Unión Ibero-Americana (1921-01-01 00:00:00), página 10

Otro dato se contrae al pago de la deuda flotante. Es algo como un arcano, intangible, la liquidación de esa deuda. Acaso valdría la pena hacer, si no una reliquidación más equitativa, a lo menos una fiscalización de la liquidación hecha y en la cual parece que no han faltado prejuicios. Ese capítulo, aunque sólo en parte, cabe abonarlo al escasísimo haber del gobierno exótico. Nótese de paso que ya, cuando ha llegado a serlo, no se le llama deuda pública. Es que ya holgaria ese pretexto.

El empréstito suministra un dato valiosísimo. Estímase que para el año 1925—dentro de un laustro—se habrá quitado el país ese dogal del cuello. El Presidente de jura y la Comisión Nacionalista Dominicana, hace ahora un año, estimaban que el término de la amortización coincidiría con el año 1928. El informe, pues, reduce el término. La deuda pública externa de la República Dominicana quedará extinguida treinta años antes del plazo convenido. Mas ello no se debe a la ingriencia extraña en el gobierno de Santo Domingo. En trece años transcurridos nada obstó, ni crisis económica ni crisis política, que de ambas hubo, al pago puntual de la cuota amortizadora del empréstito. Aun hay más: hay que esa cuota iba en aumento, por el aumento de los ingresos aduanales, apesar de los disturbios que casi absorbieron el año 1912 y el 1913.

«Muchos fraudes han sido eliminados y el dinero ahorrado ha ido hacia los edificios públicos y para escuelas, caminos, mejoras en los puertos y arreglos sanitarios.» Eso dice el informe. Decir es. Cabría puntualizar si en algunas oficinas técnicas, de varia índole, no han ocurrido u ocurren filtraciones más o menos fraudulentas. El informe habrá omitido ilustrar ese dato suyo con la viril denuncia de la Comisión Consultiva, ratificada luego en la severa epístola del Mitrado—presidente que fué de la misma—a cargo de la inútil y costósima Oficina de Obras Públicas. Servida esta por norteamericanos técnicos o no, solo nominalmente dependía de la Secretaría del ramo. Campaba por su cuenta y por su cuenta ha seguido hasta ahora. En el país se le considera como una hemorragia, de chorro continuo, no de sangre sino de oro.

Conste, a mayor abundamiento, que en los cuatro años de ocupación y secuestro, no se ha concluido una sola carretera, no se ha mejorado en toda su extensión ningún camino público, no se ha construido un solo edificio ni se ha erigido una sola casa-escuela. Aun corre el período de los proyectos. Tampoco existe una red de servicios administrativos de organización completa y eficiente.

Hubo y hay, empero, algo peregrino en que sí se distingue ese gobierno de marinos: el incontenido afán de legislar, sobre todo y por cualquier cosa, para subvertir el orden social, y el orden jurídico—antes concordes en grado progresivo—torciendo a diario las líneas características de la vida nacional de origen latino y en plena zona tórrida. Ese afán, violador de leyes y acuerdos internacionales, se manifiesta en más de 500 órdenes militares, en cuatro años, y pretende culminar con la busca y desquiciadora sustitución del código básico de la vida civil dominicana por el exótico código civil de la Unión Americana. Es un colmo. Es el colmo de la aberración mental imperialista.

Tampoco se dice si el informe da noticia de nuevo tribunal de excepción forjando expresivo para cortar por lo sano, o por cualquier parte, en el complejo problema de los terrenos indíversos.

Eso es sencillamente mostruoso. Así lo demuestra un reputado juriscon-