El Foro español (Madrid. 1898) (1899-06-20 00:00:00), página 1

EL FORO ESPAÑOL
REVISTA JURÍDICO-ADMINISTRATIVA

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DIRECTOR
LORENZO BARRIO Y MORAYTA
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Administrador, JOSÉ YAGÜES Y SANZ
A QUIEN SE DIRIGIRÁ toda la correspondencia administrativa

SUMARIO
Los documentos privados como títulos ejecutivos, por D. Antonio Solo y Hernández, Abogado.—Comentario al art. 243 del Código civil, por D. Francisco Peniche y Lugo, Juez de primera instancia.—Influencia del Cristianismo en la ciencia del Derecho (continuación), por D. A. Escamilla Rodríguez, Abogado.—Boletín de la semana (legislación).—No más sufrir.—Amarguras del bufete: Diálogo íntimo, por D. Lorenzo Barrio y Morayta, Abogado.—Noticias.—Asociación general de socorros de Funcionarios del Poder judicial: Un compás de espera.—Bibliografía jurídica: Derecho consular español, D. Miguel Maluquer y Salvador, Viceconsul de España, por D. Miguel Morales y Acevedo, Abogado.—Jurisprudencia.—Correspondencia administrativa.

DE LOS DOCUMENTOS PRIVADOS como títulos ejecutivos
Si algo hay en el procedimiento civil vigente que necesite reforma con urgencia, deben ser los primeros artículos que tratan del juicio ejecutivo, escritos para una sociedad que no es la nuestra, y con una serie de precauciones á favor del deudor presunto, que hacen la mayor parte de las veces inútiles los esfuerzos del acreedor y lo ponen en el más desesperado de los trances.
Para que el documento privado tenga fuerza ejecutiva, es sabido que ha de haber sido reconocido, bajo juramento ante el Juez competente, para despachar la ejecución (núm. 2.º, art. 1.429 de la Ley de Enjuiciamiento). Es decir, que el deudor es el que decide, con su reconocimiento ó con su negativa, la clase de juicio que contra él ha de seguir su acreedor para reclamarle lo que le debe y no le satisface; y como los intereses de uno y otro son contrapuestos, y todas las ventajas del pleito ejecutivo, en cuanto á garantías para la efectividad de la sentencia, rapidez y simplificación del procedimiento y condena de costas, son desventajas para el demandado, lo que el mencionado precepto establece es que el deudor sea árbitro de sus propios destinos, y lo que es más grave, de los del acreedor, á quien voluntariamente no paga. Excusado es afirmar, porque todos lo conocen y porque es natural que así ocurra, que, en el 90 por 100 de los casos, el llamado á reconocer su firma y á elegir entre el juicio ejecutivo y el declarativo, opta por este último, aunque para ello tenga que mentir descaradamente delante de un Juez ó acudir á sutilezas y fórmulas rebuseadas, que no debieran ser consentidas en los Tribunales, como la de decir el interpelado que no puede afirmar ni negar que el documento sea legítimo, ó que la firma tiene caracteres muy parecidos á la que él usa, pero que también observa algunas pequeñas diferencias que le hacen dudar, etc., etc., con lo cual se nada y se guarda la ropa, dejando el camino abierto para adoptar más tarde cualquiera actitud conveniente y evitar responsabilidades de orden criminal.
La lógica de los hechos enseña otra consecuencia altamente inmoral, que se desprende del mencionado precepto; la sinceridad y la buena fe del que acude ante el Juez á decir la verdad y á reconocer como legítima su firma y como cierta su deuda, haciendo honor al juramento en nombre de Dios que se le exige, traen de un modo indeclinable el despacho de la ejecución y el requerimiento al pago y embargo á raja tabla, del propio modo que el trueno viene en la naturaleza como obligado cortejo del relámpago. En cambio, y esto es lo lamentable, el que oculta maliciosamente la verdad, el perjurio, el falsario, el embustero, el cínico, ese encuentra su galardón en sus bajas acciones y un estímulo para seguir abofeteando todo sentimiento honrado y decoroso, porque su declaración le evita el embargo y la ejecución, y hasta las costas impuestas por ministerio de la ley al ejecutado, y le da tiempo para organizar su vituperable defensa, armar sus zancadillas y trampas legales, y para hacerse insolvente ó para simularlo con habilidad. Á esto conduce la candidez de preguntar á Bertoldo de qué árbol quiere ser ahorcado, y la absurda consideración que la ley guarda á los malos pagadores, á los estafadores y sablistas.
Pero no paran aquí las condescendencias y contemplaciones que tiene con el deudor, en daño de su acreedor.
Los artículos 1.430 y 31 disponen el procedimiento que ha de seguirse para conseguir que el deudor acuda ante el Juez y elija, con toda frescura, entre el duro (el juicio declarativo) y la peseta (el juicio ejecutivo).