Unión Ibero-Americana (1923-06-01 00:00:00), página 95

Art. 121. Ningún contrato de interés público celebrado por el Gobierno federal, o con el de los Estados, o con las Municipalidades, o con cualquier otro Poder público, podrá ser traspasado, en todo o en parte a Gobierno extranjero; y en todos ellos se considerará incorporada, aunque no lo esté, la cláusula siguiente: «Las dudas y controversias de cualquier naturaleza que puedan suscitarse sobre este contrato y que no puedan ser resueltas amigablemente por las partes contratantes, serán decididas por los Tribunales competentes de Venezuela, de conformidad con sus Leyes, sin que por ningún motivo ni causa puedan ser origen de reclamaciones extranjeras.» Las Sociedades que en ejercicio de dichos contratos se formen, deberán establecer su domicilio legal en Venezuela.

Art. 122. Ningún individuo podrá desempeñar a la vez más de un destino público lucrativo. La aceptación de un segundo destino cualquiera, equivale a la renuncia del primero, excepto para los Profesores en la enseñanza pública y los empleados en Academias y Hospitales.

Art. 123. Todos los venezolanos pueden elegir y ser elegidos para los destinos públicos, si están en el goce de los derechos de ciudadano.

Art. 124. En los períodos electorales, los individuos de la fuerza pública nacional que estén de facción, permanecerán acuartelados durante las votaciones.

Art. 125. La fuerza armada no puede deliberar: ella es pasiva y obediente. Ningún Cuerpo armado puede hacer requisiciones ni exigir auxilio de ninguna clase sino a las autoridades civiles, y en el modo y forma que determina la ley.

Los Jefes de fuerzas que infrinjan esta disposición serán juzgados y castigados con arreglo a las Leyes.

Art. 126. La Ley reglamentará la manera cómo los empleados nacionales, al posesionarse de sus destinos, han de prestar juramento de cumplir sus deberes.

Art. 127. Para todos los actos de la vida civil y política de los Estados, la base de población será la que determine el último Censo de la República aprobado por el Congreso.

Art. 128. Los períodos constitucionales de las ramas Ejecutiva y Judicial del Poder federal, durarán siete años, y serán contados desde el día 19 de abril del año de la elección.

Art. 129. En todos los actos públicos y documentos oficiales de la nación y de los Estados, se citará la fecha de la Independencia a partir del 19 de abril de 1810 y la de la Federación, desde el 20 de febrero de 1859.

Art. 130. Esta Constitución es susceptible de enmiendas o de adiciones, pero ni unas ni otras se decretarán por el Congreso nacional, sino en sesiones ordinarias y cuando sean solicitadas por las tres cuartas partes de las Asambleas legislativas de los Estados en sesiones ordinarias; pero nunca se harán las enmiendas o adiciones sino en los puntos en que coincida la mayoría de los Estados.

Art. 131. Las enmiendas y adiciones constitucionales se harán por el mismo procedimiento establecido para sancionar las leyes.

Art. 132. Acordada la enmienda o adición por el Congreso, su Presidente la someterá a las Asambleas legislativas de los Estados para su ratificación definitiva.

Art. 133. Puede también el Congreso tomar la iniciativa en las enmien-