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Unión Ibero-Americana (1921-01-01 00:00:00), página 38

EL PUNTO DE VISTA AMERICANO EN LA SOCIEDAD DE LAS NACIONES
POR RAFAEL ALTAMIRA

SEÑORES: Hace pocos días, mi antiguo y querido amigo el Sr. Marqués de Figueroa, Presidente de esta Sociedad, tuvo la atención de pedirme que diese ante vosotros una conferencia. Juntamente con la petición, el Sr. Marqués de Figueroa me insinuó el tema, sobre la base de unas conferencias que tuve el honor de explicar días antes en la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, acerca de los trabajos realizados en La Haya por el Comité de Jurisconsultos de la Liga de las Naciones.

Debió interesar el tema al Sr. Marqués de Figueroa, y bien puedo decir, con toda sinceridad, que a mí también me tiene interesado desde hace mucho tiempo. Con eso, me colocaba la sugestión de vuestro Presidente en aquella situación que para mí es la más agradable cuando tengo que dar una conferencia: la de sentir calor por el tema. Pero pensé que, tratándose de una Sociedad como la «Unión Ibero Americana», no había de interesar tanto la exposición general de los trabajos realizados en La Haya, con motivo de la redacción de un proyecto de Tribunal de Justicia internacional, como la consideración del «punto de vista americano» que en ese proyecto, y en los demás problemas planteados por la Sociedad de las Naciones, ha surgido de una manera espontánea y nos convida con temas considerables de meditación a los españoles que seguimos de cerca la importancia que para nosotros tiene el problema hispanoamericano.

A la situación personal que antes evocaba, nacida, no sólo de la consideración teórica del problema, sino de la intervención personal que he tenido en gran parte de él, se ha unido en esta ocasión otra importante, y es la que se refiere al valor que le concedo al aspecto político de nuestro programa americanista.

Ese aspecto, vosotros, los que estáis continuamente ocupados con este orden de cuestiones, sabéis muy bien que ha sido hasta ahora bastante descuidado en la formulación de programas por parte de los hombres que aquí estudian esas cuestiones. A todos nos ha arrastrado mucho más la estimación del valor de las relaciones de orden espiritual, (mejor dicho, de orden intelectual, y aún más bien de orden docente), y el de las relaciones de orden económico. Hasta ha habido un poco de disputa entre los partidarios de la importancia superior de uno u otro orden de relaciones, entendiendo cada cual que sería perfectamente inútil trabajar en el otro campo mientras el propio, el que constituía la posición original de quien defendía la tesis, no se hubiese realizado de modo completo.
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Y, en esta discusión, tratando de averiguar qué era lo que nos importaba principalmente, si asentar en firme nuestras relaciones de orden económico, que piden una cooperación de origen social todavía más que de origen oficial, o nuestras relaciones de orden intelectual, en las que el concurso de los Estados es sólo indispensable en un reducido grupo de funciones, se produjo un olvido, a mi juicio lamentable, del otro punto de vista, que es el político, y al cual, necesariamente, tenemos que volver de continuo por que está en el fondo del problema de nuestras relaciones con los países americanos.

Y precisamente las cuestiones que han surgido alrededor del problema general de la Sociedad de las Naciones son todos ellos, como veréis, de aspecto esencialmente político, en la más amplia y noble acepción de la palabra.

En rigor, el título de mi conferencia tiene una equivocación. No es «el punto de vista americano», propiamente; son «los puntos de vista americanos» los que voy a tratar, porque son varios, correspondientes a las distintas cuestiones que con relación a nuestro interés especial han ido surgiendo.

Respecto de ellos voy a ser más un informador que un crítico. Cierta es que habrá momentos en que no podrá prescindir de la tendencia natural que el espíritu tiene siempre a decir su propia posición y, por lo tanto, a razonarla y discutir la de los demás; pero me abstendré todo lo posible de esa tendencia crítica, y trataré de llevar a vuestro conocimiento los elementos de las distintas cuestiones a que me he referido anteriormente, para que podáis formar un juicio personal respecto de cada una de ellas.

Para esto voy a proceder de un modo cronológico. Comenzaré tratando de las cuestiones que primeramente se han planteado en el proceso de las que están hoy sobre el tapete, y también daré la preferencia a aquellas respecto de las cuales, por haber tenido yo intervención personal, mi conocimiento es más directo que tocante a las que sólo conozco por medio documental.

Primero, pues, trataré de las cuestiones suscitadas en la reunión de La Haya y que, como veréis, marcaron determinaciones muy concretas de orden hispanoamericano, y hasta me adelantaré a decir que de orden iberoamericano.

I

La primera que se suscitó fué la del idioma, que señala también un primer punto de vista hispanoamericano. Yo no sé si será completamente exacto decir que fué en el año 1911 cuando de un modo solemne, en un Congreso internacional, se formuló por primera vez la pretensión del idioma castellano a figurar como idioma oficial en todos los Congresos internacionales; pero lo que sí puedo decir es que yo planté esa cuestión en el Congreso de Paidología de Bruselas, que se celebró en el año
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para alejar las conflagraciones que la previsión diputa ciertas, y quizá las vuelve ciertas al indisponer los ánimos de quienes llevan dirección y no recatan bastante, en las Cancillerías poderosas, los intentos de predominio, cohonestados por planes de mera defensa, y así se inicia otro período de paz armada, en que principalmente se mira al mar, es decir, al elemento que más debía mantenerse neutro y que pierde su verdadero carácter cuando al mar se refieren los proyectos de predominio político por acrecentamiento en el poder naval; y esa es la principal herencia que deja la democrática política wilsoniana a la republicana de Harding.

No hay para qué comentar lo que esto representa, dado lo que hasta aquí han sido las respectivas significaciones de esas políticas, en oposición tantas veces. Significaría un verdadero cambio de papeles, el que, trocándose las actitudes, hubiese en la política de Harding para con las Repúblicas Hispano-Americanas, consideraciones y miramientos que no tuvo la política de Wilson. A México se refería recientemente nuestro Boletín, notando lo que supone el que se dé por verdadero un concierto, como el que ha insertado la Prensa americana, y que reconocimos y comentamos no reconociéndole caracteres de autenticidad. Esta negada subsiste el reconocimiento de la situación especial que se ha creado a México, aprovechando las discordias, nunca vituperadas bastante, de su política interior; harto más vituperable, con todo, la exterior de quienes extienden al ascendiente, y recogen beneficios que autorizan por el cui prodest el juicio que otras manifestaciones de la política yankee merecen a caracterizados miembros del Senado americano, como Mr. Thomas. El Gobierno de Panamá formula nueva y muy enérgica protesta por lo que viene haciendo el Gobierno de Washington, a despecho del carácter neutral que asigna al Canal el Tratado de 1904. Se ocupan nuevos terrenos al Este de Colón, y a la actitud de las autoridades gubernativas corresponde la judicial con declaraciones como la de mister Honan, que niega a Panamá la condición de Estado soberano, pues «desde 26 de febrero de 1904, dice ha venido a estar bajo el protectorado de los Estados Unidos, ocupando posición semejante a la de Cuba». La cita excluye la necesidad del comentario: respecto al Panamá, no cabe decir más, y respecto a Cuba, los sentimientos en que abundamos para ella, excluyen también el comento y se concentran en el deseo vivo de que cese la contradicción y abunde para ella la bienandanza.

Colombia, Panamá, Santo Domingo, Cuba, son nombres que aquí vivamente deseamos mantengan la plena significación que merecen.

Las severas palabras del Senador demócrata Mr. Thomas, condenación de la política seguida en Colombia y Panamá, por fuerza ha de encontrar, y el mismo Mr. Thomas lo reconoce inevitable, «profundas desconfianzas». Es muy verdad que sólo rectificando los hechos cambiarían los sentimientos de hostilidad que con los textos del Senador wilsoniano se justifican plenamente.
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1911. En la sesión del día 15 de agosto me correspondió explanar el tema que había escogido y que se refería a uno de nuestros grandes pedagogos del siglo xviii, el Abate Hervás; y deliberadamente, para promover la cuestión y darle lo que llamaríamos estado parlamentario, comencé diciendo que yo recababa mi derecho de explicar ante el Congreso el tema en castellano. Y para que no se creyese que esto respondía a un egoísmo de comodidad del disertante, añadí que haría primeramente un resumen de mi tesis en francés, y luego la desarrollaría ampliamente en mi idioma patrio. Se protestó de esto—y, por cierto, la protesta la hizo entonces el delegado alemán—; pero era tan grande la cantidad de congresistas hispanoamericanos que vinieron inmediatamente a mi terreno, que el Presidente, M. Sluys, no tuvo más remedio que aceptarlo, aun cuando en el reglamento del Congreso no había sido reconocida la beligerancia de nuestro idioma. Y en efecto, en aquella misma sesión, el delegado uruguayo (me parece que una profesora, no sé si primaria o normal, ahora no recuerdo el detalle), hizo la exposición de su tema usando el mismo idioma que yo había usado, y de hecho quedó sentada la recepción del castellano, por lo menos, en los Congresos de orden pedagógico, como lo estaba ya, por imposición de su misma materia y componentes, en los Congresos internacionales americanistas.

La cuestión del idioma se volvió a suscitar en La Haya el pasado verano, y tuve el honor de ser yo quien la suscitara. En el reglamento provisional del Comité de Jurisconsultos, la Comisión redactora introdujo un artículo en virtud del cual se consideraban como idiomas oficiales el francés y el inglés. Me opuse, terminantemente, a esta declaración; y me opuse con el derecho que significaba el «presentar yo allí, moralmente, a 19 naciones de un mismo idioma, naciones que pesaban, que pesan ya en el mundo, no sólo en el orden económico, sino en el orden político, y que, miradas las cosas desde el punto de vista del régimen de mayorías, tienen incluso más derecho a que su idioma sea declarado oficial que alguna de las que se proponían en el articulado del reglamento.

No pude conseguir lo que deseaba; pero logré, en cambio, que desapareciese la denominación de idiomas oficiales para todas. Quedamos, pues, todos en la misma situación. Esto, de momento, podía parecer nada más que una semivictoria; pero la fuerza de la causa que yo sostenía era tan grande, que vino lógicamente a producir su natural resultado. Y si es verdad que en las deliberaciones usamos, casi exclusivamente, aquel idioma en el cual nos podíamos entender todos (imposición de una realidad a que no se podía negar nadie), también es cierto que documentos capitales de la actuación del Comité de Jurisconsultos, como el mismo texto del proyecto de Tribunal de Justicia internacional, han sido traducidos al castellano y distribuidos oficialmente por la Secretaría del Comité a todas las naciones de nuestra habla.

El problema se ha vuelto a reproducir en Ginebra, y respecto de este episodio ya casi nada tengo que decir, porque ha transcendido de
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tal modo al dominio público, que todos vosotros estáis en posesión de los elementos necesarios para formar juicio.

Es peregrino que el argumento que se ha usado para no acordar inmediatamente la recepción del castellano como idioma oficial en la Sociedad de las Naciones, sea el del principio de igualdad. Pensar que significa un privilegio para un idioma, que es, de los idiomas de civilización europea, el más extendido en el mundo civilizado, quizá incluso en comparación con el inglés (y que desde luego representa el 36 por 100 de los países adheridos a la Liga, o sea 15 naciones de un mismo idioma, presentes en Ginebra), me parece un argumento verdaderamente peregrino; aparte de que no sé por qué ha de juzgarse privilegio para el español y no para los otros idiomas reconocidos como oficiales.

El criterio ese ha prevalecido, no obstante, si bien reconociendo a los delegados españoles el derecho de expresarse en su idioma (con la traducción, luego, de sus manifestaciones, hecha por la Secretaría), y la publicación de documentos en castellano. Pero, además, yo estoy seguro, dada la actitud clara y definida de todas las naciones de habla española y alguna más, que la cuestión no está perdida; que está, sencillamente, en un compás de espera, y que nosotros obtendremos el reconocimiento de aquella justicia que se nos debe por lo que significamos en el mundo, en virtud de nuestro idioma y de la civilización que él representa. Así lo reconoció en la sesión del 30 de noviembre un delegado no español ni americano de nuestro tronco, Mr. Balfour, al decir que a su juicio la resolución adoptada de no declarar por ahora idioma oficial el castellano, «no podía considerarse como definitiva».

II

El segundo punto de vista interesante para nosotros (y claro es que cuando digo punto de vista americano quiero decir punto de vista americano y español a la vez) es el del reconocimiento de la originalidad que significa nuestro mundo en la civilización presente como en la civilización pasada. La cuestión se planteó en las deliberaciones de La Haya con motivo de una proposición hecha por el Presidente de nuestro Comité, el Sr. Barón Descamps, acerca de la necesidad de tener en cuenta, en la constitución del Tribunal futuro, los diferentes sistemas jurídicos del mundo y los tipos diversos de civilización. Ciertamente, la diferencia entre una cosa y otra era un poco vaga, y por esto no tiene nada de extraño que se discutiera mucho, perdiendo tiempo, acerca de la distinción entre lo que significan «sistemas de Derecho» y lo que significan modalidades o tipos particulares de civilización.

En el fondo, las dos denominaciones querían decir lo mismo; y estoy seguro que, aun aquellos de mis colegas que durante más tiempo mantuvieron la diferencia entre una y otra, tenían un poco la conciencia o la subconciencia, por lo menos, de que estábamos hablando de cosas iguales; porque si un Comité de jurisconsultos en funciones de or-
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ganizar un Tribunal de Justicia internacional se ha de preocupar de los tipos de civilización, no es sino en cuanto esos tipos de civilización dan lugar al nacimiento de sistemas jurídicos distintos. Todo el resto de las civilizaciones no nos importa; lo que nos importa es el aspecto jurídico, el que propiamente tiene que actuar en el Tribunal futuro.

El Sr. Barón Descamps había planteado esta cuestión en terreno completamente teórico, y los ejemplos de que se valió en su proposición, iniciadora de la cuestión en el seno del Comité, no eran ciertamente favorables para nosotros. El Barón Descamps hablaba del tipo o sistema jurídico alemán, inglés, japonés, etc.; pero no se acordó entonces del sistema jurídico español, o hispanoamericano, o ibérico. Inmediatamente acudió a la defensa de la tesis el jurisconsulto japonés, sentando con toda claridad, y en terreno perfectamente indiscutible, la diferencia esencial entre el sistema jurídico del extremo Oriente y el sistema jurídico europeo, si es que queremos reconocer una unidad de orientación en este respecto a todas las naciones europeas. Trabajaba él, naturalmente, en provecho de su propio país, y preconizó el reconocimiento de la originalidad, de la singularidad, que tiene todo el grupo de civilizaciones que representaba, y, especialmente, la orientación o mentalidad jurídica que significan.

Tenía, pues, la manifestación del Sr. Adatci (tal es el nombre del representante japonés), un carácter nacional y político juntamente. De todos modos, significaba una posición práctica, distinta de la teórica general que había adoptado en su proposición el Barón Descamps.

Vino después de la declaración del jurisconsulto norteamericano, que representaba un punto de vista experimental, de experiencia propia coincidente en la necesidad de distinguir los diferentes sistemas jurídicos y aun los diferentes tipos de civilización. Siendo Mr. Root un hombre cuya representación en su país es ocioso que yo subraye, puesto que todos la conocéis, era natural que actuase como jurisconsulto tanto como en calidad de hombre político, en uso de su perfecto derecho y de la inclinación natural de su vida. El punto de partida concreto de Mr. Root se basaba en la comprobación, que personalmente había hecho, de la diferencia irreductible entre la orientación jurídica del mundo hispanoamericano y la del mundo norteamericano. La declaración de Mr. Root tenía importancia considerable viniendo de él. Si la hubiese sostenido yo, hubiera podido parecer sospechosa; consignándola un jurisconsulto norteamericano, no tenía discusión de ninguna especie. Y la declaración vale la pena que sea conocida por vosotros de modo textual.

Dijo Mr. Root, respondiendo a una pregunta mia en cuanto al alcance de la cooperación que él ofrecía al reconocimiento de la distinción entre los sistemas jurídicos y a la necesidad de tenerlos en cuenta para la constitución del futuro Tribunal, lo que ahora leeré. Y entre paréntesis debo deciros que Mr. Root se mantuvo siempre en una cordial relación con el jurisconsulto español, comunicándose ambos reiteradamen-
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te en todos aquellos trámites de cambio de ideas y puntos de vista que están recibidos usualmente en este género de reuniones y que se pueden revelar sin ninguna clase de indiscreción.

Así es que la declaración de Mr. Root y la pregunta mía pidiendo explicación de ella, tuvieron precedente en una conversación anterior. Conocía yo, pues, de antemano, cuáles eran las ideas de Mr. Root; sabía el momento en que iba a hacer su declaración y le había prevenido respecto de mi pregunta. Mr. Root contestó del siguiente modo:

«Mi opinión favorable a que en el futuro Tribunal estén representados los diferentes sistemas de legislación y procedimiento se funda en la comprobación práctica de la extrema dificultad con que yo, y otras personas conmigo, tropezamos para comprender el procedimiento, las formas de expresión y la manera de pensar de las gentes que vivían según un especial sistema de Derecho, una fase o manifestación peculiar de civilización... Pude apreciar que los países que habían estado sujetos al poder de España poseían el más admirable sistema, perfectamente adaptado a sus hábitos y costumbres, pero totalmente inadaptado a mi propio país, cuyo método de procedimiento, cuyas formas de acción, serían completamente inadaptables a las costumbres y hábitos de los pueblos hispanoamericanos. Lo mismo ocurre en todo el mundo. Las leyes de cada país son el resultado de sus costumbres y hábitos, los caminos derealización de los asuntos propios del pueblo respectivo. En todas las naciones el procedimiento es el resultado de la vida de cada una de ellas. Ahora bien; lo que nosotros necesitamos es un Tribunal capaz de comprender las modalidades de pensamiento, opiniones, prejuicios, formas de expresión y maneras de proceder de todos los pueblos del mundo, del mundo civilizado.»

La declaración era terminante y como yo esperaba. Excuso decir, señores, que me acogí a ella para defender de una manera acérrima, y lo más claramente posible, el valor de la experiencia recogida por mister Root en la gobernación de países que antes habían estado bajo la dominación española, así como las conclusiones científicas a que él llegaba. E insistí en esto cuando, queriendo discutir la segunda parte de la proposición, que se refería a tipos de civilización (y que, en rigor, no era más que repetir la discusión que habíamos tenido anteriormente), sostuve, como habría sostenido todo español, con todo empeño, pero con la seguridad de que defendía un hecho demostrable de manera sencillísima para todos, que nosotros formábamos una modalidad de civilización europea transmitida a los países de América con un sello tan indeleble que no se la puede confundir con ninguna otra, y que teníamos, como primordial deber, unos y otros, el de defenderla de toda absorción y mantenerla en la mayor pureza posible. No perseguía yo con esto una duplicación de lo conseguido en punto a los sistemas de Derecho, porque, como ya he dicho, era inútil; sino solamente una afirmación de algo que siempre es esencial para nosotros sostener. Me es muy
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grato poder repetir aquí los palabras que, respondiendo al pensamiento de Mr. Root, ha escrito muy recientemente el que fué su secretario y consultor, durante todo el tiempo de las deliberaciones del Comité, el jurisconsulto Brown Scott.

Dice Mr. Scott (1) lo siguiente: «Probablemente la cuestión no era tan importante desde el momento que no servía para asegurar una representación permanente a los Estados mayores; probablemente el planteamiento de ella fué debido en gran medida al calor con que la abogó el Sr. Altamira. Y seguramente nadie podrá censurar a un leal y devoto hijo de España porque rompiese una lanza en defensa de la civilización del pueblo que ha dado su idioma y su literatura, sus instituciones y tradiciones a dieciocho Repúblicas del Nuevo Mundo, descubierto merced al esfuerzo de los españoles.»

La cuestión no terminó aquí. El punto de vista de nuestra originalidad volvió a suscitarse con motivo de la discusión del sistema de procedimiento que habíamos de proponer para el futuro Tribunal. Se trataba de reglas de procedimiento civil, e inmediatamente que se plantearon la cuestión, con grandísima satisfacción por mi parte, el delegado brasileño (uno de los hombres de más valor intelectual entre los que se reunieron en La Haya y al que debemos una gran cantidad de sugestiones prácticas para la consecución de nuestro fin), el Sr. Fernández, se levantó para recomendar al resto de los jurisconsultos, y singularmente a los que no eran de nuestro mundo, que aceptasen los principios del procedimiento civil español, diciendo: «Es el más lógico; es el que distingue con toda claridad los tres momentos del juicio, sin introducir confusión ninguna entre ellos tres, como pasa siempre, de un modo práctico, en el procedimiento inglés y en el norteamericano; y esto (y aquí llega la parte interesante para nosotros de la declaración del Sr. Fernández) no sólo significa la mentalidad y la dirección española en cuanto al modo de entender el procedimiento; esta es propiamente la dirección y la mentalidad ibérica, a la cual pertenecemos, juntamente, los portugueses, los brasileños y los españoles.»

La consecuencia práctica para nosotros, que debemos recoger de todo esto, es, a mi juicio, la siguiente: En primer lugar, que en un problema tan capital como este, una nación que en otros respectos y de un modo perfectamente natural no marcha en nuestro propio camino, los Estados Unidos, está con nosotros; en segundo término, que un representante de una potencia sudamericana que puede tenerse como distanciada, en algunos respectos, del mundo hispanoamericano, el Brasil, piensa que hay algo de común entre él y nosotros, algo sobre lo cual puede fundarse también, el día de mañana, una acción común.

Y ya que he tenido que hablar tan repetidamente del proyecto de Tribunal de Justicia internacional, creo justificado llamaros la atención

(1) En su libro The project of a permanent Court of International Justice and resolutions of the Advisory Committee of Jurists. Washington, 1920.