El Foro español (Madrid. 1898) (1898-03-20 00:00:00), página 6

bueno estiva del cargamento.—Ley de Enjuiciamiento civil, artículos 2.169 y 2.170.

7º Hipoteca naval: venta á un extranjero de buque gravado con ella, omitiendo ciertos requisitos.—Ley de 21 de Agosto de 1893, art. 40, y núm. 7º, artículo 838, Ley Orgánica.

N. Notariado.
1.º Expedición de segundas ó ulteriores copias de escrituras.—Ley de 26 de Mayo de 1862, y reglamento de 9 de Noviembre de 1874.
2.º Desglose de escrituras matrices.—Cita anterior.

N. Pobreza legal.
1.º Sobre si son ó no sostenibles las pretensiones de los declarados pobres.—Ley de Enjuiciamiento civil, artículo 48.
2.º Recurso de casación en su beneficio después de dictamen negativo de tres Letrados.—Ley de Enjuiciamiento civil, artículos 1.709, 1.715 y 1.756.
3.º Capitalización de ciertas mandas benéficas.—Código civil, art. 788.

2.º—Defensa y protección de las cosas.

Primero. De la propiedad.

A. Propiedad inmueble.
1.º Informaciones posesorias.—Ley de Enjuiciamiento civil, art. 2.010; Ley Hipotecaria, artículos 397 al 399.
2.º Inscripción del dominio.—Ley Hipotecaria, artículo 406.
3.º Liberación de hipotecas y otros gravámenes.—Ley Hipotecaria, artículos 368 y 371.
4.º División y redención de cargas.—Ley Hipotecaria, art. 386.

B. Propiedad mercantil: de títulos al portador: su revindicación.—Código de Comercio, art. 551.

C. Propiedad industrial: de patentes de invención: su nulidad y caducidad.—Ley de 30 de Julio de 1878.

Segundo. Sucesiones.

A. Algunas formas especiales de testar: testamento ológrafo, militar y marítimo.—Código civil, artículos 692, 718 y 727.

B. Abintestato.
1.º Prevención.—Ley de Enjuiciamiento civil, artículo 972.
2.º Declaración de herederos.—Ley de Enjuiciamiento civil, artículos 980, 984, 989 al 996 y 1.000.
3.º Administración.—Idem.

C. Testamentarias.—Ley de Enjuiciamiento civil, artículos 1.056, 1.058, 1.059 y 1.060.

D. Adjudicación de bienes á que están llamadas varias personas sin designación de nombres.—Ley de Enjuiciamiento civil, artículos 1.101 al 1.129, y Código civil, artículos 746 al 751.

E. Repudiación de herencia.—Código civil artículo 903.

Madrid 7 de Marzo de 1898.—Sánchez Román.

Relacionadas con cuanto tuve el honor de comunicar á los Sres. Fiscales en mi Circular fecha de ayer, son las siguientes observaciones, que estimo conveniente adicionar á la misma, concernientes al oficio fiscal, en los órdenes de ejercicio á nuestro Ministerio de que aquélla se refiere, á saber:

1.º Las materias de que se he hecho mención se han concretado, teniendo en cuenta las reformas realizadas en las varias ramas del Derecho, con posterioridad á la Ley Provisional sobre organización del Poder judicial de 1870.

2.º Para determinar la intervención del Ministerio fiscal, se atiende en el Resumen á la letra de las leyes, y no se ha incluido función alguna que no esté apoyada en precepto expreso. Aun cuando dicho Ministerio puede intervenir, por racional interpretación de los textos legales, ó por iniciativas de carácter general, en otros asuntos que los específicamente enumerados, no se trata aquí de ellos, por la índole de dicho Resumen, dejando su determinación para el caso en que se ofreciesen fundadas dudas, debidamente consultadas á esta Fiscalía.

3.º La enumeración de materias en el expresado Resumen ha de entenderse que no releva, por tanto, al Ministerio fiscal de cumplir las demás obligaciones que le impongan las leyes, conforme al núm. 17, artículo 838 de la ley orgánica del Poder judicial.

4.º No ejerce el Ministerio fiscal la atribución que esta ley le impone en el núm. 4.º del referido artículo de representar al Estado, á la Administración y á los Establecimientos públicos de instrucción y beneficencia en las cuestiones en que sean partes, ya demandante, ya demandada, porque tal atribución se ha conferido al Cuerpo de Abogados del Estado por Real decreto de 16 de Marzo de 1886, que deslinde con toda claridad la respectiva esfera de acción de dicho Cuerpo y del Ministerio público.

5.º A virtud de ese deslinde, es legalmente posible, y de hecho se realiza con frecuencia, la coexistencia de la intervención de los funcionarios de ambos Cuerpos en un mismo juicio universal, pleito ó juicio declarativo ó de otra clase, ó en acto de jurisdicción voluntaria, correspondiendo al de Abogados la defensa del Estado, como persona jurídica, ó de la Hacienda pública, y al Ministerio fiscal la de los intereses morales ó el de la ley ó de personas ó cosas colocadas bajo su especial protección, no siendo fácil confundir la respectiva competencia que tiene una línea divisoria tan profundamente marcada.

6.º El Ministerio fiscal procede por vía de acción y por vía de requerimiento.

Por la primera, sólo en los casos taxativamente previstos por las leyes; entonces inicia, promueve la acción de la justicia, es parte principal, y puede serlo también con el carácter de demandado. Como demandante actúa en los casos en que pide la caducidad de una patente de invención, la declaración de incapaz de un demente furioso ó una inhibitoria, etc.; y procede, como demandado, por ejemplo, si lo son los acogidos en casas de expositos, á cuyos Jefes, tutors de esas entidades, representa en juicio, etc.

Por vía de requerimiento comparece dicho Ministerio, cuando parte legitima ha promovido el litigio ó el acto y debe ser oficios; es en tal caso, un Asesor de los Tribunales; coadyuva á la gestión de la parte á quien la ley ampare, pero siempre con el criterio de la misma ley y no como gestor interesado.

7.º Cuando el Ministerio fiscal sea requerido sobre materia propia de sus atribuciones, no debe excusarse de intervenir, ni de exponer su obligado juicio, conforme á la resultancia de los autos y á las leyes y demás disposiciones aplicables al caso. Si no hubiere precepto que le dé intervención, ni se justifique ésta por interpretación legal, habrá de alegar razonadamente esta excusa.

8.º La disposición del núm. 6.º, art. 838 de la Ley Orgánica del Poder judicial, que encarga á dicho Ministerio la defensa y representación de los menores incapacitados, ausentes ó impedidos para administrar sus bienes, interdictos por pena, es de mera precaución y rigo hasta que se les provea respectivamente de tutor ó de representante para la guarda de sus propiedades y derechos; y hay que entenderla en relación con las disposiciones de los artículos 181, 203, 228 y 293 del Código civil, que exigen, con toda previsión, el concurso también de los Jueces á fin de que sea lo menos dilatorio posible el estado de peligro para la persona ó para los bienes en que se encuentren di-