Unión Ibero-Americana (1911-12-01 00:00:00), página 8

civil, que habrá tan sólo de tratar, apartándole de las otras sanciones que bajo el concepto penal ó el meramente disciplinario pertenecen á los actos calificados de delitos ó quasi-delitos, que están comprendidos en el segundo grupo de los hechos antes mencionados, y que, llevando consigo los correctivos adecuados, dan al mismo tiempo razón para las compensaciones de índole privada, que en aquel orden civil tienen, por tanto, su cabida.

Aun en este determinado campo de la responsabilidad humana, tiene ella una extensión vastísima, porque apenas hay nada en la variada órbita de la existencia á que no alcance, y dondequiera que la actividad del hombre se ejerzite en relación con sus semejantes, allí debe acompañarle su responsabilidad.

Nada queda exceptuado de esta regla, y sea que la personalidad humana, individual ó colectiva, actúe en la esfera puramente privada, como cuando contrata en una ú otra forma, ó sea que lo haga de modo diferente en radios mucho más dilatados, obrando por sí mismo directamente, ó alcanzándose las resultas de los actos de otras personas con él relacionadas, y hasta de las cosas que le pertenezcan, á todas esas modalidades suyas se acomoda, á la manera que la sombra al cuerpo, el concepto de la responsabilidad por las acciones humanas, que deben ser siempre reflexivas e inspiradas en el respeto á los derechos y á los legítimos intereses con los que se pongan ó se encuentren en contacto.

Así se observa, que aun dentro de los Códigos ó leyes puramente civiles, tienen expresión para este singular efecto de responder de los daños que indebidamente produzcan ó las faltas en que incurran, no sólo los particulares en su necesaria coordinación con quienes se hallen á su paso, sino también los que proceden en alguna función ó carácter público, así los colocados en grados superiores, como los que ocupan rangos más humildes.

Débense, sin duda, á lo borrosa que en las conciencias, y en mayor proporción aún en las relaciones de la práctica, ha ido quedando esta noción de la responsabilidad, los males que diariamente se lamentan, por carecer los derechos, en general, de suficiente garantía. Y sin embargo, la ley positiva, expresión en este caso de la ley universal, es terminante el referirse á los actos de los hombres, aparte ya de las obligaciones nacidas de sus expresos ó tácitos consentimientos, cuando nos dice con nuestro Código civil, sin excepción en el principio, que quien por acción ó comisión causa daño á otro, interviniendo culpa ó negligencia, está obligado á reparar el daño causado.

Precepto éste, que conforme á continuación se declara, es de aplicación al Estado como persona jurídica, en sí y en sus diversos funcionarios; á las corporaciones y colectividades que obran por sus representaciones y dependientes; á las personas que tiene supremacía ó deberes de vigilancia sobre otros individuos, por los hechos de éstos; y hasta á los accidentes nacidos de las cosas animadas que les pertenecen ó dirigen.

Dondequiera que hay un cuerpo de legislación suficientemente desarrollada, se encuentran análogas disposiciones lo mismo en los países que adoptaron el sistema de codificación para sus leyes ordinarias, que aquellos pueblos al mantenimiento de su derecho positivo, formado por la serie de las diversas ordenaciones promulgadas, y á veces sólo por las costumbres y la repetición de autorizados precedentes.

Así, tratándose en primer término, según aquella enumeración, de los intereses públicos encomendados á funcionarios de todas clases, se entiende en todas partes donde está vivo el concepto del deber, que cada uno de ellos, por el hecho de entrar en el desempeño de su respectivo cargo, recibe por la ley del mismo una misión, un mandato, que le obliga estrechamente á cumplir ó llenar sus funciones con exactitud, de modo recto e imparcial, siendo responsable de los perjuicios que cause por no proceder de esta manera, incurriendo en falta ó en graves desaciertos y error inexcusable ó malicioso.

La aplicación de este esencial principio de derecho, frecuentísima en países extranjeros, abarcando todos los órdenes de la Administración pública, donde constantemente se demandan y obtienen indemnizaciones decretadas por los Tribunales de uno y otro orden, á virtud de las correspondientes acciones de carácter civil dirigidas contra la Administración ó sus funcionarios, se halla contenida, como se deja recordado, en el aludido precepto de nuestro Código civil, formando el parrafo 5º de su art. 1903, siquiera á los ojos de las gentes pueda pasar desapercibido, con daño grande de las disciplinas administrativas y del necesario concierto en la marcha de los asuntos públicos, tanto generales como provinciales y locales.

Olvido ó desconocimiento es éste que revela hasta qué extremo se halla adormecida para muchos la idea del deber, que acompaña necesariamente á la de la responsabilidad, cuando precisamente entre nosotros y para la esfera de lo administrativo en toda su extensión, sobre estar consagradas sus máximas de modo tan expreso por el referido Código, y por otras muchas leyes y disposiciones antiguas y modernas, se dictó una muy reciente, de extraordinaria trascendencia: la de 5 de Abril de 1904.

Muy principal y directamente se enlazan con el mencionado principio de la responsabilidad civil contraída en el desempeño de funciones públicas, lo que toca á los Jueces y demás encargados de contribuir á la distribución de la justicia, que tiene especial mención en las leyes positivas, aunque no siempre con acertado desarrollo.

Lo que hace relación á esto se encuentra indicado en el Derecho desde sus más remotos orígenes, y para señalar únicamente algo de lo más conocido, bastará recordar las leyes romanas que autorizaban por acción pretoriana una efectiva reclamación contra el juez que por cualquier motivo hacía suyo el pleito que le estaba encomendado: qui litem snam fecit; es decir que se hacía responsable del interés de lo litigado, tanto cuando fallaba mal, como cuando resultaba culpable de retrasos indebidos en el curso de los asuntos entregados á su autoridad, ó contribuía á un mal procedimiento.

Estas sabias prescripciones, traducidas casi literalmente, pasaron á las nuevas nacionalidades que se formaron sobre las ruinas del Imperio romano, conforme se observa en las leyes francesas y en las de los demás países que las tomaron como modelo durante gran parte del siglo xix, al autorizar la prise á partie, ó deman-