato es nulo y el tiempo para pedir la nulidad dura sólo cuatro años, á contar de la fecha en que dicho menor llegó á su mayoría de edad, plazo suficiente á juicio del legislador, y que ha hecho común á distintas nulidades, así las que se derivan de la inesperiencia, como ocurre en el presente caso, como á las que se deducen, por ejemplo, del hijo natural reconocido, que rechaza la paternidad del que le aprohijó. ¿En qué fundamento legal, en qué principio filosófico se apoya el hacer de mejor condición al mayor que contrata con el tutor, antes de los quince días de fencida la tutela, que al menor que durante dicha minoría se obliga con un extraño ó con el propio tutor? No creemos que en sanos principios de lógica pueda sostenerse la indicada preferencia.

Pone fin y remate el artículo á ese cúmulo de precauciones beneficiosas al menor con la obligación que impone al Consejo durante esos quince días, de denunciar ante los Tribunales de justicia cualquier delito que se hubiese cometido por el tutor en el ejercicio de la tutela, dejando la facultad al extutelado para celebrar todas las convenciones que le plazcan pasado ese término; así es que si á conocimiento del Consejo llegare que el tutor ha cometido los delitos de violación, rapto ó abusos deshonestos, que ha estafado al pupilo ó cometido cualquiera otra transgresión, su deber es denunciarlo, sin perjuicio de que el menor luego ejerzite sus derechos de perdón ó renuncia de indemnizaciones civiles provenientes del delito. Fecenciados los quince días, después de terminada la tutela, la muerte jurídica del Consejo se consuma en absoluto.

FRANCISCO PENICHES LUGO,
Juez de primera instancia.

COMENTARIO Á LOS ARTÍCULOS 1.056 Y 1.057 del Código civil (1)

Sin embargo de lo expuesto, es de extrañar que el Tribunal Supremo, después de publicado el Código, insista en que los herederos forzosos pueden provocar el juicio voluntario de testamentaria, aunque lo prohíba el testador, ó lo que es lo mismo, aunque nombre persona que haga la partición con exclusión de toda otra, habiendo recaído diferentes fallos en este sentido, entre otros uno de 14 de Mayo y otro de 24 de Diciembre, ambos de 1895, sin haberse fijado en el espíritu y letra de los artículos 1.056 y 1.057. Por de pronto, ya hemos demostrado al comentar el primero, y á cuyo comentario nos referimos, que contra la partición hecha por el testador no cabe más recurso que el de rescisión, con arreglo á los artículos 1.073 y siguientes y fallo del mismo Supremo de 27 de Noviembre de 1896, siendo de extrañar que sobre un mismo punto se establezcan dos jurisprudencias contrarias. De modo que respecto del art. 1.056, que es de suyo el más comprensible, ya no hay cuestión. Ahora respecto del 1.057, que no hace más que cambiar la persona que ha de hacer la partición, pero sin alterar en nada la voluntad del testador, bien expresiva por cierto en sentido prohibitivo de toda otra cualquier ingénuica, se me ocurre lo siguiente, en corroboración de dicho sentido: Si el art. 1.044 de la Ley de Enjuiciamiento civil, como comprendido en las disposiciones generales del título 10, es de incuestionable aplicación á los herederos forzosos, según con toda claridad se desprende del 1.045 y 1.046 de dicha Ley; y si el Supremo tomó como punto de partida este último, al dictar su fallo de 21 de Mayo de 1884, para establecer la jurisprudencia de que los herederos forzosos pudieran provocar los juicios de testamentaria, aunque los hubiere prohibido el testador, con el fin de evitar los perjuicios que pudieran resultar á las legítimas, ¿no se comprende á primera vista que el art. 1.057 del Código fué una verdadera transacción entre el indicado fallo y el art. 1.044 de la citada Ley de Enjuiciamiento civil? Esto es indudable. Pues bien; ¿por qué razón, estando hoy á cubierto dichos herederos de toda sospecha de ocultación y malversación de los bienes relictos, con la indispensable formación del inventario marcada en el párrafo 2.º del art. 1.057, se ha de limitar, ó mejor dicho, anular la voluntad del testador, que es la suprema ley en materia de testamentarias? ¿Acaso el Supremo Tribunal está por encima del legislador, cuando tan claramente ha demostrado éste su voluntad? Nadie dudará, en buenos principios de derecho, que la ley es la que debe prevalecer en los casos dudosos en que esté en pugna con la jurisprudencia sentada por el Supremo; pues este alto Tribunal sólo tiene por objeto interpretar las leyes en su verdadero sentido y no en el de extraviarlas por senderos tortuosos que conduzcan al caos de la verdadera inteligencia jurídica. Y si esto también es indudable, ¿cómo insiste todavía el Supremo en sostener y ratificar el fallo de 21 de Mayo de 1884, en abierta contradicción al art. 1.057, estando éste tan claro y terminante como dejamos demostrado? Suponiendo á dicho Tribunal como el depositario de la suprema ciencia, cual lo debiera ser, si los nombramientos se debieran al mérito y no al favor, únicamente nos limitaríamos á exclamation en este caso: ¡atiéndase dormilat Homerus!

Bien comprendemos que todavía hay un punto negro en contra de la claridad de la ley, por donde el Supremo, en el terreno de la defensa del indicado fallo, podrá excusar la reiterada confirmación del mismo después de publicado el Código; mas como dicho punto negro no sea más que una ligera nubecilla que sólo obstruye y enturbia la luz, pero no la apaga,

(1) Véase el número anterior.