El Foro español (Madrid. 1898) (1899-03-20 00:00:00), página 10

dose un tiempo entre su convocatoria y su celebración para que nuestros compañeros puedan preparar los trabajos necesarios,—porque los datos que á continuación vamos á indicar, y los estadísticos que hemos publicado en otras ocasiones demuestran con elocuencia aterradora lo difícil y penoso que resulta el ejercicio de la fe judicial.

En siete años, esto es, desde 1890 á 1897, se han cerrado en España 1.800 fábricas; se han vendido para cobro de contribuciones 1.581.457 fincas, y han emigrado á las Repúblicas americanas 1.564.000 españoles. Recientes están nuestras guerras y desastres coloniales. Dígase, pues, si las circunstancias no pueden ser más apremiantes.

Ignoramos cuál será el criterio en el cual se inspire la convocatoria para la Asamblea; pero, á nuestro entender, debe ser amplio y sin limitaciones.

Deben acudir á ella todos los Escribanos que lo deseen, teniendo por ese carácter su representación propia, sin perjuicio de las que correspondan á las Juntas directivas de los Colegios.

La Gaceta de Tribunales no necesita excitar el celo de sus compañeros. Seguramente todos acudirán á ese llamamiento. Por nuestra parte, creemos oportuno repetir que, lo que somos y lo que valemos, está á disposición de todos los Escribanos de actuaciones.

El seres útiles será siempre nuestro mayor timbre de gloria.»

Igual ofrecimiento hace El Foro Español.

ASOCIACIÓN GENERAL DE SOCORROS DE FUNCIONARIOS DEL PODER JUDICIAL

ADHESIONES (1)

D. Justo Villarreal, Auxiliar de Audiencia.
Mauricio L. Miegimolle, Procurador.
Juan Ordóñez, Procurador.
Ernesto F. Núñez, Procurador.
Enrique Miranda Godoy, Juez de primera instancia.
Angel Vázquez Sánchez, Abogado.
Manuel Requejo, Alguacil de Juzgado.
Bernardo Sastre, idem id.
Cenobio Ortega, Abogado.
Francisco Buisen, Juez de primera instancia.
Luis Gorostola Prado, Abogado.
José María Peñuelas, Abogado.
Cecilio López de Castro, Procurador.
Luis Díaz López, Abogado.
Martín Chacón Valdecanas, Abogado.
Benito Lozano y Lozano, Procurador.
Guillermo Briones y Martín, Procurador.
Francisco Huerta, Abogado.
Cipriano Grima, Juez municipal suplente.
Fausto Martínez del Arco, Procurador.
José Flores, Procurador.

D. Gregorio Benavente, Alguacil del Juzgado.
Esteban Cuesta, idem.
Galo Nateos, idem de Juzgado municipal.
Antonio Ortiz, Juez de primera instancia.
Teodosio Gómez Platero, Escribano.
Gregorio García Linares, Procurador.
Cándido Sánchez, Alguacil.
Paulino Pérez, idem.
F. Augusto Corral, Teniente fiscal de Audiencia.
Pedro Otero, Abogado.
Tomás Lara López, Procurador.
José Lizcano González, idem.
P. José Cañizares, idem.
Valeriano Gomicia Coloma, idem.
Fernando Lazo Rodríguez, Escribano.
Juan Bautista Escrig, idem.
A. Ventura Martínez, Abogado.
Francisco Fernández Gallardo, Escribano.
Juan Sánchez Molina, Procurador.
Claudio Santamaría, Abogado.
Manuel Gallego Sánchez, Procurador.
Carlos Sanz Larrumbe, Abogado.
Fernando Gil Guerrero, Juez de primera instancia.
Fulgencio Muzas, Escribano.
Benito López Robles, Juez de primera instancia.
Adolfo Alonso Rodríguez, Procurador.
Francisco Carmona Medina, idem.
Fermín de Mateos Santamaría, idem.
Federico Martín Beain, idem.
Luis Soldevilla Guerrero, idem.
Vicente Canelada, idem.
José Ferrer Bertrán, idem.
Justo Martínez Estellez, idem.
Nazario Vázquez Guerrero, Juez de 1.ª instancia.
José María Domenech, Procurador.
Juan Antonio Montesinos, Presidente de Audiencia.
Salustiano Villa y López, idem de Sección.
Francisco Bello, Magistrado.

(Se continuará.)

BIBLIOGRAFÍA JURÍDICA

La culpa en el Derecho civil moderno.—Culpa contractual, por D. G. P. Chironi; Profesor de Derecho civil en la Universidad de Turín, traducida al español por D. Adolfo Posada, Profesor en la Universidad de Oviedo.

Desde la ley II, tit. XXXIII de la Partida 7.ª, en que se define y clasifica la culpa, se ha venido determinando el cuánto de ella para poder exigir el tanto de responsabilidad en que el culpable incurre, para reparar el daño causado y el derecho infringido.

Analiza el Sr. Posada en su obra los elementos que integran la violación de un deber exigible al agente, ya esta violación tenga su razón de ser en la voluntad ó en la ley.

Considerada la culpa como intención directa de dañar es como esta palabra tiene un significado especial, técnico, y no comprende cualquier violación de un deber jurídico o cualquier acción producida injustamente, sino que expresa un estado particular del ánimo en relación con un hecho injurioso.