El Foro español (Madrid. 1898) (1898-09-20 00:00:00), página 8

por las noticias oficiales y confidenciales que he adquirido, y por confesión misma de muchos Fiscales, se advierte una mejora sensible, aunque todavía no suficiente por lo paulatina, así en cuanto al personal que constituye los Tribunales de hecho, como en lo referente á la justicia de sus veredictos; que aun esos mismos desplorables extravíos, que en su funcionalidad y resultados se registran, no son imputables á la institución de modo privativo como peculiares y exclusivos de ella, sino que proceden en gran parte de causas generales de imperfección del estado social y político, las cuales afectan y dañan de igual modo á otros organismos de la vida y administración públicas; y puesto que, aun dadas las desfavorables condiciones de época y las desventajas de la mala confección de las primeras listas, va lentamente encarnando en los hábitos y en las costumbres, es de esperar que en período no lejano se haga justicia y se tribute el debido homenaje á ese tribunal que, por ser el juicio de los pares por los pares, por juzgar con criterio humano y sin sospecha de preven- ciones, es garantía de acierto en la administración de justicia penal, y nos coloca en el concierto de los pueblos cultos, que lo defienden y conservan como el más firme baluarte de todas las libertades.

Política y justicia

«Cuando el delito se está cometiendo ó acaba de realizarse, pudiendo ser detenido el delincuente y quedando restos ó vestigios que demuestren la perpetración de aquél, la acción de la justicia debe hacerse sentir inmediatamente, procediendo á la investigación sin pérdida de momento, recogiendo las pruebas del hecho y de la delincuencia, y preparando para fecha cercana la celebración del juicio y la imposición de la pena que venga á restablecer el orden público perturbado y á producir, en época próxima á la transgresión, la ejemplaridad encaminada á evitar la repetición de los hechos punibles.

La celeridad en el procedimiento es de desear para la persecución y castigo de todos los delitos; pero cuando éstos presentan carácter de gravedad; cuando la pena á que los presuntos culpables se hayan hecho acreedores es de importancia, entonces la mayor dificultad que la investigación ha de traer por la naturaleza de los hechos, exige procedimientos más detenidos, en los que la prontitud en la investigación no perjudique á otros fines esenciales.

Por estas consideraciones, en las legislaciones modernas ha nacido un procedimiento especial para el delito flagrante, y se ha limitado á los hechos que presenten el carácter de delito que se castigue con pena correccional, excluyendo á los que se hallen reprimidos con mayor penalidad, ó imitándolo á los primeros momentos para recoger elementos de demostración que después pudieran desaparecer ó hacerse difícil su adquisición.

En la Constitución de 1812, que surtió las primeras bases para el establecimiento del procedimiento criminal con arreglo á lo que de consumo exigían la humanidad y los progresos en las ciencias jurídicas, ya aparece en el art. 292 una ligera indicación que puede referirse al expresado procedimiento, al disponer que «en fraganti» todo delincuente puede ser arrestado, y todos pueden arrestarlo y conducirle á la presencia del Juez.»

Ríge, desde el día 3 de Enero de 1883, siguiente al en que quedaron constituidas las Audiencias de lo criminal, el procedimiento especial para los casos de flagrante delito; pero es lo cierto que las ventajas que el mismo fundamento hacía esperar no se han realizado, y hoy apenas si se nota diferencia alguna entre muchas de las causas que se substancian por dicho procedimiento y las que se siguen por el que se halla establecido como común ó ordinario, y es más, se prescinde de él con lamentable frecuencia, obedeciendo esto principalmente á no existir en España la policía judicial especialmente organizada.

Para que el procedimiento, por razón de flagrante delito, dé todos los resultados en el período de sumario, es de absoluta necesidad la organización de una buena policía judicial. Mien- tras ésta se halle constituida por las Autoridades y funcionarios que se enumeran en el art. 283 de la Ley de Enjuiciamiento criminal; mientras á la indicada policía no se le dé mayor desarro- llo y diferente régimen que los que actualmente tiene, por virtud de la Real orden de 19 de Septiembre de 1896, que con plausible propósito la organizó, siguiera su principal objeto sea la investigación de los delitos cometidos ó que se intenten cometer por medio de explosivos, mal podrán realizarse los fines que se propone el legislador en el art. 780 de la citada ley, base esencial para que con celeridad se aporten á las diligencias todos los elementos necesarios para el esclarecimiento de los hechos y determinación de las personas responsables.

Si la policía, no ya la judicial, sino la ordinaria de seguridad, por no existir en número suficiente ó no hallarse convenientemente constituida, no acude inmediatamente al sitio donde ocurran hechos punibles; si no procura que no se ausenten los testigos; si no hace comparecer inmediatamente ante la Autoridad judicial á las personas que puedan dar razón del suceso, imposible ha de ser extender el acta que previene el art. 790 de la ley, fundamento del procedimiento, y sin la cual queda éste desvirtuado y poco menos que equiparado al ordinario.

Quizá por estos motivos se ha podido notar que el referido procedimiento deja de observarse en bastante número de procesos, y que las Audiencias hayan tenido necesidad de hacer advertencias á los Jueces para que no incurran en semejantes omisiones.

La tutela y el Derecho foral

«...Respecto de este importante particular, y puesto que desde este sitio me obliga el deber oficial á procurar la unidad de criterio del Ministerio fiscal, entiendo y declaro que, de las diferentes fórmulas de solución que puedan ofrecerse para determi- nar la influencia de la promulgación del Código civil en relación con las legislaciones forales, y por lo que se refiere á las instituciones tutelares, el criterio que ha de adoptarse es el de la subsistencia, únicamente de cuanto sea peculiar y privativo del Derecho foral de cada territorio; pero no de aquellas disposicio- nes que, con carácter general para toda España, como la Ley de Enjuiciamiento civil en su título 3.º, libro 3.º, y la Ley Hipoteca- ria (artículos 207 á 216 y concordantes del Reglamento), com- pleteron el régimen legal sobre esta materia en las provincias forales, cuyas leyes deben considerarse sustituidas por los preceptos del Código civil, é incorporado éste á las mismas, en tanto son ó pueden ser entre sí perfectamente compatibles.»

VERDADES

Al tonto de capirote

En el núm. 17 de El Foro Español apareció un artículo titulado Zonterías, y que dedicado á mí, suscribió El tonto de capirote, pseudónimo bien extraño por cierto, en quien como el autor que tras él se oculta, demuestra con unas pocas líneas que se pasa de listo.

Hora era ya, mi apreciable tonto, que yo le contestara; pero si antes no lo he hecho, fué porque habiéndose extraviado la carta que acompañó al artículo, no he podido ponerme de acuerdo particularmente con usted acerca de ciertos extremos, por ignorar su verdadero nombre, cosa que no he conseguido averiguar, á pesar de haber publicado en estas columnas un suel- tecito, que indudablemente no ha leído usted.

No merezco, querido amigo, las alabanzas que me tributa, pues no creo que haga nada extraordinario el que dice la verdad, por más de que hay pocos que se