El Foro español (Madrid. 1898) (1898-09-10 00:00:00), página 5

la declaración terminante de la ley 61 de Toro; luego al suprimir ésta y no establecer otra idéntica en sustitución de la misma, la doctrina de aquélla ha quedado por completo derogada. La ley no lo prohibe, y sólo es ilícito e ilegal hacer lo que la ley impide que se haga.»

El insigne Alcubilla, benemérito de la patria por sus trabajos, encanecido en el estudio del derecho, jurisconsulto eminente, autoridad indiscutible en la materia, de profundo saber y de admirable sentido práctico, resuelve de este modo la cuestión en el tomo 3., páginas 184 y 185, edición última (quinta), de su apreciable ypreciado Diccionario:

«La mujer—dice—no puede obligarse sin licencia ó poder de su marido (art. 61 del Código civil), fuera de los casos en que se le permita proceder por sí sola, fijados en los artículos 59, 62, 63, núm. 2.; 73, núm. 4.; 187, 220, 225, 229, 1.365, números 2.* y 3.*; 1.384, 1.436 y 1.441 á 1.448.»

«Por el derecho antiguo había dos contratos que la mujer no podía celebrar ni aun con licencia de su marido. La Ley 61 de Toro decía que «de aquí adelante la mujer no se puede obligar por fiadora de su marido.... y que cuando se obligaren á mancomún marido y mujer.... la mujer no sea obligada á cosa alguna, salvo si se probare que se convirtió la tal deuda en provecho de ella.»

«No hay en el Código civil ninguna prohibición concordante con la anterior, que parece, por lo tanto, comprendida en la derogación ordenada en el artículo 1.976, por formar parte integrante del Derecho civil de Castilla; y más nos confirma en esta opinión la atenta reflexión sobre los citados artículos 61 y 62, y además la lectura de los 1.263, 1.264, 1.361 y 1.387, con arreglo á los cuales las mujeres casadas pueden enajenar, gravar ó hipotecar los bienes dotales y para-ternales con licencia de su marido, no expresando la ley, es decir, el Código civil, caso alguno en que se les vede establecer la fianza ó constituir la hipoteca, ó celebrar el convenio mediante tal consentimiento.»

«Además, la ley 61 de Toro, inspirada en el Senado Consulto Veleyano y en la auténtica si qua mulier, es un privilegio singularísimo que por su propia índole no puede presumirse ni suponerse, tanto menos cuanto que, sancionado en beneficio de la mujer, podría en ciertos casos perjudicar la condición de ésta impi- diendo que sus bienes hicieran frente á las necesidades de la familia, ó que proporcionaran al marido medios de engrandecerse, con provecho de toda ella. Sin duda el legislador ha temido las consecuencias de la prohibición y se ha cuidado muy mucho de no mantenerla, cuando por otra parte parece incompatible en cierto modo con la libertad de estipulación entre los cónyuges, proclamada en la base 22 de la ley de 11 de Mayo de 1888, y que puede llegar á la absoluta separación de bienes, conforme á los artículos 1.315 á 1.326 y 1.432.»

Don José Robles Pozo, en su recomendable obra El Código civil y su Jurisprudencia, tomo I.*, página 196, concluye el comentario á los artículos 61 y 62, diciendo: «Finalmente, en las prescripciones á que alude el primer concepto del art. 62, no consideramos comprendido el pacto adjunto de fianza que otorgue la mujer por su marido, ni las obligaciones mancomunadas que contraigan ambos cónyuges, que la nueva ley no prohibe ni dicta disposición alguna que lo impida...»

Poco mérito y menos autoridad tienen mis palabras, pero las que dejo transcritas de tan reputados expositores de nuestro Derecho, deben convencer al Sr. López de Haro de que, después de publicado el Código civil, la mujer casada puede salir fiadora por su marido y por un tercero, como puede celebrar toda suerte de contratos con la consabida autorización. Empeñarse en sostener otra cosa no me parece prudente, dadas las razones que llevo expuestas.

Antonio Carrasco,
Abogado.

(Continuará.)

ANÁLISIS DEL CUARTO TURNO

En aquella elocuente exposición, obra del eminente jurisconsulto D. Manuel Alonso Martínez, que figura al frente de la Ley adicional á la Orgánica del Poder judicial, elogianse con belleza suma las ventajas de la oposición para el ingreso en la carrera judicial, reconociéndola como reforma saludable que enaltece la dignidad de las funciones públicas y afirma sobre sólida e inquebrantable base la independencia de la justicia no menos que la de los encargados de administrarla; y esta declaración, que tiene toda la suprema autoridad de uno de los más sabios legisladores del siglo presente, no puede menos de formar extraño contraste con el espíritu y letra del art. 40 de la citada ley adicional que concede derecho para ingresar como Jueces de entrada á Vicesecretarios interinos y á los Abogados en ejercicio por espacio de cuatro años y con buen concepto justificado. No es mi ánimo hacer inculpaciones á aquel sabio jurisconsulto cuya justificación y rectitud soy el primero en reconocer; antes por el contrario, yo entiendo que prestó todo su apoyo á esa que llamó saludable reforma, siquiera luego viérase obligado á admitir algo de excepcional en su meritoria obra, que organizaciones posteriores han viciado.

Es ley fatal de todos los tiempos, que las más justas reformas tienen un período de decadimento, porque no pocos dedican su esfuerzo personal á corromperlas y prostituirlas, de la misma manera que es un axioma harto sabido que las libertades llevadas á la exageración degeneran en despótico absolutismo: por ello, la reforma saludable á que el eminente legislador dedicó los elogios de su pluma magistral, fue víctima luego de asechanzas y corrupciones, y por eso también el derecho de los letrados dejó de ser excepción para convertirse en regla general, y el llamado turno cuarto