El Foro español (Madrid. 1898) (1898-10-20 00:00:00), página 6

ción que tenga á su cargo la Instrucción pública en Ultramar y el Rector de la Universidad Central.

El Consejo tendrá cuatro secciones: 1.a, de la primera enseñanza; 2.a, de la segunda enseñanza, Colegio de Sordo-mudos y escuelas de Comercio y Artes y oficios; 3.a, de las Facultades y escuelas de Ingenieros civiles; y 4.a, de las escuelas de Bellas Artes, Música, Arquitectura, Diplomática, Veterinaria y Reales Academias.

Las inspecciones de enseñanza y los servicios de estadística y colección legislativa, quedan incorporados al Consejo de Instrucción pública.

El Consejo tendrá un Secretario, Jefe de Administración de primera clase del Ministerio de Fomento, y una oficina compuesta de un Jefe de Negociado de segunda clase, uno de tercera, dos Oficiales de primera clase, cuatro de segunda, dos de tercera, dos de cuarta, tres de quinta, un Portero primero, dos segundos y dos Ordenanzas.

No podrán ser separados los empleados de Secretaría más que por virtud de expediente, y en lo sucesivo se ingresará por oposición y se ascenderá por antigüedad.

Habrá cuatro Inspectores generales de enseñanza, con la categoría de Jefes de Administración de primera clase, siendo dos de ellos Catedráticos.

Visitarnán los establecimientos de primera enseñanza de su respectivo ramo ó sección una vez por lo menos cada tres años. Se calcula que el Inspector de la primera sección empleará anualmente en visitas cuatro meses, dos el de la segunda, y uno el de la tercera y el de la cuarta.

Percibirán como indemnización por las visitas 20 pesetas diarias mientras estén en ellas.

A los Inspectores generales seguirán en categoría los Rectores de las Universidades para sus respectivos distritos, y los Directores de los Institutos para los establecimientos de segunda enseñanza en sus respectivas provincias.

La negligencia ó la complicidad que se demuestre en las faltas por los establecimientos de enseñanza, á cargo de Rectores y Directores de Institutos, será motivo de expediente y de castigo.

En cada provincia habrá un Inspector de los llamados provinciales, sin perjuicio de que los Ayuntamientos puedan tener alguno especial, pagados de sus fondos, pero nombrado por el Ministerio de Fomento.

Estos Inspectores tendrán á su cargo la primera enseñanza, y serán inamovibles.

El de Madrid será de término, los de provincias en que haya Universidad de ascenso, y los demás de entrada. Disfrutarán 5.000, 3.500 y 3.000 pesetas de sueldo. Además, tendrán 200 pesetas para gastos de oficina, y lo menos 500 para gastos de viaje.

Esta reforma empezará á regir desde el ejercicio próximo.

La provisión de estas plazas será por concurso.

Por último, habrá Delegados de partido e Inspectores locales, cuyos nombramientos se harán para tres años, pudiendo ser reelegidos.

Estos cargos serán gratuitos y honoríficos, y podrán ser desempeñados por quienes tengan título académico ó de bachiller, y no ejerzan otro cargo retribuido por el Estado.

El decreto determina con mucho detalle las facultades y deberes de los Inspectores.

debati da, y mucho más en estos últimos tiempos, de la situación en que se coloca al Tribunal popular del Jurado por la severidad con que el Ministerio fiscal califica ciertos delitos, adjetivando á esa respectable clase como profesionales de la justicia por peticiones de pena, que en su sentir, empujan al Jurado hacia situaciones difícilísimas; todas estas consideraciones nacidas de la reciente inculpabilidad pronunciada por el Jurado en el proceso Sempau de Barcelona.

Desde el famoso proceso de la calle de Fuencarral, en que se aplicó á la justicia el adjetivo de histórica, parece haberse abierto una campaña contra ella, creyendo y tratando de demostrar la incompatibilidad del Jurado con los hábitos de los representantes de ella, apegados á las prerrogativas que disfrutaron los que juzgaban en las antiguas Chancillerías y en las Salas del crimen. Juzgar á un cuerpo tan numeroso, que la mayoría carece de edad para haber alcanzado aquellos tiempos, es notable injusticia, y parece que está vedado á esa respectable clase lo que á ninguna se le niega, y es la defensa de sí misma, así como de sus derechos.

El autor de Espada y Pared parece desconocer los moldes y el espíritu que informa la Ley del Jurado—el que sólo debe y puede conocer respecto de los hechos que se atribuyen al procesado ó procesados en concepto de delito;—¿á qué vienen, pues, sus frases de que se obliga al Jurado á autorizar una enorme pena ó á poner un delincuente en libertad? Esta última misión no es del Jurado, ni del Tribunal de derecho, es del legislador; y si en este terreno escabroso se hubiera metido el articulista, no creemos hubiera salido muy airosa. Es costumbre además establecida por los más conocidos Letrados defensores, el pregonar la irresponsabilidad del Jurado, diciéndole en estrados: vosotros no estáis dentro de las estrechas mallas del Código: vosotros tenéis grandes facultades, vedadas á los Jueces de derecho. Cualquiera que no conociera la Ley del Jurado y la misión de éste, creería, y así lo entienden muchos jurados en la práctica, que no han de juzgar de los hechos, y sólo de los hechos, por las pruebas que ante ellos se desarrollan, y que están, en conciencia y en ley, obligados, tanto como los demás Jueces, á declarar la culpabilidad ó inculpabilidad sólo por esa prueba, y no por esas impresiones que se quieren llevar á su ánimo, empleando una constante habilidad, para emocionar y deslumbrar al tribunal popular, y teniendo á gloria el libertar al procesado de toda pena, aun de la más justa. Es decir, que los principios sociales en que descansa toda justicia y todo derecho, pueden ser ante la defensa, por sagrada que sea su misión, olvidados, como se olvida también, y nunca se ha dado el caso, como dicen los anales jurídicos en la presente época, más retiradas de acusación que las que hace el Ministerio fiscal; y buena prueba de ello es la reciente disposición tomada por el probo, digno y entendido actual Fiscal, Jefe de esta Audiencia, al disponer que

TRIBUNA LIBRE

ESPADA Y PARED.—RÉPLICA AL «HERALDO»

El Heraldo de Madrid resucita en su núm. 2.895, correspondiente al 14 de Octubre, la cuestión tan