Unión Ibero-Americana (1916-09-01 00:00:00), página 14

atribuir a hombres colocados en la cima de la magistratura política. El arbitraje se encomendó a dos ciudadanos eminentes por fórmula de cor- tesía, y no al Poder ejecutivo de cada una de las dos Repúblicas, lo que hubiera sido contrario a la concepción política de las modernas democracias, que no consiente la concentración de atribuciones judiciales y ejecutivas en la persona de un mismo funcionario público. El arbitraje fue de derecho privado, jamás de derecho interna- cional. De allí que, a no desempeñar el cargo de árbitro el Presidente de los Estados Unidos—como no podía hacerlo—, el árbitro delegado por él no representaba al Poder ejecutivo de la Unión Norteamericana ni gozaba de las preeminencias y honores del primer Magistrado de un pueblo. La jurisdicción convencional, confiada por los contratantes a los dos Presidentes, o a sus árbi- tros delegados; arranca de la soberanía ecuatoria- cidos gastos de tracción, nos ha dado las tarifas más altas del mundo en materia de fletes y pa- sajes.

Concluida la línea férrea hasta Quito en una faena de angustias económicas de la Compañía, de festinación de los detalles de la obra, se en- contró que la vía era provisional en muchos lu- gares, que el ferrocarril tenía que rehacerse en gran parte; y, entretanto, la Compañía cobraba por una obra definitivamente concluida e inver- tía los ingresos del ferrocarril en la construcción de puentes y obras que apenas había esbozado, para cumplir aparentemente el compromiso.

A la vez, se levantaba del ámbito de la nación un solo clamor de protesta por incorrecciones ad- ministrativas e inversiones indebidas de los in- gresos ferroviarios. En el transcurso de quince años, el tráfico y el transporte crecientes día a día, iban dejando un saldo de pérdida inexplica-

na y sé define y ejerce en la órbita de las leyes emanadas de la voluntad nacional.

3.a La elevadísima posición moral de los ár- bitros imponía a éstos, o a sus delegados, una obligación extraordinaria de administrar justicia, sin dilaciones ni subterfugios, sin resistencias a las leyes originarias y reguladoras de su jurisdic- ción.

Las divergencias entre el empresario y la Com- pañía no se dejaron esperar; ellas fluyeron de la situación rentística de Mr. Harman, quien, aunque varón de indomable energía, no contaba con medios ni relaciones financieras capaces de acumular el capital inmediato y bastante para ejecutar ordenada y serenamente la construcción de la vía férrea.

El Gobierno del Ecuador agotó su buena vo- luntad en el allanamiento de los obstáculos. Así, pesando la imposibilidad en que se había colo- cado el empresario para terminar la obra en seis años, conforme al contrato de 1897, prorrogó ese plazo hasta diez años en una concesión otorga- da en 1898.

Sobrevinieron nuevos obstáculos a la Compa- ñía, y el Gobierno le permitió elevar la gradien- te hasta el 5 por 100, permiso que, por los cre- ble. La Intervención Fiscal ecuatoriana rechazaba partidas de gastos disconformes con la realidad de los hechos y con los términos del contrato. Y esas partidas montaban a millones de sures. La Compañía, en vez de esclarecer las glosas de la Intervención Fiscal, se negaba a presentar los libros y envolvía en el misterio lo que entre con- tratantes honorables debe ser exhibido en plena luz meridiana.

El Gobierno ecuatoriano, acogido siempre a la buena fe y al respeto de sus contratos, acudió al arbitraje para la decisión de los mutuos reclamos. Tras largas gestiones, obtuvo que el Presidente de los Estados Unidos designe a Mr. Janes como árbitro, en 1913. Este delegado, lejos de recono- cer que su jurisdicción emanaba de las leyes ecua- torianas y que conforme a éstas debía constituir- se y ejercer sus funciones el Tribunal arbitral, suscitó resistencias para la instalación de ese Tribunal y se ausentó de la República sin admini- strar la justicia reclamada por la Nación.

Nuestro Gobierno llevó su tolerancia hasta el punto de insistir ante el Presidente de la Unión Norteamericana para la designación de otro ár- bitro, una vez que el anterior rehuyó la adminis- tración de justicia.