El Foro español (Madrid. 1898) (1898-09-20 00:00:00), página 5

cal, cuanto por los fallos y resoluciones del mismo, fué la de estricta aplicación del Código penal á los hechos que, si bien cometidos por medios y procedimientos nuevos, realmente en el Código tenían su definición y sanción (1). A este propósito puede citarse la sentencia (2) que, con caracteres más precisos que otras inspiradas en la propia tendencia, declaró asociación ilícita y punible, como contraria á la moral pública, la que tuviera por objeto alguno de los fines que la secta al parecer persigue; si es juicioso pensar que persiga alguno que no sea el del crimen; y otra (3) que, interpretando y aplicando rectamente las prescripciones del Código, declaró que constituiría delito la colocación en la vía pública, con intención de causar su natural efecto, de instrumentos ó aparatos de destrucción, que puedan serlo á su vez del de asesinato, por su característica aleatoria, y hacer sufrir hasta la última pena á los que para el homicidio y la destrucción los emplearen.

De fecha reciente, de 10 de Julio de 1894, fue nuestra primera ley especial sobre la materia; y pronto se notó que no era bastante comprensiva. De carácter preventivo principalmente, tiende á buscar el mal en su manifestación externa y á impedir los medios de su ejecución. Definió como delitos la posesión, fabricación, transmisión y venta de sustancias ó aparatos explosivos; la conspiración y la proposición para cometer delitos por tales medios; las amenazas; las asociaciones; la apología del delito ó de los delincuentes. Inspirada en el mismo criterio de las leyes extranjeras citadas, se dirigió á reprimir y á evitar hasta donde fuera posible el empleo de medios terroristas para la comisión de delitos; pero ni en su determinación ni en su finalidad ade- lantó ninguna nueva idea que expresase su verdadero concepto ni comprendiese en conjunto la materia penal que se necesitaba definir.

Más comprensiva es la ley vigente de 2 de Septiembre de 1896, aunque no tanto como á mi juicio se necesita. El concepto del delito aparece definido como atentado contra las personas ó como daño en las cosas, si se emplean para ellos sustancias ó aparatos explosivos ó materias inflamables. La penalidad, en graduación desde presidio mayor á muerte, según los casos, efectos y circunstancias. Benigna la ley hasta donde podía serlo, dispone que los Tribunales propongan al Gobierno la rebaja ó commutación de la pena, si entiendan que ésta era ó resultaba notablemente excesiva, atendidas las circunstancias del hecho ó del delincuente. Para la represión de conspiraciones y proposiciones induciendo á la comisión de delitos, dictó apropiados preceptos, y estableció la penalidad de extradición, limitándola á las provincias ó territorios que el Gobierno señale; y en cuanto á su propia subsistencia, declaró que duraría tres años, pasados los cuales necesitaría ser ratificada por las Cortes.

En plazo breve, pues, habrá de ser examinada y discutida de nuevo, sea para su ratificación, sea para su reforma, dado que no se estime conveniente hacerlo antes. Y en esta situación, no debe parecer impropió que de todas partes de donde pueda venir la ilustración ó la propuesta sirviera de discusión de los térmi- nos del problema, se promuevan y se discutan éstos con el salu- dable deseo de mejorar y perfeccionar la legislación.

Los delitos que el anarquismo comete en su propaganda por el hecho—valiéndose de sus propias ideas y frases—no son delitos de orden privado, ni se clasifican, con propiedad, dándoles lugar y número entre los delitos contra las personas ó en daño de la propiedad. Son atentados ciertamente: el uso de esta palabra me parece propio; pero atentados contra el orden social; atenta- dos contra las instituciones y contra la autoridad; atentados contra el régimen legal establecido en amparo de los derechos del individuo, ya en sus personas, ya en sus bienes; atentados contra todo, o que es estado y orden y régimen de la sociedad.

Para el legislador, para el juríscultor, para el juez, los tér- minos del problema son distintos. Basadas en principios de derecho natural, sentido y conocido de todos, las leyes deben comprender en el triste catálogo de los delitos aquellas acciones que, contrarias á la mora y á la ley social y civil, no quedan suficien- temente reprimidas ni condenadas con la sanción de la concien- cia individual ó general ni con las reparaciones que con carácter civil pueden obtenerse. La conciencia pública ha escrito ese catá- logo y le presta de continuo su sanción al aprobar las aplicacio- nes de la Ley, al alarmaarse y clamar por ellas, cuando nota desvi- o de debilidad en su observancia. El campo del juez es todavía más limitado. Solo pide y necesita para el cumplimiento de su deber una cosa: Ley clara. Y en materia penal más clara que en ninguna otra; porque la interpretación extensiva y las resolucio- nes por analogía están vedadas; Ley clara para los Tribunales, obligados á cumplirla y aplicarla sin discurrir su mérito; Ley clara y justa en sentir de la conciencia pública, cuya adhesión es firme base de la solidez de toda obra legislativa.

En cuanto á la preparación, todas las legislaciones han consi- derado como delito la proposición, la conjuración, la asociación con tal punible propósito, la fabricación, la tenencia, la trans- misión de explosivos, cuando no se justifique la legitimidad de estos actos; y sobre tales extremos, casi no habrá necesidad de más trabajo que el de la ordenación de lo que ya está previsto y dispuesto.

Si los actos de preparación han sido considerados en todas las legislaciones como delito, y el poseer, sin justificación de una ten- encia fuéta y para fines inocentes, materias explosivas, se reputa delito y se pena como tal, con mayor razón habrá de considerarse de igual manera la vagancia, que es ordinariamente la más pro- picia y favorable preparación de aquellos crímenes.

Es necesario averiguar en qué trabajan y de qué viven estos re- dentores de los desgraciados á quienes explotan. La investiga- ción, en cada caso, debe ser profunda; porque sólo ella podrá con- ducir al descubrimiento de móviles y complicidades, que interesa conocer, si el delito ha de apreciarse con verdadera exactitud.

Punto grave y delicado es la jurisdicción á cuya competencia haya de encomendarse la persecución y castigo de los delitos que en su conjunto produce la propaganda del anarquismo por el hecho. La Ley de 1894 (1) encomendaba los delitos sobre ex- plosivos á la competencia del Tribunal del Jurado. La de 1896 (2) atribuye á la jurisdicción militar el conocimiento de los mismos delitos, algo más ampliados en su concepto y definición que los de aquella otra, habiendo de proceder dicha jurisdicción en ju- cio sumarísimo si el delito fuese flagrante. Los demás de la pro- pia índole no comprendidos en ella han de ser castigados con arreglo á lo previsto en la de 10 de Julio de 1894 y en los Códigos penal, de justicia militar y de marina de guerra, conociendo de las causas que se instruyen por ellos los Tribunales de dere- cho de la jurisdicción ordinaria, ó en su caso los Tribunales mi- litares. El Gobierno (3) podrá hacer salir del reino á las personas que de palabra ó por escrito, por la imprensa ó otros medios de publicidad, propaguen ideas anarquistas ó formen parte de las asociaciones comprendidas en el art. 8.º de la ley de 10 de Julio de 1894. Si el extranjero en esta forma volviese á la Península, será sometido á los Tribunales y castigado, por haber quebran- tado el extraterritorial, con la pena de relegación á una colonia lejana por el tiempo que los Tribunales fijen en cada caso, pero que nunca podrá ser menor de tres años, quedando allí sujeto al régimen disciplinario que, según la conducta que observe, consi- deren indispensables las autoridades militares.

Tal la ley. Mientras lo sea, en lo que á la jurisdicción ordina-

(1) Circular de la Fiscalía del Tribunal Supremo de 4 de Marzo de 1893.
(2) Sentencia de la Sala segunda del Tribunal Supremo de 28 de Enero de 1884.
(3) Sentencia de la Sala segunda del Tribunal Supremo de 21 de Marzo de 1892.