El Foro español (Madrid. 1898) (1899-09-30 00:00:00), página 3

parte y acaso una mitad del total de sumarios que anualmente se inician en los Juzgados, disminuyéndose así notablemente el trabajo de aquéllos, y al descargarse del delicadísimo de las sentencias de los pleitos, previo examen y detallado estudio de los mismos, resultaba por término medio cada Juzgado con la mitad próximamente del trabajo actual, bastarían para el buen servicio, en vez de los 480 existentes, los 500 ó 350 en la base indicados, siempre y cuando, como es natural y lógico, precediera á la fijación de capitalidades de Juzgado de partido un concienzudo estudio de las distancias, medios de comunicación, densidad de población, criminalidad frecuente, centros de las circunscripciones ó distritos y demás importantes antecedentes que, para hacer acertadamente una definitiva determinación de cabezas de partido judicial, deben tenerse en cuenta por el legislador.

La base octava propone un aumento proporcional de los actuales sueldos de la carrera; y entendemos que aquélla no ha menester prolíjos argumentos para su justificación. Sabido es que, señalados aquellos sueldos hace muchos años, y habiendo en el transcurso de éstos tenido gran depreciación la moneda y notable aumento de valor los artículos de primera necesidad, lo que entonces bastaba á la decorosa dotación del funcionario judicial ó fiscal no alcanza hoy á subvenir dignamente á esas primeras necesidades de la vida; esto sin preocuparse de las exigencias sociales propias de ciertos cargos de autoridad ni de los naturales de la época actual; y aunque, por razones y circunstancias de todos conocidas, no pueda nuestra nación competir con otras poderosas de Europa—como, por ejemplo, Inglaterra—que dotan lujosa ó exuberantemente á los funcionarios del poder judicial, por lo menos, y dentro siempre del límite de nuestros recursos, podían elevarse algo esos sueldos para asegurar á aquéllos, si no una vida grandemente desahogada, la subsistencia digna, decorosa e independiente que su rango exige.

En la base novena se indican reformas de competencia jurisdiccional y de procedimientos que quedan allí expuestos con la relativa amplitud necesaria: obedecen á un criterio científico basado en la separación de la instrucción y del fallo y en principios armónicos de unidad, pues cada uno de los organismos judiciales instruirá el proceso, civil ó criminal, de determinada clase ó cuantía de asuntos, y fallará, conociendo de ellos en única instancia, los instruidos ó tramitados en el Juzgado inferior, excepto los Juzgados municipales, á quienes sólo se asignaría la sustanciación, privándoles de la resolución definitiva de negocios civiles y criminales. A más de estar sujeta á aquel criterio armónico, razones de alta conveniencia para los fines de la justicia fundamentan, en mi sentir, esta reforma: tales organismos, últimos de la escala judicial y únicos cuyos funcionarios no forman parte de la carrera, ni pueden cifrar en ésta su porvenir ni dedicar á ella todas sus aptitudes y todo su tiempo; y á los que no se exige título profesional ni condiciones especiales, no pueden ofrecer suficientes garantías de saber, imparcialidad y acierto para la resolución y fallo de los asuntos judiciales; sin que esta apreciación pueda afectar á muchos de dicha digna clase, que son competentes y rectos, algunos de los cuales—que constituyen honrosísima excepción de la generalidad—he tenido á mis órdenes en mis largos años de práctica ó ejercicio del cargo, distinguíendolos por sus cualidades como éstas merecen; siendo un poderoso argumento en pro de mi criterio la maléfica influencia que, desgraciadamente, ejercen la política y el repugnante caciquismo en el nombramiento de los Jueces municipales y la presión que intentan ejercitar ó ejercitan sobre ellos en el desempeño de sus augustas aunque modestas funciones; y no se diga que la escasa importancia de los asuntos á ellos sometidos justifica la competencia actualmente atribuida á los mismos, en primer lugar, porque tratándose de la Administración de justicia, función la más elevada del Estado, no debe prescindirse nunca, por insignificante que sea el asunto, de las mayores garantías de rectitud y acierto en los fallos; y en segundo lugar, como todo es relativo en lo humano, 100 ó 200 pesetas que el potentado gasta en el menor de sus caprichos ó en una limosna, son para el pobre un capital y constituyen toda su fortuna.

Refiérase la base décima á las incompatibilidades de los funcionarios judiciales, y propone se extiendan á toda la provincia respectiva, modificación aceptada por el sabio Ministro Sr. Canalejas en una de sus acertadas disposiciones de 1889, y que las constantes y estrechas relaciones entre todos los pueblos de una misma provincia, con los compromisos anejos á aquéllas, justifican y fundamentan de modo cumplidísimo.

Justo parece que afecten á los funcionarios de la provincia de Madrid iguales incompatibilidades que á los de las demás provincias del Reino, tratándose de Tribunales análogos á los de éstas, por militar, respecto á ellos, idénticas razones, y, por los mismos fundamentos, permitirles el desempeño de cargos en el Supremo Tribunal, porque lo contrario supondría impedir injustamente á los madrileños el acceso al más alto Tribunal, sin existir tampoco la base de esa incompatibilidad, pues como la jurisdicción de aquél alcanza á todas las provincias de la nación, el criterio racional basado, además, en la respetabilidad y alta jerarquía de aquellos funcionarios, es el de la perfecta compatibilidad, al efecto, de todos los españoles, y el estricto conduciría al absurdo de encomendar á los extranjeros funciones oficiales. Y la reforma relativa á la incompatibilidad por razón de residencia, justificase así: El funcionario recto, como debe exigirse sea áafortunadamente son en España el Juez y el Magistrado, no ha de infringir sus sagrados deberes por los compromisos que las amistades contraídas en el período de los ocho años le puedan producir, antes al contrario, siendo más conocidos en la localidad, tendrán un doble y legítimo empeño en aparecer á todos dignos y justiciosos cuanto mayor tiempo sirvan en aquélla. Aparte de ello, sabido es el modo cómo, de hecho, se consigue muchas veces burlar, si no la letra, el espíritu de las leyes que establecen dicha incompatibilidad de residencia, pues transcurridos unos meses ó dos años del traslado forzoso, vuelven los funcionarios á las mismas poblaciones donde conservan todas sus amistades y relaciones, y muchas veces instalada aún la casa misma en que