Unión Ibero-Americana (1924-07-01 00:00:00), página 71

TITULO V

DE LAS GARANTIAS NACIONALES

Art. 16. La enseñanza es libre, sin más restricciones que las señaladas en las leyes respectivas; pero la enseñanza oficial y la costeada por las Municipalidades son esencialmente seglares y laicas.

La enseñanza primaria y la de artes y oficios son gratuitas, y, además, la primera es obligatoria, sin perjuicio del derecho de los padres para dar a sus hijos la enseñanza que a bien tuvieren.

Ni el Estado ni las Municipalidades subvencionarán ni auxiliarán en forma alguna otras enseñanzas que no fueren la oficial y la municipal.

Art. 17. No pueden imponerse contribuciones sino en virtud de una ley y en proporción a las facultades del contribuyente.

Art. 18. La República no reconoce empleos hereditarios, privilegios ni fueros personales.

Prohibese la fundación de mayorazgos y toda clase de vinculaciones que estorben la libre transmisión de la propiedad.

Por tanto, no habrá en el Ecuador bienes inmuebles que no sean enajenables y divisibles.

Art. 19. La Ley determina los ingresos y gastos de la Nación, y de cualquiera cantidad recaudada o invertida contra el tenor expreso de dicha ley será responsable, personal y pecuniariamente, el funcionario que ordenare la exacción o el gasto indebido. También lo será el ejecutor de la orden, si no probare su inculpabilidad conforme a las leyes.

Art. 20. Es incompatible el ejercicio de dos o más autoridades en una misma persona.

Art. 21. Todo ecuatoriano tiene derecho de acusar o denunciar las infracciones de la Constitución, sea ante el Congreso, el Poder Ejecutivo o cualquiera otra autoridad competente, según los casos.

Art. 22. Garantízase el Crédito público. En consecuencia, no pueden disfrazarse de su objeto los fondos de amortización de la Deuda pública señalados por la Ley.

Tampoco puede haber en la República papel moneda ni moneda adulterada, y, por tanto, cualquiera persona puede rechazarlos, sea cual fuere su origen.

Art. 23. Todo contrato que un extranjero o una Compañía extranjera celebrese con el Gobierno o con un individuo particular llevará implicitamente la condición de la renuncia a toda reclamación diplomática.

Art. 24. No se reconoce fuero alguno para el juzgamiento de las infracciones comunes ni se puede imponer obligaciones que hagan a unos ciudadanos de peor o mejor condición que a los demás.

Art. 25. Los funcionarios o empleados públicos que violaren cualquiera de las garantías declaradas en esta Constitución serán responsables con sus bienes por los daños y perjuicios que causaren; y respecto de los delitos y crímenes que cometieren con la violación de tales garantías se observarán las disposiciones siguientes:

1.a Podrán ser acusados por cualquiera persona, sin necesidad de fianza ni firma de abogado.

2.a Las penas que se impusieran al funcionario o empleado delincuente no podrán ser conmutadas ni indultadas durante el período constitucional en que se hubiere cometido la infracción, ni posteriormente si no se hubiere cumplido por lo menos la mitad de la condena; y

3.a Las acciones por estos crímenes y delitos, lo mismo que las penas impuestas a los responsables de ellos, no prescribirán ni empezarán a prescribir sino después de dicho período constitucional.