Unión Ibero-Americana (1905-12-01 00:00:00), página 46

fueron americanos: el abogado Fernández Leiva, el catedrático Morales Duárez, el letrado Mendiola, el canónigo mejicano Pérez, el regidor habanero Jáuregui.—El sacerdote mejicano Guridi Alcocer fue el que plantéó el doble problema de la abolición de la trata de negros y de la abolición de la esclavitud. Las gestiones y los discursos de Mejía sobre la libertad de impren ta hicieron raya; lo mismo que el pronunciado «contra todo tratado que hiciese Fernando VII durante su cautiverio en Francia». El peruano Morales Duárez fue también Presidente de las Cortes gaditanas, falleciendo cuando desempeñaba su alto cargo, siendo el primer Presidente de las Cortes españolas á quien se hizo entierro y honras funebres solemnes á cuenta del Estado y como si se tratara de un Infante de España. En el primer debate de las Cortes, para afirmar el principio de la Soberanía Nacional, tercieron Muñoz Torrero, Oliveros, el ecuatoriano Mejía (abogado, médico y catedrático) y el asturiano Argüelles. Los dos últimos fueron los dos grandes oradores de aquellas Cortes.

Y entrando en el fondo de la labor gaditana, se encuentran sobrados motivos para afirmar que su obra, y principalmente la Constitución de 1812, es una obra hispano-americana.

Luego hay que considerar el período de la guerra y la independencia de la América española. Pongo la vista, primeramente porque destaca más, en la campaña puramente bélica. Aquella larga guerra fué tremenda, horrible, á las veces espantosa; pero guerra esencialmente civil y característicamente española: ni más ni menos que las interiores de España del siglo XIX. Los horrores de Venezuela no son superiores á los del Maestrazgo.

Pero ahondó el estudio y me fijo en dos cosas. La primera, las indecisiones que tuvieron los americanos para romper definitivamente con España, aun después de dominados allí, por la fuerza, los españoles. La otra, la actitud simpática que para España tuvieron quizá la mayoría de los directores y generales de la insurrección americana. No puedo ni debo entrar en detalles; me limito, por una parte, á citar la disposición de Buenos Aires y de México antes de 1825, animados del deseo de amparar la monarquía española allende el Atlántico y de llevar al trono Príncipes de la familia real de España. Me basta con traer ante vuestros ojos la figura del gran Ribadavia, del argentino insigne, una de las más grandes figuras de la Revolución hispano-americana, diplomático, soldado, ministro y Presidente que fué de la República del Plata, y cuyas incertidumbres me recuerdan las angustias patrióticas de Washington antes de decidirse por las colonias británicas contra la metrópoli inglesa. Ribadavia fué siempre un amigo entusiasta de España, y á tierra gaditana vino á morir en 1843, sin renegar por ello de su nacionalidad argentina, su lealtad revolucionaria y su fe en el porvenir de América.

Pero qué más señores, que la actitud, el ejemplo, las palabras del héroe y capitán de la Revolución del Sur de América: de Bolívar!

La pasión nos ha dominado tanto en la casi totalidad del siglo XIX, que apenas si ha sido posible hablar en España respecto de aquel hombre insigne. Para las generaciones de aquel siglo ha sido casi lo que fué Lutero para los católicos de los siglos XVI y XVII. Todas las sombras, todas las abominaciones, todas las calumnias han caído sobre aquella figura: que quizá por este mismo exceso de censura y por la mala reputación que en materia colonizadora llegamos á tener en Europa y América, alcanzó mayor realce.

Pues bien, Bolívar, el implacable Bolívar, cién veces proclamó (ahí están sus manifiestos, sus alocuciones políticas y militares, su correspondencia particular recientemente publicada y ampliamente comentada) que no era él enemigo de España, donde se había educado; y que su propósito era venir á la Península á redimirla del absolutismo y la tiranía, luego de haber conseguido la libertad de América, víctima de los serviles y los apostólicos, lo mismo que la madre Patria.

No discuto el tema. Recojo y presento el dato.

Después de estos sucesos se abre un período triste á que he aludido antes y que por muchos motivos (aun personales y de delicadeza) no debo examinar en este momento; por lo menos en una parte muy principal que se relaciona con la política palpitante ultramarina de la segunda mitad del siglo XIX. Mucho más de lo que yo pudiera decir lo dice ya el general arrepentimiento de nuestro público y aun de nuestros políticos, respecto de esa política y por efecto de los desastres de 1898.

Pero sí puedo recordar que á la separación de América siguió un largo período de años durante los cuales el Gobierno español se resistió al reconocimiento de la independencia de aquel Mundo y al establecimiento de francas relaciones mercantiles con el mismo, así como á la consagración del principio fundamental del Derecho público americano de que son americanos todos los nacidos en tierra de América.

En el curso de ese período destaca el hecho de que las gestiones para el reanudamiento de relaciones políticas, y sobre todo económicas, se inicia por los americanos. Creo haberlo insinuado. Por los argentinos y los de Centro América.

El año 36 (notadlo bien, el año en que reaparecemos en el escenario de los pueblos identificados con la corriente contemporánea, por la consolidación del régimen constitucional) las Cortes autorizan (4 de Octubre) al Gobierno español para que, á pesar de los artículos 170, 172 y 173 de la Constitución docenista, entonces vigente (artículos relativos á la integridad nacional), «pueda concluir tratados de paz y amistad con los nuevos Estados de la América española», sin «comprometer el honor ni los intereses nacionales». Y en Diciembre del mismo año 36 se hizo el primer tratado con México, cuya República en 1824 había reconocido, voluntaria y espontáneamente, como propia y nacional toda la deuda con traída sobre su Erario por el Gobierno español, durante el imperio de éste. En 1840 se hace el tratado de paz y amistad con el Ecuador; en 1845 con Venezuela y Chile; en 1847 con Bolivia; en 1850 con Costa Rica; en 1851 con Nicaragua, en 1855 con Santo Domingo, en 1859-60 con la Argentina, en 1863 con Guatemala, en 1865 con Salvador. Quedaron fuera Uruguay, Nueva Granada y, sobre todo, el Perú. Por esta excepción subsistieron dificultades, que produjeron á la postre la desorable guerra del Pacífico de 1865, de las islas de Chinchá por España, á título de reivindicación. Al fin, la paz se hizo en 1871, por el convenio ó armisticio preliminar que suscribieron con España, Bolivia, Chile, Perú y Ecuador, después de lo que vinieron los tratados de paz con estos países, desde 1879 á 1883.

Pero las Cortes del 36 comprometieron una buena parte de su simpática obra, expulsando de su seno á los diputados de Cuba, Puerto Rico y Filipinas y estableciendo en la Constitución que hicieron (por vía de transacción, prescindiendo de la del año 12 y como medio de asegurar el régimen constitucional) que las colonias (provincias de Ultramar las llamaron) se regirían por leyes especiales.

Muchas veces he tratado de sincerar á las Cortes del 36, porque del estudio de sus actas resulta cierto que aquella Cámara no pensó de modo alguno dejar sometidas á las colonias que restaban, después de la terrible lección de 1810 á 1825, al régimen militar y de explotación, mucho más duro por el contraste con la Península, donde se disfrutaba de los efectos de la Revolución contemporánea. Los legisladores de aquella época pensaron sólo en otro modo de garantizar los derechos de los ultramarinos: en aquellas Cortes se habló de autonomía y no faltó quien recordara los proyectos de los diputados americanos de 1822 y el resultado de no haberlos atendido... Pero las Cortes del 36 pasaron y pasaron los que hicieron la Constitución del 45, donde se reprodujo lo de las leyes especiales. Y luego llegaron las Cortes que hicieron la Constitución nombrada del 56 y hasta vinieron las Cortes revolucionarias, que hicieron la