Unión Ibero-Americana (1908-05-01 00:00:00), página 22

hacer responsables de sus fracasos industriales ó comerciales al Gobierno del país que fueron á explotar (1).

Tal es la historia, con variaciones de tema, de todas las cuestiones que han afligido á Venezuela desde el primer tercio del siglo pasado hasta los años que corren del presente, en que la firme actitud del actual Gobierno venezolano, harto ya de sentirse explotado por procederes dolosos, ha provocado el enojo de los acostumbrados á imponer su voluntad y ha visto siempre la causa de la ruptura de nuestras relaciones diplomáticas con las naciones extranjeras, que nunca han querido reconocer en Estados débiles el derecho de protestar contra pretensiones incompatibles con la dignidad y la soberanía de una nación.

Así pudiera ir analizando una por una todas las cuestiones internacionales de Venezuela, que ha querido siempre ser buena amiga de todas las potencias, pero que antes ha tenido en más ser amiga de la Justicia. Empero, como el examen de todas ellas demandaría mayor tiempo del que puedo pedir á este benéfico auditorio y la que hoy está sobre el tapete rojo es la exacerbada por las amenazas de la gran República del Norte, voy á limitarme ahora á exponer el origen, proceso y estado actual de la llamada cuestión venezolanoamericana, á reserva de explicar otro día, si hubiere lugar, las causas de nuestras otras cuestiones internacionales.

II

Cinco son los puntos de que la presente se compone, y es el primero el del asalto.

En Octubre de 1883 celebró el Gobierno de Venezuela un contrato, cedido luego á una Compañía norteamericana nombrada New York and Bermudes Company, para la explotación de los productos naturales de cierta extensión de terrenos baldíos en el Estado Bermúdez, dentro de los cuales se descubrió el lago de asfalto más grande del mundo, obligándose el contratista al fomento de aquella región inculta y principalmente á la canalización de uno ó más ríos, lo cual constituía el principal interés de la República al hacer tan valiosa concesión. La Compañía no cumplió su compromiso; pues redujo sus trabajos á explotar la mina de asfalto, de la cual obtenía pingües rendimientos, y temerosa ó aciaga de que el Gobierno lo pondría á elegir entre el cumplimiento del contrato o el cese de la misma, se le ocurrió mejor procedimiento para evadir la obligación de cumplirla, que aprovechar los progresos de una resolución tramada para derrotar al Gobierno, con el auxilio de otras Compañías e transeúntes—y aún pujiéra decir autoridades—tan poco escrupulosas como la Bermudez, aplicándola todo su apoyo moral y material, con la esperanza de ver surgir un nuevo Gobierno que, en recompensa del auxilio prestado, después de reembolsarla los subsidios, la dejase gozar tranquila de aquella incomparable prebenda.

La cuenta no era mala; pero no contaba la New York and Bermudes Company, como no contaron otros y muchos otros, con la energía y la estrella de aquel hombre que, en un instante de inspirada decisión, se alzó del cómodo sillón presidencial y lanzó aquellas palabras que se oyeron enton- ces como una jactancia temeraria, pero que la historia ha recogido como la expresión feliz de un genio varonil: «Me declaro y confío», dijo el general Casco, «yo á comunicarle á la operación es parte de la guerra, ensancha el campo de la fe, el nervio de mi actividad y la eficacia de mi dirección personal. Yo encadenaré los sucesos y los sujetaré al carro de la victoria en el propio campo de la rebelión. Ya veréis cómo con el heroísmo de mis soldados y la lealtad de mi fortuna, arranco del seno ardiente de las batallas paz para la vida nacional, garantías para la vida ciudadana, estabilidad para el progreso, y prestigio para las instituciones.»

Y así fué: salió de Caracas con un puñado de sus fieles y valientes compañeros; lle fó, vió y venció; redujo á nada, en ocho días de encarnizados combates, la más poderosa de las revoluciones que hayan com. vido á los Gobiernos de Venezuela, é impuso la paz á la Nación, el respeto á sus enemi- gos y silencio de muerte al caudillaje.

Venida la revolución á costa de inmensos sacrificios, con pólvora, inmolerables de vidas, hacienda y crédito naciona- les, llegó á la mesa de reparaciones, y en Julio de 1904 el Procurador general de la República demandó ante el Tribunal venezolano, conforme al contrato, á aquella Compañía que, después de faltar á sus compromisos con el Estado, había perdido todo derecho á consideración particular, para que conviniera en rescindir el contrato incumplido por ella, con perjuicio de la otra parte contratante.

Aún le fa taba á la República ofendida y sacrificada llamar á juicio á aquella Compañía extranjera que, contando con la protección de su poderoso Gobierno, no sólo rehuía el cumplimiento de sus compromisos, sino que rompía su obligada neutralidad faltando al más elemental de sus deberes para con el país que la enriquecía mientras ella le arras- traba á la guerra y á la ruina.

El Gobierno tuvo en sus manos los documentos y demás pruebas fehacientes de la culpabilidad de la New York and Bermudes Company, demostrando que el Director de la Compañía en persona había estado con el Jefe de la revolución en Europa gestionando la adquisición de un vapor con cuantiosos elementos de guerra hasta equipar el vapor Ban-Righ que tanto daño causó en Venezuela; que la Compañía había enviado á la revolución en solo dos giros 130.000 dollars cargados á una cuenta llevada en la Caja del trust del asfalto bajo la denominación harto expresiva de Government Relations (Relaciones con los Gobiernos), fuera de otros recursos y apoyos valiosos, el Procurador general de la Nación demandó nuevamente á la New York and Bermudes Company por los daños causados al país pre- giendo la revolución vendida, y pidió de conformidad con el art. 3 de la ley 267 Código procesal penal y civil, el se- gundo preceptuativo de la mina de asfalto, á responder de las resultas del juicio, y el Tribunal nombre propietario para mayor garantía de los intereses norteamericanos, á un ciudadano de la misma Nación, Mr. Ambrose H. Carner.

Contra este acto de soberanía nacional protestó la Legación americana, dirigiendo á nuestro Gobierno una nota en la cual calificaba de despojo la providencia de embargo y terminaba con las siguientes amenazadoras palabras: «El Gobierno de los Estados Unidos puede con mucha propiedad tomar las medidas que se requieran para ofrecer á la Compañía americana cualquier protección que deba tener».

El de Venezuela hubo de rechazar en términos moderados pero enérgicos, los conceptos de semejante nota, explicó la tramitación del proceso seguido á la Compañía; invocó las disposiciones legales aplicadas y la imposibilidad del Poder ejecutivo de intervenir en los actos del Poder judicial, dem- mostro la falta de la condición de embargo, se acordó por el Tribunal la sanción de llamado despojo; estableció la inexaxitud de los hechos aducidos por la Legación y cerró su respuesta rectificando el final citado arriba con los siguientes términos: «En vista de que son inaceptables seme- jantes declaraciones, que no sólo van co tra el bien nombre del Estado, sino que envuelven una amenaza contra su so- beranía e independencia, véome en la necesidad de protes- tar contra ellas de la manera más formal».

Empeñada la Legación americana en apoyar por todos medios la causa de la Bermudez acumuló sobre este asunto la pretensión de revisar el laudo de Oloot, de que luego hablare, y unidos á las reclamaciones Jairett y Chéchfield, que también explicare, se sometiesen en conjunto á un arbitraje, y fue hasta pretexto, tan ofensiva como gratuitamen- te, una supuesta demagogia de justicia, implicable á proces- tos, de los cuales uno conocible á cursar en los tribunales; aun los que se defendía, y sin situarse en la parte demandada, con todas las franquicias de nuestras leyes pero el Gobierno de Venezuela, cuya calma y moderación, se sometió á rudísimas pruebas, siempre apoyado en la cláusula del contrato que refiere á los Tribunales de la República la resolución de toda controversia á que diera motivo la ejecución del mismo, hizo valer con lujo de argumentación el carácter universal de este principio de Derecho defendido por todos los juríscultos y estadistas; invocó el hecho de que los Estados Unidos han sostenido en más de una ocasión el principio de que los puntos relativos á la interpretación de los contratos celebrados por ciudadanos norteamericanos con Gobiernos extranjeros sólo pueden deducirse por los Tribunales de la Nación donde se efectuaron y conforme á las leyes que allí existían, y citó, entre otras, una declaración terminante del Secretario de la de la Confederación norteamericana, Mr. Dorrilshiem en que el Gobierno americano, por entero, (desde el Secretario, Mr. Bayard, cualquiera pretensión de un Soberano europeo de ejercer su supervigilancia internacional en las Corporaciones de ferrocarriles ó de negocios existentes en los Estados Unidos, que pertenezcan á subditos de tal Soberano. La regla que este Gobierno se negaría así á aceptar, no podía propiamente pro- ponerla á otros» (Digesto de Warton, vol. II, pág. 660).

El litigio siguió su curso legal en los Tribunales, donde la Compañía hizo toda la defensa que pudo hasta mediados de 1905, que fue reemplazado el Ministro Bowen por Mr. Wil- liam Russell. Este diplomático llegó á Caracas acompañado del Juez americano Mr. Calhoun, quien traía el encargo

    Los alemanes
    7.376.655
    2.091.906

    Suecia y Noruega
    1.047.701
    174.954

    Los belgas
    14.321.907
    10.895.613

    Los franceses
    10.297.392
    1.975.701

    Los holandeses
    1.069.552
    544.301

(1) Los alemanes reclamaban Bs. 7.376.655 y se les reconocieron 2.091.906. Suecia y Noruega 1.047.701 y 174.954. Los belgas 14.321.907 y 10.895.613. Los franceses 10.297.392 y 1.975.701. Los holandeses 1.069.552 y 544.301.