Unión Ibero-Americana (1919-06-01 00:00:00), página 26

realistas o por los revolucionarios durante la guerra, y que estuvieran en posesión de la parte que las confiscó, serían inmediatamente devueltas a sus dueños primitivos, herederos o representantes, y que los dueños de las propiedades confiscadas de que cualquiera de los Gobiernos hubiera dispuesto serían indemnizados. Además, que las partes contratantes declararían que el tratado de comercio y navegación que se pactare contendría una cláusula sobre que los productos indígenas o manufacturados, de España o de Venezuela, que se introdujesen en buques de la una en los puertos de la otra, estarían sujetos durante veinticinco años a pagar sólo la mitad de los derechos que se impusiesen sobre las importaciones de la nación más favorecida, Sugería, sin embargo, Calatrava, que si Venezuela no accedía a la última estipulación, podría retirarse. Mientras tanto las Cortes podrían autorizar al Gobierno para celebrar tratados con los nuevos Estados americanos que tuvieran por base el reconocimiento de su independencia (1).

El 7 de noviembre Soublette informó a Calatrava sobre sus miras respecto del tratado propuesto. Decía Soublette que «con excepción del artículo referente a la admisión de la deuda contraída en Venezuela por las autoridades españolas durante la ocupación por éstas del territorio, y del artículo relativo a la indemnización de las propiedades secuestradas o confiscadas a los súbditos españoles que hubieran sido enajenadas, creía que el tratado no contenía estipulación que impidiese su aprobación.» A pesar de esto, propuso cinco modificaciones al proyecto, a saber:

1.a Que su Gobierno consentiría en reconocer como obligación nacional todas las deudas contraídas por el Gobierno español en la antigua Capitanía general de Venezuela que constasen en los libros de la Tesorería el 5 de julio de 1811.

2.a Que todas las propiedades que estuvieran en posesión de su Gobierno, y que hubieran sido tomadas a los súbditos españoles con ocasión de la guerra, serían inmediatamente devueltas a sus dueños, herederos o representantes.

3.a Que el presidente de Venezuela recomendaría al Congreso que lo autorizase para la reparación de las propiedades que hubieran sido materia de confiscación, con tal que estuviesen aún en posesión de la nación venezolana.

4.a Que el presidente de Venezuela recomendaría al Congreso indemnizase por las propiedades confiscadas que hubieran sido vendidas o enajenadas; y

5.a Que Venezuela y España acordarían no cobrar, por cierto número de años, una parte de los derechos sobre las importaciones de una y otra nación como un auxilio por los perjuicios alegados (2).

Calatrava no accedió a estas modificaciones; insistía en su proyecto financiero el que—decía—había sido voluntariamente aceptado por México desde 1824, y declaraba que el Gobierno de Su Majestad estaba pronto a renovar las negociaciones y a establecer relaciones comerciales con Venezuela, aun antes de ajustar un «tratado formal de reconciliación» (3). Soublette envió de Londres, el 30 de enero de 1837, su última nota al secretario de Estado español, y en ella decía, respecto de las

(1) Documentos para los Anales de Venezuela, segundo período, iv, 472-475.
(2) Documentos para los Anales de Venezuela, segundo período, iv, 475-476.
(3) Documentos para los Anales de Venezuela, segundo período, 476.