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11. Dictar las medidas necesarias para que se haga el Censo de la República cada diez años y someterlo para su aprobación al Congreso.
12. Expedir patentes de navegación a los buques nacionales.
13. Expedir carta de nacionalidad conforme a la ley.
14. Nombrar los empleados nacionales cuya elección no esté atribuida a otros funcionarios, y crear y dotar los nuevos servicios públicos que fueren necesarios, en receso de las Cámaras legislativas.
15. Remover los empleados de su libre elección y mandarlos enjuiciar si hubiere motivo para ello.
16. Convocar extraordinariamente el Congreso cuando lo exija la gravedad de algún asunto.
17. Declarar la guerra en nombre de la República cuando la haya decretado el Congreso.
18. Administrar los terrenos baldíos, minas, salinas y renta de aguardiente conforme a esta Constitución y a las leyes.
19. Dirigir las negociaciones diplomáticas y celebrar toda especie de Tratados con otras naciones, sometiéndolos a las Cámaras legislativas para los efectos de la atribución 9.a del art. 58.
20. Celebrar los contratos de interés nacional permitidos por la Constitución y las leyes, y someterlos para su aprobación a las Cámaras.
21. Prohibir, cuando lo estime conveniente, la entrada de extranjeros en territorio nacional, o expulsar a los extranjeros perniciosos que no tengan bienes raíces en el país. Si los tuvieran, sólo podrá decretarse la expulsión cuando el valor de los inmuebles sea menor de cuarenta mil bolívares, lo cual se comprobará con los respectivos documentos públicos de propiedad.
22. a) Dirigir la guerra y mandar el Ejército y la Armada en persona, o nombrar a quien haya de hacerlo.
   b) Organizar el Ejército y la Milicia nacionales conforme a la ley.
   c) Fijar anualmente el número de las fuerzas de mar y tierra.
23. Hacer uso en caso de guerra extranjera o de conmoción interior o de rebelión a mano armada contra las Instituciones, previa declaración de estar trastornado el orden público, y hasta el restablecimiento de la paz, de las siguientes facultades:
   A. Pedir a los Estados los auxilios necesarios para la defensa nacional o de las Instituciones.
   B. Exigir anticipadamente las contribuciones.
   C. Arrestar, confinar o expulsar del territorio de la República a los individuos nacionales o extranjeros que sean contrarios al restablecimiento de la paz.
   D. Suspender, en caso de guerra internacional, los derechos cuyo ejercicio sea incompatible con la defensa del país, excepto el de la inviolabilidad de la vida.
   En los casos de guerra interior podrá hacer uso de la misma atribución en todo el territorio de la República o en aquellas localidades en que a su juicio fuere necesario; pero sólo en tanto se restablece la paz.
   E. Señalar el lugar donde deba trasladarse transitoriamente el Poder federal, cuando haya grave motivo para ello.
   F. Disponer el enjuiciamiento por traición a la Patria de los venezola-
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nos que de alguna manera sean hostiles a la defensa nacional o voluntariamente causen perjuicios a los intereses de la Unión, y
G. Expedir patentes de corso y autorizar represalias.
24. Disponer de la fuerza pública, en caso de ser ineficaz la interposición de sus buenos oficios, para poner término a la colisión armada entre dos o más Estados, y exigirles que depongan las armas y sometan la decisión de sus controversias a la Corte federal y de casación. También ejercerá esta atribución en caso de rebelión a mano armada en cualquiera de los Estados de la Unión, y después de haber agotado los medios pacíficos y conciliatorios para establecer la paz y el orden público.
25. Conceder amnistías e indultos.
§ único. Las atribuciones y facultades enumeradas en los números 22, 23, 24 y 25 se ejercerán con arreglo a lo que determinare el Congreso cuando hiciere uso de la atribución 2.º, art. 57 de esta Constitución.
Art. 80. El Presidente de la Unión está en el deber de presentar al Congreso, por sí o por medio de uno de sus Ministros, dentro de los diez primeros días de las sesiones ordinarias, un Mensaje sintético, en el que dé cuenta de sus actos administrativos y políticos, informe del estado de la República e indique las mejoras que convenga adoptar en la legislación vigente.
Art. 81. La ley señalará el sueldo que haya de percibir el Presidente de la República o el que haga sus veces, sueldo que no podrá ser aumentado sino para el período constitucional siguiente.
Art. 82. El Presidente de los Estados Unidos de Venezuela, o el que haga sus veces, es responsable por traición a la Patria y por delitos comunes.
Art. 83. El Presidente de la República cesa en el ejercicio de sus funciones el día 19 de abril del año en que termine el período presidencial; y en el mismo día se encargará del Poder Ejecutivo el Presidente de la Corte federal y de casación, hasta tanto tome posesión el nuevo Presidente electo.

SECCIÓN CUARTA.—De los Ministros del Despacho.

Art. 84. El Presidente de los Estados Unidos de Venezuela tendrá para su despacho los Ministros que señale la ley. Esta determinará sus funciones y deberes, y organizará sus Departamentos. Queda facultado el Ejecutivo federal para crear, durante el receso de las Cámaras legislativas, los Ministerios que juzgue necesarios.
Art. 85. Para ser Ministro del despacho se requiere ser venezolano por nacimiento, de estado seglar, mayor de treinta años y estar en posesión de sus derechos civiles y políticos.
Art. 86. Los Ministros son los órganos legales, únicos y precisos del Presidente de los Estados Unidos de Venezuela. Todos los actos de éste serán refrendados por el Ministro o Ministros a cuyos ramos corresponden dichos actos; y sin este requisito carecen de eficacia y no serán cumplidos ni ejecutados por las autoridades, empleados o particulares. En lo relativo a la administración del Distrito federal, el órgano legal del Presidente será un Gobernador de su libre elección.
Art. 87. Todos los actos de los Ministros deben arreglarse a esta Cons-
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Hay así nuevo resplandor, nuevo brillo en el firmamento portugués; lo trae con su alborear una generación nueva. ¡Nombre ilustre de los Castros, famoso en las historias, sobre todo en la de Portugal y en la de Galicia, un tiempo una misma, cuando los primeros Castros lograban inolvidable gloria. Y hay glorias que están llamadas a perpetuarse, hay nombres destinados a repetirse con orgullo por las generaciones.

Rosalia Castro, en la generación nuestra, llena ella sola los ámbitos tan dilatados del mundo en que se hablan lenguas peninsulares. Son las tierras de carácter, de influencia celta, «allem e aquem Miño», tierras de encanto; las hijas de esos valles son sus naturales cantoras.

En jardín de casa solariega, la de los Castros, recoge, cultiva, en- grandece una espléndida tradición lírica el poeta Eugenio, el autor de «Aristos». Exento de vanaglorias, merecedor de todas las glorias, hijo de las musas y padre de la poesía, en serlo halla Castro el más preciado galardón; ufanía y gala de la floresta, el brote en que rompe nueva flor—Mafalda su nombre,—llenando el ambiente con el aroma de la esperanza.
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stitución y a las leyes; su responsabilidad personal no se salva por la orden del Presidente, aunque la reciban escrita.

Art. 88. La responsabilidad de los actos del Presidente resueltos en Consejo de Ministros, corresponde a éstos solidariamente.

Art. 89. Los Ministros darán cuenta a las Cámaras, cada año, dentro de los diez primeros días de sus sesiones ordinarias, en Memorias razonadas y documentadas, de lo que hubieren hecho o pretendieren hacer en sus respectivos ramos. También darán los informes escritos o verbales que se les pidan, y presentarán igualmente, dentro de los diez primeros días del segundo mes de las sesiones, el Proyecto de presupuesto general y la cuenta general de rentas y gastos, además de la cuenta de cada Departamento ejecutivo, conforme lo reglamente la ley.

Art. 90. Los Ministros tienen derecho de palabra en las Cámaras, y están obligados a concurrir a ellas cuando sean llamados a informar.

Art. 91. Los Ministros son responsables:
1.º Por traición a la Patria.
2.º Por infracción de la Constitución y de las Leyes.
3.º Por hacer mayores gastos que los presupuestados.
4.º Por soborno ó cohecho en el despacho de los negocios a su cargo.
5.º Por malversación de los fondos públicos; y
6.º Por delitos comunes.

TÍTULO VII.—Del Poder judicial.

SECCIÓN PRIMERA

Art. 92. El Poder judicial de la República reside en la Corte federal y de casación y en los demás Tribunales y Juzgados que establezcan las leyes.

Art. 93. Los empleados del Poder judicial son responsables en los casos que determina la ley: por traición a la Patria; por soborno o cohecho en el desempeño de sus funciones; por infracción de la Constitución y de las leyes y por delitos comunes.

SECCIÓN SEGUNDA.—De la Corte federal y de casación.

Art. 94. La Corte federal y de casación es el Tribunal Supremo de la Federación y de los Estados, y se compondrá de siete Vocales, que elegirá el Congreso, y que durarán en sus funciones siete años.

§ único. Los Vocales de la Corte federal y de casación deberán ser venezolanos por nacimiento, mayores de treinta años, de estado seglar y Abogados de la República.

Art. 95. Para el nombramiento de la Corte federal y de casación que deberá hacerlo el Congreso dentro de los treinta primeros días de sus sesiones, se agruparán en el Congreso las representaciones de los Estados y del Distrito federal, en la forma que sigue, y presentará cada agrupación dos candidatos, para que, de entre ellos, elija el Congreso el miembro de la Corte federal y de casación que haya de representar en ésta a cada Agrupación.
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Primera agrupación: Estados Aragua y Miranda y el Distrito federal.
Segunda agrupación: Estados Carabobo, Cojedes y Guárico.
Tercera agrupación: Estados Mérida, Táchira y Trujillo.
Cuarta agrupación: Estados Lara, Falcón y Zulia.
Quinta agrupación: Estados Zamora, Portuguesa y Yaracuy.
Sexta agrupación: Estados Apure, Nueva Esparta y Monagas.
Séptima agrupación: Estados Anzoátegui, Bolívar y Sucre.

Art. 96. La Corte federal y de casación será elegida por el Congreso por votación secreta y en sesión permanente.

§ único. Los siete candidatos designados por las agrupaciones que no resultaren elegidos Vocales de la Corte federal y de Casación, quedarán de hecho como suplentes.

Art. 97. Las faltas absolutas de los Principales se llenarán hasta la próxima reunión del Congreso nacional, eligiendo la misma Corte, por suerte, en cada caso, a uno de los suplentes.

Art. 98 Son atribuciones de la Corte federal y de casación:

1.ª Conocer de las acusaciones contra el Presidente de la República o el que haga sus veces, contra los Ministros del despacho, Procurador general de la nación, Gobernador del Distrito federal y contra sus propios miembros en los casos en que dichos funcionarios sean responsables según esta Constitución.

2.ª Conocer de las causas criminales que se formen contra los Vicepresidentes de la República.

3.ª Conocer de las causas criminales o de responsabilidad que se formen a los Presidentes de los Estados y a otros altos funcionarios de los mismos que las leyes de éstos determinen; aplicando, en materia de responsabilidad, las leyes de los propios Estados, y en caso de falta de ellas, las generales de la nación.

En los tres casos anteriores, la Corte declarará si hay o no lugar a formación de causa; si declarare lo primero, quedará de hecho en suspenso el funcionario acusado; si lo segundo, cesará todo procedimiento. Cuando el delito fuere común, pasará el asunto a los Tribunales ordinarios; y cuando fuere de naturaleza política, continuara conociendo la Corte hasta sentencia definitiva.

4.ª Conocer de las causas civiles o criminales que se formen a los empleados diplomáticos en los casos permitidos por el Derecho público de las naciones.

5.ª Conocer de las causas de responsabilidad que, por mal desempeño de sus funciones, se formen a los Agentes diplomáticos de la República acreditados cerca de otros Gobiernos.

6.ª Conocer de las reclamaciones que se intenten contra la nación.

7.ª Conocer del recurso de casación en la forma y términos que establezca la ley.

8.ª Conocer de las causas de presas.

9.ª Dirimir, salvo las excepciones establecidas en el art. 3.º de esta Constitución, las controversias de cualquier naturaleza que se susciten entre los funcionarios del orden político de diferentes Estados, entre uno o más Estados y los de la Unión o el Distrito federal y entre los Tribunales y funcionarios nacionales en materia del resorte de la Corte.
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10. Dirimir las competencias que se susciten entre los empleados o funcionarios del orden judicial de distintos Estados, y entre los de éstos con los nacionales del Distrito federal, y entre los de un mismo Estado o del Distrito federal, siempre que no exista en ellos autoridad llamada a dirimirlas.

11. Declarar la nulidad de las leyes nacionales o de los Estados cuando colidan con la Constitución de la República.

12. Declarar cual sea la Ley, Decreto o Resolución vigente cuando se hallen en colisión las nacionales entre sí o éstas con las de los Estados.

13. Declarar la nulidad del artículo o artículos de una Ley que colidan con otros de la misma; de todos los actos de las Cámaras legislativas o del Ejecutivo federal que violen los derechos garantizados a los Estados o que ataquen su autonomía, y de los actos de las Asambleas legislativas o de los Concejos municipales que colidan con las Bases 10, 11, 12 y 13 del artículo 19, y con el inciso primero de la garantía décimaquinta del art. 22 y con el art. 117 de esta Constitución.

14. Declarar la nulidad de todos los actos a que se refieren los artículos 29 y 30 de esta Constitución, siempre que emanen de Autoridad nacional, o del Distrito federal, o de los altos funcionarios de los Estados.

15. Conocer de las controversias que resulten de los contratos o negociaciones que celebre el Presidente de la República.

16. Declarar, salvo lo que dispongan Tratados públicos, la fuerza ejecutoria de las sentencias de las autoridades extranjeras, con sujeción a las condiciones que establezca la ley.

17. Conocer de los juicios de nulidad de títulos de minas, tierras baldías y ejidos y de las controversias que resulten de la negativa a expedirlos por parte de la autoridad competente.

18. Las demás atribuciones que les señalen esta Constitución y las Leyes.

Art. 99. La Corte federal y de casación informará cada año al Congreso nacional, en una Memoria, de sus trabajos, y también de los convenientes que, a su juicio, se opongan a la uniformidad de la Legislación civil, criminal y mercantil.

Art. 100. Los Vocales de la Corte federal y de casación que hayan entrado a ejercer sus funciones, mientras ejerzan éstas, no podrán admitir empleo alguno dependiente del Ejecutivo federal.

Art. 101. La Ley señalará los sueldos que hayan de devengar los Vocales de la Corte federal y de casación.

SECCIÓN TERCERA.—Del Procurador general de la nación.

Art. 102. El Ministerio público corre a cargo del Procurador general de la nación conforme lo determina la Ley.

Art. 103. Para ser Procurador se requiere ser venezolano por nacimiento, mayor de treinta años y Abogado de la República.

Art. 104. El Procurador general durará en sus funciones tres años, y sus faltas absolutas o temporales se llenarán por dos suplentes en el orden de su elección.
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§ único. Las faltas absolutas de los suplentes las proveerá el Presidente de la República.

Art. 105. Son funciones del Procurador general:
1.ª Promover la ejecución de las leyes y de las disposiciones administrativas.
2.ª Evacuar todos los informes jurídicos que le exija el Ejecutivo federal y la Corte federal y de casación.
3.ª Cuidar de que todos los empleados federales llenen cumplidamente sus deberes.
4.ª Instaurar acusación, a excitación del Presidente de la República, ante la Autoridad competente, de los funcionarios federales por mal desempeño en el ejercicio de sus atribuciones oficiales, exigiéndoles la responsabilidad consiguiente.
5.ª Ejercer el Ministerio fiscal en los juicios a que se refieren las atribuciones 1.ª, 2.ª, 3.ª y 4.ª de la Corte federal y de casación cuando no se constituya acusador; pues en este caso lo ejercerá el Fiscal general de la Corte.
6.ª Dar cuenta al Presidente de la República de sus gestiones en el desempeño de las funciones 1.ª, 3.ª y 4.ª que le atribuye este mismo artículo.
7.ª Promover y sostener los juicios en que esté interesada la nación y defender los derechos de ésta en las acciones y reclamos que contra ella se intenten; debiendo, en uno y otro caso, cumplir las instrucciones que el Ejecutivo federal le comunique; y
8.ª Cumplir los demás deberes que esta Constitución y la Ley le señalen.

TÍTULO VIII.—Disposiciones generales.

Art. 106. Todo lo que no esté expresamente atribuido a la Administración general de la nación en esta Constitución, es de la competencia de los Estados. Estos determinarán, en sus respectivas Constituciones, que los períodos constitucionales de sus Poderes públicos, durarán tres años, contados desde el 20 de febrero del año en que empieza el período constitucional.

Art. 107. Se prohibe a todo Magistrado, Autoridad o Corporación el ejercicio de cualquier función que no le esté expresamente atribuida por la Constitución y las Leyes.

Art. 108. Los Tribunales de justicia en los Estados son independientes. Las causas en ellos iniciadas terminarán, en el mismo Estado, sin más examen que el de la Corte federal y de casación, en los casos que la ley lo permite.

Art. 109. La fuerza pública nacional se divide en naval y terrestre, y se compondrá de las milicias de ciudadanos que se organicen conforme a la ley.

Art. 110. En caso de guerra, se aumentará el contingente con los Cuerpos de Milicia de ciudadanos hasta el número de hombres necesarios para llenar el pedido del Gobierno federal.

Art. 111. La Autoridad militar y la civil nunca serán ejercidas simultáneamente por una misma persona o corporación, excepto en los casos de perturbación del orden público.
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das o adiciones y acordarlas por el procedimiento indicado en el artículo anterior; pero en este caso no se considerarán sancionadas sin la ratificación de las tres cuartas partes de las Asambleas legislativas de los Estados.

Art. 134. Bien sean las Asambleas legislativas de los Estados, o bien las Cámaras legislativas, las que inicien enmiendas o adiciones, el voto definitivo de los Estados volverá siempre al Congreso nacional, que es a quien corresponde escrutarlo.

Art. 135. La presente Constitución se promulgará y entrará en vigencia tan luego como, escrutados que sean por el Congreso nacional los votos de las Asambleas legislativas de los Estados, se encuentren que ellas han ratificado las enmiendas y adiciones.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA:

Art. 136. El primero y el segundo Vicepresidentes de la República, en el presente período, serán elegidos tan luego como sea promulgada esta Constitución.

DISPOSICIÓN FINAL

Art. 137. Se deroga la Constitución de trece de junio de mil novecientos catorce.

Dada en el Palacio Federal Legislativo, en Caracas, a diez y nueve de junio de mil novecientos veintidós.—Año 113.º de la Independencia y 64.º de la Federación.

El Presidente de la Cámara del Senado, Senador por el Estado Carabobo (L. S.), Carlos F. Grisanti.—El Presidente de la Cámara de Diputados, Diputado por el Estado Táchira, Rubén González.—El primer Vicepresidente de la Cámara del Senado, Senador por el Estado Trujillo, Juan J. Carrillo Guerra.—El primer Vicepresidente de la Cámara de Diputados, Diputado por el Estado Zulia, Camilo Arcaya.—El segundo Vicepresidente de la Cámara del Senado, Senador por el Estado Miranda, Juan R. Guerra.—El segundo Vicepresidente de la Cámara de Diputados, Diputado por el Estado Guárico, J. M. Valero.—(Siguen otras firmas.)
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UNIÓN IBERO-AMERICANA
SOCIEDAD FUNDADA EN 1885
Declarada de fomento y utilidad pública por el Gobierno de S. M. en 18 de junio de 1890

Notas tomadas de sus Estatutos

Objeto de la Asociación.

La Unión Ibero-Americana es una asociación internacional que tiene por objeto estrechar las relaciones de afectos sociales, económicas, científicas, artísticas y políticas de España, Portugal y las Naciones americanas, procurando que exista la más cordial inteligencia entre estos pueblos hermanos.

De su constitución y organización.

La Unión Ibero-Americana se compondrá de un Centro general, situado en Madrid, y los correspondientes que están constituidos o se constituyan para cooperar a los fines de la Asociación en los demás pueblos que comprenden los Estados a que se refiere el artículo anterior, pudiendo constituirse también comisiones delegadas de dichos Centros en las poblaciones más importantes de los respectivos Estados.

A fin de que se armonicen los Centros entre sí, después de aprobar sus miembros los respectivos reglamentos, los remitirán a la Junta directiva de Madrid, para que la misma pueda hacer las observaciones que conduzcan a su propio propósito.

Será obligación de todos los Centros:
Estudiar cuantos asuntos se relacionen con los fines de la Asociación.
Redactar los oportunos proyectos, presentarlos y gestionar cerca de los Gobiernos respectivos su éxito.
Procurar la habilitación recíproca de los títulos alcanzados en los establecimientos oficiales de enseñanza para el libre ejercicio de las profesiones en los países de la Unión.
Ejecutar los informes que los Gobiernos pudieran reclamarle, y elevar a los mismos, siempre que se crea oportuno, exposiciones y Memorias acerca de cualquier punto que pueda afectar a los intereses generales.
Procurar facilidades en el servicio de telégrafos y correos.
Celebrar conferencias, lecturas y veladas sobre temas que interesan a la Asociación.
Organizar Congresos en los distintos países para conseguir conclusiones prácticas acerca de los asuntos de más vital importancia para aquéllos.

Socios

Serán socios de honor aquellos a quienes la Asociación acuerde nombrar con tan honorífico título.
Fundadores, los que figuren como tales en la lista de la Asociación.
De número, los que satisfagan sus cuotas y cumplen los deberes que los Estatutos y Reglamento exijan.
Cooperadores los que la Sociedad acuerde designar como tales, por coadyuvar en alguna forma a los fines de la Asociación.
Serán socios correspondientes lo que designe la Junta directiva con este nombre fuera de Madrid.

Oficinas: Calle de Recoletos, 10.—Madrid.
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Unión Ibero-Americana
ÓRGANO DE LA SOCIEDAD DEL MISMO NOMBRE
Enero 1924        Madrid

ESPAÑA (Granada): Capilla Real, en la Catedral, donde descansan los restos de los Reyes Católicos.