El Foro español (Madrid. 1898) (1899-09-30 00:00:00), página 11

dos por el Supremo, ya por no haber estimado ó por haber apreciado indebidamente aquellos elementos de agravación específica del hecho. ¿Cómo suponer, sin riesgo de posible error en estos casos, que el que albergó al culpable ó le proporcionó la fuga sabía que era éste un asesino y no creyó que encubría á un simple homicida?

Por lo demás, es perfectamente compatible con la exención de pena que establece el Código á favor del encubridor comprendido en el núm. 8º del art. 16 cuando no concurre en él ninguna de las dos circunstancias que expresa, con la imposición al mismo gubernativamente de la multa señalada en el art. 269 de la Ley de Enjuiciamiento criminal cuando ha presenciado el delito y no lo ha puesto en conocimiento de la autoridad.

Art. 30, Cod. pen. (Sevilla).

17.—La Compañía Internacional de vagones-camas, que suministra en los caminos de hierro á los viajeros, mediante cierta retribución, albergue, lecho, servicios y aun alimentación en algunas ocasiones, será responsable civil y subsidiariamente, con arreglo al art. 20 del Código penal, del hurto de alhajas ó otros efectos que lleve un viajero encerrados en una maleta de mano en la misma cámara ó departamento en que viaja, si resulta probado que el delito fué cometido por una persona distinta de los dependientes de la Compañía que se introdujo furtivamente en la cámara del viajero?

Si por parte de la empresa ó la de sus dependientes no hubiere intervenido infracción de los reglamentos generales ó especiales de policía, y si el dueño de las alhajas y efectos no hubiere dado anticipadamente conocimiento al representante de la Compañía en dicho vagón-cama de la existencia de los referidos valores y efectos, ni sujetándose á las prevenciones que aquél le hubiere hecho sobre el cuidado y vigilancia de los mismos, es claro que no puede alcanzarse á la empresa responsabilidad civil subsidiaria alguna. En caso contrario, impondráse, á juicio de este Centro, la resolución afirmativa, toda vez que, no por ser ambulante sobre la vía férrea, deja de tener el sleeping-car el carácter de una verdadera posada ó hospedería y de hallarse sujeto, por lo tanto, su dueño ó empresario á las mismas responsabilidades que los dueños de aquéllas.

Art. 31, Cod. pen. (Logroño).

18.—En el caso contrario al previsto en el último párrafo del art. 81 del Código penal, es decir, en el de que un recurso de casación entablado por el reo sea estimado y resuelto en sentido favorable á éste, rebajando la pena impuesta en la sentencia recurrida, deberá ó no computarse para el cumplimiento de la pena el período de tiempo comprendido entre las fechas de la sentencia primera y de la definitiva y firme de casación?

El último párrafo del art. 31 del Código penal preceptúa que cuando el reo entablará recurso de casación y fuere desechado, no se le abonará en la pena el tiempo transcurrido desde la sentencia de que recurrió hasta la sentencia que desechó el recurso; luego á contraria sensu es evidente que si el Tribunal Supremo estima el recurso y en la segunda sentencia, rebaja la pena impuesta en la recurrida, no podrá menos de abonársele al interesado, para el cumplimiento de aquélla, el tiempo transcurrido desde la fecha de la sentencia casada hasta la de la en que se declaró haber lugar al recurso.

Artículos 32 al 48, Cod. pen. (Vitoria).

19.—¿En qué forma deberán ejecutarse las penas de inhabilitación absoluta y especial y la de suspensión, ya que ni el Código penal ni la Ley de Enjuiciamiento criminal contienen disposición alguna acerca de la materia?

Es absolutamente cierto el silencio de ambas leyes acerca del modo y forma como han de ejecutarse las expresadas penas; pero si se tiene en cuenta los efectos de unas y otras, deducirse fácilmente qué diligencias habrán de solicitar los señores Fiscales, y de acordar los respectivos Tribunales, para que tengan aquéllas cumplida ejecución.

Lle rando consigo la de inhabilitación absoluta, ora perpetua, ora temporal, la privación de todos los honores y de los empleos ó cargos públicos que tuviere el penado aunque fuere de elección popular; la del derecho de elegir y ser elegido para cargos públicos de elección popular y la incapacidad para obtener los honores, cargos y derechos mencionados, ya temporal, ya perpetuamente, según el carácter de la inhabilitación. parece natural y lógico que para el cumplimiento de dichas penas se remita testimonio de la sentencia el jefe, á cuyas inmediatas órdenes haya servido el inhabilitado, y al Ministro ó otro departamento correspondido el cargo, para que dispongan que se anote la sentencia en el expediente personal del penado; que se remita también testimonio de ella al Alcalde y Juez municipal de lugar donde tenga reconocido el derecho de sufragio ó la capacidad para ser jurado, á fin de que se le excluya de las listas respectivas.

Por último, siendo otro de los efectos de la pena de inhabilitación absoluta perpetua la pérdida de todo derecho á jubilación, cesantía ó otra pensión, deberá ponerse en conocimiento del Presidente de la Junta de Clases pasivas, ó de la oficina ó centro administrativo por donde percibiera la pensión de que se le priva.

En cuanto á las penas de inhabilitación especial, ora temporal, ora perpetua, á que se refieren los artículos 85, 86 y 87 del Código penal, deberán ejecutarse en la misma forma que la inhabilitación absoluta, sin más diferencia ó limitación que la que se deriva de la misma naturaleza de la pena.

Y finalmente, por lo que toca á la de suspensión, se observará lo que se ha dicho relativamente á la inhabilitación, cuando recaiga sobre cargo público ó el derecho de sufragio; y cuando lo fuere de profesión ó oficio, deberá ponerse en conocimiento de la autoridad administrativa del pueblo donde el penado tenga su domicilio, para que recoja ó disponga que no se le dé patente para ejercer dicha profesión ó oficio durante el tiempo que haya de durar la suspensión.

Art. 63, Cod. pen. (Gerona).

20.—¿Qué destino ha de darse á los efectos substraidos, cuando ha renunciado expresamente á la restitución de los mismos su dueño, persona perjudicada por el delito?

Para resolver el caso consultado es necesario recurrir al texto del art. 63 del Código penal. Dispone este artículo que toda pena que se impusiere por un delito llevará consigo la pérdida de los efectos que de él proviniere y de los instrumentos con que se hubiere ejecutado, debiendo decomisarse unos y otros, á no ser que pertenecieran á un tercero no responsable del delito. Ese tercero, no responsable del hecho criminal, ya sea dueño de los efectos substraidos, por ejemplo, ya lo sea de los instrumentos con que se ha ejecutado aquél, y de los cuales se le ha despojado, sin su conocimiento, violencia ó subrepticiamente, no puede menos de ser perjudicado por el delito, en cuanto atañe á esos efectos ó instrumentos que le han sido arrebatados, siendo de su propiedad. Como tal perjudicado, no responsable del delito, tiene derecho á la restitución de unos y otros, y por lo tanto á impedir que sean decomisados. Pero si por propio y libre impulso de su voluntad renuncia á dicha restitución, ¿qué se hará de los referidos instrumentos y efectos? Pues entiende este Centro que, habiendo dejado de pertenecerle por dicha renuncia expresa, sólo cabe darles el destino que la ley preceptúa en el último párrafo del citado art. 63: venderlos, si fueren de hilo co-