El Foro español (Madrid. 1898) (1899-10-30 00:00:00), página 10

6 autoridad) que al efecto le requiera, constituyen actuaciones judiciales, y deben, por lo tanto, permanecer en poder del Juez ó del Escribano actuario, interin no se termine el sumario ó se falle la causa si le compete su conocimiento en primera instancia, y se remitan uno á otra á la Superioridad en el modo y forma que la ley perpetúa.

En cuanto al caso que la consulta propone, no estima este Centro que la entrega por el Juez al delegado del Director general de Aduanas del acta que á requerimiento del mismo levantara para acreditar la existencia de un delito de defraudación á la Hacienda, y á solo objeto que la consulta indique, ó actúe para tomar una nota de dicho expediente ó acta constitutiva de delito alguno, supuesta la buena fe del Juez y, por tanto, su verosímil creencia de que realizaba un acto de cortesía, al par que prestaba su cooperación al servicio público de que estaba especialmente encargado dicho delegado. Si éste abusando de la confianza otorgada, cometió alguna falsedad en dicha acta con el objeto que la consulta expresa, sin que en ella tuviera participación alguna, ni real ni intencional, ni el Juez ni el Escribano, no cabe, á juicio de esta Fiscalía, exigir á éstos responsabilidad criminal de ninguna especie, y sí tal vez la disciplinaria correspondiente, si se acredita que había mediado por su parte grave negligencia ó descuido.

Arts. 314 y 342, Cód. pen. (Victoria).

38.—Si después de contestar negativamente un Jurado á la pregunta del Presidente acerca de si se halla comprendido en alguno de los casos de incapacidad ó incompatibilidad de los arts. 10, 11 y 12 de la ley, resultare que había faltado á la verdad. ¿Deberá procederse en su contra por el delito de falsedad de documento público, por serlo el acta donde merced á su manifestación se consigna una cosa contraria á la verdad?—¿Lo será si no del de usurpación de funciones?

Dispone el art. 54 de la ley del Jurado, en su segundo párrafo, que después de leída la lista de los Jurados presentes, menos los que de oficio hubiese excluido la Sección en virtud del parte mencionado en el art. 54, el Presidente los llamará uno á uno y les preguntará si están comprendidos en alguno de los casos expresados en los arts. 10, 11 y 12 de la ley. Y pregunta el consultante: El Jurado que contesta negativamente, y resulta luego hallarse comprendido en alguno de dichos casos de incapacidad é incompatibilidad, ¿qué delito habrá cometido? Análogo caso es éste al del testigo que al ser preguntado por el Presidente en el juicio oral si ha sido procesado, contesta negativamente, á pesar de haberlo estado é impústuesele una condena.

Opina este Centro que no pueden ser declarados incursos por esta mera mentira ni en el delito de falsedad el Jurado, ni en el de falso testimonio el testigo, por falta de la objectividad esencial de uno y otro delito; ni tampoco el primero en el de usurpación de funciones, como alternativamente se consulta, porque con aquella inexacta manifestación no se atribuye propiamente el Jurado carácter oficial que no tenga.

Pero si, entiende esta Fiscalía que debiera facultar la ley al Presidente del Tribunal para castigar gubernativamente esta falta de veracidad, tanto del Jurado como del testigo en su caso, con una multa de 50 á 200 pesetas, siempre que resultaren indicios bastantes para creer que procedieron maliciosamente en su inexacta manifestación.

Art. 331, Cód. pen. (Córdoba).

39.—Teniendo en cuenta las prescripciones del artículo 20 de la ley de Presupuestos de 1892, el 56 de la de 1899 y sus concordantes del Código penal, ¿qué pena procede aplicar en el caso en que la defraudación se halle comprendida en los números 18 al 24 del art. 17º del reglamento de Consumos de 1898, ó sea cuando no esté determinado el importe de la cantidad defraudada?

El caso consultado no ofrece, á juicio de esta Fiscalía, verdadera dificultad. Siempre que conste que hubo defraudación existirá delito, ya el comprendido en el art. 554 del Código penal, aplicable en los casos que determina el art. 20 de la ley de Presupuestos de 1892, ya el del 331 del propio Código, en los casos previstos en el 56 de la de 1899. Y del mismo modo que, cuando en los delitos de robo hurto, etc., se desconoce el valor de la cosa sustraída, tiene establecido el Tribunal Supremo en multitud de sentencias que se ha de estar á lo más favorable al reo en cuanto hace relación á dicho importe, procederá imponer á los reos de los delitos cuestionados la pena mínima, ó sea multa de 125 pesetas, establecida ya como tal expresamente en el artículo 331 del Código, e implicitamente en el 27 del mismo, según el cual la multa como pena correccional, y como tal á los delitos menos graves aplicables, no puede bajar de 125 pesetas. Esta, por lo tanto, es la pena que debe imponerse á las referidas infracciones, cuando no se haya determinado el importe de la cantidad defraudada.

Art. 332, Cód. pen. (Victoria).

40.—¿Cómo deberá castigarse el delito de falso testimonio, dado en causa criminal en contra del reo, si éste hubiese sido condenado á la pena de muerte, que no hubiere llegado á ejecutarse?

El art. 332 núm. 1.º del Código penal, trata del falso testimonio dado en causa criminal en contra del reo, condenado á la pena de muerte, cuando ésta se hubiere ejecutado; pero ni en dicho artículo ni en los posteriores hace previsto el caso de que la pena de muerte impuesta no hubiere llegado á ejecutarse. ¿Quedará por ello impune semejante delito, tan grave como el anterior en cuanto á la perversidad de la intención del culpable y del acto por él realizado, por más que no haya alcanzado las funestas consecuencias de aquél? No es presumible siquiera que haya entrado en el ánimo del legislador la idea de tamaña impunidad, y por lo mis-