Unión Ibero-Americana (1908-05-01 00:00:00), página 25

por una Comisión arbitral, alegando á la vez otros posteriores al mismo laudo de 1904, reclamando indemnizaciones en nombre de una nueva Compañía nombrada Orinoco Corporation, que se dice cesionaria de los derechos de las demás, es decir, queriendo desconocer sentencias ya dictadas por Árbitros norte-americanos mismos, quienes se citaron al principio de que «la rescisión de contratos celebrados entre particulares y Gobiernos y los litigios que entrañe, son de la exclusiva jurisdicción de los Tribunales del país contratante».

Y ese es el principio que quiere repudiar en la práctica el Departamento de Estado, según el Memorandum de Marzo de 1907, firmado por el mismo Mr. Root, que teóricamente reconoce en Río Janeiro «tan dignos de respeto la independencia y los derechos de la más débil y minúscula de las naciones, como los del más vasto imperio», y consideraba la obligación de este respeto como la mejor garantía del débil contra el fuerte.

Como puede colegirse de cuanto dejo expuesto sumariamente, para no hacerme pesar al tratar tema tan árido, el Gobierno de Venezuela ha fundamentado siempre sus negativas en los principios de la soberanía del Estado, la independencia de sus poderes, el cumplimiento de su palabra oficial y en esos sentimientos que da la dignidad, lo mismo en las personas que en las naciones, desperta si duermen y estima si existen, cuando se les quiere imponer ajenas voluntades, sin otros títulos que la fuerza. Todo hombre, como todo pueblo, puede ir hasta el sacrificio de sus intereses y de su vida, si se le atrae dulcemente, por el cariño, tocando desarmadamente ciertas fibras del alma, con ese poder especial que reside en la misma debilidad; pero saca fuerzas de flaqueza, se yergue altivo y se revuelve bien, cuando se le quiere humillar y reducir por la violencia, porque se estima en más, ante el concepto universal, la honra que la vida.

El Gobierno y el pueblo de Venezuela, insultados no hace mucho de modo insolito por una coalición de las más poderosas potencias europeas, supieron elevarse á la altura de los pueblos heroicos, rechazando la fuerza con la fuerza, sin medir el peligro ni contar los enemigos, y nadie podrá hoy dudar que están dispuestos á demostrar nuevamente que antes que entregarse con baldón esclavos de un Gobierno extranjero, prefieren desaparecer con honor del catálogo de las naciones libres, dejando á sus vistimarios la inútil tarea de vindicar su nombre de los anatemas de la Historia.

Empero, ese mismo Gobierno y ese pueblo demostraron en la misma ocasión que saben sacrificar sus intereses en beneficio de la concordia internacional cuando se les trata con los miramientos á que les dan derecho su soberanía y su dignidad. Solicitado por un Gobierno amigo para dirimir procedimientos apropiados en derecho las cuestiones sustentadas por el empleo de la fuerza, el Gobierno de Venezuela no tuvo más remedio que aceptar el arreglo propuesto por la intervención de los Estados Unidos, permitiendo el ejercicio de las acciones que pudieran intentarse contra él á un procedimiento compatible con los atributos de la Soberanía, tan comprendiendo que el sistema de las Comisiones mixtas vulnera en cierto modo el derecho del Estado.

Sobre este particular, decía nuestro Ministro de Relaciones Exteriores en 1904: «El Sistema de las Comisiones mixtas es sin duda alguna en estos casos un desconocimiento de la potestad que legítimamente tienen los Estados de organizar la administración de la justicia dentro del territorio; y no valdría alegar que la nación extranjera, en cambio de la obediencia y sujeción que sus nacionales le deben, tiene la obligación de protegerlos cada vez que hayan de ventilar un asunto con una soberanía extraña. Los casos de protección están perfectamente limitados por el Derecho internacional, y si á los Gobiernos extranjeros les fuera lícito juzgar por sí mismos los asuntos de la soberanía de los Tribunales ordinarios competentes de los asuntos de sus regímenes, quizás se verían los Estados en la doble necesidad de no permitir que en territorio suyo vinieran ellos á establecerlo.

Ese mismo Gobierno ha demostrado siempre que, no obstante la desconfianza con que una dolorosa experiencia le obliga á ver el recurso de los laudos arbitrales, ni rehuye ni desconoce el arbitraje, como que en los asuntos tema de esta exposición fué Venezuela la primera en proponerlo á los Estados Unidos, como medio de resolver sus diferencias, descontando que el arbitraje no fuese la máscara de una nueva imposición.

En efecto; terminadas las convenciones de Washington, el Gobierno de Venezuela propuso y el de los Estados Unidos aceptó el sometimiento á arbitraje de todas las cuestiones de orden jurídico que surgieran entre las dos naciones, y que después de adquirir legalmente carácter diplomático, conforme al Derecho internacional, no pudiesen arreglarse por esta vía de mutuo consentimiento». Pero con gran sorpresa de la Cancillería de Caracas, la de Washington, en vez de un proyecto de Protocolo con aquel objeto, lo que envió fué un proyecto de convenio para someter á arbitraje todas las cuestiones pendientes entre el Gobierno de Venezuela y la New York and Bermudes Company, proposición de todo punto inadmisible, porque no era cuestión de la Compañía del Asfalto, pendiente de litigio en los Tribunales de la República.

Todavía insistió la Legación americana en incluir la cuestión del asfalto dentro del proyecto de arbitraje, fundándose en que «no podía conceder que un caso no fuese de carácter diplomático por la sola razón de estar pendiente de un Tribunal nacional», á lo cual contestó nuestro Gobierno proponiendo someter la decisión de este punto de Derecho internacional á un Tribunal competente.

Nada lograron al fin los esfuerzos de Venezuela en pugna con el decidido empeño de los Estados Unidos de someter á un arbitraje internacional los mismos asuntos mencionados; el de la Bermudes, pendiente de litigio; el de Jaurett, de mera policía interior; el de Olcott, sentenciado antes por un Árbitro irreconocible; el de la Orinoco Corporation, atribuido por la Comisión de arbitraje á la jurisdicción de nuestros Tribunales, y la de Crichfield, también del resorte de los Tribunales de Venezuela, conforme á lo estipulado en un contrato. Su ultimatum de 1905 terminaba con estas palabras:

«Si el Gobierno de Venezuela se niega finalmente á consentir en un arbitraje imparcial que asegure el impartimiento de completa justicia á estas partes perjudicadas, el Gobierno de los Estados Unidos puede lamentablemente verse obligado á tomar las medidas que juzgue necesarias para lograr completa reparación, sin acudir al arbitraje... Y si su moderada solicitud se le niega perentoriamente, se estará en libertad de considerar, en caso de verse obligado á recurrir á medidas más vigorosas. Si esas medidas han de incluir la intervención militar, no sólo con respecto á los ciudadanos agredidos, sino con respecto á cualesquiera gastos del Gobierno de los Estados Unidos que puedan originarse de la ejecución de ellas».

La respuesta definitiva del Gobierno de Venezuela no se hizo esperar: fué breve, pero puso punto por dos años á aquella larga discusión y merece ser bien conocida. Dice así:

«Me limito á accesar recibí á V. E. de su nota fechada á 19 del corriente y de la inserción de la del Excm. Sr. John Hay, por creer fundamentalmente el Gobierno venezolano no tener en realidad cuestiones pendientes con el de los Estados Unidos, siendo un hecho evidente, de toda evidencia, que el Gobierno venezolano arregló en Washington por sus Protocolos firmados en 1903 los asuntos que podrán ser motivo de disensión y que fueron resueltos por las Comisiones mixtas reunidas posteriormente en Caracas.

El Sr. Presidente de la República me encarga, pues, decir á U. E., para que á su vez lo comunique al Excm. Sr. John Hay, que el Gobierno, para considerar su nota necesita saber si de lo que se trata, desde luego y por tales razones, es de la soberanía é independencia de la República, es decir, si el Gobierno de los Estados Unidos respeta y acata la Legislación de la República y la honorabilidad de sus Tribunales ó no, y si respeta y acata igualmente los pactos y soluciones arbitrales que esa misma República, en representación del Gobierno de Venezuela, pactó».

Pasaron dos años, y el Gobierno norteamericano ha vuelto á las andadas, con variaciones sobre el mismo Memorandum; el de Venezuela ha contestado con la misma argumentación del primer día, pues su situación es tan clara que no admite vacilaciones ni cambio de criterios.

No se necesita gran perspicacia para comprender que el asunto motivo de esta conferencia á que ya doto término no es simplemente una disputa entre el Gobierno de Caracas y el de Roosevelt, ni entre Venezuela y los Estados Unidos sino la causa del Derecho contra la Fuerza, la defensa de las naciones débiles, sean americanas ó europeas, asaltadas por naciones fuertes, ante las amenazas de las naciones poderosas, de dominarlas que sean; es la solución de un problema de alta transcendencia ya planteado, de si pueden los países hispano-americanos descansar tranquilos, confiando su suerte á la doctrina de Monroe ó si han de proveer á sus comunes intereses constituyendo la gran liga internacional que, independientemente de sus cuestiones de orden interno, hagan de todos los países de origen español, desde México hasta el Cabo de Hornos, una gran confederación hispanoamericana dispuesta á equilibrar la pesadumbre del Coloso del Norte.

Porque hay que ver con todo género de prevenciones á la potencia que desembocó á Mèjico, provocó á España, absorbió á Puerto Rico, se apropió á Filipinas, dominó á Cuba, creó á Panamá, se hace sentir en todas partes, trabaja por hacer del español (y no, sin duda, por amor á España) la