El Foro español (Madrid. 1898) (1899-04-10 00:00:00), página 4

las islas de Cuba, Puerto Rico y Filipinas y á la de Guam, en el Archipiélago de las Marianas, así como á la procedente de las indicadas islas, la tarifa general y todas las demás disposiciones del convenio y de la Unión universal de Correos.

Art. 2.º La tarifa vigente hasta hoy para la correspondencia dirigida á Filipinas, continuará rigiendo para la destinada á las islas Carolinas y Palaos, á las Marianas, con excepción de la de Guam, y á las posesiones españolas del golfo de Guinea.

Art. 3.º Queda derogado el Real decreto de 12 de Octubre de 1888, por el cual se estableció el cambio de cartas con valores declarados y paquetes postales entre la Península, Cuba, Puerto Rico y Filipinas.

Presidencia: Real orden de 14 de Marzo de 1899. (Gaceta del 25.)—Disponiendo que por los Ministerios de Gracia y Justicia y Gobernación se comunique á los funcionarios que de ellos dependan, las órdenes oportunas para que, ateniéndose al exacto cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Real orden de 28 de Julio de 1897, se evite en lo sucesivo todo conflicto que pudiera promoverse por confusión de atribuciones en cuantos asuntos se refieran á la investigación y castigo de las infracciones de las Ordenanzas municipales, faltas contra los intereses generales y régimen de las poblaciones.

Hacienda: Real decreto de 28 de Marzo de 1899. (Gaceta del 29.)—Por el que se determina que queda restablecida la exacción del recargo de derechos que señala la tarifa 4.ª del vigente Arancel de Aduanas al algodón en rama no europeo, y cuya exacción quedó en suspensión por la ley de 31 de Mayo de 1898, y que el expresado recargo se exigirá á todos los cargamentos que lleguen á los puertos ó Aduanas de España, después de terminar el día siguiente al de hoy.

Gracia y Justicia: Real orden de 24 de Marzo de 1899. (Gaceta del 29.)—Disponiendo:
1.º Los Registradores de la propiedad que soliciten licencia de la Dirección general, acreditarán la certeza de la causa alegada y la aptitud del sustituto para reemplazar desde luego al propietario, mediante la correspondiente justificación del Juez delegado respectivo e informe del mismo.
2.º En igual forma deberán justificar dichos extremos para que esa Dirección general pueda informar sobre las solicitudes de prórroga de licencia.
3.º A los efectos expresados en las dos reglas anteriores, los Registradores de la propiedad dirigirán sus instancias en solicitud de licencia ó de prórroga por conducto de los respectivos Jueces delegados, quienes con su informe y la justificación referida, la elevarán inmediatamente á esa Dirección general.
4.º En el caso de que el sustituto se inutilice por cualquier causa para el desempeño del cargo, caducará de hecho la licencia concedida al propietario.

Guerra: Real decreto de 29 de Marzo de 1899. (Gaceta del 30.)—En el que se dispone lo siguiente:
Artículo 1.º A los que bajo la soberanía de España hayan delinquido en las Islas de Cuba, Puerto Rico y Filipinas, ó en cualquiera otra de nuestras posesiones de Ultramar, con anterioridad á la fecha de este decreto, ya estén sentenciados definitivamente ó sujetos á procedimiento por la jurisdicción de Guerra, se les concede indulto conforme á las siguientes reglas:
Primera. A los sentenciados á penas de cadena perpetua ó de reclusión perpetua común ó militar, se les conmutan estas penas por las de doce años y un día de cadena, ó de reclusión temporal, respectivamente.
Segunda. A los sentenciados á otras penas afflictivas que no sean las mencionadas en la regla anterior, se les rebaja la mitad del tiempo de sus condenas.
Tercera. A los sentenciados á penas correccionales se les concede indulto total de las mismas.
Cuarta. Para los fines de las dos reglas anteriores, y á los efectos del Código de Justicia militar, se reputarán penas afflictivas las de reclusión militar temporal y las de prisión militar mayor; y correccionales las demás señaladas en dicho Código, consistentes en privación de libertad.
Art. 2.º En las causas en tramitación procedentes de dichas regiones, se hará aplicación de los beneficios concedidos en las reglas anteriores, una vez que haya recaído en aquéllas sentencia firme.
En cuanto á las causas en que se persigan delitos á que el Código de Justicia militar señale pena que no exceda de tres años de prisión militar correccional, ó que hayan de castigarse con arreglo al Código penal ordinario con la pena de arresto mayor, se declarará desde luego extinguida la acción penal, decretándose el sobreseimiento de dichas causas. Igualmente se darán por terminados en el estado que se hallen todos los expedientes por faltas.
Art. 3.º Se concede indulto total de la pena ó correctivo impuesto á los desertores de los ejércitos de Ultramar, cualesquiera que fueran las circunstancias que hayan concurrido en la desertión, declarándose de igual modo extinguida la acción penal en los procedimientos que se instruyan por este motivo, los cuales se darán por terminados.
Art. 4.º Si algún individuo fuese considerado acreedor á mayor gracia por sus extraordinarios ó relevantes servicios en campaña, podrá, sin perjuicio de la que aquí se otorga, ser objeto de nueva rebaja, bien á propuesta de los Tribunales sentenciadores ó á petición de los interesados. Para la concesión, en este caso, se seguirán los trámites propios de indultos especiales en la forma establecida en el Código de Justicia militar.
Art. 5.º Se exceptúan de los beneficios de este indulto los reos de los delitos siguientes: traición, comprendido en los artículos 222 al 227, ambos inclusive, del Código de Justicia militar, denegación de auxilio, previsto en el 278; contra el honor militar, de que tratan los artículos 294 y 295; fraudes, comprendidos en el 305; los de falsificación ó adulteración de víveres para el ejército y falta de suministro de los mismos, penados en los artículos 305 y 306 del repetido Código militar, y los de parricidio, asesinato, robo y malversación de caudales públicos ó pertenecientes á la Hacienda militar.
Art. 6.º Los Comandantes en jefe de los Cuerpos de ejército, Capitanes generales de Baleares, Canarias y Comandantes generales de Ceuta y Melilla, de acuerdo con sus respectivos Auditores, y con audiencia de los individuos del Cuerpo Jurídico militar, que ejerzan funciones fiscales, harán aplicación de esta gracia en las causas sometidas á su jurisdicción y en las sentencias firmes en cuya ejecución entiendan ó hayan entendido. Respecto de los sentenciados por las Autoridades judiciales de Cuba, Puerto Rico y Filipinas, se aplicará el indulto por el Capitán general de la región ó Comandante general del punto en que aquéllos se hallen. Los Jefes de los establecimientos penales remitirán con urgencia las hojas histórico penales de aquellos á quienes pueda corresponder los beneficios de esta gracia, y las Autoridades judiciales militares adoptarán las disposiciones oportunas para la aplicación más pronta de la misma.
Art. 7.º De las providencias que dicten las autoridades encargadas de la aplicación de este indulto, podrán alzarse los interesados en el término de un mes, á contar desde la fecha en que se les notifique, ante el Consejo Supremo de Guerra y Marina. Igual recurso y en el mismo plazo se concede al Ministerio fiscal.