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62. Cuando un proyecto de Ley fuese devuelto por el Poder ejecutivo con objeciones u observaciones, la Cámara a quien se devuelva invitará a la otra para reunirse a considerarlo, y se estará a lo que deliberen los tres quintos de los miembros presentes en la Asamblea.

Bastará la mayoría absoluta del voto de la Asamblea en los proyectos respecto a cuya promulgación ocurra divergencia entre el Presidente de la República y el Consejo Nacional de Administración.

63. Si las Cámaras reunidas desaprueben el proyecto devuelto por el Ejecutivo, quedará suprimido por entonces, y no podrá ser presentado de nuevo hasta la siguiente Legislatura.

64. En todo caso de reconsideración de un proyecto devuelto por el Ejecutivo, las votaciones serán nominales por sí o por no; y tanto los nombres y fundamentos de los sufragantes, como las objeciones u observaciones del Poder ejecutivo, se publicarán inmediatamente por la Prensa.

65. Cuando un proyecto hubiere sido desecharo al principio por la Cámara a quien la otra se lo remita, quedará suprimido por entonces, y no podrá ser presentado hasta el siguiente período de la Legislatura.

Cap. III.—66. Si el Poder ejecutivo, habiéndosele remitido un proyecto de Ley, no tuviese reparo que oponerle, lo avisará inmediatamente, quedando así de hecho sancionado y expedito para ser promulgado sin demora.

67. Si el Ejecutivo no devolviese el proyecto de ley, cumplidos los diez días que establece el artículo 61, tendrá fuerza de Ley y se publicará como tal; reclamándose ésto, en caso omiso, por la Cámara remitente.

68. Reconsiderado por las Cámaras reunidas un proyecto de Ley que hubiese sido devuelto por el Poder ejecutivo con objeciones u observaciones, si aquéllos lo aprobaran nuevamente, se tendrá por su última sanción, y comunicado al Poder ejecutivo, lo hará promulgar en seguida sin más reparos.

Cap. IV.—69. Sancionada una Ley, para su promulgación se usará siempre de esta fórmula:
«El Senado y Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay, reunidos en Asamblea general, decretan:»

SECCIÓN VII.—Del Poder Ejecutivo, sus atribuciones, deberes y prerrogativas.

Capítulo I.—70. El Poder Ejecutivo es delegado al Presidente de la República y al Consejo Nacional de Administración.

Cap. II.—71. El Presidente de la República será elegido directamente por el pueblo, a mayoría simple de votantes, mediante el sistema del doble voto simultáneo y con las garantías que para el sufragio establece la Sección II, considerándose la República como una sola circunscripción.

La elección de Presidente de la República se efectuará el último domingo del mes de noviembre.

72. Para ser nombrado Presidente se necesita: ciudadanía natural y las demás calidades precisas para Senador que fija el art. 29.

73. Las funciones de Presidente durarán cuatro años, y no podrá ser reelecto, ni ocupar la Presidencia durante un interinato o período complementario, sin que medien ocho años entre su cese y la reelección. La mis-
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ma disposición es aplicable al Presidente elegido por el período complementario, cuando hubiese desempeñado la Presidencia por más de un año.

74. Antes de entrar en el ejercicio de su cargo, el Presidente de la República; el 1.º de marzo siguiente a su elección, hará ante el Presidente del Senado y en presencia de ambas Cámaras y del Consejo, la siguiente declaración:

«Yo (N.) me comprometo por mi honor a desempeñar lealmente el cargo que se me ha confiado y guardar y defender la Constitución de la República.»

75. En los casos de enfermedad o ausencia del Presidente de la República, o mientras se proceda a nueva elección por muerte, renuncia o destitución, o por cesación de hecho en virtud de haber expirado el término de la ley, le suplirá de inmediato el miembro del Consejo que éste designe, quedando en suspenso en las funciones de Consejero.

76. En caso de quedar vacante la Presidencia de la República, la Asamblea General será convocada para elegir, a mayoría absoluta de votos, la persona que debe desempeñarla hasta el 1.º de marzo siguiente a las próximas elecciones de miembros del Consejo, en cuyo acto deberá elegirse el nuevo Presidente de la República.

77. La dotación del Presidente de la República será fijada por ley, previamente a cada elección, sin que pueda ser alterada mientras dure en el desempeño del cargo.

78. El Senado será el juez de la elección de Presidente de la República.

Cap. III.—79. Al Presidente de la República corresponde:
1.º La representación del Estado en el interior y en el exterior.
2.º La conservación del orden y tranquilidad en lo interior y la seguridad en lo exterior,
3.º El mando superior de todas las fuerzas de mar y tierra, estando exclusivamente encargado de su dirección; aunque no podrá mandarlas en persona sin previo consentimiento de la Asamblea General, otorgado por dos tercios de votos de miembros presentes.
4.º Nombrar y destituir los Ministros de Relaciones Exteriores, Guerra y Marina e Interior y los empleados de estas secretarías.
5.º Dar retiros, conceder licencias y arreglar las pensiones de los empleados civiles y militares con arreglo a las leyes.
6.º Publicar y circular, sin demora, todas las leyes que conforme a la Sección IV se hallan ya en estado de publicar y circular; ejecutarlas, hacerlas ejecutar, expediendo los reglamentos especiales que sean necesarios para su ejecución.
7.º Informar al Poder Legislativo, al inaugurar las sesiones ordinarias, sobre el estado de la República y las mejoras y reformas que considere dignas de su atención.
8.º Poner objeciones o hacer observaciones a los proyectos de ley que le remita el Poder Legislativo, y suspender su promulgación con las restricciones y calidades prevenidas en la Sección VI.
9.º Proponer a las Cámaras proyectos de ley o modificaciones a las anteriormente dictadas.
10. Convocar al Poder Legislativo a sesiones extraordinarias siempre que lo crea conveniente, con determinación de los asuntos materia de la convocatoria, y sin perjuicio del Derecho del Consejo y de cada Cámara,
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así como de la Comisión Permanente, de suspender, en igual forma, el receso parlamentario.

11. Proveer los empleos civiles y militares.

12. Destituir los empleados por ineptitud, omisión o delito; en los dos primeros casos con acuerdo del Senado, o en su receso con el de la Comisión Permanente, y en el último pasando después el expediente a la justicia para que sean juzgados legalmente.

13. Conceder los ascensos militares conforme a las leyes, necesitando para los de coronel y demás oficiales superiores la venia del Senado, o, en su receso, de la Comisión Permanente.

14. Nombrar el personal consular y diplomático con obligación de solicitar el acuerdo del Senado, o de la Comisión Permanente, hallándose aquél en receso, para los jefes de Misión Diplomática.

15. Nombrar los jefes de Policía, eligiéndolos de una terna propuesta por el Consejo para cada caso, y separarlos por sí.

16. Destituir por sí los empleados militares y policiales.

17. Recibir Agentes Diplomáticos y autorizar al ejercicio de sus funciones a los Cónsules extranjeros.

18. Declarar la guerra, previa resolución de la Asamblea General, si fuese imposible el arbitraje, o éste no diese resultado.

19. Tomar medidas prontas de seguridad en los casos graves e imprevistos de ataque exterior o conmoción interior, dando cuenta dentro de las veinticuatro horas al Consejo y a la Asamblea General, o en su receso a la Comisión Permanente, de lo ejecutado y sus motivos, estando a lo que estas últimas resuelvan. Esta atribución está limitada por lo que disponen los artículos 80, 152 y 168.

20. Recaudar las rentas que, conforme a las leyes, deben serlo por sus dependencias, y verterlas en el Tesoro de la Nación.

21. Dictaminar por escrito, o por intermedio del Ministro respectivo, al Consejo, sobre iniciativas de leyes de empréstitos, creación o modificación de impuestos, preparación del Presupuesto General de Gastos, circulación monetaria o fiduciaria, o que se relacionen con el comercio internacional.

22. Presentar anualmente al Consejo su Presupuesto de Gastos del año entrante, y dar cuenta instruida de la inversión hecha en el anterior.

23. Concluir Tratados, pidiendo antes de suscribirlos la opinión del Consejo, y necesitando para que sean ratificados la aprobación del Poder Legislativo.

24. Prestar, a requerimiento del Consejo o del Poder Judicial, el concurso de la fuerza pública.

Cap. IV.—80. El Presidente de la República no podrá salir del territorio de la misma por más de cuarenta y ocho horas, sin autorización del Poder Legislativo; ni privar a individuo alguno de su libertad personal, y en el caso de exigirlo así urgentísimamente el interés público, se limitará al simple arresto de la persona, con obligación de ponerla en el perentorio término de veinticuatro horas a disposición de su Juez competente; ni permitir goce de sueldo por otro título que el del servicio activo, jubilación, retiro o montepío, conforme a las leyes; ni expedir órdenes sin la firma de su Ministro respectivo, sin cuyo requisito nadie estará obligado a obedecerlas.

81. No podrá ser acusado sino por los delitos y en la forma que señala
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¡Hazte a la mar, Quijote! Nave de la Esperanza,
una adarga la vela y el bauprés una lanza,
cierra contra el rebaño que en las olas blanquea,
cobra al Futuro el secular reposo,
que hay en estas riberas del Toboso
lecho de palmas para Dulcinea.

Todo el mar de Occidente rebose de murmullos,
el Árbol de la Lengua se arrebujé en capullos,
haya en España mimos y en América arrullos,
el mismo vuelo tiendan al Porvenir las dos,
y el Mundo, estupefacto, verá las maravillas
de una raza que tiene por pedestal tres quillas
y crece como un árbol, hacia el cielo, hacia Dios!...

ANDRÉS ELOY BLANCO (VENEZOLANO).
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el artículo 25; no podrá hacerse esta acusación sino durante el ejercicio del cargo o dentro de los seis meses siguientes a la expiración del mismo, en los que estará sometido a residencia, salvo autorización del Poder Legislativo para salir del país, concedida por mayoría absoluta de sufragios. Cuando la acusación haya reunido los dos tercios de votos de la Cámara de Representantes, el Presidente quedará suspendido en el ejercicio de sus funciones.

SECCIÓN VIII.—Del Consejo Nacional de Administración, sus atribuciones, deberes y prerrogativas.

Capítulo I.—82. El Consejo Nacional de Administración se compondrá de nueve miembros, elegidos directamente por el pueblo el último domingo del mes de noviembre, mediante el sistema del doble voto simultáneo por lista incompleta, y con las garantías que para el sufragio establece la Sección II, correspondiendo las dos terceras partes de la representación a la lista más votada, y la tercera restante a la del otro partido que le siga en el número de sufragios obtenidos. Conjuntamente con los Consejeros titulares se elegirán, en la misma forma, otros tantos suplentes.
83. No puede ser electo Consejero por elección popular el Presidente de la República, si no ha cesado en su cargo seis meses antes de la elección.
84. Ejercerá la Presidencia del Consejo el Consejero elegido en primer término en la lista de la mayoría, en la última renovación bienal, y en caso de renuncia, muerte o destitución, hasta la terminación del bienio, el segundo de la misma lista.
85. Los Consejeros durarán seis años en el ejercicio de sus funciones, debiendo renovarse por terceras partes cada bienio, y gozarán de la asignación que les fijará una ley especial, que deberá dictarse antes de cada integración bienal.
86. El Senado será el juez de la elección.
87. Los Consejeros electos tomarán posesión de sus cargos el 1.º de marzo siguiente, y harán ante el Presidente del Senado, y en presencia de ambas Cámaras y del Consejo, la siguiente declaración:
«Yo (N.) me comprometo por mi honor a desempeñar lealmente el cargo que se me ha confiado y guardar y defender la Constitución de la República.»
88. Nadie puede volver a ejercer las funciones de Consejero sin que hayan transcurrido dos años desde su cese.
89. Para ser elegido miembro del Consejo se requiere: ciudadanía natural o legal con quince años de ejercicio o veinte de residencia en el país y treinta y tres años de edad.
Cp. II.—90. El Consejo celebrará sesión con la concurrencia de cinco de sus miembros por lo menos. El Presidente del Consejo tiene voz y voto.
91. Todas las resoluciones del Consejo serán revocables por el voto de la mayoría de sus miembros.
92. Podrá en cualquier momento ponerse término a una deliberación del Consejo, por mayoría de votos. La moción que se haga con ese fin no será discutida.
93. Los Consejeros no gozarán de licencia con sueldo por más de tres
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Cap. V.—101. Los Consejeros no podrán salir del territorio de la República por más de cuarenta y ocho horas, sin la autorización del Consejo, acordada por dos terceras partes de votos; tampoco podrán individualmente dar órdenes de ningún género.

102. Los Consejeros gozarán de las mismas inmunidades que los Representantes y Senadores. Sólo podrán ser acusados por la Cámara de Representantes ante el Senado y por los delitos señalados en el art. 25, o dentro de los seis meses siguientes al día de su cese, pasados los cuales ya nadie podrá acusarlos. Regirá a este respecto lo dispuesto en la parte final del art. 81.

Cap. VI.—103. El Consejo Nacional de Administración puede autorizar a algunos de sus Miembros a asistir a las sesiones de las Cámaras y tomar parte en sus deliberaciones, aun cuando no podrán votar.

104. El cargo de Consejero suplente es compatible con el de legislador. El Senador o Representante que aceptase integrar el Consejo Nacional, quedará suspendido en sus funciones legislativas, pudiendo la Cámara respectiva, mientras dure la suspensión, convocar al Suplente.

SECCIÓN IX.—De los Ministros de Estado.

Capítulo único.—105. Además de las Secretarías de Estado que establece el art. 79 como dependientes del Presidente de la República, habrá las que la ley determine como dependientes del Consejo Nacional. El Consejo, para nombrar o separar sus Ministros, necesita la mayoría de sus votos.

106. El Ministro o Ministros serán responsables de los decretos u órdenes que firmen.

107. Para ser Ministro se necesita: 1.º, ciudadanía natural o legal, con diez años de residencia; 2.º, treinta años cumplidos de edad.

108. Abiertas las sesiones de las Cámaras, será obligación de los Ministros dar cuenta particular a cada una de ellas del estado de todo lo concerniente a sus respectivos departamentos.

109. Concluido su Ministerio, quedan sujetos a residencia por seis meses, y no podrán salir por ningún pretexto fuera del territorio de la República, salvo autorización del Poder Legislativo para salir del país, concedida por mayoría absoluta de sufragios.

110. No salva a los Ministros de responsabilidad por los delitos especificados en el art. 25, la orden escrita o verbal del Presidente de la República o del Presidente del Consejo, ya dependan de uno o de otro.

111. El cargo de Ministro es compatible con el de legislador, pero el Senador o Diputado que acepte un Ministerio quedará suspendido en sus funciones legislativas, convocándose, mientras dure la suspensión, al suplente respectivo.

112. Los Ministros, aun cuando no sean legisladores, podrán asistir a las sesiones de las Cámaras y tomar parte en sus deliberaciones, pero no tendrán voto.

113. Son atribuciones de los Ministros en sus respectivas reparticiones y de acuerdo con las leyes y las disposiciones del Presidente de la República o del Consejo, según los casos: 1.º Hacer cumplir la Constitución, las leyes, decretos, resoluciones. 2.º Preparar y someter a consideración superior los proyectos de ley, decretos y resoluciones que consideren convenien-
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tes. 3.º Disponer el pago de las deudas reconocidas del Estado. 4.º Conceder licencias a los empleados de sus dependencias. 5.º Proponer el nombramiento o destitución de los empleados de sus reparticiones. 6.º Vigilar la gestión administrativa, adoptar las medidas adecuadas para que se efectúe debidamente e imponer penas disciplinarias. 7.º Firmar y comunicar las resoluciones del Presidente de la República o del Consejo Nacional.

114. Las funciones de los Ministros serán reglamentadas por el Consejo Nacional o por el Presidente de la República, según de quien dependan.

SECCIÓN X.—Del Poder Judicial, sus diferentes Tribunales y Juzgados y de la Administración de Justicia.

Capítulo primero.—115. El Poder Judicial se ejercerá por una Alta Corte de Justicia, Tribunal o Tribunales de Apelaciones y Juzgados de instancia, en la forma que estableciera la ley.

Cap. II.—116. La Alta Corte de Justicia se compondrá del número de miembros que la ley designe.

117. Para ser miembro de la Alta Corte de Justicia se necesita haber ejercido por diez años la profesión de Abogado o por ocho la de Magistrado, y en ambos casos tener cuarenta años cumplidos de edad y las demás calidades precisas para ser Senador que establece el art. 29.

118. Su nombramiento se hará por la Asamblea General y recibirán del Erario público el sueldo que señale la ley.

119. A la Alta Corte de Justicia corresponde juzgar a todos los infractores de la Constitución, sin excepción alguna; sobre delitos contra el Derecho de gentes y causas de Almirantazgo; en las cuestiones de Tratados o negociaciones con Potencias extranjeras; conocer en las causas de Embajadores, Ministros plenipotenciarios y demás Agentes diplomáticos de los gobiernos extranjeros.

120. También conocerá en último grado de los juicios que en los casos y forma que designe la ley se eleven de los Tribunales de Apelaciones.

121. Ejercerá la superintendencia directiva, correccional, consultiva y económica sobre todos los Tribunales y Juzgados de la Nación.

122. Nombrará con aprobación del Senado, o en su receso con el de la Comisión permanente, los ciudadanos que han de componer el Tribunal o Tribunales de Apelaciones.

123. La ley designará las instancias que haya de haber en los juicios de la Alta Corte de Justicia; éstos serán públicos y las sentencias definitivas, motivadas por la enunciación expresa de la ley aplicada.

Cap. III.—123. Para la más pronta y fácil administración de justicia se establecerá en el territorio de la República uno o más Tribunales de Apelaciones, con el número de Ministros que la ley señalará, debiendo éstos ser ciudadanos naturales o legales, y haber ejercido por ocho años la profesión de Abogado o por seis la de Magistrado.

124. Su nombramiento se hará como establece el art. 122; durarán en sus empleos todo el tiempo de su buena comportación, y recibirán del Erario nacional el sueldo que se les señale.

126. Sus atribuciones las declarará la ley.

Cap. IV.—127. En los Departamentos habrá Jueces letrados para el
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conocimiento y determinación de la primera instancia en lo civil y criminal, en la forma que establecerá la ley.

128. Para ser juez de primera instancia se necesita ser ciudadano natural o legal y haber ejercido dos años la abogacía; la ley señalará el sueldo de que ha de gozar.

Cap. V.—129. Se establecerán igualmente Jueces de Paz para que procuren conciliar los pleitos que se pretendan iniciar, sin que pueda entablarse ninguno en materia civil y de injurias, sin constancia de haber comparecido las partes a la conciliación.

SECCIÓN XI.—Del gobierno y administración local.

Capítulo I.—130. El gobierno y administración locales serán ejercidos por una Asamblea representativa y por uno o más Consejos de Administración autónomos, elegidos popularmente con las garantías que para el sufragio establece la Sección II, y cuyo número será fijado por la ley.

131. El Consejo de Administración estará formado por no menos de tres miembros ni por más de siete.

132. La ley ordinaria fijará la duración de las Asambleas representativas, el número de sus miembros, forma y fecha de su elección, condiciones para ser electo, atribuciones de las Asambleas, recursos contra sus resoluciones y la representación de los partidos en los Consejos de Administración.

La ley podrá también acordar a los extranjeros el derecho de voto activo y pasivo.

133. La ley reconocerá a las Asambleas Representativas la facultad de crear impuestos, con la sola limitación de no poder gravar el tránsito, ni crear impuestos interdepartamentales a los artículos de producción nacional.

134. Las decisiones de las Asambleas Representativas creando o modificando impuestos podrán ser apeladas ante el Poder Legislativo por un tercio de los miembros de la Asamblea Representativa, por la mayoría del Consejo de Administración, por el Consejo Nacional o por trescientos ciudadanos inscriptos. En los tres primeros casos, la apelación tendrá efecto suspensivo.

135. Los cargos de las Asambleas Representativas serán honorarios.

136. Los Consejos tendrán los deberes y atribuciones que les acuerden las leyes, las que establecerán los recursos contra sus resoluciones.

137. Las autoridades locales nombrarán sus empleados y sancionarán anualmente sus presupuestos dentro de los recursos de que dispongan.

138. Los Consejos destituirán a los empleados municipales por ineptitud, omisión o delito; en los dos primeros casos con acuerdo de la Asamblea Representativa, pudiendo suspenderlos de inmediato; y en el último, pasando después el expediente a la justicia para que aquéllos sean juzgados legalmente.

139. Los miembros de los Consejos durarán tres años en sus funciones.

140. El número de Concejales, así como su remuneración, serán fijados por las Asambleas Representativas.

141. El veinticinco por ciento de los inscriptos en la localidad tiene la