El Foro español (Madrid. 1898) (1898-09-20 00:00:00), página 7

glesa, á pesar de su sentido, en general tan favorable al interés que la acción popular puede representar de ordinario.

En cuanto á la particular ó privada, debería encenderse, al admitirla, de establecer las garantías necesarias para acreditar su legitimidad, á fin de evitar simulaciones que pudieran entorpecer la marcha de la justicia.

Aun en los casos de no flagrante delito, el procedimiento podrá acomodarse á sus mismas reglas, sin precipitación, y dando á la justicia tiempo y medios para la investigación, en la seguridad de que éstos no son delitos aislados, sino que en ellos obra siempre y realiza sus propósitos una organización más ó menos extensa, que conviene descubrir y conocer.

En el juicio, la acción fiscal será bastante, y de su desempeño eficaz responden su celo y su historia. Permítidme que, aun creyéndolo así, no por razones que en lo más mínimo la afecten, sostenga ahora, como en todo tiempo y momento, que el juicio no es la acusación, y que la potestad de juzgar exclusivamente corresponde á los Tribunales, bajo la responsabilidad personal de los Magistrados. Han de quedar, pues, á salvo estos dos principios: el de la potestad exclusiva de los Tribunales y el de la responsabilidad judicial, que hasta ahora no ha armonizado y es preciso que armonicé el sistema acusatorio.

Ningún recurso fundamental puede negarse tampoco, debiendo considerarse como de rigor los de casación, que bien podrían acumularse en uno, el de forma y el de fondo, cuando procedieran, y en todo caso, como hoy está prescrito, en beneficio del rey y por la propia Ley, cuando se trate de la aplicación de la última pena.

Ni la forma de celebración de los juicios habrá que alterar. La Ley ordena que los debates del juicio oral sean públicos; pero también faculta al Presidente para mandar que las sesiones se celebren á puerta cerrada cuando así lo exijan razones de moralidad ó de orden público; entre otras (1), debe darse, á los que hayan de presidir estos actos, las más amplias atribuciones para disponer, en cuanto á la publicidad de los debates y de las sesiones, lo más conveniente á la justicia y al interés social. Del encérgico ejercicio de la autoridad puede depender cuánto contribuya á impedir publicidades que entorpezcan la justicia ó que contribuyan al escándalo ó á la apología del crimen ó del delincuente.

A taes principios entiendo que podrá subordinarse la ley complementaria del Código penal y del procedimiento criminal, si se oye que efectivamente conviene definir y clasificar, conforme á sus preceptos, los delitos que por la propaganda del hecho el anarquismo comete, y ha declarado y proclamado estar resuelto á cometer en odio al régimen social sancionado por las leyes, contra sus instituciones y autoridades, contra augustas y elevadas personas y aun contra las de mediana y humilde condición social, sin preocuparse de ellas, y en daño de las cosas, sin propósito de aprovecharlo, con la intención solamente de difundir terror y espanto en la sociedad.

Algo más de lo legislado hasta ahora habrá de hacerse. Si mis indicaciones pueden contribuir en algún modo á despertar el estímulo de los más inteligentes, habré logrado mi objeto.

En cuanto á vosotros, ya administrando la justicia, ya auxiliándola, obrigo firme convicción de que, cualquiera que sea la cooperación que se os pida, la prestaréis decididos cumpliendo como siempre vuestro deber.

HE DICHO.

MEMORIA DEL FISCAL

Preámbulo

Comienza el Fiscal con un sobrio preámbulo, lamentándose del estado anormal de nuestra patria en los presentes momentos:

(1) Ley de Enjuiciamiento criminal, art. 680.

...... Pero tan tristemente, como es cierto, ese estado excepcional y nada venturoso en los infantes momentos presentes para la patria española, entiende el Fiscal de la nación que, como nunca ésta, el Estado nacional y su Gobierno, los funcionarios públicos, y muy especialmente los encargados de la sagrada misión de la administración de justicia y los ciudadanos todos, aprendidos con esta dolorosa experiencia de que un pueblo no se deshonra porque su inferioridad de medios materiales haya hecho vencedor al más poderoso, sin otra razón que la ley del más fuerte y en un proceso moral de causas próximas y de generación de los sucesos inmediatos, que en la conciencia de propios y extraños está que no le es imputable, sin que, por tanto, del mismo resulte fundado adverso fallo para el vencido, se hallan frente á frente de una necesidad suprema y á la vista de un solo camino de redención, ante los dilatados horizontes de la historia y de la civilización universales.

Tales son: vigorizar, ante todo, las energías morales de su vida nacional; fortalecer las esencias de la paz pública interior y ganar merecida consideración del exterior; la primera, entre aquéllos, el culto y el respeto sinceros á la ley, que es la moral de los Estados, como la norma del bien en la conducta privada es la de los individuos; el encautecimiento y mayor pureza práctica de sus instituciones judiciales; la reconstitución, en suma, de la vida ética de la nación española; preparando y prosiguiendo, de esta suerte, con el esfuerzo honrado y patriótico de todos, Gobiernos y gobernados, directores y dirigidos, una nueva época restauradora del necesario orden y bienestar públicos, un verdadero y añhelado renacimiento.

El Jurado

«Mi deber y mi lealtad me han aconsejado no ocultar á V. E. nada de lo que los Fiscales informan acerca del Jurado; mi convicción como hombre de ley y como funcionario me obliga á consignar que el resultado de esa información podrá y deberá apercibir á la mayor vigilancia, y aun á la necesidad de reformar y mejorar lo defectuoso; pero no puedo servir para juicios definitivos y censuras totales si con ellos se pretende ir al anatema y á la reprobación del Jurado como institución jurídica. Díguese V. E. fijar su elevada consideración en lo que antes apunto. Por un conjunto de circunstancias que nadie desconoce, el Jurado sólo ha hallado protección y cariñosa solicitud en el Ministerio fiscal que, aunque sobrado de celo, anda escaso de medios para hacer completamente fecundas sus iniciativas. Los ciudadanos, fallos de dirección educadora, no aprecian en lo que vale una función que les redime y enaltece. Todos á porfía se apoderan sin piedad de cualquier error verdadero ó supuesto en que los Jurados incurran, para agravarlo y abrir todas las puertas al escándalo y á la indignación. Las clases acomodadas eludon desempeñar el cargo, como si fuera una investidura denigrante, y las desvalidas se someten sin protesta, pero teniendo que afrontar para ello sacrificios y penalidades inherentes á la ausencia de sus localidades, con el abandono de sus medios ordinarios de vivir, y á la irregularidad en el pago de dietas é indemnizaciones, y, sin embargo, por todo capítulo de cargos se citan unos cuantos verdictos que, en el sentir siempre respetable, pero nunca infalible, de los que aducen el dato, no concuerdan con las pruebas practicadas en el juicio. ¡Como si los Jurados tuvieran que fallar por esas pruebas, producto muchas veces de artificios y de amaños con que se pretende despistar la acción de la justicia!

Dejando, pues, á un lado esa cuenta que no es dable saldar por falta de los indispensables datos, me creo autorizado para proclamar ante V. E. y ante la nación, que el Jurado funciona en España con general regularidad, sin que por su causa haya interés alguno que pueda considerarse sistemáticamente desatendido, fuera de contadas, aunque no por eso menos lamentables excepciones, que responde, sin género alguno de duda, al objeto de su instituto; que la atenta observación desde que ocupo este puesto, por el examen de los verdicatos que llegan á casación,