El Foro español (Madrid. 1898) (1899-05-10 00:00:00), página 3

é implacable con la obstinada y soberbia rebeldía del criminal procaz y empedernido.

José García Romero de Tejada.
Abogado fiscal de la Audiencia de Madrid.
(So continuará.)

INAMOVILIDAD JUDICIAL (1)

El expediente gubernativo

Cuentan las crónicas que allá en remotos tiempos, cuando la inamovilidad judicial era casi una verdad, ofrecióse la necesidad de trasladar á un funcionario de la administración de justicia que con firme voluntad resistía las mezquindades de campanario, al par que las insinuaciones amistosas que se le hicieron para que interesara su traslación, que había de serle muy favorable el obtener.

Dedicáronse los hombres de Estado al estudio de una fórmula que satisfaciera los intereses de la política y dejara al mismo tiempo á cubierto á las altas esferas de las reticencias y acusaciones de la política de oposición, y mucho—dicen—que trabajaron, trayendo á colación no sé qué precedentes que en lóbrego archivo encontraron cubiertos de polvo y de miserias humanas.

Múltiples fueron las tareas de los empleados burocráticos, que se movían con vertiginosa rapidez, y por fin, cuentan también, que uno de los más sabios legisladores de aquella época, dándose una palma en la anchurrosa frente, exclamó lleno de gozo: ¡Eureka! ¡Descubrí el medio que buscábamos! El expediente gubernativo calmará nuestros afanes y será de hoy para siempre el Jordán que purifique el espíritu rebelde y el estigma con que marcaremos la historia del hombre fuerte.

Y con efecto; de entonces acá se han venido decre- tando no pocas traslaciones de funcionarios judiciales por virtud de expedientes gubernativos; bien que la justicia me obliga á reconocer que éstas han sido escasas ó negativas en la época presente, formando raro contraste con pasados tiempos, en los que ó se acrecen- taron las turbulencias de la política ó se hicieron más frecuentes las prevaricaciones judiciales. La razón no debo confesarla; pero el resultado bien elocuentemen- te lo demuestran las columnas del periódico oficial.

El procedimiento es el mismo de siempre: Monterilla que demanda, un Juez que resiste y desprecia y un político que amenaza airado y que ha de menester de- mostrar su poderío para conservar el discutible pres- tigio de que entre sus electores goza. Luego, siempre lo mismo; la denuncia asquerosa subscrita por algún infeliz jornalero, cuando no anónima, pero denuncia que presenta el Diputado del distrito con la sola y única recomendación de que se depuren los hechos para que la justicia triunfe; centros que con urgencia, jamás vista, piden informes á las Autoridades, que, por ser políticas, rara vez se ven libres de sugestión; in- forme luego de los jefes, y para mayor sarcasmo, el del Consejo de Estado. Y es claro que, como digno re- mate de esta hermosa obra, la traslación del funciona- rio y el triunfo del Diputado y de sus secuaces.

No he podido comprender jamás en qué ley ó prin- cipio se funda la tramitación de esos expedientes que tan majestática reserva impone y que niega al interesado el legítimo derecho de defensa en estos tiempos modernos en que las leyes procesales se distinguen precisamente por la publicidad que imponen á los de- bates y por las garantías de completa defensa que con- ceden al acusado.

Esos procedimientos inquisitoriales, que recuerdan los de las épocas de los reyes absolutos, no están es- critos en nuestras leyes, porque no puede existir dis- posición alguna que establezca el principio de que pueda condenarse á un acusado sin oírsele previa- mente.

En buen hora que en el régimen orgánico de nues- tros tribunales continúe establecida la traslación por expediente gubernativo; pero mediante trámites y gar- rantías que la ciencia aconseja y que impone la cari- dad cristiana. Bien que esas denuncias se presenten por los caciques políticos; pero iniciese luego un pro- cedimiento sumarísimo que armonicé los derechos de la justicia con los del acusado.

Remítase aquella denuncia á la Audiencia del terri- torio, imponiendo á ésta la obligación de que á la mayor brevedad, y constituida en pleno, nombre un Ma- gistrado de su seno que se constituya en el domicilio del funcionario denunciado y sin previo aviso exami- ne cuidadosamente los diversos asuntos de que aquél conoce y el régimen del Juzgado de su cargo; que re- coja los informes de las Autoridades locales, de los mayores contribuyentes, de los litigantes y hasta de la población penal; que aporte certificación de las correcciones que lleve sufridas el funcionario y que lue- go ponga á éste de manifiesto todo lo actuado por cor- to período de tiempo para que evacue su defensa por escrito, y luego de evacuadas las citas que hiciere, ese mismo Tribunal pleno informe lo procedente en justicia, sin perjuicio de oír posteriormente al Tribu- nal Supremo como requisito previo á la resolución mi- nisterial.

Así y sólo así la traslación por expediente gubernati- vo merecerá el aplauso de la opinión sensata y dejará de ser instrumento de los que quieran vengar añejos agravios.

En todos, absolutamente en todos los expedientes gubernativos que se incoan contra funcionarios del Estado, se garantizan los intereses de éstos por el ejercicio del derecho de defensa. De él gozan los em- pleados de la Hacienda pública, los Abogados del Es- tado, los Escritorios de actuaciones, y hasta los em- pleados de nuestras cárceles, pero ¿qué más? ¿No gozan