El Foro español (Madrid. 1898) (1899-08-10 00:00:00), página 4

lo admitiera, se entenderá que renuncia á su carrera, y bastará sólo que se dirija al superior la denuncia, el que podrá en el acto los autos, y visto ser cierto lo denunciado, lo comunique por oficio al Ministerio de Gracia y Justicia, quien dictará Real orden separando de la carrera, con pérdida de derechos pasivos, al funcionario ó funcionarios que hayan intervenido en la falta, procediéndose á cubrir la vacante.

Art. 7.º Cuando aparecieran antes en que las pólizas habían sido arrancadas, se procederá contra el encargado de su custodia conforme al Código penal.

Art. 8.º En materia criminal se observará:
A. No se admitirá querella alguna mientras que el querellante no deposite mil pesetas á responder del papel que se invierta y de la parte contributiva de los funcionarios que intervengan en ella.
B. En causas de embargo, los letrados jurarán siempre en los escritos, consultas y vistas, sus derechos, si bien no se presentará la póliza hasta que la sentencia sea firme y se hagan efectivas las costas.
C. En asuntos criminales, además de lo expresado anteriormente, siempre jurará el letrado sus honorarios, y cuando éstos no se hagan efectivos, los condenados sufrirán una agravación en su condena por el importe de aquéllos, quedando en esto modificado el art. 49 del Código penal y siendo la agravación conforme á lo dispuesto en el mismo.

Art. 9.º Lo anteriormente dispuesto se entiende también con los Procuradores, Escribanos, Secretarios, á excepción de lo dispuesto en el artículo anterior, que sólo será aplicable á Abogados y Procuradores.

Entiendo, en mi criterio, que una ley parecida á la anterior, sostenida con la fuerza que las leyes deben serlo, aumentará seguramente el ingreso al Tesoro y evitará la burla que por muchos se hace de los impuestos: si en un Colegio en que apenas existen 120 individuos se deben el año económico anterior cerca de TRECE MIL pesetas, sin contar los atrasos de otros años, ¿qué no se deberá si á este déficit se suma el que arroje el resto de España y el de ejercicios anteriores? ¿No importarán algunos millones que la Hacienda podía dedicar para algo útil en favor del Estado? Esto no es sólo en el gremio de Abogados, sino también en muchas esferas de la vida á las que no llega la perspicacia de un Ministro, porque no pueden llegar esos detalles á los salones de un Ministerio.

MAESE JUAN.

REFORMAS EN LA LEY DEL JURADO

PROPOSTAS POR LOS SEÑORES PRESIDENTES Y FISCALES DE AUDIENCIAS EN LAS MEMORIAS REMITIDAS AL MINISTERIO DE GRACIA Y JUSTICIA, ACERCA DE LA MANERA CÓMO HA FUNCIONADO EL TRIBUNAL DEL JURADO DESDE QUE SE PLANTEÓ HASTA EL AÑO 1897 INCLUSIVE (1).

Art. 56. La doctrina establecida en este artículo admite la legitimidad de las recusaciones de los jurados sin expresar el motivo en que se fundan, es objeto de censuras bastante generales en las Memorias que se tienen á la vista. Da pena ver —dicen muchos funcionarios— cómo, valiéndose del defensor, se excusan de ser jurados los que por su capacidad, posición social ó instrucción podrían llenar con acierto los deberes del cargo, formando Tribunal, mientras que éste se constituye con otras personas á quienes sobra la buena intención, pero que están faltas en absoluto de condiciones más precisas, y, por estarlo de todo, hasta de relaciones y medios para obtener esa recusación sin causa.

Si el legislador, añaden, no estima prudente la reforma, porque pueden sobrevenir motivos de recusación recientes ó anteriormente inmediatos á este período del juicio, deberá obligar, cuando menos, á las partes recusantes, si no á probar, á alegar públicamente el fundamento de aquéllas, para que se averigüen en el acto; y el Tribunal y el público se persuadan de los móviles rectos ó consumables que los determinan.

Otros funcionarios se muestran también partidarios de esta reforma, insistiendo en la necesidad de que se oblique á hacer pública la causa de las recusaciones, bajo la responsabilidad del que las alegue, ó que se preceptúe procedimiento sumarísimo para depurar aquéllas antes de llegar al acto de la vista.

Art. 58. En consonancia con teorías ya indicadas al tratar del art. 2.º y que más ampliamente se detallan al darse cuenta de las reformas que se proponen al art. 78, diése que, como en buenos principios de derecho, el problema de la culpabilidad no es de la competencia de los jurados, debe modificarse la fórmula del juramento, sustituyendo la frase si son ó no responsables de los hechos que se les imputan, que hoy consigna la ley, con esta otra: si tienen participación de autores, cómplices ó encubridores en los hechos que como delitos se les imputan.

Entiendo, asimismo, uno de los informantes, que convenía sustituir el párrafo tercero de este artículo con el segundo del 434 de la Ley de Enjuiciamiento criminal, y mejor todavía con el art. 397 de la de 1872, porque eso de obligar á un jurado á que ponga por testigo y garantía de su dicho á un Dios en que pueda no creer, es una tiranía que no admite justificación, por más que se dispone á aquél de lo accesorio, es decir, de arrodillarse delante del Crucifijo y de poner la mano derecha sobre los Evangelios.

Art. 59. Haciendo hincapié en esta eventualidad de que la suerte designe como jurado á un ateo ó á un disidente á quien su rito prohiba jurar en nombre de Dios, como sin establecer excepción alguna manda la ley, uno de los Fiscales que informan apunta la necesidad de modificar el contenido del artículo anterior, y singularmente el de éste, en armonía con la Constitución, por cuanto la facultad de comminár con multas á los que se negasen á prestar juramento en la forma designada, resulta una palmaria infracción del párrafo segundo del art. 11 del Código fundamental de la Monarquía. Además se coloca al jurado, si es judío, á faltar, ó al precepto de su ley religiosa que le prohíbe jurar, ó á sufrir una pena pecuniaria—la multa—por cumplir con su religión, lo cual es absurdo, puesto que la ley civil debe estar en armonía con la ley moral.

Art. 61. La primera reforma que respecto á este artículo se propone, surge como consecuencia de la siguiente cuestión que suscita uno de los Fiscales. Puede ocurrir—dice—que el procesado que no se manifestó conforme con la pena pedida en el escrito de calificación provisional, se confiese reo en el momento de empezar el juicio ante el Jurado, y su Abogado no crea, ya necesaria la continuación del mismo. ¿Deberá tenerse por bastante esta confesión, y podrá, en su virtud, dictarse sentencia, según lo previsto en el art. 688 de la Ley de Enjuiciamiento criminal? Entiende el funcionario que suscita la consulta, que, reunidos los jurados, no cabe más

(1) Véase el número anterior.