Unión Ibero-Americana (1915-04-01 00:00:00), página 16

POR ESPAÑA

Acaba de publicarse el primer tomo de los escritos y discursos del malogrado ilustre Presidente de la República Argentina Excmo. Sr. D. Roque Sanz Peña, cuyo amor a España fue patentizado en muy repetidas ocasiones.

Entre otros importantes rendimientos del talento y cultura de Saenz Peña en el aspecto de su actuación en el orden internacional, que es a la que está consagrado el volumen que nos ocupa, figura el discurso pronunciado por el ilustre argentino en el teatro de la Victoria de Buenos Aires en ocasión de la guerra declarada a España por los Estados Unidos el 2 de mayo de 1895.

Aunque ya seguramente conocido por muchos de nuestros lectores, como homenaje al eminente estadista y por la satisfacción que su lectura ha de producir siempre a cuantos amén a España, lo insertamos a continuación; he aquí el discurso:

SEÑORAS; SEÑORES:

I

El debate internacional de nuestros días no grava en su actualidad convocadora sobre la independencia de una Antilla. La intervención ha transformado la causa, el ultimátum ha desgarrado la bandera, confundiendo en una injuria a las dos soberanías: a la que aspira a nacer, y a la que exige para su honor tradicional el reconocimiento y los respetos del universo cristiano.

El Congreso Federal de los Estados Unidos desconoce la jurisdicción de España sobre la gran Antilla; pero no para que nazcan las autonomías nativas ni para animar la vida de una nueva nación sino para demoler toda existencia política sepultando en los abismos de una intervención armada a los peninsulares y a los insurrectos: a la República y a la Monarquía; todo se desconoce, todo se amanga y todo se destruye, borrando hasta los vestigios del organismo político que se declare caído, sin reconocer principio de autoridad que le suceda ni Gobierno alguno en ejercicio que no sea el provisorio de la fuerza, bajo el fierro de extranjeros ejércitos, ajenos el litigio y al territorio, exóticos y extraños a la raza de los dos belligerantes. Esta tercería sin título, estas reivindicaciones sin dominio, constituyen, señores, el hecho más anormal y la usurpación más subversiva contra los basamentos del derecho público y contra el orden de las soberanías: violencia y usurpación tanto más improcedentes e injustificadas, cuanto más gratuita y menos necesaria.

Cuba ha podido ser libre; y lo habría sido ciertamente por genial desprendimiento de la madre patria, por convencimiento propio de sus hombres de Estado y por oficial promesa contenida en el último Mensaje que la Corona ha dirigido al Parlamento anunciando como un hecho cierto y próximo que una nueva personalidad iba a surgir, que una entidad política se incorporaría a la familia de los pueblos independientes y libres. Ese documento, que denuncia la visión de un porvenir cargado de peligros, que previene los conflictos y presagia el infortunio, que agita el alma nacional, porque la guerra es un infortunio; ese documento, digo, modelo de firmeza y de moderación, de honor sin mengua, de sacrificio y de valor sin tasa ni reservas, es, a la vez, revelación y denuncia del plan capitólico. Cuba ha debido ser libre, lo repito, si esa libertad no se buscara en este momento histórico, por el camino de la humillación y del ultraje a la nación española, ultraje que no le infieren las dimensiones internas entre insurgentes y peninsulares, sino de los actos insolíos de una policía invasora, que acecha desde la Florida los anchurosos senos del Golfo de México para nutrir en ellos sensuales expansiones territoriales y políticas; sueños de predominio, que aspiran a gravitar pesadamente en la vasta extensión de este hemisferio. Pero habré de repetir lo que ya he dicho: si lo infinito no cabe en lo finito, tampoco lo universal entra en lo humano. Las fronteras son la promesa del ideal hegemónico, como los hitos son agujas punzadoras que erizan el lecho del ensueño. Esa línea invisible e imaginaria, que divide y fragmenta la especie humana, se convierte, por creación del derecho, en poderoso muro de contención, sostenido por naciones bien dispuestas a defender su independencia bajo el escudo impenetrable de las soberanías; este término designa las protecciones jurídicas con el derecho de gentes confunde a débiles y a fuertes; y no previene tan sólo la invasión material del territorio, sino que auspicia derechos de orden político y moral, que emergen de la soberanía misma, de esa mezcla de honor e interés, de dogma y fe, de amor y religión, que no admite desprecio ni vilipendio, porque tiene restituido de antemano su problema de ser o no ser. Ese fuero intangible e inmaculado, que enciende los excesos del estado de guerra y hace olvidar el ego del nativo para sumir al nos de la individualidad nacional, goza de protecciones definidas que se condensan en otra fórmula legal bajo el principio de la no intervención.

Esta es la doctrina que el derecho internacional ha consagrado, cimentado sobre ancha y sólida base la coexistencia inmune de razas y de pueblos en la vida de relación de los Estados; y son estos los principios que el Congreso Federal ha demolido, no con fundamentos, ni con razones legales que puedan tener acceso a una discusión científica, sino con actos de poder y de fuerza, impuestos y transmitidos al mundo civilizado por la voz de los cañones.

Considerados estos actos a la luz de los principios del derecho de gentes, nos ofrece la intervención como premio, por actualidad el bombardeo y por solución apetecida la anexión, que es el trámite artero de la conquista: vocablo incomprensible para la civilización contemporánea y para el derecho público, que es en su enseñanza racional y jurídico. La conquista es la fuerza, ley del bruto e ignominia del hombre, cuando no la comprimen el derecho y la moderación, que es la hidalguía de la fuerza misma; es el bandolerismo de las demás naciones, es el asalto a las soberanías, despojo sin proceso, crimen sin juez, que insulta al cielo y enrojece la tierra con sangre y con rubor.

II

Desde luego, la intervención no es un derecho, sino un hecho de aplicación inaceptable en nuestros días. ¿Por qué? Porque en la relación política de los Estados, como en la relación civil de las personas, todo derecho es correlativo de un deber; y cuando se ha reconocido la inviolabilidad de los Estados, cuando ha sido proclamado el principio de su igualdad política, el derecho a gobernarse por sus leyes y dirimir por sí mismos los conflictos que nazcan o se propaguen en su suelo, esos dere-