Unión Ibero-Americana (1914-05-01 00:00:00), página 19

inmuebles y exigible simultáneamente que la alcabala, y el otro que reguló la transmisión hereditaria de bienes libres y vinculados.

Esa ley de 23 de Mayo de 1845 sujetó al Impuesto de hipotecas, en todas las provincias del Reino é islas adyacentes, con diversos tipos tributarios, toda transmisión de bienes inmuebles en propiedad ó en usufructo cualquiera que fuera el título en cuya virtud se verificara, á excepción del usufructo de viudedad foral aragonesa, y todo arriendo ó subarriendo de la misma clase de bienes, la imposición y redención de censos y otros gravámenes sobre la propiedad.

Se declararán exentas del Impuesto de hipotecas por el citado precepto legal, las herencias en línea recta ascendente y descendente, y sujetas á tributo las herencias de bienes inmuebles con tipos proporcionales al grado de parentesco.

Como sólo podemos hacer indicación de las disposiciones primordiales que han regulado la tributación en esta materia, tan sólo hacemos mención de la ley Hipotecaria en vigor desde 1.º de Enero de 1863, por la importancia que tiene en orden al impuesto al delimitar las funciones de su liquidación y de inscripción de los bienes inmuebles, y de la de Presupuestos de 1864, que sujetó á tributación la transmisión hereditaria de bienes muebles y semovientes, siquiera fuese con la mitad del tipo correspondiente á los inmuebles, hasta llegar á la de 29 de Junio de 1867, que requiere ser consignada por haber sustituido la propia denominación de impuesto ó derecho de hipotecas, por el nombre de impuesto sobre las traslaciones de dominio, y que contenía la novedad, muy discutida, de hacerlo extensivo á las sucesiones hereditarias entre ascendientes y descendientes

Otra ley, la de 29 de Mayo de 1868, encomendó á los Registradores de la Propiedad la liquidación del impuesto en los partidos y creó el Cuerpo de Oficiales letrados, para su administración en las capitales de provincia y su alta gestión desde la Dirección general de Contribuciones.

Y sin disposiciones salientes se llega en este índice de legislación á la ley de Presupuestos de 26 de Diciembre de 1872 y Reglamento de 14 de Enero de 1873, que trajo á la tributación la constitución, reconocimiento, modificación y extinción de toda clase de derechos reales sobre bienes inmuebles, sustituyendo el impuesto sobre las traslaciones de dominio por el denominado desde entonces de Derechos reales y transmisión de bienes, como ya hemos indicado.

Aunque con modificaciones, esa ley y reglamento estuvieron en vigor hasta la de 21 de Diciembre de 1881, que partiendo del principio de que sólo el Estado debe gozar de exenciones tributarias, impuso el tipo de 0,10 por 100 á todos los conceptos antes exceptuados y creó un Cuerpo de liquidadores que dejó sin efecto la de 25 de Julio de 1883, encomendándose la liquidación á los Abogados del Estado por Real decreto de 16 de Marzo de 1886, en las capitales de provincia, en el desempeño en cuyas funciones continúan.

Novedad de la ley de 1881 fué sujetar al impuesto las acciones y obligaciones de Bancos y Sociedades y de la ley de bases de 30 de Junio de 1892, el exigirlo por la transmisión de efectos públicos, valores industriales y mercantiles, disposición que tuvo muy efímera vida, pues aplazándola, fué dejada sin efecto en 25 de Septiembre del mismo año, fecha de la ley publicada por el Poder ejecutivo, haciendo uso de la autorización concedida por las Cortes en la precitada de 30 de Junio y en que se desarrollaron las bases contenidas en ésta, estableciéndose por vez primera la tarifa única y general para la exacción del impuesto.

Con arreglo á las modificaciones introducidas por ley de 30 de Agosto de 1896 y á los preceptos en vigor de la de 1892, ya citada, y de otras de 1893 y 1895, se redactó el Reglamento de 1.º de Septiembre de 1896, que estuvo en vigor hasta la ley de 2 de Abril de 1900, cuyo Reglamento fué dictado en 10 del mismo mes y año; previamente, por Real decreto de 10 de Marzo, se había encomendado á la Dirección general de lo Contencioso del Estado la gestión del impuesto, hasta entonces á cargo de la de Contribuciones.

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La ley de 2 de Abril de 1900 fué una de las que integraron el plan financiero del ilustre Ministro Sr. Fernández Villaverde, que guiado de decidido propósito de restaurar el equilibrio de la Hacienda nacional, cuya situación agravaron considerablemente las últimas campanas coloniales, concibió una obra cuyo mejor elogio se refleja en la liquidación de los presupuestos españoles con un superávit que formó contraste con el déficit arrastrado y sufrido durante muchos años.

Esa ley, inspirada en principios jurídicos exigidos por la naturaleza del impuesto, es la vigente en la actualidad, siquiera sea con modificaciones y nuevas normas traídas á la esfera del derecho fiscal, por leyes de 31 de Diciembre de 1905, de 3 de Agosto de 1907 y