Unión Ibero-Americana (1914-04-01 00:00:00), página 5

contribución de cada Municipio que había de distribuirse en proporción á la riqueza individual comprobada, estableciendo como base de reparto las declaraciones juradas de los propietarios, debidamente comprobadas por los funcionarios al servicio de la Hacienda, constituyendo la reunión de esas declaraciones el Registro fiscal de cada Municipio, de los que se formaron bastantes en las provincias de Madrid, Toledo, Ciudad Real, Jaén y Albacete, siquiera el procedimiento de la previa declaración del contribuyente y su ulterior comprobación técnica se sustituyó, para evitar omisiones de fincas, por otro en cuya virtud el personal técnico fija á priori, y provisionalmente, la posición de cada predio dentro del polígono, su calificación, clasificación, cabida y estado posesorio, y el propietario, mediante la declaración jurada, reconoce ó niega la exactitud de esas anotaciones provisionales.

De lo expuesto se deduce que la obra emprendida sin otro alcance que el de la rectificación de los tipos evaluatorios de la riqueza rústica, ha pasado á ser, primeramente, un Catastro por masas de cultivo, ó sea una estadística gráfica de la propiedad, y posteriormente un Catastro parcelario, siquiera sin toda la necesaria perfección de trabajo tan colosal que requiere muchos millones y muchos años de continuado esfuerzo.

Siguiendo el desenvolvimiento de la magna obra emprendida se creó la Junta de Catastro, y ésta formuló un proyecto que fué aprobado con ligeras modificaciones por las Cortes, constituyendo la ley hoy en vigor de 23 de Marzo de 1906 en que se mantiene el procedimiento á grandes rasgos indicado, sentando como base fundamental el principio de que el objeto del Catastro es la determinación y representación de la propiedad territorial en sus diversos aspectos, con el fin de lograr que sirva eficazmente para todas las aplicaciones económicas, sociales y jurídicas, con especialidad para el equitativo reparto del impuesto territorial y, en cuanto sea posible, para la movilización del valor de la propiedad.

Según la misma ley, comprende el Catastro la enumeración y descripción literal y gráfica de los predios rústicos y forestales, pertenencias mineras, solares, edificios, salinas, etc., con expresión de superficie, situación, linderos, cultivos ó aprovechamientos, calidades, valores, beneficios y demás circunstancias que den á conocer la propiedad territorial en sus diferentes aspectos y aplicaciones, y su ejecución se ha de desarrollar en dos periodos: el primero de simple Avance, con fines puramente fiscales, y el segundo de Catastro parcelario para todos los demás indicados.

El procedimiento agronómico para la formación del Avance, una vez levantado el plano por el Instituto Geográfico y Estadístico, se divide en cuatro períodos, denominados geométrico, declaratorio, evaluatorio y tributario, cuyo desarrollo no es posible exponer en detalle por su amplitud.

En el primer período se reconocen las fincas que forman cada polígono, y se anotan la situación, linderos, cultivo ó aprovechamientos, clase, estado posesorio, cabida, etc., y en el segundo los propietarios declaran en relación jurada la extensión de sus predios, cultivo, clase, rendimiento, contribución que satisfacen, etc., y se procede á la confrontación de unos y otros datos y á su rectificación en caso preciso, llegándose así á la determinación de las características parcelarias de orden físico y jurídico.

Las de orden económico se obtienen en el tercer período, mediante estudios encaminados al cálculo del beneficio ó rendimiento líquido de una hectárea de cada clase de cultivo ó aprovechamiento del término municipal, con determinación de una gradación de intensidades de producción y dando intervención en tales trabajos á los contribuyentes mediante su examen por Juntas periciales de los Ayuntamientos y su exposición pública, para que se entablen las reclamaciones procedentes, terminando el período tercero con la aplicación de esos tipos á las diversas fincas.

Y la conservación del Avance y sus rectificaciones constituyen el cuarto período.

Como novedades de la vigente ley de Catastro merecen consignarse en el orden tributario la incorporación de la riqueza pecuaria á la rústica, la exención de tributo para el ganado de labor, aperos de labranza y edificios agrícolas; en el orden jurídico, el intento de formación de títulos reales de la propiedad, y en el orden administrativo, la eficacia legal de las valoraciones del Catastro.

Y para terminar la exposición de los preceptos legales que han regido y rigen en la materia, merece consignarse la ley de 29 de Diciembre de 1910, en que se establece como tipo tributario el 14 por 100 de la riqueza de los Municipios cuyos Avances catastrales se terminen, comenzando á tributar en esta forma sin necesidad de que estén terminados los demás de la provincia.

Interesante complemento de todo esto es el cálculo del coste de los trabajos realizados.

En el primer período de ellos, ó sea de 1895 á 1902, se gastaron, incluyendo los sueldos del personal, 6.244.644 pesetas, cantidad que dividida por el número de hectáreas catastradas, representa un coste de 65 céntimos de pe-