Unión Ibero-Americana (1907-11-01 00:00:00), página 32

de pieza comprobatoria y reguladora del criterio administrativo ó judicial para el pago de las indemnizaciones.

Y llegamos al último título del proyecto, al XIV, «De los tribunales de conciliación y arbitraje, considerado por el citado Sr. Ingeniero como superior á las organizaciones análogas de Inglaterra, de los diversos estados de la Unión americana, Suiza, Alemania, Australia, Nueva Zelanda, y al proyecto presentado al Parlamento español regulando estas instituciones, tanto por la amplitud de miras como por la prudente prevención de todos los casos que pueden presentarse»; y del cual el Sr. Repetto, socialista argentino distinguido, ha dicho en la información abierta por la revista Ideas: «El tribunal de arbitraje puede hacer mucho para la solución de los conflictos surgidos entre capitalistas y obreros. Constituyen el procedimiento adop- do por las naciones más civilizadas para impedir que los conflictos degeneren en violencias, y para conducirlos por la vía de las soluciones legales; pero yo creo que las leyes por sí solas no bastan para hacer entrar este procedimien- to en la práctica corriente; sería preciso también la prepa- ración suficiente del pueblo trabajador y garantías de competencia de parte de las personas llamadas á formar estos tribunales de arbitraje».

No somos de los que opinan en redondo que con las ins- tituciones de conciliación y arbitraje desaparecerán las querellas entre el capital y el trabajo.

Son estos conflictos de intereses, consecuencia necesa- ria de la organización económica de la sociedad actual, complicada con el predominio verdaderamente corruptor que va adquiriendo ese orden, al punto que hoy es amenaza en unas partes y realidad desdichada en otras la oligarquía de los ricos, que exacerba naturalmente, por es- pirito de lucha defensa, el egoísmo en los pobres; pero en- tendemos que lo mismo en la esfera de que tratamos que en todo lo que se dé, debe conocer el otro el orden jurídi- co perturbado intencionalmente, hay que romper los mol- des estrechos de la justicia al uso; larga, complicada, encu- dora de una magistratura profesional, con todos los defectos del espíritu de casta y con poca, con muy poca virtud al- truista, debido á aquel predominio de que hemos hablado, dando gran margen á cuanto pueda contribuir á la conci- liación, á los amistosos arreglos y sobre todo procurando que en la sustanciación y en el fallo de los litigios entre por mucho la equidad, y por de contado la consideración de las circunstancias de las partes al romper su armonía, que no alcanza á penetrar el extrictum juris, é implantan- do, resucitando el famoso y humano ius honorarium, en una palabra, en el criterio del buen juez francés, porque como dice muy bien el ministro en el mensaje tantas veces alu- dido, «siempre ha creído la opinión tradicional entre nos-otros que nada había posible fuera de las fórmulas jurídi- cas de nuestros Códigos y que éstos eran invulnerables, y sin embargo, la sociedad y la industria han marchado más de prisa y han creado un funcionamiento nuevo, extraño á esta especie de leyes que tienen su aplicación propia á los casos de la jurisdicción común. Las antiguas leyes españolas llegaron, no obstante, á establecer la jurisdicción arbitral y equitativa para los asuntos del comercio y de la industria y la participación de los gremios en la forma- ción de sus tribunales, como ocurre con las Organizaciones de minería de Méico, aplicadas después al Perú y á Chile y Río de la Plata, y con la Junta 6 Tribunal superior del Consulado que la revolución derribó y que la nación no restauró después».

Por eso aplaudimos la doctrina del título del proyecto argentino en que nos ocupamos como seguramente la aplaudirá todo el mundo al saber que, según ella, todos los conflictos, cuestiones ó diferencias que se susciten entre obreros y patronos, que no sean en empresas ó estableci- mientos directamente regidos por el Estado, sobre la eje- cución del contrato del trabajo, ya sea individual, ya co- lectivamente considerado de una y otra parte, ya se trate de convenios formados entre sociedades de obreros y de patronos, ó que se refieran á las condiciones de higiene, seguridad, tiempo, local y demás circunstancias relativas á los derechos y deberes de los obreros y patronos, duran- te la realización del contrato, y que no correspondan por su naturaleza á la justicia ordinaria que tengan en esta ley determinada una autoridad ó procedimientos especia- les, se resolverán por árbitros, tras disidencias que ocu- rriessen en el interior de las fábricas, talleres, ingenios y demás establecimientos industriales, que se relacionen con las atribuciones del inspector, serán sometidas á éste, quien aconsejará la solución legal, usual, científica ó equitativa que á su juicio corresponda, ya sea en el mismo acto y después de oír á las dos partes, ya sea en el término de veinticuatro horas, previa consulta á la Junta nacional ó Comisión técnica de accidentes en su caso. En todo asun- to entre obreros y patronos, por razón del trabajo conve- nido, el tribunal que en él entienda, procederá aplicando la presente ley, y en defecto ó silencio de sus cláusulas, las doctrinas de los Códigos comunes, los usos de la industria no los dictados de la equidad; y cuando en los estatutos de la sociedad obrera ó patronal, si existieran, se hubieran previsto formas especiales de avenimiento, se observarán éstas hasta que las partes se avengan ó se decidan, en caso contrario, por el procedimiento de la ley. Cuando no se realice acuerdo, ni por la intervención requerida ú ofi- ciosa del inspector, ni por los medios preestablecidos por las partes, ni otro alguno, se recurrirá á la jurisdicción de los Consejos de conciliación, los cuales se comprenderán de tres personas, una en representación de los obreros, otra del ó de los patronos y ambos designarán un tercero que será el presidente, y cuando en el término de tres días no fuere nombrado éste, proveerá á ello la Junta nacional del trabajo. En el acta del compromiso que habrá de le- vantarse, se consignará, entre otras cláusulas, las de que durante el período del procedimiento las relaciones entre las partes interesadas serán las mismas que en el momen- to antes de nacer el conflicto; que ni los obreros ni los pa- tronos ni la sociedad á que pertenezcan unos y otros po- drán declararse en huelga ni realizar un cierre (lockout), ni producir paro ó cierre de los trabajos del establecimien- to mientras el Consejo no dé su decisión, sin que esto sig- nifique que no pueda suspenderse el trabajo por otras causas siendo justificadas; que en caso de no satisfacer la decisión ni á los patronos, ó á unos ó á otros, los prime- ros no dejarán de prestar sus servicios al empresario antes de sesenta días de la notificación y sin darle aviso previo quince días antes por lo menos, ni los segundos podrán despertar á los obreros sin iguales requisitos; que la deci- sión será obligatoria para las partes por el término de un año ó desde el día de su recepción por éstas, durante cuyo plazo no se iniciará ningún nuevo arbitraje sobre la mis- ma materia en contra de los mismos operarios.

Cuando llegue á conocimiento de la Junta nacional del trabajo, por comunicación de un inspector ó de cualquier autoridad ó persona, que se huelga ó cierre (lockout) son inminentes ó acaban de declararse, se deberá de aqué- lla ponerse en relación con el patrono y los obreros, y pro- curar por su mediación un arreglo amistoso entre las par- tes: ó persuadirlos para que la huelga ó el cierre no se ve- rifiquen ó se suspendan, y se someta la diferencia á un Con- sejo de conciliación.

En cuanto á la composición y funciones de la «Corte cen- tral de arbitraje», son notables las siguientes disposicio- nes: se establecerá en la capital de la República, con jurisdicción de arbitraje y equidad, en todo el distrito federal y en territorios nacionales; tendrá los mismos caracteres de los tribunales de justicia federales, y sus órdenes, re- soluciones, mandamientos y fallos tendrán en su jurisdic- ción la misma autoridad que los de aquéllos en la suya. Estará compuesta por tres miembros: el presidente de la Cámara federal de apelación, por el tiempo que dure en sus funciones, lo será de la de arbitraje; uno de los voca- les será nombrado por el poder ejecutivo á propuesta en la forma de los Comités directivos ó de las asambleas de las asociaciones de obreros existentes en la capital, y el otro en la misma forma, á proposición de las asociaciones pa- tronales. Entenderá en la resolución de todas las diferen- cias entre obreros y patronos que no hubiesen podido re- solverse ante los Consejos de conciliación, ya porque las partes hubieran preferido usar el recurso directo, ya por- que no se hubiesen conformado con la decisión de aquel tribunal, después de ocho días de pronunciada; los que surgiessen entre los obreros y patronos ó empresas de trans- porte terrestre ó marítimo interprovincial ó internacio- nal, y que no sean propiedad del Estado; en todos aquellos que importen ó deban tener por consecuencia una inter- ruption de tráfico comercial terrestre ó marítimo, y las reclamaciones que las partes entablen ante ella, de las re- soluciones de la Junta nacional del trabajo, y en todas las diferencias que voluntariamente sometiesen á su decisión arbitral los industriales y obreros de cualquier provincia de la República, por los motivos mencionados. En los con- flictos que ocurriesen en una provincia, podrá constituirse, bajo la presidencia del juez de sección respectiva, un tri- bunal ó Corte local de arbitraje, por el nombramiento de dos árbitros, uno por cada parte, á elección de los obreros ó patronos, asociados ó no, que tengan las mismas cualida- des y atribuciones que los vocales á la Corte central, es decir, deberán ser titulados en ciencias industriales, inge- niería, medicina ó derecho, ó peritos reconocidos en alguna industria ó profesión con seis años de práctica,