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mar Caribe; la revisión urgente de la legislación en vigor en materia de comunicaciones inalámbricas, y el estudio del establecimiento de una red radiotelegráfica internacional con América; que se gestione el servicio diferido para los cables que se expidan en los países de Ultramar para España, y, por último, la derogación de restricciones al uso de clave de diez letras, obligando a su pronunciación en español, permitiendo, conforme la Convención Internacional previene, que se pronuncien en los demás idiomas estipulados, con la amplitud con que estas facilidades de comunicación se interpretan en los demás países.

En orden a transportes terrestres, entre otras manifestaciones, se consigna la de que el Congreso considera fundamental e inaplazable la implantación inmediata del sistema de tarifas combinadas de mar y tierra, con aplicación preferente al comercio con Ultramar, teniendo en cuenta la ley de Comunicaciones marítimas de 1909.

El Congreso acuerda elevar al Gobierno las siguientes propuestas sobre comunicaciones y transportes marítimos:

a) A fin de poner en relación los intereses hispanoamericanos con las leyes de transportes y comunicaciones marítimas:
   1.º Que se interese del Gobierno la reducción del impuesto de transportes por mar en la forma que se copia en otro lugar de este número, al referirnos a disposición ya dictada por el Gobierno.
   2.º Que análogamente a lo que dispuso el caso 2.º del art. 11 de la ley de Presupuestos de 31 de diciembre de 1907, las cuotas del impuesto de embarque y desembarque de mercancías en el comercio con América, comprendidas en la navegación de altura, se reduzcan a los tipos que rigen para el comercio con Europa, como de gran cabotaje, para procedencias y destinos de Repúblicas hispanoamericanas y Filipinas, pudiéndose ampliar esta reducción a los demás países americanos mediante pactos de reciprocidad en materia de navegación y comercio, acordados por los Gobiernos respectivos.
   3.º Que se haga uso por el Gobierno de la facultad que le concede el caso 14 del art. 3.º del texto refundido de las disposiciones legislativas sobre impuesto de transportes por mar de 28 de julio de 1920, por virtud de la cual pueden convenirse en los Tratados comerciales exenciones del impuesto, tanto para viajeros como para mercancías.
   4.º Que se revisen en sentido de ampliación, especialmente para primeras materias, las exenciones del impuesto que para determinados artículos señala el artículo 18 de la ley de Comunicaciones marítimas de 14 de junio de 1909, confirmadas por el artículo 4.º del antes citado texto refundido; extendiéndolas a aquellos otros productos de interés para el comercio hispanoamericano, en el desembarque, que es el régimen actual, con ampliación al embarque o carga de los productos nacionales de más importante exportación a América, y siempre que se trate de viajes redondos, dentro de las condiciones de aquella ley.

b) Que se conserven los actuales servicios marítimos regulares,
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procurando, dentro de las normas contractuales a que están sometidos, la progresiva renovación del material; la supresión de escalas no americanas que no estén justificadas por el tráfico; la reducción de las estadias en los puertos de América al mínimo indispensable; el incremento de las combinaciones con puertos no servidos hoy directamente por aquellas líneas y mientras no sea posible dotarlas de tal servicio directo; la extensión de la de Filipinas a algunos puertos de China y del Japón; y la inclusión en los itinerarios que comienzan en el Mediterráneo de la escala de Valencia, y en los que arrancan del Cantábrico, de la de Gijón-Musel; la de Río Janeiro en la actual línea del Mediterráneo al Plata, y su extensión en la forma posible a Rosario de Santa Fe; la de Tampico en una de las de México; las de Puerto Barrios. La Ceiba y Puerto Limón en la que mejor proceda de las existentes, y siempre que, para todas estas aspiraciones que el Congreso acoge, lo consienta la economía de las respectivas líneas; la organización en los puertos cabeza de línea o de tráfico excepcional, y siempre que a su sostenimiento concurran las colectividades mercantiles, de Oficinas-agencias de tránsito para dar salida a los envíos de mercancías procedentes de los centros productores del interior del país; la parificación posible de los fletes con los de las Compañías extranjeras competidoras; la mejor coordinación de los servicios de cabotaje con los transatlánticos, y la más severa vigilancia sobre todas las mediaciones que en los puertos requiere el tráfico.

c) Que por el Gobierno y por las entidades respectivas se concierte con las Empresas de transportes marítimos nacionales el pago de todos los impuestos de esta, locales o de puerto, que graven al tráfico de personas o de cosas con los países iberoamericanos, en forma de que resulten disminuidos hasta en 50 por 100.

d) Que se revisen todas las disposiciones de Gobierno que afecten al tráfico internacional, con objeto de establecer un régimen especial de rapidez y baratura para el correspondiente a los países iberoamericanos, sea cual sea la bandera en que se haga.

e) Que se procure celebrar con las naciones iberoamericanas que tengan establecido el abanderamiento de buques en forma de que realmente lo reserven para los auténticamente nacionales. Tratados de navegación sobre la base de la más íntima reciprocidad, siempre que sean inextensibles a naciones no ibéricas ni iberoamericanas, y a condición de que por España se lleve simultáneamente a los Tratados en que conste la cláusula de nación más favorecida, la terminante excepción de cuantas concesiones estén hechas o se hagan a Portugal y las naciones iberoamericanas.

g) Que mientras no se creen varias líneas que recomienda en el apartado f), se estimule la más activa participación de todas nuestras Empresas navieras en el tráfico de cabotaje e intercontinental americano, siempre que combinen con las líneas regulares españolas y que se extiendan las ventajas y desgravaciones que puedan resultar de las
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cláusulas e) y d) de esta conclusión a los emigrantes y a las mercancías destinadas a, o procedentes de naciones iberoamericanas con las cuales no tenga España tráfico directo en bandera nacional, oficial o libre, que sean transportados en buque extranjero que dedique en el propio viaje al tráfico de entrada o de salida en España la mitad, cuando menos, de su cabida.

Se recomienda al Gobierno de S. M. presente a las Cortes y obtenga la aprobación de una ley de protección a la marina mercante nacional con aportación de capital y garantía de interés en la proporción que se indica en las normas que se detallan, que no copiamos por exceso de detalle para una conclusión de un congreso.

La debida habilitación portuaria de los puertos de primera categoría de España exige la construcción de obras de ampliación y mejora y de instalación de nuevos servicios de explotación, y para ello el Gobierno debe de estudiar el modo y forma de arbitrar recursos para auxiliar a las Juntas de Obras, de manera que sea factible la realización de la habilitación en un plazo de diez años.

El Congreso solicita del Gobierno:

Que se dé pleno valor legal a la intervención del Estado, mediante los órganos integrantes de la Comisaría General de Seguros, en cuanto al seguro marítimo se refiere, aplicándole íntegramente la ley vigente de 1908, y que procure establecer con las naciones iberoamerinas, sobre la base de la reciprocidad y de la mutualidad, un régimen de amparo para los respectivos asegurados nacionales.

Reconocida la conveniencia de que España se organice como base de comercio de tránsito, es indispensable que los depósitos francos actualmente concedidos por el Estado se coordinen con el objeto de que la acción de los mismos se concentre en el Norte, Sur y Este del Reino, de acuerdo con lo que el fundamento y la finalidad de tales organizaciones comerciales requiere.

A tal efecto, procede que el Gobierno invite a los cinco puertos del Norte de España con concesiones para puertos francos a que celebren una conferencia con objeto de hallar una fórmula que, salvaguardando los intereses ya creados, les ponga en condiciones de obviar los inconvenientes de la pluralidad de depósitos para la economía nacional.

España se halla en condiciones muy favorables de desarrollar la llamada «Industria del Turismo» gracias a la abundancia y variedad de sus bellezas naturales y artísticas, a las ventajas de sus condiciones geográficas y climatológicas; atractivo de sus costumbres típicas y carácter hospitalario de sus habitantes.

El fomento de la industria del turismo ha de llevarse a cabo por la doble acción del Estado y corporaciones administrativas y de los particulares, realizando en el Extranjero, y particularmente en Ultramar, una vasta propaganda en pro de España como país digno de ser visitado, y
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en el interior del Reino mejoras de los servicios relacionados con dicha industria.

A continuación se señalan latamente las iniciativas y medidas que el Congreso estima convenientes al efecto.

* * *

La última serie de conclusiones conciernen a las «Aspiraciones y necesidades de los españoles residentes en Ultramar», tratando la 28.a de la reorganización del servicio consular, unificación de la dirección, oficinas y servicios relacionados con la expansión comercial de España a Ultramar y establecimiento de agregados y agentes comerciales en aquellos países, y en ella se recomienda se presente un proyecto de ley a las Cortes reorganizando el servicio consular, a fin de que responda a las necesidades actuales, especialmente en América, sin perjuicio de que el Ministro de Estado haga uso de la autorización de que está provisto por la vigente ley de Presupuestos para introducir con carácter provisional aquellas reformas vigentes en el servicio consular.

Que se unifiquen y reorganicen las funciones y servicios administrativos en lo que se refiere al comercio, dispersos en distintos departamentos.

Que se envíe por el Gobierno a determinados países de Ultramar (América, Filipinas y Extremo Oriente) agentes comerciales.

Que se establezcan en las Embajadas y Legaciones agregados comerciales, designados por razón de su preparación especial o por sus conocimientos en materia comercial.

Que se creen en Ultramar oficinas españolas de información.

El Congreso recomienda como uno de los medios más eficaces de dar a conocer la posición de España en el orden industrial y comercial la organización de misiones españolas, de las cuales formen parte personas eminentes, con el fin de realizar viajes a Ultramar.

Respecto a la organización del comercio español con Filipinas y el Extremo Oriente, después de declarar que urge la aplicación de medidas eficaces para nivelar la balanza de nuestro con dichos países, encuadando las exportaciones españolas hacia los mismos, hasta alcanzar el puesto a que en aquellos mercados es merecedora la producción nacional; el Congreso recomienda al Gobierno gestione de los Estados Unidos un Convenio comercial con respecto a las islas Filipinas, entre cuyas concesiones pudieran incluirse por parte de España la supresión de los derechos arancelarios y de muelle a la pulpa de coco o copra y al abacá filipinos.

Asimismo se recomienda que se acentúe la protección al tabaco en rama filipino.

Otras recomendaciones que se formulan en relación con el comercio-
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de España con Filipinas y el Extremo Oriente no las recogemos porque son generales a todo comercio internacional.

Acuerdo del Congreso es también el recomendar la organización de un servicio especial telegráfico de información española en Ultramar y de una Agencia periodística hispanoamericana.

Por Real orden del 20 de junio actual fué cumplido por el Gobierno, y por ello merece expresivos plácemes, el acuerdo del Congreso de felicitar a la Institución Cultural Española de Buenos Aires y su filial de Montevideo por su meritoria y brillante gestión.

Los demás países de habla española deberían cuidar, ya aisladas o bien federadas, de la propagación de la cultura española, en la forma que lo realizan las instituciones mencionadas, las cuales, además de a la organización de misiones científicas, artísticas y literarias, deberán llegar a la creación de bibliotecas y muestrarios de libros españoles y de centros de estudios hispanoamericanos y realizar la labor complementaria de recoger los valores de la cultura hispanoamericana y filipina para difundirlos en España, apoyándose en los organismos oficiales y en los de iniciativa particular.

En Filipinas y en Puerto Rico, donde ha desaparecido la oficialidad del castellano y su supervivencia se encuentra gravemente amenazada, debe procurarse llegar a la creación de institutos-escuelas españoles capacitados para expedir títulos con valor académico en España.

Se recomienda a las Cámaras de Comercio y demás Asociaciones españolas de países de Ultramar donde el idioma no sea español, el establecimiento de enseñanzas de lengua española.

Estima el Congreso que España debiera reivindicar y organizar en los Estados Unidos instituciones que nos den en aquel país una influencia análoga a la obtenida en él por franceses e italianos.

Sobre el tan debatido, hondo y difícil tema del servicio militar de los residentes en Ultramar dijo el Congreso que a los españoles nacidos en América y Filipinas o llegados allí antes de cumplir los diez años de edad y que a los veintiuno sigan residiendo en el país, se les considerarán como reclutas pertenecientes al cupo de instrucción, cumpliendo los requisitos siguientes:

a) Exhibir un certificado de estudios que acredite su educación patriótica; b), abonar una cuota anual que podrá ser progresiva y proporcional a la fortuna de cada individuo; c), prestar el servicio de información económica en la forma que se establezca.

Al cumplir los treinta y dos años de edad entrarán a formar parte de la reserva correspondiente a su cupo, y si regresan a España antes de aquel plazo se les considerará incorporados al cupo de instrucción correspondiente a su reemplazo.

Los españoles que salgan de la Península después de los diez años de edad y antes de los diez y ocho obtendrán idénticos beneficios a los-
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Duelo en nuestra Sociedad

Asesinato del Eminentísimo señor Cardenal Arzobispo de Zaragoza.

La muy elevada jerarquía religiosa y consiguientemente social, unida a las dotes intelectuales que adornaban a don Juan Soldevila Romero, justifican sobradamente el orgullo con que la Unión Ibero-Americana veía figurar su nombre en la lista de sus Socios de Número; si a ello se agrega que a esta cooperación, ya de por sí valiosa, en cuanto significa adhesión al ideal y confianza en nuestro Instituto, se sumó siempre la muy eficaz y alentadora de su opinión, de su consejo y de sus plácemes por la obra realizada por el mismo, se alcanzará la dolorosa impresión, la profunda pena que la noticia del villano y cobarde asesinato del venerable anciano Príncipe de la Iglesia nos produjo.

Quienes en pro de la fraternidad entre los pueblos, con tenacidad a prueba de indiferencia de los más y apatía de la generalidad, vienen trabajando un día y otro, desde hace cerca de cuarenta años, como nos ocurre a los afiliados a la Unión Ibero-Americana, no necesitan hacer constar, pues sobradamente se alcanza, hasta qué grado llega su indignación y hasta qué punto reproban el alevoso asesinato del octogenario apóstol de la doctrina de Cristo, ministro de paz y de amor.

Nació el ilustre purpurado, en Fuente la Peña (Zamora), el 28 de octubre de 1843; elegido para el obispado de Tarazona el 14 de febrero de 1889, y promovido a la metropolitana de Zaragoza, el 16 de diciembre de 1901, tomando posesión el 21 de marzo de 1902, fué elevado al cardenalato en el Consistorio de 1920.

Era el señor Soldevila Senador por derecho propio, Caballero de la Gran Cruz de Carlos III, de la Orden de Isabel la Católica y de la Gran Cruz de Alfonso XII.

De su talento, de su cultura ha dejado el Cardenal Arzobispo de Zaragoza gallardas muestras en numerosos trabajos y escritos pastorales.

La Unión Ibero-Americana se asocia íntimamente al duelo producido por la muerte del señor Cardenal Soldevila, que si siempre hubiera sido duelo de España y de la Cristiandad, por la forma en que se ha producido, es duelo de todo el mundo civilizado.
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del grupo anterior mientras permanezcan en América hasta cumplir los treinta y dos años. En el caso de repatriarse antes de dicho plazo dejarán de pertenecer al cupo de instrucción y se les considerará incluidos en el próximo alistamiento.

En casos justificados podrán, sin embargo, efectuar viajes a España con permanencia máxima de un año en la Península, mediante pasaporte especial.

Los españoles residentes en la actualidad en América, que habiendo sido declarados prófugos solicitaron y obtuvieron indulto o puedan obtenerlo en lo sucesivo antes de la implantación de estas reformas, podrán acogerse a ellas según el grupo a que correspondan.

La recaudación obtenida mediante las cuotas que se establezcan se destinará a los fines que el Gobierno disponga, pero siempre en relación con servicios de Ultramar, tales como el sostenimiento de escuelas y Cámaras de Comercio, repatriación de ancianos y enfermos, etc.

El Congreso recomienda al Gobierno, en lo que respecta a ciudadanos españoles que hubiendo perdido esta ciudadanía en país extranjero deseen volver a obtenerla, el mínimo de requisitos posibles.

El Congreso, en vista de la situación confusa en que por efecto de la legislación norteamericana se encuentran los españoles residentes en Puerto Rico, ruega al Gobierno examine tan interesante cuestión procurando resolverla.

El Congreso, atento al espíritu de las leyes de inmigración dictadas por los Estados Unidos, considera que debe elevar al Gobierno el asunto para que entable, si lo estima acertado, las oportunas negociaciones para, en consonancia con dichas leyes, obtener el Tratado que excluya a los españoles residentes o inmigrantes, de la limitación establecida; y cuanto al tiempo de ausencia de los residentes españoles, se les permita no sujetarse al plazo de seis meses, mediante la previa declaración jurada de no tener propósito de abandonar su domicilio.

El Congreso recomienda el estudio del medio de utilizar el edificio que España posee en Panamá a Museo comercial y el ofrecimiento de locales hecho por la «Asociación Patriótica Española», de Buenos Aires, para instalar en ellos una Exposición de productos nacionales.
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Aduanas y Comercio con Portugal

Conferencia pronunciada en la Unión Ibero-Americana, el día 10 de marzo de 1923, por don Aurelio Ribalta.

Proemio.

SEÑORAS; SEÑORES:

EMPEZARÉ sin exordio.
Para hablar de «Aduanas y Comercio con Portugal» me serían precisos, no los contados minutos que hoy tengo el honor de consagrarse, sino un curso entero.
Claro es, por lo tanto, que lo que hoy os diga será una mera indicación de puntos a tratar, y una sucinta exposición de postulados, principios y conclusiones.
Perdonadme, pues, de buen grado, que con toda brusquedad entre en materia.
Y oidme con la benevolencia que yo necesito siempre, y con la tolerancia que demanda quien, como yo, se atreve a ponerse enfrente de las rutinas consagradas.

El concepto general de Comercio.

El Comercio, según Ives Guyot (1), es la pratique de l'échange.
Esta definición peca de materialista, porque el cambio de cosas o servicios no es el comercio, sino una manera de establecer la relación o comercio. Enmendemos, pues, dicha apreciación, algo grosera, y definimos el Comercio diciendo: Acción que relaciona a los humanos.
En efecto; el comercio es acción, y esto es lo único en que el señor Ives Guyot anda acertado: en lo de decir que es práctica, o lo que es lo mismo, acción que relaciona.
Así se ve que entre España y Portugal hay pocas relaciones, porque apenas hay comercio. Las mercancías, que es el comercio material atento a las necesidades reales o ficticias de la vida fisiológica, y las ideas, que es el comercio espiritual de pensamientos y sentimientos, no son más que relación entre los humanos.
También tiene razón el señor Ives Guyot al decir que: «le commerce rapproche les peuples». Si queréis conocer la vida de un pueblo, estudiad su comercio. Así veréis que Portugal comercia, más que con nación alguna, con Inglaterra; y en este comercio, lo que Portugal importa

(1) Dictionnaire du Commerce, de l'Industrie et de la Banque.
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de su fiel aliada es mucho más que lo que exporta. Por eso Portugal está en la incierta condición de dependencia inglesa.

Lo está desde el Tratado de Methuen, en 1703. Según este Tratado, que no tiene más que dos artículos, el Rey de Portugal admite en sus Estados todos los productos ingleses; y el Rey de Inglaterra admite, a su vez, en su reino, los vinos de Portugal.

Esto de los Tratados parece cosa árida; pero, a veces, es interesantísima: más que ningún drama de la escena. Aquí tenéis la prueba: este Tratado de 1703 es el drama de Portugal, resignado desde entonces a verse objeto de intervenciones, tal vez demasiado eficaces.

El Comercio, compra y venta de productos del trabajo humano, es ante todo una relación moral entre los pueblos. Comercio de ideas, inseparable siempre del comercio de mercancías.

Ahora bien: el Comercio es relación, acuerdo, conformidad. Por eso el Comercio florece en la paz, y no en la guerra.

La guerra es también relación, o por lo menos instrumento o vehículo de relaciones futuras. Pero es una relación al revés; quiero decir, no de conformidad, sino de desacuerdo. Por eso, con la guerra el comercio cesa, y si no cesa, se perturba, y en lugar de ser florecimiento de pueblos, es caldo gordo de agiotistas.

Mapa moral de la República portuguesa.

Siendo el Comercio, ante todo y sobre todo, relación moral, debemos primeramente considerar la entidad moral de las naciones. Y así tendremos, que Portugal —dejando a salvo la actual conformación política de los estados, y hablando solamente en el sereno y pacífico terreno del trabajo científico—, Portugal, repito, está limitado al Norte por el Cantábrico; al Este, por España; al Sur, por sus extensas posesiones africanas—islas y tierra firme—, y al Oeste, por el Brasil. En este mapa moral se ve bien claro que España y el Brasil no están a igual distancia de la República portuguesa, y que las diferencias de distancia moral están en razón inversa de la distancia geográfica, puesto que entre Portugal y el Brasil extiende sus miles de millas el Atlántico, y entre Portugal y España sólo hay una línea tortuosa y convencional, en muchos trozos hundida en los lechos de los ríos limítrofes; y a pesar de esto, el Brasil es un Estado adyacente, y España es una Potencia lejana, muy lejana, colocada mucho más allá de la muralla de la China formada por Aduanas que gravan toda comunicación y por dificultades que estorban el cómodo atravesar por la frontera, con lo cual hacen casi imposible todo tránsito.

Las islas y tierra firme del Continente africano, Madeira, Cabo Verde, Azores, Angola y Mozambique, están también mucho más lejos de Portugal que España, si atendemos a la estructura física del globo; pero mucho más cerca en el mapa moral que examinamos, porque condicio-