Unión Ibero-Americana (1925-03-01 00:00:00), página 31

lenas, que deben ser reemplazadas por autoridades y fuerzas americanas, no sólo durante la ejecución del plebiscito, sino inmediatamente, para evitar que continúen los actos de fuerza contra los peruanos que aun quedan en esos territorios y para permitir así el libre ingreso de los nativos de esas provincias que fueron expulsados por Chile, de manera que desaparezca toda presión moral y material que coarte la libertad personal y la libre emisión del voto.

2.a Que se adelante la instalación y funcionamiento de la Comisión plebiscitaria (compuesta por un Delegado del Perú, otro de Chile y presidida por el Delegado de los Estados Unidos), a fin de que impere, desde luego, en las provincias de Tacna y Arica una alta autoridad imparcial y se evite con eso que se sigan cometiendo abusos de fuerza y desalojamiento de la población peruana del territorio disputado, y asegurando de este único modo la participación, en condiciones de igualdad, de peruanos y chilenos en la acción plebiscitaria, tomando las disposiciones necesarias para poderla llevar a cabo libremente.

3.a Que el plazo para la votación plebiscitaria comience a contarse después del retiro del elemento oficial chileno civil y militar de las provincias de Tacna y Arica, justo procedimiento que está de acuerdo con precedentes conocidos.

4.a Que se declare que no han perdido la calidad de residencia los peruanos que hayan residido cinco años en Tacna y Arica y que han sido expulsados por las autoridades chilenas.

5.a Que los residentes en las provincias de Tacna y Arica comprueben la ocupación e industria a que se dedican y de que derivan su subsistencia. Esta medida es el único medio de evitar los fraudes que el Gobierno peruano sabe que se han realizado metódicamente desde hace varios años, y que se siguen realizando en Tacna y Arica, para simular la existencia de una gran población chilena residente en esos lugares.

6.a Que con referencia a la disposición del fallo arbitral que priva del derecho de voto a los que hayan sufrido prisión por sentencia judicial en delitos comunes, se tenga presente que estos procesos, por supuestos delitos, han sido instruidos por autoridad judicial que es parte interesada en la presente controversia, siendo notorio que se han simulado y simulan tales procesos contra los peruanos para inhabilitarlos en la votación plebiscitaria.

El Gobierno del Perú, al formular las anteriores peticiones, ha procedido de acuerdo con la disposición contenida en la segunda parte del artículo segundo del protocolo de arbitraje, que faculta al árbitro a determinar procedimientos y plazos para la ejecución del laudo expedido. Las justas peticiones formuladas por el Gobierno del Perú no envuelven en manera alguna modificación del fallo dictado por el Presidente Coolidge, refiriéndose únicamente a necesarias decisiones que es indispensable adoptar para su leal ejecución, y que es imprescindible determinar de manera expresa, a fin de garantizar eficazmente la libertad y fidelidad de la votación plebiscitaria; medidas que son especialmente necesarias en el presente caso, por tratarse de una cuestión pendiente durante más de cuarenta años, en los que Chile ha hecho víctimas a los peruanos de las violencias más condenables.

El Gobierno del Perú, por lo tanto, sólo demanda justas garantías para la libre ejecución del plebiscito dictado por el Presidente Coolidge, según aparece del contenido del recurso, cuyo extracto contiene la anterior declaración oficial, y que ha sido dirigido por el señor Ministro de Relaciones Exteriores del Perú al Secretario de Estado americano."

Hemos de terminar estos apuntes consignando la impresión, bien sensible, de que, descon-