Unión Ibero-Americana (1908-05-01 00:00:00), página 24

mación de la Comisión mixta venezolanoamericana, conforme al protocolo de Washington, para introducir una reclamación por 1.482.339 dólares de los cuales la casi totalidad eran daños y perjuicios sufridos, según olla, por el Derecho sobre libre navegación del Orinoco, más unos 272.638 en concepto de servicios prestados al Gobierno, honorarios de los Abogados y otros gastos para formular la reclamación.

Los dos miembros de la Comisión mixta no pudieron llegar á un acuerdo, y conforme á lo pactado en el protocolo de Washington, sometieron la decisión al Tercero en Discordia, que era el honorable Dr. Harry Barge, ex Gobernador de Curacao, designado Arbitro por el Gobierno de Holanda, con autorización del de los Estados Unidos.

Este Arbitro formuló un largo y detallado informe demostrando que el Decreto ejecutivo de 1900 abriendo el libro tráfico de caños, puentes y Federales, ni se oponía ni anulaba la concesión Grell, pues si ésta autorizaba á la Compañía de navegación para utilizar con aplicación al comercio extranjero las vías reservadas por el Decreto de 1893 para el cabotaje exclusivamente, no establecía de ningún modo un monopolio en favor de dicha Compañía, sino que, al contrario, dejaba al Gobierno la facultad de dictar medidas, á las cuales «de antemano habrá de someterse el contratista». En consecuencia, rechazó la parte de reclamación por daños y perjuicios que no tenían razón de ser y aceptó la obligación del Gobierno venezolano de pagar ciertos servicios de la Compañía, reduciendo el millón y pico de dólares pretendidos á 28.224 dólares que el Gobierno de Venezuela incorporó á sus deudas, que este pagando religiosamente.

Finiquitada de este modo la reclamación de la Orinoco Steamer Company grande fue la sorpresa del Gobierno venezolano cuando, pasado un año sin que se hubiese presentado protesta alguna contra la decisión del Arbitro holandés, recibió una nota de la Legación americana proponiendo la revisión del laudo, cuyas decisiones, según el Protocolo, habrán de ser definitivas y concluyentes.

Conocida la obligación en que se hallan las partes de respetar y cumplir las sentencias pronunciadas por Árbitros constituidos en virtud de un compromiso válidamente otorgado, á menos de los casos en que, según el Derecho internacional, procede la denuncia ó nulidad de la decisión arbitral, y no habiendo razonado la Legación americana su solicitud de revisión, sin duda porque no cabía demostrar que adecuase de nulidad el Gobierno de Venezuela, no podía aceptar la solicitud del Gobierno de Estados Unidos; no le era permisible ofrecer la significación del diplomático americano que había representado á Venezuela en los convenios que mandaban someterse al Tercero en Discordia; no tenía derecho alguno á faltar al compromiso formulado por el mismo Ministro Bowen que ahora pretendía desconocerlo; por manera, que el rechazo de tan extraña pretensión, por parte de Venezuela, salvaba ipso facto el crédito de nuestra República, la palabra de los Estados Unidos, la autoridad del Ministro americano, la honorabilidad del Arbitro holandés y la severidad del recurso del arbitraje.

El Gobierno venezolano había fundado su actitud, no solamente en la doctrina jurídica, en los mandatos legales, en las prácticas y en el carácter sagrado de los convenios internacionales, sino en el ejemplo mismo de la Cancillería de los Estados Unidos, al dirigirse Mr. Hay al Gobierno del Salvador, negándose éste á someterse á los fallos de los tribunales, ágravio desconocido, decía el Secretario de Estado -«graves desacuerdos»- que se producían con los Árbitros que examinaron el caso y una seria ofensa para la causa del arbitraje, pues en realidad, el precedente de que las grandes potencias desconozcan los laudos arbitrales definitivos cuando son adversos á ellas, equivaldría, dice un escritor irrecusable, á restablecer en toda su iniquidad la máxima de que la fuerza anula el Derecho.

Verdad es que los Estados Unidos consintieron en cierta ocasión en revisar un laudo adverso á Venezuela; pero fue por razones que el pudor internacional obliga á callar, porque en el fondo de aquel asunto sedimentaba una de esas feas especulaciones con las cuales se pone en berlina la dignidad diplomática, y de que ella no podía consentir en hacerse cómplice, y menos patrocinarlo, el mismo Gobierno norteamericano.

En 1895 también Venezuela fué hace cuatro años víctima de un laudo por el cual se la obligó á pagar en oro lo que estaba obligada á pagar en papeles de Daudá diplomática, y de otro más incomprendible aun, condenándola á pagar casi el doble del monto máximo de la suma reclamada; pero en ambos casos protestó Venezuela inmediatamente; dentro del lapso concedido, nombró un Enviado extraordinario en solicitud de arreglos equitativos y trabajo de todos modos para que sus quejas fueran oídas y las sentencias respectivas modificadas. Sin embargo, bastó la negativa de las partes contrarias, en uno y en otro caso, para que Venezuela se sometiese á lo decidido y esté pagando como lo mandaron los Árbitros. ¿Qué otro derecho, pues, si no es el de la fuerza, se quiere obligar á Venezuela otorgue á un Estado lo que ella misma no consiguió de otros?

No obstante esas y otras razones, la Legación de los Estados Unidos persistió en sus pretensiones, hasta que el cambio de criterio en el Departamento de Estado suspendió aquella discusión diplomática en que el Gobierno de Venezuela sostendría sus determinaciones en conformidad á los principios protectores de la independencia de sus Tribunales, al ejercicio de sus derechos como Estado soberano y á la estricta observación de los pactos internacionales que crearon las Comisiones mixtas con sus fallos de carácter definitivo e impelable.

V

La cuarta de nuestras cuestiones es la reclamación Crichfield.

El General Castro, á raíz del triunfo de la revolución que le elevó al carácter de Presidente provisional de la República, otorgó la concesión de una mina de asfalto en Maracaibo, que el favorecido vendió en 25.000 dólares al Sr. Crichfield, que luego constituyó, para explotar aquélla, un Sindicato, bajo el nombre de United States Venezuela Company. La Asamblea Constituyente revocó en el nuevo período de gobierno de la República, dió un voto aprobatorio en cuanto á los actos del Presidente provisional; pero el Congreso Constitucional, á quien tocaba, conforme á la ley fundamental del país, aceptar ó rechazar el contrato Crichfield, le negó su aprobación, lo cual no impidió que la United States Venezuela Company siguiese explotando cuatro años más la concesión minera, hasta que la reforma de nuestra ley de Minas planteará para la Compañía la cuestión de renunciar á la concesión desaprobada por el Congreso, ó ratificada, sometiéndose á los nuevos derechos e impuestos creados por la novísima ley de Minas.

En estas circunstancias, el Gobierno de los Estados Unidos sostiene la legalidad de la primera concesión, con los derechos en ella señalados, sin hacer caso de lo ordenado por el Congreso Nacional, ó de, no, una indemnización de 600.000 dólares, en tanto que Venezuela sostiene el sometimiento de los derechos ó perjuicios aducidos por la Compañía al juicio de los Tribunales de la República, de conformidad con la cláusula expresa del mismo contrato, que dice terminantemente: «Las dudas y controversias que puedan sustentarse serán resueltas por los Tribunales de la República, conforme á sus leyes, y en ningún caso podrán ser motivo de reclamaciones internacionales».

Es de hacer notar que el Gobierno de Venezuela, deseoso de llegar á un acuerdo amistoso con el Sr. Crichfield, celebró conferencias con su representante, hasta darle redactado un convenio á satisfacción de ambas partes. Pero sin que el Gobierno de Venezuela pudiera explicarse la razón, el Sr. Crichfield abandonó la cuestión en este punto sin duda porque le parecería más conveniente, ó mejor explotar la concesión, agregar á los resultados obtenidos en varios años el beneficio de mediación de los Estados Unidos de 600.000 dólares que redondeaban de una vez su negocio.

Finalmente, el asunto que ha elevado á cinco, al menos hasta hoy, las reclamaciones que el Gobierno de los Estados Unidos ha ido sumando, para exigir á Venezuela un arbitraje en conjunto, incluyendo hasta lo pasado en autoridad de cosa juzgada, es la reclamación de la Orinoco Corporation.

Consiste dicho sin entrar en detalles, en ciertas colisiones ocurridas entre varias Compañías formadas y diversos trasposados hechos sobre la base de dos contratos celebrados con Mr. Fitzgerald en 1883 y Mr. Turnbull en 1886 y dos nuevas concesiones hechas por el Gobierno acerca, todas ellas para explotar las riquezas naturales del delta del Orinoco. Es el caso, que tres Compañías americanas, Mavoa Company, la Orinoco Company y la Ingles Turquill, se han quejado de las condiciones de esas concesiones en otras, con perjuicio de sus respectivos intereses, y presentaron sendas reclamaciones ante la Comisión mixta instalada en 1904 conforme al Protocolo de Washington.

Este asunto fué detenidamente estudiado por la supradicha Comisión, la cual, en un laudo definitivo, atribuyó á los Tribunales de Venezuela exclusivamente como los únicos competentes para oír á las partes interesadas en la deducción de sus derechos, la solución de las cuestiones y controversias que dinamisen de la interpretación y ejecución de sus contratos. Tenía, pues, que aparecer extraño, por decir lo menos, que al cabo de tres años de silencio se presentase el Gobierno de los Estados Unidos renovando hechos ocurridos más de veinte años antes y ya juzgados