Unión Ibero-Americana (1919-07-01 00:00:00), página 32

tencia amiga y que los buques mercantes mexicanos serían admitidos en los puertos españoles como buques de una nación amiga (1).

El Gobierno de México siguió con mucho interés las negociaciones de Santa María. El 27 de agosto de 1826 el Congreso mexicano dictó un decreto que establecía que las relaciones comerciales con España se permitían sobre la base de la reciprocidad (2). En febrero de 1837 Carlos Bustamante anunció prematuramente al Congreso que España había reconocido la independencia de México, y declaró que había sido removido un pretexto penoso de agitación.

«Doy gracias al Cielo—exclamó—por haberme permitido ver este gran día y porque la Providencia me ha conservado para sobrevivir a este grande acontecimiento» (3).

El 28 de abril, Luis G. Cuevas, ministro de Relaciones Exteriores, puso en conocimiento del Congreso que había recibido el Tratado entre México y España; llamó la atención al hecho de que la Reina Regente había reconocido plenamente, sin restricciones, «la República mexicana como nación libre, soberana e independiente», y renunciaba para sí y sus sucesores «todas las pretensiones al Gobierno, propiedad y derechos territoriales» de esa República (4). Como el Congreso mexicano aprobó el Tratado, el 3 de mayo el presidente Anastasio Bustamente anunció que había «ratificado, aceptado y confirmado» dicho Tratado (5). Este fué formalmente aprobado por la Reina Regente de España el 14 de noviembre de 1837 (6). El canje de las ratificaciones se verificó en Madrid el mismo día, y el Tratado, así ratificado, se publicó en la ciudad de México el 4 de mayo de 1838 (7).

Fué este el primer caso en que la Monarquía española reconoció la independencia de un Estado erigido dentro de los límites de su antiguo imperio colonial en el Nuevo Mundo.

El reconocimiento de México fué pronto seguido de medidas tomadas por otros Estados hispanoamericanos, que indicaban su deseo de promover relaciones comerciales con España. El 30 de marzo de 1837, a instancias del Congreso de Venezuela, el general Soublette—jefe del Poder Ejecutivo—promulgó un decreto en que declaraba que Venezuela admitiría en sus puertos los buques mercantes españoles (8). Más adelante, el 13 de marzo de 1838, expidió otro decreto en que ordenó que a los buques españoles que entrasen en los puertos de Venezuela no se les cobraran más altos derechos que los que pagaran los buques venezolanos (9). Estas medidas fueron imitadas pronto por la Nueva Granada y el Ecuador, al paso que Chile dió decretos de carácter menos liberal, pues apenas admitía los buques espa-

(1) Colección legislativa de España, xxI, 597-598.
(2) Dublán y Lozano, Legislación Mexicana o Colección completa de las disposiciones legislativas expedidas desde la independencia de la República, III, 225.
(3) Olavarría y Ferrari, México Independiente, volumen cuarto de México a Través de los Siglos, 389.
(4) Bocanegra, Memorias, II, 746.
(5) Dublán y Lozano, Legislación Mexicana, III, 464-465.
(6) Colección Legislativa de España, xxI, 597, 598.
(7) Olavarría y Ferrari, México Independiente. V. nota en la pág. 394.
(8) Recopilación de Leyes y Derechos de Venezuela, I, 412.
(9) Ibid., 452.