Unión Ibero-Americana (1915-07-01 00:00:00), página 12

das a arbitraje de acuerdo con los Tratados existentes o con los que ulteriormente se ajustaren, serán sometidas a la investigación o informe de una Comisión permanente constituida en la forma que establece el art. 3.º Las altas partes contratantes se obligan a no practicar actos hostiles hasta después de haberse producido el informe de la Comisión que establece el presente Tratado, o transcurrido el plazo de un año a que se refiere el art. 5.º

Art. 2.º Es entendido que lo estipulado en el artículo precedente no restringe en nada ni los compromisos establecidos en los Tratados de arbitraje, actuales o futuros, entre las altas partes contratantes, ni la obligación de cumplir los fallos arbitrales en las cuestiones que según esos Tratados hayan sido o fueren resueltas por arbitraje.

Art. 3.º Para constituir la Comisión permanente a que se refiere el art. 1.º, cada una de las altas partes contratantes designará un delegado dentro de los tres meses después de canjeadas las ratificaciones del presente Tratado. Cada Gobierno podrá revocar el nombramiento de su propio Delegado en cualquier momento antes de iniciada la investigación, debiendo, sin embargo, designar el reemplazante en el mismo acto en que se produzca la revocación. La vacante que ocurre por otras causas será llenada por el Gobierno respectivo y no suspenderá los efectos de las disposiciones establecidas por este Tratado.

Art. 4.º Las controversias a que se refiere el art. 1.º lo serán referidas para su investigación e informes a la Comisión inmediatamente después que las negociaciones diplomáticas hayan fracasado para solucionarlas. Cu lquiera de los Gobiernos interesados en la controversia podrá hacer la convocatoria respectiva, para cuyo efecto bastará comunicar oficialmente esta decisión a los otros Gobiernos.

Art. 5.º La Comisión permanente se constituirá en la ciudad de Montevideo dentro de los tres meses después de haber sido convocada, y determinará las reglas de procedimiento a que deberá ajustarse en el cumplimiento de su misión. Aun cuando por cualquier causa dicha Comisión no pudiera reunirse, una vez transcurridos los tres meses se la considerará constituida para el efecto de los plazos que establece el presente artículo. Las altas partes contratantes suministrarán los antecedentes e informaciones necesarios para la inmediata investigación. La Comisión deberá presentar su informe antes de un año, a contar desde la fecha de su constitución. Si no hubiera podido completarse la investigación ni redactarse el informe dentro del término fijado, podrá ampliarse por seis meses más el plazo establecido, siempre que estuvieran de acuerdo á este respecto las altas partes contratantes.

Art. 6.º Sometido el informe a los respectivos Gobiernos, o no habiéndose éste producido dentro de los términos estipulados, las altas partes contratantes recuperarán toda su libertad de acción para proceder como crean conveniente a sus intereses en el asunto de la investigación.

Art. 7.º El presente Tratado será ratificado, y las ratificaciones canjeadas en Rio de Janeiro tan pronto como sea posible. Estará en vigor hasta un año después de haber sido denunciado por cualquiera de las altas partes contratantes.

En fe de lo cual los plenipotenciarios arriba nombrados firmamos el presente instrumento en tres ejemplares, cada uno en las lenguas castellana y portuguesa, sellándolos con nuestros sellos.» —(Siguen las firmas.)

Como se puede ver, se establece que todas las cuestiones serán sometidas a la Comisión permanente que al efecto se crea, con sede en Montevideo. Esta fórmula fué sustentada en el Congreso Latino-Americano de 1901 por el ilustre jurisconsulto brasileño Dr. Saa Viana, para lo cual proponía una fórmula concebida en los siguientes términos: «El arbitraje debe comprender todas las cuestiones que entre las naciones ocurriessen, sea cual fuere su naturaleza y su causa». Como se ve, esta moción encierra el verdadero concepto del arbitraje internacional. Puede considerarse casi platónica toda otra fórmula que excluya de la resolución arbitral algunas cuestiones que por su vaguedad dan lugar muchas veces a enojosas complicaciones; en este caso se encuentran las cuestiones que se han dado en llamar «de honor».

Si se pudiese indicar un Tratado arbitral que sirviera de precedente al que se acaba de firmar en Buenos Aires, citaríamos el firm do en 1883 entre el Salvador y el Uruguay. En él se establece que ambas partes contraen a perpetuidad la obligación de someter al arbitraje las controversias y dificultades de cualquier especie que fueran y que pudieran suscitarse entre ellas.

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El Tratado del «A. B. C.» no llenaría los fines que está obligado a cumplir si se circunscribiera a los tres países signatarios. Téngase en cuenta la especialísima situación en que se encuentran el Paraguay y el Uruguay, sobre