El Foro español (Madrid. 1898) (1899-05-10 00:00:00), página 2

los saber? ó la circunstancia del hecho (¿quién la precisa?) hicieran presumir que no comparecerá cuando fuese llamado por la Autoridad judicial.

Bien está que se establezcan, por otra parte, como principios generales para decretar la prisión provisional:

1.º Que conste en la causa la existencia de un hecho que presente los caracteres de delito.

2.º Que éste tenga señalada pena superior á la de prisión correccional, según la escala general comprendida en el Código penal ó bien que, aun cuando tenga señalada pena inferior, considere el Juez necesaria la prisión provisional, atendidas las circunstancias del hecho y los antecedentes del procesado, hasta que preste la fianza que le señale.

3.º Que aparezcan en la causa motivos bastantes para creer responsable criminalmente del delito á la persona contra quien se haya de dictar el auto de prisión (1). Así como que proceda de igual modo la prisión provisional cuando concurren la primera y tercera circunstancias enumeradas y el procesado no hubiere comparecido sin motivo legítimo al primer llamamiento del Juez ó Tribunal que conozca de la causa (2); pero toda esa escurriducidad en el orden de determinación de reglas, toda esa cautela y limitada precisión en fijarlas resulta á la postre perdida ante la disposición final que sigue á las apuntadas y que la completa e íntegra.

Dice así en su apartado último el art. 504 de la Ley procesal: «No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, aunque el delito tenga señalada pena superior á la de prisión correccional, cuando el procesado tenga buenos antecedentes ó se pueda creer fundadamente que no tratará de substraerse á la acción de la justicia, y cuando, además, el delito no haya producido alarma ni sea de los que se cometan con frecuencia en el territorio de la respectiva provincia, podrá el Juez ó Tribunal acordar, mediante fianza, la libertad del inculpado.»

Esto es, á nuestro humilde entender, y la práctica á veces lo pregunta, el escollo de la ley, y, por tanto, el particular que más urgentemente pide reforma.

En efecto; si, por una parte, aunque el delito cuya comisión á uno se le imputa tenga señalada pena inferior á la de prisión correccional, puede el Juez decretar la prisión á título de considerarlo necesaria, atendida las circunstancias del hecho y los antecedentes del procesado, hasta que preste la fianza que le plazca señalarle, y por otra, puede á su vez ponerle en libertad aunque al delito le estuviere señalada pena superior á la de prisión correccional (y cuenta que este grado alcanza al mínimo de la mayor inmediata), si el procesado es de buenos antecedentes (la mejor de las veces faltan las malas referencias), el delito no haya producido alarma (¿qué delito no lo produce?), ni sea de los que se cometan con frecuencia en el territorio de la respectiva provincia (¡y esta razón no es peregrina!), ó se pueda, en fin, creer fundadamente (¿quién será capaz de aventurarlo?) que no tratará de substraerse á la acción de la justicia, digamos francamente: ¿qué medios hay para librar de la prisión á quien en ella no debió entrar, ó de evitarse, en otro caso, una impunidad escandalosa en el verdadero delincuente?

El problema es arduo; pero como es el propio tiempo capitalísmico, como afecta más directamente que otro alguno á la hora y á la vida de los ciudadanos, toca abordarlo sin titubeos y darle solución, solución que armonice tan encontrados cual valiosos intereses; y en este sentir, entre los dos peligros que las premisas apuntadas entrañan respecto al prudente obrar del Juez cuya discreción, en estos casos, ha de ser observada, creemos que lo que más importa evitar es esa dolorosísima prolongación de la prisión preventiva, mal de cuya existencia no puede dudarse y que de manda con urgencia se ponga saludable enmienda.

Para ello consideramos que sería eficaz medida el disponer que, pasado algún tiempo de hallarse el procesado preso, el Juez llevarse á cabo cierta revisión ó nuevo estudio del sumario, aquilatando los cargos que contra aquél resultaren, las diligencias pendientes para finalizar la causa, su probable duración y éxito, etc., etc.; y que este trabajo de recordación y examen, de consulta á sí mismo si se quiere, se hiciese también por el Fiscal de la Audiencia, por medio de testimonio, que el Juez instructor habría de elevarle; y con estos datos, y á instancia del Ministerio público, en fin, ó del acusado, podría la Sala adoptar alguna determinación en beneficio del presunto reo, que modificase su estado, llamado de contrario á prolongación indefinida y á causar daño irreparable.

Mas dado el caso que este sensible mal hubiera tenido consumación, al abono de la prisión provisional sufrida, que en tan limitados casos se declara hoy al dictar sentencia, debía dárselle, por equidad y por justicia, mayor extensión.

En efecto; ¿qué serio inconveniente había de ofrecerse, ni qué razón atendible oponer y objetarse para que dicho abono alcance por completo, cuando la pena impuesta fuere correccional, y la mitad, estatuida por viejo y anacrónico Decreto, subsista para las penas temporales? Lejos de ver en ello peligro alguno, hallamos un modo indirecto, el más propicio, de compensar los quebrantos de la prisión preventiva (no siempre justa) sufridos, y de suavizar los rigores, á todas luces evidentes, de nuestra ley sancionadora. Hecha expresa salvedad, por supuesto y en todo caso—no hay para qué decirlo,—de cuando el otorgamiento de tal merced se opusieren justificados motivos, en entender del Tribunal, para negarla, á saber: reincidencia del procesado, rebeldía ú otra circunstancia de notable y señalada agravación; pues la ley, tanto debe mostrarse humanitaria y compasiva con el desvalido, cual severa