El Foro español (Madrid. 1898) (1899-08-30 00:00:00), página 5

Pero entre el efecto y la causa no media simplemente una relación de existencia, sino también de proporcionalidad: la donación inmensa arguye mucho afecto ó munificencia del donante, ó grandes servicios del donatario; un precio alto en la compraventa, arrendamiento, etc., supone el crecido valor de la cosa vendida ó arrendada. Cuando lejos de acontecer así, no se encuentra la razón de lo que una parte recibe en lo que da, surge la idea de error viciando el consentimiento, ó la de simulación desnaturalizando la verdad del acto realizado, según que haya intervenido buena ó mala fe; y como quiera que las obligaciones son meramente (cual notó Gerber) formas jurídicas de ciertas relaciones mutuas de los hombres, por fuerza han de carecer de eficacia las contraídas en los dos casos citados, pues sólo una persona perturbada podría contratar sin causa bastante, artículos 1.261, números 1.º y 3.º, 1.265 y 1.276 del Código, sentencia del Tribunal Supremo de 14 de Marzo de 1891.

Tampoco revestiría validez el convenio á calidad de oneroso, aun en la hipótesis de que los contrayentes pretendieran á sabiendas celebrarlo con prestaciones muy desiguales, toda vez que la voluntad no crea por sí misma derechos, ni prevalece su determinación en contra de los preceptos de la ley: el error sobre el título de los contratos los vicia hasta el punto de anularlos, porque arguye falsedad en sus respectivas causas, y por ésto disconformidad en el consentimiento; pero no afectando totalmente á la naturaleza de ellos, sino contrayéndose á una de sus circunstancias características, habría que reputarlos válidos con tal que apareciese legítimo el motivo y manifiesta la intención de obligarse, pues entonces la causa sólo resultaría falsa en apariencia; v. gr., el que recibe trigo comprometiéndose á devolver otro tanto de arroz, celebra una permuta; aunque por equivocación se le denomine préstamo, el contrato no surtiría efecto alguno con arreglo á este título, mas sería válido y exigible á tenor del primero, artículos 1.255 en relación con el 1.740 y 1.276, armonizado con el 1.538 de dicho Código. Es la doctrina del error de hecho y de derecho.

No se debe, por consiguiente, considerar á la voluntad (según quiere Falcón) como «único principio obligante ó verdadera causa del convenio», porque con semejante doctrina ningún contrato implicaría nulidad, fuesen cualesquiera los vicios que lo irritasen: la voluntad dolosa, errada ó cohibida, no dejaría de ser voluntad (voluntas enim coacta voluntas est) y, en tal concepto, digna de respeto. Por una feliz inconsecuencia, el autor citado admite que el error en la persona, cosa ó naturaleza de la obligación produce su nulidad, pero no si recae sobre la causa, puesto que en el derecho moderno (dice) no hay más causa de obligar que la voluntad libre del hombre, y respecto del querer ó no querer jamás se concibe equivocación. No cabe efectivamente error en la voluntad, porque como potencia de suyo ciega que es, signe al entendimiento, quien la move proponiéndola su objeto (voluntas intellectum consequitur), y obra siempre por virtud de algo y para algo (per principium internum, cum cognitione finis), en cuyo sentido la causalidad y finalidad integran su esencia; mas por lo mismo tampoco se puede considerarla causa eficiente del contrato, ni base fundamental de su otorgamiento. Cierto que en nuestros días la obligación se forma por la simple coincidencia de voluntades y que se halla consagrada la libertad individual en materia de contratación; pero lo absoluto de estos principios no llega á tanto que no encuentre justas limitaciones en el postulado que formula los partidarios de la «nueva génesis del Derecho civil», á saber: «el hombre no puede obligarse á lo que quiera, sino á lo que deba»; en los racionales motivos que impiden al prójimo contratar válidamente y en las prohibiciones varias impuestas por la ley con relación á las disposiciones inter vivos y mortis causa en general, ó respecto de cada uno de los contratos en particular, que contienen los artículos 686, 763, 1.516, 1.331, 1.394, 1.449, 1.459, 1.476, 1.545, 1.583, etc. del Código. Finalmente, la índole onerosa, lucrativa y mixta de las obligaciones prueba que en vez de ser la voluntad causa de ellas, reconocen un fundamento más superior y una razón que, amen de hallarse por encima de las voluntades de los contrayentes, las determina á concertarse.

Volviendo de un modo directo á nuestro asunto, indicaremos que la renta vitalicia fué siempre entre nosotros una institución defectuosa y mal definida por lo borroso de sus caracteres distintivos, que aun no llegaron á fijarse con precisión. Una sola ley se la consagró directamente para reglamentarla en la Novísima Recopilación al tratar de los censos, apellandándola censu de por vida; y esto allí donde, al decir de un escritor, «las leyes derogatorias y las derogadas, las generales y locales, las transitorias y permanentes, las penales y civiles se revuelven y confunden de tal suerte que hacen por todo extremo difícil puntualizar la verdadera doctrina». Con vista de esa ley 6.ª, tít. XV, libro 10, completada por la nota segunda del mismo título, que parece dar vigor en calidad de complementarias á las leyes 12 y 13, tít. XV, libro 5.º de la Nueva Recopilación, vinieron los tratadistas antiguos estimando el referido contrato como un censo más, de naturaleza real ó personal, según se gravasen ó no para su seguridad algunas fincas, censo que podía constituirse en bienes raíces ó en dinero, á título oneroso ó lucrativo, y que se diferenciaba principalmente de los otros en no establecerse sobre una cosa, sino con relación á la vida de una ó varias personas, de donde tomó el nombre de vitalicio. Si consistía en inmuebles, llevaba comúnmente aneja la obligación de pagar el censario una pensión diaria ó alimentar al censualista, en cuyo caso se le equiparaba al entúfitico ó se le consideraba donación ó cesión de bienes con tal carga; pero cuando se reducía al derecho de percibir una renta anual durante la vida de cierta persona por un capital que se entregaba en dinero, lo suponían análogo al consignativo. Resulta, pues, que la institución aludida estuvo mucho tiempo sin alcanzar naturaliza propia, pasó confundida con varios contratos más ó menos afines de ella, hasta que en la Edad Moderna hubo de iniciarse la nueva Era del Derecho civil con la promulgación del Código francés, el cual, entre otras innovaciones, reformó radicalmente los censos, reglamentando el consignativo con el nombre de «renta perpetua».