Unión Ibero-Americana (1917-08-01 00:00:00), página 19

Adjuntamos un esbozo de «legislación del trabajo», según el viejo libro de las leyes colonizadoras:
a) Ningún indio puede ser obligado a alquilar su trabajo.
b) El trabajo libre tomado ha de pagarse con igualdad.
c) El indio sólo puede ser cargado desde los diez y ocho años.
d) No será compelida al trabajo la familia del indio.
e) Se cumplirá lo mandado guardar respecto de las horas de trabajo.
f) El trabajo no ha de impedir al indio la facena de sus propias sementeras, y en las circunstancias permitidas por la ley ha de dársele mayor pago y en mano.
g) Durante su enfermedad el indio no paga la mita y puede salir por disposición legal a curarse a su casa.
h) Ante los Tribunales los indios pueden presentarse por agravios recibidos en conjunto, es decir, pueden reunir sus reclamos en favor del agraviado.
¿Quién no advina en estas sencillas disposiciones preceptivas algo más que los gérmenes de las llamadas revindicaciones democráticas modernas? O los problemas de hoy son viejos, o los Reyes Católicos se adelantaron en mucho a su época; pero es lo cierto que no se puede exigir de los legisladores compañeros ni más previsión, ni mayor liberalidad, ni más sólidas garantías en favor de los indios; los sociólogos modernos no han escogido mayores en alivio de la clase trabajadora, harto más capaz que los naturales americanos de ejercer derechos y de cumplir deberes.

V

Las instituciones protectoras.

Establecido el humanitarismo en la legislación fundamental que acabamos de bosquejar, se hizo necesario un cuerpo de leyes protectoristas cuyo papel consistiese en facilitar la realización de las primeras. A eso obedecen las instituciones que llamaremos de defensa.

Defender al indio, he ahí otra característica que se advierte fácilmente a través de todo el derecho indiano. Abundan las premisas repeticiones que renovadas con profunda insistencia terminan siempre en duras amenazas y bien determinadas penas para los contraventores. La ley III representa a Virreyes y audiencias que «su mayor y principal oficio es defender a los indios en sus personas y haciendas». Y hace valer la inferioridad de los naturales «como personas miserables no hacen resistencia ni defensa, sujetándose a todo cuanto se les ordena, y las justicias que los debían amparar, o no lo saben (sien- do obligados a lo saber y remediar), o lo toleran y consienten por sus particulares intereses contra toda razón cristiana y política».

Y porque este mandamiento pudiera ser desecho, en la ley VII conjuran los Reyes a los prelados eclesiásticos para que en toda ocasión «de flota y armada envíen a la Metrópoli relaciones minuciosas y fieles sobre su cumplimiento y ejecución.

Fruto de esta solicitud fué el establecimiento de los «protectores de Indios».
Deben los protectores ejercer sus oficios «con cristiandad, limpieza y puntualidad»; el despacho de los ladros debe hacerse «con brevedad y buen trato»; «los Virreyes robustezcan la acción de los protectores, y denles siempre grata audiencia cuando acerca de este oficio quieran tratar con ellos».
La cooperación de la Iglesia se reclama en la ley 15 con conmovedor encarecimiento. Al soberano interés por defender a los colonizados sólo es comparable el que manifiestan las leyes por iniciarlo cuan rápidamente sea posible—en las ventajas del progreso material y moral.
Este anhelo y no otro es el que crea el sistema de encomiendas.
Existe una montaña de obras que en estudios americanistas se ocupan. Aún se excusa en más de un libro la trata de indios; pero parece estimarse cosa oprobiosa el pronunciar un frío elogio de este factor colonizador.
El odio ciego nos ha de llevar a las filas de esos autores.
Sostenemos que esta institución de las encomiendas hubiera sido el ideal de la colonización si no hubiese estado su manejo en manos de hombres. Hay, al respecto en la legislación de Indias toda una red de disposiciones que manifiestan conocimiento de la cosa, conocimiento de los hombres y conocimiento de las circunstancias.
Encomenderos sólo podían ser los descendientes de lo conquistadores, pacificadores o pobladores; palabras las dos últimas que traen el recuerdo de no pocas leyes empapadas, mas que de humanitarismo, de exquisita caridad.
Ni el ausente, ni la mujer, ni los hijos de encomenderos, pueden, sino en muy calificados casos, adquirir encomiendas.
El encomendero ha de hacer juramento de defender la vida y hacienda de sus encomendados, sin que pueda exigirles trabajo personal, y debiendo, bajo graves apercibimientos, «pagar los daños que haga a los indios».
Y esta trama de defensa debía ser fiscalizada por visitadores que, preunidos de todo género de prerrogativas, hablan de recorrer las numerosas colonias defendiendo a los naturales de la voracidad de hombres sin conciencia. Más de un Virrey tembló ante los vi-