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Reorganización por el Gobierno español de las Cámaras españolas de Comercio en Ultramar.

Sería injusto desconocer que el Gobierno español está poniendo mucho de su parte para llegar a relaciones efectivas con los pueblos de nuestra raza, del otro lado del Atlántico.

En los anteriores números de esta Revista, y en este mismo, son reiteradas las pruebas de que España, además de fomentar continuamente las relaciones amistosas y de orden intelectual, quiere desarrollar el intercambio comercial con las naciones hispanoamericanas, y que, para lograrlo, proporciona elementos materiales, sacrifica ingresos y organiza y dota organismos que, como las Cámaras españolas de Comercio, juzga particularmente adecuados para estimularlo y difundirlo.

Si se persiste en ir cumpliendo los acuerdos del Congreso de Comercio Español en Ultramar, los frutos de éste no se harán esperar, sobre todo si la actitud del Gobierno español es correspondida por los de las Repúblicas trasatlánticas de nuestro origen.

Las anteriores líneas nos las ha sugerido la lectura, en la Gaceta de Madrid, de 25 de julio, del Real decreto por el que se establece el Estatuto para las Cámaras Españolas de Comercio de Ultramar, disposición que, por estimarlo de gran interés, a continuación insertamos íntegramente.

* * *

EXPOSICIÓN.—Clausurado recientemente el Primer Congreso Nacional del Comercio español en Ultramar, el Gobierno, que habiéndolo convocado, siguió con el mayor interés sus deliberaciones, se cree en el deber de traducir en realidad aquellas de sus conclusiones que con mayor apremio lo demandan, por afectar a las necesidades esenciales del comercio de España con los países de América y las islas Filipinas o por constituir aspiraciones de los españoles allí establecidos, fundamentales para la asistencia tutelar de sus propios intereses o para constituir con ellos una fuerza activa y coordinada en bien de los del reino.

Figura entre las últimas la de reorganizar las Cámaras españolas de Comercio creadas en virtud de Real orden circular de este Departamento de 2 de octubre de 1886, y necesitadas de una revisión de sus bases normativas para vigorizar su economía y robustecer su eficacia y su prestigio. Y constituyendo de hecho las conclusiones del Congreso a ellas pertinentes una acertada orientación, se ha entendido conveniente
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UNIÓN IBERO-AMERICANA
SOCIEDAD FUNDADA EN 1885
Declarada de fomento y utilidad pública por el Gobierno de S. M. en 18 de junio de 1890

Notas tomadas de sus Estatutos

Objeto de la Asociación.

La Unión Ibero-Americana es una asociación internacional que tiene por objeto estrechar las relaciones de afectos sociales, económicas, científicas, artísticas y políticas de España, Portugal y las Naciones americanas, procurando que exista la más cordial inteligencia entre estos pueblos hermanos.

De su constitución y organización.

La Unión Ibero-Americana se compondrá de un Centro general situado en Madrid, y los correspondientes que están constituidos o se constituyan para cooperar a los fines de la Asociación en los demás pueblos que comprenden los Estados a que se refiere el artículo anterior, pudiendo constituirse también comisiones delegadas de dichos Centros en las poblaciones más importantes de los respectivos Estados.

A fin de que se armonicen los Centros entre sí, después de aprobar sus miembros los respectivos reglamentos, los remitirán a la Junta directiva de Madrid, para que la misma pueda hacer las observaciones que conduzcan a dicho propósito.

Será obligación de todos los Centros:
Estudiar cuantos asuntos se relacionen con los fines de la Asociación.
Redactar los oportunos proyectos, presentarlos y gestionar cerca de los Gobiernos respectivos su éxito.
Procurar la habilitación recíproca de los títulos alcanzados en los establecimientos oficiales de enseñanza para el libre ejercicio de las profesiones en los países de la Unión.
Evacuar los informes que por los Gobiernos pudieran reclamarse, y elevar a los mismos, siempre que se crea oportuno, exposiciones y Memorias acerca de cualquier punto que pueda afectar a los intereses generales.
Procurar facilidades en el servicio de telégrafos y correos.
Celebrar conferencias, lecturas y veladas sobre temas que interesan a la Asociación.
Organizar Congresos en los mismos países para conseguir conclusiones prácticas acerca de los asuntos de más vital importancia para aquéllos.

Socios

Serán socios de honor aquellos a quienes la Asociación acuerde nombrar con tan honroso título.
Fundadores, los que figuren como tales en la lista de la Asociación.
De número, los que satisfagan sus cuotas y cumplan los deberes que los Estatutos y Reglamento exijan.
Cooperadores los que la Sociedad acuerde designar como tales, por coadyuvar en alguna forma a los fines de la Asociación.
Serán socios correspondientes los que designe la Junta directiva con este nombre fuera de Madrid.

Oficinas: Calle de Recoletos, 16.—Madrid.
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respetarlas, salvo en algunos aspectos de detalle, convencido el Ministro que suscribe de que las Cámaras de Comercio en Ultramar, si funcionan eficazmente, han de constituir un firme apoyo para la acción económica oficial de España en sus relaciones con aquellos pueblos.

Comparando este decreto con las recomendaciones contenidas en el Memorándum objeto de la recordada Real orden circular de 1886, se advierte en primer lugar que a las Cámaras españolas de Comercio que se constituyen en Ultramar con arreglo a las bases que ahora se propone, se les otorga de un modo categórico carácter oficial. Pero si se examina el referido Memorándum y, sobre todo, las relaciones que aquellas Cámaras han tenido con el Estado, se ve que aun llamándolas Instituciones privadas tienen hoy las mismas, en la mayoría de los casos, la calidad que ahora se consagra, no en el sentido, y conviene puntualizar bien el concepto, de que constituyan organismos administrativos de carácter burocrático, sin opor su colaboración con los intereses del Estado en la propulsión del comercio exterior, sin que ello sirva, no obstante, para coartar en lo demás el desenvolvimiento de la actividad peculiar de cada Cámara.

De análoga manera al especificar los fines más importantes propios de esas Cámaras se ha estimado conveniente recoger los que de hecho realizan dentro del país y en el extranjero las instituciones de ese género, sin pretender excluir en modo alguno el derecho de iniciativa que les corresponde; y respetando la dependencia en que hoy viven de este Ministerio, se ha entendido necesario preceptuar sus relaciones con el de Trabajo, Comercio e Industria y con los demás centros oficiales relacionados con sus fines, para evitar la pérdida de tiempo, traducida siempre en pérdida de utilidad que una relación indirecta supone en todo caso.

Al efecto de que las Cámaras españolas de Comercio en Ultramar oficialmente reconocidas puedan contar con los recursos necesarios para una organización completa y eficaz de los fines y servicios que les corresponde realizar, se ha recogido también la justa aspiración del Congreso, fundada en la experiencia propia y extraña de limitar su número, respetando las situaciones creadas hoy en algunos países, pero condicionando el reconocimiento oficial en lo futuro a circunstancias precisas y a la Asociación de las Cámaras que coexista en un mismo país.

A fin de coordinar la política económica del reino y facilitar la utilización práctica de las mutuas informaciones que las Cámaras en Ultramar y los organismos metropolitanos especialmente consagrados a la expansión comercial deben reunir, se da entrada a la representación de aquéllas en algunos de estos últimos.

También se ha creído pertinente llevar al Estatuto de las Cámaras la proporción en que los extranjeros pueden ingresar en ellas, distinguiendo, como es de razón y conveniencia a los extranjeros de origen
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español y a los naturales del país donde la institución esté establecida, de todos los demás.

Se deja al arbitrio de las Cámaras la elección de sus Juntas o Consejos directivos, pero se preceptúa, en cambio, el procedimiento para que todos sus miembros activos tengan las garantías necesarias al ejercicio de su derecho de elección.

En punto a sus recursos, el Gobierno considera que no puede en modo alguno admitir que circunscriban su economía a los facilitados por el presupuesto nacional; estima que aquellas entidades deben contar, en primer término, con las aportaciones de sus miembros, con la remuneración de los servicios en que intervengan y con los demás donativos que reciban, y sólo para reforzar sus ingresos naturales, afecta conceder las subvenciones del Estado, en cuantía que, para ponerla en armonía con las necesidades de aquellos Institutos, reconoce el Gobierno habrá de aumentarse, dentro siempre de las posibilidades del Erario público y sujetándose a la condición elemental de justificar la inversión de las subvenciones que se otorguen.

El Gobierno ha estimado, por último, conveniente respetar el acuerdo del Congreso del Comercio español en Ultramar de establecer un Estatuto especial para las Cámaras oficiales españolas de Comercio constituidas o que se constituyan en aquellos países, conservando el régimen actual derivado del Memorándum del ministerio de Estado de 1886 para las demás Cámaras españolas en el extranjero, a reserva de lo que respecto de estas últimas se establezca, previa su audiencia.

Fundado en las consideraciones que anteceden y estimándolas como base para desarrollar ulteriormente una acción constante y sistemática de estímulo y aliento de las Cámaras españolas de Comercio en Ultramar, el Ministro que suscribe tiene el honor de someter a la aprobación de V. M. el siguiente proyecto de Decreto.—Madrid, 12 de julio de 1923.—Señor: A L. R. P. de V. M.—Santiago Alba.

REAL DECRETO

A propuesta del Ministro de Estado, de acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo 1.º Las Cámaras de Comercio constituidas libremente en Ultramar por los españoles dedicados a la producción, al comercio y a las profesiones auxiliares, que se ajusten en su funcionamiento a las disposiciones de este Real decreto, serán reconocidas con carácter oficial, una vez aprobados su creación y sus Estatutos por el Ministerio de Estado.
Art. 2.º Las Cámaras oficiales de Comercio en Ultramar tendrán por objeto la organización y concentración de todos los comerciantes
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productores y agentes auxiliares españoles que vivan en determinado país de América o en las islas Filipinas, para fomentar el desenvolvimiento del comercio exterior español y los propios intereses de sus asociados.

Art. 3.º Serán sus fines principales:
a) La creación de servicios de información, propaganda y asistencia a los viajantes, representantes y comisionistas de comercio;
b) La revisión de datos, muestras o informes relativos a los artículos de mayor consumo en el, país respectivo, con especialidad de aquellos que procedan de países concurrentes y puedan ser suministrados por España, transmitiendo el resultado de sus investigaciones a los organismos oficiales y privados nacionales más indicados para los estudios técnicos necesarios para determinar los tipos comerciales y su difusión entre los exportadores y productores;
c) La formación del repertorio de comerciantes importadores y exportadores del país respectivo, con designación expresa de nacionalidades;
d) La organización de Exposiciones-muestrarios permanentes de los productos españoles de mayor consumo en el país y el envío de muestrarios de productos del país a los Museos o Exposiciones comerciales que en España se organicen, informando al Gobierno, siempre que se anuncie una Exposición o feria en España o en el país de residencia, para decidir o facilitar la concurrencia de España a los Certámenes de Ultramar o para encauzar la concurrencia de aquellos países a las Exposiciones o ferias españolas;
e) Expedir o traducir certificados de origen o de tránsito e intervenir en la expedición de documentos referentes al comercio de importación en España, como certificados, declaraciones o legalizaciones, todo ello con sujeción a las normas que por el Ministerio de Hacienda se dicten para el ejercicio de estas atribuciones;
f) Ejercer, en lo que concierne a la propiedad industrial y comercial, los tres órdenes de funciones que siguen: 1.º La función informativa, reuniendo datos exactos y completos acerca del crédito, extensión, intensidad e importancia de las marcas nacionales en relación con las estadísticas del desarrollo del comercio e interviniendo acerca de la autenticidad de los certificados de origen de las marcas y patentes, por lo que se refiere a las registradas en España y de procedencia española, a las registradas en España procedentes de otros países y a las marcas, patentes y modelos obtenidos fuera de España en el país donde esté establecida la Cámara por ciudadanos españoles. 2.º La función fiscalizadora que a instancia de parte se podrá extender a la vigilancia del establecimiento en el país de industrias nuevas en perjuicio de patentes españolas debidamente registradas, y sobre el empleo de modelos y marcas industriales que puedan dar lugar a confusión con las registradas al amparo de las leyes españolas, muy especialmente en lo que se
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refiere al empleo de marcas colectivas nacionales contra las falsas indicaciones de procedencia, formulando, cuando proceda, la denuncia ante los Tribunales correspondientes de los actos punibles que se cometan en la materia; y 3.º La función consultiva respecto al crédito y garantía profesional de los poseedores y solicitantes de patentes, marcas, modelos y dibujos industriales y nombres comerciales; al significado o declaración de lo que en el comercio y la industria haya adquirido el carácter de genérico; al alcance que las denominaciones geográficas de las marcas puedan tener en orden a las indicaciones de procedencia y al empleo de escudos y de emblemas nacionales, provinciales o regionales, y al recto empleo de las marcas colectivas por los industriales.

g) Dedicar especial atención a la protección de la propiedad intelectual, procurando velar por los derechos de los autores y de los editores y secundando la acción del Gobierno en punto al ejercicio de acciones legales y a la gestión de disposiciones legislativas o Convenios internacionales que a tal objeto se encaminen: difundiendo la producción editorial españ la en los países de habla castellana, mediante la concesión de facilidades para efectuar expediciones de libros y revistas españolas; facilitando informes de carácter comercial en relación con estas actividades, coadyuvando a la organización de ferias y de Exposiciones especializadas del libro y de las Artes gráficas de España; formando colecciones o bibliotecas de catálogos de los editores y libreros españoles y difundiendo la bibliografía general española e hispano-americana.]

h) Intervenir como amigables componedores en los litigios que sobre interpretación o ejecución de contratos mercantiles les sometan comerciantes de la misma demarcación o de otra distinta, siempre que se consigne por escrito el consentimiento, con arreglo a las normas de procedimiento que por el Ministerio de Trabajo, Comercio e Industria se dicten;

i) Auxiliar a los interesados para la gestión y cobro de créditos en el caso de que las Cámaras sean requeridas para ello por mediación del Cónsul o de algún comerciante;

j) Propagar los productos españoles en las demarcaciones respectivas y señalar la orientación que, a su juicio, resulte más adecuada para la propaganda general;

k) Informar al Gobierno respecto de cuantos asuntos se les someten a consulta o por propia iniciativa aprecien que han de influir en el desenvolvimiento de nuestro comercio exterior, cooperando asimismo, a este efecto, a la acción diplomática, consular y de los demás Agentes oficiales españoles, y a la iniciativa privada del comercio o de la industria nacionales;

l) Establecer enseñanzas de carácter comercial complementario y
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de ampliación de los estudios españoles, sobre todo en aquellos países de habla distinta;
m) Informar respecto de las modalidades de la legislación mercantil y gestiones para su unificación;
n) Cooperar en los trabajos que realice la Junta Nacional del Comercio español en Ultramar.
Art. 4.º Al negociarse Tratados o Convenios de comercio, navegación y mutualidad de servicios, las Cámaras oficiales de Comercio establecidas en el respectivo país informarán, salvo caso de urgencia, sobre cuantos extremos se relacionen con la preparación de dichos Convenios o Tratados.
Art. 5.º Las Cámaras dependerán del Ministerio de Estado, con el que comunicarán directamente, dirigiendo sus comunicaciones por conducto de los respectivos Agentes diplomáticos o consulares; corresponderán con el Ministerio de Trabajo, Comercio e Industria, con los demás Centros oficiales relacionados con sus fines y con las Cámaras de Comercio metropolitanas, y podrán sostener relaciones directas con los organismos económicos de carácter privado y los comerciantes y productores nacionales. Las Autoridades diplomáticas y consulares españolas tendrán la consideración de Presidentes honorarios de las Cámaras y presidirán las sesiones de las mismas a que asistan. Los Agentes comerciales oficiales serán considerados miembros honorarios de las Juntas de gobierno. A todos ellos deberán serles anunciadas las Juntas directivas y las generales y sus órdenes del día, con la debida anticipación, para que puedan asistir a las mismas y tomar parte en sus deliberaciones, sin voto.
Art. 6.º Para el ulterior reconocimiento oficial de las Cámaras españolas de Comercio, será preciso que no funcione otra Cámara dentro de la misma demarcación consular y que la solicitante cuente con los recursos económicos indispensables para su normal sostenimiento. En todo caso, las Cámaras oficiales establecidas en un mismo país deberán agruparse y actuar coordinadamente en todos los asuntos de interés nacional, debiendo ser aprobadas por el Ministerio de Estado las bases de su asociación.
Art. 7.º Las Cámaras podrán constituir las Secciones regionales y los Comités, Delegaciones y Agencias locales, y crear en su seno las Comisiones especiales que estimen oportuno, pero deberán todas ellas designar una Comisión especial permanente de la Propiedad industrial y comercial, en relación con el Consejo Superior de la Propiedad industrial y comercial y con la Oficina de Registro de la misma Propiedad, del Ministerio del Trabajo, Comercio e Industria y una Comisión especial, también permanente, para los asuntos relacionados con la propiedad intelectual y el comercio del libro español, que actuará como delegación de las Cámaras oficiales del Libro.
Art. 8.º Además de la representación en la Junta Nacional del Co-
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mercio español en Ultramar, las Cámaras oficiales de Comercio en aquellos países estarán representadas en el Consejo Superior de Cámaras de Comercio, Industria y Navegación y en el Instituto de Comercio e Industria. El Ministro de Trabajo, Comercio e Industria determinará el número de representantes y la forma de la designación. Los nombramientos deberán recaer en comerciantes o productores establecidos en los respectivos países o en personas residentes en España que hayan ejercido comercio, industria o representación comercial en Ultramar.

Art. 9.º Podrán pertenecer a las Cámaras oficiales españolas de Comercio en Ultramar, como miembros activos de las mismas, además de los españoles dedicados a la producción, al comercio y a las profesiones auxiliares, los extranjeros de origen español y los hijos del país donde las Cámaras estén establecidas, en la proporción de una cuarta parte como máximo y requiriéndose en todo caso para tomar acuerdos, tanto en las Juntas directivas como en las generales, que los españoles se encuentren en la misma proporción de mayoría. Los demás extranjeros podrán ser admitidos con el carácter pasivo de socios cooperadores, sin derecho, por tanto, al voto ni a los cargos electivos. También podrán ser socios cooperadores; los españoles no residentes en el país de la Cámara que contribuyan al sostenimiento de la misma.

Art. 10. Las Cámaras elegirán libremente sus Juntas o Consejos directivos y, a fin de garantizar a todos sus miembros la intervención en la designación de aquéllos, antes de la Asamblea general de cada Cámara, se designará por la Junta o Consejo una Comisión especial encargada de preparar la lista de candidatos a los cargos vacantes, lista que será expuesta en las oficinas de la Cámara durante las cuatro semanas precedentes a la elección, sin perjuicio de que cualquier otra candidatura sea a su vez tomada en consideración por la Asamblea, siempre y cuando resulte apoyada por las firmas del 10 por 100 de los miembros electores de la Cámara y expuesta en las oficinas de la misma, con diez días de antelación, por lo menos, a la fecha de la Junta general. Los resultados de toda elección deberán ser comunicados al Ministerio de Estado y a los demás organismos donde las Cámaras tengan representación.

Art. 11. Los Secretarios de las Cámaras serán nombrados y separados libremente por las mismas, pero la designación deberá recaer forzosamente en ciudadanos españoles, comunicándose el nombramiento al Ministerio de Estado y a los organismos donde tengan representación las Cámaras.

Art. 12. El presupuesto de ingresos de las Cámaras oficiales españolas de Comercio en Ultramar se formará:
a) Con las cuotas que satisfagan sus asociados.
b) Con las retribuciones que les correspondan por prestación de servicios.