Unión Ibero-Americana (1908-10-01 00:00:00), página 26

resados invocar la intervención y defensa de su Gobierno sino en el caso de no someterse el Estado que, á su juicio, los defraude á la decisión de un Tribunal arbitral, ó si, después de dictado el oportuno laudo, no fuese cumplido como corresponde.

En suma, los recursos utilizados por los acreedores de carácter internacional á que se refiere este dictamen son algo semejantes á los propios de los antiguos fueros privilegiados, especialmente de la clase militar, que retraían á muchos de contraer obligaciones civiles con los protegidos por tales fueros si no renunciaban á ellos expresamente en sus contratos, sometiéndose á una jurisdicción considerada como más imparcial y conveniente, si menoscabas alguno en la cumplida aplicación del Derecho; y tanto es esto así, que dichas especiales renuncias de fuero en el orden civil han llegado á informar con carácter general la legislación moderna.

Antes de terminar estas indicaciones, címulenos dedicar los presentes versos plácemes al Gobierno argentino, porque reconociendo el justificado influjo de la opinión general en las cuestiones internacionales, ha consultado su importante y recordada Nota no sólo á otros Gobiernos, sino también á las representaciones de la ciencia jurídica en el extranjero; complaciéndonos expresar asimismo la viva satisfacción con que ha visto la Academia que, al tratarse de aspiraciones que importan en alto grado á las Repúblicas hispanoamericanas, ha sido verbo de las mismas una de las manifestaciones más gallardas y progresivas de nuestra raza en el continente americano.—Madrid 21 de Mayo de 1904.—El Presidente, José Madriguer y Salvador. Antonio Tuyón y Bassa.—Francisco García Gorroch. El Secretario, Fernando Jardón. Académicos asociados á la Comisión de Informes y los efectos de este dictamen especial, en virtud del art. 63 de las Constituciones: Rafael Coude y Llorente, Manuel de Oviedo.

El precedente dictamen fué leído en la sesión pública celebrada por la Academia el 25 de Mayo de 1904, siendo puesto á discusión y aprobado por unanimidad en la sesión pública de 1º de Junio siguiente.

No ha caído en los últimos cinco años el Dr. Drago en su predicación. Es verdad que la sentencia dada por el Tribunal de El Haya en 22 de Febrero de 1904 otorgando la preferencia á las naciones intervenientes en Venezuela sobre las llamadas con cierta y bien triste ironía pacíficas, constituyó, digáse lo que se quiera, una sanción á la fuerza hecha por los grandes á los pequeños en reclamaciones pacíficas y contra las protestas de las demás, entre ellas España, á la defensa de suy derecho, como Asesor jurídico que era entonces el Ministro de Estado, me cupo la honra de llevar el discurso. Si el Tribunal internacional hubiera culminado con la de Drago, habría declarado que de un hecho injusto no podían nacer derechos ni prelaciones, y yo pienso que una sentencia en esta forma habría aumentado más su prestigio de lo que ha hecho la dictada. Pero Drago logró que el mismo Presidente de la Ilustre Sala, M. de Martens, escribiera un folleto en 1904 en defensa de su dogma titulado Por la Justicia á la paz. En él aceptaba en lo fundamental de la doctrina y sólo criticaba en ella buscarse Drago su última razón en la de Monroe, «que no tiene fuerza obligatoria para las naciones europeas, para las cuales no será jamás ni un principio de derecho ni una ley de justicia». Dos hechos tiene por indudables: primero, que hasta ahora únicamente los pequeños Estados han sido víctimas de represalias violentas y de bloqueos, de bombardeos, y segundo, que esas represalias han sido tan enormes á injustas, que los mismos Gobiernos demandantes han consentido en disimularlas. En las deudas públicas opinaba que la protección del Gobierno propio puede solicitar sólo en casos de denegación flagrante de justicia por los Tribunales del país dédor. Y acababa recordando que la mejor vía de solución era la Sala permanente de arbitraje de El Haya.

Mientras tanto, el caso de Venezuela iba á repetirse en la República Dominicana, y el dilema de convertirse en cómplice de la intervención europea ó en fiador de las Repúblicas americanas averiadas volvió á presentarse á la diplomacia norteamericana. Optó por lo último, aun á riesgo de parecer que las dos doctrinas se resumen en una, la del imperialismo yanqui en todo el nuevo continente. Los Estados Unidos se encargaron en 1905 de la administración de todas las Aduanas de Santo Domingo, entregando al Gobierno el 45 por 100 del producto, y reservando el 55 restante para los acreedores. Y dijo Mr. Roosvelt en uno de sus mensajes: «Es comprensible con la equidad internacional que los Estados Unidos impidan á las otras potencias recurrir al único medio que se halla á su disposición para satisfacer los créditos de sus nacionales y rehúsen al mismo tiempo encargarse de hacerlo. Aceptando esta misión cumpliremos uno de los deberes internacionales inherentes á la doctrina de Monroe. Hemos de cumplir estos deberes con toda buena fe, sin intención de engrandecernos á expensas de los vecinos más débiles, al mismo tiempo que haremos un servicio á las potencias europeas que hubiesen entrado en relaciones con ellos. Obrando de esta suerte, habremos avanzado el momento en que la doctrina de Monroe sea generalmente aceptada, y habremos trabajado para ampliar en la solución de los conflictos internacionales la esfera de acción de los medios pacíficos llamados á reemplazar gradualmente las medidas de guerra». Para neutralizar sin duda lo que pudiera sospecharse de egoísta en este proceder, que al fin y cabal era sustituir una intervención militar por otra que no lo era menos, en 1906 el Gobierno norteamericano cambió la finalidad de 1903 en verdadera amnistía, y en una Nota dirigida en nombre de Mr. Elihu Root, el Secretario de Estado Mr. Elihu Root, pide que en el tema de instrucciones que deban darse á los Delegados americanos en La Haya se incluyan las referentes á las medidas necesarias para evitar la guerra, y añade: «Y bajo este concepto, creo que si la aceptación del principio de que los contratos de una nación y un individuo no son cobrables por la fuerza, relativamente, á cuyo asunto S. E. el Dr. Drago, el distinguido Ministro de la República Argentina en 1902, dirigió una habil Nota al Ministro argentino en Washington, puede conseguirse en El Haya, creo que se habrá dado un paso muy importante en el sentido de limitar las causas de guerra». Y en un discurso pronunciado poco después en Buenos Aires, Belén de la nueva fe, era así: «Expresamos nuestro criterio de Estado, pero apuntaba ya la modificación que pensaba propenderse en la Conferencia. Estamos persuadidos, díjimos, que pretender cobrar por la fuerza créditos provenientes de otros países, es sólo un abuso peor, cuyos resultados han de ser más funestos á la humanidad que el quedarse impagados las deudas de una nación cualquiera. Consideramos que el emplear el Ejército y la flota de una nación poderosa para hacer presión á otra más débil en el cumplimiento de contratos con particulares, es excitar la especulación con las necesidades urgentes de países imperfectamente desarrollados y atentar á su soberanía. Nosotros hemos sido siempre contrarios á esta idea, y creemos firmemente que un día, no decimos si será hoy ni siquiera mañana, pero que ciertamente llegará por la lenta evolución del progreso, todo el mundo será de nuestra opinión».

Inútil es decir que en el Congreso que duró de 24 de Julio á 28 de Agosto se aceptó completamente la propuesta y se acordó la conveniencia de someter á la segunda Conferencia de El Haya, una cuestión relativa á los actos de fuerza aplicados en cobro de las deudas públicas, y en general, á los medios propios de disminuir entre las naciones los conflictos de orden pecuniario.» De este modo la doctrina de Drago, aunque algo desfigurada, quedó convertida en un artículo del credo de la última Nueva panamericana, y lo que importaba ya sólo era convertir á Europa.

II

Al aportar al viejo continente la buena nueva, no pudieron desconocer sus mensajeros que los vientos en ella reinantes les presagiaban un seguro naufragio. La opinión pública juzgaba el intento en forma aún mucho más dura que lo habían hecho en 1902 la mayor parte de los juristas consultados por Calvo. Como muestra citaré sólo lo que decía el Thèmes el día 30 de Julio de 1907, pocas días después de principiarse á discutir este punto en la Conferencia: «La doctrina de Drago, que tiende á otorgar una inmunidad absoluta á las comunidades políticas fraudulentas, imaginamos que se recomendará difícilmente por sí misma á la concepción europea de la honestidad corriente.» Y no faltó quien dijera que mientras la doctrina de Monroe había sido un obstáculo para la colonización europea en América, la otra iba á prohibir á Europa usar su potencia militar contra los Estados americanos que no pagaran sus deudas, y que ambas á la vez eran declaraciones de hostilidad contra Europa.

No es de extrañar, pues, que los Estados Unidos, al cumplir el encargo novedoso por el Congreso de Rio Janeiro, modificaran profundamente el texto de la doctrina, ó mejor dicho, replantearan la variante que con gran pena de Drago se apuntaba ya en la misma resolución del Congreso panamericano y en el discurso de Mr. Elihu Root. Ni se declaraba que jamás podía emplearse la fuerza para el cobro, consintiéndose, por el contrario, en el caso de que no aceptase el deudor el arbitraje, ó una vez éste verificado se negase á cumplir la sentencia, ni se limitaba la regla á las deudas públicas, sino que se extendía á todas las deudas