Unión Ibero-Americana (1924-05-01 00:00:00), página 28

vida económica actual: el reconocimiento del Estado y de las organizaciones comerciales como personas jurídicas (Estados, Provincias, Municipalidades, la Corona, la Iglesia, los Bancos, las Sociedades anónimas, etc.), cuando no actúan en su capacidad política, sino en su condición civil de contratantes, por ejemplo, los Cuerpos políticos pueden ser obligados a comparecer ante los Tribunales particulares, garantizando en esta forma los derechos individuales frente a la omnipotencia del Estado. Y el Código argentino no provee una Corte especial de compensaciones en tales casos. Las demandas contra las organizaciones públicas se someten a las Cortes civiles y comerciales comunes, y en ciertos casos, a la Suprema Corte de Justicia Federal. Como veis, el Código está inspirado en un ideal democrático: la igualdad del Estado y de los individuos ante la majestad de la Ley.

Otra reforma muy avanzada y audaz, teniendo en cuenta la época en que fué propuesta, hace unos setenta años, es la cuestión del estado civil de la mujer casada. Abandonando las reglas despóticas romanas y españolas sobre el asunto, la legislación argentina promueve una evolución prudente con el fin de dar a la mujer más independencia, haciéndola no solamente la esposa, sino la socia civil de su marido, y en ninguna forma su esclava. Independientemente del carácter religioso que la ley argentina deja al libre albedrío de las partes, considera el matrimonio como una institución social en que interviene la ley civil, en primer lugar, y los sentimientos religiosos consagrados por la Iglesia, después.

Desde el punto de vista civil, el matrimonio es tratado como un contrato sui géneris, sometido a una legislación especial en que la libertad de contratar es limitada solamente por ciertas reglas del orden público. Debo recordar que el artículo del Código civil argentino sobre el asunto de los deberes y derechos de los cónyuges, sobre el contrato de matrimonio y sobre las leyes aplicables a sus muebles y a su cambio de domicilio, ha sido tomado todo de la obra americana de Story (Conflict of Laws, capítulo VI), y del Código de Louisiana, artículo 2.370.

El Código argentino ha abandonado toda la legislación conocida sobre el asunto del contrato de matrimonio, sometiendo las condiciones civiles del mismo a la ley permanente, evitando así ciertos abusos cometidos comúnmente en los convenios. La sociedad matrimonial es, por consiguiente, legal. Sin embargo, el contrato se admite bajo ciertas condiciones solamente con carácter secundario y prevé que ciertos derechos de la mujer respecto a su propiedad sean debidamente establecidos, manteniéndola independientemente de su esposo referente a la posesión de los bienes introducidos por ella en la sociedad cónyugal.

El sistema argentino protege los derechos de la mujer por medio de limitaciones especiales a las facultades administrativas dadas al marido, para que la mujer pueda conservar y salvar su patrimonio. Así es que una mujer es siempre acreedora de su esposo, por su dote; y en el caso de quiebra o fallecimiento de este último tiene el derecho de reclamar el pago íntegro o la devolución de los bienes dotales. Ella puede asumir la administración de