Unión Ibero-Americana (1911-05-01 00:00:00), página 15

ción de que era urgente resolver sobre ella, no quedaba campo ni tiempo para un estudio concienzudo. En esta situación, el Congreso, que quiso proceder con el mayor celo y la mayor prudencia, pues era de su deber velar por los intereses del pueblo que le están confiados y por el depósito sagrado que les legaron sus progenitores y que simbolizan las palabras Independencia, Libertad y Patria, dispuso no resolver desde luego sobre la Convención, y acordó nombrar, para que diese dictamen sobre ella, una numerosa Comisión especial de diputados, á la que, teniendo en cuenta la magnitud del negocio y el deseo del mayor acierto, se agregó á los jurisconsultos de más nota y á otras personas distinguidas que, sin ser letrados, por su reconocida importancia en el país y su recto criterio, podían también con sus pareceres concurrir á la mejor solución.

Dictadas tales disposiciones se levantó la sesión, y habiendo sido invitados los diputados á pasar al salón del señor Presidente de la República, tuvieron ocasión de oír las manifestaciones de este alto funcionario, y en virtud de ellas volvieron al recinto del Congreso, se declararon en sesión permanente y secreta, declararon la urgencia de resolver en un solo debate y en aquella sesión el asunto, y después de largas deliberaciones, se acordó imprebar la Convención, por 32 votos contra 4.

He aquí el decreto:

«El Congreso Nacional, con vista de la Convención suscrita en la ciudad de Washington el 10 de este mes, entre el Sr. D. Juan E. Paredes, como Plenipotenciario de Honduras, y el Sr. Philander C. Knox, como Plenipotenciario de los Estados Unidos de América, y en ejercicio de la atribución que le confiere el art. 90, núm. 22, de la Constitución política del Estado, decreta:

Artículo único.—Imprúbase la Convención de que se ha hecho mérito. Dado en Tegucigalpa, en el salón de sesiones, á las treinta y un días del mes de Enero de 1911.—Francisco Escobar, Presidente.—Leandro Valladares, Secretario.—Ramón Fiallos, Secretario.»

No nos es posible reproducir íntegra dicha Convención; pero se puede deducir lo peligrosa que resultaba para Honduras, y el espíritu que anima á los Estados Unidos de Norte América, de las razones en que el Congreso Nacional apoya la publicación del decreto anterior, y que en sustancia son:

Que conforme á la Constitución, lo funcionarios del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les da la ley, y todo acto que ejecuten fuera de la ley es nulo. Uno de los derechos del ciudadano es optar á los cargos públicos. El Poder legislativo dispone todo lo conveniente á la seguridad y defensa de la República; aprueba, modifica ó impulsa los tratados celebrados con las demás naciones; fija anualmente el presupuesto de gastos, tomando por base los ingresos probables; impone contribuciones, reglamenta el pago de la deuda nacional, decreta la enajenación de los bienes nacionales, ó su aplicación á usos públicos, y decreta empréstitos. Las facultades del Poder legislativo son indelegables.

En el Poder ejecutivo defiende la independencia, el honor de la nación y la integridad de su territorio.

Las providencias del Poder Ejecutivo que no se expidan por el Ministerio correspondiente no deben cumplirse, y el Presidente y los Ministros serán responsables solidariamente por las disposiciones que dicten en contravención á la Constitución y las leyes.

Todo gasto que se haga fuera de la ley es ilegal; forma parte del Tesoro de la Nación el producto de los derechos, impuestos y contribuciones; el Poder ejecutivo no podrá celebrar contratas de importancia que comprometan el Tesoro Nacional sin previa publicación de la propuesta en el periódico oficial y licitación pública, y para fiscalizar la administración del Tesoro Nacional habrá una Contaduría Mayor ó Tribunal Superior de Cuentas.

Ahora bien; con la Convención Paredes-Knox se atenta á la soberanía y á la independencia de Honduras:

1.º Porque en vez de ciudadanos hondureños nombrados por el Ejecutivo ó por el Congreso, según el caso, sin intervención extraña, para administrar las Aduanas, se nombrará por nuestro Gobierno, para ese objeto, un Administrador general bajo la protección del Gobierno de los Estados Unidos, de una lista de nombres que puede ser de ciudadanos hondureños ó no, que le será presentada por el agente fiscal del empréstito, aprobada por el Presidente de los Estados Unidos.

2.º Porque aunque esa lista fuera formada sólo de ciudadanos hondureños con opción á los cargos públicos, conforme á la ley, el nombramiento estaría viciado en su origen por haber de hacerse en personas presentadas á nuestro Gobierno por un Gobierno extrano.

3.º Porque el agente fiscal del empréstito, acerca de cuyo nombramiento no se habla, no es un funcionario de creación constitucional ni legislativa, y aceptarlo es desconocer la ley fundamental.

4.º Porque al quedar los fondos del empréstito y los de las Aduanas en manos de funcionarios nombrados contra lo que previene la Constitución, estos funcionarios, que no estarán sometidos, en realidad, al Gobierno de Honduras, sino al de los Estados Unidos, pondrán en peligro la seguridad y la defensa de la patria, lo que no sólo depende de los ciudadanos y de las armas, sino también de los recursos; además de que las cláusulas que á ello se refieren constituyen una ofensa á los hondureños, conceptuándolos incapaces, moral e intelectualmente, de administrar sus