Unión Ibero-Americana (1911-12-01 00:00:00), página 9

da de justicia, respecto de los Jueces que no se atuviesen a ella en sus resoluciones, ó denegasen su regular pronunciamiento, extendiéndose esta responsabilidad dentro de las funciones de cada uno, á los Secretarios, Escribanos y demás auxiliares u oficiales de justicia, que con diversidad de nombres concurren ó deben concurrir á su mejor dispensación.

En esto, como en otras muchas cosas, tampoco tiene que ceder la legislación española su primacía á las de las demás naciones ahora existentes, porque ya en el Fuero Juzgo, formado por los Monarcas godes, se encuentran las leyes 19 y 20 del libro II, título I., condenando, entre otras cosas, á los Jueces que juzguen mal por ruego ó por ignorancia, ó que prolonguen mucho los pleitos, con agravio de las partes, á pagar á éstas “de lo suyo, cuanto daño recibieren.”

Reprodujeron estos acertadísimos preceptos por Don Alfonso el Sabio en las leyes de Partida.

No menos expresivas fueron otras disposiciones consignadas en nuestros antiguos Cuerpos legales, Pragmáticas e Instrucciones, como la de Corregidores, debida al Rey Don Carlos III, algunos de cuyos capítulos se tradujeron en leyes de la Novísima Recopilación.

Tan necesarias bases del buen orden social, irreparable sin el vigoroso mantenimiento del derecho, fueron como tales consignadas también desde el primer momento en nuestras modernas Constituciones, comenzando por la de 1812, que minuciosamente traza las garantías de la prontitud y el acierto en los juicios civiles y criminales y declara á los Jueces responsables personalmente de toda falta que cometan (artículo 254), y concluyendo por la vigente, que á semejanza de las que la precedieron, concreta en dos bases esenciales lo tocante á la elevada función de que se trata, diciendo como aquel otro Código fundamental, que “los Jueces son personalmente responsables de toda infracción de ley que cometan” (artículo 81), y que corresponde al Rey “cuidar de que en todo el Reino se administre pronta y cumplida justicia” (artículo 54, párrafo segundo).

Complemento en cierto modo de esa principal responsabilidad propiamente judicial, con la obligación de indemnizar á los perjudicados por el abuso de sus respectivas funciones, faltas, omisiones y desaciertos, es la de los depositarios de la fe extrajudicial, tanto en los negocios comunes, cuanto en los comerciales y otros especiales, registradores de la propiedad, y cualesquiera encargados de funciones semejantes; siendo ejemplos singulares de la índole de estas responsabilidades los artículos 705 y 715 de nuestro Código civil, que, al prescribir la nulidad de los testamentos cerrados, cuando no se hubieren observado para ellos las solemnidades establecidas para cada caso, declaran ser responsables los Notarios que los hubieren autorizado, de los daños y perjuicios que sobrevengan, si la falta procediese de su malaiciá, ó de negligencia ó de ignorancia inexcusables.

Mas no sólo por sus errores incurren en responsabilidad esos oficiales públicos constituidos para la mayor seguridad de los actos, propiedades, derechos e intereses de los ciudadanos, sino que siendo obligatoria la intervención de su oficio ó concurrencia para muchos de los hechos que deben solemnizar, la negativa, ó la irregularidad, ó indebida tardanza en la prestación de este su servicio trae para ellos iguales responsabilidades, conforme lo determina genéricamente tocante á los Notarios el artículo 2.º de la vigente Ley del Notariado, y para los Registradores, con mayor especificación, el título XI de la actual Hipotecaaria.

Duelo como es el hombre de sus acciones y capaz de apreciar las consecuencias de cuanto concierta ó ejecuta, debe, para vivir la vida del derecho, que es garantía del suyo, como ha de serlo igualmente del de los demás, tener siempre en cuenta las responsabilidades provenientes de sus actos, que en este aspecto de las contraídas directamente, quedan esbozadas.

Cuanto viene dicho se refiere, en efecto, señaladamente á las responsabilidades por actos propios ó personales de quienes incurren directamente en ellas; pero como ya también se ha indicado, este orden de responsabilidad cabe que nazca asimismo de hechos de otros y hasta por accidentes de las cosas que nos pertenezcan ó á las que debemos algún cuidado, siendo esto inspirado en el recordado respeto á que estamos obligados, para cuanto constituye el derecho ó exige la seguridad de los demás.

La justicia reclama igualmente, aun en esos casos, que donde haya algún daño, motivado por el abandono de cualquiera clase de deberes, no recaigan sus definitivos efectos en quienes le experimenten materialmente, sino en aquellos que incurrieron en la mencionada incuria, viéndolo por los resarcimientos adecuados á restablecerse el derecho ó el interés indebidamente lastimados.

Fundadas en estos principios, las leyes tanto antiguas como modernas, con diferencias solamente de detalles, desde las que forman el Derecho romano hasta las que ahora imperan en las naciones modernas, consignan estas fuentes de responsabilidad civil, que para nosotros se hallan de modo principal resumidas en los tres Códigos de la presente época, que se han ido sucesivamente promulgando: el civil propiamente dicho, el penal, en el capítulo destinado á esa definición, y el comercial para lo referente á los auxiliares del terrestre y del marítimo, respecto de los que vive todavía el espíritu legal que inspiraba las acciones institutória y exercitoria conocidas en aquel primer derecho llamado civil por autonomía.

Después de las indicadas responsabilidades por los hechos de otros, existen, conforme se ve, repitiendo, las provenientes de las cosas que nos pertenecen, cuyas responsabilidades alcanzan grandísima extensión en los tiempos presentes, en que la vida ofrece cada vez más dilatados horizontes, ampliados como parece han de estarlo de modo indefinido, por la utilización y constante mayor conocimiento de las fuerzas naturales, que venimos presenciando.

Responden á esto los nuevos Códigos y naciones legislaciones, con una más extensa aplicación del antiguo principio de la responsabilidad del propietario ó poseedor de las cosas, por su mal uso ó la escasa diligencia que en el cuidado de las mismas ó en su aprovechamiento incurra, por cuyos motivos, al lado de la obligación de indemnizar los daños producidos por las cosas animadas destinadas á su personal servicio, ó á otros fines de su utilidad, como las bestias de labor ó de recreo, la caza y demás objetos que se tengan, se hallan disposiciones encaminadas á definir esa propia responsabilidad cuando se trate de cons-