Unión Ibero-Americana (1917-06-01 00:00:00), página 4

En efecto, estas islas han pertenecido a Colombia durante los regímenes colonial y republicano, reconociéndose esa propiedad en los Tratados firmados por Costa Rica y Nueva Granada el 11 de junio de 1856 y 28 de marzo de 1865. En el Laudo arbitral de S. E. Emile Loubet, Presidente de la República francesa, se proclamó nuevamente la propiedad de Colombia sobre las islas Manglés; sin embargo, al presentarse ante el Gobierno de Washington el alegato de Colombia sobre las islas citadas, el Secretario de Estado de los Estados Unidos presentó otra nota dirigida por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Francia al Ministro de Nicaragua en París, en la que, fijando el sentido de la decisión del árbitro sobre las islas Manglés, declaró que debía entenderse, no en el sentido de que pertenecen a Colombia, sino en el de que no pertenecen a Costa Rica. “Pero, como observa el Sr. Suárez, es claro que si en un litigio que se ventila entre dos partes se decide que un territorio no pertenece a una de ella, por esto mismo se decide que pertenece a la otra”.

No menos importante es la imposibilidad en que Nicaragua se encontraba para convenir Pacto alguno en que, como en el 5 de agosto, se negara la palabra dada por el Gobierno nicaragüense, por el Tratado de Paz y Amistad celebrado en Washington por los Delegados de las cinco Repúblicas de Centro América el 20 de diciembre de 1907.

Según el art. II del Tratado de Paz y Amistad, “se considera amenazante a la paz de dichas Repúblicas—las signatarias del Tratado—toda disposición o medida que tienda a alterar en cualquiera de ellas el orden constitucional”; ahora bien, el Tratado Chamorro-Bryan, al cercenar el territorio de Nicaragua y fraccionar su soberanía, altera profundamente el orden constitucional del país y viola, por lo tanto, el art. II del Pacto citado.

Por el art. IX del mismo Tratado, se convino en que las naves mercantes de los países signatarios se consideran como naves nacionales en los mares, puertos y costas de los citados países, gozarán de iguales franquicias y pagarán los mismos impuestos que las naves del país respectivo. Según el Tratado Chamorro-Bryan, una parte de los mares y costas nicaragüenses caen bajo la soberanía de los Estados Unidos, y, por consiguiente, las anteriores concesiones desaparecen, quedando así claramente desconocida la fuerza obligatoria del Tratado de 20 de diciembre (1).

Si contemplando desde el punto de vista particular de los Estados lesionados, el Tratado Chamorro-Bryan es un atentado contra la soberanía de las naciones y una violación de la fe pública empeñada en Pactos anteriores; mirado de un modo general, atendiendo las conveniencias de la América Hispana y a los alardes de panamericanismo hechos por los Estados Unidos, ese atentado y violación suben de punto, hasta llegar a ser el Pacto comentado quizá el más pernicioso de cuantos en los últimos años ha llevado a cabo la ambición de conquista del Gobierno de Washington. Los Estados Unidos, que han querido atraer a las Repúblicas del Sur con el seno del panamericanismo, han evidenciado una vez más que tras el velo de una fraternal amistad se ocultan sordos planes de dominación y de futuro desarrollo militar, que ponen en grave peligro la soberanía y existencia misma de las Repúblicas hispanas.

Sin embargo, y con ser tan grande en el Pacto que estudiamos la responsabilidad de los Estados Unidos, es aún mayor la del Gobierno de Nicaragua, que, con la aceptación y ratificación del Tratado, ha sentado un grave precedente, que puede traer en lo futuro temibles complicaciones en las relaciones internacionales de los pueblos de América.

Las Repúblicas hispanas, débiles e incapaces de hacer frente por sí solas al dominio yanqui, deben buscar la fuerza y el poder que les falta, en una sincera y franca amistad, que, uníéndolas en un solo haz de pueblos hermanos, oponga una valla infranqueable a los avances de la República del Norte. Por tanto, todo acto que, como el Tratado Chamorro-Bryan, tienda a apoyar la expansión de Norte América en las tierras del Sur, debe considerarse como un atentado suicida contra la soberanía nacional.

Tal parece,afortunadamente, que ha sucedido en Nicaragua, donde la opinión sensata del país ha protestado ruidosamente contra el Convenio del 5 de agosto.

José Umaña Bernal.
(Colombiano.)

(1) Toro-Hondureño. Problema creado por el Tratado Chamorro-Bryan en relación con el Golfo de Fonseca.