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sereno criterio sobre ellos y propongan las medidas que juzguen más eficaces para una más sólida y efectiva vinculación con la Madre Patria, y tercero, para el envío de una nave del Estado con una exposición de productos de comercio e industria españoles, como acaba de hacerlo con éxito brillante la nación italiana.

Unida la voluntad al esfuerzo y yendo de frente y sin dilaciones a la solución del problema plantead, el favorable resultado no se hará esperar.

Toca a España colcarse a la cabeza de ese movimiento y acometerlo con la fe del triunfo de sus ideales, en la inteligencia de que hallará en sus hijas la más entusiasta y decidida cooperación. Por lo demás, debe convencerse España, como tan elocuentemente lo expresara un ilustre tribuno (1) “que lo mismo en las costas que en las selvas americanas; lo mismo en sus campos que en sus montes; lo mismo en las arenas de sus mares que en las estrellas de su cielo, se refleja su santo nombre; que “España” dicen los volcanes, los ventisqueros y los aludes de los Andes; “España” las ondas del Plata y las ondas del Amazonas; “España” los desiertos de la tierra caliente y las pintadas selvas del Perú y el Paraguay, porque el genio de España, extendiéndose allí como las alas del águila sobre el nido, empolló con el calor de su vida las naciones del Nuevo Mundo.”

VÍCTOR E. AYARZA,
Cónsul general del Perú.

Madrid, abril 1924.

Para la fiesta de la Raza de 1924

CON destino a instituciones tan beneméritas como la Cruz Roja y la Lucha Antituberculosa se ha dictado un Real decreto disponiendo se celebre un sorteo extraordinario de grandes premios de la Lotería Nacional Española, cuyo producto íntegro, sin otra merma que las comisiones reglamentarias a las Administraciones, se distribuirá por mitad entre ambas instituciones.

Dicho sorteo tendrá lugar el día 12 de Octubre “para que coincida con la Fiesta de la Raza este esfuerzo para vigorizarla”.

Constará dicho sorteo de 48.000 billetes al precio de 250 pesetas cada uno, dividiéndolos en décimos de a 25 pesetas.

Aplaudimos sin reserva la feliz iniciativa que de forma tan práctica contribuye a solemnizar en España la Fiesta de la Raza.

(1) Palabras de D. Emilio Castelar.
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Constitución de la República de Cuba (1)

(CONCLUSIÓN)

Art. 80. Los Secretarios del Despacho recibirán del Estado una dotación que podrá ser alterada en todo tiempo; pero no surtirá la alteración sino en los períodos presidenciales siguientes a aquel en que se acorde.

TITULO X.—Del Poder Judicial.

SECCIÓN PRIMERA.—Del ejercicio del Poder judicial.

Art. 81. El Poder Judicial se ejerce por un Tribunal Supremo de Justicia y por los demás Tribunales que las Leyes establezcan. Estas regularán sus respectivas organización y facultades, el modo de ejercerlas y las condiciones que deban concurrir en los funcionarios que los compongan.

SECCIÓN SEGUNDA.—Del Tribunal Supremo de Justicia.

Art. 82. Para ser Presidente o Magistrado del Tribunal Supremo de Justicia se requiere:
1.º Ser cubano por nacimiento.
2.º Haber cumplido treinta y cinco años de edad.
3.º Hallarse en el pleno goce de los derechos civiles y políticos y no haber sido condenado a pena afflictiva por delito común.
4.º Reunir, además, algunas de las circunstancias siguientes:
   Haber ejercido, en Cuba, durante diez años, por lo menos, la profesión de Abogado, o desempeñado, por igual tiempo, funciones judiciales, o explicado, el mismo número de años, una cátedra de Derecho en establecimiento oficial de enseñanza.
Podrán ser también nombrados para los cargos de Presidente y Magistrados del Tribunal Supremo, siempre que reúnan las condiciones de los números 1, 2 y 3 de este artículo:
a) Los que hubieren ejercido en la Magistratura cargo de categoría igual o inmediatamente inferior, por el tiempo que determine la Ley.
b) Los que, con anterioridad a la promulgación de esta Constitución, hubieren sido Magistrados del Tribunal Supremo de la Isla de Cuba.
El tiempo de ejercicio de funciones judiciales se computará como de ejercicio de la Abogacía, al efecto de capacitar a los Abogados para poder ser nombrados Magistrados del Tribunal Supremo.

(1) Consecuentes con el propósito de dar cabida en nuestra REVISTA a las Constituciones políticas de las naciones iberoamericanas, publicamos, en números anteriores, s del Perú, Venezuela y Uruguay; y hoy lo hacemos de la de Cuba.
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Art. 83. Además de las atribuciones que le estuvieren anteriormente señaladas y de las que en lo sucesivo le confieran las leyes, corresponden al Tribunal Supremo las siguientes:
  1.a Conocer de los recursos de casación.
  2.a Dirimir las competencias entre los Tribunales que le sean inmediatamente inferiores o no tengan un superior común.
  3.a Conocer de los juicios en que litiguen entre sí el Estado, las Provincias y los Municipios.
  4.a Decidir sobre constitucionalidad de las leyes, decretos y reglamentos, cuando fuere objeto de controversia entre partes.

SECCIÓN TERCERA.—Disposiciones generales acerca de la Administración de Justicia.

Art. 84. La justicia se administrará gratuitamente en todo el territorio de la República.
Art. 85. Los Tribunales conocerán de todos los juicios, ya sean civiles, criminales o contencioso-administrativos.
Art. 86. No se podrán crear, en ningún caso, ni bajo ninguna denominación, Comisiones judiciales ni Tribunales extraordinarios.
Art. 87. Ningún funcionario del orden judicial podrá ser suspendido ni separado de su destino o empleo, sino por razón de delito u otra causa grave, debidamente acreditada, y siempre con su audiencia.
Tampoco podrá ser trasladado sin su consentimiento, a no ser por motivo evidente de conveniencia pública.
Art. 88. Todos los funcionarios del orden judicial serán personalmente responsables, en la forma que determinen las leyes, de toda infracción de ley que cometieren.
Art. 89. La dotación de los funcionarios del orden judicial no podrá ser alterada sino en períodos mayores de cinco años, y por medio de una ley. Esta no podrá asignar distintas dotaciones a cargos, cuyo grado, categoría y funciones sean iguales.
Art. 90. Los Tribunales de las fuerzas de mar y tierra se regularán por una ley orgánica especial.

TITULO XI.—Del régimen provincial.

SECCIÓN PRIMERA.—Disposiciones generales.

Art. 91. La Provincia comprende los términos Municipales enclavado dentro de sus límites.
Art. 92. En cada Provincia habrá un Gobernador y un Consejo Provincial, elegidos por sufragio de primer grado, en la forma que prescribe la Ley.
El número de Consejeros, en cada una, no será menor de ocho ni mayor de veinte.
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SECCIÓN SEGUNDA.—De los Consejos Provinciales y de sus atribuciones.

Art. 93. Corresponde a los Consejos Provinciales:
1.º Acordar sobre todos los asuntos que conciernan a la Provincia, y que, por la Constitución, por los Tratados o por las Leyes no correspondan a la competencia general del Estado o a la privativa de los Ayuntamientos.
2.º Formar sus presupuestos, estableciendo los ingresos necesarios para cubrirlos, sin otra limitación que la de hacerlos compatibles con el sistema tributario del Estado.
3.º Acordar empréstitos para obras públicas de interés provincial, pero votando al mismo tiempo los ingresos permanentes necesarios para el pago de sus intereses y amortización.
Para que dichos empréstitos puedan realizarse, habrán de ser aprobados por las dos terceras partes de los Ayuntamientos de la Provincia.
4.º Acusar ante el Senado al Gobernador en los casos determinados en el párrafo 3.º del art. 47 cuando los dos tercios del número total de los Consejeros Provinciales acordaren en sesión secreta la acusación.
5.º Nombrar y remover los empleados provinciales con arreglo a lo que establezcan las Leyes.

Art. 94. Los Consejos Provinciales no podrán reducir o suprimir ingresos de carácter permanente sin establecer al mismo tiempo otros que los substituyan, salvo en el caso de que la reducción o supresión procedan de reducción o supresión de gastos permanentes equivalentes.

Art. 95. Los acuerdos de los Consejos Provinciales serán presentados al Gobernador de la provincia. Si éste los aprueba, los autorizará con su firma. En otro caso, los devolverá, con sus objeciones, al Consejo, el cual discutirá de nuevo el asunto. Y si después de la segunda discusión las dos terceras partes del número total de Consejeros votaren en favor del acuerdo, éste será ejecutivo.
Cuando el Gobernador, transcurridos diez días desde la presentación de un acuerdo, no lo devolviere, se tendrá por aprobado y será también ejecutivo.

Art. 96. Los acuerdos de los Consejos Provinciales podrán ser suspendidos por el Gobernador de la provincia o por el Presidente de la República cuando, a su juicio, fueren contrarios a la Constitución, a los Tratados, a las Leyes o a los acuerdos adoptados por los Ayuntamientos dentro de sus atribuciones propias. Pero se reservará a los Tribunales el conocimiento y la resolución de las reclamaciones que se promuevan con motivo de la suspensión.

Art. 97. Ni los Consejos Provinciales ni ninguna Sección o Comisión de su seno o por ellos designada fuera de él podrán tener intervención en las operaciones que correspondan al procedimiento electoral para cualquier clase de elecciones.

Art. 98. Los Consejeros Provinciales serán personalmente respon-
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sables ante los Tribunales, en la forma que las Leyes prescriban, de los actos que ejecuten en el ejercicio de sus funciones.

SECCIÓN TERCERA.—De los Gobernadores de provincia y sus atribuciones.

Art. 99. Corresponde a los Gobernadores de provincia:
1.º Cumplir y hacer cumplir, en los extremos que les conciernen, las Leyes, Decretos y Reglamentos de la Nación.
2.º Publicar los acuerdos del Consejo Provincial que tengan fuerza obligatoria, ejecutándolos y haciéndolos ejecutar.
3.º Expedir órdenes y dictar además las instrucciones y reglamentos para la mejor ejecución de los acuerdos del Consejo Provincial cuando éste no los hubiere hecho.
4.º Convocar al Consejo Provincial a sesiones extraordinarias cuando, a su juicio, fuere necesario, expresándose en la convocatoria el objeto de las sesiones.
5.º Suspender los acuerdos del Consejo Provincial y de los Ayuntamientos en los casos que determina esta Constitución.
6.º Acordar la suspensión de los Alcaldes en los casos de extralimitación de facultades, violación de la Constitución o de las Leyes, infracción de los acuerdos de los Consejos Provinciales o incumplimiento de sus deberes, dando cuenta al Consejo Provincial en los términos que establezcan las Leyes.
7.º Nombrar y remover los empleados de su despacho conforme a lo que establezcan las Leyes.

Art. 100. El Gobernador será responsable ante el Senado en los casos que en esta Constitución se señalan y ante los Tribunales en los demás casos de delito con arreglo a lo que prescriban las Leyes.

Art. 101. El Gobernador recibirá del Tesoro Provincial una dotación que podrá ser alterada en todo tiempo; pero no surtirá efecto la alteración sino después que se verifique nueva elección de Gobernador.

Art. 102. Por falta, temporal o definitiva del Gobernador de la provincia, le substituirá en el ejercicio de su cargo el Presidente del Consejo Provincial. Si la falta fuere definitiva, durará la substitución hasta que termine el período para que hubiere sido electo el Gobernador.

TITULO XII.—Del régimen municipal.

SECCIÓN PRIMERA.—Disposiciones generales.

Art. 103. Los términos municipales serán regidos por Ayuntamientos compuestos de Concejales elegidos por sufragio de primer grado, en el número y en la forma que la Ley prescriba.

Art. 104. En cada término municipal habrá un Alcalde elegido por sufragio de primer grado en la forma que establezca la Ley.
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SECCIÓN SEGUNDA.—De los Ayuntamientos y sus atribuciones.

Art. 105. Corresponde a los Ayuntamientos:
1.º Acordar sobre todos los asuntos que conciernen exclusivamente al término municipal.
2.º Formar sus presupuestos, estableciendo los ingresos necesarios para cubrirlos, sin otra limitación que la de hacerlos compatibles con el sistema tributario del Estado.
3.º Acordar empréstitos, pero votando al mismo tiempo los ingresos permanentes necesarios para el pago de sus intereses y amortización.
Para que dichos empréstitos puedan realizarse habrán de ser aprobados por las dos terceras partes de los electores del término municipal.
4.º Nombrar y remover los empleados municipales conforme a lo que establezcan las Leyes.

Art. 106. Los Ayuntamientos no podrán reducir o suprimir ingresos de carácter permanente sin establecer al mismo tiempo otros que los sustituyan, salvo en el caso de que la reducción o supresión procedan de reducción o supresión de gastos permanentes o equivalentes.

Art. 107. Los acuerdos de los Ayuntamientos serán presentados al Alcalde. Si éste los aprobaré, los autorizará con su firma. En otro caso, los devolverá, con sus objeciones, al Ayuntamiento, el cual discutirá de nuevo el asunto. Y si, después de la segunda discusión, las dos terceras partes del número total de Concejales votaren en favor del acuerdo, éste será ejecutivo.
Cuando el Alcalde, transcurridos diez días desde la presentación de un acuerdo, no lo devolviere, se tendrá por aprobado y será también ejecutivo.

Art. 108. Los acuerdos de los Ayuntamientos podrán ser suspendidos por el Alcalde, por el Gobernador de la provincia o por el Presidente de la República cuando, a su juicio, fueren contrarios a la Constitución, a los Tratados, a las Leyes o a los acuerdos adoptados por el Consejo Provincial dentro de sus atribuciones propias. Pero se reservará a los Tribunales el conocimiento y la resolución de las reclamaciones que se promuevan con motivo de la suspensión.

Art. 109. Los Concejales serán personalmente responsables ante los Tribunales de justicia, en la forma que las Leyes prescriban, de los actos que ejecuten en el ejercicio de sus funciones.

SECCIÓN TERCERA.—De los Alcaldes y sus atribuciones y deberes.

Art. 110. Corresponde a los Alcaldes:
1.º Publicar los acuerdos de los Ayuntamientos que tengan fuerza obligatoria, ejecutándolos y haciéndolos ejecutar.
2.º Ejercer las funciones activas de la Administración municipal, expidiendo, al efecto, órdenes, y dictando además instrucciones y reglamen-
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tos para la mejor ejecución de los acuerdos del Ayuntamiento, cuando éste no los hubiere hecho.

3.º Nombrar y remover los empleados de su despacho, conforme a lo que establezcan las leyes.

Art. 111. El Alcalde será personalmente responsable, ante los Tribunales de Justicia, en la forma que las leyes prescriban, de los actos que ejecute en el ejercicio de sus funciones.

Art. 112. El Alcalde recibirá del Tesoro municipal una dotación, que podrá ser alterada en todo tiempo, pero no surtirá efecto la alteración sino después que se verifique nueva elección de Alcalde.

Art. 113. Por falta, temporal o definitiva, del Alcalde, le substituirá en el ejercicio de su cargo el Presidente del Ayuntamiento.

Si la falta fuere definitiva, durará la substitución hasta que termine el período para que hubiere sido electo el Alcalde.

TITULO XIII.—De la Hacienda Nacional.

Art. 114. Pertenecen al Estado todos los bienes, en el territorio de la República, que no correspondan a las Provincias o a los Municipios, ni sean, individual o colectivamente, de propiedad particular.

TITULO XIV.—De la reforma de la Constitución.

Art. 115. La Constitución no podrá reformarse, total ni parcialmente, sino por acuerdo de las dos terceras partes del número total de los miembros de cada Cuerpo colegislador.

Seis meses después de acordada la reforma, se procederá a convocar una Convención Constituyente, que se limitará a aprobar o desechar la reforma votada por los Cuerpos Colegisladores, los cuales continuarán en el ejercicio de sus funciones con entera independencia de la Convención.

Los Delegados a dicha Convención serán elegidos por provincias en la proporción de uno por cada 50.000 habitantes, y en la forma que establezcan las leyes.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS.

Primera. La República de Cuba no reconoce más deudas y compromisos que los contraídos legítimamente, en beneficio de la revolución, por los Jefes de cuerpo del ejército libertador, después del 24 de febrero de 1895, y con anterioridad al 19 de septiembre del mismo año, fecha en que se promulgó la Constitución de Jimaguayú; y las deudas y compromisos que el Gobierno revolucionario hubiere contraído posteriormente, por sí o por sus legítimos representantes en el extranjero. El Congreso calificará dichas deudas y compromisos y resolverá sobre el pago de los que fueren legítimos.
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Segunda. Los nacidos en Cuba o los hijos de naturales de Cuba que, al tiempo de promulgarse esta Constitución, fueren ciudadanos de algún Estado extranjero, no podrán gozar de la nacionalidad cubana sin renunciar, previa y expresamente, la que tuvieren.

Tercera. El tiempo que los extranjeros hubieren servido en las guerras por la independencia de Cuba se computará como tiempo de naturalización y de residencia para la adquisición del derecho que a los naturalizados reconoce el artículo 49.

Cuarta. La base de población que se establece, en relación con las elecciones de representantes y de delegados a la Convención Constituyente en los artículos 48 y 115, podrá modificarse por una ley cuando, a juicio del Congreso, lo exigiere el aumento de habitantes que resulte de los censos periódicamente formados.

Quinta. Al constituirse por primera vez el Senado, los Senadores, al efecto de su renovación, se dividirán en dos series. Los comprendidos en la primera cesarán al fin del cuarto año, y los comprendidos en la segunda, al terminar el octavo; decidiendo la suerte los dos Senadores que correspondan, por cada provincia, a una y otra serie.

La ley establecerá el procedimiento para la formación de las dos series en que haya de dividirse, a los efectos de su renovación parcial, la Cámara de Representantes.

Sexta. Noventa días después de promulgada la ley Electoral, que habrá de redactar y adoptar la Convención Constituyente, se procederá a elegir los funcionarios creados por la Constitución, para el traspaso del Gobierno de Cuba a los que resulten elegidos, conforme a lo dispuesto en la Orden número 301 del Cuartel General de la División de Cuba, de 25 de julio de 1900.

Séptima. Todas las leyes, decretos, reglamentos, órdenes y demás disposiciones que estuvieren en vigor al promulgarse esta Constitución, continuarán observándose en cuanto no se oponga a ella, mientras no fueren legalmente derogadas o modificadas.

Sala de sesiones de la Convención Constituyente, en la Habana, a 21 de febrero de 1901.

Domingo Méndez Capote, Presidente.—Juan Rius Rivera, primer Vicepresidente.—José Miguel Gómez.—Eudaldo Tamayo.—José B. Aleman.—José J. Monteagudo.—Martín Morúa Delgado.—José Luis Recbáu.—Luis Fortún.—Manuel R. Silva.—Pedro Betancourt.—Eliseo Giherga.—Joaquín Quílez.—Gonzalo de Quesada.—Diego Tamayo.—Manuel Sanguily.—Alejandro Rodríguez.—Miguel Gener.—Emilio Núñez.—Leopoldo Berrier.—José Lacret.—Rafael Portuondo.—José Fernández de Castro.—Antonio Bravo Correoso.—José N. Ferrer.—Juan Gualberto Gómez.—Rafael Manduley.—Salvador Cisneros.—Pedro González Llorente.—Alfredo Zayas, Secretario.—Enrique Villuendas, Secretario.

La Convención Constituyente, procediendo de conformidad con la orden del Gobierno Militar de la Isla de 25 de julio de 1900, por la cual
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fué convocada, acuerda adicionar y adiciona la Constitución de la República de Cuba, adoptada el 21 de febrero último, con el siguiente

APENDICE

Artículo 1.º El Gobierno de Cuba nunca celebrará con ningún Poder o Poderes extranjeros ningún Tratado u otro pacto que menoscabe o tienda a menoscabar la independencia de Cuba, ni en manera alguna autorice o permita a ningún Poder o Poderes extranjeros obtener por colonización para propósitos militares o navales o de otra manera asiento o jurisdicción sobre ninguna porción de dicha Isla.

Art. 2.º Dicho Gobierno no asumirá o contraerá ninguna deuda pública para el pago de cuyos intereses y amortización definitiva, después de cubiertos los gastos corrientes del Gobierno, resulten inadecuados los ingresos ordinarios.

Art. 2.º Dicho Gobierno no asumirá o contraerá ninguna deuda pú- dan ejercer el derecho de intervenir para la preservación de la independencia y el sostenimiento de un Gobierno adecuado a la protección de la vida, la propiedad y la libertad individual, y al cumplimiento de las obligaciones con respecto a Cuba, impuestas a los Estados Unidos por el Tratado de París, y que deben ahora ser asumidas y cumplidas por el Gobierno de Cuba.

Art. 4.º Todos los actos realizados por los Estados Unidos en Cuba durante su ocupación militar serán ratificados y tenidos por válidos, y todos los derechos legalmente adquiridos a virtud de aquéllos serán mantenidos y protegidos.

Art. 5.º El Gobierno de Cuba ejecutará, y hasta donde fuere necesario ampliará los planes ya proyectados u otros que mutuamente se convenga para el saneamiento de las poblaciones de la Isla, con el fin de evitar la recurrencia de enfermedades epidémicas e infecciosas, protegiendo así al pueblo y al comercio de Cuba, lo mismo que al comercio y al pueblo de los puertos del Sur de los Estados Unidos.

6.º La Isla de Pinos queda omitida de los límites de Cuba, propuesta por la Constitución, dejándose para un futuro tratado la fijación de su pertenencia.

7.º Para poner en condiciones a los Estados Unidos de mantener la independencia de Cuba y proteger al pueblo de la misma, así como para su propia defensa, el Gobierno de Cuba venderá o arrendará a los Estados Unidos las tierras necesarias para carboneras o estaciones navales en ciertos puntos determinados, que se convendrán con el Presidente de los Estados Unidos.

Art. 8.º El Gobierno de Cuba insertará las anteriores disposiciones en un Tratado permanente con los Estados Unidos.

Salón de Sesiones, junio 12 de 1901.

LA CONVENCIÓN.