Unión Ibero-Americana (1920-08-01 00:00:00), página 15

mente república, es igualmente por su forma constitucional un Gobierno sumamente descentralizado.»

Frente al caudillaje germina en el país, desde 1844, un espíritu cívico en lucha persistente con el «sistema militar», representado en el Poder Ejecutivo, en períodos diversos, por intelectuales como Espaillat, Meriño, Billini, Henríquez Carvajal. Ese espíritu manifiesto en la tendencia a reformar el «sistema militar» es hoy tan fuerte como su adversario; es un factor en la solución del problema y al cual no ha sido aún propicia la intervención del Gobierno de Washington por imbuida en inflexible idea del «orden», celosa de conflictos internacionales y de bancarrotas en las avenidas del canal de Panamá, no siempre ceñida a la justicia. La intervención de los Comisarios Doyle y McYntyre, con 800 plazas de infantería de Marina, a bordo del «Prairie», llevó a la Primera Magistratura en 1912 al Arzobispo Nouel por medio de una ley del Congreso, forma de elección para los casos de vacancia a que se acomodó el constituyente de 1908, suprimiendo la Vicepresidencia por el antagonismo de los dos jefes imperantes. Los apetitos de los caudillejos expelieron al Prelado y la nominación de Bordas por el mismo medio produjo dos revoluciones, ocho meses de sangre en un año, y el relajamiento anárquico de las instituciones. En 1914 el «plan Wilson» abortó su fruto, porque su plazo de cuarenta y cinco días excluyó la garantía de legalidad comicial y las reformas constitucionales: el último brote del caudillaje derribó al Presidente Jimenes.

El problema dominicano está sujeto a dos factores: el militar, nacido del condominio de la isla por dos razas, hoy regresivo; y la acción democrática, concreta en la vida municipal, cuyo ritmo es el de la riqueza y la cultura, progreso que en una población de 600.000 almas se expresa en 1918 por un comercio de 42.545.526 pesos.

La naturaleza del problema aconseja fortalecer los agentes civilizadores contra el caudillismo; por la reglamentación de los partidos políticos, con asambleas alternativas y libres de presión burocrática; por la autonomía municipal plena en la administración y policía de los comunes; por la división territorial, concordante con las características y la potencialidad agro-industrial de las regiones; organización provincial con Hacienda propia, a base electiva, y en lo nacional, Poder Judicial, que garantice el derecho y cobre el deber de cada ciudadano.

El Presidente Mckinley pronunció en la inauguración de su segundo término: «Nuestras instituciones no se deterioran en razón directa del área que ocupan y nuestras ideas de justicia no se merman bajo el sol de los trópicos, ni en los mares distantes.» Y el Presidente Wilson con honesta emoción evocó en este otoño en Salt Lake City: a los Estados Unidos, directores del mundo, no para dominar a los hombres, ni para subyugar a los débiles, ni como poder explotador, sí para libertar; para que «América sea tierra en donde el hombre viva feliz, libre entre iguales, y no haya en ella pueblos obligados a aceptar autoridad no escogida por ellos y los hombres se gobiernen a sí mismos.» La ley soberana del self determination que irrumpe de las entrañas de los oprimidos.

El pueblo de Santo Domingo quiere su gobierno propio con voluntad definida, irreducible. Martín Travieso, nativo de Puerto Rico, ciudadano de los Estados Unidos y por esa doble condición miembro de la Comisión de Reclamaciones de 1917, declara: «Hay un punto en el que todos los dominicanos