Unión Ibero-Americana (1919-07-01 00:00:00), página 31

El primer artículo establecía que Su Majestad la Reina Regente de España, en nombre de su augusta hija Doña Isabel II, reconocía la República de México «como una nación libre, soberana e independiente, compuesta de los Estados y territorios especificados en su ley constitucional». Declaraba que los dominios de México comprendían el antiguo Virreinato de nueva España, la Capitanía general de Yucatán, las Comandancias de las provincias interiores del Este y del Oeste, la Alta y Baja California con los territorios anexados y las islas adyacentes que están actualmente en su posesión. La Reina Regente renunció «para sí y para sus herederos y sucesores toda pretensión al gobierno, propiedad y derecho territorial sobre esos Estados y territorios. El segundo artículo disponía que habría una completa y general amnistía para todos los españoles y mexicanos, sin consideración al partido a que hubieran pertenecido durante las disensiones y guerras de la revolución. Esta amnistía debía considerarse como una prueba del deseo de Su Majestad Católica de cimentar «sobre principios de justicia y beneficencia la firme amistad, paz y unión» que en adelante se cultivaría entre sus súbditos y los ciudadanos mexicanos. El artículo tercero estipulaba que los ciudadanos y súbditos de ambas naciones conservarían su derecho «a reclamar y obtener justicia y plena satisfacción por las deudas contraídas bona fide». El artículo cuarto declaraba que las partes contratantes convenían en concluir, tan pronto como fuera posible, «un Tratado de comercio y navegación, basado en el principio de las ventajas recíprocas para los dos países. El artículo quinto proveía que los súbditos de Su Majestad Católica y los ciudadanos de la República mexicana serían considerados reciprocamente como ciudadanos de la nación más favorecida, excepto cuando se hiciesen mutuas concesiones. El artículo sexto reconocía que los súbditos españoles y los ciudadanos mexicanos en los dominios de México y España, respectivamente, serían protegidos en sus personas y propiedades y que estarían exentos de servicio forzado en el Ejército y la Marina y de todos los impuestos no pagados por los ciudadanos de dichos Estados. Del mismo modo, en lo referente a la administración de justicia serían tratados como los ciudadanos de las respectivas naciones. El artículo séptimo dijo que, como en 1824, el Gobierno de México había reconocido las deudas contraídas por España en el antiguo Virreinato, y que como «no había tenido lugar en esa República confiscación alguna de propiedad perteneciente a súbditos españoles», México quedaba exento de toda responsabilidad por ese motivo. El último artículo estableció que las ratificaciones del Tratado serían canjeadas en Madrid dentro de nueve meses (1). El 29 de diciembre de 1836 se expidió un Real decreto que decía que España consideraba a México como «una potencia amiga», y anunciaba que las negociaciones principales para «la reconciliación de España y México» habían terminado felizmente. El mismo decreto anunciaba también que ni España ni sus súbditos emprenderían hostilidades contra México o sus ciudadanos; que los mexicanos en España serían considerados como súbditos de una po-

(1) De Olivart, Colección de los Tratados, convenios y documentos internacionales celebrados por nuestros Gobiernos desde el reinado de doña Isabel II hasta nuestros días, I, 110, 112; Tratados y convenciones concluidos y ratificados por la República mexicana, I, 396-400.