Unión Ibero-Americana (1914-01-01 00:00:00), página 33

al efecto, como á los fines de tutelar la integridad de las Repúblicas que la ocupan.

No se requiere mucha dialéctica para poner en evidencia la contradicción resultante entre la antigua y la nueva doctrina, y así se ha dicho que, si la Unión americana amolda su conducta á los principios de esta última, se vería forzosamente envuelta en serias y positivas responsabilidades, emergentes de sus relaciones con las naciones latino-americanas, en cuanto por el hecho de cultivarlas se constituiría solidaria de su regularidad.

Ahora bien: eliminadas las imaginarias responsabilidades, quien penetre á la realidad vívida, no le será difícil distinguir que el Presidente Wilson, al emplear expresiones inusitadas, lejos de innovar, se ha conformado con los acontecimientos, adoptando sus orientaciones.

La llamada doctrina de Monroe, como sus ampliaciones y la nueva doctrina, respondían y responden, primordialmente, al mejor servicio de los intereses y las conveniencias de la nación que las proclamó y las sustentó, en sus exigencias de actualidad.

Es impregnadas de esa tendencia como se revelan sobre el vasto escenario americano, á contar desde su emancipación, sin amenazar con ello el bien, sin paliar el daño, que hayan causado á los pueblos sometidos bajo su acción ó los reflejos de su influencia, en un período de tiempo casi secular.

Las informaciones ya copiosas, que así lo precisan, se complementan continuamente con nuevas manifestaciones confirmatorias de antecedentes caracterizados.

Ese género pertenece la proposición Lodge, que el senado americano hizo propia, atenuando la crudeza de sus formas, cuyo contenido se concreta así: "si un puerto y otro punto del territorio de los continente americanos se halla situado de tal manera que su ocupación para fines militares ó navales pudiera amenazar las comunicaciones ó la seguridad de los Estados Unidos, el gobierno de los Estados Unidos no podrá considerar sin grave inquietud la posesión de ese puerto ó de ese punto, por una corporación ó asociación que tenga con otro gobierno no americano relaciones tales qu aseguren prácticamente á ese gobierno un poder de control para fines militares e navales".

Los términos empleados, "un puerto y otro punto de los territorios americanos" son por sí mismos demasiado significativos condicen con la expresión del Presidente Taft, cuando afirmaba, siendo Ministro de Marina, que el límite virtual de los Estados Unidos era el cabo de Hornos, y, además, tienen su comentario auténtico, en las opiniones vertidas determinantes de su sanción.

No fué el senador Lodge quien mejor y más acabadamente tradujo el pensamiento del Senado, si bien al tomar su iniciativa la apoyó sobre la doctrina de Monroe, sino el senador Bacon, replicando al senador Rayner, que la combatía: el discurso del senador Bacon dió la nota clásica y produjo la decisión del Senado.

"Es cierto—dijo el senador Bacon—que del punto de vista jurídico no tenemos ningún derecho para inmiscuirnos en la legislación de otro país, y á pesar de eso no debemos hesitar en hacerlo, toda vez que juzguemos peligroso para nuestra paz y seguridad. No había ley que autorizara la proclamación de la doctrina Monroe, y á pesar de eso, ninguna de las leyes que hubieran podido existir en ese momento, en un Estado de la América del Sud, habría podido impedir el enunciar esa doctrina. Si hubiera habido, entonces, en la Constitución de la América del Sud una disposición permitiendo la colonización por un gobierno europeo de una parte del territorio de ese Estado sud-americano, nosotros no hubiéramos, por eso, dejado de proclamar la doctrina Monroe no como un principio jurídico, sino como una regla de nuestro derecho nacional, para hacerlo triunfar del punto de vista que pudiera ser considerado como necesario á la seguridad de nuestro gobierno. Es, simplemente, sobre el solo fundamento del derecho de poder (of the right of power), que formulamos la doctrina de Monroe: ella no ha tenido jamás otro fundamento y no ha podido tener otro".

"Ahora, de la misma manera, cuando examinamos el punto de saber si la posesión de ciertas propiedades sobre el territorio de México, por un particular ciudadano ó subdito de otro gobierno sería ó no amenazante para nuestra seguridad, la cuestión es, simplemente, de saber si lo estimamos así ó no; y si lo estimamos así, tomamos nuestra posición al respecto y lo proclamamos, no á mérito de una ley existente en el país extranjero, sino en razón de nuestro derecho innato de cuidar de nuestros propios intereses y hacer todo lo necesario para alcanzar ese fin".

"Por el momento, no tenemos á resolver la cuestión acerca de si la decisión propuesta al Senado es necesaria. Es esta una cues-