El Foro español (Madrid. 1898) (1899-05-30 00:00:00), página 2

otra parte, si según lo dispuesto por la ley estableciendo el juicio por Jurados para determinados delitos, á la deliberación del Tribunal popular han de someterse, en forma de preguntas convenientemente redactadas, los hechos relacionados en los escritos de conclusiones, y aquellos otros sobre que versaran las pruebas del juicio (1), puede alcanzarse sin esfuerzo la capitalísima importancia que entraña el que los puntos cardinales del judicial debate, los substanciales de las pruebas, se formulen con precisión y claridad suma, sin que valga, cual respecto á la defensa la ley dice, consignar simplemente los puntos de divergencia con la acusación.

En las causas, cuya resolución está atribuida por la ley á los Jueces de derecho, es más fácilmente subsanable el defecto, porque al cabo y al fin el celo, competencia y tino de los Magistrados llenan, al redactar la sentencia, tal vacío; pero en los juicios por jurados es el caso bien distinto, ya que bajo la premura de tiempo, rapidísimamente, y careciendo de una relación exacta, precisa y concreta de los hechos, vense aquéllos obligados á formular los interrogatorios.

Otro pormenor y detalle viéndose á la memoria al ocuparnos del escrito de conclusiones, presentado por la representación de la defensa á virtud del traslado ó comunicación que de la causa hubo de conferirsele á tenor de lo dispuesto en el art. 652 de la Ley de Enjuiciamiento criminal. ¿Por qué no exigirse que de tal escrito facilitara copia á las partes acusadoras? ¿No es anómalo y por demás extraño, que de los puntos de vista, bases de defensa, alegadas en oposición á la calificación del Ministerio público ó del acusador privado, no lleguen á tener noticia éstos, y eso por rápida lectura, sino hasta el momento del juicio oral?

Á renglón seguido de estos particulares de la ley, cuya reforma, por las razones apuntadas, solicitamos, trata ésta de otro importante extremo, necesitado así mismo, á nuestro entender, de modificación. Nos referimos á la conformidad del Letrado defensor en las conclusiones fiscales, cuando tal conformidad no la ratifica, por su parte, el procesado.

Este supuesto y caso, dados los términos bien explícitos de la ley, corroborados por resoluciones dictadas en casación por el Tribunal Supremo de justicia (2), y autorizado criterio de la Fiscalía del mismo (3), coloca al procesado en un estado de completa, de absoluta indefensión, ya que dispone aquélla se abra el juicio oral, y á él se ve forzado á acudir falta de todo en todo de medios de prueba y de defensa. ¿No envuelve esto una irritante desigualdad y una notoria é irreplicable injusticia?

Tan lo entendemos así, que conceptuamos urgente la reforma y la declaración expresa en la ley misma del derecho que asiste al procesado de articular prue-

(1) Artículos 70 á 72.
(2) 12 de Mayo de 1884.
(3) Núm. 41: Exposición de 15 de Septiembre de 1883.

ba cuando no ratifica la conformidad que prestó su Abogado defensor á las conclusiones del Ministerio público: á tal solución parecen prestarse por equidad y contra la doctrina antes citada, otras sentencias de aquel alto Tribunal, entre las cuales merecen singular recordación las de 20 de Noviembre de 1894 y 22 de Enero de 1895.

Pues este particular interesantísimo demuestra, también con mayor elocuencia, si cabe, de no habernos convencido de la necesidad de la reforma por los que esbozados van y los que aún apuntaremos, hasta qué extremo llega en este país nuestro la indiferencia, y la apatía con que se mira asunto de trascendencia tan-ta, cual lo es siempre el perfeccionamiento de las leyes.

¿Cómo, se dirá, es posible que se cite y emplee á un procesado, y que á comparecer llegue á juicio desprovisto, por prescripción terminante de la ley misma, de medios de defensa? Pues esto, por asombro y pasmo que cause, sépase que en los casos dichos se da con harta frecuencia, sin que hasta el presente (y cuenta que van años que se observó la falta), de nada haya servido, para que, volviendo el legislador sobre sus pasos, emmiende el error notado; ni las protestas del enjuiciado, ni las respetuosas advertencias de los Jueces procurando veces mil con un prolífico examen y estudio de los autos mejorar su causa, ni los esfuerzos del Ministerio público, que considerando tan estrecho deber suyo acusar al culpable como amparar al inocente, á apurar vino más y más en su obsequio la investigación, ni finalmente, la demanda razonada y repetida que en sus anuales exposiciones elevaron á los Poderes públicos sus ilustres Jefes.

Digásemos sinceramente ahora si con antecedentes tales es extraño que en los oídos de muchos dejen de resonar, no ya como consoladores y venturosos augurios, sino como cruel sarcasmo, aquellas hermosas frases vertidas en el prólimbulo de la propia ley, anunciando á todos el nuevo procedimiento cual iris de paz y de esperanza, destacándose con general regocijo, refugiente, esplendoroso, entre nimbos de luz y apoteosis de gloria, en el fondo de aquella lobreguez siniestra de tormentosos horizontes.

Pero recordémoslas, sí, que al menos ellas solas amargarán seguramente con dejes de remordimiento la conciencia; pero puede que despierten al fin en el espíritu provechosas energías.

«En los pueblos verdaderamente libres—decla el legislador, lleno del mejor de los deseos en 1882—el ciudadano debe tener en su mano medios eficaces de defender y conservar su vida, su libertad, su fortuna, su dignidad, su honor; y si el interés de los habitantes del territorio es ayudar al Estado para que ejerza libérrimamente una de sus funciones más esenciales, cual es la de castigar la infracción de la ley penal para restablecer, allí donde se turbe, la armonía del derecho, no por esto deben sacrificarse jamás los fueros de la inocencia, porque al cabo el orden social bien en-