Unión Ibero-Americana (1916-09-01 00:00:00), página 15

Entonces el Presidente de los Estados Unidos designó a Mr. A. L. Miller, quien vino al Ecuador, prometió ante nuestra justicia desempeñar su cargo y se constituyó al fin el Tribunal de Arbitros. Estos debían conocer las diferencias planteadas por el Gobierno y la Compañía y dar su fallo; pero Mr. Miller buscó un pretexto y se retiró inesperadamente de la República cuando le había sido ya presentada la demanda del Personero del Ecuador.

Era indispensable la relación de estos antecedentes para juzgar de la actitud del Congreso ecuatoriano de 1915 y de la protesta de la Cancillería norteamericana.

La legislatura del año anterior, acatando el clamor de la Nación, que exigía justicia y nada más que justicia respecto de los procedimientos injustos de la Compañía, y en presencia de los repetidos fracasos del arbitraje, consideró maduramente la situación de hecho y de derecho. Según nuestras leyes, cuando dos partes contratantes confían la decisión de una controversia al juicio de árbitros, si éstos aceptan y toman posesión de su cargo, están obligados a administrar justicia en el término de seis meses. Si no lo hacen, caduca el arbitraje, termina la jurisdicción convencional de los árbitros y las partes pueden acudir a los Jueces constituidos por nuestra organización judicial para administrar justicia.

Fué éste el caso del Ecuador. Los árbitros designados sucesivamente por el Presidente de los Estados Unidos venían contemplaban el litigio y se desvanecían como una sombra que jamás podía asir el contratante ecuatoriano, sediento de justicia durante largísimos años.

El Congreso no pudo cerrar los ojos ante el cumplimiento de un hecho jurídico y ante la sanción que envolvía la conducta injustificada de los árbitros delegados del Presidente de la Unión Norteamericana. La caducidad del arbitraje emergía de la ley, y el Congreso ordenó al Personero de la Nación que proceda a reclamar la administración de justicia ante los Jueces y Tribunales constituidos por nuestras leyes, una vez que la jurisdicción convencional había cesado.

Y no se crea que el Congreso ecuatoriano resolvía en definitiva la caducidad del arbitraje: no, expresaba su concepto y quería que, conforme a él, pidiera el Defensor del Fisco la declaración correspondiente a la justicia legal. El Presidente de la Comisión legislativa exuso verbalmente ante la Legislatura el alcance de la Resolución. En el diario de Debates se halla concretado en estos términos el pensamiento del Congreso: "En realidad de verdad, no se trata en el Proyecto de una decisión o sentencia que declare caducado el arbitraje, no. El espíritu y el alcance de este acto legislativo es una exteriorización de la voluntad nacional, legítimamente interpretada por el Congreso, voluntad nacional que reclama el ejercicio inmediato de la administración de justicia sobre las diferencias que han surgido entre las partes contratantes del Ferrocarril. El proyecto indica que, en el concepto de la Nación ecuatoriana, ha caducado el arbitraje, y, por ello, manda a su Personero—el Defensor del Fisco—que proceda a ejercitar ante la justicia legal la acción correspondiente. Ante esa justicia se planteará y se resolverá también el punto de la caducidad. La Legislatura en estos momentos va a proclamar de una manera solemne un mandato de la conciencia nacional, la justísima aspiración de que recalga un fallo sobre las reclamaciones contra la Compañía del Ferrocarril. Y para ello hay razones supremas".

En resumen, el Congreso pensó que el arbitraje de derecho privado caducó de conformidad con nuestras leyes. De éstas nació la jurisdicción arbitral y tenía que percibir conforme a las mismas. El Congreso ordenó, en consecuencia, al Defensor del Fisco que alegue la caducidad ante la justicia legal y deduzca ante ella las acciones contra la Compañía del Ferrocarril.

El ejercicio legítimo de este acto de defensa de vitales intereses de la Nación dio lugar al Gobierno de los Estados Unidos para un ataque contra la soberanía e independencia de la República del Ecuador.

He aquí los términos de la reclamación presentada el 13 de octubre de 1915 por el Sr. Ministro Plenipotenciario de los Estados Unidos a la Cancillería ecuatoriana: "Ha sido llevado al conocimiento del Departamento de Estado de Washington el hecho de haber aprobado el Congreso Ecuatoriano una resolución que declara la caducidad del arbitraje acerca de las diferencias entre el Gobierno del Ecuador y la "Guayaquil and Quioto Railway Company", sujeto al pacto arbitral estipulado previamente e instruye al Agente Fiscal para que, de acuerdo con el Ministro de Obras Públicas, abra y prosiga el juicio contra la Compañía del Ferrocarril ante los Tribunales del Ecuador.—Que un acto de tal naturaleza haya sido efectuado por el Congreso del Ecuador es materia de gran sorpresa para el Gobierno de los Estados Unidos; y en el cumplimiento de mis instrucciones, es mi deber hacer formal y ferviente protesta ante el Gobierno de V. E. contra acto tan arbitrario, el cual, si persistiese, podría hacer necesario a mi Gobierno el considerar la adopción de medidas adecuadas a proteger a esa Corporación americana en sus justos derechos.—Que el Gobierno del Ecuador admitiese o considere tomar semejante decisión es lo más sorprendente para el Departamento de Estado de mi Gobierno, en estos momentos en que sus buenos oficios han sido solicitados para ayudar al Ecuador en la consecución de un embriesto en los Estados Unidos, y cuando el obvio efecto de los citados procedimientos contra la Compañía del Ferrocarril será altamente perjudicial.—El alto y bien notorio sentido de justicia, equidad y honradez de V. E., me induce a creer con gran confianza que V. E., después de la debida liberación, convendrá conmigo en que la ya mencionada actitud del Congreso Ecuatoriano fue inautorizada e injustificada, no en armonía con las habituales relaciones amistosas que me complazco en decirlo han existido por tanto tiempo entre nuestros respectivos Gobiernos".

La Cancillería Ecuatoriana desconoció al Gobierno de los Estados Unidos el derecho de intervención diplomática en un caso que se hallaba fuera de esa vía, conforme al Derecho internacional; le negó, asimismo, el derecho de protestar contra el Congreso nacional por un acto relacio-