Unión Ibero-Americana (1909-08-01 00:00:00), página 18

—¡Es una verruga en los lomos!—balbuceó Ciriacio.

Pero la ruda brega se prolongaba. El bagual, chorreando sangre que corría desde las berijas hasta la ranilla del garrón; enloquecido de rabia, redoblaba cada vez con más fuerza los saltos y los corcovos.

Se temía que el cansancio derrotara al jinete.

Pero éste, castigando siempre, erguido siempre, ceñía cada vez con más ahínco al cuerpo del animal, clavándole las rodajas empapadas de sangre, las vigorosas piernas, duras como ramas de guayabo.

Y, al fin, el potro se iba entregando. Trémulo, chorreando sangre, cubierto de sudor, de espuma, de barro, con los ojos saltados y enrojecidos y las narices muy abiertas, venía resollando, tambaleándose como si no pudiera con el peso del jinete, con la cabeza caída, insensible á los rebencazos y á la espuela que se clavaba en la carne viva.

Indalecio, sin demostrar cansancio, siempre bien montado, arreciaba los golpes sin desatender la gallardía de la postura.

—¡Es duro el indio!...

—¡Como guampa é güey barsino!—replicó, babeándose de orgullo, el comandante Robledo.

Diez pasos antes de la enramada el rosillo se desplomó, reventado, entre estertores de agonía.

El jinete abrió las piernas saliendo gallardamente de pie.

Miró al caballo muerto y, ceñudo, con expresión de odio y de coraje, le dió con la punta de la bota en la cabeza, diciendo con voz que era un ronquido al salir de la reseca garganta:

—¡Corcobeá, sotreta!

Con la sotera del rebenque se sacudió el chiripá, lleno de pelos empapados en sangre y amasados con sudor, se acomodó el culero, y haciéndose aire con el chambergo, enderezó para el galpón, pausadamente, sin hablar palabra.

Iba satisfecho. Se había tomado la revancha y su honor estaba á salvo.

JULIO ALBERTO LISTA.
Director de la Revista Buclema, de Montevideo

TRIBUNA LIBRE

España y Cuba.

En días que recientemente han sido, ocupábase la prensa en las negociaciones entabladas por nuestro Gobierno cerca del de Cuba, respecto al pago de la denda hipotecaria de ésta República. La discusión, al ser conocida tal noticia, nació arro-
gante y apasionada, sobre la base, para unos, del Tratado de París y, para otros, de los inmutables principios de justicia, reguladores de la actividad individual al igual que de la vida de los pueblos. ¿Quién tiene la razón?

La pregunta que antecede, ni es tan fácil de ser contestada como por algunos se pretende, ni yo intento dar una respuesta incontrovertible, ni siquiera deseo que mis palabras representen defensa de ninguno de los opuestos criterios. Mi opinión humildísima, es la de un vulgar razonador que á la vista de la cuestión ha hilvanado unas cuantas ideas sin finalidad alguna, ó, si acaso, puramente subjetiva.

Desde luego, son verdades que nadie discute ni cabe discutir en cuanto que los hechos nos las muestran, las siguientes: que en el Tratado de Paris ni aun se reservó á España el derecho de reclamar en su dia á Cuba el pago de su deuda hipotecaria, tal vez, quizás, porque la protesta que pudiera en- volver no le fuese permitida; y que no hay un Tribunal internacional encargado de resolver las contiendas entre los Estados, ni poder con fuerza coactiva para obligarlos á obrar en determinado sentido.

Así, pues, queda reducida la controversia á si en estricta justicia procede ó no que el Gobierno cubano estime la demanda tal como España la deduce.

Pero, ¡ah! la cuestión no por eso se resuelve más facilmente; posible es que, al contrario, se dificulte su solución.

La idea de la justicia es, sin duda alguna, instintiva, y no obstante en la realidad vemos á diario contrarias posiciones sostenidas al amparo de conceptos jurídicos distintos, de los cuales acaso resulte triunfante en el litigio el que más lejos esté de ser el verdadero. Y es que, naturalmente, por razones de organización social, por causas puramente circunstanciales, hay casos en que las legislaciones sacrifican conscientemente á determinadas conveniencias las demandas de los abstractos principios de justicia.

La prescripción, ciertas presunciones, los plazos, no se puede afirmar en absoluto, ni muchísimo menos, que siempre y en todo caso se hallen informados por un espíritu justiciero; pero el bien público (bono publico usucapi introductio est, etc., que ya los Romanos decían), la utilidad general que se deriva de establecer una norma, la necesidad de señalar la situación de importantes relaciones jurídicas, dan ocasión á que tal ocurra, en términos, las más de las veces, inapelables.

Y si esto es así—y mucho podría discurrir sobre ello,—y si es no menos exacto, según antes dije, que el derecho condiciona por igual la actividad de los individuos y la vida de las colectividades sociales y políticas, ¿qué duda cabe de que aun sin existir un Código internacional que con algunos preceptos defienda determinadas situaciones por encima de lo que los más puros principios de justicia reclaman, puede haber casos en que un pueblo opon-