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no y Administración, hasta tanto sean pobladas y puedan constituir uno o más territorios.

Art. 6.º El asiento de los Poderes Generales de la Unión es la ciudad de Caracas, capital de los Estados Unidos de Venezuela; pero el Ejecutivo Federal podrá fijar su residencia transitoria en cualquier otro punto del Distrito Federal, cuando alguna circunstancia imprevista lo requiera.

Art. 7.º El Territorio de la Nación no podrá ser enajenado, ni arrendado, ni cedido de modo alguno a potencia extranjera.

SECCIÓN SEGUNDA.—De los venezolanos.

Art. 8.º La Nación venezolana es la reunión de todos los venezolanos en un pacto de asociación política con el nombre de Estados Unidos de Venezuela.

Art. 9.º La Nación venezolana es para siempre e irrevocablemente libre e independiente de toda potencia o dominación extranjera; y en ningún caso y por ningún acto podrá Autoridad, Congreso o Poder alguno cambiar la forma de Gobierno, que es y será siempre republicano, federal, democrático, electivo, representativo, responsable y alternativo.

Art. 10. La nacionalidad venezolana es de origen o adquirida.
(a) Son venezolanos por nacimiento:
1.º Todos los nacidos en el territorio de Venezuela.
2.º Los hijos de padres venezolanos, cualquiera que sea el lugar de su nacimiento.
(b) Adquieren la nacionalidad venezolana:
1.º Los hijos mayores de edad de padre o madre venezolanos por naturalización, nacidos fuera del territorio de la República, si vinieren a domiciliarse en el País y manifestaren su voluntad de ser venezolanos.
2.º Los nacidos o que nazcan en las Repúblicas Hispano-Americanas, siempre que hayan fijado su residencia en el territorio de la República y manifestado su voluntad de ser venezolanos.
3.º Los extranjeros que hubiesen obtenido carta de naturaleza conforme a la ley.
4.º La extranjera casada con venezolano mientras dure el vínculo matrimonial, o cuando, disuelto este vínculo, haga la manifestación a que se refiere el artículo siguiente, durante el primer año.
Art. 11. La manifestación de voluntad de ser venezolano debe hacerse ante el Registrador Principal de la jurisdicción en que el manifestante establezca su domicilio, y aquél, al recibirla, la extenderá en el protocolo respectivo y enviará copia de ella al Ejecutivo Federal para su publicación en la «Gaceta Oficial».
§ único. La nacionalidad no se considerará adquirida mientras el Ejecutivo no ordene y verifique la expresada publicación.

Art. 12. Son electores y elegibles los venezolanos mayores de veintiún años, que tengan las condiciones requeridas por esta Constitución.

Art. 13. Todos los venezolanos tienen el deber de servir a la Nación conforme lo dispongan las leyes.

Art. 14. Los venezolanos gozarán en todo el territorio de la Unión de iguales derechos y tendrán iguales deberes, sin más condiciones que las establecidas en esta Constitución y las leyes.
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SECCIÓN TERCERA.—De los extranjeros.

Art. 15. Los derechos y deberes de los extranjeros los determina la ley; pero en ningún caso podrán ser mayores que los de los venezolanos.

Art. 16. Los extranjeros domiciliados o transcuentes que tomaren parte en las contiendas políticas, quedarán sometidos a las mismas responsabilidades que los venezolanos y a lo dispuesto en la atribución 23 del artículo 79 de esta Constitución.

Art. 17. En ningún caso podrán pretender ni los nacionales ni los extranjeros, que la Nación o los Estados les indemnicen daños, perjuicios o expropiaciones que no se hayan ejecutado por autoridades legítimas obrando en su carácter público.

Art. 18. El Gobierno de Venezuela no celebrará Tratado con otras naciones con menoscabo de los principios establecidos en los dos artículos anteriores.

TÍTULO II.—Bases de la Unión.

Art. 19. Los Estados Anzoátegui, Apure, Aragua, Bolívar, Carabobo, Cojedes, Falcón, Guárico, Lara, Mérida, Miranda, Monagas, Nueva Esparta, Portuguesa, Sucre, Táchira, Trujillo, Yaracuy, Zamora y Zulia, que forman la Unión venezolana, reconocen reciprocamente sus autonomías; se declaran iguales en entidad política; conservan en toda su plenitud la soberanía no delegada en esta Constitución, y se obligan a defenderse contra toda violencia que dañe su independencia y la integridad de la Unión, y a establecer su régimen y gobierno interior sobre las bases fundamentales siguientes:

1.ª A conservar la bandera nacional y el escudo de Armas de Venezuela, conforme a la ley respectiva.

2.ª A organizarse conforme a los principios de Gobierno popular, electivo, federal, representativo, responsable y alternativo, y a dictar sus Constituciones de conformidad con los principios de este Pacto Fundamental.

3.ª A cumplir y hacer que se cumplan y ejecuten la Constitución y las Leyes de la Unión y los decretos, órdenes y resoluciones que los Poderes Federales expidieren en uso de sus atribuciones y facultades legales.

4.ª A reconocer en sus respectivas Constituciones la autonomía municipal de los distritos y su independencia del Poder Político del Estado, en lo concerniente a su régimen económico y administrativo y, en consecuencia, los Concejos municipales podrán establecer su sistema rentístico, sujetándose a las disposiciones que contienen las bases de la Unión números 10, 11, 12 y 13, al inciso primero de la garantía 15 del artículo 22, y al artículo 117 de esta Constitución.

En los casos de guerra exterior o interior, el Poder Ejecutivo del Estado asumirá también la administración de los distritos de su jurisdicción en lo económico y rentístico, con el voto de su Asamblea Legislativa, y si ésta no se encontrare reunida, con el de su Corte Suprema.

5.ª A no enajenar a Potencia extranjera parte alguna de su territorio, ni implorar su protección, ni establecer ni cultivar relaciones políticas ni diplomáticas con otras naciones.
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6.a A no agregarse ni aliarse a otra Nación ni separarse de Venezuela.
7.a A ceder al Gobierno de la Federación el territorio necesario para erigir fuertes, aeródromos, muelles, almacenes, astilleros, penitenciarias, vías de comunicación, estaciones de cuarentena, edificios nacionales y demás obras indispensables a la Administración general.
8.a A dejar al Ejecutivo Federal la libre administración de los Territorios Amazonas y Delta Amacuro, los cuales podrán optar a la categoría de Estados cuando llenen las condiciones que determina el artículo 5.o de esta Constitución.
9.a A reservar al Poder Federal toda jurisdicción legislativa y ejecutiva concerniente a:
1.o Correos. Telégrafos y Teléfonos.
2.o La navegación aérea, marítima, costanera y fluvial y los muelles y caminos nacionales, sin que pueda restringirse con impuestos o privilegios la navegación de los ríos y demás aguas navegables que no hayan exigido para ellos obras especiales.
Son caminos nacionales los que atraviesen un Estado o Territorio o el Distrito Federal, y pasen de sus límites.
§ único. El Poder Federal queda facultado para dictar las disposiciones legislativas y ejecutivas sobre el tráfico de vehículos de tracción mecánica, por dichos caminos.
10. A no establecer Aduanas para el cobro de impuestos, pues sólo habrá las nacionales, y a no imponer contribuciones sobre los productos destinados a la exportación.
11. A no establecer impuestos sobre los ganados, productos, efectos o cualquiera otra clase de mercaderías, nacionales o extranjeras, antes de ofrecerse en ellos al consumo.
12. A no prohibir el consumo de los ganados, artefactos y demás producciones de otros Estados, ni su tránsito, ni gravar aquél con impuestos mayores o menores de los que paguen sus similares de la localidad.
13. A no crear impuestos cuyo establecimiento requiera la cooperación de la administración fiscal de la Nación.
14. A reservar a cada Estado el derecho de disponer de sus productos naturales de la manera establecida en la base 27 de este artículo.
15. A dar entera fe a los actos públicos y de procedimiento judicial de los otros Estados, del Distrito Federal y de los Territorios Federales y hacer que se cumplan y ejecuten.
16. A organizar sus Tribunales y Juzgados para la Administración de Justicia, y a tener todos una misma legislación sustantiva, civil, mercantil y penal, así como la de procedimiento.
17. A reservar a la Nación la facultad de legislar sobre Sanidad e Instrucción Pública, y a establecer escuelas de instrucción primaria y obligatoria, y de artes y oficios, gratuitas.
18. A concurrir a la formación de la Corte Federal y de Casación de la manera prescrita por esta Constitución.
19. A someterse a las decisiones de la Corte Federal y de Casación como Tribunal Supremo y Federal de los Estados.
20. A adoptar para el nombramiento de los Concejos municipales, Asambleas legislativas y Cámara de Diputados, el voto directo; y para el de sus demás funcionarios de elección popular, el voto indirecto ó por de-
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legación, debiendo ser secreto en ambos casos y tener por base el censo electoral, según la Ley Federal sobre la materia.

21. A no imponer a los empleados del Poder Federal deberes que sean incompatibles con el servicio público nacional.

22. A dar el contingente desarmado que proporcionalmente les corresponda para componer la fuerza pública nacional, conforme lo determine la Ley.

23. A no permitir en su territorio enganches o levas que puedan tener por objeto atacar la libertad o independencia o perturbar el orden público de la Nación, de otros Estados o de otra Nación.

24. A no declararse ni hacerse la guerra en ningún caso, y a guardar estricta neutralidad en todas las contiendas que lleguen a suscitarse entre otros Estados.

25. A deferir y someterse a las decisiones de la Corte Federal y de Casación, como Tribunal Supremo Federal, en todas las controversias que se susciten entre dos o más Estados, cuando no puedan de por sí y por medios pacíficos llegar a un avenimiento. Si por cualquier causa, en el caso de optar por el arbitramento, no designaren el árbitro a cuya decisión se someten, queda de hecho sometida la controversia a la Corte Federal y de Casación. Se exceptúan las controversias relativas a límites, las cuales serán resueltas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3.º de esta Constitución.

26. A reconocer la competencia de la Corte Federal y de Casación para conocer de las causas que por traición a la Patria o por infracción de la Constitución y leyes generales de la República, se intenten contra los que ejerzan la autoridad ejecutiva de los Estados, debiendo consignar este precepto en sus Constituciones. En estos juicios se seguirán los trámites que establezcan las leyes nacionales.

27. A tener como renta propia:
1.º La que produzca en todas las Aduanas de la República la contribución que se cobra con el nombre de impuesto territorial.
2.º El total de lo que produzcan las minas, los terrenos baldíos y las salinas.
3.º La cuota parte de la renta de aguardiente que les señale la Ley.
4.º El monto de los impuestos sobre la explotación de sus productos naturales.
5.º El producto del papel sellado, de acuerdo con sus respectivas leyes.
28. A delegar en el Congreso de la Unión la facultad de establecer y organizar la renta a que se refieren los números 1.º, 2.º y 3.º de la precedente base 27 y a ceder a la Nación la administración de esta renta, para distribuir su producto líquido entre todos los Estados, proporcionalmente al número de sus habitantes.

§ único. Las tierras valdías podrán ser enajenadas conforme a la Ley; se exceptúan los baldíos existentes en las islas marítimas, fluviales o lacustres, cuyo aprovechamiento hará el Ejecutivo Federal en forma que no enuelva directa ni indirectamente el transferimiento del dominio ni de la propiedad de la tierra.

29. A mantener distante de las fronteras a los individuos que por motivos políticos se asilen en un Estado, siempre que el Estado interesado lo solicite con razones justificadas a juicio del Estado que da el asilo.
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30. A no acuñar moneda ni a emitir papel moneda por ningún motivo.

Art. 20. Las entidades políticas enumeradas en el artículo 19, se reservan la facultad de unirse dos o más para formar un solo Estado, pero conservando siempre la libertad de recuperar su carácter de Estado. En uno y otro caso, se dará parte al Ejecutivo Federal, al Congreso Nacional y a los demás Estados de la Unión.

Art. 21. Los Estados que hagan uso de la facultad que les confiere el artículo anterior, conservarán los derechos consignados en los artículos 39 y 95 de esta Constitución para la elección de Senadores y presentación de Vocales de la Corte Federal y de Casación.

TÍTULO III.—Garantías de los venezolanos.

Art. 22. La Nación garantiza a los venezolanos.
1.º La inviolabilidad de la vida, quedando abolida la pena capital cualquiera que sea la ley que la establezca y sea cual fuere la autoridad que la ordene.
2.º La propiedad con todos sus atributos, fueros y privilegios, que sólo estará sujeta a las contribuciones decretadas por la autoridad legislativa, a la decisión judicial, a medidas sanitarias conforme a la ley y a ser tomada para obras de utilidad pública, previo juicio contradictorio e indemnización, como lo determine la ley.
3.º La inviolabilidad de la correspondencia postal o telegráfica y demás papeles particulares, que no podrán ser ocupados sino por disposición de la autoridad judicial competente y con las formalidades que establezcan las leyes; pero guardándose siempre el secreto respecto de lo doméstico y privado.
4.º La inviolabilidad del hogar doméstico, que no podrá ser allanado sino para impedir la perpetración o la consumación de un delito, para cumplir decisiones judiciales en materia de enjuiciamiento criminal, o por motivos sanitarios, y esto mismo ha de ejecutarse con arreglo a las leyes.
5.º La libertad personal, y por ella:
1.º Queda abolido el reclutamiento forzoso para el servicio de las armas, servicio que ha de prestarse conforme lo disponga la ley.
2.º Proscrita para siempre la esclavitud.
3.º Libres los esclavos que pisen el territorio de Venezuela.
4.º Todos con el derecho de hacer o ejecutar lo que no perjudique a otro.
5.º Nadie está obligado a hacer lo que la ley no mande, ni impedido de ejecutar lo que ella no prohíba.
6.º La libertad del pensamiento expresado de palabra o por medio de la Prensa. En los casos de calumnia, difamación, injuria o perjuicio de tercero, quedan al agraviado expeditas sus acciones para deducirlas ante los Tribunales de Justicia competentes, conforme a las leyes, pero el inculpado podrá prestar fianza de cárcel segura, para responder por los efectos de la detención hasta sentencia ejecutoriada, en aquellos casos en que obrare auto de detención contra él.
7.º La libertad de transitar sin pasaporte y mudar de domicilio, observando para ello las formalidades legales, y de ausentarse de la República y volver a ella llevando y trayendo sus bienes.
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8.º La libertad de industria, salvo las prohibiciones y limitaciones que exijan el orden público y las buenas costumbres; en consecuencia, queda abolida la concesión de monopolios; y la ley sólo otorgará privilegio temporal de propiedad intelectual, de patente de invención, de marcas de fábrica y para construir vías de comunicación no garantidas ni subvenidas por la Nación ni los Estados.

9.º La libertad de reunión sin armas, pública o privadamente, sin que puedan las autoridades ejercer acto alguno de coacción, y la libertad de asociación, con las excepciones que establecen las leyes de 23 de febrero de 1837 y 5 de mayo de 1874.

10. La libertad de petición: ésta podrá hacerse ante cualquier funcionario, autoridad o corporación, quienes están obligados a dar pronta resolución. Si la petición fuere de varios, los cinco primeros responden de la autenticidad de las firmas, y todos de la verdad de los hechos.

11. La libertad del sufragio, sin más restricciones que las establecidas por esta Constitución y las leyes.

12. La libertad de enseñanza

13. La libertad religiosa con arreglo a las leyes y bajo la suprema inspección de todo culto por el Ejecutivo Federal.

14. La seguridad individual, y por ella:
   1.º Ningún venezolano podrá ser preso o arrestado en apremio por deudas que no provengan de fraude o delito.
   2.º Ni ser juzgado por Tribunales o Comisiones especiales, sino por sus Jueces naturales, y en virtud de ley preexistente.
   3.º Ni ser preso o detenido sin que preceda información sumaria de haberse cometido un delito que merezca pena corporal, y orden escrita del funcionario que decrete la prisión, con expresión del motivo que la cause, a menos que sea cogido infraganti. El sumario no podrá, en ningún caso, prolongarse por más de treinta días después de la detención.
   4.º Ni ser incomunicado por ninguna razón o pretexto.
   5.º Ni ser obligado a prestar juramento ni a sufrir interrogatorio en causa criminal contra sí mismo, ni contra sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, ni contra su cónyuge.
   6.º Ni continuar en prisión si se destruyen los fundamentos que la motivaron.
   7.º Ni ser condenado a sufrir pena en materia criminal, sino después de haber sido citado personalmente y oído en forma legal, quedando además abolida toda pena infamante.
   8.º Ni ser condenado a pena corporal por más de veinte años.
   9.º Ni ser juzgado segunda vez por el mismo delito.
15. La igualdad en virtud de la cual:
   1. Todos deben ser juzgados por unas mismas leyes y sometidos a iguales deberes, servicios y contribuciones.
   2.º No se concederán títulos de nobleza, distinciones ni honores hereditarios, ni empleos u oficios cuyos sueldos o emolumentos duren más tiempo que el servicio.
   3.º No se dará otro tratamiento oficial que el de «Ciudadano» y «Usted».
Art. 23. La precedente enumeración de derechos no debe entenderse
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como una negación de cualesquiera otros que puedan corresponder a los ciudadanos y que no estén comprendidos en este título.

Art. 24. Los derechos de ciudadano se suspenden:
1.º Por comprometerse a servir contra Venezuela.
2.º Por condenación o pena que lleve consigo la interdicción o inhabilitación para ejercer cargos públicos o derechos políticos, mientras se cumpla dicha pena.
3.º Por admitir, siendo empleado, dádivas, cargos, honores o recompensas de Gobiernos extranjeros, sin que preceda la correspondiente autorización del Senado.
4.º Por interdicción judicial.

Art. 25. Los que expidieren, firmaren, ejecutaren o mandaren ejecutar decretos, órdenes o resoluciones que violen cualquiera de los derechos garantizados a los venezolanos, son culpables, y serán castigados conforme a la ley.

Art. 26. Los derechos reconocidos y consagrados en los artículos anteriores no serán menoscabados ni dañados por las leyes que reglamenten su ejercicio, y las que esto hicieren, serán declaradas, de conformidad con la atribución 10 del art. 98, como inconstitucionales, y carecerán de eficacia.

TÍTULO IV.—De la Soberanía y del Poder público.

Art. 27. La soberanía reside en el pueblo, quien la ejerce por medio de los Poderes públicos.
Art. 28. La definición de atribuciones y facultades señala los límites del Poder público: todo lo que extralimite dicha definición constituye una usurpación de atribuciones.
Art. 29. Toda autoridad usurpada es ineficaz y sus actos son nulos.
Art. 30. Toda decisión acordada por requisición directa o indirecta de la fuerza o de reunión de pueblo en actitud subversiva, es nula de derecho y carece de eficacia.
Art. 31. El ejercicio del Poder público acarrea responsabilidad individual por extralimitación de las facultades que la Constitución otorga, o por quebrantamiento de la ley que organiza sus funciones, en los términos que esta Constitución establece.
Art. 32. El Poder público se distribuye entre el Poder federal y el Poder de los Estados, en los límites establecidas en esta Constitución.
Art. 33. El Poder federal se divide en legislativo, ejecutivo y judicial.

(Continuará.)
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Unión Ibero-Americana
ÓRGANO DE LA SOCIEDAD DEL MISMO NOMBRE
Junio 1923.                Madrid.

Biblioteca Nacional de España
Estatua de Cervantes en el Parque de San Juan de Dios en la Habana (Cuba)
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Cómo piensan los españoles de Ultramar

Con elocuencia que mereció unánimes aplausos, llevó la voz de los españoles de Ultramar, en la sesión inaugural del Primer Congreso del Comercio Español en Ultramar, nuestro amigo, entusiasta paladín del ideal iberoamericanoista en Puerto Rico y muy culto escritor, don José Pérez Losada.

El exceso de original nos impidió publicar en el anterior número el discurso del distinguido compatriota en el acto mencionado; pero, como su esencia no ha perdido actualidad, y como lo estimamos digno de divulgación, insertamos hoy algunos de sus párrafos:

...............................

«El instinto de vida del pueblo español, sobreponiéndose a la desorientación creada en los días en que las jóvenes Repúblicas de Ibero-américa recaban y afirmaban su soberanía, desligándose, en lo político, de la Madre Patria, se anticipó a la acción de los Gobiernos, afirmando, a su vez, por sobre todas las diferencias circunstanciales y las rivalidades pasajeras, que nada irreparable había sucedido, que se había cumplido un proceso de evolución, que las pródigas tierras descubiertas y colonizadas por España y que pudieron ser un vasto imperio colonial, se habían convertido en naciones soberanas y que en esas naciones para continuar la obra del trabajo, para colaborar en el desenvolvimiento de su riqueza actuando en esferas menos brillantes, pero de efectividades mayores, cabían los españoles. Era bueno y era útil que fueran, que continuasen marchando y llegando a aquellas tierras en las que el genio de la Raza encontró la fuente de la eterna juventud para la España madre...

Y allí estamos, procurando que nuestra gestión sea aprovechable al crecimiento de aquellos pueblos hermanos que sienten y expresan el orgullo legítimo de la estirpe, porque han ayudado a engrandecerla; allí estamos, sostenidos por la noble ambición de dar a la leyenda de oro que produce en todo tiempo tan fabulosos deslumbramientos, realidades tangibles por virtud de las compensaciones del honrado trabajo en todos sus matices; pero allí estamos también cultivando otros tesoros de un orden inmaterial que, sin embargo, alcanzan cotizaciones al-