Unión Ibero-Americana (1915-04-01 00:00:00), página 17

chos, esas prerrogativas, esos atributos, comportan la obligación y los deberes recíprocos de los demás Estados a respetar el fuero interno de la soberanía y del territorio, que es el hogar infranqueable de los pueblos.

La legislación no crea derechos en oposición a las actuaciones jurídicas; no hay derecho contra el derecho, como decían los publicistas del siglo xvii al combatir el principio de la intervención. ¿Para qué crear el vínculo legal y la entidad jurídica de las naciones, si sinceramente ha de nacer la interdicción que la deroga o el poder interventor que ha de destruirlas? ¿Para qué consignar principios y derechos que han de festecer en su ejercicio, por el desconocimiento de los otros Estados, en uso de una acción legal perturbadora y deprimente? No; o la intervención no existe como derecho, o no existe la soberanía como verdad.

Cuando los tratadistas estatuyen las relaciones del derecho público dividen las obligaciones y deberes en perfectos e imperfectos, incluyendo en la primera de estas dos categorías los que forman, según Vattel, una obligación imperativa stricti juris, comprendiendo dentro de sus términos el deber de respetar y observar la justicia, la independencia, la igualdad, la propiedad y la jurisdicción de los otros Estados; figuran como deberes imperfectos las simples relaciones de equidad, de cortesía y de conveniencia (conviitas gentium), deberes que se derivan de relaciones voluntarias, diplomáticas o comerciales y que se inspiran en disposiciones de equidad, de humanidad y de buena armonía. Esta nomenclatura de los deberes políticos reprueba y desautoriza el desconocimiento de una obligación stricti juris por consideraciones subalternas de un orden imperfecto, como son, a no dudarlo, las que emergen de un interés comercial, o las que nacen de mero sentimiento; sentimiento, señores, que ya consideraremos en su oportunidad.

El principio de la no intervención ha contado en su apoyo y en su favor a los progresistas más notables. Sea que tomemos a Grotius, para quien las intervenciones no proceden sino en el caso de agresión, en uso del derecho de propia defensa; sea que tomemos a Pufendorf, Vattel o Fiore, que compar- ten en pequeñas reservas esa opinión; a Rossi, que recomienda a las potencias extranjeras, en el caso de una guerra interior, los deberes más estrictos de la neutralidad, demostrando que el concurso que se lleva a uno u otro de los partidos en la lucha obstriuye la expresión cierta de la voluntad nacional; sea que tomemos a Wolf, que no admite ni consiente excepción en caso alguno contra la no intervención, asegurando que los Estados que la violan obran por el derecho del más fuerte, conculcando la libertad natural de las naciones, que no depende en su ejercicio de la voluntad de las demás; por último, Casanova, para quien el principio de la no intervención representa la libertad personal de las naciones, el derecho, la justicia, la filosofía, condenan y reprobaban esa facultad, aun en los casos de mayor desprendimiento y de piadosa humanidad.

Pero, desgraciadamente, las conclusiones del derecho público carecen de poder coercitivo, porque no las acompaña la sanción penal, porque no existe un juzgador que encauce los excesos de la fuerza y proteja por igual a los débiles y a los poderosos. Es por eso que la verdad jurídica no domina con rigor el mundo teórico internacional y que la opinión de los legistas, como las aspiraciones de la justicia humana, no han marchado de acuerdo con la historia bien siniestra de las intervenciones. A medida que nos alejamos de los usos y las prácticas del derecho moderno, encontramos más arbitra- rio y más frecuente esa desnuda demostración de la fuerza, que ejercieron los Papas y los Emperadores, dilatando territorios y jurisdicciones, hasta donde llegaba el alcance de sus armas o el poder de sus ejércitos. La paz de Westfalia pareció mor- ger aquellas prácticas para recaer en ellas con igual intensidad; la Revolución francesa, que convocó los tronos de la Europa y provocó la alianza de los reyes, bajo el pacto llamado Perpetuo, inspiró las decisiones tomadas en los Congresos de Troppau y de Laibach, hasta que el Congreso de Verona motivó los descontentos de Inglaterra, bajo el Ministerio de lord Castlereagh, y produjo el re- tiro de lord Wellington del asiento de sus deliberaciones.

"Estado alguno, decía el Gabinete británico, tie- ne el derecho de exigir a otros Estados el cambio de sus instituciones ni menos amenazarlo con recu- rrir a la fuerza. La no intervención es la regla, y la excepción no se justifica sino a la doble condi- ción de que la seguridad de los Estados esté real- mente amenazada y que exista una necesidad im- periosa y urgente."

Es a cortas diferencias el principio que comen- tan y sostienen los tratadistas ya citados. La inter- vención no procede sino en el caso de agresión o de amenaza positiva a la seguridad del propio Es- tado; pero entonces deja de ser intervención para constituir el derecho inalienable de la propia de- fensa; pudiera pensarse más bien que los términos quedan invertidos y que es el Estado agresor o la revolución perturbadora el que trae la complicación efectiva de sus armas en conflictos.

Es digna de observación la actitud de los Esta- dos Unidos en la relación política de Inglaterra con la Santa Alianza. El Capitolio de Washington apo- yó la política de Inglaterra y protestó de las inter- venciones, ofreciendo los prospectos de una contra- intervención si la liga de los reyes se proponía di- latar su acción política sobre este hemisferio. El Mensaje de 2 de diciembre de 1823 contiene decla- raciones que serían inatacables si hubieran sido uni- versales; plausibles, a ser desinteresadas.

III

La doctrina del Presidente Monroe, contenida en el Mensaje de diciembre, se pronunció contra la in- tervención; pero ese pronunciamiento hizo reservas mentales que vuelven dudosos sus propósitos y per- niciosos sus efectos; condena en principio las in- tervenciones europeas, pero se reserva de hecho las americanas, lo que vale significar y decir que no es una doctrina general y científica, con unidad de concepción y de principios, sino un hecho nacional y propio que se notifica a las naciones como la idio- sincerasía de un Gobierno fuerte y de un poder in- contrastable, porque es de recordar que las arro- gancias de la Casa Blanca las sustentaban en el caso las escuadras británicas y el apoyo del Minis- terio de Cagning.

Esa doctrina, en mi opinión, es la causa y el ori- gen de las actuales desviaciones del Derecho ju- blico. La doctrina de McKinley es simplemente el epílogo de la de Monroe y de la de Polk; no son tres doctrinas, son tres actos consagrando una sola usurpación: la intervención de los Estados Unidos