Unión Ibero-Americana (1907-11-01 00:00:00), página 31

de ejemplo la que faculta á la policía para disolver, si es necesario por la fuerza, todo grupo ó reunión de obreros huelguistas ó de personas agregadas á ellos que se denominen tales, que proferan gritos injuriosos ó amenazas de vías de hecho contra otras personas ó sociedades, empresas ó patronos; para intimar la disolución y disolver las reuniones de sociedades ó de grupos de personas con el propósito de atentar contra el orden público, la libertad del trabajo en alguna fábrica ó establecimiento industrial, y por fin, la más imprudente de todas las del art. 414, que previene que la iniciación hecha, por personas ajenas al trabajo, á los obreros de cualquier empresa que se hallen ocupados en condiciones satisfactorias y razonablemente justas, respecto de salarios para que abandonen su trabajo en corporación, con el propósito de causar al empresario un daño ó perjuicio, hasta que consienta en las pretensiones de dichas personas, que él no está por su contrato ó por la ley en obligación de aceptar ó de conceder, constituye un atentado contra la libertad del trabajo y será penado con arresto de seis meses á un año.

Por lo demás, sólo alabanzas merecen las disposiciones del título, que otorgan el derecho de pertenecer á una asociación obrera ó industrial á la mujer casada y á los menores de diez y ocho años; las que conceden todos los derechos y privilegios que acuerda el Código civil á las personas jurídicas, á las sociedades obreras y patronales constituidas con arreglo al proyecto que las autoriza para poder reclamar las primas ó recompensas que el Estado ofrezca para las fundaciones que hiciesen de escuelas profesionales, bibliotecas ó salas de lectura, laboratorios y campos de experimentación, talleres de aprendizaje, oficinas ó agencias de colocación, institutos de protección á obreros inválidos, ancianos ó enfermos, suministrar habitaciones sanas y económicas para los trabajadores y sus familias en construcciones especiales; que les atribuye fuero especial de conciliación y arbitraje creado por esta ley para resolver las cuestiones, conflictos y diferencias que ocurrenles ó se susciten en el motivo de la aplicación de sus convenios ó del ejercicio de sus derechos respecto á las demás sociedades obreras ó empresas industriales ó asociaciones de patronos con quienes contraten, y el poder celebrar contratos colectivos de trabajo sujetos á las condiciones de esta ley y confederarse con otras sociedades, en cuyo caso las uniones ó federaciones, previa la presentación de sus convenios, constituirán corporaciones distintas á los efectos de inscripción y reconocimiento.

Si en los países en que se ha legislado con profusión, pero fragmentariamente, acerca del trabajo se ha procurado organizar cuerpos ó oficinas encargadas de administrar los nuevos intereses públicos, de realizar aquellos servicios oficiales sin los cuales las leyes, por más oportunas que sean, carecerían de su esencial eficacia, cuyos cuerpos ó oficinas desempeñaban en esas circunstancias también como era natural, la función de iniciadoras del movimiento protector del obrero y de investigadoras del estado del mismo y de los empleados manifiestamente, como muchas razones habría de tener lugar adecuado en un completo Código del trabajo cuanto se refiera á la constitución y funcionamiento de las instituciones administrativas destinadas á intervenir en la aplicación de todo él, con la necesaria consecuencia de proponer las reformas convenientes y las ampliaciones que el progreso de los tiempos habrá de hacer indispensables. Explica de un modo tan claro y acabado la arquitectónica del título XIII, en que se regula la materia á que aludimos en el mensaje, que nos creemos dispensados de extractar sus disposiciones copiando algunos de los párrafos de éste: «Según la naturaleza constitucional de nuestro gobierno, la oficina, consejo ó junta general que se establezca deberá tener, además de todas aquellas facultades tutelares de iniciativa, vigilancia y ejecución de la ley, una amplia jurisdicción administrativa para resolver los casos que no sean de la directa aplicación de aquélla por las empresas y los obreros en sus relaciones recíprocas, en el cumplimiento de las obligaciones y en la observancia de las disposiciones prohibitivas. Sobre unos hombres pesa el vasto funcionamiento de este que bien puede llamarse el «Código del trabajo», y de la importancia técnica, el valor de los intereses, la naturaleza de los conflictos que deben caer bajo su imperio, se deduce la necesidad de darle una organización superior, vinculada con hondas raíces en el seno de la población industrial y obrera, y que debe ser, por fin, algo como el reflejo en el gobierno de sus aspiraciones y de su vida conjunta. Por fin, esta autoridad debe ser la traducción práctica, en lo que concierne á la parte administrativa del sistema, del espíritu de conciliación en que la ley y el Estado deben forzosamente inspirarse, ya que ellos son los obligados á fun dar la paz y la armonía sociales.»

Siguiendo esta idea fundamental, el proyecto—áun en la primera y simplificada forma que ha dado á la que denomina «jurisdicción del trabajo», para acceder su carácter representativo—ha hecho una composición de un origen mixto de las clases patronales y de los obreros, siempre bajo la más alta jurisdicción indeclinable del Gobierno, representado por el presidente de la Junta, que deberá reunir el acuerdo del Senado. Si en los comienzos, la constitución de la Junta no puede asumir su carácter semi-ejecutivo, no tardará en regularizarse cuando las sociedades de obreros y de patronos se registren y sean reconocidas, pues no habrá por ahora otro medio de hacer práctica la representación necesaria de las clases industriales en la formación de la autoridad que ha de regir y tutelar sus intereses y sus conflictos. Esta forma responde, además, á la experiencia y á las aspiraciones de otros países que se han adelantado á dar esta intervención efectiva á la población trabajadora y á la clase capitalista, buscando con ello más pronto la conquista de la tranquilidad social, tan justamente demandada por la consiliación en todos de la función pública, entre las dos grandes ramas en que se dividen las fuerzas sociales de la economía. Como tendencia, anhelo y propósito práctico, las clases industriales de la República tendrán en la legislación industrial y política tres medios de llegar á intervenir directamente en la legislación, en la administración y en la justicia, que directamente les atañe: 1.º Por la elección de sus representantes en las Cámaras del Congreso, por el voto garantizado por la ley nacional de Elecciones. 2.º Por la constitución de sociedades con personería para elegir sus representantes en la Junta nacional del trabajo, que es su propio poder administrativo. 3.º Por la designación en igual forma de los miembros de la Corte central de arbitraje para la resolución judicial de sus conflictos, querellas ó cuestiones ánteriores á las relaciones que el trabajo engendra entre el capital y la mano de obra, á lo cual puede agregarse el primer grado de la jurisdicción arbitral en los Consejos de conciliación de formación local y transitoria en el seno mismo del taller, y entregadas por completo al propio voto y control de los gremios interesados, sin más intervención del poder público, en esa parte, que la sanción que da á las resoluciones y á los acuerdos que sean la consecuencia de tales juicios conciliatorios.

Bajo la superintendencia de esta misma Junta, constituida, como se verá en el proyecto, por cinco miembros capaces de realizar la superior autoridad técnica del trabajo, funcionarán dos organismos más de una importancia inmensa en la vida de la industria; la Inspección y la Comisión técnica de accidentes. La primera se distribuirá por todas las poblaciones, divididas en zonas de prudente extensión por medio de funcionarios capaces de comprender los conflictos individuales colectivos del trabajo y de aconsejar una solución inmediata, y serán éstos como otros tantos oficios con que la autoridad superior vigila la vida de los talleres, las fábricas y demás centros del trabajo, para hacer sentir en ellos los beneficios de la ley en su acción inmediata y progresiva. Tarea es ésta de la mayor dificultad y de la cual dependerá la mayor parte de la eficacia de toda la legislación obrera, y tanto al distribuirá como al fijarse sus funciones, deberá fijarse la atención en las múltiples facetas que ella encierra—científica, práctica, jurídica, conciliadora,—y si se acertase con los hombres y se hallase en ellos toda la suma de voluntad y capacidad requerida para estas vitales funciones, el éxito de la ley estaba satisfecho. La Comisión técnica especial de accidentes surge de la naturaleza misma de los deberes que la ley impone con relación á la ejecución de la responsabilidad por los riesgos de la industria. Una de las tareas más graves es ésta de la verificación y clasificación del accidente producido á los efectos de precisar su valor de acuerdo con las reglas de la ley. 1.º Primera vista se limpa la existencia de un Cuerpo económico, á veces en las tres facultades que involucra en la ejecución del trabajo. 2.º Fijación de la causa del accidente en la ejecución material del trabajo y proceso del instrumento, agente mecánico ó químico ó operación manual ó corporal que lo ha originado. 3.º Naturaleza y gravedad de la lesión ó enfermedad producida en el cuerpo del obrero víctima del suceso accidental y extensión de la incapacidad que de ella resulte con relación al trabajo. 3.º Fijación del significado y alcance del hecho definido por la ciencia en el grado de la responsabilidad profesional y de la indemnización pecuniaria, además de los elementos penales que en él pueden haber corrido. Estas circunstancias constarán en un informe escrito fundado en la observación personal que la Comisión redactará en cada caso, para servir