Unión Ibero-Americana (1908-05-01 00:00:00), página 23

confidencial de estudiar los procesos cursados ante los Tribunales venezolados en el asunto de la New York and Bermudes Company.

Cuáles fueron las impresiones de este invistidor especial y cuál sería su informe al Gobierno norteamericano, no puede decirse porque aún permanecen secretos; pero pueden colegirse de los artículos que con notable cambio de aspectos aparecieron entonces en la prensa de los Estados Unidos, de la transformación súbita en la actitud del Departamento de Estado desde aquel momento trajo la acción diplomática se tenía hasta ahora principalmente, de las siguientes palabras del Secretario de Estado Mr. Root, en nota de Noviembre del mismo año: «Esta Compañía (sic) había procedido basándose en los informes de los reclamos anteriores, por supuesto, coloridos por el pronto interés de ellos;» y más adelante agregaba: «aun cuando Mr. Calhoun no ha presentado su informe, mi impresión, después de hablar con él, es que no podemos proceder á formular una exigencia basada en la idea de que todo el derecho está de una parte y que todas las reclamaciones de la Compañía Bermudez sean irrefutables».

Tres semejantes indicios, si no pruebas tan elocuentes, que equivalen á una confesión de parte, quedaron en suspenso las pretensiones norteamericanas por dos años, hasta que en Marzo de 1901 volvió la Legación de los Estados Unidos á insistir sobre los mismos precedentes, pero esta vez agregándole uno más todavía.

III

Explicaré ahora la llamada reclamación Albert Félix Jaurett.

Este es nombre de un individuo, francés de origen y oficial del ejército francés, que por no se qué irregularidades se fugó de Francia, de donde pasó á Panamá, y de allí á México, también de modo irregular, después de quebrar la Compañía del Canal, llegó á Florida, huyendo de un proceso de estafa sustanciado contra él en un Tribunal mexicano, y refugiándose finalmente en Venezuela, que no tenía Tratado de extradición con México. En Caracas fundó un periódico, fue Agente de negocios del Ministerio americano Mr. Loomis, después Secretario privado de su Embajador Mr. Bowen, y aunque adscrito á la Legación americana era corresponsal del New York Herald, de la Agencia «Reuters» y, en general, de la prensa subordinada al trust del asfalto.

Con este carácter, alentado por las noticias favorables al éxito de la revolución de 1902, el citado periodista y correspondiente extranjero correspondió á la hospi alidad venezolana apoyando con sus manejos personales la citada revolución, realizando con sus informaciones á la prensa extranjera una recia campaña contra el Gobierno de Venezuela, tratando de influir sobre el Gobierno norteamericano para que éste hiciera suya la cuestión de la Compañía de Asfalto.

Cuando normalizado el país quedó comprobada la obra de Jaurett, el Gobierno de Venezuela, en uso de un derecho perfectamente reconocido por todos los pueblos, y por citado por todos los Gobiernos, expulsó del territorio nacional por notoriamente perjudicial, al expresado Jaurett. Pero ni éste, que á última hora se hizo ciudadano americano, ni la Legación de los Estados Unidos, que no se detuvo en averiguar si el nuevo ciudadano había ajustado su proceder á las leyes americanas sobre naturalización de extranjeros, pudieron conformarse con el acto soberano de defensa nacional ejecutado por nuestro Gobierno, sino que presentaron una reclamación de 25.000 dólares en concepto de daños sufridos por el expulsado, pidiendo sin eufemismos, como gente acostumbrada á imponer su voluntad, «el más pronto pago de la más plena indemnización por parte del Gobierno de Venezuela». En la respuesta de éste, que no dejó margen á más repeticiones, se citan los puntos siguientes:

«La República no puede admitir la pretensión de que un extranjero, obligado por motivos de motivos á observar la más estricta neutralidad en las cuestiones políticas internas, pueda invocar y hacer valer la protección de su Gobierno, después de haber quebrantado aquél deber. El extraño que por cualquier motivo se mezcla en asuntos que sólo los reglamentos tienen derecho á ventilar; el extraño que se propone alterar ó destruir el orden existente en la Nación donde reside; el extraño que hostiliza sistemáticamente las autoridades á que debe respeto, se coloca, por lo que á protección diplomática se refiere, en situación idéntica á la del nacional cuyos derechos y facultades usurpa de manera tan reprobable como ilícita. Procedimientos y actos de esta naturaleza no pueden menos de despojar al extranjero de su condición de neutral y de arrebatarle el derecho de ser protegido por la Nación á que pertenece. De otro modo, escudado siempre, y á pesar de todo, tras de un poder que sólo ha de amparar derechos legítimos, el extranjero aseguraría su impunidad, y contra toda regla y todo principio, haría solidario de sus faltas al Estado, al cual, como ciudadano, tributa obediencia».

La misma nota de Venezuela trae en su apoyo declaraciones hechas en diversas épocas por el Gobierno americano á naciones extranjeras sobre el mismo motivo.

La del Secretario de Estado Mr. Freylinghuysen á Mr. Lowell en 1882, dice así: «La presunción de la ciudadanía americana implica la promesa y la obligación de observar nuestras leyes en lo interior y de ayudarnos pacíficamente como buenos ciudadanos, á mantener nuestra fe en países extranjeros, sin estar á para enredarnos en disturbios internos ó disturbios civiles, en los cuales no tenemos ni deseamos tener nada que hacer».

La de Mr. Geward al Ministro de Inglaterra en Washington, que pedía la libertad de un súbdito inglés, arrestado en Baltimore, decía: «¡Ha de esperarse acaso que el Gobierno de los Estados Unidos sofoque la traición en armas y deja, sin embargo, en libertad á personas capaces de difundir la sedición?... El Gobierno no podrá, ciertamente, esperar mantenerlas si por otra parte á ciudadanos americanos licencia tan perjudicial. ¿Puede ser diferente el caso cuando la persona peligrosa es un extranjero que vive bajo la protección del Gobierno? Un solo fundamento puede ocurrir, con el cual sería dable ordenar su libertad, y es el de que él puede ser persona demasiado insignificante y demasiado apasionada para ser considerada en sus males que el Gobierno. Mas bien se tiene usted puesto que los extranjeros son críticos y que la sedición es fácilmente movida ahora por hombres mal intencionados, que en tiempos de paz podrían ser despreciados».

Y, en fin, la de Mr. Webster á Mr. Payton, que decía: «Un ciudadano de los Estados Unidos que encontrándose en país extranjero haya é traido en ataques contra el Gobierno de tal país, ha perdido su derecho á la protección de su propio Gobierno».

Venezuela sostiene su perfecto derecho á expulsar de su territorio á un extranjero tan perjudicial como demostró serel Jaurett. Precisamente por aquella misma época, el Gobierno ruso expulsó de San Petersburgo al corresponsal del Times, de Londres, por el periodismo inglés, y en una potencia le ocurrió recaer una carta de Zulia, y ni el Gobierno de la Gran Bretaña intervino en favor del súbdito suyo expulsado. Además de todo esto, Venezuela pone en duda la legitimidad de la carta de ciudadanía de Jaurett, que sólo había residido tres meses en suelo norteamericano y no cinco años, como piden las leyes de la gran República, y mientras esa nacionalización no se demuestre toda reclamación por parte de los Estados Unidos carece de fundamento.

IV

La tercera cuestión fué la promovida con motivo del lento dictado por el Tercero en Discusión de la Comisión mixta venezolano-estadounidense en la reclamación de la Orinoco Steamship Company, llamada también «British Assured Ocoiti».

El 20 de Julio de 1893 el Gobierno de Venezuela con objeto de cortar el contrabando que se hacía por las distintas bocas del Orinoco, dictó una disposición, señalando para el tráfico de los buques que hiciesen el comercio extranjero con Ciudad Bolívar, sólo la Boca Grande del Orinoco, reservando los caños Macareo y Pedernal para el comercio de cabotaje, y prohibiendo en absoluto la navegación por los demás caños del mismo río.

En Mayo del año siguiente, el mismo Gobierno contrató con el Sr. Elias Greil el servicio de navegación por vapor entre Ciudad Bolívar y Maracaibo, estipulando en el art. 11 del contrato lo que transcribo literalmente:

«Auntrés el Gobierno fija definitivamente los puertos de embarque para las mercancías procedentes del extranjero y mientras hace las necesarias instalaciones, las será remitido á la Dirección de la línea turística de los puertos de Curaçao y Trinidad, pudiendo además el vapor que salga de la última Antilla navegar por los caños de Macareo y Pedernal, previas las formalidades que por resolución especial dictará el Ministerio de Hacienda para impedir el contrabando, y á las cuales de antemano se someterá el contratista».

Así las cosas, llegó el momento en 1900 en que el Gobierno creyó conveniente restablecer el libre tráfico por los caños Macareo y Pedernal y demás brazos del delta del Orinoco, y derogó el Decreto de 1893 que restringía la utilización de aquellas vías fluviales.

La Orinoco Steamship Company, á cuy poder había ido el contrato Gr II, d'apues de haberlo perseguido á la Orinoco Shipping and Trading Company Limited, aprovechó la for-