Unión Ibero-Americana (1915-04-01 00:00:00), página 18

en los destinos y en la vida de los pueblos americanos.

Cuando los Gobiernos teocráticos de Europa amenazaban extender su sistema sobre este Continente, la declaración de los Estados Unidos tuvo razón política, por mucho que careciera de razón jurídica: fué lo arbitrario resistiendo lo ilícito. Pero en las actuales relaciones del derecho, de la diplomacia y de la humanidad, debe desaparecer lo ilícito con lo arbitrario; no existe, no ha existido nunca una nación americana, con capacidad política e internacional para asumir la representación del Continente y hablar a nombre de pueblos idénticamente libres; no existe una soberanía del hemisferio, como no ha existido nunca una cancillería del Nuevo Mundo.

Los poderes del Presidente Monroe eran más que discutibles: eran apócrifos, porque Estado alguno americano delegó ni enajenó en ningún momento la facultad de reglar las relaciones de la vida exterior con el resto de la cristianidad. Las comunicaciones dirigidas a la Europa no fueron ratificadas por las nuevas nacionalidades en cuyo nombre se hablaba y de cuyos destinos se disponía; la titulada doctrina no salió del recinto de un Parlamento, como acto interno, de poder a poder, sin exteriorización diplomática ni internacional. El fondo de esa doctrina se vuelve por otra parte inaceptable, no ya para la Europa donde motivó las protestas de la Rusia y más tarde las de la Gran Bretaña, sino para los Estados libres de este Continente. Condenar las intervenciones europeas en el mismo documento en que se reservan las americanas y en que ellas se ejercitan por acto propio e inscrito, no es, en efecto, reprobar la intervención, sino gestionar su monopolio. Lawrence ha dicho muy acertadamente: "No hay un Derecho público para la Europa y un derecho particular para la América: el derecho de gentes es de una aplicación universal en toda la cristianidad, y los actos que se inspiran en el interés individual de una nación, como movimiento unipersonal y propio, ni son principios ni constituyen doctrina."

La posición de los Estados latino-americanos, si no resulta deprimente, es cuando menos anormal con relación a los actos de una cancillería que ha tomado ante la Europa la gestión oficiosa del Nuevo Mundo. ¿De dónde deriva su personería? ¿De dónde arranca su facultad policial y sus poderes pesquisantes, sobre el recinto cerrado de las fronteras americanas, no menos inviolables que las de Europa? ¿Habremos de buscarlas en el derecho de progenitura, que es accidente de gestación y no derecho? ¿Habremos de encontrarlas en la región de vecindaje geográfico, que es caso de la naturaleza y no razón?

Tendremos que decidirnos por motivos más terminantes y fuertes, ya que la fuerza hace doctrina, ya que la gendarmería funda derechos.

Las Repúblicas hispano-americanas tienen que reivindicar con honra y título el esfuerzo generoso de la nueva doctrina, que fué consagrada por Bolívar, al convocar y constituir el Congreso de Panamá. Bolívar tuvo, sin duda, la percepción exacta del futuro, y pudo comprender a la distancia que el Mensaje de diciembre tenía su talón de Aquiles, como tenían fauces troyanas la solidaridad proclamada por el Capitolio.

La nota-programa conque Bolívar convocó aquel Congreso, consagraba la doctrina de la no intervención, pero no contra la Europa, sino contra toda potencia extranjera; era esa la doctrina, en su carácter jurídico y universal; era esa la verdad política a que aspiraban los pueblos americanos para sentirse soberanos y libres, no sólo ante la Europa, sino ante la universalidad de las naciones. Pero esa doctrina redentora de las autonomías, que despuntaba las alas a las águilas del Capitolio, provocó los descontentos del Gabinete de Washington, a punto de no hacerse representar en Panamá; uno de los delegados de los Estados Unidos llegó tarde y enfermo... y el otro... no llegó nunca, porque se murió en el camino. Bolívar se proponía, no sólo restablecer la verdadera doctrina, sino también la representación de estas Repúblicas, rectificando la inerte plasticidad a que quedaran reducidas por el Mensaje de 2 de diciembre; quiso darles capacidad política para hacer acto de asentimiento y de presencia, allí donde se decidía de sus destinos, donde se hablaba a nombre de la América, cuando se obraba por cuenta de los Estados Unidos.

El Congreso Federal desestimó las proposiciones de aquella conferencia, rechazando toda solidaridad política con los Estados del Sud, que no fueron admitidos a apoyar ni a controlar una política que los comprometía como Estados libres.

Los actos posteriores de los Estados Unidos no han sido más amistosos, no más considerados con los pueblos latinos; la Conferencia de Washington de 1890, llamada a crear felices intimidades en las naciones de América, sólo ha servido para accentuar distanciamientos, cuando no antagonismos; ellas no fueron llamadas para modificar o perfeccionar las bases* del Derecho público; allí no se mencionaron los intereses políticos continentales, ni los ideales generosos que deberían sermos comunes: los Gobiernos y los hombres vivieron sobre la desconfianza y actuaron sobre la ventaja; no se trataba de derechos ni siquiera de fraternidad: se buscaban mercados consumidores para productos protegidos, cambiando cueros por petróleo y manufacturas por gutapercha o por café.

Roto el eslabón comercial por el fracaso del bloqueo continental maquinado contra el comercio europeo, el americanismo ha vuelto a caer bajo el diafragma de las cordilleras, las montañas y los ríos.

He dicho mal: él renace y se complica con intervenciones arbitrarias, como lo fué, sin duda alguna, la ejercida en Venezuela y la que hubo de imponerse en 1879, para hacer cesar la guerra entre Perú, Chile y Bolivia. La bala del asesino Guiteau, al apagar la existencia del Presidente Garfield, detuvo y cambió los rumbos de la escuadra interven- tora que se dirigía a Isagüa para imponer una solución de fuerza.

IV

Examinaré ahora, no sin sobriedad para no abusar de la atención que me prestáis, el fundamento oportunista del Mensaje del Presidente McKinley al decretar la intervención contra la España y contra la autonomía de la Revolución.

La razón y la justicia de una causa deben acompañar, a no dudarlo, a uno u otro de los beligerantes; pero dada la forma de la actual intervención, parece que la razón se denegara a los dos desde el momento en que el tercero se la adjudica a sí mismo, haciendo desaparecer causa y efecto por la razón suprema de la fuerza. ¿Por qué no reconocer la beligerancia y el Gobierno de la Revolución, si los Estados Unidos buscan tan sólo la emanci-