Unión Ibero-Americana (1916-09-01 00:00:00), página 16

nado con una Compañía, acto que no implicaba denegación de justicia.

Nuestra Cancillería llenó su deber, en cuanto le fué posible cumplirlo; pero la diplomacia tiene muchas veces que enclausturarse en enemismos y reticencias, que tiene derecho a traspasar la investigación científica.

El problema práctico de la absoluta soberanía e independencia de las Repúblicas sudamericanas es cuestión palpitante. Vivimos en una hora en la que es preciso acentuar nuestra autonomía y ser o no ser.

Glosemos brevemente la protesta sugerida por el Secretario de Estado Mr. Lansing.

La reclamación diplomática del 13 de octubre de 1915 propone al Poder ejecutivo del Ecuador que desconozca un acto del Poder legislativo. Califica, primero, como arbitrario el acto de la Legislatura y en seguida dice a nuestro Ministro de Relaciones Exteriores: "V. E. convendrá conmigo en que la ya mencionada actitud del Congreso fue inautorizada e injustificada". Luego, amenaza con medidas adecuadas, si el Gobierno cumple lo resuelto por el Congreso.

Pretexto para la tutela sobre las Repúblicas latinoamericanas ha sido el concepto de la anarquía de estos pueblos. Entonces ¿por qué pretendía el Secretario de Estado de Norte-América que el Poder ejecutivo de una nación republicana desconozca la voluntad nacional, exteriorizada por el Poder legislativo? Roto el vínculo de unidad y concordia entre esos dos órganos de la soberanía, ¿no es evidente que se anarquizaba la ordenada función de los Poderes públicos? Y ¿para qué provocar esa anarquía?

La reclamación ostenta tres razones perentorias—las únicas—para negar al Congreso la autoridad y la justicia que presidieron en su Resolución: la amistad, el interés y la fuerza. Por amistad con una nación, no es lícito intentar acciones judiciales contra los súbditos extranjeros que violan los contratos. El ciudadano de una República fuerte y rica queda exento de la jurisdicción en un Estado extranjero pobre, porque éste necesita de la nación opulenta. El súbdito de un pueblo que abunda en acorazados y cañones queda inmunne de acciones judiciales, porque la fuerza es la suprema razón del derecho.

Penetremos ya al fondo de la protesta. Mr. Lansing ha creído que el Acuerdo del Congreso ecuatoriano justificaba la protección de súbditos de la Casa Blanca. ¿Había llegado el caso de protección conforme a los principios del Derecho internacional?

El derecho de protección, según el concepto unánime de los internacionalistas, reviste diferente forma y alcance, atenta la personalidad de los Estados en que residen los súbditos extranjeros. Se distingue entre los pueblos que forman parte de la sociedad internacional y aquellos que no se consideran incorporados a ésta. Respecto de los últimos, procede el caso de protección desde el momento en que han sido lesionados los derechos de un extranjero. En esta hipótesis el Gobierno protector se sustituye en cierto modo a la justicia del Estado en cuyo territorio fueron atacados los intereses del súbdito extraño. Se invoca la situación de deficiencia en la organización política y jurídica de tales naciones para dar fundamento a ese principio.

Distinta es la regla que rige en cuanto a los Estados que son miembros de la sociedad internacional. Queda entendido que ellos se encuentran dotados de un organismo jurídico ampliamente desenvuelto y empapado en la idea y el sentimiento del derecho y de la justicia que prevalecen en los pueblos cultos. Planteada esta premisa, es natural que un Estado no puede acordar una posición más ventajosa a los extranjeros que a los nacionales; y si éstos han de recurrir a los Tribunales de justicia de la nación para que diriman las controversias originadas en el terreno de las relaciones civiles, es concluyente que los extranjeros no pueden eximirse de la jurisdicción, de la ley y de la jurisprudencia de un pueblo civilizado.

En tanto que se hallen abiertas de par en par las puertas de la justicia de un Estado, es bárbaro, es absurdo apelar a la intervención diplomática. Decía muy bien el Ministro de Relaciones Exteriores, Dr. R. H. Elizalde, en su contestación al Sr. Ministro Plenipotenciario de los Estados Unidos, que era inadmisible la vía diplomática ante el hecho palmario de la falta de denegación de justicia.

¡Justicia! ¿Quién la anhelaba? ¿Quién hufa de ella? ¿El Gobierno del Ecuador o la Compañía del Ferrocarril? ¡Justicia! ¿Quisieron administrarla los árbitros delegados del Presidente de la Unión Norteamericana? ¿Acaso no consta que esos Jueces llegaban en viaje de exploración a esta República y emprendían viaje de regreso apenas el Defensor del Fisco les estrechaba con el ejercicio de las acciones judiciales?

La Resolución del Congreso se encaminó directamente a buscar la administración de justicia ante Tribunales competentes. La conducta de los árbitros norteamericanos estableció prácticamente un statu quo indefinido, en cuya lejanía no asomaba un rayo de esperanza que anuncie el juzgamiento ni la solución de la controversia. ¿Quién había incurrido en caso de retardo de la administración de justicia? ¿La Legislatura ecuatoriana que estaba ordenando ejercerla? Y entonces, ¿por qué el recurso a la vía diplomática?

Puede patentizar nuestra Patria que su legislación es una de las que usufructúa los Códigos más sabios del mundo. Y nuestra Corte Suprema está prestigada por una aureola de pericia y probidad tradicional.

¿Creyó Mr. Lansing, a pesar de los principios y de los hechos, que el Ecuador no se cuenta entre los miembros de la sociedad internacional? ¿Oíso, por ello, aplicarle el procedimiento indicado para los pueblos bárbaros?

¿Qué acontece? ¿Ha retrogrado el Ecuador en su cultura material e intelectual, ha descendido a la barbarie desde el año 1890? ¿O la diplomacia de la Casa Blanca entiende hoy día que ha quedado a su beneplácito excluir a los Estados cultos de la sociedad internacional?

Si resucitará el Secretario de Estado Mr. Blaine, se sorprenderá de la novísima doctrina. En 1890, el Gobierno del Ecuador propuso al de los Estados Unidos que se incorpore en un tratado una cláusula que excluya las demandas y reclamaciones diplomáticas, antes de que se hallen