Unión Ibero-Americana (1919-06-01 00:00:00), página 10

Nuestra levantada conducta no sufre mengua por los procedimientos que el señor presidente Wilson ha puesto en práctica en perjuicio de nuestro país.

En efecto, ante el criterio de los imparciales, la actitud hostil cuyas consecuencias momentáneamente soportamos, no afecta en absoluto la posición jurídica internacional en que estamos colocados, pues ella se funda en sólida base de justicia que prevalecerá sobre el oleaje de errores o de cálculos que vanamente ha querido falsearla en los últimos tiempos.

Una vez que la verdad quede restablecida en sus fueros, se constatará con clara evidencia que así como el señor presidente Wilson ha carecido hasta ahora de buenas y suficientes razones para negar su reconocimiento a mi Gobierno, imponiendo por circunstancias diplomáticas transitorias igual línea de conducta a otros Gobiernos necesariamente solidarizados con su política, así también su fallo adverso a la participación de Costa Rica en la Conferencia de la Paz y en la organización de la Liga de las Naciones no es sino una secuela de dicha negativa de reconocimiento, y por ello, un acto tan injusto como el que le ha dado origen, mayormente si se considera que en casos análogos, aquel alto funcionario ha procedido con criterio distinto al que me permitió impugnar en esta oportunidad.

Expresamente, señores representantes, debo insistir en esta ocasión sobre el hecho de que la política adoptada y sugerida por el señor presidente Wilson contra mi Gobierno implica el desconocimiento de la autonomía nacional costarricense, de la libre y absoluta soberanía del Estado y de las instituciones todas de la República.

En ejercicio de tal autonomía y derechos soberanos, el pueblo de Costa Rica me confirió en elecciones libérrimas, la Alta Magistratura de que fui legítimamente investido por la Asamblea Constituyente el 11 de abril de 1917: y ese mismo pueblo dictó, por medio de sus diputados a aquella Asamblea, la Constitución que nos rige, la cual, formulada por cinco de los señores ex presidentes de la República, caso único en la historia universal de las democracias, organizó al país sobre nuevas bases políticas, en las cuales descansa su actual vida de derecho. Tales actos fueron consecuencia del movimiento popular de 27 de enero del mismo año, cuya jefatura asumí con el consentimiento y aplauso casi unánime de mis conciudadanos.

Así, pues, la función de juzgar acerca de la legitimidad de dicho movimiento y de la de los referidos actos que le siguieron—función privada exclusivamente del pueblo costarricense, incapaz de incurrir en una abdicación de su soberanía—, quedó jurídicamente realizada a perfección, para todos los resultados políticos e internacionales concomitantes, desde que yo me hice cargo de la Presidencia Constitucional de la República y desde que los Poderes Públicos quedaron legalmente organizados en virtud de la nueva Carta Fundamental promulgada.

A la luz de esos antecedentes, la negativa del señor presidente Wilson a reconocer el orden político establecido en Costa Rica, régimen que fué reconocido en su oportunidad por numerosos Gobiernos europeos y latinoamericanos, ha sido, en mi concepto, un error de su criterio. Error lamentable en cuanto pone en tela de juicio la libertad de acción, para los efectos de política interna, de un pueblo independiente y amigo del suyo; en cuanto pueda contribuir también a inquietar o dañar la serena corriente de las relaciones.