Unión Ibero-Americana (1907-11-01 00:00:00), página 28

ó guardia territorial para un período obligatorio, y en todas las actuaciones en que el obrero deba intervenir ante las autoridades en petición, demanda ó defensa de derechos reconocidos en esta ley no se le exigirá ni comisión, ni remuneración, ni forma alguna de compensación por servicios que directa ó indirectamente deben prestar los funcionarios respectivos, siendo condición el que contraviniere en una multa del quíntuplo del valor que hubiera cobrado.

En el Código del trabajo de un país de inmigración era muy lógico que se proveyera con toda minuciosidad á legislar en la importunísima materia de los intermedia- rios en el contrato de trabajo, y por eso el título IV, á ellos referente, se ocupa con todo detalle en los párrafos dedi- cados á las agencias privadas, centros gremiales de colocaciones y agencias gratuitas del Estado.

En la imposibilidad de examinar como lo merecen indudablemente una por una las disposiciones de este título, por no hacer ininterrumpido este trabajo, nos limitaremos á recoger de las disposiciones generales preceptos de la importancia de éstos: se prohibe á toda persona, sociedad, corporación, empresa ó autoridad en la República, ya di- rectamente, ya por medio de agentes o representantes, inducir á obreros á los operarios ó jornaleros de cualquier país extranjero á trasladarse á la República ó de una provincia á otra ó de un territorio á otro territorio por medio de promesas, informaciones ó datos falsos, anuncios enga- nosos respecto á las condiciones del trabajo, á las ventajas y seguridades de ocupación, á los salarios y demás conce- siones remunerativas, así como á otras compensaciones, beneficios ó recompensas. Los infractores de esta dispo- sición pagarán, además de las indemnizaciones de daños y perjuicios que hayan ocasionado, una multa de 100 á 500 pesos, según la importancia de la empresa y la gravedad de la falta. Ninguna persona, corporación, empresa ó ofi- cina particular ó pública, que se ocupe en la República de la colocación de obreros, están obligadas á suminis- trarlos á ninguna empresa ni fábrica, ni establecimiento de cualquiera clase en los cuales se hubiera producido una huelga, cierre, lockout ó otro conflicto colectivo, mientras éste no hubiere sido juzgado por autoridad judicial, ó resuelto á instancia ó sentencia del tribunal competente.

En el título V (accidentes del trabajo) inspirase el pro- yecto en la ley española casi por completo, si bien es preciso reconocer que en algo ha ido más allá, por ejemplo, al admitir francamente la enfermedad profesional, cuando en el artículo 90 se dice: «Respondrá igualmente el em- presario del daño que se causare á un obrero ó empleado en la explotación de alguna de las industrias que por su naturaleza son ocasionadas á graves enfermedades, las cuá- les deberán ser enumeradas por reglamento especial de la Junta nacional del trabajo, aprobado por el Poder Ejecuti- vo, siempre que se compruebe que el daño proviene del trabajo ejecutado exclusivamente en esa industria;» y en algo se ha quedado más atrás, como, por ejemplo, al deter- minar que desaparecerá la obligación de indemnizar cuan- do el accidente ha sido causado por culpa ó intencional- mente por la víctima, ó cuando establece que se discrimi- nará equitativamente y proporcionalmente la responsabilidad del empresario si el accidente es producido por un hecho for- tuito, si parte de la falta es atribuible á la víctima, y en particular cuando ésta ha contravenido á disposiciones del Reglamento interior ó cuando, habiendo descubierto du- rante su trabajo en las instalaciones defectos que hayan producido el accidente, no haya dado aviso de ellos á sus superiores ó al empresario mismo, á menos que probase que éstos tenían ya conocimiento de los defectos ó peli- gros preexistentes; si heridas anteriormente recibidas por la víctima ejercieran influencia en la última lesión ó si su salud se hallase ya quebrantada por el ejercicio anterior de su profesión, circunstancias todas que no se compade- cen con la pura doctrina del riesgo profesional.

Como es muy natural, el autor del proyecto se preocupa, como también se han preocupado los legisladores de todos los países de asegurar al obrero la indemnización, una vez que lo aleatorio de las empresas industriales, y más en paí- ses nuevos, en cuanto á la vida industrial se refiere, pudie- ra resultar un factor poco favorable. Y en este sentido, al- vez lo confiesa en el notabilísimo mensaje, indicando que entre los sistemas conocidos en materia de seguro obrero deben buscarse las formas más prácticas y sencillas, aten- diendo y prefiriendo al mismo tiempo á las que sean me- nos gravosas á quien ha de sufragar la carga, ya sean los patronos ó los trabajadores. Desde luego la elección entre el seguro facultativo y el obligatorio no es dudosa en fa- vor del primero, en el sentido de su constitución en Com- pañía privada y no en Cajas del Estado formadas á sus ex- pansas ó á las del industrial ó del obrero, porque éste re- quiere el establecimiento del servicio oficial y no aclimata- do en la República en materia de operaciones comercia- les por excelencia. Pero habida consideración que se adop- ta la industrialización obligatoria del incidente profesional comprometido, susceptible de arbitrio del empresario por el sector libre, una realidad puede decirse que se ha preocupa- tado un seguro obligatorio, sin los inconvenientes del Es- tado como en Alemania y Luxemburgo (Ley alemana de 18 de Junio de 1889, Ley de Luxemburgo de 31 de Enero de 1901). Y además los empresarios tienen siempre abierto el camino de la asociación mutua ó común de seguros para respon- der por cooperación á los riesgos de la industria, en caso de que los procedimientos que prefieren las Compañías especiales no les ofrezcan suficientes ventajas. El proyecto autoriza esta forma de asociación, inspirada en la última ley belga cuyas Cajas comunes de previsión en su forma sencillísima ofrecen todo género de ventajas para su adop- ción en la República, por la división de la carga que la responsabilidad profesional obligatoria impone á la in- dustria. Tampoco la ley se opone á la formación de socie- dades de seguros mutuos entre obreros separados por la ley civil y la mercantil y por la ley del trabajo, la cual, al estructurar las sociedades oprimidas socialmente, com- prende todas las que se proponen aliviar la situación de los gremios, por el esfuerzo común repartido entre infi- mas porciones limitadas. Luego, pues, en resumen de sis- temas, con la adopción del proyecto el obrero resultará beneficiado con estas diferentes clases de seguros: 1.º El directo que consiste en el pago de la indemnización por el patrono mismo. 2.º El indirecto por intermedio de las Compañías privadas de seguros que se formen con este objeto ó que amplíen con ese servicio sus operaciones ge- nerales. 3.º El de las Cajas comunes formadas por empre- saríos para constituir el fondo de previsión para los acci- dentes. 4.º El mutuo de los mismos por medio de la con- currencia de cuotas limitadas descontadas del salario, ofreció también el proyecto al patrono otro modo de satis- facer esta exigencia de la clase obrera, sin grandes molestias ni costos, por medio del seguro colectivo de todo el personal de las fábricas ó empresas ó de parte bien deslin- dada de las mismas según el grado de riesgo en que ellas existen. Este es el sistema que adoptan las grandes em- presas ó explotaciones que emplean crecido número de operarios, por ser difícil y demasiado minuciosa la opera- ción realizada por cada uno de ellos.

Comprende el título IV (duración y suspensión del tra- bajo) todas las prescripciones relativas al empleo del tiem- po en la industria y á la extensión de las tareas encomen- dadas al obrero, según la edad y el sexo, y también hemos de presentarlo como modelo, puesto que su autor, firme- mente convencido de que la tasa del tiempo del trabajo por el Estado se impone en una organización económico social tan deficiente que permite el abuso del hombre por el hom- bre en cosa de tan soberana entidad como es la salud y por ende la vida, es inspirándose en el criterio dominante en las legislaciones que al reconocer este primordial derecho re- gulaban la jornada, sin que por ello, muy al contrario, resul- te perjudicial á la industria, como lo han demostrado la ciencia y la experiencia. Si el tiempo, no ha sido dado en aplicar la realidad de las industrias ó de otros sectores, el ré- gimen de las ocho horas, por supuesto admitiendo, en jus- to respecto á la realidad, numerosas excepciones en aque- llas circunstancias en que las condiciones del trabajo jus- tifican una mayor jornada, como en las labores del campo y otras análogas, debido al beneficio del aire libre, en que se permiten hasta diez horas, en los establecimientos mer- cantiles (doce horas) y en los casos en que por la naturale- za de la industria ó por fuerza mayor fuera indispensable ampliar la jornada, aunque siempre las autoridades técni- cas han de intervenir para resolver lo que sea más conve- niente, sin perder de vista el criterio legal.

Otro tanto sucede con el descanso del domingo, cuya so- lución únicamente puede encontrarse en la conciliación de las necesidades higiénicas, económicas y religiosas, que algunas veces parecen pugnar, por lo cual casi siempre re- sulta eclectica; pero justo es confesar que también en este punto la sabia autoridad del proyecto adopta la más ade- cuada, como lo demuestran los preceptos que extractamos. Queda prohibido en domingo el trabajo material por encu- ajeta ajena y el que se efectúe con publicidad por cuenta propia en las fábricas, talleres, casas de comercio y demás es- tablecimientos ó sitios de trabajo, con la sola excepción de los que no sean susceptibles de interrupción por la índole de las necesidades que satisfacen, por motivos de carácter técnico ó por razones que determinen grave perjuicio al interés público ó á la misma industria, sin necesidad de