Unión Ibero-Americana (1908-10-01 00:00:00), página 27

existentes con subditos extranjeros. He aquí el texto de la proposición del Delegado norteamericano Mr. Porter, que, como veremos, salvo pequeñas diferencias de forma, fue la aceptada por el Arzobispo internacional. «Para evitar entre las naciones conflictuadas un conflicto armado meramente pecuniario, proveniente de deudas contractuales reclamadas como debidas á los subditos ó ciudadanos de un país por el Gobierno de otro y para garantizar que todas las deudas contractuales de esta naturaleza que no hayan podido ser liquidadas amigablemente por la vía diplomática, se conviene que no podrá tener lugar el recurso á una medida coercitiva que implique el uso de fuerzas militares ó navales para el cobro de tales deudas contractuales, sino después que habiendo ofrecido el acreedor el arbitraje, lo haya rehusado el deudor ó dejado sin respuesta dicha oferta, ó después que habiendo tenido lugar el arbitraje el Estado deudor haya dejado de conformarse á la sentencia pronunciada en él, siendo además que este arbitraje se conformará en el procedimiento al título 4º, capítulo III del Convenio para el arreglo pacífico de los conflictos internacionales adoptado en El Haya, y que el mismo arbitraje determinará la equidad ó el importe de la deuda, el tiempo y modo de su pago y el afianzamiento, si ha lugar á él, por concederse algún plazo en el pago.»

Comenzó el debate en el seno de la primera Subcomisión de la Comisión primera el 16 de Julio de 1907. El General Porter, su autor, la apoyó con aquella claridad y sentido práctico tan peculiares en la gente de su tierra. Todo el mundo, dijo, está interesado en la cuestión, aun los que no son deudores ni acreedores, porque el cobro por la fuerza perjudica á la paz general. Especuladores aventureros han arrastrado á sus Gobiernos á expediciones ruinosas para el cobro de créditos insignificantes ó exagerados. Citó un caso en el cual la deuda de Francia significaba sólo un tercio cuarto por ciento de la deuda reclamada, y otro en el que, para cobrar una deuda de 450.000 francos, se había empeñado los Estados Unidos 19 buques de guerra y gastado 12 millones de francos. Dijo que creía que, aboliendo el sistema del uso de la fuerza, los Estados se verían libres de acreedores discutibles, y los que fueran deudores sabrían que su crédito dependería sólo en lo sucesivo del buen orden en su hacienda y tendrían menos facilidad para hacer empréstitos á la lira. Por otra parte, el arbitraje dará garantías á los acreedores de verdad, que lo preferirán siempre á la protección por las armas.

En la sesión del día siguiente habló Drago, y en su discurso marcó bien las diferencias que le separaban de la proposición Porter. Admitía que en las deudas équitivas, una vez comprobada por el arbitraje la degradación de justicia, dicha degradación del pago es una especie de piratería que rompe el equilibrio de la comunidad universal, previsto, aceptado y ejecutorio por el consentimiento general de todas las naciones. Pero en las deudas públicas la cuestión es diversa. Su emisión, lo mismo que la de la moneda y la del papel fiduciario, son actos de soberanía y deben ser considerados como tales antes y después del arbitraje. Observó luego que al reconocer la proposición americana que podía apelarse á la fuerza para hacer cumplir las sentencias arbitrales menoscabadas, se reconocía la guerra como un procedimiento ordinario de derecho y se establecía un uso de la guerra legítima, lo cual era realmente poco deseable para la Conferencia de la Paz. Y al final de su discurso insistió en los principios de la Vota de 1902, pero confesando francamente que parte de la misma que excluye el Continente americano de las operaciones militares y la ocupación de territorios que tengan por causa las deudas públicas, era pura y simplemente un principio de política militarista, en el cual su Gobierno no admitía ni discusión ni veto. Inmediatamente después del discurso de Drago habló nuestro representante el Sr. Villarrutia, en términos de la adhesión más explícita. Quizás le llevó á ello el acabar de oír á su compañero argentino que Palmerston había admitido en 1847 la posibilidad de la intervención británica á favor de los tenedores ingleses de deuda española, que lo eran por el importe de 230 millones de pesos, y que en este propósito lord Bentinck llegó á indicar que en pago de los mismos debía haberse apoderado Inglaterra de Cuba y Filipinas. Lo cierto es que en su entusiasmo, llegó á decir que un país no debe cobrar obligaciones por su ejército, cuya misión es defender el honor de la nación y la integridad del territorio, en el papel odioso de árbitro. Sinceramente he de decir que fué algo excesiva esta aprobación incondicional de nuestro Delegado, que resultó algo más papista que el Papa, y entiendo por tal la Conferencia de Río Janeiro, que no llegó á exagerar tanto. En una primera votación que hubo el 27 de Julio, fué aceptada en principio la proposición Porter por 37 votos y siete abstenciones. Estas eran las de Bélgica, Grecia, Luxemburgo, Rumanía, Suecia, Suiza y Venezuela. Bolivia reservó su opinión, de la cual participó el Delegado de Grecia, de que no creía oportuno hablar de medidas coercitivas en un acuerdo destinado á los medios pacíficos de resolver los conflictos internacionales.

La abstención de Venezuela se comprende fácilmente, teniendo en cuenta que dejando aparte que se trataba de causa propia, en aquellos momentos discutía con Bélgica la ejecución de un fallo arbitral, que lo condenaba al pago de diez millones de pesos. Pero también debe advertirse que daba por razón de su acción que en opinión los jueces se habían excedido de su competencia.

En 4 de Septiembre volvió á discutirse la proposición Porter, en la cual su autor había introducido la modificación de cambiar las palabras medidas coercitivas que implican el uso de fuerzas militares ó navales por las de fuerza armada, y habló de nuevo el abuelo de la proposición, como le designa el Courier de la Conference. Insistió en que los Estados obran en los contratos comunes como personas jurídicas y el Gobierno usa su jus gestorum, mientras que en los empréstitos procede en su cualidad de soberano, jure imperii. De ello daba cuenta mientras que en los primeros cabe se lleve al Gobierno, á los Tribunales ordinarios ó contenciosos, es completamente imposible en los últimos, y venga sagazmente al fondo político de la cuestión, preguntaba si la fuerza se autorizaba á todas las naciones, á todos los gobiernos ó únicamente á los Estados Unidos para que la ejercieran en su nombre. Pero como toda su oposición iba sólo á mantener teóricamente la integridad de su doctrina, aceptaba la proposición Porter, que fué votada en el Comité de examen por once votos con uno en contra, el de Suiza, que desde el primer momento declaró no admitir pudiesen ser objeto de arbitrajes los fallos de sus Tribunales. Hubo además otras seis abstenciones.

En el Octubre se discutió otra vez la proposición Porter en la reunión de la primera Comisión en pleno y no se admitió la demanda de Venezuela de que se votaran separadamente la cláusula que prohíbe el uso de la fuerza y la excepción que la permite cuando se trata de una sentencia arbitral rehusada ó no cumplida, y quedó admitida por 36 votos en pro, seis reservas y dos ausentes.

Finalmente, en la sesión novena general de la Conferencia, verificada el 16 de Octubre, tuvo lugar la votación definitiva. La aprobaron 39 votos, nueve de ellos con reservas, todas, como veremos luego, de Estados hispanoamericanos (Bolivia retiró su repugnancia á admitir, siquiera eventualmente, el recurso de la fuerza) y seis abstenciones, cinco de pequeños Estados europeos (Bélgica, Grecia, Rumanía, Suecia y Suiza) y Venezuela.

En 15 de Octubre quedó firmada como segunda Convención de las anexas el Acta general. Esta es la traducción de su texto definitivo:

Convención concerniente á la limitación del empleo de la fuerza para el cobro de las deudas contractuales.

(Indicación de los Soberanos y Jefes de Estado.)

Desoseso de evitar entre las naciones conflictos armados que tengan un origen pecuniario, provenientes de deudas contractuales reclamadas al Gobierno de un país por el Gobierno de otro como debidas á sus nacionales, Han resuelto concluir á este fin una Convención y han nombrado para ello sus Plenipotenciarios, á saber:

(Designación de los Plenipotenciarios.)

Los cuales, después de haber depositado sus plenos poderes, hallados en buena y debida forma, han convenido las disposiciones siguientes:

Artículo I. Las potencias contratantes han convenido que no recurrirán á la fuerza armada para el cobro de las deudas contractuales reclamadas al Gobierno de un país por el de otro país como debidas á sus nacionales.

Sin embargo, no podrá aplicarse esta estipulación cuando el Estado deudor rehúse ó deje sin respuesta una oferta de arbitraje, ó en el caso de haberlo aceptado haga imposible el otorgamiento del compromiso, ó que después del arbitraje deje de conformarse á la sentencia dictada.

Artículo II. Se ha convenido, además, que el arbitraje mencionado en el apartado 2º del artículo precedente se someterá al procedimiento previsto por el título 4º, cap. III del Convenio de El Haya para el arreglo pacífico de los conflictos internacionales. La sentencia arbitral determina, salvo el caso de particulares arreglos de las partes, lo fundado de la reclamación, el importe de la deuda y el tiempo y el lugar del pago. (Cláusulas de estilo.)

La firmaron 26 potencias, es á saber: Estados Unidos de América, Argentina, Bolivia, Bulgaria, Chile, Colombia,