El Foro español (Madrid. 1898) (1898-08-30 00:00:00), página 3

tiempo de prisión sufrido no le es abonado en cuenta para extinguir su pena en la mayoría de los casos, pero en cambio si es absuelto por no resultar culpable ó por patentizar su inocencia, entonces ¡ah entonces! la sociedad, la justicia, tiene que decirle: «Disculpa, me he equivocado; te devuelvo tu libertad perdida provisionalmente», y vuelve á su hogar, pero con el estigma de haber estado preso, y allí encuentra á su mujer falta de recursos, famélica y miserable si ha tenido la virtud de resistirse y no caer en brazos de otro; á sus hijas desamparadas y sin alimento, si no han descendido al lupanar vendiendo su debilidad y sus gracias á cambio de un pedazo de pan de que carecieron, y á sus hijos raquíticos, desnutridos y harapientos, implorando la caridad para comer ó anegados en el vicio, por cuya suave pendiente se deslizan hasta precipitarse en el abismo y parar fatalmente y con motivo en la misma prisión en que su padre estuvo por un error.

Y no es que recarguemos exageradamente las tintas del cuadro, pues la realidad ofrece sus tristes observaciones, ni que pretendamos exponer ideas nuevas con la ridícula ilusión de que sean exclusivamente nuestras. La ilustre escritora Doña Concepción Arenal ya lo ha dicho: «Imponer á un hombre una grave pena, como es la privación de libertad; una mancha en su honra, como es la de haber estado en la cárcel, y esto sin haberle probado que es culpable y con la probabilidad de que sea inocente, es cosa que dista mucho de la justicia. Hacer al malo peor, como en el presidio, es culpa grave; pero hacer malo al bueno, como en la cárcel, y esto invocando el derecho y la justicia, ¿qué nombre merece? ¡Oh! Si se escribiera la historia de la prisión preventiva, se leería en ella una de las más terribles acusaciones contra la sociedad.»

El Excmo. Sr. D. Trinitario Ruiz Capdepón, en 15 de Septiembre de 1833, siendo Fiscal del Tribunal Supremo, en Memoria dirigida al Gobierno decía que la prisión preventiva «como sólo tiene por fundamento una necesidad debe economizarse, entendiéndose de una manera restrictiva las disposiciones legales que la autorizan.»

El mismo ilustre señor, en 15 de Septiembre de 1893, ocupaba el Ministerio de Gracia y Justicia, y en su discurso de apertura de Tribunales ocupábale con elocuencia del mismo asunto y, entre otros brillantes periodos, pronunció los que á continuación copiamos:

«Hay entre las imperfecciones de nuestros organismos jurídicos una que, como imperfección humana, parece irremediable. Me refiero á la prisión preventiva, que sin ser pena, tiene todas las formas de la de privación de libertad.» Lamentaba después de que las dilaciones del procedimiento llegasen á convertir en pena afflictiva la temporal privación de libertad, así como de la frecuente aplicación de la prisión preventiva, demostrada por datos tomados de la estadística, y terminaba diciendo: «Convengamos, señores, en que la aplicación innecesaria de la prisión provisional constituye una de las más dolorosas deficiencias del procedimiento, que es urgente y humanitario reformar, adelantando lo posible el día en que lo que hoy se aplica como regla, signifique sólo una excepción.»

Véase, pues, cómo el mal que señalamos en nuestro enjuiciamiento ha sido ya apuntado por muchas y superiores inteligencias; pero, á pesar de ésto, aún no se han dado las reglas ni determinado las bases para su remedio.

El Excmo. Sr. D. Eduardo Martínez del Campo, que en la citada fecha ocupaba la Fiscalía del Tribunal Supremo, en la notable Memoria que elevó al Gobierno, se lamentaba también de la duración y efectos de las prisiones, y abogaba por que siguiendo la práctica de otros Estados, se imputara su total tiempo en el de las penas de privación ó restricción de libertad.

Si en el terreno práctico observamos cada uno de los casos que se nos presentan, veremos con pena cómo los hechos distan mucho de inspirarse en esas sabias teorías antes apuntadas. Los sumarios se prolongan indefinidamente, muchas veces con diligencias de ninguna utilidad, y resulta que entonces, lejos de ser reunión de elementos necesarios para descubrir y comprobar el delito y sus autores, son fárragos inmensos donde no predomina el orden ni preside el sistema y sólo conducen á alargar los trámites y prolongar la situación del Procurador.

Trátese, por ejemplo, de la comprobación de la edad del delincuente, cosa perfectamente inútil en aquel cuyo aspecto á la simple vista basta para apreciar es mayor de diez y ocho años; pues bien, si es nacido en un pueblo distinto de el del Juzgado instructor, dirígete sin la menor prisa exhorto al Juzgado á donde corresponda el lugar del nacimiento, para que se ordene al municipal correspondiente, ó al parroco en su caso, expidan certificación de la partida: el exhorto llega ó no llega, y si llega, el exhortado le cumple ó no le cumple, y en esto pasa todo el tiempo que Dios quiere, hasta que acaso el instructor envíe un recordatorio, y si éste tiene más suerte que el primer exhorto, entonces, al cabo del tiempo, viene aquel documento que para nada sirve. Pero también ocurre, que ya porque no se han consignado con exactitud los nombres y apellidos, porque no se ha buscado bien, porque el exhorto se pierde, porque los archivos se quemaron, ó por otra multitud de causas, la tan deseada partida no parece, y entonces el Juez que instruye la causa tiene que acabar por donde debiera haber empezado, con lo que se habría ahorrado muchas molestias y muchos trámites, y hubiera prolongado menos la prisión del encasado; llama á los médicos forenses y les ordena reconozcan al preso y dicte mandato acerca de su edad probable.

En suma, que si la causa se tramita en un Juzgado de Toledo y el procesado ha nacido en Oviedo, esto solo constituye una desgracia que quizá agrave su situación mas que una circunstancia de las que enumera el art. 10 del Código penal.