El Foro español (Madrid. 1898) (1899-04-30 00:00:00), página 10

D. Cipriano Durán Pérez, Procurador.
Pedro Calvo Camina, Juez de primera instancia.
Ramón Ballesteros Suárez, Procurador.
Secundino Barcia Arango, Abogado.
Vicente Armada López, Abogado.
Evaristo de la Riva, Registrador.
Elías Claramonte Lorenzo, Procurador.
Fernando Velasco Blanco, idem.
Victoriano Alpuente, Escribano.
José María de la Fuente, Procurador.
Mariano Cabeza Maestro, Presidente de Audiencia.
Isidoro S. de Santamaría, Procurador.
Manuel Pérez Damián, Escribano.
Andrés Ángel Blanco, idem.
José López Cardona, Juez de primera instancia.
Alfonso Gómez Bellido, idem.
Heliodoro Domenech, Escribano.
Hermenegildo Miró Romo, Magistrado.
Enrique Roig Barrero, Juez de primera instancia.
Romualdo Parafío Lasus, Escribano.
Francisco Peniche y Lugo, Juez de primera instancia.
Miguel Lubelza, Abogado.
Gregorio Renovales, Abogado.

(Se continuará.)

EL CÁNCER JUDICIAL

V

Si siempre ha podido convenir y ha convenido parientes en la manera de funcionar organismos de la administración de justicia, aunque humildes por su inferioridad, importantes por su gestión, como los Juzgados municipales, sube de punto ahora esa conveniencia, puesto que á crear ciertos los propósitos que atribuye la prensa al Sr. Ministro de Gracia y Justicia, animado ésta de la intención de reformar nuestra justicia municipal.

Y si en las funciones de la justicia municipal de la Corte y de las grandes poblaciones abundan los errores y las negligencias, algo así como la aplicación á su modo de vivir y de llenar la misión que las leyes les tienen encomendadas, de aquel famoso principio laissez faire, laissez passer, fácil es comprender cuán lastimosa habrá de ser la vida de la administración de justicia municipal en las pequeñas localidades, en las aldeas y pueblos rurales.

Para demostrar por modo cumplido y evidente que en la capital de la nación española se administra de cualquier modo la justicia municipal de acción, cuyas atribuciones y cuya jurisdicción sería peligrosa y perjudicial ensanchar, como quiere el actual Ministro del ramo, voy á dar á conocer á mis ilustradísimos y distinguidos lectores una prueba de hecho, ocurrida muy recientemente, cuyas consecuencias ha sufrido un antiguo cliente mío, mejor dicho, más que cliente, amigo verdadero de algunos años. Allá va la exposición histórica de los hechos, reservándome los nombres de demandante y demandado, como así también del distrito á que corresponde el Juzgado municipal, servido, claro está, por un Juez y un Secretario que son Letrados.

Mi amigo el Sr. X. puso las papeletas citando á juicio verbal al Sr. N., en reclamación de unas pesetas que éste era en deber al primero, según documento privado que acompañó, fechado en el mes de Marzo de 1879, y como es usual y corriente, abonando el importe de los correspondientes derechos.

El día señalado para la celebración del juicio verbal con citación del demandado, compareció el actor, y no habiéndose presentado ni alegado excusa alguna su deudor, pidió el demandante, siguiendo puntualmente mis indicaciones, que continuara el juicio en rebeldía, proponiendo como medios de prueba para demostrar la legitimidad de su reclamación, que se citara al demandado para absolver posiciones y á la vez que, exhibido que le fuese el documento privado, manifestara si reconocía ó no como suyas legítimas, puestas de su puño y letra, la firma y rubrica que se ven al pie de la obligación.

Acordóse como se pedía, y en el día señalado compareció el deudor, quien confesó paladinamente su duda y reconoció su firma y rubrica, únicas pruebas propuestas, sin embargo de lo que permitió al demandado el Juez, haciéndolo constar en el acta, que alegara é invocase la prescripción, y olvidando que este Sr. N. no tenía derecho á contestar la demanda, ni á proponer prueba de ninguna especie, todavía preguntó al demandante si tenía que oponer algo á la prescripción de contrario invocada, de lo que se abstuvo el actor, que no tenía para qué oponer nada, convencido, y sin dar á estas leves faltas de procedimiento importancia alguna, de que no era aplicable al caso la prescripción y de que así habría de reconocerlo en su fallo el juzgador.

¿Lo reconoció éste aplicando el derecho aplicable? Todo menos eso. Antes por el contrario, con asombro inmenso el demandante y yo nos encontramos á los pocos días, sin esperarla ni poderla esperar, con una sentencia absolutoria para el demandado, precediendo á su parte dispositiva dos considerandos, que literalmente copiados dicen así:

«1.º Considerando que la acción que se ejercita en el presente juicio es la personal, cuya base es el documento privado unido á los autos y que lleva la fecha de 25 de Marzo de 1879, ó sea un espacio de veintiocho meses ocho días desde la fecha del otorgamiento de aquél y la interposición de la demanda.»

«2.º Considerando que alegada la prescripción de la acción por el demandado (decadido del derecho de contestar y de proponer prueba, por seguirse el juicio en rebeldía), no ha sido impugnada por el actor, «ni probado, ni aun alegado, hecho alguno que pudiera im-